Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 552, de 13/09/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 552
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 46
celebrada el miércoles, 13 de septiembre de 1995
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre control del uso e instalación de boyas y puntos de amarre en el
litoral español. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
(BOCG serie D, número 225, de 28-4-95. Número de expediente 161/000482).
(Página 16802)
--Relativa a parada del tren Talgo pendular en la estación de Villanueva
de Córdoba. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D,
número 235, de 19-5-95. Número de expediente 161/000495). (Página 16805)
--Por la que se insta al Gobierno a realizar determinadas acciones antes
de ejecutar el proyecto de extracción de arena para la regeneración de
playas en la isla de Mallorca. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 235, de 19-5-95. Número de
expediente 161/000496). (Página 16808)
--Relativa a peaje de las motocicletas en las autopistas de titularidad
del Estado. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D,
número 246, de 16-6-95. Número de expediente 161/000514). (Página 16813)
--Relativa a la elaboración de un convenio de carreteras con el Gobierno
Balear. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D,
número 252, de 23-6-95. Número de expediente 161/000516). (Página 16815)
--Sobre realización de un estudio de impacto medioambiental sobre los
efectos del trasvase del río Guadiaro al río Majaceite. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 252, de 23-6-95.
Número de expediente 161/000520). (Página 16819)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE CONTROL DEL USO E INSTALACION DE BOYAS Y PUNTOS DE AMARRE EN EL
LITORAL ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000482.)
El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Buenos días, señoras y señores
Diputados. Vamos a empezar la sesión de esta Comisión de Infraestructuras
y Medio Ambiente de acuerdo con el orden del día que tienen todos
ustedes, cuyo punto primero es la proposición no de ley sobre control del
uso e instalación de boyas y puntos de amarre en el litoral español. La
ha presentado el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. Para su defensa, tiene la palabra la señora Rivadulla.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, la preocupación de nuestro Grupo
por este problema, que afecta a gran parte del litoral español, queda
manifiesta por cuanto el 26 de mayo de 1994, en esta misma Comisión, ya
presentamos una proposición no de ley, si bien referida en este caso a
las Islas Baleares, en la que solicitábamos medidas para controlar el
cumplimiento de la normativa sobre tráfico marítimo en lo relativo a la
navegación cercana a las costas. La práctica totalidad de los grupos
políticos en aquel momento manifestaron esta misma preocupación, aunque
se hicieron distintas valoraciones sobre las medidas que hasta el momento
se habían tomado y sobre su efectividad. El Grupo Socialista manifestó
que existía un plan nacional de salvamento, dotado de 6.000 millones de
pesetas, para el período 1994-1997, que tenía como objetivo todas las
tareas de búsqueda, rescate, vigilancia, tráfico y prevención de la
contaminación en las costas.
Este problema se va incrementando durante cada temporada, sobre todo en
verano, y es por ello que nosotros presentamos hoy esta proposición no de
ley en la Comisión de Infraestructuras, puesto que las administraciones
competentes, los partidos políticos y organizaciones ecologistas han
manifestado su preocupación por la continua y progresiva proliferación de
boyas ilegales y puntos de amarre a lo largo de todo el litoral del
Estado español. La aparición indiscriminada de gran número de boyas
ilegales fondeadas en nuestro litoral se debe, sobre todo, a causas
especulativas e intereses particulares. Esta práctica ilegal e
irresponsable ocasiona, por un lado, una seria contaminación en el mar y
las playas a causas de las grasas, humos, barnices y carburantes de los
motores. El fondeo se realiza por la ubicación de bloques de cementos,
llamados también «muertos» --entre comillas--, que producen la
degradación del fondo marino, de su fauna y flora y afecta a las
corrientes de agua, además del impacto visual que provoca un paisaje
repleto de embarcaciones. Añadamos a todo ello el muy escaso espacio del
que pueden disfrutar los bañistas en algunos tramos del litoral y los
accidentes sufridos todos los años. Como ejemplo, tenemos el dato de la
persona que murió en el año 1987, atravesado por la hélice de una
embarcación deportiva en Canadal, Costa Brava.
Todo ello conforma una suma de consecuencias negativas para el ecosistema
de nuestro litoral y para un turismo que cada vez se mueve más por
parámetros ambientales y más exigentes en términos de calidad.
Existe, por supuesto, una gran permisividad por parte de muchos
ayuntamientos. Un ejemplo significativo es el Ayuntamiento de
Palafrugell, que en el plan de usos y servicios de la playa ofrecía la
posibilidad de ubicación de 124 boyas. El Ayuntamiento permitió, en el
verano de 1994, 225, con lo que el litoral contaba con 101 boyas
ilegales. Esta explotación ilegal ha generado importantes cantidades de
dinero negro, según han denunciado algunas asociaciones ecologistas y
formaciones políticas sensibilizadas con este problema.
Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario buscar soluciones
para restablecer el equilibrio biológico del litoral y satisfacer las
exigencias de un turismo de calidad.
Una planificación responsable es una planificación rentable a largo plazo
desde el punto de vista económico, ecológico, paisajístico y turístico.
Es por lo que, señorías, presentamos esta proposición no de ley que, de
alguna manera, ha tenido en cuanto a su contenido, el respaldo de la
Capitanía marítima y del Gobernador Civil de Girona. Incluso el Ministro
Borrell, en su visita a Palamós, reconoció la necesidad de redactar una
nueva normativa. La presentamos también por la denuncia que Iniciativa de
Palafrugell ha hecho sobre las prácticas ilegales que se han producido
este verano.
El contenido de la proposición no de ley, señorías, señor Presidente, es
el siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: Primero,
elaborar una normativa que regule el uso e instalación de boyas y puntos
de amarre, que ofrezca una solución global al peligro que esta práctica
ilegal supone para nuestro litoral y, en general, para los bienes de
dominio público terrestre y marítimo. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Segundo, establecer medidas encaminadas a la gestión global de las aguas
de dominio público, marítimo-terrestre, que recojan como requisitos
mínimos los siguientes: limitación de un número máximo de boyas
permitidas, para cuya determinación se utilicen como parámetros
fundamentales el equilibrio biológico del litoral y las exigencias de un
turismo respetuoso con el medio. Estas deberán estar numeradas y el
número deberá estar visible. Que la capacidad de puntos y boyas de fondeo
y de amarre no exceda del número establecido en los planes de situación
de zona que contemple el MOPTMA. Menor velocidad en la circulación de las
embarcaciones; más señalización para evitar accidentes; respeto al
espacio destinado a bañistas; incremento de las medidas tendentes a
garantizar que los usuarios de las embarcaciones tengan sus permisos de
navegación y fondeo legalizados.
Tercero, que se tomen las medidas necesarias para establecer mayor
vigilancia y un control riguroso para hacer verdaderamente efectivo el
cumplimiento de esta normativa.
Cuarto, elaboración de un plan general de usos y servicios consensuado
con todos los organismos competentes y grupos interesados, a aplicar por
todos los ayuntamientos con litoral, sin perjuicio de las medidas que
pudieran éstos tomar en el ámbito de sus competencias.
Señorías, queremos ser absolutamente respetuosos con el ámbito
competencial, pero pensamos que se requiere una normativa mínima. Existen
la Ley de Costas y el Reglamento, pero son de 1988 ó 1989 y pensamos que
desde esas fechas hasta ahora esas prácticas se han generalizado, se han
intensificado y requieren de una normativa más rigurosa.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para fijar su posición sobre la
proposición no de ley, el señor Sedó, en nombre del Grupo Catalán
(Convergència i Unió).
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, muy brevemente.
Nuestro Grupo considera acertada o conveniente esta proposición no de ley
en alguno de sus puntos y pediría que, en todo caso, se hiciese la
votación separada de sus cuatro puntos, por cuanto vamos a votar
favorablemente el punto primero que pide elaborar una normativa.
Normativas existen, pero lo que sería conveniente es dejar bien claro el
resumen de todas estas normativas en una específica y concreta, que es lo
que se pide en este punto.
No vamos a apoyar el punto segundo porque no parece conveniente aceptar
algo que en Comisión se hace muchas veces, como es pedir medidas
encaminadas a que haga algo que viene ya predeterminado. No creemos que
se deban establecer medidas y decir cuáles son. En todo caso, el
organismo competente que tenga que hacer la normativa ya verá las cosas
que tienen que estar incluidas en ella.
También votaremos favorablemente el punto tercero, porque nos parece
adecuado que se tomen medidas necesarias para establecer una vigilancia y
un control riguroso en estos momentos y que se cumpla la normativa que
pueda haber cuando se haya creado o la que en estos momentos existe.
No sucede lo mismo con el punto cuarto, que votaremos en contra, porque
la elaboración de un plan general puede cercenar competencias de
ayuntamientos. La normativa general nos parece bien, pero las
particularidades de cada ayuntamiento, de acuerdo con la general, tienen
que ser las propias, de cada uno de los centros municipales.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular el señor Posada.
El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, muy brevemente quiero decir que
nos parece oportuno y laudable el motivo que ha traído esta proposición
no ley. Indudablemente, se cometen abusos en las playas, hay algunas
actuaciones ilegales, lo cual preocupa. Desde nuestro punto de vista, el
enfoque es demasiado general y, al mismo tiempo, poco específico. Es
decir, se pretende resolver todo de golpe desde una normativa, cuando
precisamente lo que más hay es normativa, y muy variada, lo que sucede es
que a veces no se cumple. Por otro lado, se pretende aplicar a todo el
territorio nacional, lo cual supone un esfuerzo enorme para poderlo
llevar a cabo en un tiempo, diríamos lógico. Si esta propuesta se
centrara más en espacios especialmente protegidos, en zonas determinadas,
en las que el daño puede ser mayor, podría tener más efectividad.
Siguiendo un poco el análisis que ha hecho el señor Sedó y su petición de
que se vea punto a punto, nosotros diríamos también que el primer punto,
elaborar una normativa que contemple todo esto, parece que es partir de
cero, como si no hubiera nada, y vuelvo a insistir en que lo que hay es
mucha normativa, que a veces están descoordinadas, inconexas, pero existe
normativa. Por tanto, nosotros nos abstendríamos en este punto, porque no
estamos en contra, pero no parece que sea absolutamente necesario.
Sí estamos en contra del segundo punto. Yo ahí también coincido con el
señor Sedó en que no se puede o no se debe desde una Comisión del
Congreso, cuando se piden actuaciones
al Ejecutivo, darle un marco tan estrecho que prácticamente se le diga
cómo tiene que hacerlo todo. No creo que ésa sea la intención de la
proposición no de ley, sino que hay esa buena intención de querer señalar
los puntos que preocupan y que, por tanto, se indican. Por eso este punto
realmente sobra.
Sí nos parece muy interesante, y además ahí es donde está la verdadera
petición de esta proposición no de ley, el punto tercero, que es que se
tomen medidas necesarias para establecer mayor vigilancia y un control
riguroso para hacer verdaderamente efectivo el cumplimiento de esta
normativa que ahora se propone o de la que ya existe. Ese sí que es un
punto interesante y que apoyaremos totalmente.
En cuanto al cuarto punto, está formulado de una forma en la que no se
tiene en cuenta el reparto competencial español que nos hemos dado entre
municipios, comunidades autónomas y el Estado y, por tanto, podría ser
perjudicial. aunque la idea es buena no nos parece lo suficiente para
apoyarla y probablemente nos abstendremos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATE IBARZ: Nosotros también creemos que la mayoría de las
medidas normativas ya figuran en nuestro ordenamiento. Antes de entrar en
ello quisiera decir que no podemos ser alarmistas en cuanto a los
accidentes que ocurren todos los años. Prueba de ello es que el grupo
proponente ha tenido que remontarse a 1987 para hablar de un accidente
mortal y desgraciado que ocurrió en la Costa Brava.
Tampoco tenemos conocimiento de que estas actividades proliferen a lo
largo de todo el litoral español, por lo menos en el litoral catalán --me
precio de conocerlo bastante-- no es una práctica extendida el amarre en
boyas, excepto en la zona de la Costa Brava que es la única que se cita
repetidamente en la introducción a la proposición no de ley.
Finalmente, estamos tratando de un asunto sobre el cual existen
competencias concurrentes. La misma proposición habla de autorización de
boyas por parte de un ayuntamiento para un determinado número, que se
sobrepasó en 1994.
En cuanto a nuestra primera consideración, existe normativa y sobrada: La
ley de Costas de 1988, el Reglamento general para desarrollo y ejecución
de esa Ley, de 1988, en el que hay más de 200 artículos. El punto tercero
--si no recuerdo mal-- se refiere, entre otras cosas, a la utilización
del dominio público marítino-terrestre. Su artículo 69 trata
específicamente del ordenamiento de la zona en cuanto a velocidad --a lo
que también se refiere el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya--, delimitación, etcétera. Más aún, existe todavía otra
normativa, una resolución ministerial, de 2 de septiembre de 1991, sobre
balizamiento y señalización de las playas, que también contempla la de
lagos y superficies de aguas interiores. Por tanto, las medidas que se
señalan en la proposición no de ley están contempladas en nuestra
normativa aplicable.
Quizá sea difícil encontrar alguna actividad en la costa que esté tan
regulada como la que se pide en la proposición no de ley.
Consecuentemente, los puntos uno y dos ya están recogidos en la normativa
mencionada. Más aún, algunos planes de usos de las playas se refieren a
esta actividad que se pretende regular de nuevo. Desde este punto de
vista, los punto uno y dos sobran; por eso no los contemplaríamos ni
podríamos estar de acuerdo con ellos.
En lo referente al incremento de las medidas tendentes a garantizar que
los usuarios de las embarcaciones tengan sus permisos de navegación y de
fondeo legalizados, que es el último párrafo del punto número dos,
creemos que desde la incorporación y despliegue en el litoral del
Servicio Marítimo de la Guardia Civil, al amparo de la Ley Orgánica
2/1986 de fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, junto con la labor
de vigilancia e inspección que viene realizando la Armada, se ha
permitido aumentar el control de esas actividades haciendo efectivo el
cumplimiento de la normativa citada.
A pesar de ello, es cierto que deberían activarse los mecanismos ya
existentes para establecer mayor vigilancia y un control riguroso para
hacer verdaderamente efectivo el cumplimiento de la normativa, que es el
punto tres de la proposición no de ley. Hubiéramos preferido otra
redacción, aunque no la hemos presentado como enmienda; no obstante,
ofrecemos una enmienda «in voce» por si la representante de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya la quisiera considerar. Diría lo
siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el efectivo
cumplimiento de la normativa existente sobre uso e instalaciones de boyas
y puntos de amarre en el litoral español, con objeto de incrementar los
niveles de seguridad de los usuarios de las playas y presentar el medio
ambiente litoral.
