CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 545
REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART
Sesión núm. 26 (Extraordinaria)
celebrada el martes, 18 de julio de 1995



ORDEN DEL DIA
Comparecencia del señor Ministro para las Administraciones Públicas
(Lerma i Blasco) para informar sobre las líneas generales de la política
de su Departamento. A petición del Gobierno. (Número de expediente
214/000115.)



Se abre la sesión a las once de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.

Se inicia la sesión de la Comisión de Régimen de las Administraciones
Públicas. Damos, en primer lugar, la bienvenida al señor Ministro para
las Administraciones Públicas, poniendo de manifiesto que esta Comisión,
y esta Presidencia en concreto, están a su disposición, con el absoluto
convencimiento de que las relaciones que se mantuvieron con el anterior
Ministro, señor Saavedra, se reiterarán y se repetirán con el actual
señor Ministro para las Administraciones Públicas.

El único punto del orden del día es la comparecencia del señor Ministro
para las Administraciones Públicas. Consecuentemente, y a los efectos
pertinentes, tiene la palabra.




El señor MINISTRO PARA LAS Administraciones PUblicas (Lerma i Blasco):
Señorías, es para mí una gran satisfacción poder comparecer hoy ante esta

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Comisión y volver a esta Cámara de la que salí hace algo más de doce
años, casi trece, para desempeñar la responsabilidad de Presidente de la
Generalidad Valenciana.

Quiero decir que el Gobierno ha venido desarrollando durante la presente
legislatura una política de impulso y perfeccionamiento del Estado de las
autonomías. Considero, señoras y señores Diputados, que esta línea de
trabajo, que lo es también de compromiso con la modernización de nuestras
administraciones públicas, es el único camino posible para perfeccionar
el funcionamiento del Estado autonómico y poner en sintonía la gestión de
las competencias con las demandas y expectativas de los ciudadanos. Es
precisamente este convencimiento, plenamente contrastado con mi propia
experiencia de Presidente de más de doce años, el que me ha llevado a
aceptar la responsabilidad de la que hoy vengo a dar cuenta a SS. SS. en
un avance de programa de actuaciones que me propongo desarrollar.

Permítanme que antes de hacerlo les agradezca la oportunidad que para
ello me brinda la Comisión y les exprese, asimismo, ya desde el inicio de
esta primera comparecencia, mi voluntad de diálogo y de reflexión
compartida con todos sus miembros. Quizá la extensión de mi programa sea
más larga que la propia legislatura, pero, en cualquier caso, les pido
perdón por esa extensión.

Mi incorporación al Gobierno de la nación se produce, como bien saben SS.

SS., en un momento político caracterizado por tres elementos básicos. El
primero de ellos viene dado porque nos encontramos formalmente en la
mitad de esta quinta legislatura; por tanto, hay cuestiones en el
programa de Gobierno que ya han sido abordadas, junto a otras cuyo
cumplimiento hemos de dimensionar en el tiempo que aún resta para su
conclusión.

El segundo elemento clave es la todavía recientísima celebración --el 28
de mayo-- de las elecciones autonómicas en trece comunidades autónomas y
de elecciones municipales en todo el territorio nacional, que han
cambiado considerablemente el escenario político, pero que no deberían
alterar la voluntad de diálogo y de seguir avanzando en la colaboración
que ha existido entre las diferentes administraciones públicas.

El tercer elemento que creo que es necesario destacar es, sin duda, la
presidencia española de la Unión Europea. Para nuestro país supone un
auténtico reto que hemos de abordar entre quienes compartimos la
responsabilidad de apoyar e impulsar el proceso de construcción europea y
el papel que en el mismo quiere y debe jugar España.

Considerando estos tres elementos expondré los objetivos del Gobierno
para el resto de la legislatura en materia de política territorial. Todos
ellos se enmarcan, además, en una nueva dinámica de trabajo producto de
la reciente remodelación del Ejecutivo. En esta remodelación, la
presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política
Autonómica recae de nuevo en el Ministro para las Administraciones
Públicas, y ello obliga, desde una evidente óptica racionalizadora del
proceso, a que sea mi departamento el que en estos momentos pilote y
perfeccione la política de traspasos definida en el llamado impulso
autonómico, mediante la cual se están materializando los pactos
autonómicos de 1992 y se están llevando a cabo también los traspasos
procedentes de la lectura conjunta de los estatutos de autonomía de las
comunidades del 151 y asimiladas.

En este orden de ideas, política continuadora del impulso autonómico con
las necesarias modificaciones que se consideren convenientes para la
consolidación de la organización territorial del Estado, permítanme que
antes de exponer los objetivos en materia autonómica y local realice un
brevísimo balance de lo hecho en la presente legislatura en dichos
ámbitos.

Los acuerdos autonómicos de 1992 y la posterior reforma de los estatutos
de autonomía de las comunidades del artículo 143 abrieron un gran abanico
de posibilidades que debían materializarse en la apertura de un proceso
de desarrollo de aquellos que hicieran efectivo el ejercicio de las
competencias asumidas por estas autonomías y perfeccionar, al mismo
tiempo, los instrumentos de cooperación. Creo que el balance que puede
ofrecerse en los dos años transcurridos de legislatura es razonablemente
satisfactorio. El Gobierno ha de reconocer, sin embargo, que el éxito de
los resultados, no obstante la dificultad de la negociación de algunos
traspasos, se debe repartir por igual entre comunidades autónomas y
Administración central.

Hace escasamente un mes, con motivo de una interpelación ante el Pleno de
esta Cámara, mi antecesor en el departamento expuso parte de este
balance, el que corresponde al contenido, la valoración y los recursos de
los traspasos efectuados. Remito, por tanto, a los miembros de esta
Comisión a la comparecencia anterior. Sólo añadiré a lo expuesto en esta
interpelación, y recogido también en el informe citado, que la mecánica
de funcionamiento en lo que respecta a las comunidades del 151 ha sido la
de cerrar, de mutuo acuerdo, paquetes de traspasos que después serán
completados bilateralmente con cada una de ellas, configurando así las
prioridades de cada comunidad autónoma y garantizando la no existencia de
privilegios de trato para ninguna.

En cuanto al perfeccionamiento de los mecanismos de cooperación, también
contemplado en los acuerdos autonómicos, es preciso señalar, y así se
recogía en el informe ya citado, que se ha fomentado la cultura política
y administrativa de dicha cooperación mediante la creación de los órganos
previstos para ello y la potenciación de los instrumentos y mecanismos.

Esta participación y colaboración se ha encauzado en el ámbito de la
cooperación fundamentalmente a través de relaciones multilaterales,
mediante las cuales son tratados, institucionalizada y conjuntamente, los
asuntos que afectan o interesan a todas las comunidades autónomas,
observando, en cambio, un déficit considerable de la relación de las
comunidades autónomas entre sí.

Mención destacada en el capítulo de la cooperación merece el papel
decisivo que está jugando la Conferencia sectorial para asuntos
relacionados con las comunidades europeas. Como SS. SS. no ignoran, fruto
de los trabajos desarrollados han sido los acuerdos de octubre de 1992 de
institucionalización de la propia Conferencia y, sobre todo, de 30 de
noviembre de 1994 sobre participación interna de las comunidades en los
asuntos comunitarios europeos, a través de las conferencias sectoriales
de cooperación. Ambos



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constituyen una avance ciertamente muy significativo en el que no
obstante habrá de seguir profundizándose en el futuro.

Pero no quisiera concluir este breve repaso sin referirme a lo que puede
considerarse la gran asignatura pendiente del Estado autonómico: la
reforma del actual sistema de financiación autonómica. En esta materia ha
habido avances importantes en esta legislatura. El acuerdo en materia de
corresponsabilidad fiscal y el hecho de que exista un método acordado con
validez hasta 1997, dan buena cuenta de la voluntad común de diálogo y
perfeccionamiento del sistema de financiación en vigor. Ello no obstante
es el propio proceso de impulso y consolidación del Estado autonómico el
que exige esa necesaria reforma. Contamos para ello con bagaje de una
amplia experiencia, de una coherente evolución y de una demostrada
capacidad para ir encauzando los problemas técnicos de la utilización de
las variables económicas. Tenemos por delante el importante reto político
de establecer un sistema generoso y solidario, pero tenemos también la
experiencia necesaria para afrontarle con éxito.

Con esta finalidad, y cumpliendo con un acuerdo del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, en la primera parte de la legislatura se ha
elaborado por un grupo de expertos el Libro Blanco sobre el cual habrá de
definirse el futuro. En torno a sus conclusiones y recomendaciones, así
como las que se derivan de los trabajos de la ponencia constituida en el
Senado, habremos de articular el imprescindible debate que ha de perfilar
los contenidos de la reforma.

Permítame también, en este breve balance, citar de forma expresa otros
dos importantes logros: la aprobación por las Cortes Generales de los
Estatutos de Ceuta y Melilla, producto del consenso político y que han
abierto el plazo para dar contenido a sus previsiones competenciales, y
los significativos avances registrados en el proceso de reforma del
Senado.

En lo que concierne a la Administración local, ayuntamientos y
diputaciones, el balance de la presente legislatura apunta en su activo
la resolución de la problemática de la financiación local para el
quinquenio 1994-1998 con la firma del acuerdo de agosto de 1994, así como
el progresivo perfeccionamiento de los planes de cooperación
económico-local gestionados por el Ministerio para las Administraciones
Públicas. El pacto local, por razones conocidas por los miembros de esta
Comisión, ha tenido una cierta paralización en su desarrollo.

A partir de la situación que acabo de describirles el programa que me
propongo impulsar como Ministro y también como Presidente de la Comisión
Delegada para Asuntos Autonómicos se centra en seis áreas de trabajo: El
marco competencial, la cooperación entre las administraciones públicas,
la participación de las comunidades autónomas en el proceso de
construcción de la Unión Europea, la financiación autonómica, el Senado
como Cámara de representación territorial y la Administración local.

En lo relativo al marco competencial, el Ministerio para las
Administraciones Públicas va a confeccionar, sobre la base de una oferta
global del Gobierno, un programa de trabajo con cada comunidad autónoma.

Estos programas, que presentaré a los presidentes de las comunidades
autónomas, habrán de contener tanto los traspasos pendientes derivados de
los acuerdos de 1992 como los resultantes, en el caso de las comunidades
autónomas del 151 y asimiladas, de la identificación de los
correspondientes títulos competenciales a través de una lectura conjunta
de los respectivos estatutos de autonomía.

La Comisión Delegada del Gobierno efectuará en esta nueva fase un
seguimiento integral del cumplimiento de estos programas. Ello debería
permitirnos, y con mayor razón como consecuencia de la propia
dinamización del trabajo de la Comisión, un perfeccionamiento de los
procesos de traspaso encaminado a clarificar todos los aspectos de la
negociación, y de manera especial los inherentes al sistema de
financiación actualmente en vigor, así como los criterios objetivos de
distribución en aquellos conceptos que hayan de atribuirse a todas las
comunidades autónomas.

Los programas de traspaso han de plasmarse además en un calendario a
concluir en el mes de diciembre, período en el que las respectivas
comisiones mixtas han de ultimar los traspasos pendientes de los acuerdos
autonómicos. Esta dinamización del proceso de traspasos ha de sentirse de
forma significativa en una comunidad autónoma como Cantabria, que ha
tenido, por obvias y conocidas razones, una ralentización del proceso de
traspasos.

Por lo que se refiere a las comunidades autónomas del artículo 151,
permítanme que desde mi actual responsabilidad como Ministro exprese mi
sincera confianza en poder cerrar acuerdos con la práctica totalidad de
ellas en plazo breve, de tal forma que pueda ofrecer a esta misma
Comisión en una próxima comparecencia un balance esperanzador del
cuatrimestre que abarca de septiembre hasta final de año.

En cuanto a las ciudades de Ceuta y Melilla, y de acuerdo con sus
previsiones estatutarias, una vez que se han constituido sus respectivos
órganos de gobierno, en este mes de julio vamos a formalizar las
respectivas comisiones mixtas. Con ello se abre una nueva etapa no sólo
para dar contenido a las previsiones estatutarias, sino también para el
conjunto del Estado autonómico, que completa su organización territorial
y entra de lleno en una etapa de impulso y perfeccionamiento de su
funcionamiento en el servicio a los ciudadanos. Establecida por los
trabajos de la Comisión Mixta de las Comunidades Autónomas la valoración
objetiva de la práctica totalidad de los traspasos a realizar a las
ciudades de Ceuta y Melilla, la rapidez de estos traspasos ha de ser
grande.

Resumiría este primer bloque de objetivos, el de la política de
traspasos, con el compromiso del Gobierno de cerrar los aún pendientes
del pacto autonómico de 1992 en el próximo semestre y de continuar las
negociaciones bilaterales con las otras siete comunidades autónomas para
ultimar nuevos traspasos. Esta política se engarza directamente con la
reforma de la Administración del Estado, que exige una revisión de la
dimensión de determinados servicios centrales en algunos departamentos,
pero ello teniendo presente que la cuestión no estriba tanto en reducir o
incluso suprimir si es necesario, aquellas unidades cuyas



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funciones son propias o lo van a ser en un futuro de las comunidades
autónomas por razón de competencia, como en la de sentar las bases de una
racionalización de la Administración del Estado que con la actual
constitución está obligada a tener estructuras centrales y periféricas
para prestar determinados servicios o para realizar determinadas
funciones.

Hay, pues, señoras, señores Diputados, un camino concreto sobre el que
avanzar y sobre el que me comprometo a hacerlo con una labor de impulso y
perfeccionamiento del proceso de traspasos.

En materia de cooperación, la Comisión Delegada de Política Autonómica va
a poner especial énfasis en la necesaria dinamización de los instrumentos
multilaterales, y en especial del propio funcionamiento de las
conferencias sectoriales, que constituyen, como se concluyó en el debate
del Senado sobre el Estatuto autonómico, un instrumento sustancial y de
práctica cotidiana en el funcionamiento del Estado. Ocho de las
diecisiete conferencias constituidas cuentan ya con un reglamento interno
de funcionamiento, y sólo una, la de trabajo, se encuentra pendiente de
constitución a la espera de que pueda darse por finalizado el proceso de
traspasos en esta materia. Vamos a seguir trabajando, desarrollando las
comisiones y grupos constituidos a los efectos de estudiar y negociar una
normativa de funcionamiento.

Hay otras dos cuestiones de importancia que han de ser resueltas mediante
la colaboración, atendiendo a las propias demandas de las comunidades y a
las necesidades de dotar de una mayor racionalidad al sistema. Me refiero
al perfeccionamiento de las actuales fórmulas que regulan la
participación de las comunidades autónomas en los fondos de cohesión
comunitaria y la reflexión que deberíamos hacer acerca de las ventajas
que podría suponer la utilización de la fórmula del convenio de
colaboración, sin presumir cuál va a ser la implicación definitiva en
materia de transferencias.

En cuanto a la colaboración de carácter bilateral y multilateral, el
principal déficit que se observa estriba en la todavía escasa cooperación
entre comunidades autónomas, aunque resulta patente que cuando ésta se
produce, como es el caso de las comunidades autónomas del arco
mediterráneo, resulta una prueba inmejorable de que es posible funcionar
así. Si bien desde la Administración central es escaso el papel a jugar
en esta área de cooperación, sí quiero manifestar la decidida voluntad
del departamento de potenciar esa cooperación.

Me van a permitir también una referencia expresa al tema de la
participación de las comunidades autónomas en el proceso de construcción
de la Unión Europea. Los avances registrados en estos dos años de
legislatura deben dar paso a un esfuerzo por concretar el procedimiento
para hacer efectiva esta participación durante la presidencia española.

Para ello se van a celebrar, durante las últimas semanas de este mes de
julio, plenarios de las conferencias sectoriales en los que se explicará
a las comunidades autónomas los planes de cada departamento con motivo de
la presidencia europea. En septiembre se hará un balance en la
Conferencia sectorial de asuntos europeos sobre el grado de
funcionamiento de las diferentes conferencias sectoriales, y también
tendremos que evaluar cómo se puede hacer definitivamente un mayor papel
en esta participación. Además, la propia dinámica de la Conferencia
sectorial para asuntos europeos ha de ir conformando las posibles
aportaciones a la conferencia intergubernamental para la reforma
institucional prevista en 1996. Señalaré también que dentro de las
actividades con motivo de la presidencia española quiero asistir al
próximo plenario de otoño del Comité de las regiones, en el que expondré
las líneas de trabajo para nuestra presidencia.

En cuanto a la financiación autonómica, esta segunda parte de la
legislatura es clave para la consecución de la reforma del sistema de
financiación. Esta pieza básica del Estado de las autonomías se encuentra
en estos momentos en un proceso de análisis al que ya me he referido
anteriormente para su adaptación a la consolidación del marco
competencial del conjunto de las comunidades autónomas. Esta situación,
producida entre otras causas como consecuencia de los acuerdos y del
impulso autonómico, exige la introducción de las necesarias
modificaciones en un sistema que, habiendo tocado techo en estos momentos
en sus posibilidades financieras, ha mostrado, sin embargo, la
virtualidad para hacer frente a las necesidades de suficiencia
financiera, permitiendo el enorme proceso descentralizador llevado a cabo
en nuestro país.

El tema de la reforma, que necesaria y convenientemente ha de
consensuarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, va a
marcar la próxima mitad de la legislatura. En ella ha de culminarse el
proceso iniciado por el acuerdo de octubre de 1993, en el que, junto al
primer paso en la dirección correcta de la corresponsabilidad, se
procedió al encargo del Libro Blanco a un grupo de expertos para que,
partiendo del diagnóstico de la actual situación, se identificasen los
problemas a corregir.

Esta idea fue repetidamente asumida por la práctica totalidad de los
presidentes de las comunidades autónomas que intervinieron en el pasado
debate del Estado de las autonomías en el Senado, reconociéndose en el
mismo que la progresiva asunción de mayores márgenes de
corresponsabilidad es el modelo mejor para todos.

Por tanto, se debe ir avanzando en una mayor implicación de las
comunidades autónomas en las políticas de gastos e ingresos, recogiendo
el diagnóstico y las conclusiones del Libro Blanco, así como los trabajos
de la Ponencia constituida en el Senado, iniciando en el marco del
Consejo de Política Fiscal y Financiera las negociaciones para evaluar la
aplicación del porcentaje del 15 por ciento, cosa que debería resolverse
antes de la aprobación de los presupuestos del año 1996. Todo ello
teniendo en cuenta que el año que viene han de implimentarse las
oportunas correcciones que se desprendan de los resultados 1994 y 1995 de
la puesta en marcha del procedimiento para la aplicación de la
corresponsabilidad fiscal. Esto nos permitirá posteriormente dar los
pasos para negociar, a lo largo del año 1996, un nuevo sistema de
financiación para el próximo quinquenio.

El nuevo modelo de financiación, que por su naturaleza forma parte de la
razón de ser del Estado de las autonomías,



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no debiera ser utilizado en ningún caso, en mi opinión, partidariamente,
por lo que debo insistir, en consecuencia, en la necesidad del consenso
para su reforma.

Desde mi posición de miembro del Gobierno perteneciente al Consejo de
Política Fiscal y Financiera, el impulso del acuerdo en los términos
señalados ha de constituir otro de los objetivos básicos del plan de
trabajo que presento a sus señorías.

En lo que se refiere a la reforma del Senado, he de señalar que la misma
no constituye propiamente un compromiso de Gobierno, sino una de las
cuestiones claves del funcionamiento del Estado autonómico y, por tanto,
debe estar sujeta --lo está, de hecho-- al necesario consenso político.

Quiero reiterar, no obstante, mi voluntad de favorecer dicho proceso, así
como mi compromiso de colaboración en los trabajos que se vienen
desarrollando en el seno de la Comisión General de las Comunidades
Autónomas. En esta línea de trabajo solicitaré de los presidentes de las
comunidades autónomas su aportación sobre aquellas cuestiones que a
juicio de los mismos deban ser abordadas en el próximo debate autonómico
para el establecimiento del cauce político entre Gobierno, gobiernos
autonómicos y el propio Senado.

Por último, aludiendo al sexto de los puntos antes mencionados --al pacto
local--, quiero señalar que su conclusión está, por supuesto, sujeta a la
voluntad de comunidades autónomas y gobiernos locales y que,
naturalmente, tienen una importancia trascendental los partidos
políticos.

La oferta del Gobierno es clara: debe retomarse el tema con el necesario
interés para que cada parte fije su posición con la misma claridad.

Conviene recordar en este sentido que tanto el Pleno del Congreso como el
del Senado se han pronunciado reiteradamente sobre la necesidad de
alcanzar un pacto local.

A este respecto, las actuaciones del departamento que dirijo se
concretarán en trasladar esta cuestión, tras las pendientes
conversaciones con la FEMP, a los presidentes de las comunidades
autónomas para que puedan fijar también su posición, así como retomar el
documento base para remitirlo a los portavoces de los grupos
parlamentarios, solicitándoles de nuevo su posición sobre el particular.

