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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 539, de 27/06/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 539
NO PERMANENTE SOBRE COOPERACION
Y AYUDA AL DESARROLLO
PRESIDENTE: DON LUIS YAÑEZ-BARNUEVO GARCIA
Sesión núm. 7
celebrada el martes, 27 de junio de 1995
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Hernando Fraile (Grupo Parlamentario Popular), sobre razones
por las que el Ministerio de Comercio y Turismo se niega a informar sobre
las operaciones comerciales para las que distintas empresas han
solicitado financiación de los Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) no
concedidas por el Gobierno. (BOCG serie D, número 246, de 19-6-95. Número
de expediente 181/001569). (Página 16434)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para eliminar trabas políticas
o administrativas que en la actualidad paralizan proyectos empresariales
financiados con créditos del Fondo de Ayuda del Desarrollo (FAD). (BOCG
serie D, número 246, de 19-6-95. Número de expediente 181/001572).
(Página 16437)
--Del mismo señor Diputado, sobre formulación de un cuestionario a
empresas que han desarrollado proyectos financiados con créditos del
Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para realizar el control y evaluación
de dichas operaciones. (BOCG serie D, número 246, de 19-6-95. Número de
expediente 181/001573). (Página 16440)
Proposición no de ley sobre la figura del cooperante. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 216, de 10-4-95.
Número de expediente 161/000454). (Página 16441)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:
--RAZONES POR LAS QUE EL MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO SE NIEGA A
INFORMAR SOBRE LAS OPERACIONES COMERCIALES PARA LAS QUE DISTINTAS
EMPRESAS HAN SOLICITADO INFORMACION DE LOS FONDOS DE AYUDA AL DESARROLLO
(FAD) NO CONCEDIDAS POR EL GOBIERNO. FORMULADA POR EL SEÑOR HERNANDO
FRAILE (GP). (Número de expediente 181/001569.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, se abre la sesión de la Comisión no
Permanente sobre Cooperación y Ayuda al Desarrollo con la comparecencia,
que agradecemos, del Secretario de Estado de Comercio Exterior, don
Apolonio Ruiz Ligero, que contestará a las siguientes preguntas,
comenzando por la primera: Razones por las que el Ministerio de Comercio
y Turismo se niega a informar sobre las operaciones comerciales para las
que distintas empresas han solicitado financiación de los Fondos de Ayuda
al Desarrollo (FAD) no concedidas por el Gobierno. El autor de la
pregunta es don Rafael Hernando Fraile, del Grupo Popular, que tiene la
palabra si quiere ampliar el texto de la pregunta escrita.
El señor HERNANDO FRAILE: Durante los últimos años hemos intentado
recabar información sobre los créditos FAD, no sólo respecto de los
proyectos aprobados y autorizados en Consejo de Ministros, sino también
de aquellos otros proyectos sobre los cuales el Ministerio de Comercio y
Turismo --antes el Ministerio de Industria y primeramente el Ministerio
de Economía y Hacienda-- decidió no conceder este tipo de financiación.
Sobre esos proyectos hemos intentado recabar información del Gobierno,
información que en ningún caso hemos conseguido obtener. En unos casos,
porque se nos ha dicho que no existían ese tipo de denegaciones y, en
otros, porque el Ministerio se ha negado a dar esta información. Para
nosotros esta información es importante porque supondría dar más claridad
sobre algunas de las cuestiones sobre las que hemos recibido denuncias de
algunos empresarios respecto del trato de favor a la hora de adjudicar
estos proyectos. Dentro de la labor de control, estimamos que ésta es una
tarea más referente a la gestión de los créditos FAD y por eso
preguntamos al Secretario de Estado, en este caso, qué razones existen
para que el Gobierno, una vez más, se niegue a informar sobre estas
operaciones denegadas por parte de su Ministerio.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): Buenos
días. como S. S. dice, en varias ocasiones se ha dirigido al Gobierno por
escrito para intentar recabar información sobre aquellas operaciones que
habían sido denegadas sobre la concesión de créditos FAD. En varias
ocasiones, S. S. ha recibido no un negativo, sino razones fundadas por
las cuales ese tipo de información no se daba, lo que era importante.
Quiero volver a aclarar, aunque ya lo he hecho por escrito, que no se
trata propiamente de actos administrativos de concesión o denegación de
ningún crédito. Si existiese, como puede existir en un organismo
financiero, un acto administrativo por el cual se deniega o se aprueba un
crédito, en la propia legislación hubiera existido una obligación, bien
sea en el Decreto-ley de 1976 bien sea en el Reglamento de 1977, de
llevar a la Comisión Interministerial no sólo las propuestas de elevación
al Consejo de Ministros para la concesión de créditos a un determinado
Estado, sino que también se llevarían las que habían sido analizadas y en
las que el crédito no había sido denegado porque se había considerado que
dicha operación no reunía los requisitos que el país al que se le
concedía demandaba o incluso por los requisitos pedidos por nuestra
legislación en lo que se refiere a escaso valor añadido o a un bien
perecedero que no puede ser, excepto alguna salvedad, sometido a crédito
FAD, etcétera.
Por tanto, durante todo este tiempo, incluso hasta el año 1991, había
multitud de consultas, tanto verbales como escritas, a la Dirección
General de Política Comercial, que es el canal que se establece, a las
que se dan muchos tipos de respuestas: desde una persona que no está
suficientemente bien informada y llega al Ministerio preguntando si la
exportación de zapatos al Japón puede verse favorecida por un crédito FAD
--obviamente se le dice verbalmente que no-- y no se produce ningún
registro especial, hasta a aquellos que durante mucho tiempo mantienen
vivas --por decirlo de alguna manera-- las consultas a la Dirección
General de Política Comercial porque son una y muchas gestiones las que
hay que efectuar hasta que realmente se llega a aprobar un crédito por
parte del gobierno que lo recibe.
Toda esa información se empezó a hacer un poco más sistemática a partir
de la creación puramente interna, porque
es un órgano interno de la Administración, del propio Ministerio, de la
Comisión Financiera, la cual desde hace dos años viene ya elaborando no
actas de aprobaciones y denegaciones, puesto que no existen, pero sí un
registro más sistemático de lo que se ha venido presentando a la Comisión
Interministerial y de aquello que no ha ido a la Comisión
Interministerial, porque la propia Comisión Financiera reconocía que no
se daban los requisitos por comunicaciones del gobierno receptor del
crédito o bien porque incluso no se daban esas condiciones mínimas que
aparecen en la legislación del FAD.
En una comparecencia anterior --si no recuerdo mal, en esta Comisión, me
parece que en el mes de febrero--, a una pregunta de S. S., dije que en
la próxima legislación del FAD, que está en estos momentos en la Comisión
de Subsecretarios y espero que pueda estar pronto en esta Cámara,
podíamos tener cada vez más un registro sistemático de ese tipo de
operaciones y que, aunque no se trata en absoluto de denegaciones ni
existe ningún interés por parte de la Comisión Financiera ni de la
Dirección de Política Comercial de ocultar nada, la propia ley del FAD y
su reglamento posterior establecen un criterio de comunicar a la Comisión
Interministerial, una vez que tengamos un registro sistemático, no sólo
las propuestas que se elevan con criterio de su alegación al Consejo de
Ministros, sino todas aquellas que no han sido denegadas, sino sobre las
que ha existido trámite y no son elevadas a la Comisión Interministerial
porque se entiende que no reúnen todos los requisitos. Añadí en esa
comparecencia que cuando eso se produjera y cuando esa incorporación a la
nueva ley se diera y se informara a la Comisión Interministerial, como es
lógico, con todo gusto informaríamos a SS. SS.
Por el momento, existen dos razones, ninguna de ellas de ocultación ni
que puedan suponer esas protestas que menciona S. S. Deben ser protestas
que le presentan a S. S. porque, desde luego, protestas que puedan poner
en evidencia un funcionamiento no correcto del FAD de los últimos años no
se han producido, y me remito a algunas editoriales periodísticas
recientes en las cuales se considera que, efectivamente, con los
problemas de todo mecanismo que nace al principio todavía sin mucha
experiencia, el balance es sumamente positivo. Esa línea de balance
positivo es la de la próxima legislación, una vez que seamos capaces de
tener un registro sistemático informatizado. Igual que se le está
mandando a S. S. y que hemos sacado en el «Boletín de Información
Comercial Española» todos los créditos FAD concedidos en los últimos 18
años por países, empresas, número de registro, etcétera, así lo haremos.