En cuanto al punto cuarto, creemos que si las normas generales ya están
establecidas sobra la elaboración de un plan general de usos y servicios.
En todo caso, sería conveniente que cada uno de los planes de usos de las
playas contemplaran estos amarres, que fuera obligatorio que cada plan de
usos los tuviera en cuenta allí donde ya se den o se puedan dar y que el
servicio de costas de cada provincia, para la aprobación de estos planes
de usos de las playas, exigiera este requisito de los ayuntamientos. En
definitiva, estaríamos de acuerdo en que deben incrementarse las medidas
necesarias para establecer mayor vigilancia para el cumplimiento de la
normativa y para ese punto tres ofrecemos este párrafo que creemos que
estaría mejor redactado.
En cuanto al punto cuarto de la proposición no de ley, lo tendríamos en
cuanta sólo si se redactara de la manera que decimos, es decir, que los
planes de uso de las playas contemplaran este tipo de amarres en boyas y,
por tanto, los servicios de costas exigieran este punto como requisito
imprescindible para que puedan ser aprobados los respectivos planes a los
que nos hemos referido tan reiteradamente.
El señor PRESIDENTE: El criterio de esta Comisión, hasta la fecha --y no
hay ninguna razón en contra por parte de la Mesa y de la Junta de
Portavoces--, siempre ha sido el de admitir enmiendas «in voce», pero
siempre con el ruego de que el proponente la haga llegar por escrito a
esta Mesa, con lo cual podremos tenerla en cuanta. Quisiéramos conocer la
opinión de la señora Rivadulla, ponente del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, con respecto a esta enmienda «in voce» de
la que ya dispone esta Mesa, por escrito, recordándole que en el supuesto
de que aceptara la enmienda, la petición de votación separada, formulada
por distintos grupos parlamentarios, no podría realizarse
reglamentariamente. Quiero advertirlo para que la ponente lo tenga en
cuenta a la hora de fijar su posición sobre la enmienda, porque habría
que votar en su conjunto la proposición no de ley con la enmienda «in
voce» aceptada por esta Mesa.
Es evidente que supone la aceptación o rechazo, pero cualquier otro grupo
parlamentario puede ejerce su derecho de aceptación o rechazo de esta
enmienda. En caso de aceptación, repito, se tendría que votar
conjuntamente la proposición no de ley incluyendo la enmienda. En caso
contrario, se podría votar separadamente, pero todos los grupos
parlamentarios tiene la opción de fijar su posición respecto a esta
enmienda «in voce». (El señor Posada Moreno pide la palabra.)
El señor Posada tiene la palabra para una cuestión de orden.
El señor POSADA MORENO: Sólo para decir que querría tener esa enmienda y,
sobre todo, conocer si es de sustitución o de adición.
El señor PRESIDENTE: Señor Posada, aunque se le va a suministrar de
manera inmediata a todos los grupos parlamentarios (ruego al grupo
proponente, al Grupo Socialista, que proceda al reparto de la enmienda
«in voce»), para clarificar el asunto y que cada uno tome sus posiciones
más correctamente, voy a dar lectura de la enmienda propuesta por el
Grupo Socialista, que es de sustitución. dice así: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a impulsar el efectivo cumplimiento de la
normativa existente sobre uso e instalaciones de boyas y puntos de amarre
en el litoral español con objeto de incrementar los niveles de seguridad
de los usuarios de las playas y preservar el medio ambiente litoral.
Este es el texto de la enmienda «in voce» que se ha remitido por escrito
a esta Mesa y que someto, directamente y por este orden, en primer lugar
a juicio de la señora Rivadulla, en nombre del Grupo proponente, y
posteriormente al señor Sedó, en representación del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), que ha pedido también manifestar su criterio
respecto de la enmienda.
La señora Rivadulla tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, teniendo en cuenta que esta
enmienda pretende sustituir nada menos que cuatro puntos de nuestra
proposición no de ley y que supuestamente votaremos al final de la
Comisión, nuestro Grupo rogaría a la Mesa que nos dejase tiempo para
considerarla y poder verla al final de la sesión.
El señor PRESIDENTE: El señor Sedó tiene la palabra.
El señor SEDO I MARSAL: En la línea de lo que decía la señora Rivadulla,
iba a pedirle que nos diera la palabra antes para que supiese lo que
podemos pensar los demás. He de decirle que íbamos a pedir tratar los
distintos puntos por separado.
Como este punto de sustitución prácticamente recoge los puntos 1 y 3 pero
no incluye los números 2 y 4 en un texto refundido y yo había dicho que
lo íbamos a votar favorablemente, nos parece bien esta enmienda y la
apoyaríamos si es aceptada.
El señor PRESIDENTE: El señor Posada tiene la palabra.
El señor POSADA MORENO: Me parece muy bien que lo veamos al final de la
Comisión, pero quiero adelantar la posición del Grupo Popular, en el
sentido de que, si como parece, no se puede votar punto por punto, como
esta enmienda de sustitución recoge aquello en lo que nosotros estábamos
más de acuerdo, que es el punto 3, si el Grupo de Izquierda Unida admite
la enmienda de sustitución, nosotros la votaremos a favor, pero si
mantiene el texto de la primera posición, teniendo que votar los cuatro
puntos a la vez, en ese caso votaríamos en contra.
El señor PRESIDENTE: Definitivamente, hay unas horas para consensuar cuál
es la posición definitiva respecto a esta proposición no de ley hasta el
momento de la votación, que no se producirá antes de la una.
--RELATIVA A LA PARADA DEL TREN TALGO PENDULAR EN LA ESTACION DE
VILLANUEVA DE CORDOBA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000495.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 2 del orden del día:
Proposición no de ley, relativa a parada del tren Talgo-pendular en la
estación de Villanueva de Córdoba.
La propuesta es del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa, tiene
la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: La proposición que presenta el Grupo Popular
requiere un pequeño antecedente para ilustrar a SS. SS., con rigor
técnico, sobre la necesidad de adoptar una decisión favorable.
La zona norte de la provincia de Córdoba, integrada fundamentalmente por
el Valle de los Pedroches, está relativamente habitada y comprende una
población de algo
más de 90.000 habitantes en un conjunto de aproximadamente veinte
municipios.
Esta zona mantiene desde antiguo una postura reivindicativa, en el
sentido de romper el aislamiento que sufre con las grandes redes de
comunicación tanto por carretera como por ferrocarril. Es verdad que en
los accesos a la zona, fundamentalmente en la dirección Córdoba-Badajoz,
se han hecho algunas mejoras en las carreteras que han facilitado las
comunicaciones, pero también es cierto que estas mejoras no permiten
todavía el acceso a las grandes redes de comunicaciones nacionales.
Por lo que respecta al ferrocarril, esta comunicación no existe
actualmente. Era una zona que hasta los años 40, curiosamente, tenía una
facilidad de comunicación interna con ferrocarriles de vía estrecha en
toda la zona.
Se produce la contradicción de que la línea de alta velocidad atraviesa
casi de punta a punta la comarca de Los Pedroches y que, sin embargo, sus
habitantes ven pasar los trenes por esta vía sin posibilidad alguna de
acceder a ella.
Si pensamos en el futuro y en la posibilidad de transportar mercancías
por esta vía, también es conveniente romper ese aislamiento y procurar la
conexión.
Nos referimos a la estación de Villanueva de Córdoba, puesto que es una
de las estaciones de servicio a lo largo del trazado de alta velocidad,
que tiene todas las instalaciones necesarias para facilitar una parada de
trenes: tiene andenes, pasos subterráneos por los andenes, una dotación
de personal permanente en la misma, tanto de seguridad como de servicio,
lo cual implica que no sería necesario para Renfe realizar ningún gasto
de inversión en infraestructura.
Al mismo tiempo, existe ya un acuerdo de la Diputación Provincial de
Córdoba, que ha manifestado su voluntad de colaborar si hubiera algún
gasto de conexión por carretera, que sería muy reducido puesto que la
estación de Villanueva de Córdoba tiene un acceso directo por carretera.
La única necesidad que se le plantearía a Renfe sería la de trasladar un
terminal de ordenador, como punto de venta para la expedición de
billetes, y en cuanto a personal tampoco implicaría un aumento de
plantilla, puesto que actualmente hay treinta y ocho empleados en la
estación central de Córdoba que no tienen asignada una ocupación
específica.
Esta propuesta no implica un aumento de gastos para Renfe o para el
Ministerio y rompería el aislamiento de la zona. Además, está apoyada por
todos los municipios de la zona que en sus plenos han tomado acuerdos en
este sentido, por el Pleno de la Diputación Provincial, por unanimidad, y
por el Parlamento de Andalucía, acuerdo tomado este mismo año también por
unanimidad.
Puede decirse que técnicamente se produciría un impacto de tiempo en el
recorrido de los trenes. No nos estamos refiriendo al tren de alta
velocidad, sino a los trenes talgo que circulan por esta vía. Creemos que
una sola parada de alguno de los trenes que circulan por esta vía, tanto
en la dirección Madrid-Sevilla o Madrid-Málaga como en la dirección
inversa hacia Madrid, no produciría retraso alguno ya que este posible
retraso podría ser recuperado con la misma velocidad del tren que todavía
no circula al máximo de sus posibilidades e incluso cabe, desde el punto
de vista técnico, sustituir esta parada por otras de las que el tren
talgo realiza a lo largo de su recorrido, puesto que, como ya he dicho,
no nos estamos refiriendo a que pare la totalidad de los trenes, sino
sólo uno.
Creemos que es una propuesta que cumple una reivindicación histórica de
una zona que, a pesar de su aislamiento, está logrando tener un
desarrollo industrial realmente considerable a base de iniciativas
particulares y, al mismo tiempo, tiene un desarrollo ganadero y de
industrias afines también muy importante. Quiero insistir en que la idea
básica que defendemos es romper ese aislamiento, lo que, desde el punto
de vista industrial y comercial, sería vital para el futuro desarrollo de
la zona.
Pueden producirse reivindicaciones para solicitar por parte de Renfe una
actuación similar a lo largo de todo el trayecto de la línea de alta
velocidad, pero creemos que nuestra propuesta no crea un antecedente
obligatorio para otra zona, sino que para aquellas zonas que propusieran
una población potencial de usuarios similar a ésta de la que estamos
hablando y una situación también de aislamiento de comunicaciones
parecida, podría estudiarse en el futuro un tratamiento similar.
Por estas razones solicito de todos los grupos el apoyo a la proposición
y de antemano quiero agradecerles su apoyo.
Hay deseos por parte del Grupo Socialista de presentar una enmienda a
esta proposición y en el momento en que se exprese su contenido nos
manifestaremos sobe el mismo.
El señor PRESIDENTE: La enmienda a la que ha hecho mención el señor
Jordano no se ha presentado todavía y supongo que será «in voce».
Por tanto, doy la palabra a los grupos parlamentarios que desean fijar su
posición respecto a esta proposición no de ley. (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Nuestro Grupo va a apoyar la proposición no de
ley que ha sido presentada por el Grupo Popular, ya que la exposición que
ha hecho su portavoz ha sido muy convincente y está dentro de los
razonamientos que defiende nuestro Grupo. Si alguna duda podemos tener
sobre el tema, sería la vehemencia en defender los intereses de la propia
zona, lo que, con el voto favorable, podría llevarnos a crear un
precedente. La presentación de la enmienda «in voce» por parte del Grupo
Socialista confirma la vehemencia que ha puesto en la defensa de la
proposición no de ley el portavoz del Grupo Popular, demuestra que es
realmente factible y nos lleva a pensar que hay que impulsar este tema,
sin que ello sea un precedente para otras zonas.
Por tanto, nosotros votaremos favorablemente la proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: A mi Grupo Parlamentario, señor Presidente, le
agrada constatar que por parte del Grupo Popular se haya contemplado la
necesidad de que una población de 90.000 personas dispersas en una
comarca necesita una parada de ferrocarril y una conexión ferroviaria,
tanto con el norte como con el sur de España. Yo creo que esta
constatación demuestra que las poblaciones de las diferentes comarcas del
territorio nacional desean estar conectadas con la estructura
ferroviaria. Por tanto, confiemos que sea botón de muestra de la posición
de los diferentes grupos parlamentarios cara al futuro, de la necesidad
de que se articule una red ferroviaria que no solamente esté compuesta
por los Intercity entre las grandes ciudades, sino que la red llegue al
conjunto de todas las comarcas y poblaciones intermedias que existen en
este país.
Seguramente tendremos oportunidad de recordarle al Partido Popular que lo
que pidió para el valle de Los Pedroches quizá tenga que repetirlo para
el conjunto de la geografía nacional y mi grupo parlamentario apoyará
esta proposición no de ley porque la consideramos justa de suyo.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Estamos ante una iniciativa en la que
el grupo parlamentario en cuyo nombre hablo, viene manteniendo siempre la
misma posición. Nuestra posición es que no se puede estar en contra de
los argumentos dados en defensa de esta proposición no de ley. Es una
verdad relativa, cuyo enorme riesgo consiste en convertirla en absoluta.
Hay centenares de comarcas en este país sobre las que se pueden predicar
las mismas razones que justificarían que los trenes de alta velocidad
hiciesen una parada en esa comarca. Hay centenares de comarcas en este
país que en un instante dado no tendrían dificultad alguna en recabar los
mismos apoyos de ayuntamientos, diputación, cámaras de comercio,
empresarios, etcétera. Por tanto, la tremenda dificultad de tomar en
consideración este tipo de propuestas es que, aunque no queramos --como
ha dicho el ponente que ha defendido la iniciativa--, introducimos sin
duda alguna un precedente; un precedente cuyo guante ha sido recogido por
otro portavoz que ha dicho que en el caso de otras propuestas similares
estarían dispuestos también a darle su voto positivo.
¿Qué consecuencia tiene esto? Que para utilizar el servicio especializado
de la Red de Ferrocarriles Españoles de alta velocidad, tienen que
concurrir dos circunstancias: una, la potencia del instrumento que se
desplaza y, otra, el mínimo de paradas. Si vamos interponiendo a lo largo
de las redes de alta velocidad todas las paradas correspondientes a
comarcas que estuviesen en la misma situación que hoy estamos apuntando,
terminaríamos, probablemente, por degradar el sentido básico de la red de
alta velocidad y el precio de incorporar a esa red un número limitado de
usuarios quizá tuviera como consecuencia contractual que otro determinado
número de usuarios, posiblemente superior, abandonase la línea de alta
velocidad y volviese al avión. Para estos usuarios el tiempo tiene un
valor y a ellos va dirigido un producto de Renfe que es la alta
velocidad.
