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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 596, de 19/10/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 596
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 49
celebrada el jueves, 19 de octubre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia (Saavedra
Acevedo), para explicar las medidas que garanticen el cumplimiento del
artículo 22 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte. A solicitud
del Grupo Popular. (Número de expediente 213/000681). (Página 18148)
Comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia (Saavedra
Acevedo), para informar sobre las medidas a adoptar para que la tardía
fecha de cobro de las becas por gran parte de sus beneficiarios no
obstaculice el logro de los objetivos que las justifican. A solicitud del
Grupo Popular. (Número de expediente 213/000688). (Página 18154)
Preguntas:
--Del señor Ollero Tassara (Grupo Popular), sobre medidas que piensa
adoptar el Ministerio de Educación y Ciencia para garantizar la
efectividad de la exención de tasas universitarias que la legislación
vigente prevé para los funcionarios de su propio Ministerio. (Número de
expediente 181/001628). (Página 18160)
--Del señor Ollero Tassara (Grupo Popular), sobre reformas
institucionales previstas por el Ministerio de Educación y Ciencia en lo
relativo a órganos de Gobierno universitario. (Número de expediente
181/001629). (Página 18162)
--Del señor Ollero Tassara (Grupo Popular), sobre medidas que piensa
adoptar el Gobierno para evitar que la proliferación de los distritos
únicos, o la tolerancia hacia presuntos «distritos blindados», fomente el
cantonalismo universitario. (Número de expediente 181/001630). (Página 18163)
--Del señor Ollero Tassara (Grupo Popular), sobre razones que justifican
el desfase de plazas ofertadas en las universidades españolas dentro del
distrito compartido. (Número de expediente 181/001631). (Página 18166)
--Del señor Ollero Tassara (Grupo Popular), sobre porcentajes con que
piensa el Gobierno ir ampliando el distrito compartido en cada uno de los
próximos cinco años. (Número de expediente 181/001632). (Página 18167)
Se abre la sesión a la una y treinta minutos de la tarde.
--COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACION (SAAVEDRA ACEVEDO) PARA
EXPLICAR LAS MEDIDAS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 22 DE LA
LEY 10/1990, DE 15 DE OCTUBRE, DEL DEPORTE. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 213/000681.)
El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión, que inicialmente estaba
convocada para las 16 horas de esta tarde, sin embargo, puesto que el
Pleno ha concluido a una hora prudencial, la Presidencia ha pensado que
podíamos abordar algún punto del orden del día en una sesión de la
mañana, de forma que a las cuatro de la tarde podamos continuar. Propongo
a SS. SS. una modificación, por tanto, del orden del día, que sería la
siguiente: ahora, antes de hacer una interrupción para comer, se
producirá la comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia para
explicar las medidas que garanticen el cumplimiento del artículo 22 de la
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, comparecencia que ha sido
solicitada por el Grupo Popular. Después de la interrupción necesaria
para comer, continuaríamos a las cuatro de la tarde con la segunda
comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia para informar
sobre las medidas a adoptar para que la tardía fecha de cobro de las
becas no obstaculice el logro de los objetivos que las justifican, que
también ha sido solicitada por el Grupo Popular. Y hacia las cinco y
media, se formularán las cinco preguntas del señor Ollero y que el
ministerio ha considerado que deben ser contestadas por el señor
Secretario de Estado de Universidades e Investigación. ¿Están de acuerdo
SS. SS. y el señor Ministro con la propuesta de modificación del orden
del día? (Asentimiento.)
Muchas gracias, señor Ministro, por su presencia aquí, y muchas gracias
por aceptar esta modificación del orden del día, que supone interrumpir
en dos partes las comparecencias previstas para hoy. Comenzamos, por
tanto, la comparecencia para explicar las medidas que garanticen el
cumplimiento del artículo 22 de la Ley 10/1990, del Deporte, solicitada
por el Grupo Popular. ¿El señor Carreño quiere intervenir antes que el
señor Ministro, o prefiere que el señor Ministro intervenga directamente?
Ya sabe S. S. que si considera que la cuestión está suficientemente
explícita en el texto remitido al ministerio, empezaría el señor Ministro
la intervención. Si S. S. quiere hacer alguna precisión, tiene la
palabra.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MIRABONA: El texto de la comparecencia dice:
«para que explique las medidas para garantizar el cumplimiento del
artículo 22 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte». El texto
de la petición de comparecencia, decía, aparte de un preámbulo: «Por
ello, solicitamos la comparecencia del Ministro de Educación y Ciencia,
para que explique medidas adoptadas y a adoptar por el Gobierno para
garantizar el cumplimiento del artículo 22 de la Ley 10/1990, del
Deporte.» Es casi igual, pero es ligeramente distinto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro de Educación y
Ciencia, para que explique las medidas adoptadas y a adoptar en
cumplimiento de la Ley del Deporte.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Señorías, el
artículo 22 de la Ley 10/1990, del Deporte, contiene algunas de las
especificaciones más notables de las sociedades anónimas deportivas
respecto del régimen general común de las sociedades anónimas, en
particular, quiénes pueden ser accionistas. En el marco de este régimen
común, la regla general es la de la inexistencia de restricciones o de
limitaciones para la suscripción de las acciones representativas del
capital social. Sin embargo, la Ley del Deporte establece unas
limitaciones características, subjetivas y objetivas, que deben reunir
los que deseen suscribir las acciones de las sociedades anónimas
deportivas, lo que limita el grupo de personas físicas o jurídicas que
puedan suscribir. Por supuesto, las mencionadas limitaciones juegan a
favor del interés deportivo, lo que justifica precisamente tal
especifidad. El artículo 22.1 distingue, en primer lugar, entre personas
físicas y personas jurídicas. En cuanto a personas físicas, sólo podrán
ser accionistas de las sociedades anónimas deportivas las personas
físicas de nacionalidad española; únicamente
los ciudadanos españoles, pues, pueden adquirir acciones de tales
entidades. Se trata, en principio, de una limitación a la libre
circulación de capitales y a la toma de participaciones por extranjeros
para que las sociedades anónimas deportivas españolas no puedan acabar,
de modo alguno, controladas por extranjeros. Se han aducido para ellos
razones de prestigio, de tradición, vinculación con provincias o
comunidades autónomas y hasta de España como nación. En lo que respecta a
las personas jurídicas, la principal limitación se refiere a las
sociedades españolas en cuyo capital la participación extranjera no
sobrepase el 25 por ciento. El Real Decreto 1084/91, sobre Sociedades
Anónimas Deportivas, modificado posteriormente en el año 1995 por el Real
Decreto 449, clarifica lo establecido en el artículo 22 de la mencionada
ley, al definir los términos de unidad de decisión y de vínculos
personales, todo ello como elemento limitador en la posesión de acciones
en las sociedades anónimas deportivas y cuyo tenor literal dice lo
siguiente: Ninguno de los accionistas de una sociedad anónima deportiva
podrá poseer acciones en proporción superior al 1 por ciento del capital
de forma simultánea en dos o más sociedades anónimas deportivas que
participen en la misma competición. Para calcular el límite previsto en
el párrafo anterior, se computarán las acciones poseídas directamente por
el titular y las que lo sean por otra u otras personas o entidades que
constituyan con aquél una unidad de decisión. A los efectos de esta
disposición, se considera que existe unidad de decisión cuando la
naturaleza de los vínculos que relacionan al titular con otras personas o
entidades se deduzca, razonablemente, que las decisiones puedan tomarse o
se tomen en común. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que los
vínculos personales, entre otros, se entienden referidos al cónyuge o
persona a quien se halle ligado por análoga relación de convivencia
afectiva, ascendientes y descendientes por cuarto grado de consanguinidad
o segundo de afinidad. Igualmente se entiende que el vínculo entre
entidades existirá cuando una de ellas posea, al menos, una participación
del 20 por ciento en el capital social de la otra entidad, incluyendo la
autocartera. Hasta aquí, el apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto
1084/91. El citado precepto establece, asimismo, determinadas
limitaciones y las correspondientes sanciones ante supuestas infracciones
de las mismas. Pero existen igualmente importantes limitaciones
objetivas. No ocultamos la importancia que concedemos a estas
limitaciones. En efecto, el apartado 3 del mismo artículo 22 contiene una
nueva limitación referente sólo a personas físicas que están insertas en
una relación de dependencia con una sociedad anónima deportiva, sea esta
relación de cualquier índole y en idéntico porcentaje que en la situación
anterior. Parece entenderse que tal relación de dependencia deba ser
remunerada para que sea significativa, así como que deba de reunir
algunas características como la permanencia y la regularidad que permita
hablar, aunque en un sentido amplio y no estrictamente jurídico, de
relación de dependencia. En cualquier caso, estas y otras cuestiones de
configuración de tal relación deberán ser objeto de prueba y la fijación
de su alcance corresponderá, en última instancia, a los órganos
jurisdiccionales.
Permítanme, finalmente, una breve referencia a las sanciones previstas
para las infracciones de las limitaciones establecidas. Siento que esta
comparecencia casi sea pura exégesis, propia de una clase de Derecho
Administrativo deportivo sobre las normas, porque no sé, hasta que
intervenga el solicitante, la preocupación que tiene en relación con esta
materia. El artículo 22 no se limita a establecer restricciones a la hora
de acceder a la condición de accionistas de la sociedad anónima
deportiva, sino que consagra, al tiempo, las sanciones que lleva
aparejada una conducta infractora de dichas restricciones. Los apartados
4 y siguientes del artículo contienen una serie de mecanismos
sancionadores para dichas conductas, que se centran, fundamentalmente, en
la obligación para el accionista de enajenar todas las acciones que
superen los porcentajes limitativos establecidos que configuran las
situaciones anómalas, así como limitaciones al ejercicio de los derechos
políticos.
Sin entrar en el análisis técnico de los distintos supuestos de
infracción y sus individualizadas sanciones, es de destacar que la más
contundente de todas ellas y que engloba todos los supuestos consiste en
privar de sus derechos políticos a los accionistas incursos en la
infracción. Textualmente: «Las Juntas Generales de Accionistas no
reconocerán el ejercicio de los derechos políticos a quienes adquieran
acciones de la misma incumpliendo lo previsto en el presente artículo.
«La razón cuadra a la perfección con la razón de fondo que anima todas
las restricciones analizadas, que no es otra que evitar que intereses
espúreos y extradeportivos adulteren la competición. La Ley del Deporte,
por tanto, establece las restricciones nacidas del llamado interés
deportivo y los mecanismos encaminados al mantenimiento del juego limpio
y a la pureza de la competición, sin permitir que ninguna otra norma que
emane de las sociedades anónimas deportivas establezca limitaciones a la
libre transmisibilidad de las acciones. Así, el artículo 23 de la Ley del
Deporte, necesariamente engarzado con lo anterior, establece la
obligación, a cargo de la sociedad anónima deportiva, de poner en
conocimiento de la Liga Profesional todos los actos o negocios jurídicos
de los accionistas que redunden, directa o indirectamente, en una
alteración en la titularidad de las acciones de éstos. Ello es lógico si
tenemos en cuenta que a la Liga Profesional le competen tareas de tutela,
control y supervisión en este terreno, ya que, en definitiva, a ella le
incumbe organizar sus propias competiciones --artículo 41.4 de la Ley del
Deporte--, como así fue reconocido mayoritariamente por esta Cámara en el
proceso legislativo de elaboración de la Ley del Deporte. Dicho esto, no
quiero decir que sea la Liga Profesional correspondiente la única o
última responsable de la adopción de posibles medidas dirigidas a
garantizar el cumplimiento del esquema legislativo previsto para el
desarrollo armónico de la competición profesional. Las ligas
profesionales, en la medida en que se insertan en el seno de las
Federaciones Deportivas españolas, son objeto de la especial coordinación
y tutela que la Ley del Deporte encomienda ejercer al Consejo Superior de
Deportes sobre tales entidades. Una hipotética adulteración de la
competición profesional habilitaría al Consejo Superior de
Deportes, a través incluso de la Liga Profesional, a adoptar las medidas
tendentes a restablecer el buen orden competicional, pudiendo activar, en
caso necesario y siempre extremo, el sistema disciplinario deportivo
establecido en la Ley del Deporte. No obstante, y en virtud de las
funciones de tutela y coordinación sobre las entidades deportivas que la
propia Ley encomienda ejercer al Consejo Superior de Deportes, y teniendo
en cuenta asimismo las facultades de control e inspección que este
organismo ostenta como parte integrante de la Administración General del
Estado, todas aquellas conductas de las que se tenga constancia y que
vayan encaminadas a alterar, de alguna forma, el buen orden competicional
podrán ser objeto de corrección o, en su caso, sanción, tomando al efecto
las medidas que el ordenamiento jurídico prevé, tendentes a garantizar el
cumplimiento del esquema legislativo previsto para el desarrollo armónico
de la competición. Dicho lo cual, este Ministerio no tiene ningún
inconveniente en tomar todas las medidas de desarrollo e, incluso, hacer
modificaciones en las mismas en función de las necesidades objetivas que
se pongan de manifiesto en esta Cámara y sean aceptadas por la misma,
ante posibles situaciones de disfunción o discordancia de los preceptos
legales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MIRABONA: En primer lugar, quiero darle las
gracias, señor Ministro, por su adaptabilidad al horario, que nos ha
permitido hacer celebrar esa comparecencia en la mañana.
Ha respondido, en parte, a mi pregunta. ¿Qué medidas ha adoptado hasta
este momento? Evidentemente, ninguna; al menos, ha considerado que no ha
necesitado adoptar ninguna. Señor Ministro, todos le recordamos el
espectáculo folclórico-deportivo de este verano, desde el 31 de julio y
durante gran parte del mes de agosto. Todos sabemos que si hay que darle
un calificativo a la Ley del Deporte es el de «intervencionista».
Prometía ser la panacea para resolver el déficit del fútbol profesional,
que, por cierto, aceptó la ley con la importante contrapartida del
saneamiento de las deudas. Muchas son las remisiones de la Ley a su
desarrollo reglamentario, el cual, si bien está incompleto en algunos
aspectos fundamentales --en esta Comisión hemos aprobado recientemente el
recordatorio al Gobierno de algunos de ellos--, en otros ha sido generoso
en demasía. Se han aprobado ya dos reales decretos sobre federaciones
deportivas españolas y, a pesar de ello, el Grupo Socialista ha
presentado una tercera propuesta para un nuevo decreto, que yo le llamo
el anti-decreto anti-Porta; es contrario a aquel decreto que, en su
momento, se llamó decreto anti-Porta. Y ahora, frente a aquella ruptura
de la continuidad que propugnaba dicho decreto, pretende lo contrario,
precisamente al cumplirse doce años, es decir, tres mandatos federativos
coincidentes con cuatro legislaturas socialistas. Nosotros entonces y
siempre, y por tanto ahora, hemos dicho que las federaciones deben ser
las responsables de organizar, complementadas por sus ligas, sus
estructuras y sus órganos directivos, que los elijan dichos órganos y
preparen dichas estructuras conforme a sus estatutos y a los deseos
mayoritarios de sus asociados, y nunca según un mandato o un imperativo
legal desde la Administración Central, desde el Gobierno o desde la ley.
