CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 618
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 27
celebrada el martes, 21 de noviembre de 1995



ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la comercialización del fármaco conocido como RU-486.

Presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

(BOCG serie D, número 282. Número de expediente 161/000616) (Página 18768)
--Relativa a medidas del Gobierno en materia de salud reproductiva.

Presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

(BOCG serie D, número 282. Número de expediente 161/000615) (Página 18771)
--Relativa a la obtención del título de médico especialista para
determinados profesionales de la medicina (MESTO). Presentada por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió). (BOCG serie D, número 275. Número
de expediente 161/000587) (Página 18777)

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--Relativa a la titulación oficial de los médicos especialistas.

Presentada por el Grupo Popular. (BOCG serie D, número 282. Número de
expediente 161/000610) (Página 18777)
--Relativa a la armonización y coordinación de los calendarios vacunales.

Presentada por el Grupo Popular. (BOCG serie D, número 282. Número de
expediente 161/000595) (Página 18785)



Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.




La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la sesión. Quisiera pedirles
disculpas por el retraso, que ha sido debido a algunas deliberaciones en
la Mesa a propósito del orden en que vamos a tratar las Proposiciones no
de Ley.

Hay una solicitud del Grupo de Izquierda UnidaIniciativa per Catalunya,
que propone sean debatidas, en primer lugar, las que han presentado
ellos, que serían la número cuatro y la número cinco. En principio no hay
ningún inconveniente por parte de la Mesa si los grupos tienen avisados
a los ponentes que han de intervenir en estas proposiciones no de ley.

Esta es la razón por la que estábamos aplazando un poquito el darle una
respuesta satisfactoria.




La señora NOVOA CARCACIA: Por parte del Grupo Socialista estamos
pendientes de que se nos confirme que la portavoz que responderá a una
de las iniciativas de Izquierda Unida, efectivamente, está en condiciones
de intervenir en primer lugar.




La señora PRESIDENTA: Tenemos dos minutos. Sería la cuarta. Entonces, la
propuesta sería debatir primero la que figura en cuarto lugar y en quinto
lugar, la segunda. Y, a continuación, la primera y la tercera, que se
tramitarían conjuntamente.

El señor Fernández-Miranda tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, si la persona que
será ponente en la segunda del nuevo orden por parte del Grupo Socialista
está presente, podríamos empezar por ella. Es la correspondiente a la
comercialización del fármaco RU-486.




La señora NOVOA CARCACIA: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista
no hay ningún tipo de inconveniente con relación a la iniciativa que hace
referencia a la píldora RU. Pero si lo que pretende la señora Maestro,
por razones de tener que asistir a otra Comisión, es concentrar en la
primera parte de la Comisión sus iniciativas, el Grupo Parlamentario
Socialista no tiene garantizada, con relación a la segunda proposición
no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que su ponente
pueda intervenir en este momento.




La señora PRESIDENTA: Pero lo que plantea el señor Fernández-Miranda es
que iniciemos por la quinta, que ahí sí estamos todos.

Sí, señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Por parte de mi Grupo, yo agradezco la
comprensión por parte de la Mesa y del resto de los ponentes, pero todo
será en la medida de lo posible. Es decir, empezamos por la segunda de
mi Grupo y si no está el resto de los ponentes, continuamos con el orden
normal de la Comisión.




PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA A LA COMERCIALIZACION DEL FARMACO CONOCIDO COMO RU-486.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000616.)



La señora PRESIDENTA: De acuerdo y gracias, señora Maestro.

Empezamos debatiendo, en primer lugar, la última de las proposiciones no
de ley que figuran en el orden del día. A continuación sería la anterior,
la antepenúltima, y después iniciaríamos el orden de las tres primeras
tal como figuran, con una salvedad relativa a la primera y a la tercera,
que hacen referencia al mismo tema. La primera, presentada por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y la tercera, presentada por el Grupo
Popular. Como tratan del mismo tema, se van a tramitar y debatir
conjuntamente y, a continuación, la siguiente.

Otra segunda cuestión que quería decirles es que, también a solicitud de
los Grupos y dada la intensa actividad de esta mañana y la necesidad de
estar en varias Comisiones a la vez, ha habido una solicitud para que
intentásemos agrupar las votaciones al final. Por lo tanto, procederemos
al debate de todas las proposiciones no de ley de manera continuada y las
votaciones, en cualquier caso, no serían antes de las 11,30 ó 12, aunque
intentaríamos hacerlo antes de las 11,30, si SS. SS. lo tienen a bien.

Por lo tanto, iniciamos el orden del día, que consta de cinco debates y
votaciones de proposiciones no de ley, tal y como hemos acordado.

Señorías, comenzamos por la que figura en último lugar.




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Proposición no de Ley sobre comercialización del fármaco conocido como
RU-486. Esta iniciativa la presenta el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa tiene la
palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Una vez más, mi Grupo Parlamentario presenta
el tema de la comercialización de la RU-486 como un instrumento técnico
más a valorar en la indicación de las interrupciones voluntarias del
embarazo. La reiteración de la proposición está justificada por la propia
realidad que hace que hasta este momento las mujeres españolas no puedan
contar con este instrumento técnico, suficientemente validado por los
organismos internacionales pertinentes en cuanto a la salud pública, y,
en concreto, en lo que se refiere a la planificación familiar.

Además, la pertinencia de la presentación de esta proposición no de ley
nuevamente se justifica por el debate en curso en torno a la propia
regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, que, además, se
va a discutir esta misma semana en el Pleno del Congreso de los
Diputados, aunque en el proyecto de ley propuesto por el Gobierno no se
contempla la realización de las interrupciones voluntarias del embarazo
en la sanidad pública, en el caso, valga la redundancia, de que sea la
decisión de la mujer y no otro tipo de supuestos, sanitario u otros, los
que justifiquen la interrupción voluntaria del embarazo.

El Gobierno, en sus diferentes documentos, ha contemplado la
justificación de la no inclusión de la interrupción voluntaria del
embarazo en la sanidad pública por motivos presupuestarios. Mi grupo
parlamentario entiende que se está produciendo una estafa reiterada desde
diferentes puntos de vista a los derechos de las mujeres, y, en este
caso, a los derechos de las mujeres con menos recursos económicos, ya
que, como bien se sabe, la interrupción voluntaria del embarazo en la
sanidad pública es el único recurso que realmente haría factible que
todas las mujeres españolas que deseen interrumpir voluntariamente su
embarazo, independientemente de sus recursos económicos, tengan
garantizada, en la práctica, esta posibilidad.

Como sus Señorías saben, la RU-486 no solamente tiene un nivel de
eficacia probada altísimo... (Rumores.)



La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Maestro. Señorías, Señorías, por
favor, le ruego guarden silencio o bajen notablemente el tono de su voz.

(Pausa.)
Continúe, señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: No sólo tiene un nivel de eficacia muy alto,
que no siempre se da en los diferentes medicamentos o técnicas utilizadas
para el tratamiento o para el diagnóstico de determinadas enfermedades,
sino que, además, disminuye notablemente los riesgos derivados de las
complicaciones del aborto y disminuye notablemente el costo económico de
la realización de las mismas.

Sus Señorías saben y creo que la sociedad conoce, porque es un tema que
ha sido repetidamente tratado en los medios de comunicación, que el
laboratorio propietario del medicamento, de la RU-486, en ninguno de los
países en los que esta píldora está comercializada ha procedido de manera
espontánea a solicitar su registro. La polémica desatada, las amenazas
de actuación en contra de otros productos del laboratorio por parte de
los sectores más conservadores, tanto de los profesionales sanitarios
como de esferas religiosas, etc., es suficiente como para desincentivar
cualquier medida de este tipo de cara a los laboratorios.

Directivos de los laboratorios han respondido a preguntas de los medios
de comunicación y de la propia Administración diciendo que estarían muy
felices de poder eliminar de la relación de sus productos uno, como este
de la píldora abortiva, que tantos problemas les está ocasionando.

Reiterar también que administraciones sanitarias, como la administración
sanitaria en Gran Bretaña, o como la administración sanitaria en Francia,
países obviamente de nuestro entorno, han intervenido directamente para
promover su comercialización y para intentar disminuir los efectos
secundarios indeseables sobre otros productos que pudieran ocasionar
estas medidas de presión con respecto a los intereses económicos del
laboratorio.

Por tanto, en la proposición no de ley, una vez más Izquierda Unida insta
al Gobierno a desarrollar la actividad necesaria para que la
comercialización se produzca. Insisto en el punto dos de la proposición
no de ley: hay un mecanismo por el cual el Ministerio de Sanidad podría
intervenir para introducir un período de cautela o de protección con
respecto a la utilización de este fármaco, como podría ser la posibilidad
de importar este medicamento, como medicamento extranjero, de los países
en los que está comercializado, de manera que, de esa manera se
protegiera tanto las garantías, que en todo caso deben estar presentes
para su utilización como para actuar como colchón de ese debate social
que normalmente es previsible que pudiera ponerse en marcha si se produce
la utilización de este fármaco. Entendemos, asimismo, que si este fármaco
es considerado como un elemento importante para la salud pública de las
mujeres, debe estar incluido dentro de las prestaciones farmacéuticas de
la Seguridad Social.

Por otro lado, en el último punto se plantea que el Gobierno garantice
el control de la autoridad sanitaria sobre su adecuada dispensación y
prescripción que, en cualquier caso, debe plantearse dentro del sistema
sanitario público con las cautelas suficientes.

Insisto en que con el planteamiento de esta proposición no de ley
Izquierda Unida intenta mediar y desenmascarar la hipocresía del debate
que está rodeando la interrupción voluntaria del embarazo, que en el caso
de que finalmente el proyecto de ley del Gobierno se aprobara, podría
hacer posible que la utilización práctica del derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo no fuera una realidad, precisamente, para
aquellas mujeres que tienen más dificultades económicas, en el acceso a
determinados servicios sanitarios.




La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley no se ha presentado
ninguna enmienda.

¿Grupos que desean intervenir para fijar su posición? (Pausa.) Por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Cardona.




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El señor CARDONA I VILA: Efectivamente, como ha dicho la portavoz del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es un
tema recurrente que hemos visto en otras ocasiones. Nosotros también nos
vamos a manifestar en el mismo sentido o parecido a como lo habíamos
hecho en ocasiones anteriores, porque no podemos votar a favor, no
podemos dar nuestro apoyo a esta proposición, básicamente por razones
médicas. Este fármaco, RU-486, es decir, la mifepristona, tiene, a
nuestro entender, numerosas contraindicaciones que no aconsejan su
utilización de una forma generalizada y, por tanto, ni su inclusión en
las listas de prestaciones farmacéuticas ni en las de la Seguridad
Social.

Repetimos que el principal problema asociado que tiene el uso de esta
sustancia es que provoca un excesivo sangrado uterino. Está descrita como
reacción adversa más comúnmente comunicada el aumento de la copiosidad
de esa hemorragia uterina durante el período menstrual, pudiendo ser
éste, en algunos casos, de carácter lo suficientemente severo como para
requerir la necesidad incluso, en casos extremos, de transfusiones
sanguíneas de emergencia y de legrados.

Por consiguiente, nuestro punto de vista y sin entrar en más
consideraciones que esas puramente razones médicas, anunciamos que vamos
a votar en contra de la proposición no de ley.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Fernández.




La señora FERNANDEZ GONZALEZ: El Grupo Parlamentario Popular va a votar
en contra de la proposición no de ley que ha presentado Izquierda Unida
y que ha defendido en esta Comisión su portavoz, la señora Maestro.

Efectivamente, ella lo ha dicho en su exposición, se trata de un debate
recurrente. Se han presentado iniciativas similares a ésta en anteriores
mandatos parlamentarios y pocos avances desde el punto de vista técnico
y desde el punto de vista político y, en definitiva, desde la posición
del Grupo Parlamentario Popular se pueden añadir al debate que hoy se
suscita en esta Comisión de Sanidad.

La portavoz de Izquierda Unida, en su exposición oral y en la motivación
escrita que adjunta a la parte dispositiva de la proposición no de ley,
razona fundamentalmente dos tipos de argumentos. En primer lugar, dice
que se trata de un instrumento técnico y, en segundo lugar, que se trata
de un instrumento que reduce los elevados costes económicos y problemas
de salud que se ocasionan. En último término, la portavoz de Izquierda
Unida decía que a través de la normalización o importación de este
fármaco, de la píldora abortiva RU, se conseguiría desenmascarar la
hipocresía del debate. Nosotros creemos que es justamente lo contrario.

Se está tratando, a través de esta iniciativa, de enmascarar un debate
y pasar a denominarlo, como lo denominan ya muchos especialistas, aborto
químico o contragestión, en esta especie de guerra eufemística de
nominaciones para denominar, de forma clara y meridiana, de lo que
estamos hablando. La portavoz de Izquierda Unida lo decía en su
exposición y yo quisiera remarcarlo. En otros países, y ella lo ponía de
referencia, el fármaco conocido como RU-486 ha originado una gran y
amplia polémica social. Tratar de enmascarar a través de la importación
de otros países una polémica y actuar como colchón para que la conciencia
social española permita lo que en condiciones de normalidad no estaría
dispuesta a permitir y a aceptar de buen grado la sociedad española, me
parece que es contribuir a la hipocresía del debate.

En segundo término, se puso de manifiesto también por especialistas que
la píldora RU-486 puede tener otros efectos, digamos bondadosos, desde
el punto de vista médico, desde el punto de vista terapéutico, no ligados
al aborto. Es claro y evidente que no es ésta la intencionalidad de
Izquierda Unida, porque ni en la exposición escrita ni en la oral que
acaba de realizar su portavoz, se hace referencia a evitar otro tipo de
dolencias o de males que se pueden atemperar, según algunos
especialistas, con la ingestión de este fármaco (el número de cánceres
de mama, algunos melanomas inoperables, ayuda al parto en casos de
dilatación cervical insuficiente, facilitar el aborto quirúrgico o en el
tratamiento del síndrome de Cushing).

Es evidente que se quiere ligar y se liga, en el debate, a la práctica
estrictamente abortiva. Por tanto, a nuestro juicio, conviene que las
cosas se sitúen en su justo término y se establezcan las motivaciones,
clarísimas y nítidas, por las cuales se presenta esta proposición no de
ley. Motivos, en definitiva, económicos. No así podemos compartir que se
disminuya el número de riesgos. Hay complicaciones y hay estadísticas y
estudios médicos solventes en otros países. Se puso de manifiesto en
Francia, donde se han detectado problemas médicos en complicaciones
ulteriores. Se ha vetado también su ingestión a mujeres que se puedan
considerar con un cierto grado de riesgo, donde se derivan aún más
complicaciones de --digamos-- las habituales o de las normales.

