CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 616
SOBRE EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA
EMPRESA PUBLICA INTELHORCE
PRESIDENTE: DON JOSEP LOPEZ DE LERMA I LOPEZ
Sesión núm. 5
celebrada el jueves, 16 de noviembre de 1995



ORDEN DEL DIA:



Comparecencia de diversas personalidades para informar en relación con
el proceso de privatización de la empresa pública Intelhorce:
--Del señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira). (Número de
expediente 213/000727) (Página 18692)
--Del señor Subsecretario de Economía y Hacienda (Blanco-Magadán Amutio.

(Número de expediente 212/001778) (Página 18712)
--De la señora Subdirectora General de Control Financiero y de las
Empresas y Entes Públicos (Vega García). (Número de expediente
212/001780) (Página 18735)

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Se abre la sesión a las diez horas.




COMPARECENCIA DE DIVERSAS PERSONALIDADES PARA INFORMAR EN RELACION CON
EL PROCESO DE PRIVATIZACION DE LA EMPRESA PUBLICA INTELHORCE:



--DEL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (SOLBES MIRA). (Número de
expediente 213/000727.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a dar comienzo a esta sesión, que es la
primera pública que conoce la Comisión de investigación del proceso de
privatización de la empresa pública Intelhorce. De acuerdo con el orden
del día que consensuamos en la última de las reuniones preparatorias de
estas sesiones de trabajo, comparece, en primer lugar, el señor Ministro
de Economía y Hacienda, don Pedro Solbes Mira.

Igualmente, de conformidad con lo que acordamos sobre el procedimiento
que vamos a utilizar en estas sesiones de comparecencias, el señor
Ministro dispone de un tiempo, que deseo que sea lo más breve posible si
así lo estima pertinente, para exponer cuanto quiera a esta Comisión,
siempre de acuerdo con el objeto para el cual ha sido convocado,
obviamente.

Le acompaña el Subsecretario de Economía y Hacienda, haciendo uso de los
derechos reglamentarios que le asisten al compareciente. Esto no exime
que más tarde tengamos formalmente la segunda de las comparecencias
establecidas, que es precisamente la de don Juan Antonio Blanco-Magadán
Amutio, Subsecretario de Economía y Hacienda.

Por tanto, en primer lugar, va a tener la palabra el señor Ministro, y
a continuación intervendrán de mayor a menor los diversos grupos,
empezando por el Grupo Parlamentario Popular y cerrando el Grupo
Parlamentario Socialista, como es habitual en estas comisiones de
investigación, a menos que no se plantee un orden distinto. Estas
intervenciones serán para hacer preguntas y para puntualizar diversos
aspectos, y luego tendría la palabra nuevamente el señor Ministro.

Señor Ministro, bienvenido a esta Comisión, y cuando quiera puede
empezar.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señorías, como
bien conocen, no es la primera vez, en mi condición de Ministro de
Economía y Hacienda, que comparezco ante esta Cámara para hablar del tema
Intelhorce, y después de ese cúmulo de comparecencias, interpelaciones
y preguntas, es cierto que es difícil aportar nada nuevo a la Comisión,
a la que, sin embargo, los servicios del Ministerio han aportado una
amplia y precisa documentación.

En todo caso, no puedo dejar de reiterar que, como expuse ante el Pleno
hace algunas semanas, sigo perplejo ante la insistencia de abrir una vía
de investigación que se superponga a la que realizó en su momento el
Gobierno y a la que de forma rigurosa y minuciosa está desarrollando la
instrucción judicial, apoyada por los medios de investigación propios de
esa jurisdicción y apoyada también por los servicios del Ministerio de
Economía y Hacienda.

Cuando el Gobierno --perdonen mi insistencia sobre este punto, aunque ya
lo he dicho en bastantes ocasiones remite al Fiscal General del Estado,
en julio del pasado año, una denuncia acompañada de una copiosa
documentación, es porque considera suficientemente grave lo que allí ha
sucedido. En base a esa denuncia y a la información facilitada desde el
Ministerio, se abre un amplísimo frente de investigación judicial, que,
dadas sus múltiples facetas, sin ninguna reserva y asumiendo todas las
consecuencias que pudieran desprenderse de dicha investigación, el
Ministerio apoya.

El Gobierno toma esta iniciativa, aunque era consciente del desgaste que
un procedimiento como el que se iniciaba podía suponer y de las
consecuencias, por otra parte ineludibles según mi criterio, de la
decisión de presentar la denuncia. Por ello, creo que estoy legitimado
para solicitar de los grupos parlamentarios cierto sosiego para dejar
avanzar la instrucción judicial y un tratamiento adecuado del asunto a
la altura de los esfuerzos de esclarecimiento hechos por el Gobierno, en
lo que no nos hemos reservado evidentemente ninguna carta.

Las decisiones que ha ido adoptando el Gobierno se correspondían en cada
momento con el grado de información de que disponía, que, como es obvio,
no puede alcanzar ni el mismo nivel ni la misma precisión que una
investigación judicial. Aun así, la investigación administrativa puso
inequívocamente de manifiesto el alcance y la importancia de algunas
irregularidades. Es evidente, por otro lado, que una vez iniciada la
indagación judicial, poco margen de iniciativa le queda al Gobierno.

La nítida actuación del Gobierno para esclarecer los hechos, de cuya
corrección espero que nadie plantee la menor duda, ha servido de pretexto
a algunos grupos parlamentarios para proyectar insidias de grueso calibre
sin ningún fundamento ni prueba, que resultarían pintorescas si no fuese
por su gravedad.

Me permito llamar la atención de esta Comisión sobre el peligro de
consentir y alentar estos comportamientos, que no buscan aclarar las
cosas sino a veces enturbiarlas con motivaciones no siempre justificadas.

Lo digo con todo respeto a la función de las Comisiones de investigación,
pero constatando en este caso que me temo que la investigación
parlamentaria poco tendrá que añadir a la minuciosa investigación
judicial, en la que además están personadas partes cuyas señas políticas
son evidentes. La motivación profunda de algunos de estos grupos
presentes en esta Comisión no creo que sea investigar el caso Intelhorce,
sino utilizarlo para ejercer un acoso político adicional al que
descontábamos que iba a producirse como consecuencia del proceso
judicial.

Por lo que concierne a mis responsabilidades en este conjunto de hechos
que constituyen el caso Intelhorce, responsabilidades que comienzan en
julio de 1993 con mi nombramiento como Ministro de Economía y Hacienda,
pueden agruparse en una doble línea.




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Por un lado, me ha cabido la responsabilidad de culminar las tareas de
investigación sobre los hechos acaecidos durante el último período de
gestión privada de Intelhorce, conocer los resultados y, consultado el
Servicio Jurídico del Estado en el Departamento y la Dirección General
del Servicio Jurídico del Estado, instruir al Director General del
Patrimonio para que presentara la denuncia a la que me he referido
anteriormente. Evidentemente, no estoy al tanto de todos los detalles de
una prolija investigación, pero he sido puntualmente informado por el
Subsecretario y por los órganos competentes en el Departamento y asumo,
como es lógico, la total responsabilidad de la actuación del Departamento
desde la fecha a la que he hecho anteriormente referencia de mi
nombramiento.

Se puede decir con rotundidad que del análisis de la documentación y la
reconstrucción de los hechos no se deducen más responsabilidades que las
penales, de las que ya está entendiendo el juez de instrucción.

La otra línea de trabajo en relación con Intelhorce que se ha llevado a
cabo durante mi ejecutoria como Ministro de Economía y Hacienda reviste
más complejidad, y su explicación requiere que ponga de manifiesto unos
hitos que han determinado el resultado final del proceso. Los detalles
podrán proporcionárselos otros comparecientes en esta Comisión, que
tuvieron incluso una participación personal y directa en algunos de los
mismos.

Aunque para entender el proceso Intelhorce habría que remontarse a la
época de su constitución en los años cincuenta, creo que se puede elegir
una fecha más reciente para contextualizar lo que ha ocurrido en estos
últimos años.

El 18 de febrero de 1982 es el momento en que, por unanimidad, esta
Cámara aprueba una proposición no de ley en la que textualmente se dice
lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que
en el plazo de tres meses adopte las medidas oportunas para la
normalización de la actividad empresarial en la empresa Intelhorce y
permita sentar las bases para su eficaz funcionamiento.» Cierro la cita.

En su momento, el Gobierno da cumplimiento a esta demanda mediante la
asunción por Improasa --empresa cien por cien del Patrimonio-- de la
gestión de GTE-Intelhorce. Esta decisión, adoptada sin duda en un clima
de tensión política y social sobre el problema, permitió abordar
inicialmente una reducción sustancial de la plantilla de la empresa y
sentar las bases, una vez conocidas las claves técnicas y económicas
reales de la sociedad, para analizar su eventual viabilidad a largo
plazo.

No se han escatimado esfuerzos en esta línea de trabajo. Ya desde mi
responsabilidad como Ministro de Economía y Hacienda, y concretamente en
octubre de 1993, se conoce en el Departamento el primer informe Werner,
elaborado por una consultora especializada en la industria textil de la
máxima solvencia técnica, y cuyas conclusiones no pueden ser más
desoladoras. El informe, en ninguna de sus previsiones, aun con las
hipótesis más optimistas, permite situar a la empresa en umbrales de
rentabilidad. Dos nuevos encargos, en los que se analizaba la posibilidad
de una reestructuración y se realizaba una nueva prospectiva sobre la
base de optimizar todas las perspectivas, sirvieron para corroborar la
inviabilidad técnica y económica de Intelhorce.

Este proceso de análisis, que debe, incluso, someterse directamente al
comité de empresa por los técnicos de Werner ya en el proceso de
negociación con los sindicatos y la Junta de Andalucía, se desarrolla
hasta mediados del año 1994, agotando Improasa todas las posibilidades
para encontrar una alternativa técnico-económica que permitiera la
viabilidad de la empresa en el contexto al que me refiero. En otras
palabras, en Intelhorce, en 1994, no se podía, desde un planteamiento
serio, elaborar un plan de viabilidad que nos hubiera permitido solicitar
a la Comisión de la Unión Europea autorización para otorgar ayudas
compatibles con una reestructuración de la sociedad.

En paralelo, la situación económica de la empresa seguía el proceso de
deterioro que era de prever, a pesar de los esfuerzos financieros de
Improasa para mantener la actividad en tanto quedara una mínima
posibilidad de actuación. La acumulación de pérdidas y la situación
contable de la empresa conducen a otro de los hitos que he mencionado.

El 7 de octubre de 1994 los gestores de GTE, con el conocimiento de los
servicios del Ministerio de Economía y Hacienda, presentan en el juzgado
solicitud de suspensión de pagos, que es aceptada a trámite días después.

Como ingrediente adicional que introduce una nueva restricción en el
proceso, la sentencia de 14 de septiembre de 1994 del Tribunal de
Justicia de las Comunidades Europeas considera incompatible con los
tratados comunitarios la parte de la ampliación de capital realizada en
1989 en la empresa en el momento anterior a la venta y,
consiguientemente, obliga a la empresa GTE a reembolsar esta cantidad al
Estado.

El conocimiento de esta sentencia refuerza la necesidad de presentar de
forma inmediata la suspensión de pagos y, por otro lado, certifica la
inviabilidad financiera de GTE, ya que, si desde una óptica
técnico-económica podría ser considerada inviable, la necesidad de
devolver las ayudas convertiría la supervivencia de la empresa en una
quimera.

Vemos, pues, que tras el verano de 1994 una serie de circunstancias
convergen para explicitar con rotundidad que GTE es inviable y, como tal,
sólo cabe su liquidación.

Sentado este principio, transmitido a los trabajadores, a los sindicatos
y a la Junta de Andalucía, se abre un proceso de negociación entre el
Ministerio de Economía y Hacienda e Improasa, por un lado, y la Junta de
Andalucía, con la presencia de las Consejerías de Trabajo e Industria y
los representantes legales de los trabajadores y sindicatos, por otro.

Esta negociación, con la complejidad que es fácil imaginar, se orienta,
en primer lugar, a minimizar el impacto social del cierre de la empresa,
buscando acuerdos con los trabajadores, y a posibilitar que, por los
activos industriales de Intelhorce-GTE en Málaga, pueda asentarse una
actividad industrial viable económicamente, que absorba al menos una
parte de la plantilla.

Con las incidencias lógicas de este tipo de procesos, pero sustentadas
en esfuerzos serios de llegar a acuerdos sobre todas las partes, estas
negociaciones desembocan en



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el acuerdo entre la empresa y los trabajadores de 25 de julio pasado, que
se plasma en una resolución de la Consejería de Trabajo y Asuntos
Sociales de la Junta de Andalucía de 26 de julio por la que se aprueba
la rescisión de los contratos.

Por tanto, en la actualidad, tras un acuerdo de la junta general de
accionistas adoptado a finales de julio de 1995, GTE se encuentra en
liquidación, mientras que la plantilla, tras el cobro de las
indemnizaciones pactadas, ha visto rescindidos sus contratos.

Tenemos noticias, aunque este tema sería competencia de la Junta de
Andalucía, de que se encuentra muy avanzado el proceso de constitución
de un grupo industrial que permitiría que, sobre los activos de
Intelhorce, se sustentase una nueva actividad productiva. Ojalá sea así
y, desde luego, por nuestra parte no regatearemos ningún esfuerzo para
que se pueda poner en marcha dicha nueva actividad.

Hasta aquí una breve descripción de los hechos más importantes acaecidos
en relación con Intelhorce en el período de tiempo en que he dirigido el
Departamento; hechos, por otra parte, que no suponen ninguna novedad,
porque creo que son perfectamente conocidos por todos ustedes.

Sin embargo, me gustaría, para concluir mi primera intervención efectuar
una última reflexión. En diversas comparecencias parlamentarias he
trasladado mis impresiones y una visión, que creo correcta pero
evidentemente subjetiva, sobre diversos aspectos de este asunto. Pero en
el contexto en el que hoy me encuentro el planteamiento es distinto.

Cualquier consideración que efectúe alguien que no fue protagonista de
los hechos debe estar soportada por la documentación disponible, por
nuestra parte la que obra en el Departamento y que ahora está a
disposición de esta Cámara.

Añadir a la información que se deduce de esta documentación apreciaciones
subjetivas, matices u opiniones personales, me parece que puede ser
válido, pero tiene que hacerse con mesura para que no se convierta en
temerario, sobre todo en la medida en que existe un procedimiento
judicial abierto, con personas encarceladas, por lo que yo creo que es
razonable solicitar la máxima prudencia y precaución.

Ahora bien, si la documentación, analizada en su conjunto, pone de
manifiesto hechos que a esta Comisión corresponde valorar, lo que debemos
evitar es que esta Comisión sea un pretexto para sacar de contexto
elementos de esa documentación y promover un cierto linchamiento de
personas que poco o nada tuvieron que ver con el verdadero drama de
Intelhorce. Una sociedad de viabilidad imposible, en la que, a lo largo
del tiempo, se han ensayado múltiples soluciones: la pública, la privada,
todas varias veces, con la colaboración y, si me permiten SS. SS., el
impulso de diversos agentes sociales y políticos, incluida esta Cámara,
y en la que el lamentable resultado final es una empresa liquidada y
actuaciones judiciales con personas en prisión.

Yo creo que hay que dejar actuar a la justicia y sacar las enseñanzas
pertinentes de esta actuación, tanto para el presente como para el
futuro.




El señor PRESIDENTE: Vamos a empezar la primera ronda de intervenciones
de los distintos grupos parlamentarios o comisionados.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, señor Ministro, nosotros no
queríamos que usted viniera, en principio, a la Comisión de investigación
sobre Intelhorce.

Entendemos, en primer lugar, y creo que lo tendrá claro, que el
Parlamento es soberano para crear una comisión de investigación y que
hubo razones más que suficientes, que convencieron a la mayoría de la
Cámara, para que esta Comisión se creara. Por tanto, ese hecho demuestra
la bondad y la necesidad democrática de crear la Comisión de
investigación. Dicho sea esto para matizar sus reiteradas manifestaciones
de que no entiende el objeto ni el sentido de esta Comisión de
investigación. Esta Comisión de investigación ya está teniendo sentido
y objeto, señor Ministro, y estoy completamente convencido de que, a
pesar de los intentos del grupo mayoritario de la Cámara, del Grupo
Socialista, de que la Comisión no ande, no camine, no funcione y no
comparezca en la misma las personas que tienen que hacerlo, conseguiremos
al final un dictamen esclarecedor de los hechos.

Por consiguiente señor Ministro, la Comisión tiene mucho sentido, lo que
sucede es que no debe tenerlo para usted como no pueden tenerlo tantas
otras cosas que en este país están pasando. Pero eso no es
responsabilidad de los grupos que han instado la creación de la Comisión
de investigación. Yo entiendo más bien que es responsabilidad o bien suya
o bien de su Gobierno.

Señor Ministro, los hechos son muy tozudos y aquí no vamos a hablar de
suposiciones. No hay campañas de acoso político, y menos intitucional;
hay un ejercicio democrático de control y de fiscalización de los actos
del Gobierno, y eso es bueno para la democracia y para este país.

Entendíamos que usted no debía venir en una primera fase a esta Comisión
de investigación sobre Intelhorce porque no tuvo participación activa,
que sepamos, en los hechos que sucedieron en 1989. Tiene, sin embargo,
una participación muy activa en los hechos relativos a Intelhorce
producidos después de su nombramiento como Ministro de Economía. A eso
se ha limitado el resumen histórico del caso Intelhorce que S. S. nos ha
hecho, lo cual agradecemos, puesto que adelanta el trabajo de la Comisión
en su tercer objetivo de creación, que es estudiar las causas y
actuaciones que han originado la actual situación de la compañía
Intelhorce. Tomamos nota de sus palabras; cuando lleguemos a esa cuestión
las recordaremos y a lo mejor tiene usted que volver a venir --lo digo
con todos los respetos hacia el resto de los grupos parlamentarios-- si
así se acuerda, para explicar precisamente eso que hoy usted ha
explicado.

En esta Comisión de investigación nos encontramos en el momento procesal
oportuno para hablar del primero de los motivos de su creación, que fue
la privatización de Intelhorce. Yo creo, señor Ministro, que los hechos
son tozudos



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y dejan muy poco hueco a la interpretación. Usted debería intentar
explicar hoy aquí lo que sucede, aunque yo creo que es muy difícil
justificar lo injustificable. En esta Comisión debería también estar
presente el Ministro de Economía, don Carlos Solchaga, que fue el que
tomó la decisión de privatizar Intelhorce en 1989. No está él, pero sí
está, en sumario público, la declaración que Carlos Solchaga ha hecho
ante el Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga. La tenemos aquí y yo
la aporto en este momento a la Comisión para que existan estas
referencias de sus palabras. Por tanto, señor Ministro, el Grupo Popular
le va a plantear unas cuestiones muy concretas, porque hemos debatido
ampliamente en el Pleno el asunto Intelhorce en días y meses pasados.

En junio de 1991, Carlos Solchaga admite, ante el juez de instrucción
número 11 de Málaga, que tuvo conocimiento por los servicios de su
departamento de que los compradores de Intelhorce habían incumplido el
primer plazo del pago del precio de la compraventa. Lo lógico, lo
razonable --entiendo yo--, lo de sentido común, hubiera sido
inmediatamente instar una solución a ese incumplimiento. Pueden ser
varias estas soluciones, pero tienen que determinarse en cascada sobre
la necesidad --y me corregirá el señor Ministro si no comparte mis
opiniones-- de instar la resolución del contrato o, por lo menos, señor
Ministro, ejecutar un aval de 2.000 millones de pesetas que el Gobierno
había obligado a los compradores a depositar para garantizar cobrar el
precio. Eso parece lo razonable, ejecutar el aval en la parte
proporcional al pago que no se hizo, que era de 700 millones de pesetas
en aquel mes de junio de 1991, o instar la resolución del contrato por
incumplimiento del mismo.

El Gobierno presidido por don Felipe González y del que era Ministro don
Carlos Solchaga, no solamente no hace esto --y nos gustaría conocer su
opinión fundada y autorizada--, sino que deja transcurrir los meses y en
diciembre de 1991 rescata el aval que una compañía privada había prestado
a los compradores de Intelhorce ante el Gobierno y obliga, en nuestro
criterio y en nuestra opinión, a un banco público, al Banco Exterior de
España, a avalar la operación de compra, de tal manera que hoy estamos
en condiciones de aportar a la Comisión de Investigación de Intelhorce
una póliza de préstamo, firmada por el Banco Exterior de España, por los
compradores de Intelhorce, las sociedades Benorbe y Benservice, y avalada
y afianzada por la propia empresa Intelhorce.

El Banco Exterior de España, para garantizarse de los compradores de
Intelhorce el cobro de dicho aval, pignora un depósito en letras del
Tesoro --creo que por un importe de 1.900 millones de pesetas-- que
provenían, señor Ministro, de la ampliación de capital, parte de los
5.869 millones de pesetas que en su momento el Gobierno dio a los
compradores porque se establecía como una de las cláusulas del contrato
de compraventa. En mi opinión, esta circunstancia es completamente
esclarecedora del proceso de privatización de Intelhorce que se hizo en
1989. Se ha hablado mucho de este proceso, señor Ministro, pero no se
explica y no se puede explicar --porque no se puede justificar lo
injustificable-- que se pueda vender una empresa cuyo patrimonio neto es
de 18.000 millones de pesetas por 2.000 millones. Se dice que su
actividad económica acumula pérdidas de 2.000 millones de pesetas anuales
y que, por tanto, su valoración sería negativa. Yo pregunto: ¿estaba
Intelhorce en 1989 en los supuestos de disolución que la ley contempla?
No obstante, el Gobierno vende una empresa de 18.000 millones de pesetas
por 2.000 millones, a pesar de que su valoración podía ser negativa y
podía encontrarse en algún supuesto de disolución. La vende por 2.000
millones de pesetas, pero aporta 5.869 millones. Se lo dije, señor
Ministro en una ocasión en el Pleno, yo no entiendo muy bien este tema,
pero no solamente yo no lo entiendo, no lo entiende la Comisión Europea,
que condena al Gobierno por estas y otras actuaciones; sobre eso
hablaremos después. Este es el único Gobierno que puede dar duros a
cuatro pesetas, y eso, repito, no se entiende muy bien.

Este proceso, señor Ministro, está plagado de irregularidades. Pero no
son observaciones, intuiciones o planteamientos que se puedan calificar
de insidiosos, es que los documentos hablan por sí solos. ¿Mantendrá el
señor Ministro hoy en esta Comisión de investigación lo que mantuvo en
el Pleno en el sentido de que el proceso de privatización de Intelhorce
fue un proceso formalmente correcto puesto que tenía todos los informes
preceptivos favorables? Me refiero --y lo sabe muy bien el señor
Ministro-- al informe de los Servicios Jurídicos del Estado, que
advertían del riesgo de llevar a fin la operación que se pretendía por
vulnerar el Tratado de Roma en su artículo 93.3, que indica una cosa muy
sencilla, simplemente es una cuestión de procedimiento: que las ayudas
han de ser comunicadas previamente. Pero ocurre que las leyes
comunitarias tienen mala prensa en España y la gente no está muy enterada
--y perdone la vulgaridad de mis expresiones en este sentido-- de qué
significa eso. Incluso desde el punto de vista del debate político, puede
someterse a interpretación.

Por tanto, en relación con este punto, yo le voy a preguntar: ¿Conoce el
señor Ministro el Real Decreto del Gobierno de 23 de diciembre de 1987
en el que se desarrolla esa disposición comunitaria? ¿Sigue afirmando el
señor Ministro que el Gobierno actuó correctamente y se vendió Intelhorce
con los informes correctos? ¿Seguirá diciéndolo después de conocer este
Real Decreto, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el 22 de enero
de 1988 --un año antes de la privatización de Intelhorce--, y en el que
se establece, paso por paso, lo que las administraciones públicas tienen
que hacer para cumplir ese apartado 93.3 del Tratado de Roma, relativo
a una cuestión de procedimiento, no de fondo, y que consiste en comunicar
a la Comisión Europea o pedir autorización --según se mire-- para
conceder o no ayudas o modificar las ya dadas?
El señor Ministro ha afirmado también en el Pleno que no existía un
expediente comunitario previo a la venta de Intelhorce. Sin embargo,
sabemos que, por carta de fecha 4 de abril de 1989, se le comunica al
Gobierno de España que se ha iniciado ese expediente ante una denuncia
formulada por el Reino Unido y la República Federal de Alemania.




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El 4 de agosto de 1989, el Director General del Patrimonio del Estado de
entonces remite una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores, Secretaría
para las Comunidades Europeas, pidiéndole que informe a la Comisión
Europea --cuando ya se ha hecho la venta-- de lo que se está haciendo y
de lo que el Gobierno pretende hacer en el caso de Intelhorce.

El Real Decreto de 23 de diciembre de 1987, de forma meridiana, ágil y
prudente, incorpora al ordenamiento jurídico español las disposiciones
comunitarias. Yo no encuentro que nadie haya advertido del incumplimiento
de este Real Decreto, que es Ley y que fue dictado por el propio
Gobierno. Precisamente por no haber cumplido esto la Comisión Europea nos
condena en su momento y el Tribunal Superior de Luxemburgo después
confirma la sentencia. Este proceso, señor Ministro, será cuestión de
otra comisión para investigar y desenmarañar todo el cúmulo de
correspondencia y de despropósitos que el Gobierno de España tiene con
relación a Intelhorce y otras empresas como, por ejemplo, Imepiel e
Hytasa con relación a este caso.

Volvemos a junio de 1991. Parece lógico que si no se cumple el primer
plazo del contrato, se rescate el mismo o se ejecute el aval. ¿Podría
explicar el señor Ministro a la Comisión por qué permite el Gobierno y
acepta la Dirección General de Patrimonio de entonces o el Ministerio de
Economía de entonces, el aval del Banco Exterior, pignorado con fondos
públicos? Queremos que, en primer lugar, el señor Ministro responda a
esta cuestión.

En nuestra opinión, la privatización de Intelhorce, señor Ministro, es
una chapuza, algo mal hecho o como llegó a decir una vez el Director
General de Patrimonio actual, que se habían cometido un cúmulo de
errores. Si una persona que está al frente de un departamento es capaz
de admitir, en reunión casi pública, puesto que estábamos todos los
interesados en la cuestión de Intelhorce, que se habían cometido errores,
entiendo lógico que el señor Ministro pueda decir exactamente lo mismo
y deje a la Comisión que trabaje e investigue sobre el fondo de la
cuestión para ver si no solamente se han cometido errores, sino si,
además, hay irregularidades en el proceso y si, en el futuro, este
Parlamento debe legislar, señor Ministro, para que no se vuelvan a
cometer esas irregularidades.

¿Explicará el señor Ministro por qué la Intervención General del Estado,
en informe previo al Acuerdo del Consejo de Ministros, advierte de las
circunstancias económicas, difíciles de mantener, sobre las que se
sustentaba el proyecto de venta?
¿Explicará también el señor Ministro, si lo tiene a bien, por qué en 1994
la Intervención General del Estado, después de hacer una auditoría, deja
sentado y de manifiesto que no se comprobó la veracidad ni la solvencia
de los compradores, que no actuó correctamente la Dirección General de
Transacciones Exteriores porque se trataba de empresas extranjeras
participadas por sociedades extranjeras, incluso, señor Ministro,
domiciliadas en Gibraltar?
¿Explicará el señor Ministro a la Comisión Intelhorce por qué tarda tanto
el Gobierno en presentar la denuncia ante el Fiscal --la presenta en el
año 1994--, si ya en 1992, cuando Improasa, cumpliendo el mandato del
Parlamento, se hace cargo de la empresa, conocía, por auditoría de
Deloitte y Touche, las irregularidades cometidas en Intelhorce por los
gestores privados?
¿Explicará, finalmente, el señor Ministro por qué, en la denuncia que
Patrimonio del Estado presenta ante el Fiscal, se omite todo tipo de
documentación, como por ejemplo los informes de los Servicios Jurídicos
del Estado, los informes de la Intervención General del Estado, el
informe-auditoría de la Intervención General del Estado de abril de 1994?
Creo, señor Ministro, y termino con esto, señor Presidente, que no ha
venido usted aquí más que a tapar la responsabilidad a su antecesor en
el cargo, don Carlos Solchaga. Nosotros, señor Presidente, entendemos que
hemos presentado hoy, ante el señor Ministro de Economía de este país y
ante la Comisión de Investigación de Intelhorce, un documento de una
gravedad extraordinaria. Por tanto, en este momento solicitaríamos, señor
Presidente, la reunión extraordinaria, cuando S. S. lo estime oportuno,
de la Comisión de Intelhorce para citar urgentemente a los apoderados del
Banco Exterior de España que firmaron dicha póliza, a los representantes
de la empresa Intelhorce que firmaron también dicha póliza y, por
supuesto, al anterior Ministro de Economía, don Carlos Solchaga, y al
Director General de Patrimonio del Estado de entonces que autorizaron y
admitieron dicho aval realizado con fondos públicos.




El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Ministro, solicito
al señor Izquierdo que, cuando lo crea oportuno, entregue a esta
Presidencia esta documentación, que obviamente será reproducida y
repartida a todos los señores y señoras comisionados.

En segundo lugar, respecto de las nuevas comparecencias que usted anuncia
--la del señor Solchaga está formalizada--, solicito que se formalicen
también oficialmente. Anuncio al señor Izquierdo y a los señores y
señoras comisionados que, como tenemos prevista esta sesión y la del
próximo lunes para comparecencias, a lo largo de la próxima semana
celebraremos una nueva reunión para tratar no sólo sobre las
comparecencias nuevas y antiguas y su vehiculización, sino también sobre
la documentación que vaya llegando a esta Comisión. El señor Letrado
tiene ya instrucciones para que, cuando llegue, sea facilitada de manera
inmediata a los señores y señoras comisionados. Por tanto, esta reunión
que usted solicita tendrá lugar en la próxima semana y tendremos un
cambio de impresiones en el descanso sobre qué día les parece oportuna
la misma y la convocaríamos. (El señor Sáenz Lorenzo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Señor Sáenz Lorenzo?



El señor SAENZ LORENZO: El señor representante del Grupo Popular ha hecho
mención en su intervención a un documento que nosotros solicitamos, son
las declaraciones realizadas ante el juez --ha hecho alusión a las
declaraciones del señor Solchaga--, y no tenemos noticia de



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que ese documento haya figurado entre aquellos de que dispone esta
Comisión. Comenzar las comparecencias antes de que lleguen los documentos
tiene estas desventajas. Hay grupos que tienen documentación y otros que
no disponen de ella; desde luego, nos parece muy negativo que un grupo
disponga de una documentación de la que carecemos los demás grupos
habiéndola solicitado. Nos gustaría saber si vamos a disponer de esa
documentación, en qué momento será y si se pueden utilizar datos de los
que no dispone oficialmente la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, efectivamente, uno de los
documentos respecto al que el señor Izquierdo ha anunciado que haría
entrega a esta Presidencia tiene que ver con solicitudes del Grupo
Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán a esta
Comisión, que fueron aprobadas por unanimidad y trasladadas de manera
inmediata al señor Presidente de la Cámara. Me consta que éste, en caso
concreto, el relativo a lo tratado por el juez que lleva el caso, fue
trasladado rápidamente al señor Presidente del Tribunal Supremo, de
acuerdo con las normativas entre instituciones.

Esta solicitud de documentación no ha producido efectos en el día de hoy,
en el sentido de que no nos ha sido facilitada por el señor juez, a
través del Presidente del Tribunal Supremo, lo cual no quiere decir que
nos haya sido negada; simplemente, no hemos tenido conocimiento de la
respuesta ni en positivo ni en negativo, pero, reitero, me consta que el
señor Presidente de la Cámara lo trasladó de manera inmediata al señor
Presidente del Tribunal Supremo.

Respecto de esa parcial documentación del señor Izquierdo relativa al
sumario, él mismo ya ha anunciado que la haría llegar a todos los grupos
a través de la Presidencia, y seguro que lo hará en el transcurso de esta
misma mañana.

Vamos a continuar. Señor Ministro, cuando usted quiera.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Evidentemente,
señor Izquierdo, el Parlamento es soberano para tomar las decisiones que
estime oportunas y convocar las comisiones que estime procedente, pero
eso no modifica un ápice lo que he dicho. Yo he dicho que hay un
procedimiento judicial en marcha y que es muy arriesgado hacer
afirmaciones cuando ese procedimiento judicial está en marcha, sobre todo
si no corresponden a los hechos. Posteriormente haré alguna referencia
a ese punto.

¿La Comisión puede tener sentido? Naturalmente que puede tener sentido.

Lo que yo planteo es que tiene que ser cuidadosa con el sentido de lo que
pide. Hay que ser cuidadoso porque yo creo que aquí no se viene a
investigar, las decisiones ya están predeterminadas, y como muestra basta
un botón: sus declaraciones de ayer. Tengo aquí el télex citando
entrecomillado lo que dice textualmente: Izquierdo está convencido de que
la comparecencia del Ministro no servirá de nada, puesto que sólo
intentará (y le citan a usted entrecomillado) exculpar a su Gobierno del
escándalo y hacer el paripé. Y luego añade: en lugar de reconocer que fue
una privatización escandalosa, con pérdida de miles de millones de
pesetas.

Que yo sepa, eso no está probado. Por tanto, conviene llevar mucho
cuidado con las afirmaciones que se hacen. Yo ya sé que a S. S. y a su
Grupo les gusta mucho ese modelo de crear un ambiente público que luego
condicione la definición de la Justicia. (El señor Guerra Zunzunegui:
Protesto.) Pero yo creo que la doctrina Cascos hay que aplicarla de otra
forma; desde luego, no la comparto en absoluto.

A partir de ahí, S. S. realiza afirmaciones --las ha realizado hoy y
ayer-- que creo que deben ser matizadas. Usted dice que la Dirección
General del Patrimonio acepta que se cometen errores y, a continuación,
dice que además hay que ver si se cometen irregularidades. Estamos de
acuerdo, y me gustaría que eso sirviera para toda nuestra actuación.

Su señoría hizo ayer una afirmación, que también me gustaría traer a esta
Comisión. Dice que el Diputado popular criticó que ambas formaciones
políticas (Convergència i Unió y el Partido Socialista) se niegan a que
declaren ante la Comisión las personas directamente implicadas en el
escándalo, como el empresario italiano Giovanni Orefici, Solchaga, Moreno
García o los directores generales del Patrimonio del Estado, y le
entrecomillan a usted «imputados en el proceso judicial de gravísimos
delitos». Me gustaría que S. S. confirmara o corrigiera esas
afirmaciones. Usted sabe que son radicalmente falsas. No es cierto que
el señor Orefici, que el señor Solchaga, que el señor Moreno García y que
los directores generales del Patrimonio estén imputados en el proceso
judicial por gravísimos delitos. Por lo tanto, vayamos a los hechos.

Es cierto que el señor Orefici tiene un problema muy grave y que el señor
Moreno García está en la cárcel, pero no el señor Solchaga, ni todos los
directores generales del Patrimonio del Estado. Si queremos hacer las
cosas bien, digamos lo que es cierto y lo que no lo es. Sólo así podremos
hablar de lo que realmente estamos planteando. Porque, en mi opinión, ésa
es la única finalidad de esta Comisión: conocer la verdad. Siempre y
cuando quieran SS. SS. conocer la verdad, tendrán todo nuestro apoyo y
toda nuestra información. Estoy de acuerdo con que el ejercicio
democrático y de control del Gobierno es bueno, pero si se hace contando
con los hechos reales.

A partir de ahí voy a hacer algunos comentarios a las preguntas que S.

S. plantea en función de la información de que dispongo. En primer lugar,
le preocupa a S. S., porque en su momento, en 1991, no se resuelve el
contrato, o no se ejecuta el aval con los compradores. Este tema, como
todos los que ha planteado, le conozco de referencia por la información
disponible. Pero si he entendido bien lo que sucedió en ese momento,
había dos hechos. Primero, por qué no se resuelve el contrato. Por la
misma razón que no se ha resuelto el contrato tantas veces en los
problemas de Intelhorce, porque generaría un problema social inasumible
y ello nos llevaría al hundimiento de la empresa. ¿Por qué no se ejecuta
el aval? El señor Solchaga lo explicó en su momento en el Congreso, y
dijo de forma muy clara que



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la ejecución del aval tendría el mismo efecto que la resolución del
contrato. Por eso se hace la ejecución del aval algún tiempo después,
cuando se conoce ya que no hay ninguna salida posible sobre este tema.

A partir de ahí S. S. hace unas afirmaciones que ya las hemos discutido
y ya he dicho que no son correctas; no digo que sean falsas, digo que no
son correctas, y es el procedimiento de la Comisión de la Unión Europea.

¿Es legalmente obligatorio que se comuniquen las ayudas previamente a su
aceptación? Sí, de acuerdo con el Tratado de Roma. En segundo lugar, es
bastante normal que eso no se produzca, en la medida en que determinadas
operaciones no pueden ser comunicadas previamente. Podemos poner muchos
ejemplos en nuestro país y también en otros. Ello es consecuencia de un
hecho muy normal. Cierto tipo de operaciones que se ponen en marcha en
una negociación compleja, si se comunican previamente y la Comisión
espera a tomar la decisión durante meses sobre si al final la aportación
financiera es correcta o no, harían que la operación fuese imposible.

Tiene usted, por ejemplo, el caso de Seat encima de la mesa, pero
podríamos poner muchos otros que a S. S. le podrían clarificar este caso.

Es cierto que se corre un riesgo, y es que al final la Comisión declare
incompatibles las ayudas. Es verdad que en este caso las declaró
incompatibles. No así en el caso de Hytasa, al que S. S. ha hecho
referencia, y tampoco se han declarado incompatibles todas las
ampliaciones de capital, en el caso de Intelhorce. Sólo la del año 1989
se declara incompatible, pero no las anteriores, que tienen el mismo
procedimiento. Por lo tanto, no es un problema de procedimiento, sino un
problema más de fondo. Mantengo lo que dije en el Pleno de que el
procedimiento era correcto. Lo es en este sentido que le he comentado
ahora, como también lo señalé en su día.

Respecto al problema de los informes de la Intervención General del
Estado y del servicio jurídico, ya hemos tenido ocasión de hablar
anteriormente. Es cierto que en ambos informes hay algunas reservas, como
en cualquier informe de la Intervención General o del servicio jurídico
en el que plantea los pros y los contras de distintas alternativas. Es
cierto que en ambos informes al final optan, porque es una decisión de
tipo político, porque es una decisión posible y factible, tanto en
términos de intervención como en términos de los servicios jurídicos del
Estado.