No ha sido menos generoso el Gobierno en el número de decretos sobre las
sociedades anónimas deportivas. Sin embargo, nuestro grupo ha planteado
una modificación del mismo. ¿Por qué? Porque tanto el primer real decreto
de 1991 como el reciente de 1995 son incompletos, y el de abril de 1995
nada menos que carece de cobertura legal en la Ley del Deporte. No lo
afirmo yo, sino que lo afirma el dictamen del Consejo de Estado sobre el
proyecto de dicho real decreto. No puede exigirse estar al día en los
pagos a Hacienda, y se ha aireado por responsables de la Administración
deportiva española que sí se iba a exigir eso. No puede --y está plasmado
en el decreto-- exigirse estar al día en los pagos a la Seguridad Social,
no puede exigirse un estudio de viabilidad económica a las sociedades
anónimas deportivas y, por tanto, como consecuencia de su incumplimiento
al 31 de julio, no puede eliminárselas de la competición por estas
razones extradeportivas. Tampoco tiene cobertura legal, y sigue
diciéndolo el Consejo de Estado, señor Ministro, el que las ligas se
habiliten para recabar información sobre los clubes a la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad
Social. Podrían --y continúa el dictamen del Consejo de Estado--
establecerse aquellas exigencias en el marco de un convenio de
saneamiento por cada club con la Liga Profesional. Pero estos convenios
particulares suscritos en 1992 y 1991 por la Liga de Fútbol Profesional
con los clubes y sociedades anónimas deportivas dicen: El club se obliga
a estar al corriente de pago de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social debiendo justificarlo ante la Liga Profesional, antes
del 31 de julio de cada año. Pero ¿sabe, señor Ministro, cuál es la
consideración de sanción por su incumplimiento? Frente a aquello que dice
el decreto que usted ha comentado, frente a lo que dice y ratifica en
contra del borrador de decreto, en su momento, plasmado luego en texto
definitivo, el Consejo de Estado dice: primero, se considera falta grave,
y segundo, podrán imponerse las sanciones siguientes: multa de hasta 25
millones de pesetas, pérdida de los derechos del asociado durante un
período de uno a 6 meses o/y, no lo aclara, inhabilitación del consejo de
administración, administradores o junta directiva por un período de 3 a
12 meses. Eso es lo que dicen los convenios particulares, nunca expulsar
de la competición a un club o a una sociedad anónima deportiva. Con todos
estos decretos, pregunto: ¿Qué hizo el Consejo Superior de Deportes, o
qué ha hecho y está a tiempo de hacer, cuando pública y notoriamente
apareció como único propietario del Marbella, sociedad anónima deportiva,
el señor Petrovic, lo que incumple claramente el artículo 22.1 del Real
Decreto repetidamente citado? ¿Y qué hizo o está haciendo cuando en los
medios de comunicación aparece una cadena de televisión privada en
gestiones, a través de personas físicas y jurídicas, con el Mallorca,
Sevilla, Figueras, Racing, Sporting, Valencia, unas ya hechas realidad y
otras aplazadas o fallidas? Está claro que sus objetivos no son, a través
de la participación
directa o indirecta en más de un 1 por ciento del capital, modificar los
resultados deportivos, objetivo que parece ser, y lo ha ratificado el
señor Ministro, pretendía evitar el Gobierno con aquellas limitaciones.
Se pretende claramente el control de la audiencia del fútbol en
televisión y la obtención de los mejores resultados empresariales. Sé que
la Liga Profesional, lo ha citado el señor Ministro, tiene labores de
supervisión sobre las sociedades anónimas deportivas, pero su presidente
ha afirmado que ellos no son policías de nadie. Naturalmente, menos van a
ser policías de ellos mismos, que son los componentes de la Liga de
Fútbol Profesional. Además, así como a las federaciones se les dan por
delegación funciones de carácter administrativo, no ocurre así con las
ligas: su supervisión y control se limita, llamando limitación a lo que
tienen, a listas de accionistas, compatibilidad de accionistas,
auditorías. En todo caso, la vigilancia del cumplimiento de la Ley del
Deporte y dentro de ella de su artículo 22 y, ligado a él, el 23 es
responsabilidad de la administración deportiva y del ministro responsable
de dicha administración. Por ello le digo, señor Ministro --y recojo la
sugerencia que ha hecho, no de denuncia de casos, he expuesto alguno
público y notorio, han sido públicos y notorios--, que es mejor que
modifique lo que ha perdido actualidad legal --la libertad de circulación
de capitales permite, sin limitación porcentual, ser accionistas a los
ciudadanos, personas físicas o jurídicas, de los países de la Unión
Europea, por poner un ejemplo-- y suprima lo que no puede cumplirse y
aquello cuyo cumplimiento no puede vigilarse y que, además, no impide la
concentración de esa decisión única que ha citado y garantizar la pureza
de la competición.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir antes de que lo haga
de nuevo el señor Ministro? (Pausa.) El señor Martín del Burgo, por el
Grupo Socialista, tiene la palabra.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señor Presidente, querría hacer unas
consideraciones previas al portavoz del Grupo Popular, para decirle la
valoración que hacemos...
El señor PRESIDENTE: Señor Martín del Burgo, en todo caso, le ruego...
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: He sido aludido, con relación a una
proposición no de ley que ha redactado el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: En la medida de lo posible, le rogaría, ya que
estamos en una comparecencia del Ministro, que no se establezca un debate
entre los diferentes grupos.
Se trata, en principio, de debatir con el señor Ministro.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: No pretendo entrar en controversia con
el portavoz del Grupo Popular, pero como he sido citado en relación con
algunas iniciativas parlamentarias, creo que estoy en el ejercicio de ese
derecho.
Desde mi Grupo, entendemos que no podemos conceder mayor valor a las
filtraciones en prensa que a los textos legales en sí. Los textos legales
dicen lo que dicen, y la interpretación que se puede hacer, en algunos
casos de forma abusiva, en determinadas formas o por determinados
procedimientos es cosa muy distinta. La actualización, señor Carreño, de
las normas jurídicas que regulan la vida social y económica en nuestro
país se corresponden con la propia evolución, en este caso del fenómeno
deportivo; es decir, el Grupo Parlamentario Socialista o el Gobierno
Socialista nunca redactaron un decreto anti-nada ni anti-nadie. La
proposición no de ley que hemos redactado para eliminar las limitaciones,
el mandato ininterrumpido de los presidentes de las federaciones
deportivas españolas se hace en este caso para favorecer precisamente la
democracia, el origen y el autogobierno de las propias federaciones, pero
no es un decreto que haya ido ni que vaya contra nadie en concreto, al
contrario.
Y entrando en la materia de la comparecencia, que es lo que nos
corresponde, como ponente que fui, al igual que el señor Carreño, señor
Ministro, de la Ley del Deporte, quiero manifestar que desde mi
perspectiva, la legislación deportiva española vigente antepone el
interés deportivo frente a cualquier posible manipulación espuria de la
competición, como muy bien decía el señor Ministro. Por ejemplo, en
cuanto al trámite parlamentario, el Grupo Parlamentario Socialista fijó
posición respecto de la conveniencia de tipificar esta nueva figura
jurídico-societaria y mercantil-deportiva para los clubes que operasen en
la competición profesional bajo la fórmula de sociedad anónima deportiva,
y pusimos de relieve sus singularidades y peculiaridades frente al
régimen general. Decíamos en aquel momento y mantenemos hoy que habría
una remisión genérica a la Ley de Sociedades Anónimas, pero también que
no obstante estas concordancias, había cinco especificidades, tres en
concreto en consonancia con el objeto de la comparecencia del señor
Ministro: una fijar un capital mínimo que garantice la solvencia del
club; dos, establecer limitaciones en la transmisión de acciones para
impedir la posible manipulación de la competición; y tres, la protección
del pequeño accionista.
Posición de los grupos parlamentarios: la polémica, a nuestro juicio,
llegó muy decantada, afortunadamente, al ámbito parlamentario, a la sede
parlamentaria, en favor de la sociedad anónima deportiva. La aceptación
en lo sustancial, y digo bien, en lo sustancial, de esta fórmula
organizativa fue, prácticamente, general. El debate quedo constreñido a
aspectos parciales y a matizaciones de mayor o menor trascendencia, sin
que se presentara una alternativa radicalmente distinta, y enfatizo,
radicalmente distinta, al modelo de sociedad anónima deportiva.
Suscriptores del capital en la sociedad anónima deportiva y sus
garantías. Las limitaciones juegan, a nuestro juicio, en la Ley del
Deporte y en su desarrollo reglamentario en favor del interés deportivo y
en contra de actuaciones extra y antideportivas de interés concreto que
pudieran alterar el resultado de la competición por motivos de interés
particular o ánimo lucrativo. Se garantiza, a nuestro juicio, que, en la
línea de preservar el fair play en el terreno de
juego, se pudiera trasladar este buen hacer también al campo del diseño
jurídico que vertebra, a nuestro juicio correctamente, la Ley del Deporte
del año 1990.
Limitaciones: las objetivas y las subjetivas que ha indicado el señor
Ministro y en las que me voy a permitir ahondar en abundamiento y en
apoyo de las mismas. Existen, a nuestro juicio, y son bastante nítidas,
bastante explícitas y con un mandato ejecutivo absolutamente
irreversible. Así, en el artículo 22.2 se establece que no se podrá
poseer acciones en proporción superior al 1 por ciento del capital en dos
o más sociedades anónimas deportivas que participen en la misma
competición; el 22.3 habla de la misma limitación para personas físicas
con relación de dependencia con sociedad anónima deportiva; de similar
tenor, la disposición adicional novena, apartado 1, segundo párrafo y la
disposición transitoria tercera, apartado 3, del Real Decreto de
Sociedades Anónimas Deportivas se refieren a aquellos clubes deportivos
que opten por la adscripción de su equipo profesional a una SAT de nueva
creación y que no podrán ser titulares de más del 10 por ciento de sus
acciones.
Sanciones para las infracciones de estas limitaciones: la obligación de
enajenar el exceso de límite legal de acciones; que sólo pudieran ejercer
el derecho al voto en la entidad por la que se haya optado mantener la
mayoría de acciones, y debe comunicarse a la Liga y a los clubes
afectados; tercero, que las juntas generales de accionistas de la SAT
tienen capacidad para no reconocer el ejercicio de los derechos políticos
a sus accionistas si incumplen las limitaciones de participación, según
el artículo 22.5 de la Ley del Deporte.
¿A quién corresponde la vigilancia? A nuestro juicio está muy bien
explicitado: a las ligas profesionales, a las juntas generales de
accionistas. ¿En qué sentido? ¿De qué tenor? ¿Qué funciones? Las de
control, las de supervisión y las de tutela en el proceso. Y también,
cómo no, al Consejo Superior de Deportes e incluso también a través de la
propia Liga Profesional; al Consejo Superior de Deportes, a la
administración deportiva podría competer adoptar medidas tendentes a
establecer el buen orden de la competición, pudiendo activar, en caso
imprescindible, el sistema disciplinario deportivo establecido en la Ley
del Deporte, ¿por qué? Por mor de la Ley del Deporte y en paralelismo con
otras disposiciones legales de nuestro ordenamiento jurídico, el Consejo
Superior de Deportes como parte integrante de la Administración del
Estado puede ejercer funciones de control e inspección de conductas sobre
las que se tenga constancia --y hay que repetir: constancia-- de su
vocación distorsionadora de la competición deportiva, y cabe también
incluso la instancia de corrección y la sanción, para concluir, señor
Presidente, señor Ministro, que garantizar el cumplimiento de lo previsto
en el artículo 22 de la Ley 10/1990 del Deporte corresponde y comprende a
los actores, a las entidades, a los clubes y a sus accionistas, a las
juntas directivas, a las ligas y, en su caso, a la administración
deportiva del Estado en última instancia. A nuestro juicio cualquier otra
interpretación en la aplicación y vigilancia de lo previsto en el
artículo 22 de la Ley del Deporte sobre sociedades anónimas deportivas
correspondería en el final de la instancia a los órganos
jurisdiccionales. Por tanto, entendemos que hay garantías suficientes
para no poner en el mismo plano la sospecha vertida en algún medio de
comunicación respecto de la realidad contenida con garantías jurídicas
suficientes en la Ley del Deporte y en los decretos correspondientes que
dan vida a las sociedades anónimas deportivas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro para responder a
las cuestiones planteadas por los dos grupos intervinientes.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Señor
Presidente, yo soy muy flexible y yo venía a contestar una comparecencia
sobre el cumplimiento del artículo 22, como es obvio, pero como soy
flexible, voy a contestar a otras cuestiones que ha planteado el
representante del Grupo Popular, porque entre el artículo 22 y los
requisitos para ser accionistas de la sociedad anónima deportiva y la
referencia al espectáculo del pasado verano, como así lo ha calificado el
señor Diputado, hay una notable distancia. Y lo que me ha sorprendido aún
más es oír por parte de un Diputado que un sector aceptó la Ley del
Deporte a cambio de compensación de deudas. Realmente, nunca he oído nada
similar en un miembro de un Poder Legislativo que ha participado en el
proceso de elaboración, de discusión y de aprobación de esa ley. Ni
tampoco aquí es cuestión de venir a hablar de si hay decreto o no hay
decreto anti-Porta; se trata de una proposición no de ley, si no he
entendido mal, y cuando se acuerde, si así lo estima esta Cámara, el
Ministerio adoptará la disposición reglamentaria que corresponda.
La modificación en el Decreto del 1991 por el Decreto de 1995, que hace
relación al tema fundamental tratado por el señor Diputado del Grupo
Popular, es claro que remite a la Federación y a la Liga en la solución
de los problemas que surjan en su aplicación. No olvidemos que se ha
insistido y ya se ha aclarado que esa modificación del año 95 fue
consensuada con la Federación y con la Liga Profesional de Fútbol; en
consecuencia, eso tiene mucha más importancia que lo que manifieste un
determinado presidente de que no quiere hacer de policía en la aplicación
de una norma, que ha sido --repito-- consultada y consensuada con las
partes interesadas.
En cuanto a qué hizo el Consejo Superior de Deportes en relación con el
señor Petrovic como propietario del Marbella o --que era lo que yo
pensaba que venía a plantear-- en cuanto a la referencia a algún canal
privado de televisión que esté realizando esfuerzos por adquirir
participación en varias sociedades deportivas, --si ése es el tema que le
preocupa, lo explicitará claramente para saber qué respuesta le damos--,
se trata, tanto en un caso como en otro, como ha señalado muy bien el
portavoz del Grupo Socialista, de un tema de Derecho privado, y el
Derecho privado tiene los mecanismos suficientes y tiene la jurisdicción
adecuada y competente para dar respuesta a los posibles abusos o a los
incumplimientos de las normas que puedan realizar determinados
accionistas. He hecho referencia en la intervención a que cualquier
cambio en la estructura
de la composición societaria dará lugar a las iniciativas
correspondientes por parte del resto de los accionistas. En definitiva,
no parece que haya en estos momentos necesidad de que ninguna nueva norma
reglamentaria que aclare o interprete el artículo 22, que era el objeto
de la comparecencia, y no la modificación del Decreto del año 1995. Si
quisiera que fuese ése el objetivo de esta comparecencia, no veo la razón
por la que se ha ocultado, porque --insisto-- aquí yo no vengo de
adivino, sino que vengo a responder sobre la solicitud que se me ha
formulado en relación con el desarrollo del artículo 22.
Quiero, finalmente, agradecer al portavoz del Grupo Socialista la
valoración que ha hecho de la Ley del Deporte, que comparto, y todo lo
que en ella se contiene en relación, con la regulación, con la
introducción de la sociedad anónima deportiva y con el establecimiento de
un orden más equilibrado, más justo, más transparente en el
funcionamiento del fútbol, de las competiciones profesionales, del
deporte profesional en nuestro país, que ha hecho que determinados grupos
que transitaban por ahí como Pedro por su casa hayan entrado en unos
carriles de disciplina, de estado de derecho incluso, y eso es algo que,
al margen de la valoración que se tenga de la ley, debería reconocer el
representante del Grupo Popular.
Nada más. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Muchas gracias, señor Ministro, por
su primera y segunda flexibilidad, la del horario y la de ampliar la
respuesta. Es evidente que en la comparecencia he aprovechado, primero,
para exponer algunas consideraciones nuestras sobre la Ley del Deporte y
sobre los decretos de sociedades anónimas deportivas, que ya van dos, ya
van dos decretos y ahora falta un tercero, y, en ese sentido, nuestro
Grupo ha planteado la modificación del decreto de sociedades anónimas
deportivas, ya lo tenemos planteado ante esta Cámara, no sólo del
artículo 22 sino también del 23 de la Ley del Deporte; citábamos el
artículo 22 pero, como consecuencia del 22, viene implícito el 23,
evidentemente.
Yo he dicho y quiero repetirlo y recalcarlo para que quede nota
taquigráfica nada más que esto: el fútbol profesional, qué aceptó la ley
con la importante contrapartida del saneamiento de las desudas. He dicho
única y exclusivamente esto, no he dicho nada más. Segundo, creo que es
importante el dictamen del Consejo de Estado, que el señor Ministro no ha
comentado porque no lo conoce lógicamente --es posterior a su acceso al
Ministerio--, pero es importante analizarlo desde algún punto de vista, y
verá, señor Ministro, cómo en el Decreto de abril de 1995 se exigen unas
cosas muy distintas de lo que decía que tenía cobertura legal el
mencionado dictamen del Consejo de Estado. Y no es sólo lo de Petrovic;
es Ilic. He propuesto y repito la sugerencia de que es preciso modificar
el artículo 22 de la Ley del Deporte y modificar el desarrollo de los
artículos 22 y 23 en los correspondientes decretos, por lo que antes he
comentado, a lo que tampoco me ha respondido, de la prohibición de que
personas físicas o jurídicas de la Unión Europea tengan libertad, hasta
el cien por cien, de ser accionistas de una sociedad anónima deportiva.
