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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 619, de 21/11/1995
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 619
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN
Sesión núm. 51
celebrada el martes, 21 de noviembre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Relativa al tipo aplicable a los servicios prestados por empresas
funerarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Presentada por
el Grupo Popular. (BOCG, Serie D, número 282, de 20-10-95. Número de
expediente 161/000608) (Página 18792)
--Relativa a la creación de una Ponencia de estudio sobre la fiscalidad
de los sistemas de previsión social. Presentada por el Grupo Socialista.

(BOCG, Serie D, número 290, de 8-11-95. Número de expediente 161/000638)
(Página 18795)
--Por la que se insta al Gobierno a reformar la fiscalidad que grava las
segundas y ulteriores transmisiones de viviendas, en el caso de
efectuarse a través de entidades especializadas en la compra y venta de
viviendas de segunda mano. Presentada por el Grupo Catalán (Convergència
i Unió). (BOCG, Serie D, número 265, de 11-9-95. Número de expediente
161/000556) (Página 18800)



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Pregunta del señor Gilet Girart (Grupo Popular), sobre iniciativa para
equiparar el nivel competencial de la Comunidad de las Islas Baleares al
del resto de las Comunidades Autónomas, por lo que se refiere al
desarrollo del Real Decreto-Ley 22/1993, de 29 de diciembre, relativo a
los horarios comerciales. (Número de expediente 181/001683) (Página 18808)
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Comercio Exterior (Ruiz
Ligero), en relación con el informe cuatrimestral sobre la evolución del
comercio exterior en España (mayo-agosto). (Número de expediente
161/000031) (Página 18810)



Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA AL TIPO APLICABLE A LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EMPRESAS
FUNERARIAS EN EL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA). PRESENTADA POR
EL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 161/000608.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Comisión de
Economía, Comercio y Hacienda, para dar cuenta del orden del día que SS.

SS. conocen y que se compone de dos partes bien diferenciadas: un primer
punto, el debate y votación de una serie de proposiciones no de ley, y,
si cumplimos las perspectivas previstas por la Mesa, un segundo punto a
partir de las once horas cuarenta y cinco minutos de la mañana: la
contestación a una pregunta por el Subsecretario del Ministerio de
Comercio y Turismo y, a las doce, la comparecencia del Secretario de
Estado de Comercio. El orden en el que vamos a debatir las proposiciones
no de ley será, en primer lugar, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular; seguidamente, la del Grupo Parlamentario
Socialista y, en último lugar, la del Grupo Catalán (Convergència i
Unió).

Comunico a SS. SS. que las votaciones a estas proposiciones no de ley no
se producirán antes de las once y treinta horas, por lo que acumularemos
los tres debates y, a continuación, procederemos a la votación de las
mismas.

Para la defensa de la primera proposición no de ley, relativa al tipo
aplicable a los servicios prestados por empresas funerarias en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Señor Presidente, para ser el primer
tema a tratar, no es el más alegre. (Risas.)
El motivo de presentar esta proposición no de ley es el de la voluntad
de poner los medios para que se corrija una injusta situación que se
produjo en la aprobación de la Ley de Presupuestos del pasado año. En el
artículo 78 de la Ley de Acompañamiento, dentro de las modificaciones que
se contenían en el Impuesto sobre el Valor Añadido, además de elevar el
tipo un punto, se contenía una modificación en la tipificación de las
operaciones de prestación de servicios funerarios, a las que había que
aplicar el 7 por ciento. Se establecía que el 7 por ciento se seguiría
aplicando a los servicios prestados por empresas funerarias y a los
servicios de cremación, incluidas las entregas de bienes muebles, pero
se excluían explícitamente las prestaciones de servicios directamente
relacionadas con bienes inmuebles, a las cuales, por tanto, se les
aplicaría el 16 por ciento. Por consiguiente, hasta diciembre de 1994 no
se distinguía entre los distintos servicios que se aplicaban, y a partir
de diciembre, hay un IVA reducido para un tipo de servicios y un IVA del
16 por ciento, el normal, para todo lo que hacía referencia a bienes
inmuebles.

El resultado --y luego lo explicaré-- ha llevado a una situación
absolutamente impresentable en la aplicación del IVA a este tipo de
servicios, y por ello es por lo que mi Grupo está estudiando desde hace
tiempo pedir la modificación, que ahora solicitamos a través de una
proposición no de ley, aunque se podría haber pedido por otros caminos,
como es por una enmienda en la Ley de Presupuestos, cosa que nunca ha
visto la luz, o por cualquier otro procedimiento.

Nosotros justificamos esta petición en tres tipos de razones. Por un
lado, por razones de tipo social; por otro lado, por razones de tipo
técnico y, por último, por razones de Derecho comparado. Empezando por
las primeras, entendemos que el servicio al cual se le ha modificado el
tipo del IVA es un servicio público esencial. No me voy a detener en ello
porque es manifiesto que es un servicio público esencial que usa la
totalidad de los ciudadanos independientemente de las rentas; es un
servicios que se puede decir con absoluta verdad que es de aplicación
generalizada y, por ello, se entiende que debe tener una fiscalidad
adecuada al servicio básico que en realidad es. Actualmente, tienen la
consideración de servicio básico todos los gastos ocasionados hasta el
momento de depositar los restos de la persona fallecida (flores,
esquelas, etcétera) y, sin embargo, el depósito de la persona fallecida
ya no se considera ni básico ni esencial y hasta se considera
prescindible; por tanto, se le aplica un tratamiento fiscal distinto,
equiparable al tratamiento fiscal de un local de negocio, lo cual es
claramente ilógico.




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Por otra parte, entendemos que los servicios funerarios han de
calificarse como lo que son: servicios básicos, imprescindibles y
esenciales y, además, todos, en su totalidad, no sólo en una parte. Estos
servicios terminan cuando se ha realizado la inhumación del cadáver en
el lugar elegido y no antes y, por ello, pensamos que no se debería
distinguir la aplicación de tipos distintos en el impuesto del IVA,
porque, primero, si el servicio que queda por prestar, sujeto a un tipo
superior, sigue teniendo las mismas características que los prestados
hasta ese momento (servicio de flores, esquelas, etcétera), el siguiente
paso debe tener el mismo tipo de IVA. Además, creemos que, al ser un
servicio de primera necesidad, no concurre el principio de capacidad
económica, y, aunque sirva de broma, no tiene sentido que dormir en un
hotel de cinco estrellas tenga un IVA del 7 por ciento y a un nicho en
un cementerio se le aplique un IVA del 16 por ciento. No parece que ello
entre en ningún tipo de lógica económica. No tiene sentido que el IVA a
este tipo de servicios sea el del 16 por ciento y comer en Jockey tenga
el 7 por ciento. No parece que eso, socialmente, sea mantenible.

Además hay razones técnicas que avalan la modificación. La modificación
se hizo a través de una técnica legislativa deficiente que mi Grupo
siempre ha criticado; es decir, la Ley de Acompañamiento como documento
que sirve para casi todo, sin entrar en razones. Esa Ley que el año
pasado se aprobó, al ir junto con un paquete de medidas de mucha más
entidad, llevó a que no se le diese a este asunto el tratamiento correcto
que debería tener, pasando absolutamente desapercibido dentro de un
conjunto de medidas de muchísima más entidad como, por ejemplo, subir el
IVA un punto porcentual. Como no se hizo la modificación con la serenidad
debida, se ha producido una situación de una confusión tremenda, que está
produciendo además injusticias entre unos ciudadanos y otros. En Madrid,
el tipo que se aplica actualmente es del 7 por ciento, intentaré explicar
después por qué; en Valladolid, el 16 por ciento; en Valencia y en
Barcelona no hay tipo alguno de IVA; es decir, se ha producido una
situación de tremenda confusión. En la actualidad, para conocimiento de
todos, hay distintos tipos de cementerios, a los que yo creo que, al
modificar la Ley el pasado año, no se tuvieron en cuenta. Hay cementerios
de titularidad municipal y de gestión propia, como es el caso de
Valencia, de Barcelona, donde no se aplica precio público, ni se aplica
ningún tipo de IVA; se aplica simplemente una tasa y, por tanto, sin IVA.

Hay un segundo tipo, que son cementerios de titularidad municipal, con
la gestión o explotación a través de empresas mixtas. Estos cobran unos
el 7 y otros el 16 por ciento, como es el caso de Madrid, que cobra el
7. Este es un tema en el que se ha creado una confusión tremenda porque
ahí lo que hay es una concesión administrativa y las concesiones
administrativas no entraban dentro del supuesto de la ley, porque, según
el Código de Derecho Civil, las concesiones adminsitrativas no son bienes
inmuebles, sino bienes muebles.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Voy a ir concluyendo, señor Presidente.

Hay cementerios mixtos de capital municipal y privado, por ejemplo,
Alcobendas, donde se aplica el 16, cementerios totalmente privados donde
se aplica el 17 y cementerios de la Iglesia donde no se aplica ni precio,
ni tasa, ni nada, porque lo que hay es una limosna. Lo que ocurre ahora
es que nadie sabe lo que tiene que pagar y se producen situaciones
injustas porque los ciudadanos de un sitio pagan unas cantidades y los
de otro pagan otras. Además, como en el 99 por ciento de los casos los
ayuntamientos tienen la propiedad y dan una concesión (y como decía antes
las concesiones no tienen la categoría de bienes inmuebles, sino de
bienes muebles, excepto en el caso de las obras públicas), tampoco saben
si están sujetos al IVA o a transmisión. Esta es una situación
verdaderamente kafkiana.

Concluyo, no sin antes decir que esto está avalado por el Derecho
comunitario. Para que SS. SS. lo sepan y lo conozcan les diré que este
tipo de IVA sólo se aplica en España, en Grecia y en Dinamarca. En el
resto de los países no es que tengan tipo reducido, es que tienen tipo
cero, están exentos.

La valoración a aplicar en la subida del año pasado fue de 5.000 millones
de pesetas. Esta valoración fue absolutamente ficticia porque no se
aplicaba, y lo he intentado explicar. El IVA en cada sitio es de un tipo
determinado. Lo único que ha sucedido es que esta actividad ha quedado
en una peligrosa indefinición, porque podría estar ahora mismo sujeto a
una inspección fiscal y que revisaran el tipo aplicado a todos los
fallecimientos que ha habido en España en el último año.

Por ello, mi Grupo, y voy concluyendo, porque así me lo pide el
Presidente, ha presentado una proposición no de ley en la que pedimos que
a los servicios básicos en su totalidad, no sólo la primera parte de los
servicios que se prestan, se les aplique un tipo de IVA reducido. Además,
habría sobrados motivos para pedir que esta actividad estuviera exenta
de pagar IVA. Mi Grupo ha entendido que en orden a la claridad y para que
en todas partes suceda lo mismo, se instara al Gobierno a que traiga una
proposición de ley donde se le aplique el IVA reducido, entendiendo que
es un servicio público, esencial e imprescindible.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: He pedido la palabra para manifestar, en
principio, nuestra disconformidad con el contenido de la proposición no
de ley del Grupo Popular, sobre todo porque nos parece que la oferta
final del Grupo Popular iría en la línea de reducir y prácticamente
suprimir el impuesto en estos servicios. Parece, como está previsto en
la Ley de Presupuestos, que la diferencia era en cuanto a servicios
funerarios y, en cambio, respecto al incremento del IVA en el 17 por
ciento, que es lo que el ponente del Grupo Popular planteaba como
discriminatorio, se refiere a bienes inmuebles, y, sin ningún tipo de
ironía sarcástica,



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por ejemplo, el mismo impuesto se paga en los parking, donde no se paga
por vivienda, sino que se paga el 17 porque se trata de un parking.

Me parece que no se puede confundir lo que es la tenencia de un bien
inmueble, en la forma que sea (si se quiere se le puede llamar
pomposamente panteón o simplemente nicho), con el servicio funerario,
porque no es exactamente lo mismo. Podríamos estar de acuerdo en una
reducción general del tipo impositivo, pero lo que no nos parece adecuado
es confundir la tenencia de un bien inmueble, que puede ser enajenado en
un futuro, con lo que es el servicio funerario. Creemos que ahí está la
confusión en la que el Grupo Popular parece querernos introducir a todos.

Para terminar quiero hacer un solo comentario. Parece, después de su
exposición, que el Diputado del Grupo Popular propondría una vuelta a los
cementerios de la Iglesia, porque parecía que eran los que más le
satisfacían en el sentido de que allí no se pagaba y que sólo había que
entregar, en todo caso, una limosna. Quiero recordarle que cuando la
Iglesia mandaba sobre los cementerios se enterraba en sagrado o no, según
las conveniencias de la Iglesia. Nos parecen mucho mejor los cementerios
laicos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
García Ronda.




El señor GARCIA RONDA: El Grupo Popular nos trae una proposición no de
ley, sin duda, de buena voluntad, sobre todo tratándose de un asunto en
el que no creo que quepa mala voluntad en ningún sentido. Pero de lo que
no cabe duda es que la proposición tiene una confusión notable.

En primer lugar, en un brevísimo análisis de dicha proposición y de su
exposición de motivos, he de decir que ésta habla de los servicios de
esta índole como servicios de primera necesidad. En efecto, parece que
lo son, aunque, haciendo un mal chiste, habría que decir que más bien son
de última necesidad. Lo que no cabe duda es que no es igual, ni se trata
igual, incluso socialmente, y el interviniente por parte del Partido
Popular, señor Martínez-Pujalte, ha hablado de razones sociales para que
esta Comisión acepte su proposición. Pues bien, podemos decir que llega
un momento en esos servicios en que empiezan a funcionar las razones
sociales en el sentido de que el tratamiento no es exactamente igual para
unos usuarios, como dice su exposición de motivos (aunque serían usuarios
«post mortem»), que otros. Es decir, que los llamados usuarios no tienen,
al final, el mismo destino aparente, dependerá de la situación económica
de sus deudos. Por tanto, creemos que tiene que haber alguna
diferenciación en el Impuesto sobre el Valor Añadido para este tipo de
servicios, porque llega un momento en el que hay una diferenciación.

Dice el señor Martínez-Pujalte que no tienen capacidad para deducir el
IVA soportado. Por supuesto que los llamados usuarios no lo tienen, pero
tampoco quienes le sobreviven, porque, como sabemos, se trata de un IVA
final y que no tiene posibilidad de ser deducido en ningún caso. Eso ya
lo sabíamos y no creo que pueda ser argumentado como algo a favor de su
proposición. Dice también que han de calificarse los servicios funerarios
de esenciales. Creo que serán esenciales los que son elementales, ya que
también los servicios correspondientes a una vivienda son esenciales para
todo el mundo, incluso la Constitución lo viene a decir, pero no cabe
duda que no es lo mismo un tipo de viviendas que otro. No es lo mismo un
tipo de enterramientos que otro.

Se dice que no concurre, por eso mismo, el principio de capacidad
económica, y en la exposición de motivos también lo argumentan. Pues
bien, yo creo que, una vez traspasado ese indeseable umbral ya no hay
capacidad económica para unos, ni para otros, pero para quienes
sobreviven, como he dicho, sí juega la capacidad económica. La prueba es
que no se hacen de la misma manera unos enterramientos y otros. Se me
podría decir por qué no todos los servicios van al 16 por ciento, en
lugar de ir al 7 por ciento, como contempla la ley, haciendo una
diferenciación entre hasta un momento del servicio y a partir de ese
momento. Lo que ha hecho la ley es acogerse a lo que permite la Sexta
Directiva europea, que es aplicar un tipo reducido a los servicios de
empresas funerarias y de cremación, así como a entregas de bienes que se
refieran a dichos servicios. Sin embargo, el hecho de que se haya acogido
parcialmente a ello, no le obligaba a hacerlo en toda su extensión, y la
legislación española ha hecho lo que era más equilibrado. Pero si bien
estos servicios no son iguales para todos, hay que tener en cuenta que
los servicios efectuados sí son gastos y, por tanto, podríamos decir que,
en cuanto a su esencialidad o elementalidad, son similares para todo el
mundo y pueden ir, y parece que así debiera ser, a un tipo reducido. Pero
tampoco cabe duda de que si esos servicios son considerados como gastos
(y ahí podríamos considerarlos con el tipo reducido del 7 por ciento),
a partir de un cierto momento (y permítaseme emplear un símil), cuando
entran en juego los inmuebles, ya no pueden ser considerados como gastos
sino de una inversión permanente, incluso podríamos llamarla casi
definitiva. Hacer esa distinción entre el 7 por ciento, tipo reducido,
para lo que es el servicio, y mantener el 16 por ciento para lo que ya
es un servicio relacionado con el inmueble que va a permanecer allí y
que, incluso, tiene unos aspectos muy distintos, dependiendo de las
posibilidades y la capacidad económica de los sujetos sobrevivientes
relacionados con el difunto, estamos en una legislación que trata de ser
equilibrada en ese sentido. Tenga en cuenta el señor Martínez-Pujalte que
la consideración de los inmuebles al 16 por ciento, como ha dicho el
señor Espasa, prácticamente se da en todos los casos por el lugar donde
se prestan, que es un inmueble, como el caso de los aparcamientos, y no
tanto por el servicio. En este caso podemos decir que es el lugar donde
queda definitivamente el sujeto que en realidad es el motivo de la
proposición no de ley.