A S. S. le preocupa el problema de la venta de una empresa de 18.000
millones de pesetas por 2.000 millones en valor patrimonial. Es el mejor
precio que se encuentra en aquel momento, ya que no hay compradores que
ofrezcan precios superiores. Comprendo que se podían haber solicitado
mayores precios, pero en esas condiciones no se hubiera vendido la
empresa. Este y muchos otros temas se los podrán contar, con todo lujo
de detalles, lo mismo que el de la Intervención General o del servicio
jurídico, los propios responsables que en su día hicieron los informes,
y, que yo sepa, están convocados en esta Comisión y podrán comentar los
distintos puntos.

¿Que hay un comportamiento irregular en el caso de Improsa que hace que
la decisión final sea equivocada en cuanto a la capacidad y a la garantía
de los compradores finales? Sin duda. Es la razón por la que el señor
Moreno está en la cárcel. Eso no lo hemos discutido. Nos parece que hay
una actuación claramente irregular. ¿Por qué no se actúa antes? En 1992
Improasa se hace cargo del tema y pone en marcha el conocimiento de los
distintos aspectos. Se hace la auditoría de Deloitte-Touche, y es a
principios de 1993 cuando se encarga al servicio jurídico por mi
predecesor, el señor Solchaga, lo cual, por otra parte, se compagina
bastante mal con responsabilidades del señor Solchaga, ya que es él quien
inicia la investigación, con un análisis del servicio jurídico, que nos
lleva a tomar las decisiones en los años 1993 y 1994. No son problemas
de procedimiento, son los hechos normales, los tiempos normales. Ese ha
sido el comportamiento del Ministerio, intentando clarificar todos los
temas.

No sé si decirle que su afirmación aquí es falsa o es incorrecta, por lo
menos tengo que decirle que es incorrecta, cuando afirma que la Dirección
General del Patrimonio tapa las responsabilidades del Gobierno no
remitiendo la documentación. Eso no es correcto. Se remite al juez toda
la documentación adicional que se nos va solicitando. Existe una
cooperación con el juez hasta el final, lo mismo que la hay con esta
Cámara, donde se ha remitido una cantidad ingente de documentación,
porque lo que no se puede hacer es analizar este problema desde una
visión parcial, sin contar con todos los elementos del problema.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Centella Gómez.




El señor CENTELLA GOMEZ: Señor Ministro, como sabe, a pesar de que parece
no querer enterarse, el objeto de esta Comisión es delimitar la
existencia de posibles responsabilidades políticas, que hayan podido
existir en el proceso de privatización de la empresa Intelhorce, después
General Textil de España. Por tanto, no tiene nada que ver nuestro
trabajo con el proceso judicial.

Dentro de estas responsabilidades políticas, ocupa un lugar preferente
las que asume el Consejo de Ministros cuando decide en 1989, con una
serie de informes cuando menos contradictorios y con pocos datos
contrastados, la venta de la citada empresa Intelhorce.

Una vez leída la documentación, resulta difícil imaginar que haya habido
razones lógicas que puedan justificar que el máximo órgano de gobierno
ejecutivo de este país tome una decisión, sin tener en cuenta los reparos
y riesgos de los informes de la Intervención General del Estado y de los
servicios jurídicos del Estado. En efecto, cuando se toma la decisión,
tal y como se señala en el citado informe jurídico, corresponde tomar en
consideración y ponderar el riesgo que supone la circunstancia de
modificar el orden de procedimiento previsto en el artículo 93.3, al que
antes se ha hecho referencia, del Tratado de Adhesión a la Comunidad
Económica Europea, en cuanto a la comunicación previa a la Comisión del
Régimen de Ayuda del Estado, representado por la ampliación de capital
previo a la venta, con las consecuencias que pudieran derivarse de
acuerdo con las previsiones del propio Tratado.




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Como usted acaba de afirmar, el Gobierno asumió un riesgo y, por tanto,
también debe asumir sus consecuencias, y las consecuencias que hoy nadie
puede discutir son cientos de empleos perdidos y miles de millones
volatizados. Estas responsabilidades políticas las debe asumir alguien,
por lo que el Gobierno debe empezar asumiendo la responsabilidad política
de la desastrosa operación de venta. Lo que ya no tenemos claro son las
razones que llevaron a tomar tal decisión, y también de estas razones se
pueden derivar otro tipo de responsabilidades políticas, porque lo que
es sorprendente, y usted debe explicarnos, es cómo el Gobierno de la
nación toma acuerdos con tanta ligereza. Nosotros no encontramos
explicación benévola a cuestiones tales como qué medios utilizó el
Gobierno para comprobar la solvencia de las empresas Benorbe y Benservice
antes de aprobar la venta. Con todas las dudas que se planteaban en los
informes jurídicos, y que hacen que la decisión sea más, como se ha
repetido aquí, de tipo político que por razones técnicas, y que además
se haga con muy pocas garantías de futuro, ¿por qué cuando surgió el
primer incumplimiento no se reforzaron los informes sobre la solvencia
de la empresa compradora, sino que al contrario, se siguen entregando
hasta varios miles de millones más, una vez ya comprobado que no se hacía
frente a ese primer pago? De esta manera, a pesar de los incumplimientos
de los compromisos, el Gobierno vuelve a ratificar su confianza en el
aval depositado. Yo creo que usted debe decirnos --si tiene ese dato--
cuánto dinero desembolsaron directamente de su bolsillo, para hablar en
un lenguaje coloquial, los dueños de Benorbe y Benservice en la compra
de Intelhorce.

Pero realmente lo que nosotros encontramos --y me estoy refiriendo a las
responsabilidades del Gobierno-- más grotesco de todo este proceso es
cómo la Administración de este país acepta, sin más comprobación, la
relación de Orefici con la empresa italiana Benetton; relación que para
el señor Alcaide de la Rosa, Director General de Patrimonio, estaba
fehacientemente argumentada. ¿Dónde estaba argumentada? ¿Cuándo? Señor
Ministro, no creo que usted se pueda imaginar cómo se puede vender una
empresa pública, por ejemplo de automóviles, sin comprobar que la oferta
viene realmente de Volkswagen o de cualquier otra empresa de automóviles.

¿Cómo se puede actuar con tanta ligereza desde el Gobierno de esta
nación? Yo quisiera saber cómo comprobó el Gobierno el respaldo de
Benetton al empresario italiano Orefici.

El señor Solchaga declara --y está por escrito-- que no pudo leer el
informe de la solvencia de la empresa en España, porque estaba redactado
en italiano. Quisiera preguntar al señor Ministro si cree que el Gobierno
de España no tiene medios para traducir un informe que es clave para la
venta de Intelhorce. Yo creo que esto debe aclararlo el señor Ministro,
porque con su respuesta nosotros y todos los españoles empezaremos a
conocer cómo se toman las decisiones en los Consejos de Ministros de este
país.

A mí me cuesta mucho trabajo creer que nadie pueda pensar que a un
Ministro de la talla política del señor Solchaga se le pueda acabar
engañando como a un enano, como parece ser que así ha sido. En este
sentido, nuestro refranero es muy rico y puede definir muy bien lo que
ha pasado, y es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tenga
presente que no estamos ante una simple anécdota, porque la relación de
Benetton con Orefici es la que predetermina el plan de viabilidad y la
que sustenta al final que los informes puedan tener algo de solvencia de
los compradores.

Nosotros creemos que al Gobierno le quemaba esa empresa y que tenía que
venderla al primer indocumentado que apareciese, salvo que puedan
aparecer otros intereses que, hoy por hoy, están ocultos. Pero la primera
interpretación es, a nuestro modo de ver, por lo menos la más benévola.

Nosotros creemos que de una manera u otra, estamos ante una privatización
que fue chapucera y que podía ser una de las más escandalosas de la
historia si luego no se hubiesen conocido otros ejemplos de
privatizaciones que, con toda seguridad, han superado el escándalo de la
empresa Intelhorce.

Es inexplicable cómo puede pasar una empresa pública a manos de un
empresario que era evidentemente insolvente a raíz de un informe falso
de Improasa, hablando de que Benetton estaba detrás, sin que el Gobierno
de la nación, que es el que tiene que tomar la decisión y el que asume
la decisión política, compruebe nada de esto. Señor Ministro, quien asume
la responsabilidad política de este informe es el Consejo de Ministros.

¿Señor Ministro, en estos momentos quién puede asumir la responsabilidad
ante Málaga, ante Andalucía de los cientos de trabajos perdidos? El
informe, al que antes ha hecho referencia, es un documento importante
para la Dirección General de Patrimonio, ya que garantizaba la viabilidad
de la propia empresa. Por tanto, es increíble pensar que el Gobierno de
esta nación no pueda tener contactos en Italia para comprobar que
Benetton no estaba detrás de esta operación, cuando eso era algo evidente
y que podía saber cualquier empresario medio italiano.

En definitiva, para no alargarme más y que usted pase a contestar las
preguntas que le he podido formular, usted ha afirmado, una y otra vez,
que esto ha sido una decisión política. Ya que estamos hablando de
responsabilidades políticas, me gustaría saber quién asume, en
definitiva, la responsabilidad de que ninguna de las condiciones se
cumpliesen y de que la privatización fuese un fracaso, porque no creo que
a estas alturas usted pueda decir que la privatización fue un éxito; ha
sido un fracaso que ha pagado la sociedad malagueña y alguien tiene que
asumir las responsabilidades políticas, porque las penales, como ya hemos
dicho, ya se encargarán de concretarlas los jueces.




El señor PRESIDENTE: ¿Las manifestaciones relativas al señor Solchaga son
públicas de los medios de comunicación o son ante el señor juez?



El señor CENTELLA GOMEZ: Son ante el señor juez.




El señor PRESIDENTE: ¿Podría usted aportarlas a la Comisión?



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El señor CENTELLA GOMEZ: No las puedo aportar ahora, pero sí en su
momento. No he tenido acceso directo al sumario, pero sí indirecto.




El señor PRESIDENTE: Ya me explicará cómo se hace el acceso indirecto a
un sumario, señor Centella. De momento, vamos a dar la palabra al señor
Ministro de Economía.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Es evidente que
aquí estamos hablando de responsabilidades políticas y no de
responsabilidades penales, pero no cabe duda de que la interrelación
entre ambos procedimientos no siempre queda clara. En lo que he insistido
anteriormente en mi intervención es en que hay que ser muy cuidadoso para
no generar expectativas ni problemas que nada tienen que ver con lo
penal. A partir de ahí, S. S. plantea nuevamente el problema de la
decisión del Consejo de Ministros en base a los informes existentes en
aquel momento y, sobre todo, en el caso de Bruselas, la autorización de
las ayudas «a posteriori» o no. En primer lugar, los informes, tanto de
la Intervención como del servicio jurídico, como decía antes (en el caso
del servicio jurídico se dice de forma clara que el servicio jurídico
podría compartir el punto de vista que el Gobierno finalmente decide),
ponen de relieve que eso tiene unos riesgos, como tantas veces las
decisiones que adoptamos. Tenemos que elegir entre un riesgo mayor o
menor, y al final optamos por aquel que creemos que es más correcto.

Por lo que se refiere al problema de la comunicación de las ayudas
previamente, al que ha hecho referencia, tenemos casos en la prensa todos
los días de ayudas comunicadas «a posteriori». Siendo un incumplimiento
del procedimiento, no es el elemento fundamental y sí es un tema que se
tiene que valorar, porque es cierto también que la Comisión en Bruselas
valora de forma negativa los procedimientos que se inician por
comunicación «a posteriori». Es más difícil, pero muchas veces no hay más
remedio que actuar así por la propia fuerza de las cosas.

A partir de ahí S. S. plantea un punto que a mí sí me gustaría comentar.

Da la impresión de que el Gobierno es responsable de haber hundido GTE
y de que desaparezcan ciertos empleos en Málaga. Hay que conocer la
realidad tal como es. Aquí tengo una lista, por ejemplo, de las
magnitudes financieras de Intelhorce GTE desde el año 1980. Desde el año
1980 hasta el año 1994, Intelhorce GTE ha tenido una facturación de
84.750 millones de pesetas. Los resultados netos de explotación en ese
mismo período han sido de unos menos 30.000 millones de pesetas, es
decir, cubría dos tercios de su facturación. Si a ello le añade usted los
problemas financieros, los resultados extraordinarios, etcétera, nos da
unas pérdidas totales de 60.000 millones de pesetas entre el año 1990 y
el año 1994; problemas a los que ha hecho frente el Gobierno y ha venido
aportando la financiación necesaria para que se mantuvieran los empleos
en Málaga. Exactamente la posición contraria a la que S. S. mantiene.

Nuestro esfuerzo ha ido exactamente en la dirección contraria. A veces
SS. SS. plantean algo que yo entiendo, visto desde fuera: ¿Por qué no
ejecuta usted el aval? No ejecutamos el aval, evidentemente, porque la
empresa se hubiese hundido. Esa es la realidad. Tendría que haber vuelto
al Estado y hacerse pública al cien por cien la empresa, cosa que al
final tenemos que plantear, previo el intento de que la empresa salga
adelante.

No hay que olvidar la historia de la empresa: nace mal en 1957; se
privatiza en 1972; hay que volver a hacerla pública en el año 1980; desde
el año 1980 se están inyectando fondos, se vuelve a privatizar y se
intenta que juegue en el mercado. Su señoría debe saber que lo que no nos
hubiera permitido Bruselas es seguir con ayudas permanentes a un empresa
pública. De ahí la importancia de que fuese privada, porque,
evidentemente, en estas condiciones no hubiera seguido adelante.

Yo diría que el planteamiento del Gobierno ha sido exactamente el
contrario. Ha hecho todos los esfuerzos, llegando incluso a límites que
rayan el forzar la interpretación de la norma para mantener los empleos
y la actividad en Málaga. Desde luego, lo que no puedo aceptar es que las
decisiones se adoptan precisamente para que la actividad desaparezca. La
actividad sólo desaparece, desgraciadamente, cuando, después de la
sentencia del Tribunal de Justicia, se ve que es absolutamente imposible
continuar. Es más, esa desaparición de la actividad implica una nueva
aportación de préstamos por parte de Improasa para resolver los problemas
de los trabajadores e implica un esfuerzo adicional por parte del
Gobierno para intentar saber si todavía se puede hacer algo con los
activos y generar empleos y nueva actividad.

En consecuencia, me parece absolutamente injusto y no corresponde en
absoluto a la realidad que el comportamiento del Gobierno haya sido el
intento de cierre de la empresa. Ha sido exactamente el contrario,
asumiendo riesgos a veces difíciles, como estamos viendo en la discusión
que hoy mantenemos.

Su señoría tiene derecho a plantearse algo que es verdad, que todos los
que accedemos por primera vez a este dossier nos preguntamos: ¿cómo no
se comprueba en profundidad la seriedad de las empresa Benorbe
Benservice? El Gobierno sí lo hace, a través de una empresa propiedad del
Gobierno, y presupone que esa empresa que es propiedad del Gobierno le
va a dar una información correcta. Lo que en esos momentos el Gobierno
no conoce --sino muy «a posteriori»-- es que el presidente de esa empresa
actúa de forma absolutamente incorrecta, tan incorrecta que el señor
Moreno acaba en la cárcel.

¿El Gobierno tendría que haber confirmado por otras vías lo que Improasa
le pide? No parece muy razonable, porque, por esa regla de tres, cada
informe hay que contrastarlo con un nuevo informe y éste a su vez con
otro. En principio, se presupone que el comportamiento iba a ser
correcto.

Es evidente que hay otros problemas. El portavoz del Grupo Popular ha
hecho referencia a unos documentos que él dice que va a aportar y que hoy
hemos visto citados en prensa. Lo que me parece relevante de lo que hoy
aparece en prensa no es la póliza de préstamo del Banco Exterior, que
además cubre una parte muy pequeña del total del



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aval. Sí me parece muy relevante --me imagino que habrá tiempo de
discutirlo con la gente que ha estado más directamente en el tema--, de
lo poco que conozco y de lo que he leído hoy en prensa, es que también
el consejero de la empresa Fianzas y Créditos ha acabado en la cárcel
como consecuencia de la investigación que el juez está realizando.

Son tramas que están aclarándose --no lo olvidemos-- como consecuencia
de la iniciativa que el Gobierno plantea ante los jueces. Iniciativa que,
vuelvo a recordar, es cierto que se pone en marcha formalmente en mi
época como Ministro de Economía y Hacienda, pero la investigación se
inició en la época del señor Solchaga. Son aspectos importantes para
saber cuál es el intento de cada uno por clarificar las cosas.

A partir de ahí, el problema de la quiebra de la empresa --que, como he
comentado, hemos forzado--, el problema de responsabilidad política del
Consejo de Ministros. Evidentemente, siempre hay la responsabilidad
política final del Consejo de Ministros, que es quien toma la decisión
con los datos disponibles en aquellos momentos creyendo que puede ser la
más correcta. ¿Que como consecuencia de errores y engaños hoy, equis años
más tarde, se ve muy claro que aquella decisión pudo no ser la óptima?
Es posible. Es una decisión hoy muy fácil de adoptar; con los datos
disponibles en aquel momento, bastante más difícil.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el diputado señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Ante todo, quiero agradecer también la
presencia del señor Ministro de Economía y Hacienda y del señor
Subsecretario a esta Comisión.

Me gustaría empezar por aclarar algunos aspectos que ha insinuado el
señor Ministro. Estoy de acuerdo en que el objeto, a veces, de las
comisiones de investigación y de algunas comparecencias puede ser la
utilización partidista de algunos grupos parlamentarios. Es posible que
sea verdad. No hay que ser ingenuos. Indudablemente, esto es una
representación parlamentaria con unos intereses políticos. Habrá algunos
que quieran utilizarlo partidistamente y habrá otros que quieran de
alguna forma interrumpir o retrasar el proceso de investigación. Yo le
puedo decir que ninguna de esas dos actitudes ha movido a mi Grupo
Parlamentario. Nuestro Grupo se acerca a este problema con motivo de la
creación de la Comisión. Como usted conoce, no hemos tenido participación
en los debates parlamentarios sobre este problema y venimos con una idea
clara y determinante de investigar, de saber la verdad de todo el proceso
y sacar las conclusiones que de él se puedan derivar desde el punto de
vista político, sin ninguna instrumentalización del mismo.

Somos partidarios de que los comparecientes vengan exclusivamente a
aclarar algunos puntos y que en ningún caso, por lo menos desde nuestro
punto de vista, sean prejuzgados o se sientan en una especie juicio
paralelo. Lo único que pretendo de los comparecientes es que me aclaren
cosas. Yo no solicité en un principio su comparecencia porque tampoco
tenía elementos de juicio suficientes como para saber qué cosas me podía
usted aclarar como ministro actual. Al final se aprobó para obtener una
visión de conjunto de todo el problema, ése fue uno de los motivos de que
su comparecencia fuera aprobada por todos los grupos.

Por eso no voy a hacerle preguntas, porque ni usted ni yo hemos estado
en todo el proceso. Pero sí me va a permitir que haga algunas reflexiones
sobre lo que veo que es este problema, quizás un poco más allá de los
aspectos puntuales que más adelante, en el transcurso de la
investigación, podremos ir aclarando.

Para mí hay una cuestión que está clara: empezar por algunas conclusiones
finales que puede extraer esta Comisión el día de mañana. Y, desde luego,
es una crítica al papel de la Administración como empresario. Esta es una
de las conclusiones que al final podemos sacar: la crítica al papel de
la Administración como empresario.

Intelhorce ha tenido una gestión deficiente, como es habitual, por lo
menos muy normal, en las administraciones públicas. Ha hecho una tremenda
competencia desleal al sector privado, del que han desaparecido empresas
precisamente por esta razón. Esta es una de las críticas más importantes
que se puede hacer a la labor de la Administración como gestor o como
empresario. La Administración debe impulsar la actividad empresarial; lo
que nunca debe hacer es suplantarla. Y aquí ha habido una suplantación.

Este proyecto empresarial público no cumplía los requisitos que en
principio pueden ser el motivo de crear una empresa pública: ni era de
interés público ni es un sector estratégico. A medida que he ido leyendo
la documentación, he descubierto que se creó de forma artificial en una
zona deprimida para crear puestos de trabajo, pero no como un proyecto
empresarial. De hecho, las manifestaciones que veo y que escucho son que
nace mal desde el año 1957 --usted lo ha dicho hace un momento--, que
Intelhorce ha sido un drama, que nunca ha sido viable, que siempre ha
tenido pérdidas. Esto no ha sido nunca un proyecto empresarial, esto ha
sido simplemente un instrumento en una zona deprimida para crear puestos
de trabajo. Ese es el verdadero error que ha tenido la Administración.

Esto es lo que no se puede hacer, tiene que servir de ejemplo para que
no sigamos haciéndolo, y me temo que no está siendo así.

Creo que la trayectoria de Intelhorce es un cúmulo tremendo de
despropósitos, y al final casi se va a poder hacer un manual de cómo no
hay que crear y desarrollar empresas públicas. Después de esto y del
informe que se emita podíamos hacer un manual precisamente en este
sentido. Desde su creación, y sobre todo a partir del año 1972 con la
primera privatización, se produce toda una serie de acontecimientos, de
irregularidades durante muchísimos años, que nos han llevado a la
situación actual, en que está inmersa en querellas, demandas, denuncias,
expediente abierto por la Unión Europea, procesos judiciales abiertos,
presunción de malversación de fondos públicos, es decir, todo un cúmulo
de despropósitos ha tenido la historia de esta empresa.




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Esto nos lleva a pensar que el desarrollo de las empresas públicas, y
sobre todo en procesos de privatización, tiene que estar mucho mejor
controlado por el Parlamento. En este sentido --quizás ésta sería una de
las conclusiones finales que estoy adelantando--, es necesaria una
reforma legislativa en la Ley del Patrimonio del Estado y en la Ley
General Presupuestaria, que en estos momentos está en la Cámara en el
trámite de presentación de enmiendas, por cuanto trata de sociedades
estatales. Desde el punto de vista legislativo tenemos que regular de
forma que el Parlamento tenga un mayor control, sobre todo en los
procesos de privatización de empresas.

Para mí lo grave en cuanto a la privatización quizá no ha sido la venta
de la empresa en 2.000 millones, le voy a decir la verdad, y se está
hablando mucho de esa diferencia de 16.000 millones de pesetas entre los
2.000 de la venta y el valor neto patrimonial de la empresa. El valor
neto patrimonial de la empresa, desde mi punto de vista, no está
calculado. ¿Cuánto valía esa empresa? A mí, si me la regalan, no la
quiero, primer punto. Ese para mí no es el problema. Si el Gobierno vende
la empresa Intelhorce en 2.000 millones, los cobra y se olvida de ella,
es un gran negocio en aquel momento, pero el problema de las
privatizaciones de estas empresas es que el Gobierno no termina de
desligarse de ellas nunca. ¿Por qué? Porque si va bien, el negocio queda
para los compradores, pero si va mal tiene que volver otra vez el padre
Estado a recoger aquellos desechos de esa empresa. Para mí ése ha sido
el problema grave de todo lo que ha ocurrido. Quizás lo veo desde una
perspectiva distinta de los compañeros parlamentarios míos que han estado
metidos de lleno en él desde hace muchos años, pero lo que yo he visto
cuando he profundizado es que el verdadero problema de Intelhorce ha sido
éste. No sé si está resuelto hoy en día, es otro de los aspectos que
también habría que contemplar, pero éste no es el objeto de la
investigación de la Comisión, que tiene una limitación y unos objetivos
claros, que han sido ese proceso y las responsabilidades políticas del
proceso de privatización, que tendremos oportunidad de analizar más
adelante. No quería dejar pasar la oportunidad de la comparecencia del
señor Ministro de Economía para darle mis impresiones sobre lo que debe
ser una gestión de las empresas públicas, un proceso de privatización y,
desde luego, nunca la suplantación del sector privado para hacer
negocios.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Muchas gracias,
en primer lugar, por la disposición que su Grupo manifiesta para intentar
clarificar las cosas. Le puedo asegurar que en esa dirección nos tendrá
siempre con ustedes. Nuestro deseo es precisamente que los hechos se
conozcan, que resplandezcan, que si hay responsabilidades se pidan, las
que sean, de un tipo o de otro, pero que hablemos sobre los hechos.

Me gustaría hacer algunos comentarios sobre sus reflexiones. Yo podría
aceptar bastantes de sus afirmaciones, pero con algunos matices. La
crítica del papel de la Administración como empresario no se puede
generalizar de la forma que S. S. lo hace, y tampoco identifique S. S.

que Intelhorce es un problema de la Administración, es un problema de la
sociedad. He hecho referencia a que este Parlamento, por unanimidad,
aprueba una moción diciendo que el Gobierno tome todas las decisiones
para que la empresa se mantenga. Le voy a recordar algo que tal vez S.

S. no recuerde. Esa moción inicialmente decía que la empresa vuelva al
sector público, y precisamente por una enmienda del Partido Socialista
queda en que no vuelva al sector público, sino que se hagan los esfuerzos
necesarios para que se siga con la viabilidad de la empresa. Yo puedo
aceptar la responsabilidad que el Gobierno puede tener en este tipo de
decisiones, pero creo que también es bueno que el resto de las
instituciones acepten las suyas.

Su señoría ha dicho, y es cierto, que es un ejemplo claro de temas que
no deben plantearse en términos empresariales, sino como apoyo, como
ayuda, de otra forma, porque es verdad que esto no es una empresa
propiamente dicha. Es cierto que se han hecho esfuerzos de privatización,
y los ha hecho este Gobierno, porque es cierto que el Gobierno socialista
se encuentra en el año 1982 con la empresa recién nacionalizada en el año
1980, responsabilidad que evidentemente no es de los gobiernos actuales.

Su señoría ha dicho que se han hecho una serie de disparates de todo
tipo. Suprima uno: malversación, no; por lo menos no está demostrado ni
se sabe. Muchos otros sí se han hecho, pero malversación, no.

¿Más control del Parlamento y necesidad de una reforma legislativa? Es
un punto en el que yo no estoy cerrado. Me parece que es una idea que se
puede discutir, sobre la que se puede hablar. Es cierto --su señoría
conoce ejemplos y los va a conocer pronto nuevamente-- que la posibilidad
de que el Gobierno o el Estado desaparezca al cien por cien de ciertas
empresas no siempre es posible y que las presiones políticas y sociales
no siempre permiten que algo que yo creo que es positivo en el nuevo
contexto de competencia en el que nos encontramos al final sea
realizable.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra la señora Monzón.




La señora MONZON SUAREZ: Quiero agradecer la presencia del Ministro y
decirle, en primer lugar, que desde mi Grupo y a quien representamos
aquí, que es al pueblo español, no podemos admitir ninguna duda sobre la
oportunidad de la creación de esta Comisión de investigación. No me
parece que el señor Ministro como representante y miembro del Gobierno
lo vuelva a hacer hoy aquí, y menos cuando lo ha decidido el Congreso de
los Diputados, que es la representación del pueblo español. Creo que
debería acabarse ya con la duda sobre si es buena o no la existencia de
esta Comisión, entre otras cosas porque la Constitución, en el artículo
76, como todos conocemos, dice que hay que crear estas comisiones y que
es bueno hacerlo, y también dice que no deben interferir en el proceso



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judicial. Esto ya está claro y por tanto no creo que sea correcto
mencionarlo de nuevo.

Igualmente estamos en contra de la utilización partidista o electoralista
que se pueda hacer de la Comisión de investigación, pero también se sabe
que es inevitable. Eso nunca justificaría que no se creara la Comisión
o que fuera incorrecto que se creara.

Junto a lo que han señalado otros portavoces, me parece importante
destacar de la intervención del Ministro --cuya comparecencia no habíamos
solicitado nosotros tampoco-- que encuentro grave la frivolidad con que
el Gobierno español se toma las directivas europeas, las recomendaciones
o los decretos, porque si queremos de verdad ser un país de pleno derecho
en la Unión Europea no me parece serio que un Ministro del Gobierno diga
que hay que hacer una comunicación previa pero que no se hace, y ahora
parece que estamos pensando que deberíamos tenerla más en cuenta. Yo creo
que, o hay una directiva que dice que es previa la comunicación y hay que
hacerlo, sobre todo cuando se está hablando de muchos miles de millones,
o no hay una directiva y no hay que hacerlo. Como en este caso la había,
era importante que se cumpliera con ese trámite.

Las derivaciones de no tener en cuenta las directivas, las
recomendaciones o los decretos europeos, nos llevan a situaciones como
ésta, en la que después se nos retira la confianza; nos llevan a
situaciones en las que parece que el Estado español no termina de ser un
Estado serio en la Unión Europea, por lo que se nos califica, a veces,
de un país pandereta y de que no estamos a la altura y al nivel que hay
que estar, y esto me parece que es muy serio para nuestro país; y nos
lleva también, aunque éste no sea el tema de esta Comisión, cuando no se
toman en serio las directivas europeas, a situaciones como las que hemos
vivido recientemente con los estudiantes de medicina y ahora con los de
derecho. Por tanto, creo que es importante que nos tomemos en serio las
directivas europeas, si de verdad queremos pertenecer a la Unión Europea.

Por lo que se refiere al fondo del tema, creo que ya se ha dicho casi
todo aquí y, como no pedimos su comparecencia, no tengo nada más que
añadir.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señoría, discrepo
de la primera parte de su análisis. Evidentemente, nuestra legislación
es muy clara: el Parlamento toma las decisiones que estima oportunas. Ha
tomado la decisión, que yo respeto absolutamente, de crear una comisión
de investigación. No tengo nada que objetar, ni que discutir. He puesto
de relieve mi preocupación por el solapamiento con el procedimiento
judicial y he puesto de relieve algo en lo que yo puedo mantener una
posición discrepante con su necesidad, pero como evidentemente fue
decidido por el Parlamento, no tengo otra cosa más que hacer que
aceptarlo y venir para cooperar con esta Comisión al máximo.

A partir de ahí, el problema de la utilización partidista es un riesgo
con el que hay que contar, y estoy de acuerdo, pero eso no me impide
solicitar que veamos los hechos tal como son y no intentemos
trastocarlos.

Por último, en cuanto a su comentario sobre las directivas europeas, si
alguien hay en este país que ha defendido la aplicación de las directivas
europeas soy yo; lo vengo haciendo desde el año 1986. Lo que sucede es
que el problema que planteamos ahora es distinto. En determinado tipo de
actuaciones, especialmente ayudas públicas, el procedimiento de
comunicación previa impide que se puedan resolver algunos problemas. Este
no es un problema que afecta a España, sino que es un problema mucho más
general. Piense S. S., por ejemplo, en el caso de Air France, donde las
ayudas se aprueban con mucho retraso, en el caso del Crédit Lyonnais
francés, y podríamos hacer también referencia a otras ayudas de otros
países. Es decir, no es un problema nuestro; es que el propio
procedimiento, que exige una discusión previa a un planteamiento, muchas
veces hace que el procedimiento no pueda, por razones de urgencia, ser
aplicado.

Por tanto, es un problema nuestro, como es un problema de otros. Por
ejemplo, piense usted en una empresa en la que el procedimiento
comunitario necesita cinco o seis meses, como mínimo, para ser aprobado;
una comunicación que hace que las ayudas, cuando ya una empresa está en
el límite, no lleguen hasta seis meses o un año más tarde, lo que hace
es que la empresa sea inviable. Este es el tipo de problema que hemos
tenido habitualmente, y ésa es la razón por la que, estando de acuerdo
en que hay que hacer absolutamente todo lo necesario para cumplir las
directivas, algunas veces ese cumplimiento se revele como imposible.




El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: En primer lugar, nuestro Grupo, a quien en algún
caso se ha acusado de entorpecer las labores de esta Comisión, quiere
señalar que creemos que debe actuarse con el máximo rigor en la actuación
de una comisión de investigación, pero nos encontramos, por la premura
manifestada por otros grupos para comenzar ya las comparecencias, en la
situación paradójica de que haya grupos que dispongan de una determinada
documentación, como se ha puesto de manifiesto en las intervenciones de
los representantes del Grupo del PP y de Izquierda Unida, y hayan hecho
referencia a unas declaraciones que hemos solicitado, que no disponemos
de ella y que nos hace estar en inferioridad de condiciones a
determinados grupos respecto de otros. Por tanto, la solicitud de que las
cosas se hicieran en los plazos adecuados pretendía que todos tuviéramos
las mismas oportunidades y que la actuación de la comisión de
investigación fuera rigurosa. Rogaría que los distintos grupos no
utilicen la documentación hasta que la misma pueda estar en manos de
todos los miembros de esta Comisión, cosa que, desgraciadamente, en el
día de hoy, todavía no está.

Señor Ministro, muchas gracias por su comparecencia. Nuestro Grupo está
un poco sorprendido, porque parece



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que nadie la había solicitado. Desde luego, nuestro Grupo no pensaba que
fuera necesario que el señor Ministro de Hacienda viniera a informar,
sobre todo porque nuestro Grupo, y quiero manifestarlo aquí, pensaba que
esta comisión no era necesaria, y se está demostrando hoy en la primera
comparecencia. ¿Por qué? Porque si repasamos las comparecencias del
Gobierno, de los Ministros, de los responsables del área de Patrimonio
a lo largo de todos estos años, nos vamos a encontrar con la repetición
de los argumentos, porque los hechos que estamos analizando están muy
controlados, son muy conocidos y ha habido unas actuaciones del Gobierno
perfectamente delimitadas. Es buena la solicitud de documentación. La
documentación que nos ha enviado el Gobierno es amplia y rigurosa y,
desde nuestro punto de vista, confirma nuestra opinión al respecto: que
la actuación de la Administración en la venta de Intelhorce fue, en su
momento, una actuación correcta y ha sido correcta a lo largo de todo el
procedimiento, y quiero señalar también que ha sido el Gobierno el que
ha hecho la denuncia frente a los tribunales cuando detecta
irregularidades en la actuación de los empresarios privados que se hacen
cargo de la compra de Intelhorce.

Hay un elemento con un cierto contenido negativo, que permanece a lo
largo de toda esta actuación, que ha sido puesto de manifiesto por alguno
de los portavoces, y es la voluntad política de mantener viva la empresa,
es decir, de mantener los puestos de trabajo y la viabilidad de la
empresa a toda costa. Pero esta voluntad no es sólo del Gobierno, sino
que siempre que la Cámara se manifiesta con sus votos en una proposición
de ley y en las distintas comparecencias que ha hecho la Administración
ante esta Cámara a lo largo de estos años, la voluntad que siempre
manifiestan todos los grupos es la que se haga el máximo esfuerzo por
mantener los puestos de trabajo y la empresa. Y ese máximo esfuerzo que
se realiza es el que lleva a un desarrollo de los acontecimientos que yo
no me resisto a la tentación de describirlo desde el punto de vista de
nuestro Grupo: primero, que España entra en la Comunidad Económica
Europea y nos encontramos con una empresa que está perdiendo del orden
de 2.000 millones de pesetas al año; que ha hecho dos ampliaciones de
capital, y la Comisión, lo primero que hace es pedir información sobre
estas dos recientes ampliaciones de capital. ¿Por qué? Porque es una
empresa en competencia y están prohibidas las ayudas públicas a las
empresas.

Por tanto, en ese momento el Gobierno se encuentra con el horizonte de
que lo que va a tener que hacer es liquidar la empresa, puesto que no le
va a poder dar ayudas públicas. Y una empresa que pierde dinero, si no
recibe ayudas públicas, necesariamente tiene que ser liquidada. Por
consiguiente, o liquida la empresa o la privatiza. Y aquí tenemos el gran
problema. ¿Cómo privatizamos, cómo vendemos una empresa que pierde
dinero? Esto no es fácil solventarlo. Es muy fácil hablar «a posteriori»,
pero ¿cuál es el precio de venta de esta empresa? El precio de venta, y
así lo señalan los distintos informes que hay por parte de la
Administración, no es el valor patrimonial de la empresa. Tampoco es el
valor liquidativo, pero no hay duda ninguna de que el valor liquidativo
de la empresa nos da una orientación respecto de lo que costaría. Todos
los informes dicen que ese valor es negativo; es decir que, aun teniendo
en cuenta el valor patrimonial, costaría dinero liquidar la empresa por
las obligaciones contractuales que tiene asumidas la empresa.

Por tanto, ¿cuál es el valor de venta de la empresa? Yo creo que debe de
estar más cerca del valor liquidativo que del valor patrimonial, porque
¿cómo vendes una empresa que pierde dinero? Difícil problema, y el
desarrollo de los acontecimientos de Intelhorce lo ponen de manifiesto.

Siempre es muy difícil encontrar un comprador y además solvente. Sin
embargo, desde nuestro punto de vista, la Administración vende de forma
correcta: contrata a una empresa para que busque empresas compradoras,
se encuentran tres, analiza las ofertas, y no hay comparación posible
entre ellas (las tres ofertas están entre la documentación que se nos ha
enviado); hay una gran distancia entre la oferta que se acepta y las
otras dos, al margen de que una de ellas se retira mucho antes, otra, ni
siquiera avala los cien millones de pesetas que hay que poner en un
primer momento, y hay unos informes favorables que hoy se pueden plantear
que pudieran ser fraudulentos: el informe de Improasa, que es un informe
de garantías que solicita la Administración, da unas garantías respecto
a una relación con Benetton que luego se han demostrado inexistentes.

Pero eso es objeto de la investigación judicial, porque la persona que
se responsabiliza de ese informe está sometida a juicio en este momento
y está en la cárcel justamente por su actuación.

También hay informes bancarios positivos al máximo respecto de la
garantía de estas personas en su actuación con los bancos. Se presentan
los avales adecuados, pero posteriormente se conoce que están
contraavalados, y eso también es objeto de la investigación judicial y
ha hecho que, efectivamente, la persona responsable de la compañía de
seguros ingrese en la cárcel, o sea imputada en fechas muy recientes por
parte del juez.

Por tanto, es muy difícil vender una empresa que pierde dinero, pero, si
no se vendía, había que cerrarla, y nadie quería que se cerrara. Hay una
presión social, como decía el Ministro y, al mismo tiempo, hay una
presión de todos los grupos de esta Cámara. En muchos de los aspectos del
discurso del señor Zabalía estaría de acuerdo, pero hay que ver cuáles
son las demandas sociales y hay que ver cuál es el posicionamiento, y
todos dicen que hay que mantener la empresa.