Segundo, si no puede cumplirse la vigilancia --no ya de la Liga
Profesional, pues ha aceptado que también es obligación del órgano de la
Administración en último caso ejercer el control--, por tanto, si no
puede vigilar el tema del 1 por ciento directa o indirectamente,
evidentemente, como consecuencia de una ampliación de la red comercial de
una empresa que, de forma comercial-económica, pueda controlar cinco o
seis sociedades anónimas deportivas, por ahí puede modificarse la pureza
de la competición deportiva, que todos estamos de acuerdo en que fue un
principio básico que persiguió el Consejo Superior de Deportes y el
Gobierno en la Ley del Deporte y en los decretos, pero al establecer esos
derechos del Consejo Superior de Deportes y de la Administración central,
también ha asumido unos deberes que no puede desarrollar, no ha
desarrollado, que pido que desarrolle o que se modifiquen.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Ministro quiere añadir algo?
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): En relación
con esta última parte de la intervención del señor Carreño, me gustaría
conocer cuáles son los criterios del Grupo Popular, porque únicamente
manifiesta una inquietud ante cosas que se leen, que se escuchan, pero no
hay, que sepamos, ningún plan premeditado por parte de un canal privado
de televisión al respecto o en línea que está manifestando, y si queremos
anticiparnos a un posible riesgo, parece que tenemos que concretar algo
más por parte de todos dónde ven esos riesgos, porque, de momento, no
podemos estar declarando la guerra a cualquier iniciativa de comprar
acciones que se produzcan dentro de la legalidad vigente por parte de
cualquier particular.
Y en relación con otras consideraciones que hizo con anterioridad sobre
el conflicto de los pasados meses de julio y agosto, debo decirle que
cualquiera de las partes que hubiese considerado inadecuada la solución o
cualquier club que considerase que no es correcto exigir estar al día en
el pago de la Seguridad Social o de la Hacienda u otras obligaciones
tendría que haber hecho uso de las acciones que le corresponden en un
Estado de derecho ante los tribunales competentes, que son los tribunales
civiles u ordinarios.
El señor PRESIDENTE: Señorías, concluida esta comparecencia y de acuerdo
con lo que antes se ha establecido, vamos a suspender la sesión hasta las
cuatro y media para que todos podamos comer.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
--COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (SAAVEDRA ACEVEDO),
PARA INFORMAR SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA QUE LA TARDIA FECHA DE
COBRO DE LAS BECAS POR GRAN PARTE DE SUS BENEFICIARIOS NO OBSTACULICE EL
LOGRO DE LOS OBJETIVOS QUE LAS JUSTIFICAN. A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR.
(Número de expediente 213/000688.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Reanudamos la sesión con la
comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia para informar
sobre las medidas a adoptar para que la tardía fecha de cobro de las
becas por gran parte de sus beneficiarios no obstaculice el logro de los
objetivos que las justifican. La comparecencia ha sido solicitada por
parte del Grupo Popular. ¿Considera el Sr. Ollero que ya está
suficientemente explícita la cuestión o quiere hacer un turno breve?
El señor OLLERO TASSARA: Prescindiré de hacerlo por razones de economía
procesal.
El señor PRESIDENTE: Entonces, tiene la palabra el señor Ministro para
informar sobre las medidas a adoptar para que la tardía fecha de cobro de
las becas por gran parte de sus beneficiarios no obstaculice el logro de
los objetivos que las justifican.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Señor
Presidente, señorías, en el curso 1994-1995 se ha producido un notable
incremento en el número de solicitudes de becas en relación con años
anteriores, alcanzando un 12 por ciento de aumento respecto al anterior
curso 1993-1994. En consecuencia, dicho aumento prolongó la tramitación
de la campaña de becas, pero no afectó de la misma manera a las fases de
presentación de solicitudes. Mientras en la fase A, mes de junio, para
quienes hayan aprobado en ese mes, en el procedimiento se ha producido un
aumento de sólo un 9 por ciento aproximadamente, respecto del curso
anterior, en la fase B mes de septiembre, el incremento superó el 13 por
ciento. Esto es debido, en parte, a que los nuevos planes de estudios
hacen que un número elevado de universidades matricule a sus alumnos sólo
en el mes de septiembre, suprimiendo de esta forma la primera fase del
procedimiento. A esto se une que en el supuesto de planes de estudios
estructurados en créditos con matrícula cuatrimestral, tal como queda
recogido en el artículo 30.1b) 8, de la Orden de 15 de junio de 1995, por
la que se convocan becas y ayudas al estudio de carácter general para el
curso académico 1995-1996, el alumno puede obtener beca cuando se
matricula en un cuatrimestre del 50 por ciento de los créditos
establecidos para tener derecho a beca, pero deberá completar la
matrícula en el siguiente cuatrimestre, lo que exige una posterior
verificación de su expediente académico, que alarga, inevitablemente, la
tramitación de su solicitud de beca.
A todas estas circunstancias, que retrasan la presentación de la
solicitud de beca, se une que su proceso de tramitación es muy minucioso,
ya que, además de verificar los requisitos académicos, se estudian no
sólo los niveles de renta sino también los niveles patrimoniales y, a
continuación, se procede a un nuevo estudio con el fin de interrelacionar
estos distintos indicadores económicos para hacer posible, de esta
manera, una evaluación completa de la situación económica de la familia.
Se trata, así, de garantizar que las becas se concedan a quien realmente
lo necesite, evitando posibles fraudes en las solicitudes.
Por otro lado, es imprescindible subrayar lo siguiente. En las
informaciones aparecidas en los distintos medios de comunicación, con
datos ofrecidos por el Diputado señor Ollero, se tomaba como referencia
el día 15 de mayo para comparar los porcentajes de becas pagadas del
curso 1993-1994 con los del curso 1994-1995. Sin llegar a dar datos
falsos, es clara la utilización que se hace de éstos, ya que esta fecha
es precisamente la más desfavorable que se podía tomar para el Ministerio
de Educación y Ciencia, debido a que precisamente el día 16 de mayo (el
día siguiente) de 1995, se pagaron las becas de 110.180 beneficiarios de
los 228.366 que estaban pendientes del curso 1994-1995. Y el día 29 de
mayo de ese mismo año se abonaron 73.066 becas más. En consecuencia,
parece clara la intención de ocultar estos datos, ya que, de
considerarlos, los porcentajes que se mencionaron en los medios de
comunicación habrían variado sensiblemente y serían muy similares a los
del año anterior en esa misma fecha. Además, es conveniente tener en
cuenta algunos datos generales que no aparecen en esas informaciones,
como que la cuantía media percibida por cada becario, excluyendo las
tasas académicas, aumentó del curso 1993-1994 al curso 1994-1995 de
81.790 a 84.170 pesetas. Asimismo, el número de becarios creció en 13.200
personas en este último año académico.
Pero hablando de las medidas concretas para remediar, para paliar los
retrasos mencionados, con el fin de agilizar la tramitación de la
convocatoria de becas, dado el gran aumento en el número de las
solicitudes que desde el año 1988-1989 ha experimentado un incremento de
casi un 35 por ciento se ha adoptado un procedimiento de concesión de
becas con renovación dentro del mismo ciclo académico. Este sistema
supone que los alumnos no tienen que justificar nuevamente su situación
económica al solicitar la renovación de la beca, con lo que se consigue
acortar notablemente su tramitación para estos supuestos. Entre otras
medidas adoptadas con anterioridad para ayudar en todo lo posible a los
becarios en los gastos que hayan de efectuar al principio de curso, se
encuentra la exención del pago de las tasas académicas en el caso de
estudios universitarios, ya que al presentar la solicitud de beca todos
los solicitantes pueden realizar la matrícula sin el previo pago de los
precios por servicios académicos, que sólo tendrían que abonar en el caso
de que, a la resolución de su expediente, su beca sea denegada; es decir,
han disfrutado de dicha exención desde el inicio del curso, y para gran
parte de los beneficiarios de las ayudas al estudio éste es el componente
más importante de su beca.
A todo esto se suma que se ha incluido una modificación normativa muy
importante en el proyecto de ley de
medidas fiscales, administrativas y de orden social para los presupuestos
de 1996, a fin de que los pagos de las becas se efectúen por el
procedimiento de «a justificar», tratando así de anticipar la percepción
de las becas por parte de los alumnos beneficiarios de las mismas, ya que
dicho procedimiento permitirá una mayor agilidad en los pagos,
adelantándose éstos en unos dos meses aproximadamente.
Por último, es preciso añadir que se encuentra en estudio la inclusión de
una obligación de la Administración en un proyecto de real decreto que se
está confeccionando para la regulación del sistema de becas, con el fin
de que ésta realice los trámites necesarios para que el importe de las
becas y ayudas figure en la cuenta del beneficiario en un plazo
precursivo.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, no sé si el Ministro sabrá que
no es la primera vez que el Grupo Popular trae este problema a esta
Comisión. Por aquí han ido desfilando diversos ministros, porque como
sabe se ha movido mucho el banquillo en los últimos tiempos, y a todos
ellos hemos ido planteando estas mismas cuestiones.
El señor Ministro parece insinuar que los datos que este Diputado había
transmitido a la opinión pública estaban ligeramente sesgados; de todas
maneras, entiendo que lo considera una falta venial, porque él mismo
incurre en ella con gran soltura, ya que si el señor Ministro me quiere
decir que para discutir el problema del retraso en el pago de becas
debemos situarnos en mayo, la verdad es que estoy por decir «sálvese
quien pueda». No sé si el señor Ministro sabe que el curso empieza en
septiembre para unos alumnos, y en octubre para otros. Si todo el
problema que usted tiene es si yo doy cifras del 15 o del 16 de mayo,
¡pues aviados estamos! O sea, que parece que tampoco usted, a la hora de
buscar puntos de referencia, anda muy fino hoy. Pero ya he dicho que
tampoco le da mayor importancia, por tanto, me considero objeto de su
indulgencia, repito esa primera observación.
Vamos ahora a poner otro punto de referencia, y quede ya de antemano
claro que como tengo aquí los datos, le reto a que me dé la fecha de
referencia que quiera; eso puede incluso hacerlo aleatoriamente, si
quiere podemos sortearlo. Me dice usted un día y un mes y vemos cómo
están las becas en los últimos siete años. Por ejemplo, 31 de octubre, no
sé qué le parecerá a usted esta fecha; al señor Solana le pareció muy
bien. El señor Solana, que fue uno de los que ha venido a hablar de este
asunto aquí, dijo que el 31 de octubre deberían haber cobrado todos los
de la fase A. ¿Pues sabe usted cuántos becarios de la fase A han cobrado
el 31 de octubre en los últimos siete años, y no le hablo de éste porque
me podría aplicar estos incrementos de solicitudes? Estamos hablando aquí
de un viejo problema de absoluta falta de gestión del ministerio
socialista, ocupado por diversos titulares, y que demuestra cuál es la
prioridad que concede ese Ministerio al problema de las becas, al igual
que nuestro Grupo, demuestra el interés por este particular viniendo a
dar la lata con este asunto una y otra vez. Pues, señor Ministro, le
ilustro con el dato: el 31 de octubre de los últimos siete años no había
cobrado ni un solo becario su beca, lo cual tiene una razón, además, muy
fácil, porque dice usted: hemos puesto una medida que es renovación por
ciclo. Claro que sí, y si ustedes leen los «Diarios de Sesiones» de esta
Comisión verá que fue el Grupo Popular el que lo propuso, y hubo algún
ministro que no tuvo inconveniente en aceptar la sugerencia, creo que fue
el señor Pérez Rubalcaba, que es de los ministros más dialogantes que
hemos podido disfrutar. Bien, ¿pero de qué sirve que haya renovación de
becas por ciclos si el primer libramiento, o sea entrega de dinero por
parte del Tesoro al Ministerio de Educación y Ciencia, se produce el 22
de noviembre? ¿De qué sirve que a alguien se le haya permitido renovar la
beca por ciclos? Como usted muy bien ha explicado, eso le evita tener que
presentar papeles, bien, se le ha evitado tener que presentar papeles, se
le ha permitido renovar por ciclos, y a partir de ese momento se le ha
dado una silla para que espere sentado a que se produzca el primer
libramiento. Es algo ininteligible, o sea, el Gobierno socialista no da
una peseta para becas antes del 22 de noviembre porque no quiere.
Explíquemelo, porque eso no tiene nada que ver ni con incremento de
solicitudes ni con trámites ni con nada; es decir, hay algún porcentaje
de becarios que por haber pedido la beca por ciclos no ha presentado ni
un papel y simplemente es víctima de la torpeza de gestión del
Ministerio; por tanto, ahí hay ya un primer problema que salta claramente
a la vista.
Por eso yo le preguntaría hoy, que estamos a 19 de octubre (aún quedan 12
días para el plazo máximo), cuántos becarios han podido cobrar. ¿Se ha
realizado ya algún libramiento este año? Porque no parece muy excesivo
que ya se hubieran realizado; a lo mejor me puede dar, incluso, la cifra
de cuántos son los becarios que por haberlo hecho por ciclos no han
movido un papel este año, por qué no se ha librado el dinero para esos
becarios. Esta es una pregunta que nuestro Grupo plantea y que, en el
fondo, nos da una pista de por dónde van estas cuestiones. El Defensor
del Pueblo, mientras, en su último informe, dice que en la actualidad
todavía sucede que transcurran cuatro o más meses desde que es notificada
la concesión de la beca hasta que ésta esté ingresada en su cuenta
corriente. Me parece muy bien esa posibilidad que acaba de vislumbrar de
comprometerse, por una norma explícita, a producir esos ingresos en fecha
determinada; de todas maneras, no se ha comprometido usted mucho. ¿Por
qué no nos dice en qué fecha va a ser?, ¿en qué fecha se va a comprometer
a que tengan en su cuenta corriente el dinero los becarios de la fase A,
en qué fecha los becarios de la fase B y en qué fecha los becarios
cuatrimestrales, del segundo cuatrimestre? Podría decírnoslo, por lo
menos como orientación.
Nosotros hemos insistido aquí en una cuestión. No ignoramos que el
trámite de las becas es complicado. Ahora, reconózcame que la
Administración debe estar al servicio del ciudadano y no viceversa; sobre
todo si se están haciendo las becas por ciclos con mucha más razón habría
que ir a fórmulas en las cuales, llegadas determinadas fechas,
el becario cobre, y si luego se observa alguna irregularidad, devuelve.
Yo he pedido datos de devoluciones, los conocerá usted, y, si no, se los
pueden dar igual que a mí; ahí verá que el número de devoluciones es
escaso, incluso en los últimos años ha ido bajando; sólo un año hubo un
pico debido a un error informático achacable al Ministerio. Habría que
invertir, en ese sentido, la carga onerosa de un señor que no puede
cobrar sin culpa de él. Por tanto, si el problema es un problema de
agilidad en la Administración, que él cobre, y el porcentaje de los que
hayan cobrado indebidamente que devuelvan. Pero lo que no se puede es
castigar a unos ciudadanos porque la Administración es torpe. Eso me
parece que no es de recibo.
En 1994, como he dicho (por tanto, el curso anterior), el primer
libramiento se produce el 22 de noviembre y afecta sólo a 42.000
becarios, que suponen el 15 por ciento de la fase A, de los aprobados en
junio, repito, el 22 de noviembre. Por eso me río cada vez más cuando me
acuerdo de su feliz entrada con el 15 de mayo; estamos todavía en el 22
de noviembre, ya llegaremos a mayo. En el 22 de noviembre ésa es la
situación, sin sesgar ningún dato, así, tal como se la cuento. A final de
año, a 31 de diciembre (que tampoco es mala fecha), pues en Nochevieja
resulta que han cobrado 120.000 becarios, que suponen menos de la mitad,
el 43 por ciento de la fase A; menos de la mitad de la fase A ha cobrado
el 31 de diciembre (de mayo ya hablaremos cuando lleguemos), y sólo el 16
por ciento del total de los becarios, ésos son los datos de este año
pasado. Además, si los comparamos con el anterior, que es otra cosa
preocupante, vemos que el año anterior, el 31 de diciembre habían cobrado
el 99,98 por ciento de la fase A, prácticamente todos, mientras que este
año, insisto, sólo el 43 por ciento, fíjese en qué medida se ha agravado
el problema de gestión. Y en el año anterior había cobrado el 31 de
diciembre, el 34 por ciento del total de becarios, mientras que el año al
que me refiero, este último, como acabo de decir, el 16 por ciento, menos
de la mitad; ya llegaremos a mayo, estamos en diciembre, señor Ministro.