Por tanto, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de
la legislación positiva que está vigente en nuestro país, entendemos que
sería abrir un debate solapado, dando por hecho que en España existe un
legislación sobre el aborto similar a la que se invoca en Francia o en
Inglaterra, cuando, al día de hoy, no existe esa legislación en atención
al criterio de plazos y no de indicaciones. Por tanto, desligarnos de la
legislación vigente en España, querer atribuir razones de tipo económico,
y, a su vez, invocar la disminución de riesgos desde el punto de vista
médico, nos parece que son argumentos desafortunados que no convienen a
este debate.

Por esas razones, el Grupo Parlamentario Popular va a votar negativamente
a la proposición no de ley que presenta Izquierda Unida.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Novoa.




La señora NOVOA CARCACIA: Señora Maestro, efectivamente, no es la primera
vez que se presenta en esta Cámara una proposición no de ley sobre el
fármaco RU. La última que se debatió fue una de su Grupo, defendida



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por usted y tramitada en esta Comisión el 23 de diciembre de 1993. La
proposición que hoy nos presenta su Señoría es exactamente igual a
aquélla y mi Grupo mantiene exactamente la misma posición que mantuvo en
aquel momento, a través de la señora Frías Navarrete, quien intervino en
su momento en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.

Yo no quiero repetir los argumentos entonces expresados por mi Grupo,
pero sí quiero reiterar que compartimos el sentido de esta proposición
no de ley, porque consideramos que la RU-486 constituye un método en la
interrupción voluntaria del embarazo alternativo al quirúrgico, seguro
y eficaz cuando su uso es vigilado profesionalmente, menos doloroso,
menos traumático tanto física como psicológicamente para la mujer y, por
tanto, de interés para su salud. No obstante, entendemos que los
obstáculos que entonces encontrábamos para aceptar en su integralidad la
proposición no de ley que presentaba entonces y presenta en estos
momentos Izquierda Unida, son vigentes hoy.

En aquel momento presentamos una enmienda al punto primero de su
proposición, en los términos siguientes: «El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a establecer conversaciones con los laboratorios que
tienen la propiedad de la patente del fármaco RU-486 para abordar y, en
su caso, eliminar, los obstáculos existentes en orden a posibilitar la
comercialización en España de dicho fármaco.»
Nos consta que el Ministerio de Sanidad y Consumo emprendió acciones para
cumplir el mandato parlamentario. Así lo hizo constar el señor
Subsecretario en respuesta a una pregunta formulada por la señora Maestro
y respondida en esta misma Comisión el día 6 de octubre de 1994.

Para mi Grupo es voluntad que el Gobierno siga manteniendo esta postura
ante el laboratorio Roussel Ucla. Mi Grupo Parlamentario, señora Maestro,
al igual que el suyo, defiende la libertad de la mujer y que ante la
interrupción voluntaria del embarazo el determinante último ha de ser su
propia voluntad. Por estas razones estamos trabajando de forma firme,
para que pueda ser modificada la legislación vigente y sea ampliado a un
cuarto supuesto. Entendemos que cuando ello sea un hecho la RU será un
instrumento técnico más para la interrupción voluntaria del embarazo y
se alcanzará uno de los requisitos que exige el laboratorio farmacéutico
para solicitar el registro a las autoridades sanitarias.

Por todo ello, señora Maestro, y por las razones ya argumentadas en el
trámite de debate de la proposición no de ley anterior, mi Grupo
Parlamentario no puede votar afirmativamente su proposición no de ley.




--RELATIVA A MEDIDAS DEL GOBIERNO EN MATERIA DE SALUD REPRODUCTIVA.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000615.)



La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de esta proposición no de ley,
tal y como hemos quedado al principio, pasamos a la segunda proposición
no de ley, que presenta igualmente el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre medidas del Gobierno en
materia de salud reproductiva.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Esta proposición no de ley alude al mismo
ámbito de intervención sobre la realidad a que se refiere la anterior.

Es decir, a todos los instrumentos técnicos que desde el punto de vista
de la administración sanitaria se deben poner a disposición de las
pesonas que deseen regular su fecundidad. Entendemos además que ante la
regulación de la fecundidad no estamos exactamente en las mismas
condiciones que ante la interrupción voluntaria del embarazo, ni mucho
menos. La regulación de la fecundidad dirigida a potenciar el nacimiento
de niños deseados es, en sí mismo, un factor de salud pública. Recuerdo
a SS. SS. que ya hace tiempo la Organización Mundial de la Salud señalaba
como factores de riesgo para el embarazo, para la salud materno-infantil
no solamente la edad de la madre, la disminución del espacio
intergenésico, el número de niños y la presencia de enfermedades
concomitantes en los progenitores, sino, estrictamente, el hecho de que
un embarazo sea no deseado.

En la justificación de motivos de la proposición no de ley se afirma
taxativamente que la calidad de la atención y la extensión de la
cobertura sanitaria pública en materia de salud reproductiva está
sufriendo retrocesos muy importantes en nuestro país. Evidentemente, este
aspecto está ligado, estrictamente, con el debate en torno a la
interrupción voluntaria del embarazo. Yo creo que para todo aquel que no
quiera mistificar o introducir elementos ajenos al debate la interrupción
voluntaria del embarazo es el resultado del fracaso de métodos de
planificación familiar o el fracaso de la planificación familiar en su
conjunto. En este momento los datos que podemos esgrimir son los
siguientes. En el estudio incorporado por el grupo de mujeres españolas
a la Conferencia de Pekín se afirmaba que menos del 6 por ciento de las
mujeres en edad fértil acceden a servicios públicos de planificación
familiar, que menos del 2 por ciento de las interrupciones voluntarias
del embarazo se realizan en la sanidad pública, las que se realizan de
acuerdo con la legislación vigente, y un dato que, a mí, me parece de la
mayor importancia: el 80 por ciento de las mujeres cuya edad es inferior
a los 15 años y superior a los 45, es decir, en estrictas edades de
riesgo para el embarazo y que han abortado alguna vez, jamás han acudido
a un centro de planificación familiar.

Los abortos ilegales que se realizan en nuestro país, los abortos que se
realizan al margen de la legislación vigente, se realizan en mujeres con
bajo nivel cultural, escasez de recursos económicos y edades extremas en
el período fértil. Por otro lado, el incremento espectacular de abortos
en la adolescencia se corresponde directamente con la ausencia total de
ningún tipo de dispositivo específico dedicado a la atención y
planificación familiar para los adolescentes en la sanidad pública, que
es un requisito absolutamente imprescindible por cuanto los adolescentes
jamás van a acudir por motivos obvios, culturales, educativos, de presión
social, con plena libertad, tal y como lo hacen los adultos, a un centro
de planificación familiar.




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Otro de los datos es que no están incluidos como prestaciones
farmacéuticas de la Sanidad Pública, con carácter general, los diferentes
métodos, tanto mecánicos como químicos, de planificación familiar. Por
otro lado, existe una cantidad progresiva de profesionales que hacen del
ejercicio del derecho de la objeción de conciencia, que mi Grupo, por
supuesto, reconoce, una actividad en muchos casos poco controlada, puede
decirse que perversa, por cuanto que si los datos, señorías, nos hablan
de que más del 98 por ciento de las interrupciones voluntarias del
embarazo se realizan en la sanidad privada y la inmensa mayoría, por no
decir la mayoría total, absoluta, abrumadora, de los profesionales tienen
ejercicio en la sanidad pública, ¿quién hace las interrupciones
voluntarias del embarazo en la sanidad privada? Evidentemente, el propio
análisis de los datos nos lleva a concluir que hay un número de
profesionales que yo no me atrevo a cuantificar, que están haciendo
objeción de conciencia en la sanidad pública y están haciendo abortos en
la sanidad privada.

Por otro lado, recuerdo a SS. SS. que, evidentemente, las mujeres no
estamos todas --ni muchísimo menos-- en las mismas condiciones a la hora
de acceder a servicios privados de planificación familiar, pero, aunque
todas las mujeres españolas estuvieran en condiciones económicas de
acceder a servicios privados de planificación familiar, entendemos que
la Constitución española y la legislación sanitaria obligan a la
Administración Pública a tener servicios suficientes de planificación
familiar. Quiero decir, señorías, que en otros datos he ofrecido
información numérica por parte del Insalud acerca del nivel de
realización de programas de salud por parte de la administración
sanitaria pública. No sé si el ejercicio de esa información ha sido la
causa o no de que el Insalud, en las últimas memorias, haya eliminado el
dato de cuántos centros de salud están llevando a cabo programas de la
mujer. Quiero decir que en los últimos datos ofrecidos por el Insalud,
insisto, el Insalud ha eliminado ese dato, con lo cual, en este momento,
no lo sabemos. Evidentemente, el haber eliminado ese dato no dice mucho
en favor de haber mejorado la situación anterior, no sabemos cuántos
equipos de atención primaria están llevando a cabo los programas de salud
de la mujer y, por tanto, el programa de planificación familiar que está
incluido en los mismos.

Mi Grupo Parlamentario propone a sus señorías el voto favorable a esta
proposición no de ley, en la cual se insta al Insalud a tomar las medidas
necesarias, desde el punto de vista presupuestario y organizativo, en el
Insalud no transferido. Y de acuerdo con las comunidades autónomas que
tienen servicios sanitarios transferidos, para garantizar el acceso
universal de la población en edad fértil a una atención sanitaria
primaria y especializada de calidad en materia de planificación familiar,
contemplando no solamente los aspectos biológicos, sino también los
contenidos psicosociales de la misma.

Quiero decir también, señorías, que en la sanidad pública, cuando se hace
planificación familiar, se hace estrictamente lo que es el análisis de
los factores de riesgo desde el punto de vista biológico para el acceso
a los difrentes métodos de planificación familiar. Y los aspectos
psicosociales de la misma, que en un tiempo contemplaron los antiguos
centros de planificación familiar, han desaparecido, y es uno de los
elementos que mi Grupo esgrime para afirmar que la calidad de la atención
sanitaria se ha degradado notablemente.

Entendemos que la participación de los colectivos de mujeres y de los
colectivos de jóvenes en el diseño de servicios de planificación familiar
que sean accesibles desde el punto de vista cultural, desde el punto de
vista social, a los diferentes grupos sociales, es indispensable para que
podamos hablar de calidad de la atención sanitaria. Planteamos también
la creación de servicios específicos para adolescentes, y garantizar que
en toda las áreas sanitarias haya personal no objetor. Entendemos que es
un recurso falaz el que hace la administración sanitaria cuando ve
desaparecer de los hospitales públicos la realización de la interrupción
voluntaria del embarazo diciendo que el personal es objetor. Creemos que
si el derecho a la objeción de conciencia es un derecho reconocido y
protegido dentro de nuestra legislación, también lo es el derecho de las
mujeres a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, y que, por
tanto, la administración sanitaria debe contemplar las medidas necesarias
para que en todas las áreas sanitarias haya personal no objetor capaz de
garantizar el ejercicio del derecho de las mujeres.

Y finalmente, en el punto número dos de la proposición no de ley se pide
al Gobierno que remita en el plazo más breve posible al Congreso de los
Diputados una normativa que regule el derecho de la objeción de
conciencia de los profesionales en materia de interrupción voluntaria del
embarazo; que esa normativa debe contemplar la creación de un registro
de objetores, estableciendo que la formulación de dicha objeción suponga
la prohibición de practicar este tipo de intervenciones en cualquier tipo
de centro, ya sean de la sanidad pública o de la sanidad privada. Y que,
al margen de las medidas sancionadoras que pudieran adoptarse en función
de este tipo de regulación, que se entienda revocada la objeción de
conciencia cuando se compruebe que profesionales que han hecho el
ejercicio de la misma en la sanidad pública han intervenido en
interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad privada.




La señora PRESIDENTA: A esta proposición no de ley sobre medidas en
materia de salud reproductiva se ha presentado una enmienda por parte del
Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Burgos Gallego.




El señor BURGOS GALLEGO: Señora Presidenta, aprovecho para hacer, al
mismo tiempo que la presentación de nuestra enmienda, la valoración
general que tenemos de la proposición no de ley.

Nuestra enmienda al apartado dos de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida pretende clarificar la existencia de ese
registro relativo a la objeción de conciencia de los profesionales
médicos. A nosotros nos parece que el lugar adecuado donde debe estar
residenciado ese registro es en los colegios profesionales del ámbito
correspondiente, evidentemente de ámbito



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provincial. Por ser ésta una cuestión que tiene mucho que ver con la
conciencia de los profesionales, que tiene aspectos deontológicos
evidentes, y por la necesaria confidencialidad, incluso, de estos mismos
asuntos por la relevancia social que tienen, nos parece que
correspondería más al ámbito de los colegios que al ámbito de la
Administración la existencia de estos registros. Desde nuestro punto de
vista esta opción facilitaría una mejor supervisión de los profesionales,
también en los centros privados y no solamente en los centros públicos.

Y todos, profesionales del sistema público o del sistema privado,
estarían supeditados a una misma regulación, con independencia de la
titularidad del centro en el que desarrollen sus actividades. Creemos,
insisto, que esta acción se corresponde mucho mejor con el papel que
deben desempeñar los colegios, y no, por contra, con el que debe de hacer
la Administración. Nos parece oportuno que eso quede constatado en la
proposición no de ley, y en ese sentido presentamos nuestra enmienda.

En relación con el resto de la proposición no de ley, sí me gustaría
hacer algunas precisiones, fundamentalmente por los motivos que llevan
al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida a presentarla, y creo que
tienen mucho que ver con los aspectos que reiteradamente se producen, o
que se consideran en esta Comisión en relación con el funcionamiento de
nuestro sistema público de sanidad.

No deja de ser una cierta evidencia de mal funcionamiento el que
reiteradamente tengamos que pedir, a través de proposiciones no de ley,
que se cumpla precisamente aquello que, contenido ya en un catálogo de
prestaciones, tendría que ser algo previsto por parte de la
administración sanitaria desde hace mucho tiempo. Yo creo que es el
exponente más significativo, ese catálogo de prestaciones, de la ausencia
de conexión que hay entre la sanidad oficial y la realidad que se está
padeciendo en estos momentos en la mayoría de los centros de salud y de
nuestros hospitales; entre la medicina hecha por decreto y una realidad
asistencial en constante depauperación. Precisamente eso es lo que lleva
muchas veces a los diferentes grupos parlamentarios a pedir, por la vía
de las proposiciones no de ley, el cumplimiento de derechos y
obligaciones reconocidos en la legislación y en la normativa por parte
de la administración. Es decir, esa desconexión evidente entre la
afirmación de unos derechos, que se hace por un lado, y, por otro, la
falta de medios, de recursos, de infraestructura y de posibilidades de
ejercicio de esos mismos derechos, que desgraciadamente es una constante
en nuestro país.

