CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 612
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 39
celebrada el martes, 7 de noviembre de 1995



ORDEN DE DIA:
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la Ponencia, del proyecto de Ley por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía
(procedente del Real Decreto-ley 4-1995, de 12 de mayo) (BOCG, serie A,
número 121-1, de 26-6-95. Número de expediente 121/000105). (Página 18582)
Comparecencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna), para informar sobre:
--Postura mantenida por el Gobierno español en las negociaciones de la
Unión Europea (EU) para reformar la Organización Común de Mercado (OCM)
del arroz. A solicitud del Grupo Popular. (Número de expediente
213/000661). (Página 18590)
--Política de su Departamento en relación con los silos dependientes del
Servicio Nacional de Productos Agrarios (SENPA). A solicitud del Grupo
Popular. (Número de expediente 213/000663). (Página 18590)

Página 18582



--Situación del sector agrario español y del contenido de la reunión
informal de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), celebrada
recientemente. A solicitud del Grupo Popular. (Número de expediente
213/000686). (Página 18590)
--Contenido de los acuerdos con Marruecos. A solicitud del Grupo Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
213/000708). (Página 18590)



Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.




--APROBACION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME
ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE ADOPTAN
MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR LA SEQUIA
(PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 4/1995, DE 12 DE MAYO). (Número de
expediente 121/000105).




El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.

El primer punto del orden del día es la tramitación del proyecto de ley
por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos
producidos por la sequía. Este proyecto de ley procede del Real
Decreto-ley 4/1995 de 12 de mayo.

Como conocen los señores ponentes, a este proyecto de ley se presentaron
diversas enmiendas, algunas de las cuales fueron ya incorporadas en el
trámite de ponencia, y otras cuya tramitación después de la consulta al
Gobierno, no ha sido aceptada por significar aumento de gasto. El Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida mantiene vivas las enmiendas 1 a 6, si
bien respecto a la 1, 3 y 4 no existe la conformidad del Gobierno para su
tramitación. De todas formas le daría la palabra para la defensa de las
mismas a la señora Rivadulla y después se la daría a los restantes grupos
para que fijen su posición respecto a sus enmiendas y al contenido de
este proyecto de ley.

Tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, voy a defender las enmiendas de mi
Grupo así como a expresar nuestra posición en relación con lo mantenido
por el Gobierno respecto a aquellas enmiendas que podían significar un
incremento de gasto.

En primer lugar, quisiera decirles, señorías, que nuestras enmiendas
corresponden básicamente a los puntos que constituían la moción que se
debatió en el Pleno del Congreso de los Diputados el día 26 de
septiembre. En dicha moción se pedía que se hicieran extensivas las
ayudas que contempla el proyecto de ley que ahora estamos debatiendo y el
real Decreto-ley 4/1995 a aquellas situaciones de heladas que también
habían producido graves perjuicios en el campo. Debo decirles que ese
primer punto fue votado unánimemente por los grupos parlamentarios,
habiendo hecho esta Diputada una manifestación expresa al Presidente de
la Cámara para que todos los grupos supiesen exactamente qué era lo que
estábamos votando. En el «Diario de Sesiones» correspondiente al 26 de
septiembre de 1995 se recoge lo que dije en aquel momento, que era lo
siguiente: «Si me permite el señor Presidente, quisiera hacer una
aclaración al portavoz del Grupo de Convergència i Unió. El punto número
1 de nuestra moción no se refiere exclusivamente a los seguros agrarios;
se refiere a que lo dispuesto en el Decreto-ley de moratoria en el canon
del agua, de exención del IBI, que todas estas bonificaciones que recoge
el Real Decreto se hagan extensivas también a las heladas. Quería
aclararlo para que se pusiera exactamente lo que pretendemos que se
vote».

Puesto a votación, señorías, el punto número 1 de nuestra moción, que
constituye la enmienda al artículo 1.1.a), fue aprobado por unanimidad.

Entiendo que los distintos grupos que votaron a favor de que las ayudas
que se recogen en el proyecto de ley para las situaciones de sequía se
hiciesen extensivas también para las heladas eran plenamente conscientes
de qué es lo que estábamos votando exactamente.

Por tanto, señorías, mantenemos esa enmienda, en la que decimos que se
deberían incluir también esas situaciones, porque no podemos entender
cómo se cubren, por parte de las administraciones públicas, situaciones
de riesgo...




El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, un momento, por favor.

Efectivamente, está en su derecho de comentar el contenido de las
enmiendas y de defenderlas, pero las enmiendas sobre las que el gobierno
no ha dado su conformidad, al no haberse presentado recurso, no se pueden
votar en el día de hoy.




La señora RIVADULLA GRACIA: Sí, señor Presidente, pero es que quisiera
que constase el punto de vista de nuestro Grupo Parlamentario.

En relación con la enmienda al artículo 6, que no fue aceptada en la
moción del día 26 de septiembre, aunque no pueda ser sometida votación,
quisiéramos explicar el porqué la mantenemos. Pensamos, señorías, que los
reales decretos que hasta ahora se han ido aprobando son absolutamente
insuficientes, y si lo son con carácter general, todavía



Página 18583



lo son más para las explotaciones familiares agrarias cuya renta familiar
no supere la renta de referencia. Estamos hablando de las explotaciones
familiares agrarias modestas cuya renta prácticamente en su totalidad
proviene de la agricultura. En este sentido, nosotros pedíamos que
hubiese ayudas directas, las cuales, en un principio, debían ser
sufragadas por el Estado. También abríamos la vía para que se instase a
los organismos comunitarios a que se concediesen esas ayudas directas
para las situaciones de catástrofes naturales, como pueden ser las
sequías y las heladas.

Se ha dicho que el Gobierno entiende que esto significa un incremento de
gasto. Nuestros cálculos, según Eurostat del año 1994, es que hay 611.000
UTA familiares en España (unidades de trabajo agrario). Si restamos las
de la cornisa cantábrica, fundamentalmente de Galicia, Cantabria y
Asturias, el porcentaje se reduciría en un 34 por ciento y nos quedarían
todavía unas 400.000 unidades de trabajo agrario familiares. Si tenemos
en cuenta la reducción de un 4 por ciento que se viene produciendo cada
año, esas explotaciones quedarían reducidas, pero si además tenemos en
cuenta que muchas de ellas no obtendrán los requisitos que nosotros
mismos establecemos en nuestra enmienda, podríamos estar hablando de unas
80.000 explotaciones. Eso implicaría del orden de los 320.000 millones de
pesetas, calculado al alza porque nunca serían tantas las explotaciones
las que tendrían derecho a percibir este tipo de ayudas, pero si tenemos
en cuenta que las pérdidas solamente por sequía se han valorado en
600.000 millones de pesetas, vemos que efectivamente se ha producido un
incremento de gasto, pero nunca comparable con las pérdidas que se han
producido en el campo español.

Nosotros queríamos delimitar las ayudas a unas explotaciones muy
determinadas, cuya renta por unidad de trabajo familiar no superará la
renta de referencia y cuyo titular sea una persona física y obtuviese el
30 por ciento de su renta total. Preveíamos unas subvenciones de 850.000
pesetas por cada unidad de trabajo familiar dedicada a la explotación con
un máximo de dos unidades de trabajo con derecho a este tipo de ayudas.

De la misma manera, preveíamos ese mismo tipo de ayudas para los socios
de las cooperativas que reunieran los requisitos que expresamos en la
enmienda.

Se preveía también la condonación del pago de las tarifas de utilización
del agua y en su caso de los cánones de regulación, no con carácter
general sino expresamente para ese tipo de explotaciones que ya tienen
una deuda, que es crónica y que la situación de sequía que se ha
producido estos últimos años ha acabado ya por agravarla. También en el
apartado c) preveíamos una bonificación de intereses, que llegase a ser
cero, sobre todo para aquellas explotaciones que estuviesen en una
situación de endeudamiento grave, entendiendo por tal aquella situación
financiera que resulta difícil de corregir con los resultados normales de
la explotación, llegando a poner en cuestión la supervivencia de la
misma. Reglamentariamente se determinarían los indicadores económicos que
den lugar a esta calificación.

Preveíamos también, señorías, en la enmienda al artículo 6 que en los
casos en que se hubiese contratado un seguro agrario incluido en el plan
nacional y que éste no hubiese entrado en garantía debido a la sequía o
las heladas hubiese una subvención por un importe equivalente a la
indemnización que habría correspondido de no haberse producido esta
circunstancia. También se prevén mecanismos de aval que faciliten el
acceso a los créditos.

Señorías, en relación con las cooperativas de comercialización y
transformación que también se han visto gravemente perjudicadas por la
falta de materia prima, establecíamos también ayudas directas para
compensarlas por los gastos fijos, entendiendo por gastos fijos los del
personal con contrato de duración indefinida, los de funcionamiento
administrativo y las amortizaciones e intereses por inversiones. Esta
enmienda, señorías, no fue aprobada en el punto correspondiente de la
moción y lo lamentamos profundamente, porque a pesar de lo que diga el
Gobierno, está claro que las explotaciones familiares agrarias de estas
características están en una situación dificilísima, y las medidas que se
prevén en el proyecto de ley van a ser absolutamente insuficientes.

En relación con la enmienda número 4 al artículo 12, hemos de decir que
constituyen una preocupación del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya las repercusiones que sobre el empleo
agrario van a tener las situaciones de helada y de sequía. Por eso
preveíamos en esta enmienda incrementar la dotación para el plan especial
de zonas rurales, elevando el presupuesto a 3.000 millones de pesetas;
según los acuerdos que se habían alcanzado con los sindicatos era de
2.500 millones, pero nosotros pretendíamos actualizarlo teniendo en
cuenta que desde que se firmaron los acuerdos hasta este momento la
situación de sequía se ha agravado y, por tanto, esas dotaciones deberían
incrementarse. Lo mismo proponemos para el plan de empleo rural para 1995
e instamos a que se eleve su presupuesto a 3.000 millones de pesetas.

En el punto tercero de la enmienda número 4 manifestamos también la
necesidad de que se incrementen en 4.000 millones de pesetas los créditos
destinados a la financiación de inversiones para la contratación de
trabajadores en paro, a través de los convenios Inem-ayuntamientos en las
zonas a que se refiere el artículo 1 de esta ley. Decimos que quedan
afectados a los planes especiales de zonas deprimidas o al plan de empleo
rural, según su ubicación, las inversiones a realizar por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, de acuerdo con los artículos 2 y 9
de la presente ley. Señorías, se han perdido 747.000 empleos eventuales,
y creemos que nos quedamos cortos con esta cifra, por lo que pensamos que
debe de haber una dotación pública suficiente para todos aquellos planes
que, de alguna manera, puedan dar solución a esta situación de paro, que
vendría a agravar la que vienen sufriendo durante los últimos años los
asalariados agrarios.

Con la enmienda número 5, que no entiendo cómo no ha podido ser
incorporada al informe de la Ponencia, puesto que no supone ningún
incremento de gasto, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya pretende que el Gobierno presente a las Cortes Generales, en el
primer trimestre de 1996, una serie de informes



Página 18584



que nos permitan la evaluación de las consecuencias de la sequía y de la
aplicación de la presente ley. Se trataría, en principio, de efectuar una
evaluación de las consecuencias de la sequía y de los demás riesgos
climáticos, así como de los efectos de las medidas adoptadas por la
presente ley, así como de otras actuaciones concomitantes de los poderes
públicos, con especial referencia a la situación económica de las
explotaciones agrarias y al empleo. En segundo lugar, se trataría de
llevar a cabo un análisis de la incidencia de la política agraria
comunitaria sobre los efectos de los daños meteorológicos en el sector
agrario, junto con una relación de las iniciativas emprendidas ante las
instituciones comunitarias sobre esta problemática. Señorías, nos estamos
encontrando con que la sequía no se tiene en cuenta a efectos de
producciones de referencia y de estabilizadores en la política
comunitaria y pensamos que esta medida es absolutamente imprescindible.

En tercer lugar, proponemos un estudio de las posibilidades de ampliación
del Plan Nacional de Seguros Agrarios a los sectores y riesgos
insuficientemente cubiertos en la actualidad frente a daños
meteorológicos. Quisiera decir que este Grupo presentó una proposición no
de ley en relación con el almendro, hubo un compromiso por parte del
Gobierno para traerlo a esta Cámara en el mes de octubre, y todavía no se
ha traído ese informe en el que el Gobierno evaluaba la posibilidad de
establecer un seguro para cubrir las heladas en el almendro. En cuarto
lugar, en esta enmienda número 5 prevemos que el Gobierno debería
realizar una descripción de las medidas existentes y previstas para
mejorar la gestión del agua en los regadíos y, en particular, de las
actuaciones para fomentar inversiones ahorradoras de agua y para
estimular la introducción de prácticas agrarias compatibles con la
conservación de los recursos hídricos. Creemos que todas las medidas
agroambientales que están previstas en la política comunitaria son de
escasa aplicación en nuestro país y pensamos que se deben incrementar en
gran medida.

Por último, quisiera manifestar la sorpresa de nuestro Grupo de que
tampoco se haya incluido la enmienda número 6 en el texto de la Ponencia,
puesto que esta enmienda no supone incremento de gasto y, por tanto, el
Gobierno tampoco puede oponer ninguna objeción a esta enmienda. Se trata
de crear una mesa de riesgos climáticos para que las organizaciones
representativas de los agricultores y ganaderos, las administraciones y
los trabajadores asalariados agrarios hagan un seguimiento y una
evaluación de todas las medidas que se están aplicando para hacer frente
a estas situaciones de sequía y de otras catástrofes naturales. Esta
misma medida constituía el último punto de la moción debatida el 20 de
septiembre de 1995 en el Pleno del Congreso, fue aprobada por unanimidad
y, sin embargo, esta enmienda no ha sido incluida en el texto de la
Ponencia y, en consecuencia, sigue viva, por lo que rogaría que se
sometiese a votación.

Señorías, termino mi exposición en defensa de nuestras enmiendas.

Quisiera referirme muy brevemente a una enmienda del Grupo Popular que
nos preocupa y por lo cual manifiesto la intención del voto de nuestro
Grupo, que será de abstención. Esta enmienda está relacionada con la
supresión de la prohibición del riego del viñedo. Sabemos que es una
medida que para muchas zonas será muy importante, pero también sabemos
que en otras zonas se ha manifestado la preocupación por las
consecuencias que puede tener, sobre todo en aquellas zonas donde es
imposible cualquier tipo de regadío, y estoy refiriéndome concretamente a
150.000 hectáreas de Castilla-La Mancha, donde no hay cultivos
alternativos al viñedo y donde el hecho de que el viñedo vaya siguiendo
de alguna manera al agua y se vayan instalando en las zonas donde hay
agua puede dejar a esos territorios en una situación realmente
comprometida. Creemos, señorías, que esta medida debería haber sido
estudiada con más detenimiento, debería haber sido objeto de un estudio
más profundo viendo las consecuencias y estableciendo ya en esta propia
Cámara aquellos requisitos que deberían cumplirse para el riego de tal
manera que no fueran contraproducentes para determinada zonas donde sí
puede producirse un agravio comparativo y donde no hay alternativas al
viñedo. De cualquier manera, también quiero llamar la atención de SS. SS.

sobre el hecho de que cuando debatamos la reforma de la OCM del vino
--hasta ahora nosotros hemos argumentado y hemos tenido unanimidad--
estaremos en una situación difícil, tendremos que recomponer esa
unanimidad de nuevo teniendo en cuenta que estamos introduciendo esta
reforma en la que yo creo que si puede ser necesaria, desde luego no debe
serlo de esta manera, en que no sabemos qué es lo que va a contemplar en
el reglamento, ni los requisitos, ni las zonas, ni las temporadas de
riego. Por tanto, pensamos que debería haber sido objeto de un estudio
más exhaustivo.




El señor PRESIDENTE: ¿Turno en contra? (Pausa.) En nombre del Grupo
Socialista, el señor Torres tiene la palabra.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Quisiera expresar mi sorpresa porque el Grupo
de Izquierda Unida ha defendido enmiendas que no se tramitan en la
Comisión hoy. No lo he dicho al principio porque tampoco quería que se
diera la sensación de que quería privar a Izquierda Unida de defender las
enmiendas que presentó en su día, pero hay tres enmiendas de Izquierda
Unida, las números 1,3 y 4, a las que de conformidad con el artículo 111
del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Gobierno se ha opuesto.

El número 1 de dicho artículo establece lo siguiente: «1. Las enmiendas a
un proyecto de ley que supongan aumento de los créditos o disminución de
los ingresos presupuestarios requerirán la conformidad del Gobierno para
su tramitación.» El Gobierno ya ha expresado su disconformidad. Por
tanto, son enmiendas que no se tramitan en la Comisión. Lo digo solamente
a efectos de que conste en el «Diario de Sesiones», no presento ninguna
protesta formal ni mucho menos, pero me sorprende que se hayan defendido
enmiendas que no se tramitan. Esto me obliga a hacer alguna referencia a
ellas para que no parezca que no tenemos argumentos que aducir en contra
de las enmiendas.

La primera referencia que voy a hacer muy rápidamente y en general es que
cuando la señora Rivadulla de Izquierda



Página 18585



Unida se sorprende de que no hayamos incluido algunas de sus enmiendas en
Ponencia, yo debo decir a la señora Rivadulla algo que parece obvio
cuando un grupo parlamentario que tiene enmiendas a un proyecto de ley no
asiste a ninguna de la reuniones de la Ponencia. En el caso que nos ocupa
ha habido dos reuniones de la Ponencia e Izquierda Unida no ha estado
presente en ninguna de las dos; por tanto, no ha defendido sus enmiendas
en la Ponencia, no ha tenido esa oportunidad porque no ha estado. En
consecuencia los demás grupos no hemos conocido en la Ponencia los
argumentos de Izquierda Unida para defender sus enmiendas, no las hemos
podido debatir con Izquierda Unida en la Ponencia, porque no ha estado
presente, y teniendo en cuenta todo lo señalado, creo que Izquierda Unida
debería ser comprensiva con la Ponencia y entender que la Ponencia no
debe introducir enmiendas de un grupo que ni siquiera las ha defendido en
ese trámite. Ahora es el momento también de decidir sobre ellas, en la
Comisión. En este trámite estamos y a ellas le voy a contestar. Esa es la
explicación que en principio ni siquiera pensaba mencionar, pero, ya que
ha dicho que no han sido incluidas en Ponencia, tenía que aclararle que
la razón es que no ha estado presente el Grupo de Izquierda Unida en
ninguna de las dos reuniones que ha habido, donde, por cierto, sí ha
habido un trabajo intenso de los grupos que hemos estado allí, un debate
yo creo que fructífero y que ha hecho posible, por ejemplo, que, gracias
a ese debate y a ese trabajo intenso de la Ponencia, hayamos podido
llegar a acuerdos con otros grupos que tenían enmiendas, cosa que si mi
Grupo o el Grupo proponente no hubiera estado presente también hubiera
sido imposible. Esa es la razón, no hay otra, no hay ninguna razón de
malignidad.

Respecto a la moción presentada por su Grupo en el Pleno del 26 de
septiembre, y a la que ha hecho referencia la señora Rivadulla,
evidentemente ahí se aprobaron una serie de cosas --luego le recordaré
algunas otras que se aprobaron en algunas de sus enmiendas-- y el
Gobierno tendrá que responder a la moción que el Parlamento aprobó en su
día. Ya responderá, pero estamos hablando de un proyecto de ley y no de
una moción, de un proyecto de ley en el que ustedes pretenden que se
incluya una serie de enmiendas. Repito, respecto a los números 1, 3 y 4
hay oposición del Gobierno formalmente presentada ante el Congreso de los
Diputados, razonada, como especifica el artículo 111 del Reglamento y,
por tanto, no vamos a entrar en ellas. Simplemente no se pueden tramitar.

Respecto a las que no existe oposición del Gobierno empezamos por la
número 5, y el Gobierno no se opone a ella porque no supone aumento del
gasto ni disminución de ingresos. Primero, nuestro criterio era no
aceptar ninguna enmienda, pero después de estudiarla pensamos que
podríamos admitirla si S. S. a su vez acepta una pequeña modificación. En
la enmienda número 5, en la que piden una serie de estudios, en la letra
a) las dos últimas palabras que se citan son «al empleo», es decir, se
solicita un estudio respecto al empleo. Yo quiero decirle, señora
Rivadulla, que existe un acuerdo entre los sindicatos agrarios y el Inem
y, por tanto, con el Gobierno, precisamente para que se realice un
estudio sobre el empleo. El Inem ya ha iniciado los trámites para hacer
ese estudio, que yo sepa lo han publicado o está a punto de publicarlo
tanto en el «Boletín Oficial del Estado» como en el de la Comunidades
Europeas, y, dada la complejidad que tiene y el volumen de datos que
exige, según el Inem, es imposible de cumplir, no puede estar concluido
antes del segundo semestre de 1996. Esto responde a la ejecución de un
acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos. Por ello, puesto que ya está
en marcha ese estudio y responde, repito, a ese acuerdo, ahora mismo yo
le solicito que retire la referencia al empleo en la letra a) y no
tendríamos inconveniente en aceptar el resto, haciendo una matización. La
letra d) tiene mucho que ver con el Plan Hidrológico Nacional y, por
tanto, alguna dificultad puede tener el Gobierno --y usted lo entenderá
perfectamente-- para contestar con precisión a esa solicitud. No
obstante, mi Grupo también entiende que en el marco del plan nacional de
regadíos puede avanzarse una información. Por eso lo vamos a aceptar con
este matiz, que quizá la información completa podrá darse cuando el Plan
Hidrológico Nacional esté aprobado y no antes, y con ese matiz, si se
acepta por parte del Grupo de Izquierda Unida, votaremos a favor de su
enmienda número 5.

Sin embargo, respecto a las enmiendas que le quedan vivas, que son las
números 6, 7 y 8, vamos a votarlas negativamente por las siguientes
razones: La 6 y la 8 son sensiblemente iguales. La 6 solicita la creación
de una mesa de riesgos climáticos y la 8 una mesa de la sequía. Perdón,
tengo una numeración que es incorrecta. No voy a citar el número de
enmiendas y sólo me voy a referir al texto, para que nos aclaremos. Una
de las enmiendas de la señora Rivadulla, que propone una nueva
disposición adicional sexta, habla de la creación de la mesa de riesgos
climáticos, y otra de sus enmiendas, que plantea que se cree una nueva
disposición adicional, habla de la mesa de la sequía. Entendemos que las
dos enmiendas pretenden lo mismo y precisamente, aduciendo la misma
argumentación que ha dado la señora Rivadulla respecto a su moción, he de
decir que en la moción, como bien decía la portavoz de Izquierda Unida,
que se aprobó en el Pleno el 26 de septiembre de 1995, ya aprobamos por
unanimidad de todos los grupos un punto en el que se especificaba que se
crearían mesas de todo tipo, mesas sectoriales y mesas para riesgos
climáticos. Por tanto, ése es un mandato que el Congreso ya ha dado al
Gobierno y, puesto que ya lo ha dado y está aprobado, no tiene ningún
sentido que aparezca el mismo mandato reiterado dos meses después en un
proyecto de ley. Por eso nosotros vamos a votar en contra de que estas
dos enmiendas se incluyan.

Finalmente, respecto a la enmienda donde se pide la bonificación en la
cuota patronal de la Seguridad Social de todos los contratos que se
realicen con cargo a las inversiones extraordinarias de la sequía, tanto
de la Administración central como de las comunidades autónomas, votaremos
también que no, porque en el acuerdo Inem-sindicatos del que le hablaba,
existe una mesa, una comisión de seguimiento de los acuerdos, establecida
en el acuerdo firmado por los sindicatos y el Inem y, por tanto, el
Gobierno, donde, entre otras cosas se dice que esta Comisión con toda
urgencia --está en ese proceso ahora-- va a estudiar



Página 18586



fórmulas, dice el punto 3.a), de compensación, condonación o exoneración
de la cuota fija de la Seguridad Social de los trabajadores agrarios de
las comunidades autónomas afectadas por la sequía. El 3.b) dice:
Tratamiento especial y excepcional de la cotización patronal en los
contratos del PER y PEZRD, como consecuencia de las inversiones
extraordinarias motivadas por la sequía, etcétera. Dice muchas más cosas.

Nosotros entendemos, por tanto, que debemos estar a resultas de lo que la
Comisión de seguimiento entre Gobierno-Inem y los sindicatos decida y, en
todo caso, una vez que conozcamos cuáles son los acuerdos a los que se ha
llegado, si algún grupo parlamentario, la propia Comisión, el Parlamento
entiende que pueden y deben ser matizados y que conviene reflejarlos en
un acuerdo parlamentario, no habrá por nuestra parte ningún inconveniente
en que eso se haga así. Como es un trabajo que están realizando tanto el
Gobierno como los sindicatos, votaremos en contra de que esta enmienda se
incluya como una nueva disposición adicional del tenor del que leí.

Por tanto, señor Presidente, nos opondremos a todas las enmiendas de
Izquierda Unida que se tramitan, excepto a la 5, en la que si --repito--
Izquierda Unida acepta nuestra propuesta de eliminar la referencia al
empleo, lo haremos afirmativamente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Rivadulla, brevemente,
por favor.




La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar, quisiera señalar que las
enmiendas que se refieren a la bonificación de las cuotas a la Seguridad
Social y la de la mesa de sequía habían sido retiradas por nuestro Grupo
y yo creo que debe constar a la Mesa la retirada.




El señor PRESIDENTE: Hubo un problema con la numeración de las enmiendas
en un pegote y luego en el escrito. En definitiva, yo creo que es mejor
utilizar el índice de enmiendas. De todos modos, en principio, las que
quedaban vivas eran las que figuraban con los números 1 a 6.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, nuestro Grupo retiró las
dos últimas enmiendas. La que se refiere a la creación de una nueva
disposición adicional en relación con la bonificación de la cuota
patronal de la Seguridad Social fue retirada por nuestro Grupo; le consta
al Letrado. La enmienda número 8, que proponía la creación de una nueva
disposición adicional relativa a la mesa de la sequía, fue también
retirada por nuestro Grupo. Por eso no las he defendido, porque eran
enmiendas que estaban retiradas.

Espero que me permita una referencia en cuanto a la no asistencia a los
trámites de Ponencia. Sabe el señor Torres que esta Diputada está
prácticamente sola en el Grupo y me fue completamente imposible asistir.

De cualquier manera, me consta que en algunas ocasiones ha habido
enmiendas que aun estando el proponente se han asumido en el texto de la
Ponencia porque no había ningún problema por parte de conjunto de los
grupos. Por eso he manifestado mi extrañeza de que algunas que en
principio no tenían que crear ningún problema no se admitieran. Ya sabía
yo que las referidas a las ayudas directas no iban a ser integradas, pero
yo pensaba que las otras que no tenían esas características, confiando en
la buena voluntad de los grupos, aunque no estuviese la proponente, se
hubiesen podido incluir. Por otra parte, contestando al Diputado don
Gerardo Torres, quiero decir que aceptamos las modificaciones que plantea
a nuestra enmienda número 5 y que, por tanto, manifestamos nuestra
satisfacción porque sea aceptada.