En febrero, según el Ministro Solana (no sé si esa doctrina ha caducado),
pero según la doctrina Solana, repito, en febrero cobraba la fase B. Ya
vemos que ha surgido un problema cuatrimestral que usted no ha
cuantificado. ¿Podría decirnos cuántos son los que se encuentran en esa
situación? Porque a lo mejor es una cosa anecdótica, me temo que así sea,
dado que los planes de estudios se están poniendo en marcha ahora
trabajosamente. Bueno, pues en febrero, repito, debía haber cobrado ya el
total de los becarios, según la doctrina Solana, que hasta ahora ningún
otro ministro aquí ha venido a modificar. Además, aparte de la doctrina
Solana, abunda en ello el sentido común, porque si un señor no ha cobrado
en febrero, ya me contará usted cómo sigue estudiando. Dice que la
exención de la tasa es lo fundamental; será lo fundamental para algunos,
porque cuando otros piden otras becas será porque necesitan otro dinero,
¿y cómo llega a febrero alguien que necesita dinero para estudiar? Es un
asunto que a mí me asombra, por eso lo del 15 y 16 de mayo me hace
muchísima gracia. Es decir, un señor está esperando el dinero desde
octubre, y todavía se refiere al 15 ó 16 de mayo. ¡Originalísimo! Pues
fíjese, el 22 de febrero, por fin, se paga a 155.000 becarios, lo cual
supone que el 22 de febrero ha cobrado un tercio del total de los
becarios, el 22 de febrero, y, por supuesto, el 28 de febrero los mismos.
Por tanto, llegamos al final del tope de la fase B y ha cobrado la
tercera parte de todos los becarios de España. Ahora llegaremos a mayo;
estamos en febrero. El año anterior, en esa fecha, habían cobrado 137.000
becarios más, y ya eso suponía más de la mitad del total; por tanto,
seguimos empeorando. Que el año anterior el cuarenta y tantos por ciento
no hubiera cobrado, ya era preocupante, pero es que en este año estamos
ya en el sesenta y tres y pico por ciento.
Por último, sobre mayo vamos a pasar y vamos a ponernos en julio, y en
julio hay 45.100 becarios que acaban cobrando terminado el curso. El año
anterior fueron 1.798, y este año pasado, julio de 1995, hay un
libramiento, y todos sabemos que entre el libramiento y el cobro pasan
algunas horas; este libramiento afecta a 45.120 becarios. Yo no sé a qué
habrán destinado el dinero estos becarios. A lo mejor resulta que están
ustedes aplicando la famosa filosofía de que en este país no puede haber
tantos parados porque, si no, habría tiros por las calles. Están
aplicando la filosofía de que aquí la gente no necesita las becas, prueba
de ello es que las cobran en julio y no pasa nada. No sé si han llegado a
esa resignada teoría, pero yo sólo sé que aquí hay un dato que me lo dado
usted, y es que 45.000 becarios cobran en julio, pasado mayo; éste es el
asunto.
Ha hablado usted de incremento de becas de un año para otro. Usted lo ha
dicho en términos absolutos, dígamelo en términos relativos: 1,7 por
ciento es el incremento del número de becas respecto al año anterior. No
me dirá que es mucho, sobre todo si se tiene en cuenta, como luego
veremos en otras preguntas que seguro que usted no tendrá inconveniente
en contestar, puesto que ya está aquí, que hacen falta becas de movilidad
para el distrito compartido, por ejemplo. Esto quiere decir que hay que
aumentar las becas si se quiere que el distrito compartido vaya en serio.
Pero es que, además de cuantía, yo le puedo hablar de los presupuestos
«non natus» de 1996. En esos presupuestos se sabe muy bien que, mientras
que en los anteriores el incremento de la cuantía fue del 5 por ciento,
en éstos es del 1,5. Ustedes suben las tasas, como mínimo, a la altura
del IPC, y, sin embargo, las becas sólo las suben un 1,5 en unos
presupuestos que contemplan una inflación del 3,5. Si eso no es recortar
las becas, ya me contará usted qué es.
Esta es la situación, y le paso por alto el gravísimo problema que ha
señalado del 15 y 16 de mayo. Dígame la fecha que quiera, insisto, y yo
le hago un recorrido año por año, porque me he molestado en hacer el
cotejo y le puedo decir cómo estábamos en cada año; verá como el último
ha batido todos los récords, lo miremos desde donde lo miremos.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea intervenir en relación con esta
comparecencia, además del grupo solicitante? (Pausa.) Señor Nieto, tiene
la palabra.
El señor NIETO GONZALEZ: Yo creo que, a pesar de las últimas palabras que
ha dicho el portavoz del Grupo Popular, a nadie se le escapa que la
política de becas y de ayudas al estudio que han venido aplicando los
gobiernos socialistas en los últimos años ha sido una política clara de
un aumento progresivo, tanto en la dotación de becas como en el
incremento del número de personas que las reciben, el número de becarios.
Las cifras cantan. El número de becarios que había en el año 1983,
comparado con los que hay en el año 1995, se ha multiplicado por unas
cifras considerables. Y lo mismo si hacemos referencia a la cuantía de
esas becas. Es algo que yo no quiero ni plantearlo, no creo que deba
estar sometido a discusión. Incluso desde la oposición más dura deberían
reconocerse esas cifras. Pero es que, además, para nosotros la política
de becas y de ayudas al estudio es esencial, y siempre lo ha sido, puesto
a que, a través ella, se posibilita el acceso a niveles de enseñanza no
obligatoria, a la enseñanza obligatoria pueden acceder todos los alumnos
españoles en las edades comprendidas entre los 6 y los 16 años sin mayor
problema. Evidentemente, en el nivel de enseñanzas no obligatorias el
sistema de becas y ayudas al estudio es esencial, especialmente en el
nivel de enseñanzas postobligatorias y enseñanzas universitarias.
Para nosotros todo esto está muy claro. Hay que favorecer la igualdad de
oportunidades de todos los españoles. Pero no solamente eso, hay que
compensar, mediante el sistema de becas y ayudas al estudio, las
desigualdades de origen que tienen muchos ciudadanos españoles, muchos
alumnos españoles, por razones de origen geográfico, por situación
económica de la familia, por situación de extracción social de la
familia, etcétera. Por tanto, nosotros hemos aplicado una clarísima
política de becas en estos años, con un incremento constante del dinero
destinado a becas y ayudas al estudio; una política clarísima de
discriminación positiva en favor de aquellos alumnos que más necesitaban
ser ayudados para poder proseguir estudios de niveles no obligatorios.
Dicho esto, es verdad que el fin esencial de las becas puede ser
desvirtuado, al menos, por dos razones. Se puede ver desvirtuado si la
política de becas no se aplica de una forma objetiva, y yo creo que la
objetividad ha sido uno de los rasgos característicos de la política de
becas que han aplicado y están aplicando los gobiernos socialistas. Se ha
combinado, desde mi punto de vista de la forma más objetiva que era
posible, el rendimiento académico de los alumnos, el nivel de rentas de
las familias de las que procedían estos alumnos, y también los umbrales o
niveles patrimoniales de las familias de las que proceden los alumnos a
los que se les conceden becas. Combinando estos tres elementos yo
considero que se han concedido becas y ayudas al estudio con la mayor
objetividad posible. Por tanto, el fin esencial de las becas, que es el
de compensar desigualdades, no se ha desvirtuado porque se haya roto la
objetividad en la concesión de estas ayudas.
Pero yo creo que también hay otra razón, otras causas a las que hacía
referencia el portavoz del Grupo Popular, que pueden desvirtuar esta
filosofía esencial que debe tener cualquier política de becas, y es
cuando hay un excesivo retraso en el pago de las mismas. Yo no digo que
no haya ningún problema; el Ministro ha hecho referencia a uno de ellos,
que es nuevo, puesto que los planes de estudio se han modificado y es
verdad que cuando los planes de estudio están estructurados en créditos,
la matrícula es cuatrimestral y esto hace que los trámites de revisión de
las solicitudes de becas y de la concesión de las mismas se alarguen;
éste es un problema que está ahí y que habrá que solucionar; el Ministro
lo ha planteado como un problema nuevo que habrá que dar solución, pero
al resto de los problemas que se han ido planteando se le ha ido dando
soluciones, y yo creo que soluciones bastante acertadas, por ejemplo. Yo
no creo que sea baladí que las becas renueven por ciclos; esto evita
muchos trámites, muchos papeleos, muchas justificaciones, y es algo que
se ha puesto en marcha en los últimos tiempos por los gobiernos
socialistas. O que se exima del pago de las tasas a aquellos alumnos que
han solicitado becas en tanto no se concede o se deniega esa beca
solicitada, de tal forma que sólo pagan tasas aquellos que tienen
denegada su solicitud de beca. Yo creo que éstas son medidas muy
positivas que han hecho justamente todo lo contrario de lo que planteaba
el Grupo Popular, no han producido un retraso en el pago de las becas,
sino que, al contrario, están anticipando el pago de las mismas a una
serie de alumnos. ¿Que sigue habiendo algún problema? El Ministro lo ha
dicho en su intervención, son problemas menores, algunos nuevos, que
habrá que solucionar.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, y creo que desde otros grupos de
la Cámara, cuando hemos hablado de becas siempre se han hecho
sugerencias, se han hecho propuestas en la línea de procurar que el pago
de las mismas se haga en el menor tiempo posible, lo más a tiempo
posible, por decirlo en otros términos, es decir, que se cobren cuanto
antes. En ese sentido, es verdad que en otras comparecencias ha habido
sugerencias diversas; lo que pasa es que ha habido algunas sugerencias
que yo no las entiendo, o algunas propuestas, que no sugerencias,
escritas mediante proposiciones no de ley que yo no entiendo, que, desde
luego, no sirven para ayudar en nada a lo que se está diciendo esta
tarde, y es que los alumnos cobren antes el importe de las becas. Sin ir
más lejos, el martes de esta semana, hace dos días, hemos discutido en el
Pleno de la Cámara una proposición no de ley que pretendía que para el
curso 1995-1996, en el que estamos, se modificasen los criterios para la
concesión de becas pensando en las destinadas a los alumnos procedentes
del mundo rural. Se decía en la proposición no de ley que había que
revisar los umbrales de patrimonio para que fueran los más altos y
posibilitar el acceso a la beca a aquellos empresarios que tienen mayor
patrimonio. No voy a entrar en el fondo de este tema, ya lo analizamos en
el Pleno del martes y yo intervine en nombre del Grupo Socialista, en
contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, que
pretendía como cuestión de fondo hacer que las becas fueran más fáciles
para los grandes propietarios agrarios, que fueran, por tanto, más
difíciles para los asalariados y los pequeños propietarios agrarios. Pero
no solamente era por cuestión de fondo, sino que también nos oponíamos
por cuestiones de forma. ¿Ustedes se imaginan que se hubiese
aprobado el martes la iniciativa del Grupo Popular? Si se hubiese
aprobado la iniciativa del Grupo Popular, hubiera significado que, a
partir de este momento, el Gobierno, siguiendo un mandato de la Cámara,
estaba obligado a revisar todo el proceso de presentación de solicitudes
y de resolución de las solicitudes de becas para el curso 1995-96 en el
que estamos. Me parece de un cinismo absoluto estar pidiendo en el Pleno
de la Cámara hace dos días que revisemos el sistema de becas, que
modifiquemos la orden ministerial que regula el proceso para adjudicación
de becas durante el presente curso escolar, y dos días después, en
Comisión, se está recriminando al Gobierno que no es diligente a la hora
de dar el dinero que corresponde por becas a aquellos alumnos que lo han
solicitado. Me parece de un cinismo absoluto ese doble lenguaje, el
empleado hace dos días en el Pleno de la Cámara y el empleado en estos
momentos en la Comisión. Si queremos ayudar, si queremos hacer todo lo
posible para que los alumnos que solicitan becas, las reciban en el menor
tiempo posible, hagamos propuestas que vayan en esa línea, no hagamos
propuestas que lo único que significan es ir poniendo piedras en el
camino, ir poniendo trozos de madera en la rueda del carro para que no
avance. Por tanto, en este sentido, le diría al ministro que todas
aquellas propuestas que sirvan para que los alumnos que han solicitado
becas perciban la cuantía de las mismas en el menor tiempo posible, hay
que aceptarlas. Yo creo que para algo habrá que buscar solución, y son
aquellos alumnos cuyos planes de estudios están estructurados por
cuatrimestres; habrá que buscar una fórmula para agilizar la percepción
de las becas por estos alumnos. Otras propuestas, como la que discutimos
en el Pleno de la Cámara hace dos días, desde luego, no ayudan en nada a
que se reciban de forma más rápida o más urgente la percepción de la
cuantía de la beca por parte de los alumnos, sino justamente todo lo
contrario. Contribuyen a enredar, a entorpecer y a dilatar la percepción
de las becas por parte de los alumnos a los que se les ha concedido.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro para contestar a
las cuestiones que le han sido planteadas.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias,
señor Presidente.
La utilización de las fechas no es una cosa baladí, porque no es
exactamente lo mismo manejar un 10 por ciento de cumplimiento de pago de
las becas que si lo hacemos 15 días más tarde y podemos exhibir un 75 por
ciento de pago de las becas. A mí, me importa mirar el presente y el
futuro, no tanto recordar aquí doctrinas ni períodos en los que se ha
revelado que hay fallos en el procedimiento y he expuesto a SS. SS. las
medidas que pensamos adoptar para ir reduciendo paulatinamente esos
plazos. A nadie se le escapa, o se le esconde que la política de becas y
las convocatorias de becas implican a cientos de miles de solicitantes y
que la comprobación de los datos requeridos no se puede efectuar en un
plazo breve de tiempo, cuando incluso se ha desarrollado la Ley 30 del
año 1992, en relación con el procedimiento administrativo y la
utilización de fijación de los plazos para los silencios administrativos.
