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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 542, de 06/07/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 542
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 28 (Extraordinaria)
celebrada el jueves, 6 de julio de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán
Martínez), para informar sobre política general del Gobierno en relación
con el sistema español de protección por desempleo. A petición propia.
(Número de expediente 214/000113.)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Se abre la sesión, con un orden del día que consiste en la comparecencia
del excelentísimo señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social para
informar sobre la política general del Gobierno en relación con el
sistema español de protección por desempleo. Es una comparecencia que se
produce a petición del Gobierno.
El señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): La
protección por desempleo, como saben SS. SS., tiene su fundamento
constitucional en el artículo 41 de la Constitución, que ordena a los
poderes públicos mantener un sistema público de Seguridad
Social que garantice prestaciones suficientes en situaciones de
necesidad, especialmente en caso de desempleo. A partir de este mandato
constitucional, la Ley básica que regula la protección por desempleo es
la Ley 31/1984, de 2 de agosto, que ha sido sucesivamente modificada, en
aspectos de su financiación, en 1987; en aspectos sancionadores, en 1988;
en la ampliación del nivel asistencial, en 1989, y en la reordenación del
sistema, ampliación del nivel asistencial y racionalización del gasto en
1992 y, posteriormente, para mantener el equilibrio financiero y
presupuestario, en 1993. Marco general este que se completa con una
normativa específica para colectivos determinados, como es el caso del
subsidio por desempleo para trabajadores eventuales incluidos en el
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.
El sistema de protección desde 1985, desde el comienzo de la aplicación
de la Ley de 1984 hasta el momento actual, ha pasado de 1.200.000
beneficiarios reales existentes en 1985 a 1.000.904 en 1994, con una
cifra máxima de 2.100.000 que hubo en 1993, siendo así que en 1985 el
número de parados registrados era de 2.650.000 y hoy estamos en
2.450.000. El gasto también pasó de 771.000 millones de pesetas, en 1985,
a algo más de dos billones en 1994, multiplicándose, en consecuencia,
casi por tres, en tanto que el producto interior bruto en este mismo
período de tiempo se ha multiplicado por 2,2.
En esta evolución, que es relevante por el crecimiento de beneficiarios y
el gasto total en prestaciones, podríamos distinguir tres etapas
claramente deferenciadas. Una primera, que comprende los años 1985 a 1989
inclusive, se caracteriza por un nivel estable en el número de
beneficiarios y un notable equilibrio entre los ingresos y los gastos. Se
mantiene también un nivel constante en la participación del gasto por
desempleo en el producto interior bruto, en torno al 2,4 por ciento. La
incidencia del sistema en el déficit público es prácticamente nula y
predomina la financiación del sistema a través de las cotizaciones
sociales. Estamos hablando de que en este período de tiempo la tasa de
cobertura fue en todo él, aproximadamente, del 30 por ciento.
En datos reales, esto es, hablando siempre de datos estadísticos
reconstruidos, en este período de tiempo el número de beneficiarios
aumentó en 138.000 personas aproximadamente, pasando en estos cinco años
de 1.247.000 a 1.385.000. Este aumento se produjo, además, en los dos
niveles de protección, tanto en el contributivo como en el asistencial.
La segunda etapa, que comprendería el período entre 1990 y 1993,
manifiesta una incorporación creciente, una incorporación bastante
espectacular de nuevos beneficiarios al sistema, de forma que en estos
cuatro años a los que me estoy refiriendo se incorporaron 747.646
protegidos más que en 1989. Esto representó una tasa de crecimiento en
este período del 71 por ciento. Por otra parte, esta evolución se
corresponde en su tramo final con una fase descendente del ciclo
económico que, además, se traduce en un debilitamiento de la actividad,
una destrucción en volumen importante de empleo y, consecuentemente
también, un incremento de los beneficiarios de las prestaciones por
desempleo. A ello hay que añadir las modificaciones que se efectuaron en
1989 en el nivel asistencial, que motivaron también un incremento
considerable de los beneficiarios del subsidio.
Este incremento tan intenso en tan corto espacio de tiempo, sin
precedentes en el sistema de protección español en todo su conjunto --y
creo que con muy pocos precedentes en cualquier país de nuestro entorno
europeo--, supuso una mayor atención de los desempleados en un momento de
crisis económica, pero también que se manifestaran fuertes desequilibrios
financieros en el sistema de protección.
El gasto en protección por desempleo aumentó en estos cuatro años en un
64 por ciento, mientras que el PIB en ese mismo período de tiempo creció
menos del 22 por ciento. Como consecuencia de esta evolución se produjo
un cambio de tendencia espectacular en la participación del gasto en el
producto interior bruto, de forma que en estos cuatro años se pasa de una
tasa del 2,4 por ciento, en 1989, al 3,5 por ciento al final del período,
situándose España prácticamente a la cabeza de la Unión Europea en
recursos asignados a la protección social del desempleo en relación con
el producto interior bruto.
Este gasto en protección por desempleo y las dificultades existentes para
poder financiarlo, para poder pagarlo, llevó a que entre un 10 y un 15
por ciento del déficit público de estos años fuera generado precisamente
por el sistema de protección de desempleo. Entre 1990 y 1993 medio punto
del déficit público de cada año procede de estas prestaciones. En este
mismo período de tiempo fueron necesarios 1 billón 112.000 millones de
pesetas en créditos extraordinarios o en suplementos de crédito para
cubrir insuficiencias presupuestarias. Cabría, pues, decir que nuestro
alejamiento en esta fase de los criterios de convergencia, por lo que a
déficit público se refiere, fueron en buena medida consecuencia de la
insuficiencia de recursos obtenidos en el sistema de desempleo para
abordar sus propios compromisos, y les recuerdo que en 1993, último año
de este período, apenas se recaudó 1 billón 90.000 millones de pesetas en
cotizaciones sociales, mientras que el gasto total por desempleo superó
los 2 billones 100.000 millones de pesetas. Precisamente por eso, ya al
final de este período hubo que tomar medidas, y además hubo que tomarlas
con urgencia.
La imposibilidad de mantener un esfuerzo presupuestario en materia de
prestaciones de tal envergadura condujo necesariamente a la urgente
modificación del sistema, porque en política económica hay que tomar
decisiones y, además, seleccionar los objetivos y priorizarlos
convenientemente. En el desempleo hubo que ordenar, hubo que racionalizar
el gasto procurando que incidiera en la menor medida posible sobre los
colectivos con mayores dificultades para la reinserción y sobre aquellos
con más bajos niveles de rentas, esto es, sobre los colectivos
constitucionalmente protegibles. Así, se abordó en primer término la
reforma de 1992 que permitió romper la tendencia de incremento interanual
del gasto sin deteriorar el nivel de protección y, posteriormente, como
consecuencia del agravamiento de la crisis en 1993 y el importante
déficit público que se sigue produciendo, la reforma de ese mismo año.
Se pretendió, con una y con otra, consolidar el derecho a la protección
por desempleo a través de prestaciones suficientes en caso de necesidad,
como señala la Constitución, lo que solamente era posible, además,
asegurando el equilibrio financiero del sistema público de protección.
Partimos, ya lo dijimos en esta Cámara, del convencimiento de que en
desempleo, como en todos los campos de actuación del Estado, los gastos
tienen que ser coherentes con la finalidad que se persigue de dar
cobertura a situaciones de necesidad y, por tanto, de promover también
con estas medidas no solamente la protección de quien lo necesita sino la
promoción y búsqueda del empleo, en un coste económico soportable para
toda la ciudadanía. No se perseguía, sin embargo, un ahorro
indiscriminado y la virtud de tales medidas, las de 1992 y 1993,
estribaba precisamente en que se quiso afianzar la naturaleza de la
prestación en los términos que está establecida en el artículo 41 de
nuestra Constitución, que garantiza prestaciones sociales suficientes en
caso de necesidad.
Se reforzó, recuerden ustedes, el principio de involuntariedad en la
pérdida de empleo para poder acceder a la protección. Se suprimieron como
causas legales de desempleo todas aquellas en las que se apreciara cierta
voluntariedad del trabajador, o que encubren situaciones de bajas
voluntarias previas a rescisiones de contrato durante el período de
prueba, y, de igual manera, la involuntariedad en la situación debía
mostrarse mediante la búsqueda activa de empleo, la aceptación de ofertas
o la participación en opciones de formación y cualificación profesional.
Asimismo saben ustedes que se reordenó el nivel asistencial, se aproximó
la cuantía de la prestación a los porcentajes legalmente previstos en
relación con las rentas netas dejadas de percibir por el trabajador y se
hicieron, en fin, una serie de modificaciones que tenían como fundamento
mantener los equilibrios financieros del sistema sin perder de vista la
necesidad de proteger a aquellos que lo necesitaban.
Las reformas que se introdujeron entonces --insisto, en 1992 y 1993--,
junto a la constatación y consolidación de la recuperación económica, ya
visible a partir de mediados de 1994, han hecho que la situación y las
tendencias hayan cambiado en los últimos meses radicalmente. Por eso
podemos hablar de una tercera etapa, la etapa en la que estamos, 1994 y
lo que va de 1995 --este último período muy corto para concluir un
análisis fiable--, en la que se ha producido una disminución en términos
reales del gasto en desempleo, sin que por ello creamos que se ha dejado
de proteger o mantener el principio de protección consagrado en la
Constitución.
La tasa de cobertura real alcanza en los cuatro primeros meses de 1995,
cuando la reactivación está consolidada y después de las reformas
descritas, el 59 por ciento, seis puntos por encima de la de 1990, y más
de veinte puntos por encima de la tasa de cobertura en 1985. Conviene
destacar que una parte significativa, difícil de cuantificar por otra
parte, del descenso y retorno a los niveles de cobertura existentes en
los años 1990 y 1991, próximos al 60 por ciento, está generada por la
reincorporación a la población activa y, por tanto, también a los
registros de paro, que es un proceso habitual en las fases expansivas de
la economía, de colectivos que en tiempos de recesión se desmotivan en la
búsqueda del empleo. La incorporación de estos colectivos, lógicamente no
protegidos, provoca siempre un efecto penalizador de notable importancia
sobre la evolución de la tasa de cobertura, que es el que con especial
significación se ha producido en 1994 y lo que va de 1995.
No debe olvidarse que por la propia naturaleza de la protección por
desempleo y por la distinta configuración del desempleo en épocas de
recesión y en épocas de crecimiento resulta muy difícil medir en términos
comparativos que sean válidos porcentajes de cobertura. Los datos
disponibles de 1995 manifiestan que los indicadores de la protección no
están siendo influidos en sus variaciones por las reformas anteriormente
citadas, bien al contrario, uno de los indicadores más significativos,
como es el de la tendencia al agotamiento de la prestación (porcentaje de
bajas por finalización del derecho sobre bajas totales en la protección),
ha descendido desde un 50,4 por ciento en 1994 a un 42,9 por ciento en
1995, con el consiguiente incremento de las bajas en la percepción,
consecuencia de colocaciones. Es decir, aumenta el porcentaje de parados
de nueva incorporación sobre el de parados que han agotado los períodos
de percepción de la prestación.
Se ha logrado, por tanto, un equilibrio financiero del sistema, lo que
asegura supervivencia en el futuro. El Gobierno no tiene prevista en este
momento una modificación de la protección por desempleo, su propósito es
incidir en las políticas activas de empleo en línea con las
recomendaciones del Consejo Europeo de Essen y el papel del Inem.