Damos por buenos los datos y las afirmaciones que aparecen en la
exposición de la proposición, pese a cierta heterogeneidad de las mismas,
y a la falta de referencia a la propia procedencia de esos datos. Yo creo
que evidencian una realidad, incluso aunque no fueran exactos.

Sí coincidimos en el análisis que se hace sobre la incidencia de los
factores económicos y sociales en la salud de las mujeres, y también de
los hombres, como es lógico. Somos consecuentes con ello y por eso
criticamos un esquema conceptual e ideológico que es en el que
precisamente se sustenta el actual modelo sanitario en nuestro país, que
no tiene en cuenta estos factores económicos y sociales. Nosotros
coincidimos con quienes afirman que la Ley General de Sanidad y nuestro
sistema nacional de salud están encadenados, de alguna forma, a la
ilusión de producir salud mucho más allá de lo que se deriva,
naturalmente, de la asistencia médica. La posibilidad de producir o de
promocionar la salud es un mandato que excede, con mucho, las
posibilidades de un sistema de salud, y que ése es, precisamente, el
soporte conceptual de los actuales equipos de atención primaria.

Ningún sistema sanitario del mundo industrializado se asienta en la
primacía de la promoción y de la prevención sobre la asistencia, porque
la salud del individuo y de la población está determinada por diversos
factores económicos y sociales y, desde luego, la sanidad no es el de
mayor influencia. La asistencia sanitaria por sí misma únicamente puede
contribuir en un 10 por ciento a mejorar el grado de salud de los
ciudadanos; el restante 90 por ciento depende de la economía, del medio,
de la conducta higiénica del individuo, etcétera. Y éstas son cifras
reconocidas por los profesionales, publicadas en numerosas ocasiones, y
que avalan la necesidad de no recargar excesivamente sobre el sistema
sanitario todas las exigencias que se nos puedan ocurrir en un momento
dado. Porque no por facilitarlo todo ni reclamar hacia «ad infinitum»
todas las prestaciones que el sistema pudiera ofrecer, vamos a conseguir
realmente incrementos sustanciales de la salud de las mujeres. Advertimos
con esta consideración del riesgo obvio de pedirle al sistema mucho más
de lo que razonablemente puede ofrecer, e incluso corremos el riesgo de
hacer apuestas contraproducentes desde el punto de vista de la relación
entre los recursos empleados y el grado de salud alcanzado con esos
mismos recursos.

Sobre las propuestas concretas, nada que decir en relación con el primer
punto. Respecto al segundo punto, la participación de los diferentes
colectivos de mujeres, yo creo que la dificultad no reside en el
principio. Nosotros creemos en la participación social y en la
interconexión entre los servicios sanitarios y la población a que va
dirigidos. El problema reside, y me gustaría que nos lo explicara la
Portavoz de Izquierda Unida, en la articulación práctica de esa
participación. ¿Crear órganos específicos para la participación de las
asociaciones de mujeres?, ¿potenciar los ya existentes que se han
declarado sustancialmente ineficaces en estos años? Yo creo que ya hay
previstos mecanismos de participación social que han sido improductivos.

Habría que garantizar, en todo caso, la participación de todos los
estamentos siguiendo los esquemas ya contemplados en la normativa, y no
ir a potenciar específicas participaciones de grupos concretos.

Sobre el tercer punto, no nos parece que la solución pase exactamente por
crear nuevos servicios específicos en razón de la edad. Nosotros creemos
que compartimentalizar la asistencia por edades no es un buen sistema,
no es el mejor sistema. Yo creo que fomenta la burocracia y fomenta,
desde luego, la falta de seguimiento posterior de las personas que acuden
a estos servicios. Sí nos parece más lógico incrementar el nivel de
sensibilidad y de concienciación hacia los problemas específicos de los
adolescentes, favoreciendo precisamente la confidencialidad y la
accesibilidad.




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Respecto a la participación de los movimientos sociales juveniles, nos
parece perfecto, aunque creemos que en algunos casos, asociaciones
juveniles que repartían condones por las calles no estaban precisamente
favoreciendo el criterio positivo y objetivo de información y de apoyo
a esta problemática.

Referente al punto cuatro, yo creo que habría que cuantificar
económicamente esto, y hacerlo, sobre todo, con cautela y con rigor, para
no sobrecargar --como digo-- excesivamente el sistema.

Y sobre el punto quinto, sí me gustaría que nos precisara algo la
Portavoz de Izquierda Unida, porque a nosotros este punto quinto nos
parece una cuestión casi de imposible cumplimiento, o al menos cuya
aplicación práctica nos plantea numerosísimas dudas. Esto significaría,
realmente, proceder a una redistribución del personal sanitario en base
a criterios de conciencia de ese propio personal sanitario, lo cual,
aparte de inconstitucional, nos parecería fundamentalmente una utopía
irrealizable. Yo creo que choca frontalmente con los criterios hacia los
que parece dirigirse nuestro sistema sanitario público, que es la libre
elección de médico y especialista por parte de los pacientes. Parece
lógico que sea el paciente el que se dirija a aquellos lugares donde
encuentre un mayor nivel de satisfacción en su tratamiento, y no que la
Administración proceda a repartir los profesionales en función de
criterios de conciencia o de adscripción o no a un registro de objeción.

Porque, ¿cómo articular esa propuesta sin contradecir esta dinámica de
la libre elección? Y además, ¿qué respuesta podría encontrar esto en los
profesionales que no fuera, precisamente, incrementar el nivel de
objeción para evitar que la Administración pudiera removerles de sus
puestos de trabajo y trasladarles a otras áreas de salud respondiendo
--como digo-- no a criterios organizativos, sino a criterios de
conciencia que sólo competen a cada individuo en particular?
Este quinto punto realmente nos plantea dudas muy importantes. Estaríamos
dispuestos a apoyar la proposición no de ley en su conjunto si se nos
acepta la enmienda, que entendemos es importante. Pero sí me gustaría
matizar y pedirle, si es posible, a la Portavoz de Izquierda Unida, que
reconsidere el planteamiento contenido en este quinto punto, porque
realmente, y con independencia de que podemos entender la justificación
que se pretende alcanzar, nos parece, francamente, irrealizable,
contraproducente para los objetivos, y profundamente, además,
inconstitucional y contrario a los criterios de organización de nuestro
propio sistema nacional de salud.




La señora PRESIDENTA: ¿Otros grupos que deseen fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Cardona.




El señor CARDONA I VILA: En casos de proposiciones no de ley como ésta,
que abarcan tantas cosas y, por tanto, son tan amplias, es difícil que
haya cosas con las que realmente estés de acuerdo. Hay cuestiones que
plantean, por lo menos, dudas, cuando no se esté abiertamente en contra.

Es difícil, decía, pronunciarse en su conjunto, a pesar de que se
presente alguna enmienda, como hemos visto, hasta cierto punto matizada.

Por tanto, ya anuncio, por nuestra parte, la dificultad de que apoyemos
esta proposición no de ley.

Pero sí quisiera, por lo menos, poner de relieve las cosas en que no
estamos de acuerdo, o que nos parece que ofrecen ciertas dudas.

En cuanto al apartado primero, en su punto primero, sólo estaríamos de
acuerdo en una parte del enunciado: garantizar el acceso universal de la
población en edad fértil a una atención sanitaria primaria especializada
de calidad. En eso estaríamos de acuerdo, independientemente de los
aspectos biológicos, y también de los contenidos psicosociales. ¿Hasta
dónde abarca esto? Es difícil poder pronunciarse en el sentido de apoyo.

Respecto al punto segundo de este primer apartado, no estamos de acuerdo.

Sin embargo, sí estamos de acuerdo en que se apliquen métodos de
evaluación como en los restantes servicios y programas del sistema
sanitario.

Referente al punto tercero: crear servicios específicos de planificación
familiar para adolescentes garantizando su confidencialidad y
accesibilidad, con la participación de movimientos sociales y juveniles,
entendemos que sólo estaríamos de acuerdo en determinados casos, no de
una forma genérica, no de una forma generalizada, porque no creemos que
se tenga que separar, por otra parte, de la red general de recursos de
atención a la mujer.

En cuanto al punto cuarto de este primer apartado, no estamos de acuerdo.

No creemos que otros métodos anticonceptivos, preservativos, etcétera,
entren en el catálogo de prestaciones de la Seguridad Social.

Y en cuanto al punto quinto, ya se ha debatido suficientemente. Pero,
desde nuestro punto de vista, no estamos de acuerdo, porque en el fondo
atenta contra el mismo derecho a objetar.

Y en cuanto al apartado segundo, nosotros, en principio, no estamos de
acuerdo. Además, también planteamos otra cuestión. Entendemos que, de
momento, no se trata de un problema acuciante. Caso de que se aprobara
el proyecto de ley de despenalización de la interrupción voluntaria del
embarazo en los términos que ha presentado el Gobierno, puede que se
presentara esa circunstancia, y entonces sería el momento de buscar la
solución más adecuada al mismo.

Por tanto, vemos difícil, ya digo, poderlo apoyar, aunque estemos en
algunas cosas de acuerdo, pero las otras son lo suficientemente
importantes para que, en su conjunto, por lo menos, no nos comprometamos
a apoyarlo. En cualquier caso, no anuncio de manera definitiva nuestro
voto en contra, porque estamos a resultas de lo que pueda ocurrir en
función de las enmiendas que se han presentado, y si se hace alguna
transacción.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Pardo.




La señora PARDO ORTIZ: Nos encontramos ante una proposición no de ley que
contiene diferentes peticiones en



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distinta línea. Unas, que yo creo que ya se están desarrollando en este
momento, como más tarde trataré de poner de manifiesto. Alguna que creo
que, como la tercera, rompe un poco la vertebración del sistema nacional
de salud, e introduce algunas que son realmente novedosas, como es el que
se remita una normativa sobre la objeción de conciencia por parte del
Gobierno al Congreso de los Diputados.

Esta proposición no de ley viene en un momento en el que el Congreso está
tratando de un proyecto de ley nuevo, elaborado y enviado ya, que regula
la interrupción voluntaria del embarazo, y que, como es natural, si es
aprobado --como así espero-- por el Pleno del Congreso, necesitará, con
posterioridad, y una vez que ese proyecto de ley entre en funcionamiento,
un desarrollo que vaya quitando inconvenientes a su debida y beneficiosa
aplicación. Por tanto, ése es el contexto en el que nos encontramos para
tratar esta proposición no de ley.

El apartado uno, donde se establece la necesidad de garantizar el acceso
universal de la población en edad fértil a una atención sanitaria
primaria y especializada, de calidad, y que también contemple aspectos
no sólo sanitarios, sino psicosociales, pues aquí tengo que decir que los
contratos programa del Ministerio-Insalud recogen como servicio
específico la planificación familiar en todas las áreas, y además en 17
hospitales; lo especifican como un servicio concreto de interrupción
voluntaria del embarazo.

La financiación de las comunidades autónomas para la prestación de la
asistencia sanitaria incluye ya la planificación familiar y la SIRE. Y,
por todo ello, la cartera de servicios de atención primaria, en un
programa que se llama Programa de atención a la mujer, recoge
específicamente la información y seguimiento sobre métodos
anticonceptivos. Dice: «Toda mujer en edad fértil tendrá registrada en
la historia clínica, al menos cada dos años, que se le ha facilitado
información y orientación. Si es preciso, sobre métodos anticonceptivos;
si no es preciso se registrará la causa por la cual no se le ha
facilitado esa información.» Este apartado número uno, por tanto,
entendemos que ya se está realizando.

Como he dicho anteriormente, algunas de las cuestiones que se están
haciendo son la aplicación de una interrupción voluntaria del embarazo,
que se puede realizar en tres casos específicos, la mayoría son casos de
alto riesgo, y eso ha generado disfunciones. Por ello, aunque algunas de
las peticiones de la proposición no de ley de Izquierda Unida se vienen
realizando, son afectadas por esas disfunciones que ha llevado consigo
la aplicación de esta ley aprobada por el Tribunal Constitucional en
1985.

En el segundo apartado, en relación a la participación comunitaria en los
servicios públicos de salud, es uno de los principios generales recogidos
en la Ley 14/1986, de 25 de abril, Ley General de Sanidad, en el Capítulo
I, sus artículos 5.1 y 5.2, y aquí está recogido con unas amplias
funciones que permiten también la formulación de la política sanitaria
y el control de su ejecución a través de unos órganos representativos
determinados en los que, no de manera específica, pero sí de manera
general, se puede establecer la participación de los colectivos de
mujeres.

El apartado tres --como decía anteriormente--, por el que se insta al
Gobierno a crear servicios específicos de planificación familiar para
adolescentes, mi Grupo entiende que presupone una ruptura con el concepto
de atención integral ofrecida por un equipo de profesionales sanitarios
para satisfacer unas determinadas demandas que tienen unas limitaciones
que está claro que no están definidas y son bastante etéreas. La
estructura actual de los servicios sanitarios permite la existencia de
programas integrales de salud, que a su vez ofrecen una atención
personalizada, priorizada y con el grado de confidencialidad necesario
para todas aquellas personas que son subsidiarias del mismo. Es
importante también resaltar que la tarjeta individual sanitaria ha
supuesto un importante avance en la accesibilidad al sistema, dotando a
los usuarios, entre los que evidentemente se encuentran los adolescentes,
de mayores posibilidades de acercamiento, tanto a los servicios como a
los profesionales sanitarios.

El apartado cuarto, en el que se propone la inclusión de los diferentes
métodos de planificación familiar como prestaciones de la sanidad
pública, quiero decir que ya están incluidos como prestación aquellos
métodos anticonceptivos que requieren un control y seguimiento clínico
para su uso. Los anovulatorios están incluidos como prestación
farmacéutica y los dispositivos intrauterinos se aplican como prestación
de la sanidad pública según el Real Decreto de ordenación de
prestaciones; es decir, no se dispensan mediante recetas, sino que se
aplican gratuitamente en el servicio correspondiente.

Y, por último, el apartado segundo de la proposición no de ley, donde se
refiere a la conveniencia de regular todo lo relacionado con la objeción
de conciencia, mi grupo entiende que esto, que tendría que hacerse
--según manda la Constitución-- por una ley orgánica, nos parece que
debería regularse una vez aprobada la interrupción voluntaria del
embarazo, para realmente recoger aquellos supuestos que se den en la
aplicación de esa nueva legislación. La legislación que hemos venido
manteniendo hasta ahora ha sido cubierta en atención privada
mayoritariamente pero también ha habido comunidades (como por ejemplo la
del País Valenciano o la de Andalucía) y algunos otros hospitales
dependientes de la red del Insalud, que han hecho conciertos con la
sanidad pública para la realización de estas interrupciones del embarazo
en centros concertados, de tal modo que se evitaran problemas como los
enumerados anteriormente, que podrían ser algunos de ellos de objeción
de conciencia o de otra índole, por ser éste un método con un número de
aplicaciones relativamente bajo.

