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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 538, de 27/06/1995
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 538
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 34
celebrada el martes, 27 de junio de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna), para informar:
--Sobre las repercusiones que para España tiene el acuerdo por el que se
establece la Organización Mundial del Comercio y Acuerdos anejos,
Entendimiento relativo a los compromisos en materia de servicios
financieros y Acuerdo sobre contratación pública, hechos en Marrakech el
15 de abril de 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número
de expediente 213/000477). (Página 16398)
--Sobre la necesidad de modificación de las superficies de referencia de
los cultivos herbáceos, tanto en secano como en regadío, ante la
experiencia adquirida tras tres años de aplicación de la reforma de la
política agrícola común de 1992. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 213/000557). (Página 16398)
--Sobre el grado de cumplimiento de las medidas de acompañamiento
establecidas en la reforma de la Política Agrícola Comunitaria (PAC) de
1992, con especial mención del cese anticipado de actividad y de la
forestación de tierras arables. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 213/000558). (Página 16398)



Página 16398




--Explicar las iniciativas emprendidas ante los ataques sufridos contra
camiones españoles en el sur de Francia. A solicitud del Grupo
Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000594). (Página 16398)
--Sobre diversos temas relacionados con el sector lácteo. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000596). (Página 16398)
--Exponer las ayudas aprobadas para el sector pesquero que faena en
Marruecos, así como los beneficiarios de los mismos. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000600).

(Página 16423)
--Explicar el contenido del acuerdo de subvenciones al sector pesquero
que faena en Marruecos, así como a qué colectivos afecta. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000601).

(Página 16423)



Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(ATIENZA SERNA), PARA INFORMAR:



--SOBRE LAS REPERCUSIONES QUE PARA ESPAÑA TIENE EL ACUERDO POR EL QUE SE
ESTABLECE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO Y ACUERDOS ANEJOS,
ENTENDIMIENTO RELATIVO A LOS COMPROMISOS EN MATERIA DE SERVICIOS
FINANCIEROS Y ACUERDO SOBRE CONTRATACION PUBLICA, HECHOS EN MARRAKECH EL
15/04/94. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.

(Número de expediente 213/000477.)



El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.

En el orden del día de hoy figuran diversas solicitudes de comparecencia
del señor Ministro, pero antes de entrar en la tramitación de las mismas,
comunico a SS. SS. que la primera de ellas ha sido retirada por el Grupo
Parlamentario proponente, que es la que se refiere a los acuerdos de
España con la Organización Mundial de Comercio.




--SOBRE LA NECESIDAD DE MODIFICACION DE LAS SUPERFICIES DE REFERENCIA DE
LOS CULTIVOS HERBACEOS, TANTO EN SECANO COMO EN REGADIO, ANTE LA
EXPERIENCIA ADQUIRIDA TRAS TRES AÑOS DE APLICACION DE LA REFORMA DE LA
POLITICA AGRICOLA COMUN DE 1992. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000557.)



--SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE ACOMPAÑAMIENTO
ESTABLECIDAS EN LA REFORMA DE LA POLITICA AGRICOLA COMUNITARIA (PAC) DE
1992, CON ESPECIAL MENCION DEL CESE ANTICIPADO DE ACTIVIDAD Y DE LA
FORESTACION DE TIERRAS ARABLES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000558.)



--EXPLICAR LAS INICIATIVAS EMPRENDIDAS ANTE LOS ATAQUES SUFRIDOS CONTRA
CAMIONES ESPAÑOLES EN EL SUR DE FRANCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/000594.)



--SOBRE DIVERSOS TEMAS RELACIONADOS CON EL SECTOR LACTEO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
213/000596.)



El señor PRESIDENTE: Nos quedan vivas seis comparecencias, cuatro de
ellas relacionadas con temas más específicamente agrarios o agrícolas, y
dos referidas a problemas derivados de la situación pesquera con
Marruecos. En ese sentido, las cuatro primeras comparecencias se
refieren, en primer lugar, a la modificación de las superficies de
referencia de los cultivos herbáceos; la segunda, al cumplimiento de las
medidas de acompañamiento de la reforma de la PAC, en especial el cese
anticipado y la reforestación; la tercera se refiere específicamente a
problemas con los camiones españoles en Francia, y la cuarta, sobre el
sector lácteo. Si no hay inconveniente, aunque después cada grupo pueda
hacer énfasis, lógicamente, en todos los aspectos, y en especial en los
que quiera, yo daría la palabra al señor Ministro para que tramitásemos
conjuntamente las cuatro comparecencias. Ni por parte del Presidente



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ni por parte del señor Ministro hay inconveniente en tramitarlas una por
una, pero el problema que yo le veo, señores Diputados, es que,
efectivamente, tanto el señor Ministro como todos los comparecientes
sabemos que normalmente este tipo de sesiones son relativamente extensas,
y para que podamos tramitar todos los puntos --yo creo que los puntos
finales también tienen su importancia--, no veo inconveniente, insisto,
en que por parte del señor Ministro haya una intervención inicial en los
cuatro aspectos relacionados, y luego, si algún grupo parlamentario o los
distintos portavoces me solicitan la palabra para tratar algún tema
específico, igualmente se la concedería. Yo lo propongo así porque me
parece más lógico. Tampoco tengo inconveniente, si se demuestra lo
contrario, en cambiarlo.

Señor Ramírez, ¿qué es lo que usted opina?



El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, es que nuestra estrategia
había sido diferenciar los diversos portavoces que van a hacerse cargo de
los diferentes puntos, en el compromiso y en la promesa de que iban a ser
intervenciones muy concretas, pero queríamos diferenciar los puntos
objeto de las comparecencias.




El señor PRESIDENTE: A mí me gustaría oír la opinión de los demás
portavoces.

Señora Rivadulla, tiene la palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, dado que tenemos varios
puntos en el orden del día, yo creo más oportuno tramitarlo en dos
bloques: por una parte, los temas agrícolas y, por otra, los pesqueros.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Nuestro Grupo opina también que se podrían
acumular en estos dos grupos, no impidiendo ello que se repartan las
intervenciones como el Partido Popular tenía previsto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: En esa línea, señor Presidente, y aunque
Coalición Canaria no haya tomado iniciativa en ninguna de estas
comparecencias, lo deja al mejor criterio de los grupos proponentes, pero
nuestra opinión es agrupar en las dos temáticas: por un lado, la temática
agrícola y, por otro lado, la pesquera. Después ya los grupos proponentes
que lo hagan en el sentido que quieran.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, ni por parte de la Presidencia ni por
parte de ningún portavoz hay inconveniente en que los portavoces de su
Grupo se repartan los distintos temas, pero me parece quizá más lógico
agrupar las cuatro comparecencias en una intervención, porque en los
demás grupos seguramente hablará el mismo portavoz para todos los temas y
así agilizaremos el trámite. ¿Le parece bien? (Asentimiento.)
Entonces, agradeciendo la presencia del señor Ministro, tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Señorías, voy a comenzar mi intervención sobre la necesidad de modificar
las superficies de referencia de los cultivos herbáceos. Quisiera
recordar, aunque sea brevemente, los criterios que sirvieron para
establecer las superficies de base y planes de regionalización de
cultivos herbáceos, antes de analizar la necesidad de su posible
modificación. Para la clave de reparto territorial se estableció la
obligación de elaborar un plan de regionalización productiva que
permitiera determinar en cada país zonas homogéneas de rendimiento de
cereales, de tal manera que el producto de las superficies cultivadas en
cada zona por el rendimiento asignado a cada una de ellas fuera igual al
obtenido multiplicando la superficie total de cereales del país por el
rendimiento medio del mismo, de acuerdo con el principio de neutralidad
productiva y financiera de obligado cumplimiento.

Paralelamente al establecimiento del plan de regionalización se
definieron las superficies de base regionales o superficies máximas con
derecho a ayuda. Se acordó definir 17 en el secano, correspondientes a
cada una de las comunidades autónomas, y dos para el conjunto de España
en el regadío: una para el maíz y otra para el resto de los cultivos
herbáceos. Para que este sistema funcionara correctamente en España se
estableció una regulación específica del barbecho, de acuerdo con el
principio de mantenimiento de prácticas culturales tradicionales, de
forma que cada agricultor quedaba obligado a realizar una superficie de
barbecho que guarde con la de siembra una proporción determinada por el
índice de barbecho calculado a nivel comarcal.

Definidos estos instrumentos y el marco general de ayudas, creciente en
el caso de los cereales y decreciente en el caso del girasol, y teniendo
en cuenta que el régimen de crucero se alcanza en ambas en la campaña que
ahora se inicia, hay que señalar que el sistema se ha aplicado en España
coincidiendo con una sequía hidráulica extraordinaria, que todavía
persiste en el Guadalquivir, en el Guadiana, en el Júcar y en el Segura,
y con una sequía meteorológica que ha afectado a diversas regiones
españolas en cada campaña. Además, la aplicación de los acuerdos de
«Blair House» sobre oleaginosas, junto con la desproporción de las ayudas
entre éstas y los cereales derivado del Tratado de Adhesión, han
provocado un comportamiento errático en las decisiones de los
agricultores en secano y en regadío. Las consecuencias han sido, a nivel
global, un rebasamiento de las superficies de otros cultivos distintos
del maíz y un descenso del cultivo de este cereal en el regadío, por lo
que se negoció, con el fin de evitar graves penalizaciones, poder
transferir la superficie base de maíz no utilizada a la de otros cultivos
de regadío. También ha tenido lugar un rebasamiento de las superficies de
base de secano en algunas comunidades autónomas, entre las que se
encuentran Aragón, Castilla y León y País Vasco, no habiéndose



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cubierto en otras, como Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia
y la Comunidad Valenciana.

En mi anterior comparecencia en esta Comisión, el día 1 de marzo, ya les
anuncié que había solicitado a la Conferencia Sectorial una reflexión
sobre el plan de regionalización en consonancia con el acuerdo de esta
Comisión de 18 de octubre de 1994. Creo, señorías, que las especiales
condiciones de estas tres campañas hacen difícil un análisis real de la
aplicación del sistema. Pero es cierto que la revisión de este sistema
está justificada ante la posibilidad de que se produzcan penalizaciones a
cualquier superficie de base sin haberse utilizado a nivel nacional todo
el conjunto de la misma.

El Ministerio de Agricultura ha iniciado los estudios de cara a una
modificación del sistema; modificación que, en principio, debiera
contener los siguientes elementos. Un incremento de la superficie de base
de regadío nacional que refleje la afloración de los regadíos para los
que ya habían sido realizadas las inversiones antes de la puesta en
marcha de este sistema. Esa transferencia de secano a regadío debe
hacerse sobre la base de la superficie de cada comunidad autónoma,
aplicando la correspondiente relación de rendimientos de secano a regadío
para obtener un resultado neutro. Es necesario también que se produzca
una actuación solidaria de las comunidades autónomas, transfiriendo una
parte del excedente no utilizado en las superficies de base de secano de
algunas comunidades autónomas a otras, con objeto de reflejar más
claramente la realidad de las agriculturas que en cada una de las
comunidades autónomas españolas se plantea en la actualidad.

Esta adecuación de las superficies de base de secano hace que se
contemple la conveniencia de la posible definición de regiones de
superficie de base compuestas, que permitan que la penalización por el
rebasamiento funcione a nivel de superficie de base nacional, pero que
permita la imputación de las penalizaciones a las superficies de bases
regionales que realmente son responsables de ese rebasamiento. Es decir,
solamente se aplicaría penalización cuando se supera la superficie de
base nacional, pero se les aplicaría a aquellos que han superado su
superficie de base regional. O sea, algo equivalente a lo que se produce
con el sistema de «Blair House» o con el sistema de las compensaciones en
materia de cuotas lácteas: se produce una compensación entre productores
y, sin embargo, si el saldo neto es positivo y hay una penalización,
solamente se les aplica a aquellos que han superado su cuota de carácter
individual, pero en este caso definido para las regiones y no para los
individuos. Naturalmente, esto llevaría un proceso de negociación a dos
bandas: a nivel nacional con las diferentes comunidades autónomas, y en
el seno de la Unión Europea, ya que precisa la introducción de la
modificación pertinente del Reglamento 1.765/1992 del Consejo.

Se contempla también la posibilidad de reparar, en determinadas zonas,
ciertos desajustes que se han detectado en la asignación de los
rendimientos y que se considera justo corregir en la medida de lo
posible.

Por tanto, el Ministerio se encuentra abierto al estudio y debate con el
conjunto de las comunidades autónomas, a fin de conseguir el plan que se
ajuste mejor a la actual realidad de la agricultura española.

En lo que se refiere al grado de cumplimiento de las medidas de
acompañamiento establecidas en la reforma de la política agrícola
comunitaria, y en particular a lo que se refiere a la reforestación de
tierras arables y al cese anticipado de la actividad agraria, quiero
decir que en la forestación de superficies agrarias, el programa se
aprobó mediante Real Decreto, en marzo de 1993, desarrollado
posteriormente por las comunidades autónomas y que se han introducido
algunos cambios mediante un nuevo Real Decreto de octubre de 1994.

Desgraciadamente, el retraso que se produjo en la aprobación del programa
por parte de la Unión Europea, que hizo que las comunidades autónomas
fuesen reticentes a la puesta en marcha del propio programa antes de
tener la aprobación definitiva de las instituciones comunitarias, ha
hecho que la temporada 1994-1995, por tanto, la temporada
otoño-invierno-primavera últimos, haya sido la primera de aplicación
real, en términos de reforestación, de este programa. El balance desde su
puesta en marcha es satisfactorio, con los matices que luego voy a
comentar.

El número de agricultores que han solicitado acogerse al programa, a 31
de mayo de 1995, era de 25.088, y la superficie que quieren reforestar es
de 517.000 hectáreas. Solamente durante los cinco primeros meses de 1995
se han recibido 6.982 solicitudes, que afectan a 212.00 hectáreas, lo que
refleja que es un programa que, en términos de solicitudes, ha ido
acelerándose progresivamente desde su puesta en marcha. Teníamos 300.000
hectáreas solicitadas a 31 de diciembre de 1994 y tenemos 517.000 a 31 de
mayo de 1995.

Los objetivos iniciales del programa eran 800.000 hectáreas para el
conjunto de los cinco años. Cuando llevamos año y medio de aplicación
teórica del programa, un año de aplicación real, tenemos cubiertas, en
términos de solicitudes, 500.000 de las 800.000 hectáreas que preveía el
programa.

En términos de resoluciones, teniendo en cuenta que la gestión le
corresponde a las comunidades autónomas de forma íntegra y cada una de
ellas establece diferentes condiciones respecto de cuál es el plazo de
apertura de la ventanilla, cuál es el proceso a través del cual empiezan
a realizar las resoluciones de los expedientes, solamente tenemos los
datos hasta el cierre del ejercicio 1994, hasta el 31 de diciembre, fecha
en la que se habían producido ya resoluciones favorables por 158.000
hectáreas. Es decir, que de estas 25.000 solicitudes se habían resuelto
9.714 por una suma total en hectáreas total de 158.602.

Si cogemos el número de hectáreas efectivamente repobladas y, por tanto,
sobre las que se ha producido una certificación de la obra realizada y en
un pago, estamos hablando de 13.000 en términos de certificaciones, por
una superficie total de 64.672 hectáreas. Es decir, con el programa se
han reforestado ya 64.672 hectáreas, se han aprobado ayudas para
reforestar 158.000 hectáreas y hay solicitudes encima de la mesa,
pendientes de decisión por parte de las comunidades autónomas por un
total de 517.000 hectáreas, lo que se corresponde con un programa



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que va acelerándose progresivamente a un fuerte ritmo desde su
implantación, y que se refleja en el hecho de que vaya muy por delante
del ritmo de solicitudes, que vaya, a continuación, acelerándose
progresivamente el número de resoluciones y que se haya alcanzado ya,
para este primer año de funcionamiento, un número de certificaciones por
una superficie total de 64.000 hectáreas.

Yo creo que la situación de sequía ha frenado el ritmo de reforestación,
es decir, ha frenado el ritmo de plasmación en reforestación real de las
158.000 hectáreas que tienen concedida la ayuda para reforestar, y ha
hecho que estas 64.000 hectáreas no se hayan superado, siendo ya una
cifra muy importante. Pero en la medida en que se normalice mínimamente
la situación climatológica no debe ser difícil alcanzar ese ritmo, esa
velocidad de crucero que habíamos establecido de 150.000 hectáreas/año.