El nuevo marco en el que se sitúa el Inem como servicio público de empleo
exige una adaptación continua para poder atender a las necesidades
sociolaborales que en cada momento debe afrontar un servicio público de
empleo para cubrir áreas del mercado a las que difícilmente accederían
las nuevas entidades. El saneamiento financiero del sistema de protección
por desempleo que se ha conseguido con las reformas legales y con las
indudables mejoras de gestión y control de los últimos años, además de la
tendencia favorable en la evolución del empleo, permite a corto y medio
plazo realizar una planificación del Inem, tanto presupuestaria como de
gestión, en la que se ponga el acento en el campo de las políticas
activas, tal y como ha quedado reflejado en las últimas decisiones que ha
tomado el Ministerio de Trabajo con respecto al Inem.
El trasvase de gastos de políticas pasivas a políticas activas sólo es
posible en épocas de crecimiento económico. El mantenimiento del gasto
como recurso debe ser asumido desde una visión amplia, de tal manera que
la expansión económica sirva para mantener unos niveles de ingresos en
quienes pierden empleo, pero también debe servir para aumentar la
compatibilidad entre el empleo ofrecido y las aptitudes de los que desean
trabajar y prestar asistencia especial a quienes se encuentran con más
dificultades para encontrar un puesto de trabajo en el mercado.
Pero, señorías, el Gobierno sí quiere y necesita conocer en profundidad
la relación que pueda existir entre los supuestos protegidos legal y
jurídicamente y las situaciones de necesidades reales que se puedan
constatar en los registros
de desempleo. Por eso el Inem piensa hacer este otoño un estudio
pormenorizado sobre cuál es la protección real del sistema para tratar,
en su caso, de corregir los efectos negativos que pudiera tener la actual
normativa, es decir, analizar cuál es el espacio de cobertura, analizar
quiénes son los que están desprotegidos y quiénes los protegidos y, en
todo caso, mantener la legislación siempre en ese interés que tenemos de
proteger situaciones de necesidad en la protección por desempleo. Todo
esto, también quiero decírselo señorías, en el entendimiento de que en
ningún caso procederá el abandono de la senda de equilibrio financiero y
presupuestario que se ha acometido y que en estos momentos se mantiene.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.
Para expresar su posición en torno a la intervención del señor Ministro,
en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Ministro, por su comparecencia.
Creo que mis primeras palabras deben ser para destacar la importancia que
pueden tener, dentro del principal problema que la sociedad española
tiene planteado como es la indudable importancia cuantitativa y
cualitativa del paro en España en términos absolutos y relativos también
frente al resto de socios de la Unión Europea, las actuaciones de
protección respecto a los trabajadores desempleados y especialmente
--creo que es la reflexión a la que nos ha llevado la intervención del
Ministro y el objeto de una interpelación que en su día no pudo
sustanciarse-- si ahora que pueden percibirse los efectos del que fue
denominado «decretazo» nos encontramos ante una situación igual, mejor o
peor que la preexistente.
Lógicamente, yo coincido con el señor Ministro en que sigue habiendo tres
grandes líneas de medidas que deben ser puestas en funcionamiento. Lo que
no está claro, lo que el Grupo Popular no entiende es por qué el orden de
estas medidas ha sido tal vez el peor.
Es necesaria una reforma a fondo del Inem y eso lo ha dicho nuestro Grupo
en muchísimas ocasiones. El Inem debe dedicarse fundamentalmente a la
formación profesional y a la intermediación en el mercado de trabajo.
Debe haber, como dice nuestra Constitución y es un principio que supongo
que todos los grupos políticos asumen con firmeza, protección hacia los
desempleados, pero el objetivo del Inem, antes incluso que el del pago
eficiente de unas nóminas, es proporcionar un nuevo puesto de trabajo en
clave de esa intermediación y en clave de dotar al trabajador de la
formación necesaria. Indudablemente, deben existir unas medidas de
control sobre las prestaciones. Se ha dicho --y nuestro Grupo lo
mantiene-- que si socialmente es condenable el fraude fiscal tan
condenable o más serían los fraudes de tipo social, esto es, que en un
país con escasos recursos destinados a la protección social puedan
existir situaciones que no se correspondan con la legalidad ni con la
ética, y sólo en última instancia un país debe ser consciente de cuántas
son las cantidades que puede destinar, a través de sus presupuestos, a
esta protección. Pero mucho me temo que, como en su día señalamos, en
lugar de llevar un orden lógico, el Gobierno optó por una política que
nosotros no podemos compartir. Si recuerda --y estoy seguro que sí lo
recuerda--, señor Ministro, fue el desbordamiento del déficit del propio
Inem, por cierto, déficit acumulado y del que no fue debidamente
informado el Parlamento en tiempo y forma y que afloró en grandes cifras
--todos recordamos aquel proceso de regularización de las cuentas y del
déficit del Inem--, lo que llevó al Gobierno a aplicar lo que se dio en
llamar el «decretazo», terminología que a mí por cierto no me gusta, pero
tampoco me gusta que se aprovechen algunos títulos de leyes para señalar
objetivos distintos a los que realmente se pretenden. Decía el señor
Ministro hace unos instantes que no fue un recorte indiscriminado. No sé
si fue indiscriminado, pero sí afectó a todos los desempleados sujetos a
protección en España y de una forma bastante homogénea. Fueron
reducciones, usted lo recordará, como el aumento de período de cotización
mínimo para tener derecho a una prestación contributiva, la reducción de
la duración de la prestación y la de la cuantía. Esas fueron las medidas,
y creo que es bueno que sepamos de dónde se partía.
Casi tres años después, agotado ese período transitorio o de solapamiento
entre uno y otro sistema, el anterior y el actual, evidentemente se ha
reducido el gasto en prestaciones por desempleo. Creo que ése es un hecho
cierto. Sin embargo --y es lo que preocupa a nuestro Grupo--, los pasos
se han dado en un orden un tanto extraño. Yo creo que lo primero era una
decidida lucha contra cualquier situación de descontrol del fraude. Ahí
están las cifras de comprobación de niveles de renta y de que, en algunos
casos, no se producían rechazos injustificados de ofertas de trabajo, o
rechazos injustificados de ofertas formativas. Eso ha sido posterior,
como sabe el señor Ministro. No ha habido un verdadero cambio en la forma
de comportamiento del Inem. Es muy reciente el denominado
contrato-programa (ya saben la perplejidad que, al menos a mi Grupo,
causa la denominación de esta figura), y permítanos que tengamos la
sensación de que todo esto ha llevado --como lo primero y quizá lo único
que en su momento se le ocurrió al Gobierno fue la reducción-- a entender
que hayan podido pagar justos por pecadores. Digamos que esa reducción,
al ser indiscriminada y homogénea para todos los desempleados españoles,
no ha sido quizá la forma más correcta de actuar sobre, insisto, un grupo
que, constitucionalmente, tiene derecho a una protección.
¿Qué es lo que nosotros le sugerimos? No podemos dar marcha atrás al
tiempo, pero sí le pedimos que intensifique y que de verdad dedique al
Inem a lo que tiene que ser su labor, básicamente el gran organismo
nacional de coordinación de las políticas activas. Nos alegra verle
asumir principios que durante muchos años ha defendido nuestro Grupo:
predominio, intensidad mayor y mayor esfuerzo en las políticas activas de
lucha contra el desempleo que en las políticas pasivas. En eso va a
contar con nuestro apoyo. Nos alegra que estas tesis sean asumidas por su
Gobierno.
Lo que sí le pedimos es que esas medidas que en su día se anunciaron y
que ciertamente han sido explicadas hace bien pocos días en el Parlamento
de lucha contra el fraude en el gasto también se intensifiquen.
Entendemos que no es lógico, no es permisible que en una sociedad como la
nuestra se despilfarre, se utilice mal o se utilice fraudulentamente una
peseta de las destinadas a protección social.
Le pedimos también, lógicamente, que no nos presente ahora datos, que
pueden tener sensibles descensos en sus cuantías económicas como grandes
logros de una mejora de gestión, porque ciertamente no encontramos, por
mucho que nos esforcemos, ese soporte explicativo en la mejora de la
gestión sino en lo que en su día fueron cambios de las tres grandes
variables, las tres grandes coordenadas que definen una prestación.
Permítanos también --voy a ser muy breve-- que en este comienzo de la
presidencia europea por parte de España, de la Unión Europea, y de la
misma manera que en la Comisión Mixta para las relaciones con la Unión
Europea el otro día se le hizo notar por parte de nuestro grupo, decir
que no entendamos la posición de su Ministerio en lo que se refiere a la
resistencia del mismo a una valoración de las acciones de los cinco
grandes objetivos definidos --que usted ha citado-- en la Cumbre de
Essen, a que esa valoración de la acción del Gobierno español sea más
amplia en el tiempo, que haya una posición suya de limitarlo
estrictamente a una duración tan acotada y que haya también una
resistencia por parte del Gobierno español a ser evaluadas sus políticas
con una metodología común, con una metodología que nos permita,
efectivamente, introducir objetividad en el debate, a saber si España,
con métodos de evaluación aplicables a otros países, está igual, mejor o
peor. Se lo decimos porque tal vez para esa gran coordinación que
requieren las políticas sociales en Europa sea bueno que nos integremos
también en los sistemas metodológicos de evaluación de medida de los
problemas relacionados con el empleo y con el trabajo. Y permítame que
creamos que no basta con decir que es una de las grandes prioridades
--sabemos que la lucha contra el desempleo es una de las grandes
prioridades--, pero, junto a eso, debe haber esa decidida voluntad de que
también España se sujete, se someta a métodos y calendarios como los que
otros países de la Unión Europea nos están proponiendo, yo creo que desde
la buena voluntad y desde un decidido deseo de colaboración.
No me gustaría concluir esta breve intervención sin decirle que ha habido
cambios cualitativos también en el mercado de trabajo y especialmente en
el desempleo en España. En este momento acceden básicamente a las
prestaciones de carácter contributivo jóvenes por agotamiento de sus
contratos de carácter temporal. Pero permítame que aproveche este momento
para decirle que otro de los grandes cambios cualitativos es el
incremento de los parados de larga duración, así como los mayores acceden
a las prestaciones --mayores en este caso de cuarenta y cinco años hasta
sesenta y cinco-- básicamente por la vía de las extinciones de contrato o
de expedientes de regulación de empleo, es significativo, es preocupante
y creo que merece una reflexión de esta Comisión y merece la máxima
atención por parte del Gobierno, el incremento en los parados de larga
duración españoles, que han agotado además prácticamente ya sus
prestaciones de desempleo y que han pasado, como sabrá S. S., del 27,5
por ciento, en 1993, hasta prácticamente el 37,5 en 1995, según datos que
nos han sido facilitados, en este caso no a través de su Ministerio pero
sí a través del Consejo Económico y Social. Son un grupo en crecimiento,
en preocupante expansión, que tal vez expliquen la inversión que se
produjo y ese trato cualitativo en la proporción existente entre
prestaciones contributivas y prestaciones procedentes del subsidio.