En relación con la no aceptación de la creación de la mesa de riesgos
climáticos, señoría, usted sabe lo que significa una moción, la
responsabilidad política que el Gobierno contrae con el Poder Legislativo
cuando se aprueba una moción y ésta es incumplida, pero otra cosa muy
distinta es que un órgano de representación tan importante como es esa
mesa, que integra a las organizaciones agrarias, a la Administración y a
los asalariados, pueda ser contemplada en el texto de la ley, forme parte
de nuestro cuerpo normativo y no se refiera a una voluntad más o menos
temprana o lejana que pueda tener el Gobierno de que eso se realice,
porque sabe usted muy bien, señoría, las dificultades que después tenemos
para controlar que las mociones y proposiciones no de ley aceptadas en
esta Cámara después sean cumplidas por el Gobierno. Por eso nosotros
entendemos la necesidad de que esto conste en el texto de ley y que deba
ser sometido a votación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres, muy brevemente
también, por favor.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Quiero decir en este momento que no tenía
constancia de la retirada de estas dos enmiendas de que hablaba la
portavoz de Izquierda Unida y por eso las he citado. Ya no me referiré
más a ellas, evidentemente.

Respecto a su criterio de que la Ponencia podía haber aceptado enmiendas
que a su juicio no planteaban problemas, evidentemente ése es su juicio,
no tiene por qué ser compartido ese criterio por los otros grupos
parlamentarios, y de hecho él ni siquiera haber propuesto por mi parte,
como portavoz del Grupo Socialista, la inclusión en Ponencia de la
enmienda número 5, en la que en principio no veíamos excesivo problema,
como ha quedado visto en este trámite, era simplemente por no dejar a su
Grupo prácticamente con una sola enmienda viva, y nos parecía, al haber
la oposición del Gobierno respecto a las otras, que era bueno también que
pudiéramos tener aquí un intercambio de opiniones respecto al proyecto de
ley sobre esa base. Por eso no se ha hecho. En el resto sí había
problemas, señora Rivadulla, y por eso no se han incluido. Había
problemas, le repito, con las enmiendas de otros grupos parlamentarios
también, pero fruto del debate y del trabajo de la Ponencia han podido
ser resueltos con transacciones que finalmente han hecho posible que se
puedan incluir en Ponencia. Yo no he querido valorar de manera peyorativa
su ausencia de la Ponencia. Me he limitado a expresar por qué no se ha
hecho en Ponencia este trabajo: por su ausencia. Yo ya entiendo que habrá
sido imposible para S. S. acudir. No se lo achaco a la voluntad expresa
suya de no acudir,



Página 18587



sino a una imposibilidad de trabajo, naturalmente. Yo no he hecho ninguna
apreciación peyorativa de su ausencia, pero ésta es la explicación y no
otra.

Respecto a lo de la mesa, señora Rivadulla --y acabo ya-- usted no tiene
mucha confianza en el Gobierno --eso ya lo demuestran ustedes
permanentemente--, pero yo la tengo toda, y como la tengo toda y entiendo
que hay un mandato del Parlamento mediante una moción del Pleno del
Congreso que insta al Gobierno hacer una determinada cosa, estoy
convencido de que la hará y no hay ningún problema. Incluso desde el
punto de vista de técnica legislativa, si se me permite, parece más
oportuno que, como ya hay un mandato en una moción, sea una moción y no
un proyecto de ley el que contemple la creación de esa mesa, y es por eso
por lo que no vamos a reiterar de nuevo un acuerdo que ya ha tomado el
Parlamento y vamos a votar que no. En su día votamos que sí a las mesas
en la moción, lo recuerda su señoría.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean fijar su posición respecto al
proyecto de ley? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, el señor Ramírez tiene la palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, nosotros nos habíamos
enfrentado a la tramitación del Real Decreto sobre sequía, en su nueva
configuración como proyecto de ley, con ánimo posibilista, intentando
mejorar sustancialmente su contenido y procurando hacernos eco de las
manifestaciones de rechazo que los sectores profesionales afectados por
la sequía habían realizado sobre el contenido del Real Decreto y las
insuficiencias que se observaban en el mismo. Por tanto, ésa era nuestra
estrategia, y así lo pusimos de manifiesto cuando se debatió el Real
Decreto en su primera tramitación en la Cámara, y, en consecuencia,
entendimos que el sector necesitaba de unas ayudas directas, vieja e
intensa aspiración de los agricultores afectados, pero ayudas directas
que no podían ser sufragadas por la Tesorería nacional, por lo que
deberíamos intentar trasladar esta cuestión a las arcas comunitarias,
primeras beneficiadas por la situación de sequía creada en nuestra
agricultura y ganadería. Hay que recordar que en este momento los grandes
beneficios que se obtienen por la carencia de producción en España son
las exportaciones que sobre nuestro territorio y sobre nuestro mercado se
están produciendo de productos continentales: cereales, leche, vino,
oleaginosas, etcétera, que, procedentes de los teóricos «estocajes» y
superproducciones comunitarias, llegan fluidamente a nuestro mercado para
abastecer nuestra demanda. Por consiguiente, era necesario impulsar y
animar al Gobierno a que planteara decididamente ante las instituciones
comunitarias la necesidad de compensar con fondos comunitarios la
carencia de ingresos que se habían producido en nuestra agricultura. Así
lo hemos obtenido en el preámbulo de la ley; ese mandato se contempla por
el Gobierno. Veremos qué administración hace el Gobierno de dicho mandato
y, por tanto, en su momento, podremos calificar la gestión gubernamental
de esta orden que emana del Parlamento.

La segunda línea de estrategia que habíamos planteado con nuestras
enmiendas, señor Presidente, era la de intentar que en determinados pagos
que el Real Decreto solamente contemplaba como moratoria, es decir,
trasladaba la obligación del pago a años sucesivos, se pudieran eximir
esas obligaciones económicas. Desgraciadamente, la «generosidad» del
Gobierno lo ha hecho imposible, puesto que ha establecido el veto que le
posibilita el Reglamento de la Cámara; ha entendido que las peticiones
que hacíamos en relación a las tarifas de riego, canon de riego y las
cuotas de la Seguridad Social disminuían ingresos o aumentaban gastos, y,
por tanto, ha sido imposible que prosperaran nuestras enmiendas.

Por el contrario, ha habido un entendimiento con el Grupo Socialista a la
hora de establecer la aplicación de la nueva fórmula que, de una manera
excepcional, el Gobierno pretende establecer para el cálculo de las
obligaciones fiscales en los módulos de la estimación objetiva singular
para agricultores y ganaderos afectados por la sequía. El artículo 7 del
Real Decreto establecía, con carácter extraordinario, una autorización al
Gobierno para la reducción de los índices, pero no decía, como garantía
de objetividad, cómo debían de realizarse esas reducciones. La enmienda
que presentó el Grupo Popular, perfeccionada en el debate de la Ponencia
--y es muy bueno que se participe en las ponencias y se debatan
cuestiones--, creemos que ha alcanzado un grado de objetividad y de
garantía, de forma que cualquier agricultor o ganadero que haya tenido
una disminución de ingresos podrá ver trasladada esa disminución de
ingresos en sus obligaciones fiscales.

Igualmente, hemos encontrado satisfacción en la demanda que hacíamos
respecto a la obligación del Gobierno, concretamente del Ministerio de
Economía y Hacienda, de liquidar el importe del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles, cuyo pago ha sido condonado a los agricultores y ganaderos
afectados en sucesivos reales decretos, pero cuya liquidación,
desgraciadamente, no han visto las arcas municipales. En este Real
Decreto, el Gobierno, nuevamente, se comprometía a compensar a los
ayuntamientos el impuesto no cobrado a los agricultores, pero no había
obligación en el tiempo para realizar estas liquidaciones. Hemos llegado
a un texto, que se recoge en la propuesta que hace la Ponencia, creemos
que satisfactorio tanto para los ayuntamientos como para las medidas que
exige el Ministerio de Economía y Hacienda para poder hacer esas
liquidaciones: que, previamente, los ayuntamientos hayan liquidado e
informado sobre la cuantía de la suma que no han ingresado por este
concepto.

Sin embargo, había otras cuestiones que se contenían en nuestras
enmiendas que iban más allá de lo que se incluía en el Real Decreto. Es
obvio que las sucesivas sequías y, especialmente la del presente año
1995, han provocado daños irreversibles en cultivos leñosos, en cultivos
permanentes, y era necesario que el Gobierno, previa concertación con las
organizaciones profesionales agrarias y las comunidades autónomas,
sujetos activos fundamentales en este momento y en esta ocasión, pudiera
elaborar un plan integral que permitiera enfrentarse con las
consecuencias que la sequía ha generado en el sector agropecuario español



Página 18588



y, en especial, en los cultivos permanentes, en los cultivos leñosos,
donde los daños son irreversibles. No es igual perder una cosecha de
cereales en un año que perder un cultivo permanente, por ejemplo, que se
sequen los olivos, que se seque el viñedo o que se sequen los árboles
frutales. Esta pretensión la hemos logrado gracias a la colaboración del
Grupo Socialista, de tal forma que se plasma en una disposición adicional
de la ley, que dice que el Gobierno tendrá que elaborar ese plan, que
tendrá que negociarlo con las comunidades autónomas, con las
organizaciones profesionales agrarias y con las cooperativas y que tendrá
que presentarlo ante el Congreso, ante la sociedad rural, en un plazo
perentorio, en un plazo verdaderamente corto de tres meses.

Pretendíamos, igualmente, señor Presidente, que se estableciera un seguro
integral en favor del viñedo. El Gobierno se ha opuesto a la
sustanciación de esta enmienda por entender que aumentaba el gasto
público. Había que romper esta situación, para lo que hemos buscado un
texto que, al menos sobre el papel, obligará al Gobierno a estudiar la
elaboración de un plan económico sobre la viabilidad o no del seguro
integral para el viñedo y presentarlo ante la Comisión de Agricultura del
Congreso de los Diputados. Bien es verdad que tenemos mandatos de este
tipo o parecidos que no se han cumplido. Recordemos el del seguro
integral para los frutos secos, sobre el que había que presentar un
estudio y traerlo a la Comisión de Agricultura del Congreso; pero,
nuevamente, ante la oposición del Gobierno de sustanciar esta enmienda,
debido al teórico aumento del gasto público, nos hemos visto obligados a
entender que esta alternativa, al menos, podría dar luz a una
modificación posterior del seguro que protege al sector vitivinícola. Si
en ese estudio se demuestra la viabilidad o la no excesiva onerosidad del
seguro, estaríamos a tiempo, si se cumplen los plazos de cuatro meses, en
el mes de febrero o marzo, de establecer esta modalidad de seguro, vieja
aspiración del sector.

Finalmente, señor Presidente, nos enfrentábamos con algo verdaderamente
importante, cual era la derogación de la prohibición del riego del viñedo
que, inexplicablemente, se mantenía en nuestro derecho positivo desde
1970 y, en especial, se mantenía desde nuestra integración en la Unión
Europea. Era una paradoja que nuestro sector vitivinícola tuviera que
competir con el resto de los sectores vitivinícolas comunitarios en
condiciones de inferioridad, es decir, cuando en el norte de Europa,
donde la climatología es muchísimo más favorable, e incluso, aparte de la
meteorología, hay prácticas de riego autorizadas, nosotros arrastrábamos
la vieja y anacrónica prohibición del año 1970 que, sin dar explicación
alguna, prohibía el riego del viñedo en cualquier circunstancia,
meteorológicas o de localización geográfica. Frente a esta pretensión
simple de derogar el artículo 42 de la Ley 25/1970, nos enfrentamos
gratamente con una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, en la que
la tabla derogatoria que se proponía era mucho más amplia, era realmente
importante, suponía una novedad al desburocratizar muchísimas cuestiones
que en este momento estaban compeliendo y atando al cultivo del viñedo en
España. Nosotros saludamos esa tabla derogatoria con satisfacción, pero
vimos que, quizá porque no se habían estudiado las consecuencias de esa
tabla derogatoria, se podía llegar a un defecto importante: que al
intentar derogar los apartados a) 5 y c) 4 del artículo 62 del
Reglamento, indirectamente se permitía la chaptalización en España, lo
que hacía quebrar, lisa y llanamente, nuestra estrategia de defensa de
los intereses vitivinícolas españoles a la hora de la reforma de la OCM
del vino que pretende la Comisión en el seno de la Unión Europea. Si
nosotros manteníamos la ilegalización de esa práctica, podríamos de
alguna forma preservar nuestra estrategia de defensa de intereses. Si en
la primera oportunidad de modificar el derecho positivo español
permitíamos esa práctica, realmente nuestra línea de defensa entraba en
crisis. Así lo expusimos en la Ponencia y, efectivamente --y damos las
gracias públicamente--, fue aceptado por el Grupo Socialista, de tal
forma que se incorpora toda su tabla derogatoria, excepto la prohibición
de adición de azúcares y sus derivados en la elaboración de mostos y
vinos, prohibición que se mantiene hasta una futura redacción, en su
momento, de la nueva normativa que sustituya en España al estatuto de la
viña, la vid y los alcoholes.

En resumen, señor Presidente, nosotros creemos que las enmiendas
aceptadas no alcanzan la totalidad de lo que habíamos planteado, repito:
que el pago de los cánones de riego, los cánones de uso del agua y la
cuota de la Seguridad Social agraria de 1995, en una situación en la que
el sector ha perdido más de 600.000 millones de pesetas, difícilmente se
podía exigir a los agricultores que han visto destruir su cosecha;
desgraciadamente, esos puntos no los hemos podido alcanzar. El resto los
hemos visto satisfactoriamente recogidos en el texto que aparece en la
Ponencia. Llamo la atención --porque ha hecho referencia a ello la
representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya-- sobre el
hecho de haber conseguido la derogación de la prohibición del riego del
viñedo. Señora Rivadulla, es un avance histórico en España el poder
desbloquear esa prohibición. Si hubiéramos tenido esta prohibición
desbloqueada hace tiempo, la vida de muchos acuíferos no estaría en la
situación límite en la que se encuentra, porque hay que recordar que el
cultivo del viñedo es el que menos agua utiliza y es el que genera más
riqueza, bienestar, empleo y calidad del producto. Se ha demostrado --y
estos años, desgraciadamente, lo han puesto de manifiesto-- que el vino
obtenido de cepas regadas con una norma, con unos límites y con unos
calendarios es muchísimo mejor que el vino procedente de cepas no
regadas. Por tanto, desbloqueada la prohibición, serán ahora las
comunidades autónomas, será el Ministro de Agricultura el que reglamente
calendarios, cantidades, etcétera, pero, de verdad --y, si no, dése una
vuelta por las zonas que lo están pidiendo, dése una vuelta por
Extremadura, por La Mancha-- (La señora Rivadulla Gracia: La Mancha,
no.), hemos obtenido una reivindicación que estaba demandando el sector
hace muchos años, la hemos desbloqueado y el sector nos lo ha agradecido.

Fíjese hasta qué punto: un encierro que duraba más de 50 días en la
localidad de Socuéllamos, mantenida por los sindicatos agrarios de
Castilla-La Mancha, a raíz de incorporar este texto en la Ponencia, ha
sido



Página 18589



desmovilizado y el encierro ha terminado. Por tanto, fíjese si hemos
conseguido algo al incorporarlo en esta nueva ley.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
el señor Tubert tiene la palabra.




El señor TUBERT I ALSINA: Voy a fijar la posición respecto a las
enmiendas presentadas al proyecto de ley. Nosotros siempre hemos sido
partidarios de incluir en el Plan Nacional de Seguros Agrarios las ayudas
para paliar los efectos de las heladas. Sabemos que se está trabajando en
este sentido, hoy por hoy, además, con una propuesta nueva mucho más
amplia que incluye, cómo no, los efectos sobre el almendro; sabemos que
hay un compromiso a corto plazo con la participación también de las
distintas comunidades autónomas y de las organizaciones profesionales.

Como está en la línea de nuestro objetivo en la modificación del Plan
Nacional de Seguros Agrarios, entendemos que puede quedar cubierto o,
como mínimo, damos la opción a que se concrete este trabajo.

Respecto a las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, entendemos que
esta Comisión ha trabajo con el ánimo de darles salida, el debate ha sido
profundo y claro, ha habido consenso prácticamente de todos. Por ello,
como coincidimos en el planteamiento y en el resultado final, vamos a
apoyarlas.

Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Socialista que modifica un
artículo de la Ley 25/1970 y lo que es el estatuto de la viña, el vino y
los alcoholes, compartimos que se trata de una reforma necesaria para que
nuestro sector vitivinícola esté en igualdad de condiciones y de
oportunidades con el resto de competidores de la Unión Europea, aunque
habríamos preferido un debate más amplio que hubiera permitido incluir
una reforma más ajustada de la Ley 25/1970. Queremos, además, hacer
constar que el control y las autorizaciones para llevar a cabo las
reformas en lo relativo al riego de la viña y a la adición de mosto
concentrado rectificado tienen que ser competencia de las comunidades
autónomas. No compartimos, no nos parece procedente esa práctica de
modificar leyes distintas a las que están en el propio debate. Esto no
juega en favor de la calidad del resultado. A pesar de ello, sin que
sirva de precedente, evidentemente, vamos a apoyarla por el interés
general que defiende la enmienda presentada.

En definitiva, nuestro Grupo apoya las enmiendas debatidas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Torres brevísimamente,
porque no creo que haya posibilidad de entrar en un debate.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Presidente, solicito la palabra, al
igual que los otros portavoces, porque mi Grupo tiene una enmienda y no
la ha explicado. Los demás grupos han hecho lo mismo.




El señor PRESIDENTE: A esos efectos le daba la palabra, pero
brevísimamente.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Sí, señor Presidente, pero con una brevísima
referencia primero a que, efectivamente, el trabajo de la Ponencia ha
hecho posible lo que el señor Ramírez ha expresado: acercar posiciones en
temas tan importantes como el estudio de viabilidad de un plan de seguro
integral para el viñedo o el estudio de la repercusión que en los
cultivos leñosos ha tenido la sequía y, por tanto, el establecimiento de
un plan integral para mejorar su situación.

Dicho esto, que celebro que haya sido así, paso a referirme a nuestra
enmienda número 15, la única que presentamos, para modificar tanto la Ley
como el estatuto de la viña, el vino y los alcoholes. Desde luego,
nuestro Grupo entiende que tanto la ley como el estatuto deben ser
reformados. Estamos de acuerdo con el criterio que ha expresado el señor
Tubert, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), respecto a que la ley y
el estatuto están obsoletos y deben ser modificados. Hay varias
posibilidades para ello. Una es que el Gobierno presente un proyecto de
ley y otra es que los grupos parlamentarios presentemos una proposición
de ley. En cualquier caso, es absolutamente necesario que cualquier
reforma en esta materia cuente con el acuerdo y la participación de las
comunidades autónomas, de los sindicatos y, desde luego, de los
productores afectados a fin de que lo que se resuelva finalmente tenga el
máximo consenso.

Voy a explicar muy brevemente esta enmienda nuestra número 15. El Grupo
Popular había presentado una enmienda en la que se limitaba a derogar la
prohibición del riego en la viña. Era lo único que proponía la enmienda
del Grupo Popular. Nosotros hemos presentado una enmienda más amplia, que
no solamente deroga esa prohibición, sino también la prohibición de
replantaciones de viñedos, que nos parece que también es una
reivindicación histórica del sector, y las prohibiciones de adición de
determinadas sustancias a los vinos y a los mostos, que también es otra
reivindicación del sector. Estamos de acuerdo, por tanto, en que quizá no
sea el mejor método utilizar una ley para reformar otra, pero puesto que
es una reivindicación del sector y todavía no está madura la reforma
completa de la ley de la viña, del vino y los alcoholes, nos ha parecido
una manera de hacerlo introducir esta disposición derogatoria en este
proyecto de ley.

Cuando modificamos nuestra enmienda en la Ponencia, a instancias del
Grupo Parlamentario Popular, por un afán de llegar a un acuerdo y para
que no pareciera que no queríamos llegar al mismo, aclaramos, cuando se
derogan los apartados a) 5 y c) 4 del artículo 62 del decreto 835/1972,
que es el Estatuto de la viña, el vino y los alcoholes, que existe un
Reglamento comunitario, que es el 822, que prohíbe expresamente para
España la adición de azúcares y sus derivados a los vinos y alcoholes, lo
que llamamos popularmente chaptalización. El Reglamento 822, léanselo,
por favor, prohíbe taxativamente para España que esto sea posible. Así lo
explicamos en Ponencia. No obstante, el Grupo Parlamentario Popular nos
solicitó que quedara expresamente dicho en el texto de la enmienda.

Nosotros lo aceptamos y por eso queda expresamente dicho así en el texto
de la enmienda cuando dice:



Página 18590



excepto en lo que se refiere a la prohibición de azúcares y derivados a
mostos y vinos, que se mantiene en vigor hasta la redacción de un nuevo
estatuto de la viña y del vino y de los alcoholes. Esto ha hecho posible
el acuerdo, que nos parece positivo, aunque, en resumidas cuentas,
nosotros entendemos que es una redundancia, porque eso ya quedaba claro.

No obstante, como lo que abunda no daña, queda reflejado así.

Quiero decir también que creo que la Ponencia ha hecho un trabajo
bastante fructífero, que hemos llegado a acuerdos fundamentales en lo
sustancial del proyecto de ley y que yo celebro que haya sido así.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación, no sin antes aclarar que, en
la página 13 del informe de la Ponencia, donde dice: «prohibición de
azúcares», debe decir «la prohibición de adición de azúcares», ya que
había una pequeña omisión en la redacción.

Si les parece, votaríamos, en primer lugar, las enmiendas 2 y 6, del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, y luego la número 5, con la
modificación que ha indicado el Grupo Socialista y que ha aceptado el
propio Grupo.

Enmiendas 2 y 6, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 19; abstenciones, 13.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación la enmienda número 5, con la modificación
indicada.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Si no hay inconveniente, en cuyo caso ruego que me lo indiquen,
votaríamos el articulado de la ley y luego la exposición de motivos.

¿Hay algún inconveniente en que se vote conjuntamente el articulado de la
ley con todas las disposiciones adicionales, transitorias y derogatorias?
(Pausa.) Así lo hacemos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de este proyecto de ley.

Votamos la exposición de motivos.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32;
abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Aprobado ya el texto de este proyecto de ley, se dará cuenta a la
Presidencia, ya que es de competencia legislativa plena, para su
posterior paso al Senado.

Como hay algunas correcciones técnicas en función de las enmiendas que se
han aprobado, mandatamos al señor letrado para que las haga.

Se suspende la sesión por espacio de un minuto, para dar paso a la
comparecencia del señor Ministro.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(ATIENZA SERNA) PARA INFORMAR SOBRE:



--POSTURA MANTENIDA POR EL GOBIERNO ESPAÑOL EN LAS NEGOCIACIONES DE LA
UNION EUROPEA (UE) PARA REFORMAR LA ORGANIZACION COMUN DEL MERCADO (OCM)
DEL ARROZ. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 213/000661.)



--POLITICA DE SU DEPARTAMENTO EN RELACION CON LOS SILOS DEPENDIENTES DEL
SERVICIO NACIONAL DE PRODUCTOS AGRARIOS (SENPA). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 213/000663.)



--SITUACION DEL SECTOR AGRARIO ESPAÑOL Y DEL CONTENIDO DE LA REUNION
INFORMAL DE MINISTROS DE AGRICULTURA DE LA UNION EUROPEA (UE), CELEBRADA
RECIENTEMENTE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 213/000686.)



--CONTENIDO DE LOS ACUERDOS CON MARRUECOS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 213/000708.)



El señor PRESIDENTE: Comparece, a continuación, el señor Ministro de
Agricultura para sustanciar las comparecencias que quedaban vivas,
solicitadas por los distintos grupos parlamentarios, en la Comisión de
Agricultura. Son cuatro. La primera, relativa a las negociaciones para
reformar la OCM del arroz. La segunda, en relación con los silos
dependientes del Senpa. La tercera, sobre la situación del sector agrario
español y el contenido de la reunión informal de Ministros de Agricultura
celebrada recientemente, y la cuarta para informar sobre el contenido de
los acuerdos de Marruecos.

Sin perjuicio de que cada grupo parlamentario pueda distribuir con
posterioridad los intervinientes y los tiempos respecto a los distintos
temas, voy a dar la palabra, en primer lugar, al señor Ministro de
Agricultura para



Página 18591



estas comparecencias y luego se la daré a los distintos grupos.

Agradeciendo al señor Ministro su presencia, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Señor Presidente, primero voy a informar sobre la postura mantenida por
el Gobierno español en relación a las propuestas de la Comisión para
reformar la organización común de mercado del arroz. La posición española
sobre estas propuestas, que se refieren, tanto a la OCM del arroz, en
sentido estricto, como a la definición de la calidad-tipo, que se están
debatiendo en estos momentos conjuntamente, se ha definido a partir de
reuniones con representantes de las organizaciones agrarias, de las
industrias y de las comunidades autónomas implicadas. Como consecuencia
de esta concertación se determinó la postura a defender por la delegación
española. Nuestra posición respecto del descenso de precios es que, si
bien la disminución se compensa con la ayuda y otros elementos de la
propuesta, como la disminución del número de incrementos mensuales, el
reforzamiento de la calidad y el cambio del sistema de intervención,
suponen una disminución adicional del precio no compensada.

Consideramos que la cuantía de la superficie máxima garantizada
comunitaria es baja, y desde luego es baja para España. En España, como
se observa al analizar la evolución de la superficie, de no haberse
producido la sequía, se habría alcanzado una superficie mayor. Es justo
decir que, dentro de las superficies realmente sembradas, la Comisión ha
propuesto el período más favorable para España, pero también es cierto
que en el año 1992 ya se cultivaron en Andalucía unas diez mil hectáreas
menos de lo normal como consecuencia de la sequía. Por tanto, la posición
española es defender el aumento de la superficie de base, ya que no sería
lógico que en un año normal, desde el punto de vista climático, y con una
superficie del orden de las citadas, se soportaran penalizaciones de
partida.

En cuanto a la forma de aplicar las penalizaciones, la propuesta es muy
dura. El argumento utilizado por la Comisión es que no se exige retirada
extraordinaria de superficie de cultivo, como en la reforma de cultivos
herbáceos, y que la ayuda propuesta representa un sexto del ingreso que
proporciona una hectárea adicional de cultivo, por lo que para
desincentivar el aumento de la superficie ha de anularse este ingreso.

Esta lógica no se ha aplicado al resto de los cultivos; es, por tanto,
muy discutible y nosotros no la vamos a admitir.