Por todo ello, entiende mi Grupo que la regulación de la objeción de
conciencia debería hacerse con posterioridad a la aprobación de la
interrupción voluntaria el embarazo, para que así pudiese hacerse con
participación de los colectivos sanitarios, hacerse habiéndoles
escuchado, hacerse teniendo una radiografía de cuál es la situación de
dificultad que esa nueva ley está teniendo en los centros, tanto públicos
como privados.




La señora PRESIDENTA: Para manifestar su criterio a propósito de la
enmienda presentada por el Grupo Parlamentario



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Popular, tiene la palabra la señora Maestro. Igualmente, deberá responder
a algunas preguntas o aclaraciones concretas que se le han formulado,
pero le ruego no reabra un debate, ya que, como sabe, no hay
posibilidades de trámite. Tiene la palabra, señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: La presentación de la proposición no de ley,
evidentemente, como su propio nombre indica, no pretende modificar ley
alguna. En su caso, como es el que tratamos, de lo que se trata es de
hacer corresponder la teoría con la práctica. Sinceramente, yo creo que
el texto que la señora Portavoz del Grupo Socialista ha leído no tiene
nada que ver con la realidad de la atención sanitaria en los centros
públicos en materia de planificación familiar, una situación que va en
amplio retroceso, y eso se puede decir con toda seriedad, con toda
rotundidad y con todo rigor.




La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, le reitero que se ciña a su turno
a propósito de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.




La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señora Presidenta, no voy a abrir
ningún debate, pero la realidad es que no hay participación de ningún
tipo de colectivos.

Respecto a las dudas que planteaba el señor Burgos, no se trata de
recrear mecanismos de participación a nivel estatal. En el acercamiento
a la realidad que pretendía todo el texto de la proposición no de ley se
trataba de, en los propios centros de salud, en las propias áreas de
salud, en las zonas básicas de salud, permitir que algo tan conflictivo,
tan atravesado por planteamientos ideológicos, culturales y religiosos
como es todo lo que se refiere a la reproducción de las personas, se
adecue a todas aquellas especificidades y variedades, desde el punto de
vista cultural, que puedan existir en zonas rurales, en zonas urbanas,
en diferentes lugares. Y que, de alguna manera, esa accesibilidad
cultural esté garantizada por la participación de los colectivos, tanto
de mujeres como juveniles, que pudiera haber en cada lugar.

La desvertebración del sistema sanitario público me parece un argumento,
cuando menos, exótico. Jamás he pretendido yo que se crearan centros
aislados del conjunto del sistema sanitario público. Pero cualquier
especialista en planificación familiar conoce que, o hay mecanismos
especiales que garanticen la accesibilidad a los jóvenes, o los jóvenes
jamás se acercan a un centro de planificación familiar. Cuando, por el
contrario, el embarazo en la adolescencia es el que se produce con más
frecuencia y además conlleva más riesgos, tanto para la salud como para
el psiquismo de las personas, de las mujeres, de las jóvenes
embarazadas... (Rumores.)



La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Maestro. Señorías, por favor,
les ruego guarden silencio. Continúe, señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Por tanto, lo que se decía no es crear
estructuras al margen del sistema sanitario público, sino estructuras lo
suficientemente específicas, evidentemente integradas dentro del
dispositivo público, que garanticen la accesibilidad a un colectivo
especialísimo desde todos los puntos de vista.

Las prestaciones de planificación familiar no están incluidas como
prestaciones farmacéuticas; otra cosa es que no se cobre por el hecho de
implantar un dispositivo intrauterino, pero el dispositivo intrauterino
hay que comprarlo en la farmacia. Y eso supone una discriminación
económica para aquellas personas que tienen bajos recursos.

Respecto al punto quinto, que el señor Burgos planteaba problemas, la
proposición no de ley parte de la insuficiencia de los recursos
sanitarios públicos; por eso en el preámbulo se insta al Gobierno a
adoptar las medidas económicas o presupuestarias (ya no me acuerdo
exactamente cuál era el término) y organizativas. El Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya parte del hecho constatado
de la insuficiencia de recursos, en este caso humanos, personales, por
tanto, lo que proponemos es que se garantice como requisito el
cumplimiento de la obligación de la administración sanitaria de
garantizar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del
embarazo dentro del marco de la legislación vigente; es decir, no
entramos a calificar la legislación vigente, sino dentro del marco de la
legislación vigente, repito, que puedan acceder a todas las áreas
sanitarias. No se trataría de traslados obligatorios del personal
vulnerando la conciencia, sino de la contratación del personal
suficiente, que evidentemente es necesario, de manera que se garantice
la existencia de personal no objetor en todas las áreas sanitarias.

El punto dos es una necesidad y es una urgencia con respecto a la
situación actual. Es decir, independientemente de que hubiera o no un
proyecto de ley del Gobierno que contemplara como posibilidad la libre
decisión de las mujeres en materia de interrupción voluntaria del
embarazo, la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales
es urgente en el marco de la restrictiva ley actual, por cuanto los
informes reiterados de la administración (le recuerdo a alguien que me
pedía fuentes que muchos de los datos que ofrezco se refieren al informe
elaborado por la Dirección General de la Mujer de la Comunidad Autónoma
de Madrid) afirman taxativamente que la objeción de conciencia de los
profesionales es la principal causa que está estableciendo desigualdades
muy serias desde el punto de vista de las mujeres con escasos recursos
económicos a la interrupción voluntaria del embarazo. Y que caminamos
hacia el cien por cien de objeciones en la interrupción voluntaria del
embarazo La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, le ruego se atenga, no al
debate sobre la objeción de conciencia, sino a la enmienda que sobre este
tema le ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.




La señora MAESTRO MARTIN: Estoy, señora Presidenta, intentando argumentar
la pertinencia, en este momento concreto, independientemente del debate
del jueves, de exigir al Gobierno una normativa que regule la objeción
de conciencia. Termino ya, de todas maneras.




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No puedo aceptar la enmienda del Partido Popular en la que se hace
residir la administración de la regulación de la objeción de conciencia,
valga la expresión, en los colegios profesionales con carácter exclusivo.

En el texto nosotros no excluimos la participación de los colegios
profesionales en algún tipo de organismo cuya creación pueda proponer el
Gobierno, en el cual se administre la regulación de la objeción de
conciencia. Pero nosotros no estamos de acuerdo, ni mucho menos, en la
obligatoriedad de la colegiación para aquellos profesionales sanitarios
que tengan dedicación exclusiva en la sanidad pública; no podemos, a una
instancia parcial como son los colegios profesionales, atribuirles el
cien por cien de la responsabilidad a la hora de intervenir en materia
de objeción de conciencia. Por tanto, sin estar en contra frontalmente
de la enmienda del Partido Popualr, nosotros no intervenimos en cuál debe
ser el organismo, la fórmula concreta adoptada en cuanto a la
administración o a la regulación de ese derecho.

Por esas razones, en este momento no estamos en condiciones de aceptar
la enmienda del Partido Popular.




La señora PRESIDENTA: Señor Burgos Gallego, le ruego no reabra un debate.

Su señoría se ha expresado ampliamente a propósito de todos los puntos.

Y creo que la señora Maestro le ha respondido más allá de lo que era su
turno, pero a petición, precisamente, del señor Burgos, que le pedía una
serie de aclaraciones. ¿Para qué me solicita la palabra?



El señor BURGOS GALLEGO: Porque creo que no solamente ha ofrecido, como
es obvio para todos los miembros de esta Comisión, las aclaraciones que
le pedíamos, sino que ha consumido un turno evidentemente de réplica de
lo que le pedíamos y de lo que no le pedíamos, dicho sea de paso y con
todo respeto hacia la Presidencia. Por lo tanto, simplemente quiero
clarificar alguna de nuestras posiciones, porque después de lo que ha
dicho nos resulta todavía mucho más preocupante algunas de las propuestas
que ha...




La señora PRESIDENTA: Señoría, usted me está solicitando un turno de
réplica que, evidentemente, habré de conceder a todos los grupos, y en
este trámite, como sabe muy bien, no está reglamentada la posibilidad de
hacerlo.

Van a tener sus señorías la oportunidad, esperemos, inmedita, en unas
semanas, de debatir ampliamente sobre el tema que subyace en esta
proposición no de ley. Le concedo un minuto, señor Burgos Gallego, si no
es capaz de hablar en un minuto le quitaré la palabra, y a continuación,
evidentemente, se la concederé al resto de los grupos.




El señor BURGOS GALLEGO: La propuesta que hace Izquierda Unida de
garantizar en todas las áreas sanitarias la existencia de personal no
objetor mediante la contratación de nuevo personal nos parece una
absoluta arbitrariedad y algo ajeno a los principios constitucionales de
igualdad, de mérito y capacidad en el acceso a la Función Pública.

Contratar en base a la conciencia de los profesionales nos parece algo
absolutamente injustificable.

Y no somos nosotros los que hablamos de creación de servicios específicos
de planificación familiar para adolescentes. Servicios específicos son
servicios distintos a los servicios de carácter general, estén o no estén
ubicados físicamente en los mismos lugares, tienen su propia entidad,
tienen sus propios componentes y tienen su propio personal. Nosotros
queríamos aclarar que no nos oponemos a que haya servicios de
planificación familiar orientados a tratar específicamente a los
adolescentes, pero no servicios específicos para adolescentes.




La señora PRESIDENTA: Señora Pardo, tiene la palabra.




La señora PARDO ORTIZ: Señora Presidenta, decir simplemente que mi Grupo
entiende que tiene que ser con posterioridad a la aprobación de la ley
que se va a discutir con brevedad en el Parlamento de interrupción
voluntaria del embarazo cuando se tienen que ir modulando y adecuando
aquellos aspectos que resulten polémicos de la aplicación de esa ley, si
ha de ser con desarrollo de nuevas leyes, o si ha de ser con
proposiciones no de ley que lo vayan corrigiendo o lo vayan adaptando.

Pero que, en la situación actual, los problemas de objeción de
conciencia, aunque ha habido y siguen quedando algunos muy llamativos,
gracias a los conciertos con instituciones privadas han sido en su
mayoría resueltos. Y la mayor parte de las mujeres que han tenido la
necesidad de hacer uso de ese servicio de interrupción voluntaria de su
embarazo lo han podido resolver con cargo a la sanidad pública y mediante
los conciertos con la sanidad privada.




La señora PRESIDENTA: Señor Cardona, ¿desea hacer uso de su minuto extra?
(Denegaciones.)
Tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: Simplemente reiterar que la regulación de la
objeción de conciencia es una urgencia ya en estos momentos, al margen
de cualquier otro tipo de regulación posterior que pueda venir.




--RELATIVA A LA OBTENCION DEL TITULO DE MEDICO ESPECIALISTA PARA
DETERMINADOS PROFESIONALES DE LA MEDICINA (MESTO). PRESENTADA POR EL
GRUPO CATALAN (CiU). (Número de expediente 161/000587.)



--RELATIVA A LA TITULACION OFICIAL DE LOS MEDICOS ESPECIALISTAS.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
161/000610.)



La señora PRESIDENTA: Concluido el debate de esta proposición no de ley,
pasamos a debatir en el orden primero que SS. SS. tienen, las
proposiciones no de ley primera y tercera. La primera proposición no de
ley es sobre



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la obtención del título de médico especialista para determinados
profesionales de la medicina (MESTOS) y la presenta el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). La tercera es la proposición
no de ley sobre titulación oficial de los médicos especialistas, que es
presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Por orden de llegada de las solicitudes van a intervenir, en primer
lugar, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para defender
su proposición no de ley. A continuación lo hará el Grupo Parlamentario
Popular para defender la suya.

Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Uno de los temas que más ha preocupado y sobre
el que nuestro Grupo, entendemos, ha trabajado más, tanto durante esta
legislatura como anteriormente, y tanto en el Congreso como en el Senado,
ha sido, precisamente, lo que afecta a este colectivo de médicos que
denominamos MESTOS. ¿Cuál es el origen del problema?, ¿por qué se ha
producido sin que, hasta ahora, la Administración haya encontrado una
solución adecuada?
En los años 70, debemos recordar que se implanta en España la vía MIR,
es decir, la de los médicos internos y residentes, que se ha mostrado,
efectivamente, como un buen sistema de formación para los especialistas.

Sólo que tiene un inconveniente, y es que no todos los médicos que
terminan sus estudios de licenciatura pueden acceder a él por cuestión
de número. De manera que en el año 1984 se regula esta vía MIR como una
vía única para acceder al título de especialista, por real decreto.

Aquellos médicos que querían hacer una especialidad, pero no podían
entrar en el sistema MIR, cursaban estos estudios en las propias
facultades de medicina, escuelas universitarias, en hospitales, etcétera,
con una preparación equivalente, entendemos nosotros, a la que se hacía
con el sistema MIR en la Seguridad Social.

Está claro que unos lo hicieron antes del año 1984, en el que se reguló
por real decreto la forma de acceder a la titulación de las
especialidades, y otros lo hicieron después y, consecuentemente, ya
sabiendo que no era ésta la forma adecuada oficialmente. A los primeros
se les había dado una forma legal de conseguir el título, que había que
darles y, en cierta forma se les ha dado, siempre que demuestren una
preparación equivalente a la que tenían, en las mismas especialidades,
los que habían accedido por la vía MIR. Eso parece claro, toda vez que
la ley no especificaba que esta vía era la única --repito-- hasta el año
1984. Por tanto, ¿qué hacer con aquellos otros que después del año 1984
cursaron esa especialidad, aun a sabiendas --como hemos dicho-- que no
era la vía oficial de obtención del título de especialista? Tenemos que
tener presente que no accedieron a esta vía MIR porque no había
suficiente número de plazas, ya que no se podía dar una adecuada
preparación en la Seguridad Social.