Renfe tiene otros productos, tiene otros servicios, que paran en las
estaciones y que garantizan la vertebración ferroviaria del Estado.
Solamente entre Cádiz y Madrid, que sería una de las líneas afectadas por
estas iniciativas, los Talgos de rodadura desplazable tienen trece
estaciones de contenidos similares, la misma población, actividad
económica, acceso en tiempo de una hora a la parada de alta velocidad más
próxima. En Madrid-Málaga hay once estaciones. Yo creo que ésta es una
tremenda responsabilidad de la Cámara en el sentido de entender las
consecuencias de las vías que abrimos con nuestras decisiones. ¿Cómo
podríamos, en el futuro, poner coto a este tipo de iniciativas que
indiscutiblemente complacen al que las presenta, complacen a los
electores y son de dificilísima negación por parte de otros grupos
parlamentarios. Yo me fío de la palabra del proponente y espero que esto
no constituirá un precedente que pudiera convertir a esta Comisión en el
organismo gestor de Renfe diciendo dónde y cuánto tienen que parar los
trenes, etcétera.
Sobre ese problema a la garantía del Grupo Parlamentario Popular y la
posición al respecto del Grupo Socialista, que creo pueden ser obstáculo
suficiente para que este tipo de iniciativas no proliferen en el futuro,
no alteren el sentido sustancial de un servicio que se llama de alta
velocidad, añadimos otro problema. En el texto concreto de la redacción
que se nos propone se pudiera deducir que es el Gobierno el que tiene que
autorizar, tal y como está redactado (ésa es mi interpretación, no dudo
que no sea ése el interés del grupo parlamentario que la ha presentado),
se pudiera decir que el Gobierno tiene que decidir que en Villanueva de
Córdoba haya una parada. Como jurídicamente el tema no es así, hay un
contrato entre el Estado y entre Renfe mediante el cual el Estado, a
través de la persona jurídica del Gobierno, adquiere unos compromisos que
tiene que cumplir y la Red de Ferrocarriles tiene otros.
Propongo, simplemente, una nueva redacción --que ya consta en la Mesa--
en la que se diga que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
realizar las gestiones necesarias para facilitar que algunos de los
trenes Talgo que utilizan diariamente el NAFA, el nuevo acceso
ferroviario a Andalucía, mantenga una parada de carácter estable en la
estación de Villanueva de Córdoba. Por tanto, lo único que hago es
ajustar jurídicamente lo que esta Cámara puede pedir al Gobierno: que
realice las gestiones necesarias encaminadas a que la entidad, el
organismo que tiene que tomar la decisión, que es Renfe, la tome y se
establezca una parada de carácter estable en la estación de Villanueva de
Córdoba. Creo que esto satisface la pretensión básica del grupo que la ha
propuesto y las palabras de su portavoz, junto con el posicionamiento
tradicional del Grupo Parlamentario Socialista, esperemos que sirva en el
futuro para que iniciativas de este tipo no proliferen porque terminarían
por desvirtuar algunas políticas que parece merecen el respaldo unánime
de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Ante esta enmienda «in voce» pregunto a todos los
grupos parlamentarios: ¿Existe algún grupo que se oponga a la aceptación
de la mencionada enmienda? (Pausa.)
Al no existir ningún grupo que se oponga a la aceptación de la enmienda,
tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor
Jordano, para fijar su aceptación o rechazo de la citada enmienda.
El señor JORDANO SALINAS: La enmienda es de carácter estrictamente formal
y en ese concepto no tenemos inconveniente para admitirla. Por otra
parte, requiere una precisión en el concepto. Cuando se recomienda al
Gobierno que tome una decisión en materia de infraestructuras corremos el
riesgo de que esa decisión que recomendamos comporte un gasto
determinado, que de antemano no sabemos si va a ser rentable o va a
suponer, pura y simplemente, invertir en una zona que después no va a
prestar rentabilidad alguna a la sociedad.
En el caso que proponemos partimos de la base de que la infraestructura
está ya realizada y que, por tanto, el experimento no implica gasto. Si
el experimento fallara, porque no hubiera una demanda, no hubiera acogida
al servicio, a Renfe le bastaría con cancelar una parada, pero la
cancelación de esa parada no implicaría que se tirara a la basura --en
términos coloquiales-- ninguna peseta de Renfe; no habría ningún gasto en
infraestructura que dejara de utilizarse. Que se reúnan estas condiciones
en otras circunstancias, es decir, una población potencial que
aparentemente puede dar consistencia comercial al proyecto, la
reivindicación unánime de una zona determinada y la carencia de gasto en
infraestructuras, creemos sería suficiente para contemplar positivamente
otras propuestas, pero difícil es, desde luego, que se dé esa
circunstancia específica que se da en el caso que propone el Grupo
Popular y que no sea necesario ningún gasto en infraestructura.
Por eso, en estos términos, hemos dicho que no queríamos sentar un
precedente y que porque paren en un sitio tienen que parar los trenes
Talgo en todos los demás. Tendrán que parar cuando se reúnan condiciones
idénticas o muy parecidas a las que hemos planteado.
Finalmente, quiero agradecer a todos los grupos la posición que han
manifestado en sus respectivas intervenciones.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Interpreto que acepta la enmienda? (Asentimiento.)
De acuerdo.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REALIZAR DETERMINADAS ACCIONES ANTES
DE EJECUTAR EL PROYECTO DE EXTRACCION DE ARENA PARA LA REGENERACION DE
PLAYAS EN LA ISLA DE MALLORCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000496.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día: proposición no
de ley por la que se insta al Gobierno a realizar determinadas acciones
antes de ejecutar el proyecto de extracción de arena para la regeneración
de playas en la isla de Mallorca.
El proponente es el Grupo Parlamentario Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y, en su nombre, tiene la palabra el señor
Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que la posición de nuestro grupo en
cuanto a la política de regeneración de playas, la regeneración de costas
que el MOPTMA tiene puesta en marcha en muchísimos puntos de nuestro
país, es bastante reticente, sobre todo por el impacto medioambiental que
tiene este tipo de obras y por el falseamiento que puede producir en la
realidad medioambiental o geográfica de la que hemos dispuesto.
En todo caso, el objetivo de nuestra proposición no es entrar en
contraposición de esta iniciativa de regeneración de playas sino,
precisamente, en las garantías que deben darse en esta actuación. En
concreto, en la isla de Mallorca se está proponiendo, y se va a realizar
si al final se ejecuta, una extracción de seis millones de metros cúbicos
de arena en la costa norte de la isla de Mallorca, para recuperar o
regenerar determinadas playas de la propia isla.
Lo cierto y verdad es que esta medida o esta actuación, el proyecto de
regeneración ha tenido previamente una evaluación de impacto ambiental
pero referida a lo que pudiéramos llamar la zona donde se va a extraer
ese volumen de arena, pero no se ha referido, no se ha afectado o no se
ha estudiado dentro de esa evaluación de impacto ambiental la zona donde
se va a ubicar o a depositar la arena. Por tanto, uno de los
razonamientos por los que hacemos la propuesta es precisamente que el
proyecto o estudio de impacto ambiental recoja una evaluación de impacto
global tanto de donde se extrae la arena como de donde se ubica la arena
y los efectos que puede tener sobre ella.
El segundo razonamiento, desde nuestro punto de vista, es que creemos que
no se ha profundizado en las causas que han deteriorado la costa. Para
poder actuar y regenerar una playa primero hay que conocer cuáles son los
elementos que la han deteriorado, que la han afectado, para necesitar esa
regeneración, puesto que así podremos conocer mejor qué terapias
proponemos, qué medidas tomamos para poder recuperarla.
En tercer lugar, esa evaluación, ese estudio que se va a hacer, no ha
evaluado la posibilidad de llevar a cabo otros métodos alternativos que
en la misma isla tienen experiencia y que han dado resultados positivos,
como ha sido la interferencia eólica del transporte de sedimentos que se
ha ubicado en Cala Agulla.
Por último, todos estos estudios y decisiones, que de verdad luego
afectan a la realidad económica, deben hacerse con el máximo compromiso
de todas las personas afectadas, las nuevas y las afectadas
tradicionalmente, es decir, con el máximo de información para las
cofradías de
pescadores, que históricamente han podido utilizar el mar para pescar, y
también las personas que puedan estar interesadas. Es decir, hacerlo con
la máxima transparencia posible, con los plazos de información para que
puedan conocerlo todas las personas y poder presentar sus propias
alegaciones, y esto también debiera llevar consigo la posibilidad de
emplear todos los organismos que dentro de nuestra propia organización
del Estadio existen. En concreto, hay organismos como el Instituto
Español de Oceanografía y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas que pueden emitir estudios o informes sobre ello y la opinión
de estos organismos nos vendría bien no sólo en este caso, el de la
actuación de regeneración en la isla de Mallorca, sino en todos los casos
que se puedan producir.
Por tanto, la propuesta que hacemos a esta Comisión sería que el Congreso
de los Diputados instase al Gobierno a llevar a cabo la ejecución del
proyecto de extracción de arena, pero dentro de los siguientes
requisitos: Primero, que se realice un estudio sobre las causas que han
deteriorado la zona a regenerar, los métodos alternativos que pueden
utilizarse junto con éste y el impacto en su conjunto, en su globalidad
del propio proyecto. Segundo, que se puedan cumplir, o se cumplan, los
compromisos de información con todas las personas que pueden verse
afectadas, en concreto los compromisos que puedan existir con las
cofradías de pescadores, los ayuntamientos de la zona y con las
organizaciones que deban pronunciarse. Por último, que antes de tomar la
decisión de realizar el proyecto se incluyan los informes sobre el mismo
que hayan sido o puedan ser elaborados por el Instituto Español de
Oceanografía y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Ese es el objetivo de nuestra propuesta que, repito, va más a la realidad
de una propuesta que a la filosofía general, y a qué métodos de actuar
sobre ella, sin entrar en el contenido. Estamos en el continente más que
en el contenido.
El señor PRESIDENTE: Tengo que comunicar a la Comisión que existen tres
enmiendas a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, sobre esta
proposición no de ley, por lo que doy la palabra a la señora Cava de
Llano, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, para fijar su posición
respecto a la proposición no de ley y en participar para explicar sus
tres enmiendas, dos de adición y una de modificación.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: El Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, mediante esta proposición no de
ley, pretende que el Gobierno realice determinadas acciones antes de
ejecutar el proyecto de extracción de arena para la regeneración de las
playas en la isla de Mallorca. ¿Y por qué solicitan que se efectúen esas
determinadas acciones? Porque, efectivamente, el proyecto presentado por
el Gobierno, concretamente por el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente para la regeneración de las playas de
Mallorca, que supone la extracción, nada más y nada menos, de seis
millones de metros cúbicos de arena, tiene diversos defectos, tal y como
es de ver en el exponendo de la proposición no de ley. Estos defectos
también fueron denunciados en su día por la Dirección General de
Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, del Gobierno balear. En ese
escrito se decía que en la Memoria-resumen enviada por el MOPTMA si bien
se elegía el lugar del que extraer la arena no se hacía mención alguna al
lugar de vertido, es decir, la playa que se pensaba regenerar con esas
arenas, hecho éste que consideramos puede producir un impacto incluso
mayor que el de la extracción.
Por tanto, en opinión del grupo que represento, se incumple el artículo
124.1 del Reglamento de la Ley de Costas, cuando dice que para otorgar
las autorizaciones de extracción de áridos y dragados será necesaria la
evaluación de sus efectos sobre el dominio público marítimo-terrestre,
referida tanto al lugar de extracción o dragado como al de descarga, en
su caso. También consideramos que se incumple el artículo 125.1.d) del
mismo reglamento que entre las condiciones de la autorización dice que
deberán figurar las relativas al plazo en que se otorga, el volumen a
extraer, dragar o descargar al dominio público marítimo-terrestre, ritmo
de las acciones y tiempo hábil de trabajo, procedimiento y maquinaria de
ejecución, destino y, en su caso, lugar de descarga del dominio público
de los productos extraídos o dragados, medios y garantías para el control
efectivo de estas condiciones, etcétera.
Por otra parte, también quiero señalar que la actuación del MOPTMA se
encuentra incluida en el anexo 3 del Decreto 4/1986, de 23 de enero, de
evaluaciones de impacto ambiental, de la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, en el epígrafe 2.1, que trata especialmente de la extracción de
arena y grava. Consideramos que, dado que el proyecto en cuestión se
refiere a una actividad extractiva cuya competencia ha sido transferida
recientemente a la Comunidad Autónoma, el estudio de impacto ambiental
debería ser remitido para su informe a la Comisión balear de Medio
Ambiente. Sabemos que si no hubo estudio de impacto ambiental por parte
del MOPTMA, fue porque existe el Decreto 1302/1986, de 28 de junio, según
el cual esta evaluación de impacto ambiental no es preceptiva en este
tipo de obras, aunque insistimos que de acuerdo con la legislación balear
sobre medio ambiente, sí es preceptivo el estudio de impacto ambiental
para estos temas.
A nadie se le escapa la importancia que tiene el litoral para la sociedad
balear. De ahí se deduce nuestra preocupación por su protección y la
serie de enmiendas que hemos presentado en el momento oportuno, que lo
que hacen es completar los estudios que se solicitan en la proposición no
de ley por parte de Izquierda Unida. No hay que olvidar que el producto
turístico de Mallorca se basa esencialmente en sol y playa y que si el
turismo constituye en España la primera industria nacional, en Baleares,
el sector turístico representa el 28 por ciento del producto interior
bruto o el 72 por ciento si tenemos en cuenta otros sectores económicos
relacionados con el turismo, como puede ser el sector terciario. En
definitiva, señorías, Baleares vive esencialmente del turismo y este
turismo nuestro está inseparablemente unido al uso y disfrute del
litoral.
Por todo esto, conscientes de la necesidad de protección y de
preservación del litoral y de la necesidad de coordinar esfuerzos entre
todos los grupos políticos, hemos presentado tres enmiendas que, como he
dicho, creemos completan los estudios que se solicitan por el grupo
proponente. La primera enmienda es de adición al punto primero, en el que
por parte del grupo proponente se dice: Realizar un estudio sobre las
causas de deterioro de las zonas a regenerar, los posibles métodos
alternativos y el impacto ambiental de globalidad del proyecto. Nosotros
añadimos: en el cual --es decir, en ese estudio-- se incluya no sólo la
extracción sino también el vertido, profundizando en los puntos que
previamente se habían tratado en la Memoria-resumen del MOPTMA.