Ante la gran acumulación de solicitudes en un departamento ministerial,
nos hemos encontrado con la imposibilidad de ir al establecimiento de un
plazo muy corto, porque sería absolutamente irreal y crearía unas
obligaciones económicas descontroladas para la Administración. Hay que
tener, por consiguiente, este dato real del gran número de expedientes
que hay que tramitar, datos que hay que comprobar y luego, finalmente,
que pasa por la Dirección General del Tesoro, como ha señalado S. S. y
los recursos disponibles, en un momento dado, dependerán de los ingresos
obtenidos, a no ser que estemos por una política de encarecimiento de los
gastos financieros y de la deuda pública, o de incrementar el déficit
público. Todo debe ir coordinado con el objetivo de satisfacer la
política de servicios públicos adecuadamente, pero también no incrementar
el gasto con la multiplicación de funcionarios para tramitar los
distintos múltiples expedientes de solicitudes de becas. Comparto la
afirmación que ha hecho el portavoz del Grupo Socialista, Jerónimo Nieto,
de que no se puede ocultar la importancia de la política educativa de los
distintos gobiernos socialistas en facilitar el acceso a los estudios
postobligatorios, que ese esfuerzo ha sido captado por la sociedad
española y no encuentro sentido a que se tenga una visión permanentemente
mezquina de estas cuestiones; que una cosa es denunciar, preocuparse por
los problemas que haya en la política de gestión de las becas en nuestro
país y otra es que reduzcamos a fechas, a porcentajes, algo que afecta a
un número importante de ciudadanos. Me parece que ha hablado de las
medidas que van en la ley de acompañamiento de los presupuestos para el
año 1996 que supone, calculamos una reducción real de unos dos meses en
el pago de la beca, una vez reconocido el derecho. Eso es un paso
adelante; yo prefiero pasos hacia adelante que no afirmaciones rotundas,
complicando, desanimando y desmoralizando algo que es una realidad y que
constituye uno de los pesos más importantes o de las cargas más
importantes de la gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. Que este
compromiso se refleja en ese proyecto de ley, me parece que es lo
importante para los que son o vayan a ser becarios en un inmediato
futuro.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor ministro, procuremos ser constructivos. En primer lugar, eso que me
dice usted de que no hay que ser tan mezquino como para pararse en
fechas, una buena parte de nuestros conciudadanos hablan de llegar a fin
de mes. No sé si usted lo sabe, no sé si le parece una mezquindad pero
tienen esa manía, se preocupan de si llegan o no a fin de mes, y, desde
luego, los becarios es lógico pensar que salen de ahí, me imagino yo; no
de otros que tienen dinero para pasearse por el mundo, sino de ahí. Para
esos que se preguntan si llegan a fin de mes, yo he puesto unos datos
sobre la mesa que usted no desmiente, según los cuales el año pasado, el
31 de diciembre (vamos a dejarnos ya de octubre o de mayo), el 31 de
diciembre --repito--, resulta que había cobrado el 43 por ciento de la
fase a) mientras que el año anterior había cobrado el cien por cien; y
había cobrado el 16 por ciento del total, y el año pasado había cobrado
el 34 por ciento. Si a usted no le parece que eso haya que tomárselo en
serio, es su problema, pero hay que tomárselo en serio. Como he hecho en
ocasiones anteriores, y a veces me han oído, yo hago unas sugerencias
concretas. Primero: usted ha acabado reconociendo que aquí hay un
problema de libramientos; pues mire, el Tesoro Público español, con un
Gobierno socialista, tiene que tener dinero para los becarios el día 1.º
de octubre; eso piensa, por lo menos, un diputado popular, porque una
cosa es hablar de lo social y otra es practicarlo. Desde luego, si la
deuda pública, el déficit que ustedes tienen fuera por becas,
multiplíquenlo por 50, pero todo el mundo sabe que no es por eso, sino
por otras muchísimas cuestiones reservadas; por tanto, vamos a dejarnos
de bromas. ¿Por qué no libra el ministerio el dinero cuando hay señores
que no han movido un papel? Una de dos, o porque el Ministro de Educación
y Ciencia no se ha molestado en pedirlo e insistir, o porque el Ministro
de Hacienda tiene sus prioridades sociales. Sea lo que sea, eso hay que
corregirlo de una vez. En esas normas que usted dice que va a poner,
ponga lo siguiente: primero, alumnos que van a presentar el asunto por
ciclos y no han movido un papel, cobran el primer día del mes, porque no
hay motivo para que no lo hagan y el resto, ponga usted una fecha tope y,
llegada la misma, si no se ha acabado el papeleo cobran y si hay algo en
contra, devuelven. De lo contrario, la objetividad de que se ha hablado
se está poniendo en práctica a costa de los objetivos porque, a la hora
de la verdad, el número de devoluciones es mínimo; por tanto, la gente no
está incurriendo en un fraude galopante. Pero es que, además, he revisado
las partidas presupuestarias y ustedes no aumentan el personal en el
apartado de becas. Me están reconociendo que son incapaces de
gestionarlo, que se complica la gestión con el tema de los cuatrimestres
y no han aumentado el personal, mírenlo, no lo han aumentado; aparte de
que no suben las becas, ni siquiera el índice del IPC, cosa que sí hacen
con las tasas, no han aumentado el personal.
Ha habido una ley en esta Cámara que plantea la exención de tasas a las
familias con tres hijos; no han aumentado la partida de compensación por
exención de tasas y problemas graves planteados en todas las
universidades españolas. Así manejan ustedes los gastos sociales. Esta es
la realidad; por tanto, contemplen estas cuestiones. No puede ser que
lleguemos a febrero, que es cuando debe haber acabado el proceso y haya
cobrado el porcentaje que antes he dicho: la tercera parte de los
becarios. Si ustedes quieren ignorar la realidad, es su problema.
Respecto a algún argumento que se ha puesto sobre la mesa, usted que es
inteligente comprenderá que, a veces, hay algunos que encuentran un
argumento, lo considera feliz, lo saca un día y otro y otro y se le pasa
de fecha. Hace dos días se dijo que era una temeridad plantear un cambio
del sistema de trámite de las becas rurales. ¡Hombre!, hubiera sido un
buen argumento si no se supiera que hoy íbamos a hablar de esto, porque
si el 31 de diciembre han cobrado los que han cobrado, podemos cambiar el
sistema de arriba a abajo, pues ya sabe que da igual; como al final van a
cobrar 50.000 después de julio, ¿qué más da? Pero es que cualquiera que
piense mínimamente, sabe que un cambio de ese tipo no va a afectar a los
que ya tienen beca. Si se pide simplemente una ampliación de patrimonio o
de renta, va a afectar a los que no la tienen, por tanto, los que la
tienen pueden cobrar perfectamente y lo que habrá es una leva de otros
adicionales que cobrarán a la vez que los primeros, al ritmo que ustedes
han querido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro. (El señor Nieto González pide la
palabra.)
Señor Nieto, ¿para referirse a lo que ha dicho el señor ministro o en
relación a lo que ha dicho el señor Ollero?
El señor NIETO GONZALEZ: Para referirme a lo que ha dicho el señor
ministro.
El señor PRESIDENTE: Entonces sí.
El señor NIETO GONZALEZ: Si la iniciativa se hubiese aprobado en la
Cámara, la proposición no de ley hubiera significado la revisión de la
orden ministerial que regula la concesión de becas para el curso 1995/96,
porque, lógicamente, se tenía que abrir un nuevo plazo de solicitudes; al
subir el umbral del patrimonio exigible a los agricultores, a quienes iba
dirigida la proposición no de ley, habría que haber abierto nuevamente el
plazo de solicitudes y, lógicamente, eso hubiera significado revisar
todos los expedientes, ir a una nueva asignación de becarios, con lo cual
hubiéramos estado retrasando el plazo, en esta ocasión, meses y meses,
puesto que la orden ministerial es del mes de mayo, si se revisa ahora,
después de haber pasado ya cuatro meses, estaríamos retrasando, al menos,
todo el proceso cuatro meses más. Menos mal que, afortunadamente, todos
los grupos de la Cámara, repito, todos los grupos de la Cámara el martes
rechazaron tan feliz iniciativa; por tanto, señor ministro, no tenga
miedo, no se aprobó el martes pasado la iniciativa porque, con buen
criterio, todos los grupos de la Cámara, excepto el Popular, rechazaron
esta iniciativa.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Saavedra Acevedo): Gracias,
señor Presidente.
Efectivamente, la manifestación del portavoz del Grupo Socialista pone
sobre la mesa la trascendencia de tal tipo de iniciativa que, de haber
prosperado, aparte de los factores señalados hay muchas personas que se
entiende desisten de solicitar becas en la medida que el listón está a
unos niveles determinados y en el momento en que los requisitos se
alteran y se facilitan, pues automáticamente hay que abrir de nuevo
acceso a las solicitudes. Para concluir esta
comparecencia, únicamente quería referirme al buen deseo expresado por el
Diputado señor Ollero acerca de la prioridad de este Diputado del Grupo
Popular respecto al pago por el Tesoro de las becas. Supongo que si nos
trasladamos a la Comisión de Política Social, probablemente también otro
compañero de su grupo afirmará lo mismo respecto a las prestaciones por
desempleo que cada día primero de mes debe abonar la Seguridad Social. A
ello debemos sumar los millones de prestaciones de pensiones que la
Seguridad Social debe igualmente abonar cada mes y no digamos del abono a
los funcionarios y empleados públicos, también el día primero de mes. Así
vamos sumando conceptos, vamos sumando cientos de miles de millones y
comprenderá que no es todo cuestión del buen deseo y de establecer aquí,
como si estuviésemos en un mitin de campaña electoral (cosa que todavía
creo estamos lejos de ello) que el pago inmediato de las becas es la
prioridad. Hay que tener una visión global del funcionamiento de la
Administración pública, de los recursos, de los calendarios de ingresos y
gastos de la Administración pública y para ello, colocar en su sitio, con
realismo, este problema que comparto de que es necesario reducir el
tiempo entre el reconocimiento de la beca y el pago de la misma, que hay
que hacer un esfuerzo de agilidad en la tramitación de los expedientes
para lo cual, repito, he ofrecido algunas medidas específicas y concretas
que van a procurar ese objetivo que usted plantea con su solicitud de
comparecencia, y que yo, en ese punto, comparto, evidentemente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Concluida esta comparecencia, las preguntas van a ser contestadas por el
Secretario de Estado de Educación. Entonces, hacemos un pequeño descanso
de cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
PREGUNTAS:
--SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA
PARA GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DE LA EXENCION DE LAS TASAS UNIVERSITARIAS
QUE LA LEGISLACION VIGENTE PREVE PARA LOS FUNCIONARIOS DE SU PROPIO
MINISTERIO. FORMULADA POR EL SEÑOR OLLERO TASSARA, DEL GRUPO POPULAR.
(Número de expediente 181/001628.)
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con las preguntas, cinco, todas
ellas formuladas por el señor Ollero, y como habíamos dicho ya esta
mañana, las va a contestar el señor Secretario de Estado de
Universidades.
¿Desea formularlas oralmente el señor Ollero? (Asentimiento.) Entonces,
tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Con mucha brevedad, pero siempre vendrá bien. La primera pregunta se
refiere, como recoge el orden del día, o como estaba formulada en su
origen, a qué medidas se piensa adoptar para garantizar la efectividad de
la exención de tasas universitarias que la legislación vigente prevé para
los funcionarios, se entiende también familiares, de su propio
ministerio. Nos encontramos ante una medida de protección social que el
señor ministro, como experto en Derecho del Trabajo, que fue cuando daba
clases, hubiera podido apreciar de manera muy particular. Yo creo
interesante que también dentro de la función pública se ofrezca al
trabajador motivos para que considere su tarea como algo propio; todos
sabemos que incluso hay empresas públicas que tienen determinados
regímenes de exención para sus trabajadores a la hora de usar los propios
servicios. Por otra parte, recuerdo una sentencia del Tribunal
Constitucional español, que probablemente no tenga carácter vinculante
sobre este particular, pero que sí tiene valor de síntoma, en la que, a
propósito de la posible discriminación que sufrían con unas
gratificaciones, en aquel caso gratificaciones a enfermeras, por tanto
por razón de sexo, decía que, en un Estado social y democrático de
derecho, las mejoras sociales hay que considerarlas como irreversibles;
por tanto, la carga de la prueba estaría más bien para eliminarlas.
Este es el problema, problema bien conocido, y yo quisiera que, a falta
del señor ministro, el secretario de Estado me contestara sobre la
cuestión.
El señor PRESIDENTE: Pues tiene entonces la palabra el señor secretario
de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas): Las disposiciones en que se fundamenta la exención de, ya
no se puede hablar de tasas universitarias, sino de precios públicos, son
el artículo 20 de la Ley del 19 de julio de 1994, de protección escolar;
el artículo 56 del Decreto 193, de 1967, que aprobó el Texto Refundido de
la Ley de Enseñanza Primaria, y la Orden del Ministerio de Hacienda de 17
de agosto de 1982, entre otras. Estas son de rango reglamentario. Y éstas
pueden ser inaplicadas por las universidades y, en ningún caso, vinculan
a las comunidades autónomas en la fijación de los precios públicos que
tienen derecho a percibir por sus servicios las universidades
comprendidas en su ámbito territorial. Y en esas condiciones, y dada la
situación jurídica de los estudios que se han realizado, el Ministerio de
Educación y Ciencia no piensa adoptar ninguna medida al respecto.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Secretario de Estado, ya que ha empezado
con esa sutil distinción entre tasas y precios públicos (el propio señor
Ministro, sentado ahí mismo, donde está usted, acaba de hablar de tasas
hace un momento, lo cual demuestra que es una distinción sutil), yo le
recordaría lo que está diciendo, en varias resoluciones,
el Tribunal Económico Administrativo Regional de Madrid, que dice, en
concreto, que en nada vulnera lo dispuesto en la ley --se refiere a la
LRU-- las exenciones establecidas en otras normas anteriores a la misma y
que haya que entender plenamente vigentes, normas que regulan con
precisión y claridad suficiente la materia de concesión de matrícula
gratuita a los funcionarios del Ministerio de Educación y Ciencia. Y
alude, en efecto, al Decreto 193/1967, al que ha aludido usted, pero dice
expresamente que no puede entenderse derogado por la Ley 14/1970, General
de Educación y, por tanto, sigue en vigor. Y dice que (y aquí discrepa
claramente de usted, y no solamente el Tribunal, desde luego este
Diputado, y yo creo que cualquiera que tenga unas nociones de Derecho),
por otra parte, la capacidad de las universidades para autorregularse en
los límites que la ley establece, no incluye, ni puede hacerlo, capacidad
para derogar disposiciones con rango de ley, que son las que se entiende
aquí que se están aplicando. Ustedes en este asunto (y, quiera usted o
no, está representando a un ministerio, y lógicamente, por tanto, también
es deudor de la trayectoria de ese ministerio) han seguido con este
problema un comportamiento que --entiéndalo en el sentido más leve que
pueda tener en el diccionario, que alguno tendrá--, un poco fullero,
porque ustedes han utilizado unas líneas argumentales absolutamente
distintas, de manera oportunista. Esto que usted me ha dicho hoy no tiene
nada que ver con lo que el propio ministerio me ha dicho, hace la
friolera de un mes, el 7 de septiembre de 1995, con lo que el propio
ministerio me dijo en marzo de 1993. Entonces, uno puede tener razones,
pero es bueno que, a poder ser, sean las mismas. Lo que no tiene sentido
es que hoy tenga una, mañana otra, hoy le largo el problema a unos,
mañana, a otros, y yo, mientras tanto, me lavo las manos, cuando el
ministerio son ustedes. En este momento hay universidades sin transferir,
que figuran en presupuestos, como usted muy bien sabe; por tanto, ustedes
tienen en estos momentos funcionarios claramente de ese carácter, que
están pidiendo exención de tasas porque hay un fundamento legal, y la
autonomía universitaria no tiene nada que ver con derogar leyes, y las
comunidades autónomas que no tienen transferencias, por lo menos esas les
afectan a ustedes; no eche balones fuera si estamos hablando de Baleares,
Cantabria, Rioja, Castilla-La Mancha, de todas las universidades que no
se han transferido; por tanto, olvidémonos del resto, no utilicemos el
Estado de las autonomías para intentar distraer al vecindario, no, no.
Vamos al territorio MEC, que aún existe en universidad, y que tiene un
problema que es éste.
¿Qué dicen ustedes sobre este problema? En la última respuesta de hace un
mes, lo que vienen a decir es que, como actualmente, se está ultimando el
proceso de transferencia de las universidades de las comunidades
autónomas, la competencia para acordarlo procedente corresponde a las
comunidades autónomas. Por consiguiente, cada comunidad autónoma podrá
adoptar, en favor de sus funcionarios, aquellas medidas de protección
social --se las califica así-- que consideren más adecuadas, y añaden
ustedes: de hecho, varias comunidades autónomas ya se han pronunciado. Y
ustedes ¿por qué no se pronuncian, ustedes tienen en este momento seis
universidades en sus manos? ¿Qué pasa? Que las comunidades autónomas
están autorizadas a pronunciarse, que algunas se han pronunciado, y
ustedes ¿qué?, ¿no están autorizados a pronunciarse? ¿Por qué no se
pronuncian? No se pronuncian porque no quieren, y prueba de ello es que
ustedes mismos, en una respuesta anterior, utilizan una argumentación que
no tiene nada que ver con este asunto, sino que dicen que, sin perjuicio
de las competencias del ministerio y de las comunidades autónomas (a las
que, en ese caso, como eran pocas, no les interesaba desviar hacia ellas
la atención), a la hora de establecer los precios públicos (y pone, entre
paréntesis, tasas, como sugiriendo que fueran sinónimos, por lo menos, a
efectos parlamentarios), dice que: en alguna universidad se ha
interpretado que los beneficios de exención o reducción de precios
públicos universitarios, de acuerdo con la normativa arriba citada, no
son inherentes a todos los funcionarios por el hecho de pertenecer a un
cuerpo o escala, sino sólo a los que prestan servicios en centros
universitarios o en el Ministerio de Educación y Ciencia y no al personal
transferido a las comunidades autónomas. Por tanto, trasladado esto a la
situación actual de las universidades no transferidas, quiere decir que
es un problema de ustedes, porque, indudablemente, se están haciendo
universidades de otro tipo.