Los MIR, a la vez que se preparaban para la especialidad, cumplían con
un trabajo, prestaban una colaboración, una aportación a la Seguridad
Social, por cuyo motivo tenían una compensación económica que, por lo
menos, les ayudaba a sobrevivir. Los que tuvieron que hacer la
especialidad por su cuenta --por decirlo de alguna forma-- lo tuvieron
que hacer como pudieron, pero, en cualquier caso, con su esfuerzo, bien
sea de tipo económico si sólo hacían la especialidad o bien además con
un esfuerzo complementario por tener que ganarse --por decirlo de alguna
forma-- su manutención con su trabajo y, no lo olvidemos muchas veces,
la de su familia si ya se habían casado. En cualquier caso, ellos
hicieron una inversión, repito, a sabiendas de que no era la vía oficial,
aunque reconozcamos que no tenían otra. Sabían, en definitiva, a lo que
estaban expuestos. Tanto en un caso como en otro la solución a este
problema que tienen estos profesionales bien seguro que ha de ser
diferente, y así lo entendemos, ya que no se puede obviar el hecho de
tener que cumplir lo que devenga del Real Decreto de 1984. Sin embargo,
en ambos casos hay que buscar y encontrar una solución y, evidentemente,
la más adecuada en cada caso. Además, lo más curioso de todo este
problema, de todas estas cuestiones, es que la misma Administración,
cuando ha necesitado de profesionales por razones de trabajo, en tiempo
de vacaciones o en situaciones de mayor necesidad, los ha contratado, de
forma temporal, y ello, evidentemente, si no lo es, sí se parece a un
doble sentido moral. El problema parece situado en la diferente
concepción que de estos temas tienen los Ministerios implicados. Por
parte del de Sanidad parece que no habría mayor problema en ir aceptando,
de una forma paulatina, evidentemente, a aquellos profesionales que
demuestran una preparación y capacidad adecuada a su especialidad. Pero
el problema se plantea, parece ser, en el Ministerio de Educación y
Ciencia, que no quiere aceptar unos profesionales que han accedido a la
especialidad, por lo que se entiende, dicho de una forma coloquial, por
una puerta que no es, no digo alegal, no es la puerta falsa, pero sí es
una vía alegal.

Esto se deduce de la interpretación que se hace del Real Decreto del año
pasado del Ministerio de la Presidencia, y de la Orden Ministerial que
lo desarrolla, y donde tienen que intervenir ambos Ministerios. Sea por
una u otra razón, y teniendo presente que la vía del Real Decreto del
Ministerio de la Presidencia del año pasado y la Orden Ministerial
subsiguiente es insuficiente, hemos de tener presente que hay que buscar
una solución definitiva, ya que --repito-- ésa no lo es, porque sólo
afecta a aquellos especialistas en psiquiatría que prestan sus servicios
en las diputaciones provinciales. En cualquier caso, parece que esto está
un poco parado por los problemas de interpretación que hay en la
verificación en cuanto a las administraciones públicas o a los documentos
que presentan las administraciones públicas por la interpretación que se
hace --repito, parece ser-- desde el Ministerio de Educación y Ciencia.

Por todo esto nuestro Grupo presentó precisamente hace más o menos un
mes, en el Senado, donde se debatió y se aprobó por unanimidad, una
moción por la cual se pedía una mayor fluidez a la interpretación de este
Decreto del año pasado. Por eso nosotros presentamos esta proposición no
de ley que excuso leer y que en cualquier caso seguramente



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después debatiremos porque, como hemos visto todos los miembros de la
Comisión, se han presentado algunas enmiendas.




La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la proposición no de ley
equivalente a ésta y que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Efectivamente, me corresponde la
defensa de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular con respecto al problema no resuelto de la titulación oficial de
los licenciados en medicina, sin título oficial u homologado, como se
autodenomina este grupo de profesionales.

Vamos más allá del planteamiento que hace la proposición no de ley del
Grupo Catalán (Convergència i Unió) y es importante que así lo
destaquemos. Efectivamente, el sistema MIR arranca de los años 70 como
un sistema o como un modelo de especialización de nuestros licenciados
en medicina, al cual no hacemos ninguna objeción sustancial, además de
que éste no sería el momento.

Efectivamente, a partir de 1984 se consagra como la única vía posible
para acceder a la titulación oficial en España y homologada, en este
momento, con la Unión Europea. Es precisamente a partir de este momento
cuando surge el problema que nosotros queremos poner de manifiesto y
solucionar con nuestra proposición no de ley. Desde entonces, por parte
de la Administración Pública, por parte de la sanidad pública, se ha
venido contratando a licenciados en medicina para que ejerzan como
especialistas en la sanidad pública. Bien es cierto que esta Cámara,
consciente de la incapacidad del Gobierno por afrontar de forma decidida,
por afrontar con voluntad de solucionar el problema de estos médicos que
ejercen como especialistas sin titulación, aprueba una proposición no de
ley instando al Gobierno a que solucione el problema de los médicos que
han accedido a la titulación o antes de 1984 o después de 1984, pero por
el sistema pre-84, independiente al MIR. Esto da lugar al Real Decreto
que todos conocemos, a una orden ministerial y a una circular del
Ministerio. Pero el hecho cierto es que, a pesar de este requerimiento
y a pesar de esta actuación, al mes de mayo de 1995 se habían presentado
1.356 solicitudes de homologación y que se han resuelto tan sólo 66. Por
lo tanto, se pone una vez más de manifiesto que no hay voluntad política
por parte del Gobierno no solamente para solucionar este problema, sino
incluso para cumplir el mandato de esta Comisión, de esta Cámara, que
quedó clarísimamente establecido con la proposición no de ley.

El hecho cierto es que en este momento hay un número muy importante de
licenciados en medicina que están ejerciendo como especialistas para la
Función Pública, que están dado lugar a millones de actos médicos, a
cientos de miles de intervenciones quirúrgicas; en definitiva, a una
actuación, desde el punto de vista profesional, estable. Hay casos en los
cuales este ejercicio bajo contrato llega a ser de 8, de 10, de 11 años,
reconociendo en definitiva la Función Pública, reconociendo el Estado,
que estos licenciados en medicina están capacitados para ejercer como
profesionales; si no, obviamente, no los contrataría. Por lo tanto, este
reconocimiento de la capacidad, que se concreta en remuneraciones fijas,
estables, prolongadas en el tiempo, nos obliga a plantear una reflexión,
nos obliga, incluso, a exigir al resto de los grupos parlamentarios, ya
que no lo hace el Gobierno, seriedad en la solución de este problema. No
podemos dar por bueno que la Administración Pública, que el Estado,
contrate a unos licenciados reconociéndoles su capacidad para ejercer
como especialistas, años y años, y después no los titule oficialmente,
no los titule como especialistas, cuando, en definitiva, los está
contratando y está reconociendo cotidianamente que están capacitados para
ejercer esa función. Algo pasaría si, efectivamente, pudiésemos llegar
a pensar que el Estado contrata a estos licenciados consciente de que no
están capacitados para ejercer como especialistas. Como no queremos
pensarlo, como creemos, además, que estos licenciados en Medicina, año
tras año, día tras día, están demostrando su capacidad, planteamos en
aras de esa seriedad, en aras de poner de manifiesto la voluntad política
de querer resolver este importante problema y de querer, además, entrar
en un período que es el período post-95, en el cual las titulaciones de
nuestros especialistas, las titulaciones de nuestros médicos se
clarifiquen definitivamente para poder entrar en la libre circulación que
la Unión Europea nos permite, en aras de poder contribuir a disminuir el
índice de paro o de subempleo de esta profesión como de tantas otras,
planteamos esta proposición no de ley. En ella, obviamente, contando con
la participación de ambos Ministerios --el Ministerio de Sanidad que es,
digamos, el que en este caso está contratando formalmente a estos
profesionales y con el Ministerio de Educación y Ciencia que, en
definitiva, es el que va a expedir formalmente los títulos--, así como
con la Organización Médica Colegial, el Consejo de Especialidades y las
sociedades científicas en cada una de las especialidades homologadas
dentro de la Unión Europea, instamos al Gobierno a que establezca con
carácter de urgencia, a los once años que haber regulado como vía
exclusiva de acceso a la especialidad el sistema MIR, después de llevar
once años contratando a licenciados en medicina para que ejerzan como
especialistas, para todos aquellos profesionales que estén en esta
situación, por lo tanto, ejerciendo bajo contrato --no nos olvidemos de
este importante matiz--, más allá de los otros que hayan podido
continuar, como planteaba anteriormente el portavoz del Grupo o Catalán
(Convergència i Unió) intentando formarse a través del sistema legal
pre-84, independiente del MIR (estamos hablando de los que son
contratados un tiempo similar o superior al que dura el programa MIR para
cada especialidad), esta garantía, digamos, para introducir orden en lo
que ha de ser, desde nuestro punto de vista, una titulación prácticamente
automática. Esta sería la única fórmula que en este momento solucionaría
este problema, esta ya vieja reivindicación de estos profesionales, de
estos licenciados en medicina, de estos médicos que no entienden cómo la
Administración Pública puede contratarles, puede pagarles, puede permitir
que asuman la



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responsabilidad de atender a una serie de pacientes, lo que da lugar a
ese inmenso número de actuaciones que antes mencionaba y, sin embargo,
esa misma Administración Pública no les titula oficialmente, situándoles
en una situación de clara desventaja, de clara inferioridad con respecto
no ya solamente a otros profesionales dentro de España, sino a
profesionales del resto de la Unión Europea que podrán venir a trabajar
a España sin que ellos puedan salir de nuestras fronteras.

Por lo tanto, pedimos el voto afirmativo, al resto de los grupo
parlamentarios, para esta proposición no de ley, intentando alcanzar esta
solución en la seriedad de la que no es capaz ni este Gobierno ni los
anteriores desde 1984. (La señora Maestro Martín pide la palabra.)



La señora PRESIDENTA: Señora Maestro, ¿para qué me solicita la palabra?



La señora MAESTRO MARTIN: Para fijar posiciones, simplemente. No he
intervenido antes porque he tenido que salir un momento. Brevísimamente.




La señora PRESIDENTA: Todavía no.




La señora MAESTRO MARTIN: ¡Ah! ¿No me corresponde todavía?



La señora PRESIDENTA: Efectivamente, ha estado fuera y quizás se ha
precipitado un poquito.

A estas dos proposiciones no de ley han sido presentadas dos enmiendas.

La primera de ellas, por orden de registro, es del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV), y la segunda, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene
la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Efectivamente, el portavoz del Grupo
Parlamentario Catalán, señor Cardona, ha hecho un análisis exhaustivo de
la problemática de este colectivo de profesionales de la medicina y, por
lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario suscribe esa historia de la
problemática y del análisis que desde las diferentes Administraciones se
ha efectuado respecto al colectivo que tiene este problema. En definitiva
y en resumidad cuentas, señora Presidenta, de lo que se trata es de que
por parte de esta Cámara y de los grupos parlamentarios se busque una
salida política. Es decir, de lo que se trata es de que los poderes
públicos centrales del Estado, los grupos parlamentarios y los diferentes
partidos políticos, den un amparo, un soporte, una cobertura, una salida
para que, a través de un procedimiento administrativo concreto,
determinadas labores profesionales en el ejercicio de la Medicina
especializada tengan una habilitación, un reconocimiento explícito por
parte de los poderes centrales del Estado y que la solución que se dé sea
definitiva para que se cierre el conflicto que ya existe hace muchos
años.

La labor que en el día de hoy concierne a esta Cámara es la de dar un
marco de actuación para que el Gobierno reglamentariamente dé una
solución administrativa. A nosotros nos corresponde fijar el marco de
actuación política, porque, como todos los grupos podemos constatar, es
un tema de voluntad política. Recientemente el Director General de
Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad decía que,
efectivamente, se están originando disfunciones, que, por un lado, existe
el circuito administrativo en el Ministerio de Sanidad --son
declaraciones efectuadas hace un mes por parte del Director General de
Ordenación Profesional del Ministerio-- y existe otro circuito en el
Ministerio de Educación y Ciencia, y que cada uno tiene sus funciones:
al Ministerio de Sanidad le corresponde el funcionamiento del Sistema de
Nacional de Salud, y en cambio el Ministerio de Educación tiene otras
funciones --dice claramente-- y sus competencias son las relativas a las
titulaciones e informes preceptivos. Por lo tanto, nuevamente repito, hay
que dar una solución política a ese tema, que es lo que en definitiva
subyace en todo esto.

Nosotros hemos planteado una enmienda dirigida a hacer alguna concreción
respecto al planteamiento que se realizaba en las proposiciones no de ley
que hacían el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo
Parlamentario Popular. Nos parece bastante sensato también lo que plantea
el Grupo Parlamentario Popular en su proposición en cuanto al
reconocimiento del título de médico especialista y estaríamos dispuestos
a votar esa parte resolutiva de su proposición no de ley. Hemos visto
también la parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió), aunque quizá
el Grupo Popular plantea una solución más concreta, y verdaderamente la
que se plantea ahí puede ser una vía, como también hay unas enmiendas del
Grupo Parlamentario Socialista, nosotros instaríamos a que se pudiera
llegar a un consenso entre todas las diferentes reacciones que se han
dado, y estaríamos dispuestos a aceptar los planteamientos que hace el
Grupo Parlamentario Socialista y también nos parece --repito-- bastante
razonable y lógico, que se pudiera integrar ahí la parte resolutiva de
la proposición del Grupo Popular.




La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gatzagaetxebarría, por la defensa
de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra la señora Rodríguez Calvo.




La señora RODRIGUEZ CALVO: Dado como ha ido el debate, quiero hacer un
análisis un poco exhaustivo, para centrar bien el tema.

En primer lugar, quiero manifestar que mi Grupo comparte al inquietud de
S. S. por la situación y futuro profesional y laboral de los médicos
especialistas sin título oficial, lo que hemos demostrado apoyando las
iniciativas que se han presentado en esta Cámara y que coincidían con
nuestros planteamientos respecto a lo que debe ser una formación
científica y práctica adecuada que permita a los médicos prestar una
atención sanitaria de calidad que dé respuesta a los principios plasmados
en la Ley General de Sanidad, que son los que definen el sistema Nacional
de Salud, y, por consiguiente, las características que deberían reunir
los profesionales que trabajan en él.




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Por ello, desde nuestro punto de vista, reiteramos de nuevo, y por lo
expuesto antes, que el sistema MIR, y además, así está reconocido por
todos los grupos de esta Cámara, como digo, es el mejor garante de la
formación de médicos especialistas para dar respuesta a estos objetivos
que se plantea el Sistema Nacional de Salud. Pero además, también, porque
garantiza a los médicos aspirantes los principios consagrados en la
Constitución de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

Por consiguiente, ante las proposiciones no de ley que nos presenta en
esta Comisión tanto el Grupo Popular como el Grupo Catalán (Convergència
i Unió) sobre la obtención del título de médico especialista para
determinados profesionales de la medicina denominados MESTOS, mi Grupo
ha presentado una enmienda que, en coherencia con los planteamientos que
defendemos sobre la formación de estos profesionales, puede solucionar
la problemática de algunos colectivos de médicos que no tienen el título
de especialistas pero que sí han ejercido como tal en el Sistema Nacional
de Salud. Sin embargo, como decía, antes quisiera hacer un breve repaso
por puntos que se han dicho aquí y que no estoy de acuerdo.

Si nos remontamos al Real Decreto 127/84, que regula la obtención del
título de especialidades médicas, es decir, el denominado sistema MIR,
éste preveía la aplicación de un régimen transitorio a ciertos colectivos
que podían acceder a la titulación oficial sin someterse al régimen
formativo general, aunque en algunos casos sí se preveía la superación
de pruebas específicas, contados y que reunieran ciertos requisitos.