Justificamos nuestra enmienda diciendo que en la Memoria-resumen se
tratan una serie de puntos, pero se han omitido otros que consideramos
importantes. Por ejemplo, se ha tenido en cuenta la posible afectación de
las praderas de poseidonia, pero no se han estudiado las comunidades
bentónicas a las que en la Memoria-resumen se hace referencia. Segundo,
se echa de menos una cartografía a mayor escala de las praderas de
poseidonia. Tercero, en la memoria-resumen no se dice cuáles van a ser
los valores límite de turbidez. Cuarto, se habla de medidas de control,
pero no se acaban de definir; de ahí que nosotros presentemos una
enmienda de adición en relación al estudio que solicita el grupo
proponente.
La segunda enmienda es de modificación del punto 2, en el que el grupo
proponente dice: Cumplir los compromisos de información con las cofradías
de pescadores, los ayuntamientos de la zona y las organizaciones
ecologistas. Nosotros decimos: Cumplir los compromisos de información con
el Gobierno balear, las cofradías de pescadores, los ayuntamientos de la
zona y las organizaciones ecologistas. El motivo de esta enmienda es que,
al hallarse las actuaciones, como he dicho en mi intervención, incluidas
en el anexo 3 del Decreto 4/1986, de 23 de enero, sobre evaluaciones de
impacto ambiental, de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que
regula las extracciones de arena y grava, y aunque la expresión
«actividad extractiva» puede suscitar dudas acerca de si ésta se refiere
a canteras o a arenas, como en este caso, lo cierto es que la actividad
extractiva ha sido transferida recientemente a la Comunidad Autónoma de
las Islas Baleares y creemos que cualquier hecho que tenga la más mínima
relación con esa actividad extractiva debe ser puesto en conocimiento del
Gobierno balear.
Por último, la tercera enmienda propone la adición de un punto 4, que
diría: Aplicar la norma de recabar los informes a los que se refiere el
punto anterior para la tramitación de cualquier proyecto de regeneración
de playas o extracción de arena. Si decimos esto es porque en el
exponendo de la proposición no de ley se habla de la arena de la costa
norte de la isla de Mallorca, y nosotros creemos que se debe extender a
todo Mallorca o incluso, si me apuran, a todo Baleares. Si digo a
Baleares y no al resto de las playas del Mediterráneo es porque en
Baleares la arena se fabrica en las praderas de poseidonia y está formada
por trozos de corazón machacado y, en cambio, en otras playas del
Mediterráneo no es ése el origen de la arena, sino que proviene de
aportaciones de torrentes, etcétera, de los que en Baleares no
disponemos. Entiendo que debe aplicarse, como mínimo, a toda la isla de
Mallorca, puesto que su proposición no de ley va dirigida a Mallorca,
pero con un criterio más generoso por parte de todos y, en aras a esa
coordinación de fuerzas políticas a la hora de preservar el litoral, creo
que podría hacerse extensivo cuanto menos a las islas Baleares.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Recoder tiene la palabra.
El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, haré una breve
intervención para manifestar el apoyo de nuestro grupo Parlamentario a
esta proposición no de ley.
La proposición no de ley se refiere a una cuestión importante como es la
regeneración de playas; una actividad que se ha desarrollado desde la
Administración central del Estado, desde el Ministerio de Obras Públicas
en los últimos años, nosotros pensamos que con un balance globalmente
positivo. Ha sido una actividad que ha contribuido a regenerar un
patrimonio fundamental de muchas zonas del Estado como son sus playas.
Por tanto, es una actividad, repito, que nuestro grupo Parlamentario
apoya y ha apoyado, pero también es una actividad que, por la forma en la
cual se ha realizado, ha sido muy a menudo polémica. Pensamos que ello se
podría haber evitado y que, en cualquier caso, se puede evitar de cara al
futuro y entendemos que en ese sentido va la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Como
decía hace un momento, señor Presidente, estas actividades de
regeneración de playas, muy a menudo se han desarrollado en medio de
críticas muy importantes por parte de diversos sectores o instituciones.
Ha habido críticas desde los ayuntamientos, desde las comunidades
autónomas, desde las cofradías de pescadores y desde las organizaciones
ecologistas. Muy a menudo, estas críticas han venido motivadas por la
falta de diálogo, por la falta de transparencia o por la inexistencia de
relación, por parte del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente, con estas instituciones y entidades.
Quiero señalar que muy recientemente (y es una experiencia que en cierta
forma está presente en el inconsciente de este grupo parlamentario), las
últimas actividades de regeneración de playas que se llevaron a cabo en
el litoral fueron en unas playas catalanas, Vilanova i la Geltrú y
Sitges, que fueron tremendamente polémicas por cuanto, de un lado, las
organizaciones ecologistas y la comunidad autónoma no estaban de acuerdo
en que la zona de donde se extraía la arena para regenerar la playa era
la más idónea, y así lo intentaron demostrar a través de los
correspondientes informes. Las cofradías de pescadores adoptaron
exactamente la misma actitud, en tanto en cuanto entendían que la zona
escogida para obtener la arena que iba a servir para regenerar la playa,
dañaba de forma alarmante la fauna piscícola y, por tanto, repercutía
directamente no
sólo en la conservación del medio ambiente sino en los intereses
económicos de los pescadores. Una buena prueba de que la actividad no se
realizó con toda la prudencia y con el buen hacer que sería exigible es
que, al cabo de poco tiempo de haberse regenerado esas playas, toneladas
de poseidonia aparecieron muertas en las playas de Vilanova i la Geltrú y
de Sitges.
Entendemos que esto se podría evitar perfectamente. Repito que nosotros
apoyamos la actividad de regeneración de playas, pero esta actividad se
debe de realizar bien. Por eso, nos parece conveniente que se introduzcan
medidas adicionales para evitar el impacto ambiental de estas
actividades, como se propone en la iniciativa. Nos parece necesario y
prudente que se adopten medidas para dañar lo mínimo posible la fauna y
la flora marinas. Nos parece fundamental que estas actividades no
repercutan negativamente en la riqueza piscícola y también nos parece
fundamental que estas actividades de regeneración se realicen de común
acuerdo, con un diálogo mantenido permanentemente desde las primeras
fases de la actividad hasta el final, con ayuntamientos y comunidades
autónomas, aunque es evidente que estas actividades se realizan dentro de
una zona sobre la cual, en principio, el ayuntamiento no tiene ningún
tipo de competencias por la Ley de Costa --son zonas que pertenecen a un
término municipal determinado--, y exactamente sucede lo mismo con
relación a las comunidades autónomas. Por tanto, nos parece bien el
contenido de la proposición no de ley como también el contenido de las
enmiendas que ha presentado el Partido Popular porque, de un lado,
pretenden reforzar aún más el control del impacto ambiental y, de otro,
la necesidad de diálogo y de coordinación con instituciones y
organizaciones interesadas en la preservación del medio ambiente.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista y para este tema de costas, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: En primer lugar, quisiera hacer algunas acotaciones
sobre la conveniencia o no de estas reposiciones; en segundo lugar, las
críticas a esas reposiciones que se dan yo creo que están faltas de
fundamento; en tercer lugar, sobre la proposición no de ley concreta
entiendo que debería ser más amplia, es decir, que no debería ser
suscrita a un ámbito territorial concreto porque si estos problemas
existen en la regeneración de playas en la isla de Mallorca, también
existen en el litoral catalán, en Ibiza, en Menorca o en el litoral
andaluz, para decirlo de alguna manera y no puede restringirse algo que
es general en nuestro país y que forma parte de una política general a un
ámbito territorial concreto, creo que esto es una visión errada de la
problemática; en cuarto lugar, los efectos que esta actividad extractora
de arena, depositada después determinadas playas, tiene sobre la economía
insular --en este caso sí de una forma muy particular, muy singular--,
que es un tema a considerar, y a partir de ahí ya me referiré en concreto
a la proposición no de ley y a las informaciones sobre las que se
sustenta esta proposición no de ley.
Hay que decir en primer lugar que aun no estando reglado, esta actividad
ha sido sometida a la evaluación de impacto ambiental por parte de la
Dirección General de Costas, del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, y lo ha sido para evitar estas actuaciones
que siempre son polémicas. Es más, con anterioridad a la decisión de
redactar el proyecto, la Dirección General de Costas ha realizado
estudios geofísicos y campañas de sondeos en 26 zonas del litoral
mallorquín para seleccionar las zonas adecuadas y disponer de préstamos
para regenerar playas. Posteriormente ha realizado en determinadas zonas,
como la del presente proyecto, el preceptivo informe de biosfera marina,
de conformidad con lo establecido en la vigente normativa de costas.
Las zonas de actuación o regeneración de playas con arena procedente del
norte de Mallorca no son sólo de Mallorca; en principio pueden ser todas
aquellas que se encuentren en una distancia tal que el transporte de ésta
sea competitivo desde los puntos de vista técnico, económico o ecológico.
Estos proyectos de regeneración de las playas se evaluarán cuando se
redacten y se programen los mismos. Lo que se ha hecho, para que nos
entendamos todos, es disponer de zonas donde extraer los préstamos
necesarios de arena para en su momento poder regenerar las playas que
necesiten de esta actuación. Quisiera recordar a SS. SS. que estas
iniciativas no son en general de la Dirección General de Costas, sino que
son iniciativas promovidas por los agentes sociales y económicos y los
ayuntamientos de determinadas zonas que requieren sistemáticamente al
Ministerio de Obras Públicas, en mayor medida de lo que éste está
atendiendo, la regeneración de playas de la zona. Esto tiene gran
trascendencia para la actividad económica de estas zonas y la calidad del
producto turístico que se oferta tanto a sus ciudadanos como a los que
nos visitan y que constituye la parte más importante de la actividad
económica que se genera en las Islas Baleares. Por tanto, esos
condicionamientos deben ser tenidos en cuenta.
Las causas generales de regresión de las playas españolas son bastante
conocidos en general. Por tanto, no es necesario, como norma general,
precisarlas, si bien en los casos de actuaciones individualizadas
nosotros estamos a favor de que se evalúen y se realicen los estudios
necesarios en cada caso concreto para saber las causas de la pérdida de
esa arena y, sobre todo, si se produce el depósito de nuevas arenas, el
mantenimiento de esta regeneración.
No se puede aducir como ejemplo alternativo una actuación que ha tenido
lugar en Cala Agulla, en la que se pretendía evitar la movilidad de la
arena en las dunas y fijarlas con repoblación de las mismas. No era una
actuación para regenerar la playa, sino para fijar las dunas. Por tanto,
esta referencia a métodos alternativos nos parece inadecuada en ese
contexto.
Dicho todo esto, hay que señalar que, además de los informes citados con
anterioridad y de acuerdo con el procedimiento reglado de evaluación de
impacto ambiental, la Dirección General de Costas, a través del órgano
ambiental, la Dirección General de Política Ambiental, ha sometido a
participación pública preceptiva la Memoria-resumen
de la actividad a desarrollar. El órgano ambiental ha solicitado informe
o bien recibido alegaciones de 25 organismos o instituciones, entre ellas
Icona, Gobierno balear, Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno
balear, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto
Oceanográfico Español, Instituto Geológico Minero, Greenpeace y
ayuntamientos, entre otros. Todas esas alegaciones se están teniendo en
cuenta actualmente en la fase de redacción del proyecto y su
correspondiente estudio de impacto ambiental. Por tanto, estando en fase
de redacción estos documentos técnicos, no es posible hablar de impactos
ambientales o de que no se tienen en cuenta las consideraciones de las
cofradías de pescadores de Baleares.
Tenemos la seguridad de que antes del sometimiento del proyecto y su
evaluación ambiental a información pública, todos los factores
ambientales que inciden sobre la actividad a desarrollar se encontrarán
detalladamente documentados y evaluados en los estudios de impacto
ambiental.
Las zonas de depósito o actuaciones de regeneración, supuesta una
declaración de impacto ambiental favorable de los depósitos a extraer,
pueden ser diferentes puntos de la costa a determinar y van a estar
condicionados tanto por la solicitud de los agentes socioeconómicos como
de las propias instituciones de las Islas Baleares en este caso o del
lugar en que se determine esa actuación según necesidades a priorizar,
disponibilidades presupuestarias y la programación que se vaya
desarrollando en los próximos años.
Dicho todo esto, hay que insistir en una cuestión. Si lo que queremos es
someter a la máxima transparencia esas actuaciones, la solución no está,
como se dice en la proposición no de ley de Izquierda Unida, en los tres
puntos a considerar, que tienen, además, un ámbito territorial concreto y
determinado, sino que se trataría de generalizar la declaración de
impacto ambiental al conjunto de esas actuaciones, también las de
reposición de arena en las playas y al conjunto de actuaciones que lleve
a cabo la Dirección General de Costas en todo el país. De ahí que
nosotros presentemos una enmienda que tiene carácter de transaccional,
dado que hay otras ya presentadas, en el sentido de que el Congreso de
los Diputados inste al Gobierno a tomar las medidas necesarias para que
los proyectos de extracción de arena y, en su caso, los de regeneración
de playas, sean sometidos al procedimiento de declaración de impacto
ambiental. Este procedimiento es el que garantiza el acceso de todos los
agentes: grupos ecológicos, ciudadanos individuales, ayuntamientos,
cofradías de pescadores, evidentemente el Gobierno balear, que es el que
hace el informe sobre el impacto ambiental, y todos los interesados en
esa cuestión.
Nosotros no tenemos inconveniente en votar la proposición no de ley de
Izquierda Unida, tal como viene redactada, pero entendemos que
solucionaría mejor el problema la propuesta que nuestro grupo pone a
disposición de los proponentes. Nuestra propuesta nos parece mejor que
laque se está ofertando en la proposición no de ley. Ahora bien, en caso
de que no se acepte, no tenemos inconveniente en dar el apoyo a la
proposición que estamos debatiendo, aunque entendemos que el grado de
protección y de transparencia en esas actuaciones es inferior al que
propone el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Pregunto a los portavoces de los grupos
parlamentarios si algún Grupo se opone a la aceptación de la enmienda in
voce de sustitución, que el ponente del Grupo Socialista ha calificado
como transaccional pero que de hecho es de sustitución. (Denegaciones.)
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo no me opongo a la
tramitación de la enmienda, pero a la aceptación...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Ríos. Primero he preguntado a todos
los grupos parlamentarios si se oponen a la aceptación. Si nadie se opone
se acepta su trámite. Ahora le pido su criterio sobre si acepta o no la
mencionada enmienda in voce presentada por el señor Costa en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, ¿respondo a esta enmienda y a
las del Grupo Popular?