Por otra parte, la comunitarización de la penalización de los cinco
primeros puntos de rebasamiento de la superficie máxima garantizada,
propuesta por la Comisión, tampoco tiene justificación ni sentido alguno,
máxime cuando por las peculiares características del sector puede haber
países que, no cubriendo su superficie máxima nacional, puedan verse
penalizados de forma notable como consecuencia del rebasamiento debido al
incremento de superficie en otros países productores. Un principio de
solidaridad aceptable sería que se utilizase la superficie máxima
garantizada comunitaria para el cálculo del rebasamiento que pueda
existir, permitiendo así la compensación entre países productores, pero
si el rebasamiento se produce, que se aplique la penalización solamente
sobre aquellos países responsables del mismo. Esta posición española ha
sido compartida por la totalidad de los países productores en los debates
del grupo de trabajo.

El sistema de intervención preventiva presenta también problemas en los
debates que están teniendo lugar para discutir la propuesta. Está claro
que a la Comisión le preocupa que la tendencia creciente en los últimos
años, en condiciones normales de la superficie destinada al arroz, lleve,
al facilitarse la importación y dificultarse la exportación, a que se
vendan cantidades importantes de arroz a la intervención. Sin embargo,
esta propuesta supone tratar de forma muy discriminatoria al arroz
respecto al resto de los cereales. Por otro lado, la disminución del
número de incrementos mensuales no sólo supone una disminución adicional
del precio, sino que, por su repercusión en el techo del 180 por ciento,
supone una disminución en la protección frente al exterior.

En el mismo sentido se dirige la propuesta de reforzamiento de la
calidad. La Comisión quiere que el arroz europeo se asemeje más a las
buenas calidades importadas para que sea más competitivo. No obstante,
hay que considerar que el arroz se comercializa también en la Comunidad,
y no ha habido serios problemas, y que de hecho este reforzamiento de la
calidad parece excesivo y afecta también al precio real de intervención.

Como se ha dicho anteriormente, el acuerdo de la Ronda Uruguay implica
peligros para la producción y también para la industria comunitaria. Por
ello, el Consejo ordenó a la Comisión que estudiase los coeficientes de
transformación. Es de señalar que estos temas son competencia exclusiva
de la Comisión, si bien existen limitaciones para establecer los mismos
derivadas de los techos del acuerdo. También contempla la propuesta la
posibilidad de adoptar medidas particulares para proteger la industria
comunitaria en el caso de que exista falta de disponibilidad de arroz
cáscara, debido a las calamidades naturales, como las derivadas de la
sequía, que puedan producirse en determinadas zonas.

Se puede concluir diciendo que nuestra posición de máximos se concreta en
la forma siguiente: El mantenimiento del modelo de intervención clásica
en este sector; el incremento de la superficie máxima garantizada para
España hasta 104.000 hectáreas; la supresión del 50 por ciento de
comunitarización de las penalizaciones en caso de superación de la
superficie máxima garantizada; el establecimiento de un sistema de
penalización equivalente al de los cereales, en lugar del propuesto por
la Comisión de un 6 por ciento por cada 1 por ciento de superación, la
reducción del 14 por ciento del porcentaje de humedad y la fijación en el
2 por ciento del porcentaje de granos y de sosos y, si es posible, la
eliminación del rendimiento total en molino como parámetro para el
establecimiento de la calidad-tipo y la posibilidad de garantizar los
suministros de materia prima para la industria de transformación en casos
de penuria en la producción regional. Sobre alguno de estos



Página 18592



valores podría aceptarse alguna variación, puesto que la anterior
posición es, como ya he puesto de manifiesto, de máximos y las
interrelaciones existentes entre ellos permitirían alcanzar soluciones de
equilibiro equivalentes, con ligeras variaciones relativas de los mimos.

Por ejemplo, con una buena superficie máxima garantizada para España, el
nivel de penalización adquiría menos importancia.

Respecto al Consejo informal de agricultura, celebrado en Burgos, creo
que hemos tenido oportunidad de exponer y debatir ante el Pleno del
Congreso cuáles habían sido las propuestas que formulé como Presidente
sobre los riesgos climáticos y su influencia en la PAC. Por tanto, haré
solamente algunos comentarios muy sucintos sobre estas propuestas y sobre
el resultado de los debates.

Quiero insistir, en primer lugar, ante SS. SS. que, al igual que todos
los consejos informales anteriores, la reunión de Burgos es un encuentro
informal en el que no se adoptan acuerdos, sino que se reflexiona
conjuntamente sobre un tema monográfico insuficientemente tratado por la
PAC o una orientación de futuro para la política agrícola comunitaria y
sobre la que más tarde la Comisión toma iniciativas. Al mismo tiempo, el
país anfitrión programa otras actividades para un mejor conocimiento de
la realidad agroalimentaria de la zona escogida.

Los riesgos climáticos tan variados, a los que con tanta frecuencia están
sometidos la ganadería, la agricultura y los bosques de la Unión Europea,
afectan de manera diversa a las explotaciones agrarias, a las
administraciones nacionales y al buen funcionamiento de la política
agrícola comunitaria. Los Estados miembros, al no existir programas
comunitarios, adoptan diferentes tipos de medidas, como, por ejemplo,
actuaciones específicas ante daños de carácter extraordinario, ya sean
créditos subvencionados, exenciones fiscales, ayudas directas; en otros
casos, la creación de un fondo de calamidades o un sistema específico de
seguros agrarios que, a su vez, requiere de una aceptación de
compatibilidad de las ayudas. Por ello, he expuesto ante mis colegas
comunitarios que la adopción de medidas para hacer frente a los riesgos
climáticos sería una forma de contribuir a la construcción de la Unión
Europea, implicando a las instituciones comunes a la solución de los
problemas que afectan a su funcionamiento.

Voy a destacar algunos de los aspectos que afectan al funcionamiento y a
los objetivos de la política agrícola común. La disminución de los
ingresos de los agricultores y el posible impacto en la viabilidad, a
medio plazo, de algunas explotaciones pone en cuestión uno de los
objetivos establecidos para la política agrícola comunitaria en el
artículo 39 del Tratado de la Unión Europea. Se producen, además, cambios
en los programas de siembra, ante la inviabilidad de algunos cultivos,
que pueden traducirse en superación de los límites de superficie
establecidos para algunos productos, dando lugar a penalizaciones.

En otras ocasiones pueden producirse pérdidas del derecho a la percepción
de las ayudas de la política agrícola comunitaria por incumplimiento, por
fuerza mayor, de alguna de las condiciones exigidas para su percepción,
como puede ser el caso de la no nascencia. Se produce desabastecimiento
de mercados con los consiguientes efectos económicos, tanto en lo que se
refiere a materias primas para la industria transformadora como impacto
sobre el índice de precios al consumo, etcétera. También, indudablemente,
un impacto ambiental como consecuencia de la pérdida de cubierta vegetal,
erosión del suelo, riesgo de desertificación. Se producen consecuencias
negativas para el desarrollo rural y la ordenación del territorio.

Por ello, como Presidente del Consejo de Ministros, plantee que las
medidas que se vayan a instrumentar deben hacerse con criterios de
solidaridad financiera, que es uno de los principios que inspira la PAC,
y de cohesión económica y social, regla que deben tener en cuenta todas
las políticas comunes. Plantee un debate sobre cómo debemos flexibilizar
la aplicación de la PAC para que la renta de los agricultores no se vea
gravemente perjudicada por las adversas condiciones climáticas, qué marco
de referencia común debemos establecer para que nuestros agricultores no
estén en inferioridad respecto de terceros países y cuáles deben ser los
criterios de solidaridad y de cohesión en la Unión Europea para hacer
frente a los riesgos climáticos.

En este sentido, recibí previamente una carta de los presidentes del Copa
y del Cogeca expresando su posición a favor de que, además de las ayudas
específicas y puntuales para los agricultores víctimas de catástrofes
naturales, se fijasen mecanismos comunitarios permanentes para cubrir los
riesgos naturales, como, por ejemplo, la creación de un fondo europeo de
calamidades o un sistema comunitario de seguros agrarios.

Señorías, al principio de mi intervención ya les comentaba que estas
reuniones informales concluyen sin adoptar conclusiones definitivas, ya
que los Estados miembros exponen sus reflexiones y la Comisión las toma
como orientaciones para el desarrollo de sus propuestas. Así, de manera
evidente y unánime, todos los ministros y la Comisión se manifestaron
favorables a la adopción de medidas para que los agricultores europeos
puedan afrontar situaciones difíciles en cuanto a la continuidad de sus
explotaciones.

En este punto, frente a una posición minoritaria que abogaba por aplicar
en exclusiva el principio de subsidiariedad, la gran mayoría se pronunció
por una política que combine solidaridad y subsidiariedad, aunque con los
límites presupuestarios establecidos en la Unión Europea.

Bajo este principio solidario, el Comisario Europeo anunció la
disposición de la Comisión Europea a movilizar de las reservas
financieras de los fondos estructurales hasta un total de 50.000 millones
de pesetas, para financiar programas que contribuyan a la modernización
de infraestructuras, uso eficiente del agua, aunque también podrían
dirigirse a restablecer el potencial productivo. Este compromiso fue
valorado por algunos países como un paso previo a la creación de
mecanismos de apoyo permanente.

También la gran mayoría de los ministros se mostró favorable a
flexibilizar la aplicación de la política agrícola comunitaria cuando se
den circunstancias climatológicas adversas. Un ejemplo de ello lo
constituye el adelanto de las ayudas directas a los agricultores
españoles afectados por la sequía que ha permitido anticipar en los meses
de julio y agosto pasados más de 225.000 millones de pesetas.




Página 18593



Asimismo, fruto de esta reflexión conjunta y como consecuencia de una
decisión del Consejo de Ministros formal, que tuvo lugar una semana
después del Consejo de Burgos, se va a revisar el Reglamento 1765/1992,
para autorizar a la Comisión Europea a que pueda eximir de penalizaciones
a las regiones que vean disminuidas sus producciones por causas
climáticas, lo que constituye el primer resultado concreto de la
reflexión de Burgos sólo una semana después, como ya he dicho.

Quiero destacar también que la propuesta de reforma de la OCM del arroz
contempla ya la posibilidad de adoptar medidas para proteger a la
industria cuando disminuya la producción comunitaria por causas
climáticas, que era una reivindicación que habíamos hecho durante un
período largo.

En lo que se refiere a la petición para informar de la política del
Ministerio en relación con los silos dependientes del Senpa, en primer
lugar, he de decir que la red de silos y almacenes del Senpa comenzó a
desarrollarse a partir de la creación del Servicio Nacional del Trigo en
1937 y que su planificación, tanto respecto a capacidad por unidades como
a su distribución regional, responde a planteamientos muy distintos a lo
que rigen en la actualidad.

La red de silos se localizó básicamente en zonas productivas y sus
características técnicas, condicionadas por las normas de
comercialización que imponía el monopolio del trigo, se pensaron
fundamentalmente para el almacenamiento de cereales de invierno en
períodos no muy prolongados de tiempo. Por ello, muchos de los locales
que componen la red de almacenamiento del Senpa difícilmente reúnen las
condiciones de idoneidad adecuadas para un almacenamiento moderno, eficaz
y prolongado de los productos objeto de la intervención.

En los últimos años, buscando la operatividad y modernidad de la red de
silos, al tiempo que favorecer al sector privado, se ha ido optando por
la cesión ordenada de las unidades de almacenamiento menos operativas al
sector productor u otras entidades mediante diferentes procedimientos:
desafección, de acuerdo con la Ley del Patrimonio, transfiriendo la
titularidad del Senpa a la Dirección General de Patrimonio; reversión a
ayuntamientos, de acuerdo con el Reglamento de bienes de entidades
locales para unidades de almacenamiento construidas sobre terrenos
cedidos por esos ayuntamientos; reversión a particulares expropiados para
unidades de almacenamiento construidas sobre terrenos de particulares, al
desaparecer la función de utilidad pública que motivó la aplicación de la
Ley de Expropiación Forzosa; o cesión gratuita en uso a los
ayuntamientos.

A este sistema de reversión y desafección se han acogido 66 unidades de
almacenamiento, estando la mayoría ubicadas en Castilla y León,
Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Aragón.

En cuanto a la denominada red de almacenamiento del Senpa, está formada
por 882 unidades de una capacidad total de 2.627.000 toneladas, de las
cuales 209 silos y graneros han sido cedidos en uso y representan una
capacidad total de 297.000 toneladas, quedando, por tanto, en la red
actual 576 silos, con una capacidad de 2,2 millones de toneladas y 97
graneros, con una capacidad de 132.000 toneladas.

De los análisis realizados resulta evidente que, por su ubicación,
pequeña capacidad y escasa mecanización, un importante número de silos y
almacenes resultan poco útiles para afrontar las exigencias que impone el
mercado cerealista en la actualidad.

El Ministerio ha realizado un estudio sobre reordenación y
redimensionamiento de la red de silos para adaptarla a las necesidades
que impone la realidad española, a la vista de las nuevas exigencias en
la comercialización de los productos agrarios y las restrictivas
actuaciones a desarrollar en aplicación de la vigente normativa
comunitaria derivada de la reforma de la política agraria comunitaria.

Como resultado de este estudio y derivado de la conjunción de las
necesidades técnicas de almacenamiento y de la calidad y operatividad de
los almacenes que conforman la red de silos, se ha identificado y
definido una capacidad de almacenamiento operativa denominada red básica
y que alcanza una capacidad de 1,4/1,5 millones de toneladas, con unas
200 unidades de almacenamiento. En esta red básica se incluyen los 34
silos de recepción y tránsito de gran capacidad; los 25 silos de
recepción con capacidad superior a 6.000 toneladas; la casi totalidad de
los 64 silos con capacidad entre 4.000 y 6.000 toneladas y la mayoría de
los 92 silos con capacidad comprendida entre 3.000 y 4.000 toneladas. En
todo caso, se mantienen las unidades de almacenamiento situadas en el
mismo recinto que estas unidades básicas, constituyéndose así las
unidades de almacenamiento propiamente dichas, integradas por uno o
varios almacenes.

En resumen, la política del Ministerio se concreta básicamente en el
mantenimiento, conservación y mejora de las unidades de almacenamiento
que componen la red básica para la gestión de las compras de productos de
intervención, el almacenamiento público o privado de cereales, el
arrendamiento de servicios de almacenamiento, de forma que los
productores agrarios, individuales o asociados, así como los titulares de
entidades que adquieran productos a los agricultores, puedan concertar
con el Senpa el arrendamiento de servicios de almacenamiento, y la cesión
ordenada al sector privado, desafección al patrimonio o reversión a
ayuntamientos o particulares con derechos sobre ellos de los restantes
almacenes. El número aproximado de silos o almacenes excluidos de la red
básica superaría los 650, con una capacidad global de en torno a
1.200.000 toneladas y una capacidad media de 1.700 toneladas.

En los planteamientos a corto o medio plazo se contempla la cesión a las
comunidades autónomas que acepten la gestión de las actuaciones de
intervención y regulación de los mercados de los silos y almacenes de la
red básica propiedad del Senpa existentes en su territorio, con unas
restricciones en lo que se refiere a esta red básica, de tal forma que la
comunidad autónoma mantendrá en disposición de uso para la intervención
inmediata los silos y almacenes considerados como integrantes de la red
básica. Cualquier modificación sobre esta red básica deberá contar con el
consentimiento del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
aunque, no obstante, durante los períodos de



Página 18594



inactividad para la intervención, podrán hacer uso de esta red
utilizándola a través de cooperativas u otros operadores. El resto de los
silos y almacenes que no formen parte de esta red básica se traspasará a
las comunidades autónomas sin que éstas tengan restricciones en cuanto a
su destino. Por tanto, para las comunidades autónomas que acepten esta
transferencia de la gestión de las actuaciones de intervención y
regulación de los mercados se configurarán dos tipos de silos y
almacenes: uno, los que configuran la red básica, sobre cuyo destino las
comunidades autónomas receptoras tendrán determinadas restricciones que
garanticen el mantenimiento de esta red básica en todo el territorio
nacional; sobre el resto de los silos que se les transfieran, las
comunidades autónomas podrán determinar, con las restricciones que marca
la Ley, su destino, de acuerdo con sus propios criterios.

Por último, quiero informar sobre el estado actual de las negociaciones
entre la Unión Europea y Marruecos, tanto en el ámbito agrícola como en
el ámbito pesquero.

En lo que se refiere al ámbito pesquero, no merece la pena que hagamos
una revisión del proceso de negociación que ha tenido lugar, a lo largo
de más de siete meses. Sí quiero comentar algunos de los comentarios que
se han hecho sobre el retraso con que se iniciaron estas negociaciones.

Quiero dejar bien claro que ese retraso en absoluto es atribuible ni a la
Unión Europea ni al Gobierno español, puesto que se hizo en su momento
múltiples gestiones para poder retomar estas negociaciones, desde que se
resolvió el conflicto generado en la revisión a medio recorrido del
acuerdo anterior, es decir, desde el mes de octubre de 1994, siendo
imposible retomar esas negociaciones, por la no disponibilidad de la
parte marroquí para participar en ellas hasta el mes de abril de este
año.

En los elementos básicos tendremos oportunidad, una vez que se cierre el
acuerdo, de poder valorar con mayor precisión y con mayor detalle el
contenido de los elementos fundamentales que configuran este acuerdo en
el ámbito pesquero, pero sí he de destacar que ha habido un elemento
particularmente valorado por todo el sector y por todas las comunidades
autónomas afectadas, que era la estabilidad para el sector, que era el
período de duración del acuerdo. Hemos considerado que conseguir un
acuerdo a cuatro años sin revisión a medio recorrido constituiría un
elemento de gran estabilidad para el sector y que, además, permitía
programar las actuaciones de recolocación y de reestructuración durante
un período suficientemente largo, de forma que este proceso se pudiera
realizar con características no traumáticas. Ese ha sido uno de los ejes
fundamentales de la negociación, de forma que, además, en el primer año
del acuerdo, el impacto fuese muy reducido y muy localizado en alguna
pesquería para la que pudiéramos encontrar alternativas de colocación
casi inmediata y que nos garantizasen que disponíamos de todo este primer
año para poder programar actuaciones de recolocación y de
reestructuración de esta flota. Creo que ese objetivo fundamental de que
la práctica totalidad de nuestros barcos que han desarrollado su
actividad durante el último año del anterior acuerdo pudieran salir a
faenar y que, por tanto, el impacto en términos de actividad y en
términos de empleo fuese muy reducido o prácticamente nulo en el primer
año, cuando no positivo, el acuerdo que está en estos momentos en su fase
última de definición puede cumplirlo.

Hemos tenido también como objetivo dar una gran estabilidad a las
pequeñas pesquerías, a las pesquerías que considerábamos que tenían más
dificultades para encontrar caladeros alternativos, que, por tanto, eran
muy dependientes del caladero en Marruecos, y que a veces tenían
problemas de capacidad o problemas en lo que se refiere a algunas de las
condiciones técnicas para el ejercicio de esa pesquería; y hay un
conjunto de pesquerías que van a ver estabilizada su actividad, cuando no
mejorada, para los próximos cuatro años. Estoy hablando de las pesquerías
de cerco norte, de cerco sur, de la merluza negra, de los artesanales y
de algunas otras que aunque no son pesquerías reducidas en cuanto a
tamaño de los barcos, también tienen importancia, como es el caso de los
atuneros. Quiero destacar también que ha sido uno de nuestros objetivos,
frente a la plataforma negociadora inicial por parte de Marruecos,
conseguir el mantenimiento de una actividad pesquera, aunque no muy
importante desde el punto de vista cuantitativo sí desde el de la
actividad de ciertos puestos y desde el punto de vista social, en el
Mediterráneo. Mantener una actividad pesquera en el Mediterráneo
constituía otro de los elementos en los que nosotros hacíamos un
particular hincapié, así como que, por otras vías, como el incremento de
los cánones, no se afectase la viabilidad de determinadas pesquerías con
incrementos en cánones que pudiesen ser considerados desmesurados. Yo
creo que lo que en estos momentos está siendo objeto de discusión son
incrementos muy moderados de los cánones, en línea con la evolución del
índice de precios al consumo y que, por tanto, pueden encajar en el
mantenimiento de la actividad en el caladero.

Para las pesquerías de palangre, arrastre norte y cefalópodos, se han
planteado ajustes de capacidad escalonados, más reducidos en el caso del
palangre, más importantes en el caso de los cefalópodos, pero que
permiten una recolocación progresiva de la actividad de estas pesquerías,
de tal forma que el impacto no sea en absoluto traumático. Se ha abordado
un debate sobre el tema de los desembarques en puertos marroquíes a
partir de una petición por parte marroquí que afectaba a la práctica
totalidad de las pesquerías, habiendo aproximado posiciones sobre la base
de la aceptación de un pequeño número de barcos de una sola pesquería y
que afecta solamente a los cefalópodos, un pequeño número de barcos,
aunque creciente a lo largo del período de vida del acuerdo, que supone
aceptar el principio de los desembarcos obligatorios en otro puerto. Como
conocen SS. SS., éste no es un principio totalmente novedoso; existen
otros acuerdos pesqueros entre la Unión Europea y terceros países que ya
establecen para determinadas pesquerías o para determinadas cantidades el
principio del desembarco obligatorio en el estado propietario de los
recursos, si bien con las cautelas suficientes respecto de las
características de las prestaciones de las que deben beneficiarse estos
barcos en su actividad en puerto marroquí y, por otro lado, con una
progresividad suficiente, con un impacto nulo en el primer año, con un
proceso creciente



Página 18595



pero que a lo largo de la vida del acuerdo significa un porcentaje muy
reducido de los desembarcos totales de la pesca de cefalópodos. Podemos
situar en torno al once por ciento para el conjunto del acuerdo los que
pudieran verse afectados por el desembarco de carácter obligatorio a
cambio no sólo de una serie de cautelas, sino también de algún tipo de
beneficios de carácter económico para los barcos que desarrollen ese
desembarco en puertos marroquíes.

En lo que se refiere a la presencia de tripulantes marroquíes, la
petición de la plataforma de los negociadores marroquíes era un
incremento lineal en todos los barcos de hasta un 35 por ciento de
tripulantes marroquíes y el resultado puede situarse en la presencia de
hasta un tripulante más, nunca más de uno, y solamente en barcos a partir
de una determinada dimensión.

Esta es la situación en que se encuentra en estos momentos el acuerdo de
pesca que, como saben, ha sufrido una cierta paralización en su proceso
de discusión como consecuencia de la vinculación política en la discusión
entre el acuerdo de pesca y el acuerdo de asociación.

Sí quiero hacer algunos comentarios, en lo que se refiere a los aspectos
agrícolas, sobre diversos elementos que están siendo objeto de debate
después de la propuesta presentada por la Comisión a los Estados miembros
en lo relativo a las concesiones en algunos sectores agrícolas.

En el caso del tomate, la Comisión ha propuesto un contingente de 150.676
toneladas para el período octubre-abril de cada año, lo que representa
una cifra inferior a la media de los tres últimos años en las
exportaciones de Marruecos a la Europa-15. Quiero destacar que, en las
estadísticas cerradas, la cifra de exportaciones en 1993 de Marruecos a
la Unión Europea-15 se sitúa en 174.000 toneladas; la de 1994, en 156.000
toneladas, y de 1995 todavía las estadísticas no están disponibles, pero
previsiblemente se puede situar entre las 145.000-150.000 toneladas. Por
tanto, esas 150.000 toneladas representan constantes entre 1996 y 1999
inclusive, lo que supone una relativa estabilización de las cifras de
exportación en una cantidad que difícilmente puede suponer una amenaza o
un desequilibrio para el mercado comunitario, así como tampoco para las
exportaciones españolas de tomate que a lo largo de los cuatro últimos
años se han multiplicado por más de dos; han crecido desde las 350.000
hasta las 700.000 toneladas.

Tengo que destacar un elemento particularmente relevante en la política
de aplicación de la preferencia comunitaria y es que, dentro de la
regulación de las relaciones internacionales, de la protección comercial
a nivel internacional, existen dos formas de realizar esa protección: la
protección arancelaria y las limitaciones cuantitativas, los
contingentes. La protección arancelaria es una protección normalmente más
blanda que la limitación de contingentes, puesto que, al no establecer
límites en cantidad, puede no hacerlo al nivel suficiente para impedir la
entrada de productos adicionales que disfruten de una ventaja comparativa
en términos de costes particularmente acusada, frente a la política
comercial internacional de limitación de cantidades que permite situar
sin incertidumbres los niveles de exportación de los países a los que se
aplican estos contingentes. Por esta razón, porque la política de
protección arancelaria es más blanda que la política de contingentes, el
GATT no prevé contingentes, sino sólo protección arancelaria, y además
prevé la arancelización de todos los mecanismos de protección en
frontera. Y lo que representa el acuerdo de Marruecos es una modificación
respecto de las posiciones del GATT que recupera la política de
contingentes de limitación en volumen a cambio de una reducción
arancelaria que permita mantener las exportaciones tradicionales del país
que acepta voluntariamente esa limitación en volumen que no se derivaría
estrictamente de los acuerdos del GATT. Esto es lo que hay que evaluar,
si da más seguridad una limitación en volumen o una protección
arancelaria. En mi opinión, una limitación en volumen reduce notablemente
la incertidumbre del sector, porque permite conocer con precisión dónde
va a estar situado, en términos de volumen de exportación, el principal
competidor, en este caso del tomate de invierno, durante los próximos
cuatro años.

En lo que se refiere a los cítricos, el enfoque ha sido similar. En el
caso de las naranjas no se produce ninguna reducción de la protección en
frontera, sino la no aplicación del incremento que podría derivarse de
los acuerdos de la Ronda Uruguay; se mantiene la protección en frontera
exactamente en el mismo nivel que en la pasada campaña sólo que se
incorpora una restricción para las exportaciones marroquíes que antes no
existía. Y es que esa misma protección de la campaña anterior solamente
se aplica para un contingente cerrado durante el período de exportación
al que se aplica ese precio de entrada, un contingente cerrado de 300.000
toneladas que se ha establecido de acuerdo con la media de los tres
últimos años para la Europa-15. En el caso de las clementinas, sí que se
produce una reducción en el precio de referencia para una parte del
período de exportación así como la aplicación de un precio de entrada
para el mes de noviembre, que hasta ahora no tenía, a cambio de un
contingente cerrado, de una limitación en volumen establecida en 110.000
toneladas también de acuerdo con la media de los últimos años. Es decir,
el principio sigue siendo el mismo, una reducción o un mantenimiento de
la protección arancelaria a cambio de una limitación en volumen de forma
que se facilite el mantenimiento de las exportaciones tradicionales a
cambio de una renuncia al crecimiento de esas exportaciones durante los
períodos de producción para los que se aplican las concesiones.

Ha habido también un debate sobre algunos otros elementos de la
propuesta, en particular el relativo a las flores, sobre el que sí que me
gustaría hacer algún comentario puesto que supone un incremento en las
posibilidades de exportación de Marruecos para una Unión Europea que
importa 100.000 toneladas de flores y que no tiene prácticamente ningún
mecanismo de limitación de esas importaciones para países ACP (Kenia,
Zimbabwe) o para los países del Pacto Andino (Colombia, Ecuador, Perú,
Bolivia), es decir, con exención total de derechos de aduana y sin
limitaciones cuantitativas. Además, hay que tener en cuenta que las
concesiones a Marruecos en materia de flores pueden beneficiarse de la
exención del derecho de aduana, siempre que respeten un determinado
precio mínimo, en



Página 18596



función del precio comunitario al productor, requisito que no se exige a
las flores importadas con exención de derechos de los países ACP, ni a
las del Pacto Andino, ni a las del sistema de preferencias generalizadas.