Por el momento, no existe esa obligación formal, por cuanto que --vuelvo
a insistir en este elemento-- no se produce un alto administrativo de
denegación puesto que no se le está concediendo un crédito a un
exportador. Es verdad que existe una comunicación y que, de alguna
manera, el exportador se tiene que comunicar con algún departamento de la
Administración, y legalmente está establecido que sea en el Ministerio de
Comercio la Dirección General de Política Comercial. Ante ella lo que se
presentan son documentos que van desde una consulta puramente formal
diciendo: «Usted cree que si yo un día hablo con un importado de
Argentina de calderas voy a poder ser beneficiario de un crédito FAD?» La
contestación que le da la Dirección General de Política Comercial es la
siguiente: Si ese país, por su renta «per cápita» a nivel de desarrollo,
etcétera, puede ser beneficiario de un crédito FAD y si en ese momento
existe realmente una concesión de dicho crédito FAD que haya sido además
aceptada por ese gobierno, a través de un agente financiero, que ha sido
determinado al efecto, eventualmente eso se puede producir, pero siempre
con muchísimos condicionales puesto que, en última instancia, quien tiene
la decisión definitiva de si una operación determinada se financia o no
con cargo a un crédito es el país receptor, porque es un crédito
comprador.
Dicho todo esto, a pesar de que no se trata, como digo, de ningún acto
administrativo de concesión o denegación, existe la voluntad que expresé
ya en mi comparecencia anterior, de adquirir experiencia en poder
registrar ese tipo de documentación. Por ejemplo, de los tres primeros
años del FAD no existía propiamente dicho un cuestionario; existían unas
peticiones, que eran muy pocas. Se ha ido organizando el sistema;
sistema, por otra parte, totalmente transparente. Su señoría se refería
al control y debo decirle que no solamente existe el externo que ejercen
SS. SS. en esta Cámara --son muchas las preguntas contestadas--, sino que
hay controles internos muy importantes en todo el funcionamiento del FAD;
no solamente el control de la Intervención General de la Administración
del Estado; no solamente el control de la propia auditoría del Instituto
de Crédito Oficial como agente financiero del Gobierno, sino el control
del Tribunal de Cuentas y, propiamente, el control externo que ejercen
SS. SS. Después de todo esto, el hecho de que muchas consultas o
comunicaciones que se reciben en la Dirección General de Política
Comercial, que es la ventanilla encargada de recibirlas, no hayan sido
objeto de tratamiento sistemático y de registro para comunicarlas a la
Comisión Interministerial, es algo que ha sido hecho por esas dos razones
que expresa S. S.
No es posible disponer de él ahora porque no existe una informatización
de ese registro sistemático. Además, habría que ver cómo --lo he
comprobado muy recientemente, después de las actas de la Comisión
Financiera-- se puede agrupar lo que es una consulta verbal, lo que son
consultas que tenemos ahora en relación con el paquete Helsinki, que
tenemos que contrastar con OCDE en París para ver si son comercialmente
viables o no lo son. Todo eso hace que no sea un registro sencillo de
noes o de síes y, por lo tanto, que no sea fácil tenerlo completamente al
día, con todas las salvedades que he dicho anteriormente.
Tanto en el texto del anteproyecto de ley como en el del reglamento, que
después le dará forma y entrará en mayores detalles, está previsto que se
incorporen como información, sin que la Comisión Interministerial decida
sobre ello, sin que tenga capacidad para entrar en ello sino solamente
para informar, aquellas solicitudes o consultas realizadas al Ministerio
y que no son elevadas, por una serie de razones muy explicitadas, a la
Comisión Interministerial del FAD.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: El señor Secretario de Estado ha intentado
darnos unas explicaciones que se caen no sólo por su propio peso, sino
también por sus manifestaciones y declaraciones en esta Comisión.
Usted ha hecho referencia a sus manifestaciones del 7 de febrero de 1995
aquí. Estábamos hablando en aquel momento, señor Ruiz Ligero, de la
evaluación, y usted decía: Por último, no tengo ningún inconveniente y,
como he dicho antes, lo vamos a incorporar a la nueva legislación del
FAD. Y añadía: Y mucho menos voy a negar lo de la transparencia, y vamos
a enviar lo de las operaciones denegadas (tema que le habíamos solicitado
a lo largo del debate); no hay ningún problema. Era un problema puramente
interno. A continuación, yo hice una pregunta para saber cuándo iban
ustedes a enviarnos esas operaciones denegadas y en qué consistían las
mismas. Además, teníamos constancia de la existencia de estas operaciones
denegadas, no solamente por las denuncias de algunos empresarios, sino
también por lo que había manifestado el propio Tribunal de Cuentas en su
informe referido al FAD, en el que daba un número muy concreto, señor
Ruiz Ligero, de operaciones denegadas.
En esa contestación ustedes cambian el carrete, cambian la casete y
vinculan el hecho de la información de las operaciones denegadas a la
aprobación de la regulación del FAD. Y dicen ustedes: Por lo tanto,
cuando dicha modificación haya sido aprobada por las Cortes, y sólo en
ese momento, se dará cumplida información de tales operaciones a SS. SS.
en caso de que así lo solicitare.
No tiene nada que ver una cosa con otra. Las denegaciones son
actuaciones, actos administrativos, y están sometidos al control
parlamentario, señor Ruiz Ligero. Yo sé que ustedes, a lo largo de su
historia, están contumazmente empecinados en no dar información, y
respecto a lo que usted se vanagloriaba hoy que era de haber publicado
una lista sobre todos los créditos FAD en la revista del ICEX, quiero
decirle que hace tan sólo tres años era una especie de secreto de Estado
a lo cual no se podía acceder de ninguna forma porque se violentaba la
seguridad comercial y el tráfico comercial de los empresarios españoles.
Hemos visto que ése era un argumento absolutamente absurdo. Le quiero
decir que vuelve hoy aquí a dar un paso atrás y vuelve a abanderar esa
línea de oscuridad de su Ministerio, que en absoluto tiene que ver con lo
que tiene que ser su Secretaría de Estado que está sometida al control
parlamentario, no porque lo diga usted o yo, sino sencillamente porque lo
dice la Constitución de la cual nos hemos dotado todos los españoles.
Le pediría que rectificara. Lamento tener que acudir, de forma reiterada,
al Presidente del Congreso mediante un recurso de amparo para que ustedes
tengan que contestar. Les pido que no me obliguen a emplear más ese
mecanismo; que ustedes contesten, que reconozcan la importancia de esta
Cámara, del control parlamentario y que esto, señor Ruiz Ligero, no es
una lucha entre esta señoría y usted o con quien le haya precedido. Este
es un asunto de control parlamentario que va mucho más allá de lo que
somos usted o yo, de las cuestiones personales y los debates políticos
entre diferentes grupos.
Esto, señor Secretario de Estado, no puede quedarse así. Ustedes no
pueden hipotecar, una vez más, la información por un condicionamiento
sobre una reforma legal que no tiene absolutamente nada que ver.
Yo le exijo aquí que dejen de convertirse en los campeones de la
oscuridad, que sean los campeones de la transparencia y que nos den, lo
más rápidamente posible, esas operaciones denegadas para que nosotros
juzguemos si están o no bien denegadas, que ésa debe ser la tarea a la
que debe aplicarse la oposición, controlar al Gobierno y controlar las
actividades y los actos del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): En
primer lugar, aunque no me gusta leerme a mí mismo como está
perfectamente reflejado en la misma comparecencia, y tengo delante la
hoja, tengo que decir que efectivamente en la página 12.647, de 7 de
febrero de 1995, «Diario de Sesiones» número 413, dice: «En lo que se
refiere a operaciones denegadas en los años 1993 y 1994» (en ese momento
se estaba haciendo mención a esos años), «precisamente en el proyecto de
ley que vamos a traer a esta Cámara una de las cuestiones que se recogen
es que sí se va a dar una información, lo más detallada posible, a los
miembros de la Comisión Interministerial y, por tanto, a SS. SS., siempre
que pidan esas resoluciones de la Comisión Interministerial, de aquellas
operaciones denegadas durante todo el período.»
Eso se ha dicho así exactamente. Otra cosa es que lo cuestione usted
después y que crea --está en su derecho-- que se debe hacer antes de que
se modifique la legislación, pero no me diga que eso estaba en evaluación
y no están denegadas. Están denegadas y dice exactamente eso. Lo
manifiesto en el «Diario de Sesiones» número 413: «en lo que se refiere a
operaciones denegadas». No estoy hablando de la evaluación, sino de
operaciones denegadas.
No voy a entrar, señoría, por razones formales, personales o políticas, a
utilizar ese léxico tan florido que trae usted esta mañana al hablar de:
«contumazmente empecinado». La revista del ICEX no, señoría. No es del
ICEX, es de «Información Comercial Española» (quítele la equis), que se
publica desde hace 62 años.