A la vista de ello (y aquí viene una decisión realmente grandiosa), se
han hecho las gestiones pertinentes con las universidades para que tomen
las decisiones oportunas al respecto (las que les parezca, por lo visto),
como en Derecho corresponda. ¡Hombre, no! Son ustedes los que tienen que
abordar esta cuestión. Ustedes, además, en sus presupuestos, tienen que
contemplar, lo saben muy bien, una partida de compensación por exención
de tasas. Por tanto, si ustedes asumen este asunto, en esa partida tienen
que incluir las exenciones de tasas correspondientes a las universidades
que no han transferido, y si no lo asumen, díganlo. Pero aquí los
funcionarios ya están hartos de que les tomen el pelo y de que ustedes
les digan, en el año 1993, que esto es una cosa de las universidades, que
hagan lo que en Derecho proceda, que equivale a decir: Usted haga lo que
quiera, que ya recurrirá este ciudadano, y los tribunales que digan lo
que sea, y ya le pagaremos dentro de cuatro años. Eso es lo que se llama
una medida de protección social. ¡En efecto, si ésa es protección social,
aviados estamos! ¿No? Ustedes lo que tienen que hacer, de una vez, es
asumir su responsabilidad; tienen la suerte de que ahora ya, con las
transferencias, ha quedado un poquito reducida en el ámbito, pero por lo
menos la que les queda, asúmanla de una vez, y si su responsabilidad
consiste en decir que van a derogar esta disposición, deróguenla. Lo que
no tiene ningún sentido es que mareen a la gente diciéndole, por una
parte, que es cosas de las universidades y ahora ya, como las
universidades están transferidas, dicen que es cosa de las comunidades
autónomas; o sea, de ustedes mismos.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas):
Gracias, Presidente. Muy brevemente. Yo creo que usted no ha replicado en
absoluto a lo que yo le he dicho. Creo que sí es una decisión el que el
Ministerio de Educación y Ciencia diga que no va a adoptar ninguna
medida. Hay una legislación vigente y, por tanto, ésa es la medida que
adoptamos. Si a usted no le parece bien, yo no tengo nada que decirle,
pero, desde luego, el Ministerio de Educación y Ciencia, sabiendo que las
universidades están subvencionadas con dinero público en un 80 por ciento
(usted sabe lo que vale un alumno, en promedio, en una universidad; sabe
que el 80 por ciento está pagado con dinero público, sólo el 20 por
ciento está pagado a través de los precios públicos): le parece que no
debe adoptar absolutamente ninguna medida, y esto es lo que vamos a
hacer.
--SOBRE REFORMAS INSTITUCIONALES PREVISTAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION
Y CIENCIA EN LO RELATIVO A ORGANOS DE GOBIERNO UNIVERSITARIO. FORMULADA
POR EL SEÑOR OLLERO TASSARA (GRUPO POPULAR). (Número de expediente
181/001629.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la siguiente pregunta, tiene la
palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: La siguiente pregunta planteada es qué reformas
institucionales tiene previstas el Ministerio de Educación y Ciencia en
lo relativo a órganos de gobierno universitario. Como es sabido, con
motivo del doble intento fallido, por el momento, del propio Gobierno de
modificar la LRU, reconociendo su absoluta falta de funcionalidad hoy día
y la perturbación que está ocasionando en la vida universitaria, tanto en
la enmienda a la totalidad que planteó el Grupo Popular, como en el casi
un centenar de enmiendas al articulado, contemplábamos la necesidad de
modificar los órganos de gobierno universitarios. Casualmente, formulada
ya esta pregunta, un profesor universitario, al que no sé por qué, tengo
una tendencia a citar con ocasión o sin ella, quizá porque es amigo mío,
que es el profesor... Peces-Barba que, además, fue Presidente de esta
casa, y de mi misma asignatura, etcétera, acaba de publicar unas
reflexiones sobre la universidad en las que dice: No se supo resolver
adecuadamente el gobierno de las universidades. Existen muchas
situaciones de dificultad, derivadas de un exceso de presencia de
estamentos cuyos intereses principales no se centran ni en la calidad de
la enseñanza ni en la exigencia razonable de conocimientos. Todo ello
condiciona, muchas veces, las medidas que los rectores y demás
responsables universitarios pueden tomar en beneficio del interés
general. O sea, que hoy es algo ya unánimemente compartido que el
gobierno de la universidad está mal diseñado y que está organizando
distorsiones; lo dicen rectores tan poco sospechosos como el profesor
Peces-Barba, por ejemplo, por eso le he citado. Podría citar a otros
muchos rectores, pero, a lo mejor, se podría considerar que lo hacía
movido por otras intenciones, de ahí el sentido de mi pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas): Los órganos de gobierno de las universidades están
regulados por el Título II de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto,
la LRU. Actualmente, como usted ha mencionado, se está tramitando en el
Congreso un proyecto de ley que actualiza determinados preceptos
comprendidos en el Capítulo V, relativo al profesorado, así como algunas
disposiciones adicionales correspondientes a esta materia. Hasta que no
se ultime el trámite parlamentario del referido proyecto de ley, el
Ministerio de Educación y Ciencia no tiene previsto plantearse la
conveniencia de modificar las normas relativas a los órganos de gobierno
universitario que figuran en la mencionada Ley Orgánica de 11/1983, de 25
de agosto. Además, me gustaría decirle que no me consta, como a usted,
que nosotros hayamos alterado la funcionalidad de la universidad. Y,
desde luego, lo que diga el señor Peces-Barba, me parece bien. Nosotros
esperamos de los rectores que sean críticos y no me gustaría que un
rector de cualquier universidad española dijera que está muy contento de
cómo funciona la universidad y que tiene suficiente presupuesto, porque
eso no sería un rector.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Secretario de Estado, me parece que sus
noticias sobre la vida parlamentaria son un poco lejanas, ha dicho usted
que se está tramitando el proyecto. Si, quizás formalmente sea verdad,
pero no sé si usted sabe que lleva un año parado en el trámite de
ponencia, lo cual es una manera de tramitarse, me reconocerá, que por lo
menos en esta casa es especialmente insólita. Quizás para alguien que no
está familiarizado, le parecerá que eso es normal y que todas las leyes
se tiran un año en el trámite de ponencia, pero el propio Presidente de
esta Comisión nos ha obsequiado con un «saluda», que es un género que
utiliza mucho, en el cual nos recordaba que la ponencia no acaba de
emitir su informe. Entonces, lo del trámite habría que verlo más
despacio. Pero es que da la casualidad, señor Secretario de Estado, de
que yo esta pregunta la presenté antes del verano, y aquí hay un trámite
parlamentario del reglamento, que no sé si usted conoce, según el cual
las preguntas orales, cuando se termina un período de sesiones, se
convierten en escritas; esta pregunta se convirtió en escrita y ustedes
me la han contestado por escrito, y la contestación por escrito dice que
hay un documento que ha salido del Presidente del Consejo de
Universidades, o sea, del Ministro, para entendernos, un documento que el
Ministro envía al Consejo de Universidades para su estudio y dicen
ustedes que prevé el documento una serie de reformas. Y yo le pregunto
qué prevé. Dice el documento que prevé una serie de reformas y
modificaciones institucionales que afectan, en algunos aspectos, a la
organización de las universidades, y que se someten a la reflexión y al
debate de todos los agentes implicados para extraer de dicha reflexión
conclusiones que, en su
caso, podrían plasmarse en las reformas a las que hace referencia el
señor Diputado.
Yo no sé si es mucho pedirle al señor Secretario de Estado que nos
considere incluidos entre esos agentes implicados, para lo cual sería
bueno someter a su reflexión esas reformas que ustedes prevén, y ése es
el sentido de mi pregunta, que nos informe usted a nosotros (que, al fin
y al cabo, como modestos representantes de los ciudadanos, parece que
podríamos ser agentes implicados en esto) de lo que parece que han
informado generosamente a medio mundo, ¿no? Pues infórmenos a nosotros
también y díganos qué serie de reformas y modificaciones institucionales,
que afectan a algunos aspectos de la organización de la Universidad, van
ustedes a hacer. Por tanto, no me diga que no prevén hacerlas; sí prevén
hacerlas, y yo creo que, evidentemente, usted frustraría el sentido de
esta comparecencia parlamentaria si nos ocultara algo que está diciendo a
otros y, además, respetaría poco la soberanía popular.
Para facilitarle y refrescarle la memoria, le diré que en ese documento
que ustedes han pasado por el Consejo de Universidades se dice: Sería
necesario establecer, en la organización interna de las universidades,
una clara distinción entre las responsabilidades académicas y las
responsabilidades de gestión administrativa. En estas últimas, debería
haber un área específica, mientras que la elaboración de planes de
docencia e investigación, la organización académica, departamentos,
facultades, la evaluación de estudiantes y profesores, la elaboración de
propuestas de objetivos académicos para la institución, programas de
enseñanza, de investigación, deben ser responsabilidades igualmente
definidas de los órganos académicos. Por tanto, ustedes parece que
hablan, en vez del lío de la LRU (donde todo el mundo sabe de todo, venga
o no a cuento, y hay alguna universidad, no le digo cuál para no ponerme
colorado, donde en la Comisión de Doctorado no hay ningún doctor porque
¿qué falta hace?) de que lo de la imaginación al poder tiene un límite, y
que quizás es mejor que, quien se ocupe de algo, sepa de qué está
hablando. Y dice aquí: En la actualidad, hay procedimientos de decisión
colegiada que, a veces, hacen difícil una gestión eficaz. Es un tópico;
cualquier lector, el que usted elija, el que sea, le dirá que en cada
decisión que se toma en la Universidad tienen que intervenir cuarenta
órganos de lo más pintoresco. Debería reformarse la normativa interna de
las universidades y los sistemas de elección de los órganos de gobierno,
condicionados por la LRU, para garantizar, no sólo la transparencia y la
democracia interna, sino también la eficacia y agilidad de la actuación.
Sobre todo esto algo tendrán ustedes previsto; parece que se lo están
contando a una serie de personas, muy dignas todas ellas, no tengo la
menor duda, pero, quizás, su benevolencia le lleve a entender que
nosotros tampoco estamos faltos de dignidad como para hacerles esta
pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas): Yo no he querido contestar lo mismo que se le contestó por
escrito, porque me parecía que era ponerle poca imaginación; puesto que
ya se le dio una respuesta, yo le he dado otra, que no la contradice en
absoluto. Pero sí que puedo decirle con toda claridad que el Consejo de
Universidades está haciendo un debate sobre gestión universitaria,
órganos de gobierno y papel de los consejos sociales. También sabrá usted
que el Gobierno ha impulsado esta iniciativa y la apoya, y nosotros no
somos quienes vamos a determinar qué vamos a hacer, porque eso es
competencia del Consejo de Universidades; además, el Consejo de
Universidades, como usted sabe, está representado por todos los rectores
de las universidades, por los Consejeros de Educación de las comunidades
autónomas que tienen competencias y por no sé si un número de quince
miembros elegidos por el Parlamento, precisamente. Por tanto, a mí me
parece que es en el seno del Consejo de Universidades donde se tiene que
discutir ésto. Es verdad que yo no tengo experiencia en lo que es la
técnica parlamentaria, pero sí sé lo que es un trámite, y un trámite dura
lo que dura la acción, hasta que se termina ese trámite y, por tanto,
está en trámite. Yo hice un trámite personal para la homologación de un
título mío en Suiza y tardaron tres años; yo he vivido allí, es donde me
tocó estudiar y el trámite duró tres años y éste durará lo que dure,
quizá durará lo que dure la legislatura, yo no lo sé, pero está en
trámite, desde luego.
--SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE LA
PROLIFERACION DE LOS «DISTRITOS UNICOS», O LA TOLERANCIA HACIA PRESUNTOS
«DISTRITOS BLINDADOS», FOMENTE EL CANTONALISMO UNIVERSITARIO. FORMULADA
POR EL SEÑOR OLLERO TASSARA (GRUPO POPULAR). (Número de expediente
181/001630.)
El señor PRESIDENTE: Por lo que afecta a esta Presidencia, porque ha sido
citado por el señor Ollero, S. S. sabe que es ponente del proyecto de
ley, que está en manos de los ponentes; es decir, puesto que la ponencia
se pondera en función del número de Diputados, tiene S. S. una parte
importante de responsabilidad de que la ponencia no emita su informe,
como es preceptivo. La Presidencia lo reclama con insistencia, y por
tanto, yo no sé si S. S. estaba haciendo reflexiones delante del espejo;
se lo debería decir a sí mismo. En todo caso, tiene la palabra para
formular las siguientes preguntas.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente. Por esta cuña
que ha introducido, me permito anunciarle que, en el momento procesal
oportuno, que me permitirá que, ya que es un acto político, lo decida yo,
recibirá un escrito, que pasará por Registro, numerado, no un «saluda»,
donde contestaré a su «saluda» y, por tanto, quedará subsanada la
situación esa del espejo. Ya está escrito, le falta la fecha, que la
pondré el día que, políticamente, estime oportuno, pero ya se lo
adelanto: recibirá un papel que pasará por Registro, porque uno es muy
mirado para ciertas cosas. Muchas gracias, señor Presidente. Entonces,
vamos
a la siguiente pregunta, que, como tiene que ver con el Consejo de
Universidades, señor Secretario de Estado, vamos a ver si no nos
enredamos mucho, porque usted hablaba de que los trámites son lentos; si
hubiera estado en la comparecencia anterior, hubiera visto lo lentos que
son los trámites, lo que cuesta cobrar una beca en este país, casi tanto
como eso del título de Suiza, que los becarios normalmente no han tenido
acceso a él; pero, en fin, aquí ya se ve que lo de los trámites, en
general, es un asunto generoso.
Vamos a hablar ahora del distrito compartido. Por cierto, yo no sé por
qué orden ha quedado, porque aquí siempre pasa igual. Cuando yo formulo
tres preguntas de un mismo asunto, siempre acaban en el orden del día al
revés, es inevitable. Si no tiene inconveniente, yo le sugiero que lo
hagamos por el siguiente orden: primero, el de los porcentajes de
incremento del distrito compartido; después, razones que justifican el
desfase existente en algunas universidades; y, por último, lo de los
distritos únicos y distritos blindados. Si es tan amable, lo podemos
hacer por este orden. Esto tiene que ver, como sabe perfectamente usted,
con el Consejo de Universidades; ahora, el Consejo de Universidades es un
órgano consultivo, no es el responsable de la política universitaria de
este país; eso es el Ministerio; precisamente por eso, el Ministro ha
tenido buen cuidado de presidir el Consejo de Universidades. Por tanto,
si ustedes están haciendo un trámite en el que están exponiendo
determinadas líneas de reforma, me parece indelicado que a nosotros no
nos digan cuáles son; así se lo digo de claro y dicho queda, y por eso le
he hecho la pregunta que usted no me ha contestado. Ahora le voy a hacer
otra y espero tener más suerte y que sí me la conteste.
Para empezar, le señalaré un asunto: el 18 de septiembre tuvo entrada en
esta Cámara, número de Registro 43.583, una petición de informe (si usted
consulta el Reglamento de esta Cámara verá que hay unos plazos). Bueno,
pues el 18 de septiembre, yo, este Diputado, porque lo hice a título
personal, hice una petición de informe sobre el funcionamiento del
distrito único en el curso 95-96, incluyendo en los cuadros no sólo las
plazas ofertadas y adjudicadas, sino también las solicitadas. Ha pasado,
en este momento, un mes y un día (suena un poco penitenciario pero es la
realidad, un mes y un día) (Risas.) y yo no he recibido absolutamente
nada, lo cual es un asunto al que empiezo a acostumbrarme,
lamentablemente. Si yo hubiera tenido ese informe, indudablemente esta
intervención podría fundarla más. Le hago notar que el informe del año
anterior lo tengo en mi poder con fecha 24 de septiembre; por tanto, una
vez más, parece que los trámites van con calma. Una de dos: o, en este
momento, ese informe no existe, lo cual demostraría que se lleva un mes
de retraso respecto al año anterior o, existiendo, no me lo han mandado
ustedes, no sé qué es peor. El hecho es que yo no tengo el informe,
espero recibirlo en su momento.