Esta velocidad de crucero, si el otoño y el invierno próximos son más
húmedos, se puede alcanzar ya en la campaña 1995/1996.

En estos momentos se están estudiando algunas modificaciones técnicas al
programa, algunas mejoras técnicas, alguna elevación de primas de
mantenimiento, en particular, en épocas de sequía, y alguna revisión en
las primas de compensación de renta que van a ser discutidas próximamente
con las organizaciones agrarias y con las comunidades autónomas.

En lo que se refiere al cese anticipado de la actividad agraria, el
objetivo de este programa es el rejuvenecimiento de los titulares de las
explotaciones agrarias, la reestructuración de explotaciones y la
creación de servicios de transmisión de tierras para facilitar la cesión,
posibilitando, además, la reasignación de tierras para usos no agrarios.

Los datos relativos a la ejecución del programa son los siguientes. En
1990, primer año de puesta en marcha, se acogieron 107 titulares y 21
trabajadores; en 1991, 868 titulares y 163 trabajadores; en 1992, 815
titulares y 142 trabajadores; en 1993, 652 titulares y 116 trabajadores;
en 1994, 761 titulares y 92 titulares y en los cinco primeros meses de
1995, 310 titulares y 51 trabajadores.

Podríamos decir que el cambio en la reglamentación, a pesar de la
elevación de las primas y la modificación de algunas de las condiciones
respecto de la reglamentación existente en el período 1990-1993 y el
cambio de reglamentación en 1994-1995 no ha modificado el ritmo de
incorporación al programa de cese anticipado de los beneficiarios. Existe
una clientela relativamente estable del programa, que se sitúa entre 700
y 900 agricultores cada año, y relativamente rígida respecto de
cualquiera de las modificaciones que se han venido introduciendo en las
características del programa desde su primera puesta en marcha en 1990.

Por último, en lo que se refiere al programa medioambiental, el complejo
sistema de ayudas --más de una quincena de medidas-- se integra en dos
grandes bloques en el programa del mismo nombre, medidas horizontales
aplicables en todo el territorio nacional y medidas a aplicar en zonas
específicas, tales como los parques nacionales, humedales del Convenio
Ramsar, zonas clasificadas como de protección para aves y determinadas
áreas seleccionadas por cada comunidad autónoma en atención a su especial
problemática agronómica medioambiental.

En 1993, como saben, la Comisión aprobó el primer programa para la Unión
Europea, el Programa de compensación de rentas en los acuíferos de La
Mancha occidental y del Campo de Montiel. En 1994, otra decisión de la
Comisión permitió poner en marcha un segundo programa, el Programa de
zonas de estepas cerealistas de Castilla y León. En ese mismo año, la
Comisión aprobó un paquete de programas de las llamadas medidas
horizontales de aplicación en todo el territorio, agricultura extensiva,
formación agroambiental, razas en peligro de extinción y agricultura
ecológica, que se pusieron en marcha por el Decreto de 20 de enero de
1995. En enero de 1995, la Comisión aprobó definitivamente el resto de
las medidas agroambientales que serán aplicadas en nuestro país.

Por su parte, el Gobierno ha culminado recientemente la aprobación de
todas las normas reguladoras de este régimen de ayudas mediante los
Decretos de 21 de abril --parques nacionales y sus zonas de influencia--,
y de 9 de junio --las zonas Ramsar y las zonas de especial protección
para las aves--. Para la aplicación de todas las medidas agroambientales
es preciso que las comunidades autónomas ultimen la aprobación de sus
normas reguladoras, cuestión que, en todo caso, debiera producirse antes
de finales de 1995.

De los dos programas aprobados en 1993 y 1994 de los que tenemos datos
relativos a la ejecución, en lo que se refiere al programa de
compensación de rentas de los municipios de La Mancha occidental y Campo
de Montiel, en el año 1993 se incorporaron 1.335 beneficiarios, con un
gasto total aprobado para los cinco años de 9.895,5 millones de pesetas,
y en 1994 se incorporaron 887 beneficiarios más, con un gasto total
aprobado también para esos cinco años de 3.068,5 millones de pesetas. Los
pagos realizados correspondientes a estos programas han sido 1.979
millones de pesetas en 1993 y 2.631 millones de pesetas en 1994.

En cuanto al programa de las zonas esteparias cerealísticas de Castilla y
León, los datos para 1994 son 171 beneficiarios, con un gasto total
aprobado de 211,8 millones de pesetas.

Respecto a las iniciativas emprendidas ante los ataques sufridos por los
camiones españoles en el sur de Francia, quisiera, en primer lugar, decir
a SS. SS. que el respeto de la legalidad comunitaria y de los principios
que conforman la Unión Europea, y en particular la libre circulación de
bienes y personas, constituyen el marco en que se deben desarrollar las
relaciones entre todos los Estados miembros, siendo este principio de la
libre circulación de bienes y personas un pilar básico de la construcción
europea.

Quiero también expresar mi plena coincidencia con el sector
hortofrutícola cuando manifiesta que los actos vandálicos cometidos por
los agricultores franceses sobre camiones españoles que transportaban
fresas u otras hortalizas suponen una vulneración clara y flagrante de la
libre circulación de mercancías.

Como saben SS. SS., corresponde a las instituciones comunitarias, y en
particular a la Comisión, la salvaguardia y custodia de la legalidad
comunitaria y, por tanto, la



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garantía del cumplimiento y observación por parte de todos los Estados
miembros de la libre circulación de mercancías. Esta facultad de la
Comisión adquiere aún más sentido si consideramos que no han sido sólo
productos hortofrutícolas españoles los que han sufrido agresiones en el
sur de Francia, sino que también productos hortofrutícolas belgas,
italianos y holandeses padecen periódicamente este tipo de acciones
violentas e ilegales en suelo francés, así como las coacciones sobre
grandes superficies francesas que pretenden impedir la comercialización
de los productos hortofrutícolas comunitarios. Sin embargo, el Gobierno
español, consciente de los perjuicios que acarrean para los productores
españoles los hechos acaecidos en el sur de Francia, asumió una actitud
beligerante y activa ante la repetida violación de principios
comunitarios y tomó una serie de iniciativas --siempre dentro de sus
competencias en el ámbito comunitario-- tendentes a restablecer la
legalidad comunitaria violentada.

Las iniciativas emprendidas han tenido tres frentes. En primer lugar, el
apoyo a los operadores españoles afectados. La tutela efectiva de la
Administración sobre los derechos de los operadores damnificados se pone
en marcha automáticamente en el momento en que se producen agresiones a
mercancías españolas en suelo comunitario. El apoyo recibido por nuestros
operadores afectados por los ataques en territorio francés se ha
traducido en un respaldo constante a nuestros operadores, a los cuales,
desde nuestros consulados y representaciones diplomáticas en el país
vecino, se les han venido facilitando todo tipo de servicios: de
interpretación, asesoramiento ante las autoridades francesas, información
de todas las posibles vías jurídicas de reclamación y colaboración en
todo tipo de trámites en la Administración francesa. Esta labor de
nuestros servicios diplomáticos ha contribuido al resarcimiento de los
daños sufridos por los exportadores españoles.

En segundo lugar, se han producido contactos bilaterales con las
autoridades francesas. Se han realizado con objeto de obtener una
respuesta por parte de la Administración francesa en la que se comprometa
a respetar la legalidad comunitaria, así como conseguir una indemnización
suficiente que compense a los productores españoles afectados por los
daños sufridos. En este contexto se deben enmarcar los contactos
bilaterales que, bien a través de los ministros o bien a través de la
Embajada española en París o de la Embajada francesa en Madrid, se han
producido, llegando incluso a convocar a la representación diplomática
francesa para exigir la garantía de una protección efectiva de nuestros
productos y transportistas.

En tercer lugar, se ha realizado un apoyo e impulso a las instituciones
comunitarias en defensa del restablecimiento de la legalidad. De manera
muy breve voy a enumerar las acciones emprendidas por la Administración
española ante la Comisión Europea y otros foros e instituciones
comunitarias, denunciando los hechos e instando a la Comisión a tomar las
medidas oportunas en defensa y aplicación del Derecho comunitario.

El 6 de junio de 1994, ante los ataques perpetrados contra camiones
españoles que transportaban fresas, la Administración francesa envió a la
Comisión una carta en la que se expusieron los ataques perpetrados en el
sur de Francia y se solicitaba, en base al artículo 169 del Tratado, la
apertura de un procedimiento de infracción a la República francesa por la
vulneración del artículo 30 del Tratado, que instaura la libre
circulación de bienes y personas. Como consecuencia de esta iniciativa
del Gobierno español, la Comisión europea remitió a la República
francesa, con fecha 29 de junio de 1994, una carta de emplazamiento en la
que se instaba claramente a las autoridades francesas a respetar y
observar los principios comunitarios quebrantados y a que pusiera fin a
los hechos delictivos que se repetían periódicamente.

El 5 de mayo de 1995, la Comisión europea emitió un dictamen motivado en
virtud del artículo 169 del Tratado, en el que se recriminaba claramente
la actitud de las autoridades francesas frente a los hechos denunciados y
se constataba la existencia de pruebas de impunidad para los autores de
los hechos delictivos. Este dictamen constituye un paso previo a la
presentación del caso en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo,
disponiendo la República francesa de un plazo de un mes para presentar
las alegaciones oportunas.

Asimismo, el servicio jurídico de la Comisión ha elaborado un informe el
pasado 22 de junio, proponiendo al Colegio de Comisarios llevar a Francia
ante el Tribunal de Luxemburgo.

Finalmente, ante las recientes agresiones a camiones españoles cometidas
en junio de 1995, se envió, por parte del Gobierno español, una nueva
carta a la Comisión, transmitiendo estos actos para que se tomaran en
consideración en el proceso abierto a Francia.

Por otra parte, hemos estimado conveniente denunciar los hechos
vandálicos ocurridos periódicamente en cuantas instancias comunitarias de
todo nivel hemos tenido a nuestro alcance: Consejo de Ministros, Comité
especial de agricultura, comité de gestión de frutas y hortalizas, Comité
de gestión de mecanismos de intercambios, etcétera. Esta denuncia ha sido
extraordinariamente útil, pues nos ha brindado la posibilidad de exponer
nuestras tesis en foros comunitarios y obtener, de este modo, una mayor
comprensión de nuestros socios comunitarios, algunos de los cuales, como
ya se ha expuesto anteriormente, han sufrido los mismos problemas y
consecuencias que los exportadores españoles en territorio francés.

En estos momentos, la decisión definitiva sobre la presentación de la
demanda ante el Tribunal de Justicia le corresponde a la Comisión
europea, al Colegio de Comisarios, que tiene ya el dosier sobre la mesa,
a partir del informe favorable de los servicios jurídicos y del Comité de
expertos.

Todas estas acciones, tanto a nivel bilateral con Francia o la Comisión
como a nivel multilateral en distintos foros comunitarios, se
complementan y potencian mutuamente, obteniéndose unos resultados más
beneficiosos para los intereses españoles que con el simple seguimiento
de los cauces comunitarios.

Esta serie de iniciativas demuestran claramente el decidido empeño de la
Administración española en llevar a cabo todas las acciones posibles para
salvaguardar los intereses



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de los productores españoles y, por tanto, contradicen las acusaciones de
pasividad vertidas sobre la misma.

Asimismo, se constata fácilmente la efectividad de las gestiones
efectuadas por las autoridades españolas, pues todas las medidas tomadas
por la Comisión europea se han efectuado a petición del Gobierno español.

No quisiera terminar mi intervención en esta parte de la comparecencia
sin reconocer el esfuerzo realizado por las organizaciones de productores
de fresas, especialmente de la provincia de Huelva, los cuales, mediante
los acuerdos llevados a cabo de extensión de reglas, han racionalizado
extraordinariamente la comercialización, siempre difícil, de la fresa
onubense, adaptándola a las necesidades de los mercados europeos, y han
contribuido de este modo a reforzar sensiblemente la posición del
Gobierno español en su contencioso con Francia ante la Comisión.

En lo que se refiere al sector lácteo, en mi anterior intervención ante
esta Comisión el pasado 1 de marzo hacía mención a determinados asuntos
relativos al sector lácteo. Hoy puedo ofrecerles resultados de procesos
que entonces se hallaban en marcha e informar a SS. SS. del acuerdo de
precios que alcanzamos la semana pasada en esta materia.

En cuanto a la reasignación de las cuotas de la reserva nacional, el
resultado final de la misma ha sido el siguiente: el número total de
solicitudes ha sido de 58.000, de las cuales cumplían los requisitos para
la admisión 49.650 y, de éstas, 15.779 reunieron los criterios de
prioridad establecidos en el Decreto 2.230/1994. La cantidad total de
cuota asignada fue de 359.600 toneladas, lo que supone una media por
explotación de 22.789 kilos.

El número de ganaderos que ha recibido cuota de la reserva nacional varía
según el tamaño de explotación, correspondiendo el mayor número de ellos
al estrato de explotaciones entre 50.000 y 100.000 kilos de cuota, que
alcanza el 33,73 por ciento de los ganaderos asignatarios, siguiéndole el
correspondiente al estrato de población entre 25.000 y 50.000 kilos de
cuota, que afecta al 26,17 por ciento de los ganaderos asignatarios.

La asignación de la cuota de reserva nacional ha incidido principalmente
en las explotaciones de quince a veinticinco vacas con buena
calificación, que son las que constituyen el grupo más representativo de
la explotación familiar en España y sobre el que debe centrarse la
evolución de las estructuras de producción de leche, ello de acuerdo con
lo previsto en el plan de reordenación del sector de la leche y de los
productos lácteos.

Quiero también señalar que dentro del total de la reserva asignada,
172.000 toneladas corresponden a cuota de venta directa, las cuales son
transferidas a cuota de venta industria, lo que, unido a otros trasvases
ya efectuados, eleva el montante total de la misma a 5.436.000 toneladas
para el período 1994-1995, porque hay que recordar que esta asignación se
ha producido con efectos en la campaña 1994-1995, que se cerró el 31 de
marzo.

Deseo informarles, tal como les indicaba también en mi anterior
comparecencia, que en el reparto de la reserva para los ganaderos de cada
comunidad autónoma se ha tenido en cuenta el 30 por ciento de la cuota
láctea abandonada en cada una de las diferentes comunidades autónomas,
habiéndose asignado a los ganaderos ubicados en las mismas con iguales
criterios con los que se ha repartido de forma general el 70 por ciento
restante.

Paralelamente, con el mismo objetivo de facilitar la evolución de las
estructuras de la producción de leche mediante la promulgación del
Decreto 2.307/1994, se han regulado las transferencias de cuota entre
ganaderos en sus dos modalidades, vinculadas con la explotación o
desvinculadas de ésta dentro de cada comunidad autónoma. Con ello, se han
efectuado ya 13.400 transferencias por un total de 556.000 toneladas. Se
trata de una cifra realmente importante, estaremos hablando de un 10 por
ciento de nuestra cuota global la que ha sido objeto de transferencia
definitiva entre ganaderos, que evidencia el efecto dinamizador que tiene
el régimen de cuotas sobre la evolución de las estructuras y su
contribución al incremento del tamaño medio de las explotaciones y a la
mejora de la eficacia, complementándose así el efecto de las asignaciones
de la reserva nacional.

En el período 1994-1995 han continuado produciéndose cesiones temporales
de cuota por un total de 130.700 toneladas, que han afectado a 7.500
ganaderos con el mismo efecto positivo que las transferencias de cuota,
si bien con un carácter temporal.

De lo expuesto se deduce claramente que en esta campaña 1994-1995 han
quedado regularizados todos los mecanismos que flexibilizan la aplicación
del régimen de cuotas que permite a los ganaderos planificar su
producción y sus inversiones.

En cuanto a las cantidades de leche comercializadas en el período
1994-1995, se está procediendo en estos momentos al procesamiento de las
declaraciones, pero cabe esperar que, de acuerdo con las informaciones de
las que disponemos, con la asignación de las 172.000 toneladas de venta
directa, su trasvase a venta industrias, y con las transferencias y
cesiones temporales realizadas, no se haya sobrepasado la cuota global
que tiene asignada España, y por tanto no haya lugar a penalización como
consecuencia de la sobreproducción en esta pasada campaña 1994-1995.

Sobre el plan de abandono de la producción lechera cofinanciado con las
comunidades autónomas, se ha elaborado un proyecto de real decreto que se
ha remitido a éstas para que aporten sus puntos de vista y criterios
habida cuenta de su contribución económica.