En este sentido, nuestro Grupo va a oponerse a modificar la tributación
del Impuesto sobre el Valor Añadido por este tipo de servicios. Si la
proposición no de ley hubiera sido algo más clara y se hubiera
diferenciado en unos casos y otros ese tipo de servicios y la hubiese
hecho algo



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más matizada, quizá se hubiera podido tener en cuenta. Le hago también
la reflexión de que no nos debe echar la culpa porque la Ley de
Acompañamiento y hasta la Ley de Presupuestos no se hayan aprobado,
porque SS. SS. hubieran tenido oportunidad de hacerlo si políticamente
se hubieran comportado con un poco más de sensatez a la hora de aprobar
la Ley de Presupuestos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra, muy
brevemente, el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muy brevemente, de verdad, señor
Presidente.

Señor García Ronda, no hemos aprobado la Ley de Presupuestos porque la
ley que nos trajeron proponía unos presupuestos impresentables para sacar
a este país adelante, no porque no nos apeteciera aprobarlos. Eso que
quede bien sentado. En segundo lugar, yo sabía que esta proposición no
de ley sería mal vista porque la voracidad fiscal de los dos Diputados
que han intervenido anteriormente trasciende la vida humana, llega a
aplicarse a los muertos. Pero ambos están absolutamente confundidos, y
no por mala voluntad, sino porque no conocen la realidad. Están hablando
de la compra de los servicios de unos inmuebles como si estuvieran
hablando de la compra de un pisito, y resulta que ésa no es la realidad
que hay en España. La realidad es que los bienes inmuebles en los
cementerios son prestaciones de servicios de un solar, cuya titularidad
en el 99 por ciento de los casos es de los ayuntamientos y se da en
régimen de concesión y las concesiones no tienen la calificación de
bienes inmuebles. Lo que hacen con su negativa a esta proposición no de
ley es sembrar la confusión, porque éstas no están sujetas al IVA, están
sujetas al impuesto de transmisiones.

Respecto a su posición de votar en contra, entiendo que piensen que los
señores del Partido Popular quieren rebajar los impuestos. Sí, queremos
rebajarlos, cuando es lógico y justo que los impuestos sean rebajados,
pero ustedes siempre están en contra. A veces da la impresión de que lo
hacen sin estudiarse muy bien los temas.




--RELATIVA A LA CREACION DE UNA PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE LA FISCALIDAD
DE LOS SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO SOCIALISTA.

(Número de expediente 161/000638.)



El señor PRESIDENTE: Concluido este alegre debate, pasamos a la siguiente
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
creación de una Ponencia de estudio sobre la fiscalidad de los sistemas
de previsión social. Para la defensa de la misma, tiene la palabra la
señora Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: A lo largo del trámite parlamentario de la
recientemente aprobada Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros
Privados, se ha puesto de manifiesto, a juicio del Grupo Socialista, a
través de un debate sobre la fiscalidad de los planes de pensiones, al
mismo tiempo que se modificaba la fiscalidad de las aportaciones de las
mutualidades, la conveniencia de tener presente de manera conjunta la
fiscalidad de los distintos sistemas de previsión social privados,
considerando que de la situación actual se desprende que en el momento
presente existe una cierta dispersión normativa, ya que se ha ido
legislando y se ha tratado de manera individual y aislada cada figura
(fondos de pensiones, mutualismo, seguro, etcétera). Ello ha impedido una
consideración de conjunto de todos los problemas y, en consecuencia, de
las posibles soluciones que deberían llevarse a cabo de una manera
armónica. Por esta legislación aislada, a juicio del Grupo Socialista,
no existe en la regulación actual un tratamiento coordinado de la
fiscalidad de las aportaciones a sistemas de previsión social
complementarios, y parece conveniente que todas las figuras puedan ser
consideradas conjuntamente, al objeto de establecer un esquema ordenado
y coherente. Hay que tener presente, no obstante, que no se trata de
otorgar un tratamiento homogéneo a todas las figuras, ya que cada una de
ellas tiene condicionamientos distintos que hay que tener en cuenta.

Por otra parte, también hay que tener presente que el equilibrio entre
los distintos sistemas no depende exclusivamente de los aspectos
fiscales, sino que intervienen también los aspectos mercantiles y
financieros de los mismos. Asimismo, el reciente acuerdo de la reforma
del sistema de pensiones público considera que el modelo de protección
pública debe cerrarse con las prestaciones complementarias de naturaleza
libre y gestión privada, a las que puedan acceder quienes voluntariamente
deseen completar las prestaciones del sistema público.

Por esta razón, también considera nuestro Grupo que conviene fortalecer
estas modalidades de previsión social, siempre que se mantengan como
complementarias y no sustitutorias de las pensiones públicas y se
garantice su solvencia financiera y gestión eficaz y transparente. En
este sentido, resulta clara la importancia para el sostenimiento y
evolución de estos sistemas de previsión social, la correcta regulación
de los mismos, y, dentro de ella, resulta un elemento decisivo como
estímulo o para asegurar su viabilidad el tratamiento tributario.

Por todo ello, el Grupo Socialista ha presentado esta proposición no de
ley a fin de que pueda crearse una ponencia que en el presente período
de sesiones estudie la fiscalidad de los sistemas de previsión social
privados, establezca unas conclusiones y las propuestas consiguientes que
orienten las medidas que procedan; medidas que deben estar dirigidas, en
opinión de nuestro grupo, a mejorar el tratamiento tributario de los
sistemas de previsión social, dar estabilidad a este tratamiento
tributario, a fin de fortalecer dichos sistemas de previsión social como
complementarios del sistema público.

En este sentido, en España todavía tenemos un largo camino por recorrer.

Hay que tener presente que el total de fondos de pensiones en España
--por referirnos a esta figura que parece la principal dentro de los
sistemas de previsión social complementarios-- llega únicamente a un
billón seiscientos mil millones de pesetas, frente a los cien



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billones que tiene el Reino Unido o los mil billones que hay en este
momento en fondos de pensiones en el mundo.

Es cierto que en nuestro ordenamiento es una figura reciente, de la Ley
de 1987, pero tenemos, en cualquier caso, un camino por recorrer
importante.

El Grupo Socialista propone que la ponencia pueda estar compuesta por un
miembro de cada grupo parlamentario y que las conclusiones sean aprobadas
por el sistema de voto ponderado.

Entiende nuestro grupo que éste es un momento propicio para estudiar la
fiscalidad de los sistemas de previsión social privados, es un momento
oportuno. Es un momento en el que la reflexión y el debate en el
Parlamento puede contribuir a impulsar estas modalidades de ahorro a
largo plazo, y esperamos que esta iniciativa pueda concitar el apoyo del
conjunto de los grupos de la Cámara.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Costa tiene la palabra.




El señor COSTA CLIMENT: Señor Presidente, para fijar la posición de
nuestro grupo parlamentario con relación a la proposición no de ley del
Grupo Socialista, voy a hacer algunas consideraciones de carácter
general.

En primer lugar, nadie duda de cuáles deben ser las líneas básicas de la
fiscalidad de los sistemas de previsión. Creo que todos los grupos
parlamentarios en un momento determinado suscribimos un acuerdo que hacía
referencia a estas cuestiones, bajo la denominación «Pacto de Toledo»,
y por ello, en cuanto a las conclusiones generales que deben regir la
fiscalidad y el tratamiento o la configuración global de los sistemas de
previsión en nuestro ordenamiento jurídico, creo que existe un consenso
político extraordinariamente amplio.

Me sorprende la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. Es una iniciativa que en su redacción parece olvidar que el
Grupo Parlamentario Socialista apoya a un Gobierno que ha sido incapaz,
durante trece años, de enmendar los errores que se argumentan en esta
propuesta.

Durante los últimos años el Partido Socialista, a través de destacados
representantes que gestionaban la política tributaria de los sucesivos
gobiernos --y todos podemos saber a quién me estoy refiriendo--, ha
venido defendiendo que la evolución del ahorro no depende de la
fiscalidad. Todos los gobiernos de Felipe González han apostado por
detraer, cada vez más, en mayor medida, a través de aumentos constantes
de los impuestos, recursos de las economías domésticas, para que fuera
el sector público quien adoptara la mayor parte de las decisiones de
inversión. Creo que la evidencia empírica demuestra que ese planteamiento
ha sido absolutamente erróneo, y también lo demuestra, por supuesto, el
contenido de la proposición no de ley que defiende en este trámite el
Grupo Parlamentario Socialista.

Sé que el portavoz del Grupo Socialista conoce, por ejemplo, cuál ha sido
la evolución del ahorro nacional desde 1988 hasta 1994. Mientras en 1988
representaba un 22,6 por ciento del PIB, en estos momentos representa un
18,5 por ciento del PIB. Esta evolución es extraordinariamente
significativa. Le recordaría que el ahorro del sector privado entre esas
dos fechas no ha variado, se ha situado en torno a un 21 por ciento y,
sin embargo, las administraciones públicas han registrado un desahorro.

Por tanto, de alguna manera se pone de manifiesto el fracaso de la
política tributaria y de la concepción en materia de política tributaria
de los sucesivos gobiernos de Felipe González, porque un aumento de los
impuestos ha sido compatible con un desahorro público y con menores tasas
de inversión.

Las tasas de inversión también son extraordinariamente ilustrativas. Si
comparamos la tasa de inversión actual, en torno a un 20 por ciento del
PIB, frente al 24 por ciento del producto interior bruto en 1988 o
incluso el 25 por ciento alcanzado en 1989, vemos que la política
tributaria del Gobierno en materia de ahorro ha conducido a una menor
inversión pública y privada.

De todas maneras, mi grupo parlamentario no quiere dejar pasar la ocasión
de manifestar que nos alegra que finalmente el Grupo Socialista comparta
o reconozca, como nosotros hemos venido defendiendo en los últimos años,
los efectos que el sistema tributario tiene en el ahorro, especialmente
en las fórmulas de ahorro a más largo plazo, donde es absolutamente
imprescindible un tratamiento coordinado de la fiscalidad. Así lo ha
venido manifestando el Partido Popular en los últimos años cuando ha
defendido una política fiscal que apueste decididamente por el fomento
del ahorro para poder financiar unas mayores tasas de inversión que nos
permitan alcanzar ese crecimiento sostenido al que puede acceder la
economía española, como reconocen todos los agentes a nivel
internacional.

Sin embargo, mi Grupo Parlamentario no puede votar positivamente esta
proposición no de ley, y estoy convencido de que el Grupo Socialista
conoce perfectamente las razones: en primer lugar, por su alcance
limitado. No podemos estudiar o realizar propuestas sobre la fiscalidad
de los sistemas de previsión social sin tener en cuenta la necesidad de
contemplar una reforma global de nuestro marco tributario, y
particularmente el contexto o el marco tributario en el que deban
producir efectos o incardinarse esas propuestas fiscales o esas
propuestas legales en materia financiera, en material mercantil o en
materia tributaria de los sistemas de previsión social. En segundo lugar,
por el momento en el que nace esta proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista. Es decir, después de trece años de Gobierno el
Grupo Parlamentario Socialista reconoce que nuestro marco legal en
sentido amplio constituye un desaguisado que es necesario reformar y que
es necesario coordinar para poder dotar a los sistemas de previsión
social de un tratamiento legal mucho más coordinado y mucho más acorde
con un objetivo: el fomento del ahorro, sobre todo el fomento del ahorro
a largo plazo. Pero es extraordinariamente sorprendente que esta
iniciativa que podía haber planteado el Grupo Socialista en los últimos
años, al principio de esta legislatura o en cualquiera de las
legislaturas anteriores y que el Grupo Popular habría apoyado,



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como no podía ser de otra forma, porque puede coincidir en algunos
aspectos con nuestras propuestas de política tributaria, se presente en
un momento de tránsito en el que tenemos a corto plazo en el horizonte
unas posibles elecciones generales. En mi opinión, debería ser el
Gobierno o la nueva mayoría que pudiera surgir de esas elecciones
generales --por supuesto, con el consenso y apoyo de la mayor parte de
los grupos parlamentarios-- el que realizase la propuesta, puesto que
podría haber un marco tributario radicalmente distinto del que tenemos
en estos momentos, y en ese contexto sería muchísimo más eficiente
analizar estos problemas que plantea el Grupo Parlamentario Socialista.

No obstante, quiero manifestar al Grupo Socialista que mi grupo tampoco
va a votar en contra de la creación de esta ponencia.

En ningún momento queremos obstaculizar la creación de una ponencia si
el resto de los grupos parlamentarios lo considera conveniente. Mi Grupo
Parlamentario participará activamente en esa ponencia, como no podía ser
de otra forma, y, por supuesto, defenderemos nuestros planteamientos.

Pero no podemos votar que sí por el alcance limitado; si queremos
estudiar el comportamiento del ahorro y queremos establecer medidas para
incentivar el ahorro en sentido amplio, es necesario no abordar
únicamente la fiscalidad o el marco legal de los sistemas de previsión.

Además, por el momento, la coyuntura en la que se enmarca esta
proposición no de ley --una coyuntura de tránsito que tiene enfrente unas
elecciones generales a corto plazo-- hace muy difícil que en ese período
de tiempo tan corto se establezcan conclusiones útiles que puedan sentar
las bases de un nuevo marco legal hacia el futuro.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene
la palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: La posición de nuestro grupo parlamentario ante
esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario
Socialista es inicialmente favorable. No obstante, quisiera, señor
Presidente, expresar algunas consideraciones en torno al propósito y al
contenido de la misma.

Nuestro grupo en reiteradas ocasiones ha planteado en esta Cámara en las
tramitaciones de normas legislativas de naturaleza tributaria muchas
propuestas de revisión de la fiscalidad que afecta a todo el sistema de
previsión social complementaria, tanto en la reciente Ley de seguros
privados y en las leyes de presupuestos como, en su día, en la Ley del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y en la del Impuesto
sobre Sociedades, actualmente todavía en curso. En todos los debates que
esta Cámara ha celebrado en torno a estas propuestas de mi grupo y de
otros, siempre se ha suscitado una controversia en torno a la oportunidad
de tomar unas iniciativas legislativas que alteraran el marco fiscal hoy
vigente por la extrema cautela del Gobierno para dar ese paso, ya que
tiene una incidencia inmediata en la movilidad de los capitales en el
mercado. Siempre nos hemos encontrado en esta Cámara ante el riesgo de
tomar una decisión cuyo impacto inmediato alterara la preferencia del
mercado por colocar los ahorros en uno o en otro producto financiero.

La verdad es que nuestro grupo siempre se ha manifestado partidario de
revisar el régimen fiscal hoy aplicable a los planes y fondos de
pensiones. Hemos presentado iniciativas en ese sentido. Quizás es el
elemento más necesario, el que quiere una mayor revisión y de forma
inmediata. Pero también hay que tener en cuenta que hay otros activos y
otros elementos que hoy canalizan el ahorro y que hacen funciones de
complementariedad al sistema de la Seguridad Social, como las pólizas de
seguros privados o las participaciones en las mutualidades de previsión
social.

Por eso nuestro grupo entiende que en lugar de dejar a las circunstancias
de las tramitaciones que se vayan sucediendo la corrección en los
regímenes fiscales de determinados elementos en que hoy se canaliza el
ahorro que hace funciones complementarias a la Seguridad Social, quizás
sería oportuno que el Congreso de los Diputados iniciara una revisión más
general, más global y en un marco de revisión de la fiscalidad más
integral que ofrezca al Gobierno unas pautas, unas medidas y unas vías
de solución.

Nosotros vemos positiva esta medida. Es verdad que llega tarde, muy
tarde. Ojalá hubiéramos tenido en esta Cámara esta iniciativa hace tres
o cuatro años: hoy el tema estaría resuelto. Es verdad; pero llega, al
menos llega. Le aseguro que si se disolvieran las Cortes, la primera
ponencia que habría que constituir debería ser ésta, porque el Gobierno
que emergiera de las posibles próximas elecciones generales también
requeriría de una reflexión en la Cámara en torno a una cuestión tan
importante como la que debatimos en estos momentos.

Sería oportuno no perder la perspectiva de un compromiso de esta Cámara
de hacer una reflexión global al margen de las coyunturas electorales y
garantizar que a lo largo del año 1996 va a haber un marco fiscal general
acordado en el Congreso de los Diputados con anterioridad o con
posterioridad a unas elecciones, pero con la participación y el concurso
de todas las fuerzas políticas para que de una vez por todas en España
se dote de un marco coherente, global y equilibrado a todo el régimen
fiscal que se aplica a los productos complementarios de la previsión
social de la Seguridad Social.

No obstante, señor Presidente, nuestro grupo entiende que el que se
tramite esa iniciativa no debe ser excusa para negarse a adoptar también
algunas otras medidas que cuenten con amplio apoyo en la Cámara. Una cosa
no debería entorpecer la otra, porque entonces podríamos estar
interpretando que ésta es una iniciativa que se plantea con el propósito
de evitar que se tomen otras medidas en un plazo de no sabemos cuánto
tiempo. En eso nuestro Grupo no participaría en ningún momento. Estamos
para que se constituya la ponencia, para iniciar la reflexión, para
acordar lo más rápidamente posible un marco general tributario para todos
estos productos de previsión social. Pero si mientras tanto se alcanza
un acuerdo mayoritario en la Cámara en torno a algunos pasos en que todos
estamos de acuerdo, ¿por qué esperar?
Por tanto, la posición de nuestro grupo es favorable a la iniciativa,
pero ello no nos compromete a, mientras hacemos



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ese análisis general, negarnos a cualquier ajuste o modificación, siempre
y cuando, claro está, estemos de acuerdo todas las fuerzas políticas.