La Comunidad ya ha pedido un informe y ha habido dos ampliaciones de
capital. Si aquí pedimos que se interprete el cumplimiento de la norma
hasta sus últimas consecuencias, como decía la representante de Coalición
Canaria, cuidado, no vayamos a cogernos los dedos, porque entonces no
sería posible el mantenimiento de la empresa. Si se solicita un dictamen
previo a la Comunidad Económica Europea va a decir que no y por tanto
vamos a tener la imposibilidad de venderla, porque sin la ayuda pública
es imposible venderla y mantenerla, con lo cual eso hubiera significado
el cierre. Yo creo que es prudente que haya una interpretación de la
norma suficientemente flexible para obtener un objetivo político, que
todos los grupos de la Cámara



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mantienen como objetivo, que lo mantienen en ese momento, cuando
comparece el Gobierno, que lo mantienen posteriormente en votación
explícita en una proposición no de ley y que lo siguen manteniendo hoy,
curiosamente, y para algunos grupos --no voy a decir lo que pienso al
respecto-- escandalosamente, en algunos casos, pero mi Grupo no sustenta
esa posición y, por tanto, no voy a sustentarla.

Pero aquí estamos presionando para que se consiga lo imposible, que a esa
empresa que está perdiendo dinero cada año, por mandato de la Comunidad
Económica Europea, no se le pueden dar ayudas públicas. Por tanto, la
única solución, si queremos mantenerla, es privatizarla, pero para
privatizarla, tenemos que venderla, encontrar un comprador que se haga
cargo de una empresa que pierde dinero, y eso no es fácil, y sin la
recapitalización que planteó el Gobierno hubiera sido imposible.

Por tanto, una consulta previa hubiera impedido la continuidad de la
empresa, que era un objetivo que todos los grupos de la Cámara
planteaban, han seguido planteando a lo largo del tiempo, siguen
planteando, y es el elemento básico, desde mi punto de vista, desde el
punto de vista de que estamos haciendo un juicio político; ése es el
elemento político que informa todas las actuaciones de la Administración
a lo largo del proceso, y es también el elemento político que informa el
que no se ejecute el aval, porque cuando la empresa no paga y se podría
ejecutar el aval, la ejecución del aval significaría el cierre, y todo
el mundo dice, cuando se viene al Parlamento: cuidado, no provoquemos el
cierre, mantengamos el empleo, y si hace falta, al final, se ejecuta el
aval. De la intervención de los grupos, parece como si no se hubiera
ejecutado el aval. Al final, efectivamente, la Administración ejecutó el
aval, y hay que decir que cuando la Administración ejecuta el aval no hay
salida ya para la empresa. Lógicamente, la empresa, al final, tiene que
liquidarse, porque la ejecución del aval significa que no puede
mantenerse la actividad. Todos los grupos piden que vuelva al sector
público y, cuando se recupera la gestión, se encuentra con que hay
tremendas irregularidades que van en la línea del fraude, presunto fraude
en este momento, puesto que está sometido a juicio, y es la propia
Administración la que solicita una auditoría externa, solicita una
auditoría interna, y envía a los tribunales todo el procedimiento y toda
la información, y son los tribunales los que están juzgando las
actuaciones privadas de la empresa.

Entonces, yo creo que hay un elemento político que ha informado en todo
momento el proceso y que ha viciado de alguna forma toda la actuación,
y es esa voluntad de mantener a toda costa los empleos y de mantener a
toda costa la empresa, y eso es lo que ha hecho que se tuviera que
privatizar en su momento, que no se encontraran los compradores mejores
posibles, pero en el momento en que se realiza la venta, ésta es
correcta, tiene todos los informes favorables de los servicios de la
Administración, de la empresa a quien se le pide información de
solvencia, de los bancos con los que trabajan las personas y las empresas
a las que se hace referencia, todos los informes son positivos; luego se
ha demostrado que, efectivamente, ha habido algunos fraudes, que incluso
alguno de esos informes que se realizan son informes fraudulentos, y por
la responsabilidad respecto a ellos algunas personas están en la cárcel.

Desde nuestro punto de vista, estos hechos han sido conocidos en el
debate parlamentario; basta hacer un repaso de la documentación que nos
han enviado los Servicios de la Cámara sobre comparecencias de los
distintos directores generales del Patrimonio a lo largo de todos estos
años, de respuestas a preguntas a los Ministros, de interpelaciones. La
actuación que yo veo, según esta primera comparecencia, se va a repetir
aquí en esta comisión de investigación, y a todos nos gustaría que
fuéramos muy rigurosos en nuestras actuaciones y en nuestras demandas y
que lo que tenemos que analizar es si la actuación de la Administración
ha sido correcta, si ha sido informada por objetivos políticos adecuados
y si ha habido cooperación al fraude, al presunto fraude que se está
analizando en otros pagos. Pero, a mi entender, la actuación del Grupo
Parlamentario Socialista ha sido correcta, tanto en el momento de la
compra, que se hace con todos los pronunciamientos favorables, como en
las decisiones que se toman posteriormente respecto a la ejecución o no
del aval, como en el momento en que se vuelve a tomar la responsabilidad,
siguiendo un mandato de esta Cámara, como en el momento en que, en cuanto
se ven las mínimas irregularidades, se hacen las investigaciones
adecuadas en profundidad y se remite al juez toda la actuación.

Por tanto, yo creo que la actuación de la Administración ha sido correcta
y lo que pasa es que hemos tenido una obsesión, refrendada por todos los
grupos parlamentarios de la Cámara, por mantener una empresa que ha
demostrado, a lo largo del tiempo, las dificultades para su viabilidad.




El señor PRESIDENTE: La costumbre en estas comisiones de investigación
es que haya siempre una segunda vuelta de intervenciones, por lo que esta
Presidencia la va a amparar y la va a facilitar, pero me permito sugerir
lo siguiente.

En la medida que se pueda hacer, y yo entiendo que estamos en una Cámara
y por tanto en un Parlamento, evitemos más valoraciones políticas --en
todo caso, las valoraciones políticas se harán cuando se haga el
dictamen--, y menos en relación a la necesidad o no de la creación de
esta comisión, porque ya hubo en su momento el debate en el Pleno de la
Cámara y la Cámara consintió la propuesta del Grupo Parlamentario
Popular, en este caso de creación de esta comisión. Por tanto, no vayamos
ahora a cuestionar una comisión que ya ha sido creada expresamente por
el Pleno de la Cámara.

En tercer lugar, teniendo en cuenta que estamos más que fuera del
horario, yo solicito de las señoras y señores comisionados que en este
segundo turno, primero, se abstengan de hacer valoraciones políticas en
la medida que esto sea posible (y yo creo que es más que posible
evitarlas) y, en segundo lugar, que las cuestiones que se plantean al
señor Ministro lo sean al hilo de la información que él ha presentado,
no al hilo de planteamientos iniciales, siempre respetables, de los
distintos grupos parlamentarios. Por tanto, a estos efectos de cuestiones
relacionadas con la información



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que aquí se ha facilitado y solicitando y sugiriendo la mayor de las
brevedades posibles, porque, repito, estamos más que fuera de horario,
tiene la palabra, en primer lugar, el señor Izquierdo y a continuación
el señor Guerra Zunzunegui, por el Grupo Parlamentario Popular.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Efectivamente, señor Presidente, le íbamos a
pedir permiso para dividir la intervención en este turno de réplica entre
mi compañero y yo.

El Ministro de Economía ha dicho hoy cosas importantes en esta comisión
de investigación. Ha asegurado que hay tramas, y en el caso de Intelhorce
también --ésas han sido sus palabras, si no me equivoco--, que se han
cometido una serie de irregularidades que los tribunales determinarán en
qué medida y en qué alcance, a las cuales el Gobierno es ajeno, por lo
menos eso es lo que he querido entender. Digo que es importante, porque
ya por lo menos el Ministro de Economía de este país ha aceptado en el
Parlamento que aquí hay una trama, un caso, un escándalo y, por tanto,
algo que investigar y estudiar. Pero ha dicho algo más importante
todavía, en mi opinión. Ha imputado a Improasa la responsabilidad del
escándalo de Intelhorce y ha imputado al presidente de Improasa, al señor
Moreno García, la responsabilidad del escándalo de Intelhorce. La
pregunta que se desliza es inmediata: don José Miguel Moreno García, que
no está en la cárcel, señor Ministro, sino que ha salido en libertad bajo
fianza hace un par de meses, fue presidente de Improasa, empresa pública
instrumental cien por cien del Patrimonio del Estado, antigua empresa de
Ferrocarriles Españoles, desde el año 1985 al año 1991. A este
comisionado le ha surgido una duda tremenda a raíz de sus palabras y la
reflexión va a ser inmediata: este señor ocupa, por nombramiento del
Ministro de Economía don Carlos Solchaga, del Gobierno socialista, la
presidencia de una empresa pública durante seis años. Que sepamos, este
señor hoy está imputado de algo tan normal, tan manejado y tan usado,
desgraciadamente, en este país en los últimos años como de cobrar
comisiones. Luego será verdad o mentira, los tribunales decidirán. Sobre
esto nada tenemos que decir, porque no estamos aquí para ver de
responsabilidades penales de ninguna de las personas implicadas en este
escándalo, sino de responsabilidades políticas.

Yo recuerdo a SS. SS. que la empresa pública Improasa, entre esos años,
privatizó un buen número de empresas de la Rumasa estatal; privatizó
Lactaria Española, privatizó Intelhorce, privatizó Imepiel, privatizó
Hytasa, que recuerde a bote pronto. No sé de momento el volumen económico
de esas privatizaciones, pero usted hoy, con su intervención, abre una
vía de investigación muy importante a la Comisión de Intelhorce, y
anuncio, señor Presidente, que formalmente solicitaremos que el Gobierno
remita a esta Cámara toda la información disponible sobre la empresa
pública Improasa y, en concreto, sobre las actuaciones del señor Moreno
García al frente de la empresa pública Improasa, que no es una empresa
pequeña, anecdótica, sino muy importante, que ha manejado el patrimonio
de todos los españoles durante seis años, que sepamos.

El señor Ministro no ha respondido al tema del aval, a la póliza de
crédito suscrita entre el Banco Exterior Intelhorce y Patrimonio del
Estado en diciembre de 1991, que yo le he planteado. Dice que lo más
importante de esta noticia, que hoy aparece en medios de comunicación,
es que el representante de Fianzas y Créditos, compañía privada que
prestó el aval en 1989, hoy está en la cárcel, imputado --según he leído
en los periódicos, como usted-- de haber desviado a su patrimonio dinero
procedente de aquella comisión que se pagó a esa compañía al prestarle
el aval, por sus responsabilidades individuales ante su sociedad, Fianzas
y Créditos, y probablemente por otro tipo de motivos. Pero le voy a
recordar a S. S. que Fianzas y Créditos fue aceptada por el Gobierno como
avalista. Es más, en el proyecto de acuerdo que Patrimonio del Estado
remite a los Servicios Jurídicos del Estado figura incluso su nombre. El
abogado del Estado se permite sugerirle al Gobierno que se debe dejar
abierto quién pueda prestar el aval, que no se señale con el dedo cuál
va a ser la compañía avalista. Me permito recordar y reiterar a S. S. que
es el Gobierno el que acepta esa compañía como avalista de la operación.

La pregunta que le hago, para dejar paso a las de mi compañero de Grupo,
es la siguiente: ¿el señor Ministro de Economía considera normal, regular
y correcto que un Gobierno acepte como contragarantía de un aval fondos
públicos, dinero de todos los españoles, que debían haber servido para
hacer viable Intelhorce? Se puede decir --y el Gobierno ha dicho-- que
no conocía esa circunstancia. Permítame que le diga, señor Ministro, que
dudo mucho que el Gobierno no conociera esa circunstancia. Dejaremos en
beneficio de la duda las operaciones bancarias que se producen con horas
de diferencia el 4 de agosto de 1989. Pero en el año 1991 el Gobierno
tiene encima de su mesa una póliza de crédito del Banco Exterior en la
que aparece como fiador de la operación la propia Intelhorce. Eso ni
siquiera es una práctica mercantil regular, eso en la práctica mercantil
normal --olvidémonos de empresas públicas, de ventas y de
privatizaciones-- es una irregularidad como la copa de un pino. Si
hubiera habido otros accionistas de Intelhorce, hubieran exigido a esas
personas responsabilidades por haber utilizado el capital de la sociedad
para avalar la compra, por utilizar el dinero de la empresa para comprar
lo que se compra. Explique eso a la Comisión.

Estoy convencido, señor Ministro, y termino, de que el Gobierno conocía
perfectamente que el aval se garantizaba con dinero público; de que sabía
perfectamente la insolvencia de los compradores. Y digo más: el 14 de
julio de 1989, don Carlos Solchaga y el Gobierno deciden empezar los
procesos para cerrar Intelhorce con el menor escándalo social posible a
un altísimo costo. Que sepamos, señor Ministro, de miles de millones de
pesetas, de cerca de 52.000 millones de pesetas, si se tienen en cuenta
las pérdidas de la compañía y lo que el Estado aporta desde 1982 hasta
1994. ¡Altísimo costo!
Termino con una reflexión, señor Ministro: vamos a intentar saber en esta
Comisión qué ha sucedido, por qué permitió el Gobierno vender la compañía
a estos señores, por qué se dio ese dinero público, por qué se
contragarantizó



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el aval con el dinero público, por qué se ha hecho todo lo que se ha
hecho.

En cuanto a un representante de un grupo que acaba de intervenir, he de
manifestar que si usted supiera lo que han declarado personas implicadas
en el proceso, si usted supiera, por ejemplo, que la consultora francesa
a la que Improasa encarga la promoción del cuaderno de ventas declara que
el señor Moreno García echaba para atrás a multitud de interesados en la
compra de Intelhorce con un argumento muy sencillo: no va a haber ayudas
públicas porque la Comisión Europea no lo permite, no hablaría así. ¿Qué
sucedió después? Que hubo ayudas públicas, no se comunicó a la Comisión
Europea y hubo un comprador para Intelhorce: un escándalo y todo el
proceso que ahora tenemos.




El señor PRESIDENTE: El señor Guerra Zunzunegui tiene la palabra.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Me voy a permitir que haga un pequeño
preámbulo, señor Presidente, porque he oído decir al señor Ministro
algunas cosas, como acoso político institucional, insidias, etcéteras,
que son intolerables en una comisión de investigación como ésta, aprobada
por todos los grupos de la Cámara, menos por el Socialista.

Quizás le haya traicionado el subconsciente al señor Ministro porque el
anterior Ministro de Economía, en sesión plenaria, dijo que mientras él
fuese Ministro no habría comisiones de investigación sobre temas
económicos.

En estas Navidades enviaré al Ministro lo que fue la Comisión creada
respecto el tema del extraperlo, hace sesenta años, en las Cortes de la
República. El Gobierno de entonces remitió al fiscal general de la
República todos los datos y un Ministro del Gobierno, el señor Gil
Robles, dijo que el Gobierno no solamente estaba dispuesto, sino que
apoyaba una comisión de investigación, comisión que concluyó su dictamen
en 20-25 días. Por desgracia, las comisiones de investigación actuales
no pueden ser así por entorpecimiento de algún grupo de esta Cámara.

Dicho esto, quiero indicarle al señor Ministro lo siguiente. Con motivo
de una pregunta formulada por el señor Sanjuán, Diputado por Málaga por
el Grupo Socialista y cinco Diputados compañeros de Grupo, al entonces
Ministro, don Virgilio Zapatero, éste contestó que el tema ya había sido
tratado en el Pleno del Senado y que el Ministro, señor Solbes, perdón,
señor Solchaga --le ruego, señor Ministro, me disculpe, pero es que como
pienso que el que debería estar presente es el señor Solchaga, me he
confundido--, señaló que, en el caso de que se acordara su privatización,
ésta se llevaría a cabo con un plan de viabilidad y una serie de
condiciones en relación con la garantía, la estabilidad laboral que
debería permanecer y desde luego --y subrayo esta frase--, con la
solvencia y honestidad de los compradores. Veamos a continuación la
solvencia y honestidad de los compradores.

Solvencia, señor Ministro. Dos sociedades con 100 y 25 millones de
pesetas, respectivamente, para una operación de miles y miles de
millones. Parte de estas sociedades son propiedad de otras sociedades
domiciliadas en Gibraltar. Cuántas veces he oído decir al señor Ministro
y a otros ministros que teníamos que terminar de una vez, no con ese
paraíso fiscal, sino con el paraíso fraudulento que Gibraltar significa
para los intereses españoles y, sin embargo, en este caso se acepta. Son
sociedades cuyo consejo de administración está formado por tres personas
--como es lógico y como exige la ley de Sociedades Anónimas--, que son
el señor Orefici, su mujer y un hijo estudiante, que figura como
consejero. En cuanto a solvencia, no había tenido ninguna relación ni en
su objeto social figuraba nada relativo al sector textil o similar.

Además, el señor Orefici era absolutamente desconocido aquí, en Italia
y en los medios empresariales, prácticamente eran unas sociedades de
cartera. ¿Qué solvencia tenía? Se me dirá que aportó unos avales de
bancos o avales de sociedades como, por ejemplo, Fianzas y Créditos.

Recuerdo que en una ocasión, con motivo de la discusión de la Ley de
Seguros, el señor Ministro nos dio el número de compañías de seguros en
España que no tenían solvencia, y por eso se tiende --decía el señor
Ministro y me parece muy oportuno y nosotros lo apoyamos-- a unos
capitales mínimos de las compañías de seguros. Pero es más, no solamente
se menciona una compañía de seguros, sino que hubo una cierta indicación
--como ha puesto de manifiesto mi compañero-- de que fuese Fianzas y
Créditos, S. A., que, como hemos visto posteriormente, estaba dirigida
por una persona que, al parecer, está imputada por delitos muy graves.

Esto en cuanto a solvencia de los compradores.

Honestidad. Estos señores dejan caer, así como el que no quiere la cosa,
que el grupo Benetton está detrás, un grupo de solvencia absoluta en el
sector y comercio textil. Por averiguaciones realizadas entonces y tras
las comparecencias del Director General del Patrimonio en esta Cámara,
se sabía perfectamente que el grupo Benetton no estaba detrás de esta
operación. Por tanto, era obligación de Patrimonio y también de Improasa
--que, como se ha dicho, es empresa pública al cien por cien y con
responsabilidad total por parte de la Dirección General del Patrimonio
y, por ende, del Ministro de Economía y Hacienda-- tener conocimiento que
de esta sociedad no formaba parte el grupo Benetton, ni hay una sola
peseta de este grupo. Por consiguiente, ¿qué honestidad existe por parte
de estos compradores que hacen creer que está detrás el grupo Benetton,
pero que, en definitiva, no lo está?
Señor Ministro, aquí nos conocemos todos y sabemos perfectamente cuándo
un grupo importante está detrás de una operación y cuándo no. Yo creo que
no se ha cumplido en el trámite de la compraventa ninguna de las dos
exigencias: ni la de solvencia, ni la de honestidad de los compradores.

Segundo tema. Alguno de los Diputados del Grupo Socialista ha hecho
referencia a la legislación comunitaria respecto de las ayudas. Estoy
seguro que si entonces hubiese sido usted Ministro de Economía, con el
conocimiento que tiene su S. S. de las Comunidades Europeas, hubiese
llevado este tema a través, no del artículo 93, sino del artículo 92.3,
que hace referencia a las regiones desfavorecidas, tal y como se hizo en
Hytasa, aunque posteriormente



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hubo una resolución contraria, pero admitían esas ayudas, que es lo que
se debería haber hecho en una zona --la provincia de Málaga-- que tiene
un tejido industrial absolutamente en desguace y donde no llegan al 10
por ciento los ingresos vía industria. Por ahí debería haber ido el tema.

Si se tardaban cinco o seis meses en solucionar el problema, no pasaba
nada, porque no deberían haber realizado la venta tan rápida en ese
momento. Hubiera sido mejor realizar la venta conforme a lo dispuesto en
el artículo 92, ayuda a empresas en regiones desfavorecidas. (El señor
Ministro de Economía y Hacienda, Solbes Mira, dialoga con el señor
Subsecretario de Economía y Hacienda, Blanco-Magadán Amutio.) Señor
Presidente, como el señor Subsecretario va a comparecer posteriormente,
le ruego que no dialoguen entre sí. En estos momentos estamos preguntando
al señor Ministro y, si dialogan, S. S. no va poder atender, por mucha
inteligencia reconocida que tiene, al señor Subsecretario y a este
comisionado.

Continúo, señor Presidente. Debieron esperar. Pasaban seis meses, se
perdían 800.00 millones, pero, teniendo en cuenta que Intelhorce nos ha
costado 50.000 millones a todos los españoles, no habría habido ningún
inconveniente.

Tercer tema que no entiendo. Había un expediente con observaciones por
parte de los servicios jurídicos y por parte de la Intervención del
Estado, es decir, este expediente va al índice negro de la Comisión de
subsecretarios; posteriormente pasa al índice verde porque, como bien
conoce el señor Ministro y yo también de mi época de subsecretario, al
índice rojo tenían que ir las decisiones políticas. Pero en el informe
de los servicios jurídicos se hacen estas observaciones indicando al
final que es una decisión política y, por tanto, tenía que ir al índice
rojo --como van formalmente al Consejo de Ministros-- para su discusión.

Sin embargo, va al índice verde. Este hecho sorprende enormemente. Estoy
seguro que el señor Ministro y el señor Subsecretario, que está presente
en las comisiones de subsecretarios, ante un informe con observaciones
de los servicios jurídicos y de la Intervención General del Estado, un
tema de tal importancia no podía haber quedado en el índice verde, sino
en el rojo.

Termino, señor Presidente. Valor de la empresa. Hay empresas que pierden
dinero y que tienen un valor. Digo esto porque alguno de los comisionados
lo han indicado. En estos momentos, por poner un ejemplo, Líneas Aéreas
Argentinas pierde dinero y, sin embargo, se está en negociaciones para
vender la Compañía. No se va a vender a bajo precio, ni a una peseta, ni
a dos. Incluso en la empresa privada se venden empresas con pérdidas pero
que tienen posibilidades de futuro. Por tanto, hay que saber --y ahí
están las observaciones de la Interventora General del Estado-- que si
una empresa tiene 12.000 millones, más otros 5.800 millones de pesetas,
no son 2.000 millones, sino que, como se pagan en tres años, a un tipo
del 12 por ciento --y lo dice la Intervención General del Estado--,
normal en aquel momento, se convierten en mil seiscientos y pico millones
de pesetas.

Por último, señor Ministro, no diga que el tema podía producir alarma
social --y le reiteramos la pregunta-- porque cuando vence el primer
plazo no se paga y el aval tampoco se ejecuta. Señor Ministro, aquí la
única alarma social que hay es lo que se ha hecho y deshecho con empresas
públicas, y en esto apoyo al representante del PNV. Tiene que haber una
ley de privatizaciones --y lo lleva el Partido Popular en su programa--,
con objeto de que no se pueda vender cada día un porcentaje diferente,
y menos con unos informes como los que se han presentado, así como con
otra información de Improasa que ha sido fraudulenta y escandalosa, como
ha dicho el propio señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, simplemente quiero hacer una
observación. Creo que todos los comparecientes tienen derecho a tener un
asesor a su lado y, por tanto, nadie puede criticar que la persona que
está para asesorar, asesore. Por tanto, nuestro Grupo quiere señalar que,
si todo compareciente tiene derecho a tener a su lado un asesor, nadie
puede criticar que este asesor le asesore.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): No sé si utilizar
la palabra trama o no, lo veremos en el texto. No suele ser una palabra
que yo utilizo habitualmente. Evidentemente había un problema, porque si
no el Gobierno no hubiera planteado la denuncia. (El señor Vicepresidente
Zabalía Lezamiz ocupa la Presidencia.) En consecuencia, el Gobierno
plantea el problema porque es detectado por el propio Gobierno.

Su señoría dice: el Gobierno es ajeno. Sí, honestamente, ésa es mi
convicción. Su señoría saca una conclusión diciendo que, en la medida en
que el Presidente de Improasa, y es Presidente de Improasa durante seis
años, ha sido nombrado por el Gobierno, hay una responsabilidad del
Gobierno. Hay una responsabilidad del Gobierno que hemos conocido una vez
que el juez pone en marcha un procedimiento judicial que permite conocer
hechos que de otra forma no hubiéramos conocido.

Volvemos al problema de siempre. Ustedes, a veces, intentan plantear
responsabilidades de temas de hace mucho tiempo en función de datos que
hemos conocido posteriormente. Sus señorías tendrán que reconocer que,
mientras no se ha conocido que el Presidente de Improasa ha actuado como
ha actuado, era imposible tomar ninguna decisión. Es muy difícil hablar
ahora de responsabilidades políticas del año ochenta y tantos como
consecuencia de estos hechos.

El problema de la información sobre privatizaciones de otra naturaleza.

Evidentemente, el Parlamento tiene todo el derecho a pedir la información
que estime oportuna.

El problema del aval. La verdad es que posiblemente yo no he pasado
tantas horas como usted dedicadas al tema de



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Intelhorce y lo conozco peor. De todas formas, de la argumentación que
hoy sale en prensa, hay algunas cosas que me sorprenden, y es que ustedes
vinculen una aval de 2.000 millones de pesetas con un préstamo o con un
crédito de 350 millones de pesetas. (El señor Guerra Zunzunegui: Hay
dos.) Es difícil ver cómo con 350 se hace un aval de 2.000 millones. Si
lo entiendo bien, ése es el problema.

Es verdad que ahí SS. SS. están planteando un problema de identificación
Gobierno-Banco Exterior, que creo que es excesivo en sus afirmaciones.

El Banco Exterior actúa con sus propios órganos institucionales y de toma
de decisión y, evidentemente, ahí el Gobierno no tiene nada que hacer.

Su señoría sigue realizando informaciones que no están probadas. Dice:
Dudo que el Gobierno no conociera el problema del aval y S. S. afirma
algo muy grave y me gustaría, para luego evitar los aspavientos del señor
Guerra Zunzunegui, que, aunque yo no haga referencia a cierto tipo de
comportamientos en cuanto a la valoración de los hechos, ustedes sean
correctos también en su presentación. Su señoría llega a afirmar que el
Gobierno sabía de la insolvencia de los compradores. Es una afirmación
muy grave, que sólo se puede realizar si se puede demostrar, porque yo
creo que es una afirmación falsa. Si SS. SS. pueden desmostrarla,
evidentemente lo reconoceremos. Desde luego, yo creo que es una
afirmación que no corresponde a la realidad.

Su señoría hace otra afirmación, que tampoco corresponde a la realidad.

Cito textualmente: Carlos Solchaga decide cerrar Intelhorce a altísimo
coste. Eso es absolutamente falso. Por tanto, no hagan afirmaciones que
son falsas, que son juicios de valor y que no se pueden basar en estos
hechos. El señor Solchaga toma las decisiones que, en su momento, cree
oportunas e Intelhorce sólo se cierra mucho tiempo después, en vista de
que, a pesar de que GTE pasa a ser gestionada por Improasa, conocemos los
datos de lo que ahí se ha producido y se ve que es absolutamente
imposible seguir adelante con la empresa. Así y todo, todavía intentamos
ver si hay algún nuevo proyecto industrial, absolutamente privado pero
con apoyo público, que permita mantener máxima actividad en la zona.

Señor Guerra Zunzunegui, S. S. no comparte algunos juicios de valor míos,
como yo no comparto bastantes de los que han dicho ustedes; desde luego,
no comparto en absoluto las declaraciones de ayer del señor Izquierdo,
que me parece que están plagadas de juicios de valor y realiza
afirmaciones absolutamente incorrectas como he pretendido demostrar. Yo
creo que los juicios de valor son una cosa y las afirmaciones
incorrectas, en cuanto a los hechos, son otra. Su señoría hace toda su
reflexión en base a una afirmación del señor Solchaga relativa a que se
cuidaría especialmente la solvencia y la honestidad de los compradores.

Nuevamente caemos en el tipo de razonamiento al que antes he hecho
referencia. Solvencia. Dice que las sociedades tienen poco capital,
tienen una sede en un paraíso fiscal, el Consejo de Administración... El
mundo económico está lleno de empresas de este tipo, a veces conocidas,
otras veces, no conocidas. Es cierto que la existencia de un respaldo de
bancos más la información de Improasa hacen pensar en aquel momento que,
para una empresa como Intelhorce, aquel tipo de decisión es posible. A
mí me parece que es una decisión razonable y correcta. Su señoría saca
la conclusión de que, después, se nos ha demostrado que el comportamiento
de Improasa fue incorrecto. Es cierto, pero, desgraciadamente, eso lo
hemos sabido después, como hemos sabido después, bastante después, cuando
el Director General de Patrimonio lo dice en esta Cámara, que Benetton
no estaba vinculado a Benorbe y a Benservice. Eso lo sabemos bastante
después; desgraciadamente no lo sabemos en aquel momento.

El problema de la legislación comunitaria de ayudas. No sé exactamente
cuál fue la razón por la que se utilizó 1993, en vez de 1992. Sí sé, sin
embargo, que la línea argumental fundamental de la defensa de las ayudas
era precisamente los problemas de empleo y la depresión en la zona en que
la industria estaba. Y lo que no me parece razonable es que afirme que
qué más da que se perdieran 800 millones de pesetas más y seis meses más
o menos. Señoría, aceptar perder 800 millones de pesetas más en seis
meses es tanto como cerrar la empresa. Cuando estamos hablando de 50.000
millones, estamos hablando desde el año 1980 hasta 1994; 800 millones es
el 50 por ciento de las pérdidas de un año. En consecuencia, estamos
hablando exactamente de tomar la decisión de cerrar la empresa. Vuelvo
a mi argumento original --y comparto absolutamente lo que ha dicho el
señor Sáenz--, el objetivo del Gobierno ha sido de forma permanente
exactamente el contrario: intentar que la empresa permaneciera, intentar
hacerla viable. Desgraciadamente, no se ha conseguido y S. S., que conoce
el tema desde antiguo, sabe que ni se ha conseguido por estos gobiernos
socialistas ni se consiguió por los gobiernos de UCD, que tuvieron que
volverla a hacer pública en 1980, después de haberla privatizado en 1972.

Su señoría hace referencia a por qué el Gobierno toma la decisión en el
expediente en índice verde en Consejo de Ministros. No siempre que hay
observaciones, depende de su naturaleza, la decisión se adopta en índice
rojo o en índice verde; sobre todo, cuando uno analiza el informe de la
Intervención General y del servicio jurídico, da la impresión de que
ambos informes plantean sus observaciones como una especie de sine qua
non y eso no es correcto. El informe es mucho más complejo e incluye esos
comentarios dentro de una valoración, evidentemente aceptando que la
posición del Gobierno en ambos casos es perfectamente posible, aunque
puede tener algunos riesgos, lo cual es sin duda alguna evidente.

El problema final del valor de la empresa. Su señoría dice, y tiene
razón, que hay empresas que pierden dinero y valen mucho dinero. No digo
que no sea cierto; tengo dudas de que éste fuese el caso de Intelhorce;
más bien tengo la impresión, por la experiencia que tuvimos en cuanto a
la venta que se intenta realizar, de que Intelhorce no era un caso en que
nos quitaran de las manos la empresa. Vuelvo a la referencia que he hecho
antes, que ya en el pasado tuvo que hacerse pública precisamente porque
el sector privado no fue capaz de sacarla adelante.




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Por último, por qué no se ejecuta el aval. Su señoría dice: No puede
usted utilizar el criterio de alarma social. Sí, sí puedo utilizar el
criterio de alarma social. Discrepamos. Evidentemente, ejecutar el aval
significa cerrar la empresa y cerrarla significaba crear un problema muy
grave en Málaga, sobre todo un cierre de empresa no ordenado.

Evidentemente, al final ha habido que hacerlo, se ha hecho de forma
ordenada, en otras condiciones, pero, en mi opinión, tomar la decisión
en aquel momento de forma rápida, de la noche a la mañana, hubiera creado
muchos más problemas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Quería intervenir, primero, para dejar claras
algunas cosas que parecen no haber quedado claras y, a lo mejor, a fuerza
de repetirlas, somos capaces hasta de cambiar la historia. Se repite
varias veces que la primera iniciativa en el ámbito judicial la toma el
Gobierno. Quisiera recordarle que, en julio de 1991, Izquierda Unida
remite al fiscal de Málaga todo un informe sobre las irregularidades que
ya se estaban detectando en Intelhorce y es el Fiscal General del Estado,
don Leopoldo Torres, quien ordena que se paralice esa investigación, que
no se investigue, y que se archive esa denuncia. Por tanto, eso es
historia. Que no se nos diga que si este tema está ahora en la justicia
es porque el Gobierno lo inicia. El Gobierno lo asume en el año 1994,
cuando el caso no se podía contener.

En segundo lugar, y lo planteo para ver si hemos sido capaces de
enterarnos de lo que se nos ha dicho, parece que Improasa no es
responsabilidad del Gobierno. Vuelvo a preguntar, señor Ministro, quién
asume la responsabilidad política, no la jurídica, de la gestión de
Improasa, que es lo que aquí nos trae, y quién se hace responsable hoy
de los errores o, por decirlo de alguna manera, de las irregularidades
o de los delitos, según determine la justicia, que se cometieron en
Improasa. Responsabilidades políticas. Porque, de la declaración del
señor Ministro, he entendido que el Gobierno sí está asumiendo hoy la
responsabilidad política de la mala privatización de Intelhorce y de las
consecuencias que se producen, tomando una decisión con riesgo, que al
final es más política que técnica. Eso es lo que yo he entendido. La
responsabilidad política la tiene que tomar alguien y la tiene el Consejo
de Ministros. A partir de ahí, me sigue resultando alarmante, y me
gustaría que el señor Ministro dijese algo que tranquilizase, no sólo a
nuestro Grupo, sino a la opinión pública, ver lo fácil que es engañar al
Gobierno de este país. No puede ser tan fácil engañarle, como parece que
ha sido en este caso, que no sea posible de detectar que detrás de esta
empresa no estaba Benetton. Yo creo que no puede ser tan fácil y quisiera
que nos dijese el Ministro por qué el Gobierno se deja engañar de forma
tan fácil.

En cuanto al aval, hemos preguntado, no tanto por qué no se ejecuta, que
ha sido repetido muchas veces, sino por qué, una vez que se comprueba que
la empresa no puede realizar el primer pago, no se hace una nueva vía de
investigación sobre la solvencia de la empresa, sino que todavía se sigue
manteniendo la solvencia del aval y confiando en que la empresa pueda
salir adelante. Tienen que pasar más años, hasta que resulta evidente que
la empresa no tira adelante.

Aquí nadie está cuestionando la necesidad de privatizar Intelhorce. Lo
que se cuestiona es por qué se hizo de forma tan chapucera y tan
perjudicial para los intereses de Intelhorce.

Quiero terminar haciendo una aseveración porque, a fuerza de repetir
ciertas argumentaciones y de no contestarlas, parece que todos las
podemos asumir. Se vuelve a repetir que se está totalmente convencido de
la inviabilidad de la empresa. Nuestro Grupo está convencido de que la
industria textil en Málaga puede tener futuro, siempre que la gestión no
sea la que se ha hecho, y la gestión es la que se ha hecho porque se
privatizó de una manera determinada. Quería dejar claro que Izquierda
Unida confía en que el sector textil andaluz tiene futuro y que son otros
intereses ajenos a nuestra Comunidad los que históricamente se han
empeñado en hacer inviable un sector textil fuerte en Andalucía. No es
el objeto de esta Comisión --además era inviable crear Comisiones de
investigación en aquel momento-- pero habría que ver cómo se privatiza
Intelhorce la primera vez, para qué, qué objeto tiene esa privatización
y a qué intereses obedece. Todos creemos que el problema de Intelhorce
no es que sea inviable, es que se ha hecho inviable, porque no interesa
que haya un sector textil andaluz fuerte.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): ¿Que Izquierda
Unida plantea el tema en un momento anterior? Es posible. Es cierto. Pero
no he estudiado el tema y no sé exactamente cuáles son las razones por
las que el Fiscal General del Estado no sigue adelante en aquel momento.

No sé si es falta de datos en la documentación, que los hechos no son
constitutivos de problemas, porque falta base o por lo que sea. Lo que
sí es cierto es que el proceso actual se inicia como consecuencia de una
decisión del Gobierno.

Segundo, responsabilidades de Improasa. Vuelvo a decir lo mismo que he
dicho antes. Evidentemente, hay un comportamiento incorrecto del
presidente de Improasa y es cierto que el presidente de Improasa le ha
nombrado el Gobierno. Estamos hablando del año 1985. Lo conocemos ahora
como consecuencia de la investigación judicial. ¿Cómo vemos ahí la
responsabilidad política? Sí puedo aclararle lo que me plantea, que yo
acepto las responsabilidades políticas de la privatización.

Absolutamente. Lo he dicho de forma contundente. Todo lo que se ha hecho
en Intelhorce desde 1993 ha sido en la época en que yo soy responsable
del Ministerio de Economía y Hacienda y, evidentemente, acepto esas
responsabilidades políticas.

¿Es fácil engañar al Gobierno porque se deja engañar? No, no es fácil.

Pensamos que hay una venta de 2.000 millones,



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con un aval de 2.000 millones; hay unos informes de Improasa que, en
principio, deberían haber sido correctos, y nadie tendría por qué
presumir que son incorrectos, en función de hechos que se han demostrado
posteriormente. Existían avales bancarios y una serie de información que
nos permitían pensar que toda ella, conjuntamente, nos daba un comprador
razonable. Al final, una serie de factores que se muestra que no son
correctos hacen que todo esto sea, como en otros casos, un problema que
ha tenido más dimensión de la que nadie hubiera podido imaginar en aquel
momento.

El problema de por qué no se ejecuta el aval. Se ejecuta y se ejecuta en
el último momento. Su señoría pregunta por qué no hay preocupación por
parte del Gobierno. La preocupación existe, pero es verdad que hay dos
hechos. En ese momento, hay una empresa privada que gestiona Intelhorce,
y los 2.000 millones que hay que pagar y que es por lo que el Gobierno
debe preocuparse, por los fondos públicos, están avalados y están
garantizados. En consecuencia, no parecía necesario adoptar decisiones
adicionales, o visto ahora, no parece que entonces pudiera serlo.