Quiero también informarles de la tendencia creciente de los precios de la
leche pagados al ganadero, que ha continuado a lo largo de 1994 y durante
los primeros meses de 1995. Me gustaría recordarles, respecto de los
precios (prácticamente estabilizados en 1991 y en 1992), que en 1993 se
produjo un incremento de los precios percibidos por los ganaderos del
9,01 por ciento; en 1994, del 12,97 por ciento, y en el primer trimestre
de 1995, del 4,52 por ciento. Por tanto, estamos hablando de un
incremento de los precios en 1995, respecto de 1991 y 1992, del 28,82 por
ciento, lo que refleja el efecto de la implantación del sistema de
cuotas, además de otros factores como la evolución del tipo de cambio
sobre los precios percibidos por los ganaderos por su producción de
leche.




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Finalmente, quiero informarles de las decisiones adoptadas en el marco
del paquete de precios. Como ustedes saben, la Comisión había propuesto
una reducción del precio de la mantequilla del 2 por ciento, que no ha
sido retenido en la decisión final y, por tanto, se ha producido un
mantenimiento del precio de la mantequilla; por otro lado, se ha
producido una modificación del sistema de intervención de la leche
desnatada. Hasta ahora, la normativa comunitaria establecía la
posibilidad de compras de intervención de leche desnatada en polvo
durante los meses de abril a agosto de cada año, exigiendo a la misma
únicamente determinadas condiciones relativas a su facilidad de
conservación, contenido en humedad y contenido en materia grasa. La
propuesta de la Comisión para el paquete de precios consistía en exigir
que la leche desnatada comprada por la intervención tuviera un contenido
mínimo en proteínas, es decir, la intervención sólo compraría cuando
tuviese un contenido entre el 30 y el 35 por ciento en peso de proteínas.

El precio de intervención se fijaría para la leche en polvo con el 35 por
ciento de proteínas, estableciendo una depreciación del 2,86 por ciento
sobre el precio de intervención por cada punto porcentual por debajo de
ese 35 por ciento de contenido proteínico. Es decir, que con una leche
desnatada con el 34 por ciento de proteínas recibiría el precio de
intervención reducido en el 2,86 por ciento.

Esta propuesta resultaba perjudicial para España, ya que en determinadas
regiones, y en concreto coincidiendo con el período en el que se producen
ventas en la intervención, el contenido en proteína de la leche desnatada
en polvo no alcanza ese mínimo exigible. A instancias de la delegación
española se consiguió una propuesta alternativa, que finalmente tuvo la
aprobación del Consejo de Ministros, por la cual se rebaja del 35 al 34
por ciento en peso el contenido en proteína de la leche; a partir de ese
34 por ciento se reduce la depreciación y se pasa del 2,86 al 1,75 por
ciento, con lo cual la leche con el 34 por ciento de proteínas recibe el
precio de intervención y una leche con el 33 por ciento de proteínas el
precio de intervención menos el 1,75 por ciento.

Con esto he terminado mi primera intervención.




El señor PRESIDENTE: Tres de las cuatro comparecencias sustanciadas son
del Grupo Parlamentario Popular. En ese sentido, le daría la palabra, en
primer lugar, al señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Tal y como he expuesto antes, habrá diversos
portavoces para los puntos 2, 3, 4 y 5. A mí me corresponde hacer la
exposición de mi Grupo en relación con el punto 2, relativo a los
problemas que se conjugan alrededor de las superficies básicas de
cultivos herbáceos, planes de regionalización, etcétera.

Efectivamente, señor Ministro, la aplicación en España del Reglamento
1.775 ha suscitado desde el principio determinados desajustes, problemas
de realización de ese programa de regionalización en las diversas
comarcas, asignación de barbechos o índice de barbecho excesivos y, en
general, una disfunción entre el potencial productor español de cultivos
herbáceos y la realidad impuesta por la normativa comunitaria.

En el acuerdo de 18 de octubre de 1994 adoptado en esta Comisión nosotros
entendíamos que la invitación que existía en el seno de la Unión Europea
de convocar a sus miembros a unas jornadas de reflexión cuando se llegara
a esa velocidad de crucero que ha señalado el señor Ministro respecto al
tercer año de aplicación de la reforma de la política agraria común,
debería permitir hacer aflorar los defectos que se han producido en
España e intentar resolver los problemas que se han suscitado.

En primer lugar, creemos que se adoptaron unas superficies de referencia
insuficientes. La limitación a los ocho millones 96.000 hectáreas de
superficie de referencia de secano imponía unos índices comarcales de
barbecho obligatorio y gratuito muy por encima de las prácticas
productivas, de las prácticas agronómicas realizadas por esos mismos
agricultores, e incluso entraban de lleno en colisión con normativas
específicas aprobadas en España en determinadas comunidades autónomas que
perseguían esos índices de barbecho. Recuérdese, por ejemplo, la
aplicación en España de la refoma agraria en Andalucía, o la reforma en
Extremadura, o la aplicación en España de la Ley de fincas
manifiestamente mejorables, que obligaron a unas prácticas agronómicas
muy diferentes de las que se derivaban de los posteriores índices de
barbecho contemplados en la aplicación de la reforma de la política
agraria común. Por tanto, el primer dato que se observa es que el índice
está muy por debajo de nuestro potencial y, por supuesto, penaliza la
capacidad de producción de nuestro país.

En segundo lugar esos índices, tanto nacional como el reparto autonómico
posterior, han demostrado un desajuste, porque, como bien ha señalado el
Ministro pero no ha dicho la cantidad, la realidad es que no estamos
utilizando ese potencial de alrededor de unas 500.000 hectáreas y, en
consecuencia, se está generando la tensión de regiones a las que se les
ha impuesto un índice de barbecho obligatorio realmente importante,
índices del 27, del 28, del 32, del 40 por ciento, mientras que no
utilizamos el total de nuestro potencial de los ocho millones de
hectáreas.

En tercer lugar, señor Ministro, cuando se adoptó la decisión de
diferenciar la superficie de regadío de cultivos herbáceos y distinguir
la del maíz de la de otros cultivos, garantizando al maíz una cantidad y
a los otros cultivos otra, con motivo de la sequía y de la falta de
precipitaciones, se han producido desajustes en esas cantidades, porque
los índices de maíz, un gran consumidor de agua, no se han podido
alcanzar; en cambio, los agricultores han utilizado los otros cultivos
refugio evitando esas carencias de agua, ahí se han producido desajustes,
se han producido excesos y ha habido penalizaciones. Pero cuando se ha
negociado en la Unión Europea el traspaso automático de las cantidades de
referencia de maíz a otros cultivos, no se han utilizado toneladas, se
han utilizado hectáreas y, por tanto, los españoles hemos sido
penalizados. Porque no es lo mismo transferir una hectárea de maíz, que
tiene asignado un rendimiento de siete toneladas, a una hectárea de otros
cultivos herbáceos en regadío, que tiene asignada una cantidad media de
cuatro toneladas, esas magnitudes no son equivalentes si se hubieran
utilizado toneladas. No se han



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utilizado toneladas, se han utilizado hectáreas y, por tanto, hemos
entrado en unas penalizaciones absurdas, sobre todo teniendo en cuenta,
señor Ministro, que de la aplicación en los últimos años, y motivada
también por la sequía, el resultante es que España se ha convertido en un
neto importador de cereales comunitarios y en un neto importador de
oleaginosas tanto de la Unión Europea como de terceros países.

Los cálculos más optimistas este año señalan una importación en torno al
50 por ciento de las necesidades de nuestro país, se habla de unos diez
millones de toneladas de cereales que se van a necesitar en importación.

Eso paradójicamente llama la atención con las penalizaciones que se están
estableciendo en determinadas comarcas, con las aspiraciones de otros
agricultores de comarcas, de regiones que han expresado su malestar ante
el Ministerio de Agricultura exigiendo y demostrando que ellos están
infravalorados a la hora de la aplicación de los cálculos de su potencial
productor.

Nosotros, en aquella resolución aprobada por la Comisión, invitábamos al
Gobierno a que convocara a las comunidades autónomas y a las
organizaciones agrarias para realizar este análisis y plantear
urgentemente ante la Unión Europea la nueva realidad que se derivaba de
él. Desgraciadamente, la información que estuve recabando ayer mismo,
preparatoria de esta comparecencia, me indica que tanto las comunidades
autónomas como las organizaciones agrarias no han sido convocadas a esas
reuniones y que, por tanto, falta ese foro nacional en el que debe
convertirse, a nuestro juicio, el Ministerio de Agricultura para
prepararse urgentemente, antes de la campaña de siembra de la cosecha
1995-1996 (que, como sabe, se va a producir en el próximo otoño),
planteamientos importantes, puntuales, concretos que permitan despejar el
horizonte.

A nuestro parecer, señor Ministro, es urgente y necesario repartir
inmediatamente esas 500.000 hectáreas que no se han utilizado; 500.000
hectáreas que habrá que repartirlas entre aquellas regiones que tienen
una vocación, que la han demostrado, porque incluso han sobrepasado los
índices regionales asignados, y que han entrado en determinados aspectos
sancionadores.

Paradójicamente, no puede tener un país una situación de importación de
cereales y otros productos herbáceos y no utilizar el potencial mínimo
que nos asignaron a la hora de la reforma de la política agraria común.

Igualmente, creemos que una situación como la nuestra no recomienda el
mantenimiento de los índices de barbecho. Un país que va a necesitar 10
millones de toneladas de cereales para su normal abastecimiento, que van
a drenar sustancialmente los excedentes comunitarios, paradójicamente
tiene a sus agricultores constreñidos a la realización de unos índices de
barbecho, tanto el de las prácticas agronómicas, repito, calculado muy
por encima de la realidad productiva española, como los índices de
retirada de tierras obligatorias en relación a la aplicación pura y
llanamente de la reforma de la política agraria común.

Creemos que esos índices de barbechos, tanto el de retirada obligatoria
como el agronómico, deben ser revisados muy a la baja, de tal forma que
liberemos y auspiciemos el potencial productor español, que, repito, no
va a entrar, desgraciadamente, en ninguna situación excedentaria en los
próximos años.

A este efecto, señor Ministro, yo le recuerdo la importancia que para la
renta agraria tiene producir y vender productos a un precio, porque sabe
que hemos debatido muchas veces su posición respecto a que la política
agraria común había venido a compensar largamente las posibles
reducciones mínimas de precios, que decía el Ministerio, o que no se
habían producido esas reducciones de precios.

Señor Ministro, el trigo, por ejemplo, desde nuestro ingreso en la Unión
Europea a la actualidad, a los agricultores les ha bajado en un 16 por
ciento, y no digamos ya las oleaginosas, que han bajado un 47 por ciento.

Los pagos compensatorios no son suficientes para compensar (valga la
redundancia) estas caídas de precios y, por tanto, hay que liberar, a
nuestro juicio, la capacidad de producción que tiene nuestro sector,
especialmente el dedicado a los cultivos herbáceos ubicados en las zonas
y en las regiones que, desgraciadamente, no disfrutan del mayor nivel de
renta agraria.

Creemos que las transferencias de la superficie de maíz se deben hacer en
toneladas y no en hectáreas, para evitar las sanciones. La revisión al
alza de los índices comarcales permitiría utilizar al máximo la
superficie de oleaginosas y, además, entendemos que debe ser discutida
nuevamente en el seno de la Unión, a la vista de la ampliación de la
Unión y a la vista precisamente de las necesidades de abastecimiento de
nuestro mercado. En definitiva, señor Ministro, le invitamos nuevamente a
que, de una manera formal, convoque a las comunidades autónomas y a las
organizaciones agrarias y plantee urgentemente, antes del calendario de
siembras de otoño que se avecina, las reformas que para España son
necesarias y que básicamente resumo en los siguientes puntos: la
utilización de las 500.000 hectáreas sobrantes; la reducción drástica de
los índices de barbecho, tanto el rotatorio como el agronómico; la
revisión al alza de los índices comarcales de rendimiento y, por tanto,
la necesidad de aumentar nuestra superficie de referencia tanto de secano
como de regadío, y no solamente en cereales, sino también en oleaginosas.

El elemento justificador de estas medidas es: primero, la gran
dependencia española de los mercados comunitarios para su normal
abastecimiento, la no creación de excedentes y la garantía de la renta de
los agricultores, vía producciones, vía utilización de todo su potencial
productor, y no exclusivamente basada en los pagos compensatorios, que,
como se ha visto, en muchos casos no compensan la propia caída de
precios.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, a continuación, el señor Pascual
Monzo para tratar los siguientes puntos del orden del día.




El señor PASCUAL MONZO: Primero quisiera hacer constar mi protesta por la
forma en que se están realizando estas comparecencias. Aunque sé que se
ha debatido, es imposible llevar tantos temas a la vez.




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El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, no insista sobre este tema. Se ha
acordado por parte de los Grupos en general este tipo de trámite.




El señor PASCUAL MONZO: Muy bien, señor Presidente.

Voy a intervenir en nombre de mi Grupo en los dos puntos siguientes: el
que se refiere a las medidas de acompañamiento de la PAC y, asimismo, el
tema del vuelco de camiones en territorio francés.

Una vez más, la postura del Ministerio y del Ministro sobre las medidas
de acompañamiento de la PAC es usar estas medidas, no como en un
principio fueron previstas dentro de la entonces Comunidad Económica
Europea, como consecuencia de las reformas de la política agraria
comunitaria en 1992, sino que se echan con mucha facilidad (y sobre todo
en vísperas de campaña electoral) las campanas al vuelo, pero luego vemos
cómo la realidad es muy distinta de la que en un principio se nos quiere
hacer creer, ya que incluso ha venido aquí el Ministro excesivamente
eufórico con estas medidas.

Empezando por las medidas de forestación, como consecuencia del
reglamento comunitario 2.080/1992, se publicó en el Boletín Oficial del
Estado el Real Decreto 378/1993, del 12 de marzo, sobre forestación de
tierras agrarias. Esto fue como consecuencia de que se aprobaron en el
Consejo de Ministros del 12 de marzo de 1993 ayudas para el fomento de
explotaciones agrarias, en el que se establece un régimen de ayudas para
fomentar inversiones forestales, según reza el comunicado del Ministerio
del portavoz del Gobierno. En él se dice que, en conjunto, se pretende
repoblar una media de 120.000 hectáreas en el quinquenio 1993-1997, de
las cuales 400.000 lo serán en tierras agrarias. Hay aquí un baile de
cifras, señor Ministro, que, la verdad, habla de muy poca formalidad,
porque en las medidas que aprobó el Consejo de Ministros se habla de
400.000 hectáreas agrarias. Esto fue, repito, en marzo de 1993, vísperas
de que se disolvieran las Cortes Generales y se convocaran las elecciones
generales, y en las que todas SS. SS. recordarán que uno de los debates
de los temas importantes fue precisamente la jactación que hizo el
entonces candidato al Gobierno socialista, señor González, de que se iban
a repoblar un millón de hectáreas en España en cinco años. Aquí vemos que
se habla de 600.000 y, en lo que se refiere a tierras agrarias, 400.000.

Hay un baile de cifras. El Ministro acaba de hablar de 800.000, con lo
cual no sabemos si es que las hectáreas en el monte aparecen y
desaparecen con una facilidad tremenda.

Por otro lado, señor Ministro, y entrando en las cifras concretas, todos
sabemos que ha habido un grave retraso; parece ser que la Comisión
Europea no aprobaba el plan de forestación, ha habido sus más y sus
menos, pero creemos que ya está en funcionamiento y he ahí los resultados
que nos acaba de leer en su intervención el señor Ministro.

Realmente, para las medias que se querían lograr, llevamos un retraso muy
considerable, señor Ministro. Usted ha venido muy ufano diciendo que ya
hemos forestado 64.000 hectáreas. Si esto corresponde a un período de dos
años, son 30.000; hasta las 160.000 que ustedes también han dicho que
iban a hacer anualmente, la verdad es que no es ni mucho menos para
ufanarse en un tema tan importante, y más con los problemas de
desertificación y erosión que estamos teniendo en España, con lo cual yo
creo que desde su Ministerio había que hacer un esfuerzo bastante más
superior al que se está haciendo.

Ustedes han usado la excusa de que la sequía está impidiendo su normal
desarrollo; estamos todos de acuerdo en que la sequía está influyendo,
pero hay muchos otros temas que están influyendo todavía más, como, por
ejemplo, los incentivos económicos del Reglamento comunitario. Las
compensaciones económicas que figuraban en el Reglamento comunitario
2.080/1992 y las que figuran en el Real Decreto 378/1993 indican una gran
disminución sobre lo que permitía la Unión Europea. Por tanto, el
incentivo económico, el cambio de mentalidad del agricultor, el dedicarse
a un cultivo totalmente distinto, todas esas circunstancias que no se han
resuelto, creemos que están frenando considerablemente este programa de
forestación.