Nunca hemos creído que eran secretos de Estado, a pesar del nombre de
Secretario de Estado. Es mucha la información que hay desde hace mucho
tiempo y no porque pensemos que ése es un detalle de generosidad, sino
porque es nuestra obligación, pero ustedes quieren llegar a unos niveles
que en algunos casos es absolutamente imposible. Llegar a que toda
consulta que se hace a un funcionario de cualquier nivel en un Ministerio
tiene que tener un registro sistemático, tiene que ir incluso al registro
externo con la hipótesis previa de que necesariamente eso es falta de
transparencia, es algo en lo que ya sé que no vamos a estar de acuerdo.
Además, señor Hernando, le digo con toda sinceridad que cualquier
transparencia, dado el nivel de crítica parlamentaria que ustedes han
establecido en
este esquema, siempre va a ser poca. Aunque en la próxima legislatura les
demos información con toda clase de detalles seguirán considerando que es
insuficiente, que no cubre todos los requisitos que ustedes consideran,
que hay que ir mucho más allá, etcétera.
Habla usted de ser abanderados de la línea de oscuridad; de que hay que
rectificar, etcétera. Aquí parece que lo que se está produciendo es la
jura de Santa Gadea. Reclama S. S. que se reconozca la importancia de la
Cámara. Desde que estoy en algún cargo que tiene relevancia en la
política, he considerado absolutamente fundamental la importancia del
control parlamentario de la Cámara, no he hipotecado nunca esa
información y no hemos sido campeones de la oscuridad. Es un léxico que
no acabo de entender cuando existe la mejor voluntad siempre dentro de
nuestras disponibilidades.
En este momento, aunque usted recurra al amparo --está usted en su
derecho-- no le vamos a poder enviar esa información hasta pasados muchos
meses, porque sencillamente ni está registrada ni debidamente sometida a
registro computerizado, a tener una información sistemática, pero no por
ninguna razón de oscuridad. Usted pregúntele a un banco en este momento
que le dé un registro sistemático de todas las consultas orales que le
han hecho los clientes en los últimos siete años. Al banco se le puede
pedir. En toda la información que nos ha pedido, y que se le ha dado con
mucho gusto, se le ha dicho en varias comunicaciones que tenemos un
aparato informático en la Secretaría de Estado prácticamente dedicado a
la contestación de esas preguntas, con un coste importante, pero que no
nos importa porque cada vez es mejor ese registro. Se hará, sobre todo,
cuando la legislación que nosotros mismos vamos a proponer a esta Cámara
va a exigir que se informe a la Comisión Interministerial de esas
operaciones cursadas, que no denegadas porque, vuelvo a insistir, en que
aunque sean administrativos --por supuesto que lo son--, no son actos
administrativos de concesión, aprobación o denegación de créditos. Sigo
insistiendo en ello porque me parece muy importante en el fondo y no en
la forma.
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a los siguientes puntos del orden del
día, quisiera tomarme la libertad, en esta modesta Comisión, de sumarme a
una campaña que están haciendo a esta misma hora por la que pedían que se
sumaran instituciones de muy diversa naturaleza las emisoras de radio sin
excepción de toda España pidiendo la liberación de Anabel Segura, una
chica secuestrada hace dos años y de cuyo paradero no se tiene noticia
desde hace bastante tiempo. Creo que represento al conjunto de la
Comisión al hacerlo. Querían que se hiciera ese llamamiento a las diez y
media y estamos llegando a esa hora.
Aprovecho este pequeño paréntesis para decir que desgraciadamente tenemos
que sumarnos a la condena del último atentado que ha habido hace hora y
media en el Palacio de Comunicaciones de Madrid, con una carta-bomba y
desear la recuperación de los heridos que parece ser --las noticias han
sido muy recientes-- que han sido uno o dos empleados de Correos.
--MEDIDAS PARA ELIMINAR TRABAS POLITICAS O ADMINISTRATIVAS QUE EN LA
ACTUALIDAD PARALIZAN PROYECTOS EMPRESARIALES FINANCIADOS CON CREDITOS DEL
FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO. FORMULADA POR EL SEÑOR HERNANDO FRAILE
(GP). (Número de expediente 181/001572.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a los siguientes puntos del orden del día.
Le pregunto al Diputado, señor Hernando, si los puntos 2 y 3 están
incluidos en el debate anterior o no. (Denegaciones.) En ese caso,
pasamos al punto 2 y tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: La segunda pregunta pretende conocer las
medidas que piensa adoptar esa Secretaría de Estado para eliminar trabas
políticas o administrativas que en la actualidad paralizan proyectos
empresariales financiados con créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo,
independientemente de que las tengan computerizadas o no, señor
Secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): A lo
mejor no existe en el diccionario de la lengua. Perdone S. S. si no he
utilizado la palabra correcta. No están sometidas a tratamiento
informático, sería lo correcto.
Medidas. Tengo que ir otra vez a la letra de la pregunta. Las medidas que
piensa adoptar el Gobierno no son para eliminar trabas políticas o
administrativas, sino para mejorar, adaptar y hacer mucho más asequible y
útil un mecanismo que ha venido funcionando adecuadamente en la promoción
del comercio exterior y de la internacionalización. Son lecturas un poco
distintas. Es la botella medio llena o la botella medio vacía. Su señoría
dice que esas medidas van a eliminar trabas políticas o administrativas.
No tenemos conocimiento de que existan esas trabas políticas y
administrativas. No sé a qué trabas políticas puede hacer mención S. S.
No creo que se le pida a nadie su afiliación política ni que pertenezca a
un determinado grupo para ser susceptible de concesión de crédito,
trátese de país o de empresa. Por tanto, no se me alcanza a ver cuál es
el tipo de trabas políticas.
En cuanto a trabas administrativas, pudiera existir no una traba, sino,
en algún momento, funcionamientos administrativos poco ágiles. No somos
tan perfectos, ni mucho menos, como para que en 18 años no se hayan
podido registrar determinadas trabas en el funcionamiento del FAD, y no
estoy hablando aquí de los actuales responsables de la gestión, sino del
FAD en general. Se han podido producir, a lo mejor al principio,
funcionamientos administrativos no todo lo ágiles que hubiera sido
necesario, pero por eso no se puede hablar de trabas. Hemos hecho
bastantes encuestas a empresarios sobre el funcionamiento de los créditos
FAD y sobre el funcionamiento de toda la operativa
previa a que los créditos sean elevados a Comisión Interministerial y no
tenemos constancia de que existan esas trabas administrativas. Es verdad
que la fiscalización que el Tribunal de Cuentas hace de los créditos FAD
establece que son mejorables, que esos tratamientos son mejorables, y, en
ese sentido, en la última publicación sobre los créditos del Fondo de
Ayuda al Desarrollo se da una información realmente exhaustiva de cuáles
son todos los pasos que debe seguir un empresario para obtener
información o incluso ser incluido en un determinado crédito, y vamos a
seguir por ese camino cada vez más; la Comisión Interministerial ha
cambiado sus criterios de concesión y de elevación de los créditos cada
dos años, ha considerado temas fundamentales, como pueden ser aquellos
que tienen que ver con si se financian servicios o no; es decir, toda una
serie de modificaciones en los criterios, pero en ningún momento se puede
decir que hayan existido trabas políticas o administrativas.
Tal vez S. S. lleva razón en una parte. Es verdad que cada vez son menos
los proyectos que pueden ser sometidos a financiación FAD, pero no es por
un capricho administrativo ni por una decisión política española, sino,
sobre todo, como consecuencia de las regulaciones internacionales a las
que nuestro país se ve sometido. Hace unos años, antes del año 1992,
cuando no existía una regulación consensuada en la OCDE --el denominado
paquete Helsinki--, había un universo muy grande, tanto de proyectos como
de países, que podían verse beneficiados por estos créditos. Como
consecuencia de la regulación a la que he hecho mención y de la que
España es signataria, se han ido reduciendo los proyectos y los países,
lo que hace que, efectivamente, muchas consultas y muchas solicitudes que
se hacen al Ministerio ahora tengan que ser contestadas de manera
negativa, cuando antes posiblemente se sometían a estudio. Hoy día, en el
momento que lo que se trae es una operación para un país que supera los
2.900 dólares de renta o una operación que la OCDE considera
comercialmente viable, sencillamente no se tiene en consideración. Por
tanto, no se trata de trabas políticas o administrativas, sino también de
una reducción del campo de aplicación de los créditos FAD.
Dicho esto, también quiero manifestar que en la regulación que se hace,
tanto en el proyecto de ley que va a ser enviado a esta Cámara como en el
reglamento, se introducen toda una serie de modificaciones --ya lo
perfeccionarán SS. SS.-- que creemos que mejoran sustancialmente la forma
de los créditos FAD: la gestión, el sistema de aprobación, la
comunicación, la publicidad, etcétera, y todo eso ya se está poniendo en
marcha de alguna manera, incluso antes de la ley. Hay muchos mecanismos
de funcionamiento de los que la propia Comisión Interministerial se ha
ido dotando a sí misma como comisión responsable de la gestión, de la
elevación de los créditos a Consejo de Ministros.