Pasando ya a la pregunta en cuestión, usted sabrá que el Ministerio viene
tiempo diciendo que el distrito compartido se va a ampliar hasta llegar
al 100 por cien de las plazas en el año 2000, así lo afirmaba su
antecesor, don Emilio Octavio, en esta misma Comisión. Se trata de que
debemos avanzar, impulsando en los próximos cursos, una extensión del
distrito compartido y no regateando esfuerzos por alcanzar en el año 2000
un distrito único en el que la elección del centro y programas de estudio
no esté condicionada por el lugar de residencia familiar. Eso lo afirmó
don Emilio Octavio en esta Comisión el 10 de noviembre de 1994, hace
menos de un año. Se está hablando de extender el distrito compartido
hasta el 100 por cien en el año 2000. Es fácil observar, por otra parte
(me tengo que remitir, de manera inevitable, al último informe del que
dispongo, porque ustedes no me han mandado otro, si es que existe), que
hay un aumento del 43,5 por ciento de solicitantes del distrito
compartido respecto del año anterior. Y es fácil observar también que
casi el 45 por ciento de los solicitantes, 3.498 en concreto, reuniendo
los requisitos, porque están por encima de las respectivas notas de corte
del centro al que quieren ir, sin embargo, se quedan sin plaza, plazas
que son ocupadas por alumnos con menores calificaciones que ellos y con
la única prerrogativa de vivir en otro sitio; por tanto, están siendo
claramente discriminados por razones geográficas, que es lo que don
Emilio Octavio decía que había que evitar sin regatear esfuerzos, con un
lenguaje propio de arenga que aquí acabo de citar. Si usted examina qué
es lo que se ha ido haciendo en los últimos años, en cuanto al distrito
compartido, se encontrará con un baile originalísimo: en el curso 92-93,
se dice que distrito compartido el cinco por ciento de las plazas con un
máximo de 10; al año siguiente se dice: el 10 por ciento de las plazas,
pero se puede rebajar, de acuerdo con la autorización de la
Administración oportuna, al cinco (con lo cual nos quedamos en el cinco)
y un máximo de 30, que se puede rebajar a 10 (con lo cual nos quedamos en
el 10). O sea, no hay cambio alguno, cinco y 10 simplemente hace falta
que la Administración autorice la rebaja. Al año siguiente, 94-95, se
invierte el asunto y se dice que el cinco por ciento, ampliable a 10, si
la Administración está de acuerdo (por supuesto nadie amplía) y un tope
de 10, ampliable a 30, si la Administración no está de acuerdo, por
supuesto, nadie amplía; lo cual quiere decir que llevamos tres años
seguidos con el cinco por ciento y un 10 como tope. Y en el 95-96, por
fin se produce un avance (pero, claro, con este ritmo de avances, ya me
dirá para el año 2000 dónde estamos) según el cual será el 10 por ciento,
con un tope de 20 en cada caso. O sea, que estamos en el 10 por ciento de
las plazas que, al fin y al cabo, es lo que en el año 1993 se fijaba,
aunque en el año 1993, claro, con la cláusula aquella de que se podía
rebajar, se rebajaba. Ahora tenemos lo mismo que en 1993, pero no cabe
rebajar. Es fácil observar que en cuatro años hemos estado pasando de una
loseta a otra sin movernos de donde estábamos, no ha habido avance alguno
sobre el particular. Pero, además, señor Secretario de Estado,
reconózcame que este tope de plazas que se pone por titulación, por cada
primer curso, que ha ido evolucionando, pero poco, ha ido evolucionando
por un 10 por unos sistemas o por otros, y el último se ha convertido en
un 20; este tope distorsiona absolutamente todo y además, no tiene
explicación alguna; si es el 10 por ciento de las plazas, pues el 10 por
ciento de las plazas ¿para qué un tope de 20, si resulta que, en un
primer curso hay 1.000? ¿por qué no van a ser 100 los del distrito
compartido, si se quiere llegar de verdad al 100 por cien?
¿Qué problema hay para decir: «No, un máximo de 20»? Entonces no
llegaremos en la vida. Quizás luego se explique por qué es así. A la hora
de la verdad, según los datos que ustedes mismos me han dado, número de
plazas disponibles (por supuesto de titulaciones y centros que tienen
establecido el límite de plazas) 295.042. Yo soy de letras, pero el 10
por ciento debe ser algo así como 29.504,2, me parece, si no me equivoco.
Bien, pues no son 29.000; a la hora de la verdad, ustedes mismos me dan
el dato de que la oferta del distrito compartido son 23.899, lo cual
supone, no el 10 por ciento, sino el 8,1, ésa es la realidad. Eso quiere
decir que el tope de 20 ha supuesto una merma de casi dos puntos, tope
que habría que quitar, a no ser que usted aquí exponga alguna razón de
por qué hay que mantenerlo; yo creo que se puede mantener en política
todo lo que uno quiera, siempre que lo razone. Razónelo usted y explique
por qué.
Pero es que luego, además, y con esto termino, resulta que los
porcentajes están trucados; o sea, que a la hora de la verdad, nos
encontramos con situaciones enormemente originales, que a usted, que es
de ciencias, le harán más gracia todavía que a mí, porque, claro, es que
son cosas llamativas; o sea, usted podrá comprobar que en la Universidad
Politécnica de Madrid, el Instituto Nacional de Educación Física que hay
en esa Universidad tiene 180 plazas. ¿Sabe usted cuál es el 10 por ciento
de 180? Pues, asómbrese: 16. Esa es la realidad, lo pone aquí. ¿Por qué?
Por una razón muy simple, porque la bonita operación que se está haciendo
es la siguiente: el citado Instituto tiene 164 plazas, el 10 por ciento
es 16, 164+16, 180; lo cual quiere decir que las plazas de distrito
compartido son de lo que un castizo diría de bóbilis bóbilis, vamos, que
no existen, no tienen fundamento ninguno. Ustedes están cogiendo un
centro con 164 plazas como límite de plaza y le están añadiendo el 10 por
ciento para distrito compartido. Y yo le pregunto, señor Secretario de
Estado: y cuando pasemos al 20, al 30, al 40, y al 90 por ciento,
¿ustedes van a seguir añadiendo plazas falsas para el distrito
compartido? ¿Vamos a llegar a un momento en que ese Instituto llegue a
tener 328 plazas con sede física para 164? ¿Esa es su idea de distrito
compartido? Así se está aplicando.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero. En todo caso, he de decir a
S. S., porque me ha parecido que expresaba una queja por el orden en que
figuran en el orden del día las preguntas, que es el orden del Registro,
que, en todo caso, si S. S. quiere registrarlas con otro orden, puede
hacerlo, pero se ha copiado tal cual. Me ha parecido entender una queja
sobre cómo se han puesto en el orden del día.
El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas): No hay ningún problema con el orden, porque, en realidad,
todas versan de lo mismo. Creo que es una manera de distribuir una
pregunta general en tres preguntas específicas, y, por tanto, nos vamos a
mezclar y a repetir en las tres, naturalmente. Pero usted lo ha dicho,
usted ha dado la respuesta: en el distrito compartido la oferta viene
determinada, año a año, por el Consejo de Universidades. La Comisión
Académica del Consejo, del Consejo de Universidades, el 15 de junio
pasado aprobó elevar estos límites al 10 por ciento del total de plazas
ofertas, con un tope máximo de 20 unidades. A mí me parece que es un
aumento significativo y, desde luego, a mí lo que usted me cuenta de que
cómo se aplica en cada centro, pues, como usted comprenderá, queda un
poco lejos de la jurisdicción del Ministerio de Educación y Ciencia,
puesto que son ellos los que regulan toda la matrícula y toda la
disposición de las plazas que puedan tener y cómo las puedan distribuir.
Por tanto, a mí me parece que el aumento del 5 al 10 por ciento es
razonable; yo tengo datos no de una forma definitiva, porque todavía
están calientes, pero tengo algunos datos al respecto, y aunque no quiero
aburrir aquí a nadie, pero les puedo simplemente decir que, en el resumen
de la presente convocatoria 1995-1996, alumnos admitidos hay 6.507, de
los que 5.723, es decir el 88 por ciento aproximadamente (en realidad el
87,95), lo han sido en enseñanzas expresadas como primera preferencia;
714, es decir el 10,97 por ciento, en segunda preferencia, y 70, el 1,08
por ciento, en tercera. Alumnos sin plaza, 2.404, que cumplen los
requisitos básicos de acceso por superar las notas de corte exigidas para
la enseñanza que solicitan. Y alumnos no admitidos, 6.388, cuyas
solicitudes correspondientes han sido 10.374, que no han superado la nota
de corte de acceso exigida en el reglamento ordinario. Me parece que hay
un claro avance con respecto a años anteriores, y en una pregunta
subsecuente se lo aclararé, porque nos parece que ese avance es mucho más
significativo de lo que usted ha dicho de acuerdo con la ley de la oferta
y la demanda que nos llevará realmente al distrito único probablemente en
el año 2000.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, tiene la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Admito, por supuesto, lo del problema del
registro, o sea, no todas mis quejas van a tener como blanco la
Presidencia de la Mesa, afortunadamente cabe un surtido en ese sentido.
Es un problema, porque no siempre el propio Diputado está autorizado a ir
a registrar las iniciativas, es un trámite también de la casa.
El señor Secretario de Estado hace un esfuerzo por contestar a lo que le
pregunto, pero no se olvide que le he preguntado qué razón puede aportar
(y si es usted un hombre imaginativo seguro que alguna podrá aportar, a
lo mejor no le satisface íntimamente mucho, pero apórtela) para que haya
un tope de 20, que supone dos puntos menos de porcentaje global. ¿Qué
sentido tiene eso? No lo acabo de entender. ¿Por qué en un centro donde
hay 1.000 alumnos no se pueden sacar 100 plazas a distrito compartido?,
¿qué graves problemas se van a causar con ello? No lo acabo de entender.
Además, señor Secretario de Estado, como yo espero que por lo menos
durante unos meses aún nos veremos alguna que otra vez, vamos a dejarnos
de la broma del Consejo de Universidades. Ustedes son los responsables de
este asunto; el Consejo de Universidades les va a asesorar en lo
que ustedes quieran, pero son los responsables políticos de este asunto.
No me juegue a eso, porque, desde luego, conmigo no va a tener mucho
éxito, sobre todo cuando su antecesor, el señor Octavio de Toledo, que de
vez en cuando se ponía ético y decía cosas interesantes, hace menos de un
año decía aquí lo siguiente: «El Ministerio de Educación y Ciencia» --no
decía el Consejo de Universidades-- «presentará un conjunto de medidas
atinentes a la extensión del distrito compartido con vistas a que cuanto
antes se alcance ese distrito único que se apetece.» Así de claro lo
dijo; por tanto, déjeme de líos del Consejo de Universidades. ¿Qué me
pretende usted decir?, ¿que si el Consejo de Universidades no está de
acuerdo, ustedes no pueden ampliar el distrito compartido el año que
viene en un 40 por ciento? Esto no es verdad. ¿Que si el Consejo de
Universidades no está de acuerdo, ustedes no pueden quitar el tope de 20?
Esto no es verdad. Por tanto, díganme por qué no lo hacen, así de fácil,
porque, si no, podemos estar aquí dándole vueltas a las cosas sin llegar
a mover nada.
Entre las medidas que prometía don Emilio Octavio figuraba, por ejemplo,
una tan sensata como la siguiente: «No puede lanzarse alegremente a una
movilización de los estudiantes ampliando el distrito compartido, incluso
aspirando a un distrito único nacional, si no lo complementamos
económicamente. Lo demás sería suicida, sólo favorecería a quienes ya
tuvieran dinero de antemano.» Pues ustedes, en los presupuestos de este
año, no ponen ni un duro para becas de movilidad del distrito compartido.
Así de claro. Luego no están poniendo en marcha las medidas que su propio
antecesor consideraba imprescindibles para tomarse esto en serio. Esa es
la realidad, los datos ahí están, los acaba de dar usted mismo: 2.400
alumnos que superan la nota de corte son discriminados por su procedencia
geográfica. Yo no le veo explicación.
Además, resulta --y de eso podemos seguir hablando con motivo de otras
preguntas-- que, al parecer --últimos datos atrasados porque no me los
actualizan ustedes--, el 40,8 por ciento de las plazas no llegan a darse,
mientras que el 45 por ciento de los solicitantes, estando en condiciones
de tener plaza, no la obtienen. Con ello se desmiente claramente la
coartada de que aquí hay plazas para todos y es un problema de
distribución. No es verdad. Aquí hay gente que quiere estudiar cosas y no
puede, mientras que otras cosas no las quiere estudiar nadie, y sobran
plazas. Así de fácil.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas): Hay algo que no comprendo bien, y es su desconfianza del
Consejo de Universidades, donde están representados todos los rectores de
las universidades españolas, más otros miembros que usted conoce mejor
que yo. No entiendo cómo no se fía usted de un órgano que funciona
democráticamente y que aconseja al Gobierno, y el Gobierno lo único que
hace es cumplir lo que dice el Consejo de Universidades. Si el Gobierno
decidiera hacer cosas a espaldas del Consejo de Universidades, usted
estaría preguntando aquí por qué hemos hecho «a» cuando el Consejo de
Universidades decía «b». Por tanto, me parece de extremada demagogia lo
que usted está exponiendo en estas preguntas.
En cuanto a las becas, ya le contesté yo mismo que hay becas de cambio de
residencia a las que pueden acogerse, que son becas no despreciables. Por
otra parte, en el distrito compartido, yo, desde luego, veo con
satisfacción extrema cómo el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid
ha acordado y ha hecho con gran boato una política que es exactamente la
misma que acordó el Consejo de Universidades en su reunión del 15 de
junio. Nada más, Presidente.
--SOBRE RAZONES QUE JUSTIFICAN EL DESFASE DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS
UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS DENTRO DEL DISTRITO COMPARTIDO. FORMULADA POR EL
SEÑOR OLLERO TASSARA, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
181/001631.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, tiene la palabra para formular la
siguiente pregunta.
El señor OLLERO TASSARA: La siguiente pregunta es, señor Presidente, qué
razones justifican el desfase existente en cada una de las universidades
españolas, con especial referencia a las de Madrid y Cataluña, entre el
número de plazas ofertadas dentro del llamado distrito compartido, las
solicitudes recibidas y las plazas efectivamente cubiertas.
Señor Secretario de Estado, lo que es demagogia es ampararse en un órgano
consultivo para eludir las responsabilidades de decisiones. No sé si
usted distingue entre un órgano ejecutivo y un órgano consultivo, pero
hay decisiones jurídicas que a lo mejor se le escapan. Un órgano
ejecutivo tiene unas responsabilidades que debe asumir. Puede consultar a
quien quiera, pero, a la hora de la verdad, no atropella a nadie cuando
hace lo que estima oportuno, y bien que lo demuestra el Ministerio cuando
le interesa, porque se olvida de lo que haya de olvidarse. Lo que pasa es
que ustedes quieren, por ejemplo que los módulos objetivos de capacidad
de los centros estén dando paso a lo que están dando paso, a un sistema
totalmente intolerable en el cual se somete a las universidades a un
trámite inconstitucional, por demás. Lo que es una pena es que ninguna de
ellas se haya preocupado de defender su autonomía, pero, en fin, ése es
otro problema.
Se observa un curioso desfase entre el número de plazas ofertadas por
determinadas universidades en relación con las plazas que se acaban
concediendo, y hay aquí un tercer elemento que es decisivo, que son las
solicitudes. Ustedes, en el último informe que me han enviado --que ya
digo que está desfasado, tiene fecha de septiembre del año pasado--,
publican un bonito cuadro donde está la universidad correspondiente, las
plazas de régimen ordinario, las
de régimen compartido que ofrecen y las adjudicadas del compartido, pero
se les olvida poner en una columna las solicitudes. Porque si yo observo,
por ejemplo, que en la Complutense de Madrid las plazas de régimen
compartido son 494 --fíjese sobre 25.000 el porcentaje que suponen; el 10
por ciento serían 2.500, porque yo últimamente estoy fuerte en
Matemáticas--, y resulta que se adjudican sólo 421, yo necesitaría saber
si las solicitudes son 421, pues entonces tengo la respuesta fácil, las
plazas no se dan porque nadie las pide, pero si resulta que las
solicitudes son 700, entonces alguien me tendrá que explicar por qué no
se dan las plazas. Es un desfase que se produce y que no figura en estos
cuadros; será culpa del Consejo de Universidades, sin duda, pero como
cobran del Ministerio, por lo menos el Secretario General debería
decirles que ponga otra columna por aquí donde explique cuáles son los
solicitantes.