Por tanto, hay que situar en su justa medida la evaluación de estas
concesiones, dada la proporción muy reducida que las mismas representan
respecto del conjunto de las importaciones de flores procedentes de
terceros países, en la Unión Europea.

Estos son los elementos más importantes de esta propuesta, que quería
comentar con SS. SS., estando dispuesto a realizar las aclaraciones y los
comentarios que consideren oportunos.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular y en primer lugar, tiene
la palabra el señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Es cierto que recientemente hemos tenido un
debate sobre la propuesta de la Comisión de la OCM de frutas y hortalizas
y que tenemos otro debate, también importantísimo para nuestra
agricultura, sobre la propuesta de la OCM del arroz. Y, si las frutas y
hortalizas eran unos productos baratos para Bruselas, el arroz lo es
todavía mucho más; los gastos del Feoga se sitúan alrededor de los 100
millones de ecus al año --aunque estos años han disminuido por la menor
protección-- y los ingresos vemos que también están alrededor de los 100
millones de ecus al año, por lo que, repito, creemos que, como la mayoría
de los productos mediterráneos, es un producto muy barato para Bruselas.

También quiero decir que el consumo de este producto va en aumento y que
ha pasado, recientemente, de 3,9 kilos a 4,4 kilos por persona y año. Es
un producto que va adquiriendo una mayor importancia dentro del consumo
europeo. Asimismo, es un producto que ha recibido, entre comillas, el
«castigo» del GATT, por lo que tienen que disminuir los volúmenes y las
subvenciones a las exportaciones, pero también tiene que disminuir la
protección arancelaria en un 36 por ciento.

Pues bien, ante este nuevo reto que supone el GATT, vemos cómo, en
principio, la propuesta de OCM del arroz sufre un duro castigo, con una
serie de apartados, entre los que el primero y principal --como el señor
Ministro ha destacado-- sería el que se refiere a la superficie máxima
comunitaria. Esta superficie máxima comunitaria ha sido totalmente
alejada de la realidad del potencial productor de Europa. No hay que
olvidar que en España se liberalizó el cultivo del arroz a partir del
Tratado de Adhesión de 1986, que ha ido buscando, en aumento, su
potencial normal, pero a partir de los años 1990/1991 y debido a la
sequía hemos visto cómo ha mermado extraordinariamente esta producción.

La propuesta de la Comisión se basa en los años 1990/1991 y apuesta por
España con una superficie garantizada de 89.711 hectáreas, siendo la
total de la Unión Europea de 367.018 hectáreas. Esto está totalmente
alejado de la realidad, primero y principal, porque vemos que la Unión
Europa se ha ampliado en tres países, recientemente, con lo cual va a
haber un potencial superior de consumo. El potencial productivo de la
Unión Europea está todavía lejos de su consumo, ya que si se situó en un
89 por ciento el abastecimiento en el año 1988 y subió en los años
1991/1992 al 91 por ciento, por la sequía, ha bajado otra vez a un 85 por
ciento. Por tanto, cabe producir más arroz en la Unión Europea y también
creemos, señor Ministro, que, por las limitaciones naturales de este
cultivo, es perfectamente defendible, y además el señor Ministro lo ha
precisado, el aumento de la superficie máxima garantizada. No hay que
olvidar, señorías, que es un cultivo que se produce en los humedales
españoles, donde no hay alternativa --y esto supone el 70 por ciento de
la superficie en España-- y donde, al mismo tiempo, se está llevando a
cabo una defensa del medio ambiente, como sucede en La Albufera, de
Valencia, en el delta del Ebro o en el Parque de Doñana. Además,
señorías, son pequeñas y medianas explotaciones las que producen arroz en
España.

Otro tema importante al que se ha referido el señor Ministro es el que se
refiere a las penalizaciones. La penalización es una barbaridad, porque
vemos cómo nos podemos pasar y, aplicando las penalizaciones actuales,
podría darse el caso de que en España los agricultores se quedaran sin
compensaciones por la disminución de los precios de intervención.

Yéndonos a una superficie máxima normal, la Unión Europea debía llegar a
431.000 hectáreas y vemos que, con la propuesta de la Comisión, de
367.000 hectáreas, la diferencia que queda por aumentar en la superficie
máxima garantizada para la Unión Europea es de 64.000 hectáreas. Cuando
España alcance su nivel potencial de producción, que supone pasar de las
89.000 hectáreas a las 104.000, el cinco por ciento del potencial
asignado a España son 18.350 hectáreas, que es casi el doble de
producción de Andalucía en condiciones normales, cuando la sequía
desaparezca, lo que naturalmente esperamos.

Si a España ya se le aplica comunitariamente una penalización de un 30
por ciento en sus compensaciones, más la que se le aplicaría siguiendo la
actual propuesta como país individual excedentario, llegaríamos a que,
aplicando la actual propuesta, España podría quedarse sin ningún tipo de
compensación. Por consiguiente, estamos de acuerdo en que hay que
rechazarla totalmente y que hay que ir a una propuesta análoga a la de
los cereales, con una penalización del uno por ciento por cada uno por
ciento que supere la superficie máxima garantizada. Si no, esto podría
suponer la desaparición del arroz en muchas zonas españolas.

En cuanto a lo que se refiere a la intervención, señor Ministro, vemos
--y usted no lo ha citado-- que hay un punto importante que nos preocupa
y es que se equiparan los precios de las dos variedades de arroces,
japónica e índica. Y también está la reducción del 15 por ciento
--arreglo del GATT-- en tres años, desde la campaña 1997/1998 hasta la de
1999/2000, que vemos que realmente es mayor de lo que propone la
comisión, porque si la propuesta de precios agrarios para la campaña
1995/1996 es de 374,84 ecus por tonelada, en la de 1996/1997 ya baja a
351 ecus, lo que supone una disminución de un 6,5 por ciento. Por tanto,
la disminución no va a ser de un 15, sino de un 20,19



Página 18597



por ciento, cuando los pagos compensatorios se han establecido sobre una
disminución sólo del 15 por ciento.

Asimismo, señor Ministro, le repito que quiere hacer la política de
fomento de la producción índica de arroz a base de los precios de
intervención y, como ahora veremos, creo que es otro camino el que se
debería seguir.

También es peligroso, aunque usted no lo ha visto así, señor Ministro, lo
que denomina el régimen de intervención preventiva durante cuatro meses,
de enero a abril, porque dice que solamente podrán acogerse los productos
sometidos al artículo 4, los que quieren ir a la intervención, es decir,
que hay que pasar primero por la intervención preventiva para poderse
acoger a la prevención. Sí señor, lo dice la propuesta. Asimismo, y como
denuncia el Copa Cogeca, hay un peligro, porque con la intervención
preventiva la intervención va disponer de un «estocaje» que en cualquier
momento va a poder meter en el mercado libre y, por tanto, va a estar
influyendo en el mercado europeo.

La propuesta no dice nada respecto a iniciar uno nuevo o continuar el
antiguo programa de ayuda de producción del índica, que ha dado muy
buenos resultados y sobre todo ha fomentado la producción de este arroz,
que se consume en los países del norte de Europa y del que somos
totalmente deficitarios en zonas del sur de España como Andalucía, y no
sabemos si cuando desaparezca la sequía va a poderse restablecer, porque
ya se han apropiado de esta producción Italia y Grecia, que han seguido
produciendo.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Señor Presidente, voy concluyendo.

También me preocupa muy mucho, señor Ministro, lo que se refiere a la
calidad tipo del arroz, porque con el Tratado de Adhesión ya subió de 56
enteros a 60 y ahora se pretende subir de nuevo. Lo que a mí me preocupa
no es la subida en sí sino que se establezcan compensaciones, porque si
no sería una depreciación que tendría que ir a costa de los bolsillos de
los agricultores.

Señor Ministro, me gustaría que esta propuesta se aprobara durante la
Presidencia española. Veo difícil que se vaya a hacer, porque, según me
consta, los italianos están intentando que esta propuesta se traslade a
la Presidencia de Italia. Va a ocurrir al igual que con el vino y con
frutas y hortalizas, que van a ser unas nuevas oportunidades perdidas.

El Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con las cuestiones que ha
planteado el señor Ministro y, de hecho, lo tenemos plasmado en la
proposición no de ley que presentamos en esta Comisión el pasado mes de
julio, donde prácticamente se recogen los puntos que el señor Ministro
acaba de exponer, menos alguno con el cual no acabamos de estar
totalmente de acuerdo. Nos congratularíamos mucho y felicitaríamos al
señor Ministro si efectivamente lo consiguiera, porque si no va a
desaparecer el cultivo del arroz en muchas regiones españolas. Como he
dicho anteriormente, esto es muy importante para muchas familias que son
pequeños y medianos agricultores.

Señor Ministro, en vez de aplicar programas de defensa del medio natural,
medidas agroambientales en otros programas, como la compensación de la
PAC, hay que desarrollar uno de los grandes programas que está
defendiendo el entorno natural --eso lo conozco muy bien--, el cultivo
del arroz en La Albufera de Valencia. Gracias al cultivo del arroz hoy La
Albufera de Valencia todavía tiene algo de vida. Si no se hubiera
perdido, ya que el cultivo del arroz es uno de los más importantes
defensores del medio ambiente. Por lo tanto, señor Ministro, defendámoslo
a capa y espada, porque es la forma más barata de defender nuestro medio
ambiente.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Soriano, brevemente
también. Yo rogaría a todos los intervinientes que, dado que se van a
repartir el tiempo, no utilicen los diez minutos, porque, si no, al final
no tendremos oportunidad de hablar todos ni de dar respuesta al señor
Ministro.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Como bien ha dicho el señor Ministro,
el Servicio Nacional de Productos Agrarios es un organismo de
intervención comunitario con la misión, entre otras, de intervenir en el
mercado de cereales comprando a los agricultores y vendiendo a través de
subastas a lo largo del año, al objeto de regular el mercado.

Nos ha dicho que de un total de 882 silos sólo han sido cedidos 209 y que
a un total de 570. Indudablemente, aparte de estos silos, se poseen, como
también creo que ha dicho el señor Ministro, numerosos almacenes que en
su mayoría están cedidos en uso a cooperativas y ayuntamientos. Pero el
problema estriba en que en la actualidad la práctica totalidad de los
silos, o por lo menos en un número bastante elevado, se encuentran
totalmente vacíos, con personal laboral en su mayor parte, que no tiene
trabajo y curiosamente han sido transferidas a las comunidades autónomas
algunas de estas personas. Por ejemplo, en el silo de Tenerife, que es el
que conozco más, ha sido transferido a la Comunidad Autónoma un
funcionario perteneciente al Cuerpo de Ingenieros Técnicos Agrícolas
--creo recordar--, pero no ha sido transferido el personal laboral. Lo
mismo sucede en otros silos, por ejemplo, en Avila. Me gustaría que el
señor Ministro nos indicara con qué criterios se ha venido transfiriendo
a las comunidades autónomas el personal que presta servicios en los
silos.

Sigo insistiendo en que conozco silos a lo largo del territorio nacional
que en estos momentos carecen de sentido, se encuentran totalmente vacíos
y los funcionarios, el personal laboral que sigue prestando sus servicios
allí, se encuentra sin cometido de ninguna clase, con lo cual se están
ocasionando graves perjuicios al erario público, puesto que esos silos
ocasionan un incremento considerable en los gastos de conservación y
mantenimiento. No hay que olvidar que estos edificios han sido
construidos hace ya muchos años, en la mayoría de los casos, y cerrados
se deterioran mucho más que en uso.

En cuanto a las transferencias, me gustaría también --como le he dicho--
que el señor Ministro nos indicara



Página 18598



qué criterios se están siguiendo, puesto que, por las noticias que tengo
--el señor Ministro me lo confirmará--, no han sido transferidos los
edificios, que siguen siendo propiedad del Senpa, sino que ha sido
transferido el personal que presta servicios, al menos en los silos que
han sido transferidos. Por eso me gustaría que el señor Ministro nos
explicara con más detalle los criterios seguidos en estas transferencias
y que nos explicara si considera que siguen teniendo sentido hoy los
muchos silos existentes a lo largo de todo el territorio nacional. No
dudo de que algunos de ellos sigan estando más que justificados, pero
también creo que la inmensa mayoría hoy no tienen sentido y habría que
adoptar alguna decisión por parte de su Ministerio en orden a la
productividad de estas instalaciones, bien sea cediéndolas a
particulares, bien sea cediéndolas a las comunidades autónomas en el caso
de que a éstas les interesen, bien sea arbitrando los procedimientos de
venta que el Ministerio entienda oportunos.

Tengamos en cuenta que en este año de fuerte sequía algunos piensan que
se podían haber utilizado estos silos trayendo cereales desde Europa, que
se podían haber comprado el pasado invierno o la pasada primavera y
almacenarlos en los silos, con lo cual los efectos de la sequía podrían
haber sido mitigados en parte. Me gustaría saber cuál es el criterio del
Ministerio acerca de esta posibilidad de haber comprado y almacenado
cereales en los silos, que tienen capacidad más que suficiente para ello
porque, como digo, muchos de ellos están infrautilizados, lo que nos
hubiera permitido paliar, al menos en parte, los efectos de la sequía. Si
los silos no cumplen esta función de regulación del mercado, difícilmente
veo cuál es la función que puedan cumplir en el futuro.

Resumiendo, señor Ministro, me gustaría que precisara con mayor detalle
si hoy los silos tienen sentido, qué piensa hacer el Ministerio con los
silos que hoy están infrautilizados, qué piensa hacer con la
transferencia de los silos a las comunidades autónomas y de su personal y
con qué criterios estamos haciendo estas transferencias y, por último,
qué ha hecho el Ministerio para paliar los efectos de la sequía pudiendo,
si esta política se considera acertada, haber almacenado en los silos
cereales adquiridos en el invierno pasado para así poder mitigar los
efectos padecidos por la sequía en España.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy a acumular en mi intervención la que
aparece con el número 4 en el orden del día, así como los aspectos
agrarios del acuerdo con Marruecos.

Efectivamente, señor Ministro, hemos tenido oportunidad de debatir en el
seno de la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con la
Comunidad Económica Europea el contenido del Consejo informal de Burgos
y, desgraciadamente, los hechos y el tiempo que ha pasado desde entonces
nos están dando la razón respecto al fracaso de aquellas expectativas que
se levantaron en relación con el orden del día del Consejo. La realidad,
señor Ministro, es que lo único que se obtuvo es la vaga promesa de dotar
con un fondo de 50.000 millones de pesetas, a repartir entre los Quince
miembros de la Unión Europea, extrayéndolo no de la creación de un fondo
especial con financiación diferente, sino de los propios recursos de la
agricultura comunitaria, para, en un período de cinco años, hacer frente
a esas circunstancias. Posteriormente, hemos tenido conocimiento de que
la participación española en ese fondo sería de alrededor de 17.000
millones de pesetas. Solamente los daños producidos por la sequía en 1995
están siendo cifrados, señor Atienza, en más de 600.000 millones de
pesetas.

No creemos que se haya dado respuesta, al menos por parte de la
Presidencia española, a lo que significan los riesgos climatológicos, la
sequía, la destrucción de cosechas y, lo que es más grave, la destrucción
de rentas en el sector agropecuario español. Señor Ministro, estamos en
estos momentos dependiendo del exterior para nuestro propio
abastecimiento. Estamos necesitando casi el 50 por ciento del tonelaje de
cereales, tanto para la alimentación humana como para la alimentación
animal; estamos dependiendo de las importaciones de vino --¡fíjese qué
paradoja: estamos importando vino!--, cuando se nos decía que nuestro
potencial vitivinícola tenía que ser reducido rápida y drásticamente para
no denigrar los mercados comunitarios; estamos buscando aceite donde no
existe, para intentar paliar los efectos que en el IPC y en el consumo
nacional puede producir una escalada de precios realmente insostenible, y
un largo etcétera, lo que demuestra la debilidad de nuestros argumentos a
la hora de justificar ante la Unión Europea las circunstancias que
concurren en España con las catástrofes climatológicas. Estamos haciendo
ganar dinero a los agricultores y ganaderos comunitarios. Nadie tiene que
exportar con restituciones, nadie tiene que buscar mercados exteriores a
los excedentes comunitarios: está España, que lo compra todo, que lo paga
bien y que, además, está llenando la bolsa de otros agricultores,
produciendo con todo ello unas tensiones de precios en el interior
realmente importantes.

Señor Atienza, yo creo que se fracasó en Burgos, porque no hemos logrado
dotar el fondo en cuantía suficiente ni para que llegue rápidamente a los
agricultores. Y le recuerdo que acabamos de aprobar el proyecto de ley
que sustituye al Real Decreto 4/1995, y en el preámbulo de la ley hay un
mandato al Gobierno para que busque financiación comunitaria para proveer
ayudas directas a agricultores y ganaderos afectados por la sequía. El
Gobierno ya tiene un mandato que esperemos que lo administre con
diligencia, prontitud y éxito, y que no se nos conteste que con los
17.000 millones de pesetas hemos cumplido el mandato de la ley.

Señor Atienza, estamos esperando aún los «transfer», a los que hacía
referencia mi compañero, es decir, las transferencias de los organismos
comunitarios de intervención, para abastecer urgentemente y en cantidades
suficientes de cereales a la ganadería española. Nos están administrando
los cereales con cuentagotas, se lo dije a S. S. en una comparecencia de
hace tiempo; el comité de gestión de cereales está jugando con nuestras
carencias y, por tanto, no se



Página 18599



ha hecho una política de choque importante que permitiera rebajar los
costes de la ganadería, lo cual se está reflejando en el IPC, señor
Atienza. El sector cárnico está presionando sobre el IPC de una forma
realmente alarmante, y uno de los motivos de esa presión sobre el IPC es
el altísimo precio que se está pagando por la alimentación de la
ganadería. Señor Atienza, díganos cómo están los «transfers». Las últimas
informaciones no son suficientes. Hemos hablado de la necesidad de tener
2,5 millones de toneladas de cereales en los silos españoles --silos que
están cerrados-- antes del 31 de diciembre; el sector lo ha pedido,
nosotros lo hemos pedido, pero no vemos claro que dicha cantidad pueda
estar dentro de 40 días a nuestra disposición.

No se han flexibilizado las normas de aplicación de la PAC en la medida
en que las circunstancias climatológicas así lo requerían. Su señoría
vino tan ufano, después del Consejo formal de la semana siguiente, con el
10 por ciento del barbecho. Pero, ¿cómo puede plantearse en un país que
va a necesitar importar ocho o diez millones de toneladas de cereales,
que en las vegas, por ejemplo, donde quede agua --y estoy hablando del
Ebro, del Duero y de determinadas zonas donde llueve aún--, que se
obligue a hacer un barbecho del 10 por ciento a un agricultor cuando
tenemos una dependencia exterior de la magnitud de la que tenemos? ¿Cómo
el Gobierno español no jugó con la necesidad de abolir ese 10 por ciento
ese año? Quizás el año que viene habrá que poner el 15 por ciento. Me
refiero a adecuar las normas comunitarias a la realidad climatológica de
cada país y, por tanto, no nos explicamos por qué están sucediendo estas
dificultades a la hora de hacer llegar a la Unión Europea la gravísima
circunstancia por la que estamos atravesando.

El señor Ministro está satisfecho de que se ha pagado el 50 por ciento de
las compensaciones comunitarias en determinadas comarcas. ¿Puede
señalarnos la fecha del pago del otro 50 por ciento, porque ya estamos en
calendario, señor Atienza? ¿Nos puede decir aquí y ahora cuándo se va a
pagar el otro 50 por ciento? Porque ese dinero lo necesitan los
agricultores que no han cogido cosecha, que no han tenido ingresos y, por
tanto, sería muy bueno conocer la fecha a la que se compromete el
Gobierno para el segundo pago. ¿Cuándo se va a aprobar definitivamente el
reglamento --me dijo en la Comisión el otro día que es un reglamento que
depende de la Comisión, no del Consejo-- que garantice el marco legal
español de las 400.000 hectáreas de leguminosas como horizonte de siembra
alternativa de un producto que no necesita tanta agua y que, por tanto,
se adapta perfectamente a las circunstancias de carencia de
precipitaciones que tenemos en este momento? Han pasado ya bastantes
días. Su señoría preside el Consejo Agrícola de la Comisión y, en
consecuencia, alguna capacidad tendrá de presionar sobre los trabajos
administrativos de la Comisión y obtener el reglamento español que nos
permita alcanzar ese margen de siembras que garantice, repito,
determinadas alternativas.

Señor Ministro, 15 ó 20 días después de su comparecencia, creemos que el
Consejo celebrado en Burgos fue un fracaso y que muchas cosas tendrían
que cambiar para entender que usted fue capaz de sensibilizar a la Unión
Europea en relación a lo que supone una catástrofe, como la que estamos
sufriendo, de destrucción de nuestras cosechas y, repito, no ya solamente
de nuestras cosechas, de cultivos permanentes, de cultivos leñosos. Señor
Ministro, se habla de 150.000 hectáreas de viñedo afectadas destruidas
por la sequía; se habla de 40 ó 50.000 hectáreas de olivo destruidas por
la sequía; se habla de frutales, almendros, etcétera, en una importante
cuantía, y algo de todo esto habría que demostrar a la Unión Europea para
que viera que los daños son irreversibles.

Por lo que respecta al contenido agrícola del tratado con Marruecos,
algunas veces se siente vergüenza ajena. Que hayan sido los holandeses y
los alemanes los que han paralizado el acuerdo que se iba a tomar la
semana pasada en defensa de unas producciones prácticamente marginales en
las economías de esos países y que no se haya oído la voz española en
nuestra defensa; al revés, que la única voz española que se haya oído
haya sido la del Secretario de Estado de Relaciones con la Comunidad,
señor Westendorp, diciendo que parecía mentira que esos países, Alemania
y Holanda, boicotearan el acuerdo cuando España era la que asumía
prácticamente la totalidad del coste agrícola del tratado, de verdad,
señor Ministro, algunas veces siente uno vergüenza ajena por la actuación
de sus representantes.

¿Cómo hemos podido llegar, señor Ministro, a que coincidieran las dos
negociaciones? ¿Cómo hemos podido seguir el ritmo de los representantes
diplomáticos marroquíes que hábilmente han hecho coincidir las dos
negociaciones para hipotecar ambos acuerdos y hacerlos absolutamente
imprescindibles entre sí, cuando esto dañaba nuestra situación? ¿Cómo
nuestra diplomacia no ha sido capaz de acelerar y de evitar esta
coincidencia en el tiempo?
Señor Ministro, las cuantías no son tan pequeñas. Usted ha intentado
pasar sobre este tema muy rápidamente, pero lamento decirle que le han
informado mal porque las circunstancias no son tan óptimas o tan
irrelevantes como usted señala.

Tomemos, por ejemplo, los tomates, señor Ministro. ¿Usted sabe que hemos
tardado ocho años en poder vender tomates en el mes de abril en los
mercados comunitarios? ¡Ocho años desde nuestro ingreso! Y Marruecos lo
va a hacer desde el principio.

¿Usted sabe que el mes de abril es fundamental para nuestras
exportaciones? ¿Que en el mes de abril del año pasado vendimos
prácticamente el 15 por ciento del total del contingente? O el sector
falsifica las cifras o realmente no estamos todos de acuerdo. Señale
usted entonces las cifras taxativamente y diga al sector: Están ustedes
falsificando las cifras. Pero nosotros estamos manejando cifras del
sector y abril y octubre son unos meses fundamentales en el horizonte de
nuestras exportaciones.

La rebaja arancelaria del contingente es importante, señor Ministro. De
verdad que se pasa a solamente 500 ecus/tonelada. No es ninguna tontería.

Además --y dígalo usted--, el contingente de 150.000 toneladas se aumenta
el tres por ciento anual. Por el concepto de nación más favorecida,
Israel inmediatamente aplicará los beneficios de



Página 18600



Marruecos a sus circunstancias. Sí, señor Ministro, así es. Israel
inmediatamente dirá: Yo aplico la cláusula de nación más favorecida. Y
como Marruecos tiene unas circunstancias mejores, también las
exportaciones hortofrutícolas israelitas se colocarán en el umbral
comunitario en las mismas circunstancias de precios de entrada, etcétera,
que obtiene el contingente marroquí.

En naranjas y en clementinas el tema no es tan baladí, señor Atienza.

Usted pasa rápidamente. En clementinas, la rebaja del precio de
referencia para las 110.000 primeras toneladas es de 719 ecus/tonelada a
500 ecus/tonelada y afecta de pleno derecho a nuestras expectativas de
exportación. En naranjas, aunque menor, también la rebaja es importante.

Señor Ministro, cuando veo otros países que se llaman librecambistas y
que son favorables al mercado y al comercio internacional, pero que
cuando les afecta mínimamente ponen los intereses nacionales por encima
de otras declaraciones, tengo envidia, señor Atienza, de verdad. Tengo
envidia de esos políticos que ponen los intereses nacionales por delante
de otros, que paralizan un acuerdo y que están hablando de 3.000
toneladas de flores o de unas cuantas toneladas de patatas que van a
coincidir con su cosecha de patata tardía, etcétera. Nosotros, por el
contrario, decimos que el 90 por ciento del coste agrícola nos afecta y,
además, aplaudimos el acuerdo e intentamos con su comparecencia devaluar
su contenido.

No le entiendo, señor Ministro, de verdad. Y si no le entendemos
nosotros, fíjese cómo le van a entender los miles de agricultores que se
manifiestan. Explique en Murcia a los cuarenta o cincuenta mil
agricultores productores de tomate lo que significa esta situación. O
explíquelo en Canarias y diga que mientras hemos tardado ocho años en
adquirir el calendario de abril, ahora Marruecos lo adquiere
inmediatamente. Y que, además, hay dificultades para controlar las
cantidades que realmente se venden. Usted sabe que no hay controladores
comunitarios, que hay solamente dos funcionarios para ello y que lo que
el sector está denunciado es que detrás de estas cantidades pueden
aparecer otras muchas que rompan el mercado y hundan los precios.

Señor Ministro, yo lamento profundamente la estrategia que ha seguido el
Gobierno español, cómo ha permitido que coincidieran los dos tratados.

Hemos sido objeto del juego de la estrategia diplomática marroquí que ésa
sí que tiene realmente negociadores y hay que descubrirse ante su
capacidad negociadora. En este momento el tratado no es tan suave como
usted señala. El tratado tiene un elemento muy negativo para nuestros
intereses.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa. Ruego a
todos, sinceramente, la máxima brevedad, aunque creo que estamos todavía
dentro de los tiempos.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Yo lamento que, en la
comparecencia relativa a los contenidos sobre el acuerdo con Marruecos,
lo único que haya hecho el señor Ministro sea una valoración del acuerdo
con unas connotaciones particulares y dar su visión de este acuerdo.