Con todo, soy plenamente consciente de que nada de lo expuesto hasta aquí
basta por sí mismo para perfeccionar el funcionamiento del Estado
autonómico. Los ciudadanos quieren mejores servicios y más baratos; están
preocupados por el desempleo y la consolidación de la recuperación
autonómica, y el Estado debe suponer un estímulo y no un freno a este
tipo de objetivos. Dar respuesta adecuada a esas demandas y a estas
preocupaciones constituye, en consecuencia, el nervio central del
programa que estoy dispuesto a desarrollar en materia de Administración
pública. Este programa debe atender prioritariamente tres objetivos
políticos. El primero, ajustar la organización, el funcionamiento y la
política de recursos humanos a los cambios derivados de la consolidación
del Estado de las autonomías y a la política de impulso autonómico que
está desarrollando el Gobierno. En segundo lugar, reordenar la estructura
organizativa, funcional y de personal de la Administración general del
Estado para ajustarla al impacto de las nuevas tecnologías en la
organización y en los métodos de trabajo. En tercer lugar, impulsar el
proceso de adecuación de la Administración general del Estado a las
necesidades de una Administración más ágil y más eficaz en el servicio a
los ciudadanos.

Afortunadamente, para avanzar en esta dirección partimos de un balance
positivo. La presente legislatura ya registra avances importantes en el
cumplimiento de algunos de los compromisos que acabo de exponerles. Sin
ánimo de ser exhaustivo, permítanme que recuerde que durante estos dos
años se ha suscrito un importante acuerdo con los sindicatos para el
período 1995-1997. Este acuerdo ha supuesto un cambio profundo de las
relaciones entre Administración y sindicatos, que resultaba
imprescindible para seguir avanzando en los tres objetivos apuntados.

Ese cambio viene dado por tres compromisos básicos. En primer lugar, la
necesidad de abrir un marco de diálogo que profundice en el acercamiento
de la Administración a los ciudadanos. En segundo lugar, la exigencia de
adaptar los objetivos que debe cumplir la Administración y su forma de
actuar a un Estado autonómico ampliamente descentralizado y en pleno
proceso de integración económica y política en la Unión Europea. Y,
finalmente, la oportunidad de vincular las condiciones retributivas de
los empleados públicos a la evolución de las magnitudes económicas y al
cumplimiento de los objetivos que se recojan en los Presupuestos
Generales del Estado.

Contamos, por tanto, con un marco de diálogo que nos está permitiendo
poner en marcha medidas encaminadas a la profesionalización y
capacitación de nuestros empleados, como el acuerdo para la formación
continua, junto a otras que habrán de tener un considerable impacto en la
distribución sectorial y territorial del empleo público tras el proceso
de traspasos actualmente en curso.

En esta línea, quiero señalar claramente los planes de empleo previstos
en la Ley de Medidas Fiscales, Laborales, de Orden Social y de Reforma de
la Ley 30/1984, así como la promulgación de los nuevos Reglamentos de
Ingreso en la función pública y de Situaciones Administrativas.

En suma, el desarrollo del acuerdo supone el establecimiento de una vía
de diálogo mediante la cual está siendo posible la participación de los
empleados públicos en la determinación de sus condiciones de empleo en un
Estado fuertemente descentralizado y cuya modernización está requiriendo
medidas --entre ellas la aplicación de los planes de empleo-- que
propicien una redistribución sectorial y territorial del personal,
incrementando al máximo el rendimiento de los recursos humanos
disponibles.

Enlazando asimismo con nuestro objetivo de ajustar la Administración
general a la nueva distribución de competencias entre las
administraciones públicas, así como a la exigencia de mejora de la
eficiencia de la Administración, se encuentra también en marcha una
estrategia de simplificación y reordenación de las estructuras de la
Administración general del Estado. Además, los miembros de esta Comisión
no ignoran que también hemos avanzado, y mucho, en la mejora de la
atención al ciudadano y de la calidad



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de los servicios que todavía debe prestar la Administración general del
Estado. Lo hemos hecho fundamentalmente mediante el desarrollo de su Plan
de modernización.

No les avanzaré en esta ocasión los resultados obtenidos de los
diferentes proyectos, por cuanto esta Comisión ya ha podido valorar el
balance de la primera fase del Plan. La implantación de los centros de
información al ciudadano y las nuevas líneas de consulta, la reducción de
tiempos de tramitación y la simplificación de los procedimientos o los
puntuales incrementos de calidad que se han producido en los servicios
contemplados en el Plan, son resultados perfectamente perceptibles por
los usuarios.

Por último, en este breve balance de lo realizado no puedo ignorar una
medida encaminada al fortalecimiento del sistema de controles. No cabe
duda de que la aprobación por el Gobierno, y posteriormente por las
Cortes Generales, de la nueva Ley de Incompatibilidades de los Miembros
del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del
Estado constituye un avance importantísimo en aras de una mayor
transparencia respecto a las actividades y bienes de quienes ocupan
cargos de la máxima responsabilidad. Para nuestra tranquilidad, la
Inspección General de Servicios de la Administración Pública está
aplicando esta Ley con todo el rigor y la responsabilidad que es exigible
en una materia que ciertamente preocupa y preocupará a la sociedad
española.

Basten estas referencias al balance de estos dos años de legislatura para
situar la oferta global de ajuste y reordenación de la Administración
general del Estado a esas tres realidades que apuntaba anteriormente: el
nuevo marco competencial de las diferentes administraciones públicas, el
impacto de las nuevas tecnologías y la necesidad de dar respuesta a las
demandas sociales de calidad, accesibilidad y eficiencia de los servicios
públicos. Se trata de una oferta que considero necesario contextualizar
en el escenario de un proceso que se concibió como algo dinámico y que,
en consecuencia, no puede hacer oídos sordos al resto de las políticas
desarrolladas por el Gobierno; más concretamente, esa oferta ha de
incorporar un objetivo que en la actual coyuntura resulta prioritario
para el Ejecutivo: la reducción del déficit público para conseguir los
objetivos de crecimiento y creación de empleo que el país necesita.

La mejor forma de dar cumplimiento a nuestro compromiso de mejora de la
calidad, de acercamiento de la gestión a los ciudadanos, de
simplificación de la organización, de adecuación al Estado de las
autonomías y de hacer todo esto con garantías de continuidad futura
consiste en reconocer y asumir como propia esa estrategia de aminoración
del déficit a la que acabo de referirme. A partir de esta exigencia, el
programa de actuaciones que me propongo acometer es un programa creo que
realista, basado, por una parte, en la prosecución de pequeñas reformas
que habrán de encontrar su eco en las mejoras que detecten los propios
ciudadanos en el funcionamiento de los servicios prestados por la
Administración y, por otra, en el diseño y puesta en marcha de medidas
macro de reforma de la Administración, que han de incidir en auténticas
cuestiones de Estado como son el diseño global de organización o el
establecimiento de un nuevo modelo de la función pública.

En lo que se refiere a las medidas de carácter micro, me propongo
desarrollar las siguientes actuaciones. En materia de recursos humanos
considero necesario culminar el proceso de elaboración y puesta en marcha
de los planes de empleo. Estos planes han de estar orientados en el
momento actual a la consecución de la máxima eficacia y eficiencia del
servicio público en el Estado de las autonomías. Por tanto, sólo quiero
expresar mi voluntad de culminar su puesta en marcha e impulsar su
aplicación en tanto que instrumentos de ajuste de la distribución del
empleo público al marco territorial y funcional del Estado autonómico,
teniendo en cuenta, a estos efectos, tanto el objetivo de adecuación a la
actual distribución de competencias como el impacto de las nuevas
tecnologías en la estructura de la función pública estatal.

En este sentido, considero que a finales de año, y en aplicación a los
planes de empleo, estaremos en condiciones de situar y redistribuir el
empleo excedentario al menos en la Administración periférica.

Continuando con el bloque de medidas relativas a la política de recursos
humanos, quiero referirme también a una línea de actuación que tiene,
además, una evidente proyección de futuro. Se trata del impulso y
desarrollo de un nuevo sistema de relaciones laborales y sindicales. A
corto plazo este objetivo se está traduciendo en el desarrollo del
acuerdo Administración y sindicatos para el período 1995-1997. Mi
propósito es seguir impulsando y fortaleciendo el contenido del acuerdo y
concretar, a través de la negociación colectiva, las políticas de
personal para 1996, fijando y cumpliendo los compromisos retributivos
para dicho ejercicio. Esta política de colaboración y corresponsabilidad
con los sindicatos va a verse completada con otra cuyo núcleo central ha
de ser un decidido esfuerzo por impulsar los mecanismos de cohesión y
colaboración con todas las administraciones públicas, con todos los
sectores y con todos los agentes que operan en el ámbito público de las
políticas de personal.

A este respecto me propongo prestar especial atención a los mecanismos de
coordinación y cooperación entre la Administración del Estado y las
administraciones autonómicas y locales en el ámbito de la función
pública, dinamizando el funcionamiento de la Comisión de coordinación,
que ya está siendo un eficaz mecanismo de colaboración
interadministrativa.

En lo que concierne a la organización de la Administración, vamos a
seguir impulsando la política de simplificación y reordenación
actualmente en curso, con objeto de adecuarla en su dimensión y en su
configuración a las funciones que deba seguir prestando tras el proceso
de traspasos derivados de los acuerdos autonómicos y de la política de
impulso que estamos desarrollando. En esta línea quiero anunciarles la
creación de oficinas integradas de atención al público. Estas oficinas
reunirán en cada provincia, o en su caso en cada comunidad autónoma,
todos los servicios de información ministeriales y que resulten
integrados en dichos ámbitos. En la viabilidad de este proyecto, que
enlaza los objetivos de mejora de la información y de la adecuación de
las estructuras periféricas a la actual realidad del Estado de las
autonomías, estamos ya



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trabajando, y en esta dirección nos proponemos seguir avanzando también
con medidas normativas que posibiliten la racionalización de las
estructuras territoriales y la reagrupación e integración de los
servicios periféricos.

En el plano funcional, considero necesario seguir impulsando las
iniciativas de mejora de la información, de la calidad y de la eficiencia
de los servicios de la competencia estatal. Con esta finalidad nos
proponemos culminar la segunda parte del plan de modernización
actualmente en curso, para introducir un proceso de reflexión encaminado
al perfeccionamiento y, si fuera necesario, a la reformulación del plan.

En este sentido estamos valorando la posibilidad de desconcentrar las
iniciativas de mejora de eficiencia y la calidad de los servicios,
dejando paso a un proceso en el que sean los propios responsables de cada
actuación los que integren y concreten en sus respectivos ámbitos las
estrategias fijadas por los departamentos con responsabilidades
horizontales, especialmente el MAP y el Ministerio de Economía y
Hacienda. Todo ello sin perjuicio de que este esfuerzo por mejorar el
funcionamiento de la Administración general del Estado sea objeto de un
impulso político y de una coordinación común.

Lo primero que debe hacerse es coordinar este conjunto de iniciativas con
el proceso de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para
1996. De esta forma, los gestores podrán definir sus proyectos de mejora
de la calidad y del funcionamiento de los servicios teniendo en cuenta
las disponibilidades presupuestarias y en especial el objetivo de
reducción de costes y de generación de ahorros. En segundo término, es
necesario asegurar que los concretos proyectos de mejora responden a unos
parámetros comunes en tres aspectos: simplificación organizativa y ajuste
al actual marco competencial, mejora del rendimiento y mejora de la
calidad de los servicios. Los esfuerzos que realicen las organizaciones
no deben tener la apariencia de actuaciones aisladas ni voluntaristas.

Por todo ello, nuestro propósito es seguir integrando las iniciativas en
un plan de impulso en el que éstas se presenten a la sociedad como
proyectos coherentes entre sí. A partir de esta reflexión, el Ministerio
elaborará una propuesta al Consejo de Ministros para que los parámetros
comunes cuenten con el respaldo político necesario para la puesta en
marcha de estos proyectos, que habrán de orientarse por los siguientes
criterios: reducción de los tiempos de gestión y de respuesta al usuario;
reducción del número de documentos a aportar por los interesados;
elaboración de un catálogo general de procedimientos y sus
especificidades; simplificación de los formularios y solicitudes que
deban presentar los ciudadanos; la incorporación a los métodos de trabajo
y a los procedimientos de tecnologías informáticas, electrónicas y
telemáticas; el establecimiento de un nuevo sistema ágil y eficaz de
reclamaciones y sugerencias, y la posibilidad de elaborar guías o cartas
de los servicios a disposición de los usuarios.

Este conjunto de medidas de reforma que acabo de anunciarles debe verse
completado, como señalaba anteriormente, por otras de carácter global y
que, por tanto, han de afectar a la organización, funcionamiento y
política de recursos humanos de la Administración general del Estado en
su conjunto. Desde mi punto de vista, este tipo de medidas hacen
referencia a auténticas cuestiones de Estado. Lo son por sus
consecuencias en el gasto público y lo son, sobre todo, por el modelo que
finalmente se adopte, que debería poder ser asumido sin problemas por
cualquier Gobierno, cualquiera que sea el signo político del partido que
lo sustentara.

Con toda claridad diré a SS. SS. que asumo plenamente el compromiso de
diseñar y remitir a esta Cámara un proyecto de ley de organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado. Quiero reafirmar
este compromiso dentro del paquete legislativo que el Gobierno considera
prioritario impulsar en lo que resta de legislatura. Insisto, no
obstante, en el carácter de cuestión de Estado de esta iniciativa y, por
tanto, en estar abierto al diálogo y a la búsqueda del mayor grado de
consenso a través de la tramitación parlamentaria.

Hemos asumido con toda normalidad la necesidad de impulsar desde el
acuerdo de voluntades políticas el proceso de institucionalización del
Estado autonómico; más aún, gracias al consenso, esta operación ha podido
desarrollarse con acierto y garantías de estabilidad política futura.

Avanzado ya este proceso resulta patente que la reforma de la
Administración general del Estado no puede centrarse únicamente en
medidas cuya operatividad requiere contenidos básicamente de gestión que
ya están en manos de las administraciones autonómicas o locales. El
proceso de descentralización competencial y económico-financiero ha
alterado notablemente el espectro de funciones que ha de desarrollar la
Administración general del Estado, por consiguiente, es necesario
establecer un modelo de organización central y periférica que resulte
acorde con los nuevos cometidos de producción legislativa, especialmente
en el ámbito de las leyes orgánicas y la normativa básica, alta
inspección, planificación, coordinación, acción exterior e impulso de la
cooperación interadministrativa. En otras palabras, la Administración
general del Estado es ahora una Administración menos gestora y más
planificadora, y esto ha de traducirse, sin duda, en un modelo
organizativo y funcional más ajustado a estas nuevas funciones y que
cuente con suficientes garantías de estabilidad. Establecer ese modelo
--vuelvo a reiterarlo-- es una prioridad del Gobierno, pero también un
reto del proceso de consolidación y perfeccionamiento del Estado de las
autonomías; por tanto, hay en ello un espacio indiscutible para el
diálogo sobre estas cuestiones. Se trata de un planteamiento que quiero
hacer extensivo asimismo a otras iniciativas como la ley del Gobierno y
el establecimiento del modelo de Función Pública que debamos configurar
en el futuro.

El desarrollo del acuerdo de 1994 entre Administración y sindicatos nos
está proporcionando un marco adecuado para ir perfilando los criterios
que habrán de ser tenidos en cuenta en el establecimiento de ese futuro
modelo de Función Pública. El grado de acercamiento de las posiciones es
significativo. En este sentido, quiero anunciarles también que se están
produciendo avances nada desdeñables con las comunidades autónomas en
relación a la determinación de aquellas cuestiones que deberían ser
consideradas legislación básica y aquellas otras que no han de tener



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ese carácter y que deben ser, en consecuencia, diferidas a la regulación
de cada comunidad.

Mi experiencia en este campo --así lo expresé en el pasado debate sobre
el Estado de las autonomías-- es que hace falta una reforma de la
Administración que deje en manos de las comunidades autónomas los
aspectos más fundamentales de la gestión. Ello trasladado al modelo de la
Función Pública, para cuyas bases existe una reserva constitucional en
favor del Estado, no puede significar otra cosa que encontrar un consenso
en lo que se refiere a la determinación de ese mínimo común denominador
en el que ha de consistir la legislación básica. En suma, la trayectoria
de los trabajos que se están desarrollando con sindicatos y con
comunidades autónomas me permite avanzarles que, concluida la reunión de
la Mesa General fijada para el próximo mes de septiembre, estaremos en
condiciones de abrir una ronda de consultas para oír a grupos políticos y
buscar el mayor grado de consenso posible en esta materia, asegurando la
estabilidad del modelo finalmente resultante de ese proceso.

Quiero concluir impulsando la constitución y finalmente los traspasos de
las comunidades autónomas, así como el ajuste de la Administración
general del Estado a las consecuencias del Estado autonómico que
constituyen, sin duda, la cara y cruz de la misma moneda: dar respuesta,
desde todas las administraciones públicas, a las demandas y a las
necesidades de los ciudadanos en un Estado descentralizado que nace de la
propia Constitución y que, en consecuencia, cuenta con el apoyo y es
expresión de la voluntad política mayoritaria de los españoles. Seguir
trabajando porque esto sea una realidad es el compromiso global que asumo
ante esta Comisión y ante la sociedad española.

Quiero decir que presumiblemente todos ustedes, en función de las
discusiones políticas que suceden en la mayor parte de ocasiones al
margen de esta Cámara, quizá habrán pensado lo que les decía al
principio, que es más largo el discurso que lo que resta de legislatura.

En cualquier caso, quiero decir a SS. SS. que me parece que se trata de
un discurso ambicioso desde luego pero necesario también para el futuro
de este país, y naturalmente, una vez expuestas las líneas generales de
lo que debiera ser mi actuación en el Ministerio para las
Administraciones Públicas, quiero significar que soy consciente de las
discusiones políticas y del fin de la legislatura y que, por tanto, tengo
unos objetivos ambiciosos pero limitados en sus posibilidades.

Creo que puedo muy bien llevar adelante la culminación del proceso de
transferencias de los acuerdos de 1992, es decir, de las autonomías que
accedieron a través del artículo 143, y en ese sentido quiero insistir en
impulsar los necesarios traspasos a Cantabria para normalizar su
situación, y creo también que, hasta el final de esta legislatura, puedo
reubicar el empleo excedentario, especialmente en la Administración
periférica del Estado. Simultáneamente pienso insistir en la reducción
del déficit público y sustancialmente en ir recortando los gastos de la
Administración del Estado en general y de la Administración periférica en
particular. Creo que puedo desatascar algunas transferencias pendientes a
las comunidades del artículo 151, y especialmente quiero insistir que en
este momento estamos negociando transferencias a Cataluña y a Galicia.

También creo que puedo reabrir algunos de los temas pendientes en las
transferencias al País Vasco. Sinceramente pienso que puedo contribuir
desde el ministerio a desbrozar algunos de los problemas pendientes en el
sistema de financiación autonómica, y creo que también puedo contribuir a
impulsar la reforma del Senado en un sentido más territorial. Es evidente
que la materia de pacto local no es competencia de este ministerio poder
llegar a unos acuerdos, pero sí impulsar la consecución de un pacto local
que ha quedado truncado en buena medida por los problemas inherentes a
las elecciones del 28 de mayo. Por último, creo que puedo desbrozar una
buena parte del camino necesario para aprobar la Lofage. Todos ellos son
objetivos alcanzables en lo que resta de legislatura y señoras --pocas--
y señores diputados yo me comprometo a llevar adelante en el período de
legislatura que queda pendiente.

Nada más, y muchas gracias, y perdón por la extensión.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor Ministro para las Administraciones Públicas,
permítame que, después de darle la más cordial bienvenida, felicitarle
con su nombramiento y desearle toda clase de aciertos en el desempeño de
su cargo, le diga que se ha dado usted excesiva prisa, que se ha
precipitado, creo, al pedir esta comparecencia, cuya solicitud tiene casi
la misma fecha que la de su nombramiento.

Antes de intervenir para fijar la posición de mi grupo quería pedir
permiso al señor Presidente para dividir nuestra intervención en dos
partes. Dividiríamos la intervención por el mismo orden de exposición de
los temas que ha hecho el señor ministro, y pediría que nuestro compañero
don Jorge Fernández ocupase unos minutos de tiempo para fijar la posición
respecto a los temas autonómicos y locales. Finalmente, yo completaría la
intervención para fijar la posición respecto al resto de los temas.




El señor PRESIDENTE: Por parte de esta Presidencia no hay ningún
inconveniente.

Tiene la palabra el señor Fernández.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Tal como ha señalado nuestro portavoz, voy a
referirme a la primera parte de la exposición del señor ministro, a quien
reitero la felicitación y la bienvenida que le ha expresado en nombre de
nuestro Grupo Parlamentario el señor Núñez. Quiero hacer alusión, como he
dicho, al ámbito de su ministerio que corresponde a las administraciones
territoriales, es decir, la autonómica y la local. Ha expuesto seis áreas
de trabajo, si no he tomado mal las correspondientes notas, simplificada
y resumidamente las siguientes: marco competencial, desarrollo



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del principio y la cultura político-administrativa de la cooperación,
relaciones de las comunidades autónomas en todo el proceso comunitario
con la Unión Europea, financiación autonómica en su contexto de
desarrollo del principio de la corresponsabilidad fiscal, reforma del
Senado para convertirlo en cámara de representación territorial y,
finalmente, el ámbito del mundo local, de las corporaciones locales, de
la Administración local.