Para terminar con este tema, señor Ministro, hay un dato que me llama la
atención, y es que, en contestación a una pregunta que realicé por
escrito, me dicen que el 31 de diciembre de 1994 hay 19.007 solicitudes,
que corresponden a unas 330.000 hectáreas. Cinco meses después, a 31 de
mayo de 1995, las solicitudes son 25.088, pero las hectáreas aumentan
muchísimo más, a 517.079, según obra en la hoja que nos ha repartido el
señor Ministro. Por tanto, veo que ha aumentado considerablemente el
número de hectáreas por expediente, y me gustaría saber a qué corresponde
eso, si es que los agricultores están solicitando menos expedientes y
estos expedientes proceden sobre todo de ayuntamientos o de algún tipo de
organismos oficiales, porque no hay que olvidar que este plan está hecho
principalmente de cara a los agricultores.

Pasando al tema del cese anticipado de la actividad agraria, el señor
Ministro ha utilizado un tono bastante más sencillo y moderado, porque no
es como para vanagloriarse de las cantidades que nos acaba de indicar,
porque si el tema de la forestación se usó en la campaña de las
elecciones generales de 1993, el tema del cese anticipado ya viene de la
campaña del año 1989, cuando el Ministro Romero dijo que se iban a gastar
60.000 millones de pesetas en el cese anticipado de la actividad agraria
en España y que eso iba a ser la revolución en el campo, por su
rejuvenecimiento. Vemos cómo cinco años después, por los datos que usted
nos acaba de facilitar --yo tenía hasta el 31 de diciembre de 1994--, hay
aproximadamente unos 3.500 agricultores que se han acogido a este cese
anticipado, juntando lo que correspondería al anterior Real Decreto, más
lo que corresponde ya como medida de acompañamiento de la PAC del último
Real Decreto.

Nosotros presentamos dos proposiciones no de ley en el Congreso de los
Diputados en la pasada legislatura pidiendo que se mejoraran las
condiciones en la aplicación del cese anticipado de la actividad agraria,
porque realmente no estaba cumpliendo ni mucho menos con los objetivos
que se habían programado. Estaba muy bien que se usara como cebo
electoral, pero luego eso hay que llevarlo



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adelante, porque también en la campaña de las elecciones generales de
1993, el 2 de abril, se aprobó una inversión de 104.000 millones de
pesetas por el Consejo de Ministros, como figura en la nota del
Ministerio, del portavoz del Gobierno, y se estima que podrán acogerse a
este programa unas 30.000 personas entre agricultores, familiares y
trabajadores en el quinquenio 1993/97. Esto supone 6.000 agricultores
anuales, y esto implica que deberíamos llevar ya, por lo menos, entre los
años 1993 y 1994, unos 12.000 agricultores acogidos, y vemos que en esas
fechas llevamos 1.300 agricultores nada más. Por tanto, el fracaso de la
previsión que ustedes vendieron en vísperas de la campaña electoral es
escandaloso, señor Ministro. Seguimos con una población muy envejecida en
España, el 58 por ciento de la población titular de explotaciones tiene
más de 55 años, y simplemente para que se tenga en cuenta, mientras en
Francia el cese anticipado es a partir de los 55 años, en España sigue
siendo a partir de los 60, a pesar del poco incentivo económico y las
trabas que tienen que sortear los agricultores para poder alcanzar
finalmente el cese anticipado.

Además, señor Ministro, en Comunidades Autónomas como la mía, la
Comunidad Autónoma Valenciana, donde el minifundio es la forma más
importante de propiedad, por las condiciones que emanan del Real Decreto
de cese anticipado es imposible reunir el número de hectáreas suficiente
y, por tanto, el número de agricultores acogido al cese anticipado en la
Comunidad Valenciana y en otras Comunidades es totalmente ridículo,
porque para muchas zonas españolas es totalmente inviable. Mientras eso
no se modifique, señor Ministro, va a seguir fracasando.

Por lo que se refiere a las medidas medioambientales, de las que, según
ha explicado el señor Ministro, hasta ahora solamente se han aplicado dos
medidas agroambientales desde el año 1993, como son los acuíferos de La
Mancha occidental-Campo de Montiel, en lo que se refiere a las
extracciones de agua, y las estepas cerealistas de Castilla León. Yo creo
que en un país con la cantidad de agricultura de barbecho que tenemos,
donde se podía fomentar mucho más la agricultura extensiva, o la cantidad
de razas en peligro de extinción que tenemos o el número de parques
nacionales y naturales o de humedales, el bagaje en medidas
agroambientales es bastante exiguo en cuanto a su aplicación.

Resumiendo, por lo que se refiere a esta comparecencia, me parece un
fracaso total por parte del Ministerio lo que afecta a las medidas de
acompañamiento de la PAC, cuando precisamente por las características
españolas debía ser todo lo contrario, debíamos haber jugado una baza
muchísimo más importante.

Pasando a la segunda comparecencia, la que se refiere al vuelco de los
camiones españoles en Francia, por fin parece ser que algo se va
haciendo, que la Comisión va tomándose --como usted acaba de exponer y
hemos conocido por los medios de comunicación-- en serio este tema, bien
es verdad que con un retraso de bastantes años, señor Ministro. La
tibieza al responder, no ya de usted, sino de sus predecesores en el
cargo, es notoria, porque se ha dejado que se institucionalizara, ya
sabíamos fechas y prácticamente los sitios en concreto antes de empezar
estas acciones anuales por parte de los «agricultores franceses» --entre
comillas--, y la verdad es que hasta ahora no se ha podido hacer nada, y
más cuando tenemos razones de peso, y yo creo que el señor Presidente del
Gobierno, con la misma energía con que defiende los fondos comunitarios
para el Mediterráneo, debería defender temas como éstos, en los que nos
estamos jugando bastantes más millones, sobre todo en un sector tan
importante como es el exportador de frutas y hortalizas.

Pues bien, yo no sé si tendrá algo que ver con esto --pero me imagino que
tendrá bastante que ver-- que, según datos del Centro francés del
comercio exterior de 1989, la balanza agroalimentaria con Francia era
favorable a España, y resulta que en 1993 es totalmente favorable a
Francia. Las cuotas de importaciones españolas de Francia en 1987 eran de
un 15,5 por ciento de nuestras importaciones; en 1993 han pasado al 21,5
por ciento, que si lo comparamos con el Reino Unido, que es del 9,2 por
ciento, o con Estados Unidos, con el 8,9; con Holanda, con el 7,6 por
ciento; con Alemania, con el 4,8, o con Italia, con el 3,9, quiere decir
que en 1993 el déficit de España era de 117.530 millones de pesetas y que
el valor en ventas de Francia a España ha aumentado en un 5,4 por ciento
respecto a 1993. Es decir, la balanza comercial entre Francia y España
está beneficiando a Francia constantemente. Y en ello tiene mucho que ver
la incertidumbre que se está creando.

Pero, señor Ministro, hasta ahora lo malo no era que se volcara un
camión, el valor de uno o dos camiones o la flota que transportaban, sino
la incertidumbre comercial que se está creando, y esto lo hemos debatido
bastante. Ahora se está llegando a más ante la impunidad con la que están
trabajando los agricultores franceses. Antes tenían la excusa del
hundimiento de precios, pero, como muy bien ha significado, hemos
contingentado nuestras exportaciones en fresa, y en los últimos
accidentes ocurridos al principio de este mes, cerca de Nimes, se han
volcado camiones procedentes de Murcia y de Valencia con melocotones y
con nectarinas, donde el precio no tenía nada que ver porque eran muy
buenos precios. Según está denunciando el sector, se está cambiando la
cualificación de estos atentados, porque, como les ha ido bien en cuanto
a lograr unos fines, ahora se está intentando conseguir otros, según está
denunciando el sector, que es atentar contra el debate de la próxima
reforma de la OCM de frutas y hortalizas.

Señor Ministro, ha dicho también que han derribado camiones belgas y
holandeses, cuando precisamente Francia, con Bélgica y Holanda, están
haciendo un frente común en contra de los intereses españoles en cuanto a
la reforma de la OCM.

A mí me preocupa mucho que se esté abusando de estas acciones por parte
de los agricultores franceses, para conseguir cualquier fin que quieran,
porque encima luego ven que no pasa nada. Con la reforma de la OCM de
frutas y hortalizas han visto una forma de presionar --y eso ya se lo
dije en el último debate que tuvimos en la interpelación sobre la OCM de
frutas y hortalizas--, de influir en el documento base de la OCM de
frutas y hortalizas antes de que la Comisión lo dé a luz, porque luego es
muy difícil influir



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en él, y más un país como España que tiene poca influencia dentro de la
Unión Europea.

Las únicas bazas que tenemos --y se lo dije ya en la interpelación-- es
influir lo más posible antes de que salga a la luz ese documento base de
la OCM de frutas y hortalizas, cosa que ya está haciendo Francia con el
vuelco de camiones españoles y al que se le han unido tanto Bélgica como
Holanda.

Termino, señor ministro. Tengo entendido que aún queda algún camión por
cobrar y lleva ya más de dos años de regraso, es decir que tampoco es que
se cobre enseguida. Está muy bien que se apoye a los operadores, está muy
bien que se esté al lado de los que sufren las consecuencias, pero, señor
Ministro, es mucho más importante evitar que esto suceda. Para eso hace
falta una intervención más contundente por parte no sólo el Ministro de
Agricultura, sino del Presidente del Gobierno, y más ahora con la
Presiencia española.




El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra la señora Fernández
Díaz.




La señora FERNANDEZ DIAZ: Señor Ministro, el Partido Popular solicitó
esta comparecencia para tratar varios puntos. Por supuesto, si supiera
que se iba a desenvolver así la comparecencia, me hubiera quedado
únicamente con uno. Vamos a tratar de resumir a ver si somos capaces, por
lo menos, de que nos informe, si no de todos, de parte de ellos.

En primer lugar, el pago de la supertasa 93-94. Nos gustaría saber qué va
a pasar con ese colectivo de 950 ganaderos afectados por el pago de la
supertasa, cuyo importe de 1.660 millones de pesetas han de entregar al
Feoga por el excedente de 29.156 toneladas de entregas a compradores por
encima de la cuota global. Algunas comunidades autónomas presentaron
avales y están a la espera de que se resuelvan los recursos interpuestos
por los ganaderos para ver si prosperan o no.

Nos gustaría saber, señor Ministro, quién fijó los criterios para que
esos ganaderos sean las víctimas propiciarias. Y sin entrar en
valoraciones sobre si los baremos fueron justos o injustos, pensamos que,
por lo menos, debieron ser publicados.

Asimismo, consideramos que con el incumplimiento por parte del MAPA de la
publicación del marco normativo necesario en el plazo debido para adaptar
los decretos 1.888/1991 y 1.319/1992, a las disposiciones derivadas de la
PAC, deslegitima al Gobierno para poner en marcha el cobro de la
supertasa correspondiente a la campaña 93-94, máxime designando de «motu
proprio» a 950 víctimas.

Señor Ministro, no sé si temen que el Senpa, lo mismo que ocurrió con los
recursos, no dé abasto. Pero ése no es problema de los ganaderos, es
problema del Ministerio. Pongan a su disposición los medios humanos y
materiales necesarios porque esto no es serio. Vamos a suponer que se
repartiera entre todos y probablemente la cantidad fuera más asumible.

Habrá explotaciones que, tal como está el sector, no podrán hacer frente
a esa penalización que se les avecina. Si se excluye a unos y se penaliza
a otros, se puede estar produciendo una discriminación. Ya le digo, señor
Ministro --y no lo he valorado-- que no quiero entrar en si es justo o
no. Sé que esas explotaciones que están por debajo de los 15.000 kilos de
producción me parece muy bien que estén excluidas, pero esto merecía otro
tratamiento.

Conviene recordar también que el día uno de marzo de 1994 se publican en
el Boletín Oficial las disposiciones por las que se instrumentan
modalidades de aplicación de la tasa suplementaria en el sector de la
leche y los productos lácteos y la resolución del Servicio Nacional de
Productos Agrarios por la que se establecen las normas de gestión,
control y recaudación en período voluntario de dicha tasa, previa
celebración del Consejo de Ministros en su reunión de 25 de febrero de
1994. Recuerdo que estaba su antecesor, señor Albero. Le he agradecido
que sacara este Decreto, lo he bautizado como el «Decreto Albero», y esto
fue lo que dio origen a que salieran los sucesivos decretos que traigo
enumerados, pero que sería prolijo leer, y en honor a la brevedad los
omito. Sabe que a partir de ahí fue cuando salió toda la documentación
para que el sector se moviera en un terreno más o menos firme y pudieran
consolidar su cuota, que todavía no la tienen consolidada.

Señor Ministro, el sector no puede permanecer parado durante un año,
esperando a que la Administración resuelva los problemas de gestión del
nuevo sistema, entre otros motivos, y por uno muy sencillo, por no
enumerar también la cantidad de ellos, porque las vacas tienen la mala
costumbre de comer todos los días. A principio de campaña, señor
Ministro, hay que decirle a los agricultores lo que pueden producir para
el resto de la campaña. También se lo voy a decir a usted, y se lo dije
al señor Albero en una ocasión: esto lo ha heredado, no lo ha creado.

Pero, por favor, pongan los resortes para que estas cosas no ocurran.

Por tanto, le recomendaría, señor Ministro, que se olvide de la campaña
93-94. Se va a armar un follón sobre los recursos: si se resuelven, si no
se resuelven. Probablemente le cueste más al Gobierno poner en marcha esa
maquinaria. Busquen una solución, como la han buscado para las anteriores
penalizaciones. Y si está penalizado el Gobierno, aunque la cuota no
cumpla el objetivo que debe cumplir, sería mejor que se eliminaran y que
no estuviéramos amenazando constantemente a los agricultores con que se
va a cobrar la supertasa. Con esto lo único que conseguimos es que unos
señores que son disciplinados se mantengan en su cuota y otros consoliden
una cuota que probablemente no les corresponde.

Hay que empezar a tomar en serio a este sector, señor Ministro. Quedan
cosas importantes que hacer. Espero que siga usted al frente del
Ministerio, aunque, según comenta la prensa, parece que no. (Risas.) A mí
me alegraría que usted siguiera; se lo digo de verdad. Usted es un
técnico y casi prefiero entenderme con los técnicos que con sus
políticos, ya que, por lo menos, da la cara. (Risas.) Quisiera que
pusiera todo esto en marcha.

Señor Ministro, en cuanto a las compensaciones de materia grasa real, en
este campo los ganaderos están totalmente en manos de las empresas. Esta
denuncia ya ha sido



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realizada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y por el Partido
Popular en repetidas ocasiones. Quisiéramos saber por qué el Senpa no
abre un período en el que los agricultores puedan hacer su solicitud.

Señor Ministro, que el Senpa realice las segundas compensaciones porque,
si no --usted lo sabe--, los ganaderos están totalmente a disposición de
las empresas. Les quitan cuotas y les aumentan cuotas como quieren en
función de la grasa. Eso no puede ser, señor Ministro.

Parece también que el Gobierno ahora va a tomar medidas respecto a las
empresas que hacen retenciones unilateralmente. Me parece muy bien, ya
era hora de que se enteraran. Pero tienen que pensar que a los
empresarios les envuelve la misma incertidumbre que a los ganaderos. Los
ganaderos producen a ciegas y los consumidores compran a ciegas. Yo
también pregunto, señor Ministro --cosas fáciles de hacer, facilitas--
por qué, como ocurre en otros países de la Unión, no se da información
periódica a los empresarios y ganaderos del desarrollo de la campaña en
relación a la cuota disponible. Yo creo que cada dos meses se debería dar
información a los ganaderos y así no nos encontraríamos con los disgustos
que tenemos a final de campaña.

En cuanto a la distribución de la reserva nacional, señor Ministro, el
Gobierno en principio no ha cumplido los plazos. Es natural que el Senpa
se haya encontrado con algunas variables y alternativas difíciles de
equilibrar que se derivan de la propia estructura del sector. Pero, a
pesar de todo, deberían tener notificaciones a 31 de marzo y las están
recibiendo estos días, señor Ministro. Esta es una realidad que usted
puede constatar. Yo digo que repartir 350.000 toneladas no sería tarea
fácil. Usted nos acaba de dar las cifras y dice que solicitaron reserva
58.000 ganaderos; reúnen requisitos 49.650; cuota total solicitada,
1.410.282 toneladas. Esas son cifras que nos facilitó en su anterior
comparecencia de la cuota solicitada a 1 de marzo de 1995.