Yo no me voy a perder, en modo alguno, en lo que sería un análisis
subjetivo de los datos del Grupo Popular. Voy a poner realmente encima de
la mesa los datos del propio MAPA y lo que ha venido pasando hasta este
momento.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos en materia
pesquera va a suponer que en arrastre camaronero y arrastre no camaronero
se pase en el Atlántico Norte y en el Mediterráneo de 17.500 toneladas a
8.200 toneladas --es decir, perdemos 9.300 toneladas--, lo que implica
una variación relativa del 53,1 por ciento a la baja. Perdemos el 53,1
por ciento. Datos del MAPA.

En la categoría de pesca de cerco, en la zona del Atlántico Norte y
Mediterráneo, pasamos a 2.100 toneladas de registro bruto a 1.400
toneladas --es decir, perdemos el 33,3 por ciento-- y sufrimos un
incremento al final del acuerdo del 19,6 por ciento en materia de
cánones.

En palangre, pasamos de 10.400 toneladas a 1.975 como variación absoluta,
es decir, perdemos el 19 por ciento. En el último período teníamos 50
ecus/tonelada de registro bruto/trimestre; pasamos a 60,19 al final del
período. Es decir, incrementamos el 19,6 por ciento.

En la zona sur, allí donde tenemos 4.500 barcos ahora, se sufrirá en
pesca artesanal en cerco un incremento del 6,7 por ciento --es decir,
subiremos 300 barcos--; pero en la zona sur, en pesca artesanal,
pasaremos de 3.450 a 3.000, perdiendo 450 toneladas de registro bruto; es
decir, el 13 por ciento menos. De 30 ecus/tonelada de registro bruto
trimestral pasaremos a 40; es decir, incrementamos prácticamente el 30
por ciento.

En cefalópodos, pasamos de 33.200 toneladas a 19.920; perdemos el 40 por
ciento. Creo que todos recordamos que España entera aplaudió cuando la
Comisaria de Pesca levantó una mesa de negociación no plegándose a pasar
del 25 por ciento en reducción.

En la zona sur, en arrastre de merluza negra, perdemos el 49,6 por
ciento. Desaparece el arte de mersal en la zona sur también. Desaparece
el arte pelágico y en especies menores, donde la incidencia es menos
constatada.

En definitiva, en este acuerdo, señor Ministro, pasamos de 80.600
toneladas a 48.745, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación; perdemos el 39,5 por ciento. En el número de tripulantes,
perdemos 2.776; es decir, nos quedamos con 4.624 puestos de trabajo
directos; perdemos el 37,5 por ciento.

El incremento de tripulantes marroquíes supone el 1,3 por ciento, que es
bastante importante, sobre todo con la incidencia que tiene en el paro de
los marineros españoles.

En tripulantes españoles pasaremos a 2.790 menos; es decir, nos
quedaremos en 3.500, lo que supone una pérdida del 44,2 por ciento de
puestos de trabajo directos en la mar. De puestos de trabajo indirectos,
teniendo en cuenta que habrá cuatro o cinco por cada uno de ellos, nos
quedaremos con 12.000 trabajadores menos indirectos y 3.000 menos
directos; perderemos el 44,2 por ciento.

En el coste anual del acuerdo, pasamos de 16.500 millones de pesetas, que
era lo que estábamos pagando en



Página 18601



concepto de cánones, a superar los 20.000, lo que supone un incremento
del 21,2 por ciento.

Estos son los datos oficiales, los datos de los que el Ministerio no
habla en ningún momento. Son los datos que convendría que contrastáramos
y valoráramos en esta situación.

Quiero, señor Ministro, hacerle un resumen de lo que ha pasado en la
etapa socialista, es decir, desde el año 1982, en que ustedes llegan al
Gobierno, al año 1995 en que nos encontramos. Pasamos de 146.000
toneladas de registro bruto en barcos a la cifra que ustedes dan ahora de
48.745 toneladas. Se queda reducida la flota al 33 por ciento de lo que
teníamos.

En arrastre norte, señor Ministro, la flota va a quedar reducida al 25
por ciento: no es que se reduzca el 25 por ciento, como he visto, mal
interpretado, en algunos medios de comunicación. No es que se reduzca el
25 por ciento, sino que se reduce al 25 por ciento la capacidad que
teníamos. En cerco se reduce al 37 por ciento de lo que teníamos cuando
ustedes llegaron. En cefalópodos se reduce al 25 por ciento de lo que
teníamos cuando ustedes llegaron. En cooperación financiera subimos a 125
millones de ecus. En el cómputo general en sardinales, artesanales,
cefalópodos y merluza negra, nuestros cánones se incrementan al final del
acuerdo, para sardinales en el 126 por ciento, para artesanales en el 112
por ciento, lo mismo que para cefalópodos, y 111 por ciento para la
merluza negra, con la inclusión de esos dos meses de paradas biológicas,
con la gravedad para Canarias del desembarco de cefalópodos en el puerto
de Agadir y una pérdida importantísima de superficie de pesca.

A este acuerdo de 146.000 toneladas, del año 1982, yo podría añadir las
lindezas que los representantes del Partido Socialista dedicaban al
Gobierno que negociaba el convenio en el que se decía que éste era un
punto fundamental, que estábamos procediendo a un proceso de
«marroquización» de la pesca española, de que no teníamos en cuenta lo
que se estaba haciendo con los pescadores españoles, de que estas
cantidades --146.000 toneladas-- eran, a todas luces, insuficientes y de
forma alguna garantizaban el trabajo normal de las flotas que disponemos
y mucho menos, su viabilidad de futuro; o que nunca se ha pensado en que
los que aguantan el sector y están sufriendo son los pescadores. Esto lo
decía el señor Marín en el año 1982.

Pero le voy a referir lo que decía, sin yo aplicárselo a ustedes, el
señor Guerra en aquel debate. El señor Guerra decía que aquello se
parecía al programa de Curro Jiménez donde unos robaban, pero después no
repartían lo que ganaban. Hablaba del patio de monipodio, que ustedes
recordarán lo que quiere decir, con el reparto de aquellas especies. Y
entonces estábamos hablando de 146.000 toneladas de registro bruto,
frente a las 48.000 a las que ustedes nos dejan reducidos en este
momento.

Voy a leerle lo último que decía el señor Guerra y termino, señor
Presidente: «Estamos viendo que se hace una política permanente de
debilidad en el exterior y una política mendicante y vergonzosa en
materia pesquera en el exterior de España». Si esto se decía con aquellas
cifras, qué puede decir en estos momentos un Partido Popular, mucho más
moderado, mucho menos incisivo y que va a tener bastante más educación
con el Gobierno socialista que en este momento está --se supone--
defendiendo los intereses pesqueros españoles.

El señor Guerra afirmaba: «Están hablando ustedes de que esta pesca son
especies marginales o morralla». Terminaba diciendo: «En la mar la
morralla, las especies marginales, se devuelven a la mar. Aquí» --y
hablaba de entonces-- «se les dan cargos de mayor importancia y más peso
específico».

Yo no voy a entrar en eso señor Ministro. Yo simplemente quiero hacerle
saber que ni la Unión Europea es la enemiga de España; ni Marruecos, con
la defensa de sus intereses, es enemigo de España; que Canadá, con sus
flotas en las aguas internacionales de NAFO, no es el enemigo de la flota
española; que tampoco Irlanda, con las negociaciones que está habiendo
estos días y las reuniones que ha habido en Westminster con nuestra
posibilidad de acceso al Irish Box, es enemiga de España.

Tengo que decirle que, con todas las iniciativas que el Grupo
Parlamentario Popular ha presentado, asumiendo que esto no tiene vuelta
atrás --nos da la sensación--, el auténtico enemigo del sector pesquero
español, no está ni en la Unión Europea, ni en Marruecos, ni en Canadá,
ni en Irlanda, está sentado en el banco azul del Congreso de los
Diputados.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: El señor Ministro comparece en esta Comisión
el día que acabamos de debatir y aprobar el proyecto de ley por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la
sequía.

Nuestro Grupo Parlamentario se ha abstenido en la votación de esta ley
porque entiende que las medidas que en él se contemplan son muy
limitadas, sobre todo para las explotaciones familiares agrarias.

Señor Ministro, cuando usted compareció en la Comisión Mixta ya nos
informó del Consejo informal de Burgos y tuvimos oportunidad de decirle
que, a pesar de que era un Consejo en el que no se debían prever
acuerdos, los que se lograran fueron muy reducidos, ya que 50.000
millones de pesetas para todos los países de la Unión Europea para cinco
años es muy poco, teniendo en cuenta que en nuestro país se han perdido
747.000 empleos, que los daños producidos por la sequía han sido
superiores a los 600.000 millones de pesetas y que son años en los que
hemos venido sufriendo reiteradamente no sólo estas catástrofes sino
también las heladas.

Nuestro Grupo preveía la posibilidad de que hubiese ayudas directas para
estas explotaciones familiares agrarias que debían ser financiadas no
sólo por el Gobierno, sino también por la Unión Europea. Esto no ha sido
posible ya que los distintos grupos parlamentarios no lo han creído
conveniente. Está claro, señor Ministro, que, si no



Página 18602



se tiene en cuenta el carácter diferencial que estos riesgos
climatológicos tienen sobre nuestro país, difícilmente vamos a poder
contribuir y se van a poder lograr dentro de la Unión Europea esos
principios que queremos de equilibrio territorial y de cohesión. El
equilibrio territorial no se podrá dar si se han destruido cantidad de
cultivos leñosos permanentes y no hemos contribuido al equilibrio, sino
todo lo contrario.

Ha hablado usted de un avance que se produjo en el Consejo formal en el
sentido de eximir de las penalizaciones. Yo quisiera preguntarle qué
pasos se están dando para la creación del fondo de catástrofes y para la
adopción de fondos de la Unión Europea para un tratamiento integral de
los seguros agrarios afectados por estos daños climatológicos.

Por otra parte, señor Ministro, no todo tiene que venir de la Unión
Europea, sino que tiene que haber medidas propias de su Gobierno respecto
a la aplicación de medidas agroambientales, que haya dotación financiera
por parte de nuestro Gobierno, y una contribución mucho más intensa,
decidida, eficaz y rápida en la modernización de regadíos.

Nos preocupan las reformas de las OCM que afectan a los productos
mediterráneos. Hoy se ha planteado el tema del arroz, en el que parece
ser que hay un mayor consenso con las organizaciones agrarias, cosa que
no se produce en la reforma de la Organización Común de Mercados de
frutas y hortalizas. Usted sabe que esta reforma ha sido rechazada por la
mayor parte de las organizaciones, por la Confederación de Cooperativas,
y nos preocupa que no haya una actitud más decidida por parte de su
Gobierno.

Cómo puede ser que haya un tratamiento tan diferente al que se está
previendo para la OCM del arroz, en relación con los cereales. Cómo puede
ser que siendo realmente cultivos que salen baratos, porque participan
muy poco en los fondos de Feoga-Garantía, se sea tan cicatero con estos
productos que son los que más han tardado en reformarse y los que más
baratos les está costando a la Unión Europea.

Usted es el responsable en este momento, señor Ministro, de que se cumpla
en estas reformas el principio de solidaridad financiera. No quisiera
volver a repetir lo que han dicho otros miembros que me han precedido en
el uso de la palabra, pero no se entiende que por 3.000 millones de
pesetas haya países que estén paralizando un acuerdo tan importante, como
es el acuerdo pesquero, y que nosotros que somos los que vamos a cargar
con el costo de los acuerdos de adhesión con Marruecos, porque
coincidimos fundamentalmente en los productos hortofrutícolas, lo veamos
como un buen acuerdo y permitamos que se este ligando de forma tan
descarada al acuerdo pesquero, con todos los perjuicios que tiene en las
dos vertientes: por la paralización que hay en los productos pesqueros y
por las consecuencias que va a tener en los productos hortofrutícolas.

Señor Ministro, le pediríamos una actuación mucho más decidida. No es
suficiente con que se vayan a reformar algunos puntos pequeños de la OCM
de frutas y hortalizas. Hay que dar la vuelta de cabo a rabo a esa OCM de
frutas y hortalizas porque, si no, no hay manera de que se respeten los
principios...




El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, si entramos en todos los temas, no
nos dará tiempo.




La señora RIVADULLA GRACIA: Estamos hablando del Consejo informal, del
Consejo formal y de las OCM. Termino, señor Ministro. Hay que dar la
vuelta de arriba abajo para que se respeten los principios de solidaridad
financiera y preferencia comunitaria.

Por último, centrándome en lo que quiere el señor Presidente, que es el
tema de los silos y almacenes del Senpa, nuestro Grupo Parlamentario hace
tiempo que está haciendo una serie de preguntas al Gobierno para que
informe sobre la situación de los silos y almacenes y sobre la
contratación de empresas privadas para realizar las gestiones propias del
Senpa.

Nos tiene muy preocupados el hecho de que silos y almacenes del Senpa
estén vacíos y que, sin embargo, se contraten a empresas
privadas-almacenes. Esto es algo que significa un coste para el erario
público cuando tenemos almacenes y silos propios. Nos preocupa también
mucho que, teniendo funcionarios y trabajadores con cualificación
adecuada como para llevar a cabo todas las tareas que corresponden al
Senpa, se estén contratando a empresas privadas para la realización de
esas tareas y que los funcionarios y trabajadores del Senpa no tengan el
trabajo por el que se les está remunerando mensualmente.

Creo que habría que hacer un estudio profundo de lo que está pasando en
el Senpa, señor Ministro. En ese sentido le pido que haga llegar a
nuestro Grupo Parlamentario, si le es posible, el informe al que ha
aludido sobre la situación de los silos, almacenes, las transferencias
que se han realizado a las comunidades autónomas en materia de gestión,
cuáles las han asumido, con qué silos y almacenes contamos, con cuántas
empresas privadas se está contratando y en qué regiones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, hay algún tema sumamente
preocupante en todo el proceso de negociación, tanto del acuerdo global
con Marruecos como del tratado pesquero, y es que no se ha tenido un
conocimiento exacto de cuáles eran los contenidos de dichos acuerdos,
tanto en materia de productos agrícolas como de productos pesqueros,
hasta después de que se produjo el rechazo, por parte de Alemania y
Holanda, de los contenidos del acuerdo. Hasta ese momento, tanto el
sector pesquero como el sector agrícola, no tenían conocimiento exacto y
cuando han empezado a aparecer objeciones serias de ambos sectores sobre
los contenidos de dicho acuerdo, ha sido después de rechazar, en un
principio, el apoyo del conjunto de los países de la Unión Europea. Todo
ello indica hasta qué punto el Gobierno español ha decidido ir
desasistido, con todo lo que ello implica, tanto en el conocimiento de lo
que los sectores pensaban sobre este asunto, como de apoyos y de
complicidad con los sectores. No sé si es que el Gobierno tenía miedo de
no representar bien a los sectores y, por tanto, sentía cierta vergüenza



Página 18603



de manifestar los contenidos del acuerdo o si ha sido por la práctica
habitual de asistir sin el asesoramiento de los sectores cuando se va a
negociar estos aspectos, lo cual me parece grave. Creo que ello ha
motivado que haya saltado con especial virulencia, tanto entre los
agricultores como entre los pescadores, una protesta generalizada sobre
los contenidos que se han ido filtrando del acuerdo global con Marruecos.

Nosotros nos preguntamos cuáles son los objetivos exactos que el Gobierno
español tiene, avalando de una forma tan significativa este acuerdo. Como
bien se ha comentado ya, está claro que la carga del acuerdo con
Marruecos la lleva la economía española, fundamentalmente el sector
primario en su conjunto, tanto los agricultores como los pescadores, y
aquellos que tienen cargas muy inferiores han protestado con toda su
energía en la mesa de la Unión Europea. Por tanto, no entendemos cuáles
son los objetivos que tiene el Gobierno español en este asunto. Porque
nuestro país en el sector primario es prácticamente una fotocopia en
cuanto a las negociaciones con Marruecos. Si Marruecos puede tener
respecto a la Unión Europea un tratamiento mucho más favorable que el que
tiene España, esto será un desastre para nuestra economía. No sabemos si
existen algunos objetivos de otra naturaleza y nos gustaría conocerlos.

Nos gustaría conocer qué es lo que está pensando el Gobierno español para
avalar un acuerdo que para el sector agrícola y pesquero es tan
perjudicial.

La falta de explicaciones ha hecho correr el rumor de que se firmaba este
acuerdo pagando con los agricultores el beneficio que pudieran obtener
los pescadores. Este rumor que ha llegado a correr no tiene fundamento,
porque el sector pesquero también se siente gravemente perjudicado por
este acuerdo.

Ya han puesto de manifiesto algunos intervinientes cuáles son los
perjuicios que pueden ocasionar en algunos productos, concretamente se ha
hablado del tomate. Hay otros productos que también se ven gravemente
perjudicados, como, por ejemplo, la flor cortada, que no se ha
mencionado. Es un sector --y me permito recordarlo-- que mueve en
Andalucía más de dos millones de peonadas (en Andalucía ya no se habla de
puestos de empleo fijo, se habla de peonadas), y el cultivo del clavel y
la clavellina en Marruecos, así como la posibilidad de exportación a
Europa, francamente supondría un desastre importante en comarcas de
Sevilla y la provincia de Cádiz. No solamente son los agricultores los
que rechazan el acuerdo, sino que también lo rechaza el sector pesquero.

Se han facilitado los datos de lo que significarían las reducciones entre
el primero y el cuarto año del acuerdo.

Otro dato global que me interesaría resaltar es el relativo a lo que
supondría el coste del acuerdo a la Unión Europea. La Unión Europea
pagaría cada tonelada de registro bruto a 411.184 pesetas, mientras que
ahora la paga a 200.510 pesetas. La tonelada de registro bruto de pesca
le costaría a la Unión Europea más del doble de lo que le está costando
ahora, el 105 por ciento. Ello indica, en su globalidad, el coste que
para la Unión Europea tiene este acuerdo con Marruecos. Incrementa en un
cien por cien lo que se paga en última instancia por una tonelada de
registro bruto. Si la Unión Europea está dispuesta a pagar estos costes
que paga a Marruecos a un país, como España, que es miembro de la Unión
Europea, que pierde este 41 por ciento de capacidad de extracción
pesquera, que pierde entre 18.000 y 20.000 puestos de trabajo entre el
sector extractivo y los sectores de apoyo, ¿qué le paga la Unión Europea
a España? Esta es nuestra pregunta. ¿Cómo resarce la Unión Europea a
España esos puestos de trabajo que difícilmente son transformables porque
son trabajadores que tienen pocas posibilidades de ocupar otro puesto de
trabajo? La Unión Europea está dispuesta a pagar a Marruecos un precio
importantísimo y España es el principal avalista de ese precio. Nosotros,
señor Ministro, estamos deseosos de conocer cuáles son los motivos
últimos por los que el Gobierno español se plantea avalar un acuerdo de
esta naturaleza.

Muy al contrario, nosotros seríamos partidarios, señor Ministro, de que
el día 10 en Bruselas España tomara una posición muy diferente a la que
ha venido adoptando hasta el momento. Nosotros creemos que ese papel no
debe ser interpretado sólo por Alemania y Holanda. España debe tomar una
posición determinada en el sentido de defender los intereses de los
agricultores y de los pescadores y dejar bien claro que lo que la Unión
Europea está dispuesta a pagar a Marruecos hasta ahora no tiene ni punto
de comparación con el tratamiento que se le ha venido dando al sector
pesquero y a los agricultores españoles.

Esperamos que el señor Ministro nos facilite mayor información sobre las
expectativas que tiene el Gobierno español en este acuerdo y
posteriormente podremos realizar una segunda intervención.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Señor Ministro, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) agradezco su comparecencia para informarnos sobre
los cuatro asuntos previstos en el orden del día.

Respecto al primero, que se refiere a los contenidos actuales de las
propuestas de la Comisión Europea para reformar la Organización Común de
Mercado del arroz, hemos conocido mediante sus explicaciones sus
objeciones y sus reservas y queremos expresarle también nuestras
discrepancias respecto a este documento de estudio de la OCM. Nosotros
centramos nuestra preocupación en el efecto negativo y acumulativo que
tendrá para nuestro país la reducción de la superficie máxima
garantizada, establecida en 89.700 hectáreas, más las spenalizaciones del
6 por ciento en ayuda compensatoria por cada 1 por ciento de superación
de estas superficies. Consideramos inaceptable esta reducción calculada
en base a las hectáreas cultivadas en los años 1990 y 1992 en la España
que ya sufría las consecuencias de la reiterada sequía y por cuyas causas
se había reducido casi a la mitad las históricas 104.000 hectáreas que se
habían cultivado y que, con toda seguridad, volverán a cultivarse en el
momento en el que se regularice el régimen pluviométrico en el centro-sur
de la Península.




Página 18604



Es incomprensible para nuestro Grupo la suma de las reducciones más las
penalizaciones si tenemos en cuenta que se trata de un cultivo
deficitario a nivel europeo, agravado por la disminución entre un 15 y un
20 por ciento, según variedades, de los precios de intervención, con todo
lo que significa de disminución automática de las ayudas europeas
percibidas por nuestros arroceros, muchos de los cuales verán
comprometido el futuro de sus rentas y el de unas superficies de un
cultivo social caracterizado en nuestro país por realizarse en pequeñas
superficies, por agricultura de tipo familiar y que, además, no admite
cultivos fácilmente alternativos de rentabilidad parecida. Pensamos,
señor ministro, que de alguna forma debemos luchar, en la línea que usted
mismo ha planteado, para impedir que se apruebe ese nuevo atentado de las
instancias europeas contra otro sector de nuestra agricultura.

Respecto a sus explicaciones referidas al futuro de los silos
dependientes del Senpa, usted ha hecho una distinción entre el
tratamiento de la denominada red no básica de la básica. La primera,
susceptible de transferencias a las comunidades autónomas y al sector
privado, y la segunda, la básica, considerada imprescindible para la
regulación del mercado e intervención y entroncada con el conjunto de la
red europea que continuaría, por lo que he entendido, siendo de
titularidad estatal.

Señor Ministro, nuestro Grupo opina que nada se resuelve con esta
distinción poco práctica porque lo que realmente importa es que la
gestión sea eficiente y que cumpla con su función de intervención y de
regulación del mercado. Independientemente de su titularidad, si están,
como parece ser, en disposición de transferir la gestión unitaria de
estos silos del Senpa, reservándose la titularidad de parte de ellos y
habiendo llegado, al parecer, a acuerdos de mínimos a este respecto con
algunas comunidades autónomas, que sólo se hallan pendientes de firma del
decreto de transferencias, ¿por qué, señor Ministro, la están
retrasando?, ¿para cuándo la firma del citado decreto?
A menos de dos meses de que finalice la Presidencia española de la Unión
Europea, nuestro Grupo Parlamentario está más interesado en conocer del
señor Ministro, más que sus explicaciones de la reunión informal del
Consejo de Ministros de Agricultura celebrado en Burgos, de cuyos
contenidos ya dio usted ampliamente cuenta en el Pleno del Congreso y en
la Comisión Mixta para la Unión Europea, los avances que se han producido
desde entonces en temas agrarios que interesan a nuestra agricultura y
también los acuerdos y los necesarios cambios de concepción de nuestra
problemática agraria por parte de nuestros socios europeos y conocer lo
que tiene previsto alcanzar hasta el final del mandato en el próximo mes
de diciembre.

¿Ha logrado usted hacer comprender a sus colegas comunitarios la
auténtica gravedad de la situación de amplias zonas de la España agraria,
provocada por la pertinaz sequía y que no son suficientes, a nuestro
juicio, los 50.000 millones habilitados para cuatro años y para toda la
Unión Europea para paliar todas las calamidades climáticas?
No vamos a insistir en la pérdida de rentas y de la totalidad de algunos
cultivos, que condiciona la continuidad de muchas explotaciones agrarias,
pero sí desearíamos destacar el estado de desabastecimiento en cereales,
con cosechas repetidamente inferiores al 50 por ciento de una producción
media, mientras sigue siendo obligatorio el barbecho del 10 por ciento de
superficie sembrada.

¿No se podría lograr, señor Ministro, dada la excepcionalidad de la
situación de sequía en España, dado que las reservas comunitarias e
internacionales se hallan bajo mínimos, y hasta que se normalicen las
producciones y las reservas, que se exima a nuestro país de la retirada
obligatoria de este 10 por ciento de superficie de cereales?
A pesar de lo dicho reconocemos, señor Ministro, la obtención de estos
50.000 millones, la posibilidad de establecer ayudas directas a los
agricultores afectados por la sequía y la posibilidad de compensar la
retirada de superficies de cereales entre comunidades autónomas. El
descenso del 17 al 10 por ciento de la superficie de retirada obligatoria
es un logro que hay que reconocer, pero nuestro Grupo lo reconoce
especialmente como precedente para seguir desarrollándolo en casos
excepcionales a través de mecanismos permanentes de compensación de estas
catástrofes, mediante fondos de garantía o de seguros agrarios
comunitarios que abaraten las primas y garanticen las rentas.

Conocemos, señor Ministro, su participación en todas las reuniones
europeas. Es usted mucho más activo que alguno de sus predecesores en el
cargo, pero usted tiene, además, la ardua tarea de enderezar muchos
aspectos del Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea que nacieron, a
nuestro juicio, torcidos para nuestra agricultura.

Tiene usted una oportunidad magnífica en el tiempo que le quede. Tiene
usted, por ejemplo, una OCM de frutas y hortalizas a corregir
sustancialmente. Nuestro Grupo les ha apoyado para que incluya la
solidaridad financiera, la Presidencia comunitaria y la ampliación de
productos equiparables a las demás OCM de productos continentales, tal
como se consensuó en el Consejo de Ministros Jumbo.

Abrevio, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: No pretendo que abrevie, lo que pasa es que
anteriormente había indicado a la señora Rivadulla que no es objeto del
orden del día de hoy el tratamiento de este tema, que tenemos intención
de hacerlo en otro momento.




El señor VIDAL I SARDO: En todo caso, hay que aprovechar la comparecencia
del señor Ministro, señor Presidente.

Paso directamente al acuerdo con Marruecos, que nuestro Grupo en
sucesivas intervenciones ha fijado su posición y los temores que
prácticamente se han cumplido.

Mientras se negociaba exclusivamente un acuerdo pesquero, reconocimos la
posibilidad de una cierta reducción de las capturas que fijamos en un
tope máximo global de alrededor del 20 por ciento si desaparecían los
demás condicionantes (desembarco en puertos marroquíes; obligatoriedad de
un alto porcentaje de pescadores marroquíes en nuestros barcos; etcétera)
y, a la vez, alertábamos sobre los propósitos de Marruecos de condicionar
el acuerdo pesquero



Página 18605



a la obtención de importantes concesiones agrarias en productos
elaborados y en productos agrarios varios, a obtener en la negociación de
su acuerdo preferencial con la Unión Europea.