Quiero, señor Presidente, aportar una sugerencia. Me parece bien el
límite de los dos meses --acelera la conclusión de la ponencia y da
perspectivas inmediatas a estas conclusiones--, pero en el punto 5.o
quisiera proponer una enmienda transaccional «in voce» a la redacción que
plantea el Grupo Parlamentario Socialista. El número 5 dice que las
conclusiones a que se refiere el número anterior podrán consistir en la
propuesta de articulación de medidas normativas concretas, legislativas
o reglamentarias. Es decir, que no solamente serán líneas y
orientaciones, sino que podrán contemplar modificaciones legislativas y
cambios en desarrollos legislativos; por tanto, en textos reglamentarios
y en normas concretas. Nos parece muy bien, pero entendemos que en esta
conclusión que permite la articulación de normas legislativas y
reglamentarias debe quedar muy claro que se remitirá al Gobierno para su
inmediata aplicación. No vaya a suceder que se aprueben estas
conclusiones y estas propuestas normativas y ahí queden, sin que la
Cámara tenga el compromiso de remitirlas al Gobierno ni de exigir su
aplicación cuando han sido aprobadas por la mayoría del Congreso de los
Diputados.

Por tanto, señor Presidente, propongo que al final del punto 5.o, tras
la palabra «convenientes», que cierra el punto, se añada, después de una
coma, que sean remitidas al Gobierno para su inmediata aplicación. Porque
si no fuera inmediata aplicación, mi grupo tampoco estaría de acuerdo.

Si fueran medidas para aplicar en años ha, la verdad es que no nos
parecería bien. Por tanto, dos meses de margen para debatir esta cuestión
y el compromiso de remisión al Gobierno para su inmediata aplicación.

Estas son, señor Presidente, mis consideraciones y entiendo que ahora no
es el momento de discutir el contenido de la reflexión. Ya tendremos
tiempo en la ponencia de debatir si el alcance va a determinados
productos, a unos sí, a otros no, modificando aspectos de la legislación
tributaria hoy vigente. Eso ya lo discutiremos en la ponencia.

Aceptamos el mecanismo; aunque es tarde, lo consideramos acertado.

Entendemos que eso no debe excluir la posibilidad de compromisos si
mientras tanto en la Cámara hay acuerdos unánimes en torno a determinados
pasos a adoptar, especialmente en temas muy específicos y urgentes, como
es el régimen fiscal aplicable a fondos de pensiones. En cualquier caso,
creo que es necesario, señor Presidente, comprometer a la Comisión a que
esas conclusiones normativas se remitan al Gobierno para su inmediata
aplicación.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Espasa. Le pido disculpas por
haber dado la palabra antes al Grupo Catalán.




El señor ESPASA OLIVER: Brevemente señalaré nuestra posición en cuanto
a la proposición no de ley y, aunque muy escuetamente, hará una
referencia a las palabras del señor Costa Climent.

Por una vez, podemos estar de acuerdo con parte de lo que él ha dicho,
es decir, que esta proposición no de ley llega tarde, llega en un momento
que yo calificaría de evanescente en la situación política y que
sorprende un poco esta propuesta a estas alturas de la legislatura.

Aunque no por ello vamos a votar en contra porque es una solicitud de
diálogo, de consenso, de reflexión sobre un tema importante, un tema que
no es neutro --el tema de la fiscalidad no es neutro-- y aunque todos
queremos hacer esfuerzos de consenso, señoras y señores Diputados, todos
sabemos que en el tema de la fiscalidad se juegan bastante las distintas
opciones políticas, entre el centro, centro derecha o izquierda, en lo
que se entiende por concepción sobre la fiscalidad y su papel en la
economía y, por lo tanto, no es fácil el consenso, pero nosotros no
renunciaremos nunca a intentarlo también en temas de fiscalidad.

Por lo tanto, no vamos a oponernos a esta proposición no de ley aunque
la vemos precipitada y consideramos que se presenta en un momento difícil
de la legislatura y, sobre todo, la vemos como respuesta «vicariante» a
lo que no se produjo en el momento de aprobar la Ley de Planes y Fondos
de Pensiones, donde se encuentra una de las razones que traen causa de
esta proposición no de ley, es decir, no haber practicado el Grupo
Socialista y también el Grupo de Convergència i Unió un mayor consenso
con el resto de las fuerzas políticas, más concretamente con Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, grupo que represento, para haber
articulado de forma más equilibrada la fiscalidad de los distintos
sistemas de previsión social privada, es decir, pólizas de seguros,
mutualidades, planes y fondos de pensiones, que han quedado
desequilibrados después de la aprobación de aquella ley y que ahora con
esa ponencia se quiere corregir. Por tanto, aunque sea tarde e ineficaz
por ausencia de éxito y de tiempo, bienvenida sea la voluntad y el
interés de consenso sobre estos temas fiscales.

Hay una posición política claramente distinta respecto al bálsamo de
fierabrás que nos ha presentado una vez más el ponente del Grupo Popular
en el sentido de que el descenso de impuestos sería la cuestión que
arreglaría todos los problemas de la economía española, incrementando el
ahorro, el crecimiento económico e incluso la recaudación, porque todos
pagaríamos menos, pero pagaríamos más a través del incremento económico,
mejorando todos los servicios, como, por ejemplo, la sanidad, la
educación, etcétera. Este discurso al que asistimos una y otra vez por
parte del Grupo Popular tiene, desde nuestro punto de vista, una
respuesta muy fácil. En primer lugar, no lo compartimos, no creemos que
sea cierto, pero no somos nosotros los que tenemos una patente de verdad
o falsedad sobre esta afirmación, simplemente recordaré el país vecino
con un nombre que me ahorrará cualquier argumentación más larga: Francia,
Alain Juppé. Creo que está dicho todo sobre las bondades y promesas
respecto a la disminución de impuestos en manos de la derecha para
producir mejoras económicas y para producir mejoras en los sistemas de
protección social de los países.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Zabalía.




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El señor ZABALIA LEZAMIZ: Nuestro grupo va a apoyar esta proposición no
de ley. No debatiré ahora la conveniencia o no de un replanteamiento
sobre la globalidad de la fiscalidad española y las necesidades y
carencias que tiene --creo que son conocidas--, pero creo que en este
momento se trata de apoyar o no la creación de una Ponencia para el
estudio de la fiscalidad de los sistemas de previsión social. Desde ese
punto de vista, nosotros compartimos la necesidad --y en esto creo que
hay una coincidencia-- de desarrollar los sistemas de previsión social,
primero, como fuente de ahorro privado --en estos momentos existen unas
carencias de todos conocidas-- y, segundo, como un sistema complementario
del sistema público de la Seguridad Social. Estos aspectos, dentro del
sistema de previsión social, tienen que desarrollar estas carencias,
sobre todo después de la aprobación de la Ley de Ordenación y Supervisión
del Seguro Privado que ha introducido modificaciones normativas
sustanciales en la Ley de Planes y Fondos de Pensiones y las mutualidades
de previsión social y, principalmente, con todo lo relacionado con la
tributación de las aportaciones realizadas por los partícipes. Este es
uno de los motivos que ha hecho reflexionar sobre la conveniencia de
crear esta Ponencia de estudio. Estas modificaciones han podido producir
ciertas distorsiones en el tratamiento de la tributación de estos
sistemas, si bien nuestro grupo parlamentario quiere partir de dos
premisas en todo lo que se vaya a decidir en esta Ponencia. La primera
es que los beneficios fiscales para estos sistemas de previsión tienen
una repercusión recaudatoria. Los beneficios fiscales no deben ser un
instrumento a perpetuidad. Porque la repercusión recaudatoria hace que
existan menos fondos para destinarlos a la mejora del sistema público y,
dada la situación del sistema público español, estos beneficios fiscales
que repercuten en entidades con ánimo de lucro deben estar establecidos
por un tiempo determinado y simplemente para impulsar estas figuras, pero
no a perpetuidad.

Por otra parte, no somos partidarios tampoco de homogeneizar los
beneficios tributarios de estos sistemas dado que los mismos no son
homogéneos ni en sus objetivos ni en las características específicas que
tienen. Por lo tanto, nuestro grupo parlamentario cree que estas premisas
hay que tenerlas en cuenta en el momento en el que abordemos el estudio
sobre la fiscalidad de estos sistemas de previsión social.

Por lo demás, creemos conveniente --como he dicho al principio-- abordar
este estudio inmediatamente, por lo cual vamos a apoyar esta proposición
no de ley.




El señor PRESIDENTE: A los efectos de aceptar la enmienda «in voce»
adicional presentada por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), así como
fijar brevemente la posición respecto al resto de las intervenciones,
tiene la palabra la señora Aroz.




La señora AROZ IBAÑEZ: El Grupo Socialista acepta la enmienda de adición
que ha presentado el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió a los
efectos de que las conclusiones derivadas de esta ponencia sean remitidas
al Gobierno para su inmediata aplicación. Aceptamos esta propuesta.

Respecto a las intervenciones que se han producido, quisiera decir que
el planteamiento del Grupo Popular es coherente con un planteamiento
crítico al esfuerzo y a la política fiscal del Gobierno socialista a lo
largo de todos estos años, una política y un esfuerzo que han ido
dirigidos a desarrollar un sistema tributario prácticamente inexistente
en 1982, ya que las reformas tributarias de las que parte nuestro actual
sistema es de 1978; un esfuerzo y una política fiscal del Gobierno
socialista dirigidos a la elevación de la conciencia fiscal y del
cumplimiento generalizado de las obligaciones fiscales por los ciudadanos
españoles. Los planteamientos del Partido Popular en relación a la
presión fiscal y a los distintos aspectos de la política fiscal han sido
--hay que decirlo-- una coartada permanente para el fraude fiscal, una
coartada moral para los defraudadores cuando se ha estado diciendo a lo
largo de estos años que existía en España una presión fiscal excesiva,
cuando es evidente que está por debajo de la media de los países de la
Unión Europea y, sin embargo, se critican los distintos aspectos que
configuran el sistema tributario español.

Respecto a esta iniciativa, el Grupo Socialista considera que es un
momento adecuado. Puede que exista un cierto retraso, pero nos parece
que, desde el punto de vista legislativo, es un momento adecuado porque
no se parte de cero; no se trata tampoco de revisarlo todo. Se trata de
dar coherencia, de dar un marco coherente a las distintas fórmulas que
existen en la previsión social privada para fortalecer estas figuras,
para hacer que realmente sean complementarias respecto al sistema
público. Pretendemos que esta revisión se realice mediante consenso, y
agradecemos la postura de la mayor parte de los grupos de la Cámara,
porque el consenso es una garantía de estabilidad de estas figuras y de
un tratamiento tributario.

Debo decirle, señor Costa, que las perspectivas electorales poco deberían
tener que ver, si realmente se está de acuerdo con el consenso, para
buscar estabilidad. Por el contrario, mucho tiene que ver el hecho de que
estén en el horizonte próximo unas elecciones cuando se pretende gobernar
no desde el consenso respecto a temas que lo requieren, sino desde la
prepotencia, y hay muchos indicios en la actuación del Partido Popular
que auguran esta prepotencia en un eventual gobierno del Partido Popular.

(Rumores.)
Es verdad que estamos al final de la legislatura, una legislatura que
acaba prematuramente, pues no estamos en 1997, sino en 1995. El Grupo
Socialista va a seguir trabajando hasta el último momento para que esta
legislatura sea fructífera, se atienda a los problemas y a los intereses
de los ciudadanos españoles.

Finalmente, quiero reiterar el agradecimiento a la mayoría de los grupos
de la Cámara, al Grupo de Convergència i Unió, a Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y al Grupo Vasco, su apoyo a esta
iniciativa.




El señor PRESIDENTE: Aunque no se trate de un turno muy reglamentario,
señor Costa, como S. S. conoce, le voy a dar la palabra por alusiones.




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El señor COSTA CLIMENT: Estoy convencido de que no es un turno muy
reglamentario.

La verdad es que el discurso de la señora Aroz, representante del Grupo
Parlamentario Socialista, se descalifica a sí mismo, y, desde luego, pone
de manifiesto algo que el Partido Socialista está haciendo en estos
momentos: que siendo el grupo mayoritario de esta Cámara está haciendo
ya de oposición electoral y política de un posible gobierno del Partido
Popular en 1996. Parece que la historia, para el Partido Socialista,
empieza en 1982, que no existe nada antes de ese año. Yo le recordaría
a la señora Aroz que la reforma tributaria que se consensuó y se cerró
en el período 1977-78 con el acuerdo de la mayor parte de los grupos
políticos es la reforma tributaria que constituye la espina dorsal del
sistema tributario actual. Ustedes lo único que han hecho en los últimos
trece años ha sido introducir un cúmulo constante y desconcertante de
desaguisados en la política tributaria de nuestro país, y los resultados
se están viendo claramente en estos momentos, cuando ya incluso ustedes
son incapaces de defender lo que han venido haciendo en estos trece
últimos años y empiezan a reconocer todos los errores que han cometido
y de los que les avisó el Partido Popular en su momento. (Rumores.)
Tenemos un ejemplo claro, que es la reforma de la Ley General Tributaria
de 1985. Ustedes han cambiado radicalmente esos planteamientos en esta
legislatura. Tenemos el ejemplo de la incidencia de la fiscalidad en el
ahorro, que han venido a confirmar hoy con el contenido de su proposición
no de ley. Por lo tanto, a los hechos me remito. Ahí tenemos la evidencia
empírica.

Por otra parte, parece que no son conscientes de cuál ha sido su política
sobre el cumplimiento generalizado de las obligaciones fiscales en este
país. La verdad es que me produce pavor escuchar sus palabras, señora
Aroz, porque lo que está diciendo con eso y las insinuaciones que está
haciendo pueden minar la confianza de los contribuyentes españoles en
estos momentos. Si hay algo que nos enfangue en el fraude fiscal es la
política tributaria que ha desarrollado el Partido Socialista en los
últimos años. No hay más que ver cuál es, por ejemplo, la participación
en la recaudación del IRPF de las rentas del trabajo en estos momentos
y la participación de la recaudación en el IRPF de las rentas del trabajo
en otros momentos y su comparación con la renta nacional. Usted conoce
muy bien esas estadísticas y, por lo tanto, no se las voy a recordar.

No creo que el Grupo Parlamentario Socialista sea el más indicado para
presumir que el Partido Popular puede gobernar con prepotencia y
prescindir del consenso. En los últimos años, el Grupo Parlamentario
Socialista ha sido un ejemplo de falta de consenso y de prepotencia.

(Rumores.) Por lo tanto, es extraordinariamente sorprendente que la
señora Aroz nos acuse en estos momentos de una presumible futura
prepotencia, cuando no ha estado en el ánimo de ninguno de nosotros.

Lo último que querría decir es que me sorprende muchísimo la actitud de
los grupos nacionalistas cuando renuncian a hacer un planteamiento mucho
más global de estudio del ahorro y aceptan de alguna manera mantener esa
política de parches, de resolución de problemas puntuales y parciales y
renuncian, por lo tanto, a hacer un estudio más serio y más profundo de
la fiscalidad del ahorro, que es lo que necesita en estos momentos
nuestro país.




El señor PRESIDENTE: La señora Aroz tiene la palabra.




La señora AROZ IBAÑEZ: Dos consideraciones brevísimas, señor Presidente.

Quiero pedirle al portavoz del Grupo Popular que asuma y mantenga la
responsabilidad de sus planteamientos fiscales a lo largo de estos años
y hacerle una recomendación: que sean precavidos en sus promesas
electorales; promesas electorales que ya están siendo descalificadas por
el incumplimiento que están llevando a cabo sus correligionarios
franceses.




El señor PRESIDENTE: Antes de concluir este debate y dar paso a la
siguiente proposición no de ley, permítanme SS. SS., aunque no suele ser
habitual que la Presidencia lo haga, proponerles que en el momento final
de la votación se sustituya «se creará una Ponencia» por «se crea».

En relación con la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y aceptada por el Grupo Socialista, referida al
punto 5.º, que dice: «Estas medidas serán remitidas al Gobierno para su
inmediata aplicación», les propongo que se sustituya por: «Estas medidas
serán remitidas al Gobierno para que las adopte de forma inmediata en el
ámbito de sus competencias». ¿Aceptan SS. SS. la inclusión textual de
este párrafo? (Asentimiento.) En estos términos se procederá a la
votación en el momento oportuno, una vez concluido el debate de la
tercera proposición no de ley.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REFORMAR LA FISCALIDAD QUE GRAVA LAS
SEGUNDAS Y ULTERIORES TRANSMISIONES DE VIVIENDAS, EN EL CASO DE
EFECTUARSE A TRAVES DE ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN LA COMPRA Y VENTA DE
VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN
(CiU). (Número de expediente 161/000556.)