Tengo que añadir que, a pesar de esas modificaciones internacionales, a
pesar de esas restricciones que impone la nueva normativa del consenso de
la OCDE --tengo que decirlo de esta manera porque las empresas también
nos lo han expresado por escrito directamente--, hemos alargado casi
hasta el límite los períodos transitorios; y me explico. Países como
Méjico, Argentina o Venezuela en 1993, ni en 1992, no podían ya ser
países elegibles desde el punto de vista de los créditos FAD, pero con
esos países existían acuerdos con validez de cinco años (en el caso de
Méjico, en el año 1990; en Argentina, firmado en el año 1989; o el de
Venezuela, firmado en 1991) por los que se habían establecido unos
compromisos de nuestro país, compromisos que la propia legislación del
consenso de la OCDE establece que pueden ser mantenidos durante un
determinado tiempo si existía efectivamente un compromiso previo. Esos
compromisos previos nos han llevado a que incluso en el año 1994, hasta
diciembre de 1994, hayamos mantenido operaciones que estaban
comprometidas en países como, por ejemplo, Argentina, en sectores básicos
como la educación, infraestructuras o sanidad, porque creíamos, primero,
que cumplíamos con un compromiso de gobierno y, segundo, que no estábamos
conculcando la legislación internacional vigente, por cuanto que dichos
compromisos, previamente comunicados, podían ser mantenidos.
Para terminar, tengo que decir que sí se van a tomar medidas; algunas de
ellas ya se han tomado y otras están incluidas en la próxima legislación,
pero no, desde luego, para eliminar trabas políticas y administrativas,
sino para mejorar el funcionamiento de un instrumento vital en la
promoción y en la internacionalización de nuestras empresas.
El señor PRESIDENTE: El señor Hernando tiene la palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: El señor Secretario de Estado ha comparecido
esta mañana, sobre todo, para denegar la justificación de mis preguntas,
y no se da cuenta de que mis preguntas responden a manifestaciones
realizadas desde ese Ministerio de Comercio y Turismo. No sé si la
coordinación dentro del Ministerio es la más positiva. Incluso a veces el
señor Secretario de Estado nos lee unas páginas de su comparecencia
cuando después, páginas más adelante, se ve que ha sido otra la
conclusión.
La contestación que ustedes daban a este Diputado el día 12 de mayo de
1995, firmada por el Ministro, y a la hora de la información estadística
--sí parece ser que está computerizada--, en uno de los apartados decía
lo siguiente --y leo textualmente--: Las obras paralizadas, que muchas
empresas definen como ni iniciadas, son 25 --estábamos hablando del
período 1990-1994-- y suponen un 17,2 por ciento del total. Y a
continuación decía: Las razones que justifican esta situación se podrían
resumir en la existencia de retrasos políticos y administrativos en la
firma de los contratos y los convenios de crédito.
A eso, señor Secretario de Estado, es a lo que yo me refiero cuando hablo
de trabas. Parece ser que sí existen retrasos políticos y
administrativos. No sé si por trabas o no, pero cuando existen retrasos
debe existir algún problema. Usted dice que no hay trabas, pero sí parece
que hay retrasos, y si los retrasos se producen por cuestiones políticas
y administrativas se referiría fundamentalmente a la existencia
de algunas trabas que ponen en duda el desarrollo normal de estos
proyectos.
Además, usted sabe que existen trabas no sólo de este tipo, sino también
en los pagos a los empresarios, y año tras año hemos visto cómo el propio
Instituto de Crédito Oficial, el ICO, anuncia a los empresarios que
tienen ya obras iniciadas, en desarrollo, a las que no se puede hacer
frente a los pagos debido a que el Instituto de Crédito Oficial se ha
quedado sin fondos. Eso se debe fundamentalmente, señor Secretario de
Estado, a que ha habido una época en la que se han autorizado créditos
FAD muy por encima de las cuantías presupuestadas y en estos momentos
tenemos un importante desfase. Esto ha sucedido, señor Secretario, no sé
si usted lo conoce o no --parece que tiene cara de sorprendido--, año
tras año. Lo que le pido es que me diga qué medidas va a adoptar para
eliminar esas trabas que, según ustedes, suponen retrasos --el 17,2 por
ciento de los proyectos me parece que no es cantidad despreciable-- y qué
medidas va a adoptar para eliminar las trabas o los retrasos que se
producen en los pagos a los empresarios españoles que han apostado por
este tipo de financiación y por el desarrollo de estos proyectos.
El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): Señor
Hernando, en este caso no solamente salta usted a otra pregunta, sino que
utiliza el cuestionario de evaluación que le hemos enviado para responder
a la primera. Es una cosa muy curiosa; eso que expresa el señor Ministro,
que es lo que usted ha recibido por escrito, es el cuestionario enviado a
las empresas para que nos digan cuál ha sido el resultado de sus
operaciones en una serie de años, y lo que dicen --se lo repetiré en la
respuesta a la tercera pregunta-- es que solamente un 18 por ciento de
todas las operaciones aprobadas tienen realmente retrasos. Aquí entra
usted en un terreno que, cuando menos, me parece curioso. Usted considera
que un retraso, en una discusión entre gobiernos, es una traba
político-administrativa. Es una discusión semántica en la que no voy a
entrar, pero que me llena de sorpresa. Yo entiendo que, desde el punto de
vista del administrado, que es como parece que S. S. establecía la
pregunta, las trabas político-administrativas se le ponen al
administrado. Me da la impresión de que no soy el único que ha hecho esa
lectura. Me encanta saber que S. S. no se refiere a eso, sino a los
retrasos existentes en una serie de discusiones que se tienen con otros
gobiernos. Estoy muy satisfecho de que a eso no lo llame correctamente.
Retrasos, como decimos nosotros, no son trabas político-administrativas;
son dificultades normales que se tienen entre gobiernos. ¿O es que
considera que nuestras negociaciones con un país como Marruecos es una
traba político-administrativa? Eso no es una traba
político-administrativa; eso es una negociación internacional en toda la
regla.
Pero sigamos. No solamente entra, creo yo, de una manera equivocada, sino
que luego confunde otro aspecto. No se han producido --y de eso también
hemos tenido oportunidad de debatirlo en esta Cámara-- insuficiencias de
tesorería; ha habido concesiones, en algunos casos por encima de lo que
estaba previsto, en la autorización presupuestaria de ese año. Y para que
eso no ocurriera, aunque no causó ningún problema, en el año 1991 se
establecieron dos tipos de autorizaciones, que aparecen en la Ley General
de Presupuestos y en la de Acompañamiento. En ellas se dice que, en el
año 1994, serán 80.000 millones de pesetas y habrá un límite de concesión
de 80.000 millones de pesetas. Eso no se produce y no ha habido en ningún
año tensiones de tesorería; dicho de otra manera, insuficiencia en la
oferta de Fondos de Ayuda al Desarrollo. Lo que pasa es que S. S. en una
comparecencia anterior, como en ese caso sí le convenía decir que
habíamos sido absolutamente ineficaces en la asignación de fondos, con
información retrasada, me dijo que no éramos capaces de gastarnos los
80.000 millones. Le demostré que nos los habíamos gastado, menos 500
millones. Ahora lo que le conviene decir es que ha habido momentos en los
que ha habido una insuficiencia de la oferta. (El señor Hernando Fraile:
No he dicho eso.)
En términos generales, y en un período razonable de tiempo, no se ha
producido una insuficiencia de fondos FAD como consecuencia de tesorería.
Si en algunos casos se han producido determinadas situaciones en las que,
a pesar de haberse firmado acuerdos, no se han podido llevar a cabo,
tiene S. S. toda la razón, se han producido por retrasos y por
discusiones de carácter político a nivel internacional, que son muy
normales. En un momento determinado, con Chile, por ejemplo, no pudimos
prácticamente entrar a asignar ningún crédito FAD, y no porque nosotros
estuviéramos poniendo trabas político-administrativas a nuestros
administrados, sino simplemente porque no pudimos dotar necesariamente
ese tipo de créditos, porque los chilenos no estaban en esa posición.
Nada más.