Según el Ministerio, 15.000 ganaderos recibirán cuota adicional en una
media de 22.600 kilos. Esos son los datos, más o menos, que nos ha dado
usted. Yo pregunto: ¿qué va a pasar con los otros 32.475 ganaderos?
Tampoco quiero entrar en la aplicación de criterios. Como están
recibiendo ahora las notificaciones, esperaremos a que se ponga en marcha
y luego veremos si su aplicación fue acertada o no por comunidades.

¿Cómo pretende el Gobierno que el sector funcione de forma equilibrada a
la vista de estos datos? ¿Las solicitudes no hacen reflexionar al
Gobierno sobre la necesidad de la renegociación de la cuota? Porque,
señor Ministro, las cifras cantan. Ahí no se trata de contar batallitas,
las cifras cantan.

Yo también le pregunto --creo que por enésima vez, señor Ministro-- para
cuándo la resolución de los recursos. Pasarán cuatro ministros, dos
generaciones de ganaderos y seguirán los recursos sin resolver.

Es verdad, como dice usted, que está funcionando el mercado de cuota,
pero me temo que no están funcionando tan bien los abandonos. Como decía
aquí mi compañero, hay comunidades autónomas donde no abandona ni un solo
ganadero porque no se pueden dedicar a otra actividad.

También estoy teniendo noticias --y me gustaría que lo constatara, señor
Ministro-- de que no hay dinero y que se están pagando mal los abandonos,
con lo cual tampoco los ganaderos se animan. Me gustaría que usted lo
constatara. Me llegaron noticias de que hay ganaderos a quienes se ponen
trabas para el pago de los abandonos.

Tengo aquí el balance del nivel de abastecimiento de los países de la
Unión Europea y si nos comparamos con cualquiera de ellos salimos
sumamente perjudicados: Dinamarca, 197,8; Francia, 106,5; Irlanda, 410,9;
Países Bajos, 235,5; Portugal, 122,7; España, 76,3. Creo que las cifras
cantan. Eso nos da la medida de nuestras importaciones y de las
exportaciones de otros países. Estas cifras echan por tierra esa
presunción de que entramos en un club regidos por las mismas reglas.

En cuanto a efectivos ganaderos, ya hemos pasado de 2.032.000 vacas de
ordeño en 1982 a 1.454.000 en 1992. Ya sacrificamos medio millón de
vacas. En alguna provincia se pasó de 2.300 productores en 1.986 a 972 en
la actualidad. Desde la entrada en vigor del sistema de cuotas en el año
1993, las importaciones de leche y productos lácteos por parte de las
industrias transformadoras aumentaron un 98,9 por ciento.

Señor Ministro, con un sector desorganizado como es el lácteo, entendemos
que las consecuencias que se derivarán de los acuerdos del GATT, cuyas
implicaciones empezarán a notarse a partir de este mes de junio, es
lógico que tenga preocupados a ganaderos y empresarios; sobre todo, temen
una mayor presión de la oferta comunitaria de leche, principalmente
quesos y otros productos transformados de países con excedentes, como
Francia, Holanda, Dinamarca y Alemania, en aquellos mercados deficitarios
en relación producción-consumo como es el nuestro.

La reducción en volumen y en presupuesto de las exportaciones restituidas
supondrá, al menos teóricamente, una pérdida de mercado en terceros
países para los países europeos que hasta el momento colocaban sus
excedentes productivos en el exterior. Nuestras empresas tendrán mayores
dificultades para participar en las exportaciones en el nuevo contexto
del comercio mundial que se desarrollará en los próximos años y que será
el objetivo del mercado de terceros países excedentarios en algunos
segmentos de la producción, como son Estados Unidos, Canadá, Nueva
Zelanda o Australia.

Si el Gobierno no apoya una postura firme del sector para defender el
derecho a participar de los mercados internacionales, podríamos
encontrarnos con que se canalizarán hacia nuestro país aquellas
producciones lácteas que ya no pueden ser exportadas con restituciones al
mercado exterior, lo que supondrá una reducción del precio de la materia
prima y un incremento de las importaciones de leche y productos lácteos
por parte de España.

En conclusión, señor Ministro --y ya termino--, el problema no es de
abandonos. Si se continúa desincentivando la producción y
desestabilizando al sector con las constantes amenazas de multas
supermillonarias, corremos el riesgo de que no se llegue a producir la
escasa cuota



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asignada por la Unión, con lo cual seríamos el hazmerreír de Europa. Es
conveniente, por tanto, que el Gobierno haga una profunda reflexión sobre
los diez años que llevamos de experiencia y observarán, como dice la
canción, que es necesario volver al punto de partida. Nos falta, como
mínimo, ese millón de toneladas al que nos conducen todos los
indicadores. Hasta la fecha, los ganaderos tomaron lo de la supertasa
como el cuento de «El pastor y el lobo», pero a partir de ahora van a
tener que creérselo.

Este país reconoce la generosidad de Bruselas, que nos sigue tapando la
boca con el envío de fondos estructurales, pero ya se están alzando
demasiadas voces que dicen que prefieren menos generosidad y también
menos rigor en cuanto al tratamiento de nuestra agricultura y nuestra
industria.

Como ve, señor Ministro, la situación no es tan idílica como usted la
pinta. Ya pagamos la factura de una entrada improvisada y un
«entreguismo» sin parangón. Ahora se le presenta una buena ocasión para
corregir el desaguisado que, por cierto --y repito--, usted no ha creado,
lo ha heredado. Vamos a presidir la Unión Europea y sería un mal
representante de los intereses del sector lácteo si desaprovecha esta
oportunidad de oro que se le brinda para que, sosegada, tranquila y
ordenadamente, haga ver a Europa que no nos sobran los fondos
estructurales, pero que apostamos por una ganadería para el futuro.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Chiquillo,
representante del Grupo Mixto, que ha formulado la comparecencia. Le
rogaría al señor Chiquillo que con posterioridad el Grupo Mixto presentó
una iniciativa similar relativa a los últimos ataques franceses y sería
bueno que las diera por tramitadas las dos conjuntamente.




El señor CHIQUILLO BARBER: Sí, quedo satisfecho con la comparecencia de
hoy.

Señor Ministro, en primer lugar, quiero agradecerle la comparecencia para
explicar las iniciativas emprendidas por el Gobierno español ante los
ataques sufridos por los camiones españoles que transportaban frutas y
hortalizas en el sur de Francia durante los meses de abril, mayo y junio.

Como cada año --y 1995 no iba a ser una excepción--, se han reproducido
estos intolerables ataques de los agricultores franceses a los camiones
españoles que transportaban productos hortofrutícolas. En la frontera con
Francia, se han destruido salvajemente varios miles de toneladas de
frutas y hortalizas en la ofensiva iniciada en abril contra nuestros
intereses agrícolas.

Todos los años, desgraciadamente, en el sur de Francia, los piquetes de
violentos agricultores galos suelen actuar con igual impunidad. La
pasividad, que muchas veces encubre complicidad, del gobierno francés
exaspera e indigna a los agricultores, cooperativas agrícolas, al sector
exportador y a los transportistas, puesto que hay indicios más que
racionales de que los ataques obedecen a una campaña con estrategias
previstas y consentidas que tienen por objeto sistemático arruinar la
campaña española de frutas y este año con la connotación de intentar
presionar para que la OCM de frutas y hortalizas no llegue como tenga que
llegar para los intereses españoles, con el máximo respeto a la
agricultura mediterránea.

Las salvajes conductas ponen al descubierto la pasividad del Gobierno
francés ante estos actos vandálicos y dejan entrever las enormes grietas
de la Unión Europea. Los ataques son, como usted bien ha dicho, una
flagrante vulneración de los tratados comunitarios y un desprecio a la
legalidad vigente, en particular al derecho a la libre circulación de
mercancías entre países de la Unión Europea.

Como he dicho anteriormente, el ataque sufrido por los productos
españoles es consecuencia de una amenaza anunciada previamente,
premeditada, con nocturnidad y alevosía. Las agresiones, señor Ministro,
requieren una respuesta enérgica y contundente que impida su reiteración,
y a pesar de que así nos consta que usted ha actuado con diligencia, creo
que le ha faltado un poco más de fortaleza y presión a la hora de elevar
las protestas a los foros que correspondían.

Usted ha llegado a reconocer públicamente el chantaje al que están siendo
sometidos los mercados galos para que no se compre fruta española. En
1994 --y son datos del propio Ministerio de Agricultura-- la agricultura
española perdió más de 12.000 millones de pesetas por ataques franceses
en frutas y horalizas quemadas, pero sobre todo debido a las rescisiones
de contratos de operadores franceses, que no adquieren productos
españoles ante las amenazas de los salvajes agricultores galos. Todo ello
ha supuesto una pérdida de cuota de mercado del 20 por ciento en el caso
de España en Francia.

Ante la gravedad de los hechos y las consecuencias económicas de la
hostil conducta del socio comunitario --Francia--, la queja formal
presentada ante la Comisión Europea no es suficiente. Unión Valenciana
entiende que siempre se puede hacer algo más, siempre dentro de los
cauces de la legalidad, pero es evidente que la firmeza tiene que ser la
primera bandera que tiene que utilizar nuestro Gobierno y nuestros
representantes en las instituciones europeas.

El sector agrícola español detecta una cierta debilidad que puede
determinar el crecimiento del agresor. Los daños de años anteriores aún
están por ser resarcidos, como ha comentado algún compañero
anteriormente, ya que Francia retarda con estrategias diversas el abono
de las indemnizaciones.

Lo que es evidente, señor Ministro, es que el gobierno francés no emplea
todos los recursos a su alcance para garantizar la libre circulación de
mercancías en el mercado interior con las exportaciones de frutas
españolas, por lo que atenta muy gravemente contra lo preceptuado en el
Tratado de Maastricht.

Hay que hacer frente a la pasividad del gobierno francés y su policía
ante las agresiones, además de exigir medidas para evitar que se
reproduzcan los ataques, y hay que exigir rápidas indemnizaciones y ser
firmes ante los órganos comunitarios competentes ante la ilegal,
inadmisible e intolerable conducta de los agricultores y gobierno
francés, cómplice descarado de estos ataques.




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¿Cree usted --y ésta es una pregunta que querría que me contestara--que,
como por algún medio de comunicación se ha reproducido, existe
vinculación entre el conflicto pesquero con Marruecos y los ataques de
Francia a nuestros productos hortofrutícolas? Parece una estrategia
conjunta de los intereses económicos franceses, con cierto beneplácito de
Bruselas.

La protesta de la Comisaría de Pesca ante los sucesos de Almería ha sido
contundente y rápida. ¿Qué silencio cómplice se ha apoderado del
Comisario Europeo de Agricultura ante los intolerables ataques franceses?
¿De qué serán capaces los franceses para elaborar en su propio beneficio
el contenido de la OCM de frutas y hortalizas? ¿Hasta dónde va a llegar
nuestra pasividad? El frente común Francia-Holanda-Bélgica, como ha
comentado algún compañero, ¿pone en peligro el futuro de la agricultura
mediterránea?
Lo único que le pido a usted --creo que tiene las ideas claras-- es
contundencia, firmeza ante estos ataques, porque el futuro de la
agricultura española, el futuro de la agricultura mediterránea está en
juego y, por lo tanto, aprovechando la presidencia española de la Unión
Europea, ahora más que nunca tenemos que demostrar que somos un pueblo
civilizado, pero queremos ser un pueblo respetado, y hasta el día de hoy
la Unión Europea no está respetándonos como creo que nos merecemos.




El señor PRESIDENTE: De todos modos, si en este turno quiere fijar su
posición sobre las distintas comparecencias, puede hacerlo. (Pausa.)
¿Grupos parlamentarios que quieran fijar su posición sobre el conjunto de
las comparecencias?
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Espero ser breve en mi intervención.

Gracias, señor Ministro, por su comparecencia. En relación con el tema
que se refiere a las superficies de referencia de cultivos herbáceos, el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
es consciente de la dificultad que hay para conciliar los distintos
intereses. Sabemos que en distintas comarcas se pide una asignación de
mayores rendimientos. Si efectivamente en secano sobran 600.000
hectáreas, también es cierto que hay dificultades para que se lleguen a
conciliar los intereses de los que les falta, con los de los que
quisieran más, con los de los que le sobran. Por tanto, aquí en esta
Cámara se vio la necesidad de que fuera el Gobierno el que coordinara a
las distintas comunidades autónomas.

En ese sentido yo le quería preguntar cómo han avanzado las reuniones que
se supone que usted ha tenido con las distintas comunidades autónomas.

Parece ser que se ha reunido con dos. Me gustaría que me informara sobre
el tema.

En este terreno, nuestro Grupo quisiera plantear una gran preocupación
que ya la hemos manifestado en otros momentos, e incluso yo solicité
datos sobre cómo estaba incidiendo esta medida de la política agraria
comunitaria. Por parte del Gobierno se me dijo que no tenían los
suficientes medios informáticos como para poderme dar datos sobre qué
tipo de agricultores se están beneficiando de estas ayudas, por estratos,
por clase de agricultor, cosa que han hecho las asociaciones agrarias de
algunas comunidades autónomas. Por tanto, es bastante extraño que el
Gobierno no pueda proporcionarnos estos datos.

En el tema de las ayudas por superficie, se ha abonado el terreno para la
especulación. Los rentistas han vuelto a recuperar la tierra. El alquiler
se ha vuelto más caro y, además, consideramos que la liberalización que
se ha producido a través de la Ley de Modernización de Explotaciones
Agrarias en materia de arrendamientos vendrá a agravar todavía más este
problema. En el Estado español, si bien somos conscientes de que para
determinados agricultores ha sido una buena medida de sostenimiento de
rentas por la baja de precios en algunas ocasiones, también es cierto que
al venir de forma tan indiscriminada estas ayudas que hace posible que
hasta a la Reina de Inglaterra, que es la máxima propietaria del Reino
Unido, sea la que más cobre por ayuda por superficie, cuando se llega a
esta situación en la que una de las filosofías de la política agraria
comunitaria, que era el sostenimiento de tierras para fijar la población
a un territorio, puede llegar a convertirse en un obstáculo para que
precisamente aquellos que se dedican a la agricultura de forma principal
y que es su fundamental fuente de trabajo y de renta, debido a que las
personas que tienen propiedades rústicas al no exigir ningún tipo de
dedicación les interese llevarlos ellos mismos, podría ser que ésta fuera
una medida que incida negativamente en la mejora de las estructuras.

Le pregunto su valoración sobre este tema y si su Ministerio ha hecho
algún estudio en el que se valore cómo inciden estas medidas en las
estructuras agrarias de nuestro país. Eso en relación con el tema de
cultivos herbáceos.

En relación con el tema de la cuota láctea, los datos se supone que son
provisionales porque, al parecer, las industrias acaban de recibir los
disquetes para hacer los balances. De cualquier manera, sí quiero
manifestarle el disgusto que me ha transmitido el sector, tanto
cooperativo como de organizaciones agrarias, por cuanto en el comité de
gestión se habló de que en esta campaña nuestra producción estaría
rondando los cinco millones de toneladas, cuando usted acaba de decir que
la cuota, que yo estimaba en 5.350.000, era de 5.436.000. (El señor
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Atienza Serna: Entregas a
industrias.)
Entregas a industrias.

Se estima, y no es que se estime, sino que es un clamor, que falta cuota
láctea, porque incluso con el reparto de la reserva ha habido varias
comunidades autónomas, sectores que todavía están reclamando mayor cuota,
y desde esta Cámara también tiene usted un mandato, que salió por
unanimidad, en el sentido de que instase a la Unión Europea al incremento
de la cuota, que se marcó en un millón de toneladas. Sabemos de las
dificultades de la negociación sobre esto, aunque tampoco usted nos ha
informado sobre si han ido avanzando algo en este terreno, pero, claro
está, cuando hay países que están diciendo que su cuota es



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insuficiente, y nosotros tenemos ahora mismo una cuota de 5.436.000 y
solamente hemos producido cinco millones, parece bastante imprudente dar
estos datos sin poner al mismo tiempo las medidas --si eso es así-- para
contrarrestar esta situación.