El señor PRESIDENTE: La tercera proposición no de ley es la que presenta
el Grupo Parlamentario Catalán por la que se insta al Gobierno a reformar
la fiscalidad que grava las segundas y ulteriores transmisiones de
viviendas, en los términos en que está redactada en el orden del día.

Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Homs, por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió).




El señor HOMS I FERRET: Nuestro grupo ha presentado esta proposición no
de ley por la que se insta al Gobierno a reformar la fiscalidad que grava
las segundas y ulteriores transmisiones de viviendas, en los supuestos
de que éstas se efectúen a través de entidades especializadas en la
compra y venta de viviendas de segunda mano.




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Saben SS. SS. que el problema de la vivienda en España es uno de los más
importantes y sobre el que, con seguridad, en los próximos meses y años,
habrán de adoptarse muchas medidas, con el propósito último de favorecer
la reducción del precio y hacer más asequibles las viviendas a los
ciudadanos. (El señor Vicepresidente, Fernández de Troconiz Marcos, ocupa
la Presidencia.)
La proposición no de ley que planteamos tiene por objeto revisar hoy la
fiscalidad relacionada con la vivienda en España, que presenta una
complejidad destacable. Señorías, la fiscalidad que grava hoy la vivienda
lo hace sobre la producción, la tenencia, el disfrute y la transmisión
de las mismas con al menos ocho impuestos y tributos, sean directos o
indirectos, de carácter estatal, autonómico o municipal. Esta complejidad
fiscal ha generado problemas específicos que condicionan las actividades
relacionadas con el sector inmobiliario, lo que, a largo plazo, acaba
redundando negativamente sobre la ciudadanía y sobre el precio de la
vivienda. Un ejemplo de esa complejidad tributaria aplicable a la
vivienda es el tratamiento fiscal de la intermediación, en el caso de la
transmisión de viviendas de segunda mano, y ulteriores transmisiones de
viviendas entre ciudadanos.

El problema que queremos intentar resolver con esta proposición no de ley
tiene las siguientes características: el actual mercado de la vivienda
en España, como ustedes saben, presenta una clara segmentación que puede
definirse en términos análogos a los utilizados en los mercados de
capitales. Puede decirse que existe un mercado primario, en el cual el
producto acabado (la vivienda) se coloca al público directamente por
parte del promotor, constituyendo una primera transmisión sometida al
Impuesto sobre el Valor Añadido, con el tratamiento específico que se ha
expuesto en las leyes hoy vigentes. La verdad es que la transmisión de
la primera vivienda está gravada con el Impuesto sobre el Valor Añadido
y no el de transmisiones. No obstante, en un segundo grupo del mercado
está el mercado secundario, en el que se realizan las transmisiones de
viviendas que ya habían sido transmitidas previamente a su propietario,
bien directamente por el promotor bien por un propietario anterior,
generando una segunda y sucesivas transmisiones en el mercado español.

Aunque en algunos casos tales operaciones se realizan directamente entre
particulares, la propia complejidad que tiene hoy la transmisión del
mercado de segunda mano en España hace que, mayoritariamente, estas
transmisiones de vivienda se hagan a través de sociedades o entidades
especializadas en la compra y venta de viviendas de segunda mano. Este
hecho, unido al tratamiento fiscal de las transmisiones mencionadas,
genera una serie de inconvenientes a los que intenta salir al paso la
proposición no de ley que planteamos.

De acuerdo con la legislación fiscal vigente, hoy el proceso es muy
simple. Cuando una sociedad dedicada a la compraventa de viviendas de
segunda mano compra una vivienda, ésta está sometida al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales con un tipo impositivo del 6 por ciento, de
acuerdo con lo contenido en las normas vigentes. Posteriormente, después
de la oportuna rehabilitación de esta vivienda, cuando la sociedad la
vende a un nuevo propietario, se produce una segunda transmisión que
supone otra vez el devengo del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales
--una vez más, el 6 por ciento del importe de la operación--. Es decir,
en el proceso que lleva al cambio del propietario de una vivienda a otro
mediante la compra intermediada de una sociedad que se dedica a la
transmisión de viviendas de segunda mano, se devenga por duplicado el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales. Asistimos, pues, a una
circunstancia de doble tributación en esas transmisiones.

La implicación que tiene este proceso es, a mi juicio, doble porque hay
una doble imposición fiscal, pero también tiene efectos importantes en
cascada que deberíamos tener muy en cuenta. Ante todo, el efecto más
inmediato en cascada es que ese doble gravamen provoca un incremento del
precio de la vivienda, a lo que mi Grupo quiere salir al paso con la
proposición no de ley. En las sucesivas transmisiones que haya habido,
una o dos desde el propietario inicial al propietario final que habitará
esa vivienda, se aplica una doble tributación que revierte en el precio
final, que encarece el precio final de la vivienda de segunda mano. Este
no es el caso de las transmisiones de viviendas nuevas o el primer
conjunto de transmisiones de viviendas del primer bloque en España.

Señorías, el propósito de nuestra proposición no de ley es revisar ese
mecanismo. Esa consecuencia que indicaba de encarecimiento del coste
final de la vivienda y del precio de adquisición por parte de los
ciudadanos justifica revisar esta fiscalidad aplicable en las
transmisiones iniciales y sucesivas de las viviendas de segunda mano.

También debe tenerse en cuenta que en este proceso hay otras
consecuencias o derivaciones indirectas. El mercado, para evitar esa
doble tributación, formaliza esas transmisiones mediante acuerdos
privados que no se registran en las escrituras públicas, con el efecto
que eso lleva de indefensión o de inseguridad en los procesos de
transmisiones de las viviendas.

Por otro lado, señorías, puede producirse otro efecto colateral de gran
importancia en el caso de que prosperen las nuevas revisiones y
actualizaciones de los valores catastrales en España. Como saben, estamos
asistiendo a un proceso inicial y generalizado de actualización de los
valores catastrales. El valor de referencia sobre el que se aplica el 6
por ciento en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales es, entre
otros, el valor catastral. Si los valores catastrales se actualizan, como
se están actualizando, y no corregimos esa doble tributación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales en los supuestos de transmisiones de
segundas viviendas, vamos a asistir en los próximos dos, tres, cuatro o
cinco años, a un incremento importante de tributación en las
transmisiones de las viviendas de segunda mano, cosa que creo no desea
ningún grupo de esta Cámara, incluso me atrevería a decir que el Gobierno
tampoco. El Gobierno acepta el proceso de actualización de los valores
catastrales, pero no desea someter a un incremento de presión tributaria
al proceso de transmisión de las viviendas de segunda mano cuando éstas
soportan dos o tres veces el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales;
en estas circunstancias, al incrementar las bases catastrales,



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someteríamos a un precio final todavía mucho más elevado las
transmisiones de viviendas de segunda mano.

Creo, señorías, que si el objetivo es bajar los precios de las viviendas,
especialmente aquellas que hoy ya están en el mercado y son viviendas de
segunda mano, deberíamos considerar la iniciativa que mi Grupo plantea.

¿Qué posibles soluciones podría tener el problema? Nuestro Grupo entiende
que sólo hay dos posibles soluciones. Una, sería revisar la aplicación
del IVA. Ustedes saben que las transmisiones de las viviendas nuevas
tienen Impuesto sobre el Valor Añadido, no así las transmisiones de las
viviendas de segunda mano. Si se aplicara el IVA a las viviendas de
segunda mano, no estaríamos hablando de este problema, puesto que el IVA,
como saben, se transmite hasta el comprador final. Como no es así, como
a las viviendas de segunda mano se les aplica el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales en cada una de las sucesivas transmisiones,
el precio final de la vivienda se encarece como consecuencia de que se
soporta dos, tres o cuatro veces el Impuesto sobre Transmisiones, en
lugar de una como cuando se trata de una vivienda de nueva elaboración.

La otra solución sería, señorías, la que contemplamos en la proposición
no de ley. Proponemos la posibilidad de introducir un régimen de
suspensión. La idea que nuestro Grupo plantea vendría resumida, muy
brevemente, en los siguientes términos. Cuando una sociedad compra
inicialmente una vivienda, se producirá el devengo del Impuesto, pero su
liquidación quedará suspendida de forma condicionada durante un período
de tiempo, el período en el que entendemos que puede procederse a la
rehabilitación de dicha vivienda de segunda mano y consiguiente
transmisión a un propietario final, que podría ser en torno a tres años,
y suspender de forma condicionada el período de liquidación de dicho
Impuesto. Si durante este período en torno a los tres años, la sociedad
vende la vivienda en cuestión, se producirá un nuevo devengo del
Impuesto, que será efectivo anulándose definitivamente la liquidación
suspendida, produciéndose por tanto un solo pago por el Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales. En el caso de que, vencido el plazo
estipulado, no se haya producido una segunda transmisión, se obligaría
a la liquidación inicial que había devengado inicialmente el Impuesto.

¿Qué garantizamos con este mecanismo? Garantizamos que la adquisición y
transmisión de la vivienda de segunda mano a través de un proceso de
rehabilitación pueda ser finalmente más barato y el ciudadano pueda
adquirir estas viviendas a un precio más bajo. Bajar un 6 por ciento las
viviendas de segunda mano no es una cuestión menor, es una cuestión que
estimula el mercado y la adquisición de viviendas de segunda mano.

Esta segunda solución es la que nuestro Grupo contempla y es la que ve
más fácilmente asumible, por cuanto la revisión del IVA en este momento
en la transmisión de viviendas de segunda mano generaría la necesidad de
proceder a una revisión legislativa, lo que tendría mayores
complejidades. Por tanto, nuestro Grupo, señor Presidente, propone a la
Comisión que contemple como positiva esta proposición no de ley en el
sentido de establecer un régimen suspensivo en la aplicación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales para corregir la asimetría que hoy
tiene el régimen fiscal cuando se aplica a las viviendas de primera
elaboración o a las de segunda mano en sus procesos posteriores de
transmisión en el mercado. De lo contrario, señorías, no sería fácil
garantizar grandes expectativas de transmisiones de la gran bolsa de
viviendas de segunda mano hoy existente, que están en un régimen de
cierta paralización por el elevado precio que tienen. La medida sería
fiscal, tiene bastante lógica y tiene precedentes en el régimen fiscal
hoy existente en España. Por ejemplo, creo recordar que, en la fiscalidad
aplicable en otras figuras impositivas en España, también se han
contemplado regímenes de suspensión perfectamente aplicables. Por lo
tanto, creo que el mecanismo del régimen de suspensión podría ser
perfectamente asumible y contribuiría de una forma directa a reducir la
fiscalidad y el precio final de las viviendas en el mercado de España.

Señorías, creo que la literalidad del texto que proponemos presenta pocas
complejidades. No creo que en la redacción final de la proposición no de
ley, tengamos muchos problemas porque, de hecho, lo que venimos a
proponer y a someter a votación es que el Congreso de los Diputados inste
al Gobierno para que proceda a la revisión de la regulación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al
objeto de implantar un régimen suspensivo especial aplicable a la
liquidación del citado Impuesto con motivo de las operaciones de
compraventa de viviendas de segunda mano intermediadas por entidades o
sociedades especializadas en dicha actividad. Este es el compromiso: que
el Gobierno proceda a hacer esa revisión. No la asumimos ni la aplicamos
en estos momentos, ahora bien, aportamos como un criterio a asumir, no
como único criterio, que, cuando una sociedad especializada en
operaciones de compraventa de viviendas de segunda mano adquiera una
vivienda, se producirá el devengo del Impuesto, pero su liquidación
quedará suspendida por un período temporal de tres años. Si durante este
período se produce su transmisión, ocurriría un nuevo devengo anulando
la liquidación suspendida anteriormente, pero si en dicho plazo no se ha
producido la nueva transmisión de la vivienda, se consolidará la
liquidación inicial, debiéndose proceder al pago de la deuda tributaria,
junto con los intereses de demora correspondientes al período de
suspensión del pago. El régimen suspensivo será de aplicación únicamente
a las operaciones realizadas por sociedades dedicadas a la rehabilitación
y compraventa de viviendas.

No obstante, señorías, ese criterio, que es el criterio que tiene la
iniciativa de mi Grupo, está abierto a otros criterios, y, en cualquier
caso, a admitir como compromiso instar al Gobierno a que regule una
revisión del impuesto e introduzca un régimen suspensivo. Si este
criterio no pudiera apoyarse, podría ser otro, para darle mayor
flexibilidad a la revisión de la norma; no nos mantenemos rígidos en esta
cuestión, pero sí nos mantenemos estrictamente rígidos en el compromiso
de instar al Gobierno a revisar el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales para incorporar una modificación para que, bien por un
régimen de



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suspensión o bien por algún criterio que lo contemple, se resuelva el
problema que hemos planteado.

Señor Presidente, ésta es la finalidad y el propósito que tiene la
iniciativa, y que, como espero que todos los grupos puedan comprobar, no
tiene otra motivación que contribuir a bajar los precios de las viviendas
en el mercado, con lo cual animo al Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, que es un grupo parlamentario muy sensible a los intereses
sociales en España y a los intereses sociales de los problemas derivados
de la vivienda y de las dificultades que hoy tiene el ciudadano español
en la adquisición de viviendas, que muchas veces no puede acceder a una
vivienda nueva, pero sí en una de segunda mano, para que contemple como
muy positiva la iniciativa que planteamos, dándole su apoyo y aprobación.

También insto al Grupo Parlamentario Socialista a que vea con muy buenos
ojos la literalidad de mi iniciativa, para que no se anime a buscar
redacciones ambiguas, genéricas, que en definitiva no comprometen a nada
y dejan las cosas suspendidas, y no se pueden resolver. Igualmente,
estimulo al Partido Popular, que aspira a gobernar --cosa que vamos a ver
muy pronto si esto es posible--, para que asuman el compromiso que
ponemos sobre la mesa antes de ganar las elecciones. Sería muy sensato
conocer su opinión , y si, en su momento, ganan las elecciones, con
inmediatez apliquen esa revisión que nosotros proponemos.

No menciono al Grupo Nacionalista Vasco del que, por sus coincidencias
programáticas con nuestro Grupo en ese punto, ya conocía su perfecta
identificación con dicha iniciativa.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Para la defensa
de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Moreno Monrove.




El señor MORENO MONROVE: Esta proposición no de ley de Convergència i
Unió se justifica, teóricamente, en la conveniencia de evitar una doble
tributación por un Impuesto, el de Transmisiones, y por tanto partiendo
de la premisa de que se produce un solo acto jurídico, una sola
transmisión, cuando la realidad muestra que existen actos jurídicos
absolutamente distintos. De ahí se concluye en una serie de
consideraciones que le llevan a formular una determinada propuesta.

Nuestro Grupo quiere decir que los objetivos que persigue en su
exposición el Grupo Catalán (Convergència i Unió), los hacemos nuestros,
porque nos parecen buenos; nos parece que es bueno que busquemos el
abaratamiento del precio de la vivienda, que es bueno mejorar la
transparencia y seguridad del mercado de segunda mano, y nos parece bueno
que se cierren al máximo los canales por los que más suele circular el
dinero negro. Creemos que todo esto requiere que las modificaciones
legales necesarias para conseguir estos objetivos en cualquier caso haya
que establecerlas con una tremenda precisión y con una tremenda cautela,
o por lo menos con todas las cautelas necesarias. En este sentido,
queremos decir que, primero, desde el punto de vista jurídico estamos
frente a dos actos absolutamente distintos e independientes, por más que
el propio mercado, de forma real, algunas veces lo convierta en un solo
acto jurídico y amplíe las bases de un fraude que todos sabemos que
existe en este tipo de operaciones, yendo al contrato privado como
fórmula intermedia para evitar la formulación en una escritura pública,
pero estamos ante dos actos jurídicos absolutamente distintos e
independientes, y nuestro Grupo desde luego no tiene la voluntad de
romper el actual sistema impositivo sin una justificación suficiente para
ello, sino más bien todo lo contrario, ir hacia el aporte de soluciones
de los problemas existentes, uno de los cuales es el fraude que estas
operaciones originan en el mercado de segunda mano.

Por otra parte, no hay que olvidar los problemas de aplicación práctica
que una u otra liquidación del impuesto comportaría, yendo ya a la
formulación específica que realiza Convergència i Unió en su proposición
no de ley, teniendo en cuenta que las bases impositivas de ambas
transmisiones, al no coincidir, lógicamente, los precios, no serían las
mismas ni por tanto homologables a los efectos que se pretenden, como
tampoco la posibilidad de que el mismo tratamiento singular se pudiera
seguir análogamente respecto de otros gravámenes que giran también sobre
la compraventa, como, por ejemplo, la plusvalía municipal.

Por otro lado, el Grupo proponente señala que el último motivo del
encarecimiento de la vivienda, cuando se trata de transmisiones
intermediadas por entidades especializadas o sociedades dedicadas
específicamente a este tema, es la fiscalidad que soportan estas últimas,
pero no ha hecho mención al margen de beneficios, muy importantes, que
suelen obtener estas empresas por su intermediación, con lo cual si del
precio final del producto-vivienda estamos hablando, qué menos que
considerar, aunque sea políticamente, que hay un margen de beneficios que
es el que hace que estas empresas por otra parte sean activas, consideren
que tienen un mercado, publiciten su oferta de realización de negocios
en esta dirección y consigan márgenes importantes, seguramente lógicos,
en estas transacciones comerciales.