De esas seis áreas, señor ministro, cinco conforman esa oferta de acuerdo
autonómico que expresó nuestro partido ya hace casi dieciocho meses y que
fue tildado simplemente de papelín de buenas intenciones. No es mi
pretensión reiterar ahora ese ofrecimiento, aunque sí recordarlo, pero en
todo caso quiero poner el acento no en las diferencias, sino en las
coincidencias básicas que existen, porque la filosofía, el impulso, la
motivación de aquella oferta de pacto autonómico están en la estela del
pacto autonómico para las Comunidades del 143 que firmamos Gobierno,
Partido Socialista y Partido Popular el 28 de febrero de 1992 y, por
tanto, el consenso es fundamental como sistema de trabajo, como
metodología, y para que haya consenso tiene que haber, lógicamente, una
intención de acercar posiciones que yo le reitero por parte de nuestro
grupo parlamentario y nuestro partido en esta su primera y confío que no
última comparecencia. Lo indico por lo que ha dicho, que seguramente su
programa iba a ser de más duración que su legislatura. No habrá
inconveniente por nuestra parte para que ese deseo o esa profecía pueda
convertirse en realidad.

Le decía, señor ministro, que en relación con estas cuestiones nosotros
hemos reiterado una oferta de mayor y mejor definición del Título VIII de
la Constitución, porque, en primer lugar y por el mismo orden que usted
ha señalado, en relación con el marco competencial usted ha ofrecido
perfeccionar el pacto autonómico en el sentido de que el proceso de
traspasos derivados de la Ley Orgánica de transferencia o delegación de
competencias de titularidad estatal, la Ley Orgánica 9/1992, la del pacto
autonómico, para entendernos, y la posterior reforma de los estatutos de
autonomía obligan a que unas determinadas competencias sean traspasadas a
las comunidades autónomas. Hay que culminar ese proceso, y usted ha
establecido un calendario, el horizonte de este segundo semestre, para
diciembre. Estamos de acuerdo, usted sabe que el compromiso era durante
la legislatura autonómica vigente en el momento de la firma del pacto,
por tanto ya tenía que estar culminado ese proceso, pero entendemos que
no es tan importante el calendario como que esos traspasos se lleven a
buen término, y además es justo reconocer que no es sólo responsabilidad
de la Administración central que en un momento determinado se dilate el
proceso de traspasos de competencias. En todo caso, tomamos nota de esa
voluntad política de que en diciembre esté culminado ese proceso, y nos
parece bien.

Luego decía usted: nosotros, con las siete comunidades restantes, es
decir, excluidas las diez que pudiéramos denominar «puras» --entre
comillas--, del artículo 143 de la Constitución, ofrecemos una lectura
conjunta de sus estatutos de autonomía. Pues mire usted, señor ministro,
partiendo de la base de que nosotros consideramos --y seguro que ustedes
también-- que el Título VIII de la Constitución está basado, entre otras
cosas, en el principio dispositivo, sería bueno que no hiciéramos una
lectura conjunta de los estatutos de autonomía, sino del Título VIII de
la Constitución y singularmente del artículo 149 de dicha Constitución
para que, una vez que lo hubiéramos leído de forma conjunta, pudiéramos
llegar al acuerdo de qué títulos competenciales de los contenidos en el
149, por su propia naturaleza son intransferibles o indelegables por la
vía del mecanismo o del instituto del 150.2 de la Constitución. Es decir,
no vayamos a leer conjuntamente los estatutos de autonomía, porque a lo
mejor hacemos una lectura conjunta Gobierno y Comunidad Autónoma, y
piense que no estamos hablando desde una perspectiva partidista, porque
seguramente alguna que otra de esas siete comunidades está gobernada por
el Partido Popular en estos momentos, por lo que no es una cuestión de
partidos, sino una cuestión de Estado.

Usted sabe que en el pacto constitucional está subyacente un pacto
autonómico y que ningún Gobierno tiene autoridad bastante en términos
constitucionales, legitimidad política diría yo, porque seguramente la
tiene parlamentaria si tiene mayoría suficiente, para desnaturalizar el
pacto autonómico que está subyacente en el pacto constitucional que dio
lugar al Título VIII de la Constitución, de tal suerte que por
necesidades parlamentarias pudiera alterar el mecanismo de distribución
competencial definido en el Título VIII de la Constitución y en general
el bloque de la constitucionalidad mediante una lectura conjunta de
carácter bilateral con el Ejecutivo autonómico correspondiente de su
respectivo estatuto de autonomía. Nos parece que es mejor iniciarlo por
el todo y hacer una lectura conjunta del 149 de la Constitución, porque
si hacemos una lectura conjunta del 149 de la Constitución y de los
estatutos de autonomía, pero la hacemos todos, sin duda llegaremos a una
fórmula de consenso que es la que requiere el desarrollo del modelo de
organización territorial del Estado contenido en el Título VIII de la
Constitución. Esa es la parte sustancial de nuestra oferta de nuevo pacto
autonómico, que a la luz de la experiencia de la construcción del Estado
de las autonomías desde la aprobación de la Constitución parece que es
una buena fórmula. Estoy pensando en el mismo pacto constitucional, el
pacto de 1981, que --Loapa al margen--, generalizó el proceso autonómico
y dio lugar a que, entre otras cosas, hayamos podido celebrar con
absoluta normalidad democrática las cuartas elecciones autonómicas el
pasado 28 de mayo en trece de las diecisiete comunidades autónomas y el
pacto autonómico de 28 de febrero de 1992. ¿Por qué vamos a romper ahora
ese mecanismo de consenso que ha funcionado tan bien para desarrollar el
Título VIII de la Constitución mediante una lectura bilateral de los
estatutos de autonomía, es decir, Gobierno de la nación-Gobierno de las
comunidades autónomas, en lugar de hacerlo mediante un consenso más
amplio, que no excluye, por supuesto, esas relaciones de carácter
bilateral?
En relación con el desarrollo del principio de cooperación, nos
felicitamos de que la segunda parte de los acuerdos autonómicos de 1992
estuviera referida con carácter



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monográfico al principio de cooperación y a su desarrollo, principio de
cooperación que, si no está explicitado en la Constitución, como señala
el Tribunal Constitucional, se deriva necesariamente de ella y obliga a
todas las administraciones, singularmente la del Estado y la autonómica,
a cooperar entre sí. Simplemente nos permitiríamos urgirle a que fueran
institucionalizadas las conferencias que faltan, especialmente la de
Trabajo y Seguridad Social, puesto que ésa va especialmente retrasada y
es un ámbito de la política sectorial en el que realmente la competencia
de ejecución de la legislación laboral tiene que ser asumida por parte de
las comunidades autónomas en virtud de lo establecido en el pacto
autonómico.

En relación con la financiación, le quiero decir que nos parece muy bien,
ojalá el consenso llegue al Consejo de Política Fiscal y Financiera. El 7
de octubre de 1992 se desarrolló lo acordado el 20 de enero de 1992, se
acordó encargar a ese grupo de expertos el Libro Blanco, que ya tenemos,
pero ciertamente no se actuó por consenso, y precisamente por eso las
cosas no salieron bien. Avanzar en la corresponsabilidad fiscal mediante
la cesión del 15 por ciento del Impuesto sobre la Renta (no quiero entrar
ahora en el fondo de la cuestión, pero simplemente pondré dos notas que
demuestran que no hubo consenso) fue algo que la Xunta de Galicia
recurrió ante el Tribunal Constitucional, el Parlamento andaluz ha
denunciado ese acuerdo ante su Ejecutivo correspondiente y sólo la
peculiar situación político-parlamentaria andaluza justifica que esté
todavía en esa tesitura, y alguna que otra comunidad autónoma incluso se
abstuvo; por tanto, lo más alejado del consenso. Es evidente que en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, aunque su reglamento de régimen
interior lo permita, no se deben adoptar los acuerdos mediante mayoría
absoluta, porque ya la parte de representación del Estado tiene la mitad
de los votos; por tanto, con tener el voto de una comunidad autónoma más
tendría mayoría numérica, que no mayoría política desde nuestro punto de
vista, para llegar a un buen modelo de financiación autonómica. Como el
nuevo modelo tiene que entrar en vigor de nuevo el 1.º de enero de 1997,
señor ministro, tenga en cuenta que en este asunto los plazos al final se
dilatan enormemente. Usted recordará que el quinquenio 1992/96 se aprobó
en el Consejo el 20 de enero de 1992, es decir, veinte días después de
tener que entrar en vigor, cuando había habido cinco años para
negociarlo. Esperemos que no se reproduzca esa situación, y en todo caso
haya voluntad de consenso y de avanzar en la corresponsabilidad fiscal
mediante un sistema que haga transparente y visual para los ciudadanos de
cada comunidad el esfuerzo fiscal de su comunidad es la política, el
empeño y el compromiso que nosotros tenemos asumido.

En cuanto al Senado, hacemos nuestras sus opiniones. Ojalá lleguemos a
esa reforma constitucional por consenso, se desarrolle la Ponencia que
está trabajando en el Senado de forma adecuada y, sin prisa pero sin
pausa, lleguemos a convertir el Senado en algo más que una mera
declaración de intenciones de convertirse en una cámara de representación
territorial, que es lo que dice el artículo 69.1 de la Constitución.

Todo esto que hasta ahora yo he recogido de su intervención, señor
ministro, lo podemos simplemente engarzar en un pacto, en lugar de
conseguirlo de manera unilateral. Es lo que le ofrecemos; creemos que con
eso conseguiríamos el consenso y todos esos objetivos por áreas que usted
ha señalado estoy seguro de que se podrían conseguir con más facilidad,
porque tendría el apoyo, la colaboración y el impulso del grupo
parlamentario y del partido al que yo represento en este momento.

Simplemente le voy a hacer una pregunta en relación con estas cuestiones,
señor ministro. Usted sabe que Ceuta y Melilla son comunidades muy «sui
generis», desde el punto de vista de instituciones representativas. Son
corporaciones locales que tienen atributos jurídico-formales propios de
comunidad autónoma y que responden a la especificidad de esas dos
ciudades. Le pregunto: ¿Cuál es la voluntad política del ministerio que
usted dirige, señor ministro, en cuanto a que Ceuta y Melilla formen
parte de las conferencias sectoriales, singularmente a la del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, pero también, en general, al resto de
conferencias sectoriales?
Es verdad que no son «stricto sensu» comunidades autónomas pero no es
menos cierto que nada impide que, si hay voluntad política por parte del
Gobierno de la nación, sean llamadas a participar (inclusive podría
hablarse de que lo hicieran con voz y sin voto, con voz y con voto, como
sea, pero en todo caso a participar) en esas conferencias sectoriales,
dado que desde el punto de vista del objetivo que han de conseguir esas
conferencias sectoriales, que es el desarrollo de la cultura político
administrativa de la cooperación, sería bueno que Ceuta y Melilla no se
sintieran marginadas de esas instituciones del Estado, de cooperación y
colaboración, de carácter multilateral.

Finalmente, en cuanto a la Administración local, es verdad que dado el
carácter bifronte de las corporaciones locales aquí no basta la voluntad
conjunta del Gobierno y de los partidos políticos para llegar a un pacto,
como es el caso del supuesto autonómico. Aquí el pacto tiene tres patas:
el Gobierno, las comunidades autónomas y los partidos políticos. Por
supuesto, incluyo entre los partidos políticos, si usted me lo permite, a
aquellos que están gobernando, a los que son protagonistas, que son las
corporaciones locales, fundamentalmente ayuntamientos y diputaciones, así
como entes de otro ámbito territorial.

En todo caso, usted ha dicho que no se ha podido llegar a ese pacto local
no por falta de voluntad del Gobierno sino por las elecciones municipales
del pasado 28 de mayo. Me temo que eso no sea exactamente así. Sí estoy
conforme con que la misión del Gobierno no es llegar al acuerdo sino
facilitar e impulsar que se pueda llegar a un acuerdo y nos parece que ha
faltado voluntad política de llegar a él. En todo caso, le reitero la
voluntad política de mi partido de llegar a ese pacto local, edificio que
se ha de sustentar básicamente sobre dos columnas: la de la financiación,
mediante la reforma de la Ley de Haciendas Locales, y la de las
competencias, mediante la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local.

Seguro que si en ese ámbito avanzamos por consenso, como en el ámbito
autonómico, perfeccionaremos el modelo de organización territorial del
Estado y



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el modelo de convivencia que es lo que nos trae aquí a trabajar para
nuestros representados.

Nada más, señor Presidente y señor ministro.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Señor ministro, he escuchado su intervención con la
máxima atención y respeto; he tomado multitud de notas, y se observa
demasiado que aún no se sabe usted muy bien la asignatura. He repetido
demasiados lugares comunes y fórmulas archiconocidas que en esta Comisión
las sabemos todos; que figuran en los planes de modernización, y en sus
prórrogas, y que figuran, casi literalmente, en otras comparecencias de
sus antecesores. Por eso le decía que se había precipitado al solicitar
la comparecencia, porque no vamos a tener más remedio que dejarle para
septiembre, si es que nos da tiempo.

El Grupo Parlamentario Popular solicitará dentro de 60 días --repito, si
estas Cortes no se han disuelto-- su comparecencia en esta Cámara para
repasar y debatir a fondo los problemas, los graves problemas que tienen
las administraciones públicas, que usted ha enunciado, y respecto de los
que usted piensa que continuando con un balance de actuaciones que no es
tan positivo como usted lo ha pintado bastaría para salir de ellos.

Nosotros creemos que no, se lo digo con la máxima cordialidad, y voy a
tratar brevísimamente de demostrárselo.

Además, señor Ministro, las circunstancias que rodean esta comparecencia
no le ayudan mucho para que, tanto nosotros como los ciudadanos a quienes
representamos, den credibilidad y confianza a su mensaje. Los distintos
calendarios políticos que se están elaborando a conveniencia del
Presidente, señor González, y también del Presidente de la Generalidad de
Cataluña, señor Pujol, serán los que determinen no ya lo efímero de su
cargo, que eso sería lo de menos, porque a fin de cuentas todos somos
perfectamente sustituibles, sino la necesidad de llevar una gestión
continuada, diaria, constante y leal con la Administración y los
administrados. Ese es el problema, el poco tiempo con que va a contar
usted para poner en marcha, para hacer realidad, cuanto nos ha contado
esta mañana. Queda poco margen, repito, esta mañana de julio, para
confiar en sus palabras en sus planteamientos y en sus promesas, que nos
ha sonado --dicho sea con todos los respetos-- a música celestial.

Esta mañana, en los desayunos de Radio Nacional, he oído al señor
Presidente del Gobierno algo que resume esta quiebra de credibilidad en
el Gobierno. Se quejaba de que las acusaciones a un Gobierno parado, a un
Gobierno inútil, a un Gobierno sin capacidad de respuesta a los problemas
de los ciudadanos, a los problemas de la Administración eran globales y
que no tenían ninguna acusación concreta. Decía a continuación: que me
indiquen un proyecto de ley que el Gobierno no haya enviado. Yo le voy a
dar unos cuantos esta mañana. No voy a calificar la evidencia de esa
manifestación del señor Presidente del Gobierno, no tengo necesidad de
utilizar ningún adjetivo grueso, pero está claro, señor ministro, que,
efectivamente, todos estamos necesitados de decisiones claras, concretas
y comprometidas; de actuaciones programadas y emplazadas, cosa que en
esta Comisión tenemos demasiada experiencia para poder afirmar que en lo
que a nosotros y a lo que su programa de actuaciones se refiere se han
cumplido alguna vez.

Es difícil pues, señor ministro, que recupere usted --y lo siento de
veras-- de la noche a la mañana y por arte de birlibirloque la
credibilidad perdida. Este Gobierno está contaminado precisamente de
falta de credibilidad. Además, su nombramiento, como todo el mundo sabe,
fue producto de una gravísima crisis de Gobierno, motivada por las
forzadas dimisiones y ceses del señor Vicepresidente del Gobierno y del
señor Ministro de Defensa, implicados en el escandalazo de las escuchas
del Cesid. Ello obligó al señor Presidente del Gobierno a cambiar
ministros de sitio, como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. El
Ministro de Educación pasó a Defensa, el de Administraciones Públicas a
Educación, y el ex Presidente de la Generalidad de Valencia pasó al
Ministerio para las Administraciones Públicas. Está claro que valen
ustedes para todo, lo mismo para un roto que para un descosido; para
dirigir la Administración Pública, la educación o la Marina de Guerra
Española. Recuerdan ustedes la famosa fábula del pato, que nada, corre y
vuela, pero todo lo hace mal. No parece serio, señor ministro, pero yo no
quiero meterme en políticas. (Risas.) Si recuerdo estos datos es para
señalar, señor Presidente, señorías, el pobre papel asignado al
Ministerio para las Administraciones Públicas en las últimas crisis de
Gobierno. Esto va en serio. Es la tercera vez en los 13 años de gobiernos
socialistas en la que este Ministerio es utilizado como comodín. Refuerza
esa impresión de comodín la circunstancia de que en las dos últimas
ocasiones hayan accedido al mismo responsables máximos del PSOE obligados
por los votos a dejar la Presidencia de sendos gobiernos autonómicos.

Está clara la facultad del Presidente de Gobierno para rodearse de los
ministros que tenga por conveniente; Dios me libre de quitarle esta
legitimidad ni de ponerla en duda, pero no está menos claro nuestro
derecho a poner de manifiesto las anteriores circunstancias, sobre todo
por lo que pueden y deben significar a la hora de valorar el alcance y la
importancia que el señor González otorga a la política autonómica, a la
política local, y a la organización y funcionamiento de la Administración
general del Estado.

Y voy al porqué de este preámbulo. ¿Sabía usted, señor ministro, por
ejemplo, que el día 30 de junio, fecha de su nombramiento era el último
día que tenía el Gobierno --el último-- para enviar a esta Cámara, como
otros grupos le van a recordar, el proyecto de ley de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado, la Lofage a que
usted se refería, y decía que estaba en disposición de pactar y de
adelantar para no sé qué fechas? ¿Sabía usted que nadie --ni usted hoy--
ha pedido disculpas ni dado explicaciones a esta Cámara del enésimo
incumplimiento de un compromiso solemnemente contraído ante los
representantes de la soberanía popular?
A este respecto conviene recordarle algunas cosas, que tal vez en estos
15 días que lleva de ministro nadie le ha recordado.




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Verá usted qué antecedentes le comprometen. La disposición adicional
quinta de la Ley 10/1983, de 16 de agosto, de organización de la
Administración central del Estado, señalaba lo siguiente: El Gobierno
remitirá a las Cortes un proyecto de ley que, dando cumplimiento
etcétera, venga a suplir además la vigente Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado. Desde entonces han transcurrido trece años y
el Gobierno sigue sin cumplir tan claro mandato constitucional y legal,
pese a sus reiterados compromisos al respecto. En una comparecencia muy
similar a la que ahora nos ocupa, con motivo del nombramiento de uno de
sus antecesores, concretamente el señor Eguiagaray, el 23 de abril de
1991, se nos decía literalmente: La ley del Gobierno de la nación, como
corresponde a uno de los poderes constitucionales, tiene vocación de
alcanzar un amplio acuerdo parlamentario y goza en este momento --año
1991-- de una especial prioridad para ultimar un debate interno en el
Gobierno y para su presentación en esta Cámara. Por aquel entonces, el
Gobierno se refería por separado al proyecto de ley de organización de la
Administración general del Estado y del Gobierno, pero se comprometió a
enviar los dos dentro de aquel lejano período de sesiones.

A mediados de noviembre de 1994, con motivo del debate de la proposición
de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el Gobierno y la
Administración del Estado, el partido que apoya al Gobierno rechazó dicha
iniciativa en el Pleno de la Cámara, alegando que en ese mismo período de
sesiones el Gobierno presentaría el proyecto de ley de organización y
funcionamiento de la Administración general del Estado. Es notorio que
dicho período de sesiones se agotó sin que el proyecto viera la luz.

A comienzos de febrero del presente año, abierto de nuevo el período de
sesiones y con motivo del debate sobre el estado de la nación, en la
propuesta de resolución conjunta presentada por los Grupos Parlamentarios
Socialista y de Convergència i Unió y adoptada por la Cámara, se decía:
remitir a la Cámara, en el presente período de sesiones, el proyecto de
ley de organización y funcionamiento de la Administración general del
Estado, que reduzca sustancialmente la Administración periférica en todos
aquellos ámbitos en que se produzcan duplicidades administrativas con las
comunidades autónomas y suprima organismos innecesarios. El 15 del mismo
mes, en respuesta oral en Pleno a una pregunta de este diputado, el
entonces Ministro para las Administraciones Públicas manifestaba:
Asumimos el compromiso de la moción votada la pasada semana como
consecuencia del debate sobre el estado de la nación, en la que se
reiteró que va a haber un proyecto de ley y que el mismo se enviará
dentro del actual período de sesiones, pero no vamos, ni mucho menos, a
aproximarnos al final, sino que más bien vamos a hacerlo en esta primera
etapa del actual período de sesiones.