Pero, aun habiendo adoptado esta medida, y eso lo reconocemos todos,
algunos colectivos de médicos que iniciaron su formación con anterioridad
a este Real Decreto, no encontraban acomodo en el régimen transitorio.

Por ello, en esta Cámara aprobamos por unanimidad dos proposiciones no
de ley por las que se solicitaba del Gobierno que arbitrara soluciones
para el reconocimiento oficial y cualificación de los colectivos
concretamente de psiquiatras y de los MAEQUIS.

Sin embargo, el Gobierno, ante estas proposiciones no de ley, fue mucho
más allá y elaboró el Real Decreto 1.776/1994, que ha pretendido dar
respuesta a estos colectivos de MAEQUIS y psiquiatras, pero además a
todos los que reunieran una serie de condiciones independientes de esto.

Es decir, quería dar una respuesta a todos los MESTOS, pero a los MESTOS
que realmente se llaman así, no a cualquier persona o a cualquier médico
que haya trabajado simplemente como especialista.

Por tanto, no estoy de acuerdo no lo que planteaba el ponente del Grupo
Popular de que se diga que aquí no se ha ido haciendo nada. En general,
se podría considerar que con este Real Decreto iba a quedar resuelto en
gran parte este problema. Sin embargo, desde su promulgación ha habido
varias interpelaciones y mociones, tanto en el Congreso como en el
Senado, sobre este Real Decreto 1.776/1994. Estas mociones han puesto de
manifiesto, primero, que todos los grupos parlamentarios del Senado sin
excepción, reconocen que este Real Decreto 1.776/1994 resuelve de forma
correcta la problemática de los MESTOS, respetando los principios
establecidos en el Real Decreto 127/84 para la formación MIR; segundo,
que existen trabas administrativas, produciéndose un retraso en la
tramitación, por lo que hasta ahora el título lo han obtenido unas 200
solicitudes --quiero hacer también una nueva corrección al señor
Fernández-Miranda-- de los 1.873 que se han presentado. Esto nos hace
reconocer que el procedimiento es lento, porque tiene que ser complicado
si se hace un riguroso análisis de la documentación presentada para que
accedan al título quienes verdaderamente tengan la formación adecuada.

Yo creo que todos debemos de defender eso: que tengan una formación
adecuada y que no pongan en peligro la salud de los ciudadanos. Por ello
creemos que todavía es prematuro realizar una evaluación negativa de este
Real Decreto.

Centrándonos en las proposiciones no de ley, las dos ponen de manifiesto
la situación en que se encuentra un colectivo de médicos que, ejerciendo
su profesión como especialistas en el sistema sanitario, carecen de la
correspondiente...




La señora PRESIDENTA: Señorías... Un momento, señora Rodríguez Calvo.

Señorías, por favor, les ruego guarden silencio. No dejan expresarse con
claridad a la señora ponente. (Pausa.)
Siga, señora Rodríguez Calvo.




La señora RODRIGUEZ CALVO: ... carecen de la correspondiente acreditación
o título oficial, y que desde el marco jurídico que configuró el Real
Decreto 1.776/1994 no se contemplan estas situaciones.

Como bien ha dicho su ponente, el Grupo Popular va más allá y pretenden
que sean titulados como médicos especialistas todos aquellos licenciados
en Medicina que hayan ejercido como especialistas un tiempo similar o
superior al que figura en el programa MIR para cada especialidad. En su
proposición no de ley no distingue atención especializada de atención
primaria, por lo que, a nuestro juicio, esta propuesta parte de un
planteamiento erróneo al tratar de dar un tratamiento unitario al
colectivo de médicos que carecen de título de especialista, cuando lo
cierto es que la situación de los facultativos de atención primaria sin
título no es comparable a los que carecen de título en el ámbito de la
atención especializada. Además, dentro de la atención especializada, como
usted sabe, existen once diferentes colectivos con distintas
problemáticas. Por tanto, existen situaciones diversas a las que hay que
darles una respuesta específica y diferente.

También cabe significar que resulta en cierta medida contradictorio que,
por un lado, el Grupo Popular en el Senado haya reconocido que el Real
Decreto es válido para dar respuesta a gran parte de los MESTOS, y por
otro, recordando las palabras del señor Villalón en esta Comisión cuando
hacía una gran defensa del sistema MIR como algo que estaba consolidado
y como el mejor garante para la calidad de la formación de nuestros
profesionales y se enorgullecía diciendo que otros países quieren de
alguna forma imitarnos, nos sorprende que ahora ustedes con su propuesta,
tal como la tienen redactada, quieran crear un sistema paralelo al MIR
para la formación e incorporación de



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estos colectivos al sistema sanitario. Por eso la propuesta no sólo choca
con el más elemental principio de seguridad jurídica y de coherencia con
el ordenamiento jurídico del Estado y de la Unión Europea, sino con el
nivel de responsabilidad que es exigible a la administración sanitaria
y educativa a la hora de obtener un título que garantice la adquisición
de unos conocimientos para el ejercicio de una profesión relacionada con
un derecho tan importante para el ciudadano como es el derecho a la
salud.

Además quisiera hacerle una corrección, también, señor Fernández-Miranda,
con respecto a Andalucía. Quiero recordarle y decirle que en Andalucía
hay 174 médicos generales adscritos a un servicio de atención
especializado; 113 MAEQUIS y 21 médicos cuyo título de especialista está
en trámite de homologación. Por tanto, son 308 que de una plantilla de
4.642 facultativos, representa el 6,64 por ciento y no el 51,87 por
ciento, como dicen ustedes en su proposición.

Con respecto al Grupo Catalán (Convergència i Unió), parece entender que
el Real Decreto 1.776/1994, aun considerando que da respuesta a gran
parte de este colectivo MESTOS, es todavía insuficiente por lo que ellos
nos han comentado de la gente que ha trabajado y que se ha formado. Hay
que redundar en ello porque difiere bastante de lo que decía el Grupo
Popular, porque se refiere que han trabajado en el sistema sanitario
público en un servicio especializado, pero además a que también han
adquirido una formación, requisito que, como ustedes saben, exige la
Unión Europea y exige toda nuestra norma para dar un título a los
profesionales que quieren trabajar como especialistas.

Decía también el señor Fernández-Miranda que había mucha gente que ha
trabajado...




La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez Calvo, le ruego vaya concluyendo.




La señora RODRIGUEZ CALVO: Voy concluyendo, señora Presidenta, pero es
que es necesario aclarar porque hay mucha confusión en este asunto, como
se ha expuesto aquí el tema.




La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez Calvo, si me permite recordarle,
debe usted defender su enmienda efectivamente aclarando lo que considere
oportuno, pero dentro del tiempo que oportunamente le corresponde.




La señora RODRIGUEZ CALVO: Respetando su decisión, señora Presidenta,
podemos centrar la problemática en cuatro puntos para defender mi
enmienda. El primero sería que existe un colectivo de médicos que han
ejercido como especialistas en el sistema sanitario antes de la entrada
en vigor del sistema MIR, a los que se está tratando de dar respuesta con
el Real Decreto 1.776/94.

En segundo lugar, el Real Decreto 1.776 es reconocido por todos los
grupos, como se ha demostrado en el Senado, como correcto para dar
respuesta a ese colectivo antes mencionado, pero hay que buscar vías de
agilización de los trámites administrativos y aplicarlos con criterios
más amplios.

En tercer lugar, pueden existir otros colectivos de especialistas sin
título que han trabajado en el sistema sanitario en servicios
especializados, y en centros con reconocida capacidad de formación, pero
no tienen cabida en este Real Decreto.

Y en cuarto lugar, la existencia de médicos generalistas anteriores a
1995 que, no poseyendo el título de médico de familia, trabajan en
atención primaria. Quiero recordarles que estos colectivos, a través del
Real Decreto 853 sí tienen el certificado que les acredita para trabajar
en la atención primaria.

Ante esta situación, mi Grupo considera que cualquier medida que se
adopte en orden a obtener el título de especialista debe ser
rigurosamente analizada, preservando de forma prioritaria el derecho a
la salud, y no alterando en ningún momento el prestigio que tiene nuestro
sistema de formación.

Como decía al principio, nosotros deseamos que se resuelva el problema
de los MESTOS. Compartimos la opinión del portavoz del PNV de que tiene
que hacerse mediante una decisión política, pero insistimos en que lo sea
respetando y preservando la prioridad del derecho a la salud.

Desde ese deseo de dar una respuesta definitiva a esta problemática, es
por lo que presentamos nuestra proposición no de ley, una proposición
que, como ustedes ven, diferencia la situación de los médicos en la
atención primaria y la de los especialistas, teniendo en cuenta que
dentro de los médicos que han trabajado como especialistas existen
diferencias y hay que darles un trato diferente. Para poder dar respuesta
a la moción presentada por el Senado, el segundo punto --como ustedes lo
tienen no lo voy a leer-- agiliza con criterios más amplios el Real
Decreto 1.776.

Como decía, tenemos esa intención por dar respuesta al problema de los
MESTOS de una vez. Dado que el Grupo Parlamentario (Convergència i Unió)
propone en ese cuarto punto, un censo, similar a nuestra redacción, vamos
a aceptar la propuesta del citado Grupo Parlamentario.




La señora PRESIDENTA: Otros grupos que deseen fijar su posición. (Pausa.)
Tiene la palabra la señora Maestro.




La señora MAESTRO MARTIN: En primer lugar, quiero recordar que
correspondió al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya el honor de haber presentado las dos proposiciones no de ley
relativas a dos colectivos de profesionales específicos, los psiquiatras
y los maequis, que fueron aprobadas por unanimidad en esta Comisión como
reconocimiento de una situación, evidentemente parcial, en cuanto a que
se refería a dos colectivos no excesivamente numerosos; a una situación
de conflicto, de agravios comparativos y de inseguridad para un colectivo
de profesionales.

Hago este recordatorio porque el tiempo transcurrido entre la aprobación
por unanimidad en esta Comisión y el que ha tardado la Administración en
empezar a regular el aspecto es un elemento cronológico que hay que tener
en cuenta a la hora de valorar la impaciencia y la desconfianza



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de los colectivos a la hora de ver finalmente resueltos conflictos en los
cuales la administración sanitaria ha tenido un papel protagonista. Yo
creo que eso es importante a la hora de valorar cómo nos enfrentamos a
estas situaciones. Estas situaciones no se darían si la administración
sanitaria hubiera previsto la creación de suficientes plazas de
especialistas para las necesidades del sistema sanitario público. En
cualquier caso, si la Administración no hubiera optado por la
irresponsabilidad, a todas luces, de haber contratado para plazas de
especialistas a personas sin el título y sin haber cubierto los
requisitos académicos que el propio sistema educativo y sanitario
establecían para reconocer la capacidad de un profesional a desempeñar
una plaza en concreto.

Señora portavoz del Grupo Socialista, la defensa del derecho a la salud
se hace desde muchos puntos de vista, pero quien ha hecho dejación de
responsabilidades importantes, tanto desde la planificación de la
formación de personal como desde los criterios a la hora de contratar a
determinadas personas, ha sido la propia Administración. Es decir, nos
enfrentamos a las contradicciones, a las irresponsabilidades de la propia
Administración.

Es un tema polémico. Yo quiero decir que mi Grupo Parlamentario está
preocupado tanto por los derechos del colectivo como por la calidad en
la atención sanitaria y por preservar la calidad en la formación de
especialistas que, como tantas veces hemos dicho, es perfectible, pero
no parece que haya un sistema alternativo al sistema MIR que garantice
mayores niveles de calidad en la formación de especialistas.




El colectivo MESTOS es un colectivo enormemente heterogéneo. Hay personas
contratadas con anterioridad al Real Decreto de 1984; hay personas
contratadas con posterioridad; hay tiempos de contratación diferentes y
hay niveles de formación diferentes. Mi Grupo Parlamentario comparte la
opinión manifestada por los Grupos Catalán (Convergència i Unió) y Vasco
(PNV). Creemos que la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, en
parte debido (permítame, señora portavoz, que se lo diga) a la falta de
crédito en la agilidad del Gobierno en el cumplimiento de los plazos (hay
una experiencia parlamentaria acumulada que dice que el Gobierno jamás
se atiene a los plazos a los que esta Comisión o cualquier otra le insta
a realizar determinadas actuaciones)...




La señor PRESIDENTA: Señora Maestro, quiero recordarle que su turno es
para fijar la posición respecto de las dos proposiciones no de ley y que
corresponde a los grupos proponentes aceptar o no las enmiendas
presentadas.




La señora MAESTRO MARTIN: No era mi intención ejercer un turno diferente
del que me corresponde, sino proponer al conjunto de los grupos
parlamentarios, teniendo en cuenta también que la proposición no de ley
del Grupo Popular no se refiere al colectivo MESTOS globalmente, sino a
una parte específica de los mismos, que nos obliguemos a encontrar
mecanismos consensuados de solución que contemplen vías específicas para
los diferentes colectivos para que, sobre todo en este momento en el cual
la bolsa está cerrada, es decir, no parece que con las disposiciones
actualmente en vigor vaya a acrecentarse continuamente, esta Comisión de
Sanidad del Congreso de los Diputados encuentre mecanismos de consenso
por los cuales proponer al Gobierno la adopción de fórmulas que permitan,
en plazos razonablemente breves, dar salida a actuaciones que, quiero
reiterar, la propia Administración ha creado con su actuación.




La señora PRESIDENTA: Para la aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas, tienen la palabra los grupos parlamentarios proponentes. En
primer lugar, el señor Cardona, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




El señor CARDONA I VILA: Nuestro Grupo aceptaría la enmienda socialista
de sustitución a la proposición no de ley del Grupo Popular, si nuestra
proposición no de ley figurara como punto 3.º; como punto 3.º el que
proponen ellos como 2.º; punto 2.º sería el primer punto. Aunque nos
producen ciertos reparos el punto número 2.º de la enmienda socialista
que propone la formación de una Comisión mixta Ministerio de Sanidad y
Consumo/Ministerio de Educación y Ciencia, damos un paso más para lograr
un acuerdo por unanimidad de la moción. Es decir, proponemos que se
remitan urgentemente a las comisiones del Consejo Nacional de
Especialidades Médicas, que es lo que se aprobó en el Senado, para su
verificación inmediata según lo dispuesto en el punto cuarto de la Orden
Ministerial de 14 de diciembre de 1994, en la cual se aceptaba la
totalidad de las solicitudes presentadas por los licenciados en Medicina
y Cirugía que estaban avaladas por las administraciones públicas,
incluyendo a las comunidades autónomas, aunque parece que el Ministerio
de Educación quiere verificar esto de una forma unilateral, no aceptando
por lo tanto este aval que hacen las administraciones públicas.

Si no se llegara por parte de todos los grupos a un acuerdo, a una
proposición no de ley unánimemente consensuada, nosotros estamos
dispuesto a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, como punto tercero,
pasando el tercero a segundo y el segundo a primero.