En el acuerdo pesquero estricto, desde las posiciones de partida se ha
producido una sensible mejora, si bien queda muy afectada la pesca de
arrastre, la de cefalópodos y la de palangre, para los que la propia
Unión Europea debería arbitrar, simultáneamente a la firma del acuerdo,
soluciones compensatorias y salidas a la reubicación de la flota y a la
mano de obra cesante.

Si añadimos al duro recorte pesquero las concesiones en productos
agrarios sensibles para nuestro país, así como los incrementos de
importaciones libres de aranceles en tomates, flores y las 20.000
toneladas de conserva de sardina para 1996 y 1997, y sin ningún tope a
partir de 1998, no espere, señor Ministro, ningún apoyo de nuestro Grupo
para avalar un tan perjudicial acuerdo.

Alemania, Holanda y Bélgica, por patatas, flores y tomates fuera de sus
calendarios de producción, se sienten muy perjudicadas y vetan, por lo
menos provisionalmente, el acuerdo, sospechamos que con ánimo de obtener
ventajas para exportar productos industriales a Marruecos. En cambio,
España recibirá durísimos palos en todos los sectores, afectando
muchísimo a regiones que prioritariamente se dedican al monocultivo del
tomate, cítricos, las flores, y especialmente a causa del incremento de
los contingentes y del avance del calendario de las exportaciones para
Marruecos en el mes de abril.

De la misma forma se condena con los acuerdos a la práctica desaparición
del sector conservero y extractivo de sardina al otorgar a Marruecos la
práctica exclusividad de un mercado europeo, incluido el español, por
imposibilidad de competir con los inputs de Marruecos o con las
exigencias europeas para nuestro país en condiciones de elaboración y las
higiénico-sanitarias.

Por todo ello, señor Ministro, nuestro Grupo rechaza el acuerdo Unión
Europea-Marruecos, en el que deben introducirse, a nuestro juicio,
sustanciales modificaciones que garanticen la preferencia para las
producciones de nuestro país y el empleo y las rentas actuales en los
sectores afectados a los que nosotros sí creemos que se va a perjudicar
de forma muy negativa.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Coalición Canaria, el señor
Mardones tienen la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Agradezco la información facilitada por el
señor Ministro, aunque ha sido muy corta, por lo que respecta al quinto
punto del orden del día que es el que interesa fundamentalmente al
archipiélago canario por razones obvias, dada la información general de
la reunión informal en Burgos de los ministros de Agricultura de la Unión
Europea en lo referente al acuerdo con Marruecos, tanto en lo que afecta
a la vertiente pesca como a la vertiente agrícola.

Como bien han dicho otros compañeros que me han precedido en el uso de la
palabra, hemos empezado a alarmarnos a la vista de las llamadas de
atención de los gobiernos alemán, belga y holandés sobre su producción en
flor cortada, en patata y en algún otro producto. Señor Ministro, ni el
Gobierno puede pedir apoyos, ni todo puede estar dentro de una política
de intereses generales comunes del Estado, si estamos partiendo del
ocultismo y la ignorancia en los sectores. Esto está produciendo en este
momento en el Archipiélago canario unas situaciones de preocupación y de
alarma que se van a materializar en sendas manifestaciones en la calle
pasado mañana, convocadas por las organizaciones agrarias, y
fundamentalmente con el apoyo del sector productor y exportador del
tomate en el área canaria, porque esto verdaderamente es preocupante. Si
al tema de la pesca añadimos esto que consideramos tremendamente
peligroso --y estamos dispuestos a pedir al Gobierno desde el veto al
acuerdo pesquero si se insiste por parte de Marruecos en el desembarque
de pesca en el puerto de Agadir--, será un golpe mortal sobre todo para
la flota española que tiene su base en los puertos canarios, y más
concretamente en el puerto de La Luz y de Las Palmas, que es donde está
concentrado todo el apoyo de esta flota, con los perjuicios que allí se
derivan por las economías de escala, de puestos de trabajo en tierra, de
mantenimiento de flota, de suministros navales, etcétera.

Decía antes nuestro Presidente de la Comisión, y yo a eso me atengo, que
de la OCM de frutos y productos hortofrutícolas se hablará en su momento.

Esto lo ha visto claro Marruecos y parece que le ha expuesto a la
Comisión Europea una táctica que ha aceptado erróneamente Europa --y que
se haya plegado a eso el Gobierno español nos preocupa más--, y es que
Marruecos ha conseguido montar sobre el calendario los dos acuerdos: el
de pesca y el de asociación preferencial. Una pieza que se podía haber
digerido en primavera en los convenios de pesca con Marruecos, ahora se
transforma en un monstruo que es indigerible políticamente, con lo cual
la estrategia marroquí de decir: no, señores de la Unión Europea, sin
acuerdo de asociación preferencial, no hay acuerdo de pesca, se aceptó,
cuando lo que teníamos que haber dicho a Marruecos era: oiga usted, al
revés, no habrá acuerdo de asociación preferencial para Marruecos si no
hay previamente acuerdo de pesca. Y hemos llegado a esta situación
verdaderamente explosiva, tensa, donde se mezcla todo eso. Además,
Marruecos, hábilmente, sabe la confrontación que puede discutir y deja
para un contencioso entre España, las organizaciones de productores
hortofrutícolas, la Unión Europea y su Gobierno esa faceta, y resulta que
mete de matute, según el conocimiento que tenemos del acuerdo de
asociación preferencial, las concesiones, entre comillas, de productos
agrarios. Esto nos parece inadmisible, señor Ministro. Creemos que el
Gobierno español está en la exigencia de utilizar todos los recursos que
el Derecho comunitario le permite --el derecho de veto, etcétera--,
porque no es peccata minuta y no es cuestión mucho menor estos productos
en la incidencia económica y social, desde rentas en la agricultura a
puestos de trabajo, etcétera, y su repercusión política, por supuesto,
que lo que pueden alegar Alemania, Bélgica y Holanda, con lo que a ellos
les afecta, y en un renglón de generación de producto



Página 18606



interior bruto y de puestos de trabajo que no tiene comparación siquiera
con España.

Nos hemos sentido alarmados cuando estos países denuncian el tema de la
flor cortada. Esto en Canarias ha puesto en pie de guerra a todo el
sector productor de flor cortada, que es uno de los punteros, como usted
sabe, junto a algunos otros que existen en provincias andaluzas y del
levante español, porque son las zonas que climatológicamente permiten la
producción de flor cortada para la exportación, fundamentalmente a los
mercados europeos. Pero si encima de eso Marruecos, como he dicho, coloca
de matute dentro de las concesiones agrarias --y España transige con
ello-- un aumento del cupo del tomate hasta 150.600 toneladas y, sobre
todo, señor Ministro, con la rebaja de los derechos de entrada, pero
todavía mucho más grave, con la modificación del calendario del tomate,
apaga y vámonos, porque todavía cabría decirles a los marroquíes, con los
negociadores de la Unión Europea, con la presión española, que no sé
dónde está: vamos a discutir lo de las 150.000 toneladas de tomates, las
15.000 más que quieren. Mientras no garanticemos que hay unos servicios
de control aduanero en los puertos de la Unión Europea donde se
desembarca el tomate marroquí --que en este momento desconozco la cifra
de lo que se desembarca por puertos españoles, porque como va
fundamentalmente a abastecer mercados centroeuropeos se desembarcará en
Marsella--, mientras el Gobierno español no cuadre al Gobierno francés en
el sentido de que los servicios aduaneros franceses están al servicio de
la Unión Europea en los tratados que nos unen, como el último de
Maastricht, y no vigilen que allí no se desembarque un kilo más de tomate
marroquí del que está estipulado, la verdad, señor Ministro, es que no
hay quien garantice en este momento que ni siquiera las 130.000 toneladas
del acuerdo vigente han sido las únicas que han entrado procedentes de
Marruecos en los mercados comunitarios. Pues bien, si esa incertidumbre
de control aduanero existe --y le quiero decir que me preocuparía menos
una negociación en que hubiera que darle más cupo de tomates a Marruecos,
las 15.000 toneladas, si de verdad se controlaran las 150.000--
imaginémonos lo que es ampliarles el calendario a los meses de abril y de
octubre.

En la zafra pasada, señor Ministro --como usted bien conocerá por sus
servicios del Ministerio de Agricultura, bien servidos por profesionales
extraordinarios y que tienen colaboración con las comunidades autónomas
sobre la evolución de los precios--, por lo menos en Canarias donde el
agricultor obtuvo las mayores rentas fue en la venta de los tomates del
mes de marzo. Se comportan estas entradas con los mejores precios. Cuando
ya habíamos discutido hace dos semanas, en el debate de la interpelación
que presentó el Grupo Popular, que si no hay ayudas a las eliminaciones
de producción --ahí las ayudas se limitan a que uno acarree con su propio
camión los tomates que hay que tirar en el barranco para quitar
excedentes de la producción--, cuando esto se puede compensar con los
mejores precios del mes de marzo, parece que se va a consentir que
Marruecos amplíe su calendario al mes de abril y de octubre. Señor
Ministro, si Marruecos consigue ampliar al mes de abril el calendario,
eso es un golpe mortal para el sector productor de tomate en España, y en
este caso concretamente en las islas Canarias, que tienen que enfrentarse
además con los costes añadidos de los fletes marinos para el transporte
de esa mercancía, porque metiendo Marruecos el tomate en el mes de abril,
quiere decir que lo va a meter en el mes de marzo, porque eso no es una
fábrica de tornillos o de metal que se puede regular con el troquelado
que pueden hacer allí los robots. No, eso tiene un sistema de producción
climatológico agrícola que usted conoce perfectamente. Pero si encima
superponemos a que no hay una garantía de controles aduaneros, el que
Marruecos nos meta, de matute además, tomates en el mes de abril, esto
puede ser verdaderamente catastrófico, señor Ministro. Por lo menos en el
mes de marzo, decía uno, como no está vigente la entrada de tomate
marroquí, los servicios aduaneros no inspeccionarán lo que traen los
barcos y los contenedores, si no lo quieren hacer, pero se sabrá que no
puede entrar ningún barco de Marruecos con tomates antes de las fechas
previstas en el calendario. Pero desde luego, el mes de abril puede ser
una orgía de una catarata de tomate marroquí en Europa que, desde luego,
hunde los precios del tomate español, señor Ministro.

Esta era la preocupación que yo quería trasladarle, en el sentido de que
yo entiendo que un Gobierno que vaya allí tiene que llevar todos los
respaldos, como se decía antes por alguno de los intervinientes, creo que
era el señor Andréu, pero qué mejor fuerza de apoyo político y social que
un Gobierno que se sienta a la mesa de negociación y dice: mire usted, y
tengo detrás de mí no solamente lo que tengo enfrente, que es el chantaje
marroquí o la debilidad de unos negociadores europeos, tengo detrás de mí
no solamente la razón, sino el apoyo político de los demás grupos
parlamentarios, el apoyo social de todos los sectores afectados por sus
puestos de trabajo, y todo el apoyo económico de los sectores
empresariales y de los agricultores.

Señor Ministro, esto se lo digo en un tono de colaboración para resolver
el problema, pero son ustedes los que tienen la pluma y las facilidades
para recurrir, desde el veto hasta cualquier otra medida que les autorice
el Derecho comunitario, para calmar, en primer lugar, el desasosiego que
hay en este momento y, en segundo lugar, resolver de una manera
satisfactoria este gravísimo problema. Estamos todos de acuerdo en
buscarle soluciones, pero desde luego, la situación actual, señor
Ministro, es impresentable, y si encima el alarmismo se aumenta con el
grado de ocultismo que hay y la falta de información, no le quiero hacer
más comentarios, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, quiero agradecer enormemente
la información que nos ha facilitado el Ministro en el día de hoy y,
puesto que en el orden del día se iba del punto 2 al punto 5, que son los
que estamos tratando, quiero expresarle muy resumidamente cuál ha sido mi
estado anímico desde el primer punto que usted ha tratado, el arroz.

Estaba esperanzado y realmente



Página 18607



a su lado en la mayoría de los planteamientos que usted ha formulado
sobre el tema de la OCM del arroz, hasta el punto quinto en que esa
esperanza se ha tornado decepción, preocupación, miedo y cierta dosis de
temor sobre el futuro que planea sobre la agricultura española. Soy así
de sincero; de la esperanza en cuanto al primer punto que usted ha
tratado, he pasado al miedo y la decepción en los últimos puntos
considerados por usted. De todos modos, voy a intentar ser breve, porque
los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra ya han
incidido en algunos de los temas; comparto algunos de sus planteamientos
y no quiero ser repetitivo.

Respecto al punto de partida, la OCM del arroz, en lo que realmente tengo
mayores puntos de coincidencia, Unión Valenciana piensa que, sin duda, la
justificación de esta propuesta de reforma de la OCM del arroz, adoptada
por la Comisión Europea el pasado 12 de julio, hay que buscarla
fundamentalmente en los compromisos asumidos como consecuencia de la
Ronda Uruguay y del GATT, ya que en el seno de la Unión Europea no
existen razones de peso, ni de mercado ni presupuestarias, y así se ha
reconocido, que justifiquen una reforma orientada a una disminución de
los actuales niveles de cultivo.

La propuesta de reforma prevé la creación de una superficie comunitaria
máxima garantizada que se ha visto incrementada respecto a la superficie
garantizada en el primer borrador elaborado, ascendiendo dicha superficie
a un total de 396.607 hectáreas --algo se consiguió--; no obstante,
España no se ha visto beneficiada con dicho aumento, ya que le
corresponde la misma superficie máxima nacional fijada en el primer
borrador, algo más de 89.000 hectáreas, una limitación que no se
corresponde con la estructura y funcionamiento del sector que se pretende
reformar, y eso, desde el punto de vista de Unión Valenciana, es
inadmisible, es inadmisible que esa superficie máxima nacional no sea
aumentada hasta los niveles que podemos y debemos tener, porque en su día
ya lo tuvimos.

En caso de superar el techo máximo de producción de la Unión Europea,
como algún compañero ha comentado el día de hoy, la reforma de la OCM
establece la imposición de unas penalizaciones a los agricultores sobre
las ayudas comunitarias que consideramos excesivas, equivalentes a seis
veces el porcentaje del rebasamiento. De igual forma, la penalización
recaerá en todos los Estados miembros productores hasta un cinco por
ciento de superación de la superficie máxima garantizada. Unión
Valenciana considera que si bien estas medidas están destinadas a
incrementar la competitividad de las producciones comunitarias frente a
las importaciones, hay algunos extremos --y en esto creo que coincidimos
con el Ministerio-- que resultan excesivos.

En primer lugar, consideramos que la superficie máxima garantizada
debería verse aumentada --y en eso va a contar con nuestro apoyo-- y
habría que llegar a acuerdos con las comunidades autónomas para mantener
unos cupos o superficies máximas.

Hay ciertas dudas respecto a las penalizaciones para el caso de superarse
las superficies máximas garantizadas. Pensamos que no deberían ser
comunitarizadas, sino establecerse para cada Estado miembro; ahí hay
ciertas dudas, que me gustaría que las pudiera aclarar. Incluso,
consideramos que cada comunidad autónoma debería asumir las
penalizaciones que le correspondan, siempre que el Estado central de
alguna manera esté en coordinación con esas comunidades autónomas en las
que se produce el arroz.

En el caso de España el cultivo del arroz ha estado sometido a un régimen
de autorización administrativa --Ley de 17 de marzo de 1945, sobre
concesión de cotos de arroz en los deltas y las zonas bajas de los ríos--
hasta que, en 1986, se suprimió este sistema y se liberalizó el cultivo,
creo que de una manera acertada. Por esta razón, las superficies de
cultivo se han mantenido básicamente estabilizadas hasta 1986,
produciéndose un incremento de las superficies a partir de entonces,
llegándose a definir de este modo el techo productivo en torno a las
105.000 hectáreas, que es lo que consideramos que debería reconocerse. De
ahí que consideremos que ese cálculo de la superficie máxima garantizada
en España debería aumentarse tomando como base las superficies cultivadas
en la campaña 1994/1995 en todo el territorio, exceptuando aquellas
comunidades autónomas que se han visto afectadas por la sequía, cuya
referencia se debería basar en campañas anteriores.

La producción de arroz en España tiene lugar en zonas húmedas de
Cataluña, Valencia y Andalucía, y en regadíos del interior, en
Extremadura, Aragón, Navarra, Murcia y Castilla-La Mancha. La singular
forma de cultivar el arroz en España --usted lo conoce bien-- se realiza
en condiciones que prácticamente imposibilitan el desarrollo de otros
cultivos; especialmente en las zonas húmedas, hace que el arroz sea la
única alternativa de producción y única fuente de ingresos.

Otra circunstancia que tenemos que tener en cuenta en España en cuanto al
cultivo del arroz es que el 70 por ciento del cultivo se realiza en zonas
de elevado interés ecológico, como el Delta del Ebro, la Albufera de
Valencia o el Coto de Doñana, representando para estas zonas una más que
notable protección de las agresiones exteriores, no siendo necesario
contribuir con limitaciones de superficie de ningún tipo a uno de los
mayores problemas de la conservación de los recursos naturales, como es
el de la erosión genética. Teniendo en cuenta que es un cultivo de
regadío, que las extensiones arroceras en España son pequeñas y que su
cultivo es la única actividad y la única fuente de ingresos en estas
explotaciones, la forma de amortizar las inversiones realizadas en la
reconversión varietal no es la de asignar a España una superficie máxima
de algo más de 89.000 hectáreas, sino que sería más provechoso y rentable
para los presupuestos comunitarios fomentar el consumo y nuestros
mercados de consumidores. Con la propuesta de esta limitación, la
Comisión, una vez más, parece no haber tenido en cuenta la especificidad
del cultivo en España y no haber dispuesto de la información necesaria y
suficiente para comprender la estructura y funcionamiento del sector que
se pretende reformar.

Por eso, respecto a los puntos que nos unen, en los que estamos seguros
que usted va a mantenerse firme, pensamos que usted puede transmitir a la
Unión Europea aquella



Página 18608



información que necesita de este sector, para que adopte una OCM que, por
el camino que va, puede ser positiva si se atan estos flecos, que, como
digo, pueden determinar una OCM positiva, no como otras, en las que no
voy a entrar, como puede ser la OCM de frutas y hortalizas, que va a ser
un buen motivo de discusión en el Pleno de esta tarde; por tanto, nos
reservamos las argumentaciones para entonces.

El segundo punto en que ha habido cierta coincidencia ha sido el Senpa.

Se debe dar ese impulso hacia la transferencia a las comunidades
autónomas y, por tanto, aquí confío en su buena voluntad de impulsar el
Senpa. Hasta aquí llega mi punto de esperanza, de coincidencia en mayor
medida.

En cuanto a los puntos cuatro y cinco, referentes a la situación del
sector agrario español y al balance de la reunión informal de ministros
de Agricultura de la Unión Europea, celebrada en Burgos, y los acuerdos
con Marruecos, la esperanza se torna preocupación, temor y, de alguna
manera, decepción, porque creo que el Gobierno español no ha peleado con
la firmeza y fuerza que todos esperábamos.

Respecto a la situación y futuro del sector agrario español, aquí se ha
comentado que es el principal problema, como usted ha comentado
recientemente, y me ha chocado mucho esa frase de la que se han hecho eco
los medios de comunicación, especialmente en Valencia, de que el
verdadero problema de la agricultura española no era Marruecos, sino la
sequía. Yo no comparto con usted esa afirmación. La sequía es una parte
muy importante de los problemas que tiene la agricultura española y la
valenciana, podría suponer el 75 por ciento, pero un 25 o un 30 por
ciento de los problemas de la agricultura española se pueden derivar de
una mala negociación o de unas fuertes concesiones a Marruecos. Por
tanto, no carguemos todo a la sequía; si la sequía es un motivo de
desgracia y de preocupación para el sector agrario español, una parte
importante de este futuro también está en juego con las concesiones que
hagamos o dejemos de hacer al Reino de Marruecos. Por eso, yo esperaba
que usted, en la reunión informal de Burgos, con su fuerza constante en
el seno de la Unión Europea, recabara de ésta ayudas para paliar los
efectos de la sequía y las adversidades climáticas, ya que se ha hablado
de más de 600.000 millones en daños. Pienso que la agricultura y el medio
ambiente --relacionado, íntimamente ligado con el sector agrícola-- están
atravesando unos graves problemas. Por tanto, yo le exigiría que esos
50.000 millones se tornaran en 100.000 y, si pudieran ser 200.000, mejor;
serían vitales para relanzar este sector. Creemos que hay una cierta
insensibilidad por parte de la Unión Europea, puesto que, como se ha
recordado por parte de muchos ciudadanos, que ven el tema de la Unión
Europea de cerca y lo siguen de cerca, ante una adversidad como la que
sufrió Holanda de inundaciones, la Unión Europea actuó con rapidez,
seriedad y mucha solvencia económica y, sin embargo, ante el exceso en
aquel momento, y aquí ante la falta de agua, no se ha visto la misma
sensibilidad por parte de la Unión Europea para ayudar a un Estado
miembro como es España. También pensamos que ante el coste elevado, como
se ha apuntado, de más de un billón y medio de pesetas del plan nacional
de regadíos, podría intentarse que la Unión Europea financiara y
contribuyera a que ese plan nacional de regadíos fuera una realidad lo
más pronto posible porque el que nuestros regadíos están un poco
anticuados es la pescadilla que se muerde la cola, y es fundamental para
optimizar nuestras explotaciones que ese plan nacional de regadíos se
realice lo más pronto posible. Esas inversiones en infraestructuras
agrarias tienen que recabarse no sólo del esfuerzo de los agricultores,
de las comunidades autónomas y del Gobierno central, sino que debe
intentarse un impulso por parte de la Unión Europea para modernizar el
campo español que es lo que todos deseamos, porque, como aquí se ha
apuntado, la renta agraria está en continuo descenso y peligra el futuro
de muchas explotaciones y el futuro de muchos agricultores. Por lo tanto,
solicitaría un poco más de esfuerzo en este terreno y que instara a la
Unión Europea a que se elaboraran unos programas especiales para la
agricultura española y en particular para el área mediterránea que se ha
visto afectada por esa sequía, por los graves incendios y por diversas
calamidades --pongámoslas en el capítulo de varios-- que están llevando a
la agricultura mediterránea a un callejón sin salida.

Estoy de acuerdo en que la PAC tiene algunos puntos que podrían ser
mejorados, y por eso soy partidario de que redimensionen algunos de los
extremos de la PAC y, en particular, exijo que usted los lleve a la Unión
Europea en aras de esta cohesión económica y social para que la
solidaridad financiera por la que todos estamos peleando sea efectiva.

El último punto en el que estoy totalmente en desacuerdo con usted, que
me llena de dudas y de temor, es el de las relaciones con el Reino de
Marruecos, porque, por un lado, en el tema pesquero, y, por otro, en el
tema agrícola, con mucha habilidad sus negociadores los han vinculado uno
con el otro, y están poniendo, como ha comentado tanto mi compañero,
señor Mardones, como otros compañeros, en entredicho el futuro del sector
agrario español.

En el acuerdo de la asociación con el Reino de Marruecos que se está
dando a conocer, denuncio cierto oscurantismo en algunos de los extremos
referidos a las excesivas concesiones, además de lo apuntado, que
suscribo íntegramente, del tomate, y la fecha en la que se va a permitir
esta liberalización o este trato de favor a Marruecos. También el tema
del cítrico puede significar para Valencia un duro revés a las
aspiraciones de la exportación de nuestros productos cítricos al conjunto
de la Unión Europea.

Creo que no podemos aceptar unos acuerdos como los propuestos, que son un
cheque en blanco a un país tercero de la Unión Europea como es Marruecos.

Además, quiero dejar encima de la mesa, para que nos dé su opinión,
aunque creo que no se va a manifestar al respecto, que veo cierta
complicidad o cierto desinterés por parte de Francia a la hora de decir
si va a defender a un país-miembro o va a defender a un país tercero por
los intereses económicos que Francia tiene en Marruecos, como todos
sabemos. Por eso, le exijo firmeza en la defensa de los intereses
agrícolas



Página 18609



españoles y que exija esta preferencia comunitaria, esta protección firme
de nuestros productos, porque creo que pueden llevarnos, como he dicho
anteriormente, a una difícil situación a diversos sectores de producción
de nuestro Estado.

Se ha comentado el veto no se sabe por qué intereses, si estrictamente
agrícolas o también industriales, por parte de Holanda, Alemania y
Bélgica, ante el temor a que sus flores o sus patatas se vean afectadas
por unas ciertas concesiones al Reino de Marruecos. Yo le pregunto qué
puede significar en el producto interior bruto de estos países que han
vetado las flores o las patatas respecto al potencial económico y social
que repercute en el PIB español, la importancia de los cítricos o del
tomate, productos hortofrutícolas que se pueden ver gravemente puestos en
peligro por este tratado de asociación con el Reino de Marruecos. Me
gustaría ver a un país de éstos si tuvieran un producto de importancia
para su economía interna tan amenazado como se pueda ver el nuestro. Es
una pregunta que dejo en el aire.

Me gustaría que se ejerciera esta firmeza, porque muchas veces uno se
dedica a copiar lo que hacen otros países socios en la Unión Europea, en
cuanto al Derecho comparado al que siempre hemos acudido, pero también es
bueno que nos comparemos con actitudes y planteamientos de países de la
Unión Europea en defensa de sus intereses nacionales, que en este caso
son intereses de la Unión porque creo que España debería defender con
toda dignidad las flores españolas y también las flores de Holanda,
porque es un país socio, pero sobre todo debería defender los tomates y
los cítricos de España porque son los tomates y los cítricos de la Unión
Europea.

Por lo tanto, yo creo que hay que ir con mucho cuidado, hay que ir con
excesivo celo, aunque sea excesivo será positivo, porque esta vinculación
ha sido una intolerable trampa de la que va a ser difícil salir porque
ellos juegan con la carta de la pesca, en la que creo que están
haciéndonos un chantaje inadmisible. Creo que no podemos ceder ante
chantajes pues las concesiones pueden desequilibrar el conjunto de la
agricultura mediterránea. Por eso, me gustaría poder decir dentro de unos
meses que mi temor ha desaparecido. Por todo ello, le exijo firmeza,
porque estoy convencido de que si usted actúa con firmeza este temor y
esta preocupación desaparecerán del Diputado que le habla y del sector
agrícola español.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor San Martín.




El señor SAN MARTIN SALA: En primer lugar, en nombre de mi Grupo, quiero
agradecer al señor Ministro sus explicaciones en unos temas tan actuales
y tan importantes para la marcha del sector agrario y pesquero en este
momento.

Por parte de nuestro Grupo, tenemos una satisfacción y una cierta
tranquilidad en la postura firme de defensa de la OCM del arroz. Hemos
visto, a través de su exposición, dónde están los problemas y la firmeza
en ellos, fundamentalmente basado en un consenso con los distintos
sectorer afectados o las distintas organizaciones, comunidades autónomas,
etcétera.