Su señoría dice que hay un problema de inviabilidad de la empresa que
ustedes no comparten. Tienen una ocasión de oro para demostrar la
viabilidad de la empresa ahora. Busquen alguien que sea capaz de poner
en marcha algo, con una ventaja importantísima respecto a Intelhorce, y
es que no tiene los pasivos financieros, ni siquiera los pasivos
laborales que tenía Intelhorce; y, en consecuencia, se parte de cero. Si
SS. SS. tienen una idea tan clara de que esto es viable, nunca
encontrarán una ocasión mejor que con trabajadores dispuestos a entrar
en una nueva aventura, incluso con aportación financiera, con los activos
de Intelhorce, sin cargas financieras, ni con pasivos financieros. Nunca
se podrá poner en marcha de forma mejor una empresa textil. Por lo tanto,
tienen una ocasión de que sus afirmaciones no sólo sean eso, sino
realidades.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Muy brevemente porque nos estamos alargando
demasiado y algunas cosas están bastante claras.

Por favor, señor Ministro, no nos dé esas ideas, no vaya a ser que cundan
y vayamos a tener la segunda parte del problema de Intelhorce en el
futuro. Dejemos las cosas como están, y no dé muchas ideas de ese tipo.

Sí me gustaría precisar dos cosas. Una, que el Gobierno, cuando vende
Intelhorce, no sólo vende una empresa, vende un problema social. Vende
una empresa en pérdidas, que siempre pierde, que no tiene futuro y que
tiene aproximadamente 1.600 trabajadores. Está vendiendo un problema
social. Y cuando se vende un problema social, hay que estar pendiente del
desarrollo y del desenvolvimiento de esa empresa, que es lo que yo creo
que no hizo el Gobierno. El Gobierno sabía, creo que perfectamente,
quiénes eran los que compraban: dos empresas que no tienen detrás de
ellos a nadie. ¿Y quién dijo que detrás estaba Benetton? ¿Por qué no se
vio? No hay ningún documento de Benetton diciendo: estas empresas son
mías y estoy detrás del proyecto. No hay nada. Cuando se está vendiendo
una empresa como Intelhorce, con el patrimonio que tenía, más de 20.000
millones, con 1.600 trabajadores, no se pueden hacer las cosas así. No
se puede decir: alguien me ha dicho en un bar que detrás de esto está
Benetton. Tenía que haber habido algún documento fehaciente que lo
avalara, y si no no se puede poner como una de las variables que
influyeron en la venta. Porque yo me he enterado de quiénes son
Benservice y Benorbe por dos documentos que he leído, y a éstos no les
vendo yo ni una tienda. Porque, al final, termina siendo el propietario
Glendive International, domiciliada en Gibraltar, dos empresas que se
constituyen una dos años antes y otra cuatro años. En fin, que el
propietario es este señor, que debía ser un agente comercial de
Benetton... ¡Venderle una empresa de estas características y encima no
tener la seguridad de que, efectivamente, estaba Benetton detrás...! Yo
creo que esto no se tenía que haber vendido. Además --y en esto ya
entraremos; es entrar en más cuestiones--, se tomó la opción que no se
tenía que haber adoptado, de las tres que se proponían y de las tres que
propone el documento, que es el proyecto de acuerdo de venta y el informe
que manda la Dirección General de Patrimonio al Servicio Jurídico del
Ministerio de Economía. Tres alternativas: el mantenimiento y
reforzamiento de la gestión, que dice que se desecha por los altos costes
económicos y sociales; segunda, la liquidación, que también se desecha
por los altos costes sociales y tensiones que generaría, y tercera, la
venta, que es la solución propuesta. Pero ¿a quién se vende? Porque el
que vende se queda con los dos argumentos primeros, es decir, no puedo
mantener una empresa en estas características, porque ya lo dice el
propio documento; y, desde luego, no puedo liquidar, porque es una de las
condiciones que se ponen. Por tanto, esto no tenía ninguna viabilidad de
futuro.

En esas condiciones, lo que hay que hacer es un seguimiento permanente,
continuo, del proceso de privatización, y no podemos decir: como ahora
la empresa es privada, yo no puedo perseguir a esa empresa, ver cómo está
gestionando, ver los balances, ver las cuentas de gestión. Yo creo que
ése es el verdadero error que se comete en esta empresa y que se puede
cometer en todas las privatizaciones. Si el Gobierno privatiza una
empresa y esa privatización lleva consigo un problema social, como era
éste, tienen que mantener y tiene que perseguir la gestión de esa empresa
privada ahora, tiene que tener derecho y tiene que hacerlo de alguna
forma, y si no es legal habrá que establecer los requisitos legales. Lo
que no puede ser es que, si esa empresa al cabo del tiempo va mal, tenga
que revertir otra vez en el Estado. Y éste es el verdadero problema, para
mí central, de esta cuestión.

Finalmente, señor Ministro, sí me gustaría saber su opinión sobre qué
interpreta por responsabilidades políticas. ¿Cuándo cree usted que
existen responsabilidades políticas? ¿Se pueden derivar de aquí
responsabilidades políticas o no? Si dentro de su departamento hay altos
cargos que cometen actuaciones que luego se demuestran, penalmente



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o en el proceso judicial, que han sido delictivas, ¿hay una
responsabilidad? ¿Usted admitiría esa responsabilidad? En definitiva,
¿usted qué considera que es una responsabilidad política?



El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.

Respecto de la valoración de las responsabilidades políticas, va más allá
del objeto de su comparecencia.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Voy a hacer dos
comentarios muy rápidos.

Primero, S. S. ha dado la respuesta a sus propias dudas sobre si la
capacidad legal del Gobierno para seguir determinado tipo de excepciones
existe. Segundo, sobre las responsabilidades políticas, yo le devolvería
la pelota. Corresponde a ustedes fijarlas y no a mí.




El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Coalición Canaria renuncia
a una nueva intervención.

Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo, en representación del Grupo
Parlamentario Socialista.




El señor SAENZ LORENZO: Desde el punto de vista del Grupo Socialista, el
Gobierno responde políticamente de las decisiones que toma y no pensamos
que deba responder políticamente de posibles actuaciones delictivas de
algunos de los gestores que están actuando en la cuestión pública. Lo
digo por si sirve de aclaración.

Sería importante señalar que, en el momento de la venta, esta venta se
produce con las debidas garantías. Se está hablando de la solvencia de
la empresa afectada. Nos han enviado unos informes de dos bancos. El
primero de ellos del Banco de Bilbao, que dice: El grupo de empresas
Benorbe, S. A., así como sus participadas, mantienen desde antiguo
importantes y sólidas relaciones con nuestra institución, así como con
los principales socios y consejeros delegados de estas sociedades, don
Giovanni Orefici y don Alvaro García Lavigne. Desde esta experiencia
profesional y conocimiento personal, informamos que la solvencia,
capacidad técnica, financiera y seriedad comercial de grupo de empresas
Benorbe, S. A., así como la de sus socios y gestores, de, en nuestra
opinión, de toda garantía, lo cual ha sido demostrado y así nos consta...

Este es el informe del Banco de Bilbao, de Málaga. El informe del Banco
Urquijo es muy similar en sus características. Y hay un informe que,
afectivamente, hoy está puesto en cuestión por la autoridad judicial, que
es el que el Gobierno encarga a la empresa Improasa sobre la capacidad
de esta empresa, y el informe es positivo y lo pone en relación con el
Grupo Benetton. Luego se ha demostrado que esto no era así, pero así
figura en el informe, que es el que permite tomar la decisión de la
venta. Lo que nuestro Grupo no acaba de entender es qué tiene que ver un
préstamo realizado posteriormente, negociado por la empresa con el Banco
Exterior, con el aval. Desde nuestro punto de vista, no tiene nada que
ver con el aval, ni aporta un elemento nuevo significativo en esta
Comisión.




El señor PRESIDENTE: Nada más, señor Ministro.

Muchas gracias por la información que ha facilitado a esta Comisión.




--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (BLANCO-MAGADAN AMUTIO).

(Número de expediente 212/001778.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, de acuerdo con el orden del día anunciado,
vamos a continuar con la comparecencia de don Juan Antonio Blanco-Magadán
Amutio, Subsecretario del Ministerio de Economía y Hacienda, a quien doy
la más cordial de la bienvenidas a esta Comisión en nombre de todos sus
miembros y a quien cedo la palabra para que nos informe de cuanto crea
conveniente y pertinente, siempre de acuerdo con el objeto por el cual
ha sido citado, que, como sabrá, es exactamente el mismo por el que ha
sido creada la Comisión de Investigación, toda vez que los comisionados
creíamos oportuna su comparecencia para tener una visión global,
panorámica, del proceso de privatización y luego entrada al sector
público hasta nuestros días de Intelhorce,
Señor Subsecretario, bienvenido y tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
(Blanco-Magadán Amutio): Señor Presidente, señorías, comparezco hoy ante
esta Comisión en mi condición, como ha dicho el Presidente, de
Subsecretario de Economía y Hacienda y, como tal, responsable directo de
la Dirección General de Patrimonio, que, como saben SS. SS., es el centro
directivo del Departamento que ha desarrollado a lo largo de todos estos
años las actuaciones de la Administración del Estado en relación con el
asunto Intelhorce.

Entiendo que soy, entre todos los convocantes en esta fase inicial de la
investigación, el que puede dar una comprensión más panorámica de las
actuaciones de la Administración del Estado en relación con Intelhorce.

Creo que sería útil para la Comisión que, indudablemente desde mi
perspectiva, pero apoyándome en datos objetivos, proporcione una visión
sintética de lo que es un proceso sin duda muy complejo.

Bien es cierto que algunos miembros de esta Comisión están perfectamente
informados de las vicisitudes de un proceso que se ha vivido con especial
intensidad en la ciudad de Málaga, pero también lo que que para otros
miembros de esta Comisión resultarán abstrusos y difíciles de retener los
aspectos esenciales del proceso que se deducen de la documentación de que
disponen en estos momentos, que ha sido remitida por el Ministerio el
pasado 8 de noviembre y que consta de miles de folios.

En esta idea de facilitar la inteligencia del asunto Intelhorce, y si la
Presidencia me lo permite, dejaría esbozada una visión de conjunto de un
proceso desafortunado, pero que contiene elementos que deben a todos
servirnos de enseñanza.

Como he dicho antes al Presidente, debo pedir disculpas por anticipado
por la posible extensión de mi intervención.




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Por muy escueto que sea --trataré de serlo--, me parece imposible hacerlo
con un mínimo de rigor sin consumir algún tiempo.

Se ha dicho ya en esta Comisión, y seguro que SS. SS. lo conocen, que
Industrias Textiles de Guadalhorce, es decir, Intelhorce, S. A., fue
constituida mediante autorización concedida por decreto de la Presidencia
del Consejo de Ministros, un primer hito es que la constituye el Consejo
de Ministros el 29 de marzo de 1957, ubicándola en el ámbito del
Instituto Nacional de Industria (INI).

En 1972, ante la situación económica negativa, fue privatizada y esa
situación se mantiene hasta 1980, en que vuelve a la esfera pública, de
nuevo mediante acuerdo de Consejo de Ministros, pero esta vez ya no se
adscribe al INI, sino a la Dirección General de Patrimonio del Estado,
ubicación realmente extraña en una empresa de carácter industrial.

La actividad básica de Intelhorce es perfectamente conocida, la
producción y venta de hilados y tejidos, de algodón, mezclas, etcétera,
y funciona exclusivamente en el municipio de Málaga.

Hay un dato que se ha reiterado aquí bastante, pero es muy importante
insistir en él. Es una empresa que a lo largo de toda su historia, sin
una sola excepción, ha cosechado pérdidas, pérdidas millonarias. Se ha
mencionado aquí por el Ministro que desde el año 1980 hasta 1994 esas
pérdidas totales ascienden a 57.300 millones de pesetas, y estamos
hablando de pesetas de cada año; 885 millones de 1980 no son 885 millones
de ahora, como todas SS. SS. saben.

Por tanto, es una empresa que ha cosechado pérdidas siempre, incluso
cuando la evolución del sector textil era más positiva. Algún año llegó
a tener cierto resultado de explotación cercano a lo positivo --300
millones de pérdidas, etcétera--, pero nunca totalmente positivo.

En el año 1988, la Dirección General de Patrimonio --a la que, como he
dicho antes, vuelve en 1980--, ante esta situación de la empresa, se
plantea que la alternativa razonable es proceder a la venta ante la falta
de carácter estratégico del desarrollo de la actividad de Intelhorce y
ante la continua acumulación de pérdidas. Para ello, en el año 1988,
insisto, se encomienda a la empresa pública Improasa, empresa cien por
cien pública, instrumental de la Dirección General de Patrimonio, que
lleve a cabo las gestiones para la búsqueda y selección de un comprador.

Siguiendo la práctica habitual en procesos de este tipo, Improasa procede
a elaborar un cuaderno de promoción, que se entrega a una serie de
empresas --en este caso a más de cien-- y grupos que en principio se
supone, dada su especialización, que podrían estar interesados en la
compra. De estas cien empresas y grupos, doce mostraron interés en la
adquisición de Intelhorce. Que mostraron interés quiere decir que
pidieron la información adicional a lo que es un mero cuaderno de
promisión, que seguro que SS. SS. saben en qué consiste. Muestran interés
doce, como digo, y a esas doce se les envía algo muchos más concreto, que
se llama, en el lenguaje de este tipo de procesos, cuaderno de ventas,
y que incluye ya una información más precisa, balances etcétera.

Frente a este cuaderno de ventas presentan una oferta inicial tres
grupos, Dolfus Meig and Cia, Benorbe, S. A., e Hilaturas Gossypium, S.

A. Como también es prácticamente habitual, estas ofertas iniciales fueron
objeto de los correspondientes turnos individuales, declaraciones (lo que
se llama los ius diligens), consultas, negociaciones, etcétera,que
culminan con la presentación en junio de 1989 de dos ofertas definitivas,
una por parte de Benorbe y otra por parte de Hilaturas Gossypium, si bien
hay que aclarar que esta última no llegó a formalizar la fianza exigida
de cien millones de pesetas.

Por tanto, nos encontramos con que la Dirección de Patrimonio sólo tiene
en esos momentos formalmente una oferta, que es la de Benorbe, que ha
llegado al final de la selección y ha aportado la fianza. Entonces es
Improasa la que, de acuerdo con el encargo que le había hecho la
Dirección de Patrimonio, eleva un informe a ésta estimando según sus
propios criterios, que la más ventajosa para los intereses públicos y de
la propia empresa (Intelhorce) era la oferta presentada por Benorbe, S.

A., por lo que la Dirección de Patrimonio procede a elevar al Consejo de
Ministros el preceptivo acuerdo de autorización de enajenación a Benorbe
y Benservice de la totalidad del capital social de Intelhorce.

Dado que éste es un hito importante del proceso del que estamos hablando,
la decisión de privatización, me voy a detener aquí, aunque sea
brevemente, para mencionar dos aspectos: el informe Improasa y el acuerdo
de Consejo de Ministros.Voy a hacer una cosa, si el Presidente me lo
permite, un poco distinta de lo que he visto hacer aquí esta mañana por
algún grupo parlamentario, y es referirme sólo a documentos que en estos
momentos están a disposición de la Comisión. Por tanto, no utilizaré, ni
mencionaré, ni argüiré ni usaré documento alguno que no haya sido puesto
desde hace ocho días a disposición de la Comisión y que, por tanto, pueda
ser contrastado y verificado por parte de los comisionados.

El primer documento que es importante mencionar --y no me he traído
muchos porque insisto que están en la documentación-- es el informe de
Improasa sobre la gestión de venta, que es este mamotreto que tenemos
aquí, informe que, evidentemente, incluye todo tipo de información
económica, etcétera, y es claro, explícito y rotundo en multitud de
páginas, pero desde luego en sus conclusiones, en las relaciones entre
Benorbe y Benservice y Benetton. Es, insisto, claro y rotundo, y es
comprobable por SS. SS. puesto que la documentación la tienen.

¿Por qué es importante el tema Benetton? Pues en estos momentos es
importante porque una de las debilidades que se argüía con respecto a
Intelhorce era una debilidad de producto, una debilidad comercial. Era
una empresa que tenía una gran capacidad de producir, pero sin calidad
y sin capacidad de acceder al mercado, sin producir textiles, que cada
vez están más ligados a una significación concreta. Por tanto, Benetton,
en principio, se supone que añadía una capacidad comercial, que era una
de las grandes debilidades de Intelhorce. Pero lo relevante aquí es
retener que la Dirección de Patrimonio había hecho un encargo a Improasa,
y ésta es rotunda no sólo a favor de la oferta de Benorbe



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y Benservice, sino en los argumentos de por qué esa oferta es la mejor,
aparte de la única. Ahí es donde entra el tema Benetton, que es
fundamental. Y no sólo hace eso. Como ha comentado el representante del
Grupo Socialista porque está en la documentación, adjunta, por supuesto,
dos informes de solvencia de BBV y del Banco Urquijo, y se aporta por
parte de Benorbe y Benservice el aval unos días después, cuando ya el
tema se cierra. Por tanto, es Improasa la que hace una valoración rotunda
positiva a favor de Benorbe y Benservice.

A partir de aquí ¿qué hace la Dirección de Patrimonio? Pues propone la
elevación a Consejo de Ministros de la propuesta de acuerdo para la venta
de Intelhorce a favor de Benorbe y Benservice en las condiciones en que
se hace y que constan, insisto, en la documentación que se ha remitido
a SS. SS. ¿Cómo se hace un acuerdo en Consejo de Ministros? Los proyectos
de acuerdo del Consejo de Ministros constan de una serie de
documentación, alguna es preceptiva y otra no, y conviene --no es que sea
absolutamente vital-- que SS. SS. sepan que en un acuerdo de Consejo de
Ministros de estas características, es decir, una venta directa de una
empresa, la Ley de Patrimonio sólo exige un informe preceptivo, sólo uno,
que es el de la Intervención General de la Administración del Estado. No
obstante, es práctica habitual (lo es ahora y lo era entonces) que además
haya otros informes, y singularmente por parte del Servicio Jurídico.

Pero insisto, el único informe preceptivo es el de la Intervención
General de la Administración del Estado de acuerdo con la Ley de
Patrimonio. En esos momentos se tienen --y consta en la documentación que
se ha remitido-- el informe de la Intervención General, el informe del
Servicio Jurídico y un informe --si lo quieren llamar así o memoria
justificativa, que creo que es del que el señor Zabalía ha leído algunos
párrafos-- con las distintas alternativas que se planteaban entonces y
cómo aconseja al Gobierno, en este caso al Director de Patrimonio pero
vía Director de Patrimonio al Gobierno, que ésa se entiende que es la
solución más razonable de las tres que contemplaba.

El acuerdo del Consejo de Ministros ha sido aquí, y sobre todo fuera de
aquí, muy discutido, y se ha dicho que se basa en informes claramente
negativos. Yo tengo que decir --pero no es que yo lo diga, lo pueden
comprobar perfectamente SS. SS.-- que eso no es cierto. El informe de la
Intervención General de la Administración del Estado que acompaña al
acuerdo del Consejo de Ministros --y puedo decir con rotundidad que no
es cierto porque están en el conjunto de documentación que se ha mandado,
pero de todas maneras me los he traído aquí--, es rotundo y literalmente
dice: En consecuencia, a la vista de las actuaciones recibidas y teniendo
en cuenta lo dispuesto en el artículo 6.3 del artículo 104 de la Ley de
Patrimonio (...), esta Intervención General nada tiene que oponer a que
el proyecto de acuerdo de referencia sea elevado a la aprobación del
Consejo de Ministros, por cuanto su contenido se ajusta a las
disposiciones legales que le son de aplicación y se acredita la
existencia de crédito para sufragar el gasto que el mismo comporta.

Esto lo dice literalmente, como no podía ser de otra forma, porque no se
puede aprobar por acuerdo del Consejo de Ministros algo que tuviera un
informe preceptivo negativo, como sabe perfectamente el señor Guerra, que
por lo visto ha sido Subsecretario.

Ahora bien --sigue el informe--, desde el punto de vista económico se
considera oportuno formular unas observaciones. Y formula unas
observaciones en las que me detendré un poco, pero muy poquito, porque
esta Presidencia, por decisión de la Comisión, ha convocado al firmante
de este informe y, por tanto, debe ser él quien explique lo que
significa, pero yo debo, por contextualizar, hablar un poco de esto.

Como digo, se acompaña también un informe del Servicio Jurídico, cuyo
firmante también está convocado por esta Comisión y él será el que
explique lo que significa, en el cual, por supuesto, no se dice en ningún
punto que el proyecto de acuerdo del Consejo de Ministros sea ilegal,
contrario a derecho, que no pueda ser aprobado; no se dice nada al
respecto, y si alguna de SS. SS. conoce un informe de un servicio
jurídico que, estimando que algo es ilegal, no lo dice, que me lo nombre,
uno solo. No hay jurista que estime que algo es ilegal y no lo diga o no
lo deje implícito, y aquí no lo dice. Hace una serie de consideraciones,
en las que, como digo, sólo me voy a detener muy brevemente porque han
sido convocados a esta Comisión los firmantes.

En el primero, el de la Intervención General, las consideraciones son
fundamentalmente en torno a un tema que se ha discutido aquí bastante,
que es sobre cómo valorar esta empresa, y simplemente describe que el
patrimonio neto son 18.000 millones --lo pueden comprobar, son
epígrafes-- y que los resultados de los últimos años arrojan unas
pérdidas de 2.000 millones, y describe que, comparando el valor de venta
en 2.000 millones con el neto patrimonial, eso es un 8 por ciento;
simplemente lo describe. Luego describe que la viabilidad económica
futura de Intelhorce no exige inicialmente desembolsos importantes a los
compradores --2.000 millones, si son importantes o no habría que verlo--
y que el mantenimiento del empleo, máxima preocupación de la Dirección
General, sólo queda garantizado por un período relativamente corto de
tres años. No deja de ser una valoración subjetiva, me lo reconocerán,
y me reconocerán, que algo que garantiza el empleo durante tres años no
parece negativo. En todo caso, insisto, describe, y ha dicho
clarísimamente que no es ilegal.

¿Qué hace el Servicio Jurídico? Primero dice que con respecto al precio
de venta no entra.

Se han mencionado dos temas fundamentales. Respecto a la disposición de
los fondos dice: En la medida en que dicha autorización se configura como
una salvaguardia o garantía del plan de viabilidad futura de la empresa
a los posibles efectos de controlar la realización efectiva de
determinadas inversiones, se estima adecuado su incorporación al acuerdo
del Consejo de Ministros. El señor Abogado del Estado estima en esos
momentos adecuado, para garantizar el condicionamiento de los fondos que
va a utilizar la empresa de la ampliación de capital, que se incorpore
al



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acuerdo del Consejo de Ministros. Eso no se hace así, como saben SS. SS.,
y si no lo saben se lo digo yo, sino que no se condiciona en el acuerdo
del Consejo de Ministros, se condiciona en la escritura de compraventa,
que se firma cuatro o cinco días después. Pero es en una escritura
pública, repito, donde se condiciona la utilización de esos fondos. Es
decir, una de las cosas que dice el Servicio Jurídico se cumple, no en
el acuerdo del Consejo de Ministros, sino en la escritura.

Pero lo que más se ha argüido permanentemente, aunque no es lo más
importante, es el tema de que el Servicio Jurídico dice que advierte ante
un riesgo de ayudas de Estado porque la Comisión de las Comunidades
Europeas ha pedido información.

Voy a permitirme leer lo siguiente: Resta por abordar la cuestión
planteada de la documentación examinada, lo cual pone de manifiesto que
este tema no se ocultó nunca. Al Servicio Jurídico... (El señor Guerra
Zunzunegui dialoga con el señor Izquierdo Juárez.)
Si no le importa, S. S. me ha regañado antes porque yo asesoraba a mi
Ministro. Me gustaría que S. S. me atendiera.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, cuestión de orden.

Es uso en esta Cámara que a un compareciente, un Ministro o un
Subsecretario, un Diputado le puede indicar algo porque le está haciendo
unas preguntas al respecto. En cambio, nunca en esta Cámara un
Subsecretario ni un señor Ministro ha llamado la atención porque dos
comisionados estén cambiando impresiones al respecto.

Por tanto, yo le agradecería al señor Subsecretario que retirara esa
observación que ha efectuado, que únicamente entendemos que la ha hecho
por su falta de habitualidad en el Parlamento.




El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui, obviamente la Presidencia
ampara a su señoría. El señor Subsecretario ha hecho un comentario al
hilo de otro que había hecho en su momento S. S. y posiblemente porque
el rumor que llega a esta mesa distraía al propio señor Subsecretario,
como también distraía a esta Presidencia. Creo que podemos solventar la
cuestión sin más dilaciones. Por tanto, señor Subsecretario, prosiga y,
lógicamente, la Presidencia ampara al señor Diputado.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán Amutio):
Lo retiro con mucho gusto, señor Diputado. Sin duda yo estaba un poquitín
alterado por su intervención. Si le ampara el Reglamento, supongo que
bien amparado está. Lo retiro con mucho gusto y no se volverá a producir.

Estaba diciendo que hay un tema que se ha hecho fundamental en el informe
del Servicio Jurídico en relación con el acuerdo del Consejo de
Ministros, que es si advierte o no de ilegalidad ante la modificación del
procedimiento previsto relacionado con las posibles ayudas de Estado.

Como lo tienen SS. SS. no voy a leer más que una parte: «En relación con
este extremo» --es decir, si hay ese riesgo o no-- «este Servicio
Jurídico pudiera compartir los criterios expresados en la
documentación...» Insisto que esto es importante porque se ha hablado de
ocultación de este tema, y se pone de manifiesto reiteradamente que no
se ha ocultado nunca, que estaba en los papeles previos del acuerdo, y
está en el acuerdo. Y continúa: «...en el sentido de una posible
compatibilidad de tales ayudas con el Mercado Común, al amparo del
artículo 92.3» --no del 93.3-- «especialmente en relación con la
previsión contenida en la letra a) (...) Ello no obstante, corresponde
al Gobierno tomar en consideración y ponderar el riesgo que supone la
circunstancia de modificar el orden de procedimiento previsto en el
artículo» --aquí sí-- «93.3 del propio Tratado». Es decir, ¿qué hace el
Servicio Jurídico? Advierte de que aquí hay un problema y que se puede
compartir la reflexión que hay detrás de por qué se actúa de una forma
u otra, pero advierte, repito, del riesgo.

No me voy a referir más al acuerdo del Consejo de Ministros, ya que,
reitero, lo tienen SS. SS., pero sí quiero mostrar físicamente un
documento que una y otra vez se ha reiterado que se ha ocultado y que
está aquí: Ante la solicitud de información formulada por la CEE sobre
la posible existencia de supuestas ayudas de Estado, de las referidas
actuaciones y del contenido del presente acuerdo se informará a la
Comisión. Y se informó, creo recordar, dos semanas después. Por tanto,
no voy a entrar más en los temas del acuerdo del Consejo de Ministros ni
en la decisión de Improasa, salvo cuando SS. SS. me pregunten.

Se efectúa la venta de Intelhorce, que pasa a llamarse, como saben SS.

SS., General Textil España, y la compañía se ve sumida en una evolución
negativa, más negativa de lo que era anteriormente, sobre todo, por
decirlo de forma simplificada, por dos hechos: la crisis del sector
textil, que como saben SS. SS. a finales de los años noventa fue
especialmente intensa, y por la conducta de los propietarios. Esta
conducta entonces se desconocía, pero después, cuando se ha podido
conocer, se ha visto que la empresa General Textil Española, entonces
General Textil, se vio sometida a un proceso (si me lo permiten SS. SS.

porque es un lenguaje que se usa habitualmente) de vaciamiento de sus
activos, de sus cuentas por parte de los propietarios.

Pero no podemos olvidar una cosa que ha comentado el Ministro y que se
ha comentado aquí, que estamos hablando de una sociedad que a todos los
efectos jurídicos es ya una sociedad privada, a la cual la legislación
vigente ampara y establece la responsabilidad de los administradores,
pero administradores privados. Y que los fondos que se habían dado de la
ampliación de capital a GTE anterior son fondos de GTE, son fondos
privados, no son fondos públicos; lo eran antes de darlo y cuando se
pasan a dar pasan a ser fondos de la sociedad. Por tanto, lo que se haga
con esos fondos es responsabilidad única y exclusiva de los
administradores.

Sigo con el hilo argumental. Estamos situados en el año 1990, donde se
sigue produciendo una situación de pérdida de confianza en la empresa,
de pérdidas progresivas, y a finales de 1991 y principios de 1992 la
empresa se encuentra en una situación límite, prácticamente paralizada.

Se producen una serie de movimientos sociales y políticos



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que se concretan finalmente en unas iniciativas parlamentarias que aquí
se han comentado. Hay una de Izquierda Unida, que se transforma por la
unanimidad de todos los grupos en una proposición no de ley en febrero
de 1992, por la que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para
que en el plazo de tres meses adopte las medidas oportunas para la
normalización de la actividad empresarial de la empresa Intelhorce y
permita sentar las bases para su eficaz funcionamiento. En virtud de esta
proposición no de ley, la Dirección General del Patrimonio encomienda a
Improasa el estudio y adopción de las medidas más idóneas para su
cumplimiento. Insisto en que estamos en febrero de 1992. Hace una serie
de estudios e Improasa procede a realizar las siguientes actuaciones.

Primero, dar el apoyo a los planes de viabilidad que estaban en marcha,
es decir, que se habían negociado entre los sindicatos y los anteriores
gestores con una consultora llamada Interdoxa. Es decir, estaba en marcha
la posibilidad de unos planes de viabilidad, parte importante de los
cuales era la reducción de la plantilla casi a la mitad, de unas 1.600
personas se reducen a 742. Había esos planes, repito, pero no había
dinero para llevarlos a efecto. Era compartido por todo el mundo, y se
ha dicho aquí en esta Comisión, que sin un redimensionamiento de la
plantilla, Intelhorce no tenía posibilidad ninguna.

Además de hacer esto, es decir, de hacerse cargo de estos planes de
viabilidad (y luego lo explicaré con un poco más de detalle), se hace
cargo de la gestión de la sociedad. ¿Como hace estas dos cosas?, es
decir, ¿como aporta los recursos para hacer frente a estos ajustes de
plantilla, a estos planes de viabilidad y qué significa que se hace cargo
de la sociedad? Hay que volver a recordar que la proposición no de ley
inicialmente pedía que volviera al sector público. Después hay un debate
centrado en ese punto, que consta también en el «Diario de Sesiones» y
en la documentación que hemos enviado, y se decide que no vuelva al
sector público. Por tanto, no parece razonable que, si la proposición de
ley había rechazado eso, el Ministerio de Economía y Hacienda, en su
momento, planteara lo contrario. Y a lo que se recurre es a un conjunto
de actuaciones, que son forzadas en el sentido de que se mueven en el
extremo de lo habitual, pero creemos que perfectamente legal.

El resultado final de todo esto es que Improasa detenta el 48 por ciento
de capital, en autocartera hay un 7 por ciento y Benorbe y Benservice
siguen siendo accionistas de GT por el resto, por el 43 por ciento. Eso
sí, ceden, mediante una escritura notarial, los derechos políticos a
Improasa para que pueda asumir la gestión de Intelhorce. Estamos en abril
de 1992. Se renueva el consejo de administración y se empiezan a analizar
los planes de viabilidad. El análisis de estos planes es lo que pone de
manifiesto que es absolutamente imposible aplicarlos y entonces Improasa
entra en un proceso que es el de gestión de Intelhorce, que va desde
abril de 1992 hasta la liquidación.

Al ver que el plan de viabilidad aprobado no era posible aplicarlo, se
encarga a una consultora internacional, la consultora Werner, que se
estima que es la mejor a nivel mundial, y Werner hace tres informes desde
primeros de octubre de 1993 hasta finales de 1994, y va analizando las
distintas posibilidades. Si SS. SS. tienen interés, entraría en los
informes Werner, pero dado que vamos muy mal de tiempo simplemente
concluyo diciendo algo que es perfectamente sabido por todos, y es que
la conclusión de todos los informes Werner, incluso en las hipótesis más
favorables --aumentos de productividad del 50 por ciento, disminuciones
de la plantilla a la mitad, inversiones de miles de millones de
pesetas--, la empresa sigue perdiendo.

En esos momentos (estamos ya en el año 1994), desde el punto de vista
empresarial se llega a la conclusión de la absoluta inviabilidad de
Intelhorce. En paralelo (porque insisto que aquí estamos ya llegando a
esa conclusión tan rotunda después del Werner-3 en el año 1994) hay dos
procesos que conviene que me detenga en ellos: uno es el tema del
expediente comunitario, llamémoslo así, y otro es el tema de la
investigación interna y externa, que acaba en la denuncia.

Respecto al expediente comunitario, ya antes, al hablar del acuerdo del
Consejo de Ministros, he puesto de manifiesto que en los borradores, en
el acuerdo definitivo, en toda la documentación que existe en torno a ese
acuerdo se advierte que hay una petición de información por parte de la
Comisión sobre ayudas. Esta petición de información es un fax --consta
en la documentación que se ha remitido, y vuelvo a reiterar que sólo me
voy a referir a documentos que se han remitido y son perfectamente
contrastables-- del 4 de abril de 1989, en el cual la Comisión de la CEE,
a través creo de la Dirección General de Defensa de la Competencia, no
estoy seguro, dice que, a partir de informaciones de prensa tienen
conocimiento de que, con respecto a Intelhorce, en los años 1987 y 1988
se han hecho aportaciones de capital que pueden afectar --no sé la
expresión que usa el informe; no la recuerdo exactamente--, en fin, pide
información sobre esas ayudas. Insisto, la carta es de 4 de abril de 1989
y las aportaciones de capital se refieren a los años 1987 y 1988.

Entonces, el acuerdo del Consejo de Ministros, que es del 4 de agosto de
1989, menciona, como ya he leído antes, que se va a mandar inmediatamente
información a la Comisión sobre lo que ha pedido, que son las ayudas de
1987 y 1988, y sobre lo que no ha pedido, que es la ampliación de capital
de 1989. Así se hace. El 4 de agosto de 1989 se informa --consta en la
documentación, es un informe muy grueso-- a la Comisión sobre lo que ha
pedido, que no es un expediente sino información ante noticias de prensa
de ampliaciones de capital de 1987 y 1988, y sobre lo que no ha pedido,
que es la ampliación de capital de 1989.

Como todo el mundo sabe, éstos son temas muy prolijos, hay un montón de
reuniones, intercambio de información, etcétera; está todo documentado
en los papeles que se han remitido, y nos situamos ya en julio de 1990.

Recuerdo a SS. SS. que la empresa fue privatizada en agosto de 1989, y
en julio de 1990 la Comisión realiza la apertura de un procedimiento, que
se comunica mediante un fax, luego la carta oficial es de 18 de
septiembre de 1990 y se publica en el Boletín Oficial de las Comunidades
en diciembre también de 1990, año y medio después de la privatización.

Esta es la comunicación de apertura del procedimiento, a



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la cual se opone el Gobierno español. A lo largo de 1991 hay un
intercambio de información, reuniones, etcétera, y la Comisión, en enero
de 1992, comunica que ha tomado una decisión. En abril de 1992 (es
importante retener todos estos hitos en paralelo con lo que ha ido
pasando con Intelhorce) la Comisión comunica que ha tomado la decisión
de que todas las ayudas de 1986 y 1987 no han seguido el procedimiento
previsto, pero se consideran compatibles. La ayuda de 1989, la previa a
la ampliación de capital de los 5.800 millones, tampoco ha seguido el
procedimiento previsto y se considera incompatible. No se acepta la
argumentación del Gobierno español, que por cierto todo el tiempo fue la
que S. S. ha dicho que cómo no se usó, y consta en la documentación; todo
el tiempo fue la situación industrial, el desarrollo regional y la zona
de objetivo de Málaga, como no podía ser otra porque era la más
utilizable. Se recurre esta decisión por parte del Gobierno español en
mayo de 1992 con estos mismos argumentos de razones de orden territorial,
etcétera, y la sentencia es de septiembre de 1994. De nuevo es importante
saber esto, porque aquí se ha empleado el argumento de que al alterar el
procedimiento incluye un riesgo. Es verdad que se incluye un riesgo, pero
es verdad también que no necesariamente se transforma en una sentencia
condenatoria. Las ampliaciones de capital de 1987 y 1988 alteraron el
procedimiento, pero la sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas
las considera compatibles; por tanto, no hay que devolver nada, han
alterado el procedimiento, pero son compatibles. A la de 1989 no le
ocurre eso, en Hytasa --no lo digo yo, lo dice la sentencia, y consta en
la documentación-- hay el riesgo pero no tiene por qué producirse. Y esa
misma sentencia, de cara a las ayudas en Hytasa, las hace compatibles,
habiendo alterado también el procedimiento.

Otro tema que quería comentar va en paralelo durante estos años, es
decir, desde febrero de 1992 hasta el año 1994, en paralelo a lo que va
pasando con la empresa, y van pasando dos cosas: el tema comunitario y
el tema de la investigación. La Dirección General del Patrimonio, a
través de Improasa, cuando se hace cargo de la gestión de Intelhorce
empieza a ver que hay cosas que no cuadran, que no encajan. Una vez que
está dentro empieza a conocer desvíos de fondos, etcétera, y toma una
serie de decisiones, que sustancialmente son tres: la petición de una
auditoría externa a Deloitte y Touche desde el período de 1989 a 1992,
la petición de una auditoría interna a la Intervención General de la
Administración del Estado desde el mismo período, desde 1989 a 1992, y
la puesta en marcha de una investigación interna, muy prolija, que supone
analizar más de treinta mil movimientos contables y una maraña de
sociedades interpuestas. En fin, SS. SS. conocen perfectamente la
dificultad que tiene todo esto. Insisto que eso lo empieza a hacer a
finales de 1992, que es cuando lo puede hacer, y el informe de Improasa,
que acaba en el año 1994, no recuerdo el mes, creo que abril. Improasa
remite un informe a la Dirección General del Patrimonio poniendo de
manifiesto todas las irregularidades que ella ha detectado, que también
consta en la documentación que se ha remitido. La Dirección de Patrimonio
pasa este informe a los Servicios Jurídicos y éstos elaboran un primer
informe con toda esta documentación: el informe Improasa, la auditoría
Deloitte-Touche, etcétera. En este informe se dictamina que hay toda una
serie de actuaciones que pueden constituir delitos muy graves.

¿Qué hacemos --y estamos en los primeros meses de 1994-- con ese informe?
Ese informe se lo remitimos inmediatamente al Servicio Jurídico del
Estado para que nos diga cómo debemos actuar. El Servicio Jurídico, un
mes después, nos dice que hay que poner una denuncia ante el Fiscal
General del Estado, cosa que hace la Dirección General del Patrimonio el
4 de julio de 1994, con un conjunto extensísimo de documentación de todo
tipo: la auditoría Deloitte-Touche, la de la Intervención General, el
acuerdo del Consejo de Ministros, etcétera. Insisto que todo eso consta
en la documentación que se ha remitido.