Le voy a hablar ahora de la última formalización seria del compromiso,
que ocurrió aquí, en esta misma sala, el 9 de mayo, es decir, antes de
ayer. El señor Saavedra, cuya comparecencia habíamos solicitado para que
nos explicara el proceso de elaboración del anteproyecto de ley del
Gobierno y el aforamiento de los altos cargos, mantuvo el compromiso de
enviar la Lofage antes del 30 de junio, fecha de su nombramiento, pero
--dijo-- después del 28 de mayo; es decir, antes del 30 de junio, pero
después del 28 de mayo, fecha de las elecciones autonómicas y
municipales. El Ejecutivo se había buscado una coartada y, literalmente,
decía: El Ejecutivo intenta --son palabras literales-- evitar en la
campaña electoral la polémica que suscitan ambos proyectos, Lofage y Ley
del Gobierno, en torno al aforamiento de los miembros del Gobierno, la
figura de los gobernadores civiles, el tamaño y funciones de la
Administración periférica, etcétera. No se abordarán estas materias
--repito que figura literalmente así en el «Diario de Sesiones»-- hasta
después de los comicios autonómicos y municipales. La pregunta obligada
era: ¿por qué? ¿Qué tenían que ver las elecciones autonómicas y
municipales con un asunto de tanta trascendencia política nacional? Lo
cierto es que pasaron las citadas elecciones, un mes y otro mes pasó y el
proyecto de ley no se presentó, y eso que el señor Saavedra volvió a
prometer solemnemente el citado 9 de mayo: Estamos dentro del plazo,
porque la moción dice que antes del 30 de junio. Así tendrán más tiempo
--decía-- para analizarla, debatirla, enmendarla, pasadas las vacaciones,
con el sosiego que esta importante ley requiere.

El señor Saavedra se fue del ministerio sin hacer los deberes, estamos en
vacaciones parlamentarias y yo le pregunto, señor Ministro, cuándo piensa
usted cumplirlos. Ha dicho que está en disposición de abreviar y agilizar
los trámites --ha dicho exactamente--, pero, quizá debido a la prudencia
y sabiduría que le dan sus años de Gobierno, no se compromete a una fecha
concreta. Lo que está claro, señor Ministro, es que aquí nadie ha dado
explicaciones del incumplimiento clamoroso --permítame decirlo en
términos coloquiales--, de la colosal tomadura de pelo que el Gobierno ha
hecho respecto al Parlamento de la nación, y le estoy citando pruebas
absolutamente claras y terminantes. Esta mañana el señor Presidente del
Gobierno dice «urbi et orbi» en la Televisión Española que le señalen un
proyecto de ley que no haya enviado; pues mándele usted, señor ministro,
el recado de parte nuestra.

Parece que usted ha asumido los compromisos formalmente contraídos por su
antecesor y me parece muy bien, porque es necesario subrogarse en los
derechos y deberes. En esto se diferencia usted bastante de sus
antecesores, que generalmente se llamaban andana cuando les recordábamos
compromisos contraídos por sus antecesores, y perdón por la redundancia.

Concretamente, el señor Saavedra, el día 9 de mayo, nos decía: de las
etapas anteriores no tengo ningún tipo de información y, en consecuencia,
sólo asumo la responsabilidad que me corresponde en estos momentos. Señor
ministro, ésa es una perla parlamentaria que me alegro que usted no nos
haya repetido hoy.

Supongamos que usted asume los compromisos, que usted será capaz de
enviar los proyectos; ¿cómo resolverá el problema de la Administración
periférica? Usted nos ha dibujado un magnífico propósito y unas palabras
que nos suenan bien, pero, ¿cómo lo resolverá? ¿Gobernadores civiles sí o
gobernadores civiles no? Gobernadores civiles modelo Saavedra,
gobernadores civiles modelo Belloch,



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modelo Lerma? ¿Administración única? ¿Administración común?
¿Administración integrada, como la llamó también su antecesor en una
conferencia en el Club Siglo XXI, exactamente el 20 de noviembre de 1993?
Díganos usted algo más comprometido, aunque no le dé tiempo a hacerlo,
pero, por lo menos, nos divertimos, por lo menos aprendemos cosas. Dígalo
usted con claridad.

Usted sabe, señor ministro, por sus mandatos como Presidente de una de
las más importantes autonomías --lo son todas; pero es, digamos, por su
densidad, por su territorio, etcétera--, de la Generalidad valenciana,
que el Estado autonómico supuso una distribución vertical del poder
político y que ello exigía, está exigiendo, una transformación radical
del Estado centralista, que debería haber culminado con una definición
global del modelo de administraciones públicas al que usted se ha
referido, pero que no nos ha dado; ha dado algunas ideas en las que se
puede apoyar, y conste que otros ni siquiera nos han dado esas ideas, por
lo tanto, también hemos ganado algo esta mañana. Usted dice que
establecer ese modelo es un reto del Gobierno. ¿Cómo que es un reto del
Gobierno? ¿Es a partir de ahora o lo era desde que se aprobó el Título
VIII? ¿O lo era para el Gobierno desde que los ciudadanos le dieron la
legitimidad para gobernar por aplastante mayoría, en el año 1982? ¿Desde
cuándo es ese reto? Yo creo que, efectivamente, el Estado autonómico está
exigiendo una transformación radical del Estado centralista que, repito,
debería haber culminado con una definición global del modelo de
administraciones públicas, definición que, hasta ahora, nunca se nos ha
dado. No sé si podrá usted perfilar, concretar más un concepto. Yo sé que
definir es difícil, que definir es limitar y es, efectivamente, correr el
riesgo de equivocarse y, sobre todo, someterse a una crítica muy fácil,
pero, en todo caso, adelante usted por dónde puede ir ese modelo,
teniendo en cuenta cómo deben ser distribuidas entre los distintos
poderes autonómicos y cómo deben influir en la Administración pública, en
los tres planos de las administraciones públicas, la central, la
autonómica y la local, las capacidades de gestión, ya que, evidentemente,
es por ahí por donde cabe la mayor descentralización y por donde tiene
que gravitar el concepto.

Como usted sabe, señor ministro, la Administración debe incardinarse en
esa tarea de transformación del Estado para evitar la multiplicación de
la burocracia y el crecimiento del gasto público. Señor ministro, ¿tiene
usted elaborados proyectos claros y concretos en este sentido? Para
concluir con los famosos proyectos de ley no enviados a esta Cámara, ¿es
usted partidario de un solo proyecto de ley que englobe la Administración
general del Estado y el Gobierno? Ya sé que éste no es un tema mayor, que
da igual, a nosotros nos importa poco que sea un proyecto o dos, lo digo
porque cada uno de ellos tiene unas especiales dificultades de
tramitación. Yo le preguntaría, en concreto, cuáles son las dificultades
que ahora tiene la tramitación del proyecto de ley del Gobierno, y si se
lo digo es porque ya sabe usted lo que pasó en esta Cámara hace no mucho
tiempo y en la opinión pública del país. Se armó un guirigay tremendo al
tratar del aforamiento de los altos cargos. Yo le haría una pregunta
curiosa: ¿podría adelantarnos, señor ministro, cuáles son para usted los
límites reales, personales y formales del aforamiento de los miembros del
Gobierno y demás altos cargos? Le formulo esta pregunta para hablar de
cosas concretas y que a lo mejor le dan a usted titular de primera página
en los periódicos.

Acabo de oír otra serie de cosas que no me va a dar tiempo a comentar
porque me parece que estoy abusando de la benevolencia tanto del
Presidente de la Comisión como del resto de mis compañeros. Simplemente
voy a seleccionar algunos de los temas más importantes con la
tranquilidad que me da saber que dentro de poco vendrá usted amablemente
--seguro-- y con la mayor cordialidad a la comparecencia que en el mes de
septiembre le vamos a pedir. Tenemos que hablar, porque usted ha aludido
a él, como no podía ser menos, de otro gran compromiso legislativo
incumplido, que es el Estatuto de la Función Pública. La legislatura,
como usted muy bien reconoce, no está ya para acometer estos proyectos de
ley, no nos da tiempo, con independencia de que usted avance, y me parece
muy bien, con las organizaciones sindicales en la perfilación de los
distintos capítulos y títulos de este Estatuto, aunque también nos
gustaría a nosotros, como es lógico, tener una participación previa, si
fuera posible, en ese dibujo esquemático de disposiciones básicas a las
que usted se refería, porque, evidentemente, ésa puede ser la madre del
cordero para lograr un estatuto que sirva a todas las administraciones
públicas y que no sea un semillero de conflictividad. Por tanto, cuando
tenga usted un dibujo esquemático de disposiciones que consideren básicas
y que hayan podido perfilar con otras fuerzas sociales, yo le pido, señor
ministro, que nosotros también seamos partícipes de ese previo debate al
envío del Estatuto. En todo caso, sería bueno, señor ministro, que,
entretanto, no enviaran ustedes leyes que parcheen la función pública,
como hasta ahora lo están haciendo. Y digo como hasta ahora lo están
haciendo porque simplemente basta con recordar las dos últimas leyes de
acompañamiento a los Presupuestos del 1994 y a los de 1995, a una de
ellas ha aludido usted, la Ley 22/1993, con los famosos planes de empleo.

Usted también ha hecho referencia a ellos para montar sobre ellos una
reasignación efectiva de recursos humanos en las administraciones
públicas. Ya sabe usted que ha pasado año y medio y que solamente tenemos
un plan de empleo aprobado por la Administración, uno, y es malo, es el
del Inem. Aquí tuvimos un debate específico para él, un debate
monográfico. No ha sido simplemente un plan de reordenación de efectivos,
ha sido un plan de consolidación de irregularidades cometidas en la
contratación del personal del Inem, y si todos los planes de empleo
sirven para eso mejor que no los utilicen, mejor que sigan durmiendo el
sueño de los justos.

Por eso, no se entusiasme usted tanto con los planes de empleo porque,
primero, deberían ponerse los cimientos y después el tejado, es decir,
saber qué recursos humanos necesitan todas y cada una de las unidades
administrativas teniendo en cuenta las competencias transferidas a todas
y cada una de las comunidades autónomas, saber qué competencias quedan
residenciadas en todas y cada una de ellas y, después, señalar los
recursos humanos y los medios que se necesitan para gestionar esas
competencias, y esa



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última parte el Gobierno no la ha hecho. Yo le recomiendo que usted
cambie el calendario, que primero nos envíe esta Memoria de qué es lo que
hace cada una de las unidades administrativas, cuál es, de verdad, el
dibujo de recursos, humanos, para que luego se monte sobre ello una
reasignación, y a lo mejor los planes de empleo --y antes podía ser el
Estatuto de la Función Pública-- podrían servir para esos fines; fines
que, sin ningún tipo de reserva, no tengo más remedio que compartir con
usted.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, por favor, concluya.




El señor NUÑEZ PEREZ: Termino. Tenía otras cosas que decir pero,
efectivamente, valen para tener medio preparado el trabajo en septiembre
y poder leerme la Lofage, si usted nos envía por lo menos el borrador del
proyecto y también la ley del Gobierno, cuyo borrador último que tengo
aquí es del 14 de junio de 1995 y que no sé si será un texto definitivo,
pero es con el que estamos trabajando. En todo caso, repito, me quedan
unas cuantas cosas en el tintero, y en el mes de septiembre, si usted es
tan amable, volveremos a tener otro encuentro para seguir profundizando
en estos temas, usted ya se habrá conocido mejor la asignatura y, por
tanto, podremos avanzar más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: En primer lugar, quiero saludar al señor
ministro, nuevo en estas tareas ministeriales aunque, como él ha
recordado, viejo en tareas parlamentarias. Por eso yo creo que entenderá
la posición de los grupos a los que nos ha tocado ser oposición en cuanto
a que la música que hemos escuchado no nos suena demasiado bien.

Terminaba el señor Ministro diciendo en su discurso que es un programa
ambicioso pero limitado en sus posibilidades. Yo creo que el programa que
nos ha planteado no es ambicioso. El Grupo Popular lo ha calificado de
tomadura de pelo. Yo tampoco quiero utilizar adjetivos porque mi Grupo no
pretende la búsqueda de titulares, pero, efectivamente, nos preocupa el
método que ha utilizado el Presidente del Gobierno varias veces. Es una
especie de subterfugio el pretender que cambiando al ministro todos
coloquemos el cronómetro a cero, es decir, que se empieza de nuevo. Pero,
por lo menos de entre los que, como el señor ministro ha señalado,
llevamos aquí ya media legislatura sentados en estos sillones hablando de
administraciones públicas, nuestro Grupo no quiere poner el cronómetro a
cero. Tal vez ésa sí sea una explicación o la clave que pedía el Grupo
Popular para los incumplimientos. Por lo menos por nuestra parte no vamos
a tolerar que así sea y que se pretenda que ahora en el mes de julio de
1995 se ponga todo de nuevo a cero y empecemos otra vez a hablar de
cuáles son los proyectos para la reforma de las administraciones públicas
y de la función pública.

Caben dos objetivos en estos momentos, en el mes de julio de 1995, para
su Ministerio: o que se trate de hacer las rebajas por traspaso del
negocio, que es muy peligroso; que ahora, por una serie de
condicionamientos políticos de los socios del Gobierno, se intente a toda
prisa hacer unas rebajas. Nosotros vamos a estar muy expectantes ante la
futura Ley de acompañamiento de 1996, que puede ser la traca final,
porque no están viniendo las leyes sólidas y porque, como ya se ha
señalado, el método que se ha seguido ha consistido en ir rompiendo los
esquemas a trozos, con artículos que deshacen todo el sistema de lo que
eran considerados funcionarios y laborales, que deshacen todo el sistema
de promoción, porque con un pequeño artículo metido allí se deshace todo
el sistema. En consecuencia, vamos a estar muy atentos para ver si,
efectivamente, la misión que se le ha encomendado al señor Ministro es
hacer las rebajas por traspaso. Otro de los dos objetivos que podría
tener el Ministro sería recuperar el tiempo perdido. Lo que ocurre es que
ese objetivo que parece ser que es el que apuntaba el Ministro en su
intervención no es creíble en julio de 1995. Hemos visto que hay una
decisión tanto del Gobierno como del grupo parlamentario de excluir todos
los temas conflictivos para intentar apurar unas semanas, unos meses, la
legislatura, y por eso se van a intentar evitar los temas conflictivos.

Si conflictivo ha sido el tema de la Lofage durante años y, sobre todo,
en los últimos meses, no pretenderá ahora el señor Ministro decir que ya
tiene el visto bueno de sus compañeros de Gobierno, sobre todo el de los
que han sido más beligerantes en este tema. Si no ha sido posible en
meses de más tranquilidad, en esos meses finales yo creo que no es
posible recuperar el tiempo perdido. En todo caso, lo más grave va a ser
que vamos a perder los meses próximos, los vamos a perder para los
grandes proyectos que al comienzo de la legislatura se propusieron,
fundamentalmente los que se referían a la Administración y a la Función
pública porque, como he dicho, no se va a acometer lo que no se ha podido
acometer en los meses o en los años anteriores y, además, hasta que se
constituya un nuevo Gobierno salido de las urnas va a pasar probablemente
un año. En todo caso, para que quede en el «Diario de Sesiones» y conozca
el señor Ministro la posición que ha mantenido nuestro Grupo en los
diferentes temas que él ha enumerado --temas de permanente interés de
esta Comisión-- voy a intentar repasar los mismos o, por lo menos, alguno
de ellos.

Por lo que se refiere al tema de agotar hasta diciembre de 1995 el
calendario de transferencias a las comunidades autónomas, lo primero que
hay que constatar es que ha habido un incumplimiento. Y vuelvo otra vez
al argumento: si no ha sido posible que esto se hiciese, según el
programa que estaba establecido en la propia Ley 9/1992, en la
legislatura autonómica que finalizó en mayo de 1995, es dudoso que se
pueda concluir en los próximos meses. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho
lo más fácil, eso todo el mundo lo reconoce, y lo que queda es lo
difícil. Quedan enquistados algunos elementos del Inserso, de Educación,
y supongo que cuando se hable de educación no se hablará sólo de las
universidades porque la educación va desde la educación de adultos, a la
educación especial, a la formación profesional, el sistema de la
enseñanza primaria, secundaria obligatoria, etcétera. Lo que queda es lo
más duro



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de acometer, por tanto, dudamos mucho de que eso sea posible.

No se ha referido el Ministro a las dificultades añadidas. En esta Cámara
hay, por lo menos, que yo recuerde en estos momentos, dos proyectos de
modificación de estatutos para seguir dando pasos más adelante, por
consiguiente, la complejidad de la solución a este problema de las
transparencias a las comunidades autónomas es bastante evidente.

En cuanto a las comunidades del 151 estamos de acuerdo en que hay que
agotar los propios estatutos que establecían una serie de traspasos de
servicios que no han sido acometidos hasta la fecha, pero, insisto,
dudamos que en estos seis meses se pueda hacer lo que no se ha hecho en
estos años que, además, repito, es lo que tiene más dificultad, en un
clima político que no es el más favorable, salvo que el objetivo, como he
señalado al principio, sea la liquidación por el cese de actividad o de
negocio.

Hay un tema que es muy importante para las comunidades autónomas, que es
el tema de la financiación. El Ministro propone que el marco del nuevo
pacto se haga antes de los Presupuestos de 1996 y que, a lo largo de ese
año, se pueda acometer la negociación. Por las mismas razones de los
cambios del panorama político en las diferentes comunidades autónomas,
nosotros creemos que no va a ser posible establecer antes de los
Presupuestos de 1996 un marco de negociación que pueda acometerse a lo
largo de 1996, ya que las comunidades autónomas pensarán que es
extraordinariamente débil el Gobierno, e intentarán sacar de ello
ventaja, o esperarán a que el color político del Gobierno central cambie
y que haya tiempos mejores.

El problema de las administraciones locales es realmente sangrante. Aquí
el problema consiste en ver quién es el responsable de que no se haya
hecho lo que se debería haber hecho. Hubo una propuesta de pacto local,
pero, como se ha recordado, el pacto local, por lo menos en alguno de los
elementos que son necesarios para las administraciones locales, no es
imprescindible de salida; es decir, hay algunos problemas en las
corporaciones locales que podrían ser resueltos con propuestas, aunque
evidentemente esas propuestas serían discutidas por las diferentes
fuerzas políticas y por las organzaciones de los ayuntamientos y
diputaciones, como es el tema de la financiación y de competencias del
Estado. Su antecesor, en la oferta que hizo en 1994 en la Asamblea de la
FEMP de La Coruña, dijo que estaban dispuestos a ceder competencias en
materia de policía, de justicia, etcétera; es decir, hay una serie de
posibilidades que el propio Gobierno podría haber lanzado al debate
parlamentario y no lo ha hecho. Por tanto, la excusa de que no ha habido
pacto local o global no impediría que se hubiesen hecho propuestas
concretas.

En cuanto a la financiación, es cierto que en este momento estamos en un
período de financiación pactada, pero quiero recordar al Ministro, por si
se le ha escapado el detalle, que cuando se hicieron las negociaciones
entre la Federación de Municipios y Provincias y el Ministerio de
Hacienda las diferencias eran nada menos que de 267.000 millones de
pesetas. Es cierto que al final se pactó y se firmó, pero aquí ocurrió lo
que en el pacto de los trabajadores, que después de tener varios años
congelados los salarios, cuando al final, en un platillo de la balanza se
pone que se descongelan los salarios, uno se agarra a un clavo ardiendo.

Pero no se puede dar como un triunfo que la financiación en estos
momentos es una balsa de aceite porque estamos en un período de
financiación pactado, porque hay una bolsa que nuestro Grupo, en las
diferentes leyes de los Presupuestos Generales del Estado, ha incluido
siempre como enmienda, que son esos 267.000 millones de pesetas de
diferencias.

El señor Ministro se ha referido en el segundo bloque de su intervención
al tema de la Administración central, la Función pública, etcétera.

Nosotros compartimos también alguna idea que ya se ha expresado de que
aquí hay que empezar por el principio; es decir, hay que empezar
definiendo qué debe hacer la Administración central, y de ahí se
deducirán las necesidades de funcionarios.

Es cierto, señor Ministro, que 1994 se ha saldado con 9.000 funcionarios
menos y que 1995 se va a saldar con casi 7.000 funcionarios menos, es
decir, hay una disminución de los efectivos; pero nosotros hemos señalado
en esta Comisión varias veces que esos ajustes de empleo en la
Administración pública no obedecen a una disminución de actividad, sino
que en el fondo obedecen a una privatización de los servicios. Nosotros
hemos señalado sistemáticamente que la disminución de efectivos en
Correos (y eso que es uno de los servicios que tiene la suerte de figurar
en las ofertas de empleo público de los últimos años) significa que el
transporte de la correspondencia se saca a manos privadas; que una
disminución de efectivos en tráfico significa que los que están colocados
delante de las pantallas y que nos dan todos los días los informes, es
una empresa privada; que la disminución de efectivos en el Ministerio de
Justicia significa que los que dan la información, como yo dije el otro
día, sobre los objetores de conciencia, es una empresa privada. No es que
haya una disminución de la actividad. Lo que ocurre es que se ha
decidido, sin hacer esa reflexión sobre las actividades que debía hacer
la Administración central, descargar el capítulo I de los Presupuestos
Generales del Estado y que eso se contrata con otras empresas privadas.

También podríamos hablar de la realización de estudios, de proyectos en
los que está ocurriendo lo mismo.