Vuelvo a su pregunta. ¿Medidas? Varias de ellas las he expresado ya. La
Comisión Interministerial tendrá una regulación mucho más explícita aún,
a través de decreto; la Comisión Interministerial será informada de
aquellas consultas sobre las que previamente no se haya expresado
favorablemente la comisión financiera; se modificará la constitución de
la Comisión Interministerial y, sobre todo y muy importante (S. S. sabe
que ya lo hemos empezado a hacer), se informará puntualmente a esta
Cámara, tal como quedó establecido en la resolución conjunta
Congreso-Senado con la Comisión Mixta que analizó la fiscalización del
Tribunal de Cuentas. Eso se viene haciendo incluso antes de la
legislación. Y si no se hace, será razonable que esta Cámara diga que no
se está haciendo, pero hasta ahora se está cumpliendo, incluso antes de
que eso se ponga en marcha. Son un conjunto de medidas que reconociendo
que el FAD no es un crédito a la exportación regular, porque no lo es,
porque es una forma especial de incentivación a la promoción de la
internacionalización en determinados países, creemos que pueden mejorar
ese instrumento, que, vuelvo a insistir, hasta ahora, y en ese caso
concreto que usted menciona, no ha habido insuficiencia de la oferta de
fondos para financiar operaciones que así pudieran ser financiadas.
--FORMULACION DE UN CUESTIONARIO A EMPRESAS QUE HAN DESARROLLADO
PROYECTOS FINANCIADOS CON CREDITOS DEL FONDO DE AYUDA AL DESARROLLO (FAD)
PARA REALIZAR EL CONTROL Y EVALUACION DE DICHAS OPERACIONES. FORMULADA
POR EL SEÑOR HERNANDO FRAILE (GP). (Número de expediente 181/001573.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 3, formulación de un
cuestionario a empresas que han desarrollado proyectos financiados con
créditos del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) para realizar el control
y evaluación de dichas operaciones.
Tiene la palabra el autor de la misma, don Rafael Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: El Ministro de Comercio y Turismo ha elaborado
un formulario, remitido a las empresas, en el que pide datos sobre el
estado y situación de evaluación de los proyectos financiados con cargo
al FAD. A mí me gustaría saber si el Secretario de Estado considera
suficiente este formulario para que la Administración y el Ministerio de
Comercio y Turismo tengan una visión continuada del control y puedan
realizar la evaluación de los proyectos financiados con cargo al FAD.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero): Mi
contestación, señoría, es que no es suficiente. Es un punto importante,
pero no suficiente. Hasta ahora hemos llevado a cabo criterios de
evaluación internos, sobre todo de control financiero y de evaluación de
que el proyecto había tenido lugar financieramente, pero en el tema de la
evaluación «a posteriori», sobre el cual hemos tenido reuniones hace poco
a nivel de la Unión Europea, ni un solo país ha conseguido todavía tener
una evaluación «a posteriori» lo suficientemente importante. Eso no
significa que no se deba realizar. Pero, conscientes de que la evaluación
posterior de los proyectos es muy importante, ya tenemos --y ahora vamos
al segundo formulario; el que S. S. ha recibido es del primero, pero ya
estamos enviando a las empresas el segundo-- un elemento más para poder
evaluar los proyectos. En un proyecto determinado, lo primero que tenemos
que evaluar «a priori» es que la concesión de crédito, la instrumentación
del mismo, sus condiciones, las garantías, etcétera, están
suficientemente garantizadas. Eso se está haciendo desde un principio.
Pero es verdad que una vez que se han realizado las operaciones, una
pregunta que se hacen SS. SS., y que nosotros también nos hacemos, como
es lógico, es hasta dónde ese proyecto ha tenido un impacto positivo
sobre varios elementos que son fundamentales. Primero, sobre el
desarrollo del país al que se concede el crédito, porque evidentemente,
aunque tengan un componente comercial importante, estamos hablando de
Fondos de Ayuda al Desarrollo. Por ejemplo, respecto a la evaluación de
la construcción de una presa, tiene que ser el propio país y los órganos
de evaluación del mismo los que nos lo digan. El que se construya en
estos momentos en Honduras una presa, teniendo en cuenta que este país
lleva tres años de sequía y que es muy probable que tenga que establecer
restricciones eléctricas casi diez horas diarias, hay un indicador claro
que dice que el que no existan restricciones y el que haya luz eléctrica
para una serie de pueblos y ciudades en un país como Honduras, que es uno
de los menos desarrollados de América Latina, concretamente está dentro
de los que el Banco Interamericano de Desarrollo considera menos
desarrollados, a nosotros nos parece intuitivamente que es bueno para el
desarrollo. El hecho de que se construya una red de hospitales en
Ecuador, que hace que la sanidad pública ecuatoriana mejore
sustancialmente, entendemos que tiene una valoración positiva. Pero se
tiene que ir más allá y tienen que ser organismos o empresas los que
puedan evaluar estrictamente, casi con criterios cuantitativos, cuánto ha
sido de bueno y cuánto ha sido de importante, en un determinado proceso
de desarrollo, este tipo de proyectos.
Estamos en esa vía, hay una parte de evaluación que la tiene que hacer el
país. Nosotros creemos que, en términos generales, y con muy pocas
excepciones, la evaluación es correcta, pero queremos llevar a cabo esa
evaluación más adelante.
La otra evaluación tiene que ver con el otro concepto, para nosotros
fundamental, que es cómo beneficia a la posición competitiva de las
empresas españolas. De ahí el que, en la parte que sí podemos hacer, que
es el diálogo con nuestras empresas, preguntemos a las empresas cómo les
han ido sus proyectos, cuántos han terminado, cuántos están paralizados,
si es que hay alguno que está paralizado, etcétera. El resumen de las
contestaciones --lo tiene S. S. porque se lo enviamos por escrito-- que
se nos ha dado es bastante positivo. En términos generales, lo que se nos
está diciendo es que la incidencia negativa, por decirlo de alguna
manera, de las operaciones es bastante baja, lo cual nos causa
satisfacción, aunque no por ello vayamos a dejar de continuar con la
evaluación. Pero la evaluación va mucho más lejos, y contesto a la
pregunta de S. S. ¿Considera suficiente? No lo considero suficiente. Lo
considero un elemento importante más, junto con los otros controles y
evaluaciones, pero no suficiente. Incluso estamos pensando, de cara al
futuro, que se puedan establecer criterios de evaluación que puedan hacer
consultoras independientes. Ahí entramos en un terreno en el que
seguramente puedan ser los países receptores los que nos ayuden en la
evaluación. En algunos casos esa evaluación es casi obvia. Como decía, lo
que puede suponer un proyecto de salud, de educación o de otro sector de
las infraestructuras tiene una evaluación positiva, pero no
necesariamente cuantificada o suficientemente explícita como para que
nosotros podamos tener indicadores de evaluación.
En la discusión sobre los indicadores de evaluación, acaba de aparecer
una comunicación de la Agencia de Ayuda en Estados Unidos diciendo que,
si hay una tarea difícil y complicada en todo el manejo de los fondos, es
precisamente la evaluación. Va a haber una reunión a nivel internacional,
dentro de la propia OCDE, de la que vamos a formar parte, en la cual
vamos a avanzar una serie de criterios objetivos importantes precisamente
sobre la evaluación.
Le recomiendo a S. S. la lectura de un artículo, publicado en el «Boletín
de Información Comercial Española» de hace dos semanas, en el cual un
funcionario especializado en estos temas hace un análisis bastante
exhaustivo de las dificultades más importantes que hay que salvar para
llevar a cabo la confección de indicadores de evaluación.
Estamos en ese terreno y vamos a seguir con esa evaluación. Como le digo,
en el caso concreto de las empresas, mandaremos dentro de unos días el
segundo cuestionario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernando.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, quiero agradecer la
contestación del señor Secretario de Estado. Deseo que ese interés por el
control y la evaluación sea real. Cuando realizó la comparecencia
anterior el Ministro de Comercio contestaba, a preguntas de distintos
Diputados, sobre el control y la evaluación y decía que ello iba a costar
dinero. Nuestra sorpresa fue que la medida conocida hasta ahora era la de
este formulario, que nos parece insuficiente. Nos parece insuficiente no
sólo aquí y allí porque debe ser una tarea común, sobre todo por el tipo
de fondos que se dedican a este asunto, Fondos de Ayuda al Desarrollo,
buscar el desarrollo de los países y de las zonas beneficiadas por los
distintos proyectos. Entendíamos que el hecho de la evaluación y la
valoración del impacto era primordial, un asunto en el que debíamos de
aplicarnos, sobre todo porque no había existido hasta ahora.
Quiero recordarle al Secretario de Estado que en el documento base de la
Conferencia de Copenhague se hablaba sobre la corrupción en los países
del Tercer Mundo y cómo en algunos de estos países esos índices de
corrupción llegaban a suponer hasta el 10 por ciento del producto
interior bruto de los mismos. Establecer límites, controles, valoraciones
sobre el impacto de los proyectos desarrollados es un elemento
fundamental y básico para luchar contra esta corrupción en una serie de
operaciones que, por su configuración internacional, han sido utilizadas
en algunas ocasiones por los gobiernos beneficiados para obtener
comisiones que no debían de ser razonables.