Por tanto, en el segundo semestre de 1994 la situación económica de la
empresa es inviable, con una sentencia firme de las Comunidades Europeas
que obliga a la empresa a devolver al Tesoro Público las ayudas
consideradas incompatibles, que, con los intereses, alcanza la cifra de
seis mil y pico millones, y con una denuncia ante los tribunales por
delitos gravísimos de carácter penal.

En ese momento, ¿qué actuaciones nos planteamos, e insisto que estoy
hablando del segundo semestre de 1994? Sólo la cabe alternativa de
presentar suspensión de pagos o dilatar la vida de la sociedad hasta que
ésta quedara abocada a la quiebra. Elegimos, como saben SS. SS., la
primera de las alternativas: presentar la suspensión de pagos. ¿Y por
qué? Por lo que se ha dicho aquí bastantes veces: la presentación de la
suspensión de pagos permitía la continuidad de la gestión social, aunque
fuese intervenida judicialmente; facilitaba la negociación con los
acreedores y el control del destino de los activos, pero sobre todo
permitía una liquidación ordenada, desde el punto de vista social de la
empresa.

En este momento, por tanto, se inician las negociaciones con la Junta de
Andalucía y el comité de empresa fundamentalmente con dos objetivos: la
solución al problema laboral y que a partir de este proceso se pueda
mantener una actividad productiva en Málaga, que tan necesaria es, con
el mayor nivel de empleo posible.

Voy a ser muy breve en estos puntos que he planteado: la solución al
problema laboral, el problema de la suspensión de pagos y la búsqueda de
una actividad estable en la zona. Con respecto al problema laboral, una
negociación como ésta, que supone la liquidación de una empresa, por
acuerdo de la totalidad de la plantilla (setecientas y pico personas),
no se les ocultará a ninguna de SS. SS. que no ha sido fácil y,
afortunadamente, ha llegado a buen puerto. Los trabajadores han sido
conscientes de que cualquier otra alternativa era muchísimo más
traumática, muchísimo más dramática. Por tanto, tras presentar en enero
de 1995 un expediente de suspensión temporal de empleo, que no se acepta,
el 25 de julio se llega a un acuerdo con los trabajadores para la
liquidación total de la plantilla, mediante prejubilaciones en unos casos
y bajas incentivadas en otros, que la plantilla de la factoría acepta en
referéndum, así como la autoridad laboral. El 30 de septiembre de 1995



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se liquida la plantilla. Por tanto, desde el punto de vista laboral, la
empresa Intelhorce está absolutamente liquidada, salvo la contrata
existente en estos momentos para el mantenimiento de las instalaciones.

Con respecto al expediente de suspensión de pagos, se presenta en octubre
de 1994. Como he dicho antes, la pretensión no es otra que garantizar una
posible solución no traumática, sobre todo en el aspecto laboral. En
marzo de 1995 se promulga el auto declarando la sociedad en situación
legal de suspensión de pagos, y desde entonces lo que ha hecho Improasa
es mantener unas negociaciones con todos y cada uno de los acreedores,
con vistas a poder formalizar un convenio de liquidación; convenio de
liquidación que fue aprobado por auto de 26 de octubre pasado y que si
no se han presentado impugnaciones hasta el día de hoy, pasará a ser
firme, se levantará la suspensión de pagos y se procederá a liquidar la
empresa, de acuerdo con las previsiones del convenio de liquidación. Los
principales acreedores, como no podía ser de otra forma en una empresa
con esta historia son, en primer lugar, Improasa, que es la que ha estado
aportando fondos de todo orden; el Tesoro público, puesto que hay una
sentencia para que Intelhorce devuelva al Tesoro público una ayuda de
capital declarada incompatible; la Agencia Tributaria y la Seguridad
Social. Y quedan pequeñas deudas con acreedores privados --creo que
también con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento--, en comparación con
el volumen total de la deuda, que se sitúa en torno a 20.000 millones de
pesetas.

El tercero de los aspectos a los que me he referido, junto a la
liquidación de la plantilla y a la suspensión de pagos, es el intento por
mantener el mayor nivel de empleo posible. Se acordó con los trabajadores
y con la Junta de Andalucía que fuera ésta la que, a través de su
Consejería de Industria, intentara buscar empresarios privados que
aceptaran volver a poner en marcha una actividad económica, sobre la base
de los activos de Intelhorce, tanto activos físicos como laborales,
sometidos a una serie de condiciones en los que no voy a entrar, salvo
que SS. SS. quieran.

La Dirección de Patrimonio ha dicho que siempre que se preserve en esta
solución una serie de requisitos de orden legal, garantizaba la
viabilidad, etcétera, no pondrá ningún obstáculo para ayudar a encontrar
esta solución. En esa línea están la Junta de Andalucía y los
trabajadores.

Con esto, señor Presidente, señorías, concluyo. Me ha correspondido en
estos años la ingrata tarea de cerrar la página de Intelhorce. He
dedicado a ello --se lo puedo asegurar-- muchas horas y tengo que afirmar
mi absoluta convicción de que la decisión de privatización que se adoptó
en su día era la adecuada, a partir de los datos que entonces se tenían.

Cuando se pudo comprobar que las cosas eran muy diferentes, se siguió
actuando correctamente, asumiendo la plena responsabilidad de la gestión
de Intelhorce y culminando una investigación y una denuncia que ha
llevado a personas a la cárcel.

En estos momentos está actuando un juez y, como lo prueban los hechos,
si me lo permiten, está actuando muy bien en mi opinión, con minuciosidad
y con mucha discreción. Ha tenido y tendrá --el primero que lo sabe es
él-- nuestra total colaboración.

Muchas gracias, señor Presidente, por haberme tolerado esta exposición,
que espero haya sido útil para esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el Diputado señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Con su permiso, vamos a partir nuestra
intervención, porque el Diputado Guerra Zunzunegui tiene que plantear
unas cuestiones al Subsecretario.

En primer lugar, señor Subsecretario, he de agradecerle su presencia en
esta Cámara y decirle que después de las manifestaciones del Ministro,
consideramos su intervención de escaso interés para la Comisión, a pesar
del esfuerzo que S. S. ha hecho, y que nosotros agradecemos.

Le voy a hacer una serie de puntualizaciones. Cuando usted mantiene el
criterio de su Ministro, en el sentido de que la actuación del Gobierno
es correcta y que es el Gobierno el que pone en conocimiento del fiscal
las irregularidades, etcétera, yo entiendo que sea una posición de
defensa legítima, pero tiene sus matizaciones que le voy a hacer. Cuando
dice eso, olvida que el proceso judicial ha tenido que instar al Gobierno
y a otras instancias de la Administración del Estado, en repetidas
ocasiones, información que no contenía la denuncia que el Patrimonio del
Estado presentó en su momento. Por ejemplo, el informe Cordón, que usted
no se ha atrevido hoy a decir su nombre. Yo tengo mis dudas de la bondad
de mucha documentación, pero el informe Cordón es de altísimo costo para
el Tesoro público, que se encarga a una ex policía, que se dedica durante
un tiempo a investigar Intelhorce. Parte de las conclusiones de ese
informe se le comunican al fiscal, pero otra parte es instada por el
Ministerio Fiscal o por las partes en el proceso y se conoce después.

Sobre todo la que implicaba a cargos de la Administración de su Gobierno,
como por ejemplo, todo lo relativo a la consultora European American
Consulting Group y sus declaraciones posteriores, en comisión rogatoria,
etcétera, sobre las actuaciones del señor Moreno García, al que el
Ministro de Economía ha puesto en la pira del auto de fe, repitiendo
palabras dichas por un Diputado de esta Cámara no hace mucho con relación
a otro caso. Estoy seguro de que el señor Subsecretario entenderá que es
absolutamente que el señor Moreno García venga a esta Comisión para
defenderse de las gravísimas acusaciones que el Ministro de Economía y
S. S. hoy le están haciendo, poniendo en duda su gestión al frente de una
empresa pública. Por lo tanto, el informe Cordón no fue facilitado al
juez en su totalidad, sino que el juez lo tuvo que solicitar después.

Señor Subsecretario, usted ha hecho una serie de afirmaciones que quiero
que explique a esta Comisión para ver si podemos aclarar determinadas
cuestiones. Usted dice que el Estado es acreedor de la actual Intelhorce,
en concreto por la obligación que tiene la empresa de devolver al Tesoro
público las ayudas públicas recibidas en su momento, cuatro mil y pico
millones de pesetas que, más



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los intereses capitalizados, hace la suma de 6.000 millones de pesetas,
como usted muy bien ha dicho. ¿Va a deducir de esa cuenta la ejecución
del aval? Se lo voy a preguntar de otra manera. En el año 1993, bien es
cierto, el Estado ejecuta el aval al Banco Exterior, el Banco Exterior
paga por Benorbe y Benservice los 2.000 millones que ellos no habían
pagado y, lógicamente, el Banco Exterior se queda con la garantía. ¿Usted
sabe cuál era la garantía de ese aval? Deuda pública, letras del Tesoro
propiedad de Intelhorce. ¿De dónde provenían? ¿Puede usted decirlo aquí
en esta Comisión? Veo que está altísimamente informado del proceso
Intelhorce. ¿Nos puede decir a los comisionados de dónde provenía esa
deuda pública propiedad de Intelhorce? ¿Provenía, acaso --la respuesta
se la doy yo, confírmeme si digo o no la verdad--, de la ampliación de
capital, de un primer cheque de 1.800 millones de pesetas que se detraen
de los 5.869 millones de pesetas que luego se han invertido en letras del
Tesoro por una entidad privada --Fianzas y Créditos-- y que luego se
recupera por el Banco Exterior y vuelve a ser invertido?
Señor Subsecretario, quiero hacerle llegar a una conclusión muy sencilla.

Creo enormemente en la eficiencia de los servicios del Ministerio, que
la han demostrado en repetidas ocasiones, pero las iniciativas que estos
servicios se ven abocados a tomar por decisiones políticas, están
poniendo en duda muchas cosas. Sus manifestaciones me ponen en duda
muchísimas cosas. Está diciendo públicamente que el Estado es acreedor
de 6.000 millones de pesetas. ¿Comunicará el Estado español a la Comisión
Europea que de esos 5.869 millones de pesetas, dados de modo ilegal e
incompatible a la empresa Intelhorce para su privatización no se ha
perdido todo? ¿Qué parte lo ha recuperado el Estado porque se ejecutó el
aval? ¿Dirá el Estado a la Comisión Europea o a la junta de liquidación
que el Banco Exterior, entidad pública, hoy es el beneficiario de parte
de esa ampliación de capital y no la empresa Intelhorce? Estas son
cuestiones muy prácticas que si usted no está en situación de aclarar
ahora, puede hacerlo por escrito y nosotros se lo agradeceríamos también.

Considero que es un tema capital. En esta cuestión se resume todo el
proceso Intelhorce, señor Subsecretario, en determinar si efectivamente
se han desviado fondos públicos y dónde están. Por lo tanto, no nos
cuente usted la película --y perdóneme la expresión-- de que todo se ha
hecho bien, de que se ha puesto en conocimiento de la justicia las
actuaciones y la documentación, porque eso no es exactamente cierto.

Además, no diga que toda la información económica que obra en poder del
Gobierno sobre Intelhorce es correcta. Porque usted hoy ha hecho aquí una
afirmación que me parece absolutamente incorrecta, a la vista de los
documentos que anteriormente hemos aportado. Si el Gobierno recuperó
parte de la ampliación de capital, la deuda con Intelhorce no es de 6.000
millones de pesetas, podría ser evaluada en menos.

Se han hecho las cosas muy mal, señor Subsecretario. Nosotros sospechamos
que se han hecho mal a conciencia. No se puede mantener en esta Comisión
que los informes de los servicios jurídicos sobre la intervención, como
usted ha dicho --después nos lo explicarán--, avalaban la venta,
etcétera, y que el proceso ha sido correcto y normal en estos casos. Si
fuese así, yo le formularía una pregunta política. ¿Usted cree normal que
se pierda dinero? ¿Usted cree normal --es un dato objetivo, políticamente
cuantificable en positivo-- que una empresa pierda dinero y nadie pida
responsabilidades por ello? ¿Es que la panacea de todo el escándalo
Intelhorce es afirmar a la opinión pública que es una empresa inviable,
que perdía dinero? Alguien hace perder dinero.

Le formulo una última pregunta, señor Subsecretario. ¿Usted cree que no
hubiera salido adelante en Málaga o en cualquier otra provincia española
un proceso industrial con 52.000 millones de pesetas, que sepamos
--puesto que no sabemos todavía lo que nos va a costar la liquidación de
Intelhorce--, si esos 52.000 millones de pesetas hubieran sido bien
gestionados y utilizados, con control, con seguimiento?
Ha dicho usted antes una cosa que no es correcta: que los fondos eran
privados y que el Gobierno no tenía por qué establecer cómo se disponía
de esos fondos. Le recuerdo a S. S. que en escritura pública figuran las
condiciones de aplicación de dichos fondos, que sorprendentemente se
pacta con los compradores que los primeros 1.800 millones de pesetas
serán de libre disposición. Y 31 días después, señor Subsecretario, los
compradores habían dispuesto de cerca de 4.000 millones de pesetas, según
consta en la instrucción judicial, por el altísimo trabajo que ha hecho
el juez instructor y también la policía judicial de este país experta en
delitos económicos. Y yo veo en la escritura que los fondos, por sentido
elemental de la prudencia, tenían que haberse dado previas auditorías y
previa justificación de su aplicación en los tramos anteriores, en tres
años. Por lo tanto, señor Subsecretario, yo no creo que sea la estrategia
correcta intentar echar tierra sobre la cuestión. La estrategia correcta
--y sobre todo ustedes que no tuvieron responsabilidad en la
privatización de Intelhorce en 1989-- es investigar con seriedad, a
fondo, qué pasó para que no se vuelva a producir.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Intervendré mencionando primero lo más
antiguo y después lo más moderno.

En primer lugar, señor Subsecretario --se ha dicho ya antes en la
comparecencia del señor Ministro, pero lo volvemos a repetir--, no
desconocerá el Decreto de 23 de diciembre de 1987, que dice que el
incumplimiento de este requisito de notificación previa reviste especial
gravedad, ya que la concesión de ayudas sin la comunicación previa y sin
que la Comisión declare la compatibilidad de las mismas, constituye una
infracción de las obligaciones contraídas por España como Estado miembro
y puede ser objeto de una obligación de reembolso por parte de empresas
beneficiarias, tal y como ha señalado en diferentes ocasiones el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas.

Vemos que incumplen, en primer lugar, el citado Real Decreto; que se
podía haber comunicado a la Comisión



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Europea y se podría haber hecho una información basada en el artículo
92.3. Usted ha mezclado los artículos 93 y 92.3 como si fuesen el mismo.

No, señor Subsecretario. La Comisión Europea --y esto se ha utilizado con
otras empresas públicas-- ante la situación de la zona, la región o el
paro, puede conceder algunas ayudas públicas. En los años 1987 y 1988 hay
algunas empresas que se declaran compatibles, pero a sabiendas de que
existía este Real Decreto, de que ya estaba en marcha por parte de la
Comisión una petición de información, cuando se vende la empresa en el
contrato de compraventa se añaden 5.800 millones de pesetas que
incumplían absolutamente tanto el Real Decreto como la información que
había pedido la Comunidad. Prueba de ello --y usted lo conocerá, señor
Subsecretario-- es que, posteriormente, los propios compradores --que no
tienen defensa posible, porque ni tienen solvencia ni tienen honradez--
aducen ante los tribunales que no se les había facilitado una información
concreta, porque en la escritura pública hay una referencia muy general
no concreta, como se debería haber hecho. Señor Subsecretario, empezamos
por incumplimiento del Gobierno de su propio Real Decreto de 23 de
diciembre de 1987.

En segundo lugar, ya lo ha dicho mi compañero el señor Diputado
Izquierdo, no se podía disponer así como así de los 5.800 millones de
pesetas, porque el negocio hubiera sido redondo si los compradores no
tuviesen escrúpulo ninguno. Muy probablemente se utilizan los 1.800
primeros millones, que eran de libre disposición, para unos usos que no
correspondían a Intelhorce. El resto se tenía que haber empleado en
inversiones y no se debía haber hecho regulación de empleo. No me diga,
señor Subsecretario, que no hubo regulación, que lo que hubo fueron
indemnizaciones voluntarias; es una forma de llamarlo de diferente manera
pues, en definitiva, disminuía la plantilla. Nosotros comprendemos
perfectamente, estudiado Intelhorce, que para una buena gestión se
hubiera tenido que disminuir la plantilla, pero en la escritura pública
no se hubiera debido exigir en una de las condiciones que no habría
regulación de empleo.

Seguidamente, pasamos al momento en que el Consejo de Ministros toma el
acuerdo de la venta de Intelhorce y vamos a los informes del abogado del
Estado, a los servicios jurídicos, y de la Intervención General del
Estado.

Dice el señor Subsecretario, y tiene razón, que únicamente era preceptivo
el informe de la Intervención General del Estado y que, como es norma
bastante habitual, se pide también a otros servicios jurídicos. Hete aquí
que la Intervención General del Estado, cumpliendo con su deber y
demostrando, una vez más, que los altos cuerpos de funcionarios públicos
--no sé si el señor Subsecretario es o no funcionario; si lo es, conoce
perfectamente a sus compañeros-- cumplen perfectamente con lo que se les
pide. Dicen, en primer lugar, que el valor neto patrimonial de la
sociedad --lo hemos repetido muchas veces-- podría ser de 18.315 millones
de pesetas y se vende en 1.438 puesto que, aunque formalmente son 2.000
millones de pesetas, se va a pagar en tres años sin intereses. También
al abogado del Estado llama la atención el que se pueda aplazar sin
interés alguno. Se vende teóricamente a 2.000 millones de pesetas y una
ampliación de 2.000, de los cuales nada más 500 millones de pesetas, el
25 por ciento como es preceptivo, es lo que tienen que desembolsar, esto
es, un 8 por ciento del valor neto. Dice al final: No obstante, será al
Consejo de Ministros al que corresponda adoptar resolución al respecto
por ser el órgano competente para ello, en virtud de lo establecido en
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria y el artículo 104 del
Patrimonio del Estado. No podía ser de otra manera.

Es el Consejo de Ministros el que adopta la decisión política y esta
Comisión está viendo las responsabilidades políticas que pueden derivar
de haber adoptado ese acuerdo. En lo que respecta al abogado del Estado,
a los servicios jurídicos, también dice que, en cuanto a la garantía de
pago del precio aplazado, deberá, en su momento, examinarse la
suficiencia de la garantía ofrecida. Sobre los dos informes del banco,
es como si mañana piden informes míos que no he tenido ningún impagado
de letras ni he ido al RAI --y toco madera--, pero eso no significa que
tenga suficientes garantías y posibilidades para comprar Intelhorce. Lo
único que dicen los dos informes por las relaciones que han tenido con
estas dos empresas y con el señor Orefici, es que este señor mantiene
unos saldos, no ha ido al RAI y no ha tenido con esos bancos ninguna
relación que no sea la normal y correcta, pero que realmente tenía
patrimonio suficiente y que detrás de estas empresas estuviese Benetton,
no lo dice esa información.

Vamos al informe de Improasa. El informe de Improasa --no hay que
repetirlo--, por muy grave que sea, señor Subsecretario, es falso. Es el
informe falso de una empresa pública cuyo capital lo ostenta al cien por
cien el Patrimonio del Estado. Por lo tanto, el Director General de
Patrimonio y el propio Ministro son responsables. Además, la presidencia
de esas empresas públicas se deciden por el Gobierno a dedo, no es que
haya habido allí algún funcionario que ha cometido irregularidades, sino
que una persona, nombrada por el Gobierno en Improasa, es la que efectúa
un informe falso, donde deja caer que Benetton estaba detrás de eso, a
pesar de que no existía nada que lo demostrara. Es facilísimo para un
Gobierno, a través de su Embajada o de sus agregados comerciales, saber
si detrás de esa operación está o no Benetton. Además, en una venta con
estas consecuencias de tipo económico y social, es obligatorio preguntar
al grupo Benetton si estaba o no detrás de la operación y, en caso de que
así fuera, haber pedido un aval al grupo de empresas Benetton, pero no
se hizo. Se vende a una empresa, y ya se ha dicho anteriormente la
intermediación que existía ahí --no me refiero a las responsabilidades
de tipo económico pues eso lo tiene que decidir el juez, me refiero a las
responsabilidades políticas que estamos viendo en este momento-- que no
tenía detrás a Benetton. Así lo afirma el 13 de noviembre de 1991 el
Director General de Patrimonio, cuando dice que quizás el informe no
estuviese bien hecho y cuando un Diputado, que no pertenece a nuestro
Grupo, dice que ese informe es totalmente falso y que ustedes no se
debían haber parapetado detrás de un informe falso en el que no han
pedido garantías suficientes. El señor Orefici todo lo más tenía una
franquicia de unas tiendas de Benetton, El señor



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Subsecretario conoce --y no me voy a extender en ello-- la diferencia que
hay entre tener una franquicia de una empresa para vender en una tienda
de la esquina algunos productos de esa empresa y tener el respaldo de esa
empresa para entrar en un tema tan importante como éste.

Sobre el informe Cordón ya ha hablado mi compañero que me ha antecedido.

En estos informes del abogado del Estado y de la Intervención General,
vemos que el abogado del Estado incluso pide que se elabore un nuevo
informe sobre el contrato definitivo y dice que este servicio jurídico
pone de manifiesto la conveniencia de que, con anterioridad a la
formalización del contrato de venta, se someta el proyecto a nuevo
informe.

Señor Subsecretario, si usted hubiese sido Subsecretario en ese momento,
estoy seguro de que, con esos informes, no habría pasado este tema al
Consejo de Ministros, habría informado a la Comisión de Subsecretarios
del contenido de estos informes y estoy convencido de que los demás
subsecretarios, puesto que parto de la base de su honradez, como de la
de usted, hubiesen opinado que el tema no estaba claro y que había que
ampliar los datos. Esto por los que respecta al momento de la compraventa
con esa sociedad Fianza y Créditos, S. A., una de las empresas cuyo
director ha ido a la cárcel porque se embolsaba comisiones.

Independientemente de eso, ¿cómo es posible que en ese contrato de
compraventa no se exija el aval de una de las diez aseguradoras
importantes españolas, que todos conocemos, o se exija el aval de algún
banco nacional? Cualquiera que asesore respecto a un contrato de
compraventa a empresas privadas no admitiría esa cláusula con ese aval
de una sola compañía de seguros, puesto que todos sabemos que en aquel
momento había muchas compañías de seguros que no ofrecían garantías para
avales de 2.000 millones de pesetas. Aquí existen --voy a ser suave y no
diré trama-- unos incumplimientos de decretos-leyes, una falta de rigor
en el momento de la compraventa, unos informes que dejan, al final, la
responsabilidad política al Consejo de Ministros. Por lo tanto, creemos
que hay una responsabilidad política en la decisión de ese Consejo de
Ministros y en la elevación de esta compraventa al Consejo de Ministros
por parte del señor Solchaga, entonces Ministro de Economía y Hacienda.

Posteriormente, el señor Subsecretario nos ha dicho lo que pasa ahí a
partir de que el señor Solbes es Ministro de Economía y Hacienda.

Nosotros podemos discrepar a veces del señor Solbes en temas técnicos,
pero garantizamos absolutamente --y fíjense si es difícil garantizarlo
de nadie-- que el señor Solbes es una persona honrada y que
indudablemente sus actuaciones posteriores son correctas.

Quería preguntarle una cosa, porque nos preocupan las responsabilidades
políticas de todo lo que se hizo en la compraventa del Improasa y nos
preocupa también su futuro. De acuerdo con lo que se aprobó por
unanimidad en la Cámara, y en estos momentos en que la Junta de Andalucía
y el Patrimonio del Estado están buscando quién puede hacerse cargo de
la empresa, los posibles compradores no quieren firmar un compromiso en
el que se tenga que garantizar el número de puestos de trabajo, ni las
posibles responsabilidades anteriores, como lo haría cualquier comprador.

Por eso no firman el compromiso que teóricamente se les ha indicado que
tendrían que firmar en estos momentos.

Señor Subsecretario, no me voy a extender más, puesto que en parte ha
repetido lo que nos ha dicho el señor Ministro. Estamos absolutamente
convencidos de que si S. S. hubiese sido Subsecretario esto no hubiese
pasado. Hay un ex Ministro que no ha cumplido con su deber, al menos de
diligencia y con grandes responsabilidades políticas.

Termino, señor Presidente. Otra cosa que nos llama la atención, y que
pondremos sobre el tapete en el momento oportuno, es el tema del aval del
Banco Exterior con el dinero propio, porque el Banco Exterior dicen que
es una entidad privada, y no lo es. Es un Banco cuya participación del
Estado es muy importante. Y ¡qué casualidad! en el consejo de
administración de ese Banco estaba entonces el señor Alcaide de la Rosa,
Director General del Patrimonio, y el señor Ruiz Ligero. No me refiero
a los otros Subsecretarios de Ministerios, que no tienen nada que ver con
el tema económico. Pero ¿cómo es posible que los señores Alcaide y Ruiz
Ligero no informaran y dijeran: ojo con este tema, y explicaran todo el
iter de la compraventa y lo que había sucedido?
En definitiva, señor Subsecretario, están tan claras las
responsabilidades políticas, que el señor Subsecretario, por coherencia
con el Gobierno y con el Partido Socialista no nos lo puede indicar, pero
ojalá el Partido Socialista deje que venga el señor Solchaga que, en
definitiva, es el que tiene la responsabilidad política de este tema,
aunque por altura el Presidente del Gobierno, pero el Ministro de
Economía y Hacienda es el que hace esta compraventa, el que no informa
debidamente al Consejo de Ministros y el que adopta esta situación en la
que ha agravado los problemas de Intelhorce y, por supuesto, el costo que
nos ha supuesto a todos los españoles esta operación, y este conjunto...

(no voy a decirlo, porque respeto mucho a la Presidencia y a mis
compañeros) pero, como dijo un interviniente cuando vino el Director
General del Patrimonio, esta casa de los horrores que ha sido la
compraventa y privatización de Intelhorce.




El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor Subsecretario y
proseguir con su comparecencia, quisiera advertirles de lo siguiente.

Faltan quince minutos para las dos de la tarde. Teniendo en cuenta cómo
se va desarrollando esta comparecencia, la previsión es que tenemos para
un rato largo. Sin embargo, tenemos esperando, desde las doce horas, al
actual Jefe de los Servicios Jurídicos del Ministerio y al señor ex
Interventor General de la Administración del Estado, señor Bohoyo
Castañar. Teniendo en cuenta que a las cuatro y media de la tarde tenemos
fijada otra nueva comparecencia, debemos tomar alguna decisión respecto
de los señores Tambo Iñiguez y Bohoyo Castañar, en el sentido de si
habilitamos el tiempo que va del final de la comparecencia del señor
Subsecretario hasta la de la señora Vega, o hablamos con ellos para ver
si podemos aplazar su comparecencia ante esta Comisión



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para un próximo día. En buena parte la palabra la tienen ellos, que han
sido citados y, como mínimo, deberemos pedirles disculpas, cosa que ya
ha hecho el señor Letrado en nombre de esta Presidencia, o que la
comparecencia se pueda resolver en minutos, haciendo preguntas muy
precisas, sin antesalas a las preguntas. Lo deseable, me dice el señor
Letrado con toda razón, es que pudiéramos administrar esa dos
comparecencias a la baja en el tiempo y al alza en cuanto a preguntas
directas, sin preámbulos, porque si no deberemos, no sólo excusarnos,
sino citarlos nuevamente. ¿Qué hacemos, señorías?
Tiene la palabra el señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, creo que podemos administrar
este tiempo de aquí a las tres, con el acuerdo de todos los grupos. Quizá
esta mañana se ha demorado por las intervenciones políticas, puesto que
los dos primeros comparecientes tenían una responsabilidad política y
vienen por ello. Pero las cuestiones a plantear a los Servicios Jurídicos
del Estado y a la Intervención General del Estado, por lo menos por parte
de nuestro grupo, van a se muy concretas. Pedimos disculpas por la parte
que nos haya correspondido en la demora.




El señor PRESIDENTE: Todos somos responsables de la demora.

Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: A nosotros nos parece que no queda más remedio
que aplazarlas, porque acabamos de asistir a una intervención del Grupo
Popular de más de media hora. Decir que vamos a liquidar tres
comparecencias antes de las tres, es estar fuera de la realidad.

Estaríamos contentos si pudiéramos terminar la comparecencia del Señor
Subsecretario antes de las tres, al ritmo que van las cosas. No nos queda
otro remedio que aplazarlas.




El señor PRESIDENTE: Personalmente observo con preocupación que no va a
ser posible terminar la comparecencia del señor Subsecretario y continuar
con las dos siguientes, con un tope aproximado de las tres de la tarde.

Es inviable, porque queda una hora y diez minutos. Estamos en la primera
de las intervenciones del Grupo Parlamentario Popular, de las dos rondas
que hay, y aunque el señor Subsecretario quiera ser breve, han sido
muchísimas las cuestiones planteadas, y algunas de largo alcance y
notable interés, como para no ser contestadas con un sí o con un no. Me
imagino al señor Subsecretario atendiendo a las intervenciones y al
contenido de las preguntas. Sería pausible que esta Presidencia hablase
con los dos comparecientes para ver qué es lo que estiman más oportuno,
porque también tienen su derecho a utilizar la tarde para sus asuntos
personales o profesionales.

Si les parece, hago la consulta con los dos comparecientes. Prosigue la
sesión, si el señor Zabalía es tan amable de sustituirme, y luego les
informo.

Tiene la palabra el señor Subsecretario. (El señor Zabalía Lezamiz ocupa
la Presidencia.)



El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Madagán Amutio):
Voy a hacer todos los esfuerzos del mundo por ser lo más escueto posible
y voy a intentar obviar reflexiones y valoraciones y ceñirme a las
preguntas.

Señor Izquierdo, empiezo por el final de su intervención, al menos por
la última nota que he tomado. Me dice que la estrategia correcta debiera
haber sido investigar a fondo para que no se vuelva a producir. Si de
algo estoy orgulloso, es de la responsabilidad que me ha competido como
Subsecretario, y por supuesto a las órdenes del Ministro, señor Solbes,
que es como he estado, junto con otros aspectos de la operación que es
la viabilidad de Intelhorce. Esa ha sido exclusivamente nuestra
estrategia: investigar a fondo para que no se vuelva a producir, para que
se conozca la verdad y para que paguen aquellos que lo han hecho. Por
eso, y conecto con el principio de su intervención, me ha dolido
especialmente que haya planteado que no hemos transmitido al juez toda
la documentación, puesto que el juez nos ha tenido que instar en
repetidas ocasiones, pidiéndonos más información. Eso es cierto, el juez
nos ha instado en repetidas ocasiones, la última de ellas en un oficio
que dice: cuanta información dispongan, etcétera. Es decir, una tan
amplia como ésa. Pero así dicho, como lo ha dicho usted, parece que nos
ha tenido que instar porque le hemos ocultado, y eso es una forma, en mi
opinión --y me duele, puesto que es mi responsabilidad--, de plantear los
temas sesgada, malintencionada, y perdóneme que se lo diga. ¿Por qué?
Porque lo primero que hicimos nosotros fue un denuncia, y en la denuncia
adjuntamos toda la documentación que considerábamos pertinente para esa
denuncia, que evidentemente no era toda la documentación de Intelhorce,
era toda la documentación que los servicios jurídicos, no yo,
consideraron pertinente para esa denuncia, y ésa fue la que se le mandó,
que era muchísima, como S. S. conoce perfectamente. A partir de ahí, el
juez, afortunadamente, empieza a actuar y empieza a pedir más cosas, y
unas las pide formalmente y otras --quizá S. S. no lo sabe--
informalmente, no hay oficios, hay relaciones, y pide y pide y pide, y
cada vez que pide se le manda. Desde luego, yo no debo decir que estoy
prácticamente seguro de que el juez no suscribiría la intención con la
que usted ha dicho lo que ha dicho, de que nosotros hemos ocultado
información. No hemos ocultado información ni al juez, que incurriríamos
en un delito, ni a esta Comisión, ni la vamos a ocultar absolutamente a
nadie. Lo que hay que hacer con la información es ver exactamente lo que
dice esa información, no interpretarla, no sesgarla, no decir: tengo un
documento que dice... No, hay que ver el documento y ver lo que dice,
porque aquí se ha dicho que hemos aportado un aval y no ha sido así. Lo
que se ha aportado, al menos lo que sale en los medios de comunicación,
es una póliza de crédito de 350 millones de pesetas. A lo mejor han
aportado otras cosas, pero ahí lo que aparece es eso. Entonces, insisto
mucho en que me parece grave, porque es una imputación de una conducta
incluso delictiva, decir que hemos ocultado al juez cosas y que el juez
nos las tiene que pedir. El juez nos ha pedido cosas en reiteradas
ocasiones, efectivamente, y se las hemos mandado



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siempre, pero al principio le hemos mandado lo que creíamos que estaba
en la base de nuestra denuncia.

Me habla usted del informe Cordón, ¿y usted por qué cree que tiene el
informe Cordón el juez? ¿Quién se lo ha dado? ¿El ujier que pasa por ahí?
¿Como lo tiene? Se lo hemos dado nosotros, luego mal puede decir que lo
hemos ocultado. El juez lo tiene y consta en el sumario y es público y
lo puede tener cualquiera, insisto, porque se lo hemos dado nosotros.

Luego no hagamos parecer, por la forma de decirlo, que estamos ocultando
algo. Se lo hemos dado y no al juez, se confunde, a la policía judicial,
que cuando empezó a actuar a partir de la denuncia y se personó en
Improasa, preguntó qué había, qué era relevante, qué material se había
usado, etcétera. Y se le dijo por parte de Improasa que había usado,
entre otras cosas, los servicios de un detective privado que hizo un
informe, --que se ha dado en llamar el informe Cordón--, y la policía
judicial se llevó ese informe. Por tanto, no nos lo ha pedido el juez,
no ha tenido que pedírnoslo, se lo llevó la policía judicial, que conoció
de su existencia, insisto, no por el ujier que va por ahí, por nosotros.

(El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Luego no hay ocultación
ninguna. ¿Qué es el informe Cordón? El informe Cordón es el trabajo de
un investigador privado que se lo encarga Improasa en el conjunto --se
lo encarga formalmente GTE, para ser precisos-- de investigaciones de
Improasa-GTE, porque hay momentos en que las personas jurídicas son
distintas y, por tanto, unas hacen unas cosas y otras otras. En este caso
concreto lo encarga GTE y se lo encarga como un elemento más de
investigación. ¿Por qué? Porque hay cosas a las que una empresa pública,
la Subdirección de empresas del Patrimonio, etcétera, no puede llegar.

Entonces, se encarga a este señor, y este señor hace un informe y es de
su exclusiva responsabilidad lo que él dice, y corresponderá al juez,
pero no a terceros, deducir si de los datos que hay en el informe Cordón
y en otros sitios tiene que imputar o no delitos. No seré yo --y pediría
que no fuera nadie-- el que impute delitos cuando es una cosa que está
en manos del juez y a él corresponde imputar delitos. Cosa distinta es
el tema de las responsabilidades políticas, al que luego me referiré.

Pero el informe Cordón, insisto, y que quede bien claro, no nos lo tuvo
que pedir el juez, lo tiene porque se lo hemos dado. No se ha ocultado
en ningún momento y forma parte del sumario.

Por otro lado, dice que el informe Cordón implicaba a cargos del
Gobierno. El informe Cordón ni implicaba ni dejaba de implicar --y está
ahí y es público; o sea, que no voy a dejar que me desmienta la
realidad--, hacía unas implicaciones y unas presunciones. Un detective
privado trabaja con confidencialidad, y en el informe pone estrictamente
confidencial, en lo que yo he visto, que no lo he visto entero, porque
el Ministerio formalmente no tiene el informe Cordón, no ha tenido nada
que ver con el informe Cordón, no es su papel, lógicamente, como
entenderán perfectamente SS. SS., porque porque los ministerios no
encargan a detectives privados trabajos, como es obvio. Es un detective
privado que hace un trabajo para un tercero, que se permite hacer
afirmaciones y suposiciones que no se permitiría, no digo ya un
Subsecretario, sino estoy seguro que su señoría. Esas cosas forman parte
de ámbitos distintos. Pero en todo caso, insisto, es algo público y no
hay nada que ocultar en el informe Cordón, está en el sumario, se le
facilitó al juez a través de la policía judicial, que conoció de su
existencia a través de nosotros, y ahí está. Dedúzcase de él lo que se
deduzca. ¿Quién lo tiene que deducir? Evidentemente el juez. Y le diría
más --y esto no sé si debo de decirlo en un sitio como éste--, yo intuyo
que, de cosas que dice el informe Cordón, el juez ha podido llegar a
determinadas cuestiones. Pero nosotros no podíamos. Hay cosas que la
Administración no puede hacer; por ejemplo, no puede investigar
patrimonios. En todo caso, lo importante es que no hay ocultación de
ninguna información al juez. El que nos pida información no significa que
se la estamos ocultando. Demuéstreme una sola cosa en la que el juez
diga: como usted no me la ha mandado, le requiero que me lo mande. Nunca,
y el informe Cordón, en particular, no nos lo ha pedido el juez, lo tiene
porque se lo hemos dado avisándole nosotros de que existe.

Voy a cosas más concretas, pero éste era un tema importante, porque del
informe Cordón se habla mucho y parece una pieza importante de ocultación
porque debajo hay cosas no limpias. Pues si las hay, lo dirá el juez, y
no está oculto porque es público.

Ahora ya sí, señor Presidente, voy a intentar ser muchísimo más concreto.

Por lo que se refiere a que el Estado es acreedor de Intelhorce y va a
deducir la ejecución del aval, tengo que decir que el Estado es ahora
acreedor de Intelhorce sólo en aquellas deudas que Intelhorce tiene con
el Estado, que son la sentencia de las Comunidades Europeas, que son
6.000 y pico millones, 4.400 --hablo de memoria-- más los intereses,
salen 6.400, creo recordar. Esa es la deuda de Intelhorce, y figura
--como no podía ser de otra forma-- y está en la documentación que se ha
enviado a la Comisión, pero el Servicio Jurídico nos pidió que nos
personásemos y que esa deuda había que reclamarla. Se reclamó a GTE, GTE
estimó que no nos la debía, se llevó al convenio de liquidación y entre
los acreedores está el Tesoro y, como en todo convenio de liquidación de
una empresa, el haber líquido que resulte habrá que repartirlo de acuerdo
con el convenio de liquidación, pero la deuda que está ahí es la deuda
por la sentencia, que es la única deuda que tiene con el Tesoro, aparte
de las deudas tributarias, Seguridad Social, etcétera. Pero con el Tesoro
explícitamente, es ésa.