La reflexión de qué debe hacer la Administración central, tanto en sus
servicios centrales como periféricos es una reflexión previa sobre
cuantas administraciones debe haber. He escuchado --no sé si se refería
sólo a la Administración central o a todas las administraciones, en cuyo
caso me parecería más peligroso-- que debe de haber menos gestión
--supongo que será en la Administración central-- y más planificación,
porque habrá otras administraciones que deban ser gestoras. Sobre esta
reflexión de qué debe hacer la Administraciones central nosotros hemos
dicho también muchas veces que este país no ha hecho una reforma
administrativa seria, adecuada a los tiempos que corren, que no se ha
producido una transformación necesaria de la administración policía a la
administración productora de servicios, que hay una rémora en cuanto a la
estructura u organización que obedece más al concepto napoleónico



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de administración policía que al Estado de bienestar, que debería ser el
rector del modelo. El debate sobre el modelo es un debate imprescindible
para establecer las dimensiones y el problema de los funcionarios. El
reajuste y la reorganización que se han hecho hasta ahora han sido a la
baja en función de esa palabra mágica que es la reducción del déficit
público. Insisto en que para nosotros no se produce tal porque es cambiar
de capítulo, del I al II, y a veces a otros capítulos que tienen otras
perversiones cuando se hace por vía de subvención, etcétera, pero no hay
una reflexión seria. Eso también trae consecuencias para el problema de
los recursos humanos.

No es posible aceptar el calendario que propone el señor Ministro para el
estatuto del empleado público. Se están haciendo tantos destrozos cada
mes que no es posible. El debate sobre la funcionarización, debate que en
estos momentos obedece al acuerdo Administración-sindicatos, y el debate
sobre la consolidación de los empleos irregulares, entre comillas,
empleos temporales o eventuales (caso que se vio hace pocas semanas en el
Inem, donde había 3.500 empleados con contratos de carácter temporal y
más o menos irregular), son dos debates que están dentro de los acuerdos
entre el Gobierno y los sindicatos. Estos dos problemas no se pueden
resolver sin un estatuto del empleado público, porque se están haciendo
demasiados agujeros.

Ya señalamos en el plan de empleo del Inem que se crean malos precedentes
en cuanto a la consolidación, pero nos tememos que en otros planes de
empleo, que están en marcha en estos momentos, se van a crear también
malos precedentes con temas de funcionarización, y eso no es bueno para
nadie, ni siquiera para los servicios a los que afectan estos planes de
empleo. Por tanto, es imprescindible y urgente un marco general antes de
seguir con los procesos pactados con los sindicatos, tanto de
consolidación como de funcionarización.

En cuanto a que es un proyecto sobre el que el Gobierno estaría en
condiciones de empezar la ronda de conversaciones después de septiembre,
significa que queda lanzado a los espacios siderales de los años 1996,
1997 o el que sea. Mucho nos tememos que en estos meses donde va a
ejercerse una gran presión, porque así lo ha propuesto el Ministro, para
completar e impulsar los planes de empleo, se terminará destrozando
todavía más lo que ya se ha destrozado en estos momentos.

Ya me he referido al tema de la Lofage. Que el Ministerio está en
condiciones de ir perfilando los criterios a tener en cuenta, es
absolutamente insuficiente. En todo caso, nuestro Grupo, y con eso
concluyo, señor Presidente, se ha brindado en diferentes ocasiones, y lo
hacemos también en este momento, a participar, tanto en la reflexión
sobre el marco general de la organización de la Administración central
(servicios centrales y administración periférica), como en el problema
del Gobierno (el necesario tratamiento que se debe dar a la relación
entre Gobierno y Administración), como en el estatuto del empleado
público --término que nos gusta mucho más que el de la función pública
para que englobe a todos los empleados públicos--; pero nos tememos,
señor Ministro, que esta maniobra de cambiar el Ministro para que
pongamos los cronómetros a cero, el clima político de este final de
legislatura tan peculiar y los pocos meses que quedan impidan un trabajo
serio como requieren estos temas tan importantes, para no caer en lo que
he intentado denunciar como peligro: la liquidación por cierre del
negocio.




El señor PRESIDENTE: Por parte de Convergència i Unió, tiene la palabra
el señor Nadal.




El señor NADAL I MALE: Señor Ministro, permítame darle la bienvenida en
nombre del Grupo Catalán de Convergència i Unió y desearle, sobre todo,
que su paso por el Ministerio sea absolutamente fructífero en bien de las
organizaciones que tendrá bajo su dirección y en bien de España que, en
definitiva, es uno de los intereses que tiene que guiar el conjunto de
sus actuaciones.

Permítame decirle, señor Ministro, que a pesar de que desde un punto de
vista objetivamente político le pueda parecer que la intervención que
tendrá este parlamentario hoy pudiera tener una significación especial,
no será así. Nuestro Grupo Parlamentario, fuera de lo que significa el
marco de la gobernabilidad del país, siempre ha tenido una fórmula de
trabajo y de actuación positiva. Por tanto, señor Ministro no espere, y
también queden decepcionados aquellos que lo creían así, de nuestra
intervención un ataque duro como aquel que intenta desmarcarse en el
último momento de una circunstancia, porque no es el último momento.

Sin embargo, voy a empezar la intervención con un reproche técnico, no un
reproche político. No consideramos correcto que diga que su discurso
político va a ser más largo que la legislatura, porque a los
parlamentarios y a usted nos van a pagar hasta el último día. Por lo
tanto, esperando que esto sea así, vamos a tener la obligación, por otra
parte obligación constitucional, de trabajar hasta el último día, sea
cual sea éste, sin que esta intervención que realiza este parlamentario
signifique que el último día tenga que ser cualquiera de los que
eventualmente se puedan considerar. El futuro de un parlamento y el
futuro de un Ministro tiene que pasar por cumplir su mandato en función
de aquello por lo que viene obligado y también en función de lo que la
sociedad le exige a él y nos exige a nosotros. Por tanto, señor Ministro,
si pudiera borrar de sus futuras intervenciones el hecho de decir que su
discurso será más largo que el resto del Parlamento, haría un favor a la
sociedad española y a todos nosotros, porque lo que tendría que decir es
que su discurso y su voluntad de trabajo serán mucho más positivos que lo
que, eventualmente, pueda quedar de legislatura.

Y ya que estoy en el campo de los reproches le diré que sus últimas
declaraciones no nos han gustado. El hecho de que usted diga en un medio
de comunicación que el Grupo de Convergència i Unió está acomplejado es
un argumento excesivamente duro por dos razones: en primer lugar, porque
no lo estamos. Que quede constancia de que no estamos acomplejados por
nada ni por nadie. No nos van a acomplejar y sabemos cuál es nuestro
futuro y nuestro camino. En todo caso, sepa señor Ministro, que del
resultado de las elecciones valencianas Convergència i Unió no tiene
ninguna



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culpa. Allí no nos presentamos. En todo caso, nuestro complejo podría ser
de otro tipo y con otro objetivo.

Dicho esto, yo sí pongo el cronómetro a cero por diferentes razones. ¿Qué
haría si no lo pusiera a cero? ¿Empezar a reprochar al anterior Ministro,
Jerónimo Saavedra, su actuación? No ha sido nunca el estilo de
Convergència i Unió y tampoco lo será usted en estos momentos.

Consideramos que hay trabajo por hacer, que justamente el electorado nos
ha encomendado un servicio al Estado que lo tenemos que realizar. Por lo
tanto, si tuviera que hacer algún reproche, no sería al Ministro, señor
Saavedra, sino al Gobierno que lo ha cambiado. En todo caso, éste es el
tema de la cuestión. Parece ser que cuando el Gobierno desea que alguno
de los pactos o propuestas del Ministerio para las Administraciones
Públicas no se cumplan, cambia al Ministro. Esto no es bueno. Pero las
cosas son como son y, en definitiva, el responsable político de los
cambios ministeriales es el Presidente del Gobierno y no estoy aquí para
exigir ningún tipo de responsabilidad política al Presidente del
Gobierno. Por lo tanto, de nuevo, cronómetro a cero con el interés de que
algunas de las cosas se resuelvan y creo que se pueden resolver.

Si bien nos entristece el cambio de responsables del Ministerio para las
Administraciones Públicas cuando tiene que cumplir, también nos consuela
el hecho de que el Presidente del Gobierno insista --y ahí está nuestra
esperanza-- en que este Ministerio tenga la dirección política de
aquellas personas que han pertenecido a las administraciones de las
comunidades autónomas. Esto creo que es bueno, porque al menos existe un
grado de comprensión importante entre el Ministro y aquellos que de una
forma u otra trabajamos en comunidades autónomas o en entidades locales.

Señor Ministro, mis compañeros ya han insistido en la Lofage. Con toda
vehemencia quisiera decirle que este tema está sobre la mesa y es grave.

Esperamos y deseamos que usted sea capaz de ponerlo en marcha, que sea
capaz de hacerlo cumplir. Creemos, por sus declaraciones anteriores --no
por las de este domingo-- que usted tiene un cierto interés en que esto
sea así.

Hay temas pendientes --gobernadores, estatuto del empleado público, el
impulso autonómico-- que reiterarlos no implica otra cosa que completar
el discurso de cara al futuro. Pero sí sería bueno que acometiera en este
mes de agosto --no espere a septiembre, no pasa nada por trabajar en
agosto-- ciertas actuaciones imprescindibles. Señor Ministro, creo que es
el momento y la mejor de las oportunidades para el pacto local. Se acaban
de celebrar unas elecciones municipales y creo que es el momento en que
el Ministerio tiene la posibilidad de tratar con todo el mundo local con
más facilidad, sin tensiones, con amplitud de criterios, con
posibilidades de que las cosas se razonen mucho más, sin las premuras de
las elecciones, sin necesidad de que la gente esté nerviosa por el futuro
que representa para su ayuntamiento. El pacto local es un elemento
esencial que el Ministro Saavedra había abordado y que fue truncado
justamente por las elecciones. Que sean, pues, las elecciones pasadas las
que den nueva vida a este pacto local, teniendo en cuenta --coincido
ampliamente con mi compañero de Izquierda Unida-- que el pacto de
financiación de los municipios es un acuerdo entre el Ministro Saavedra y
la Federación Española de Municipios y Provincias. Espero y deseo que en
un futuro, cuando, según dicen, se produzcan cambios de Gobierno,
aquellos que protestaron porque el pacto local no era correcto, lo
corrijan. Si no van a ser ellos, corríjalo usted, señor Ministro. Porque,
en todo caso, los 267.000 millones de pesetas de que le ha hablado antes
mi compañero parlamentario de Izquierda Unida son exactos. Esto no ha
solucionado el quinquenio, sino que simplemente solucionó el problema de
unas elecciones que se acercaban.

Señor Ministro, existe la necesidad de reformar la Administración
pública, desde el punto de vista de la organización estrictamente de
personal y desde el punto de vista de la organización de la financiación.

Me refiero no solamente a la financiación autonómica, sino a la
financiación local, e incluso a la necesaria reforma que esta
financiación producirá en la Administración pública central.

Hay que dar la vuelta al tema. Hay que valorar concretamente las
posibilidades que tenemos de reducir el aparato administrativo. Pero el
aparato administrativo se tiene que reducir desde su propio Ministerio,
pasando por las comunidades autónomas --subrayo, pasando por las
comunidades autónomas-- y por los municipios. No existirá una auténtica
voluntad de reforma mientras no se establezca con claridad cuáles son las
competencias de cada una de las partes. Muchas veces estamos hablando
desde un punto de vista objetivo de dinero. Yo creo que no es tanto el
problema de hablar de dinero, sino que es más el problema de determinar
exactamente a cada una de las administraciones cuál es el espacio de
trabajo que le corresponde. Creo que el ciudadano entendería mucho más
una política destinada a clarificar con rotundidad cuáles son los
espacios de trabajo, cuáles son las eventuales transferencias que desde
la Administración central se realizan a los entes locales o a las
comunidades autónomas, pero sería muy clarificador --creo que daría mucha
confianza-- en el Estado de las autonomías el que finalmente todos
determináramos exactamente qué corresponde a uno y a otro. Los discursos
que realizamos aquí son extremadamente sensibles, pero el ciudadano no
acaba de comprender muchas veces el traspaso que se realiza de
competencias --y digo, entre comillas--, competencias «de palabra» entre
una Administración y otra.

Nos alegra mucho --y así lo creo entender-- que se presente usted en el
Comité de las Regiones. Le felicitamos, sería muy positivo que estuviera
ya, porque el Comité de las Regiones es un elemento fundamental para
Europa. Pero también estaríamos muy contentos si usted acabara de
explicar en este acto si es cierto que nos permitirá un espacio
importante en los fondos de cooperación. Si sabemos exactamente qué ha
querido decir con esta corresponsabilización de los fondos de cohesión y
si exactamente su participación en la UE permitirá la incorporación, a
través suyo, de las comunidades autónomas en todos sus aspectos.

Señor Ministro --y con esto acabo--, le deseamos éxito en su nuevo
trabajo, todo el éxito, porque sabemos



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que usted no parte de cero, que conoce perfectamente la Administración
autonómica y la local. Nos congratulamos de que le hayan elegido a usted
en tanto que, insisto, al menos conoce el planteamiento de las
administraciones. Pongamos de nuevo el cronómetro a cero y démosle
confianza, señor Ministro; pero la verdad es que sería muy triste que
toda la confianza que le otorgamos en estos momentos se la quitara la
Presidencia del Gobierno evitando que pudiera justamente concluir su
trabajo en el momento en que más dispuesto esté a la colaboración.

Quiero finalizar mis palabras diciéndole que le ofrecemos desde
Convergència i Unió posibilidad de consenso en todo aquello que quiera.

Pero siempre, eso sí, dejando muy claro que desde la libertad que nuestro
Grupo tiene en la política del Estado español.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el
señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: También desde el Grupo Parlamentario
Vasco queremos dar la bienvenida al nuevo Ministro para las
Administraciones Públicas, señor Lerma, y agradecerle que haya solicitado
una comparecencia a petición propia para dar a conocer las líneas
generales y la política a desarrollar por parte del Ministerio.

Efectivamente, usted se encuentra, como ha reconocido, políticamente
limitado por el espacio temporal que parece que va a durar la
legislatura; pero --también lo ha dicho usted-- es ambicioso en los
proyectos que tiene, y es bueno en política tener ambición de alcanzar
determinados objetivos, determinados fines, determinados programas
políticos y, por tanto, nos parece bien que usted haga aquí una relación
de materias que pretende retomar del anterior Ministro para las
Administraciones Públicas y poner en marcha.

Señor Ministro, desde el Grupo Vasco no le conocemos, no sabemos qué
política va a seguir y, por tanto, vamos a mantener inicialmente un voto
de confianza, como lo mantuvimos con el señor Saavedra, anterior Ministro
para las Administraciones Públicas, en la medida en que era un hombre con
sensibilidad autonómica, un hombre que venía de una comunidad autónoma
con peculiaridades y unas características específicas y que siempre
mantuvo una buena relación, una fluidez con los grupos parlamentarios,
con las comunidades autónomas, sobre todo, por mi experiencia, con este
Grupo y con las instituciones vascas. En esa línea de actuación vamos a
darle también un voto de confianza a usted, que proviene de una comunidad
autónoma importante y parece, por su trayectoria, que tiene una
sensibilidad autonómica, una sensibilidad sobre temas que son importantes
en un Estado de la composición del español. Por tanto, le damos la
bienvenida y le ofrecemos la colaboración, el voto de confianza para
poder llevar a cabo esos objetivos y ese programa ambicioso que usted ha
manifestado en su primera intervención.

Queríamos hacer una serie de consideraciones desde el Grupo Parlamentario
Vasco sobre temas que a nuestro juicio son importantes y que necesitan
--usted ha hecho referencia a alguno de ellos-- que se aborden y se les
dé una solución. En primer lugar --lo manifestó también en una de sus
primeras entrevistas concedidas a un medio de comunicación--, la
necesidad de proceder a un desarrollo del Estatuto de Autonomía del País
Vasco.

Hay una serie de materias importantes --en este momento 45-- pendientes
de ser traspasadas cuando hay un acuerdo político entre el Partido
Socialista, el Partido Popular, el Partido Nacionalista Vasco, Eusko
Alkartasuna y Unidad Alavesa, firmado en el Parlamento Vasco el 1 de
julio de 1993. Es necesario desarrollar este acuerdo por la importancia
política que ello tiene porque, en la medida en que se ponga en duda el
desarrollo estatuario; se está poniendo en duda el modelo de convivencia
pacífica en el País Vasco, se están alimentando planteamientos
deslegitimadores de la vía estatuaria y están influyendo --se lo digo
porque tenemos esa realidad, ese conocimiento exacto-- en la
normalización del País Vasco.

Aquí tengo el Acuerdo para la normalización y pacificación del País
Vasco, firmado por los Partidos antes mencionados --es el Acuerdo por la
Paz, el Acuerdo de Ajuria Enea--, que dice: El Estatuto de autonomía del
País Vasco representa la expresión de la voluntad mayoritaria de los
ciudadanos del País Vasco, y constituye, en consecuencia, la norma
institucional básica de que se ha dotado para acceder a su autogobierno,
por lo que su asunción o acatamiento es una condición necesaria para
alcanzar su definitiva normalización y pacificación. En su punto segundo
dice: El pleno y leal desarrollo de todos y cada uno de los contenidos
del Estatuto sigue siendo el marco válido para la resolución progresiva
de los conflictos de la sociedad vasca y contribuirá de manera decisiva
al reforzamiento de la confianza democrática y de la convivencia
pacífica, por lo que todos los firmantes del presente acuerdo político
nos comprometemos a desarrollarlo en su plenitud de conformidad con los
principios que lo inspiraron y respetando su singularidad.

Es importante, por estas consideraciones políticas, que usted desbloquee
esta cuestión. El señor Saavedra tuvo sensibilidad y voluntad, pero se
encontró con que no tuvo la autoridad política suficiente dentro del
Gobierno porque los titulares departamentales sectoriales competentes por
razón de la materia tenían opiniones, discrepancias, consideraciones
distintas a las de la sensibilidad autonómica del señor Saavedra.

Entendemos que usted puede ser el responsable político que puede corregir
esos desajustes y retrasos que se están produciendo, por la implicación
social que tiene en la medida en que son necesarias determinadas
herramientas para desarrollar el Estado del bienestar en la Comunidad
Autónoma vasca, por ejemplo, en infraestructuras, en modernización de
estructuras económicas y, en general, en sectores estratégicos de la
Unión Europea.

Le señalaría, señor Ministro para las Administraciones Públicas que ayer
mismo el Gobierno Vasco adoptó un acuerdo entre el Partido Socialista y
el Partido Nacionalista Vasco y en el mismo día se produjo una reunión
entre el señor Jáuregui, Secretario General del Partido Socialista en el
País Vasco, y el señor Griñán, Ministro de Trabajo y Seguridad Social,
para desbloquear un área importante de



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este desarrollo estatutario, el área laboral, el área de formación
profesional y de regulación de empleo --este área, junto a la de
infraestructuras, en lo relativo a aeropuertos y puertos, en fases
posteriores quizá sea excesivamente ambiciosa la responsabilidad que a
usted le va a corresponder en los meses que vienen, que va a incidir en
otras áreas como pueden ser la del personal de justicia o el área
económico-financiera--, áreas que los dos partidos mayoritarios de la
Comunidad Autónoma del País Vasco, el Partido Socialista Obrero Español y
el Partido Nacionalista Vasco, han determinado que deben ser los
prioritarios para el desarrollo del acuerdo parlamentario adoptado por
todos los grupos para desbloquear el desarrollo estatutario. Esta es la
posición política de nuestro Grupo y mientras no haya una actuación por
parte del Gobierno que nos parezca nefasta, le damos un voto de
confianza. Esperamos que usted dé un impulso a estas materias de traspaso
a la Comunidad Autónoma del País Vasco que están en este momento
bloqueadas.

En segundo lugar, ha hecho referencia a la participación de las
comunidades autónomas. Ahí habría que distinguir la fase ascendente y la
descendente en el proceso de formación de la voluntad de la Unión
Europea. Nosotros le solicitaríamos a usted, que ha sido Presidente de
una comunidad autónoma importantísima en España, que aborde también esta
cuestión porque las conferencias sectoriales no están dando el fruto que
deberían dar. Le pedimos que, a efectos de conformar esta participación
se articule, por un lado, una mayor eficacia en un órgano interautonómico
con participación de las comunidades autónomas y de la Administración
central, como son las conferencias sectoriales, pero, por otro lado, se
combine eso con la admisión de una presencia de representantes de las
comunidades autónomas en la delegación española en la Unión Europea, así
como en los comités en grupos de trabajo. Esto se ha de combinar con un
tercer factor, que es el de la información completa en las comunidades
autónomas por parte de la representación permanente española.

A la hora de la participación de las comunidades autónomas en la
configuración de la voluntad, el Ministerio para las Administraciones
Públicas está primando las conferencias sectoriales, pero no están siendo
eficaces y hay que combinarlas --lo repito nuevamente-- con la presencia
en su caso, dentro de la Delegación española, de representantes
autonómicos, en los consejos, en los grupos de trabajo, en los comités,
con una información completa entre la representanción permanente, la
Embajada Española en Bruselas y las oficinas de representación y gestión
de los intereses autonómicos que tienen las diferentes comunidades
autónomas. Creo que éste puede ser un marco de negociación en el que las
comunidades autónomas se vean satisfechas porque con la actual situación
de únicamente conferencias sectoriales específicas por razón de la
materia, lideradas por cada Ministro y con la conferencia sectorial
general, liderada por el Ministro de las Administraciones Públicas, no es
suficiente. Es necesario combinarlas con otros instrumentos, con otras
herramientas políticas.