Asimismo, la medida propuesta, no los objetivos que persigue, pero sí la
medida propuesta específicamente, cerrando la solución en cuanto a
régimen suspensivo, tal como lo formula, tres años, etcétera, podría
calificarse --en nuestro Grupo nos da miedo que sea así-- de
discriminatoria y distorsionada respecto a otro tipo de ventas o
transmisiones realizadas entre particulares. Nuestro Grupo no ve motivos
suficientes para encauzar la solución en la dirección que lo hace
Convergència i Unió. Insisto: sí para el reconocimiento del problema y
sí para constatar que los objetivos que se persiguen o que se enuncian
son buenos. Todo ello, cuando se afirma en la propia exposición del Grupo
proponente que estas empresas tienden a ocultar dichas transmisiones
mediante su instrumentalización, a través de documentos privados y, por
tanto, fuera del control de la Administración, lo que tiende a favorecer
pagos opacos a la Hacienda pública, por lo que nos hubiera gustado
muchísimo que en la propia propuesta se hubiera hecho



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hincapié en la manera de evitar estas opacidades y no pensar que las
opacidades se solucionan de forma general mediante la bajada de
impuestos, sino probablemente mediante algunas otras fórmulas o
soluciones alternativas o, por lo menos, complementarias.

Hay un par de argumentaciones, posteriormente, que son dificultades
puramente técnicas que tiene la formulación específica que hace la
propuesta. Una de ellas es el acuerdo de la normativa del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el que
opera el principio del cierre registral y, por tanto, no puede procederse
a la inscripción de inmueble alguno sin que previamente se acredite el
pago del impuesto correspondiente, su exención o su no sujeción, con lo
que el segundo adquirente, para salvaguardar sus intereses, debería
asegurarse de la legitimidad del actual propietario y de que éste
satisfizo en su día el impuesto correspondiente a su adquisición.

Por todas estas razones e insistiendo en que nuestro Grupo está de
acuerdo con la formulación general que hace el Grupo proponente sobre que
debemos perseguir --mediante estas u otras normas legales o mediante
estas u otras modificaciones legales-- los objetivos de tratar de bajar
el precio de las viviendas, mejorar la transparencia del mercado y evitar
los fraudes, nuestro Grupo ha considerado conveniente presentar una
enmienda de sustitución que, fundamentalmente, reconoce la existencia del
problema, apuesta por la consecución de los objetivos que pretende el
Grupo proponente, establece algunas cautelas, como las de asegurar la no
discriminación y evitar efectos distorsionadores respecto de otro tipo
de ventas y quiere asegurar que, en el supuesto de proponerse beneficios
fiscales o regímenes tributarios diferenciados, la concesión de los
mismos o su regulación deberá guardar la debida conexión con los citados
objetivos de facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la transparencia
y seguridad del mercado.

Con la propuesta que presentamos creemos que están cubiertos los
objetivos que pretende el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
establecemos determinadas seguridades jurídicas, dejamos abierto el
camino para que las soluciones no sean exclusivamente las que sugieren
en la propuesta inicial y consideramos que, de esta manera, podemos
suscitar un acuerdo general en la Cámara, que en estos momentos solicito
al resto de los grupos parlamentarios y, por supuesto, al Grupo
proponente como enmienda que, sustituyendo a la anterior, no hace más que
tratar de ir hacia un acuerdo más general en la Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): ¿Grupos que
desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.




El señor ORTIZ GONZALEZ: Señor Presidente, la proposición no de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) merece una favorable acogida por
parte de mi Grupo. No podemos más que estar de acuerdo con el propósito
de reducir los costes y, por tanto, los precios, finales de la vivienda,
costes y precios que han experimentado un crecimiento desmesurado después
de 13 años de política socialista de vivienda, tanto en su globalidad
como en su composición. En su globalidad, para lo que basta pensar que,
en términos de promedio nacional, el precio de la vivienda se ha
multiplicado por 3,2 en los últimos 12 ó 13 años, siendo así que ha sido
muy otro el crecimiento de los salarios y la evolución del IPC; y en su
composición, porque sólo entre los años 1985 y 1994, es decir, en los
últimos 10 años, se ha pasado de que el precio del suelo ponderaba el 25
por ciento, en el año 1985, y ahora el 43 por ciento; el coste de la
construcción ponderaba el 60 por ciento y ahora el 38 por ciento, es
decir, pondera menos que la incidencia del suelo, y los costes anejos,
distintos del suelo y de la construcción (entre otros, el impacto de la
fiscalidad), han pasado de representar el 15 al 19 por ciento.

Consiguientemente, no podemos sino estar de cuerdo en reducir los costes
fiscales y, por tanto, su impacto en los precios. En este sentido, quiero
decir al señor Homs que no necesita invitar al Partido Popular a que haga
una acogida favorable al propósito que guía a esta proposición no de ley.

No obstante, querría hacer unas consideraciones muy claras. La primera
es que estamos en presencia de una iniciativa de carácter puntual o
concreto, en una política fiscal relativa a la vivienda que debe ser
revisada en su integridad. El Partido Popular, a punto de ser Gobierno
en el próximo marzo o cuando sea, tiene una política de vivienda, uno de
cuyos ingredientes fundamentales es la política fiscal, política fiscal
que requiere y que urge un replanteamiento integral. Creemos que en estos
años estamos asistiendo o hemos asistido a una desconexión absoluta entre
la política fiscal y la política de vivienda; creemos, en definitiva, que
no se ha utilizado el instrumento tributario al servicio de la
fiscalidad, y ahí están los datos. La política de vivienda, en términos
presupuestarios, ha significado consignaciones presupuestarias del orden
de 110.000 millones de pesetas, en un presupuesto, como el nonato para
el año 1996, consolidado con el de la Seguridad Social, donde se trataba
de una cifra próxima a los 30 billones de pesetas. La vivienda, por
tanto, no ha tenido la prioridad necesaria en los objetivos de los
gobiernos socialistas y, mucho menos la política fiscal al servicio de
la política de vivienda. Por consiguiente, este tipo de iniciativas,
claramente puntuales, cuentan con nuestra favorable acogida, pero creemos
que son claramente insuficientes y que hay que ir a un replanteamiento
integral, global en todos sus ámbitos de la fiscalidad de la vivienda.

El preámbulo de la proposición no de ley habla de la incidencia de ocho
figuras tributarias. Yo diría que son más. Los expertos han computado
hasta 11 figuras fiscales que inciden sobre la vivienda en el ámbito de
la imposición estatal, de la autonómica y, muy particularmente, de la
municipal, y la filosofía del Partido Popular en esta materia es ir,
repito, hacia un replanteamiento integral, con una orientación hacia la
municipalización de los impuestos en que se concreta la fiscalidad sobre
la vivienda.

En la proposición no de ley que se plantea hay no pocas incógnitas y no
pocas deficiencias técnicas que es preciso afrontar desde las locuciones
como viviendas de segunda mano, cuando está consagrado el término de
viviendas desocupadas



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que, por cierto, son uno de los problemas fundamentales a abordar en
materia de fiscalidad y política de vivienda. Las viviendas desocupadas
principales, según datos del Ministerio, en el año 1994, alcanzan
1.200.000 unidades --¡nada menos que 1.200.000 viviendas desocupadas!--,
al servicio de cuya puesta en el mercado hay que utilizar claramente la
fiscalidad.

Sin embargo, hay otra serie de problemas o de indefiniciones. ¿Cuál es
el ámbito fiscal a que nos estamos refiriendo? ¿Sólo al del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o
también al del IVA? ¿Son idénticos los supuestos de compra de viviendas
para su reventa ulterior con rehabilitación o sin rehabilitación? El
tratamiento fiscal es radicalmente distinto y la puesta al servicio de
la política de vivienda por parte de la fiscalidad es radicalmente
diverso. En definitiva, la adquisición de viviendas para su
rehabilitación debe merecer un trato fiscal más favorable que la
adquisición de viviendas para su simple reventa.

Un objetivo fundamental de política de vivienda es la potenciación del
alquiler. Consiguientemente, la adquisición de viviendas para su puesta
en el mercado de alquiler merecería un trato fiscal más favorable que la
pura adquisición de viviendas para su reventa ulterior con un beneficio.

¿Cómo se defienden las empresas especializadas --como dice la proposición
no de ley-- en la adquisición y puesta en el mercado de viviendas de
segunda mano?
En definitiva, hay un conjunto de imprecisiones, de necesidad de
definición, que sugieren que se recoja en la proposición no de ley el
propósito fundamental de reducir los costes fiscales de la vivienda en
estas viviendas desocupadas, de segunda mano o, mejor dicho, viviendas
usadas, sin llegar a la fórmula concreta, específica, de la suspensión,
que efectivamente --y ahí coincidimos con el portavoz socialista-- puede
crear algún tipo de discriminación entre las ventas que se hagan entre
particulares, es decir, entre sociedades no especializadas, o por
sociedades especializadas.

Estamos de acuerdo con el propósito que guía la proposición no de ley,
pero creemos que necesitaría una serie de precisiones, de matizaciones
y de concreciones, por lo que estamos más de acuerdo con la enmienda de
sustitución que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista que con
los términos literales estrictos de la proposición no de ley en la
versión del Grupo proponente de Convergència i Unió.

Este va a ser el sentido de nuestro voto, reiterando el apoyo al
propósito que guía esta proposición no de ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Espasa.




El señor ESPASA OLIVER: Respondiendo a la amable llamada del señor Homs
a nuestro sensible corazón, vamos a intentar responder a su proposición
no de ley haciendo un examen cordial, muy cordial, de los motivos que
subyacen bajo la tan generosa presentación que nos ha hecho el señor
Homs.

Por supuesto que todos estamos de acuerdo, nosotros también, con los
objetivos que campean en su proposición no de ley, esto es, reducir el
precio de la vivienda en general y de segunda mano en especial, evitar
el fraude y facilitar la transparencia del mercado. En eso podemos estar
todos de acuerdo, señor Homs, pero quizá no estemos de acuerdo, de hecho
no lo estamos, en la medida que usted propone.

Usted nos ha dicho --para decirlo breve y simplemente-- que había dos
caminos: uno era el de la suspensión de la liquidación, que es el que
usted propone y al que después me voy a referir, y otro posible, que
usted ha apuntado, sería el de darle el mismo tratamiento a la
transmisión de viviendas, es decir, a un acto jurídico documentado, a una
transmisión patrimonial, como si se tratase del impuesto del IVA, es
decir, que lo paga sólo el último consumidor.

Señor Homs, el mismo impuesto y la misma estructura del IVA vienen a
justificar que sólo lo pague un solo contribuyente, es decir, el
principio de un solo gravamen; por eso acaba pagando el último tenedor
en el caso del IVA, pero estamos en otra situación totalmente distinta.

Estamos ante una transmisión patrimonial y debe tributar cada transmisión
patrimonial, señor Homs.

Por esto es radicalmente distinto el planteamiento en un producto que se
ha invertido para su fabricación o su puesta en el mercado, y después
tributa, según el impuesto --en el IVA en el caso del adquirente, o
cuando hay varios adquirientes en otro tipo de productos, el último--,
y una transmisión patrimonial cuando se trata de una vivienda de segunda
mano. Usted ya lo descartaba, pero quiero subrayar que sería realmente
monstruoso aceptar simplemente la posibilidad de que el tratamiento en
transmisiones patrimoniales fuese igual que el del IVA, tratándose de
productos tan distintos.

Vayamos al objetivo de su proposición no de ley: la suspensión de la
liquidación. El señor Ortiz me ha tomado uno de los argumentos que
pensaba utilizar y quizá es el más contundente. Señor Homs, lo que usted
viene a proponer con toda su cordialidad y toda su buena voluntad es que
las transmisiones --que las hay y muchas-- entre particulares de
viviendas de segunda mano, es decir, un particular vende una vivienda a
otro particular, que éstos sí paguen impuestos y que, en cambio, cuando
esto se produce a través de un intermediario (y usted que es Diputado por
Barcelona, como yo, sabe la pujanza que tienen estas compañías
intermediarias en Barcelona; basta sólo coger los periódicos de
Barcelona, señorías, para ver la cantidad ingente de anuncios de estas
compañías, por tanto, de bolsa remansada nada, sino lucro legítimo pero
importante por parte de estas compañías intermediarias) que éste no pague
el impuesto y, en cambio, los particulares, cuando transmiten una
vivienda, sí paguen impuesto.

Desde luego su equidad fiscal me sorprende, señor Homs, me deja
absolutamente boquiabierto, porque lo que usted propone no es ya evitar
el fraude, sino legalizarlo. Es verdad que estas compañías cogen, por
donde no se debería coger, al primer vendedor, le aplican un contrato
privado y hasta que no aparece un segundo comprador no liquidan



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el Impuesto sobre Transmisiones. Esto sucede, pero la solución a esto,
señor Homs, no es darle la cobertura legal que usted propone con la
suspensión de la liquidación del impuesto, sobre todo discriminando a los
particulares que lo están haciendo.

Si usted habla de transparencia del mercado, hagamos que el mercado sea
igual para todos, para particulares y para compañías. No esté usted tan
preocupado por beneficiar a estas compañías intermediarias, porque el
objetivo final, que es bajar el precio de la vivienda, se puede conseguir
perfectamente con una pequeña minoración o con un pequeño lucro cesante
en estas propias compañías de intermediación. Quizá el precio de la
vivienda en segunda mano está en el excesivo beneficio que obtienen, y
que además lo sabemos los que conocemos este mercado por haber tenido que
acceder a él a través de la compra de vivienda de segunda mano, beneficio
que es absolutamente sustancioso y gratificante para estas compañías de
intermediación. Son muy altos los beneficios en cada compraventa, y usted
además les viene a premiar con una liquidación suspensiva del impuesto,
discriminando, repito una vez más --porque creo que es el argumento quizá
más importante--, al ejercicio legítimo de libertad de mercado que
pudieran hacer las personas particulares que accediesen también al
mercado para vender su vivienda en favor de un tercer comprador.

Además, como ha recordado también el ponente del Grupo Socialista, en el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
se requiere lo que se llama el cierre registral. Usted viene a permitir
que no haya cierre registral. Las bases imponibles son distintas, porque
se compra a un precio y se vende a otro, si no, no habría actividad
comercial y no habría lucro, señor Homs, y existe también la plusvalía
municipal. Todo eso usted lo difumina bajo la capa de su gran corazón
para abaratar el precio de la vivienda y suspender la liquidación del
impuesto en un acto de transmisiones patrimoniales.

Señor Homs, no estamos ante un producto cualquiera, no estamos ante un
caso de IVA, sino que estamos ante un impuesto muy definido, muy bien
tipificado, con todas las garantías que hemos señalado antes: diferencia
de bases imposibles, la plusvalía municipal y el cierre registral. En
cada transmisión patrimonial debe haber la correspondiente aportación a
la Hacienda pública. Es un impuesto no muy alto, del 6 por ciento, y
desde luego, señor Homs, si todas las transparencias de mercado y los
beneficios para incrementar el funcionamiento de este mercado se reducen
sólo y simplemente a desarmar fiscalmente a la Hacienda pública, me
parece que acabará usted en la misma línea que sus insignes compañeros
del Grupo Popular y que antes ya hemos mencionado.

Promesas de reducción de impuestos acaban siempre en nuevos impuestos,
como el señor Juppé nos acaba de demostrar en Francia. (El señor Homs i
Ferret pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Lo siento, señor
Homs.

Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Solamente para decir que desde mi Grupo
Parlamentario vamos a apoyar esta proposición no de ley que ha presentado
el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.

Después de oír las explicaciones y las aclaraciones de todos los grupos
parlamentarios tengo que decir que la brillante exposición del señor Homs
ha sido suficiente para convencer a este Diputado sobre la necesidad de
esta proposición no de ley. También nuestro Grupo es sensible a los
problemas del costo de la vivienda y, por tanto, vamos a poyarla.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): A los solos y
exclusivos efectos de aceptar o rechazar la enmienda presentada por el
Grupo Socialista, tiene usted la palabra.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, quiero pedirle el derecho a
intervenir por alusiones directas del portavoz de Izquierda Unida.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Señor Homs, las
alusiones a este tipo de debates son algo completamente lógico, pero no
dan lugar a un turno de réplica o a un turno de contestación, pues que
se contradigan sus argumentaciones es lógico para fundamentar la posición
de otro grupo.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, ruego que le diga el letrado
cuántas veces ha sido mencionado mi nombre por el portavoz de Izquierda
Unida y si eso da derecho o no a un turno de alusiones.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Señor Homs, a
juicio de esta Presidencia el que su nombre sea mencionado no da derecho
en absoluto a replicar.




El señor HOMS I FERRET: ¿Entonces cuándo da derecho según el Reglamento,
señor Presidente?



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Le ruego, señor
Homs, que exclusivamente utilice la palabra cuando la Presidencia le
conceda el turno de voz.