Redóblense los esfuerzos en políticas activas, afróntense ya los
tratamientos de carácter individual y personalizado respecto a los
desempleados españoles, véase cuáles son sus verdaderas capacidades y sus
verdaderas carencias en orden a su reintegración en el mercado de
trabajo, pero sobre todo no tratemos de introducir elementos de
distorsión en el debate.
Por eso le decía, señor Ministro, que nos gustaría que España se sujetase
a esa evaluación, se sometiese a esa evaluación, que yo creo que es
deseable; a ese examen, que, además, en esas fechas próximas a septiembre
tendrá lugar durante la presidencia española. No entremos en la tal vez
paradójica situación de definirnos como muy europeos en objetivos, muy
europeos en las formas y poco europeos en los métodos y en los sistemas
de lucha contra el desempleo, que, insisto, es la principal preocupación
en términos sociales y, ¿por qué no decirlo?, también en términos
económicos que puede tener España.
Eso es lo que desde nuestro grupo nos parece. Ha habido un descenso en la
prestación, digamos, en la tasa de cobertura, en la prestación de
desempleo; es una forma clara de campana, que ya sabe usted que tiene la
curva que recogería estos años y todos, desde el año 1985 hasta 1995,
pero más importante tal vez que definir cifras, que dar una larga serie
de datos numéricos, yo creo que es el dejar claro, al menos desde el
Grupo Popular así lo entendemos, que se hace necesario intensificar
algunos esfuerzos y marcar esas prioridades que usted ha citado.
Creemos que es inaplazable esa reforma del Inem, creemos que es
inaplazable una acción enérgica y más decidida en la lucha contra el
fraude y que sólo en último caso y sólo en última instancia son
justificables o tienen alguna lógica las reducciones de tipo
indiscriminado y lineal como la que ahora ya podemos evaluar pasado un
cierto tiempo.
El señor PRESIDENTE: Señorías, el señor Ministro y el señor Aparicio han
sido muy prudentes en el consumo del tiempo. Ruego a todos los portavoces
la misma línea de conducta, si es posible, esta mañana.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la
palabra el señor Hinojosa.
(El señor Peralta Ortega pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Hinojosa.
Señor Peralta, ya sé lo que me va a plantear. Le tengo que decir que el
procedimiento es el usual en la Comisión: comienza el grupo mayoritario
de la oposición y, a partir de la intervención del grupo mayoritario,
vamos de menor
a mayor, señor Peralta. (El señor Peralta Ortega: Está claro.)
Tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: La verdad es que el debate de hoy, siendo un
debate importante e interesante, da poco margen para que nos extendamos
en la exposición de nuestros criterios, porque los criterios de todos los
grupos en este tema están perfectamente claros y diáfanos.
Nosotros nos hemos pasado algunas legislaturas, diciendo que era
preferible financiar la creación de políticas activas para crear trabajo,
que no la de subsidiar el paro, y, en esa línea, dimos soporte a la Ley
22 de 1993, en el sentido de racionalizar un poco las prestaciones por
desempleo, cuyo resultado, a nuestro juicio, fue racionalizar también el
gasto o el costo que suponían las prestaciones por desempleo.
Efectivamente, el señor Ministro dice que una parte del déficit, el 10
por ciento, era debida al costo de las prestaciones por desempleo. Por
tanto, digamos que éste es un capítulo muy importante del presupuesto no
sostenible durante mucho tiempo.
Es cierto que en números absolutos se ha rebajado ese costo, pero yo no
creo que sea, como ha dicho el señor Ministro, porque han vuelto al
trabajo las personas que percibían la prestación sino más bien por lo
contrario, porque han ido cumpliendo los espacios de tiempo que tenían
protegidos, y ése es el resultado de tener en este momento, o por lo
menos en el mes de marzo, según los datos del Consejo Económico y Social,
1.328.400 perceptores o parados de una duración mayor a dos años, que se
supone que ya han consumido todo el espacio de su prestación. Es decir, a
mí me preocupa en este momento, más que la sensible baja en la tasa de
protección que se haya producido, el saber qué hacemos con este millón y
pico de personas que hace más de dos años están en expectativa de
encontrar un nuevo empleo, porque el subsidio no es una solución para
estas personas. Por tanto, ésa es la línea que engarzaría con el tema
europeo y con esa preocupación que nos ha de presidir ahora durante estos
meses para desarrollar el plan de incentivación a la creación de empleo
para prestar una atención especial a estas personas expulsadas del mundo
del trabajo, como también del mundo de la protección del desempleo.
Creo que hay que tener una prioridad muy exquisita con estos colectivos
para no convertir a este sector de la población en una gran bolsa de
pobreza, que no creo que nadie deseemos.
Por otro lado, hacer nuevas referencias al Inem creo que no vale la pena,
pedir más reformas del Inem no creo que valga la pena. Lo que hace falta
es que realice lo que ahora tiene encomendado hacer: que pague las
prestaciones, que controle la caja, en definitiva, y que ayude a las
posibles creaciones de políticas de empleo y cumpla la función de
intermediario que aún le queda. Más que reformar el Inem, lo que en
particular pido es que no entorpezca otras políticas que pueda haber,
tanto de intermediación como de incentivación de políticas activas de
creación de empleo.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Supongo que todos los grupos parlamentarios estarán
de acuerdo conmigo en ser benevolentes y comprensivos con el señor
Mardones, que se ausentó de la sala momentos antes de que le llegara su
turno de intervención. Como estoy seguro de esa comprensión, tiene la
palabra el señor Mardones, en nombre del Grupo de Coalición Canaria.
El señor MARDONES SEVILLA: Se lo agradezco, señor Presidente. He tenido
que atender una llamada del señor Presidente del Congreso.
En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Ministro por la
información que nos ha dado usted del planteamiento actual del sistema
español de protección por desempleo. Mis preguntas van a ir dirigidas
fundamentalmente a los aspectos, en primer lugar, genéricos, sobre la
gestión y control...
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Mardones.
Lo que usted no me escuchó, porque estaba fuera, es que pedí a todos los
portavoces un uso prudente del tiempo.
El señor MARDONES SEVILLA: Será tenido en cuenta, señor Presidente, dada
la agenda de trabajo de este portavoz pluriempleado en el día de hoy.
En primer lugar, señor Ministro, quisiera que usted informara a este
portavoz, en cuanto a la mejora de gestión y control, en qué puntos van
ustedes a desarrollar ese programa, dónde tienen detectados en este
momento las deficiencias mayores en los aspectos de gestión y control. No
se olvide usted de que desde la Cumbre de Essen hay una serie de
recomendaciones a los gobiernos que para evitar todo lo que pueda ser una
polémica o un deterioro de las coberturas de la protección por desempleo
y antes de hacer «ahorro» en las cantidades --valga el ahorro entre
comillas, un ahorro presupuestario para que no tenga incidencia en el
déficit público-- se haga todo lo posible por mejorar el sistema
burocrático fundamentalmente y, después, todo lo que es el principio y
planteamiento de gestión y control. Quisiera que me indicara si hay en
estos momentos definidos algunos puntos antes de empezar ese trabajo que
dice usted que va a realizar el Inem en fechas próximas sobre cuál es la
protección real, dado que efectivamente habría que conocer quiénes son en
estos momentos los protegidos (qué segmentos de edad, de población, de
ubicación, de actividades, etcétera) y quiénes son verdaderamente los
desprotegidos que necesitarían esta atención por pura justicia social.
En segundo lugar, señor Ministro, dado que usted, como cualquiera, para
encontrar costes soportables trata de buscar la relación del equilibrio
financiero con el grado de protección en la medida en que tengamos menos
demanda de gente necesitada de protección por desempleo porque está en
actividad laboral, yo le preguntaría qué papel --aclarénoslo, porque no
ha hablado usted de ello-- están desempeñando en este momento o qué
incidencia están teniendo las agencias privadas de colocación. Como ha
encargado usted al Inem que haga ese estudio de la protección real,
querría que nos dijera cómo se están comportando.
Porque usted sabe que cuando se discutieron aquí las mejoras o
modificaciones de la ley laboral fue muy vivo el debate parlamentario con
respecto al sí o el no de las agencias privadas de colocación. Querría
que nos dijera si esto de verdad está aflojando la tensión de
desequilibrio financiero negativo que se estaba produciendo.
En tercer lugar, señor Ministro, como usted ha dicho que se sigue
manteniendo la insuficiencia de recursos obtenidos y tenemos un billón y
pico de pesetas de recaudación de este último período --usted lo ha
citado-- frente a los dos billones y pico también de gastos, querríamos
que nos dijera si tiene el Gobierno para el período 1995/96 alguna
previsión, porque ahí sigue existiendo un billón de pesetas prácticamente
de diferencia entre lo gastado y lo recaudado. ¿Cómo se va a seguir
financiando ese billón de números rojos que en este momento tenemos en el
desequilibrio financiero de la protección?
Y, señor Ministro, dado que usted se ha referido a un 0,5 por ciento de
déficit público, que procede de la dotación del desempleo, y con las
medidas que el señor Solbes, su colega de Gobierno, el señor Ministro de
Economía y Hacienda, está ya anunciando para la reducción del déficit
público, me gustaría que me dijera si el Gobierno va a poder mantener
para los presupuestos de 1996 esa cifra que usted da.
La última pregunta, señor Ministro, para atender la petición amable del
señor Presidente de la Comisión, es qué referencia tiene usted de la
protección del desempleo en el archipiélago canario, porque, según las
que yo tengo, estamos muy por debajo de la media nacional, dadas las
altas tasas de desempleo que se vienen produciendo sistemáticamente en el
archipiélago canario. Quisiera que, si puede, me diera alguna información
sobre este tema.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Ahora sí es el turno del señor Peralta, en nombre
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor PERALTA ORTEGA: La distancia entre la intervención del señor
Ministro y la de este portavoz me obliga en alguna medida, señor
Presidente, señorías, a reclamar esa pequeña parte de paternidad que
considera tener mi Grupo en relación con esta sesión de la Comisión.
Creo que es bueno explicar que en el último Pleno del Congreso, el
miércoles, nuestro Grupo había presentado una interpelación sobre el tema
de la política general del Gobierno sobre protección por desempleo y
específicamente en el aspecto de la protección económica por desempleo.
La imposibilidad física del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social
de comparecer ese día en el Pleno del Congreso dio lugar a que se
articulara esta fórmula, que pone de manifiesto la voluntad del Gobierno
de tratar el tema, pero que al mismo tiempo responde --y creo que es
bueno conocerlo-- a la voluntad de nuestro Grupo de hablar de un tema que
nos parece de gran importancia.
Nos parece de gran importancia, señorías, porque el tema está de
actualidad no sólo en los medios de comunicación sino que,
desgraciadamente, está de actualidad dolorosa en la vida cotidiana de
muchos ciudadanos de nuestro país.
Piensen, señorías, que si la última encuesta de población activa conocida
en nuestro país, la del primer trimestre del año 1995, da una cifra total
de parados de 3.647.000 personas, el dato de beneficiarios de protección
por desempleo en febrero de 1995, según los informes que publica el CES,
es de 1.609.000 personas. Comparando ambas cifras nos encontraríamos con
que en estos momentos hay en torno a 2.000.000 de ciudadanos de nuestro
país parados y sin protección económica de ningún tipo.