En tercer lugar, usted ha dicho que, aprovechando la presidencia española
en la Unión Europea, hay que concretar el procedimiento de participación
de las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo y, por ello, le vamos a
hacer unas sugerencias a la hora de concretar ese procedimiento de
participación de las comunidades autónomas. Le vamos a proponer, en
primer lugar, que durante la presidencia española el Gobierno español
auspicie la celebración de una primera conferencia europea entre el
Parlamento Europeo y los parlamentos regionales de la Unión Europea, de
manera que se abra una vía de diálogo con aquellas instituciones
parlamentarias regionales que tienen importantes competencias
legislativas. Le pediríamos también que, con ocasión de esta presidencia,
en los consejos sectoriales de Ministros que ya han empezado a celebrarse
en España, los representantes autonómicos en cuyo ámbito territorial se
celebra dicho consejo puedan formar parte de la delegación española en el
seno de la delegación que lidera el ministro responsable del ramo. Ya
solicitamos al Ministro de Asuntos Exteriores, en un reciente Consejo de
Industria que ha habido en el País Vasco, que el responsable autonómico
en materia de industria pudiera formar parte de la delegación liderada
por el señor Eguiagaray, Ministro de Industria, y no se aceptó. Se le
invitó a una comida que hubo con los ministros europeos, pero no a la
reunión formal en la que se debatieron los temas de industria.

En tercer lugar, le plantearíamos que se intensifiquen las relaciones de
la Embajada --conocida técnicamente como representación española
permanente ante la Unión Europea-- con las delegaciones y otras oficinas
que tienen abiertas las comunidades autónomas para que haya una mayor
relación e información. Sabemos que, al final, la mayor capacidad, el
liderazgo, lo tiene el Gobierno central, pero que no haya ese recelo, esa
suspicacia, ese no ver de buena manera a representantes o delegaciones
que tienen otras comunidades autónomas en Bruselas, y que pueda haber
reuniones periódicas para que todas las administraciones públicas, la
central las autonómicas y las locales, tengan una información directa, de
primera mano, de lo que se debate en Bruselas y de lo que se va a
debatir, tanto en proceso de conformación de la voluntad, en fase
ascendente, como en el proceso descendente, que es el de la voluntad ya
formada y que se desarrolle y se ejecute en base al principio de
subsidiariedad por los Estados.

En cuarto lugar, es necesario --quizá no es el momento oportuno, pero
habrá que definirlo de alguna manera-- determinar la participación de las
comunidades autónomas en los órganos de decisión. Ya le hemos dicho que
combine la conferencia sectorial con otros dos instrumentos o
herramientas políticas.

En quinto lugar, hay que reconocer a los representantes autonómicos una
presencia en las delegaciones españolas y en los grupos de trabajo, en
los comités, en el Comité de Representantes Permanente, en los comités de
agricultura, en los comités de industria y en los comités de pesca.

Como cuarto objetivo de la exposición, el Grupo parlamentario Vasco
quisiera recordar --se lo hicimos saber también al señor Saavedra en
octubre de 1994-- que hay una resolución parlamentaria, adoptada en el
debate de política general, en el debate sobre el estado de la Nación, de
20 de abril de 1994, en base a una enmienda transaccional



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presentada por el Grupo Socialista, para que se constituya la comisión
bilateral de asuntos europeos entre el País Vasco y el Gobierno central.

Esa Comisión fue creada cuando era responsable el señor Almunia, actual
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y todavía no se ha
constituido. El señor Saavedra dijo que se iba a proceder a su
constitución después de las elecciones autonómicas del País Vasco en
octubre de 1994, sin que hasta la fecha se haya cumplido ese acuerdo ni
la resolución parlamentaria presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, lo cual da mayor gravedad al tema. Y como entendemos que
usted tiene sensibilidad autonómica le solicitamos que se cumpla el
acuerdo parlamentario adoptado en el debate sobre el estado de la Nación
de fecha 20 de abril de 1994.

En quinto lugar, ha hablado usted de la elaboración de un nuevo modelo de
estatuto del empleado público. Efectivamente, la legislación básica en
materia de Función Pública actualmente en vigor es excesivamente rígida y
reglamentista, lo cual requiere --en eso coincidimos con el Gobierno y
con otros grupos parlamentarios-- la elaboración de un estatuto del
empleado público de carácter general que permita elaborar diferentes
políticas de personal. Digo esto porque el año pasado tuvimos un debate
en esta Comisión a la luz de una proposición no de ley en virtud de la
cual acordamos que ese estatuto del empleado público permita, de
conformidad con el artículo 149.1.18 de la Constitución, establecer unas
bases generales, unas bases que permitan desarrollar por parte de las
comunidades autónomas políticas propias en materia de personal, de forma
que no ocurra lo que ha sucedido con la actual reglamentación de la Ley
30/84, con sucesivas reformas a lo largo de los últimos años,
principalmente con la entrada en ejecución de la sentencia del Tribunal
Constitucional relativa a que no se pueden regular temas distintos a los
presupuestarios en las respectivas leyes de acompañamiento. Por ello, es
necesario un estatuto del empleado público que permita esta políticas de
personal propias de ámbitos de negociación, porque curiosamente la ley de
órganos de representación es bastante autonomista, permite ámbitos de
negociación política, ámbitos de negociación de condiciones retributivas,
de condiciones salariales, de jornada, de empleo, en definitiva, ámbitos
de concertación sindical y patronal, en este caso de la Administración de
carácter autonómico.

Nosotros, señor Ministro, le pediríamos que, en la medida de lo posible,
evite una regulación que sea reglamentista, una regulación rígida como la
actual, porque se ha de caminar hacia una configuración general del
empleado público. La actual dispersión que tenemos de laborales fijos,
laborales temporales, personal eventual, funcionarios interinos y
funcionarios de carrera hace que haya que clarificar todo este asunto y
que resulte necesario un estatuto general del servidor público, del
empleado público.

Decía usted que un órgano de cooperación interautonómico, como es el
Consejo de Coordinación de la Función Pública, ha tenido reuniones con
las comunidades autónomas. Es cierto, tenemos información de ello, pero
también vemos que quizá se está corriendo demasiado en la negociación con
las organizaciones sindicales y sospechamos que después de la mesa
general que, como usted ha dicho, se va a celebrar en el mes de
septiembre, se va a abrir una ronda con los grupos políticos que va a
permitir un ámbito de maniobra política, un ámbito para poder plantear
cuestiones. Usted ha dicho anteriormente que si en esa mesa general se
llega a un consenso con Comisiones Obreras y con UGT va a haber un ámbito
para poder introducir ahí sugerencias, para introducir planteamientos
distintos. A nosotros nos preocupa que en este momento se esté dando
prioridad a la negociación con estas dos fuerzas sindicales (las dos
mayoritarias), junto con otras de menor entidad, y que la negociación en
otros ámbitos, como el institucional, el de las comunidades autónomas o
el parlamentario, quede en un segundo o tercer grado, y nos preocupa el
documento que pueda salir de esa negociación. En la medida en que le
damos un voto de confianza, señor Ministro, nos gustaría tener
información de primera mano para saber lo que está ocurriendo, cómo va la
negociación y cuáles son las líneas generales que se están siguiendo
puesto que quizá todavía no existan preceptos articulados al respecto.

En sexto lugar, coincidimos con usted en que es necesaria una ley que
organice orgánica y funcionalmente la Administración central, pero quizá,
después de trece años de gobierno del Partido Socialista Obrero Español,
pueda ocurrir que pierdan las elecciones y dejen sin regular una cuestión
tan importante que ha sido prometida por el Presidente del Gobierno y sus
antecesores en el Ministerio para las Administraciones Públicas. Nuestra
posición al respecto la conoce usted, como también la conocía su
antecesor, a quien se la hicimos llegar tanto en debates parlamentarios
como en conversaciones que mantuvo con este Grupo Parlamentario, y es que
se tienda a una reducción de la Administración central primando y
reforzando al Delegado del Gobierno, de manera que se vaya a la
eliminación de los gobernadores civiles como organismos de naturaleza
política en los que el titular es designado por real decreto del
Gobierno. En definitiva, que se vaya --como han dicho otros grupos
parlamentarios-- hacia una profesionalización de los responsables que
tenga que haber en las diferentes provincias españolas, pero que la
organización política, la consolidación como jefe supremo de la
Administración central en la comunidad autónoma se refuerce en la figura
del Delegado del Gobierno de forma que se produzca una reestructuración
importante --ya se está produciendo en otros ministerios, como por
ejemplo en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
en sus direcciones provinciales o en el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación-- porque en los órganos de carácter horizontal, como
pueden ser los gobernadores civiles, se mantiene, y nosotros seríamos
partidarios de reforzar a los delegados del Gobierno eliminando la figura
de los gobernadores civiles.

Estas son, en líneas generales, las seis grandes cuestiones que al Grupo
Parlamentario Vasco nos preocupa que no se hayan desarrollado,
fundamentalmente la primera de ellas. Por ello, señor Ministro, nosotros
vamos a terminar esta primera intervención dándole ese margen de
confianza puesto que usted viene de una comunidad autónoma importante,
con una idiosincrasia, unas peculiaridades, una



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historia, unas características de lengua propia y parece que su
trayectoria es la de un hombre de profundas raíces autonómicas.

Esperaremos a ver qué depara la política de su ministerio en los próximos
meses y dependiendo de ello así será la posición política que adoptemos
en los debates que podamos tener en esta Cámara con respecto a lo que el
Gobierno central y en este momento usted va a desarrollar en el
Ministerio para las Administraciones Públicas.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Señor Ministro, nuestro Grupo también quiere
darle la bienvenida a esta Comisión del área de la competencia de su
departamento ministerial, suscribiendo muchas de las exposiciones y
reclamaciones que han efectuado los anteriores Diputados, especialmente
los del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Vasco por lo que
hace referencia a un tratamiento especial del Título VIII de nuestra
Constitución, y también compartiendo lo expuesto por el portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en todos aquellos aspectos de la Función
Pública y el tratamiento que hasta este momento muchos conceptos
dirigidos a la profesionalidad de los funcionarios y su equiparación
interministerial han merecido una serie de críticas.

Paso seguidamente y con gran rapidez, por respeto a su presencia en esta
Comisión y a la hora, a hacerle unos planteamientos específicos en el
área del archipiélago canario.

Yo espero, señor Ministro, que sus convicciones autonómicas, por su
procedencia de la comunidad autónoma que usted ha presidido, mantengan un
grado de sensibilidad. Con su antecesor, don Jerónimo Saavedra, por su
experiencia de gobierno en el archipiélago canario, nosotros vimos
desarrollar las transferencias finales en el campo de la agricultura y
fundamentalmente en el de la sanidad. Afortunadamente, el tema de la
sanidad ha quedado, en sus aspectos orgánicos y funcionariales,
definitivamente instaurado en la competencia del Gobierno autónomo de
Canarias, pero no así su financiación. Y éste es el primer problema que
le planteo, señor Ministro. Yo apelo a su sensibilidad para que active
esas competencias --que en verdad son del Ministerio de Economía y
Hacienda y de las comisiones sectoriales que allí funcionan para la
financiación de las comunidades autónomas, aunque qué duda cabe que
existe una correlación orgánica y política-- con el fin de que el nuevo
Gobierno canario que se forme en las próximas fechas pueda empezar a
plantearle en septiembre, señor Ministro, los aspectos inconclusos de la
financiación autonómica canaria.

El segundo punto que le planteo, señor Ministro, y que en estos momentos
es el que está más vinculado a una decisión política del Gobierno y que
yo le pido que impulse, es la reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias. En este momento, la Comunidad Autónoma de Canarias es la única
de toda España que no ha visto la reforma de su Estatuto de 1982, que
quedó aprobado como ley orgánica en este Parlamento a propuesta del
Gobierno de la UCD. El Parlamento de Canarias, a finales del año pasado,
después de largos debates, aprobó una reforma del Estatuto de autonomía
que entró en esta Cámara y que está esperando los santos advenimientos
para poder incorporarse a las órdenes del día en este próximo período de
sesiones con el fin de que se estudie y por fin se pueda aprobar. Aunque
lo he expuesto en segundo lugar, es el tema prioritario que Coalición
Canaria quiere hacerle llegar en esta Comisión. Si queremos tener
credibilidad en el Estado de las autonomías, en el desarrollo del Título
VIII de la Constitución, en la voluntad del Gobierno y de su Departamento
--por eso aquí va a tener usted la prueba de fuego de la credibilidad,
aunque vaya por delante desde el beneficio de la duda hasta cualquiera de
los que en legitimidad política, por un trato al menos de caballerosidad,
yo estoy obligado a darle a usted--, con la misma firmeza política he de
hacerle ver la gravedad de que siga sin aprobarse la reforma del Estatuto
de Autonomía de Canarias.

Vinculo este asunto al tercer punto, que es la reivindicación de Canarias
de un estatuto permanente como región ultraperiférica ante la Unión
Europea. ¿Por qué digo esto, señor Ministro? Porque no se entiende
políticamente en el Archipiélago canario que esté pendiente de aprobarse
la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias por un Gobierno que fue
quien trajo aquí el proyecto de ley del régimen económico y fiscal de
Canarias, en cuya disposición adicional se hablaba precisamente de un
estatuto permanente de Canarias como región ultraperiférica. En su día
debatimos el Tratado de Maastricht y se aprobó en su integridad, en el
que hay una disposición en los anexos, la número 26, que señala a
Canarias, junto a los territorios franceses de Martinica y Guadalupe y
los territorios portugueses de Madeira y Azores, como región
ultraperiférica y obliga y vincula, como acervo comunitario, a que los
gobiernos de estas respectivas zonas de su territorio nacional, que son
parte integrante del Estado pero definidas ultraperiféricamente, se
comprometan con una serie de actuaciones en un marco legal, fuera del
cual no pedimos absolutamente nada. Eso hay que hacerlo bueno, hay que
ensamblarlo para que tenga una lectura política inteligible y se vea que
estamos vinculando un estatuto de autonomía de una región ultraperiférica
europea.

Por todo lo demás y transmitiendo este mensaje, señor Ministro, le
rogaría también, desde el punto de vista de la exigencia política de
Coalición Canaria, que aquellos aspectos que tengan que ser tratados en
mesas bilaterales o sectoriales, que sean específicos del Archipiélago o
que puedan tener concomitancias y relaciones con otros que se planteen a
nivel de las otras comunidades autónomas del resto del Estado español, se
vean con agilidad, porque notamos que estamos un poco anquilosados en
este momento y esperamos que usted pueda reactivarlo, señor Ministro,
porque creo que en estos momentos la reunión y el diálogo serán siempre
loables y tremendamente positivos. Usted se ha caracterizado como
Presidente de la Comunidad Autónoma valenciana por un talante abierto al
diálogo, y eso que usted desde el otro lado pedía ahora lo puede dar en
el mejor sentido político.

Por todo lo demás, le abrimos un crédito de confianza durante los días
precisos; no le digo tres meses, como las



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letras, ni cien días, porque hay un verano por medio, pero creo que estas
peticiones que le he trasladado nos permitirán funcionar armónicamente y
entenderemos en el Estado de las autonomías.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Marcet.




El señor MARCET I MORERA: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor Ministro ante esta Comisión, que en mi caso es un
doble agradecimiento por la prontitud de la comparecencia y por el
contenido de la misma. Es una comparecencia, como se ha dicho, a petición
propia, no forzada, pero sí inducida por la premura con que algunos
partidos de la oposición propusieron que se celebrara o anunciaron su
propósito de solicitar su celebración. Luego se habla de que no se sabe
la asignatura, de rebajas y liquidaciones, en un intento quizá de
minimizar la importancia de esta comparecencia e incluso ridiculizar la
reciente remodelación del Gobierno.

Señor Presidente, una de las primeras lecciones que este Diputado
aprendió de su maestro de Derecho Político, don Manuel Jiménez de Parga,
fue que los ministros son políticos, no técnicos, y por tanto los cambios
de cartera, frecuentes en muchos países, en prácticamente todos, no
extrañan más que aquí, donde hay poca tradición política democrática.

Luego se dice: No hablemos de política. Eso a mí me recuerda aquella
anécdota que se refiere al General Franco, que despedía a un industrial
de Sabadell, mi ciudad, o de Tarrasa, mi ciudad vecina --no sé
exactamente--, y le decía: Haga como yo, no se meta en política. Pues
bien, aquí venimos a hacer política, a hablar de Política, en mayúscula,
y de políticas, y en esta Comisión de un conjunto de temas y cuestiones
que le son propios. Parece que a alguno les aburre hablar de esto
--tienen posibilidad de cambiar de Comisión sin duda--, pero a mí no me
aburre hablar de las cuestiones que son propias de esta Comisión.

Quiero destacar, de entrada, el realismo político en el planteamiento del
programa de actuación que nos ha referido el señor Ministro en las
diversas materias de traspasos, de financiación, sobre el Senado, sobre
el pacto local, sobre la Lofage... --ya hablaremos de todo ello--, en un
horizonte que es el horizonte de la duración de la legislatura, con un
Gobierno que toma todas las decisiones que le corresponden. Yo también he
oído, con tanto o mayor interés, al señor Presidente del Gobierno esta
mañana en «Los desayunos de Radio 1» y de Televisión Española, TVE 2, y
se ha referido a que no hay un Gobierno débil y que quienes hacen esta
acusación deberían poner ejemplos, no referirse a leyes que no se han
traído. No sé cómo se compadece que no se traiga una ley a esta Cámara
con que no se tomen las decisiones o haya una Gobierno débil; no tiene
nada que ver que se traiga una ley o no con que haya un Gobierno más o
menos débil. Había que poner ejemplos, no se trataba de leyes.

El Grupo Parlamentario Socialista tiene que manifestar en líneas
generales el acuerdo con el contenido de la comparecencia por lo que
tiene de continuidad --evidentemente no hay cronómetro a cero-- en una
línea de gobierno que toma su impulso en el compromiso electoral de hace
dos años, que se concreta en un nuevo impulso autonómico, en el
reforzamiento de las administraciones locales, en la modernización de la
administración, en la simplificación y reestructuración de la
Administración General del Estado, y también por lo que tiene de novedoso
en las nuevas orientaciones apuntadas por el señor Ministro, de las que
destacaría esencialmente dos: la referida al engarce de la dinámica de
las conferencias sectoriales para asuntos europeos con la política de la
Unión Europea --un tema que ha interesado poco a algunos grupos, aunque a
otros sí les ha interesado; he visto que algunos de ellos pasaban por
encima de él pero me parece destacable-- y el programa relativo a las
pequeñas reformas, que me han parecido interesantes, en la Administración
General del Estado.

Me referiré, con toda brevedad, al contenido de algunos aspectos de estos
grandes ámbitos en que ha dividido su intervención el señor Ministro. El
primero es el relativo al impulso del Estado autonómico. Coincidimos que
es necesario este incremento de cooperación en materia autonómica y en
que, sin duda alguna, una de las asignaturas pendientes continúa siendo
la financiación, en un sentido al que yo quiero referirme, y que la
experiencia de otros países, la alemana, por ejemplo, nos indica que es
uno de los temas más fluidos, más vivos y difíciles de cerrar.

Este será el tema del que seguiremos hablando durante años, sea cual sea
el gobierno que presida el Estado, así como los gobiernos que hay en las
comunidades autónomas.

Del programa que ha referido el señor Ministro quiero destacar el marco
competencial, el calendario que ha marcado para culminar el proceso de
traspasos, y también el aspecto referido a los acuerdos con todas las
comunidades del artículo 151. Sorprende el recelo que han expresado
algunos ante esta lectura conjunta para el desarrollo de los estatutos de
autonomía. Es algo que ya conocemos dentro del bloque de
constitucionalidad. Es un recelo que no tiene otro sentido que un cierto
regusto de neocentralismo, pero aquí está este recelo.

Ya me he referido a la reforma de la financiación.

El consenso debe presidir también este aspecto fundamental de lo que debe
ser el desarrollo autonómico; en el compromiso de todos que adquirimos en
el debate del Senado del Estado de las autonomías, de la reforma del
Senado, y en la conclusión de esta idea de pacto local que, como se ha
señalado, necesita la voluntad concurrente de comunidades autónomas y
administraciones locales, así como la voluntad política de los actores
principales que son los partidos políticos. Por cierto, señor Presidente,
todos han hablado del pacto local, pero hay que señalar que el Partido
Socialista fue el único partido que lo llevó en su programa electoral en
las últimas elecciones municipales. Quiero señalarlo para que quede
constancia de ello.

En cuanto al último aspecto al se ha referido el señor Ministro, en el
ámbito de las administraciones públicas, quiero destacar, como he
señalado, esta idea de la pequeñas reformas con el objetivo de mejorar la
calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. Me ha parecido una



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idea de un gran interés, desglosada y pormenorizada, que yo resumiría con
la idea final de simplificación de la burocracia. También quiero reiterar
la satisfacción de este Grupo por el hecho de que se incluya dentro del
paquete legislativo prioritario la famosa Lofage. La final tendremos
Lofage, un día u otro, pero tendremos Lofage. (Risas.)
Finalmente quiero destacar, señor Presidente, que en el Estatuto de la
Función Pública, al que también se ha referido el señor Ministro, me ha
parecido que tenía un gran interés en que avance con las comunidades
autónomas en la determinación de lo que debe ser --como se señalaba antes
un interviniente de otro grupo parlamentario-- las bases de este Estatuto
de la Función Pública y lo que debe quedar en manos de las comunidades
autónomas para su aplicación, para su propia legislación en este terreno.