De cualquier manera, en todo el tema del reparto de la reserva nacional
lo que se ha observado es una falta de transparencia, incluso ocultismo,
y eso se ha podido producir porque aquí tampoco se ha cumplido por parte
del Gobierno el mandato que tiene de esta Cámara de la constitución de
una mesa de seguimiento de todo el tema de la cuota. Hay una proposición
no de ley aprobada por unanimidad de esta Cámara en la que se pedía la
ampliación de la cuota láctea y la creación de una mesa de seguimiento.

Esta mesa de seguimiento no se ha constituido y, por tanto, hay múltiples
y variadas quejas del sector porque no se sabe con qué criterios se ha
producido el reparto, tanto el del 30 por ciento de las comunidades
autónomas como a nivel central. En algún momento se ha cortado, se ha
parado ya, y allí se ha delimitado el número de los prioritarios --en
algunos sitios ha sido a los 10 puntos, en otros sitios a los 12
puntos--, pero usted no ha explicado esto. Las organizaciones agrarias,
las cooperativas le están pidiendo datos y usted todavía no los ha dado;
aquí nos ha dado unos datos muy por encima y yo le pediría que, por
favor, nos hiciera llegar a nuestro Grupo --y a los demás grupos si lo
estiman conveniente-- los datos estratificados por tipo de ganadero y por
comunidades autónomas de cómo se ha producido el reparto de la reserva.

También solicitaría, si fuese usted tan amable, que lo hiciera llegar a
las organizaciones agrarias y a la Confederación de Cooperativas.

Asimismo nos preocupa el debate que se está produciendo en Europa en
relación con la cuota a partir del año 2001 y en relación también con
nuestros compromisos con el GATT. Se habla de una posible reducción de la
cuota en un 4 por ciento; en Holanda y en otros países hay un gran debate
sobre si deberíamos ir a una reducción de la cuota o a una reducción de
los precios, y usted no ha informado nada sobre este tema. Me gustaría,
señor Ministro, que nos informase al respecto, aunque ya le digo que en
esta cuestión de la reserva la mayor discrepancia por parte de nuestro
Grupo es la desinformación en la que se ha movido el sector y la falta de
transparencia en el reparto de la reserva nacional.

En relación con las medidas de acompañamiento de la PAC, me voy a centrar
sobre todo en el cese anticipado. Aquí ha habido un portavoz que ha dicho
que usted ha sido modesto o débil en su información. Desde nuestro Grupo
vemos que en nuestro país esta medida se está desarrollando francamente
mal. Los cambios que se han introducido son cambios mínimos; al parecer,
ahora será compatible el cobro por cese anticipado con el abandono de
leche, lo que otros países ya tenían, y lo único que había que establecer
era un techo máximo del total de las dos ayudas, pero los decretos de
1989 y de 1993 son tan restrictivos en nuestro país que realmente lo
hacen muy poco atractivo. Además, ustedes destinan muy poco dinero. De
hecho, si lo comparamos con otros países, señor Ministro, vemos que en
Francia se están produciendo ceses a un ritmo de mil al mes; en nuestro
país, desde 1993, todavía no hemos llegado a los mil, dándose el caso de
que en Francia, al tener muy pocas zonas de Objetivo 1, el coste es
superior, tiene que pagar el 50 por ciento, mientras que aquí tenemos que
pagar el 25 por ciento, del cual el Gobierno paga el 12,5 y el resto lo
paga la comunidad autónoma y, sin embargo, lo estamos haciendo tan poco
atractivo que no es de extrañar que los agricultores no quieran acogerse
a esta medida de acompañamiento.

Hay una comunidad autónoma donde esto parece que está funcionando mejor,
que es Asturias; parece ser que la mitad de los expedientes corresponden
a esta Comunidad Autónoma. Nosotros creemos que eso hay que ligarlo a un
mecanismo que está funcionando: el banco de tierra que está instalado en
esa Comunidad Autónoma, que posibilita que sea precisamente en esa
Comunidad donde los agricultores se están acogiendo más.

Creemos que esta medida de acompañamiento de la PAC habría que mimarla
mucho, señor Ministro, porque de las tres es la que incide de forma más
positiva en la mejora de las estructuras, porque la forestación y las
medidas agroambientales no tienen tanta incidencia sobre la mejora de
estructuras.

En relación con la medida del Decreto de forestación, yo le rogaría que
nos hiciera llegar y, si puede, avanzarnos ahora los datos de tipología
de los beneficiarios, cuántos agricultores a título principal se han
acogido a esta medida, no me gusta hablar de título principal, pero diría
cuántos agricultores que viven de y para la agricultura se han acogido a
esta medida y, fundamentalmente, con qué especie se ha forestado.

Nosotros ya expresamos nuestra preocupación de que se fuese de forma
masiva a repoblar o a forestar con especies de crecimiento rápido, y
pensamos que sería una buena oportunidad para plantar otro tipo de
especies que a la larga serían más rentables y que además produciría unos
efectos más positivos sobre la cubierta vegetal.

Por último, en relación con el tema de los ataques a los camiones de
frutas españoles por parte de agricultores franceses, tuve ocasión, en
una pregunta oral en Pleno, de preguntarle sobre el tema. Usted me
informó, y yo le manifesté mi preocupación de que todo se quedase en una
condena moral contra Francia, y ahora usted ha dicho que ya hay un
dossier que está sobre la Mesa de la Comisión en espera de ser tramitado
al Tribunal de Luxemburgo. ¿Usted cree que este proceso de instrucción se
va a quedar mucho tiempo allí sobre la mesa o va a volver a insistir para
que eso llegue donde tiene que llegar, que es al Tribunal?
Por otra parte, ¿qué garantías le ha dado el Gobierno francés de
intervención de las fuerzas de orden público y de que aquellas personas
identificadas como autores de las agresiones se les aplique el Código
Penal, como se les tiene que aplicar en Francia o en cualquier otro país?
Señor Ministro, yo me voy a permitir hacerle dos preguntas, aunque no
estén en el orden del día. Yo espero de su amabilidad que pueda
contestarme y, si no, le ruego la contestación por escrito. Me han
preocupado dos cuestiones. La primera es que en algún periódico del
sábado salieron



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unas declaraciones del Secretario General de Producciones y Mercados, don
José Barreiros, en las que, en relación con la oportunidad de que durante
la Presidencia española de la Unión Europea pudiésemos tirar adelante la
reforma de la OCM del vino, el señor Barreiro dijo exactamente que se
descarta abordar la reforma porque nos convertiríamos en juez y parte, y
en otro periódico se dice que el señor Barreiros manifestó que será
difícil que el Gobierno haga nada porque no habrá condiciones para
llevarla adelante. ¿Qué valoración hace usted de estas declaraciones del
Secretario General de Producciones y Mercados?
Por otra parte, señor Ministro, a usted le han traspasado una gran obra
de infraestructura de regadíos que afecta a unas comarcas, concretamente
a tres comarcas de la provincia de Lleida, como es el canal
Segarra-Garrigues, una gran obra de infraestructura de regadío, que
posibilitaría que 55.000 hectáreas fueran puestas en regadío, con lo que
eso significaría de incremento de renta para las explotaciones,
fundamentalmente familiares agrarias, que se dedican a la agricultura en
esa zona. ¿Qué previsiones tiene el Gobierno, su Ministerio, ya que se lo
han pasado del Ministerio de Obras Públicas a usted, sobre este tema, y
qué previsiones de que en el presupuesto de 1996 ya haya una partida para
tirar adelante el canal Segarra-Garrigues?



El señor PRESIDENTE: El señor Vidal, de Convergència i Unió, tiene la
palabra.




El señor VIDAL I SARDO: Intevengo en representación del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y, en primer lugar, quiero agradecerle, señor
Ministro, su comparecencia para aportar información respecto al conjunto
de la política agracia, aunque centrada en los seis asuntos anunciados en
el orden del día, de alguno de los cuales voy a solicitarle aclaraciones
y de otros que no están previstos, porque por su actualidad entendemos
que merecen alguna especial referencia.

Nuestro Grupo parlamentario, que hace un balance globalmente positivo de
los diez años de nuestra pertenencia a la Unión Europea, continúa siendo
crítico, no obstante, respecto al tratamiento recibido por el conjunto
del sector agrario español, en el que algunos sectores han resultado
perjudicados por las condiciones desfavorables en que se firmó el
tratado, agravadas, desde luego, por la sobrevaloración de nuestra
moneda, que propició una invasión de productos agroalimentarios foráneos.

Después de las sucesivas devaluaciones de los últimos años, se ha
restablecido un cierto equilibrio que ha favorecido nuestra
competitividad pero que puede truncarse con el acuerdo, propiciado por
Francia, al que han llegado los ministros de Agricultura de la Unión
Europea el pasado 22 de junio, en el que se vincula el importe de las
ayudas a la fortaleza de las respectivas divisas. A nuestro juicio, es
una incomprensible compensación de rentas de los países más ricos, con
divisas más fuertes, que puede repercutir negativamente, de nuevo, en la
competitividad de nuestros productos y que sienta a la vez un peligroso
precedente, mucho más grave según el período que se utilice como
referencia en el que se haya producido o se produzcan las devaluaciones.

Por ello, señor Ministro, le pregunto si ha efectuado el Gobierno algún
tipo de valoración o cuantificación de estas repercusiones que este
acuerdo puede tener para nuestra agricultura y nuestra ganadería, así
como respecto a los recursos que la Unión Europea viene destinando al
sostenimiento de la agricultura española.

Como consecuencia del olvido en contemplar en el Tratado de Adhesión a la
entonces Comunidad Económica Europea, y en el marco de los acuerdos
preferenciales con Estados Unidos y especialmente con Turquía, el sector
español de los frutos secos, especialmente el de las avellanas, se ha
visto inmerso en una permanente inestabilidad de las rentas de sus
agricultores y de los precios, que casi siempre han sido a la baja
respecto a cotizaciones anteriores. ¿Qué piensa hacer el señor Ministro
para garantizar la supervivencia de este sector?
Usted ha analizado --y así figuraba en el orden del día--, el sector
lácteo y, en cambio, no ha comentado la necesidad, a la que se ha
referido la compañera Rivadulla, de obtener de la Unión Europea un
incremento sustancial del cupo o de la cuota nacional. Queremos dejar
constancia, especialmente, de la desazón de aquellas zonas que,
practicando una ganadería intensiva superior a las 25 vacas, precisaban
de una mayor participación en el reparto de la reserva de la cuota
nacional, que casi no les ha alcanzado y que les impide amortizar las
grandes inversiones realizadas en mejora genética y en instalaciones.

Ello es así a pesar del cierto incremento de precios percibidos por los
ganaderos y del éxito de las transferencias de cuotas definitivas o
temporales entre ganaderos. Le cito estos sectores, como podrían ser
otros, la pesca, las frutas y hortalizas, etcétera, y muy especialmente
el sector vitivinícola, respecto del que se ha dado a entender que, por
tratarse de un sector que interesa especialmente a nuestro país, no forma
parte, según parece, de las prioridades del próximo semestre de nuestra
presidencia de la Unión Europea. No le diré, señor Ministro, que éstas u
otras áreas de política agraria deban o no tener la consideración de
prioritarias en este semestre, pero sí le digo que en nuestro Grupo
pensamos que ningún agricultor del país entendería que no se aprovechara
al máximo este semestre para enderezar el futuro de nuestros intereses
agrícolas y pesqueros, algunos de los cuales nacieron torcidos o se han
ido estropeando en el transcurso de estos años de incorporación a la
Unión Europea.

Señor Ministro, usted nos ha hablado de los ataques de los agricultores
del sur de Francia a camiones cargados con productos agrícolas destinados
a la exportación y nos ha explicado lo que España ha hecho para
impedirlo, ante la pasividad de las autoridades francesas, recurriendo a
la Comisión de Agricultura de la Unión Europea y a otras instancias
comunitarias, quedando abierta la vía judicial en el Tribunal de
Estrasburgo, con el fin de impedir su repetición y recuperarnos de unos
perjuicios materiales por lo destruido, que usted ya ha citado, y que tan
sólo en fresones se estima en unos 6.000 millones de pesetas. Sin
embargo, señor Ministro, ¿cómo se valorarán los otros, a nuestro juicio,
más graves perjuicios indirectos, los derivados



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de la pérdida de mercados europeos que eran abastecidos por nuestro país
y que por estar sometidos a las coacciones de las poderosas
organizaciones francesas pueden perderse?
España, con un consumo de cereales de más de 20 millones de toneladas y
una producción media normal de 15 millones de toneladas, ha visto
decrecer su producción en los últimos años a menos de 10 millones de
toneladas, lo que ni siquiera cubre la mitad del consumo interno. Existe,
por tanto, una infrautilización de la capacidad productiva de las
superficies cerealícolas y un desajuste entre la producción y el consumo,
que deberán ser objeto de estudio y de modificación de estas superficies
de referencia asignadas en cultivos herbáceos, y de una acción
contundente ante la Unión Europea para que mejoren las condiciones en
hectáreas o en toneladas asignadas a nuestro país, para luego mejorar sin
traumas los índices y producciones comarcales. El motivo de este descenso
es esencialmente la sequía y el desvío de cultivos de cereales a otro
tipo de cultivos. ¿Tiene previsto el Ministerio algún mecanismo para
incentivar los cultivos de cereales, de secano y de regadío, además del
trasvase, que nos ha anunciado, de superficies entre comunidades
autónomas, para que no se disparen los precios de los cereales y, en todo
caso, para compensarlos y evitar que el perjuicio no arrastre a otros
sectores como los ganaderos?
Dentro de las medidas de acompañamiento de la PAC está la forestación de
tierras arables incluidas en el subprograma 1, que a nuestro juicio debe
ser fomentado para tierras poco apropiadas para otras y aprovechamientos
siempre que no sean tierras fértiles que sirvan para romper la
continuidad de las masas forestales que, una vez forestadas, propiciarían
la propagación de los grandes incendios forestales. Para las acciones de
desarrollo y aprovechamiento de los bosques en las zonas rurales se
estableció el subprograma 2, vigente para el quinquenio 1993-1998, al que
durante los años 1993 y 1994 no se le asignó ninguna partida
presupuestaria. En 1995 las ayudas se han limitado a las zonas Objetivo 5
B, con lo que solamente se ha aprobado el 25 por ciento de las
solicitudes presentadas al excluir las demás zonas. ¿Por qué, señor
Ministro, ambas decisiones? ¿Qué programas serán susceptibles de ayudas
en el inmediato futuro? Para finalizar, una petición, señor Ministro.

Hemos aprobado recientemente una ley que me parece importante, la de
modernización de explotaciones agrarias, que contiene medidas que deben
completarse con una abundante dotación económica; si es así, puede
significar un alivio para la situación del sector agrario. Le rogaría que
impulsara esta dotación económica, el desarrollo reglamentario de la ley
y su amplia divulgación para que los agricultores pudieran acogerse
cuanto antes a sus beneficios.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, en primer lugar,
tiene la palabra el señor Roncero.




El señor RONCERO RODRIGUEZ: Quiero agradecer al señor Ministro su
comparecencia y las explicaciones que ha facilitado a la Comisión sobre
todos los temas. Voy a realizar una intervención muy breve sobre los
ataques a los productos hortofrutícolas españoles en Francia. Después, mi
compañero Francisco San Martín y mi compañera Dolores Gorostiaga
intervendrán sobre el resto de los temas.

Respecto a los ataques franceses, en nuestra opinión --y creo que ha
quedado bien claro en la exposición del señor Ministro--, la actitud del
Gobierno español en estos últimos años y desde siempre, pero sobre todo
en estos últimos meses, ha sido de sentido común, de firmeza y de
serenidad, que ha conducido a resultados muy favorables para nuestras
posiciones desde dos puntos de vista, desde la fuerza de la razón y desde
la fuerza moral. Hemos actuado con esa firmeza, ese sentido común y esa
serenidad manteniendo la cabeza fría para no dejarnos llevar por algunos
consejos, apasionados en ocasiones, de responder con la misma moneda en
algunos casos, lo cual hubiera llevado a perder esa fuerza moral y de la
razón. Hemos actuado en los frentes que han sido expuestos por el señor
Ministro: bilaterales con Francia, multilaterales dentro del seno de la
Unión Europea y también bilaterales con la propia Comisión, lo que ha
llevado al resultado, de todos conocido, de esa carta de emplazamiento
primero y, después, de ese proceso ante el Tribunal de Luxemburgo para
que no se puedan producir impunemente esos hechos en territorio francés.