El sector del arroz, dentro de las magnitudes económicas de la
agricultura española, no tiene una gran importancia económica puesto que
puede alcanzar los 20.000 millones en valor bruto, pero lo que sí tiene
es una gran importancia para determinadas regiones concretas, pequeñas o
más grandes, como aquí se ha dicho, y de distintas comunidades autónomas.

Por eso tiene importancia para los afectados que esta negociación llegue
a buen fin defendiendo aquellos aspectos más importantes. En esos
aspectos, hay distintos niveles, y diría al Ministro que priorice a la
hora de una negociación, que es un tira y afloja, y que bueno es
conseguir el máximo, y lo óptimo sería la totalidad de la propuesta, pero
en una negociación hay que ceder en algunos aspectos, y hay unas
prioridades.

En este sentido, la primera parte, lo que se refiere a precios, creo que
tenemos una experiencia clara en el cereal, que a veces «a priori» se
hacen malos augurios de la muerte incluso de cada uno de los sectores, y
yo creo que tenemos una referencia clara de lo que ha sucedido con el
cereal, y con el arroz podía suceder lo mismo. Yo creo que si hay unas
compensaciones pueden ser suficientes para compensar otros problemas.

En este sentido, hay que sacar el máximo, no cabe duda, ésa es la
voluntad expuesta por el Ministro, pero hay otros aspectos importantes, y
me estoy refiriendo a las superficies básicas. Yo creo que ahí es donde
el Ministro debe hacer un esfuerzo fundamental para conseguir el máximo
(ojalá fueran las 104.000 hectáreas), pero yo creo que es la base
fundamental para poder mantener aquellas zonas que debido a esta
prolongada sequía están más afectadas. Se ve claramente en la estadística
de superficies cómo ha afectado fuertemente la sequía a Andalucía,
Extremadura y Castilla-La Mancha, para bajar 40.000 hectáreas, que supone
una bajada importante.

Quiero decir que ahí es donde hay que recuperar esas superficies o por lo
menos los derechos a esas superficies, y, en base a esto, podremos
mantener un sector en el que, apartir de ahí, se solucionarán los
problemas, no cabe duda, de sanciones o de penalizaciones. Y si tenemos
la suficiente superficie, no cabe duda también que muchas zonas, que no
tienen alternativa, por unas tierras salinas o húmedas o por una
tradición histórica de plantar o sembrar el arroz (solucionarán sus
problemas si mantenemos la posibilidad de la superficie básica.

Por eso, desde mi Grupo Parlamentario instamos y animamos al Ministro
para que haga un máximo esfuerzo fundamentalmente en este tema, que yo
creo que es el básico para que este sector sea próspero y llegue a buen
fin.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Méndez.




El señor MENDEZ MARTINEZ: Gracias, señor Ministro, por su comparecencia
de hoy, por el tono de su intervención y sus explicaciones, aunque mucho
me temo que, por el debate al que hemos asistido, se pone de manifiesto
que no siempre son explicaciones lo que se pide por



Página 18610



parte de algunos grupos, sino que lo que se busca es una simple
teatralidad para manifestar y escenificar prejuicios previos.

En todo caso quedarán en el «Diario de Sesiones» las cifras proféticas,
agoreras, de algún grupo que me ha precedido, y nos servirán como pauta
de comparación en el futuro para ver si esos temores formulados tan
matemáticamente se cumplen, y daremos buena cuenta de ellos. También
quedará la duda de lo que algún grupo ha venido a sugerir en esta sesión:
que vetemos el acuerdo como país, y sigamos asumiendo la situación en la
que se encuentra el sector pesquero de falta de actividad y de paro
prolongado, tanto por parte de sus tripulantes como de los puestos
inducidos en tierra.

Creo, señor Ministro, que cuando enfocamos la política pesquera solemos
olvidar algunos factores. En primer lugar, que las propias circunstancias
en las que se realiza la actividad marítima han ido cambiando
profundamente a lo largo de estos años. En segundo lugar, que los
recursos pesqueros españoles son francamente escasos para el potencial
pesquero de nuestra flota y también para nuestro consumo. En tercer
lugar, también olvidamos que los países ribereños, propietarios de los
recursos, vienen reclamando un mayor precio o una reducción de la pesca,
para explotarla ellos mismos o para proteger y evitar su esquilmación. En
ese escenario, en ese contexto, es en el que hay que entender el esfuerzo
de negociación de un acuerdo como el pesquero con Marruecos.

Por tanto, en lo que es el acercamiento que el Grupo Socialista efectúa
al escenario de negociación y al presumible acuerdo que en el futuro se
adopte, creo que deberíamos hacerlo a tres aspectos esenciales. En primer
lugar, al proceso de negociación. Aquí se ha hablado bastante en torno a
ello, incluso se ha dudado de si era una buena o mala estrategia la
incorporación del simple acuerdo pesquero con el acuerdo de asociación de
Marruecos, y yo admito dudas al respecto. En segundo lugar, aparte del
proceso de negociación, deberíamos ver los previsibles contenidos del
acuerdo pesquero, y, en tercer lugar, me gustaría hablar de las
previsibles posibilidades para administrar y gestionar correctamente esos
contenidos por parte de nuestras flotas y para aprovechar las
oportunidades que el acuerdo presumiblemente les va a ofrecer.

Respecto de lo primero, que es el proceso de negociación, debería decir
que ha sido un proceso de negociación valioso, en la medida en que las
consecuencias de la falta de acuerdo con Marruecos en estos meses han
tenido su réplica en un conjunto de ayudas de carácter público, adoptadas
tanto para tripulantes como para armadores. En este sentido, ha habido un
tratamiento realmente satisfactorio de esas ayudas, que en algún momento
incluso fueron incrementadas a la vista de la prolongación del esfuerzo
de negociación.

Por otra parte, también tengo que decir respecto del proceso que,
conociendo --como hemos conocido y ha puesto de manifiesto en su
intervención de hoy-- lo que eran las posiciones iniciales, drásticas y
duras de Marruecos en el proceso de negociación, sin duda hemos asistido
a un esfuerzo negociador complejo, importante y, a juzgar por sus
previsibles resultados, satisfactorio. Por otra parte --y sigo hablando
del proceso de negociación-- ha sido un proceso eminentemente
transparente, permitiendo una comunicación permanente entre el equipo
negociador y los representantes del sector e, incluso, de diversas
instituciones con interés en el tema. Estoy pensando esencialmente en
sindicatos, en patronal del sector, en comunidades autónomas o en
asociaciones que han ido teniendo información permanente y manifestando
sus posiciones respecto de todo el proceso, en intervenciones de carácter
público, en las que han manifestado posiciones satisfactorias respecto de
todo lo que iba sucediendo. Por tanto, insisto, han sido mayoritarias las
posiciones que, desde el sector, han manifestado una opinión positiva
respecto al esfuerzo de negociación de España y, obviamente, de la Unión
Europea. Sin embargo, no es menos cierto que también ha habido, incluso
en la propia sesión de hoy, lo que podríamos llamar soflamas patrióticas
o discursos de un cierto instinto neocolonialista o llamadas al honor
patrio y alusiones a la vergüenza nacional (Un señor Diputado del Grupo
Popular: Leña al mono.) que creo que deben estar lejos de lo que debe ser
un juicio de valor en torno a cuál ha sido el proceso.

Quisiera terminar esta reflexión respecto del proceso añadiendo que
nuestra relación Marruecos entiendo que debe trascender lo que es el
contencioso puramente pesquero y gozar de una visión de globalidad, que
es lo que se nos está ofreciendo en estos momentos, aunque ello, por otra
parte, suponga el riesgo, que hemos constatado de que emerjan visiones de
carácter particular, visiones particularistas de sectores que sin duda
vivirían plácidamente la inexistencia de un acuerdo pesquero y que lo que
ponen de manifiesto es la insolidaridad respecto de un problema grave que
tiene el conjunto de la sociedad española y el conjunto de nuestra
economía.

Respecto de los contenidos previsibles --insisto en la palabra, en la
medida en que efectivamente el acuerdo no está suscrito-- creo que
algunos olvidan que estamos ante un acuerdo con un país soberano, que
establece las condiciones en las que está dispuesto a permitir el acceso
de otras flotas a sus aguas y a sus recursos, que obviamente ha de ser
aceptable y satisfactorio para ese país, del mismo modo que también debe
serlo para nosotros, ya que un acuerdo exige una satisfacción por ambas
partes.

Este es el juicio positivo que emite nuestro Grupo, previamente a conocer
el contenido final, pero de acuerdo a lo que el señor Ministro nos ha
expuesto, en relación con los contenidos del acuerdo, que consideramos
aceptable y satisfactorio, con buenas posibilidades para el trabajo de
nuestras flotas. ¿Por qué? En primer lugar, por su duración. La duración,
sin revisión, es de cuatro años y nos permite un escenario altamente
satisfactorio para trabajar y para reordenar la actividad pesquera.

También por sus contenidos, porque hay un enorme potencial respecto de
las capacidades pesqueras que se reflejan en ese posible acuerdo.

Indudablemente por su gradualidad. Se nos va a permitir asumir un impacto
de forma escalonada. Se ha citado aquí el ejemplo de que, incluso durante
el primer año, ese escalonamiento estará al límite de sus posibilidades,



Página 18611



siendo el impacto prácticamente nulo. Asimismo, señor Ministro, por el
equilibrio de las prescripciones técnicas, cánones, tripulantes,
descargas, etcétera. Y además porque el peor coste que podríamos llegar a
pagar no sería otro que el de que no hubiera acuerdo en materia pesquera.

Por tanto, a partir de ahí nos aplicamos, en relación con el conjunto de
criterios que se han ido vertiendo en este debate, aquello de que cada
cual, sin duda, habla de la feria según le va en ella.

En tercer lugar, también me interesa referirme a las capacidades que se
abren para nuestro país en materia de cómo administrar y gestionar
finalmente el acuerdo con Marruecos. Creo que mirando un poco hacia el
futuro, que es lo que tenemos que hacer --y con un talante positivo y sin
ser agoreros ni trabar a la sociedad en un sentimiento pesimista y
victimista de nuestras posibilidades--, nuestra preocupación ha de ser
otra, ha de ser la de gestionar y administrar eficazmente el acuerdo y
todas sus posibilidades. Se ha dicho aquí que debemos adaptar el
contenido del acuerdo. Debemos inicialmente retornar del modo más breve
posible a la actividad, reorientar las flotas que resulten afectadas y
potenciar y facilitar las alternativas, y nos consta que la
Administración pesquera está trabajando en este sentido con mucha
fluidez. Debemos también impulsar lo que es el potencial de flexibilidad,
de adaptación y de polivalencia de las actividades que realizan nuestras
flotas hoy en el caladero de Marruecos, y, sin duda, y es una
preocupación social que también compartimos, anticiparnos a cualquier
efecto de carácter negativo que pudiera presentarse para los trabajadores
y prever soluciones, desarrollando medidas que puedan atender esos
problemas que puedan emerger y evitando en todo caso --eso sí-- la
posible pérdida de cualquier empleo. Asimismo, señor Ministro, debemos
usar el máximo de los recursos que los instrumentos financieros
comunitarios permiten para seguir en ese esfuerzo de permanente
adaptación, modernización y reordenación de las estructuras del sector.

Termino, señor Presidente, diciendo que, en suma, no se trata de otra
cosa que de dar pasos decididos para incrementar la integración de los
intereses españoles y marroquíes, es decir, para intentar asociar cada
vez más estrechamente nuestros intereses y hacerlos comunes y compatibles
con los de nuestro vecino, Marruecos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Roncero.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Voy a tratar de intervenir con la mayor
brevedad, agradeciendo, en primer lugar, como mis compañeros, la
presencia del señor Ministro y sus explicaciones. También voy a hacer una
breve referencia a los temas que no han sido tratados por los señores San
Martín o Méndez.

Me voy a referir al anuncio que nos ha hecho el señor Ministro, en
relación con la política del Ministerio respecto de los silos del Senpa,
de una llegada inminente de transferencia a comunidades autónomas de la
red actualmente en manos del Senpa. Creemos que es una consecuencia
lógica de un proceso que ha venido desarrollándose y que ha tenido
diferentes actividades, lo que también ha sido explicado en la
exposición, como mantenimiento y mejora de lo grandes silos de recepción
y tránsito o de los silos intermedios por una parte y, por otra parte,
arrendamiento de servicios de otra parte de la red, así como una mínima
parte que ha sido cedida (en tonelaje de almacenamiento alrededor del 3
por ciento, si no me equivoco, por las cifras manejadas), por
desafecciones, al sector privado, a ayuntamientos, o cesiones gratuitas,
etcétera. Este proceso ha llevado a una estratificación o segmentación de
esa oferta de la red y a la definición de una cierta red básica, como ha
sido expuesto. Creemos que la definición es importante en el sentido de
que tenga un carácter estratégico de cara a los mecanismos de
intervención y regulación del mercado. El resto de la red es,
efectivamente, lo marginado o residual del conjunto. Nuestro Grupo ha
entendido que se va a hacer la transferencia de ambas a las comunidades
autónomas, entendiéndose que la transferencia de la gestión de la red
básica a las comunidades autónomas estará sometida a restricciones o
condicionantes, que también han sido expuestos y parecen lógicas, en el
sentido de estar a disposición de los mecanismos de intervención por ser
de la red básica, aun siendo la gestión de las comunidades autónomas, y
ambién que cualquier modificación que se pudiera producir en esta
calificación de red básica fuera autorizada por el Ministerio de
Agricultura. Parecen restricciones relativamente lógicas y razonables
como culminación del proceso, como decíamos. Nuestro Grupo va a animar al
Ministerio al impulso definitivo de la materialización final de esos
mecanismos y cesiones con esas garantías de utilización de cara a la
intervención y también con algo que se ha dicho, que nos parece
importante, de las posibilidades de incentivación del uso por
cooperativas y entidades asociativas, que parece que está también en el
espíritu de los acuerdos que se han gestado con las comunidades
autónomas.

Respecto al Consejo Europeo informal, sobre el que se ha informado
reiteradamente en este Parlamento en la Comisión Mixta, en el propio
Pleno y hoy mismo aquí, creo que debemos retener algunos principios
generales de cara a lo que estamos hablando. Nosotros no olvidamos que
crear un fondo permanente europeo para catástrofes naturales es algo por
lo que debemos pelear, puesto que lo tenemos en nuestro programa
electoral y es un compromiso que mantenemos, pero también hay que
entender que debe estar inmerso en los condicionantes que pueden ser
favorables y los que pudiéramos llamar restrictivos de la política
comunitaria. Condicionantes favorables serían lo principios que animan la
política agraria comunitaria, de la solidaridad financiera y de la
cohesión económica y social; los condicionantes de ciertas restricciones
son la compatibilidad con el Tratado de la Unión Europea, el equilibrio
financiero y el respeto a los compromisos internacionales del Gatt y de
la Ronda de Uruguay. Por tanto, parece que no debemos renunciar al
objetivo de ese mecanismo permanente, vía fondo o vía seguros, debemos
insistir en ello y así lo está haciendo el Gobierno, pero no debemos ser
tan optimistas como para pensar que esto se consigue de una manera
inmediata en función de esos condicionantes a los



Página 18612



que me he referido. Se ha dado un primer paso, que es importante, aunque
se quiera minimizar por algunos, el del Consejo de Burgos al admitir en
sí el principio. Esas ayudas, inicialmente vía fondos estructurales
--incluso ha sido reconocido en ese Consejo informal por muchos países
miembros--, constituyen el primer paso para la consolidación de un fondo
permanente. También pueden considerarse primeros pasos la exención de
penalizaciones o la apertura de márgenes de maniobra de la política
comunitaria para eliminar o paliar pérdidas de renta. Creemos que es
positivo haber iniciado el camino; el camino está desbrozándose, es
complicado ese mecanismo permanente. Creemos que se han dado los primeros
pasos, pero no deberíamos partir del optimismo de que se consiga en un
plazo de inmediatez, como el que se ha podido manejar por algunos grupos.

Me queda alguna reflexión final, obviando algunos calificativos, que ya
han sido expuestos por algunos compañeros, sobre las posiciones
maximalistas de ciertos sectores, catastrofistas o de riesgos de muerte,
etcétera, desarrolladas a lo largo de la mañana. Creo que también
deberíamos retener algunos principios y, desde luego, desde nuestro
Grupo, como Grupo que apoya al Gobierno, retenemos el principio de la
responsabilidad de gobernar, que obliga al Gobierno a un acuerdo con
Marruecos. Es claro que la responsabilidad nos obliga a encontrar un
acuerdo, desde luego no a cualquier precio sino un acuerdo razonable.

Creemos que ahora estamos en condiciones de valorar que, en general, las
condiciones de ese proceso, que nos han sido expuestas y que conocemos,
están dentro de los márgenes de lo que podría calificarse como un acuerdo
razonable, un equilibrio razonable entre las partes, teniendo en cuenta
que hay problemas de asociación de la Unión Europea con Marruecos, que
tienen aspectos agrarios que evidentemente nos afectan, y problemas de
pesca de la Unión con Marruecos, que no es que nos afecten, sino que son
fundamentales para nuestra flota.

Creemos que es razonable, como ha sido expuesto por mi compañero
Constantino Méndez, que se hayan rebajado significativamente las
pretensiones marroquíes respecto de las iniciales y que las concesiones
en aspectos agrarios son digeribles para la agricultura española, sobre
todo en el sector que más ha sido citado a lo largo de la mañana, el del
tomate. Creo que el señor Ministro lo ha demostrado claramente, si lo
admitimos dentro de la sensatez y el sentido común, al reflejar las
cifras de la evolución de las exportaciones marroquíes a la Unión Europea
y al hablar de la garantía de su estabilización en los próximos cuatro
años y de la evolución que están teniendo las exportaciones españolas a
esa Unión Europea en esos mismos cuatro años. Por la lógica natural, esa
estabilización marroquí, aunque sea con algún aumento de su
contingentación, supone la garantía de que el incremento que va a
significar el mercado en la Unión en los próximos años va a ser cuota que
van a ganar los productores españoles de tomate. Creo que eso cae dentro
del sentido común, que no deberíamos olvidar.

Si esas concesiones son digeribles para la agricultura española, como han
demostrado los cuatro años anteriores y como lo van a demostrar los
siguientes, por nuestro incremento en cuotas de mercado, si el acuerdo
pesquero es fundamental para nuestra flota y si hemos llegado a una
situación que parece razonable si partimos de la soberanía marroquí sobre
los recursos pesqueros de un país soberano, creemos que es desde ese
punto de vista, del equilibrio razonable, desde el que hay que juzgarlo y
dejar a un lado los agorerismos y los catastrofismos, pensando con ese
sentido común, lo que creo que nos llevaría a olvidarnos de la palabra
veto, para algo que es fundamental, como decía mi compañero Constantino
Méndez al terminar su intervención: integrar los intereses españoles y
europeos en el arco mediterráneo y compatibilizar nuestros intereses con
los de los países ribereños del Mediterráneo.




El señor PRESIDENTE: Creo que el debate por parte de todos los grupos ha
sido interesante. En ese sentido, lógicamente se han introducido algunos
matices distintos de los inicialmente previstos. De todos modos, rogaría
al señor Ministro, si es posible, que antes de las tres menos cuarto
podamos terminar esta sesión, porque esta tarde tenemos reunión a las
cuatro con votaciones también.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Señor Presidente, espero no agotar siquiera el plazo que me ha concedido
y que me dé tiempo a tocar todas las preguntas o algunos comentarios que
merecen alguna respuesta.

En lo que se refiere al sector del arroz, creo que hay una muy amplia
coincidencia de posiciones en todos los grupos. Coincidimos en la
necesidad de aumentar la superficie máxima garantizada; coincidimos en la
necesidad de separar el sistema de penalización de los diferentes Estados
productores; coincidimos en rebajar el proceso de penalización para
ponerlo en sintonía con el aplicado para otras producciones; coincidimos
en cuanto al mecanismo de intervención. Quizá la única aclaración que
quería efectuar es que la posición del Gobierno es claramente contraria
al sistema propuesto de intervención preventiva, por tanto claramente a
favor del sistema de intervención tradicional. Sobre este tema, la
posición es muy firma y, además, en el ámbito comunitario es respaldada
por países no productores, que no desean un precedente en el sector del
arroz que pueda ser utilizado posteriormente en otros sectores. En fin,
creo que coincidimos en la práctica totalidad de las cuestiones, creo que
no hay diferencias perceptibles en las opiniones expresadas por todos los
grupos en lo que se refiere a la OCM.

Quiero hacerme eco de su preocupación, porque es la mía, por el hecho de
que los trabajos del Parlamento Europeo vayan con un notable retraso.

Acabo de recibir una carta del Presidente de la Comisión de Agricultura
del Parlamento Europeo en la que me dice que el ponente en cuestión tiene
mucho interés en hacer muchas consultas con los sectores afectados y que
además no entiende la urgencia que yo le había manifestado a la
Presidencia, puesto que la reforma tiene que entrar en funcionamiento el
1 de septiembre de 1996, como si reducir la incertidumbre y transmitir



Página 18613



claramente al sector cuáles van a ser las reglas de juego a partir del 1
de septiembre de 1996 no justificase la aceleración de los trabajos del
Parlamento y la emisión del dictamen favorable. Desde el respeto
institucional, por parte del Consejo no existe mecanismo ni capacidad
alguna para acelerar los trabajos del Parlamento si éste no realiza esa
labor con la diligencia que creo que requieren las necesidades del sector
agrario europeo, y en particular el sector del arroz, teniendo en cuenta
que es una reforma que pretende adaptar esta regulación a los acuerdos
del Gatt, que han supuesto una cierta reducción en la protección exterior
y la necesidad de un cambio en los sistemas de ayuda para establecer un
mecanismo de apoyo al sector compatible con las reglas del Gatt. En fin,
dejo esta cuestión sobre la mesa, pero creo que el Parlamento Europeo
tendrá que realizar una reflexión en profundidad sobre el ritmo de
desarrollo de sus trabajos y su capacidad para responder a las exigencias
y a las prioridades del sector agrario europeo.

En lo que se refiere a los silos, en primer lugar quiero aclarar al señor
Soriano que no se ha transferido todavía el Senpa en lo que se refiere a
intervención y regulación más que en el caso de Canarias; por tanto, no
se ha planteado el problema de las transferencias de silos más que en el
caso de Canarias. El Gobierno se reservó un silo para el que en estos
momentos se está estudiando el arrendamiento a una sociedad de
importadores, que yo creo que es suficientemente representativa, pero no
conozco el estado de las negociaciones y tampoco le puedo decir cuál
puede ser su resultado. En cualquier caso, quiero decir que en estos
momentos ha comenzado un proceso de negociación de encomiendas de gestión
con las comunidades autónomas en relación a las competencias de
intervención y de regulación de los mercados. Está ya muy avanzado el
proceso de transferencias del Senpa en lo que se refiere a los mecanismos
de ayuda, es decir, lo que no constituye una regulación estricta de los
mercados día a día, con la práctica totalidad de las comunidades
autónomas y en algunos casos ya se han producido las transferencias
correspondientes. Pero había una parte de las transferencias --que es a
la que se refería el Diputado señor Vidal-- relativa a lo que la
sentencia del Tribunal Constitucional consideró que era una competencia
del Estado y que el Ministerio de Agricultura ha estimado que, si no era
una transferencia delegable por ley, al menos, en una primera etapa,
podía establecerse un convenio con las comunidades autónomas responsables
de la gestión de esta competencia en el marco de un acuerdo entre las
comunidades autónomas y el Ministerio, para que se regulase esa
encomienda de gestión. Es en ese marco en el que la posición del
Ministerio es favorable a la transferencia de la totalidad de los silos,
que son instrumentos de regulación, tanto los que he comentado que
formarían parte de esa red básica como del resto. Solamente, considerando
que la regulación del mercado es una competencia del Estado, se pone una
restricción en el uso de una parte de esa red, que se define como red
básica, para garantizar que todas las comunidades autónomas mantienen una
parte (repito que es aproximadamente una cuarta parte en número de silos
y en torno a un 60 por ciento en términos de capacidad) como red básica
que garantiza que disponemos de una red pública para cumplir las
necesidades previstas en esta política de regulación. Este es el proceso,
y a partir de ahí las comunidades autónomas nos han pedido, más aquellas
que ya estaban más avanzadas en el proceso de regulación, que
paralizásemos el proceso de desafección o de acuerdos con cooperativas o
con ayuntamientos para poderlo realizar ellas una vez recibida la
transferencia. Eso es lo que ha frenado un poco el proceso para permitir
que sean las comunidades autónomas las que vayan realizando ese proceso
de puesta a disposición o bien de los propietarios que tengan derechos
por reversión, etcétera, o bien de los ayuntamientos, como consecuencia
también de procesos de reversión, o bien que puedan ser puestos a
disposición de cooperativas o de canales privados por diferentes vías,
sean subastas, arrendamientos o cesiones temporales, ésos son procesos
que tendrán que decidir las comunidades autónomas.

Al Consejo de Burgos se le ha negado toda virtualidad, yo creo que han
estado SS. SS. casi a punto de negar incluso que lloviera durante los
días del Consejo. Les puedo asegurar que, a pesar de que era un Consejo
para hablar de la sequía y de las catástrofes naturales, llovió. No han
llegado tan lejos como para negar que lloviera. Quiero destacar que un
consejo informal tiene como objetivo, como ya he comentado, realizar una
reflexión que permita poner en marcha posteriormente iniciativas por
parte de la Comisión. Yo he asistido a siete u ocho consejos informales y
éste es el único de todos del que yo he visto que se ha derivado una
decisión concreta de un Consejo de Ministros posteriormente, sin esperar
a propuestas de la Comisión, porque pueden tardar uno o dos años y los
Consejos de Ministros se han planteado temas como la política del
desarrollo rural, la relación entre la agricultura y el medio ambiente,
los problemas de incorporación de los jóvenes, etcétera, y nunca se han
derivado decisiones concretas de los consejos informales, ni siquiera
propuestas a corto plazo por parte de la Comisión, y mucho menos
decisiones inmediatas por parte de los Consejos de Ministros formales.

Por tanto, yo lo digo para mi sorpresa, porque para mí ha sido una
sorpresa, que seguramente sólo ha sido fruto de un conjunto de
coyunturas, que pudiéramos, una semana después, incluir en un compromiso
del conjunto del Consejo una reforma del reglamento que regula los
cultivos herbáceos para autorizar a la Comisión o reducir o eximir de
penalización a las zonas afectadas por sequía que tengan superación de
las superficies de base, es decir, una medida de flexibilización de la
política agrícola comunitaria tomada una semana después. Pero además
sorprende que se plantease una decisión concreta de la Comisión, para mí
todavía muy insatisfactoria, pues no se corresponde con lo que hemos
solicitado del fondo de catástrofes naturales, que tendrá que ser
trabajado durante meses --esperemos que no durante años-- para que se
materialice, pero sí se ha incluido un elemento que constituye ya un
primer paso importante, y es que los fondos estructurales, rascando de
sus reservas financieras, de las reservas financieras globales, designen
una partida de 50.000 millones de pesetas para prevenir infraestructuras
o restauración productiva



Página 18614



con motivo de catástrofes climatológicas, porque hasta ahora no había
ningún mecanismo, y quiero decirle al Diputado señor Chiquillo que cuando
se produjeron las inundaciones en Holanda no hubo ningún mecanismo de
apoyo para la prevención ni para la restauración de los daños afectados
por las inundaciones.