En cuanto a si comunicará el Estado a la CEE la ejecución de la
sentencia, yo pediría a S. S. --que me consta que ha trabajado mucho en
el tema Intelhorce-- que trabaje un poco más. En la documentación que se
ha remitido a esta Cámara consta que el Estado ha comunicado a la CEE la
ejecución de la sentencia. ¿Cómo lo va a hacer? La CEE nos lo ha pedido,
como es lógico, y nosotros le hemos dicho cómo lo vamos a hacer. Como era
el primer precedente que se ha producido en un caso como éste, fue
complicado jurídicamente, no sabíamos cómo hacerlo, y llegamos a hacer
--eso fue por instancias mías ante el Ministerio de las Comunidades
Europeas-- un grupo de trabajo con el Servicio Jurídico del Estado para
ver cómo se actuaba



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aquí. Se decidió actuar de esta forma, en el convenio de liquidación,
etcétera, y se le ha comunicado a la CEE, y consta en la documentación
que se ha remitido a esta Cámara. Por tanto, no se puede decir si lo
comunicará, porque ya lo ha comunicado.

En cuanto a determinar si se han desviado fondos públicos y dónde están,
éste es un tema relevante. Me dice --no sé si he tomado bien las notas--
que determine si se han desviado fondos públicos y dónde están.

Evidentemente, se han desviado fondos públicos, porque si no ¿qué estamos
denunciando? Junto a otros delitos hay una desviación de fondos públicos.

¡Pues claro que la hay!, eso no se ha ocultado en ningún momento. ¿Y
dónde están? Pues, mire usted, parece que el juez cree que están en los
bolsillos de algunos señores. Parece que cree eso, pero yo no puedo ir
más allá. ¿Que se han desviado? Claro que sí. Por eso lo hemos
denunciado, además de otros delitos --alzamiento de bienes, delitos
contra la Hacienda Pública--: conoce usted perfectamente la denuncia.

Claro que ha habido una desviación de fondos públicos.

Efectivamente, la deuda es de 4.400 millones más los intereses, que suma
6.400 millones. Creo que está claro.

Dice que se han hecho las cosas a conciencia mal. ¡Hombre! Es un juicio
de valor. Si de ahí se desprenden conductas delictivas, ya es un poco más
serio que un juicio de valor. Me cuesta creer que las cosas se hayan
hecho a conciencia mal. En lo que me corresponde, que es examinar la
documentación de Intelhorce, y en lo que me compete, tomar decisiones,
rotundamente no se ha actuado a conciencia mal y asumo la responsabilidad
de lo que se ha hecho desde julio de 1993. Anteriormente no creo que se
hayan hecho las cosas a conciencia mal. Pero no deja de ser mi creencia
frente a la suya. Si cree que algo hay a conciencia mal, hay que
demostrarlo.

En alguna reflexión suya no merecería la pena que yo entrara. Me ha
preguntado si creo que con cincuenta y tantos mil millones hubiera podido
salir adelante el proyecto o creo normal que se pierda dinero.

Desgraciadamente, es más normal de lo que a todos nos gustaría. No creo
que sea más que una frase. Decir si podría haber salido adelante el
proyecto o no con cincuenta y tantos mil millones no creo que sea objeto
de esta Comisión y, desde luego, sería osado por mi parte afirmarlo.

Puede que se los comieran. Como son muchos miles de millones, tardan años
en comérselos, pero depende del ritmo a que coman, depende de los
comedores, depende de muchas cosas. No se puede responder porque es una
pregunta que no tiene mucho sentido.

Dice que hay una escritura pública sobre disposición de fondos. Es un
tema importante. Evidentemente, el acuerdo de Consejo de Ministros, en
parte porque el informe del servicio jurídico lo dice, prevé una serie
se cautelas. No es habitual que eso se haga así. Se ha hecho en algunos
casos, pero no es habitual. En el caso de Intelhorce consistieron en
establecer en la escritura privada un calendario determinado de
disposición de fondos, siempre que se cumplieran determinadas
condiciones. Lo digo muy resumido, pero sustancialmente es eso: se
dispone de los fondos de acuerdo con un calendario, siempre que se
cumplan determinadas condiciones, que hay que demostrar que se han
cumplido. Es sustancialmente así. No es habitual que se establezca ese
tipo de condiciones, porque estamos hablando jurídicamente de unos fondos
que son privados. ¿De dónde provienen? El acuerdo del Consejo de
Ministros tiene dos patas: una, se amplía capital a Intelhorce; dos,
después se vende a Benorbe y Benservice.

La ampliación de capital de Intelhorce son fondos de Intelhorce, puros
y duros. Tendrían que engrosar capital y formalmente lo engrosan. Lo que
pasa es que por prudencia, dada la situación, se estima razonable
establecer unos condicionantes en esa disposición. Usted pregunta: ¿El
servicio jurídico informó sobre las condiciones de la disposición de
fondos? El servicio jurídico informó sobre los condicionantes que se
recogían en la escritura, y consta en la documentación que se ha enviado
el informe extensísimo y prolijo. (El señor Izquierdo Juárez: Yo pregunto
una cosa y él responde otra.)
Me ha distraído su señoría. Dice que esta disposición de los fondos, que
no se adapta a las previsiones de la escritura, la descubre el juez. Pues
no, no la descubre el juez: está en toda la documentación que se ha
mandado. En relación con este tema, el juez, que yo sepa --puedo estar
equivocado--, no ha tomado, aparte de declaraciones de todo tipo,
decisiones de imputación, ninguna, que yo sepa. Y, desde luego, ninguna
con respecto a funcionarios en relación con la disposición de, insisto,
unos fondos privados que se condicionan. Seguro que van a tener ocasión
a lo largo del día de discutir sobre esta disposición de fondos, porque
el informe de la Intervención --y, por tanto, no entro más en él-- se
centra mucho en este problema. Como está convocada la Interventora
General, le dejo el tema a ella, que es la competente, salvo que quieran
que yo insista.

Lo relevante es que se toma una cautela adicional a lo habitual sobre
disposición de fondos, que eran privados, y nosotros creemos que en aquel
tiempo se cumplieron las condiciones previstas en esa escritura para
hacer las disposiciones. Es verdad que antes de lo previsto en el
calendario, pero hay que decir también que esa escritura preveía la
posibilidad explícitamente --creo que era la cláusula novena, no me
acuerdo, pero se puede buscar-- de modificar ese calendario por parte de
la Dirección del Patrimonio, siempre que los privados justificaran una
serie de cosas.

Creo que he respondido a todo lo que me ha planteado. Si no, tendrá
ocasión de volver a preguntarme.

Señor Presidente, voy muy deprisa, pero comprenda que son muchos temas.

El señor Guerra dice que esta Comisión ve responsabilidades políticas.

Yo no voy a entrar en ese tema, como usted comprenderá. No debo, no me
corresponde. La Comisión delimitará las responsabilidades políticas. Lo
que sí tengo que hacer --es mi papel-- es intentar aclarar dudas, si las
hay, o corregir afirmaciones que estimo que no son correctas o ciertas.

Volvemos al tema comunitario: si el 92.2 ó el 93.3. Ya me he hecho un
lío, no recuerdo cuál es el que establece el procedimiento y cuál el que
establece la excepción cuando son ayudas de carácter regional. Uno hace
una cosa y otro hace otra.

Nuestro argumento --insisto una vez más, consta en toda la
documentación-- permanente ante la Comunidad



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--y está en el propio documento del servicio jurídico-- es la razón
territorial. Está en ese momento. (El señor Izquierdo Juárez: Antes.) ¿Y
por qué no se hace antes? Claro, hay que hacerlo antes; pero no siempre
se puede hacer antes y también se explica: por razones de urgencia. (El
señor Guerra Zunzunegui: El Real Decreto.)



El señor PRESIDENTE: ¡Por favor! Está en el uso de la palabra el señor
Subsecretario, luego tendrán un nuevo turno.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán Amutio):
La propia Comisión prevé la posibilidad de, por razones de urgencia,
modificar el procedimiento y sabe S. S. que se hace con mucha frecuencia.

Hay un riesgo, evidentemente, y el servicio jurídico lo dice. Se pondera
ese riesgo. El informe de la Subdirección de Empresas de entonces también
plantea que hay un riesgo. ¡Claro que lo hay! De ese riesgo, unas veces
hemos salido bien y una hemos salido mal, en la tercera de las
ampliaciones de Intelhorce. En las dos anteriores salimos bien y en la
tercera, mal.

Me ha dicho varias veces: Estoy seguro de que si usted hubiera sido
Subsecretario no lo habría hecho. Yo se lo agradezco, pero es fácil decir
eso ahora, en noviembre de 1995. No sé yo en aquel contexto, con aquella
presión, en aquella situación y con aquella información, lo que hubiera
hecho. Yo creo que los que lo hicieron actuaron en función de los datos
que tenían, valorándolos y estimando que era la única solución posible.

Los primeros 1.800 millones son de libre disposición. Volvemos a la
disposición de los fondos. Evidentemente, estaba así en la escritura y
podrían haber sido de libre disposición los 5.800. Simplemente no lo
fueron porque se decidió por prudencia que no lo fueran, pero podían
haber sido todos. ¡Si son fondos de GTE, no de Benorbe y Benservice!
Cuando Benorbe-Benservice compra GTE ya tiene 5.800 millones de pesetas
más, ya los tiene en su balance, son suyos. Aceptan que haya un
calendario de disposición, pero podían no haberlo aceptado. Se puede ver
en negativo o en positivo. Es una mera medida de prudencia.

Dice: el informe de Improasa es falso, deja caer que Benetton está detrás
y en noviembre de 1991 se reconoce. Efectivamente. Claro que se ha
reconocido que el informe de Improasa no era correcto, no era completo,
no era solvente. Pero no es verdad que deje caer que Benetton está
detrás: lo pueden comprobar. Menciona a Benetton no menos de una docena
de veces y en las conclusiones lo reitera una y otra vez. ¿Que era falso
e incorrecto? Evidentemente, eso se ha sabido cuando se ha sabido, pero
no se puede negar.

Ha preguntado si el servicio jurídico informó sobre el contrato de venta.

Ya le he dicho antes que sí y consta en la documentación que se ha
mandado.

Hace una reflexión sobre que no había que aceptar el aval de una empresa
como Fianzas y Créditos. Desconozco yo ahora si Fianzas y Créditos sigue
operando, pero en aquel momento era una empresa perfectamente legal,
perfectamente inscrita en el Registro. Ofrece un aval y ése es el que
hay.

¿Que la actuación de Finanzas y Créditos parece ser que no fue todo lo
clara que debía ser? Pues parece que lo pone de manifiesto que el juez
ayer llevó a prisión al consejero delegado de Finanzas y Créditos. Por
tanto, parece lógico deducir que hubo una cierta connivencia en una
operación como ésta, en la cual el pagano ¿quién era? El sector público.

Ya he reconocido antes que hay una desviación de fondos públicos.

Sólo voy a entrar en el último tema en relación con el futuro de
Intelhorce. Dice que supone que Patrimonio está buscando y hace unas
reflexiones de por qué no firman las empresas que hay ahora el
compromiso, si no será por todo esto. Patrimonio no está buscando
compradores, incluso por petición de los sindicatos, además, es que
tampoco nos parecía razonable. Se encargó expresamente la Junta de
Andalucía. Patrimonio, por tanto, no está haciendo ninguna búsqueda de
comprador para que actúe sobre las instalaciones de Intelhorce.

Sobre por qué no firman el compromiso estos supuestos compradores no
tengo información ninguna. He leído en prensa que hablan de unos
supuestos compradores, alguno de los cuales les puedo garantizar que no
existe, pero no es papel nuestro. Sí le digo bien claro que la Dirección
de Patrimonio no está buscando compradores y no está privatizando
Intelhorce, porque Intelhorce es una empresa que está liquidada; por
tanto, no se puede privatizar. Es un error en el que se cae con
frecuencia.

Nada más. Quiero agradecerle una vez más la presunción de que si yo
hubiera sido Subsecretario no hubiera hecho todo esto; se lo agradezco
porque sé que significa una actitud comprensiva hacia mi persona.




El señor PRESIDENTE: Señorías, les informo de que, después de las
conversaciones que hemos tenido con el jefe de los servicios jurídicos
del Ministerio de Economía y Hacienda, el señor Tambo Iñíguez, y con el
ex Interventor General de la Administración del Estado, señor Bohoyo
Castañar, hemos convenido, y así serán citados, celebrar sus
comparecencias el viernes de la semana próxima por la mañana, teniendo
en cuenta que ya tenemos ocupada la tarde del próximo lunes y que, por
tanto, era inviable sumar a las cuatro comparecencias previstas dos más.

Como la previsión es que el Pleno de la próxima semana sea largo y
tendido, es mejor situar esas dos comparecencias en la mañana del otro
viernes, una a las diez y otra a las doce, si no tienen inconveniente,
y así cerraríamos esta primera ronda de comparecencias.

Sé que quedan algunas cuestiones pendientes, pero preferiría, señores
Izquierdo y Guerra Zunzunegui, que usaran la segunda vuelta, porque algún
comisionado deberá abandonar la sala dentro de breves momentos, según me
han comentado.

Tiene la palabra el señor Zabalía, del Partido Nacionalista Vasco, al
estar ausente el representante de Izquierda Unida.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Gracias, señor Subsecretario, por su
comparecencia y por las explicaciones



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que nos ha dado. Yo he seguido esas explicaciones y al hilo de ellas me
han surgido algunas cuestiones que me gustaría comentar o que me
aclarara.

Cuando ha hecho relato de cómo, en su nacimiento, Intelhorce pertenece
al Instituto Nacional de Industria y pasa después a depender de
Patrimonio del Estado, me ha dado la impresión de que no estaba muy de
acuerdo con este paso. Me gustaría que me comentara precisamente por qué
ese cambio, por qué Intelhorce, una empresa pública, pasa de estar dentro
del ámbito del Instituto Nacional de Industria, cuando es un sector
industrial, a depender de Patrimonio del Estado, creo que fue en el año
1980. El 31 de julio de 1980 se hace pública por Consejo de Ministros y
pasa a la dirección general del Patrimonio del Estado. ¿Por qué se ha
dado ese paso y cuál es su opinión al respecto?
Con respecto a la adjudicación, después de muchos trabajos, de
presentación de ofertas por parte de una serie de empresas, la final
queda sólo una empresa, que es a la que se le adjudica, porque no había
nadie más interesado, obviamente, en la compra de esta entidad pública
o esta empresa. Yo creo que ahí empieza la primera sospecha. ¿Por qué
pueden tener interés estas empresas en la compra de Intelhorce? Uno de
los aspectos que vuelve a surgir como importante en la decisión de la
adjudicación es el hecho de que, según el informe que pasa la dirección
general de Patrimonio al servicio jurídico, estas dos empresas --hablando
de Benorbe y Benservice-- tienen una probada experiencia de actuación en
el mercado textil nacional e internacional, a través de su pertenencia
al grupo Benetton. En el estudio de Improasa figura la información
pertinente sobre ambas sociedades y sobre la solidez financiera y
comercial e implantación en el mercado de compradores. Esto es lo que
dice el informe. Pero es que curiosamente, y según un informe de la
dirección general de Tasaciones Exteriores, donde aparece quiénes son
estas dos empresas, Benservice se constituye en 1985, tiene un socio
mayoritario al 99 por ciento, que es una sociedad inglesa, hasta el 9 de
diciembre de 1986 se verifican varias operaciones de ampliación de
capital, siempre suscritas por la sociedad inglesa, que en 1993
Benservice, S. A., informa al Ministerio de Economía y Hacienda de que
su único accionista es una sociedad, Glendive, que está ubicada en
Gibraltar. Y lo mismo por lo que respecta a la sociedad Benorbe, que se
constituye en el año 1987 y cuya propietaria también es una sociedad
gibraltareña, la misma Glendive International.

¿Con estos datos no le entran al Ministerio dudas de que detrás de todo
esto no hay ningún grupo empresarial fuerte, competitivo, con
experiencia, con solvencia? Es la primera duda que tenía que haberles
entrado, porque tienen los datos. Y automáticamente lo que tienen que
hacer es involucrar a Benetton, decirles: mójense, si verdaderamente
están detrás de la operación compren acciones. Lo más lógico es que, con
una sociedad como la que estamos hablando, que tiene un componente social
muy importante, como era la responsabilidad de 1.600 trabajadores y un
patrimonio neto valorado en 22.000 millones --aunque luego digamos que
el valor de la sociedad es muy relativo--, con todos esos elementos de
juicio, se hubiera hecho mucho más hincapié, sobre todo, por ver la
posibilidad de futuro de la empresa. Porque lo que está claro es que con
estos datos, que yo he podido sacar en muy poco tiempo de la
documentación que se tiene y que el Ministerio tenía que conocer
perfectamente, no se ve que haya una previsión de futuro de esta empresa.

Lo que sí hay es una decisión de decir: tengo un muerto encima de la
mesa, me lo voy a quitar y voy a ver si de alguna forma eso puede salir
adelante. Pero proyecto de futuro no había ninguno, primero porque,
además, es claramente constatado que es una empresa que ya nace mal, que
pierde, desde su nacimiento, todos los años. Por tanto, ahí difícilmente
podía haber una reconducción con un proyecto empresarial. Lo que ha
pasado es que se utiliza, a través de unas sociedades de cartera y de
unos individuos que luego hemos visto cómo han funcionado, para un
beneficio parece ser que no con el objetivo que tenía esta empresa.

Yo creo que aquí existe una responsabilidad, porque no se garantiza el
futuro de la empresa con la venta, y en esas condiciones era mejor haber
seguido manteniendo la titularidad, por parte del Estado hasta una
liquidación de la empresa, que es lo más barato que podía haber ocurrido,
porque después de tantos años, desde el año 1957, se ve que es un
proyecto que no tiene futuro. Luego a partir de ahí todo lo que se gaste
digamos que está de más. Se tenía que haber gastado en hacer lo que se
tenía que haber hecho: cerrar esta empresa con las indemnizaciones
correspondientes, con la solución que se tenga que dar a los
trabajadores, pero no utilicemos el tema del empleo y de los trabajadores
como un arma de eludir responsabilidades. No lo utilicemos así, porque
no debe ser así. Si un proyecto empresarial, no es proyecto empresarial
y no tiene futuro, por mucho que queramos, lo mejor que se puede hacer
siempre es cerrar y buscar otras soluciones.

Había otras cuestiones que había que haber tenido en cuenta. ¿Por qué no
se pidieron balances a estas empresas? ¿Se tuvo documentación, en su día,
por parte del Ministerio, de quienes eran las empresas Benorbe y
Benservice? ¿Hay balances desde su constitución auditados? ¿Existe un
estudio de las cuentas de explotación de esas empresas o simplemente todo
lo que se conoce de Improasa es por el hecho de que exista un párrafo en
el informe de Improasa en que diga que estas empresas tienen, como se
dice aquí, una solidez financiera o comercial? ¿El Ministerio no comprobó
eso? ¿No comprobó cuáles eran verdaderamente esas empresas y cuáles eran
sus balances? De los dueños de esas empresas, si eran españoles, habrá
una declaración de impuestos, de patrimonio. ¿Quiénes estaban detrás de
todo esto? Todas estas cosas, que son documentos públicos e informes del
propio Ministerio, que se pueden utilizar, se tenían que haber tenido en
cuenta. Por eso creo que ha habido una negligencia grave, en su momento,
en la adjudicación de estas empresas.

Hay otra cuestión que también me llama la atención. Si, a través del
tiempo y cuando ya esté privatizada, se ve que siguen perdiendo dinero
y que hay una desviación de los objetivos de estas empresas para con
Intelhorce y se descubre que no estaba detrás Benetton, automáticamente
se



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tiene que pensar que Improasa actuó en aquel entonces de una forma
negligente.

¿Por qué no se toman las decisiones en ese momento? Por qué en ese
momento, cuando el Ministerio ve que Improasa no actuó con el rigor que
tenía que haber actuado, no toma decisiones ¿Y no sólo no toma
decisiones, sino que cuando se privatiza, le hace entrar en el
accionariado de Intelhorce. O yo no le he entendido bien o con Improasa
no se toma ninguna decisión y, además, en el momento en que se vuelve a
privatizar, y me estoy refiriendo al año 1992, se toma otra vez a
Improasa para que haga un plan de viabilidad, entra en el accionariado
cuando se hace pública, después de haberse descubierto que el informe de
Improasa no era cierto porque Benetton no estaba detrás y que estas
empresas no tenían la solidez que decía el informe. Por tanto, se había
descubierto, y era conocido, que la actuación de Improasa había sido
negligente en aquel entonces, cuando se privatizó en el año 1989, y, sin
embargo, no se tomó ninguna decisión e Improasa entra a adjudicarse
nuevamente a Intelhorce.

Otra cuestión que también quería preguntarle es ¿por qué cree usted que
la Comunidad Económica Europea admite la ampliación de 1986 y 1987 y no
la de 1989? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué esas dos primeras ampliaciones
de Intelhorce pasan el visto bueno de la Comunidad Europea, y no la de
1989, la de los cinco mil y pico millones de pesetas? Otra es que llega
un momento en que el Ministerio, como ve que Intelhorce no tiene salida,
después del informe de Improasa y de las auditorías que se encargan, opta
por la suspensión de pagos. Había dos opciones: suspensión de pagos o
quiebra.

Si una empresa no tiene solución de futuro, y eso parece que estaba
claro, es una mala decisión optar por una suspensión de pagos, porque,
al final, tiene que conducir a una quiebra y porque la suspensión de
pagos es muy cara. A este respecto, me gustaría saber cuánto ha supuesto
la suspensión de pagos, sabiendo que no había futuro, que era ganar un
poco de tiempo para intentar dar soluciones, creo haber entendido, al
problema del personal. Eso no es justificación suficiente. Si es así,
esto, desde una gestión lógica de empresa privada, no se hace, si una
empresa no tiene futuro. La suspensión de pagos es para ganar tiempo,
pero nunca para desembocar en una quiebra premeditadamente, cuando se
sabía que no había otra solución. Eso es ganar tiempo costando mucho
dinero, por eso, me gustaría saber cuánto ha costado la suspensión de
pagos.

Vuelvo a decir que se está intentando justificar todas las actuaciones
y las responsabilidades por el mantenimiento del empleo. Yo creo que no
es bueno utilizar el hacho de que, por mantener empleo, haya tenido que
ocurrir todo esto que ha ocurrido. A mí me gustaría que esto se dejara
aparte, porque ya se ha involucrado al resto de la Cámara al decir que,
en su momento, todos apoyamos el hecho de que se vuelva a hacer pública
la empresa, indudablemente, cuando se hacen planteamientos de que hay
1.600 personas en una situación como ésta, quién es el que dice: yo no
estoy de acuerdo en que eso se haga público, yo no estoy de acuerdo en
que se amplíe el capital. Pero ésa no es la solución, y eso es lo que
nosotros decimos que no hay que utilizar.

Tampoco debemos escudarnos en que había un informe de la empresa
Improasa, que es la que se dedica a esto y que es del Ministerio, la que
a mí me dice qué... Muy bien, a usted le dirá qué, pero si usted tiene
la responsabilidad de un Ministerio y de una política económica, no sólo
debe tener en cuenta ese informe, que será uno más, pero no el único. Por
eso, desde ese punto de vista, no es asumible que estas decisiones se
tomen a través de un informe escueto o determinante de Improasa en este
caso o de cualquier instrumento que tenga la Administración. Hay muchos
más documentos, informes y conocimientos de las situaciones del mercado
como para saber cuando un proyecto es viable o no en el futuro. Yo creo
que éste ha sido otro de los fallos que, en su día, se cometió por parte
del Ministerio en este caso.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán Amutio):
Con mucha brevedad.

En el espíritu y en la orientación que hay detrás de la intervención del
señor Zabalía puedo estar totalmente de acuerdo, en el sentido de que
creo que, al final, cuando uno se enfrenta a procesos como éste (y yo me
he tenido que enfrentar a un par de ellos, aunque el más gordo ha sido
Intelhorce, también me he enfrentado a Merco, que era una empresa
grande), los paños calientes prácticamente no sólo no solucionan nada,
sino que probablemente salen muchísimo más caros.

Eso es fácil de decir, pero, como usted mismo ha dicho, aunque lo ha
pasado muy deprisa, con estos argumentos todos los grupos se pusieron a
favor porque ¿qué iban ha hacer? Para un Gobierno que, en Málaga, en el
año 1989, cierra una empresa con 1.600 trabajadores, no es fácil. Esa es
la respuesta a su reflexión global. Es verdad que todo el tiempo está
detrás latiendo la voluntad de encontrar una salida a ese problema, lo
menos costosa posible, y, dentro de esa voluntad, antes lo he dicho, hay
momentos en que se puede rozar ciertos extremos procedimentales. Esta es
la reflexión global con la que respondo a la suya que ya digo podría
compartir como reflexión global, es un poco hacerse trampas en el
solitario.

Ahora entro a contestar sus preguntas en concreto. Me dice usted, ¿por
qué a Patrimonio? Quizá le he provocado yo esta pregunta, al decir que
era una ubicación extraña en ese momento. La verdad es que no sé por qué
en el año 1980 se lo dan a Patrimonio; probablemente porque ya estuvo en
el INI y no se dejó, digo yo, pero la verdad es que no lo sé. Pero, ¿por
qué se extraña? Porque Patrimonio, normalmente, no ha tenido ni tiene
empresas de carácter industrial, productivas, fabriles, aunque para todo
hay excepciones, porque algunas tienen, como Minas de Almadén,
Tabacalera, pero, en general, no tiene ese tipo de empresas. Las empresas
caen en un sitio o en otro, fundamentalmente en el INI, pero hay empresas
que no están en el INI, por efectos de la historia, de las circunstancias
en cada momento, era extraña una empresa como ésta en Patrimonio.




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¿Por qué fue a Patrimonio? La verdad, supongo que el INI no dejó que le
volviera.

Luego hace una serie de reflexiones; saca unas frases del informe de la
Subdirección de Empresas, supongo que es de Patrimonio, de probar
experiencia textil a través de Benetton. Todo el problema reside en que
el informe que se utilizó permanentemente fue la información de Improasa,
¿por qué era la empresa a la que se había encargado eso, y siempre se
creyó que Improasa, cuyo papel era ése y era de la confianza absoluta,
como no podía ser menos, confianza luego traicionada, pero era de la
confianza absoluta al ser una empresa cien por cien instrumental para
hacer ese tipo de cosas. A ella le hubiera correspondido hacer todo ese
tipo de cosas, analizó balances, etcétera. En el informe está, están los
balances y todo eso: ahora, no sólo ahora, a finales de 1991 ya se empezó
a ver que aquello no era así, Pero entonces no se vio, el informe de
Improasa fue la base de toda la oposición de la dirección de Patrimonio,
partiendo de la reflexión, que creo que usted mismo ha dicho antes: ¿Qué
alternativas había? La quiebra, la continuidad en el sector público o la
venta a éstos. Partiendo de que en esa tripleta se rechazaban las dos
primeras alternativas, quedaba la tercera, y la confianza en la tercera,
la confianza en Improasa, y esa confianza en Improasa se ha demostrado
que tiene las debilidades que tiene.

Usted dice que el Ministerio no comprobó los balances. Seguro que no;
estudió el informe de Improasa, pero no volvió a hacer el informe de
Improasa. Ahora tenemos algún otro ejemplo, primeras firmas auditoras de
este país hicieron auditoría a un gran banco de este país, y, en base a
esa auditoría, el mercado tuvo un determinado convencimiento. Luego ha
resultado que aquello no era así. ¿Quién audita al auditor? En este caso,
es cierto, el Ministerio se basó en el trabajo de Improasa, y ese trabajo
tiene las debilidades que tiene y se han ido sabiendo después.

Probablemente porque antes me he explicado mal, entra usted en otro tema
que dice ¿cómo se hace entrar a los privados cuando en 1992 vuelve
Improasa ? No, no se hace entrar a los privados; sin duda, me he
explicado mal. Los privados eran dueños del cien por cien, por una peseta
se les compra el cuarenta y ocho, por una peseta se compra el siete y
pico para que vaya de autocartera y ellos quedan ahí en el resto,
renunciando a sus derechos políticos y con un compromiso de vender por
una peseta sus acciones, cuando Improasa quiera. ¿Por qué se hace todo
eso? Para que no sea pública, pero se asume la gestión con un nuevo
consejo de administración, etcétera, es decir, que a los privados se les
deja en un trozo, que son Benorbe y Benservice.

Me hace una pregunta, que es por qué la CEE declara compatibles las
ayudas de 1987-1988 y no las de 1989. Ahora no lo recuerdo de memoria
--consta en la documentación que se ha enviado, por tanto se puede
comprobar en la sentencia--, pero creo recordar que acepta que en 1987
y 1988 detrás de las aportaciones de capital hay planes de
reestructuración, de redimensionamiento, que normalmente son los
argumentos que acepta la Comunidad, se aporta capital porque hay, como
contrapartida, una reestructuración de activos, sea del tipo que sea,
mientras que en 1989 no se acepta que eso lo haya. Es una aportación,
previa una venta. Creo recordarlo, pero, insisto, se lo mando por escrito
o lo contrasta en la sentencia.

Luego, entra en la reflexión de suspensión de pagos «versus» quiebra.

Además, ésa ha sido una decisión mía, la asumo, no puedo escudarme en
otra cosa. Y como decisión política, ¿por qué optábamos por eso? Porque,
como le he dicho, era la línea en la que creíamos que globalmente
hacíamos menos daño. ¿Era más cara? Depende de cómo se mida esa carestía.

Desde luego, para los setecientos y pico trabajadores era muchísimo más
cara la quiebra, porque pasaban al Fogasa y pasaban personas sin
especialización alguna, que llevaban muchos años en esa empresa, con una
antigüedad media del orden de veinte años, con unos salarios de ciento
y pico mil pesetas, pasaban a tener unas indemnizaciones que en algunos
casos no llegaban ni al millón de pesetas, con una edad media en torno
a los cincuenta años. Para esas personas era muy cara la quiebra. Creo
que tuvimos en cuenta eso. ¿Qué nos costó eso, señoría? Eso nos costó
7.000 millones de pesetas. Eso ha sido el acuerdo con los trabajadores
--también consta en la documentación, no es un dato novedoso--, este
último, de liquidación total de la plantilla, nos ha costado 7.000
millones de pesetas, una media de indemnización de unos ocho millones y
algo; insisto, una plantilla envejecida, con una antigüedad muy alta y
sin especialización. En términos de coste, el coste de la quiebra era por
lo menos para esas setecientas y pico de personas tremendo. Esa fue una
reflexión. No sólo había ésa; la quiebra no garantizaba que esos activos
se pudieran destinar a algo. Los activos siguen estando ahí, la
maquinaria está y los activos industriales están. ¿Se pueden dedicar a
algo? ¡Ojalá! De momento, con el proceso de suspensión de pagos, puede
ser, hay mecanismos jurídicos para hacer que así sea. Con el de la
quiebra, era menos cierto. Esas fueron las razones, evidentemente
discutibles, que yo asumo en su totalidad; son, muy simplificadamente,
las que le he dicho.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra
al señora Monzón.




La señora MONZON SUAREZ: Gracias, señor Subsecretario, por su
comparecencia. Yo intentaré ser muy breve, porque, además, algunas
preguntas ya las han hecho y no voy a repetirlas. Sí me gustaría conocer
si, cuando habla de que se han adjuntado dos informes de solvencia en los
bancos, se adjuntaba también un informe de Benetton, un informe, no una
apreciación, sino algún documento que dijera que Benetton está detrás.

Supongo que no, porque se hubiera dicho, pero pregunto si eso no era algo
que se debería haber hecho, desde su punto de vista.

También, como ha dicho el señor Zabalía, el balance interno. Cualquiera
de a pie como yo, cuando me han llamado para gestionar una empresa, lo
menos que se me ocurre es pedir un balance del último año, a ver si vale
la pena gestionarla. Para comprarla, no es el caso porque no tengo dinero
para ello, pero si tuviese dinero, tendría que pedir un balance para ver
lo que estaba comprando. Me



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llama la atención que el Ministerio no se haya preocupado por eso.

Pregunto, asimismo, si, cuando se establecen condicionantes en una
escritura pública, no es lógico que se articulen medios para hacer un
seguimiento si estos condicionantes se cumplen o no, porque, como se dijo
antes, a lo mejor yo lo entendí mal, que, al ser dinero privado y una
empresa privada, ya no se puede intervenir y ya parece que aquello ya
tiene que ir donde vaya y no hay una responsabilidad directa, no entiendo
para qué sirven esos condicionantes, si no se puede hacer un seguimiento
de ellos.

Otra cuestión era que me llama la atención lo que usted ha dicho de que
para un gobierno que en Málaga cierra una empresa con estas condiciones
que tenía y con esa cantidad de obreros o de empleados no es fácil. A mí
casi me sonaba que iba a decir que pierde las elecciones, porque parece
que no se puede hacer. Yo pregunto: ¿El Ejecutivo tiene la obligación
directa, o no, de tomar decisiones, aunque sean impopulares, que no sean
fáciles, porque las decisiones fáciles las puede tomar cualquiera? ¿Por
qué no quiso que se devolvieran, si es que conoce las razones? Yo
sospecho que diría que este muerto no me lo ponen otra vez y hubo que
pasarlo a otro departamento.

Para terminar, he de manifestar que usted también dijo que asume la
responsabilidad de lo que se ha hecho durante su mandato en su
departamento, cuando el Grupo Popular le preguntaba a este respecto. Y
la pregunta que yo le hago es si cree que el Ministro también debe asumir
la suya cuando él era responsable de su Ministerio, en cuanto al tema de
Intelhorce.




El señor PRESIDENTE: Al señor Subsecretario no se le escapa que ha habido
por lo menos tres preguntas que le ha formulado la señora Monzón que van
mucho más allá del objeto de su comparecencia, tanto las relativas a si
son decisiones populares o impopulares las que toma el Gobierno como esta
última, que tiene una carga profunda de subjetividad, en relación a si
el ministro de turno tiene que asumir o no responsabilidades. La
Presidencia le ampara en la no respuesta a esas preguntas, si lo cree
pertinente, aunque lógicamente tiene la libertad de contestar.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán Amutio):
Con la misma brevedad con la que la señora Monzón me ha planteado las
preguntas, voy a intentar responder.

Me ha preguntado si existe un informe de Benetton en el expediente. Lo
desconozco. ¿Existen en el informe de Improasa los balances, etcétera?
Existen. ¿Se miraron? Los miraría Improasa. La responsable de ambas cosas
era Improasa. En el tema Benetton me consta que se hizo un viaje a
Italia. ¿Hasta qué punto eso fue sólido para ver que había relación con
Benetton? Evidentemente, ahora sabemos que no fue sólido, porque no había
esa relación con Benetton.

Respecto a si las gestiones que se hicieron entonces fueron suficientes
o insuficientes, ahora sabemos que fueron insuficientes. No sé mucho más,
porque ni es mi responsabilidad ni mi papel en este momento el entrar en
ese nivel de detalle del trabajo que se hizo entonces. Lo hizo Improasa,
me consta que hicieron un viaje a Italia, me consta que explican una y
otra vez las relaciones entre Benorbe y Benservice y Benetton, pero ahora
me consta que eso es insuficiente, como le consta también a su señoría.

Referente a los balances, también me consta ahora que el análisis no fue
suficiente, pero en aquel momento Improasa hizo las apreciaciones que ha
leído el señor Zabalía, en palabras de la Dirección de Patrimonio, pero
que eran palabras de Improasa.

En lo que concierne a los condicionantes de la escritura de disposición,
sin duda éste es un tema por el que he pasado muy deprisa, porque va a
ser objeto de otras comparecencias, pero no sólo se establecieron
condicionantes, sino los mecanismos para garantizar que los mismos se
cumplían. En la documentación que se ha remitido a la Comisión hay un
apartado entero de todo el intercambio de documentación entre los
accionistas de Benorbe y Benservice y la Dirección de Patrimonio para
pedirle que hiciera lo que preveían las escrituras, que era anticipar
fondos. Las escrituras preveían un calendario y una posibilidad de
modificarlo, si se daban determinadas condiciones: auditorías previas,
justificar que lo anterior se había destinado a lo que se había dicho,
etcétera. Usted dice: habrá algún control sobre los condicionantes.

Efectivamente, lo había, consta en toda la documentación que se ha
remitido y la Dirección de Patrimonio siempre estimó, en cada una de las
disposiciones, que se cumplían todos esos condicionantes y por eso las
adelantó.

Respecto al tema electoral, sólo decirle una cosa. El Presidente me
sugiere la posibilidad de no responder, pero le diré que se ha liquidado
con el mismo Gobierno con el que no se cerró en el año 1989. Si ha habido
reflexiones electorales han sido en un caso en un sentido y en otro caso
en otro diferente, pero creo que es relativamente irrelevante. El coste
del cierre, la liquidación total y el coste del proceso Intelhorce lo
estamos asumiendo, con independencia de su efecto electoral.

Me pregunta por qué no lo aceptó el INI. No lo sé, me lo puedo suponer,
como S. S., pero no lo sé.

Por último, sobre si yo asumo mi responsabilidad y el Ministro la suya,
puedo decir que la asume, puesto que lo ha dicho él. Asume su
responsabilidad, como no podía ser de otra forma, en el tiempo en que él
ha sido Ministro, y yo asumo mi responsabilidad, como no podía ser de
otra manera, en el tiempo en que he sido Subsecretario.




El señor PRESIDENTE: Como sigue ausente el representante del Grupo Mixto,
tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo, por el Grupo Parlamentario
Socialista.




El señor SAENZ LORENZO: A nuestro Grupo le interesa poner el acento en
algunos puntos de las cuestiones que se están planteando.

El primero de ellos es que el Gobierno se encuentra con una empresa que
pierde dinero y respecto de la cual la Comisión Europea le está pidiendo
información sobre las últimas ampliaciones de capital; es decir, el
Gobierno se encuentra con una empresa que está perdiendo dinero y a la



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que dificílmente le va a poder dar apoyo público. El planteamiento
político, que creo que sí que es relevante el señalarlo, de todos los
grupos de la Cámara es mantener el empleo como prioridad; también del
Gobierno. La opción política significativa en el momento de la compra es
que hay que mantener la empresa y hay que mantener el empleo. Y no hay
más que dos alternativas, dado que no se puede mantener la ayuda pública:
la liquidación y la venta.