La señora PRESIDENTA: Permítame que le pida una aclaración, porque esta
Presidenta ha entendido dos cosas diferentes. ¿Cuál es el texto que
aceptaría finalmente?



El señor CARDONA I VILA: Sí, sería una transaccional donde el punto
primero sería el segundo de la enmienda; el punto segundo el tercero de
la enmienda, y el punto cuarto el texto de nuestra proposición no de ley.

Me parece que me he expresado bien.




La señora PRESIDENTA: Sí, me parece muy claro ahora, gracias.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández-Miranda.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Con respecto a la enmienda del Grupo
Parlamentario



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Vasco (PNV), su portavoz pedía soluciones, concreciones a estas
soluciones que nosotros pensamos que se plasman en nuestra proposición
no de ley, al acotar, sin duda alguna, los licenciados en Medicina que
en estos momentos constituyen el grupo de los MESTOS, de los médicos
especialistas sin título homologado, conscientes de que quedan más
profesionales, que es lo que ha planteado previamente el portavoz de
Convergència i Unió, pues efectivamente hay médicos que han accedido a
los conocimientos de la especialidad por el sistema anterior a 1984
después de 1984.

No podemos aceptar la enmienda porque estamos hablando de médicos que
llevan ejerciendo años para la Función Pública bajo contrato con la
Administración Pública. Qué mayor examen, qué mayor evaluación, que ese
quehacer cotidiano que les lleva a que, en la Función Pública, las
administraciones sanitarias les renueven y les permitan día tras día
ejercer como especialistas reconociéndoles esa capacidad y poniendo en
sus manos con máxima confianza, como es lógico, a los pacientes, a los
ciudadanos que van a verles. Pensamos que nuestra proposición no de ley
es mucho más concreta que la enmienda de modificación del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).

En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, francamente
no ha sido una intervención antológica de la señora portavoz en cuanto
a contradicciones y a incongruencia.

En primer lugar, yo le pediría que hiciese la corrección al Ministerio
de Sanidad y Consumo, puesto que los datos que hemos proporcionado en
cuanto a los títulos aceptados y a las solicitudes es una contestación
a una pregunta escrita y, por lo tanto, la corrección no nos la hace a
nosotros, no me la hace a mí personalmente, sino al Ministerio.

No vamos a aceptar su enmienda, señores del Grupo Socialista. Yo sé que
ustedes tienen como encargo intentar enredar con el sistema MIR. He
empezado por reconocer su validez y valía, con afirmaciones que ustedes
intentan plantear como contradictorias. Nada más lejos de la realidad,
pero ustedes sigan, respondan disciplinadamente a los encargos y a las
consignas que les hacen antes de sus intervenciones, y ustedes sabrán por
dónde quieren ir.

Llega a reconocer en su intervención y en la enmienda que hay 11 grupos
distintos en este momento con este problema. Francamente, a mí me daría
vergüenza tener que reconocer que después de 13 años hay 11 realidades
distintas en cuanto al acceso a las especialidades, como consecuencia de
la dejación de su responsabilidad por parte del Gobierno a lo largo de
todo este tiempo. Tiene encima la valentía de decir que es el Partido
Popular el que está auspiciando un sistema paralelo de formación. ¿Quién
ha estado gobernando en este país en los últimos 13 años? ¿Quién lleva
contratando a licenciados en Medicina para que ejerzan como especialistas
en estos últimos 13 años?



La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, me permito recordarle
igualmente, como a portavoces anteriores, que debe limitarse al contenido
de la enmienda y a su opinión sobre la aceptación o no.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: En ello estoy, señora Presidenta.

En definitiva, lo que tiene que decir claramente con la enmienda a
nuestra proposición no de ley es que ni el Grupo Parlamentario Socialista
ni el Gobierno tienen voluntad política de solucionar este problema. ¿En
dónde se está poniendo en peligro el derecho a la salud, señora portavoz
del Grupo Socialista, que ha afirmado usted tan rotundamente?; ¿con
nuestra propuesta, que viene a reconocer oficialmente lo que de hecho
está haciendo posible la Administración socialista? Nuestra propuesta,
nuestro texto, en donde se habla de que se titulará oficialmente a
aquellos licenciados en Medicina que hayan ejercido como especialistas
un tiempo similar o superior al MIR, ¿es lo que pone en peligro el
derecho a la protección de la salud, y no es la contratación que a lo
largo de estos últimos 11 años está realizando el Gobierno? ¡En dónde
estamos!, señora portavoz. También afirma --y con ello razona la
presentación de su enmienda-- que no distinguimos en cuanto a médicos
especialistas, para añadir que a través de la directiva comunitaria
efectivamente los médicos de primaria ya están homologados. ¿En qué
quedamos entonces? ¿La duda está en la crítica sistemática, teniendo
razón o no en ella? Porque usted pregunta previamente y plantea como una
contradicción que no concretamos entre asistencia primaria y
especializada, y se contesta usted misma a continuación diciendo que la
propia Unión Europea ha solucionado este problema. Todo ello es un cúmulo
de incongruencias, una voluntad de enredar, de confundir, en definitiva,
de poner de manifiesto --y lo veremos en el momento de la votación-- que
no tienen voluntad política de solucionar un problema que ha generado la
Administración socialista.

No aceptamos las enmiendas del Grupo Socialista que, insistimos, si me
lo permite la señora Presidenta en que, en aras del enunciado verbal de
la transaccional que ha hecho el portavoz del Grupo de Convergència i
Unió, si realmente queremos solucionar de forma concreta el problema de
no poseer titulación estando ejerciendo la especialidad de parte de los
médicos especialistas sin título homologado que trabajan para la Función
Pública, la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, llena de cautelas,
llena de limitaciones, contando con la opinión y con la participación de
los dos Ministerios y de las instituciones que deben opinar y que
entienden de este asunto, es la que efectivamente aúna este
convencimiento de que lo que no podemos hacer es seguir echando balones
fuera, sin solucionar formalmente un problema que yo calificaría, en el
grupo concreto del cual estamos hablando, bajo contrato público, de
auténticamente escandaloso.

Nuestra pregunta es: ¿lo solucionamos para estos profesionales o no? Y
nosotros creemos que la solución viene por apoyar la proposición no de
ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.




La señora PRESIDENTA: Concluido el debate de estas dos proposiciones no
de ley, pasamos a debatir la última, que figura en el segundo lugar del
orden del día. (La señora Rodríguez Calvo pide la palabra.)
¿Para qué quiere la palabra, señora Rodríguez Calvo?



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La señora RODRIGUEZ CALVO: Por alusiones, porque se han dicho cosas que
me parecen totalmente incorrectas.




La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra por alusiones, pero le ruego no
reabra el debate.




La señora RODRIGUEZ CALVO: No va a ser debate, simplemente puntualizar
algo que ha dicho el señor portavoz que es erróneo.

Los datos que ustedes presentan sobre las solicitudes del Real Decreto
son del mes de mayo, y los que yo presento son del mes de octubre. Luego
se ha ido avanzando suficientemente.

Los 11 grupos diferentes que existen de MESTOS son con anterioridad al
año 84; son cosas que vienen ya de antiguo y a las que se han tratado de
dar una respuesta con ese Real Decreto 1.776, incluso mucho más allá de
lo que esta Cámara le había pedido al Gobierno.

Por otro lado, le quiero decir que existen a lo mejor contratos de
médicos que no son especialistas, que están en unidades o en servicios
de especialistas, pero que no se requiere realmente el título.

Respecto a la atención primaria, léase bien mi intervención porque ha
cometido errores en la interpretación.




La señora PRESIDENTA: Señorías, un minuto por favor. Transmítanse los
datos que tienen de un mes, del mes siguiente y del anterior, pero no
entren en polémica. (Rumores.--El señor Hernández-Sito García-Blanco
pronuncia palabras que no se perciben.--El señor Fernández-Miranda y
Lozana pide la palabra.)
Señor Hernández-Sito, no tiene la palabra. Señorías, les ruego guarden
silencio. Señor Fernández-Miranda, por aclaraciones, tiene la palabra
durante un minuto por favor.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Por aclaraciones. Si usted tiene
datos posteriores, si se ha distraído cuando yo he hablado, no me
corrija, apórtelos. Por lo tanto, no me corrija porque, insisto,
corregiría al Ministerio. Yo hablé de mayo del 95, y usted me corrige
dándome otros datos nuevos; apórtelos, como dice la Presidencia, y déjese
de más recomendaciones poco menos que angélicas.

En cuanto a su afirmación de que las 11 situaciones son anteriores al 84,
después de 13 años nos hablan ustedes de que no son capaces de solucionar
la herencia recibida. ¡Más rigor, más seriedad, señora portavoz, y
dejémonos de seguir invocando que esto viene de antes del 84, cuando
están ustedes gobernando desde noviembre del 82!
Y por último, su afirmación de que para ejercer en algunas unidades como
especialistas no hace falta título es una auténtica novedad que, sin duda
alguna, irá, acompañada a continuación de reformas legislativas
importantísimas que su Grupo y usted misma presentarán a esta Cámara
inmediatamente. Nos sorprenderá de forma importante ese nuevo discurrir
de las especialidades, que espero que tengan ya, obviamente con esa
afirmación, el visto bueno incluso de la Unión Europea.




--RELATIVA A LA ARMONIZACION Y COORDINACION DE LOS CALENDARIOS VACUNALES.

PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 161/000595.)



La señora PRESIDENTA: Concluido el debate de estas dos proposiciones no
de ley, pasamos a la que consta en segundo lugar en el orden del día.

Señorías, les advierto que estrictamente haremos uso de la aplicación del
reglamento: ni una réplica no contemplada, ni ordinaria ni
extraordinaria. (Rumores.) Señorías, no están en el uso de la palabra.

Tiene el uso de la palabra la Presidenta.

Proposición no de Ley de armonización y coordinación de los calendarios
vacunales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Fernández-Capel.




La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Señora Presidenta, señorías, los
calendarios vacunales, entendidos como la ordenación secuencial de
vacunas de administración sistemática en un país o en un área geográfica
se encuentran en la actualidad muy bien aceptados, por lo menos en sus
líneas generales, en los países sanitariamente desarrollados. Y a pesar
de que en estos países la situación epidemiológica es similar respecto
a la mayoría de las infecciones, y por otra parte las diferencias que
pueden existir son bien conocidas, los calendarios vacunales son
distintos de un país a otro. Es cierto que las diferencias en muchos
casos son mínimas, pero resultan suficientes para desorientar a la
familia que se traslada de un sitio a otro, sobre todo cuando el mundo
se nos ha hecho cada vez más amplio.

El Secretario General de la Asociación Europea de Especialistas en
Pediatría dice que, a causa de la falta de armonización de los
calendarios vacunales en la Unión Europea, muchas familias están confusas
y preocupadas por las diferencias que encuentran en los distintos países.

Pero no hay sólo diferencias en varios países: ¿por qué no hablar de las
diferencias que tenemos en las comunidades autónomas de España?
Este es un hecho menos comprensible y resulta ciertamente muy difícil dar
una explicación coherente de que cómo nuestras comunidades autónomas al
día de hoy no han sido todavía capaces de confeccionar un calendario
armónico, ya que no común. La diversidad de calendarios en nuestro país
sí constituye un grave problema, que es origen de preocupaciones e
incomodidades innecesarias, como ya explicamos en esta Comisión, y de la
pérdida de vacunaciones para quienes cambia de comunidad de forma
temporal, frecuente, o de forma definitiva.

El Comité de Expertos de la Asociación Española de Pediatría presentó una
propuesta para la unificación del calendario infantil de vacunación en
todo el territorio nacional. Y entre las sugerencias que hizo esta
Asociación se destacaba la necesidad de incluir una serie de vacunas,
como el hemófilo influenza tipo B, y la administración de vacunas
combinadas que se consideran el futuro de la inmunización pediátrica, y
es precisamente hacia donde se



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dirigen muchas de las actuales investigaciones en el campo de la medicina
preventiva. También destacaba este organismo la necesidad de una
vacunación universal de todos los recién nacidos en contra de la
hepatitis B. Caeríamos en tecnicismos y en diferentes opiniones y, por
tanto, vamos a pasar al plano político, pero la sugerencia está hecha y
hasta ahora no hay respuesta.

En España existe, debido a la falta de coordinación y armonización del
Ministerio, falta de control vacunal a la hora de los registros. Se
reciben contestaciones en el Congreso de los Diputados (esta Diputada las
recibe) del Ministerio que dice que esas cuestiones son competencia de
las comunidades autónomas. En España no existen datos sobre el estado
inmune de la población general en lo que a rubéola se refiere. No lo digo
yo, lo dice el Instituto de Salud Carlos III, el Centro Nacional de
Epidemiología del Ministerio de Sanidad en el volumen 18/98, páginas 169
a 171. Y si consideramos que la rubéola es causa de gran número de
malformaciones congénitas y que produce grave alteración en el neonato,
en un país desarrollado esto suena cuando menos casi a broma. Pero lo
dice también el doctor Salleras San Martín, en la revista Medicina
Clínica, en el volumen 92, página 378-381, de la Consejería de Salud de
la Generalitat de Cataluña: «No existen datos de control en España en el
Ministerio sobre las vacunaciones de la rubéola.»
En un estudio realizado en niños en los cursos de EGB en la Comunidad de
Madrid, tenemos, por ejemplo, que solamente el 29 por ciento en primero
de EGB habían completado adecuadamente el calendario vacunal; que el 75,6
por ciento había recibido 3 o más dosis de DTP, y sólo el 15,10 por
ciento estaba vacunado de sarampión. Eso se sabe por un estudio
específico, pero en la Comunidad Autónoma vasca en esa misma edad están
vacunados los niños en el 50 por ciento de sarampión, y en la provincia
de Cádiz no llega al 30 por ciento. Y esto varía con los diferentes
cursos escolares. Son producto de diferentes trabajos publicados sobre
ese tema.

La coordinación que a partir de 1986 debería haber ejercido el Ministerio
de Sanidad, ha dejado mucho que desear cuando el Ministerio remite a las
comunidades autónomas para poder obtener algunos datos. Y no existen
tampoco en el Ministerio --éste no es un asunto baladí en un Ministerio
como éste-- estudios económicos que den claridad sobre el coste global
del proceso vacunal en España. Yo quisiera saber cómo se informa a la
Organización Mundial de la Salud. Quién informa, quién habla con la
Organización Mundial de la Salud.

En abril de 1995 el Consejo Interterritorial pidió un mapa común, y en
mayo se inició la gestión con los directores generales de Salud Pública
de las diferentes comunidades. En julio una reuniones, que creo que
fueron encantadoras, reuniones entre los consejeros recogiendo estas
propuestas, intentaron aunar una serie de voluntades, pero hasta este
momento, que nosotros tengamos conocimiento por las respuestas
parlamentarias, no ha habido ni una sola actuación a este respecto.