Le quiero decir que esta Presidencia entiende que no ha sido aludido en
el sentido de poder replicar. Por consiguiente, le insisto, señor Homs,
que intervenga a los solos y exclusivos efectos de aceptar o rechazar la
enmienda presentada por el Grupo Socialista.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, ruego que usted ampare mi
derecho legítimo, porque he sido aludido en innumerables ocasiones,
citándoseme personalmente y por ello le pido el derecho a replicar; si
no usted, señor Presidente, está vulnerando el Reglamento.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Señor Homs,
interpreto el Reglamento como



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tengo por conveniente y como creo ajustado al propio Reglamento. De todas
maneras, voy a concederle un turno rapidísimo de palabra, pues, aunque
lo dudo, espero que atienda la brevedad del caso, porque tenga usted en
cuenta que vamos retrasadísimos en la Comisión esta mañana.




El señor HOMS I FERRET: Señor Presidente, quisiera simplemente, y de
forma breve, porque veo que no tendré posibilidad de argumentar con
extensión, decir que el portavoz del Grupo de Izquierda Unida desconoce
totalmente el mecanismo del cual estamos tratando en estos momentos con
la proposición no de ley que mi grupo plantea.

El señor Espasa desconoce plenamente el mecanismo. No es verdad que con
nuestra propuesta estemos...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Señor Homs,
perdóneme, le ruego que no cite al señor Espasa, porque por la misma
regla de tres posteriormente le tendré que conceder también la palabra
por alusiones.




El señor HOMS I FERRET: Creo que el portavoz de Izquierda Unida no
entiende el mecanismo al cual estamos aludiendo. No premiamos a nadie.

En los barrios más obreros de Madrid y de Barcelona, señor Espasa
--perdón, señor Presidente--, señor portavoz de Izquierda Unida, el
ciudadano cuando adquiere una vivienda de segunda mano no la adquiere
directamente del propietario en el 90 por ciento de las ocasiones. El
precio de la vivienda que compra ese personaje, ese señor, ese ciudadano,
soporta dos y tres veces el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, con
lo cual finalmente quien lo paga es el ciudadano, el obrero que adquiere
una vivienda de segunda mano porque no puede ir a una de primera mano.

Eso en primer lugar.

Cuando el régimen de transmisión de las viviendas de nueva licitación en
régimen de IVA...




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Señor Homs,
perdóneme que le interrumpa, le ruego que hable al micrófono, porque si
no es imposible seguir su dicción.




El señor HOMS I FERRET: Creo que mi tono de voz, señor Presidente, se oía
desde el extremo de la sala.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Señor Homs, usted
puede tener esa opinión, pero desde luego los taquígrafos no opinan así.




El señor HOMS I FERRET: Creo que en lo que propone mi grupo parlamentario
no subyace ningún otro objetivo que favorecer la reducción de los precios
en la transmisión o adquisición de las viviendas de segunda mano, ningún
otro motivo.

La verdad es que al replicar a nuestro grupo indicando que subyacen otros
propósitos y que ahí estamos dando determinados premios a no sé qué
entidades, la verdad es que, señor Espasa, usted siempre necesita
demonios y precisa siempre no sé qué objetivos extraños para justificar
sus posiciones políticas. No hay ningún otro objetivo que el de
favorecer, mediante la rebaja de la fiscalidad que se soporta por dos y
tres veces, el precio final de adquisición de la vivienda de segunda mano
que afecta al ciudadano y muchas veces, la mayoría, al ciudadano con
menor renta.

Señor Presidente, la enmienda que se nos propone por el Grupo
Parlamentario Socialista es aceptable en toda su extensión y literalidad.

En el primer apartado hay un compromiso genérico y cuando en el segundo
hay algunos principios o criterios a contemplar, quisiéramos proponer la
adición de un tercero que tendría la siguiente redacción: establecer un
régimen fiscal suspensivo de aplicación únicamente a las compraventas de
viviendas de segunda mano intermediadas por entidades o sociedades
especializadas en dicha actividad.

Es decir, en esa revisión genérica de los principios que se contemplen
pueda caber la posibilidad de aplicar también un régimen fiscal
suspensivo. El Gobierno ya adoptará las medidas oportunas, ya procederá
a la modificación actual de la normativa fiscal vigente, pero entre los
dos criterios, más el tercero que aportamos, que se contemple la
posibilidad de establecer un régimen fiscal suspensivo únicamente de
aplicación a las compraventas de viviendas de segunda mano.

La propuesta sería añadir ese tercer punto, cuya redacción ya he sugerido
a la Mesa y que he propuesto también al Grupo Parlamentario Socialista
para que exprese si acepta o no esa enmienda de adición. Con ella mi
grupo daría por aceptada la enmienda que se nos propone y la votación de
la misma.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Señor Moreno,
¿acepta la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió)?



El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, nuestro grupo considera que
el texto central de nuestra propuesta de enmienda es aquel que hace
referencia a que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que
tome y adopte las medidas oportunas para proponer la modificación de la
actual normativa fiscal, al objeto de facilitar el acceso a la vivienda
y mejorar la transparencia y seguridad de este tipo de operaciones. Esto
es lo sustancial y en lo que creo hay una coincidencia importante.

Después aportamos una serie de criterios para que se puedan contemplar,
pero sobre todo los dos primeros que a nosotros nos parecen importantes.

En este tercer punto del segundo bloque, que pretende incorporar el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), no tendría nuestro grupo inconveniente en
que fuera un elemento más, siempre que la redacción comenzara por la
palabra «contemplar», tal como lo dice verbalmente, pero en su texto
sería solamente un elemento más y por tanto diría contemplar la
posibilidad del establecimiento de un régimen suspensivo, en este sentido
de literalidad y en vez de establecer, como acaba de decir el señor Homs.




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El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Entonces sería
«contemplar» en vez de «establecer» y el resto idéntico.




El señor MORENO MONROVE: Sí, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Está de acuerdo,
señor Homs, en la redacción que propone el señor Moreno? (Asentimiento.)
El señor Moreno está entonces de acuerdo con la redacción que propone el
Grupo Catalán (Convergència i Unió). Quedaría redactado así: contemplar
la posibilidad de establecer...

Vamos a proceder a las votaciones de estas proposiciones no de ley.

En primer lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular sobre el tipo aplicable a los servicios prestados por empresas
funerarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 15; abstenciones, dos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Queda rechazada
la proposición no de ley.

Pasamos, a continuación, a la votación de la proposición no de ley
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista de creación de una
ponencia de estudio sobre la fiscalidad de los sistemas de previsión
social, con la adición, de acuerdo con la aceptación de una enmienda, que
al final quedaría con la siguiente redacción: estas medidas serán
remitidas al Gobierno para que las adopte de forma inmediata en el ámbito
de sus competencias.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
abstenciones, diez.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Queda aprobada
la proposición no de ley.

Pasamos, seguidamente, a la votación de la proposición no de ley,
formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por
la que se insta al Gobierno a reformar la fiscalidad que grava las
segundas y ulteriores transmisiones de viviendas, en el caso de
efectuarse a través de entidades especializadas en la compra y venta de
viviendas de segunda mano, con un tercer párrafo, como consecuencia de
una enmienda transaccional que ha sido aceptada por parte del Grupo
Socialista, que tendría la siguiente redacción: Contemplar la posibilidad
de establecer un régimen fiscal suspensivo, de aplicación únicamente a
las compraventas de viviendas de segunda mano intermediadas por entidades
o sociedades especializadas en esta actividad.

Por consiguiente, la proposición no de ley quedaría en los términos
estrictos de la enmienda transaccional formulada por el Grupo Socialista,
con ese tercer párrafo añadido como consecuencia de su aceptación por el
grupo proponente.




Efectuada la votación, dijo



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Queda aprobada
por unanimidad.




--PREGUNTA DEL SEÑOR GILET GIRART (GRUPO POPULAR), SOBRE INICIATIVA PARA
EQUIPARAR EL NIVEL COMPETENCIAL DE LA COMUNIDAD DE LAS ISLAS BALEARES AL
DEL RESTO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, POR LO QUE SE REFIERE AL
DESARROLLO DEL REAL DECRETO-LEY 22/1993, DE 29 DE DICIEMBRE, RELATIVO A
LOS HORARIOS COMERCIALES. (Número de expediente 181/001683.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Vamos a proceder
a continuación a la pregunta formulada al señor Subsecretario de Comercio
por don Francisco Gilet Girart.

Buenos días y bienvenido, señor Subsecretario de Comercio, don Angel
Serrano.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Gilet.




El señor GILET GIRART: Señor Subsecretario, las preguntas pueden tener
un doble matiz, de control o simplemente de información y yo tendería más
bien a la segunda clasificación que a la primera. Para ello le pongo de
manifiesto que, con fecha del pasado 21 de junio, la Sala de lo
Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares dictó sentencia
en la que declaraba nulo y sin efecto el decreto autonómico, de fecha 8
de marzo de 1994, por estimar --en su fundamento quinto así lo expresa--
que el Estatuto de Autonomía de las Baleares no atribuye a la comunidad
autónoma competencia normativa en materia de comercio interior, y
únicamente cabría desarrollar normativamente las bases estatales sobre
esta materia dentro del marco de las competencias que tuviera atribuidas.

Asimismo, la aludida sentencia mencionaba, en el mismo fundamento, que
el Estatuto de las Islas Baleares es el único que no atribuye a la
comunidad autónoma competencia normativa ni función ejecutiva en materia
de comercio interior. Y resulta posible referirse a tal unicidad puesto
que mientras Aragón tiene competencia normativa en materia de comercio
interior las restantes comunidades del artículo 143, Extremadura,
Canarias, Murcia, Cantabria, etcétera, tienen atribuidas por sus
respectivos estatutos la función ejecutiva en dicha materia,
circunstancias ambas que, como ya se ha expresado, no se dan en el
Estatuto de Baleares.

Así pues, pretendiendo el aludido decreto autonómico 35/1994 desarrollar
el Real Decreto 22/1993, y declarada su nulidad, en estos momentos se
produce un déficit competencial en contra de la Comunidad Autónoma
balear, de difícil comprensión para el pequeño y mediano comerciante
radicado en la mencionada comunidad quien, sin justificación alguna, no
se considera inmerso en un plano de igualdad con los restantes
comerciantes que ejercen su actividad fuera del ámbito territorial
autonómico balear.




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Por todo ello, y en base precisamente a ello, en fecha 29 de septiembre
pasado se registró la presente iniciativa, en virtud de la cual y con
independencia de actuaciones realizadas posteriormente a tal fecha por
parte del Grupo Parlamentario Popular, se pretende conocer cuál es la
previsión o intención del Gobierno en cuanto a equiparar el nivel
competencial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares al del resto
de las comunidades autónomas, por lo que afecta al desarrollo legislativo
del Real Decreto-ley 22/1993 o, en otros términos quizá más actuales, por
lo que afecta a la regulación de los horarios comerciales, es decir, a
la materia del comercio interior, según la acepción que da a esta materia
el Tribunal Constitucional en sus reiteradas sentencias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Para contestar
a la pregunta, tiene la palabra el señor Subsecretario del Ministerio de
Comercio.




El señor SUBSECRETARIO DE COMERCIO Y TURISMO (Serrano Martínez-Estéllez):
En primer lugar, simplemente quiero recordar a SS. SS. que la falta de
competencia de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para el
desarrollo del Real Decreto-ley 22/1993, de 29 de diciembre, es
consecuencia, como ha dicho S. S, de la más amplia falta de competencias
en materia de comercio interior, que le afecta como consecuencia de la
redacción que se dio en su momento al estatuto de autonomía.

También debe recordarse que este estatuto, aprobado por la Ley Orgánica
2/1983, de 25 de febrero, fue elaborado en su momento, al igual que los
estatutos de las restantes comunidades que accedieron a su autonomía a
través de la vía establecida por el artículo 143 de la Constitución
Española, de conformidad con el artículo 146 de la propia Constitución.

Por ello y en ese sentido, ni el Gobierno ni el Ministerio de Comercio
y Turismo pueden considerarse responsables del contenido de este Estatuto
y del llamémoslo error técnico que tiene el Estatuto de Autonomía de las
Islas Baleares, pero que tiene repercusiones importantes en el área de
comercio interior.

Al margen de la redacción del estatuto de autonomía, la Comisión Mixta
de Transferencias de Economía y Comercio acordó, en su día, traspasar al
Consejo General Interinsular de las Islas Baleares las competencias,
funciones y servicios de reforma de las estructuras comerciales y
comercio interior, en términos similares a los convenios con las
restantes comunidades autónomas, que recibieron transferencias en
aquellas mismas fechas. En el caso concreto de las Islas Baleares aquel
traspaso se hizo efectivo en virtud del Real Decreto 4.113/1982, de 29
de diciembre, que fue publicado en el BOE de 3 de marzo de 1983.

Dicho esto y en cuanto a la petición de información que se demanda,
también hay que recordar que el artículo 147.3 de la Constitución
determina que la reforma de los estatutos de autonomía --pensamos que es
así-- se debe ajustar al procedimiento establecido en los mismos y
requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales mediante
ley orgánica.

Por ello y situado así el tema, tendríamos que señalar, en contestación
a su demanda de información, las tres cuestiones siguientes. En primer
lugar, hay que recordar que el fallo de la sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de Baleares, al que se refiere la pregunta,
como sabe S. S., ha sido recurrido en casación ante el Tribunal Supremo;
por tanto, hay que señalar que la citada sentencia no es firme ni produce
efectos suspensivos sobre la aplicación en este territorio de lo
dispuesto en el Real Decreto-ley 22/1993, de 29 de diciembre. Por ello,
el Decreto continúa en vigor en todo el territorio de la Comunidad
Autónoma de Baleares y habrá que esperar a que recaiga sentencia en dicho
recurso de casación.

En segundo lugar y a pesar de lo expuesto hasta aquí, quiero dejar
constancia clara de que hay vías de resolución del problema planteado y
que el Gobierno, dentro del marco parlamentario, está dispuesto a buscar
fórmulas que permitan encontrar una solución adecuada para la Comunidad
Autónoma de Baleares y también para aquellas otras que se vieran
afectadas por problemas similares, no exactamente iguales, como
consecuencia de tener competencias ejecutivas y no tener competencias
normativas en esta materia.

El Gobierno desearía que en el marco del actual proceso de discusión,
negociación y posterior aprobación de la ley de comercio, que en este
momento está en el Senado, se consolidara un acuerdo parlamentario con
la mayoría de los grupos que permita resolver este problema de forma
inmediata, en la aprobación definitiva por el Congreso de dicha ley, no
sólo para las Islas Baleares --que lo tiene, evidentemente-- sino también
el posible o eventual problema que pudiera surgir, más dudoso, más
discutible, para otras comunidades autónomas.

En tercer lugar, quisiera señalar que el Gobierno, en última instancia,
también estaría dispuesto, si no se consensuaran estas alternativas a las
que acabo de hacer referencia anteriormente, a dar cobertura legal a la
Comunidad Autónoma Balear y a aquellas otras que pudieran estar afectadas
por el mismo problema competencial, elaborando para ello una norma de
rango legal suficiente, a fin de salvaguardar las actuaciones de sus
autoridades comerciales en materia de horarios comerciales y de festivos
y de acuerdo con lo establecido por las autoridades de cada una de dichas
comunidades autónomas y, en concreto, de la balear.

En síntesis, señoría, lo que quiero plantear es que tenemos posibilidades
de resolver el problema que se plantea ahora como consecuencia de un
error en la redacción del Estatuto de las Islas Baleares, que ese
problema se debe resolver por consenso de la mayoría de los grupos
parlamentarios en el marco de la ley de comercio, y que, si esto no se
produjera, el Gobierno incluso tiene mecanismos en su mano para resolver,
en un plazo relativamente corto, el problema planteado para las Islas
Baleares.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): El señor Gilet
tiene la palabra.




El señor GILET GIRART: Señor subsecretario, muchas gracias por sus
explicaciones, que este Diputado considera suficientemente claras,
concretas y matizadas.




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Debo expresar que no era mi intención --y creo que ha quedado
suficientemente claro-- establecer ninguna clase de responsabilidad, por
parte del Gobierno, sea el de 1983 sea el de 1992, con las distintas
leyes orgánicas del Estatuto de 1983 y de la Ley Orgánica de 1992, pero
lo cierto y seguro es que lo que pretendía, y creo que así se ha
conseguido, es una llamada de atención en cuanto a la repercusión que
pueda tener el artículo 16 de ese proyecto, en la actualidad, de ley, de
ordenación del comercio, en el pequeño comerciante de las Islas Baleares.

Oídas sus palabras, entiendo que se adquiere un compromiso bastante firme
en cuanto a dar solución a una aplicación no deseada del artículo 16 de
ese proyecto de ley. En estos momentos quisiera la aplicación de la
disposición transitoria en el ejercicio de las competencias que las
palabras del subsecretario expresan en el sentido de una promesa más o
menos futura e inmediata de transferir esas competencias y,
consecuentemente, solucione la problemática que existe actualmente para
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y, por tanto, para el pequeño
comerciante.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Tiene la palabra,
señor subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE COMERCIO Y TURISMO (Serrano Martínez-Estéllez):
Nada más señalar, como he dicho al principio, que la pregunta creo ha
sido muy oportuna porque nos da pie a todos para reflexionar en la
necesidad de solución de este tema y, por tanto, en la necesidad de
llegar a un acuerdo o consenso inmediato en el marco del Senado, que es
donde está en este momento la discusión de la ley.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Suspendemos
temporalmente la sesión hasta la entrada del señor Secretario de Estado
de Comercio Exterior.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (RUIZ
LIGERO), EN RELACION CON EL INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE LA EVOLUCION DEL
COMERCIO EXTERIOR EN ESPAÑA EN LOS MESES MAYO-AGOSTO. (Número de
expediente 212/001790.)