Yo quería preguntarle al señor Subsecretario si tiene los datos de
valoración de la liquidación. En los documentos que nos ha remitido la
Dirección de Patrimonio se habla de 14.000 millones de pesetas como valor
de la liquidación. Si se opta en ese momento por la liquidación, estamos
valorando las decisiones políticas. Primera decisión política: la empresa
ya no puede recibir subvenciones, o se liquida o se privatiza. La
liquidación, ¿cuánto cuesta? según este documento 14.000 millones. La
otra alternativa es la venta. ¿Qué opciones de venta hay? Tres: una pide
8.000 millones y reduce mil puestos de trabajo; otra pide 10.000 millones
y reduce 500 puestos de trabajo, y otra pide 5.000 millones, no reduce
puestos de trabajo y paga 2.000 millones. La tercera parece
sustancialmente mejor que las otras dos.

Lo que le quería preguntar es si ese aval de los cien millones era una
condición imprescindible para que se pudiera acceder a la venta; es
decir, al final, desde el punto de vista administrativo, ¿la única opción
de venta es la de la empresa que presenta aval de los cien millones? Esta
empresa también presenta un aval de 2.000 millones; ese aval,
aparentemente, luego se reasegura y esa decisión de reaseguro está siendo
juzgada en estos momentos en los tribunales. Lo que nos parece importante
saber, desde nuestro punto de vista, es qué coste representaba la
alternativa de liquidación, porque esas valoraciones pueden avalar
perfectamente que la decisión de venta es correcta.

La otra decisión política importante es abrir una investigación externa
e interna y llevar a los tribunales todas las actuaciones, ésa también
la toma el Gobierno, y desde nuestro punto de vista correctamente.

Hay otro tema que nos parece significativo respecto a alterar o no el
procedimiento en cuanto a las ampliaciones de capital. Según parece, se
altera el procedimiento en las tres ampliaciones de capital. Sin embargo,
en dos de ellas la decisión final de la Comisión Europea es de
compatibilidad. Por tanto, no hay problema con las dos primeras y en las
tres se ha alterado el procedimiento. Por tanto, no parece que esa
alteración del procedimiento sea ni siquiera para la Comisión Europea un
tema significativo como para determinar cuál es su decisión, sino que son
otros; a lo mejor la acumulación de ampliaciones. Parece lógico que si
hay una cierta prohibición de que haya subvenciones públicas, la
acumulación de ampliación de capital pueda poner en cuestión la decisión.

Lo que le quiero preguntar es si es cierto que en las dos primeras
ampliaciones se altera el procedimiento exactamente igual que en la
tercera y sin embargo en las dos primeras la decisión es de
compatibilidad; es decir, la decisión de la Comisión Europea es
favorable, en las dos primeras, pero en la última no. Por tanto, no sería
el procedimiento el elemento que permite tomar la decisión final.




El señor PRESIDENTE: El señor Subsecretario tiene la palabra.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán Amutio):
En cuanto a la liquidación de 1989, creo que se está refiriendo a la
misma memoria que hace la Dirección de Patrimonio cuando se adopta el
acuerdo del Consejo de Ministros, y a la que ha aludido el señor Zabalía.

Ahí se evalúan las distintas alternativas, y una de ellas --hablo de
memoria--, la liquidación de 1989, supone un coste del orden de los
14.000 millones de pesetas. Parece una cifra precisa cuando estamos
hablando de 1.600 trabajadores, y aunque sólo fuera eso, más los activos,
etcétera, ese orden de magnitud parece suficiente.

En todo caso, lo que sí está claro es la reflexión que ha hecho S. S. En
aquel momento, con los datos de que se disponía, incluso desde una pura
valoración económica, la liquidación era muchísimo más costosa que
cualquiera de las otras alternativas. Y de las tres ofertas que
finalmente se concretan, como ha descrito también S. S., una de ellas era
muchísimo más favorable que las otras dos.

¿Formalmente se podían considerar las tres? Formalmente, no, porque sólo
aportó la fianza de 100 millones Benorbe y Benservice. Pero, a pesar de
esto, en el último tramo --y está en el informe de Improasa-- se
contrastan dos de ellas, la de Hilaturas Gossypium y la de Benorbe y
Benservice, y eso que a una de ellas, Gossypium, formalmente se le podía
haber dicho que no porque no aportó la fianza de los 100 millones. Por
tanto, la fianza de los 100 millones sí que era un prerrequisito para
entrar en el tema, pero no se consideró que fuera tan relevante, porque
no la habían aportado las otras dos. ¿Por qué se hace esto de las
fianzas? Normalmente se hace --aunque ésta es bastante elevada-- para
evitar que alguien vaya a ver qué pasa y ese tipo de cosas; es decir, es
una muestra de un cierto compromiso con el trabajo que se está haciendo.

Por último, el tema de la CEE, efectivamente, es como ha dicho S. S. La
alteración del procedimiento, es decir, la previa comunicación, supone
el riesgo de que lo declaren incompatible, sí que lo supone, pero no lo
implica necesariamente, y de hecho no sólo en los ejemplos que ha puesto
S. S., sino en otros, hay ayudas declaradas ilegales (que en terminología
comunitaria significa que no has seguido el procedimiento), pero
compatibles y, por tanto, no hay que devolver ni hay sanción ninguna. En
las dos ampliaciones de capital de 1987 y 1988 de Intelhorce, en la
ampliación de Hytasa y en alguna otra, por ejemplo Merco, también ha
habido alguna sentencia absolutoria en ese sentido; en cambio, en la
tercera no, porque se dan las dos cosas; no ha cumplido el procedimiento
y además es incompatible --creo recordar-- por las razones que antes he
dado; estoy casi seguro de ello.




El señor PRESIDENTE: El señor Izquierdo, por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Subsecretario, quizá yo me haya
explicado mal. Siguiendo la práctica



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habitual del método Ollendorf, yo digo una cosa y usted contesta otra,
y al final no vamos a ponernos de acuerdo en nada. Era un buen método
para aprender alemán, pero no es un buen método parlamentario, porque
volvemos sobre lo mismo y podríamos habernos ahorrado tiempo.

Yo no le he preguntado si se va a comunicar a la Comisión Europea la
ejecución del aval, porque no es ésa mi preocupación, a pesar de que he
leído numerosísima correspondencia entre la Comisión Europea y el
Gobierno de España exigiendo dicha ejecución, lo cual se ha hecho
bastante más tarde de cuando se solicitó. No es ésa mi pregunta. Mi
pregunta es si le va a comunicar el Gobierno a la Comisión Europea --en
beneficio de Intelhorce, por supuesto, y de su nuevo proyecto
industrial-- que habiendo ejecutado el aval de compra en el año 1993, o
sea, habiendo recuperado el precio de compra, y además estando ese aval
contragarantizado por parte de los 5.869 millones de pesetas --y vamos
a dejar aparte quién tiene la responsabilidad de esa contragarantía si
es que usted no quiere entrar en la cuestión por prudencia y porque quizá
se esté dilucidando en los tribunales--; si habiendo ejecutado dicho aval
--digo--, que usted sabe y yo sé que estaba contragarantizado con dinero
procedente del Tesoro Público --por tanto, la ampliación de capital que
en su momento se dio de 5.869 millones de pesetas hoy es 5.869 menos
2.000 millones--, no existe la obligación ética de recuperar 6.000
millones de pesetas y poner en peligro por esa circunstancia el nuevo
proyecto industrial.

Voy a planteárselo de otra manera. La Comisión Europea y luego el
Tribunal de Luxemburgo, señor Subsecretario, condena al Reino de España
a recuperar 4.000 millones de pesetas de los 5.869 dados, ya que entiende
que no se habían dado los 5.869, porque en el momento de dictarse la
resolución no se habían aportado los plazos que, según la escritura de
compraventa, estaban determinados para entregar ese dinero a la compañía.

Yo no digo que el Gobierno engañara a la Comisión, pero no le dio toda
la información, porque en esa fecha se había dado y dispuesto todo, según
la contabilidad de Intelhorce. La Comisión Europea entiende, por ese
documento elevado ante notario, que en ese momento no se ha dado todo el
dinero de la ampliación de capital, no se ha hecho efectivo y, por tanto,
no ha incurrido el Gobierno de España en una ayuda ilegal de 5.869
millones de pesetas, sino de 4.000 millones. Sin embargo, señor
Subsecretario, es por aquellas fechas --mayo de 1992, si yo no recuerdo
mal-- cuando la Comisión Europea condena al Gobierno de España y luego
recurre el Reino de España. Esa es la razón.

¿Por qué interesa esto a nuestro Grupo? Porque entendemos que es capital,
señor Subsecretario. Yo mantengo, y voy a mantenerlo hasta el final, si
ustedes no aportan documentación en contrario o explicaciones
suficientes, que la operación de venta al señor Orefice se hace sabiendo
que no tiene un duro, se le avala con dinero público toda la operación
y luego se le controla la disposición de fondos, por no entrar --ya
entraremos-- en cómo se dispone de esos fondos.

Usted ha mencionado aquí palabras que yo conozco muy bien. Habla de un
informe de Werner sobre viabilidad. Yo creo que el informe que hizo
Werner, y con lo que costó, no hubiera merecido la pena que se hiciera,
pues tanto Intelhorce como Patrimonio del Estado ya sabían muy bien la
inviabilidad de la compañía. Ha hablado usted del informe de Iterdoxa,
por cierto, compañía ligada a personas relacionadas con miembros del
Gobierno, que costó un montón de dinero. Habla usted de informes. Aparte
de esos informes millonarios o cientomillonarios en su totalidad, se ha
ido parte del dinero público de la ampliación de capital. También el
informe Cordón costó mucho dinero y lo pagó Intelhorce, que es una
empresa inviable, que no tiene un duro, pero se puede permitir el lujo
de pagar un informe de 17 ó 19 millones de pesetas, cuando las
conclusiones del informe Cordón, o por lo menos muchas de ellas, se
deducen simplemente de dar a la tecla de la Agencia Estatal Tributaria,
por ejemplo.

¿Ilegales o incompatibles? Aclárenos una cuestión. ¿No es verdad, señor
Subsecretario, que la Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, y antes la
decisión de la Comisión Europea, establecen exactamente por qué? En los
dos casos, en la ayuda de 1986 y en la de 1989, se ha vulnerado el
procedimiento; en los dos casos. En el primero de ellos, determinadas
ayudas se cuantifican ilegales por haber vulnerado el procedimiento, y
se cuantifican compatibles porque se podía justificar que iban enfocadas
de acuerdo con los planes de reestructuración en su momento puestos en
práctica por la empresa pública Intelhorce. Eran planes de viabilidad,
de reducción de empleo y de disminución de la producción. ¿Pero qué pasa
con las ayudas de 1989? Que el plan de viabilidad que se dice tener --y
obra en la documentación, pero los Servicios Jurídicos del Estado no la
tienen en el momento de emitir su informe-- establecía todo lo contrario:
incremento de la producción, no disminución del empleo, etcétera,
circunstancias que a la Comisión Europea, con criterios comerciales, le
hacen ver que no se está ante un proyecto de reestructuración para
redimensionar Intelhorce a sus necesidades, sino que se está en un
proyecto hacia adelante. Dice incluso --y si no es verdad que me corrija
el señor Subsecretario-- cosas tan tremendas como que el Gobierno de
España ha actuado contra las más elementales normas de prudencia
comercial. Y dice esto después de afirmar que no se puede vender una cosa
por 2.000 millones y dar 5.800 millones, que ése no es un criterio de un
inversor privado. Dice, además, que tampoco es un criterio de un inversor
privado establecer cuánto dinero nos costaría el cierre de la empresa o
el mantenimiento de la actividad en el sector público, porque de esta
manera solventamos el problema. Dicen que no se solventa el problema, que
el problema se puede agravar. La sentencia establece con toda claridad,
señor Subsecretario, qué es lo que no tenía que haber hecho el Gobierno
y por eso es condenado.

El abogado del Estado, señor Subsecretario, establece en la parte final
de su informe que el Gobierno debe ponderar el riesgo que supone
infringir las normas de procedimiento, y llega a decir que incluso para
los efectos futuros del contrato de compraventa. ¿Significa eso, a su
juicio, que hoy podríamos estar --y eso sería terrible-- ante una posible
demanda por parte de los señores adjudicatarios de



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Intelhorce de nulidad del contrato de compraventa? Entiendo, señor
Subsecretario, que esto es todo un disparate y que debe dar respuestas
precisas.

Para terminar mi intervención, quisiera que me diese una respuesta
precisa. No vamos a preguntarle si lo sabía antes porque usted no estaba,
pero ¿sabe usted ahora que las contragarantías del aval de fianzas y
créditos y del aval que luego presta el Banco Exterior están hechas con
dinero procedente del Tesoro Público? ¿Va a intentar recuperar el
Gobierno esa minusvalía, producida por el Tesoro público por esa
circunstancia, ante el Banco Exterior, ante cualquier entidad o ante los
tribunales ordinarios de Justicia? (El señor Sáenz Lorenzo pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Para qué pide la palabra, señor Sáenz Lorenzo?



El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, son las tres de la tarde y se
había dicho que hasta las tres cabían todas las comparecencias. Ya se ha
demostrado que no, que tuve razón antes en mi intervención. Si la
intervención de los grupos se plantea con preguntas breves, se pueden
terminar los procedimientos; si se realizan afirmaciones tan importantes
y graves como las que ha hecho el portavoz del Grupo Popular diciendo que
él está convencido de algo, a pesar de que todos los documentos dicen lo
contrario, y que no necesita prueba ninguna para realizar las
afirmaciones gravísimas de que la Administración ha actuado con
prevaricación, conociendo que había reasegurado el aval, con todas las
actuaciones irregulares detrás, sin ningún fundamento y sin demostrar
absolutamente nada, veo que, efectivamente, no hay ninguna voluntad de
investigar. La Comisión de investigación se crea para investigar y, antes
de lanzar una conclusión, tendremos que documentarla y sacar esa
conclusión de las intervenciones de las personas que vienen o de la
documentación. Pero afirmar cosas tan graves sin ningún fundamento me
parece una irresponsabilidad, y también me parece que no conduce a nada
que este tipo de intervenciones las mantengamos a estas horas de la
tarde.




El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, de la intervención del señor
Izquierdo he entendido lo siguiente. Primero, que no le satisfacen
mayoritariamente las respuestas que ha dado el señor Subsecretario, y
posiblemente el señor Ministro, a lo largo de esta mañana. En segundo
lugar, podríamos decir que ha hecho un planteamiento por elevación. El
señor Izquierdo ha dicho: Creo que pasó esto y, si no es así, le pido,
señor Subsecretario, que me demuestre que no se hizo así.




El señor SAENZ LORENZO: Es que no hay ninguna prueba.




El señor PRESIDENTE: Señor Sáenz Lorenzo, tiene la palabra el señor
Presidente. Esto no es un juzgado. Obviamente, hacemos aquí valoraciones
políticas y ha sido esta Presidencia la que, ahora por tercera vez, pide
a SS. SS., inclusive a usted porque ha hecho valoraciones políticas y en
ningún caso ha hecho ninguna pregunta a lo largo de esta mañana, que por
favor dejemos esas valoraciones políticas para el momento del dictamen
y acotemos las intervenciones y los tiempos a lo que debería ser la
comparecencia de una autoridad o de un particular, es decir, para
esclarecer aquellos puntos en los que aún no tenemos suficiente luz.

Pido por tercera vez, repito a todas SS. SS., por favor, ya que no exijo
ni hacemos repartos de tiempo, sino que lo llevamos de una manera muy
deportiva, si se me permite la expresión, que no abusemos de las
valoraciones políticas porque, lógicamente, comportan nuevas valoraciones
políticas por parte del compareciente y, obviamente, por el Grupo
discrepante en relación a las mismas.

Por tanto, estoy en la línea de una petición que ha hecho el señor
Izquierdo al Subsecretario, que tengan respuestas precisas, pero
igualmente me dirijo cordialmente al señor Izquierdo y a todas SS. SS.

para que también las preguntas sean lo más precisas y concisas posibles.

Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Madagán Amutio):
Señor Presidente, me ha ahorrado parte de lo que iba a decir, porque
desde luego me gustaría dar respuestas precisas, pero siempre que tenga
preguntas precisas. El 90 por ciento de la intervención del señor
Izquierdo ha sido contarnos, una vez más, cuál es su tesis global sobre
el tema; tesis que es muy libre de defender, aunque creo que debería
basarla en hechos, pero no voy a entrar en eso porque no me corresponde.

Creo recordar que sólo al final me ha hecho una pregunta: ¿Sabe el
Gobierno que las contragarantías con respecto al aval estaban hechas con
fondos públicos? No sólo lo sabe el Gobierno, sino que el Gobierno se lo
ha dicho al juez y, en base a ese hecho, ha promovido una denuncia y, en
base a esa denuncia, hay señores que están en la cárcel. Lo he dicho
catorce veces, señor Izquierdo. Usted sabe que el Gobierno lo sabe y
también sabe que yo lo he dicho; claro que lo sabe y usted insiste. Claro
que ha habido una desviación de recursos públicos, lo sabe el Gobierno,
el Gobierno se lo ha dicho al juez, el juez lo sabe y lo sabe un señor
que está en la cárcel, que es quien lo ha desviado; sin ir más lejos,
ayer ha metido a otro en la cárcel cuya ayuda era necesaria para hacer
eso, señor Izquierdo. Por tanto, no siga por ahí porque se lo he dicho
catorce veces. Usted sabe que se lo he dicho y, además, usted sabe que
es verdad; está en la denuncia.

Segundo. ¿Se va a recuperar ese dinero? Mire usted, en el convenio de
liquidación están todas las deudas, las que Improasa tiene con el Tesoro,
las que Improasa tiene con la Seguridad Social, etcétera. Eso también es
público y está sometido al juez. Seguro que usted sabe más que yo de
suspensiones de pago y demás, porque le confieso que a pesar de que lo
he intentado, no me entero. Llevo unos meses con esto, pero del convenio
de liquidación resulta lo que resulta y, de esa masa que resulte, uno de
los acreedores es el Estado, el Tesoro público, y es acreedor por esas
distintas cantidades.




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Tercero. Aquí no ha hecho pregunta, lo que ha hecho es una reflexión y,
con el permiso del Presidente, no la puedo dejar ahí. La sentencia de la
Comunidad no se refiere a la privatización, se refiere a la ampliación
de capital, que es previa a la privatización, y lo que dice la Comisión
al Gobierno de España es que esa ampliación es incompatible, además de
ilegal, porque no ha respetado el procedimiento. Luego no diga usted que
la Comunidad nos ha dicho que no podíamos hacer la privatización. La
Comunidad no entra en la privatización, como no podía ser de otra forma,
porque no puede entrar ahí. Los hechos que ve es si la ampliación de
capital es compatible o incompatible. Efectivamente, como sabe usted,
como saben todas SS. SS., como consta en todas partes, ha dicho al
Gobierno español que es incompatible. Por tanto, Intelhorce, que es la
destinataria de esos fondos, debe devolvérselos al Tesoro Público, y
cuando se devuelvan S. S. tendrá una copia de lo que se ha ingresado por
ese concepto, igual que tiene copia de que se ha ingresado el aval; el
aval se ha ejecutado y se ha ingresado en el Tesoro. Dice que con fondos
de Intelhorce; efectivamente, porque ésa era parte de la trama; expresión
que se ha utilizado aquí, pero no por mí. Efectivamente, eran fondos de
Intelhorce, pero el Tesoro Público tiene que ejecutar ese aval y ha
producido un quebranto a Intelhorce. No está descubriendo nada, señor
Izquierdo; eso se ha contado catorce veces, no se ha ocultado a nadie,
lo sabe el juez, lo sabe esta Cámara, lo saben los periódicos, pero si
se cuenta así es muy distinto a si se cuenta de otra forma. Eso es
exactamente como le digo.

Mezcla usted a los Servicios Jurídicos del Estado con el plan de
viabilidad. Mire usted, no tienen nada que ver. Los Servicios Jurídicos
del Estado no informan planes de viabilidad; lamento tener que corregirle
así. No informan, no es su papel, no deben informar planes de viabilidad,
nada tiene que ver el Servicio Jurídico con planes de viabilidad;
informará de otras cosas, escrituras, acuerdos del Consejo de Ministros,
lo que sea, pero no de un plan de viabilidad, lo que, por otra parte es
de sentido común, pues un plan de viabilidad es un plan de viabilidad
empresarial, donde se ven unos activos, unos recursos que se ponen en
marcha para ver si se consigue un fin. ¿Qué tiene que decir el Servicio
Jurídico de eso?



El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cuestión, señor Zabalía?



El señor ZABALIA LEZAMIZ: Por mi parte no tengo ninguna pregunta.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cuestión, señora Monzón? (Denegaciones.)
Tiene la palabra la señora Sánchez López.




La señora SANCHEZ LOPEZ: Había pedido la palabra para formular una
pregunta al señor Subsecretario sobre un punto que no ha salido hasta el
momento. Es sobre el tema de los avales, porque estamos permanentemente
dando vueltas al tema del aval, del contraaval, de la legalidad, del
ajuste a Derecho, del conocimiento previo, etcétera.

He leído en una respuesta del Gobierno al Grupo Parlamentario Popular,
y si no es así por eso se lo pregunto al señor Subsecretario, que existe
un informe del Tribunal de Cuentas sobre el aval y su ajuste a Derecho,
etcétera. Me gustaría que me confirmara si esto es así.

Después tenía que hacer una reflexión, espero que me lo permita el señor
Presidente, y es que yo no creo que las últimas afirmaciones del señor
Izquierdo sean afirmaciones políticas. Son acusaciones de prevaricación
para las personas o cargos públicos que tomaron la decisión de privatizar
en 1989 la empresa pública Intelhorce, y esta acusación de prevaricación
la hace un miembro del Partido Popular, el señor Egea, en la denuncia que
presenta en su momento. Tengo la impresión de que lo que pretende el
señor Izquierdo, repitiendo este tipo de acusaciones, es que la Comisión
de investigación parlamentaria llegue a conclusiones que en principio el
juez instructor del caso ya ha descartado. Como no han conseguido que
aquella denuncia llegara donde el Partido Popular deseaba, pretende que
esta Comisión llegue a esas conclusiones que el juez descarta.

Nosotros hemos reiterado en muchas ocasiones en las reuniones previas que
hay que delimitar con claridad cuáles son las competencias del juez y las
de la Comisión de investigación parlamentaria. Quiero simplemente dejar
claro que, como hemos dicho reiteradamente, el Grupo Parlamentario
Popular permanentemente está intentando confundir la investigación
parlamentaria con la investigación judicial.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán Amutio):
Con mucha brevedad. Efectivamente, éste es un tema que se me ha pasado,
como también a otras señorías que lo conocen, aunque es muy relevante.

Con relación al aval, se han planteado dudas sobre si se ejecutó o no en
su debido momento. Hubo dudas políticas, Solchaga las explicó en el
Parlamento. Creo que el señor Zabalía las ha manifestado; en fin, han
estado encima de la mesa. Con todo eso, el Tribunal de Cuentas --y siendo
yo ya Subsecretario, por tanto es mi responsabilidad-- nos plantea
--cuando hace no me acuerdo qué investigación-- la apertura de una pieza
de responsabilidad contable separada con el tema de la ejecución del aval
para ver si hay unas responsabilidades. Todo esto tampoco es nuevo, está
en la documentación que hemos remitido entero y verdadero.

¿Qué dos reflexiones se hace? Primero, ¿por qué no se ejecutó el aval en
su momento? Les debo recordar a SS. SS. que lo que había era un aval de
2.000 millones --estaba contragarantizado, pero a los efectos que estamos
da lo mismo-- y unas obligaciones de ir aportando los 2.000 millones
respecto a un calendario. ¿Cuándo se produce la primera no aportación de
Benorbe y Benservice? ¿Por qué no se ejecuta el aval y por qué sólo se
ejecuta al



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final? Esa es una primera pregunta que hace el Tribunal de Cuentas.

Segunda pregunta que hace: Si no se ejecuta al principio y se ejecuta al
final, ¿por qué no se cargan intereses? Se podía haber ido ejecutando por
partes y puede haber habido una minoración de recursos públicos por esa
vía. El Tribunal de Cuentas abre una pieza separada. Nosotros hacemos las
alegaciones. Todo eso da un trabajo documental tremendo, que consta
entero en la documentación que se ha remitido. ¿Cuál es el resultado
final? El resultado final, del año 1995, es que el Tribunal de Cuentas
acaba acordando (era un tema relevante, aunque se me haya olvidado, lo
traía; les voy a leer sólo una frase, pero insisto en que lo pueden ver
en la documentación), en junio de 1995, en una resolución que no ha sido
recurrida por el Fiscal del Estado ante el Tribunal de Cuentas ni por
abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, la improcedencia de
apertura de pieza separada al no encontrarse indicios de responsabilidad
contable en la falta de reclamación de intereses de demora por el pago
del precio aplazado en la enajenación de Intelhorce y el retraso en la
ejecución del aval que lo garantiza.

El título ya refleja lo que trae, pero si se lo leen tiene frases
bastante claras que ponen de manifiesto que la actuación de la Dirección
General de Patrimonio a lo largo de todo este proceso y del servicio
jurídico, que fue el que instó con su informe a decir cómo había que
actuar, fue correcta, ajustada a Derecho, que con los datos de que se
disponía a cada momento era posible hacer lo que se hizo y no se produjo
ningún perjuicio al Tesoro público. Eso lo dice el Tribunal de Cuentas
en una resolución del 26 de junio de 1995. Por tanto, el tema del aval,
no de la contragarantía, sino de la ejecución del aval, está santificado
por el Tribunal de Cuentas incluso. Es posible que el señor Izquierdo no
lo santifique, pero, desde luego, el Tribunal de Cuentas sí lo ha hecho.

(El señor Izquierdo Juárez pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, ¿a qué efectos pide la palabra?



El señor IZQUIERDO JUAREZ: Por alusiones.




El señor PRESIDENTE: Medio minuto, estrictamente por alusiones, porque
alusiones siempre las hay en estas comisiones.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Dos alusiones, señor Presidente, una del
Subsecretario recientemente y otra de la Señora Sánchez. No creo yo haber
imputado, señor Presidente, y usted me amparará en este sentido --en
cualquier caso, si lo he hecho constará en el «Diario de Sesiones» de la
Comisión--, ningún delito de prevaricación a nadie. No creo yo haber
dicho eso. Es una estrategia planteada por el Grupo Socialista al
principio de esta mañana: El señor Izquierdo imputa aquí delitos... Yo
no he imputado ningún delito a nadie, que se sepa. Además, no tengo
ningún interés en hacerlo. Me parece una desgracia. Ya lo decía el refrán
del gitano, por el tema de los pleitos. No, no he imputado ningún delito
a nadie, y me parece que la investigación de la señora Sánchez es una
intervención política en la estrategia de su propia defensa. En cualquier
caso, sabe muy bien la señora Sánchez que en Málaga las cosas están
meridianamente claras en este tema de Intelhorce, y se sabe quién ha
podido o no meter la pata y haber tomado decisiones incorrectas.

Señor Subsecretario, vuelve usted a no entender. No le planteo nada sobre
la ejecución del aval. A mí me sorprende, como a cualquiera, que se haya
ejecutado en 1993 cuando se podía haber hecho en junio de 1991. El
Tribunal de Cuentas es muy soberano para decir lo que quiera, usted para
pensar lo que quiera también, y yo soy muy soberano para pensar que ahí
no puede haber un dato objetivo que sancione su posición o la mía, pero
es que no le he preguntado por qué, cuándo y cómo se ejecuta. No. Es de
extrañar que no se ejecute en su momento, como ha dicho el señor Zabalía
y como sospechamos todos, además es de extrañar por la sangría que se
produce después. Pero ésta es mi pregunta, mi pregunta es: ¿sabía usted
que el aval estaba contragarantizado con fondos públicos en 1989 y luego
en 1991? Pues dígame que no, simplemente diga: No sabíamos que estaba
contragarantizado, y por eso hemos puesto en conocimiento del Fiscal esa
circunstancia. Porque esas palabras son importantes para esta Comisión.

No se trata de culpar de delitos ni de exculpar de nada. Aquí estamos
investigando el proceso de privatización de Intelhorce, por qué se les
vende a estos señores exactamente, no por qué se vende Intelhorce en las
circunstancias en que se hace.




El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, ha quedado muy claro que en ningún
momento usted ha querido imputar delito alguno a nadie, ni al Gobierno
colectivamente, ni al señor Subsecretario, ni al Ministro ni al ex
Ministro, y menos delitos de prevaricación. Ha quedado claro, consta en
el «Diario de Sesiones». Obviamente todos aquí improvisamos y a veces no
controlamos del todo nuestras expresiones o son mal entendidas. Queda
claro que no ha habido ninguna imputación por su parte. Dejemos este
tema, señor Izquierdo. (El señor Izquierdo Juárez pide la palabra.)
¿Señor Izquierdo?



El señor IZQUIERDO JUAREZ: Termino la pregunta para que quede en el
«Diario de Sesiones», señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Formúlela con concreción, porque, si no, me pongo
en la piel del compareciente y yo ya no sé cuál es la pregunta, la
valoración o la introducción.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Quizá porque no se quiera.




El señor PRESIDENTE: Yo querría que las preguntas fueran lo más concisas
posibles, porque de esa manera es como se responden mejor. En todo caso,
si no se responden, queda mucho más claro que no se responden, porque con
tanta introducción, preámbulo y pospregunta uno se pierde incluso en el
contenido de la pregunta. Por tanto,



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formule usted la pregunta en medio minuto, el señor Subsecretario le
responde en otro medio minuto y suspendemos la sesión hasta la tarde.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Subsecretario, ¿sabía usted que en 1991,
el 20 de diciembre (El señor Sáenz Lorenzo: No estaba.), el aval prestado
se contragarantizaba con fondos públicos? Y si no lo sabía, bien porque
no estaba o bien porque no tiene más información de la cuestión, ¿puede
usted explicarle a esta Comisión cómo es posible, en su criterio
posterior, que Patrimonio del Estado entonces aceptara un aval del Banco
Exterior en cuya póliza figura como garantía de ese aval la propia
Intelhorce? ¿Podría usted explicar esa circunstancia a la Comisión?



El señor PRESIDENTE: Señor Subsecretario, obviamente usted no era
Subsecretario en aquella época, por tanto, si quiere responder sobre lo
que ha conocido con posterioridad puede hacerlo, pero queda muy claro que
usted no tenía ninguna responsabilidad.




El señor SUBSECRETARIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Blanco-Magadán Amutio):
Lo he respondido quinientas veces. No tengo ningún inconveniente en
responderlo quinientas una, pero, insisto, está en los papeles. Yo estoy
absolutamente seguro y tengo confianza en el resto de grupos de esta
Comisión. Precisamente porque estoy convencido, de que cuando vean los
papeles se podrán hacer reflexiones de oportunidad, de responsabilidad
política, todo eso es perfectamente legítimo, pero siempre basado en la
veracidad de los hechos.

Repito que el aval está contragarantizado desde el principio con fondos
públicos, los de la ampliación de capital. Está contragarantizado
fraudulentamente, está en la denuncia. Cuando se ejecuta, como no puede
ser de otra forma puesto que está contragarantizado con fondos de
Intelhorce, la ejecución supone sacarle a Intelhorce 2.000 millones de
pesetas en números redondos. Cuando se conoce esto, muy a finales de 1991
y de una forma un poco singular, es cuando se empieza a actuar en
relación con este tema, pero ya no tiene arreglo, el aval está
contragarantizado, y para contragarantizar ese aval ha tenido que haber
voluntades y connivencias, no sólo las de las personas que compraban
Intelhorce y que con fondos que habían ido a la ampliación de capital los
usan fraudulentamente para eso, sino las de las empresa que había dado
ese aval, y por esas razones hay personas en la cárcel. Yo le puedo
responder exactamente lo que le he respondido ya quinientas veces: sí,
lo sabíamos cuando lo sabíamos, evidentemente no en 1989; cuando lo
supimos y tuvimos las pruebas lo denunciamos al juez, y el juez ha
decidido meter en la cárcel a unas personas, entre otras cosas, por eso.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Subsecretario. La sesión
proseguirá a las cuatro y media de la tarde.




Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




--DE LA SEÑORA SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS
EMPRESAS Y ENTES PUBLICOS (VEGA GARCIA). (Número de expediente
212/001780.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a reanudar la sesión.

Como todos ustedes saben, para esta hora estaba prevista la comparecencia
de la señora doña Mercedes Vega García, Subdirectora General de Control
Financiero y de las Empresas y Entes Públicos, a quien damos nuestra más
cordial bienvenida a esta Comisión de investigación del proceso de
privatización de la empresa pública Intelhorce, y que viene acompañada
o asistida por doña María Jesús Piñón, a quien también damos nuestra
bienvenida a esta Casa y a esta Comisión.

Habitualmente, señora Vega García, la manera de operar de esta Comisión
es sencilla y consiste en que por parte del compareciente o la
compareciente se tiene un tiempo, diez o quince minutos, lo que crea
oportuno, para exponer cuanto crea pertinente, siempre con relación al
objeto de la Comisión por el cual ha sido citado o citada. A partir de
esta intervención, a la que obviamente se puede renunciar, los distintos
comisionados, agrupados por grupos parlamentarios y siempre de mayor a
menor, cerrando el Grupo Parlamentario Socialista, formulan preguntas en
torno al objeto de la comparecencia o a la propia información que nos
facilita. Hay una segunda vuelta de repesca por si alguna cosa ha quedado
pendiente o por si al hilo de sus respuestas se crean nuevas preguntas.

Por tanto, reitero nuestra bienvenida y tiene usted la palabra, si así
lo desea.




La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): Gracias por su bienvenida, señor
Presidente. Prefiero renunciar a una intervención previa y, si lo
considera oportuno, que empiecen las interpelaciones de los señores
Diputados.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el Diputado señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señora Vega, muchas gracias por aceptar la
petición de comparecencia que hace en concreto el Grupo Popular, que
acepta unánimemente la Comisión, en un principio con doña María Jesús
Piñón, en función de una circunstancia concreta dentro del expediente de
Intelhorce, aunque les rogamos que si estiman oportuno ampliar la
información que nosotros les vamos a solicitar con otra que tenga que ver
con cualquier otro tipo de informe que ustedes hayan cursado o girado a
Patrimonio del Estado o a otro tipo de organismo, lo hagan con toda
tranquilidad.

En abril de 1994 ustedes firman un informe de auditoría que se le hace
a la empresa pública Intelhorce, supongo



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que relativa a los años anteriores y fundamentalmente sobre la gestión
de los administradores privados de Intelhorce en los años 1989, 1990 y
1991, creo; en cualquier caso, pueden corregirme en relación con esta
cuestión si no es exactamente así.

Tengo que hacer un pequeño preámbulo, aunque voy a intentar no abusar ya
más de los preámbulos en esta Comisión de Intelhorce, para decir que mi
Grupo está muy satisfecho porque de la lectura de su informe se deduce
la altísima profesionalidad de la Intervención General del Estado, y en
concreto del departamento que usted dirige. Es muy importante comprobar,
después de un proceso de privatización sobre el que nosotros consideramos
que se han producido irregularidades claras, cómo los servicios del
Estado, los funcionarios del Estado y en este caso la Intervención
General del Estado hacen con toda valentía un informe que forma parte ya
del expediente de Intelhorce, en el que se dicen cosas muy concretas, muy
importantes y que además han servido, sin lugar a dudas, para hacer
reflexionar a este Diputado sobre todo el proceso de privatización de
Intelhorce. Es su informe el que nos da la pista para luego investigar
y estudiar las irregularidades que en el capítulo 4, de conclusiones, se
establecen.

Le felicito porque estoy convencido de que esto demuestra que el sistema
funciona, que los escándalos son escándalos y se determinarán las
responsabilidades, y que en cualquier caso existen los mecanismos de
control y fiscalización correctos entre los funcionarios del Estado, en
la Intervención General del Estado en este caso, para poner los medios
de modo que estas cosas no vuelvan a suceder. Digo esto con gran
satisfacción, porque este informe, como es lógico, no ha estado en el
cajón sino en su sitio determinado, porque fue emitido a instancias del
departamento correspondiente y se ha conocido después. Por tanto, quiero
que se nos amplíen a la Comisión las circunstancias de por qué se
solicita el informe y, sobre todo, que se nos comente el capítulo 4, de
conclusiones. Incluso también quería que nos comentara algo sobre las
alegaciones que la empresa pública Improasa hace al informe y la
constestación de la Subdirectora General de Control a esas alegaciones.

Se dice en el capítulo 4, de conclusiones, que con el contrato de venta
que Patrimonio del Estado le hace a la empresa pública Improasa obligaba
a efectuar un estudio que garantizara la veracidad y la solvencia de la
oferta de Benorbe, S. A., y Benservice con carácter previo, y dice la
Intervención General del Estado que no consta que se efectuase dicho
estudio. Se estima que, además de exigirlo una cláusula contractual, las
siguientes circunstancias aconsejaban su realización: Reducido tamaño de
las sociedades compradoras con relación a la empresa en venta; los
capitales sociales de Benorbe, S. A., y Benservide, S. A., eran de 100
y 21 millones de pesetas, respectivamente, y el de GTE en el momento de
la venta era de 21.500 millones de pesetas; los compradores de GTE no se
dedicaban a la fabricación textil e incluso --corríjaseme si me
equivoco-- el primer objeto social de una de las dos sociedades era
inmobiliario, no era de fabricación textil; el accionista mayoritario de
Benorbe, S. A., era Glendive International Limited, empresa domiciliada
en Gibraltar, y viene a colación un informe de 1992 del Banco de Crédito
Industrial en el que se ponía en duda la capacidad financiera de Benorbe
y Benservice para comprar esta sociedad, aunque se dice, y es correcto,
que probablemente Improasa y Patrimonio del Estado no conocieran dicho
informe, puesto que se hace después.