Por tanto, el tema es diariamente dolorosa actualidad para muchos
ciudadanos de nuestro país, pero también es verdad que ha sido actualidad
en las últimas semanas como consecuencia de dos informes que han tocado
el tema y que a nosotros nos parece que son especialmente útiles en esta
sesión, de cara a todas las fuerzas políticas, en la medida en que puedan
ser datos aceptados unánimemente por todos los grupos, por no representar
posiciones partidarias.
Me referiré, en primer lugar, al informe del Banco de España sobre el año
1994. Ese informe constata que en ese año, y por primera vez en los
últimos diez años, se ha producido una caída de la renta familiar. Esa
caída de la renta familiar literalmente el Banco de España la imputa al
recorte de las prestaciones sociales como la causa con más incidencia en
tal situación; dentro de eso destaca el recorte en las prestaciones por
desempleo.
Por otra parte, destacaríamos la memoria del Consejo Económico y Social
del Estado relativa al año 1994. Esta memoria tiene uno de sus capítulos
o de sus apartados dedicado específicamente al tema de protección por
desempleo y en el mismo aparecen datos elaborados por un organismo
tripartido, elaborado de común acuerdo por sindicatos, empresarios y por
expertos, que, en nuestra opinión, tienen una relevancia muy clara porque
nos permiten hacernos una idea aproximada de la situación y, desde luego,
tengo que decirlo de entrada, la situación, en opinión de nuestro Grupo,
es muy preocupante. Aunque ya daba antes el dato total sobre número de
trabajadores de nuestro país, que comparando la encuesta de población
activa y los datos de protección por desempleo, están excluidos de la
protección, queremos incidir con más detalle en estas cifras.
Nos parece oportuno destacar que de 1.960.000 beneficiarios de protección
por desempleo, en diciembre de 1993, se ha pasado, un año después, en
diciembre de 1994, a 1.638.000. Es decir, en un año, en 1994, se ha
producido un descenso en 326.000 beneficiarios de la protección por
desempleo. Esta es una cifra ciertamente espectacular. Cuando en algún
momento nos hemos fijado como objetivo, y lo atribuyo a todos, el
conseguir 1.000 contratos diarios, y es un objetivo que en muchos casos
no lo hemos conseguido, infortunadamente, tenemos que constatar, de
manera desgraciada también, que sí que hemos alcanzado ese objetivo de
casi 1.000 beneficiarios menos diariamente de protección por desempleo en
el año 1994. Hay 320.000 beneficiarios menos, que corresponden a 146.000
en la prestación contributiva y a 179.000 en la prestación asistencial.
Esa caída en el número de beneficiarios de la protección por desempleo no
es imputable a que en el año 1994 hubiera un crecimiento del empleo
proporcional al trabajo, a ese número de ciudadanos que perdieron la
protección por desempleo. Buena prueba de ello es que se ha producido una
caída de la tasa de cobertura, esa tasa de cobertura que relaciona el
número de parados y el número de beneficiarios. Si se hubiera producido
una caída en el paro y se hubiese creado empleo en esa misma cuantía, no
hubiera caído la tasa de cobertura. Pero desgraciadamente la tasa de
cobertura ha caído. Si el señor Ministro decía antes que en una etapa de
la década larga que él ha analizado hubo un crecimiento espectacular,
este mismo calificativo, y no pretendo utilizar otro --me parece
adecuado--, es aplicable al año 1994 en que hubo una caída espectacular
en la tasa de cobertura.
Según los datos del Consejo Económico y Social, la tasa bruta media de
cobertura en el año 1993 era del 67,2; la tasa bruta media en el año 1994
se sitúa en el 57,8, prácticamente 10 puntos en un año. Esa caída tiene,
además, un carácter acelerado. Piensen, señorías, que por lo que se
refiere al año 1993, según los datos del propio Consejo Económico y
Social, en todo ese año 1993 la tasa de cobertura pasa del 69 por ciento
en enero al 64 por ciento en diciembre. Es decir, tuvo una caída de 5
puntos en el año 1993, mientras que en el año 1994 se ha duplicado. La
tasa de cobertura ha pasado a ser de 10 puntos en 1994 y esta caída
continúa en el año 1995.
Los últimos datos que tenemos, proporcionados por el Banco de España,
sitúan la tasa de cobertura en febrero de 1995 en el 53,94 por ciento.
Por tanto, son datos, en opinión de nuestro Grupo, muy preocupantes.
Datos que, como decimos, son confirmados por el Consejo Económico y
Social.
Analizando las tasas de cobertura de febrero de 1995, el Consejo
Económico y Social pone de manifiesto que hay una caída del 16,3 por
ciento sobre el mismo período del año anterior, febrero de 1994, y del
16,4 en media anual. Estas son unas cifras, insisto, muy graves, en
nuestra opinión. Piensen, señorías, que si en un período largo de tiempo,
desde el año 1987 al año 1993, la tasa de cobertura de la prestación por
desempleo creció desde un 35 por ciento en el año 1987 hasta un 77 por
ciento en el año 1993, un 42 por ciento en siete años, en torno a 6
puntos por año, en este momento estamos perdiendo, de acuerdo con los
datos de 1994, 10 puntos. Esta caída, de mantenerse, daría lugar a que en
la duración de una legislatura tuviéramos una prestación por desempleo
absolutamente irreconocible en nuestro país. Por tanto, datos muy
preocupantes sobre evolución del número de beneficiarios.
También son preocupantes los datos en cuanto a intensidad de la
protección. Es verdad, y lo ha puesto de manifiesto el señor Ministro, y
yo creo que es bueno reconocerlo entre todos, que nuestro país ha hecho
un esfuerzo importante en lo que se refiere a la protección por
desempleo. Ha dicho el señor Ministro que, en algún momento determinado,
en la época de crecimiento de la protección por desempleo nos situamos en
cabeza de la Unión Europea. No es menos cierto que también estábamos en
cabeza de la Unión Europea en cuanto al número de desempleados y eso,
lógicamente, daba lugar a que las cifras de políticas de empleo, pasivas
y activas, en nuestro país tuvieran una cierta correlación con ese
volumen de paro que se registraba en nuestro país. Pero creo que también
es bueno poner de manifiesto, y lo pone de manifiesto el Consejo
Económico y Social, que si se atiende a cifras de protección por persona,
nuestro país --dice el Consejo Económico y Social-- ocupaba en 1992 una
posición relativamente baja con respecto al resto de los países, con algo
más de 5.000 ecus por persona, al igual que Irlanda y solamente por
encima de Grecia y Portugal.
Por tanto, la intensidad de la protección en nuestro país está en los
últimos puestos de la Unión Europea. Pero a nosotros nos parece
especialmente relevante, en esta materia de la intensidad de la
protección, destacar el cambio que se ha producido en la correlación
entre prestación contributiva y prestación asistencial. Los datos en este
sentido son también espectaculares. Piensen, señorías, que en el año 1986
la protección contributiva representaba el 58 por ciento del total de
protección. Lógicamente, en ese año la protección asistencial era el 42
por ciento. En el año 1994 se han alterado totalmente las cifras; la
prestación contributiva ha pasado a ser el 42 por ciento, ha descendido
16 puntos, y la prestación asistencial es prácticamente el 58 por ciento;
ha crecido los 16 puntos que bajaba la prestación contributiva. Al día de
hoy, ya en el año 1994, y continúa en el año 1995, el sistema de
protección por desempleo en nuestro país es mayoritaria y
fundamentalmente un sistema de protección asistencial. Esto tiene
relevancia. Basta pensar que la prestación asistencial es el 75 por
ciento del salario mínimo, sin pagas. Es decir, en estos momentos está en
torno a 47.000 pesetas mensuales. Esta es la protección que, de ese
1.600.000 de beneficiarios, perciben cerca de un millón de los
beneficiarios de la protección. Por tanto, una cuantía muy baja, y una
cuantía, además, señorías, que pierde capacidad adquisitiva en relación
con el IPC. Basta pensar, por ejemplo, que en el año 1994 el IPC crecía
un 4,4 por ciento, mientras que el salario mínimo, que es la referencia
de la prestación asistencial, sólo crecía un 3,5 por ciento, y hasta la
fecha no se ha aplicado a esta prestación esa garantía que se aplica al
conjunto de las prestaciones de las pensiones de la Seguridad Social.
En este año 1995, como conocen SS. SS., la revalorización del salario
mínimo ha sido de un 3,5 y, desgraciadamente, los datos de la inflación
que se conocen hasta la fecha última superan incluso los del año 1994.
Por tanto, son datos muy preocupantes, en opinión de nuestro Grupo, y
estoy convencido de que en opinión de todos los grupos, tanto por lo que
se refiere a la evolución del número de beneficiarios como a la evolución
de la intensidad de la protección.
¿Cuáles son las causas de esta situación? El señor Ministro, en su
intervención, ha hecho referencia a la incidencia que ha podido tener el
ciclo económico y el mayor y menor crecimiento que es posible registrar
en nuestro país en la última década. Sin desconocer la incidencia que
haya podido tener ese dato, sin embargo, la causa real hay
que buscarla en otro orden de cosas. En primer lugar, en las reformas
--ha hecho referencia a ellas el señor Ministro-- de la prestación por
desempleo, pero también, y creemos oportuno destacarlo, en la incidencia
de la reforma laboral.
Desde luego, creemos que no es la causa explicativa de esos datos
preocupantes a los que he hecho referencia la evolución del paro.
Piensen, y se lo decía anteriormente, señorías, que en el primer
trimestre del año 1993, según la EPA, la cifra de paro era de 3.300.000
personas y en el primer trimestre de 1995 la cifra es de 3.600.000
personas; se constata un crecimiento del paro. Sin embargo, en ese mismo
período de tiempo, del tercer trimestre de 1993 a febrero de 1995, la
cifra de beneficiarios de la prestación por desempleo ha disminuido en
más de 300.000 personas. Es evidente que ha habido un crecimiento del
paro en ese período y, simultáneamente, una caída muy importante de la
protección por desempleo.
Las causas deben buscarse, insisto, en otro lugar. Así lo constata el
propio Consejo Económico y Social. En su boletín de febrero de 1995 pone
de manifiesto que la evolución del paro en este primer trimestre de 1995
fue un descenso del 3,8 por ciento en relación con el año 1994 y, sin
embargo --lo decía anteriormente--, la caída de la tasa de cobertura fue
de un 16,4 por ciento.
Creemos que la reforma de la prestación por desempleo ha tenido una
incidencia importante. Basta pensar que, por ejemplo, se incrementó la
carencia mínima de seis a doce meses. Esto dio lugar a una exclusión
importante de la prestación por desempleo en la medida en que,
desgraciadamente, en nuestro país se mantienen niveles de contratación
temporal muy significativos por debajo de esos doce meses. Haría una
referencia al contrato temporal de fomento del empleo cuya duración
mínima se elevó a doce meses y ha sido espectacular el descenso que se ha
producido en la utilización de ese contrato. Se ha recurrido a otro tipo
de contratación temporal, con una duración inferior que, lógicamente, no
da lugar a la prestación por desempleo que requiere esa carencia mínima
de doce meses.