Entrando en el marco político, tenemos la constitución, al artículo 149,
en el que se define claramente que el Estado tiene competencias
exclusivas en una serie de materias como son la regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de sus deberes. ¿Por
qué unos niños tiene derecho a un tipo de vacunaciones y otros no? ¿Cómo
regula eso el Ministerio y en las bases generales de la coordinación
general de la sanidad? Y aquí entramos clarísimamente de lleno en el
conflicto de la no coordinación de los calendarios vacunales.

Por todo ello, instamos al Gobierno a ejercer las competencias no
legislativas de coordinación y armonización de los diferentes calendarios
vacunales existentes en el Estado español. Esto no es una asunto como se
pretende hacer creer, de capricho del Partido Popular, pues nuestro Grupo
quiere una eficacia, para garantizar la igualdad de todos los españoles
en el ejercicio del derecho a la salud, que es uno de los primordiales.

Votar favorablemente nuestra proposición no de ley no es votar ningún
capricho, supone recoger una serie de sugerencias de la Organización
Mundial de la Salud, de la Asociación Europea de Pediatría y del mundo
científico en general. Y se podría tener, lo cual no sería ningún
capricho tampoco, un conocimiento claro de la situación que las
autoridades sanitarias hoy reconocen que no tienen. Señora Presidenta,
pedimos el apoyo de los grupos a nuestra proposición no de ley.




La señora PRESIDENTA: Grupos que deseen fijar su posición. (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Cardona.




El señor CARDONA I VILA: Me parece que este tema en alguna comparecencia
ya se ha debatido suficiente. Se vuelve a insistir en que el Gobierno
ejerza las competencias no legislativas de coordinación y armonización.

Una cosa es coordinación legislativa y otra es armonización, legislativa
o no. En cualquier caso, es una inversión de competencias. ¿Las tiene o
no las tiene?



La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Las tiene.




La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego no entren en diálogo.




El señor CARDONA I VILA: Es una pregunta que someto a la consideración
no sólo de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino a todos.

Desde nuestro punto de vista sobre el Estado de las autonomías, no
podemos aceptar esta especie de armonización, que nos suena a algo ya
superado, sobre todo después de la sentencia del Tribunal Constitucional,
so pretexto, con la excusa, de eficacia, economía del proceso o garantía
de igualdad ante los españoles.

Por lo tanto, no podemos dar nuestro apoyo a esta proposición no de ley.

Yo no diré que es falso, pero sí que no se atiene a la realidad. Yo tengo
aquí el texto de los acuerdos de la última reunión a la que precisamente
ha hecho referencia la portavoz del Grupo Socialista, de la Dirección



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General de la Salud Pública sobre calendario de vacunaciones, donde
estaba precisamente la persona que ha mencionado y debo mencionar que se
ha hecho esa función de coordinación. Hay un acuerdo que se somete al
Pleno del Consejo Interterritorial, que se va a reunir el 1 de enero de
1996, por ello está claro que se hace esa función de coordinación.

¿Se pretende otra cosa? Si se pretende algo distinto, no lo apoyamos y
punto. ¿Que la coordinación se tiene que hacer? Nosotros decimos sí; pero
además, se hace. Es legítimo, por otra parte, que un grupo, en este caso
el Grupo Popular, presente esa Proposición no de Ley y que nosotros, la
apoyemos o no, pero es algo de lo que tenemos constancia fehaciente que
se hace, la coordinación se lleva a cabo. En el Pleno del Consejo
Interterritorial se habla de los temas. Lo dijimos y quedó demostrado en
la comparecencia creo recordar de la propia Ministra. En cualquier caso,
no entendemos el término relativo a «ejercer las competencias». La
Administración --y la Administración es Estado como las comunidades
autónomas-- ejerce sus competencias en función de la distribución que se
ha hecho del Estado de las Autonomías.

No vamos a apoyar esta proposición no de ley, repito, porque la
consideramos intrascendente. Si no tiene otro objetivo escondido, cosa
que yo no me atrevo a manifestar, sino que pretende sólo la coordinación,
ésta ya se llevó a cabo, por lo que no hace falta redundar en ello. De
acuerdo con la Constitución y con el panorama político de este Consejo
Interterritorial, si se plantean dificultades de coordinación en un
futuro, sería el momento de preguntar ¿hay o no hay coordinación?, ¿se
hace o no se hace? Ya lo veremos en el futuro, y en todo caso estamos
dispuestos a debatirlo tantas cuantas veces haga falta.




La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Vicente.




La señora VICENTE GARCIA: Efectivamente es un tema que se ha debatido ya
ampliamente en esta Comisión ante la comparecencia de la señora Ministra,
en donde quedó clara la posición de nuestro Grupo. Como es evidente,
nosotros no vamos a apoyar esta proposición no de ley, porque lo que se
pide en ella es que el Gobierno lleve a cabo una serie de actividades que
ya ha realizado y culminado satisfactoriamente en coordinación con los
gobiernos autónomos.

En cuanto al primer punto de la exposición de motivos de la proposición
no de ley, no creo que sea necesario recordar que, como consecuencia del
establecimiento del Estado de las autonomías, todas las comunidades
autónomas han asumido las competencias en materia de sanidad e higiene,
y entre ellas se incluye la competencia para establecer sus propios
calendarios de vacunación.

No obstante, el calendario de vacunación recomendado por el Ministerio
de Sanidad en 1981 fue seguido en principio por todas las comunidades
autónomas. Sin embargo, más adelante y en uso de sus competencias en
materia de medicina preventiva, algunas comunidades han introducido
ciertas modificaciones, lo que ha dado lugar efectivamente a pequeñas
diferencias entre algunos calendarios de vacunación de las diferentes
comunidades; por ejemplo, de poblaciones, de edad, dosis de recuerdo,
etcétera, pero que en ningún caso influyen en el estado inmunitario de
la población infantil, ya que, por una parte, todas las vacunas
utilizadas en las diferentes comunidades autónomas son idénticas, y, por
otra, el cumplimiento de la recomendación de la OMS de que todos los
niños reciban antes de cumplir los 2 años de edad las series básicas de
vacunación para polio, difteria, tétanos, etcétera, está plenamente
asegurado. Por tanto, no se puede decir que la existencia de distintos
calendarios ocasione desigualdad en la prestación sanitaria entre los
españoles.

En relación a los otros dos puntos de la exposición de motivos, así como
a la parte dispositiva, todos los miembros de esta Comisión tuvimos la
oportunidad de escuchar a la Ministra en su comparecencia del 31 de mayo
pasado, donde nos expuso de forma muy clara los pasos que se habían dado
por parte del Ministerio, así como por las comunidades autónomas, a
través del Consejo Interterritorial, para lograr una coordinación eficaz
entre los distintos calendarios vacunales. Así, desde 1988, primero a
través de la Comisión de Seguimiento de Programas de Salud, y
posteriormente de la Comisión de Salud Pública, el Ministerio viene
coordinando en colaboración con las comunidades autónomas estudios para
alcanzar un calendario unificado.

La Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial, en su reunión
del 16 de marzo de este año, encomendaba en una de sus conclusiones, que
posteriormente fueron refrendadas por el Consejo Interterritorial, que
la Dirección General de Salud Pública del Ministerio efectuase una
propuesta de calendario vacunal único, respetando en todo caso el ámbito
competencial de las distintas administraciones públicas. Calendario que
fue presentado a la Comisión de Salud Pública el 3 de abril, y
posteriormente, el 24 de julio del presente año, fue aprobado en el seno
del Consejo Interterritorial, con acuerdo unánime de todas las
comunidades autónomas. Este calendario entrará en vigor en enero de 1996
y sustituye al recomendado por el Ministerio de Sanidad en 1981, y a los
vigentes en la actualidad en las distintas comunidades autónomas.

Con respecto a la referencia que hacía de vacunación del hemófilo
influenza, usted sabe que esta vacuna está ahora mismo en fase de
investigación. Y en cuanto a la hepatitis B, ya se ha incluido en el
nuevo calendario --ahora mismo está establecida ya en 14 comunidades
autónomas--, y en el momento en que esté establecida en las tres, es
compromiso del Consejo Interterritorial estudiar este asunto para ver si
es necesario introducirla para los recién nacidos.

Quiero concluir diciendo que difícilmente podemos instar al Gobierno a
que ejerza o intensifique su función coordinadora en un área en la que
el grado de consenso alcanzado, gracias al esfuerzo y a la voluntad de
cooperación de todas las administraciones sanitarias, parece difícil de
superar. (La señora Fernández-Capel Baños pide la palabra.)



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La señora PRESIDENTA: Señora Fernández-Capel, no hay turno de réplica.

No tiene la palabra. Ha quedado clara su exposición y la exposición del
resto de los grupos; el texto está muy claro.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: ¿Sabe para qué es?



La señora PRESIDENTA: Es que no le doy la palabra.




La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Es para hacer una precisión de tipo
científico.




La señora PRESIDENTA: Señoría, les recuerdo que éste no es un foro
científico, a pesar de que todas sus señorías sean médicos.




La señora FERNANDEZ-CAPEL BAÑOS: Solamente dos precisiones no
científicas. Primero, o el Consejo Interterritorial sirve o no sirve; o
coordina o no coordina. Eso el Ministerio tendrá que decirlo cuando no
sabe qué es lo que se hace. ¿Se remite de mayo a julio, de julio a enero,
ad calendas graecas? Muy bien, él sabrá cuándo lo tiene que hacer, porque
desde luego no hay datos.

El señor Cardona, de CiU, ha dicho que yo me refería a una determinada
persona que no era cierto. Le quiero remitir al volumen 92, páginas
368-381, de la revista médica Medicina Clínica, que tendrá a su alcance,
donde lo confirma el que lo escribe.

Y al Grupo Socialista le quiero también decir que si el hemófilo está en
fase de experimentación, por qué el Grupo Socialista lo está pidiendo en
la Comunidad Gallega. Tendrá que saber qué es lo que dice, dónde está la
coordinación cuando en unos sitios se está diciendo que no y en otros
sitios se dice que sí.




La señora PRESIDENTA: Señor Cardona, tiene la palabra.




El señor CARDONA I VILA: La verdad es que yo tengo la tentación de pedir
que se me permita leer el informe del Director General sobre la reunión
de directores generales de vacunaciones en cuanto a lo recomendado, pero
no lo voy a hacer.




La señora PRESIDENTA: El sentido común del señor Cardona es ampliamente
agradecido. Muchas gracias, señor Cardona.

Vamos a proceder a las votaciones.

Ruego a los señores portavoces que si hay modificaciones o sustituciones
en los miembros de sus grupos en la Comisión, me las pasen, por favor.

(Pausa.)
Señorías, voy a dar cuenta de las sustituciones.

En el Grupo Catalán, el señor Pere Vidal sustituye al señor Pere Baltá.

En el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Urán
sustituye al señor Vázquez y el señor Santiso al señor Cruz Orive.

En el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Ballesteros Belinchón
sustituye al señor Alvarez Fernández, el señor Fernández Gordillo
sustituye a la señora Frías Navarrete y el señor Roncero sustituye a la
señora Mendizábal. (El señor Cardona i Vila pide la palabra.)
Señor Cardona, tiene la palabra.




El señor CARDONA I VILA: De acuerdo con lo expresado en la proposición
no de ley sobre los MESTOS, yo había dicho de que si había un texto
consensuado, por unanimidad, nosotros estamos libres de expresar nada
más. Pero sólo con un grupo que manifieste que no se puede llegar a un
acuerdo, nosotros nos ratificamos en lo dicho anteriormente, en el
sentido de aceptar la enmienda del Grupo Socialista, pero de cuatro
puntos a tres, sustituyendo el tercer punto por el texto de nuestra
proposición no de ley.




La señora PRESIDENTA: Señor Fernández-Miranda, tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ-MIRANDA Y LOZANA: Señora Presidenta, el Grupo
Parlamentario Popular se sumaría a un consenso concreto, no a un consenso
etéreo. Si hay un nuevo texto como transacción, más allá de la simple
suma de los dos textos del Grupo Parlamentario Catalán y del Grupo
Parlamentario Socialista, si hay un texto distinto, insisto, concreto,
nosotros nos sumaríamos a él; si no, mantenemos el texto de nuestra
proposición no de ley en sus justos términos.




La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder a la votación de la
primera proposición no de ley, que es la de obtención del título de
médico especialista para determinados profesionales de la medicina
(MESTO), presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.

Definitivamente no se ha llegado a ningún otro texto que no sea la que
ha manifestado el señor Cardona. Votaríamos, por tanto, la proposición
no de ley en los términos de la aceptación del señor Cardona de la
enmienda socialista, de tal manera que quedaría: primer punto de la
proposición no de ley el segundo de la enmienda socialista; segundo
punto, el tercero de la enmienda socialista; tercer punto, el texto
presentado por Convergència i Unió.

En estos términos procedemos a la votación.




Votos a favor, 19; abstenciones, 17.




Queda aprobada.

Segunda proposición no de ley que procedemos a votar: proposición no de
ley de armonización y coordinación de los calendarios vacunales.




El señor BURGOS GALLEGO: Perdón, señora Presidenta. Yo entiendo que debe
ser sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular por mantener el orden de las intervenciones.




La señora PRESIDENTA: De acuerdo, si su señoría lo solicita así, pero he
anunciado al comienzo de las votaciones



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que íbamos a proceder al orden de las votaciones en el que figuraban en
el orden del día. No pasa nada, efectivamente.

Pasamos a votar a continuación la tercera de las proposiciones no de ley:
proposición no de ley sobre titulación oficial de los médicos
especialistas, que ha sido presentada y defendida por el Grupo
Parlamentario Popular.

Ha manifestado el señor Fernández-Miranda no aceptar ninguna de las
enmiendas, ni la del PNV, ni la del Grupo Socialista; por tanto, se vota
en los términos originales.




Votos a favor, 15; votos en contra, 16; abstenciones, cinco.




Queda rechazada.

Siguiente proposición no de ley, segunda del orden del día: proposición
no de ley de armonización y coordinación de los calendarios vacunales,
del Grupo Parlamentario Popular.




Votos a favor, 14; votos en contra, 19; abstenciones, tres.




Queda rechazada.

Siguiente proposición no de ley sobre medidas del Gobierno en materia de
salud reproductiva, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Esta proposición no de ley
tenía una enmienda que no ha sido aceptada. Por tanto, se vota en los
términos originales en que ha sido defendida por Izquierda Unida.




Votos a favor, tres; votos en contra, 19; abstenciones, 14.




Queda rechazada.

Votación de la siguiente proposición no de ley sobre comercialización del
fármaco conocido como RU-486, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. No había enmiendas.




Votos a favor, tres; votos en contra, 32; abstenciones, una.




Queda rechazada.

Señorías, concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.