El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Señorías,
reanudamos la sesión con la comparecencia cuatrimestral del señor
Secretario de Estado de Comercio Exterior, don Apolonio Ruiz Ligero.

Señor secretario de Estado, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): Buenos
días, señorías.

Como todos ustedes saben y consecuencia de las obligaciones asumidas con
esta Cámara de información periódica sobre la evolución del comercio
exterior, tengo el gusto de hacer hoy mi evaluación. En principio debería
haberse hecho en el mes de octubre, según los compromisos asumidos con
la Cámara, pero no fue posible, no había hueco para la comparecencia y
por ello se hace en el mes de noviembre.

Eso nos permite, como me ha pasado en otras ocasiones, tener datos de
comercio exterior de un mes más, con lo que me van a permitir SS. SS. que
en vez de hacer exactamente una presentación, una información y
comentarios sobre los datos ya remitidos a SS. SS. el 20 de octubre y que
cubrían hasta el mes de agosto inclusive, voy a presentar los datos con
el mes de septiembre incluido. Muchos de los datos han sido recogidos en
la prensa y, por tanto, me voy a centrar en el período enero-septiembre.

Voy a analizar los datos de siempre y, a continuación, enero-septiembre,
haciendo mención de cuáles han sido las características fundamentales de
la evolución del comercio exterior. Tengo que decir con carácter general,
que la evolución es sumamente positiva. Los datos, como voy a poder
analizar ahora, han sido extraordinariamente positivos, no sólo en el
conjunto de la balanza de pagos, sino incluso en la parte siempre más
deficitaria de la balanza de pagos que es la balanza comercial.

Durante el mes de septiembre el déficit comercial se redujo el 8,9 por
ciento, ya que el crecimiento nominal de la exportación en el mes de
septiembre fue del 21,7 por ciento, alcanzando un valor casi cercano al
billón de pesetas, o sea 995,4 miles de millones de pesetas.

El ritmo del crecimiento de la exportación en septiembre ha sido superior
al acumulado en lo que va de año, el 18,1 por ciento. Las importaciones
en septiembre, por su lado, crecieron el 13,2 por ciento hasta alcanzar
un billón 282,6 miles de millones de pesetas, lo que supone un
crecimiento inferior al acumulado en el período enero-septiembre, que fue
del 18,6 por ciento, y ha supuesto, por segundo mes, un factor que nos
indica desaceleración en el crecimiento de las importaciones respecto a
los últimos meses de 1994 en que, sin embargo, la importación creció a
tasas bastante elevadas. Por tanto, se dan dos fenómenos que no habían
sido comunes en los meses anteriores y son una reactivación de la
actividad exportadora en el sentido de que las tasas de exportación son
altas, pero no sólo son altas, sino que son más altas que las de las
importaciones.

Desde el punto de vista sectorial, el crecimiento en lo que se refiere
a las importaciones es básicamente en importaciones de bienes de capital
y de bienes intermedios no energéticos, otro elemento que nos vuelve a
confirmar algo que ya he comentado en anteriores comparecencias, y es que
el componente más dinámico de la demanda interna es la inversión y los
crecimientos de la producción industrial siguen siendo altos por lo que
está pulsando aquella parte de la importación directamente vinculada a
la actividad industrial y al proceso de inversión, a la formación bruta
de capital.

En lo que se refiere a áreas geográficas, se muestra un mayor crecimiento
con nuestros principales clientes que son los de la Unión Europea, y las
cifras de crecimiento con la Unión Europea son más altas que con terceros
países, al verse afectadas las ventas exteriores extracomunitarias a la
situación de la economía norteamericana, por un



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lado, y a cierto grado de recesión que atraviesa la economía japonesa.

Si consideramos las tasas de crecimiento del mes de septiembre en
términos reales, eliminando por tanto el efecto de los precios en
volumen, las exportaciones y las importaciones en los nueve primeros
meses del año, es decir, el acumulado enero-septiembre, han crecido el
10,8 por ciento y el 12,7 por ciento, respectivamente.

El déficit comercial, el acumulado enero-septiembre, ascendió a 2,2
billones, lo que supone un incremento del 20,4 por ciento, respecto al
mismo período del año anterior. Aquí hay que constatar otro dato
positivo. Si SS. SS. recuerdan los datos de la primera parte del año y
los comparamos, en la primera parte del año estábamos registrando
incrementos del déficit comercial del 40 y 50 por ciento en relación con
los mismos meses del año anterior; ese ritmo de crecimiento del déficit
fue atemperando y con los datos de septiembre la tasa de incremento del
déficit es aún inferior, es decir, estamos hablando de un incremento del
déficit del 20,4 por ciento, cuando habíamos estado no ya en las tasas
de la primera parte del año, pero sí que la mayor parte del año la tasa
de crecimiento del déficit comercial acumulado había estado en torno al
25 por ciento.

Se siguen manteniendo expectativas muy favorables en lo que se refiere
a los próximos doce meses en el sector exportador y aunque existe cierta
ralentización en el crecimiento exportador, las expectativas siguen
siendo buenas. El medidor de esas expectativas, como ya he comentado en
esta Cámara en comparcencias anteriores, es un indicador del Ministerio
de Comercio, el de la encuesta de coyuntura de exportación. De la que
corresponde al tercer trimestre de este año, el 80 por ciento de los
exportadores esperaba tener una cartera de pedidos exteriores estable o
al alza en los próximos tres meses; el 49 por ciento prevé una cartera
al alza para los próximos doce meses; y, en términos generales, el 60 por
ciento de los empresarios considera que mantiene un nivel de actividad
exportadora bastante elevado.

En los nueve primeros meses del año (ahora no me refiero al componente
comercial sino a otros componentes de la balanza de pagos que también han
respondido muy positivamente), se ha producido una mejora el saldo
turístico, que ha crecido en torno al 3,7 por ciento respecto al mismo
mes del año anterior, situándose en 253,9 miles de millones de pesetas.

Los ingresos brutos de turismo en septiembre han supuesto 305.000
millones de pesetas, con un aumento del 2,8 por ciento respecto al mismo
período del año anterior. Los pagos mensuales han sido de 5,1 miles de
millones, lo que supone un ligero descenso respecto a septiembre del año
1994.

Por tanto, la balanza de bienes y servicios presentó un saldo cercano al
equilibrio en el período enero-agosto y claramente superavitario ya con
las cifras enero-septiembre con registro de balanza de pagos; estamos
hablando de una balanza por cuenta corriente superavitaria. Este
comportamiento de balanza de pagos superavitaria ya se inició a partir
de los meses del verano, concretamente en el mes de agosto, repitiéndose
en el mes de septiembre, y nos lleva a una situación, por decirlo de
alguna manera, bastante confortable desde el punto de vista del
desequilibrio de balanza de pagos, por cuanto el déficit comercial no
está aumentando a tasas superiores a las previstas sino muy inferiores,
con lo cual las cifras que dábamos el año pasado en previsión se van a
acercar mucho a la realidad al terminar el año. Desde el punto de vista
de la balanza de pagos en su conjunto, el comportamiento de los ingresos
por turismo, el comportamiento de otros servicios y, sobre todo, las
transferencias de la Unión Europea hacen que en la balanza de pagos, como
recoge recientemente el informe de la OCDE sobre España, el sector
exterior no plantea ningún problema fundamental de desajuste en la
economía. Sin embargo, hay que destacarlo, está siendo un importante
factor dinamizador de la actividad económica, no está desempeñando, como
lo hizo en el año 1993, una aportación tan fundamental a la formación del
producto interior bruto, pero está claro que el proceso de crecimiento
de la actividad industrial y de la inversión está muy directamente
vinculado con el comportamiento de las exportaciones y de las
importaciones en lo que se refiere al suministro de bienes de capital y
de bienes intermedios.

Estos serían, en términos generales, los datos fundamentales sobre la
evolución del comercio exterior en estos nueve meses.

Quiero añadir dos o tres datos que me parecen de interés para completar
este análisis. Por una parte, cuál ha sido la evolución de la
competitividad-precio de la exportación en el segundo cuatrimestre del
año 1995 y, por otra parte --son datos que aparecen hoy recogidos en la
prensa--, en qué posición se encuentra España dentro del «ranking»
exportador, por decirlo de alguna manera, para completar la visión de
conjunto de nuestro sector exterior.

La evolución de la competitividad-precio de la exportación española se
conoce a través del índice de tendencia de la competitividad. A lo largo
del segundo cuatrimestre de 1995, el indicador de competitividad frente
a los países de la OCDE muestra un ligero empeoramiento del 1,3 por
ciento, situando el índice, en agosto, en el nivel de 87,8, frente al
86,7 registrado en mayo. Los datos del último trimestre, que no están
enviados todavía a la Cámara, creo que son mejores, prácticamente con una
nivelación de la competitividad a los datos anteriores al cuatrimestre
correspondiente cuando se empeoraba el 1,3 por ciento. Ese factor, que
tuve oportunidad de comentar en mi comparecencia anterior, está muy
vinculado, como es lógico, a los índices en que se basa el de
competitividad, que es básicamente el índice ponderado de la peseta y,
por otra parte, a la modificación de los precios.

En cuanto se refiere al «ranking» de exportaciones, España supone, en
volumen, el decimoquinto exportador del mundo; el 1,7 de la exportación
mundial se realiza desde España. Están por delante de nosotros todavía
países con un alto porcentaje de su comercio exterior sobre el PIB,
algunos europeos, como Holanda, Bélgica y Luxemburgo o el caso de Canadá,
y, por supuesto, países asiáticos especialmente dedicados al comercio
exterior, como Hong-Kong, China, Singapur, Corea del Sur y Taiwan. España
tiene prácticamente la misma participación en la exportación mundial que
Suiza y con niveles superiores ya a los de



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Suecia, pero ha habido una ganancia, como hemos podido comprobar. En el
análisis de los datos de los dos últimos años se está produciendo una
ganancia en lo que se refiere a la participación del comercio exterior
español, sobre todo en el caso de la exportación, donde ocupa el
decimoquinto lugar, en el caso de la importación, el puesto es aún más
importante, creo que es el número trece, aunque no tengo aquí los datos.

Esto supone que el dinamismo que se está produciendo en el comercio
exterior en los últimos años está teniendo respuesta no solamente en lo
que se refiere a las necesidades de la economía española sino, lo que es
más importante, a la ganancia de porcentaje de cobertura en los mercados
exteriores.

En lo que se refiere a la tasa de cobertura de comercio exterior,
exportaciones-importaciones, en enero-septiembre estábamos en una tasa
del 78,8 por ciento, frente a una cobertura del 75 por ciento en los
datos anteriores.

Este sería, señor Presidente, señorías, el informe que completa el ya
remitido a esta Cámara, con fecha 20 de octubre, sobre la evolución del
comercio exterior, evolución de la competitividad del sector exterior e
impacto que esa evolución del comercio exterior ha tenido y tiene sobre
variables básicas de la demanda interna, como son el consumo y la
inversión, sobre todo la inversión, y la producción industrial.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): ¿Grupos que
desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Gracias, señor secretario de Estado, por sus
explicaciones y por su comparecencia.

Tenemos que iniciar nuestra intervención señalando que vemos con cierto
grado de satisfacción la evolución del déficit comercial, aunque tengamos
todavía algunas dudas sobre cómo va a poder cerrarse el año, sobre todo
en torno a las previsiones que se hicieron en su comparecencia del 22 de
febrero. Decimos cierto grado de satisfacción porque nadie puede negar
el hecho de que, en el primer trimestre, el déficit marcaba unos
crecimientos del 50 por ciento, en los ocho primeros meses ha pasado a
un incremento del 26,4 por ciento y, como hemos podido leer en los medios
de comunicación y escucharle a usted ahora, en los nueve primeros meses
ha llegado al 20,4 por ciento. Por tanto, lo que consideramos una
moderada desaceleración del déficit comercial, en cualquier caso tiene
que ser visto con satisfacción, pero debemos reconocer que sobre esta
evolución penden algunas dudas, que en ningún caso queremos señalar para
ensombrecer una moderada desaceleración que calificamos de satisfactoria.

Usted sabe como yo, señor secretario de Estado, que sobre esta evolución
del déficit comercial y ciñéndonos exclusivamente a esta balanza de
pagos, penden dos amenazas muy concretas. En primer lugar, que no
conseguimos invertir la relación del crecimiento entre exportaciones e
importaciones. Sabe S. S. que una de sus previsiones o por lo menos uno
de sus objetivos para el año 1995 era clarísimamente que las
exportaciones crecieran por encima de las importaciones. Esto no ha
llegado a producirse todavía en ninguno de los nueve primeros meses de
este año. Bien es verdad que a tenor de los datos que usted acaba de
facilitar, con las cifras cerradas en el mes de septiembre, puede parecer
que comienza a producirse algún tipo de tendencia que nos haga abrigar
esperanzas de que se cambie esa senda que se ha marcado como constante
en la relación exportaciones-importaciones. Claramente podemos observar
que falta todavía un indicador, una variable, en la relación
exportaciones-importaciones, y que se refiere al papel importante que
juega el consumo privado en este tipo de variables. Si tenemos presente
que no hemos conseguido invertir esta relación en el momento en que el
consumo privado está presentando claros signos de atonía, parece fácil
deducir que en aquel instante del ejercicio en el que el consumo comience
a despegar las importaciones tomarán una nueva aceleración y el
crecimiento de importaciones estará por encima del de las exportaciones.

Creemos que por esta razón se ve seriamente amenazado el objetivo de
cerrar el año con unas exportaciones superiores a las importaciones.

Además hay otro factor que no se le escapa a usted, que es el del
comportamiento que ha tenido el índice de tendencia de competitividad.

En la anterior comparecencia veíamos cómo se había producido una mejoría
del índice de tendencia de competitividad. Creo recordar --he repasado
su intervención y la mía-- que coincidíamos en un punto y era en que el
origen de esa mejoría radicaba exclusivamente en la devaluación que se
había producido el 6 de marzo de 1995. Usted y yo coincidíamos en que los
efectos de la devaluación sobre el ITC iban a agotarse de una manera
inmediata y, según hemos podido ver a través de los datos que usted nos
ha facilitado, en los primeros ocho meses se ha invertido esa mejoría.

Lo que en los primeros tres meses era una mejoría de 1,3 en el ITC, hoy
ha empeorado en 1,3, y es porque de una manera perjudicial para nuestra
evolución de competitividad seguimos teniendo el problema del índice de
precios relativos. Se sigue manteniendo la falta de control que se tiene
sobre la inflación y si seguimos teniendo crecimientos de precios
industriales superiores a los que se registran en los países de la OCDE,
nuestro índice de tendencia de competitividad claramente estará perdiendo
posibilidades y, por lo tanto, la inflación seguirá actuando como un
freno para la competitividad.

Ahí están, a nuestro entender, las dos amenazas que penden sobre la
futura evolución del déficit comercial. Que se ha entrado en un proceso
moderado de desaceleración de crecimiento del déficit comercial es un
hecho. Sobre que se pueda mantener ese proceso de corrección tenemos
serias dudas, fundamentadas en los argumentos que le acabamos de
expresar. No podemos olvidar que la previsión para 1995 del Ministerio
de Comercio y de la Secretaría de Estado, de la que usted es titular, era
en torno al 11 por ciento del déficit comercial. Es evidente que estamos
lejos de ese objetivo y que probablemente este último cuatrimestre del
año no se reúnan condiciones para intentar alcanzar ese objetivo, máxime
si tenemos en cuenta, como usted mismo ha afirmado, que la encuesta de
coyuntura de la exportación nos habla de una estabilidad dentro de la
mayoría del conjunto de los exportadores, y no hay muchos



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datos para apreciar que se pudiera producir en este último cuatrimestre
un incremento de estas exportaciones por encima de lo que es el concepto
estabilidad.

En relación con el conjunto de comentarios que ha expuesto S. S. en torno
a otros componentes de la balanza de pagos también tenemos que ver con
satisfacción la evolución del saldo turístico y confiamos en que, como
mínimo, siga aportando la contribución al equilibrio de la balanza por
cuenta corriente que aportó en el año pasado. No obstante, algunas
predicciones que ha habido sobre el saldo neto de la balanza turística
no se han visto acompasadas en el período más alto que se puede prever,
que son los meses de junio, julio, agosto y septiembre, lo cual también
nos pone, como mínimo, en cautela para poder observar cuál es la
contribución de este saldo turístico al equilibrio de la balanza por
cuenta corriente.