Por otra parte, la duración de la prestación ha pasado a ser un tercio,
cuando anteriormente era la mitad de lo cotizado. Se redujo la cuantía
mínima de la prestación contributiva del cien por cien del salario mínimo
al 75 por ciento, se sometió la prestación por desempleo al IRPF y se
descuenta de la prestación contributiva por desempleo la cuota obrera de
la Seguridad Social. Todo esto referido a la prestación contributiva. Por
lo que se refiere a la prestación asistencial, aparte de la incidencia
que tiene en la misma el descenso de la prestación contributiva, se
produjo una reducción muy importante al exigirse unas cargas familiares
más estrictas de las que existían anteriormente y al reducirse el límite
de rentas que excluyen el derecho a la prestación.
Estas reformas de la prestación por desempleo han tenido una incidencia
muy significativa, como también, y lo decía anteriormente, toda la
reforma laboral. Al día de hoy cualquier estadística constata que en
nuestro país sigue creciendo lo que nosotros llamamos precariedad
laboral, pero podemos llamarlo de otra manera distinta: crecimiento de la
contratación temporal y, sobre todo, crecimiento de la contratación que
no tiene legalmente asegurada la protección por desempleo. Piensen,
señorías, en el contrato de aprendizaje y esos otros contratos
introducidos por la reforma laboral del año 1994.
Todos estos factores explican esa caída acelerada que cabe constatar en
las estadísticas de cobertura a partir del año 1993, en que empieza a
notarse los efectos de la reforma de 1992 y, como dice el Consejo
Económico y Social en su última memoria, a partir de enero de 1994 se
refuerza, a través de nuevas disposiciones, la tendencia a la reducción
de cobertura que se inició en 1992. Insisto, lo dice el Consejo Económico
y Social, no lo decimos nosotros, aunque ya tuvimos ocasión de anunciarlo
cuando discutíamos este tipo de normas.
Señorías, estos datos nos parecen preocupantes. Es verdad que no es toda
la política de empleo o de desempleo en nuestro país, pero, sin lugar a
dudas, si ya es grave estar parado, mucho más es estar parado y sin
protección. Esta es la peor situación de todas. Por eso quisimos,
mediante aquella interpelación, llevar a cabo un debate sobre esta
situación, conscientes, lo digo con claridad, de que este es un tema que
preocupa a todos los grupos parlamentarios y cuyos datos nos deben
obligar a una reflexión. Esta reflexión debería ir en una doble
dirección. Sin perjuicio de reconocer la importancia que pueda tener ese
estudio al que hacía referencia el señor Ministro de Trabajo que va a
llevar a cabo el Inem, a nosotros nos parece que, si él hablaba del
otoño, este tema requiere soluciones con una cierta celeridad.
El año 1994 y los primeros meses de 1995 han demostrado cómo, a pesar del
ambiente y la atmósfera política de nuestro país, todos los grupos
políticos, y buena parte de los portavoces que estamos en esta Comisión
de Política Social y Empleo, alcanzábamos un consenso en relación con las
prestaciones de la Seguridad Social en donde no se incluía el desempleo
porque ésta es una prestación que se gestiona desde un organismo
distinto, el Inem, no porque no sea legal y conceptualmente una
prestación de la Seguridad Social. Sí lo es. Está claro el tenor
constitucional en este sentido.
A nosotros nos parece que un sistema de protección que abarca a más de un
millón y medio, 1.700.000 personas, que en un momento determinado ha
alcanzado a dos millones de ciudadanos de nuestro país, requeriría un
esfuerzo de todos los grupos políticos similar al que se hizo en relación
con otras prestaciones de la Seguridad Social.
Deberíamos ver cómo conseguimos definir entre todos los grupos un sistema
de protección por desempleo que no esté sujeto a los avatares a los que
ha hecho referencia el señor Ministro en su exposición, como pasar de
unos niveles de protección ínfimos, los que existían cuando el Gobierno
socialista alcanzó el poder, que dieron lugar a que se llevara a cabo la
reforma del año 1984 que tuvo una incidencia, sin duda, muy positiva, o
como también esa caída que es constatable en estos últimos años y que, de
mantenerse, y los datos son que si no producimos una intervención se
mantendrá, nos haría volver a aquellas cifras que preocupaban al Gobierno
socialista en los años 1982 y 1983 y que estoy seguro, y quiero tomar
nota en este sentido
de la intervención del Ministro de Trabajo, preocupa al actual Gobierno.
Qué duda cabe de que las cifras del déficit público, las cifras de
equilibrio presupuestario son importantes, pero la posibilidad de que en
estos momentos en torno a dos millones de desempleados de nuestro país
estén, no sólo parados, sino carentes de protección, es una cifra que nos
parece que debe llevar a todos los grupos a una reflexión y a una
actuación con una cierta urgencia.
Por tanto, plantearía una primera línea de actuación en este sentido. Una
segunda línea de actuación urgente sería la de sugerir al señor Ministro
de Trabajo y Seguridad Social que, de la misma manera que hemos tenido
discusión en esta Comisión parlamentaria sobre el problema de la
protección por desempleo, convocara, a iniciativa propia, una reunión con
los sindicatos en relación con este tema. Creemos que el tema es
preocupante y que deberían tomarse medidas que tuvieran incidencia en los
presupuestos del año 1996. Oímos hablar mucho de esos presupuestos y nos
preocupa que sólo parezca prevalecer en los mismos el problema de reducir
el déficit público que, insistimos, es un tema importante. Pero qué duda
cabe que la constatación de esta situación de millones de ciudadanos de
nuestro país debe llevar a un Gobierno que se reclama progresista a
adoptar medidas inmediatas, a fin de conseguir que esas tendencias que el
Ministro reconocía que en 1994 y 1995 han cambiado espectacularmente se
sitúen en unos términos razonables de equilibrio, no sólo presupuestario
sino también de justicia. (El señor Vicepresidente, Fernández Díaz, ocupa
la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Arnau.
Entiendo que el señor Olabarría había renunciado a la posibilidad de
desarrollar un turno.
El señor MARDONES SEVILLA: Sí, ha renunciado, señor Presidente.
El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señor Ministro, por su comparecencia.
En primer lugar, creemos que es obligado hacer una referencia a que el
marco normativo de la protección por desempleo en España tiene su
arranque o apoyo en la Constitución, precisamente en el artículo 41, que
obliga a los poderes públicos a otorgar prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad y especialmente en caso de desempleo.
Podemos decir que nuestro sistema de protección por desempleo cumple
perfectamente el requerimiento constitucional. Así, sin ningún ánimo
triunfalista, las prestaciones por desempleo en España siguen estando
entre las más generosas de Europa, siendo su eje normativo, como se ha
dicho, la Ley 31/1984, que ha sido modificada en varias ocasiones.
Este debate, señor Presidente, podría enmarcarse en el más general sobre
el Estado de bienestar, que originariamente en su concepción teórica
estaba vinculado al pleno empleo. Hoy en día, el Estado de bienestar debe
convivir con elevadas tasas de desempleo. Ello implica destinar al
desempleo importante volumen de recursos públicos. Con ello estamos
alimentando el debate sobre la crisis financiera del Estado de bienestar,
sobre los límites de la intervención del Estado, teniendo que
compatibilizar la atención a los desempleados con los incentivos en la
búsqueda de empleo.
La pregunta podría ser cuál debe ser el nivel de protección adecuado o
cuál debe ser el gasto adecuado en protección por desempleo. Aquí,
necesariamente los poderes públicos deben conjugar varios principios. En
primer lugar, hay que corregir las desigualdades, y la principal
desigualdad es aquella que se produce entre quienes tienen y quienes no
tienen empleo. Pero también hay que limitar el déficit público para que
la creación de empleo no padezca. En tercer lugar, habría que evitar la
desincentivación de búsqueda activa de empleo.
En función de todo lo anterior, en España, entre 1992 y 1993, hubo que
proteger la protección, como dijo el señor Ministro, a raíz de algunas de
las normas que ya están en el Boletín Oficial del Estado; proteger la
protección a fin de evitar el gasto desmesurado.
¿Cuál es el volumen del gasto que existe? No voy a detenerme
excesivamente en este tema, porque los datos han sido ya dados por el
señor Ministro.
Puedo decir, sin embargo, que los gastos para proteger la situación de
desempleo se incrementaron en los últimos años de forma vertiginosa. Con
todo, es cierto que la fuerte tendencia al crecimiento de la tasa de
variación del gasto de prestaciones que se produjo en el período
1989-1991 se frenó a partir de 1992 como consecuencia de las medidas
incluidas en las leyes 22/1992 y 22/1993.
Si seguimos analizando el grado de generosidad de las prestaciones de
desempleo en España en relación con los países de la OCDE, se desprende,
en primer lugar, que la tasa de reposición de la prestación respecto al
salario está por encima de la media. En segundo lugar, que el techo de la
prestación está en la media. En tercer lugar, que la duración de la
protección es superior a la media, así como la facilidad de acceso a la
protección.
Una parte de la intervención del señor Ministro y de algunos de los
portavoces se ha dedicado a la tasa de cobertura. En primer lugar, hay
que decir que la tasa de cobertura implica insuficiencias claras
derivadas del propio concepto estadístico de beneficiario. Aparte, hay
que tener en cuenta, cuando se habla de paro, si nos referimos al paro
registrado o estamos hablando del paro de la EPA. Creo haber entendido
que el señor Peralta ha utilizado las cifras del paro de la EPA para
hacer referencia a la tasa de cobertura, lo cual no parece excesivamente
correcto.
Ciertamente, el CES, en su memoria de 1994, detecta una caída de la tasa
de cobertura entre los años 1993 y 1994. La tasa bruta estadística la
sitúa el CES, como se ha dicho por el señor Peralta, en el 67,2 en 1993 y
en el 57,8 en 1994. La tasa neta estadística, a la cual no se ha hecho
referencia, se fija en el 82,6 por ciento en 1993 y en el 71 por ciento
en 1994. Pero hay que señalar, si queremos ser objetivos, que las mismas
tasas estaban en 1987 --es decir, hace siete años--, la tasa bruta
estadística 29 puntos por debajo de la cifra de 1994, y en el 44 por
ciento la tasa neta estadística --es decir, 27 puntos por debajo de la
cifra de 1994--.
Si de hecho se ha producido una caída en los dos últimos años, no sólo
habría que atribuirla al mayor rigor en los requisitos de acceso a la
prestación y al subsidio, como dice el CES. Hay que tener en cuenta otra
serie de circunstancias más favorables, como, por ejemplo --y sobre esto
pido la opinión al señor Ministro--, el descenso en la rotación en los
contratos de trabajo. En su día, cuando los contratos de fomento de
empleo tenían una duración mínima de seis meses, era muy elevada esa
rotación y ello determinó las medidas de la Ley 22/1992. Pero, al mismo
tiempo, hay que añadir la reducción en el número de suspensiones
temporales y el descenso del paro. A fin de cuentas, la tasa de cobertura
no es más que un cociente obtenido entre el dividendo, que es el número
de beneficiarios, y el divisor, que es la cifra del paro registrado
--insisto, el paro registrado.
Para analizar un cociente, hay que ver qué ocurre con el dividendo y qué
ocurre con el divisor. Pero, además, hay que analizar las series
históricas completas y comprobar en qué niveles estábamos hace siete o
hace diez años. Lo más importante seguramente para nosotros, que estamos
mandatados por la Constitución a garantizar prestaciones sociales
suficientes ante situaciones de necesidad, es comprobar si existe algún
colectivo necesitado fuera de la protección social por desempleo o si
existe alguna circunstancia o alguna condición en nuestra legislación que
impida a algún necesitado acceder a la condición de beneficiario y, en
caso de detectarse alguna de esas circunstancias, proceder a las reformas
legislativas necesarias. No es el caso, creemos. No obstante, nos ha
parecido muy importante el estudio que ha anunciado el señor Ministro a
fin de detectar posibles insuficiencias de protección.