Creo que el camino a seguir en éste y en otros campos --algunos
comentados aquí por algún portavoz-- es el del sentido común, el de la
firmeza y el de la serenidad para tener, repito esa fuerza no sólo de la
razón sino también la fuerza moral de seguir adelante en la defensa de
nuestros productos y de nuestras exportaciones.

Respecto a esto, como también ha sido mencionado por algún portavoz, ya
que se ha relacionado aquí la posible pérdida no sólo material de los
casos concretos en que se pueden producir los ataques, sino alguna
posible pérdida indirecta, yo le pediría al señor Ministro que nos
ilustrase sobre la evolución de los mercados, la evolución de nuestras
exportaciones en el seno de la Unión Europea, lo cual puede ser
clarificador de esa situación a la que podía referirse algún portavoz
sobre posibles pérdidas de mercado y que yo creo que son evoluciones
favorables. Si el señor Ministro dispone en estos momentos de algún dato,
le pediría que pudiera dárnoslo.

Muchas gracias de nuevo, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Señor San Martín, tiene la palabra.




El señor SAN MARTIN SALA: Señor Presidente, señorías, como ha hecho mi
compañero, tengo que agradecer al Ministro su comparecencia para informar
y hacer una reflexión sobre un tema tan importante para la agricultura
española como ha sido la reforma de la política agraria común en cuanto a
dos aspectos importanes: las ayudas a las rentas a través de la
producción de los cereales y, fundamentalmente, las medidas de
acompañamiento.

Respecto a los planes de aplicación de las superficies básicas de los
cultivos herbáceos, creo que tienen una gran importancia para el sector y
es el momento oportuno,



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puesto que han pasado tres años desde su aplicación y hoy tenemos unos
conocimientos y unas experiencias, así como unos resultados. No cabe duda
de que hoy tenemos conocimientos suficientes para poder afrontar algunas
reformas y modificaciones, pero hemos de tener en cuenta lo difícil de
este tema, puesto que está en juego un sabroso bocado, diríamos así, a
repartir. Y digo sabroso bocado porque es importante. Hemos de tener en
cuenta que casi el 30 por ciento del producto bruto cerealista llega a
través de los fondos comunitarios. Si miramos los resultados netos en las
declaraciones de la renta, a través de módulos, vemos que prácticamente
la totalidad de las rentas adquiridas a través de los cereales provienen
de estos fondos. De ahí la gran importancia que tiene la aplicación de
las superficies básicas, porque a través de ellas llegan estos fondos. Es
difícil --digo-- porque cuando hay que repartir algo concreto, si a unos
hay que dar más, a otros hay que quitar. Por eso la necesidad de llegar
primero al máximo conocimiento de todos los errores y, luego, al mayor
consenso y compromiso por parte de todos los implicados. Y digo por parte
de todos: las comunidades autónomas, los agricultores, el Ministerio,
porque no cabe duda de que en esto hay que dar protagonismo a los
interesados y hay que aportar un grado importante de solidaridad entre
las partes, y de generosidad fundamentalmente, porque es difícil que en
zonas que claramente están en este momento perjudicadas y otras
beneficiadas, o quizá sin utilización, no haya una generosidad y una
justicia en la distribución.

Yo creo que se han expuesto algunos de los problemas que se han
detectado. Se ve claramente que ha habido algunos desajustes, pero es
normal y natural cuando se trata de una experiencia nueva, porque en
algunas regiones no han completado las superficies básicas y en otras, no
cabe duda, las han superado. Fundamentalmente se han detectado algunas
desviaciones en las producciones regionales, que también habrá que tener
en cuenta, pero siempre sin perder el punto de referencia que nos lleva a
que es una cantidad fija, una cantidad inamovible de momento, y que es
difícil distribuirla a gusto de todos, y más cuando entran los intereses
particulares de cada uno. Por eso creo que es hora de hacer una reflexión
y, si puede ser (y a ello insto al Ministro de Agricultura), que desde la
Comunidad Económica Europea haya más flexibilidad a la hora de transferir
potenciales de producción y extensiones de secano a regadío, porque creo
que es uno de los aspectos importantes que se han detectado, además, el
futuro va a ir por ahí en la agricultura moderna y en la agricultura
competitiva, y por eso debemos tener la posibilidad de transferir. Se ha
hecho referencia aquí a las 500.000 hectáreas sin utilizar. Pero hay que
tener en cuenta la ampliación de los barbechos tradicionales, no nos
encontremos en un momento en que eso va a ser penalizado para aquellos
que se comportan en unos términos, diríamos, históricos en cultivos y no
originemos algún desfase en favor de unos y en contra de otros. Por ello,
como he dicho antes, pido al Ministro la mayor colaboración, diálogo y
debate con todos los implicados, es decir, organizaciones agrarias y
comunidades autónomas fundamentalmente, porque al fin y al cabo ellas son
las que deberían implicarse y poner en marcha, desde sus estadísticas y
sus relaciones más cercanas al agricultor, la adecuada distribución de
estas superficies básicas. Digo que va a ser difícil por los intereses
que genera, puesto que de ella depende la mejor distribución de las
rentas.

En cuanto a las medidas de acompañamiento, incluidas dentro de la reforma
de la política agraria común, hay dos aspectos importantes de cara al
desarrollo de nuestra agricultura. En primer lugar, en los ceses
anticipados, aunque discrepo de algunos portavoces que han intervenido
anteriormente, creo que el Ministro ha puesto justo énfasis en la medida,
puesto que puede solucionar problemas y facilitar el acceso de jóvenes a
la tierra. Hay que tener en cuenta que, para los que vivimos en el medio
rural y de la agricultura, cuando hay un cese, un abandono, un agricultor
menos, desde la perspectiva del equilibrio poblacional no cabe duda de
que crear un pasivo no es nunca bueno. Por eso habría que buscar fórmulas
para crear activos. Es verdad que puede mejorarse e incrementarse el
acceso de jóvenes a la explotación agraria a través de la participación
en esas tierras cesantes. Por eso creo que ha puesto el justo énfasis en
la medida de acompañamiento y la importancia que tiene, más aún en un
momento en que se ha aprobado la Ley de modernización agraria, que es una
política básica para el desarrollo de nuestra agricultura, con una
adicional que mejora sustancialmente el aspecto fiscal en las
transmisiones de tierras a agricultores. Creo que esta ley va a facilitar
la agilidad en el mercado de la tierra y un mayor movimiento del mercado
de la tierra que va a compensar el no acceso a esta medida de
acompañamiento de cese anticipado. Por ello creo que hay que trabajar en
ella. Hay unos fondos que vienen de la Comunidad Económica Europea; hay
una posibilidad de incorporar a jóvenes agricultores y, basándose en
esto, habrá que modificar el decreto para facilitar y acomodarse más a la
demanda para poder acceder a esta medida. En esa línea, que puede ser la
necesaria y oportuna para que esto se pueda incrementar, están trabajando
el Ministro y el Ministerio. Sin embargo, no es de gran entusiasmo para
el Grupo que represento, como digo.

Por todo lo contrario, los planes de forestación en tierras arables creo
que es una medida de acompañamiento muy importante para el agricultor y
también para el resto de los ciudadanos. Y es importante para el
agricultor porque puede ser un buen complemento de rentas, a través de la
reforestación de tierras marginales productivas, lo cual no quiere decir
que sean eriales, y además queda potencialidad de producción para otras.

España está padeciendo una grave sequía en este momento, pero ya no
solamente coyuntural sino estructural, que va a hacer muy difícil
competir en grandes extensiones de cereal con las grandes producciones
europeas, por lo que creo que hay que acometer planes de orientación para
alternativas en estas zonas. Este es uno importante. A través de la
reforestación de tierras arables se puede llegar a proporcionar unas
sustanciosas rentas a los agricultores y, además, en los cinco primeros
años dar trabajo a los agricultores. Pero fundamentalmente esta
reforestación va a aportar a la sociedad, en su conjunto, una mejora
medioambiental, y más aún en un momento de desastres por los incendios y
de desaparición de grandes extensiones de bosques con tierras aptas e
históricamente



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vocacionales de monte. Por eso digo que esta medida es muy importante.

Solicito al Ministro que haga los mayores esfuerzos para que estos planes
se incrementen en su desarrollo y lleguemos a cubrir esos objetivos tan
ambiciosos que nos ha expuesto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gorostiaga.




La señora GOROSTIAGA SAIZ: Señor Ministro, muchas gracias por la
información dada en su comparecencia.

Yo quería hacer algunos apuntes relacionados con el sector lácteo. Mi
Grupo cree que el proceso de reasignación de las cuotas de la reserva
nacional ha sido positivo, a pesar de que ha sido un proceso complejo por
el número de ganaderos a los que afectaba y por la diversa casuística de
los mismos y de las zonas en las que se ubican. De hecho, las
intervenciones de los distintos grupos políticos con los diferentes
puntos de vista sobre el tema así lo están poniendo de manifiesto. Uno de
los aspectos importantes de este proceso y de los anteriores ha sido la
regularización de los mecanismos que flexibilizan el régimen de cuotas,
que ha permitido a los ganaderos una mayor y mejor planificación de su
producción. Como apuntaba el Ministro, la explotación familiar es el
estrato que se ha visto más favorecido por la reasignación de las cuotas,
que le ha permitido una mejora importante en su nivel de vida. Nosotros
creemos que los programas de abandono han sido positivos, han dado un
buen resultado y han permitido, además, que el proceso de implantación de
las cuotas se haya llevado a cabo sin excesivos traumas y nos haya
ayudado de forma muy importante a cumplir los requisitos de la Unión
Europea. No obstante, nuestro Grupo considera que sería muy positivo
seguir incidiendo en este tema, mediante el diálogo y la negociación con
las comunidades autónomas, para que dentro de un acuerdo razonable, se
pueda seguir con nuevos programas de abandono. A este respecto me
gustaría preguntar al señor Ministro si tiene ya alguna respuesta de las
comunidades autónomas al real decreto que se les envió para que aportaran
sus sugerencias.

No quisiera dejar pasar esta ocasión sin poner de manifiesto que el
Gobierno ha cumplido el compromiso del Ministerio de haber tenido en
cuenta el 30 por ciento de abandono de las comunidades autónomas, que ha
sido asignado a los ganaderos, como ha puesto también de manifiesto el
señor Ministro.

Por último, quiero trasladarle un ruego, señor Ministro, y es que lo más
pronto posible se agilice la notificación a aquellos ganaderos a los que
no se les ha concedido el aumento de cuotas para que, además de conocer
las razones por las que no se les ha concedido, puedan ejercer sus
derechos, porque en algunas comunidades autónomas, concretamente en la
mía, tampoco han tenido noticia expresa de la comunidad autónoma con los
criterios que se han seguido a la hora de hacer el informe sobre su
situación particular. Nosotros quisiéramos, señor Ministro, que a la
mayor brevedad posible se agilizara la contestación a esos ganaderos para
que puedan conocer su situación, por qué no se les ha asignado cuota, y
ejerzan sus derechos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro para contestar a
las preguntas y observaciones que se han formulado a sus comparecencias.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Señor Presidente, me va a permitir que siga el orden de las
intervenciones, con el riesgo de repetir alguno de los argumentos y
olvidarme quizá de alguno de ellos.

En primer lugar, por lo que se refiere a la modificación del plan de
regionalización en los cultivos herbáceos, yo quisiera decir que este
tema, que constituye uno de los compromisos que teníamos y cuyo debate
abrimos ya en la conferencia sectorial hace unos meses, se ha visto
ligeramente ralentizado como consecuencia del proceso de elecciones
autonómicas y de la constitución de los nuevos gobiernos. Me ha parecido
razonable esperar a la constitución de los nuevos gobiernos para un
debate políticamente tan sensible y tan complejo. Por tanto, lo
volveremos a colocar sobre la mesa de la próxima conferencia sectorial
con los trabajos a nivel técnico. Esta es la única razón que explica que
no hayamos avanzado más, además de que nos encontramos todavía con datos
muy provisionales sobre la campaña 94-95. Tenemos algunas estimaciones,
pero todavía tienen que ser objeto de depuración, entre otras cosas con
los controles en el campo, aparte de con algunas las comprobaciones sobre
los expedientes.

Sí quisiera reiterar, y coincide en los elementos fundamentales con la
mayor parte de las intervenciones, la necesidad de corregir los
desajustes en la distribución de las superficies de base en el secano que
se han producido entre comunidades autónomas. La evolución de las tres
últimas campañas está haciendo que disminuya ese excedente existente,
porque se está produciendo un incremento de las superficies de base en
secano, en algunas comunidades autónomas, que es difícil de explicar y
corremos el riesgo de que abra un grave debate sobre el cumplimiento de
los índices de barbecho agronómico en las diferentes comunidades
autónomas que puede provocar un desplazamiento de la
corresponsabilización en cumplimiento de las limitaciones máximas de unas
comunidades autónomas a otras. Es difícil explicar por qué se está
produciendo un incremento en las superficies de secano, si no es porque,
como consecuencia del incentivo que suponen las ayudas por hectárea, se
están declarando como superficie de cultivo las que no han sido objeto de
cultivo en el pasado, quizá con el incumplimiento de los índices de
barbecho. Por esto, dicho sea como una apreciación, tiene que ser objeto
de un análisis más profundo a partir de los datos de esta última campaña.

En cualquier caso, sean 400.000 ó 500.000 las hectáreas globalmente no
utilizadas en la superficie de secano, está claro que no tiene sentido
que se estén produciendo tensiones de superación de la superficie en
algunas comunidades autónomas, cuando hay superficie no utilizada en
otras. Eso hace aconsejable una reasignación entre comunidades autónomas,
o quizá un mecanismo de superficie



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nacional, además de superficie regional, de tal forma que no haya lugar a
la penalización, como de hecho lo hemos conseguido, pero por la vía de la
negociación bilateral en cada una de estas dos últimas campañas, para que
no se aplique una penalización sobre la superación de superficies en
ninguna comunidad autónoma, si a nivel nacional no se ha producido esa
superación. Las dos alternativas no son excluyentes, sino que pueden ser
coincidentes.

Sobre la reducción de los índices de barbecho, las superficies de base se
han aplicado con base históricia, como todas las cantidades de referencia
que se han utilizado en las diferentes reformas de los sectores de las
organizaciones comunes de mercado. Constituyen una foto fija sobre una
base histórica. No sirve el argumento de que la realidad ha cambiado
desde el momento en que se asignaron esas cantidades de referencia, y
mucho menos sirve el argumento del autoabastecimiento a la hora de
justificar un incremento en las superficies. El autoabastecimiento a
nivel nacional no es un argumento en términos comunitarios. No lo es ni
para los cereales, ni para las frutas y hortalizas, ni para el vino, ni
para la leche, ni para la carne, ni para el aceite de oliva. En algunos
sectores nuestro porcentaje de autoabastecimiento es muy superior al 100
por ciento, en algunos casos superior incluso al 200 y al 300 por ciento,
y en otros sectores es inferior al 100 por ciento. Pero no es ése el
argumento que se puede utilizar para justificar un incremento ni en las
cantidades de referencia ni en las superficies de base.

Por tanto, sobre la revisión de los índices de barbecho de carácter
agronómico, a mí me preocupa, como ha planteado también el representante
del Grupo Socialista, que pueda significar un desplazamiento de carga de
la superación o del cumplimiento de las superficies de base de unas
comunidades autónomas a otras en función de la corrección de los índices
de barbecho en unas comunidades autónomas o en otras. Sí soy partidario
de la reducción del índice de barbecho obligatorio para la próxima
campaña. Esta es una posición que voy a defender en el Consejo de
Ministros de julio, y en el de septiembre si en el de julio no hubiese
una posición de la Comisión suficientemente formalizada como para adoptar
una decisión. Pero lo que sí creo es que en ningún caso debemos esperar
al mes de octubre para adoptar una decisión; hay que hacerlo entre el
Consejo de julio y el de septiembre. Nuestra posición es que el índice de
barbecho obligatorio para la próxima campaña debiera estar en torno al 10
por ciento, que coincidiría con el índice de barbeho mínimo establecido
en el acuerdo de Blair House para las oleaginosas; en torno a esa cifra,
a resultas de los balances que debe presentar la Comisión sobre
resultados de esta campaña y perspectivas para la próxima, balances en la
producción y comercialización de cultivos herbáceos en el conjunto de la
Unión Europea.