Por lo tanto, le invito a que siga profundizando en este asunto el tiempo
que le queda de Secretario de Estado, a que siga intentando que esto no
se quede en uno o dos formularios, sino que la valoración aquí y allí se
vea complementada con una evaluación del impacto de los proyectos
desarrollados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO EXTERIOR (Ruiz Ligero):
Señoría, le puedo garantizar que vamos a seguir en ese proceso cada vez
con mayor profundidad porque, como digo, no es un tema que nos afecte
sólo a nuestro país sino a todos los países donantes, a los que conceden
este tipo de créditos. El hecho de que la evaluación «a posteriori» no
esté tan avanzada todavía indica dos cosas que quiero subrayar. La
primera de ellas es que hay todo un proceso de filtro previo y de
evaluación en aspectos que preocupan a S. S. y a nosotros también.
Evidentemente, hay países en los que ni siquiera analizamos esas
operaciones porque el país no tiene condiciones en general o, por la
experiencia que tienen de muchos años los funcionarios del Ministerio de
Comercio, no parecen operaciones con planteamientos serios que tengan un
verdadero impacto sobre el desarrollo de ese país. Le puedo decir a S.
S., después de muchos años de trabajar en la Administración en ese
terreno, que son muchísimas las operaciones que se nos plantean por
países que dudamos que puedan ser buenas para el desarrollo.
Sin querer tener un paternalismo excesivo porque cada país es soberano,
intentamos, de una manera cortés y diplomática, llevarles al terreno de
que tal vez esos proyectos no son los que tienen más sentido que pueda
llevar a cabo un país que está saliendo del subdesarrollo más profundo.
Eso no lo hacemos de una manera determinante puesto que no tenemos
influencia sobre ellos, pero sí de manera que en lenguaje diplomático se
les llegue a convencer de que tal vez es más importante otro proyecto.
Eso no deja de ser una forma de negociación previa.
Evidentemente, vamos a continuar con la evaluación «a posteriori», no
sólo a través de los cuestionarios sino del análisis y de la formulación
de indicadores objetivos; indicadores sobre los que la evidencia empírica
no dice que sean determinantes hasta ahora, pero es un avance. En ese
sentido, el señor Ministro de Comercio y Turismo llevaba razón cuando
decía que eso cuesta dinero, pero también cuesta algo de dinero la
gestión del FAD y no por eso vamos a dejar de gestionar el FAD. Es decir,
al ICO se le pagan unas cantidades al año por gestionar el FAD que
redundan en el buen funcionamiento del Instituto.
El señor PRESIDENTE: Habiéndose terminado los puntos del orden del día
relacionados con las preguntas al Secretario de Estado, le liberamos de
su presencia entre nosotros reiterándole el agradecimiento no sólo por su
presencia sino por la amplitud y precisión de sus respuestas. Como
sabemos que está siempre a disposición de comparecer ante esta Comisión,
nos despedimos de él hasta la próxima sesión.
--PROPOSICION NO DE LEY SOBRE LA FIGURA DEL COOPERANTE. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000454.)
El señor PRESIDENTE: Continuando con el orden del día, pasamos al punto 4
del mismo, debate y votación en su caso de la siguiente proposición no de
ley. Proposición no
de ley sobre la figura del cooperante. Su autor es el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso y la va a defender el señor Hernando, que tiene la
palabra.
El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, el objeto de nuestra
proposición no de ley es dar impulso a la elaboración del estatuto del
cooperante dentro de lo que va a ser la próxima ley de cooperación.
Nosotros entendemos que la regulación de la situación de estas personas
que trabajan en la cooperación es una necesidad altamente sentida.
Además, estamos enfrentándonos a un problema importante, referido sobre
todo a aquellas personas que fueron contratadas por la Administración
pública, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, en concreto, por la
Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, como eventuales para
realizar trabajos de cooperantes por una máxima duración de tres años. Lo
que pretendemos con esta proposición no de ley es que pudiera ser
solventada esta situación, que en estos momentos provoca que en 1994 y en
lo que llevamos de 1995, los contratos de veintisiete cooperantes hayan
vencido ya y estas personas hayan dejado de tener ninguna referencia o
vinculación con la Secretaría de Estado, y que otros treinta y tres
contratos de este tipo vayan a vencer próximamente.
La legislación actual impide que estas personas vuelvan a ser contratadas
por la AECI, por lo cual no sólo se pierde la experiencia de estas
personas para la Agencia Española de Cooperación Internacional, sino
también para la cooperación internacional de nuestro país.
Por eso, nuestra proposición no de ley incidía en tres aspectos. El
primero de ellos, modificar la legislación laboral, en un plazo de seis
meses, que permita la renovación de los contratos a cooperantes que, en
virtud de su experiencia, formación y capacitación, puedan seguir
prestando sus funciones en programas de cooperación y desarrollo. Es
decir, que de alguna forma se solventara la actual situación que padecen
estos 60 cooperantes --unos, cuyos contratos han vencido y otros, cuyos
contratos han de vencer--, para que aquellos que estén suficientemente
cualificados y que sean de interés para la Agencia Española de
Cooperación Internacional puedan ser contratados. Asimismo, pretendíamos
que se eliminaran estos límites temporales en la duración de los
contratos eventuales, en este caso de la cooperación internacional.
El segundo aspecto de nuestra proposición no de ley iba a recoger lo que
había sido el deseo expresado por la Comisión de Cooperación
Internacional, que ha elaborado un proyecto en el Senado, en el que se
hablaba de la necesidad de poner en marcha la escuela de cooperación para
el desarrollo. Pretendíamos que esa escuela de cooperación y ayuda al
desarrollo pudiera ser puesta en marcha para el siguiente ejercicio
académico, para el mes de septiembre, y por eso en marzo hablábamos de
seis meses. El objeto es conocido de SS. SS., y es que nuestros
cooperantes alcancen una cualificación adecuada a las necesidades de
España en ese ámbito.
El tercer punto se refería al tema de la ley de cooperación y ayuda al
desarrollo. En él manifestábamos que pretendíamos que en el proyecto de
ley de cooperación y ayuda al desarrollo, que debe de ser remitido en
este período de sesiones --confiemos en que así sea, aunque ya el plazo
que queda es ciertamente breve--, se incluyera de forma específica el
estatuto del cooperante, contemplando las relaciones que los mismos han
de tener con las empresas, con la Administración, con las organizaciones
no gubernamentales o con las fundaciones. Para nosotros, este sentir
viene siendo histórico por parte de las personas que trabajan en este
ámbito. Nos parecía muy importante regular esta situación de forma
definitiva o, si no definitiva, por lo menos dar una respuesta a la
situación de estas personas desde la ley de cooperación. Habíamos leído
alguno de los anteproyectos elaborados por la Secretaría de Estado de
Cooperación Internacional sobre esta ley de cooperación, y nos parecía
que la regulación no profundizaba lo suficiente ni era suficientemente
adecuada a las necesidades manifestadas por organizaciones no
gubernamentales, en este ámbito. Por tanto, lo que pretendíamos con este
tercer punto de la proposición no de ley era hacer una llamada para que,
de forma específica y como uno de los temas estrellas de esa ley de
cooperación, se incluyera el estatuto del cooperante.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Como supongo que los tres grupos presentes, además
del proponente, tienen la intención de intervenir, les voy a dar la
palabra directamente, de menor a mayor.
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.
El señor RECODER I MIRALLES: A nuestro grupo parlamentario le parece muy
interesante el contenido de la proposición no de ley que nos plantea hoy
el Grupo Parlamentario Popular. De hecho, el contenido de esta
proposición no de ley viene a incidir en lo que constituye, y ha
constituido tradicionalmente, una preocupación del Grupo Parlamentario
Catalán, y me refiero a lo que podríamos denominar al estatuto del
cooperante. Nosotros, ya en su momento --y hablo de la anterior
legislatura--, presentamos una iniciativa parlamentaria en ese sentido,
concretamente una proposición de ley articulada que regulaba la figura
del cooperante en sentido muy amplio, no exclusivamente desde los
derechos de tipo laboral que pudiera tener, sino también cuestiones como
la formación, relación con la familia, formación, etcétera, puesto que,
repito, éste es un tema que nos ha preocupado tradicionalmente y nos
continúa preocupando.
En esta legislatura, que se inicia en el año 1993, se produce,
afortunadamente, una inflexión en lo que había venido siendo la posición
tradicional del Gobierno socialista respecto a todo lo relativo a la
figura del cooperante y, como consecuencia de una moción que se aprueba
por unanimidad en la Cámara, se decide que el Gobierno tiene que remitir
a esta Cámara un proyecto de ley de cooperación, dentro del cual, como
uno de sus aspectos fundamentales, se tiene que regular todo lo relativo
a los derechos de los cooperantes.