Además, si se quiere ampliar el número de parados con derecho a
protección por desempleo, hay que determinar cómo se financia. En primer
lugar, hay que decir si son los empresarios o deben ser los trabajadores
quienes deben financiar esa mayor protección. En segundo lugar, si debe
ser el Estado --es decir, los contribuyentes-- quienes la financien.
Tanto los ingresos por cuotas como las aportaciones del Estado se han
incrementado en los últimos años. Lo primero, evidentemente, puede
afectar a la creación de empleo y lo segundo puede contribuir al aumento
del déficit y, por ello, también a la creación de empleo.
Creo, señor Presidente, señor Ministro, que con las medidas adoptadas en
los años 1992 y 1993 el sistema se ha hecho más solidario en la medida en
que no sólo protege a los parados, sino también a los cotizantes y a los
contribuyentes, lo cual hay que tener muy en cuenta.
Nuestro sistema español de protección por desempleo es, creemos, un
sistema justo que mantiene el equilibrio financiero gracias a las últimas
medidas adoptadas por esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra, para
contestar las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios, el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez):
Reconociendo, señor Peralta, que la iniciativa fue suya, permítame que le
conteste en primer término y, al mismo tiempo, que le agradezca la
interpelación que, en efecto, no pude sustanciar en el Pleno de la Cámara
porque en ese momento estaba en un Consejo de Ministros de la Unión
Europea.
Yendo a su intervención, permítame que le haga una broma. Ha señalado
usted que lo dice el Banco de España y el Consejo Económico y Social, que
no lo dice usted. Como yo no puedo contestar ni al Banco de España ni al
Consejo Económico y Social, permítame que le conteste a usted como si lo
hubiera dicho usted. Estamos hablando de la protección por desempleo.
Pero permítame que antes de rebatir ningún argumento haga una reflexión
previa. En protección por desempleo, el año pasado --que es un ejercicio
en el que se ha indicado que bajo la tasa de cobertura--, gastamos el 3,2
por ciento del producto interior bruto. Le recuerdo que en sanidad ese
mismo año el gasto público fue del 4,6. Estamos gastando en protección
por desempleo, de cada cien pesetas que se producen en España, 3,2
pesetas. Por tanto, es una cantidad que no podemos calificar sino de
extremadamente generosa teniendo en cuenta las posibilidades económicas
de este país, porque todo gasto necesita ser financiado. No podemos
hablar de que hay que aumentar todos y cada uno de los gastos y no hablar
necesariamente en ese mismo momento de cómo conseguir los ingresos
suficientes para afrontar el pago de esos gastos. Esto es el ejercicio de
responsabilidad mínima que se nos debe exigir a todos, desde luego a mí
el primero.
Por consiguiente, cuando hablamos de gastos tenemos que tener presente
también cómo conseguir los ingresos necesarios para afrontar esos gastos,
en el entendimiento de que en los últimos tres/cuatro años, en medio de
una cris económica de las más graves por la intensidad y lo abrupto en
que se ha producido en nuestro país, el gasto social ha aumentado en más
de 3 puntos; el gasto social dentro del contexto del gasto público y en
su participación relativa en el Producto Interior Bruto.
Por tanto, con una política expansiva del gasto social se han originado,
es verdad, unas mayores protecciones que las que existían, sin perjuicio
de que, como ahora veremos, se ha producido un debilitamiento de la
protección en el desempleo en el último ejercicio. Pero, insisto, en ese
último ejercicio hemos gastado 3,2 por ciento del PIB en protección por
desempleo, más de dos billones de pesetas. ¿Que es más o menos que lo que
gasta la Unión Europea? ¿Que es mayor o menor nuestra cifra de desempleo?
Es evidente que, salvo los países nórdicos, ahora en la Europa de los
quince, habiéndose unido también Suecia y Finlandia, ya no somos los
primeros, porque hay países nórdicos y escandinavos que gastan más.
En términos relativos también gastamos mucho. No se puede decir que, si
miramos las cuantías, estemos por debajo de la Unión Europea porque
inmediatamente tendremos
que hacer el ejercicio de convertir esas unidades monetarias en poderes
paritarios de compra, y si las convertimos en poderes paritarios de
compra les aseguro que estamos muy por encima y, además, no solamente muy
por encima en poderes paritarios de compra sino, como decía el portavoz
del Grupo Socialista, también lo estamos en cuanto a la tasa de
reposición, en cuanto a lo que es la cuantía máxima de la prestación, en
la diferencia que existe entre las rentas de activo y de pasivo,
etcétera. Por tanto, es una protección amplia desde el punto de vista del
elenco de disposiciones jurídicas que regulan la protección por desempleo
en Europa, y de ninguna manera podemos considerar que nosotros tenemos en
desempleo un déficit de protección en el contexto de la Unión Europea.
Antes bien, casi podemos opinar lo contrario, y en el contexto de muchos
otros países de la Unión Europea tenemos una intensidad, no una
extensión; tenemos una extensión y una intensidad de la protección muy
superior a la que se tiene en otros países de la Unión Europea. La
cuantía media también. Fíjese usted, la cuantía media del subsidio el año
1993 era de 90.570 pesetas de la prestación por desempleo, y el año 1994
era de 94.959 pesetas; es decir, se produjo un incremento de casi el 5
por ciento a pesar de que, como usted señalaba, el salario mínimo había
crecido el 3,5 por ciento y, sin embargo, la cuantía media de la
prestación subió casi 5.000 pesetas.
Pero, fíjese, ¿qué es una tasa? ¿Qué es la tasa de reposición? ¿Qué
significa la tasa de reposición? El señor Arnau lo ha dicho muy
claramente: es un cociente, pero si no analizamos cómo evolucionan las
variables que determinan un cociente, es decir, el dividendo y el
divisor, no vamos a tener ningún conocimiento de lo que está pasando
realmente. ¿Que hay más o menos protegidos? Dependerá también de la
evolución del mercado de trabajo y de la configuración de ese mercado de
trabajo en concreto, y dependerá, sin duda, del número de desempleados
que existan. Es evidente que la tasa de reposición solamente podríamos
medirla con el paro registrado porque es obvio que todos los parados que
cobran el desempleo están registrados y, por consiguiente, ésa es la
medida que debiéramos hacer, pero es exactamente lo mismo. ¿Por qué le
digo que la tasa es más o menos relevante si no la medimos con el
contexto en el que se mueve? Porque perderemos de vista lo que es la
estructura misma del desempleo que se trata de proteger. Entre 1989 y
1993 ustedes saben muy bien que no hubo modificación de la protección por
desempleo; no la hubo, entre 1989 y 1993 la protección por desempleo
tenía los mismos parámetros legales y, sin embargo, la tasa de cobertura
de 1989 era del 2,4 y la del 93 fue del 3,5, mejor dicho, el gasto por
desempleo en el contexto del conjunto, pero también la tasa por
desempleo, la tasa de cobertura, fue superior, superior en 1993 que en
1989, pero es que también en 1994 fue superior que en 1989, después de
haber habido modificaciones legales.
Por tanto, ¿qué es lo que debemos hacer para medir una tasa de cobertura?
¿Simplemente seguir un porcentaje? ¿Simplemente seguir un volumen de
individuos o de beneficiarios o adentrarnos también en lo que está
ocurriendo? Le decía antes que vamos a encargar un estudio y le terminaba
diciendo que en el estudio que encarguemos, para saber supuestos de
protección y desprotección, vamos a seguir convirtiendo la protección por
desempleo, como todo el gasto público, en un juego de suma cero. Si
tenemos que aportar más recursos a una partida, tendremos que quitarlos
de otra. Lo que no podemos hacer es simplemente financiar una prestación,
la que sea, con déficit público. La financiación tendrá que ser con los
ingresos correspondientes para poder afrontar ese gasto.
Le decía que en 1994, a pesar de haberse perdido cobertura respecto a
1993, gastamos, si no me equivoco, 0,8 puntos del PIB más de lo que
gastamos en 1989. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido que las
tendencias de la economía cambian. Fíjese que nunca se discute la tasa de
cobertura cuando la situación económica es mala; las discusiones sobre la
tasa de cobertura se suelen producir cuando la situación económica es
buena. Cuando mejora la situación económica, inmediatamente aparece la
tasa de cobertura de desempleo. ¿Por qué? Porque normalmente lo que se
produce en las fases de recuperación económica es una disminución de la
tasa de cobertura por la incorporación de nuevas personas a la actividad
y a la ocupación de las personas que figuran en la lista de desempleo, y
no se puede decir que miméticamente si disminuye el desempleo en tanto
tiene que disminuir la protección por desempleo en cuanto, ya que no es
así; normalmente disminuye el desempleo en una cifra y disminuye la
protección en más, y ocurre exactamente lo mismo, pero al contrario, en
las fases recesivas: aumenta mucho más la tasa de cobertura que incluso
lo que aumenta la tasa de desempleo. Depende, sencillamente, de que el
proceso en el que estemos sea de destrucción o de creación de empleo.
Fíjese, 1994 es el año que podemos medir. Yo le pediría que no midiera
este año 1995, ni siquiera al Banco de España, porque medir uno o dos
meses no tiene ningún sentido. Usted sabe que el movimiento del empleo y
del desempleo en nuestro país es cíclico y se mueve por temporadas. Por
tanto, al medir ¿qué está comparando? Pero en 1994, que lo podemos medir
realmente, había 1.531.439 beneficiarios, que eran exactamente un 7,2 por
ciento más que en 1992, y un 10 por ciento menos que en 1993. Pero ¿cuál
era la diferencia? Que en 1993 se habían producido 345.000 parados
registrados más que en 1992 y en 1994 149.000 parados menos que en el año
inmediatamente anterior; es decir, en el año 1993 se produce un
incremento del 14,6 del paro sobre 1992 y los beneficiarios aumentan
--fíjese, la progresión no es exactamente igual-- en el 19 por ciento.
Con un 14,6 de incremento del paro en 1993 respecto a 1992 se producen un
aumento de los beneficiarios del 19 por ciento, y en 1994 hay un
incremento del 8 por ciento del paro respecto a 1992; se produce una
disminución respecto a 1993 pero un incremento respecto a 1992, y los
beneficiarios aumentan en el 7,2 por ciento. ¿Por qué? ¿Cuál es la
diferencia? En primer lugar, la diferencia está en que la tendencia es
distinta, la tendencia en 1993 era de pérdida de empleo y la tendencia en
1994 era de pérdida de desempleo, valga la expresión. Por tanto, ésa es
la diferencia. Eso hace que en un caso 14,6 dé 19 y en el otro 8 dé 7,2,
pero hay más cosas. Usted --sin tener el estudio
ya-- mire cuáles son los beneficiarios o los colectivos que están ahora
mismo incorporados al paro registrado, las personas que están paradas
como registradas y qué es lo que va evolucionando de la distinta
configuración de los beneficiarios de la prestación por desempleo.