Además, esto está operando sobre desfases previos, desfases que yo
quisiera que usted me explicara, si sabe la razón. Ya hemos visto que la
media nacional --yo me imagino que como consecuencia del tope del 20--
acaba siendo no del 10 por ciento, como ha acordado el Consejo de
Universidades, sino que ustedes, no sé por qué consiguen que se quede en
un 8,14. Pero es que luego, a la hora de la verdad, usted se va a la
Complutense y es el 5,8; la Politécnica de Madrid, 6,2; Autónoma de
Madrid, 6,5; Carlos III de Madrid, 7 por ciento; Barcelona, 6,2;
Politécnica de Barcelona, 7,4; Pompeu Fabra, 7,6; Sevilla, 4,5; Málaga,
6,8, y Valencia, 6,6. Por tanto, aquí hay desfases que usted tendrá que
explicar, decirnos a qué se debe el que haya estas distorsiones. ¿Se debe
siempre al tope de las 20 plazas? ¿Está usted en condiciones de
afirmarlo? En ese caso, razón de más para que lo quite. Lo que no se sabe
es por qué unas universidades van a compartir plazas y otras no. Además,
el último informe disponible refleja que, entre las plazas ofertadas por
cada universidad y las adjudicadas, como ya acabo de señalar, se producen
desfases. Habrá que explica a qué se debe.
¿Es que no hay solicitudes? Usted, con fecha 28 de septiembre,
curiosamente, me afirma que no lo sabe. Fíjese qué cosa más original
dice: «Es imposible conocer el dato en estos momentos» --yo le pregunto
cuántos solicitantes ha habido para poder aclararme--. «Las Universidades
tienen de plazo hasta el 28 de agosto para remitir los datos, y el
Consejo hasta el 16 de septiembre.» Esto me lo dicen ustedes el 28 de
septiembre, 12 días después de que el Consejo haya terminado su plazo;
por tanto, yo no sé por qué es imposible. ¿Me lo quiere usted explicar?
Evidentemente, el que ha escrito esto lo ha escrito antes de firmarlo y
lo ha firmado después, pero el 28 de septiembre estaba en condiciones ya
de dármelo; entonces el 28 de septiembre no es imposible. El plazo del
Consejo, ese Consejo que para usted es la pieza clave de la jerarquía
mundial, era hasta el 16 de septiembre, es decir, ha dado ya los papeles,
por tanto, mándemelos de una vez, no me diga que es imposible, ¿cómo va a
ser imposible?
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas): Está bien que el máximo órgano mundial sea un órgano
consultivo y no ejecutivo, entre los que distingo perfectamente, señor
Ollero, como usted se puede imaginar perfectamente.
Yo voy a ser mucho más corto que usted o más breve; es decir, mi
respuesta va a ser más corta, y, por tanto, seré más breve. La
convocatoria de distrito compartido para el curso 1995-1996 ha tenido un
incremento moderado en el número de solicitudes respecto a cursos
precedentes. La razón de ello, según hemos entendido, es la puesta en
funcionamiento de los distritos únicos en las universidades de Andalucía
y Canarias.
Con referencia, ya más concreta, a la oferta y demanda de plazas de
distrito compartido para el curso 1995-1996, debo decirle que en esta
convocatoria ha habido una oferta de 18.950 plazas, lo que supone un
aumento del 79,45 por ciento respecto al año anterior. De estas plazas se
han adjudicado 6.507, y de los alumnos no admitidos, 6.388 no superaron
la nota de corte exigida para el régimen ordinario. Entonces, a mí me
parece que la respuesta está clara. Estamos aprendiendo año a año, porque
yo no creo que usted ni nadie sea capaz de ajustar los desfases que hay
de un año para otro, y, desde luego, la respuesta o los resultados de
haber pasado del 5 a 10 por ciento este año han sido satisfactorios, ha
sido el primer paso, junto con los distritos únicos de algunas
comunidades autónomas, para llegar al distrito único en lo que es el
territorio de España y, obviamente, deberemos tender al distrito único
europeo, por supuesto.
--SOBRE PORCENTAJES CON QUE PIENSA EL GOBIERNO IR AMPLIANDO EL DISTRITO
COMPARTIDO EN CADA UNO DE LOS PROXIMOS CINCO AÑOS. FORMULADA POR EL SEÑOR
OLLERO TASSARA, DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/001632.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ollero para formular la
última pregunta.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Secretario de Estado, está usted empeñado
en no contestar a lo que se le pregunta. Ni me ha contestado por qué hay
un tope de 20, y tiempo ha tenido de sobra para hacerlo, ni ahora me
contesta por qué determinadas universidades acaban dando menos plazas de
las que ofertan; se ha limitado a repetirme las mismas cifras de la vez
anterior. Consteste a mis preguntas, dígame que no lo sabe o dígame que
le pregunte al Consejo de Universidades, pero dígame algo. A mí me da
igual que venga el Ministro o el Secretario de Estado, lo único que
quiero es que me contesten, porque aquí estamos pasando de que en vez del
Ministro venga el Secretario de Estado y el Secretario de Estado no
conteste. Vamos a mantenernos en unos límites un poco más razonables,
Contésteme algo.
Ahora le pregunto qué medidas piensa adoptar el Gobierno --el Gobierno,
no el Consejo de Universidades--
para evitar la proliferación de los llamados distritos únicos o la
tolerancia hacia presuntos distritos blindados, fomentando el
cantonalismo universitario.
El señor Ministro, en su primera comparecencia en esta Cámara, entre las
muchas cosas que se vio que en aquel momento aún no sabía (no sé cómo
andará la cosa ahora porque no se ha dejado ver) es distinguir distrito
único y distrito compartido. Yo supongo que usted a estas alturas sí que
lo sabe distinguir. Aquí hay un problema, y es que están proliferando
distritos únicos que son distritos compartidos de verdad, al cien por
cien, pero cantonalistas totalmente. En algún caso como Andalucía, que
son ocho provincias, cada una con una universidad, pues eso sí que da una
idea de lo que es un distrito compartido. Por cierto, dése un paseo por
allí y ya verá qué espectáculo. Pero lo que no tiene ningún sentido es
que un señor de Castilla-La Mancha no pueda venir a Madrid, cuando
resulta que parte de Castilla-La Mancha, por no se sabe qué convenio,
resulta que forma parte de Alcalá de Henares. O sea, que aquí dependen de
cosas totalmente heterogéneas los derechos de los ciudadanos. Además, es
un derecho de los ciudadanos europeos, usted lo ha dicho, vía programa
Erasmus, el que aterrizar un señor de Holanda, de Alemania o de Italia,
pero si es uno de Castilla-La Mancha no puede. Puede ser uno de los 2.404
que, con nota de corte, que ni siquiera se le pide al de Holanda o de
algún otro sitio, no puede estudiar lo que quiere. Si usted aspira al
distrito único europeo, pues vamos a empezar a no discriminar a los
españoles respecto a los europeos, ya sería un buen comienzo.
Están proliferando distritos únicos que lo que están es marcando unas
curiosas fronteras antiuniversitarias, porque usted, aunque pertenece al
Consejo, está lo suficientemente cerca de la universidad como para saber
que tiene algo que ver, no solamente terminológicamente con la
universidad y que, por tanto, los planteamientos aldeanos no parece que
sean muy universitarios que digamos. Entonces, va a depender de la
comunidad autónoma, sea más amplia o menos amplia, el que un alumno pueda
cambiar o no cambiar. La Comunidad Autónoma andaluza llegó a decir que el
que quisiera estudiar Derecho, estudiara Derecho en Andalucía, pero donde
ellos dijeran si alguien dice que quiere estudiar Derecho en Granada, ¡ni
hablar!, donde le digan, en Huelva. ¿A usted le parece eso lógico? O sea,
que un señor que quiere estudiar Derecho en Granada, que es una facultad
que tiene un profesorado excelente, lo conozco bien, y se le dice que no,
que Andalucía es muy grande y que se vaya a Huelva, ¿por qué? Yo no lo
acabo de entender, es un asunto que me tendría que explicar también.
Pero es que luego nos encontramos con la existencia de los llamados
distritos blindados, y aquí es ya donde el asombro no conoce límites,
porque es que, además, don Emilio Octavio (que si supiera lo mucho que
estoy hablando de él hoy, se quedaría emocionado), pues resulta que habló
aquí expresamente de esa cuestión, y dijo que el blindaje existe en
determinados centros de las universidades de Madrid y de Barcelona en
algunas enseñanzas. Yo le pregunto al señor Secretario de Estado, ¿con
qué fundamento existe ese blindaje? Y, sobre todo, ¿ dónde está dicho qué
es lo que se blinda? Porque yo, que me leo hasta las actas del Consejo de
Universidades, porque hay gente para todo, no he visto por ningún sitio
el blindaje de ninguna universidad. Deben ser decisiones reservadas del
Consejo de Universidades, a lo mejor las hay; desde luego, en las actas
no están. Ahí no se dice ni tampoco Emilio Octavio lo hizo (y yo, que soy
muy ingenuo, pienso que usted sí me lo va a decir), qué enseñanzas de
Madrid y de Barcelona tienen blindaje y por qué. Y hay algunas
universidades, por ejemplo la de Sevilla, que pide blindaje también, ¿por
qué no? Si tienen el AVE ya, pues ¿por qué no van a tener blindaje? El
«standing» es el «standing». ¿Por qué van a ser menos que Madrid o que
Barcelona? Aquí cada cual pide su blindaje. ¿Esto es compatible con ir al
distrito compartido en el año 2000 y en qué se basa ese asunto? ¿En qué
se basa la existencia de un blindaje.
Yo creo que aquí el peligro es que estamos abandonando la idea del
distrito compartido, que es una coordinación prevista en la LRU, que debe
articular el Consejo de Universidades y ayudar a que funcione, por unos
acuerdos interautonómicos «de facto». Aquí hay comunidades autónomas que
se están poniendo de acuerdo para hacer distritos siameses, una especie
de distritos únicos en comandita. Eso no tiene nada que ver con el
distrito compartido y lo va a complicar enormemente; eso va a hacer que
el distrito compartido no avance. Entonces, explíqueme por qué existen
blindajes y quién los autoriza, y luego explíqueme también qué ocurre con
todo este asunto.
Y una última cuestión curiosa. Yo les pregunto a ustedes cuál es el flujo
entre las diversas comunidades autónomas a la hora del distrito
compartido, y ustedes con esa fecha de 28 de septiembre tan sorprendente,
me dicen: «En el caso de que la expresión flujos internos de los
distritos únicos se refiera al número de estudiantes que, habiendo
iniciado o superado el primer curso de sus estudios en una universidad,
son autorizados por los rectores correspondientes a continuar los mismos
u otros estudios en otra universidad, el Ministerio de Educación y
Ciencia no tiene cifras de tales flujos.» Pues a mí el Ministerio de
Educación y Ciencia me ha mandado este estudio que, como ven, tiene su
dimensión. Aquí está perfectamente explicado qué alumno de cada
universidad ha pedido distrito compartido y dónde ha acabado yendo; se ve
perfectamente de dónde salen y a dónde van. El único problema es que esto
es del año 1992, yo lo he pedido del último año y me dicen que no tienen
ustedes los datos. Pues no lo entiendo. Yo creo que ustedes ni saben los
datos que tienen, lo cual me temo que sea verdad. Búsquelo, señor
Secretario de Estado, porque existe. No me diga que no lo tienen porque
me lo han dado ustedes. Han abandonado este estudio, entonces ¿cómo van a
ir el año 2000 a distrito compartido si no siguen estos estudios tan
elementales? Seguro que los tienen. Enviémelo, por tanto, y explíqueme
qué pasa con los blindajes.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas): Quizá haya algún Emilio Octavio más en el mundo, pero al
que usted se refiere es Emilio Octavio de Toledo. A nadie le gusta que le
dividan su apellido. Me pide que le conteste algo. Yo, que soy parco en
palabras, estoy hablando hoy mucho más de lo que es natural en mí. Si
usted no quiere entender lo que yo le digo, éste es un problema que a mí
me supera ampliamente, pero que, francamente, pone la pelota en su
tejado. Respecto al flujo, me sorprende usted, porque no estaba en la
pregunta. Yo no estoy informado; me consta que hay ese estudio del año
1992, sin embargo, no me consta que haya uno posterior, y no me consta
que las universidades hayan proporcionado los datos recientemente, pero
lo estudiaré y, en caso de que lo tengamos, usted los recibirá, porque
los datos con respecto a las universidades son públicos para todo el
mundo, no sólo para usted, señor Ollero.
¿Qué es lo que me parece lógico, me pregunta? La pregunta por escrito
está clara, aunque puede estar más o menos bien formulada, pero cuando
usted la formula aquí pregunta siete cosas, y me dice qué es lo que me
parece lógico. Yo le digo lo que me parece lógico: el distrito único
europeo; eso es lo que me parece lógico. Por tanto, he contestado a su
pregunta. No me diga que no la he contestado. ¿Que qué es lo que me
parece lógico, repito? El distrito único europeo. En segunda prioridad,
por una cuestión de tiempo, lo que me parece lógico es el distrito único
en todo el país, en toda España, eso es lo que me parece lógico. Pero
para conseguir esto se tienen que realizar una serie de pasos. El primero
de ellos es el distrito único de las comunidades autónomas; éste es el
primer paso que se tiene que dar, y si algún día tiene usted alguna
responsabilidad, se dará cuanta de lo que es la administración de las
universidades, me refiero a la administración política, no a la
administración de la gestión.
En cuanto al distrito único universitario, pues vamos a llegar a él de
una forma muy natural, pero no de una forma brutal, porque no hay forma
de que se pueda decidir que el año que viene tendremos distrito único; no
hay forma.
Respecto a lo que usted llama los distritos blindados, que no está
escrito por ninguna parte pero yo creo entenderle, pues es verdad que
esto tiene origen en el intento de frenar una excesiva afluencia de
estudiantes a las universidades de Madrid y Barcelona, pero eso data del
año 1983, y era en unos momentos en los que la escasez de oferta en
determinadas titulaciones hacía que éstas se concentraran casi
exclusivamente en estas dos universidades, más que universidades,
localidades, porque había diferentes universidades. Gracias a la
diversificación de la oferta universitaria en los últimos años, esta
limitación transitoria ha perdido parte de su razón y, por tanto (y
también le contesto, para que no me diga que no lo hago), el Gobierno
está estudiando una modificación del Real Decreto 1.005/1964 en lo
referente a dicha limitación.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, ¿desea añadir algo más?
El señor OLLERO TASSARA: Recordar al Señor Secretario de Estado, en
primer lugar, que sigo a la espera del informe del distrito compartido de
este curso, que debería de estar terminado, y que si el de los flujos no
se ha vuelto a hacer, pues háganlo. No se puede tomar uno en serio el
distrito compartido para el año 2000 si ustedes no tienen esto, porque
ustedes van a conseguir, a lo mejor, la hazaña de hacerlo sin datos, como
han hecho tantas cosas, y los resultados a la vista están.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACION (Banda
Tarradellas): Efectivamente, el informe del distrito compartido, si usted
hizo el requerimiento haré un seguimiento y preguntaré por qué no está en
sus manos. Yo sí he visto un borrador de él y, por tanto, no me parece
lógico que no lo haya recibido.
En cuanto al de flujos, pues le digo lo mismo. De todas maneras, no crea
usted que para atender a un distrito único en el año 2000 es fundamental
tener ese diagrama de flujo hoy. Naturalmente que hay que estudiarlo año
a año y por eso se está haciendo con todo el rigor; pero insisto que en
cuanto lo tengamos usted dispondrá de él.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias señor Secretario de Estado, sobre
todo porque le hemos hecho venir en dos fases, aunque solamente en esta
última se han podido producir las preguntas y las contestaciones. Gracias
a las señoras y señores Diputados que quedan. Les recuerdo que la semana
próxima de nuevo habrá sesión de la Comisión el miércoles por la tarde.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las seis y treinta minutos de la tarde.