Como consecuencia de la preocupación que ha venido constituyendo uno de
los ejes de actuación de este grupo parlamentario, dentro del ámbito de
la cooperación y de la política de cooperación al desarrollo en general
que hace un momento expresaba, al inicio de este período de sesiones
solicitamos la comparecencia del secretario de Estado, para que informara
a esta Comisión de los trabajos que se estaban llevando a cabo para dar
cumplimiento a la moción aprobada por unanimidad y nos dijera en qué
punto se encontraba la elaboración del anteproyecto de ley de
cooperación. La comparecencia tuvo lugar en el mes de abril --yo creo que
fue interesante--, y los grupos parlamentarios pudieron exponer al señor
secretario de Estado sus puntos de vista, en función también de la
información que él nos facilitó sobre cómo se estaban desarrollando los
trabajos. Debo decir que para nosotros fue especialmente interesante en
tanto en cuanto, como grupo parlamentario, no habíamos tenido acceso a
los anteproyectos; sin embargo, otros grupos parlamentarios, por suerte,
tienen una gran facilidad para disponer de los mismos. Por tanto,
recibimos la información con sumo interés y aportamos nuestros puntos de
vista, como esperamos poderlo hacer en el momento que el Gobierno remita
a la Cámara dicho proyecto de ley, que, como se acordó en la moción que
aprobamos, debe ser dentro de este período de sesiones que finaliza
dentro de pocos días; esperamos que el Gobierno dé cumplimiento a dicho
acuerdo.
Después de subrayar, una vez más, que consideramos que la iniciativa
parlamentaria es interesante por el objetivo que encierra, he de señalar
que este grupo parlamentario piensa que todas las cuestiones que en la
misma se recogen, como puede ser lo referente a los contratos laborales
de los cooperantes o la creación de la escuela de cooperación y ayuda al
desarrollo (que, como ha dicho muy bien el señor Hernando, es una de las
recomendaciones del informe de la Comisión del Senado, y es una cuestión
que tuvimos ocasión de debatir también con el señor secretario de
Estado), deben ser contempladas dentro del proyecto de ley de
cooperación. Por ello, valorando esta proposición no de ley, entendemos
que en este momento es innecesaria por cuanto estamos a la espera de
recibir un proyecto de ley que debe dar solución a todos estos problemas
y, además, debe hacerlo de forma inmediata, incorporando las
preocupaciones de esta Cámara.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vázquez, en nombre del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor VAZQUEZ ROMERO: La proposición no de ley que nos ocupa forma
parte de la preocupación de mi grupo, como de todos los demás grupos
políticos en esta Cámara, y ha sido expresada en diferentes iniciativas a
lo largo de esta y de pasadas legislaturas, aun cuando no fuera en el
marco estricto de esta Comisión. Afortunadamente, como se ha dicho, la
política española de cooperación ha ido adquiriendo en los últimos
tiempos una especial importancia. Creo que, de la misma manera que en su
día se produjo la inclusión transversal de los criterios ecológicos en
los programas de prácticamente todos los partidos, independientemente del
posicionamiento ideológico, algo similar está ocurriendo, y más va a
ocurrir en el futuro próximo, con los temas de cooperación.
Afortunadamente, ya existe una conciencia colectiva en nuestro país de
que los temas de cooperación son fundamentales, que es imposible
prácticamente hablar de cualquier cosa sin hacer alusión a la necesaria
cooperación de nuestro país, y más aún en el contexto de la Unión
Europea, sobre todo con nuestros países vecinos, fundamentalmente en el
Sur pero también en el resto del mundo, porque en el desarrollo de estos
países, en conseguir que el mundo que nos rodea, de cerca o de lejos,
tenga unos niveles suficientes de dignidad de vida humana va también
nuestra propia dignidad y nuestra propia seguridad.
Esas ideas han ido calando ya afortunadamente y en el contexto de la
sociedad española existe esa sensibilidad que, además, va a ser
creciente, como ocurre en todos los grupos políticos. Por tanto, los
problemas que aquí plantea el Grupo Popular los compartimos todos.
Entrando en las propuestas que se nos hacen cabría decir, como se ha
dicho, que los tres puntos de la proposición deben estar contenidos en el
proyecto de ley de cooperación y ayuda al desarrollo, proyecto que el
Gobierno todavía puede remitir ya que hoy estamos a 27 de junio y el
compromiso del Gobierno expira formalmente el día 30 de junio, que es
viernes, y día de Consejo de Ministros; por tanto, todavía podemos
confiar, no sé si de una forma «naïf» o con esperanza a que en ese
próximo Consejo de Ministros pueda verse esa ley y remitirse a las
Cortes. Los tres o cuatro días que faltan para que ese plazo se cumpla no
nos dan excesiva confianza como para que se consiga el objetivo, es
decir, que en este período de sesiones entre en la Cámara esa ley de
cooperación y ayuda al desarrollo que deberá contener, repito, esos otros
extremos, especialmente el estatuto del cooperante que, para todos y
también para mi grupo, constituye una de las principales preocupaciones
porque al final en una buena parte uno de los sujetos, volviendo a
concepciones quizá clásicas, de la cooperación acaba siendo el
cooperante; no el único, pero uno muy importante. El que acaba siendo
rama terminal o capilar de esa cooperación acaba siendo el cooperante;
por tanto, es necesario que en esa futura ley estén perfectamente
contenidos, no sólo los aspectos laborales a los que aquí se hace
referencia, sino también los de formación y de orientación de esa
política de aquellos que finalmente son, repito, actores y rama terminal.
El primer punto de la proposición, quizá sea el que tenga una mayor
urgencia, en función de que se trata de la continuidad o no en sus
puestos de estos 60 cooperantes a los que se hace referencia. Si eso no
se modifica, significará que todos o una buena parte de estas 60 personas
pueden verse fuera de sus puestos de trabajo con lo que esto significa de
detrimento para el nivel de calidad de la cooperación española.
Voy a dejar en «stand by», en reserva, mi voto hasta oír del Grupo
Socialista la solución puntual inmediata que se piensa dar al problema
laboral de estos 60 cooperantes
porque me parece que este punto es el único que tiene nivel de urgencia
inmediato. Sobre los otros dos puntos, la creación de la escuela de
cooperación y la remisión definitiva a las Cortes del proyecto de ley,
voy a dar, una vez más, al Gobierno un margen de confianza para que pueda
cumplir ese plazo que expira, repito, el día 30 de este mes. En función
de la solución que se piense dar de forma inmediata y puntual a la
situación laboral de estos cooperantes, se posicionará definitivamente mi
grupo a la hora de votar.
Hay algunos extremos a los que se ha referido el señor Hernando que a mí,
como a todos, me plantean dudas respecto a la necesaria profesionalidad
de los cooperantes con lo que tiene de positivo, pero con lo que tiene
también de inconveniente hacer una especie de carrera en el mundo de la
cooperación. Esta es una situación casi similar a la que ocurre con la
propia actividad política representativa de si es bueno mantener un nivel
de gente y de tiempo, en función de la experiencia que se va adquiriendo,
o de si, por el contrario, hay aspectos negativos en la misma. El tema no
está claro; pero a la hora de tener que discutir esa ley y ver qué
solución se da en la misma a este problema, podremos aportar cada uno
nuestras diferentes reflexiones.
Acabo, señor Presidente, reiterando que, en principio, yo comparto la
preocupación del Grupo Popular y la de todos los grupos. Recuerdo que la
remisión de este proyecto de ley a las Cortes fue una decisión unánime de
todos los grupos; y voy a mantener la posición final de mi grupo en
función de cómo entienda que se ha resuelto, positiva o negativamente, el
problema laboral de estos cooperantes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cremades en nombre del
Grupo Socialista.
El señor CREMADES SENA: El Grupo Socialista comparte el fondo de la
proposición no de ley que presenta el Grupo Popular. No obstante,
entendemos que en el primer punto --y voy a desmenuzarla en los tres
puntos que plantea-- el Grupo Popular incurre en un error, ya que, de
alguna manera, es incorrecto hacer una apelación a la legislación
laboral, teniendo presente que la relación de servicio de los cooperantes
es de carácter especial y precisa de una regulación específica. Creo que
se podía haber enmendado y corregido este error que plantea, a nuestro
juicio, el Grupo Popular; lo que pasa es que en el tema de los puestos de
trabajo en el exterior no solamente España, el Gobierno español, sino
todos los países de Europa, de la OCDE, están estudiando en este momento
de qué manera se va a regular definitivamente este tipo de relación para
que sea más eficaz. Es cierto que algunos, por su mayor experiencia, han
conseguido tener fórmulas probablemente más estables de las que tenemos
nosotros en este momento.