Primero, en las listas del desempleo registrado de estos últimos tiempos,
de estos últimos meses lo que más presión ha hecho sobre esas listas han
sido las personas sin empleo anterior, es decir, son los sin empleo
anterior los colectivos que menos han disminuido en función de la
disminución del paro que se ha producido en sectores como la industria,
la construcción o los servicios.
Segundo, se lo decía antes --no sé si han atendido--, por ejemplo, una de
las cosas que se ha producido es que en 1994 la baja en el desempleo por
colocación aumentó sobre la que había en 1993 en cuatro puntos. Eso
significa que disminuyeron en mayor medida las bajas por agotamiento de
prestaciones; es decir, que también cambia la configuración de las
personas que están en las listas de paro. Por eso, cuando hacemos el
porcentaje también debemos tener en consideración esas circunstancias.
Yo también tengo esa preocupación que le he dicho, pero no en el sentido
de millones, ni de miles, ni de cientos, sino de personas con nombres y
apellidos que pueden necesitar la protección y que legalmente no están
sometidos al beneficio de esa prestación. Eso sí me preocupa y por eso me
gustaría que se me dijera --en relación con lo que decía el señor Arnau--
qué personas o qué colectivos no están incorporados a la prestación por
desempleo en la regulación actual y deberían estarlo y cuáles de los que
estando no deberían estar, con el fin de que esos 2,3 billones de
pesetas, o los que sean --2,1, 2 ó 1,9--, o ese 3 por ciento del PIB que
nos gastamos en desempleo, realmente nos lo gastemos en atender a las
personas que están en situación real de necesidad, tal y como dice el
artículo 41 de la Constitución. Porque es verdad que podemos cambiar; yo,
insisto, estoy dispuesto a hacerlo manteniendo los equilibrios
presupuestarios y financieros, pero digamos quiénes, porque yo oigo lo
contrario, yo oigo permanentemente que éste es un país subsidiado, que
hay mucha gente que cobra prestaciones sociales y prestaciones y
subsidios... (El señor Peralta Ortega hace signos negativos.)
No; no digo que lo haya dicho usted. Le conozco lo suficiente como para
saber que usted no diría tamaña tontería, pero sí se oye.
Quiero decirle que a mí me gustaría que afrontáramos este debate desde el
punto de vista de lo que es la situación de necesidad y el equilibrio
financiero. Gastarse dos billones de pesetas en desempleo es mucho
dinero. Necesita un esfuerzo presupuestario importantísimo y, por tanto,
más de eso no podemos gastar. Pero este debate ya lo tuvimos, porque lo
dije cuando presenté la ley. Vamos a recuperar --el señor Arnau hablaba
de proteger la protección-- la funcionalidad de esta prestación, que es
absolutamente necesaria, pero vamos a recuperar la funcionalidad en la
medida en que con ella podamos atender situaciones reales de necesidad y,
al tiempo, mantener los equilibrios financieros. Yo, señorías, estoy
dispuesto a trabajar con ustedes, a trabajar con esta misma Comisión,
para analizar --porque es verdad que puede ocurrir-- fenómenos de
desprotección y, también se lo digo, fenómenos de hiperprotección y, por
tanto, para que ese dinero que gastamos, que es un dinero muy importante
en la protección por desempleo, se gaste de acuerdo con la funcionalidad
y la finalidad de la protección. Insisto, a mí me gustaría que se gastara
mucho más dinero en sanidad y algo menos en desempleo. También depende,
obviamente, de que haya menos desempleo, pero, puestos a elegir y a
seleccionar el gasto público, siempre he manifestado --cuando era
Ministro de Sanidad lo decía con mucho fundamento, pero ahora también lo
digo-- que el gasto sanitario sí puede y debe crecer, porque este país
necesita gastarse más dinero en sanidad y no tanto como se gasta en
protección por desempleo.
Pienso, señor Peralta, que las circunstancias del mercado de trabajo
inciden muchísimo --insisto en esto-- en cuál es la semblanza de la
protección por desempleo y no soy tan partidario --no lo hace ningún
país; verá cómo estas cifras de tasa de cobertura no las encontrará usted
en los registros del Eurostat; no existe-- de mantener como criterio el
meramente estadístico de una tasa de cobertura mayor o menor; sí me
parece que esto es un anuncio de algo, es decir, que si baja o sube
desmesuradamente la tasa de cobertura, debemos analizar la semblanza de
la protección por desempleo y entrar allí donde debamos entrar con nuevas
regulaciones, modificando lo que haya que modificar. No tengo ningún
inconveniente en modificar la protección, siempre y cuando se demuestre
que eso ha de hacerse así.
¿Qué colectivos hay que incluir y cómo podemos financiarlo? Yo le
pediría, señor Peralta, que ese ejercicio lo hiciéramos entre todos,
porque no hay nada peor que el discurso de la protección sin afrontar
simultáneamente la responsabilidad de tener que financiar o pagar la
factura de esa protección.
El señor Aparicio dice que coincidimos en las líneas, pero no en el
orden. El orden en que hemos pretendido hacerlo ha sido la simultaneidad.
No es verdad que haya habido primero una cosa, segundo otra y tercero
otra, sino que todas las cosas se han hecho simultáneamente. Al principio
de su intervención decía que el Inem debe hacer fundamentalmente
formación profesional e intermediación. No se lo discuto, pero
desgraciadamente la formación profesional ya no la hace el Inem, sino las
comunidades autónomas en un sesenta y tantos por ciento y, dentro de
nada, en un 100 por ciento, porque es una competencia de las que van a
asumir todas y cada una de las comunidades autónomas. Por tanto, lo que
le queda es hacer fundamentalmente intermediación y políticas activas, y
para eso hace falta la cooperación con las comunidades autónomas. Es
decir, en el mismo momento en que nosotros teníamos que perfeccionar los
mecanismos de intermediación y de formación, la formación estaba
transferida a Andalucía, Valencia, Cataluña y a una serie de comunidades
autónomas y, por consiguiente, en ese caso debiéramos colaborar, que es
lo que se ha hecho con Cataluña, precisamente mediante un convenio con la
Generalitat, para constituir, en relación con el propio Ministerio, una
agencia privada de colocación sin ánimo de lucro.
El control de fraude se hace simultáneamente. Creo que el director del
Inem ya ha estado aquí, en esta misma Comisión, explicando el programa de
control de fraude. Yo les pido simplemente honestidad intelectual a la
hora de reconocer los rendimientos de un programa que se ha desarrollado
a lo largo de 1994 y que se sigue desarrollando en 1995 con altos
rendimientos; yo diría que con altísimos rendimientos, que incluso han
dado lugar a que en el Consejo del Inem alguna central haya formulado la
queja de que se han extremado los controles del Inem: controles en planes
de reinserción laboral, que han dado como consecuencia la baja definitiva
de 296.479 perceptores; control indirecto, con un ahorro de 64.000
millones de pesetas, y mejora de la gestión, con la denegación del
derecho por no reunir los requisitos a 203.302 trabajadores y la revisión
de 193.461. Estos son los planes de control del fraude que se han
desarrollado en el Inem a lo largo del último año y los que constan
también en el contrato-programa, en lo que usted es escéptico. El
contrato-programa es una terminología que sirve sencillamente para
responsabilizar a los gestores que están al frente de una organización
del cumplimiento de unos objetivos y para que respondan con su propio
cargo del cumplimiento o incumplimiento del mismo. Eso es sencillamente
un contrato-programa: el Ministro encomienda al director general del Inem
unos objetivos, que tiene que cumplir respecto a funciones de
intermediación, a funciones de políticas activas, de colocación y de
control del fraude, y en ese contrato-programa también figura
explícitamente este control de lo que podríamos llamar fraude en la
prestación.
La reforma de la protección se hizo en su momento, porque no podía
hacerse sino en ese momento. Había un exceso de gasto que, como usted
sabe perfectamente, nos obligó a venir a la Cámara a pedir unos
suplementos de crédito por importe de cerca del billón de pesetas en
1993, sumados todos; no eran todos del año 1993, sino también de otros
ejercicios, pero es verdad que se había producido el desbordamiento del
gasto. Y, en cuanto a la medida de 1992, es verdad que no tuvo efectos
inmediatos, sino posteriormente.
En cuanto a políticas activas y pasivas, tengo que decir que es verdad lo
que dice. En 1993, del total del gasto de desempleo gastamos un 12,2 por
ciento para políticas activas; en 1994, un 13,1, fue un crecimiento
modesto; en 1995 va a ser un 15,3, es un poco más de gasto, y espero que
en el presupuesto de 1996 el porcentaje de políticas activas sea todavía
mayor, con ánimo de llegar pronto al 20 por ciento, si podemos. Pero
tampoco nos flagelemos con las políticas activas. En España, dentro de
las políticas activas de empleo, tenemos algunos de los programas
señalados y muy aplaudidos por la Unión Europea. Es más, se estimula a
los propios Estados miembros a poner en práctica experiencias parecidas a
las que tenemos en España, y le pongo el caso de las escuelas-taller y
casas de oficio, que es un programa que está siendo analizado muy
favorablemente, muy positivamente por la Unión Europea.
Yo estaría muy gustoso de hacer una comparecencia en esta Comisión para
hablar de la presidencia española y de los objetivos de la política de
empleo, me encantaría hacerlo, pero no es el objeto de esta
comparecencia. Sí quiero decir que corremos un cierto peligro con la
afirmación que ha hecho usted de evaluar las políticas de empleo, por una
razón: porque en el Tratado no hay un solo artículo que permita evaluar
las políticas de empleo, en la medida en que no hay política de empleo de
la Unión Europea. A mí me gustaría que la gente del Grupo Popular del
Parlamento Europeo nos apoyara en la reforma de los tratados,
precisamente para conseguir que el valor añadido a la política de empleo
fuera una política europea, y vamos a proponer que efectivamente en los
artículos 2 y 3 del Tratado se incorpore la política de empleo como
política europea. Pero hoy, en el Tratado, no hay todavía una definición
clara de la política de empleo y de la dimensión social del empleo
posible en Europa, cosa que también habría que definir; no solamente que
pueda haber una política de empleo en la Unión Europea, sino que exista
igualmente una dimensión social que determine cuál es el empleo posible
en la Unión Europea, lo que sería llevar al texto constitucional de la
Unión Europea el resumen de lo que es la Carta de derechos sociales
fundamentales. Si eso lo conseguimos, podremos introducir mecanismos de
vigilancia multilateral, pero dígame ahora en qué artículo del Tratado
podemos encontrar un mecanismo de vigilancia multilateral que se refiera
a políticas de empleo, porque no la hay.
Si hay algún error, algún fallo en la determinación de la política de la
Unión Económica Monetaria, es que no considera la política de empleo como
objetivo de la Unión Económica y Monetaria, cuando debiera ser su
objetivo fundamental. Por eso es necesario alterar un poco los términos
de la redacción de algunos artículos de los tratados para entrar de lleno
en lo que es el terreno de los mecanismos de vigilancia multilateral o de
evaluación de políticas de empleo. Ya le digo de antemano que en el
artículo 103 del Tratado no cabe esto. No está en los criterios del
Tratado y no debe estar. Creo que el empleo no es nunca un criterio de
convergencia, sino el objetivo de la convergencia. En eso estamos de
acuerdo los quince ministros que nos reunimos en la misma mesa. Por
tanto, no puede ser un criterio del artículo 103 del Tratado, ya que el
criterio del artículo 103 son las orientaciones de política monetaria.