El señor PRESIDENTE: De momento conteste a esta enmienda y seguidamente
pasamos a las otras.
El señor RIOS MARTINEZ: La iniciativa de Izquierda Unida pretende mejorar
las garantías para tramitar una actuación en las costas de regeneración
de playas, tanto donde se extrae el volumen de arena como donde se ubica.
Creemos que las garantías de protección y de transparencia en la decisión
son mayores en nuestra proposición --y después nos referiremos a otras
enmiendas-- que en la propuesta que hace el Grupo Parlamentario
Socialista, que viene a decir que el Congreso insta al Gobierno para que
tome las medidas necesarias, en tanto en cuanto haya un procedimiento de
impacto ambiental, en la extracción de arena y, en su caso, en la
regeneración. Lo deja todo todo tan en condicional que no garantiza nada.
Por tanto, nosotros entendemos, como Grupo proponente, que la propuesta
de Izquierda Unida no es que sea inferior, sino que la suya empeora
muchísimo y no garantiza que el Gobierno vaya a hacer estas actuaciones
de evaluación de impacto ambiental. Por eso no aceptamos como enmienda de
sustitución la propuesta de enmienda in voce que propone el Grupo
Socialista.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, por parte del Grupo proponente, la
enmienda in voce presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
A continuación le ruego que transmita a esta Comisión su criterio
respecto a las tres enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular.
El señor RIOS MARTINEZ: Seré muy breve también, señor Presidente.
La primera propuesta que hace el Grupo Popular a nuestra iniciativa va
dirigida, por un lado, a concretar y ampliar lo que decíamos en la
exposición de motivos en la parte resolutiva, puesto que viene añadir al
punto primero, además del texto que nosotros proponemos de una evaluación
de impacto ambiental de la globalidad del proyecto, tanto la extracción
como el vertido y que se profundice en los puntos de la memoria-resumen.
Por tanto, nos parece que mejora el texto que nosotros proponemos.
La segunda propuesta viene a decir algo que nosotros creemos que está
garantizado desde el momento en que la Constitución mandata a los poderes
públicos y a las instituciones a la coordinación. Nosotros dábamos por
supuesto que el Gobierno balear no solamente debe conocer y tener la
información, sino incluso participar en todo el trámite. Es más, el
modelo de Estado que tenemos, que es cada vez más de competencias
compartidas, aunque no sean compartidas, necesita de esa comunicación.
Por tanto, lo que añade esta propuesta, aunque parece una modificación
total del texto, es que además de las cofradías de pescadores y
ayuntamientos esté también el Gobierno balear. Esto nos parece lógico y,
por tanto, también lo aceptamos.
La tercera propuesta viene a decir, señor Presidente (y para admitir esta
enmienda voy a hacer una precisión in voce a nuestro párrafo de
introducción), que estos informes que se solicitan aquí del Instituto
Oceanográfico y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas sean
para todas las actuaciones de regeneración de playas y extracción de
arena. Como nuestro párrafo de introducción dice que el Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que antes de llevar a cabo la ejecución
de extracción de arena para la regeneración de playas de la Isla de
Mallorca, y precisa solamente a la Isla de Mallorca, yo le propongo, para
aceptar esta enmienda, que se añada después de «Isla de Mallorca», la
expresión «y demás islas baleares», con lo cual se puede aceptar la
propuesta de regeneración en todas las islas Baleares y ampliamos el
espectro que nos criticaba el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que más que enmienda in voce es una
precisión que el grupo proponente solicita al grupo enmendante, el
Partido Popular.
¿Cuál es la opinión del portavoz del Grupo Parlamentario Popular sobre la
tercera propuesta de añadir «y demás islas Baleares»?
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señor Presidente, mostramos nuestra
total conformidad. Nuestra enmienda iba en este sentido.
El señor PRESIDENTE: ¿Entiendo que el portavoz del Grupo proponente
acepta la enmienda con esa variante?
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, acepto las tres enmiendas
textuales, tal cual están y la precisión iría al párrafo de introducción.
--RELATIVA A PEAJE DE LAS MOTOCICLETAS EN LAS AUTOPISTAS DE TITULARIDAD
DEL ESTADO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000514.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos con el punto cuarto del orden del día:
Proposición no de ley relativa a peaje de las motocicletas en las
autopistas de titularidad del Estado. El grupo proponente es el Popular,
y tiene la palabra para defender dicha proposición no de ley el señor
Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Señor Presidente, actualmente gran cantidad de
motocicletas con cilindradas de 75, 125, 150, 600, 750 y 1.000
centímetros cúbicos utilizan la red de autopistas en España. La
utilización de las autopistas ha supuesto una disminución de los
accidentes de este tipo de vehículos de los ruedas y, por tanto, supone
una mejora de la seguridad de sus usuarios y de la seguridad vial en
general. Las autopistas tienen fijado el sistema de peaje de manera que
el importe que se paga es proporcional a los ejes de los vehículos que
las utilizan, con la excepción de las motocicletas que pagan lo mismo que
los vehículos de cuatro ruedas, cuando desde el punto de vista de
desgaste del firme, por ejemplo, esto no es proporcional al de un
vehículo de cuatro ruedas. Otro ejemplo podría ser que, en caso de
accidente, los efectos destructores del mismo sobre la instalaciones no
son similares, aunque los pague un seguro, que los que ocasiona un gran y
potente turismo.
Esta es, pues, una propuesta con un aspecto de seguridad de nuestros
ciudadanos y con otro de equidad y justicia. Si la cuantía del peaje es
más equilibrada, animaremos a muchos de nuestros motoristas,
frecuentemente jóvenes, a utilizar las autopistas con notable ahorro de
accidentes. Respecto al peaje, éste viene determinado por dos factores:
uno, el recorrido efectuado o a efectuar, y el otro, el tipo de vehículo.
Respecto a lo primero no existe problema, pero respecto a lo segundo es
terriblemente injusto que en las autopistas concesionarias de Estado las
diferencias que se establezcan entre los usuarios sean solamente ligeros,
pesados-1 y pesados-2. El peaje medio por kilómetro en algunos
concesionarios, siguiendo esta clasificación y a título de ejemplo, es:
ligero, 10,28 pesetas; pesado-1, 16,4; pesado-2, 22,9. En otra
concesionaria diferente: ligero, 17,71; pesado-1, 31,96; pesado-2, 35,58.
La media en el mes de marzo de los diferentes concesionarios, para que
nos hagamos una idea de las distintas tarifas en el peaje, es: vehículos
ligeros, el 13,38; pesados-1, el 22,74, y pesados-2, el 26,98. Pues bien,
visto esto, es una burla a la equidad que, a efectos del peaje, se
califique de la misma manera a una motocicleta de 75 centímetros cúbicos
o un scooter que a un gran turismo lujoso y potente.
Todo lo anterior no ha de hurtar el pendiente debate sobre unificación de
tarifas en las autopistas concesionarias del Estado, entre éstas y las de
concesión autonómica o el acercamiento de nuestras tarifas a las
europeas, inferiores en su conjunto. Pero dicho todo lo anterior hay que
señalar
inmediatamente, y con el máximo énfasis, que cualquier modificación en
algún sentido de las condiciones de la concesión exigiría la aprobación
de las dos partes: del estado y de las concesionarias. De no ser así se
lesionaría el Estado de derecho al no ser respetados los legítimos
intereses de los concesionarios y aceptaríamos resolver una injusticia
con otra semejante. Es por ello que hemos redactado nuestra proposición
no de ley en los términos que ustedes conocen y nos avenimos a aceptar
una enmienda de sustitución del Grupo Parlamentario Socialista en la que
se altera la frase «peajes específicos» hasta «resto de vehículos», por
«los peajes para motocicletas con los mismos criterios de coste que los
correspondientes al resto de los vehículos». Entendemos que esto da más
luz en la línea de lo que nosotros queríamos expresar y no hay ningún
inconveniente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición
respecto a esta proposición no de ley? (Pausa.)
En nombre del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor
Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: En primer lugar le pediría que el portavoz del
Grupo Popular, antes de continuar yo, repitiese lo referido a la enmienda
in voce, ya que no me ha quedado muy claro; si no, esperaré a la
enmienda, cuando llegue.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Sedó. Es un mínimo de burocracia
estatutaria por respeto al grupo proponente. El señor Gómez-Alba ha
anticipado su criterio, pero debemos dejar al grupo proponente que cuando
se produzca el hecho de la presentación de la enmienda, si se produce,
que la explique y razone adecuadamente con los criterios que crea
oportunos y entonces podremos opinar sobre la misma.
El señor SEDO I MARSAL: Ha sido una enmienda en voz baja.
Nuestro grupo va a apoyar la proposición no de ley, incluso con la
enmienda, si ésta es aceptada, porque la gente que utiliza las
motocicletas está discriminada en muchos de los peajes de las autopistas.
Es importante remarcar que en la proposición no de ley se nos dice: «...
respetando el equilibrio económico y financiero de dichas empresas
concesionarias». Nosotros creemos que este equilibrio no debería
repercutir en los demás usuarios. Hay que buscar el equilibrio en otras
formas. Posiblemente puede obtenerse si la autopista es utilizada por más
motoristas al bajar el precio del peaje.
Técnicamente hay algunos temas que en verdad son curiosos, pero parece
que según como se establezca el pago de los motociclistas y el control,
ello podría llevar a las propias concesionarias a hacer algunas
inversiones, porque si no el pago debe hacerse por las casetas del pago
manual y no por el automático, y a veces ocurre que muchos motoristas
prefieren pagar más caro para no tener que esperar en algunos peajes.
Este es un tema que a lo mejor es favorable para el equilibrio financiero
del que hablamos antes. Por tanto, simplemente quiero decir que nuestro
grupo va a votar favorablemente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Quiero manifestar nuestro apoyo a la proposición
no de ley que se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Madrid.
El señor MADRID LOPEZ: Nosotros hemos estudiado con interés,
naturalmente, esta iniciativa en relación con la unificación de las
tarifas para este tipo de vehículos que se señala en la proposición.
Tenemos algunas dudas inevitablemente, en relación a que, como todo el
mundo sabe, la inmensa mayoría de las motocicletas que circulan por este
tipo de vías son vehículos de gran cilindrada que, dadas sus
prestaciones, producen una ocupación de la vía muy semejante a la de los
vehículos de cuatro ruedas. Por otro lado, la utilización de los
servicios que proporciona la autopista, tales como el sistema de postes
de auxilio, asistencia mecánica, restauración, etcétera, es igual para
todos los ocupantes de todos los tipos de vehículos. Se puede decir
incluso que los vehículos de cuatro ruedas y las motocicletas de gran
cilindrada producen efectos en el firme muy semejantes, desde luego, en
lo que se refiere a los gastos que la utilización de las vías produce. Me
parece que el proponente acaba de decir que es posible que esto
facilitara la utilización por otro tipo de vehículo de los ruedas de
menos cilindrada y, por tanto, supusiera mayor seguridad en el
funcionamiento y en la manera de conducirse en términos de evitar
accidentes y de seguridad vial. Si ésta fuese la intención, estaríamos
lógicamente de acuerdo en una dirección que llevara a un equilibrio mayor
de lo que cada día es inevitable, la presencia de ciudadanos en
automóviles de todo tipo dentro de una sociedad dinámica como es la
española.
Nos preocupa también que en la misma propuesta, en la conclusión, que es
la propia proposición no de ley, al mismo tiempo se establezca el
equilibrio económico y financiero de las empresas, que son lógicamente
las concesionarias que en estos momentos tienen la responsabilidad y la
concesión; me refiero a la posibilidad también de que como empresas
tengan los beneficios oportunos. Esto quiere decir que si se rebaja la
tarifa de una serie de vehículos para conseguir el equilibrio financiero,
en todo caso, habría que aumentársela a otros, a menos que, como dice el
proponente, se consiguiera un mayor número de vehículos; es decir,
orientar, a través de tarifas más baratas, la nueva circulación. Pero en
fin, eso está por ver. De todas manera, nosotros vemos buena voluntad en
esta proposición no de ley, como en todas, naturalmente, que se presentan
en la Cámara. Ya el proponente anunció con anterioridad que nosotros
habíamos
hecho una enmienda del siguiente tenor. Donde habla de los peajes
específicos para el resto de los vehículos, etcétera, proponemos la
siguiente sustitución: «los peajes para motocicletas con los mismos
criterios de coste que los correspondientes al resto de los vehículos.»
Si esto se aceptara --y ya de antemano el proponente lo ha anunciado--,
nosotros la votaríamos en los términos que acabo de expresar.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran oponerse a la
aceptación a trámite de la enmienda in voce presentada por el Grupo
Socialista? (Pausa.) Ninguno. Por tanto, es aceptada a trámite y ruego al
ponente del Grupo Parlamentario Popular se manifieste respecto a la
aceptación o no de la mencionada enmienda.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Señor Presidente, como anticipé, desde luego se
acepta.
--RELATIVA A LA ELABORACION DE UN CONVENIO DE CARRETERAS CON EL GOBIERNO
BALEAR. PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000516.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el punto quinto del orden del día:
Proposición no de ley relativa a la elaboración de un convenio de
carreteras con el Gobierno balear. La propuesta es del Grupo
Parlamentario Popular y para defenderla tiene la palabra el señor Gilet
Girart.
El señor GILET GIRART: Señor Presidente, señorías, antes del año 1984,
fecha de la transferencia, con carácter exclusivo, de la materia de
carreteras a la Comunidad autónoma de las Baleares, el Ministro...
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Gilet. Se me ha olvidado decir que al
mismo tiempo que defiende la proposición no de ley, dado que existe una
enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que es el proponente, defienda
ambas cosas.
El señor GILET GIRART: Señor Presidente, con todos mis respetos, es
intención de este portavoz del Grupo Parlamentario defender
exclusivamente la proposición no de ley, ya que el trámite reglamentario
así lo establece, porque no tengo conocimiento en este momento de la
existencia de ninguna enmienda, ni la he leído.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Es culpa de esta Presidencia porque la nota
que tengo dice que existe una enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
lo cual no dejaba de extrañarme pero cabe dentro de la posibilidad y de
la realidad, pero efectivamente la enmienda existe --y repito que ha sido
un error de esta Presidencia-- es del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GILET GIRART: Decía que antes de 1984 el Ministerio de Obras
Públicas contaba con 80.000 kilómetros cuadrados de carreteras en la
Península, Baleares y Canarias, y después de las transferencias
competenciales, generalizadas en su mayor parte a las comunidades
autónomas, se redujo a una cuarta parte, quedando en consecuencia unos
20.000 kilómetros que integran la actual red de interés general del
Estado, sin que corresponda a Baleares ni un solo metro de dicha red
general. Cabe pensar que antes de tal reducción competencial la inversión
también hubiese sufrido una disminución, sin embargo ello no se
corresponde con la realidad, puesto que frente a los 67.000 millones de
pesetas del año 1985 se ha pasado a más de 400.000 millones en el año
1994. Tal referencia no significa que se ponga en duda la necesidad de
una adecuación de la red de carreteras españolas a la del resto de
Europa. Ahora bien, lo que ya no cabe poner en duda es el hecho,
reiteradamente denunciado, de que ni una sola peseta de los cerca de dos
billones de pesetas que se han invertido por el Gobierno en su red de
carreteras desde 1985 a 1993 se haya dedicado a Baleares, excepción hecha
de 600 millones destinados a abonar justiprecios pendientes de
expropiaciones o del convenio 1985. A título recordatorio, señorías, cabe
aludir al porcentaje que se invertía en la red viaria balear, que venía a
representar antes de 1984 un 2,5 por ciento del total nacional.