Por otra parte, el Secretario de Estado de Cooperación Internacional ha
enviado al Ministerio para las Administraciones públicas la posibilidad
de una fórmula administrativa que, de forma excepcional, consiga
conservar o prorrogar estos contratos de algunos cooperantes que, como ha
dicho el señor Hernando, vencen ahora, con miras a que no se pierda esa
experiencia con la gente que está trabajando en este momento contratrada
por la AECI. Estamos a la espera de ver qué respuesta se da a esto.
Pero hay más circunstancias todavía. Este tema requiere un análisis
bastante pormenorizado y una reflexión profunda que tendremos que
hacernos todos aquí en la Cámara, teniendo presente que es inminente la
entrada de la ley de cooperación, pues creo que el estatuto del
cooperante está incluido en la misma, que es donde se tiene que decidir
definitivamente cuál es la situación del personal que trabaja en la AECI
en temas de cooperación y ayuda al desarrollo. Cuando se habla de
cooperantes y expertos hay que decir que hay una situación bastante
compleja de relaciones laborales, por decirlo de alguna manera, de la
gente que trabaja en el exterior, que va desde el coordinador general o
directores de centro a los expertos de coordinación, los coordinadores de
programa, a los expertos jefes, los cooperantes y los meramente expertos,
en este caso contratados por la Administración. Creemos que el tema es
complejo. Estoy de acuerdo con el señor Hernando, y así también lo
comparte la Secretaría de Estado de Cooperación cuando está intentando en
este momento que, desde las administraciones públicas, se encuentre una
fórmula para intentar prorrogar estos contratos en tanto en cuanto se
puede decidir definitivamente cuál va a ser la situación de estas
personas que trabajan en el exterior. Como bien decía el señor Vázquez es
evidente que habrá que plantearse entre que pueda ser una carrera
funcionarial o la necesidad de que no sea así. Eso habrá que discutirlo;
por tanto, estamos hablando de una situación excepcional e inmediata.
En segundo lugar, en lo que se refiere a los otros dos puntos, que están
unidos con el primero, apelo a la comparecencia del 20 de abril de 1995,
que el señor Recoder también ha citado. En dicha comparecencia, todos los
grupos manifestamos nuestro parecer al respecto y el Secretario de
Estado, en una amplia información que nos dio, abordó de forma extensiva
y con un alto consenso parlamentario la problemática de la cooperación y
de la ayuda al desarrollo. A lo mejor el Grupo Popular había hecho entrar
en la Cámara antes esta proposición no de ley, no lo sé, pero la realidad
es que esta circunstancia modifica, a nuestro juicio, la opinión que
debemos mantener y aunque compartimos el fondo no lo hacemos en cuanto al
momento en que se ha presentado, así como el hecho de que la proposición
de ley que presenta el Grupo Popular tenga algún sentido en este momento
si es aprobada.
En esa comparecencia se dio cumplida respuesta --en la que casi todos
coincidimos-- a las peticiones que se hicieron por parte de los grupos y
superó a la propia proposición no de ley que plantea el Grupo Popular. Se
habló de la creación de un centro de formación, y entro en el punto
número 2 de la proposición no de ley. En aquel momento coincidimos en
que, evidentemente, hay que crear esta escuela; pero el Grupo Popular
plantea en esta proposición no de ley que la escuela de formación se
ponga en funcionamiento en el plazo de seis meses. A pesar de que
comparto los deseos del Grupo Popular, tengo que decir va a ser un poco
complicado que en el plazo de seis meses se ponga en funcionamiento la
escuela de formación, por varias
razones. Primero, porque habrá que crear la escuela de formación. Por
otro lado, la creación de esa escuela se contempla en los primeros
borradores de la ley de cooperación, que conoce el señor Hernando y que
se han comentado aquí. Es difícil que en el plazo de seis meses se cree
la escuela y se ponga plenamente en funcionamiento. Nos parecería un poco
prematuro, de entrada, y un poco exagerada la propuesta por el corto
espacio de tiempo que contempla.
De todas maneras, en los últimos tiempos se está haciendo una amplia
actividad formativa. Quiero recordar aquí, por ejemplo, que por parte de
las universidades, organizaciones no gubernamentales, colegios
profesionales, etcétera, se están haciendo verdaderos esfuerzos por
formar a las personas que trabajan en el exterior en cooperación. Cito,
por decirlo de alguna manera, el diploma ya establecido de gestión
humanitaria, en la Universidad de Deusto, que conocerán SS. SS.; el
«master» de la Universidad de Málaga, que se va a crear en muy breve
plazo de tiempo; el «master» de la fundación Cedeal; los cursos que hace
con cierta asiduidad el Colegio de Doctores y Licenciados de Ciencias
Políticas, como también el de Cruz Roja, todos ellos con el apoyo de la
Secretaría de Estado y de la Agencia de Cooperación. Creemos que será en
el marco de la discusión de la ley de cooperación, que debe entrar en
breve plazo en la Cámara, donde tendremos que reflexionar sobre este tema
que se ha planteado aquí.
Hay otro tema, ¿la escuela va a ser descentralizada o una escuela
centralista y ahí se forma a toda la gente no diplomática que se dedique
a cooperación? ¿De alguna manera vamos a favorecer de una forma compleja
y complementaria el desarrollo descentralizado de otras iniciativas
formativas que pudieran estar en conexión con dicha escuela? Esos serán
temas de discusión en el marco de la propia ley.
Finalmente, en el punto número 3 solicita que en este período legislativo
se envíe la ley de cooperación. Por supuesto que compartimos ese tercer
punto, lo que pasa es que creemos innecesario que se plantee a estas
alturas una proposición no de ley cuando, como bien se ha dicho aquí, hay
una petición mucho más amplia de la propia Cámara, del Pleno del Congreso
de los Diputados, donde se insta al Gobierno a que, evidentemente, en
este período legislativo, envíe la ley de cooperación.
A este respecto tengo que decir --compartiendo las palabras del diputado
de Izquierda Unida, señor Vázquez-- que, evidentemente, cronológicamente
hablando, nos quedan tres días para que se cumpla estrictamente y se
envíe aquí la ley de cooperación. Sólo puedo decir a SS. SS: --y también
lo saben-- que el proyecto de ley, no el primer o segundo borrador, está
muy avanzado; evidentemente, tiene que pasar muy pronto al Consejo de
Ministros y luego enviarlo a la Cámara.
Tengo que decir que hay un problema que a mi grupo, al Grupo Socialista,
le preocupa, y es el siguiente: El Consejo de cooperación --también
creado en este período de sesiones-- no se ha puesto en funcionamiento
todavía, no porque por parte del Ministerio no hay esa intención, sino
porque, evidentemente, los distintos organismos implicados tienen que
enviar, con nombre y apellidos, las personas que van a formar parte del
Consejo y se está esperando por parte de algunos de ellos que se
solucione ese punto para ponerlo en funcionamiento. Eso nos plantea el
siguiente problema: creemos que ese Consejo de cooperación tiene una
función, que es informar la primera ley, la ley básica, la ley importante
sobre el tema de cooperación y el estatuto del cooperante incluido en
ella, que es la ley de cooperación que va a enviar el Gobierno.
No sé si en estos tres días que faltan se va a enviar. De todas maneras,
el Grupo Socialista sí está por reiterar aquella cuestión a que se instó
al Gobierno de que en este período de sesiones enviase la ley lo seguimos
manteniendo y reiterando. Por supuesto que si no pudiera ser en este
período de sesiones, por las vacaciones que se nos echan encima, y fuese
al inicio del siguiente período, mi grupo parlamentario estaría bastante
conforme con esta situación, por la propia complejidad de la misma.
Por todas estas razones, compartimos el fondo, como he dicho, de la
intención que tiene el Grupo Popular, pero creemos innecesaria la
aprobación de esta proposición no de ley y, por tanto, vamos a votar en
contra.
Finalmente, decir que por parte del Grupo Socialista, y a efectos de
votación, al compañero Enrique Curiel, si es posible, lo va a sustituir
la compañera María Teresa Sempere.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder, por tanto, de acuerdo con el
artículo 195, a la votación.
El señor HERNANDO FRAILE: ¿No hay turno de réplica?
El señor PRESIDENTE: No. He consultado el Reglamento y el artículo 195.1
dice: «La proposición no de ley será objeto de debate, en el que podrán
intervenir, tras el Grupo Parlamentario autor de aquélla, un
representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios que hubieren
presentado enmiendas y, a continuación, de aquellos que no lo hubieran
hecho. Una vez concluidas estas intervenciones, la proposición, con las
enmiendas aceptadas por el proponente de aquélla, será sometida a
votación.»
Hemos cumplido el trámite reglamentario y, en consecuencia, sometemos a
votación la proposición no de ley objeto de debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, tres; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Se rechaza, por tanto, la proposición no de ley.
Habiendo terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las once y treinta minutos de la mañana.