La Unión Europea tiene unos cientos de millones de pesetas para ayudas
humanitarias a personas afectadas por las catástrofes climatológicas
--movilizan 3 millones de ecus, 160, 300, 500 millones de pesetas--, pero
no ha habido ningún mecanismo de apoyo. Y este programa de la Comisión
supone un primer precedente sobre el que habrá que seguir trabajando
todavía durante mucho tiempo, cuanto menos mejor, para dotarnos de un
mecanismo comunitario de solidaridad financiera para atender las
catástrofes climatológicas.

Quiero decir también que en la práctica totalidad de los instrumentos que
hemos ido aprobando a lo largo de los últimos meses se han incorporado
medidas de flexibilización de la política agrícola comunitaria.

Aprovechamos un reglamento, que no viene al caso, como disculpa para
autorizar a la Comisión para anticipar las ayudas de la política agrícola
comunitaria. Para las zonas afectadas por la sequía se incorporará en el
paquete final, pero está en la propuesta de la Comisión, la consideración
de los efectos de la sequía sobre las materias primas de la industria
transformadora y estamos consiguiendo por ahora que en todas las
decisiones comunitarias se incorporen ya mecanismos de flexibilización
que tengan en cuenta los efectos de la sequía.

Yo creo que el Consejo de Burgos cumplió con su objetivo. Yo nunca dije
que el Consejo de Ministros fuese a tomar ninguna decisión. Nunca. Lo
único que dimos a conocer fue cuál era nuestra posición y nuestras
aportaciones en el debate. Siempre dijimos que se trataba de un Consejo
informal que no estaba habilitado para tomar decisiones.

Por lo que se refiere a los «transfers», quiero darle una respuesta de
carácter concreto. En las últimas decisiones, hay una decisión de venta
de 400.000 toneladas de los organismos de intervención de Alemania y
Austria, cuya subasta se va a desarrollar, de acuerdo con las
previsiones, en el mes de noviembre. Hay otra decisión de «transfer»
directo de 200.000 toneladas a los silos españoles, que está pendiente
del reglamento comunitario (100.000 de cebada y 100.000 de trigo),
teniendo el pliego de condiciones preparado por parte del Ministerio de
Agricultura para poder realizar, en cuanto se disponga de ese «transfer»,
los concursos entre los meses de noviembre y diciembre.

En la fecha del pago para el segundo 50 por ciento del anticipo de las
ayudas de la política agrícola comunitaria, no hay ningún problema
financiero. Lo único que hace falta en la gestión es que las comunidades
autónomas estén en disposición, desde el punto de vista administrativo,
de poder remitir los listados y que pueda ser objeto de financiación. No
hay ningún problema desde el punto de vista de la responsabilidad del
Ministerio de Agricultura; lo que hay es un problema de gestión por parte
de las comunidades autónomas. En la medida en que vayamos disponiendo de
esos listados se irán produciendo los pagos, teniendo en cuenta que hay
algunos, sobre todo aquellos que tienen todavía superficies de carácter
nacional y no de carácter regional, en los que las comunidades autónomas
más lentas arrastran y condicionan el pago a todas las demás, puesto que
es necesario tener el cierre del conjunto de las comunidades autónomas
para poder realizar los pagos.

Sobre las leguminosas, ya hemos transmitido a la Comisión que presente la
propuesta para su aprobación por el Consejo. Teniendo en cuenta que tiene
que ser para aplicación en esta campaña, estamos a la espera, puesto que
el Consejo no puede tomar decisiones más que sobre propuesta de la
Comisión.

Quiero hacer referencia al acuerdo de asociación y al acuerdo de pesca
con Marruecos.

En primer lugar, no comparto el criterio de que la globalización de los
dos acuerdos sea negativa para los intereses españoles. No los comparto.

Y no lo han compartido ni los grupos políticos ni los grupos afectados,
excepto los sectores directamente afectados por algunas concesiones de
carácter agrícola.

Tengo que decir también que las posiciones alemana, belga u holandesa, en
contra del acuerdo, no tienen ninguna justificación en el contenido
económico de los acuerdos; no tienen ninguna justificación en el
contenido; no la tienen, como no la tienen tampoco para nuestras
concesiones. Solamente se justifican en dos claves: una, no haber
dispuesto de tiempo suficiente para analizar la negociación realizada por
la Comisión, la queja respecto de la Comisión por no haber tenido una
información suficiente sobre el desarrollo de las negociaciones; y, dos,
como consecuencia de la escasa, cuando no nula, sensibilidad respecto de
las relaciones de la política mediterránea de la Unión Europea, en
particular de la política con Marruecos.

En concesiones más importantes que éstas, cuando se hanplanteado al
margen de todo acuerdo de pesca, con países con los que estos países
tenían una relación más importante, una relación de carácter preferente,
no han sido tan cicateros como en esta ocasión; cuando se han planteado
concesiones para países de la Europa central y oriental, en materia de
flores cortadas, por poner un ejemplo, y en otros muchos, que afectaban
muy directamente a sus mercados, no han mantenido una posición como la
que se plantean por unas concesiones en materia de flores cortadas que,
repito, no representan ni el cinco por ciento de todas las importaciones
comunitarias, en el caso de que Marruecos llegase a alcanzar el límite
máximo de las concesiones realizadas; ni el cinco por ciento de las
importaciones comunitarias. Mucho más restrictivas que las concesiones,
como he comentado, en materia de flores cortadas, que se han realizado
respecto de terceros países, ya sea de los países ACP o de los del Pacto
Andino; ni siquiera en materia de flores cortadas respecto a las
concesiones que se realizaron respecto a Israel, que exporta cuatro veces
más de lo que se oponen sobre la mesa en las concesiones a Marruecos. Y
quiero recordar que con Israel no había acuerdo pesquero por medio.

¿Qué es lo que hace que un determinado país, a la hora de hacer unas
concesiones, que representan la cuarta o la quinta parte, a Marruecos,
tenga una oposición fundamental



Página 18615



y en esas mismas concesiones con Israel no haya ningún obstáculo?
Seguramente, la diferente sensibilidad política respecto de las
concesiones a unos países o a otros. Si se plantean para Polonia, para la
República Checa, para Eslovenia, para Eslovaquia, para los países del
Báltico o para Israel, todo son facilidades. Aunque sean muchísimo más
importantes en términos económicos y en términos de incidencia para sus
propios sectores, si se plantean para otros países del sur del
Mediterráneo, y en particular para Marruecos, todo son dificultades.

Desde nuestro punto de vista, ¿qué es lo que hay que analizar? Yo pienso
que hay que analizarlo todo globalmente. Podemos optar por subirnos al
carro de todas y cada una de las reivindicaciones de carácter sectorial,
pero tenemos unas relaciones globales con el conjunto del sur del
Mediterráneo y, en particular, con Marruecos, que tenemos que analizar
globalmente. Si esa evaluación global es netamente positiva y, además,
compatible con la defensa de los sectores más sensibles, sin ninguna duda
nos corresponde el papel, dentro de la Unión Europea, de ser abanderados
de la política mediterránea de la Unión Europea. Ese es el papel que nos
está tocando.

Hay que tener en cuenta que, en materia pesquera, hasta el final del
verano las posiciones de Marruecos representaban una reducción de más del
50 por ciento en la totalidad de las posibilidades pesqueras en tres años
y estamos hablando de un acuerdo que va a representar una reducción, al
final del proceso respecto a lo que ha sido la utilización del acuerdo
--luego podremos comentar algunos otros temas--, de en torno al 23 por
ciento en cuatro años; un cuarto año que todas las comunidades autónomas,
incluida la suya y con su presidente a la cabeza, han valorado
extraordinariamente positivo, estando dispuestos a realizar un esfuerzo
importante en reducción adicional a cambio de conseguir ese cuarto año
sin revisión a medio recorrido. Porque para el sector era muy importante.

El sector cefalopodero, que es el sector para el que el ajuste en esos
cuatro años es mayor, sabía que este cuarto año iba a ser difícil, y
tenía que ser en un nuevo acuerdo. Si el acuerdo era a tres años, el
primer año del próximo acuerdo iba a ser un cuarto año muy difícil. Por
tanto, valoran positivamente el cuarto año. Indudablemente, están
preocupados por el esfuerzo que se realice para recolocar la flota. Pero
si tenemos un éxito razonable en la recolocación de esa flota, yo creo
que incluso para esta pesquería, que es la más afectada, el resultado
puede ser razonablemente positivo. Y tenemos que ser capaces de decir a
la opinión pública que España exporta más a Marruecos de lo que importa,
en todos los productos; tenemos que ser capaces, repito, de decir a la
opinión pública que España exporta más productos agrarios a Marruecos de
los que importa; el doble. Por tanto, a ver si somos capaces de ser
transparentes y francos con la opinión pública y decirles que,
efectivamente, hay algunos sectores que pueden reaccionar porque ven su
posición relativa ligeramente perjudicada, veremos cuánto. Lo que está
claro es que somos un país que tiene unas relaciones comerciales y
agrarias con Marruecos que tienen el saldo y el potencial que tienen,
además de tener un interés sin duda político global en el desarrollo
económico de Marruecos, que contribuye a nuestra propia seguridad y a
nuestro propio desarrollo económico.

Yo soy de los que están firmemente convencidos de que si Marruecos fuera
un país políticamente estable y políticamente en proceso de desarrollo
como Portugal, nuestra economía se beneficiaría aún más de ello. Tenemos
que ser capaces de tener la visión de apostar por un desarrollo económico
que va a contribuir a nuestro propio desarrollo y a nuestra propia
estabilidad.

No voy a entrar en la guerra de cifras, tiempo habrá, respecto a unos
datos del Ministerio de Agricultura, que desconozco. Lo que sí quiero
decirle es que sacar ahora las declaraciones de los debates pesqueros de
1978 y de 1981 me parece un poco anacrónico e inoportuno, seguramente
fuera de lugar, tan fuera de lugar como cuando se sacan los pecados
políticos de juventud de sus líderes. Han pasado muchos años y estas
cosas no tienen mucho sentido. Pero ya que saca algunos de esos debates,
le voy a leer algunos comentarios de las posiciones de los responsables
del grupo del gobierno o del ministerio correspondiente en aquellos
debates, que son ilustrativos de aquella etapa. (El señor Soriano Benítez
de Lugo: Yo estuve allí.)
En uno de aquellos debates, el portavoz de la mayoría del Gobierno dice:
Dos ejemplos recientes, muy recientes, para mejor ilustración de esta
Cámara: con Canadá han suscrito acuerdos de pesca prácticamente todos los
países que pescaban en aquella área; España, por supuesto, ya que nadie
puede ignorar que nuestra presencia en aquellas aguas se remonta a
cientos de años cuando cántabros, gallegos y portugueses fueron pioneros
de las pesquerías del bacalao. Estamos hablando de uno de esos debates
del año 1978. Resultados hasta el momento: cuota para 1976, 153.00
toneladas; cuota para 1977, 32.000 toneladas; cuota para 1978, 20.000
toneladas. No se trata de una discriminación con España, ya que análoga
suerte están corriendo los demás. (El señor Soriano Benítez de Lugo:
Ahora cero.) El mismo caso se da en nuestras pesquerías en los mares
comunitarios. Las costeras cántabras de anchoas en el Golfo de Vizcaya,
las pesquerías de vascos, santanderinos, asturianos y gallegos en el mar
céltico y en el banco rocal, cuentan igualmente con una gran tradición.

Señorías, nuestras capturas habituales han pasado de 210.000 toneladas a
unas 30.000 toneladas. En Noruega, donde la presencia de la flota
bacaladera vasca es antigua, la suerte es la misma; de una cuota de 7.000
toneladas, en 1976, mantenida en 1977, han bajado este año a 2.000
toneladas. Ya se ha notificado oficialmente a España que los buques
pesqueros extranjeros abandonen definitivamente el caladero en 1980.

Desde la República Argentina ya se nos ha comunicado la prohibición para
pescar con pabellón extranjero completamente.

Respecto al debate sobre Marruecos, voy a leer otras palabras del
Ministro de Agricultura de la época, don Jaime Lamo, que también son muy
significativas y que pronunció para defender el acuerdo de 1981. Dice:
Este protocolo va a salir de una dinámica de acuerdos de tres meses, para
entrar en una dinámica de acuerdos al menos por un año. Eso lo saben SS.

SS., puesto que hemos estado en relación con Marruecos cerca de cinco
años y medio sin



Página 18616



acuerdo. Ese es el debate al que se referían esas palabras, el debate
pesquero que se produjo entre 1978 y 1981, cuando hubo reducciones muy
importantes, sobre las que ahora no quiero hacer balance. Comento el tema
porque a él se ha referido S. S. Pero quiero poner de manifiesto que el
contexto histórico en el que se desarrolla la negociación pesquera en
cada época tiene su propia particularidad y en aquellos años, como
consecuencia del proceso de ampliación a las 200 millas, nos echaron de
la práctica totalidad de los caladeros y no creo que se puedan mencionar
aquellas negociaciones como precedente de nada.

De los temas agrícolas, quiero hacer algunas puntualizaciones. En primer
lugar, creo que ha habido, tanto en las negociaciones pesqueras como en
las agrícolas, una notable transparencia, no total, lo reconozco, las
negociaciones requieren un cierto grado de confidencialidad para poder
llevarse a cabo, confidencialidad que todavía debe respetarse en lo que
se refiere a la situación de las negociaciones actuales por el hecho de
que estamos hablando sobre acuerdos que no se han cerrado, que todavía
son objeto de discusión. Cualquier cosa que digamos en este momento puede
incidir, de una forma o de otra, en el desarrollo de las negociaciones.

Y es cierto que cuando hemos empezado a comentar los datos de las
exportaciones de tomate, el sector dice que las cantidades no tienen
importancia. Hasta ahora se había hecho una concesión brutal en materia
de cuotas de tomate, pero cuando hemos publicado a todo el mundo cuál ha
sido la evolución en cantidades de nuestras exportaciones, cuál ha sido
la evolución de las exportaciones de Marruecos durante los últimos años y
la que se establece para los próximos cuatro años, entonces las
cantidades ya no son importantes; nos daría igual 15.000, 20.000 ó 25.000
Ahora el problema es el calendario. Esto es opinable y lo dejo así. Lo
que está claro es que el sector hasta ahora siempre se ha quejado de que
las concesiones se realizaban en el calendario estrictamente español.

Somos prácticamente el único productor entre los meses de noviembre y
marzo, las concesiones siempre se realizaban en este calendario y el
sector --hasta ahora-- siempre había dicho que ya estaba bien de que
todas las concesiones se realizaran en el calendario en el que somos los
únicos oferentes con Marruecos y que no estaría de más que la carga se
repartiese con los demás productores. ¿Por qué? Porque en el mes de abril
nosotros no exportamos el 15 por ciento de las cantidades
comercializadas; sólo el 7,5. Las cifras de las que yo dispongo, espero
que sean medianamente oficiales, nos dan una exportación, en abril de
1995, de 43.700 toneladas, para unas 60.000 de Francia, 36.900 de Holanda
y, sin embargo, tienen en el mes de marzo una presencia mucho menor. Las
43.700 toneladas de exportación de abril españolas respecto de una cifra
que seguramente va a superar las 700.000 cuando cerremos 1995 nos da una
cifra que no va a llegar seguramente al siete por ciento. Esas son
nuestras exportaciones de abril.

Es cierto que se puede hablar en términos de si el precio es importante;
eso se puede discutir; pero lo que es cierto es que hasta ahora el sector
siempre había pedido que se repartiese la carga de las concesiones con el
resto de los productores comunitarios ampliando el calendario y solamente
cuando se ha ampliado el calendario se dice: no, ahora no me viene bien y
casi prefiero que me lo concentren entre los meses de octubre y marzo.

¿Cuál es el razonamiento anterior? Era, dada una demanda comunitaria,
cada tonelada marroquí en el mes de marzo o anteriores sustituye a una
tonelada española y en el mes de abril puede sustituir a una tonelada
española o a una tonelada holandesa, o belga, o francesa. Y en un momento
en que nuestra presencia tiene una importancia relativa menor. En
cualquier caso, admito que ése es un elemento discutible, si ampliar o no
el calendario es lo mejor para los intereses de nuestro sector. Quiero
decirles también que en el mes de abril no había, hasta ahora, ninguna
concesión en materia de precio de entrada y, sin embargo, Marruecos
exportó 5.700 toneladas. Lo que quiere decir que, en cualquier caso,
estamos hablando de pasar de 5.700, que exportó sin ninguna concesión, a
un límite de 10.000 toneladas con una reducción del precio de entrada
hasta 750 ecus por tonelada. Estamos hablando de una concesión de 4.300
en el mes de abril en el mejor de los casos. Repito que éste es un tema
discutible.

Lo que está claro es que, en un mercado comunitario de trece millones de
toneladas, las tres o cuatro mil toneladas de las que estamos hablando no
tienen ninguna capacidad para desequilibrar el mercado comunitario.

Ninguna. Es más, a todos los que dicen que se intercambian tomates por
pescado, el valor de esas concesiones agrícolas no representan ni
siquiera las capturas de un cefalopodero. Coloquemos las cosas en su
justa proporción.

Por lo que se refiere a las naranjas, quiero aclarar al señor Ramírez,
cuando dice que el contingente aumenta en un tres por ciento, que el
contingente para el período para el que se realiza la concesión, que en
la propuesta actual es desde octubre hasta abril, es inamovible. Lo que
puede aumentar es el contingente arancelario, que era de 216.000 y ahora
se rebaja a 150.000 más un tres por ciento. Es cierto que era un
contingente que no se utilizaba en su totalidad; por tanto, esa concesión
no es ninguna novedad; al contrario, es menor que en la situación
existente hasta ahora, porque, además, la protección, como usted sabe, de
entidades es el precio de entrada y no la arancelaria.

Se ha hablado también de los cítricos y a mí me cuesta creer cuál es la
amenaza para el sector cítrico, teniendo en cuenta que las exportaciones
se limitan en términos cuantitativos a la media de los tres últimos años,
lo que quiere decir que, en el mejor de los casos, se han eliminado los
picos en la exportación, porque, si es una media, lo que está claro es
que se elimina el riesgo de que un año se produzca una entrada
particularmente elevada que pueda desequilibrar el mercado. Además, en la
medida en que se renuncia al crecimiento en los años siguientes, me
cuesta ver cuál es la amenaza para el sector de cítricos español derivada
de estas concesiones.

En el tema de las sardinas también se puede realizar la valoración. Hay
una parte del sector que realiza una valoración muy pesimista y otra que
la realiza más ponderada. Lo que está claro es que la competencia que ha
supuesto las concesiones en los últimos años se ha visto muy matizada por
el hecho de que el segmento del mercado en el



Página 18617



que se han situado nuestras conservas de sardina apuesta por la calidad y
no por la competencia en precios.

La protección arancelaria en ninguno de los casos representa una
protección suficiente para compensar, por el menor coste de
transformación que tiene la mano de obra marroquí. Por tanto, en la
estrategia de competitividad de nuestro sector no es relevante la
concesión arancelaria en materia de sardinas.

Quiero decir también que en el acuerdo hasta 1992 ha tenido un
contingente de 17.500 toneladas Marruecos, con arancel cero, y un
contingente que ha ido bajando hasta el 6 por ciento, ilimitado en
cantidad; nunca, en los últimos años, han llegado a las 20.000 toneladas
y, por tanto, difícilmente se puede pensar que esta reducción del 6 por
ciento hasta el cero va a generar un efecto que no se ha producido hasta
el año 1988 con ese contingente de arancel cero de 17.500 toneladas, y
que no se ha producido desde entonces con ese arancel del 6 por ciento.

En definitiva, estamos hablando de un acuerdo que, en términos pesqueros,
representa una notable estabilidad para una parte muy importante de
nuestra flota; la posibilidad de realizar un ajuste y una recolocación no
traumática de esta flota. Tendremos que empezar a trabajar. Como he
tenido oportunidad de decir hace unos días, hemos trabajado ya muy
intensamente para recolocar la pesquería que se ve afectada el primer
año, que es la del cefalópodo, y espero que con resultados positivos.

Tenemos un poco más de tiempo para realizar esa programación del ajuste y
de la recolocación del resto de las pesquerías afectadas, que algunas no
lo son, para que este proceso se realice con carácter no traumático y
para el que indudablemente también requeriremos fondos comunitarios,
además de la solidaridad nacional.

Muchas gracias. (El señor Ramírez González pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Señor Ramírez, dígame para qué
solicita la palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Es para que al menos figuren en el «Diario de
Sesiones» unas cantidades.

Según el sector exportador, señor Ministro, en los siete primeros meses
de la zafra de 1994 a 1995 se habían exportado --redondeo-- 465.000
toneladas; el mes de abril se habían exportado 57.000 toneladas. No
coinciden con sus datos. Por tanto, que figure en el «Diario de Sesiones»
que los datos del sector no son los que ha manejado el señor Ministro.

Segundo, señor Presidente, la valoración que el señor Ministro intenta
devaluar de las clementinas. Señor Ministro, usted dice que no tiene
importancia que 110.000 toneladas de clementinas entren con una rebaja
del precio de 719 ecus tonelada a 500 ecus tonelada. Usted no lo valora
como importante. El Grupo Popular sí que lo valora. (El señor Fernández
de Mesa Díaz del Río pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Señor Fernández de Mesa, dígame
por qué quiere usted la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, yo quiero
aclarar un par de cuestiones, ya que el señor Ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación no se ha atenido a los datos que se barajan.




El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Si es usted capaz de hacerlo en
medio minuto, tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: En medio minuto.

Gracias, señor Presidente.

Señor Ministro, en varias ocasiones y en varios debates yo le he oído
decir a usted que el Gobierno autonómico, en concreto el gallego,
respalda las tesis del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
me he callado por auténtico sonrojo, por no tener que tomar una posición
de si alguien miente o no. Pero en este momento le voy a pedir que no me
haga tomar partido por si usted dice la verdad o si dicen la verdad las
declaraciones que hace el Consejero de Pesca de la Xunta de Galicia el
día 6 de noviembre, en las que dice que el Gobierno nos chantajea y que
cree que Francia no habría consentido estar seis meses con la flota
paralizada: y más abajo hace un resumen de lo que considera el acuerdo
pesquero,
Yo le ruego que lea estas manifestaciones y que no vuelva a decir, sin
documentos y sin pruebas en la mano, que el Gobierno gallego dice algo
contrario a lo que nosotros decimos aquí y que pueda favorecer lo que
dice el Ministro.

En cuanto a lo que me ha dicho, señor Ministro, sobre Canadá, del año
1978, yo puedo decirle, con toda tranquilidad, que la pesquería del
fletán se descubre entre 500 y 2.000 metros de profundidad en el año
1991, con fuertes inversiones por parte de los armadores españoles. Por
tanto, no haga referencias inoportunas, como ha hecho a la del señor Lamo
de Espinosa en el año 1978, cuando había acuerdos pesqueros cada tres
meses y se pensaba llegar a uno al año precisamente para que no estuviera
paralizada la flota pesquera española como lo ha estado ahora durante un
período de siete meses.

Señor Presidente, los datos que he manejado pertenecen al informe estudio
comparativo del Acuerdo de pesca entre la Unión Europea y Marruecos,
exactamente, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. No son
datos agoreros, son datos de estos días de la Secretaría General de Pesca
Marítima.

En el momento en que el señor Ministro conozca estos datos, podremos
verlos o no.

Termino diciendo que las frases y posiciones maximalistas,
catastrofistas, agoreras o todo lo que se ha querido decir, me imagino
que se referirán a las que he citado de los señores Marín y Guerra, del
«Diario de Sesiones» del año 1981, porque lo que he puesto encima de la
mesa ha sido exclusivamente la valoración de los datos de que dispongo de
la Secretaría General de Pesca Marítima y los datos del año 1981.




El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Por un cuarto de minuto, tiene
la palabra el señor Soriano.




Página 18618



El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: El señor Ministro no me ha indicado la
situación de los silos que están desocupados con qué personal cuentan y
qué se va a hacer con ellos. Tampoco me ha indicado los crieterios que se
van a seguir a la hora de transferir el personal de los silos a las
comunidades autónomas, distinguiendo entre personal laboral y
funcionario.




El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): También por un cuarto de minuto,
tiene la palabra señor Méndez.




El señor MENDEZ MARTINEZ: En este arrebato puntualizador, hago mías las
manifestaciones atribuidas al señor Ministro sobre la posición del
Gobierno de la Xunta de Galicia respecto al proceso negociador. Estoy
dispuesto a defenderlas, puntualizarlas y demostrarlas cuando se me pida
por parte de mi colega, el representante del Partido Popular.




El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Señor Andreu, no le puedo negar
un turno de réplica. Tiene S. S. la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Ha dicho que hay una reducción del 23 por ciento
sobre las unidades reales de pesca, pero debería decir también que sobre
las posibilidades reales de pesca hay una reducción del 53 por ciento. No
estamos en desacuerdo con que se globalicen los asuntos; estamos en
desacuerdo en cómo se están globalizando. También quisiera manifestar que
el asunto nos parece demasiado serio como para que hagan ustedes juegos
florales tirándose uno a otro las demagogias que hicieron en tiempos
pretéritos. No es esto lo que están esperando de un debate como éste ni
los pescadores ni los agricultores.




El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Señor Ministro, puede hacer uso
de un breve turno de réplica a estas últimas puntualizaciones.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
En cuanto a la transferencia de los silos, el criterio del Ministerio es
transferirlos con sus medios humanos, sean funcionarios o laborales, sin
ningún tipo de diferenciación. Pero eso se discute con las comunidades
autónomas, en el seno de las comisiones mixtas correspondientes.

Sobre el uso de los silos, vamos a dejar que las comunidades autónomas
tengan una amplia disponibilidad respecto de su destino, con la excepción
de lo que hemos venido a considerar al red básica, que es en la que
consideramos que hay que hacer las inversiones de puesta al día,
modernización y mantenimiento.

Los comentarios del Ministro de Agricultura sobre la pesca son para
valorar que estamos hablando de un acuerdo a cuatro años. Entonces se
estaba en una situación de provisionalidad total, con acuerdos a tres
meses porque aspiraban a conseguir la estabilidad de doce meses, con
paradas importantes por parte de la flota en el proceso negociador.

Sobre el tema de las posiciones de la Xunta de Galicia, me van a permitir
que no haga un debate sobre los comentarios en privado y los comentarios
en público.




El señor VICEPRESIDENTE (Vidal i Sardó): Muchas gracias, señor Ministro,
por su comparecencia.

Se levanta la sesión.




Eran las tres y cinco minutos de la tarde.