La situación, pues, no puede ser más denunciable por discriminatoria e
injusta. El carácter exclusivo de la competencia en materia de
carreteras, la legislación vigente sobre las mismas, la política
inversora gubernamental desde 1985 han dejado en el más completo olvido a
la red viaria balear, y en dicho olvido se incluye igualmente una serie
de circunstancias o particularidades, entre ellas el número de vehículos,
700 en la Comunidad Autónoma de Baleares por cada 1.000 habitantes,
cuando la media española está en 450, la existencia en la Comunidad
balear de un parque de vehículos de alquiler que supera los 30.000 y la
visita de vehículos procedentes del continente, que se eleva a más allá
de 15.000 durante el período estival; en otras palabras, durante un
período superior a cinco meses al año sobre la red viaria balear circulan
más de 600.000 vehículos.
Finalizado el primer plan de carreteras se aproxima el final del
plan-puente 1994-1995 y se vislumbra, o al menos se discute, el PDI. Pues
bien, ni el plan-puente, con un billón previsto de gasto, ni en el PDI,
con una inversión de cinco billones, que conozca este Diputado, se
incluye una sola peseta a invertir con destino a la red viaria balear.
Desde tal exposición real, veraz y lamentablemente no asumida como tal
por el Gobierno central, sólo cabe una alternativa: o retorno de la
competencia al Ministerio, al Gobierno, en la materia de carreteras, o el
establecimiento de un convenio entre el Gobierno de la nación y el
Gobierno balear. Si lo primero no es deseable para ninguna de ambas
instituciones, lo segundo es absolutamente justo en estos momentos, y si
lo era ya desde 1985, con la firma del Convenio de colaboración,
coordinación y apoyo entre el MOPTMA y la Comunidad autónoma canaria para
la financiación y la ejecución de obras de carreteras en la aludida
comunidad, de fecha 30 de abril de 1994, todavía lo es más. Es decir, en
estos momentos, la discriminación permanente del Gobierno central provoca
que la Comunidad
Autónoma de Baleares sea la única de todo el Estado que queda excluida
del interés general del mismo, de uno de sus capítulos de mayor entidad
inversora, es decir, en materia de carreteras.
La actual situación es la que pretende subsanar la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular, muy acertadamente, que es
objeto de debate en este momento, iniciativa parlamentaria cuya parte
dispositiva, de aprobarse, significaría el establecimiento de un mandato
parlamentario en virtud del cual el Gobierno de la nación y el Gobierno
balear, mediante convenio y la ejecución del mismo, fijarían el régimen
de inversión y de financiación destinado a las carreteras de Baleares,
todo ello a imagen y semejanza del convenio con la Comunidad canaria. No
es posible, pues, mantener por más tiempo una situación discriminatoria,
estancada en la ignorancia y en el olvido gubernamental. De ahí que
solicitemos en este momento de los restantes grupos el voto favorable a
la iniciativa, es decir, su aprobación. De ser así --y abro comillas--
«haremos que las islas Baleares participen de las inversiones de los
planes estatales de carretera» --cierro comillas--, como rezaba el
programa electoral del Partido Socialista, página 34, propuesto en la
pasada legislatura, en la pasada confrontación electoral autonómica y
municipal en Baleares.
Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que el Grupo
Socialista y los restantes grupos no desaprovecharán hoy, en este
momento, la oportunidad de hacer real, los socialistas, una promesa
electoral, y los restantes, solucionar una discriminación, votando
afirmativamente nuestra iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A continuación, puesto que existe una enmienda del
Grupo Parlamentario Socialista, que no del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Costa para defender dicha enmienda a la
proposición no de ley objeto de debate.
El señor COSTA CLIMET: Señorías, es evidente que las carreteras en las
islas Baleares son competencia autonómica desde 1984 y que su
financiación es el fruto de un acuerdo tomado en la Comisión
correspondiente; acuerdo, yo diría, insatisfactorio para las islas
Baleares, como se ha puesto de manifiesto reiteradamente, pero del cual
son responsables también las personas que negociaron esa transferencia en
las islas Baleares y de las que el señor Gilet no estaba muy alejado en
aquellos momentos. Por tanto, también habría que asumir un poco de
autocrítica en la realidad actual de la financiación de las carreteras en
las islas Baleares.
Dicho esto, hay que comentar que, efectivamente, nuestro grupo coincide
plenamente con el fondo que pretende abordar la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular. Es decir, coincidimos en que el Estado debe
participar en la financiación de determinadas carreteras en las islas
Baleares; se debe enmendar el error que se cometió al negociar esa
transferencia para las islas Baleares y se debe dar solución a la
singularidad que supone una comunidad insular en la que todas las
carreteras fueron transferidas a la comunidad autónoma, cosa que no se da
en ninguna otra comunidad más que en Canarias, y a la que se le ha puesto
ya una solución en el tiempo. Los efectos de la singularidad es evidente
que afectan de un modo profundo a la financiación que se ha producido en
materia de carreteras, y afecta también a esta financiación sobre todo el
incremento de la inversión pública que ha tenido nuestro país, derivada
de una política del Gobierno socialista, que ha permitido abordar las
principales infraestructuras, entre ellas las de transportes, de las que
Baleares se ha quedado en parte al margen, y sólo en parte, como después
explicaré.
Las alternativas a la actual situación son, como ha dicho el señor Gilet,
básicamente dos. La primera es que el Estado asuma, de acuerdo con la
Comunidad autónoma, la titularidad de parte de la red de carreteras de
las islas, de aquellas especialmente que puedan considerarse de interés
general. El establecer qué carreteras puedan ser de interés general o no
creo que no se puede decidir ni por este Parlamento ni por el propio
Gobierno unilateralmente, sino que debe ser objeto de parte de la
negociación con la propia comunidad autónoma, y una vez hecha esta
declaración el Estado podría actuar en las mismas, dentro de sus
competencias, y, por tanto, incorporarlas a los planes que están siendo
objeto de estudio en estos momentos en las competencias estatales,
especialmente el Plan Director de Infraestructuras. Ello se hace en base
al artículo 130, apartado 1, de la Constitución española y a la ley
25/1988, de Carreteras. Las únicas carreteras que, a nuestro entender,
deben considerarse de interés general son las que constituyen el acceso a
puerto o aeropuerto de los principales núcleos de población de las islas
Baleares. Para los que conocemos las islas, aun sin querer determinar
cuáles deben ser éstas, resulta bastante evidente que las tres islas
afectadas por esta materia, quizás cuatro, tiene unas redes centrales de
carreteras que son las que deberían estar incorporadas a ese interés
general, que son las que conectan el puerto de Alcudia --puerto de
Mallorca-- aeropuerto de Mallorca, en la isla de Mallorca; Ibiza, San
Antonio con puertos y aeropuerto en ambos lados; Ciudadela-Mahón en
Menorca; y en Formentera una central que va al puerto de Las Salinas,
también de interés general. Por tanto, a partir de esta red se debería
establecer el interés general, en caso de que ésta fuera la opción
elegida, tanto por el Ministerio de Obras Públicas como por la comunidad
autónoma, a través de esta negociación que queremos que se establezca.
La segunda alternativa es un convenio entre el Estado y la comunidad
autónoma para realizar actuaciones en carreteras. En este caso, la
comunidad autónoma seguiría siendo titular de la red de carreteras y hay
antecedentes de este hecho, y con ello enlazo con que se ha quedado en
parte al margen de las fuertes inversiones estatales que ha habido en
materia de infraestructura de transporte en los últimos años.
Efectivamente, en 1986 se firmó un convenio de carreteras para cuatro
años con la Comunidad Autónoma de las islas Baleares. Pero es más, y es
lo que se oculta o no se explica claramente a los ciudadanos de las islas
Baleares, cuando se estaba negociando la financiación de la comunidad
autónoma, siendo Conseller de Economía
y Finanzas el señor Forcadas, actual Presidente de la Sociedad de
Capital-Risc, se incorporó como parte de la financiación para Baleares y
para que diera su acuerdo al sistema de financiación una cifra superior a
20.000 millones de pesetas para los años en que se estaba negociando la
financiación. Esta financiación que el conseller exigió que no fuera
finalista, que fuera indeterminada, se argumentó y se basó en que
Baleares tenía una red de carreteras que no podía mantener y que tenía
que sustentar con una financiación extraordinaria por parte del Estado.
Siendo todo ello así, creemos que el instrumento no es el adecuado; que
el instrumento adecuado es que se contemple una nueva visión de la
financiación de las carreteras. Por ello hemos presentado una enmienda
que, en primer lugar, no encaja ni pretende establecer mecanismos rígidos
de negociación para ninguna de las partes, ni para el Gobierno del Estado
ni para el Gobierno de la comunidad autónoma, sobre el que nosotros no
tenemos ninguna competencia. Pedimos que se establezca un diálogo entre
ambas instituciones que dé lugar a una financiación extraordinaria en el
tema de carreteras en Baleares, en aquellas que puedan ser de interés
general, sin establecer ni el mecanismo a través del cual esta
financiación se debe llevar a cabo y sin especificar tan concretamente
como hace el Grupo Popular que se declaren de interés general y que se
establezca un plan de carreteras. Entendemos que sería una actuación
excesivamente dura por parte del Gobierno del Estado llevar a cabo esta
determinación sin contar con la comunidad autónoma y sin una negociación
previa con la comunidad autónoma.
Por todo ello hemos presentado esta enmienda, dejando bien claro que el
Grupo Socialista, tal como expresa en sus programas electorales, quiere
una financiación para las carreteras de interés general en las islas
Baleares y que prescindiendo del resultado que pueda tener esta
proposición no de ley vamos a seguir manteniendo esa propuesta ante la
Administración central del Estado y en los foros que sea necesario.
Esperamos que se acepte nuestra enmienda y que todos los grupos de la
Cámara, o la mayoría, podamos coincidir en dar este apoyo a los
ejecutivos, especialmente al del Estado, para que se establezcan los
mecanismos para financiar esta red de carreteras que mejoraría sin duda
la calidad de las carreras de las islas Baleares y, por tanto, la calidad
de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos de las islas y también a
nuestros visitantes.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición
sobre esta proposición no de ley objeto de debate? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Sedó en nombre del Grupo Catalán de
Convergència i Unió.
El señor SEDO I MARSAL: Nuestro grupo va a apoyar la proposición no de
ley, tanto la enmienda, si es aceptada, como la redacción inicial, aun
cuando nos parece mucho más adecuado el texto de la enmienda. Me
explicaré. Tenemos que dejar un condicionante en el turno de fijación de
posiciones, que ya sé que no condiciona lo que se aprueba pero aclara lo
que quiere decir nuestro voto.
Con los traspasos, todas las carreteras insulares pasan a ser competencia
de la comunidad. En otras comunidades autónomas (específicamente voy a
hablar de Cataluña) existen carreteras traspasadas o de su competencia,
carreteras que son competencia de las diputaciones provinciales y
carreteras nacionales que son competencia del Ministerio de Obras
Públicas y en las que realiza sus inversiones dentro de los planes de la
red de interés general del Estado. Por tanto, no todas las carreteras de
Baleares pueden estar consideradas de interés general porque entonces las
inversiones serían a cargo del Estado. Yo quiero recalcar una cosa muy
simple, que nosotros votamos favorablemente porque la proposición no de
ley en su redacción dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a declarar de interés general un --éste es un artículo indeterminado--
plan de carreteras específico para la Comunidad Autónoma de Baleares a
desarrollar por el Estado. Eso quiere decir que apoyamos un plan que
comprenda las carreteras en convenio entre el Estado y la comunidad
autónoma y en el que se establezca cuáles son las carreteras que van a
ser declaradas de interés general, y no que toda la red de carreteras
insulares pudiese quedar considerada de interés general. Con ello
estableceríamos un equilibrio con las demás comunidades autónomas. Hay un
tipo de carreteras que son de interés general y podrían estar equiparadas
a la RIGE y otras que ya son competencia de la comunidad autónoma o de la
diputación. En consecuencia, quiero que quede bien claro nuestro voto
favorable al texto inicial, si es el que va a someterse a votación. No
tenemos ningún inconveniente en aceptarlo, pero consideramos que es un
tema parcial dentro del conjunto de carreteras que el archipiélago tiene.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Por las diferentes intervenciones de los grupos
parlamentarios, creo que existe en todos la voluntad de que el Gobierno o
la Administración central participe en la financiación de
infraestructuras y de carreteras, muy especialmente, en el conjunto de la
Comunidad Autónoma balear, lo que hasta el momento no era posible, porque
quizá las transferencias que se plantearon no se hicieron en su momento
de una forma suficientemente meditada sobre cuál era la auténtica
capacidad de inversión de cada una de las administraciones implicadas en
la Comunidad Autónoma balear.
Siendo así la voluntad de todos los grupos parlamentarios, en la
redacción que propone cada uno de ellos para solventar este problema, se
nota que cada grupo parlamentario tira hacia la administración de la cual
es más responsable, y, así, en la redacción del Grupo Popular se dan
pasos hacia delante sin que esté totalmente solucionado todo el camino
intermedio, y en la redacción de la enmienda del Grupo Socialista no se
llega, a nuestro juicio, a lo que debería ser el punto exacto de solución
del problema. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que en la redacción de la
proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular se
pone por delante el declarar de interés general el plan de carreteras,
cuando todavía en la redacción no se ha hablado del convenio, y se deduce
de la redacción que la declaración de interés general del plan de
carreteras está ya prácticamente hecha, cuando nosotros consideramos que
lo que debe estar hecha en primer lugar es la redacción del convenio y
que en ese convenio se contemple la financiación de este plan de
carreteras, que se considere de interés general en dicho convenio.