En definitiva, señor Presidente, quiero mostrar el apoyo, como no podía
ser de otra forma, de nuestro Grupo en lo que de continuidad tiene el
programa expuesto por el señor Ministro, en una línea de gobierno, que es
la del Gobierno que se inaugura en esta legislatura pero que tiene a
veces compromisos más alejados en el tiempo, aunque no tan alejados como
los que algunas veces se plantean, porque parece que antes de entrar en
el Gobierno ya deberíamos haber resuelto algunos temas, como cuando se
dice que algo está pendiente desde hace 13 años; es que no llevamos aún
13 años en el Gobierno, aunque todo llegará.

Quiero insistir en la satisfacción que manifiesta nuestro Grupo por los
aspectos novedosos en las orientaciones que ha marcado como prioritarias
el señor Ministro y que nos ha referido hoy, así como reiterar nuestro
agradecimiento por la comparecencia --con premura, sin duda-- del señor
Ministro para las Administraciones Públicas en el día de hoy.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma i Blasco):
Agradezco a todos los grupos parlamentarios el tono de sus
intervenciones, que en algunos casos me ha parecido mucho más sugerente
que en otros, pero que en todos me ha parecido positivo, y quiero decir
que de las cosas que hemos tenido ocasión de escuchar hoy vamos a sacar
conclusiones muy positivas para el conjunto del Estado.

Yo ya sé que algunos no están dispuestos a conceder credibilidad a este
Ministro ni al Gobierno, por supuesto, pero no me importa demasiado,
porque estoy convencido de que va a haber tiempo suficiente para
convencerse exactamente de todo lo contrario. Va a ver usted, señor
Núñez, especialmente, cómo muchos de los temas pendientes durante mucho
tiempo probablemente se desbloquean en los pocos meses que usted me ha
dado de vida, y va a ver también cómo muchas de las asignaturas
pendientes de este Gobierno se van resolviendo positivamente, como, por
otra parte, se han ido resolviendo a lo largo de los años.

No quisiera hacer una extensa declaración, que no procede por lo avanzado
de la hora y tampoco porque no por más largo aclara más las cosas sino,
al contrario, contribuye a embrollarlas. Para el futuro voy a hacer lo
contrario de lo que he hecho en esta ocasión: en vez de alargar mucho la
intervención y recortar la legislatura, voy a intentar recortar la
intervención y alargar la legislatura, como SS. SS. me han sugerido a lo
largo de sus diversas intervenciones.

A continuación y con permiso de ustedes, voy a entrar en temas no
demasiado concretos, porque tendremos ocasión de despacharlos
posteriormente, pero sí en los temas generales que me han preocupado y
que les preocupan a SS. SS.

Naturalmente, usted me ha suspendido antes de empezar, o inmediatamente
después. Yo no sé si suspenderles a ustedes, porque ustedes se han
repartido la función. No sé si es que el señor Fernández no sabe de
Función Pública o usted no sabe de autonomías. En cualquier caso, me
inclino por pensar que saben los dos de todo y voy a agradecerles su
intervención y su colaboración, que la podemos conseguir a lo largo de
este tiempo que queda de legislatura.

¿Por qué pienso así? Porque el señor Fernández ha tocado una serie de
ofertas concretas que se pueden perfectamente recoger, y en aquellos
casos en que ha intentado diferenciar la opción ha sido,
fundamentalmente, forzando mucho la circunstancia. Por ejemplo, la
lectura conjunta de los estatutos. Obviamente, la lectura se tiene que
hacer a los ojos de la Constitución que, naturalmente, es lo que después
determina las posibilidades de estatutos y todas las interpretaciones
posteriores. Por tanto, no parece que haya tanto problema en los temas de
interpretación constitucional y de lectura conjunta.

¿Qué otro problema se ha planteado? Es evidente que nunca hay consenso en
los temas de financiación, pero al final sí se puede llegar a un acuerdo
concreto que no satisface a todos demasiado pero que, a cambio, se puede
aprobar por todos a la vez. Yo estoy convencido de que no es posible
pensar que todas las comunidades autónomas, con un sistema determinado de
financiación, salgan exactamente igual, porque no estaban exactamente
igual cuando empezamos el proceso de transferencias y tampoco evolucionan
de manera igual a lo largo de los problemas de crisis o de períodos de
crecimiento económico. Por eso mantenemos un sistema que permite a la vez
la suficiencia y la solidaridad, y por eso para ser eficientes en el
funcionamiento del Estado es conveniente seguir manteniendo esos
principios, que creo que pueden muy bien mantenerse con las opciones que
en estos momentos estamos estudiando.

Por otra parte --y es opinión personal--, aunque también lo será del
Gobierno cuando se estudie--, el proceso de transferencia del 15 por
ciento del IRPF ha supuesto un avance significativo, al menos en la
voluntad de tener un sistema de financiación diferente que permita a los
ciudadanos saber que hay una cierta corresponsabilidad, no sólo en el
gasto sino también en la recaudación en las comunidades autónomas. Ello
viene a hacer más fácil que los ciudadanos contribuyan, porque saben que
forma parte de los gastos o de las inversiones de su propia comunidad, y
al mismo tiempo saben que eso significa una cierta limitación



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en la alegría del gasto en muchas ocasiones, porque obviamente se tienen
que corresponsabilizar. Por tanto, me parece bien.

Creo que existe un cierto acuerdo global en todas aquellas cosas que
hemos estado escuchando en la intervención del señor Fernández, si bien
es cierto que posteriormente, si se quiere, se puede sacar algún tipo de
interpretación diferente del modelo global. Por ejemplo, nosotros no
pensamos que el Estado de las autonomías sea un mal necesario con el que
hay que convivir o que hay que aguantar, sino que creo que es un mandato
constitucional, algo positivo para el reconocimiento real de la
diversidad de España y, por consiguiente, un elemento clave de
aglutinamiento de la sociedad y de la unidad española. Me parece un
elemento importante, probablemente de distinción, aunque, en cualquier
caso, no creo que eso nos aparte del objetivo esencial que hoy supone el
intentar transferir a las comunidades autónomas aquello que es mandato
constitucional y mandato estatutario también y, por tanto, aprobado por
la representación de todos los ciudadanos de España, en consecuencia, una
obligación para el Gobierno y no una reivindicación autonómica nada más,
como he dicho también en muchas otras ocasiones.

Pasando al tema concreto que el señor Núñez me ha planteado, quiero decir
que la suya me ha parecido una intervención muy de reglamento, de si se
ha cumplido este plazo o no, de si hemos seguido este tipo de
procedimiento o no. En definitiva, no me ha parecido una opinión
realmente discrepante respecto al fondo de la cuestión. El señor Núñez
coincide en que es necesario plantear la reforma de la Administración en
un sentido modernizador, y especialmente la reforma de la Administración
periférica; el señor Núñez también está de acuerdo en que
fundamentalmente se trata de abaratar y de ser más eficaces.

Respecto a las preguntas concretas, como ha sido, por ejemplo, qué vamos
a hacer con los gobernadores civiles, no cabe duda de que lo sabremos
todos. Yo, personalmente, intentaré asumir el compromiso concreto de
resolver algo que es un problema para mucha gente y que a mí me parece
que está bien que lo planteemos, pero no como problema, sino como un
proceso que es bueno resolver llegado este momento. ¿Cómo resolveremos el
problema de la Administración periférica? El no ha apuntado soluciones,
ha apuntado enunciados: administración única, otro tipo de
administración, etcétera. Yo le digo que lo resolveremos con sensatez,
como hemos resuelto el Estado autonómico, que, con referentes concretos a
la historia de algún país o al derecho comparado, ha sido un invento
genuinamente español para resolver problemas y no para crearlos, y
precisamente resolver problemas era lo que planteaba la Administración
periférica, lo que plantea la ley del Gobierno, lo que plantea la Lofage.

No vayamos a convertir las leyes en problemas, porque los problemas,
insisto, es lo que queremos resolver con las leyes que planteamos.

Es evidente que hay un plazo incumplido, pero no solamente el Gobierno
incumple plazos, también hay muchos incumplimientos por parte de algún
partido en concreto; por ejemplo, y en cuanto al pacto local, el Gobierno
remitió, creo recordar que hace 18 meses, un documento que en algún caso
está por contestar, pero no voy a hacer ese tipo de acusación. Lo
importante es resolver el problema y resolverlo con sensatez y,
francamente, creo que en España el proceso autonómico se está resolviendo
con mucha sensatez, con una sensatez tal que en muy pocos años hemos
trasnferido casi la totalidad de lo que figuraba en los acuerdos
autonómicos y el contenido de muchos de los estatutos de autonomía.

Quiero decir también al señor Diputado del PP, a todos los grupos
parlamentarios y a la sociedad en su conjunto que me parece que en muchas
de las comunidades autónomas que hoy tienen un volumen importante de
transferencias, hace diez, doce o quince años ni siquiera existía la
conciencia --y no me refiero a conciencia autonómica, como se suele
decir-- de que eso que concretamente hoy está ejerciendo, y a veces
pidiendo más, fuera necesario transferirlo.

Por tanto, lo hemos hecho rápido; lo hemos hecho entre todos, con
generosidad y también con sensatez. La reforma de la Administración, en
un proceso de transferencias todavía inconcluso, es muy difícil de hacer,
pero vamos dando los pasos concretos para realizarlo. No creo que sea
problema de resolver la cuestión en uno o dos meses; creo que es un
problema de consenso y que eso sirva para todos. Pero, en general, no
estoy insatisfecho, aunque acabe de entrar --lo he visto desde el lado
contrario--, de los ritmos que llevamos, si bien es conveniente decir que
los responsables de esto, que somos el Gobierno y los grupos
parlamentarios, tenemos que apretar, que acelerar en la resolución de los
problemas concretos. Pero, repito, me parece que, en general, las
discrepancias, más allá de los temas reglamentarios o de procedimiento,
no han sido demasiadas, al menos en la exposición del señor Núñez. Por
tanto, creo que podemos trabajar tranquilamente, con toda la rapidez que
podamos, pero, desde luego, con la tranquilidad de que hay muchas cosas
que podemos resolver con criterios homogéneos.

Al señor Martínez Blasco le digo que, respecto a la música, que él dice
que no suena demasiado bien, tendremos ocasión de afinar. Estoy
convencido de que vamos a poder resolver muchas cosas. El cambio de
Ministro, en mi caso, no supone, en absoluto, poner el cronómetro a cero,
porque en mi intervención he asumido claramente compromisos del anterior
Ministro y del Gobierno en su conjunto, como por otra parte es mi
obligación, ya que en este caso no se trata de dejar de lado todo lo que
es la filosofía del Gobierno, pero me permitirán ustedes que en algunos
asuntos concretos, que seguramente van a suponer reformas muy importantes
para el futuro de este país, pueda reflexionar un poco sobre la intención
global de los proyectos que tenemos; antes de presentarlos al Gobierno me
permitirán ustedes unos breves días para meditar, porque estamos hablando
de asuntos muy importantes, como la Lofage o la ley del Gobierno, y yo,
que lo tengo que defender ante el Gobierno, me lo quiero pensar unos
días, si es posible, que espero que sí.

Por consiguiente, no ponemos el cronómetro a cero. Las rebajas por
traspaso no se van a dar, porque, como he dicho al principio de mi
intervención, tengo muy claro el



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sentido de Estado y aquí no se va a traspasar nada que no haya que
traspasar, nada que no esté en la Constitución y en los estatutos de
autonomía y que se pueda colegir claramente de esos dos importantísimos
documentos que son la Constitución y los estatutos. En consecuencia, no
creo que vaya a haber problemas en cuestión de rebaja; ahora, cuando a
veces se pide menor flexibilidad en los temas de traspasos, o menor
flexibilidad en los temas autonómicos, o una mayor concreción, tengo que
decir que la flexibilidad en las constituciones no es precisamente un
defecto; normalmente es una posibilidad mayor de atender, en el
transcurso del tiempo, los procesos de modernización, las voluntades
colectivas, que van cambiado, y que, sin ninguna duda, ayudan a mantener
la cohesión de un país y, en muchas ocasiones, a evitar la
conflictividad. Eso creo que lo hemos hecho bien, aunque sé que hay mucha
gente a la que le gusta criticarlo, pero no es mi caso ni espero que lo
sea tampoco, globalmente, el del Gobierno; estoy seguro de que no lo es,
al contrario, la visión es positiva. Insisto, nada que se salga de la
Constitución y de los estatutos de autonomía va a ser objeto de apoyo por
parte de este Gobierno; todo lo contrario, este Gobierno va a vigilar
expresamente que se cumplan la Constitución y los estatutos.

No sé si podremos recuperar el tiempo perdido o no. Lo que es evidente es
que si se ha podido perder algún tiempo lo vamos a intentar recuperar y
vamos a intentar resolver los conflictos que normalmente en materia de
interpretación se plantean entre ministerios; yo creo que los vamos a
poder resolver. No me cabe duda de que en los próximos meses asistiremos
a un desbloqueo en el proceso de transferencias, asistiremos también a un
desbloqueo en el proceso de las leyes y, además, asistiremos a una mejor
coordinación, entre otras razones porque la responsabilidad de
coordinación en esta remodelación ha recaído también sobre mí, me estoy
jugando mi responsabilidad y lo quiero hacer.

El representante de Izquierda Unida ha hablado de menor gestión y más
planificación y es evidente que hacía referencia a la Administración
central. He dicho con toda claridad que la Administración general del
Estado en este caso --la Administración central si se quiere-- ya no es
tan prestadora de servicios como antes. Por tanto, poner un énfasis
especial en decir que vamos a mejorar la prestación de servicios
seguramente contribuiría a confundir una parte de los objetivos
fundamentales de lo que tiene que hacer la Administración central. Eso es
lo que he querido decir, y en eso sí creo que ha habido un cambio de
orientación respecto a anteriores comparecencias en materia de función
pública. En cualquier caso, no responde más que a la realidad del Estado
autonómico. La mayor parte de competencias de gestión directa con el
ciudadano está en este momento en manos de las comunidades autónomas o de
algunas comunidades autónomas. Por ejemplo, los servicios sociales, la
sanidad o la educación, que constituye un compromiso directo de gestión
con los ciudadanos, están transferidas a buena parte o a la mayoría de
España y, por tanto, es necesario pensar en la Administración no
solamente como prestadora de servicios a los ciudadanos, sino también
desde el punto de vista de la planificación.

El tema de la reducción del déficit público no es pasar del capítulo 1 al
capítulo 2, al final todo eso está en el presupuesto. El tema del déficit
público es una cuestión importante. Sé que a veces tiene poca
consideración, lo cual también ha sucedido en el pasado. Pero ¿qué
significa el déficit público? El déficit público significa la posibilidad
de que la economía crezca menos, en consecuencia, que crezca menos el
empleo, y eso le preocupa al Gobierno y les preocupa a los ciudadanos. No
le preocupa el problema de Maastricht nada más. Le preocupa
fundamentalmente que la economía pierda oportunidad de poder crecer más
porque haya déficit. Por eso vamos a recortar los gastos de
funcionamiento y los gastos de personal. Pero no le quepa duda de que el
problema que hemos tenido y que tenemos es más bien una voluntad de
prestar cada vez un mejor servicio a los ciudadanos. Así, en materia de
sanidad hemos ido ampliando las posibilidades de dichos ciudadanos de
acceder al sistema sanitario, o en materia de educación hoy tiene derecho
a la educación gente que hace pocos años no lo tenía. Y como hemos
aumentado las posibilidades de los ciudadanos a través de servicios que
les presta el Estado, hemos tenido que aumentar en su grado
correspondiente a veces los recursos y a veces el déficit.

Al señor representante de CiU, que me ha reñido, quiero decirle que no
soy yo el que elige el momento de sacar las entrevistas en la prensa. Ya
comprendo que no era el mejor momento para CiU, pero yo creo que tampoco
es objeto de reproche; éste es un tema menor. Lo más importante es la
oferta de colaboración que he podido intuir en su declaración, que yo
creo que puede sorprender, pero en todo caso no sorprende al Ministro
para las Administraciones Públicas, que cree que puede haber un volumen
notable de colaboración con el Grupo Parlamentario de CiU, con Cataluña
en general y con las otras comunidades autónomas también. Estoy
convencido de que en este semestre de presidencia española de Europa
vamos a poder mejorar en mucho los traspasos a las comunidades autónomas.

Estamos negociando, hemos hecho transferencias a Andalucía hace unos
días, nada más tomar posesión de mi cargo; estamos negociando
transferencias con Cataluña, que creo que podremos terminar antes de
finales de este mes de julio; estamos negociando en las ponencias
técnicas transferencias con Galicia; personalmente quiero ponerme en
contacto mañana, en su toma de posesión, con el nuevo Presidente cántabro
para decirle que hemos de normalizar la situación y transferir muchas
cosas que nos quedan pendientes. Quiero decir que el compromiso que he
asumido en mi intervención se hace extensivo a otras comunidades
autónomas.

Agradezco al Grupo de Convergència i Unió su voluntad de colaboración. Es
verdad que él no tiene la culpa del resultado de las elecciones
valencianas, aunque no excluya que exista mucha gente que se la haya
echado, porque en los grupos de la oposición hay muchos que
responsabilizan precisamente al señor Pujol de mi resultado en las
elecciones, tal y como ustedes recordarán perfectamente que tuvimos
ocasión de comprobar el mismo día de mi toma de posesión en algunos
medios de comunicación. Por consiguiente,



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tampoco es ajeno a esa responsabilidad como a tantas otras.

Pienso que vamos a tener ocasión de concretar pronto su ofrecimiento de
colaboración en la Lofage, que constituye una prioridad no sólo para el
Gobierno sino para la sociedad española en su conjunto y para el
funcionamiento global del Estado, vamos a tener ocasión de comprobarlo.

personalmente no tengo ningún problema en trabajar en agosto, y de hecho
lo pienso hacer. En cualquier caso, es evidente que no afecta nada a la
salud porque hay muchos ciudadanos que lo hacen y siguen viviendo bien.

Sí que es verdad que en el pacto local podemos avanzar, y sí es verdad
que también podemos avanzar en el tema de los fondos de cohesión, sobre
el que ha habido alguna sugerencia concreta, y podemos seguir avanzando
más. Agradezco la posibilidad del consenso, me parece lo fundamental y
creo que hay bases suficientes para ello.

En cuanto al representante del Partido Nacionalista Vasco, le agradezco
la concreción que ha hecho en su intervención y el voto de confianza y la
bienvenida que me da. Respecto al desarrollo del Estatuto vasco es una
voluntad y una prioridad del Gobierno. Espero ponerme pronto en contacto
con el Gobierno vasco para hablar de las transferencias pendientes y de
cómo podemos avanzar en algún paquete concreto, que por lo demás él ha
fijado en dos temas específicos que, en principio, me parecen bien y que
nos permite una fórmula para avanzar en lo que es nuestra voluntad mutua.

También podremos avanzar en los temas de participación de las comunidades
autónomas en Europa tal y como he dicho. Podremos concretar muchos de los
temas que él ha planteado y para ello voy a tener pendiente una buena
relación con el Partido Nacionalista Vasco en este caso y también con el
Gobierno vasco espero que próximamente. Le agradezco su mayor concreción
en el tema de la Lofage y especialmente en el de los gobernadores civiles
y el Delegado del Gobierno. Creo que vamos a poder encontrar fórmulas
concretas que den una satisfacción bastante amplia a los grupos
parlamentarios de esta Cámara y también al Gobierno. Para mí eso es una
obligación fundamental que asumo con mucho gusto. La verdad es que
respecto a las cuestiones que ha planteado espero poder tener una
conversación más directa para poder relacionar mejor las respuestas.

En el caso del señor Mardones, de Coalición Canaria, he de decir, aunque
en estos momentos no está presente, que me apunto las sugerencias que me
ha hecho respecto a las necesidades concretas. Una no es de mi
departamento pero sí del Gobierno, y es la financiación de la sanidad,
que ya sé que le preocupa extraordinariamente, y también al Gobierno. La
reforma del Estatuto de Autonomía está pendiente de tramitarse en esta
Cámara y es evidentemente una responsabilidad de la misma, pero el
Gobierno tratará también de impulsarla en relación con los otros grupos
parlamentarios. Podemos trabajar en el estatuto permanente como región
ultraperiférica de la Unión Europea. Y apunto también la reactivación de
las comisiones bilaterales. Creo que ha habido una buena oferta de
colaboración que este Ministro acoge con satisfacción. Insisto en que
estamos aquí para que mejoren las cosas, pero ha habido un buen
funcionamiento del Estado de las autonomías, que vamos a mejorar en el
capítulo de las transferencias y consiguientemente el de la función
pública. Con los datos que tengo en este caso tenemos razones para pensar
que puede haber una relación de consenso importante, y vamos a buscar
todos juntos en el futuro una buena solución a un problema que lo fue en
su día y que hoy cada vez afortunadamente lo es menos.

Gracias y perdón por la extensión.