Tomamos la palabra sobre su expectativa respecto a la contribución de la
balanza de pagos a la construcción del PIB. De alguna manera me ha
parecido deducir de su intervención que hoy está usted más optimista que
en la anterior comparecencia, en la que clarísimamente se había detectado
que la contribución del sector exterior comenzaba a ser negativa a la
construcción del PIB y hoy he podido deducir de sus palabras --sin que
lo haya llegado a afirmar, pero por lo menos sí lo ha dejado esbozado en
una de sus frases-- que tiene la esperanza de que al final de año el
sector exterior tenga una contribución positiva a la construcción del
PIB. Si pudiera aclararme en su segunda intervención cuál es su posición
respecto a este tema, se lo agradecería.

Cierro mi intervención, señor Presidente, atendiendo a la esperanzadora
evolución que vemos en el déficit comercial, aunque insistimos en los dos
graves factores que están pendiendo sobre esta variable, y aunque se esté
marcando esta moderada desaceleración, tenemos la impresión de que si no
conseguimos invertir la relación importaciones-exportaciones que
actualmente se mantiene y si no conseguimos controlar nuestra política
en materia de precios industriales, estamos trabajando en contra de que
la senda de corrección adopte otros ritmos distintos a los que en este
momento acaba de iniciar. Confiamos en que el objetivo del 11 por ciento
que ustedes se marcaron para 1995 pueda ser alcanzable, pero dudamos
seriamente que lo sea si se mantienen estas tendencias en los dos
aspectos que he comentado.

Por lo demás, señor Secretario de Estado gracias por su intervención y
su comparecencia. No tenemos nada más que añadir por parte del Grupo
Popular.




El señor VICEPRESIDENTE: (Fernández de Troconiz Marcos): Por el Grupo
Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Segura.




El señor PEREZ SEGURA: Señor Secretario de Estado, desde nuestro Grupo
agradecemos su presencia aquí, máxime cuando estas comparecencias
cuatrimestrales fueron objeto reiterado de petición al principio de la
legislatura por parte de diversos grupos de la oposición, lo que sin duda
fue aprobado por el interés que también nos merecen a nosotros estos
debates sobre la evolución del comercio exterior, pero vemos que el
interés va en tendencia inversa al desarrollo de la legislatura, lo cual
nos parece muy negativo, y por eso queremos incidir una vez más en el
agradecimiento de su presencia hoy aquí.

Si tuviésemos que buscar un titular que a modo de epígrafe subrayase cuál
ha sido el comportamiento del comercio exterior en este segundo
cuatrimestre, sin duda sería el de que baja el déficit comercial en
relación al período inmediatamente anterior estudiado, que es el del
primer cuatrimestre, y éste es un dato que hay que celebrar especialmente
por nuestro Grupo y supongo que también por la Secretaría de Estado. Baja
y además avanza la corrección, tal como se nos ha expresado hoy mismo,
del ritmo de déficit comercial estructural, podíamos denominar, que
tenemos en nuestro país. ¿A qué se puede atribuir? Tras una lectura del
informe presentado podemos ver que hay una mayor demanda de la
exportación sobre las importaciones, tanto en el área geográfica
comunitaria como en la de otros países, aunque en este sentido luego me
referiré a un aspecto concreto.

Se han expresado aquí ciertos temores por parte del representante del
Grupo Popular de que, en la medida que el consumo privado vaya
incrementándose, pudiera afectar negativamente al déficit comercial.

Nosotros entendemos que en términos de estudio económico esto puede ser
así, pero también creemos en la eficacia de los diversos programas en los
que por parte de la Secretaría de Estado se está haciendo hincapié
reiteradamente, y más teniendo en cuenta que la composición de nuestra
actividad económica tiene necesidad de materias primas y de bienes
semimanufacturados, y es donde tenemos que incidir a través del fomento
global a la exportación, el fomento concreto al comercio exterior y sobre
todo a la internacionalización de la empresa.

En este sentido quería yo hacer no una valoración del informe, sino una
pregunta concreta, si el señor Secretario de Estado tiene a bien
responderla, y es en relación con la preocupación del ritmo decreciente
que vemos de las exportaciones al área geográfica del sureste asiático.

Sabemos que es un área que está muy mimada por parte de la Secretaría de
Estado y en cambio vemos que la cifra es negativa en cuanto a su
variación. Tenemos una cita importante el mes que viene en una Expotecnia
en Tailandia, tenemos también la perspectiva de la incorporación de China
a la Organización Mundial de Comercio, aunque no sea de la misma área
geográfica, entendiéndolo regionalmente, pero también es un sector de
fuerte incidencia, y me gustaría particularmente que nos hiciese algún
comentario en su próximo turno al respecto.

Creemos sinceramente que las valoraciones que se hicieron en su día por
parte de grupos de la oposición de que el incremento en el déficit
comercial se iba ensanchando --incluso algún portavoz decía que la brecha
del déficit comercial se iba ensanchando-- no han sido así, y se ha
demostrado con la evolución de este cuatrimestre. Creemos firmemente que
si la tendencia se va imponiendo, podemos saldar el último segmento del
año con una progresiva igualación de las exportaciones a las
importaciones, lo



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que redundaría en una tendencia de equiparación en cuanto a la balanza
comercial, y sumando otras aportaciones a la balanza de pagos en su
conjunto, como son las turísticas, podrían dar un saldo positivo a
nuestra relación con el exterior.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Para contestar
a las exposiciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el
señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): Don
Ramón Aguirre, del Grupo Popular, ha hecho una serie de consideraciones,
y creo que hay bastante coincidencia en los datos objetivos. Yo quisiera
hacer algunas matizaciones a lo que S. S. ha considerado como amenazas
o como ciertas inquietudes de que, a pesar de esa evolución satisfactoria
del déficit comercial que S. S. reconoce, esa moderada desaceleración a
lo mejor pudiera, por una parte, no confirmarse y, por otra, que surgen
esas dos amenazas. A pesar de que S. S. reconoce que en septiembre parece
que se inicia ese cambio de tendencia, aunque es verdad que ahí nos
faltan todavía algunos indicadores posteriores, comenta S. S. el juego
del consumo privado, que es una reflexión económica absolutamente
legítima, de decir: si el consumo privado es un componente de la demanda
interna que no está tirando suficientemente, ¿qué pasa si en un momento
determinado, por una serie de razones, por expectativas de los
consumidores, por mejora de expectativas de futuro o cualquiera de esos
factores que afectan al consumo, crece? Evidentemente hay una elasticidad
en las importaciones de bienes de consumo, pero hay un elemento
importante que yo querría añadir desde el punto de vista puramente de
reflexión económica a S. S., y es que este año la exportación de nuestros
productos de consumo, sobre todo de los perecederos, ha sido bastante
mala por razones objetivas, de sequía, de disminución en producciones,
lo cual significa que muy probablemente, si se produce una mejora
--parece que los últimos elementos climatológicos juegan a favor-- en la
producción, habría una parte importante de ese incremento del consumo que
no se dirigiría hacia la importación sino hacia la producción nacional.

Por otra parte, es probable que también determinados insumos --me gusta
más la palabra que inputs--, como dicen nuestros colegas
latinoamericanos, que no ha habido más remedio que incorporar también
como consecuencia de que ha habido ciertos déficit en insumos agrícolas,
podrían también mejorar en ese sentido. Por tanto, aunque es verdad que
por un lado una parte del incremento del consumo se podía filtrar a un
incremento de la demanda de importaciones, es cierto que esa mejora de
las producciones agrarias por una parte sería capaz de satisfacer
necesidades españolas y, por otra, podría reducir parte de esas
importaciones que se han producido este año. Hay sectores muy concretos,
como puede ser la propia importación de cereales --como sabe S. S., ha
habido que importar cereales del resto de la Unión Europea-- o de otras
materias primas vegetales para la alimentación de ganado, etcétera, que
incide al final en el consumo, y lógicamente, ante una situación que
parece que está mejorando --al menos las lluvias están cayendo en el
otoño, que es cuando tienen que caer--, eso podría evolucionar
favorablemente.

Por tanto, sin que yo niegue el posible impacto que pueda tener un
incremento del consumo por encima de los porcentajes en que está
creciendo ahora sobre las importaciones, de aquí a fin de año --no digo
asegurar, porque no se puede asegurar nada en economía-- yo seguiría
manteniendo no sólo la tendencia, sino los criterios que he mantenido en
anteriores comparecencias y en los que de alguna manera me sigo basando
en ésta, en el sentido de que no necesariamente una mejora del consumo,
que por otra parte sería bastante deseable, vaya a tener un impacto muy
negativo sobre la importación. Es cierto que estamos hablando en este
momento de un 20 por ciento de incremento del déficit comercial cuando
en nuestras previsiones estábamos hablando de cifras cercanas al 11 por
ciento. Yo creo que nos vamos acercando, señoría. No quiero entrar en el
terreno de la apuesta, pero yo creo que vamos a estar bastante cerca. Es
decir, a lo mejor las cifras no serán exactamente de un crecimiento del
déficit comercial del 11 por ciento, pero desde luego vamos a estar muy
cerca de ello y muy lejos de lo que las primeras previsiones que teníamos
en los datos de principio de año nos indicaban, incluso con la
desaceleración que se produjo en el segundo cuatrimestre.

Por tanto, yo creo que el comportamiento del último cuatrimestre, en su
conjunto, en lo que a balanza comercial se refiere, va a ser bastante
positivo, y si S. S. analiza las cifras que he dado, incluso en términos
reales, referidas a enero/septiembre, la verdad es que están bastante
cerca, y en términos nominales también, los crecimientos de la
exportación y de la importación. Por consiguiente, yo sigo siendo
bastante optimista. Creo que efectivamente vamos a tener un último
cuatrimestre bueno y vamos a poder hacer un análisis en su conjunto,
globalmente, para todo el año, cuando tenga la oportunidad de hacerlo en
esta Cámara, bastante positivo. No se trata sólo de que vayan
razonablemente bien las exportaciones por esos elementos que hemos
comentado, sino que, como decía el señor Pérez Segura, hay todo un
elemento de actividad en el crecimiento de nuestras exportaciones. No
podemos fiarnos sólo de nuestra ventaja competitiva o de nuestra ventaja
comparativa, sino que debemos acompañar razonablemente, con todos los
instrumentos que están al servicio de la exportación, ese proceso de
internacionalización a que hacía mención su señoría. No basta sólo con
tener condiciones objetivas favorables, sino que tienen que existir
instrumentos de carácter macroeconómico y, como he dicho en muchas
ocasiones en la Cámara, instrumentos de política comercial con nombres
y apellidos, que vayan en la línea de mejorar el proceso de
internacionalización.

Me hacía S. S. una pregunta concreta con respecto al sureste asiático.

Me alegro que me haga esta pregunta. No sé si la expresión correcta es
la de que es un área mimada, pero es cierto que forma parte de los
objetivos prioritarios, aparte del área latinoamericana, por supuesto del
área europea, del norte de Africa y de los países del Magreb.




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Evidentemente, es un área en la que estamos muy por debajo de nuestras
posibilidades y, por tanto, a pesar de que podemos sentirnos muy
satisfechos del crecimiento de mercados como el chino, el japonés u otros
mercados de Asia, somos conscientes de que es un mercado en el que hay
que trabajar. En ese sentido tengo que referirme, como ha mencionado S.

S., a la Expotecnia de Bangkok, el mes que viene. Esperamos que, como en
otras Expotecnias, haya una presencia de miembros de esta Cámara para que
puedan ver en qué consiste y cuáles son los objetivos primordiales que
tienen este tipo de exposiciones industriales. En actos de preparación
de la Expotecnia y en viajes que estamos realizando, tanto el Ministro
como el vicepresidente ejecutivo del Instituto y como yo mismo vamos
teniendo indicadores, aunque son todavía previos, de expectativas muy
positivas de la Expotecnia de Bangkok. Recientemente he estado en Japón
y en Corea para fomentar las inversiones de estos países en España y al
mismo tiempo para pulsar cuál era el estado de ánimo que existía en ambos
países sobre la Expotecnia, y ha sido sumamente positivo. El señor
Ministro de Comercio y Turismo tiene intención de viajar a la India, a
Filipinas y a Tailandia en las fechas de la Expotecnia para hacer
hincapié en este tema. Sí existe una clara voluntad de incrementar
sustancialmente nuestra posición en los mercados del sureste asiático.

Desde el punto de vista de la Presidencia europea, España está procurando
jugar un papel bastante activo en lo que se refiere a los mercados
asiáticos, teniendo en cuenta que allí se van a producir una serie de
eventos extraordinariamente positivos en lo que se refiere a las
relaciones Europa-Asia en general y sureste asiático en particular. Está
previsto que haya unas reuniones con la Asean y que haya un diálogo
Europa-Asia antes de la Conferencia de Singapur de la Organización
Mundial de Comercio de finales del año que viene. Por tanto, existe un
plan específico con nombres y apellidos --Japón-- en los programas de
promoción del Ministerio, de la Secretaría de Estado y del propio
Instituto. En ese sentido puedo asegurar a S. S. que se están poniendo
todos los elementos y haciendo todos los esfuerzos en la dirección de
mejorar nuestra presencia no sólo cuantitativa sino cualitativamente en
los mercados asiáticos. Y no es eso lo más importante, sino que son las
empresas, las protagonistas de la exportación del comercio exterior, las
que están no sólo descubriendo sino consolidando su presencia en esos
mercados. Lo que las administraciones hacen en general es, por un lado,
descubrir oportunidades y apoyarlas y, después, ayudar a consolidar las
realidades, como en los casos de los mercados chino o japonés.

Estos serían en términos generales mis comentarios a las intervenciones
de los Diputados señores Aguirre y Pérez Segura, volviendo a reiterar la
satisfacción no triunfalista pero total y completa de cómo está
evolucionando nuestro sector exterior. Efectivamente, hay un elemento que
mencionaba el señor Aguirre, cuando hablaba de los precios. Dentro de los
componentes de la competitividad, el tema de los precios es el que
tenemos que vigilar más, porque la modificación del tipo de cambio lo que
ha hecho es favorecernos, pero en el tema de los precios --ya lo he
reiterado en otras comparecencias y también lo han hecho los Ministros
de Comercio y Turismo y de Economía y Hacienda-- vamos avanzando en
términos muy positivos en lo que se refiere a la inflación en su
conjunto. En precios industriales debería de ser más bajos y es cierto
que habría que abatir el crecimiento de los precios industriales, pero
eso se consigue, sobre todo y fundamentalmente, por una libertad de los
intercambios y por una desregulación de los sectores en las que el
Gobierno está haciendo hincapié hace mucho tiempo. Además, creo que
existe consenso, tanto a nivel de la Cámara como de la opinión pública,
en el sentido de que es fundamental que para esa mejora de la
competitividad seamos capaces de que no se reflejen en los precios las
ineficiencias que se producen en el sector productivo manufacturero o en
el sector de los servicios, para que las tasas previstas de inflación,
que hasta ahora están siendo alcanzadas, puedan ir dentro de los
criterios recogidos en el plan de convergencia con los acuerdos de
Maastricht.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): ¿Algún portavoz
desea realizar algún tipo de puntualizaciones? (Pausa.) Tiene la palabra
el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Brevísimamente, para resaltar las
coincidencias. Agradecemos la coincidencia que tanto en la documentación
como en su exposición se pone de manifiesto respecto a que España está
manteniendo un retroceso de la competitividad, que los precios crecen a
un ritmo mayor de lo registrado en los países de la OCDE, y a que el
incremento de la brecha inflacionaria podría generar pérdidas de esa
competitividad, tal como consta en su documento.

No tenemos nada que añadir respecto a la evolución del déficit comercial
por considerar que era alarmante el que se registraba en el primer
trimestre, del 50 por ciento, era claramente preocupante, y desde luego
la moderada desaceleración que se ha producido de ese crecimiento, y que
anotamos en torno al 20,4 por ciento, no siendo favorable, como no lo es
tener un crecimiento del 20 por ciento, sin embargo, en septiembre se ha
mejorado la posición tan alarmante que había en marzo.

Y me queda sólo una apreciación en la que no coincido. Decía usted que
cuando tenga la oportunidad de hacerlo en esta Cámara, próximamente. Sabe
usted que desde este Grupo se mantiene hacia su persona y a su calidad
al frente del departamento de la Secretaría de Estado un magnífico
respeto, pero esperamos que la próxima comparecencia del Secretario de
Estado de Comercio tenga un signo partidario distinto del que actualmente
tiene, por entender que si mediara su comparecencia más allá del mes de
marzo, confiamos que mi Grupo Parlamentario haya obtenido el respaldo
mayoritario de la sociedad española y ese cargo lo ocupe algún compañero
de mi partido o, por lo menos, próximo al mismo.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Tiene la palabra
el señor Secretario de Estado.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): No voy
a hacer ninguna mención especial en ese punto que menciona el Diputado
señor Aguirre. Espero que sea un compañero de mi partido el que informe.

En cualquier caso, estoy absolutamente convencido de que cumplirá con
esta obligación que yo hoy me siento muy honrado de cumplir, aunque
oficiosamente se me ha dicho que soy de los pocos que la cumple. Es una
buena conducta que exista un adecuado nivel de información con el
Parlamento, con esta Cámara. Estoy convencido que muchos malentendidos
se superan, sobre todo en datos que son objetivos y no de utilización
partidaria, cuando existe este nivel de información positivo, y lo vamos
a continuar teniendo.

Muchísimas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Troconiz Marcos): Muchas gracias,
señor Secretario de Estado.

Se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta minutos de la tarde.