La redacción de la enmienda que nos plantea el Grupo Socialista no llega
a mencionar en ningún momento la palabra convenio. Habla de la
realización de acuerdos, pero en ningún momento llega a concretarlos como
un convenio, y no es que sea necesario compararlo con el de ninguna otra
comunidad autónoma, pero no tipifica de alguna manera la realización de
este convenio. Mi Grupo Parlamentario, que también participa del deseo de
solucionar este problema y que tiene interés en que haya una resolución
acertada por parte de esta Comisión, presenta en este momento una
enmienda «in voce» a la proposición no de ley del Grupo Popular cuyo
texto literal sería el siguiente y que haré llegar a la Mesa para que la
remita a los grupos parlamentarios y que tengan una composición de lugar
exacta de lo que nosotros proponemos: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a la elaboración de un convenio con el Govern balear en el
que se contemple la financiación de las carreteras y otras obras de
infraestructuras del transporte de interés general similar al realizado
para la Comunidad Autónoma de Canarias.
Con la esperanza de que esta enmienda sea aceptada por el Grupo
proponente, la presentamos a la Mesa y desearíamos que hubiera un
entendimiento sobre esta proposición no de ley, no vaya a ser que al
final el no querer llegar a un entendimiento nos lleve a que esta
proposición no de ley no tenga éxito, cuando yo creo que el espíritu de
todos los grupos está precisamente en que sí lo tenga.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo parlamentario se opone, a la aceptación
a trámite de la enmienda «in voce» presentada por el Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya? (Pausa.) Como ningún grupo se
opone se admite a trámite. En consecuencia, solicito al portavoz del
Grupo proponente, señor Gilet, su opinión, en primer lugar, con respecto
a la enmienda «in voce» del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya. (El señor Sedó i Marsal pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: ¿Podría repetir el texto, ya que no la tenemos
por escrito?
El señor PRESIDENTE: Ruego al señor Andreu haga llegar a todos los
portavoces, por escrito y con la mayor urgencia posible, el contenido de
su enmienda «in voce». Mientras tanto, solicito al portavoz del Grupo
Parlamentario proponente, el Grupo Popular, su opinión sobre la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, su aceptación o rechazo.
El señor GILET GIRART: Respecto a la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, debo decir que, teniendo en cuenta su espíritu
e intencionalidad, no creemos que de ninguna de las maneras venga a
mejorar el contenido de la proposición no de ley de nuestro Grupo
Parlamentario, ni tan siquiera en la intencionalidad, que es muchísimo
más clara en nuestra proposición no de ley. De ahí que no aceptemos la
incorporación de esa enmienda a la misma.
Vaya por delante que en cuanto a la enmienda «in voce» que ha sido
admitida a trámite, presentada por el Grupo de Izquierda Unida, el
ponente ha tomado nota mientras se leía y siendo así que incluye los tres
aspectos básicos de nuestra proposición no de ley, es decir, la firma de
un convenio, su financiación y la declaración de carreteras de interés
general para la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, entiendo que
procede admitirla a trámite y someterla a votación, que en nuestro caso
será afirmativa.
El señor PRESIDENTE: Queda claro, pues, que el ponente del Grupo
proponente acepta la enmienda «in voce» del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y rechaza la enmienda del Grupo
Socialista. (El señor Costa Costa pide la palabra.)
El señor Costa tiene la palabra para una cuestión de orden.
El señor COSTA COSTA: Si hubiera tenido la oportunidad, una vez oída la
enmienda «in voce» del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y sabiendo que el Grupo Popular la acepta como propuesta de
resolución, hubiéramos retirado la nuestra. De todas maneras lamentamos
el talante del Grupo Popular, que no ha aceptado ni siquiera la admisión
a trámite de nuestra enmienda en este punto.
Por tanto, quiero agradecer al Grupo de Izquierda Unida que en este caso
concreto haya buscado de forma positiva el acuerdo entre dos posiciones
que, persiguiendo el mismo objetivo, eran discrepantes en la forma.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Costa, tengo que corregirle, porque su
enmienda, presentada en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, sí ha
sido admitida a trámite. Lo único que pasa es que en su primera
exposición el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no ha aceptado su
enmienda, pero sí ha sido admitida a trámite. (El señor Sedó i Marsal
pide la palabra.)
¿Cuestión de orden, señor Sedó?
El señor SEDO I MARSAL: Si hay que llamarle de orden, de orden. Ahora que
he hecho una segunda lectura de la enmienda, quisiera introducir una
matización en este texto, que iría después de que dice «otras
infraestructuras de transporte de interés general». Quisiera modificarlo
en el sentido de que fuesen determinadas infraestructuras de interés
general. No todas son de interés general. Es decir que dentro del
convenio deben marcarse las que son de interés general.
El señor PRESIDENTE: Para no proceder a otra enmienda «in voce» después
de reiterados debates y aportaciones muy valiosas de todos los diputados,
creo que el Grupo enmendante «in voce» recoge claramente su matización,
por lo que no la vamos a considerar como una enmienda «in voce» sino como
una matización que es aceptada y consensuada por todos y en particular
por el Grupo proponente de la enmienda «in voce».
¿Es así, señor Andreu?
El señor ANDREU ANDREU: Por mi parte no hay inconveniente y creo que
matiza bien la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Queda claro que ha sido rechazada la enmienda del Grupo Socialista, con
la matización de que tal como ha manifestado su portavoz, si hubiera
conocido antes la propuesta del Grupo Federal de Izquierda Unida y su
aceptación por parte del Grupo Popular, hubiera retirado su enmienda y
hubiera aceptado la proposición no de ley con la enmienda «in voce» del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
--SOBRE REALIZACION DE UN ESTUDIO DE IMPACTO MEDIOAMBIENTAL SOBRE LOS
EFECTOS DEL TRASVASE DEL RIO GUADIARO AL RIO MAJACEITE. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 161/000520.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día:
Proposición no de ley sobre realización de un estudio de impacto
medioambiental sobre los efectos del trasvase del río Guadiaro al río
Majaceite.
El proponente es el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, y para defender dicha proposición no de ley tiene la palabra
el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, señoras y señores Diputados, el
debate sobre el trasvase del río Guadiaro al río Majaceite concluyó no
hace demasiadas fechas en esta Cámara y en ese debate, en el que mi Grupo
Parlamentario mostraba cautelas que consideraba importantes para la
realización de ese trasvase, presentamos una enmienda al texto del
proyecto de ley por la cual solicitamos que se realizara un estudio de
impacto medioambiental para medir las consecuencias que pudiera tener ese
trasvase.
Tuvieron éxito otras enmiendas que presentó mi Grupo Parlamentario que se
referían a la determinación del caudal ecológico y del volumen de agua
que podía ser trasvasado de un río a otro cada anualidad, pero no tuvo
éxito que este estudio de impacto medioambiental se realizara.
Los hechos posteriores a la aprobación de ese proyecto de ley han venido
a demostrar que lo que Izquierda Unida solicitaba no era una cuestión
baladí ni caprichosa por la cual algunos creían que se pretendía poner
objeciones a la realización de este trasvase. Los hechos han venido a
demostrar que era algo muy necesario y que si el Gobierno hubiera tenido
la sensibilidad de haber realizado este estudio de impacto medioambiental
hace ya años, probablemente nos hubiéramos ahorrado muchos debates y
muchísimas crispaciones entre las poblaciones que se encuentran
afectadas, tanto de las zonas cedentes como de las receptoras de dicho
trasvase. Que la Unión Europea haya puesto pegas a la financiación del
trasvase, precisamente porque este estudio de impacto medioambiental no
está hecho viene a ratificar la posición que no sólo mi Grupo
Parlamentario sino amplios sectores sociales han venido manteniendo sobre
este trasvase.
Nosotros en ningún momento hemos manifestado una posición de radicalidad
sobre el tema, ni una negación absoluta a la realización del trasvase, ni
muchísimo menos, como demostramos en el proyecto de trasvase. Ahora bien,
esta cautela de la realización del estudio de impacto medioambiental que
para nosotros ha sido fundamental --y lo sigue siendo-- viene de alguna
forma a reiterarse cuando precisamente la zona cedente, es decir, el
Campo de Gibraltar, se encuentra en estos momentos con una situación de
deterioro hidrológico importantísima. Que la comarca del Campo de
Gibraltar se encuentre ahora con que tiene importantísimas reducciones en
el abastecimiento de agua; que apenas se pueda suministrar agua durante
seis horas a La Línea o Algeciras demuestra que las decisiones que se
habían tomado por parte del Gobierno y que se han ratificado en este
Congreso por la mayoría parlamentaria han sido propuestas excesivamente
precipitadas, aunque a veces este tipo de propuestas tardan años en
tomarse, y el no querer rectificar una postura precipitada hace que el
error persista durante años y años.
Consideramos que en una época de sequía importante no es solución
definitiva el hecho de que un trasvase de una zona a otra pretenda
solventar el problema en la zona receptora, porque en una época de sequía
continuada la zona donante tampoco tiene agua suficiente para dar. Por lo
tanto, independientemente de la operación del trasvase, mi Grupo
Parlamentario ha defendido la mayor autonomía posible para la zona
receptora. Por ello, Izquierda Unida ha defendido de forma reiterada que
la bahía de Cádiz disponga de una desaladora para que pueda tener una
autonomía que le es necesaria en el caso de sequía continuada, porque aun
suponiendo que el trasvase del Guadiaro al Majaceite pudiera solventar
todos los problemas medioambientales que dicho trasvase conlleva y que
por la redacción del estudio de impacto medioambiental se pudieran
determinar las medidas cautelares necesarias para que dicho impacto fuera
mínimo, aun suponiendo eso --lo que no podemos enjuiciar hasta que el
estudio de impacto medioambiental esté efectivamente realizado--, en el
caso de que la sequía se prolongara, la zona gaditana se encontraría con
el importante problema de que no había agua para trasvasar del Guadiaro a
la zona gaditana. Por tanto, la construcción de la desaladora continúa
siendo para nosotros capital y absolutamente necesaria. Después de haber
negado durante meses y meses la posibilidad de construcción de esa
desaladora, y a pesar de la insistencia de mi
Grupo Parlamentario, Izquierda Unida, de otros grupos y de amplios
sectores de la sociedad gaditana para que esta desaladora sea una
realidad, parece que la Administración ya tiene en cuenta esa
posibilidad, aunque aún no esté determinada ni la ubicación ni la partida
presupuestaria para ella. En este sentido pensamos que aprobar el punto
tercero de la proposición no de ley fortalece la propuesta de la
construcción de la desaladora y, de alguna manera, compromete a que
presupuestariamente dicha obra se apruebe en este Congreso de los
Diputados.
Por lo tanto, Izquierda Unida, en coherencia con el planteamiento que ha
venido siguiendo en relación con el proyecto del trasvase del Guadiaro al
Majaceite, solicita que, de la forma más urgente posible, se realice la
redacción de este estudio de impacto medioambiental. Con ello creo que
tranquilizaríamos a importantes sectores sociales que hasta el momento
han venido pidiendo reiteradamente la realización del estudio de impacto
medioambiental. Con ello creo que tranquilizaríamos también a la Unión
Europea, y España tendría la imagen de un país que cumple las normativas
medioambientales europeas y que se encuentra en disposición de estar a la
altura de la sensibilidad medioambiental existente en Europa. Con la
aprobación de esta proposición no de ley creo que solventaríamos
muchísimas de las preocupaciones que existen en la zona gaditana de que,
a pesar de que se realizaran las obras del trasvase --en el caso de que
no hubiera agua que trasvasar--, el problema seguiría candente y, por lo
tanto, con la aprobación de esta proposición no de ley --que pretende la
construcción y ubicación de la desaladora en esta zona--
tranquilizaríamos considerablemente a esta región tan carente de agua que
está sufriendo tantísimas restricciones desde hace ya más de tres años.
El hecho de que se paralice la obra de la conducción del trasvase hasta
que el estudio de impacto medioambiental esté realizado nos parece una
mínima medida cautelar que de alguna forma viene a ratificar la seriedad
con la que se quiere abordar este estudio de impacto medioambiental.
Solicito al conjunto de los grupos parlamentarios que apoyen esta
propuesta, que es de sentido común, con la idea de que es una propuesta
de concordia entre las diferentes comunidades que se ven afectadas por
este trasvase, y es una propuesta que ofrecería una imagen de modernidad
y sensibilidad ecológica por parte de este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Andreu.
¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición sobre esta
proposición no de ley? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Fernández Rodríguez, a quien damos la bienvenida en esta Comisión, ya
que, creo, es la primera vez que participa en ella, e, igualmente, como
he visto otras caras nuevas en esta Comisión de otros diputados de grupos
parlamentarios que no han intervenido, damos también la bienvenida a los
nuevos miembros de esa Comisión (El señor Dávila Sánchez: Este Presidente
es un caballero.) y les instamos a trabajar con la misma intensidad con
que lo han hecho los anteriores diputados. En el entorno y en el ambiente
de esta Comisión su trabajo va a ser altamente importante como
contribución al desarrollo de nuestro país. Sean bienvenidos.
Tiene la palabra el señor Fernández Rodríguez.
El señor FERNANDEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para tener un conocimiento lo más exacto posible sobre la cuestión que
estamos debatiendo, bueno será que, aunque sea brevemente, hagamos una
somera descripción de la situación que actualmente se padece en la cuenca
cedente, en la cuenca del Guadiaro, esto es, en la comarca del Campo de
Gibraltar. La situación es que, en estos momentos, dos ciudades como
Algeciras y La Línea, que en su conjunto suman cerca de 200.000
habitantes, sólo disponen de agua seis horas al día, desde las siete de
la mañana hasta la una de la tarde, y que, además, el agua embalsada en
la zona, sumando los embalses de Guadarranque y de Charco Redondo, según
los datos de la propia Confederación Hidrográfica del Sur, no llega
siquiera a un hectómetro cúbico de agua, cuando el consumo en la zona
está estimado en unos cuatro hectómetros cúbicos al mes; es decir, que
apenas queda agua para unos días.
En esta situación crítica, a la que se ha llegado única y exclusivamente
por la falta de previsión y planificación de los responsables de la
propia Confederación --cuyo cese inmediato ha sido solicitado por todos
los colectivos sociales en el Campo de Gibraltar e incluso por la propia
Diputación de Cádiz, gobernada por el Partido Socialista, y que nosotros
reiteramos y consideramos imprescindible para restituir la confianza de
los ciudadanos de la zona--, se están llevando a cabo las obras para
realizar un trasvase desde una zona que no tiene agua a otra que tampoco
la tiene, pero que, afortunadamente para ella, tiene más reservas y sufre
menos restricciones que la que se pretende que sea cedente.