El señor PRESIDENTE: Se abre un breve turno de puntualizaciones.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Sí, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández, tiene usted la palabra.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Perdón, señor Presidente, quería ser tan breve y
tan rápido que me he anticipado a la autorización del Presidente. Le pido
disculpas. Se lo puede creer porque voy a ser brevísimo.

Al señor Ministro le agradezco el tono de su intervención en relación con
lo que le dije, no tanto en cuanto al contenido, porque ha utilizado el
método Ollendorf: «Usted pregunte lo que quiera y yo contestaré lo que me
dé la gana.» Yo le pregunté por la voluntad política del señor Ministro
en relación con la convocatoria o no de las instituciones representativas
de las comunidades autónomas de Ceuta y Melilla a las conferencias
sectoriales, singularmente, y de entre ellas, al Consejo de Política
Fiscal y Financiera, y no me ha hecho referencia a ello, no sé si por
olvido o por omisión voluntaria. Si fuera por olvido tiene ahora la
ocasión en este turno de decirme algo.

En todo caso, señor Ministro, me da la impresión de que ha venido con una
idea preconcebida en cuanto a cuál sería la voluntad y posición política
del Grupo Parlamentario Popular en relación con el desarrollo
constitucional en el ámbito autonómico. En ningún momento he hecho
referencia al Estado autonómico como un mal necesario. Sabe el señor
Ministro que ni ésa es la posición de mi Grupo Parlamentario, ni la de
este modesto portavoz. En ningún momento, insisto, concebimos el Estado
autonómico como un mal necesario. Por tanto, creo que puestos a aprobar o
suspender y a hacer juicios de intenciones, éstos los hizo usted antes.

Yo estaba esperando saber cuál es la voluntad descentralizadora del señor
Ministro, ya que ha dicho que duda mucho de la voluntad descentralizadora
del señor Aznar. Es decir, antes de que, en todo caso, las urnas decidan,
si es la voluntad mayoritaria de los españoles, que sea Presidente del
Gobierno, usted ha procedido a suspenderle en cuanto a su voluntad
descentralizadora.

Hoy no le podemos aprobar o suspender, señor Ministro, en cuanto a su
voluntad descentralizadora, porque lo cierto es que no ha dicho nada.

Usted ha dicho, lo tengo aquí, señor Lerma: «Aznar no cree en la
descentralización.» Yo hoy tendría muchas dificultades para creer o no



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creer en su voluntad descentralizadora porque, insisto en ello con todos
los respetos, no ha dicho nada que pueda llevar a la conclusión de que lo
aprobamos o lo suspendemos, y eso es lo más grave. En todo caso, insisto,
como tiene usted ahora el turno de réplica, tendrá la oportunidad de
manifestarse y que le aprobemos o le suspendamos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Voy a tratar de ser tan breve como mi compañero
Fernández. (El señor Marcet i Morera: Es imposible.) ¿Qué es imposible?



El señor PRESIDENTE: Démosle un voto de confianza, señor Marcet.




El señor NUÑEZ PEREZ: No pierda la confianza, señor Marcet, aunque le
tengo que dar unos recaditos y a lo mejor por eso la intervención va a
ser un poco más larga, porque usted siempre se mete conmigo y me parece
muy bien, está en su perfecto derecho.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, el compareciente es el señor Ministro,
no el señor Marcet.




El señor NUÑEZ PEREZ: Tiene usted razón, pero el señor Marcet me ha
estado aludiendo durante los cinco primeros minutos de su intervención.

Lo que le agradezco mucho porque demuestra siempre que le interesa lo que
digo y siempre está atento.

Señor Ministro, ¿quiere usted conseguir la credibilidad? Ojalá la
consiga. Estamos dispuestos a intoxicarnos de credibilidad, fíjese lo que
le digo, pero para eso tiene usted que demostrar cómo, como dice el
Astete: Muestre usted cómo. No nos ha dado ni una sola respuesta concreta
a ninguna de las preguntas que yo le hice. Hay una muy importante y que
políticamente es trascendental: ¿Por qué no enviaron la Lofage antes del
30 de junio? ¿Por qué nadie nos ha dado ninguna explicación? ¿Le parece a
usted poco el dejar sin respuesta esa pregunta trascendental, que es un
compromiso contraído en el debate del estado de la nación por el
Presidente del Gobierno? Empiece usted a darnos dosis de credibilidad,
que estamos dispuestos, señor Lerma, se lo digo de verdad y con toda la
cordialidad, a tener credibilidad en su gestión y a apoyarle dentro de lo
que es una oposición leal y constructiva.

Dicho esto tengo que añadir lo siguiente: Yo no he venido a examinarme,
señor Lerma; es usted, señor Ministro, el que ha venido a comparecer y a
exponer su programa. Por tanto, nosotros no podemos ofrecerle propuestas
alternativas. Ya las hemos ofrecido a lo largo y ancho de todas las
legislaturas y algunas nos las han copiado ustedes sin pagar derechos de
autor y nos parece muy bien; en otras no nos han hecho ni caso, y así les
va. Por tanto, no espere usted que hoy, a pesar de que le hicimos
sugerencias importantes, concretamente nuestras propuestas. El examinado
es usted, y para nosotros, con todos los respetos, está suspendiendo el
examen. Vamos a ver si en septiembre le damos una oportunidad.

Le tengo que decir al señor Marcet, en función de la premura de su
comparecencia, que nunca se le pasó por la imaginación a nuestro Grupo
traerlo aquí a comparecer antes de los cien días de rigor. Lo que sí dije
es que me hubiera gustado que alguien compareciera para explicar por qué,
llegado el 30 de junio, no se cumplieron los compromisos, y la persona
que tenía que venir era el Ministro de Educación y Ciencia. Por tanto,
era en otra Comisión donde debería comparecer. Eso es lo que dijimos,
pero precipitar su venida nunca estuvo en nuestro ánimo.

En cuanto a lo que el Presidente del Gobierno esta mañana reclamaba como
demostración de que este Gobierno actuaba, le remito al vídeo o a que le
repitan el programa, que a lo mejor se lo repiten por tratarse del
Presidente del Gobierno, verá usted como dice: «que me digan qué
proyectos de ley no hemos enviado». Pues bien, ahí tiene el recado de dos
proyectos de ley que no nos han llegado.

Luego dije lo de meterme en política, pero no recordando una anécdota que
la contó muy mal el señor Marcet, porque a quien le respondió así fue al
Ministro Ruiz-Jiménez, que no sé qué le pasaba con otro ministro y le
dijo: «No se meta usted en política; haga lo que yo.» Yo me estaba
acordando de mi padre, que fue alcalde con Azaña en el año 1936 y lo pasó
mal el pobre hombre. Y cuando yo me metí en política en el año 1977 me
dijo: «Hijo mío, no te metas en política que vas a llevar muchos
disgustos.» Me estaba acordando de esa historia. Por tanto, cada uno
tiene sus anécdotas para contar.

Finalmente, señor Presidente, señor Ministro, tengo que referirme a un
tema muy interesante y muy concreto. Usted ha hablado de reordenar las
estructuras administrativas y de una microcirugía necesaria para ponerlas
en buen funcionamiento de cara al mejor servicio de los ciudadanos.

Efectivamente, en base a conseguir una Administración más ágil y más
eficaz dio unos enunciados de medidas muy concretos: mejora de la
información, mejora de la calidad, mejora de la eficiencia, reducción de
los tiempos y reducción de los documentos, para que vea que le estamos
atendiendo incluso tomamos nota. Pero hay que decir cómo, porque eso lo
dice cualquier plan de modernización, a pesar de lo mucho que le ha
gustado el nuevo tono, la forma de exposición que usted ha hecho al señor
Marcet.

¿Sabe cuántos trámites se necesitan en estos momentos para crear una
empresa? Pues se necesitan 42; los tengo aquí, uno por uno. El
planteamiento suyo era el de reducir los trámites y evitar éstos y éstos,
o hacer una ley en donde simplifiquemos la cuestión.

No sigo, señor Presidente. Quería hablar de otras muchas cosas, pero
evidentemente no me lo perdonarían mis compañeros. En septiembre
tendremos ocasión de volver a vernos y entonces seguiremos debatiendo
estas cuestiones. Repito otra vez, el examinado es usted, señor Ministro,
pero tiene que volver para que conozcamos en serio cuál es su programa de
actuaciones. En principio le tengo que decir, y no me duelen prendas, que
me suenan bien los enunciados; lo que no suena bien es la medida, y lo
que no



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tiene usted a su favor es la credibilidad en el cumplimiento.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: Esta comparecencia hay que tomarla como un
guión. Si he señalado que no me gustaba, no es tanto por el guión en sí,
sino porque no encuentro explicación a que en estos momentos, agotada,
como parece, la legislatura, por mucho que se diga, enunciar de nuevo una
serie de intenciones tenga valor político diferente del que he señalado
de la liquidación o bien intentar recuperarla.

Dice el ministro que va a haber tiempo suficiente para desbloquear. Ha
dicho claramente que hay que desbloquear transferencias y proyectos. Lo
primero que conviene hacer son unas reflexiones de por qué los bloqueos.

Si ha estado bloqueado tanto el tema de las transferencias como los
proyectos de ley, por las razones que más o menos todos conocemos o
intuimos, yo pongo en cuestión que en los seis u ocho meses que quedan de
esta legislatura, con las dificultades políticas por la decisión ayer
mismo de sus socios y por otra serie de razones, vaya a permitir hacer en
esos seis u ocho meses lo que no ha sido posible en un período político
más fácil para el Gobierno. En todo caso, hay que reconocer que un avance
que el Gobierno advierta que ha habido bloqueo.

El tema de los textos de los proyectos me parece fundamental para este
país. Es más, he señalado que en algunos como en el del Estatuto de los
empleados públicos, sería imprescindible que fuese cuestión de meses para
evitar mayores desbarajustes de los que ya se están produciendo con los
planes de empleo y con las leyes de acompañamiento. Sería imprescindible
que tuviésemos delante el marco general, y en ese sentido, me atrevo a
pedir al señor ministro que en cuanto pasen esos días, en los que dice va
a repasar los textos, que nos los haga llegar. En una comisión anterior
llamaba la atención que el portavoz del Partido Nacionalista Vasco hacía
referencia a que él tenía documentos y yo no los tenía. Ahora me
sorprende porque el Partido Popular hace referencia a un documento de
junio de 1995, y este grupo no tiene ese documento. (El señor Marcet i
Morera: Nosotros tampoco.) Podríamos utilizara todos el mes de agosto
para ir leyendo, una vez que lo haya hecho el señor ministro, los
documentos de esas leyes tan importantes.

El segundo tema sobre el que me gustaría incidir es que me alegro de que
cuando ha dicho el ministro menos gestión y más planificación, se refiera
a la Administración central en relación con las administraciones
autonómicas y locales. De lo contrario, estaríamos en una línea que
también tiene defensores en el Partido Socialista en el sentido de que la
Administración debe planificar y las empresas privadas pueden gestionar
los servicios públicos. Por tanto, constato aquí, aunque observamos que
se están privatizando y tendremos ocasión de ir repasando con los
diferentes planes de empleo y los ajustes que se produzcan en los
servicios si es o no una privatización más o menos encubierta.

Por fin el tema relativo a los ritmos de transferencias, que han sido
insuficientes. En relación con las transferencias y con la planificación
y la gestión sobre la que ha dicho que la gestión fundamental de los
servicios en estos momentos (Sanidad y Educación) la hacen las
comunidades autónomas, he planteado un tema sobre la Educación; es decir,
si la transferencia de Educación a las comunidades autónomas que no
tienen entraba dentro del plazo del 31 de diciembre, pero toda la
educación, porque no encuentro diferencia que se hagan en base a que haya
que aplicar la totalidad de la LOGSE, porque eso no se tuvo en cuenta con
otras comunidades autónomas, y no encuentro dificultades para que no se
haga con el resto de las del 143.

He mencionado el tema de la Sanidad. Una de las experiencias más
negativas que tenemos en los últimos meses en cuanto a servicios
públicos, es la disfunción en materia de administración sanitaria,
precisamente porque se ha transferido más del 50 por ciento y, en
consecuencia, queda menos del 50 por ciento sin transferir. Eso ha
provocado unas huelgas larguísimas y unas disfunciones. ¿No piensa el
nuevo ministro que en el paquete de los servicios que deben ser
gestionados por las comunidades autónomas para que la Administración
central se quede fundamentalmente con la planificación debería entrar
también la Sanidad?



El señor PRESIDENTE: Señor Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Por mi parte, voy a ser de una extrema brevedad
para comentar las palabras del señor ministro en respuesta a la
intervención de mi compañero, señor Nadal. Son dos cuestiones, una
reafirmación y una pregunta que voy a plantear al señor ministro.

Las dos cuestiones son dar importancia a todo lo que ha hecho referencia
el señor ministro, sobre todo en la última contestación al tema de los
traspasos pendientes, no sólo lo que puede afectar a Cataluña, sino a
todas las comunidades autónomas a las que ha hecho referencia. Remarcamos
por parte de nuestro grupo la importancia al tema de los traspasos
pendientes, así como la referencia a los fondos de cohesión y de
cooperación, otro paquete al que hay que dar suma importancia.

Una reafirmación son las palabras de mi compañero Nadal cuando finalizaba
su intervención y decía, así lo repito, que en esta nueva línea que hemos
cogido, dentro de nuestra recuperada libertad (Rumores.), la reafirmación
de una adecuada colaboración.

Y la pregunta final sería la siguiente, señor ministro. Me parece muy
bien que en agosto continúe su actividad, espero que febril, dada la
importancia del tema que habrá constatado por las intervenciones de los
distintos portavoces. Le pregunto si va a ser posible tener en septiembre
la famosa Lofage. Esta sería la pregunta final que dejo encima de la
mesa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marcet.




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El señor MARCET I MORERA: Se trata de una petición de palabra, no tanto
para replicar al señor ministro, sino por alusiones.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia no puede hacer constar alusión
alguna a su persona ni a su comportamiento. Su señoría está en el uso de
la palabra, pero no por alusiones.




El señor MARCET I MORERA: Muchas gracias.

Tres temas muy concretos, señor Presidente. Primero, comparecencia del
señor ministro. El lunes en el que toman posesión el señor ministro y los
ministros que cambian de cartera se anuncia la solicitud de convocatoria
de la Diputación Permanente para pedir la comparecencia de los ministros
en las tres comisiones correspondientes. Ello induce al Gobierno a
solicitar la comparecencia para evitar la celebración de una Diputación
Permanente. Segunda cuestión, la anécdota tan traída de Franco. Sé que es
una anécdota que en una de sus versiones se refiere a Ruiz-Jiménez, pero
era una frase que parece ser le gustaba mucho decir al dictador. Incluso
en la famosa película «Espérame en el cielo», la reproduce dirigida a
quien hacía de su doble. Es una anécdota que tiene diversas versiones y
diversos interlocutores, pero la anécdota existe.

Por último, las palabras del señor Presidente. Tengo la mala costumbre de
tomar nota de las palabras que dice el señor Presidente del Gobierno en
sus comparecencias televisivas. He tomado nota muy clara de que cuando se
dice que el Gobierno no toma todas las decisiones porque el Gobierno es
débil, ha hecho alusión a que había que poner algún ejemplo cuando se
hacía este tipo de reproche o de ataque y no que se pusiera como ejemplo
el envío o no de proyectos de la ley al Parlamento.




El señor PRESIDENTE: Para el trámite de conclusiones, tiene la palabra el
señor ministro.




El señor MINISTRO PARA LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Lerma i Blasco):
Antes de nada quiero agradecer al Grupo Socialista su anterior
intervención que olvidé mencionar en mi respuesta.

No estoy aquí para hacer titulares; por tanto, no voy a insistir en ver
quién va a suspender a quién, porque, evidentemente, no yo he venido a
examinarme ni ustedes tampoco a aprobarme o no. Se trata fundamentalmente
de exponer los planteamientos del Gobierno en materia de mi departamento
y, naturalmente, someterlos a discusión con los proyectos que ustedes
pueden tener, no con la negación permanente de la realidad. En todo caso,
no voy a entrar en eso.

Sí me quiero referir a las alusiones que hacía usted a una entrevista mía
sobre el señor Aznar. Considero firmemente que Aznar sí cree en la
descentralización; pero la descentralización es una cosa y lo que estamos
haciendo es el Estado de las autonomías, que es bien otra. Ciertamente,
ya decía en mi entrevista que estamos hablando de un juicio de intención
que, naturalmente, está por demostrar. No vayamos a ir mucho más allá.

¿Por qué no entregamos la Lofage antes del 30 de junio? Parece ser la
pregunta fundamental y el mayor grado de discrepancia que tiente el
Partido Popular con nosotros, según me ha parecido intuir.

No la entregamos porque hubo un cambio de Gobierno y porque previamente
se había dicho con toda claridad que se entregaría después del 28 de
mayo, para evitar las tentaciones demagógicas o populistas que alguien
pudiera tener --y no estoy haciendo referencia a nadie en concreto--
porque era un tema muy importante, una cuestión de Estado que no convenía
utilizar en la lucha política cotidiana de unas elecciones pues después
uno se puede arrepentir de las cosas que ha planteado. Yo creo que era
buena razón. Es verdad que hay un motivo muy claro para preguntar por qué
el 30 no se entregó, pero usted y todos los demás saben perfectamente la
respuesta concreta: los responsables directos no están en este momento en
el Gobierno o en el departamento que tenía la responsabilidad de
entregarlo; estoy yo y lo voy a hacer, con el permiso de todos y con su
ayuda, por supuesto.

Los trámites que son necesarios para crear una empresa no sé si son 42 o
no. Lo que sí sé es que en buena medida desde aquí no lo podemos arreglar
porque la mayoría de ellos seguramente ya estarán transferidos y
corresponderán a las comunidades autónomas. Por tanto, desde aquí podemos
colaborar, pero no cabe duda de que ese tema, que es muy importante, no
lo podemos resolver solos. Es muy importante, hay que procurar reducir
los trámites y en esa voluntad también nos encontrará a nosotros.

En cuanto al tema planteado por Izquierda Unida, quiero agradecer de
nuevo su intervención y también su tono. No hay tanto descontrol general,
pero, en cualquier caso, vamos a procurar hacer todo lo que podamos por
mantener un adecuado marco general de referencia, que la gente sepa muy
bien qué va a pasar. Desde luego, lo queremos hacer.

Pregunta concreta que ha planteado: ¿El plazo del 31 de diciembre afecta
también a las transferencias de educación? Yo creo que debe dejar usted
que sean las comunidades autónomas las que planteen estas cuestiones,
porque la verdad es que hay un proceso de igualación de posibilidades de
cada comunidad autónoma y hace que en un determinado momento decidan no
plantearse la reivindicación permanente de algo que saben van a tener al
final ya, sino plantearse la transferencia en el mejor momento, en el
momento en que se ha producido la igualación de posibilidades. Aquí
estamos haciendo un modelo según el cual el mejor autonomista es el que
está permanentemente reivindicando, y con prisas a veces, temas de los
que luego realmente se puede arrepentir, como se ha arrepentido el
Presidente de Murcia de que le hubieran transferido la Universidad, o
como otros presidentes concretos parece que se arrepienten en un
determinado momento de la prisa que les entró por tener el título nominal
de la transferencia. Dejemos que sean las comunidades las que planteen el
ritmo a que se tiene que transferir, que no sea este ministro el que
decida que el 31 se lo transfiere todo, quieran o no. En el caso concreto
de Educación, es realmente una transferencia compleja que habrá que ir
traspasando tranquilamente,



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en función también de la voluntad de las comunidades autónomas, por
supuesto.

El caso concreto de la Sanidad no está contemplado en los acuerdos; pero,
desde luego, sí le quiero decir que el proceso de transferencias no es lo
que ha provocado la huelga, por que, si bien es verdad que en ella se han
planteado muchas cuestiones de retribuciones diferenciadas en un sitio o
en otro, aparte de las retribuciones también había un trabajo diferente
en unos lugares y otros que se ha de tener en cuenta también a la hora de
la retribución.

Claramente, la respuesta de ahora no es: vamos a transferir la Sanidad a
las otras comunidades. Eso no es lo que toca decir ahora; ahora lo
fundamental es explicar que vamos a procurar transferir lo que está
acordado y, a partir de ahí, podremos hablar después de las demás cosas
que el ministro está absolutamente dispuesto a tratar.

¿Podremos tener la Lofage en septiembre? Esa es mi voluntad; espero que
sí. No solamente depende de la voluntad del Gobierno, sino también los
demás grupos para negociar las posibilidades de obtener una mayoría
amplia que yo espero se podrá dar. Desde luego, ni voluntad es, sin dar
un plazo que pueda salir y cuanto antes.

Nada más y muchísimas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro. Antes de levantar la
sesión, esta Presidencia desea comunicar a los miembros de la misma que
el próximo día 26 de julio, a las 11,30 horas, el Presidente, juntamente
con el Vicepresidente de la Cámara, recibirá a un grupo de parlamentarios
de Corea del Sur. A lo mejor interesa a alguno de sus miembros acompañar
al Presidente. Parece que los gestos no son de asentimiento.

Consecuentemente, agradeciendo la presencia del señor ministro y deseando
a SS. SS. unas muy buenas vacaciones --que desearíamos también al señor
ministro, aunque sea una escasa semana--, se levanta la sesión.

Muchísimas gracias.




Eran las dos y treinta minutos de la tarde.