Al señor Hinojosa debo decirle que es verdad que se ha rebajado el costo,
pero no es exactamente cierto que sea simplemente como consecuencia de
las normas. Por supuesto que las normas han influido, pero esto de que la
vuelta al trabajo de quienes están en paro no ha influido tampoco es
cierto; claro que ha influido y mucho. La tasa de salida de la prestación
por desempleo de personas que han encontrado una colocación ha aumentado
en 4 puntos en un año. Por tanto, sí ha influido. Es decir, el hecho de
que a lo largo de 1994 haya disminuido mes a mes el desempleo ha influido
también en la disminución de la cobertura.
El INEM no va a interferir en ninguna otra política de empleo. Todo lo
contrario: está colaborando en las demás políticas de empleo. Es más, le
diré que el INEM, como consecuencia del último Decreto que aprobamos
sobre agencias de colocación y sobre servicios integrales de promoción de
empleo, ya tiene firmados algunos convenios
de colaboración, el primero de ellos con la Generalidad de Cataluña
precisamente, para poner en marcha esas políticas de empleo que pueden
desarrollar las comunidades.
Al señor Mardones le diría que puede haber deficiencias en la gestión y
en el control, pero acabo de leer algunos de los programas que ya se
desarrollaron en 1994 y que forman parte también del contrato-programa
que se ha suscrito en 1995 con el INEM. Es verdad que todos y cada uno de
ellos en estos tres grandes apartados (planes de reinserción laboral, de
control indirecto y de mejora de la gestión con una serie de subprogramas
específicos) están contemplados en el contrato-programa.
En cuanto al estudio de la protección real, yo decía que en otoño. Se
puede empezar ya mismo, no hay ningún inconveniente, pero me gustaría que
en otoño tuviéramos esa semblanza de supuestos protegidos y
desprotegidos.
Es verdad que la competencia ha influido en la mejora de la prestación de
servicios del INEM. De enero a enero --estoy hablando de 1994 a 1995-- ha
hecho 5 puntos más de intermediaciones; me parece que ha pasado del 8 a
casi el 13 por ciento en la intermediación de las colocaciones que se
producen y, por consiguiente, ha mejorado su eficacia. Es lógico. Creo
que el monopolio no resistía e incluso perjudicaba a la propia eficiencia
del organismo. En el momento en que el INEM ha tenido que compartir sus
funciones y, al mismo tiempo, colaborar con otros organismos, se ha
mejorado la prestación de servicios. Fíjese que esta segunda parte es tan
importante como la primera. No es que haya algunas entidades que
intermedian, sino que hay muchas que están empezando a colaborar con el
INEM, cosa que, por otro lado, era absolutamente imprescindible desde el
momento en que las comunidades autónomas asumían la formación
ocupacional. Desde ese momento el INEM ya tenía que hacer convenios de
colaboración para la intermediación y eso fortalecía y mejoraba su
eficacia. Creo que eso va a continuar en el futuro.
Lo que sí le digo es que no hay déficit en el INEM. En 1995 no solamente
no va a haber déficit en el INEM --toco madera--, sino que creo que habrá
remanentes no gastados. Es decir, puede ser que gastemos menos de lo que
está presupuestado en el gasto de prestaciones. No lo sé todavía porque
eso va a depender mucho del comportamiento del mercado de trabajo de aquí
a diciembre, pero es verdad que las aportaciones que tiene que hacer el
Estado, las que hizo este año para el presupuesto de 1995 y las que haga
para el presupuesto de 1996 van a ser menores. En 1996 se contemplará
probablemente una aportación del Estado al INEM inferior a la de 1995 y
ésta, a su vez, fue inferior a la de 1994.
Señor Arnau, me ha dado usted los argumentos y se lo agradezco muchísimo
porque, efectivamente, ésos son. Cuando hablábamos de proteger la
protección creo que nos basábamos en todos y cada uno de los argumentos
que ha explicado usted. No podemos hablar solamente de un cociente sin
conocer cómo han evolucionado el dividendo y el divisor. Estoy
completamente de acuerdo en sus datos y le añadiría que precisamente esos
efectos --me parece que lo he dicho también-- no se producen simplemente
como trasunto el uno del otro: si el desempleo disminuye el 10 por
ciento, la tasa de cobertura también disminuye en el 10 por ciento;
normalmente suele ocurrir que cuando aumenta el desempleo aumenta más la
tasa de cobertura de lo que aumenta el desempleo y cuando disminuye el
desempleo disminuye más la tasa de cobertura de lo que disminuye el
desempleo porque el mercado de trabajo se mueve normalmente por esos
parámetros y desgraciadamente todavía el mercado de trabajo suele ser
especialmente agresivo y cruel para las personas que no tienen todavía
esa facultad, esa capacidad o esa experiencia de haber trabajado; se
incorporan nuevos al mercado de trabajo y permanecen en paro bastante más
tiempo. Por eso los programas específicos que se efectúan normalmente en
políticas en beneficio de colectivos que encuentran dificultades para
obtener un empleo se hacen muchas veces sobre parados que no están
cobrando la prestación por desempleo. Si observamos muchos parados de
larga duración, son personas que nunca cobraron la prestación por
desempleo, son personas que se incorporaron al mercado de trabajo y que
no tienen todavía la cualificación suficiente y tienen que hacer un
ejercicio de formación previo a su colocación. Por tanto, no es
exactamente cierto que la protección por desempleo una vez agotada vaya
generando parados de larga duración porque normalmente los que cobran la
prestación contributiva tienen un índice de rotación mayor que los otros
colectivos. (El señor Aparicio Pérez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Señor Aparicio, la norma del
presidente ordinario de esta Comisión es no abrir esos turnos
excepcionales.
De todas maneras, como SS. SS. saben, esta comparecencia del señor
Ministro de Trabajo y Seguridad Social se ha efectuado de acuerdo con el
trámite previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara y la
Resolución dictada por la Presidencia a los efectos de su interpretación.
Esta Presidencia, para poder abrir en su caso ese turno excepcional que
solicita el señor Aparicio, debería contar con el acuerdo de la Mesa y
oír a la Junta de Portavoces y tener, además, el precedente del
Presidente, señor Martínez Noval, que a esta Presidencia no le vincula
pero le condiciona.
¿Hay algún Diputado que quiera ejercer ese turno de aclaración
adicionalmente también? (Pausa.) El señor Mardones y señor Peralta. Y los
portavoces, ¿qué opinan en relación con la apertura de este turno
extraordinario? (Pausa.) No tienen inconveniente.
Cada uno de los señores que ha pedido la palabra tiene 30 segundos. En
primer lugar, tiene la palabra el señor Aparicio.
El señor APARICIO PEREZ: Gracias, señor Ministro, por reconocerme que las
medidas de lucha contra el fraude fueron puestas en marcha con
posterioridad a lo que fue realmente el recorte de prestaciones.
Quiero hacer una única precisión y termino. No estamos hablando de que
España venga obligada por el Tratado de la Unión al cumplimiento de una
determinada actuación. En ese caso no habría discusión posible. Lo que
estamos hablando es del compromiso libremente adquirido
por España en la cumbre de Essen, como el resto de países asistentes a
dicha cumbre, de presentar un informe de evaluación del cumplimiento de
los cinco objetivos allí definidos, precisamente bajo la presidencia
española en octubre.
Comprendo que esto no le resulte muy oportuno o muy apetecible al
Gobierno español en este instante de su presidencia. No estoy hablando de
Tratado de la Unión, estoy hablando del compromiso libremente adquirido
por España en la cumbre de Essen, que no estaría mal que cumpliese y no
se refugiase en razones procedimentales o de calendario.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Señor Mardones, tiene 30
segundos para el turno de palabra excepcional.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor Ministro, como mi última pregunta era
referida a la tasa de cobertura en el Archipiélago canario --si no puede
contestarme ahora me lo puede remitir por escrito--, decirle que en las
cifras de que este Diputado dispone, las últimas que se me han facilitado
en marzo de 1995, aparece que en las oficinas del Inem en Canarias hay
una demanda de empleo de 181.000 personas (hablo en números redondos), de
las cuales sin empleo anterior hay 34.500, que no podrían estar acogidas
ahí, por lo que deduzco que tendríamos aproximadamente unas 145.000
personas que tendrían la posibilidad de tener cobertura. Por ello
solicito del señor Ministro me haga llegar la última cifra que tenga su
Ministerio, en el Inem, sobre la tasa de cobertura por desempleo.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Tiene la palabra el señor
Peralta por el mismo tiempo, por favor.
El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente, señor Ministro. Ha hecho usted
una referencia a que sólo en momentos de bonanza económica se habla de la
tasa de cobertura porque en esos momentos cae la tasa de cobertura. Yo
quiero decirle, señor Ministro, que en la segunda parte de la década de
los 90 se creó mucho empleo en nuestro país y la tasa de cobertura en el
año 1987 era del 35 por ciento, y en el año 1991 era del 64,2 por ciento.
La tasa de cobertura creció espectacularmente --lo ha dicho usted, y yo
lo ratifico--. Por tanto, señor Ministro, se habla de la tasa de
cobertura cuando la tasa de cobertura va mal. En estos momentos,
desgraciadamente, va mal, aunque el empleo, como usted dice, puede estar
atravesando un cierto repunte. La razón por tanto es otra.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Para contestar los turnos
excepcionales, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Seguridad
Social.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Señor
Aparicio, no confunda lo que es el informe plurianual de empleo con los
sistemas de vigilancia multilateral, que nada tienen que ver, se lo
aseguro. Claro que en octubre vamos a tratar en Córdoba del programa del
empleo y luego, en la Cumbre de Madrid, se va a aprobar los informes
plurianuales sobre el empleo. Otra cosa es el sistema de vigilancia
multilateral, que no está previsto en el Tratado. Eso debe ir a la
Conferencia Intergubernamental que reforma el Tratado. Son dos cosas
distintas.
Si se refiere usted a los informes plurianuales, preside el Secretario de
Empleo el grupo de trabajo, que se reúne el 17 de este mes, y van a ser
pedidos a todos los Estados miembros para tenerlos antes del 30 de
septiembre. Desde luego el español será el primero en ser presentado a
partir del 17 de julio.
Señor Mardones, no le puedo dar esa información porque no la tengo aquí,
pero se la puedo enviar.
Señor Peralta, no me haga trampas. Usted mezcla un año en donde no está
hecha la reforma con otro año con una reforma ya hecha. Si usted me
mezcla el 87 con el 91, en medio ha habido una reforma, pero si mezcla el
87 y el 88 con el 85, verá usted que no es así, porque en el 88 y el 87
con respecto al 85 baja la cobertura. Otra cosa es que haya implantación
de una norma que aumenta o disminuye la cobertura, pero comparemos
términos homogéneos. Lo que yo le estoy diciendo es que en 1994, en que
se dice que ha bajado la cobertura, nos gastamos en desempleo mucho más
que en 1989, en relación con el PIB, y eso que sí se había hecho una
norma entre el 89 y el 94.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Díaz): Gracias, señor Ministro.
Se levanta la sesión.
Eran las once y quince minutos de la mañana.