La Intervención General del Estado en días previos al acuerdo del Consejo
de Ministros en 1994 dijo --y en el punto 2 del capítulo de conclusiones
de este informe se vuelve a establecer-- que GTE fue vendida a estas dos
sociedades por un precio de 2.000 millones de pesetas a pagar en tres
plazos sin intereses y, sin embargo, los compradores no efectuaron los
plazos estipulados. El contrato de compraventa exigía, asimismo, como
garantía del pago del precio la constitución de un aval y cabe reseñar
que esto del aval, señoría, esta mañana ha sido objeto de un amplísimo
debate, al que ustedes tendrán acceso con la lectura de las actas. Como
garantía del aval utilizaron fondos de la propia compañía procedentes de
la ampliación de capital efectuada por el Estado con motivo de la
privatización de la misma. Hoy el Subsecretario del Ministerio de
Economía y Hacienda, don Juan Antonio Blanco-Magadán, a eso de las tres
de la tarde, ha reconocido que esa circunstancia fue conocida por el
Ministerio de Economía a finales de 1991. No entiendan ustedes que mis
preguntas son para contrastar lo que ya han dicho por escrito, no. Es
simplemente por si tienen a bien resolver algunas dudas de este
comisionado. Ustedes ponen de manifiesto en su informe o auditoría que
el aval estaba contragarantizado con fondos públicos, lo ponen de
manifiesto en 1994 y hoy el Subsecretario además ha reconocido que eso
ya era conocido en 1991. (El señor Sáenz Lorenzo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Se está diciendo lo que ha dicho el Subsecretario
y yo no estoy de acuerdo con ello. Yo no estoy de acuerdo con que el
Subsecretario haya dicho que se conocían en 1991. No se debe decir lo que
ha dicho el Subsecretario. Dejemos al Subsecretario que diga lo que ha
dicho. Usted diga lo que tenga que decir.




El señor PRESIDENTE: Vamos a ver...




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, con todos los respetos,
porque sé que está usted en una encrucijada en este momento, le diré que
yo no entiendo por qué el señor Sáenz Lorenzo continuamente interrumpe
a este comisionado. ¿Por qué no se espera el señor Sáenz Lorenzo a
establecer sus observaciones cuando le toque el uso de la palabra? Pido
el amparo de la Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene todo el amparo, señor Izquierdo, pero me ha
de reconocer que todos deberíamos evitar las citas a personas que no
están presentes en este momento en la Comisión y que han comparecido ante
ella. Ahí están las actas, ahí estará el «Diario de Sesiones». El



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citarles puede inducir a error --no digo que ésta sea su voluntad, seguro
que no-- en un momento dado a quien comparece, que además tiene, como
ocurre en estos momentos, unas responsabilidades como funcionario
público. Por lo tanto, en la medida en que no sea absolutamente
necesario, ruego a todos los comisionados que se abstengan de citar
frases que se hayan dicho aquí y que, repito, no sean absolutamente
necesarias para el planteamiento de las preguntas. Y reitero a todos, no
sólo al señor Izquierdo sino a todos, que en la medida en que sea posible
vayamos directamente al grano, que son las cuestiones concretas, las
preguntas concretas.

Continúe cuando quiera, señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Voy a terminar.

Lo que decía, señora Vega, iba en el sentido de si usted tiene a bien
aclararnos qué inspira la redacción de este punto 3 en el tema del aval,
es decir, cómo descubren ustedes que el aval está garantizado con fondos
públicos. Lógicamente lo ponen en conocimiento en el año 1994 de
Patrimonio del Estado, del Ministerio de Economía y Hacienda, y mi
pregunta sobre este punto 3 es muy concreta: si ustedes hubieran conocido
cuando redactaron el informe que en el año 1991, según consta en la
documentación que hoy hemos aportado a la Comisión Intelhorce, este aval
del que ustedes hablan había sido retirado, había sido suprimido, se
había retirado a Fianzas y Créditos dicho aval y pasó a prestar el aval
el Banco Exterior de España con fondos públicos, ¿lo hubieran reflejado
en este informe también? La pregunta la voy a hacer, señor Presidente,
de modo más sencillo todavía y nos gustaría saber su opinión, si la
pueden dar y, si no, en su momento se les solicitará. Por la
documentación que hemos conocido sabemos que en 1991 el Banco Exterior,
banco de mayoría pública y de cuyo Consejo de Administración forma parte
la Dirección General de Patrimonio del Estado, retira el aval anterior
y se formaliza un nuevo aval que la Dirección General de Patrimonio del
Estado acepta, en el cual se garantizan esos 2.000 millones de pesetas,
exactamente igual que en el aval anterior, con fondos públicos. Además
el documento que se le presenta a la Dirección General de Patrimonio del
Estado es una póliza de aval, en la que aparecen tres firmas: la del
Banco Exterior, la de Benorbe y Benservice, y como fiadores de esta
operación, la empresa comprada, Intelhorce. Mi pregunta es: ¿conocían
ustedes en el momento de la realización del aval que esta operación con
el Banco Exterior existía y, si la conocían, nos podrían ampliar su
opinión técnica sobre dicha operación?
Después --y ya termino, señor Presidente-- existen unas alegaciones de
Improasa al informe que ustedes elevan y unas contestaciones a dichas
alegaciones --que además merecen una felicitación, porque en definitiva
ustedes están siendo garantes de lo que es patrimonio de todos los
españoles, que son los fondos y el Tesoro público-- en las que queda
reflejado, en mi opinión sin ningún tipo de contestación, y es de
agradecer, que no se efectúa ese informe previo de solvencia sobre las
empresas Benorbe, S. A., y Benservice, S. A., y que incluso no están
claras las autorizaciones en las disposiciones de fondos de los 5.869
millones de pesetas, porque no se habían solicitado auditorías previas
a la sociedad Intelhorce para la disposición de fondos.

Con esto queda introducida la cuestión y me someto a su respuesta.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: También quiero dar la bienvenida a la señora
Vega y hacer mías las palabras de mi compañero el señor Izquierdo en el
sentido de que en el Parlamento, concretamente nuestro Grupo, celebramos
realmente que los funcionarios, sobre todo de los cuerpos superiores,
sigan controlando y manteniendo la puridad de los actos de la
Administración.

Dicho esto, quería preguntarle, señora Vega, si usted ocupaba el puesto
de Subdirectora de Empresas y Entes Públicos en el año 1989, es decir,
cuando se hace la venta de Intelhorce. En caso de que así fuera, siendo
Improasa empresa pública al cien por cien dependiente de Patrimonio del
Estado, mi pregunta será muy concreta. Suponemos que había un control
sobre Improasa al ser cien por cien propiedad de Patrimonio del Estado,
por lo que se habían controlado las actuaciones de esta empresa. Sobre
dichas actuaciones --y ésta no es una pregunta sino las conclusiones a
las que se llega después de conocer toda la documentación que realmente
conoce la señora Vega-- hubo un informe, que conoce la señora Vega, que
creemos muy importante para la venta de la empresa Intelhorce, que está
plagado de irregularidades, en el que se dicen cosas que no son verdad,
desde que Benetton podría estar detrás de la operación hasta otra serie
de temas. Improasa, y luego lo hemos visto, ha tenido un presidente, que
me parece que no era funcionario --en todo caso era de designación
política--, durante seis años en los que se han privatizado esta y otras
muchas empresas, en lo que no vamos a entrar porque no es objeto de la
Comisión. Supongo que el informe que se hizo fue importante a los efectos
de la venta de esta empresa. Después de seis años de ser presidente ha
estado en la cárcel, aunque ya está en libertad provisional con garantía,
y se le acusa de ciertos delitos, pero ése es un tema del Juez. Mi
pregunta es qué control ejercía usted o, en todo caso, el funcionario que
en aquel momento era Subdirector General de Empresas y Entes Públicos
sobre Improasa, que realmente ha tenido una actuación que llamaríamos
desdichada, por no darle calificativos fuertes, ya que todavía no es el
momento.




El señor PRESIDENTE: Señora Subdirectora General, cuando lo desee.




La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): En primer lugar, quiero agradecerles su
opinión sobre la profesionalidad que adjudican al trabajo de la
Intervención General, y en segundo lugar, aclarar algunas de las
preguntas que me están planteando y matizar algunas afirmaciones que, a
mi juicio, no



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se corresponden exactamente con lo que se establece en el informe.

En primer lugar, el señor Izquierdo se interesaba por cómo se había
solicitado el informe de auditoría por parte de la Intervención General.

La auditoría se solicita a la Intervención General a principios del año
1993 como consecuencia de las actuaciones que Patrimonio del Estado e
Improasa comienzan a realizar con posterioridad a tomar el control de la
empresa, otra vez Patrimonio del Estado a través de Improasa, y al
descubrir las supuestas irregularidades o al menos incertidumbres que se
habían producido, solicitan la ayuda de la Intervención General
inicialmente a fin de que revise el trabajo de auditoría que una empresa
auditora privada está realizando por encargo del propio Improasa y de
Patrimonio del Estado. Posteriormente, en conversaciones con los
responsables de Patrimonio y de Improasa, decidimos actuar nosotros un
poco después de que terminara el trabajo de la auditoría privada para
revisar sus papeles y comprobar si efectivamente las conclusiones que se
desprendían del informe de la auditoría privada eran asumibles por la
Intervención General. Así se realiza el trabajo, fundamentalmente de los
meses de mayo a septiembre y, a finales del año 1993, se emite el informe
provisional. Este informe provisional lo remite la Intervención General
a Improasa, dado que era el gestor directo de GTE en ese momento, y, al
no recibir alegaciones en un plazo determinado, se comunica igualmente
a la Dirección General de Patrimonio del Estado para que, en su caso,
realice las alegaciones debidas. Transcurrido un tiempo prudencial,
cuando se reciben las alegaciones de Improasa, se incorporan al informe,
en su caso se realizan las observaciones que creemos que matizan esas
alegaciones de Improasa y se emite el informe definitivo que, como S. S.

conoce, se firma el 29 de abril del año 1994.

Respecto a las conclusiones y alegaciones, realmente poco puedo añadir
a lo que se establece en el informe de la auditoría. La Intervención
General tiene por costumbre hacer unos informes lo suficientemente
exhaustivos como para que consten en ellos todos los datos que considera
relevantes de una situación, lo que se llama informes largos de
auditoría. Entonces, no se puede aportar mucho más a lo escrito en el
informe de la auditoría, tanto en el apartado de conclusiones como en los
otros apartados a los que se van refiriendo las conclusiones.

Sí quería comentarle el contrato de venta donde se fijan las cláusulas
al broker, a Improasa. Los puntos que debía cubrir para realizar su
informe de venta no se realizan entre Patrimonio del Estado e Improasa
sino entre Intelhorce e Improasa. Es Intelhorce la que encarga
formalmente a Improasa que actúe de broker para proceder a la venta de
la propia empresa. A nuestro juicio, al margen de que se estableciera en
el contrato de broker la realización de una serie de puntos para
garantizar la veracidad y la solvencia, al conocer la personalidad de las
empresas compradoras, pensamos que obviamente concurrían en ellas
circunstancias que podían haber hecho aconsejable que efectivamente se
cumpliera el encargo que por escrito le había hecho Intelhorce a
Improasa. Como de todos es conocido, nosotros no tenemos constancia de
que tal informe se realizara y de lo único que hay constancia es de un
informe de Improasa, el broker que actuaba en la venta, sobre las
conclusiones de todas las actuaciones que se habían realizado, desde el
primer envío del cuaderno de promoción hasta, al final, recomendando la
oferta de Benorbe y Benservice, que en última instancia parecía la única
admisible.

Respecto al informe del BCI, al que se hace referencia en el informe de
la auditoría, como S. S. conoce, posteriormente se ha comprobado que ese
informe fue emitido efectivamente en mayo de 1991, por lo que no pudo ser
conocido en el informe de la venta. Sucede que no nos fue facilitado en
el curso de la auditoría ni en el de las alegaciones, por lo que, ante
la incertidumbre que esto nos planteaba, debimos consignarlo, pero
posteriormente está reconocido que ese informe no había sido emitido
antes de la venta.

En cuanto a las contragarantías, el contraaval que prestan las entidades
compradoras, nosotros conocíamos, y así está puesto en el informe, que
se había cambiado la entidad avalista. Si el señor Diputado me lo
permite, le digo exactamente en qué página consta. En la página 25 del
informe de la auditoría se dice exactamente: con fecha 20 de diciembre
de 1991, se liquidó el contrato de afianzamiento entre GTE y Fianzas y
Créditos. Benorbe y Benservice sustituyeron ese mismo día el aval de
Fianzas y Créditos por otro del Banco Exterior de España.

Yo no tengo constancia de cuándo conoció Patrimonio del Estado que
existían, primero, las contragarantías al aval prestado por Fianzas y
Créditos y, luego, que había contragarantías en aval que prestaba el
Banco Exterior de España. No tengo constancia de cuándo conoció eso
Patrimonio. Supongo que una vez que se hizo cargo de la gestión de la
empresa y pudo analizar la contabilidad, que fue el mismo medio por el
que nosotros tuvimos constancia de ese hecho, puesto que, como es
conocido y así consta en el informe, la firma auditoria nunca lo hizo
constar en los informes de auditoría que los compradores remitían a
Patrimonio del Estado. No hizo constar ni los 1.800 millones que se
habían entregado como contraaval para afianzar el precio aplazado de
venta, ni los 500 millones que estaban afianzando los préstamos del
capital de la ampliación que realizan los compradores privados.

En cuanto a las disposiciones de fondos, existe una discrepancia de
criterio entre el Patrimonio del Estado y la Intervención General sobre
la interpretación del contrato de compraventa. Según nosotros
interpretábamos de las cláusulas del contrato se deducía que los
compradores deberían justificar la aplicación de los fondos ya liberados
con documentación que soportase pérdidas realizadas, inversiones
realizadas; es decir, la suma de las dos cosas era lo que debían de
justificar los fondos, pero paralelamente entendíamos que otro requisito
que se les pedía era haber realizado inversiones por el mismo importe a
los fondos dispuestos, lo cual quiere decir que si los fondos liberados
procedentes de la ampliación de patrimonio se habían destinado parte a
pérdidas y parte a inversiones, la parte que se había destinado a
pérdidas debió haber sido en un importe igual financiada por la propia
empresa con fondos propios o acudiendo a endeudamiento para cubrir un
importe de inversiones igual al de los fondos ya liberados. No obstante,



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ésta es una discrepancia de criterio. La Dirección General de Patrimonio
se basó en su caso para no entender esto en un informe que pidió al
servicio jurídico del Ministerio, y entienden que de él se desprende que
es necesario únicamente, según la interpretación que se hace de las
cláusulas del contrato, justificar con pérdidas inversiones, no
justificar inversiones por la totalidad de los fondos liberados.

Creo que no me ha quedado por contestar ninguna de las preguntas que me
ha hecho el señor Izquierdo. No obstante, si no fuera así, estoy a su
disposición.

En cuanto a lo que pregunta el señor Guerra Zunzunegui, en 1989 no
ocupaba el puesto que ocupo actualmente, lo ocupaba en 1989, pero no en
el momento de la venta --fui nombrada para este puesto en el mes de
octubre de 1989--, pero le puedo hablar en general del control que la
Intervención General realizaba no sobre Intelhorce en particular, sino
sobre todas las empresas públicas en general.

Como el señor Guerra Zunzunegui conoce, las empresas públicas que están
constituidas como sociedades anónimas únicamente están sometidas al
control financiero de la Intervención General, es decir, no existe el
otro sistema de control que es la fiscalización previa. Entonces, para
realizar el control financiero en una sociedad estatal constituida como
una sociedad mercantil debe ser incluida en el plan anual de auditorías
de la Intervención General y realizar auditoría puntual sobre ella. Se
puede imaginar que con los medios de la Intervención General es imposible
hacer auditorías anualmente del total de empresas públicas existentes.

No le puedo hablar de la cifra y no recuerdo las últimas, pero quizás
hace algunos años estábamos en torno a 300 empresas.

El control que sí realiza la Intervención General sobre todas ellas es
el de que todas están obligadas a rendir cuentas al Tribunal de Cuentas
por conducto de la Intervención General, y entonces la Intervención
General, además de recibir las cuentas para su envío al Tribunal de
Cuentas, creó en 1983, creo recordar, lo que se llama la central de
información contable de empresas públicas, la CICEP, que es similar a la
central de balances del Banco de España, pero exclusivamente para las
empresas públicas, donde se consignan una serie de datos referentes a su
contabilidad y cifras de negocio, etcétera, que se le piden en unos
determinados estados de la Intervención General. En 1989 tampoco se había
publicado la Ley de Auditoría de Cuentas; por tanto tampoco era necesario
que las sociedades anónimas fueran sometidas a auditoría por firmas
privadas, salvo que lo consideraran oportuno, pero no por una imposición
legal.

No le puedo decir ahora, señor Guerra Zunzunegui, si la Intervención
General había realizado algún control financiero, es decir, si Intelhorce
durante la época en que estuvo en el sector público antes de su
privatización en 1989 fue sometida a algún control por la Intervención
General. En estos momentos carezco de ese dato concreto, pero es posible
que pudiera haber sido auditada bien con propios medios de la
Intervención General, bien con la colaboración de una firma privada, que
era una de las formas que se utilizaba. Hasta la entrada en vigor de la
Ley de Auditoría de Cuentas la Intervención General contrataba a una
firma privada para que hiciera un informe sobre una empresa pública, y
ese informe finalmente era de la Intervención General, puesto que ella
fijaba alcances y objetivos y además lo firmaba y a todos los efectos era
un informe de la Intervención General. Pero en este momento no le puedo
contestar si había sido auditada por la Intervención General antes del
año 1989.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en representación del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el
señor Centella.




El señor CENTELLA GOMEZ: Agradezco la presencia de la señora Vega, y,
como ella ha dicho, el informe que se presentó es muy extenso, hay pocas
cosas que concretar, además posiblemente se hayan concretado ya, y
solamente quería hacer dos puntualizaciones que pueden ser muy evidentes,
a lo mejor, pero que para nuestra tarea creo que son interesantes.

La primera --y ella seguramente no lo sabrá-- es que Izquierda Unida en
el año 1991 presentó ante el fiscal de Málaga una denuncia sobre
irregularidades que entendíamos que se habían cometido en este proceso,
irregularidades que luego fueron las que, por desgracia, se ha demostrado
que eran ciertas o por lo menos que tenían credibilidad como para abrir
el proceso. Lo que quiero saber es si en ese año de 1991 se pidió algún
tipo de informe o hubo alguna actuación por parte de responsables de la
Administración para empezar a realizar los estudios que luego se harían
en el año 1993-1994.

La segunda --y aquí puede estar otra de las claves-- es si usted cree,
por el informe presentado, que las actuaciones llevadas a cabo por
Improasa se pueden hacer sin conocimiento o sin el aval del propio
Gobierno; si pueden ser actuaciones que acaben en la responsabilidad
exclusiva de Improasa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Subdirectora General.




La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): No tengo constancia de que en el año 1991
se solicitara ningún informe a la Intervención General sobre este tema.

De todas formas, en 1991 la Intervención General no hubiera podido, a mi
juicio, realizar ninguna auditoría sobre Intelhorce, puesto que en ese
año era cien por cien de capital privado, no recibía subvenciones del
Estado; entonces la Intervención General no tenía en ningún caso
competencia para hacer una auditoría sobre Intelhorce.

Respecto a si las actuaciones de Improasa contaban o no con el aval de
Patrimonio, no tengo constancia de ello.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la
palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Agradezco también a la Subdirectora General de
Control Financiero su presencia,



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así como a su acompañante, aunque no tenemos aquí el nombre, ante esta
Comisión.

La verdad es que pocas cosas más se pueden aclarar, pero me gustaría que
pudiera hacer alguna reflexión sobre lo que piensa en cuanto a la
Intervención General del Estado después de haber estudiado este caso; es
decir, qué aspectos entiende que desde la Dirección General de Control
Financiero se pueden mejorar para el control de las empresas públicas y
evitar, que al final creo que es lo productivo, que puedan tener lugar
estos desagradables hechos.

Hay otra cuestión también. Ya sé que de acuerdo con la legislación
vigente, tanto administrativa como mercantil, las empresas privadas no
pueden estar controladas por la Dirección General o por el Estado, pero
indudablemente en una empresa como ésta, que tiene una problemática
social que, como hemos visto, ha provocado que tenga que volver otra vez
al sector público, tienen que existir algunas posibilidades o tenemos que
estudiar las posibilidades de que pueda haber un control mayor, es decir,
aunque sean privadas, aunque el cien por cien de los accionistas sean
privados, desde luego tiene que haber un cierto control de alguna forma
por parte de la Administración pública. Estos son aspectos que están
surgiendo y que de alguna forma habrá que tenerlos en cuenta y quería
recabar su opinión.

Quisiera que me aclarara una duda que me ha entrado leyendo la escritura
de acuerdos sociales de Intelhorce del 4 de agosto de 1989 en donde
aparece que en el momento de la venta o de la compra Benorbe procede --y
dice textualmente la escritura-- en este acto al desembolso del 25 por
ciento de las acciones por ella suscritas mediante el ingreso en caja
social de un cheque bancario por importe de 350 millones de pesetas
nominativo a favor de Intelhorce.

Yo no pongo en duda que esto haya existido, pero quiero que me confirme
si efectivamente ese cheque entró en la caja. No pone el banco que fue
ni el número del cheque, cosa que me extraña porque en un acto notarial
en donde a cambio de las acciones se da el dinero, lógicamente tienen que
aparecer más detalles de ese abono. Y además dice en caja. Un cheque de
350 millones de pesetas normalmente no se abona en caja sino en banco.

Me entran ciertas dudas sobre esto y me gustaría saber si lo han
detectado o comprobado.

Finalmente, también me gustaría recabar su opinión sobre las actuaciones
de los auditores a las que hace referencia su informe al final, sobre
algunos aspectos que no recogieron en este caso.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Señora Subdirectora General, tiene la palabra.




La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): El señor Zabalía, en buena medida, ha
hecho una reflexión sobre lo que considera que debería ser el control de
las empresas públicas. Desde mi puesto de la Intervención General a lo
único que me puedo referir es al control que la Intervención General
puede realizar por las empresas públicas y que es exclusivamente el que
está previsto en la Ley General Presupuestaria. En cuanto a las empresas
privadas, únicamente si reciben subvenciones del Estado pueden ser objeto
de control por la Intervención General. No sé cómo se puede mejorar.

Muchas veces pienso que, quizá, cumpliendo las previsiones que se
encuentran en las propias normas ya tenemos un grado de control
suficientemente amplio; es decir, si en una empresa pública, bien porque
se incluye en el plan de auditorías de la Intervención General, bien
porque es objeto de control por el propio Tribunal de Cuentas --que
también tiene competencias para ello--, bien porque es objeto de
auditoría por una firma privada cumpliendo lo dispuesto en la Ley de
Auditoría de Cuentas y se tiene acceso a esos informes de auditoría, como
así es, puede obtenerse un conocimiento suficiente de la realidad de la
empresa.

En cuanto a la escritura de compraventa de 4 de agosto de 1989, donde se
dice, efectivamente, que Benorbe desembolsa en el acto de ampliación de
capital un cheque por 350 millones de pesetas e igualmente Benservice
ingresa su parte, 150 millones de pesetas, nosotros tenemos constatado
que no es cierto, que es ficticio este desembolso del 25 por ciento en
el momento de la ampliación, porque, según consta en los registros
contables reconstruidos por la empresa auditora que auditó ya la
actuación en Intelhorce con posterioridad a la toma de control que
realiza Patrimonio, este desembolso no se produjo hasta el mes de
diciembre de 1989. En esa fecha Benorbe y Benservice obtuvieron préstamos
del Banco Exterior de España por 350 millones de pesetas, y 150 millones
de pesetas respectivamente e ingresaron en una cuenta de GTE, que, como
he comentado anteriormente, fueron contraavalados por la propia GTE por
500 millones de pesetas.

En cuanto a las actuaciones de los auditores --es otra de las cuestiones
que creo que está en entredicho--, efectivamente, a nuestro juicio, la
empresa auditora no cumplió con la profesionalidad debida en esos
informes de auditoría puesto que claramente no se especifica que los
1.800 millones de pesetas no eran de libre disposición para la empresa.

Sin embargo, la empresa auditora alega que esta circunstancia no afectaba
a la imagen fiel, es decir, que los 1.800 millones de pesetas eran
propiedad de la empresa, aunque no los tuviera disponibles. Por ese
motivo al no afectar a la imagen fiel no consideraron oportuno ni
necesario hacer mención a ello.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el Diputado Sáenz Lorenzo.




El señor SAENZ LORENZO: Muy brevemente. En primer lugar quiero agradecer
la presencia entre nosotros de la señora Vega y de la señora Piñón. En
segundo lugar, quiero agradecer la profesionalidad e independencia de los
informes y de las intervenciones que están teniendo lugar aquí esta
tarde.

Solamente les quería hacer una pregunta referida a que, efectivamente,
la auditoría que ustedes le solicitan da lugar a una denuncia ante los
tribunales. Por tanto, yo quería



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preguntarles si cuando les encargan a ustedes la auditoría por parte de
algún responsable político del Ministerio se les hace algún tipo de
indicaciones, se ponen limitaciones a su trabajo o si ustedes se sienten
libres para poder investigar profesionalmente como parece que lo han
hecho.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Señora Subdirectora General, tiene la palabra.




La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): Desde que comenzó mi actuación en
relación con el control financiero de Intelhorce hasta que el informe fue
emitido con carácter definitivo y firmado, en ningún momento se me hizo
ningún tipo de indicación por parte de ningún responsable político de
hasta dónde se debería llegar con el trabajo, ni se me puso ninguna
limitación en la documentación que podía revisar.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cuestión más? (Pausa.)
Señor Izquierdo, tiene la palabra.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Yo quería, señora Vega, agradecerle su
información, que ha sido muy clarificadora para este Diputado, para
nuestro Grupo, porque, en definitiva, se ratificaban las conclusiones de
su informe, informe que nosotros consideramos de altísima calidad, y
además, como le he dicho antes y se lo vuelvo a repetir ahora, en nuestra
opinión, por nuestro propio trabajo desde hace años, es precisamente este
informe, un informe de la Intervención General del Estado, el que nos
hace empezar a sospechar de que no todo ha sido correcto en el proceso
de privatización de Intelhorce. Y además quiero poner de manifiesto la
opinión de mi Grupo de que es altamente significativa la coincidencia de
criterios entre el informe que se hace el 27 o el 29 de junio, si mal no
recuerdo, por la Intervención General del Estado, previo al acuerdo del
Consejo de Ministros, y el que se hace después en 1994 cuando se estudia
en profundidad lo que allí había pasado.

Usted ha hablado de discrepancias de criterios entre la Intervención
General del Estado y Patrimonio del Estado sobre el tema de la
disposición de fondos. Conozco esa discrepancia de criterios puesto que
se lee muchas veces en la documentación. He leído el informe de los
Servicios Jurídicos del Estado, del abogado señor Crespo, etcétera,
justificando cómo se había autorizado la disposición de fondos. Y mi
pregunta es muy concreta: ¿cree usted --porque le adelanto que yo sí lo
pienso-- que si Patrimonio del Estado hubiera actuado en función del
criterio que ustedes expresan, de que se debían justificar con previas
auditorías las inversiones realizadas anteriormente con esos fondos
públicos que usted ha dispuesto, se hubiera detectado con toda seguridad
que los primeros 1.800 millones de pesetas habían sido destinados a fines
distintos para los que estaban previstos? Los compradores privados no
podían haber justificado eso de ninguna otra forma. Esa es la pregunta:
si cree usted que, aplicando ese criterio, hubiéramos sabido o se hubiera
sabido o hubiera sabido Patrimonio del Estado la aplicación de los tramos
anteriores dispuestos y la bondad o no de aplicar tramos posteriores.




La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): Yo creo que tal y como se sucedieron las
cosas y dado que, como está reiteradamente expuesto en el informe de
auditoría de Deloitte, no constaba. Es difícil saber con seguridad que
si la auditoría hubiera sido más amplia, eso hubiera podido llegar a
conocimiento de Patrimonio, puesto que si los compradores privados
hubieran tenido acceso a otro tipo de financiación privada, posiblemente
podían haber realizado inversiones por el mismo importe y seguiría con
el contraaval prestado de los 1.800 millones de pesetas. Pienso que una
cosa no va ligada exactamente a la otra. Aquí lo que sucedió es que los
compradores no obtuvieron otro tipo de financiación y no invirtieron con
sus medios ni con los de ampliación de capital por el importe que parecía
preverse. Pero creo que el que estuvieran contraavalando los 1.800
millones de pesetas y el hecho de que ellos hubieran podido tener acceso
a otra financiación, eran cosas distintas. Podría haberse dado el caso
de que se hubiera invertido y contraavalado paralelamente.




El Señor IZQUIERDO JUAREZ: Podría haberse dado el caso. Bien. Y segunda
cuestión: ¿qué opinión le merecen a usted esas dos operaciones a las que
usted se ha referido y yo también? La primera es que la ampliación de
capital del 25 por ciento, o sea, 500 millones de pesetas, prevista en
el contrato de compraventa no se realiza en el acto de la firma de la
escritura ante notario, sino en diciembre, y que se realiza por dos
préstamos personales del Banco Exterior de España a las sociedades
Benorbe y Benservice, probablemente a los dueños de estas sociedades, al
señor Orefici, uno por 350 millones de pesetas y otro por 150 millones
de pesetas, pero que están contragarantizados --y eso figura en la póliza
que nosotros hemos aportado esta mañana a la Comisión-- con letras del
Tesoro provenientes de los fondos públicos. ¿Figura esa circunstancia en
la póliza? Yo entiendo, si no me corrige S. S., que esa circunstancia se
debía conocer inmediatamente, porque el Banco Exterior es un banco
público, es un banco sometido a la fiscalización y a los controles de
empresas públicas, como usted ha dicho antes, y, en cualquier caso, esto
podía haber pasado incluso inadvertido, por práctica mercantil habitual
o por lo que fuere, pero no puede pasar inadvertido que en el año 1991,
cuando se retira el aval de finanzas y créditos -- a lo que ustedes
efectivamente hacen referencia en la página 25-- el nuevo aval lo presta
a los compradores una entidad pública; el aval ya no lo presta una
entidad privada, sino una entidad pública, o sea, el Banco Exterior de
España y lo presta también contragarantizando los fondos procedentes de
la ampliación de capital. Si esto no fuera suficiente y si Patrimonio del
Estado no hubiera tenido la prudencia de ver las contragarantías con las
cuales el Banco Exterior prestaba dicho aval al señor Orefici, a los
propietarios de Benorbe y Benservice, hubiera



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sido suficiente con la lectura de la póliza, en la cual aparece que se
presta el aval para la compra de Intelhorce, ocurrida en 1989, aunque
este aval es de 1991, en el que aparecen tres firmas: la de Benorbe y
Benservice como compradores, la del Banco Exterior como avalista, y la
de Intelhorce como fiador, lo cual no parece práctica muy correcta que
algo que vayas a comprar salga de fiador de quienes te van a comprar, no
parece una práctica mercantil muy correcta, entiendo yo. Me gustaría
conocer su opinión en este sentido.




La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): Efectivamente, no parece una práctica
mercantil muy ortodoxa que el que compra avale al comprador. Lo único que
conocemos sobre el asunto a través de la Intervención, es que sucedió así
y que hasta diciembre no se desembolsa el dinero, puesto que hasta
entonces no se obtienen los préstamos del Banco Exterior. Sin embargo,
sucede que, a través de la información que se enviaba a Patrimonio, era
de difícil conocimiento para Patrimonio saber esa circunstancia, puesto
que si los auditores no hicieron constar que había 500 millones en letras
del tesoro que estaban contragarantizando los préstamos a Benorbe y
Benservice y, además, en la contabilidad ya figuraba que se había
desembolsado el 25 por ciento del capital, que era lo exigido en ese
momento, Patrimonio no podía tener conocimiento de esa situación si no
lo decía la empresa auditora. Yo no tengo constancia de que el Banco
Exterior de España lo diera a conocer o lo ocultara a Patrimonio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Le hago una matización.

No es una contradicción lo que usted acaba de decir, sino una aportación
de información. El dinero con el que el Banco Exterior garantiza primero
el préstamo personal a Benorbe y Benservice para la ampliación de capital
y después el aval, es un dinero que están en una cuenta bloqueada, de la
que solamente puede disponerse con autorización de Patrimonio del Estado.

Ni siquiera puede disponer de esa cuenta Intelhorce ni el señor Orefici.

El Banco Exterior es depositario de esa cuenta, en la que se han
depositado los 5.869 millones de pesetas, y de esa cuenta solamente se
puede disponer con autorización de Patrimonio del Estado, tanto para su
compra de Deuda Pública, de letras del Tesoro, como para liberar los
fondos a la sociedad Intelhorce. Es más, esa cuenta tiene una gerencia
específica nombrada por Patrimonio del Estado. Esta circunstancia es
determinante en esta cuestión, entiendo yo. El Banco Exterior podía no
conocer que los compradores de Intelhorce estaban desviando fondos
públicos, pero Patrimonio del Estado, en mi opinión, tenía que conocerlo,
porque de esa cuenta no se podía disponer sin su permiso.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.




El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor Presidente, voy a intervenir muy
brevemente.

Por los datos que se han dado, que estaban en el informe, por la póliza
de crédito del Banco Exterior que hemos visto y que ha aportado nuestro
Grupo esta mañana, así como por lo que ha manifestado hoy la señora Vega,
indudablemente aquí hay dos temas: uno de falsedad en documento público,
porque en la escritura de compraventa se dice que es ese momento se
desembolsa el 25 por ciento y que se entregan dos talones y, otro,
automáticamente ya, incumplimiento de contrato de compraventa. Es decir,
yo entiendo que la señora Vega, Subdirectora General de Control
Financiero y de las empresas y entes públicos, ha dicho que no se conocía
en octubre de 1989, pero en octubre de 1989, en lo que respecta a
falsedad en documento público, se debía haber aportado al Fiscal; y, por
lo que respecta a incumplimiento de contrato de compraventa, haber
advertido inmediatamente de este incumplimiento y resolución, en su caso,
del contrato de compraventa, que hubiese dado muchos menos problemas y
no habría habido este costo para el Erario público y, por tanto, para
todos los españoles.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Subdirectora General.




La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): Respecto a la actuación del Banco
Exterior de España con los 500 millones de letras del Tesoro que se
utilizan para avalar, yo no conozco cuál fue la intención o por qué el
Banco Exterior de España actuó de esa forma. Quizás haya que buscar una
explicación en que los 500 millones se vuelven a ingresar en una cuenta
de GTE en el propio Banco Exterior de España, con lo cual, en última
instancia, no existía un movimiento de tesorería. A lo único que puedo
referirme es a los hechos, pero no debo opinar sobre la intención del
Banco Exterior de España, porque me es absolutamente desconocida.

En cuanto a lo que dice el señor Guerra Zunzunegui sobre la falsedad en
documento público, efectivamente, esto es así, y en el momento en que la
Dirección General de Patrimonio del Estado y el Ministerio de Economía
y Hacienda tuvieron conocimiento de la auditoría de la Intervención
General, que creo que fue paralelamente a la emisión de otros informes
que se habían encargado para el caso, fue cuando se puso en conocimiento
del Fiscal General del Estado y se presentó la querella. Quiero decir que
nosotros no tuvimos conocimiento de la situación hasta que realizamos la
auditoría y, como bien conocen, los informes de control financiero tienen
un trámite, en el cual es necesario que se efectúen alegaciones y emisión
de informe definitivo y, desde que tuvimos conocimiento hasta que se
emitió el informe definitivo, como era un trámite procedimental
necesario, no podíamos actuar por nuestra cuenta y enviarlo al Fiscal
General del Estado.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna cosa más?
El señor Guerra Zunzunegui tiene la palabra.




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El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, señor Presidente. No ha contestado,
seguramente porque no se ha dado cuenta, sobre lo del incumplimiento.

Desde ese momento, es decir, en el mismo mes de agosto, al no suscribir
el 25 por ciento de ampliación, había un incumplimiento de contrato y,
por tanto, podría ser causa de resolución del contrato.




La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): Sin embargo, no hay constancia de que
Patrimonio tuviera conocimiento de esa falsedad en documento público,
puesto que, como ya le he dicho anteriormente, consta en la escritura que
se desembolsa --eso no es cierto, como luego sabemos--, pero al
desembolsarse antes del 31 de diciembre, ya figura en el informe de
auditoría el capital desembolsado, por lo que a través del informe de
auditoría no se puede saber si se desembolsó en el momento de la firma
de la escritura o se desembolsó posteriormente.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Alguna cuestión más, señorías?
El señor Zabalía tiene la palabra.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, quiero hacer una precisión
con referencia, precisamente, a las auditorías en las que sí tenían que
haber reflejado eso los auditores.

¿Tiene conocimiento sobre si ha habido actuaciones del ICAC (Instituto
de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) con respecto a los auditores y
a esta auditoría?



La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): No, yo no tengo conocimiento sobre si el
ICAC ha efectuado un control técnico y, en su caso, ha abierto un
procedimiento al respecto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Presidente, cuando he visto a la señora
Vega afirmar con la cabeza sobre que, efectivamente, existe una cuenta,
en la que se depositan los fondos públicos, en el Banco Exterior, que
solamente podía ser movida por y con autorización del Patrimonio del
Estado, quiero que quede constancia de que es así, por la afirmación con
la cabeza de la señora Vega (Risas.)



La señora SUBDIRECTORA GENERAL DE CONTROL FINANCIERO Y DE LAS EMPRESAS
Y ENTES PUBLICOS (Vega García): En la escritura de compraventa se añade
un protocolo por el cual el Banco Exterior de España conoce esa
estipulación del contrato, donde se dice que los fondos de la ampliación
de capital se depositan en una cuenta del Banco Exterior de España, de
los que sólo se puede disponer a través de la previa autorización de
Patrimonio, con la salvedad de que los primeros 1.869 millones no
necesitan previa justificación y se libran en el primer momento.

Efectivamente, asiento con la cabeza porque así consta en el protocolo
que se une a la escritura de compraventa, que aceptan expresamente los
apoderado del Banco Exterior de España.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

¿Alguna cuestión más? (Denegaciones.)
Muchas gracias, señora Subdirectora General y doña María Jesús Piñón por
su presencia.

Antes de levantar la sesión, les recuerdo que vamos a proseguir nuestros
trabajos el lunes próximo por la tarde, a partir de las cinco, con las
cuatro comparecencias que habíamos acordado y que les deben constar a SS.

SS. Además supongo que ya habrán recibido, o está en sus respectivos
despachos, la convocatoria de reunión de la Comisión para el viernes de
la próxima semana con el fin de poder cumplimentar las dos comparecencias
que esta mañana no hemos podido llevar a cabo.

Se levanta la sesión.




Eran las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.