Hemos de señalar con preocupación que para que se iniciasen las obras,
cuyo coste es superior a los 6.000 millones de pesetas, se han estado
dando datos erróneos por parte de la Confederación Hidrográfica del Sur.
Si no, ¿cómo se puede decir en la exposición de motivos de la ley de
derivación de volúmenes de agua de la cuenca del río Guadiaro a la cuenca
del río Guadalete que en la cuenca del Guadiaro existen excedentes que
superan en varias veces los volúmenes de agua a trasvasar, teniendo en
cuenta las necesidades tanto presentes como futuras por lo que el
trasvase propuesto no compromete en absoluto las posibilidades futuras de
desarrollo de la cuenca del Guadiaro? Y, a mayor abundamiento, en su
artículo 2, puntos a) y b), se dice que no se efectuará ningún trasvase
mientras no circule por el río Guadiaro, en la obra de derivación, un
caudal mínimo de cinco metros cúbicos por segundo. Sólo se trasvasará el
caudal circulante por el río que exceda de los indicados cinco metros
cúbicos por segundo.
Si se cumple con la ley y se garantiza ese caudal mínimo que hay que
respetar, ¿qué es lo que hay que trasvasar si en estos momentos es
evidente que no existen esos caudales? ¿Para qué tanta prisa? ¿Para qué
tanta precipitación? Estamos hablando de unas obras que tienen graves
repercusiones medioambientales en una zona especialmente
protegida, como es el Parque de los Alcornocales. ¿Cómo se va a poder
mantener a partir de ahora el rigor que se exige a los particulares para
hacer un pequeño carril o una instalación ganadera cuando el propio
Estado está causando destrozos, como construir una pista de acceso de
tamaño superior al de una autopista, talando árboles, instalando un
cableado de alta tensión de más de 6 kilómetros de longitud? ¿Qué se va a
hacer con los más de 250.000 metros cúbicos de roca que está previsto
extraer? Todas éstas son cuestiones que debería aclararnos el estudio de
impacto medioambiental, necesario no sólo por las cuestiones señaladas,
sino también para tranquilizar a la opinión pública de una zona
especialmente sensibilizada por esta cuestión en estos momentos.
Nuestro Grupo ha defendido y defenderá la necesidad del trasvase porque
con los datos facilitados por la Confederación y las necesidades de agua
de la bahía gaditana podría ser una solución. Insisto, nuestra posición
es favorable al trasvase, pero es evidente que en estos momentos toda
esta cuestión debe abordarse con mayor transparencia, con mayor control y
cuanto antes se ponga en marcha la comisión de explotación del trasvase
prevista en el artículo 3.º de la ley del trasvase, cuanto antes puedan
controlar los afectados todo este asunto, antes podrá restablecerse la
confianza en unas obras y en un organismo que ha demostrado, por ahora,
no ser digno de ellas.
Por tanto, estando fundamentalmente de acuerdo con la proposición no de
ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
y, en concreto, con los puntos 1.º y 3.º de la misma --y nuestro Grupo ha
insistido reiteradamente en la necesidad de una desaladora para la bahía
gaditana--, no podemos apoyarla en todos sus términos porque la raíz del
problema, a nuestro juicio, no es únicamente el estudio de impacto
ambiental, con el que estamos fundamentalmente de acuerdo, sino que lo
realmente importante son las garantías para la cuenca cedente y, sobre
todo, la necesidad de que se adopten por el Gobierno soluciones urgentes
al problema de suministro de agua en la bahía de Cádiz y también en el
Campo de Gibraltar.
Por tanto, quiero manifestar nuestra abstención en relación con la
proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: A continuación y en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: En primer lugar, querría expresar que,
efectivamente, las razones que expone el proponente para solicitar la
paralización de la obra del trasvase, desde nuestro punto de vista, no
deberían tener el peso suficiente para que esta proposición sea aprobada,
teniendo en cuenta que las obras del trasvase del río Guadiaro al
Majaceite son de extrema urgencia y necesidad para la provincia de Cádiz.
El portavoz de Izquierda Unida y proponente de esta proposición basa su
oposición en tres razones principales. La primera hace mención, en su
exposición de motivos, a un accidente producido en la obra del trasvase.
Es necesario decir que este accidente en la obra del trasvase ha
consistido en un desprendimiento de tierra y se concluye, desde el punto
de vista de este Grupo de manera desacertada, que ese accidente es
consecuencia de la carencia de un estudio de impacto medioambiental. Yo
confío en que el Grupo Izquierda Unida entienda que cualquier dificultad,
cualquier accidente que se produzca en una obra de la complejidad técnica
del trasvase --que es horadar un túnel de 12 kilómetros, donde va a haber
dificultades técnicas enormes que no se pueden prever-- son las
consecuencias lógicas de una obra imprevisible, ya que sencillamente
trata de horadar un túnel en una zona de la que se han realizado estudios
técnicos y geológicos pero en la que, sin duda, puede encontrar
circunstancias no previstas. Por tanto, se trata de un accidente de los
absolutamente previstos y normales y que, afortunadamente no ha producido
ninguna desgracia personal ni ninguna desgracia que tenga consecuencias
sin solución. Por tanto, es un accidente de los que se van a producir
otros muchos en esa obra, y de ningún modo puede concluirse, a raíz del
mismo, que es consecuencia de la pretendida falta de estudio de impacto
medioambiental.
El segundo bloque de razones se refiere a las quejas de la Comisión
Europea. En efecto, hay dos quejas, la 4637 del año 1993 y la 4789, que
se han presentado ante la Comisión Europea, sobre conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre. Todas las quejas se
sustancian especialmente en el problema de la escombrera y la situación
en que quedará, sobre todo la fauna de la zona. La escombrera es una
única y va a tener una superficie de 4,2 hectáreas y está situada, como
no podía ser de otra manera, en el Parque Natural de los Alcorconales, y
para referenciar la importancia de impacto de la escombrera, de 4,2
hectáreas, el parque tiene 170.025 hectáreas. Es decir, van a hacer unas
escombreras de 4,2 hectáreas sobre un pastizal que apenas tiene
vegetación arbórea, cuyo inventario florístico no tiene interés alguno,
porque son especies que no tienen interés endógeno ya que son las
habituales de un pastizal de esa zona. El Gobierno español va a
responder, como lo ha hecho habitualmente, a las exigencias legales de la
Unión Europea, a las que se requieren, y se adoptarán las medidas
necesarias.
Tengo que decir que el proyecto de derivación tiene las garantías
medioambientales suficientes. Hay un estudio de impacto medioambiental
del mes de enero de 1994, aprobado por la Agencia de Medio Ambiente del
Gobierno andaluz; han sido aprobadas asimismo las medidas
correspondientes por la Junta Rectora del Parque Natural de los
Alcornocales y del Parque Natural de Grazalema, que están atravesados por
el túnel al que hemos hecho referencia. Por otro lado, los dos tramos de
medida de corrección también han sido aprobados por la Agencia de Medio
Ambiente, de tal manera que este proyecto cuenta con un estudio de
impacto medioambiental, y desde agosto del año pasado, 1994, cuenta
también con todo un plan de medidas correctoras que están siendo tenidas
en cuenta.
El Grupo de Izquierda Unida se ha caracterizado por la exigencia de ese
estudio y en todas las ocasiones se le ha
respondido con la misma claridad, incluso con el propio documento de
estudio de impacto ambiental a que se ha hecho referencia.
El tercer bloque de razones, a las que se ha sumado también el Partido
Popular, se refiere a las carencias agua actuales en el Campo de
Gibraltar. En primer lugar, hay que decir que es verdad que hay una
situación dramática, desde el punto de vista del suministro de agua, en
el Campo de Gibraltar, que es la zona que cede el agua a la Bahía de
Cádiz. La razón no es otra que un error gravísimo de la Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, de quienes hacen las mediciones; no hay
otra explicación, y desde luego no puedo tener en esta ocasión ninguna
razón para no reconocer que se ha producido un error en la medición y en
la predicción del suministro de esa zona. Además, puede poner en riesgo,
como aquí se ha planteado, la política de trasvase. ¿Por qué?, porque se
afirma, de manera reiterada y gravemente errónea, que el Campo de
Gibraltar se surte del agua del Guadiaro. Eso no es cierto, porque el
Campo de Gibraltar se suministra para el consumo humano e industrial del
complejo Guadarranque-Charco Redondo, y ni un solo litro de ese Guadiaro
va ni a La Línea ni a Algeciras; ni un solo litro del Guadiaro va a esas
dos ciudades que son las que están sufriendo las consecuencias. Sí va a
Jimena y va a Castellar, que disponen de agua las veinticuatro horas del
día. Es verdad que hay una situación de dificultad, desde luego derivada
no porque el Campo de Gibraltar sea deficitario, que no lo es
afortunadamente, sino por un problema de mala previsión hidrológica y de
mala administración de los recursos con los que se ha contado.
No se puede concluir porque es erróneo, es injusto y no responde a la
verdad, que la carencia de agua tenga relación con el río Guadiaro. En el
río Guadiaro va directamente al mar y sólo es explotado en los acuíferos
en los pueblos ribereños, que son los de menos consumo, que no están
afectados por esa sequía porque disponen de veinticuatro horas de
consumo, afortunadamente para ellos.
El Campo de Gibraltar se suministra del complejo Guadarranque-Charco
Redondo, pero, en ninguna medida del Guadiaro.
No es justo que se concluya de esa situación que el trasvase ha de ser
puesto en cuestión. No es justo porque no responde a la verdad, ya que el
Guadiaro va directamente al mar y sólo es explotado por los pueblos
ribereños mediante acuíferos y pozos.
Para corregir esa situación del Campo de Gibraltar, como todos ustedes
conocen, hay medidas de emergencia: apertura de pozos, una obra de
emergencia incluida en el plan de metasequía, que consiste en llevar agua
superficial desde el río Guadiaro al sistema Guadarranque-Charco Redondo,
y por tanto es una obra que va a estar controlada de manera inmediata.
En consecuencia --voy terminando--, me parece injusto que se pida la
paralización del trasvase por las siguientes razones. El trasvase que se
aprobó aún no ha comenzado a trasvasar agua, luego difícilmente es un
elemento negativo para el consumo actual, ya que no se ha empezado
siquiera la obra: por otra parte, el trasvase sólo se hará cuando el
caudal supere los 5.000 litros por segundo, de manera que con esos 5.000
litros por segundo que no se van a trasvasar al Campo de Gibraltar en
estos momentos sobrarían 4.000 litros para su consumo. Debo señalar que
el río Guadiaro, en los años de mayor sequía conocidos hasta ahora y
medidos, que fueron los años 1944 y 45, podía haber trasvasado, según la
ley, 39 hectómetros cúbicos a la bahía; en el año 1992-93, 31 hectómetros
cúbicos y, en el año, 1993-94, 31,45.
Sólo quiero dar un dato curioso. La bahía de Cádiz va a recibir 2,5
hectómetros cúbicos en barco. Eso cuesta 1.100 millones de pesetas. Mil
cien millones de pesetas, en dinero contante y sonante, cuesta traer en
barco 2,5 hectómetros cúbicos. Con 30 hectómetros cúbicos que se puedan
trasvasar, estaríamos haciendo una inversión muy rentable desde el punto
de vista económico.
En consecuencia, señor Presidente, señorías --perdón por la extensión--,
sólo me resta decir que sería injusto que la carencia de agua nos llevara
a la conclusión de que ese trasvase, que no se ha empezado, es una razón
para esa carencia.
El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir la sesión durante dos minutos,
exclusivamente, y a continuación reanudaremos la sesión para proceder a
las votaciones pertinentes.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión para proceder a la
votación de las seis propuestas de resolución que han sido debatidas a lo
largo de la reunión de esta mañana de la comisión de Infraestructuras y
Medio Ambiente.
Antes de someter a votación la primera proposición no de ley en la que ha
habido una enmienda del Grupo Socialista, el Portavoz del Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, como
proponente de la mencionada proposición no de ley, me ha transmitido el
interés por cambiar la enmienda «in voce» que ha hecho el Grupo
Socialista --su posición no ha sido fijada con anterioridad-- y que ha
sido aceptada y consensuada por el resto de grupos parlamentarios. Para
saber los términos en que vamos a votar la proposición no de ley, le
ruego al señor Andreu que dé lectura a la enmienda «in voce» del Grupo
Socialista, con la modificación propuesta por él y que ha sido
consensuada con el resto de los grupos parlamentarios.
El señor ANDREU ANDREU: La enmienda transaccional que mi Grupo presenta a
los otros grupos, fundamentalmente al Grupo Socialista que presentó la
enmienda «in voce», es la siguiente: El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno a impulsar el efectivo cumplimiento de la normativa existente
sobre uso e instalación de boyas y puntos de amarre en el litoral español
y a la revisión de aquellos aspectos insuficientemente regulados en la
misma, con objeto de incrementar los niveles de seguridad
de los usuarios de las playas y preservar el medio ambiente litoral.
El señor PRESIDENTE: Someto a aprobación la proposición no de ley número
1 del orden del día en los términos de la enmienda «in voce» del Grupo
Socialista, con la modificación propuesta por el señor Andreu, en nombre
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Someto a votación la segunda proposición del orden del día en los
términos de la enmienda «in voce» del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Someto a votación la proposición no de ley número tres en el orden del
día en los términos de las enmiendas del Grupo Popular y la modificación
«in voce» propuesta por el autor de la iniciativa, que el es Grupo
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Someto a votación la proposición no de ley número 4 en el orden del día
en los términos de la enmienda «in voce» del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Someto a votación la proposición no de ley número 5 del orden del día en
los términos de la enmienda «in voce» del Grupo Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya con la modificación propuesta por el señor
Sedó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Someto a votación la proposición no de ley número 6.
El señor PERALES PIZARRO: Señor Presidente, ¿es posible pedir votación
separada?
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, es posible. Iba a decirlo; se ha
anticipado usted, pero celebro que sea así.
¿Podría decirme, señor Perales, en nombre de su Grupo, qué apartados
quiere que se voten separadamente? La proposición no de ley tiene tres
puntos.
El señor PERALES PIZARRO: Solicitamos la votación conjunta de los puntos
1 y 2 y separada del 3.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo Parlamentario desea alguna
votación separada? (Pausa.)
Procedemos a votar los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley número 6
en el orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 17; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Someto a votación el punto 3 de la proposición no de ley número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en
contra, uno; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el punto número 3 de la proposición
no de ley número 6.
Muchas gracias por su asistencia y colaboración.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.