Respecto a todas las apreciaciones que se realizan sobre si somos un neto
importador de cereales, etcétera, como consecuencia de una situación de
sequía, me parece que es evidente que es así. La sequía ha disminuido
notablemente nuestros niveles de producción y, por tanto, ha reducido
nuestro nivel de autoabastecimiento en cereales y nos ha convertido en
mayores importadores de cereales de lo que hubiésemos sido en condiciones
meteorológicas normales. Creo que se debe producir en este proceso una
revisión al alza de algunos índices comarcales donde los desajustes son
más evidentes, pero no con carácter generalizado.

No comparto el criterio de que la reforma de la política agrícola
comunitaria no ha sido compatible con el mantenimiento de las rentas del
sector de los cultivos herbáceos. El incremento en las rentas del sector
de cultivos herbáceos ha sido notable desde 1992 hasta 1995; un
incremento notable que hubiese sido mucho mayor si las condiciones
climatológicas hubiesen sido normales. Lo que está claro es que la
reforma de la política agrícola común ha permitido compensar las
disminuciones de precios y contribuir no solamente al incremento de las
rentas, sino a la protección de las rentas del sector contra la
incidencia climatológica. Al hacer que una parte más importantes de la
renta provenga de ayudas por hectárea, de ayudas directas,
independientemente de las oscilaciones climatológicas, ha constituido,
sin duda, un elemento de protección de las rentas del sector, como no
había existido para los cultivos herbáceos en el pasado de ninguna forma,
porque ninguna ayuda que se haya podido instrumentar en el pasado por
parte de ningún Gobierno y ninguna compensación en materia de seguros
agrarios se acercan, ni de lejos, al mecanismo de apoyo que para estos
cultivos herbáceos representan en estos momentos las ayudas directas, las
ayudas por hectárea desde la reforma de la política agrícola comunitaria.

Ayudas por hectárea --y quiero con esto adelantarme a algunos comentarios
que tenía anotados-- que van a aumentar para esta próxima campaña en un
6,8 por ciento como consecuencia de la modificación del tipo de cambio
verde respecto del que se aplicó en la campaña pasada al 1 de julio de
1994. Es decir, la diferencia entre el 1 de julio de 1994 y el 1 de julio
de 1995 en el tipo de cambio verde hace que las ayudas a los cultivos
herbáceos aumenten en pesetas un 6,8 por ciento.

El señor Pascual ha hecho algunas disquisiciones sobre la euforia con la
que se presentan en campaña electoral los datos de reforestación. Le
quiero decir que no estoy en campaña electoral. No sé si S. S. lo está,
pero como no hay previsión de campaña electoral en los próximos meses,
difícilmente se puede considerar que las apreciaciones se produzcan en un
escenario de campaña electoral.

Creo que hay que hacer una valoración ponderada de lo que están
significando las medidas de acompañamiento; ponderada en cuanto a la
evolución global y ponderada respecto de las responsabilidades, porque
cuando algunas veces intervienen SS. SS. me da la impresión de que se
olvidan de que estamos en un Estado autonómico en el que las comunidades
autónomas son las competentes en materia de agricultura y las
responsables de llevar a cabo los programas en el marco comunitario, que
en algunos casos son apoyados, cofinanciados o impulsados también desde
el Ministerio, pero eso no detrae ninguna responsabilidad a las
comunidades autónomas en el éxito de estos programas. Quiero decirlo
porque, como ha comentado la señora Rivadulla cuando hablaba del programa
del cese anticipado, funciona en unas comunidades autónomas y no funciona



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en otras. ¿Por qué el programa de cese anticipado es muy dinámico en
Asturias y no lo es en otras comunidades autónomas? Pues porque en
Asturias ha habido una Administración que ha tomado un gran interés en
hacer funcionar ese programa y en utilizarlo para contribuir a la
reestructuración, y en otras comunidades autónomas no, pero eso ya no es
responsabilidad del Ministerio, es responsabilidad de las comunidades
autónomas.

En estos momentos tenemos un programa forestal que desde el punto de
vista de las solicitudes ha tenido éxito, que es el primer elemento para
medir si el programa está bien diseñado o no. Lo que está claro es que
nadie puede poner en cuestión que el programa ha resultado atractivo para
los propietarios o los agricultores en la medida en que se han presentado
solicitudes para reforestar 517.000 hectáreas, que es la primera fase. Se
han resuelto ya 158.000 hectáreas. El proceso de resolución depende de la
mayor o menor eficacia de las comunidades autónomas a la hora de la
tramitación de esos expedientes. Por otra parte, se han reforestado
64.000 hectáreas, también con unas grandes diferencias. No voy a analizar
quién, según mi impresión, está tomando mucho interés en el programa y
quién no. Eso quizás lo podrán hacer ustedes a partir de los datos de las
comunidades autónomas. Creo que no me corresponde, no corresponde al
Ministerio juzgar la labor de las comunidades autónomas a la hora de
agilizar o dinamizar un programa o no. Lo que está claro es que es una
responsabilidad de la gestión de las comunidades autónomas dar pleno
contenido, pleno ritmo, plena dinamización a estos programas o frenarlos.

Luego, una vez se aprueben las resoluciones, corresponde a los
agricultores tomar el relevo y asumir los objetivos en términos de
reforestación.

A mí me parece que, sin ser triunfalistas, el balance es razonable para
un programa que salió con retraso, bueno en términos de solicitudes,
bueno en términos de resoluciones y todavía lento en términos de
reforestaciones efectivas. En un país en el que han reforestado muy pocos
propietarios, en el que prácticamente todas las reforestaciones se han
realizado por las administraciones públicas, que haya varios miles de
propietarios que hayan reforestado más de 60.000 hectáreas en un año me
parece notable. ¿Qué quiere que le diga? Este es un país en el que se han
reforestado, como máximo, 120.000 hectáreas al año y casi todas como
consecuencia de la actuación de la Administración en los años cincuenta.

No voy a entrar a juzgar las características de la reforestación. En
cualquier caso, eran solamente actuaciones de la Administración y con un
máximo de 120.000 hectáreas. Que hayamos alcanzado la reforestación,
implicando a miles de personas, de 64.000 hectáreas en un primer año, en
unas condiciones de extrema sequía que han hecho que se retraigan muchos
de los agricultores que se habían comprometido a reforestar por el riesgo
de que los plantones se convirtiesen en marras y fracasasen, me parece
que es un balance razonable, que seguramente podremos realizar con mayor
ponderación y con mayor criterio cuando pase el segundo año, si las
condiciones climatológicas se normalizan.

Respecto al cese anticipado, no se puede juzgar el programa en función de
las estimaciones que han hecho sobre quiénes podían acogerse, porque la
decisión de acogerse es voluntaria de cada uno, y lo que refleja la
evolución del cese es una gran reticencia de los agricultores a renunciar
a su explotación agraria acogiéndose a un cese anticipado. Es una reserva
quizá psicológica, cultural más que económica, a veces con algunos
obstáculos de carácter estructural que en algunas comunidades autónomas
particularmente dinámicas han conseguido superar. Pero ¿por qué se
consigue superar esos obstáculos en algunas comunidades autónomas y no en
otras? Esa es una materia para debatir en cada una de las comunidades
autónomas y, sobre todo, en aquellas en las que el programa no está
teniendo el éxito que se preveía.

En relación con el escaso incentivo económico y las trabas, ya les he
comentado que la elevación en las primas no ha tenido ningún reflejo en
la clientela del programa, por decirlo de esa forma. Es decir, la
elevación de las primas que se produjo con las mejoras, con las
modificaciones en los decretos, no ha aumentado la clientela, no ha
aumentado las solicitudes, no ha aumentado los deseos de los agricultores
que se encuentran entre los 60 y 65 años de acogerse al cese anticipado.

Hay otros tipos de obstáculos. Por otro lado, sobre si se debiera
establecer a partir de los 55 años, de nuevo esto es una competencia de
las comunidades autónomas. El Gobierno ha decidido apoyar financieramente
a las comunidades autónomas en un programa a partir de los 60 años.

Algunas comunidades autónomas ya han decidido ampliarlo a los 55. Es una
prerrogativa de las comunidades autónomas en el marco del reglamento. A
lo mejor la Comunidad Valenciana decide hacerlo a partir de ahora. Es un
elemento que tendrá que analizar. Algunas comunidades autónomas lo han
hecho.

La mayor parte de las medidas agroambientales se han aprobado muy
recientemente. De nuevo me gustaría decir lo mismo que he dicho con todas
las anteriores. Esta es una responsabilidad de las comunidades autónomas.

El Gobierno no puede hacer más que dar un marco que permita poner en
marcha los programas y apoyar financieramente las iniciativas de las
comunidades autónomas. Ahí se limita toda la actuación del Gobierno, y en
estos momentos estamos en manos de las comunidades autónomas para que
estas medidas de acompañamiento tengan éxito o no lo tengan. Dependemos
de que sean capaces de desarrollar estos programas o no lo sean. En
cualquier caso, los dos programas que se aprobaron en 1993-94 han tenido
un balance muy dispar. Yo creo que ha sido un éxito el de Castilla-La
Mancha y ha sido un fracaso el de Castilla y León, por muchos factores
que no me atrevo a explicar, pero ésa es la realidad. En cualquier caso,
éste es un tema, el de las comunidades autónomas, en el que no quiero
profundizar.

Agradezco que reconozcan que algo se va haciendo en relación con los
ataques a los camiones. Quiero insistirles en que éste es el único
Gobierno, entre los muchos cuyos camiones se han visto afectados por
ataques en territorio francés, el único que ha tomado la iniciativa de
denunciar al Gobierno francés ante la Comisión Europea; el único. Por
tanto, algún mérito habrá que reconocer al Gobierno. Porque ataques hemos
visto muchos a producciones de otros países; que yo recuerde, frutas y
hortalizas italianas,



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vino italiano, cerdos daneses u holandeses, hortalizas belgas, y otros
muchos productos, siempre en territorio francés. El único Gobierno que
tomó la iniciativa de denunciar a Francia ante la Comisión Europea fue
éste y fue este Ministro, el año pasado, como consecuencia de los ataques
que se produjeron en el mes de mayo que motivaron la carta de
emplazamiento de la Comisión. Desde entonces --hay que reconocer que el
resto de la campaña pasada se desarrolló, desde que tomamos esa
iniciativa, con normalidad--, no se habían vuelto a producir ataques
hasta este año. Y en cuanto se ha producido el primer ataque hemos vuelto
a retomar la iniciativa, y la Comisión ha retomado todo el expediente
enviando el dictamen motivado. Posteriormente, yo no diría en absoluto
que el Comisario de Agricultura haya mantenido una actitud pasiva; al
contrario, envió una nueva carta en términos particularmente duros, muy
alejados de la terminología diplomática habitual, al Gobierno francés, y
ha continuado el procedimiento en la Comisión para presentar la denuncia
ante el Tribunal de Justicia con el dictamen del servicio jurídico, el
dictamen de la Comisión de Expertos, y ahora corresponde al Colegio de
Comisarios tomar la decisión definitiva. Yo creo que en ese sentido se ha
avanzado notablemente, como también se ha avanzado notablemente en la
creación a nivel europeo de un clima, de una opinión contra estos ataques
que yo creo que ha sido positiva. No deseo en absoluto que nadie mezcle
esta cuestión con los pescadores y las negociaciones con Marruecos,
porque creo que no ganamos nada con esa comparación, y por tanto no
quiero hacer ningún comentario al respecto.

En cuanto a si los ataques tienen o no relación con la reforma de la OCM
de frutas y hortalizas, a mí me parece que los que se han producido no
han sido diferentes de los de otras ocasiones. Quizá han sido inferiores
--crucemos los dedos-- a los que se han producido en otras campañas. A mí
me cuesta situarlos precisamente en una dinámica en relación con la
reforma de la OCM de frutas y hortalizas, porque el año pasado no estaba
esa reforma sobre la mesa, ni el anterior ni el anterior, y se produjeron
los ataques. En cualquier caso, yo creo que hay que mantener la línea de
firmeza y de contundencia. Espero que la Comisión Europea siga en esta
línea, vaya hasta el final y lleve a Francia ante el Tribunal de Justicia
porque creo que no está haciendo todo lo que debe hacer para impedir esos
ataques. Lo digo con total sinceridad. A pesar de que las declaraciones y
los compromisos de colocar a los responsables ante las autoridades
judiciales se reiteran con gran frecuencia, la realidad es que la
presentación de los responsables ante los tribunales se retrasa, y al
final acaban haciendo referencia a un caso histórico en que llevaron a
alguien ante un juez y no tienen una reacción ágil y directa poniendo
ante los jueces a responsables que podemos ver en las imágenes de
televisión con ocasión de algunos de estos ataques.

En cuanto al pago de la supertasa 1993-94, quiero decir que no se trata
de 950 víctimas. La superación de las cuotas --no tengo en estos momentos
los datos-- creo recordar que alcanzó casi las 600.000 toneladas y que
hubo casi otras tantas cuotas no utilizadas por otros ganaderos, lo que
hizo que se produjese una compensación de gran entidad que redujo la
supertasa notablemente en cantidad
--1.600 millones de pesetas por una cifra de 29.000 toneladas-- y también
notablemente el número de destinatarios de la supertasa. De tal forma que
han sido destinatarios de esa supertasa ganadera que no tenían cuota y
que han producido a ver qué sale o ganaderos que han superado su cuota en
un porcentaje extraordinariamente alto; ganaderos que han producido más
de cuatro veces lo que tenían asignado. Si a un ganadero que ha superado
más de cuatro veces lo que tenía asignado no se le aplica una
penalización y se le considera víctima, me parece que por lo menos hay
que ponerlo un poco en cuestión. Teniendo en cuenta, además, que las
condiciones de ingresos de renta para el sector han mejorado notablemente
como consecuencia de una evolución favorable de los precios, a mí no me
parece que el balance de la campaña 1993-94 haya sido negativo y, desde
luego, no me parece que haya razón para defender la situación de estos
ganaderos que han superado tan notablemente sus cuotas de producción que
eso les ha hecho acreedores de una supertasa. Yo creo que esta campaña ha
sido fructífera en cuanto a que ha finalizado todo el proceso de
reglamentación, como han reconocido SS. SS., que permite una
flexibilización del régimen de cuotas que está siendo utilizada
notablemente por los ganaderos, porque no solamente se ha producido la
redistribución de la reserva nacional, sino que se han producido
transferencias de cuotas de una cuantía tal --13.400-- que representa el
diez por ciento de nuestra cuota total. Se ha producido una reasignación
de cuota por acuerdo entre ganaderos de un 10 por ciento de la cuota
total. Ello quiere decir que se está produciendo un proceso de
reestructuración dinámica en el sector que será positivo para la
competitividad del sector en el futuro.

Solicita la Diputada Elvira Fernández, a quien agradezco su apoyo aunque
me preocupa que pueda ser utilizado en mi contra (Risas.--La señora
Fernández Díaz: Ni para bien ni para mal.), que se proporcione
información sobre la marcha de la campaña cada dos meses. La información
de la que disponemos sobre la marcha de la campaña depende de la
información que proporcionan las industrias y ésta se está presentando
con un gran retraso. Ello está haciendo que tengamos dificultades para
realizar estimaciones incluso provisionales sobre cuál puede ser la
marcha de la campaña y que haya dificultades para poder enviar mensajes
sobre cuál está siendo la marcha de la campaña para orientar a los
ganaderos. Esta es la razón por la que hoy, 27 de junio, ni siquiera
estamos en condiciones de realizar una estimación de producción a 31 de
marzo. Sin embargo, sí tenemos la impresión de que no se va a alcanzar la
cuota global y que, por tanto, no va a haber penalización. Pero ésta es
una impresión de carácter provisional porque los datos --repito-- se
envían por parte de la industria con un gran retraso.

No tenía conocimiento de que se estuviese produciendo retraso en el pago
de los abandonos. Tomo nota para enterarme.

Quería aprovechar para hacer algunos comentarios sobre las vacas
sacrificadas. Estamos permanentemente repitiendo



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un mensaje que confunde mucho a la opinión pública sobre si la Unión
Europea nos ha hecho matar vacas, etcétera. El censo de vacuno actual es
superior al de 1985 en unos cientos de miles; el censo de ovino es de
seis millones de cabezas más que en 1985; y el censo de porcino es de
seis millones más que en 1985. Por tanto, estamos transmitiendo a la
opinión pública española a base de reiterar eslóganes o frases hechas,
que tienen más o menos éxito, un mensaje completamente equivocado sobre
lo que ha sido la evolución de nuestra producción ganadera desde el
ingreso en la Unión Europea.

Voy a dar a S. S. el dato de Galicia, que es su comunidad autónoma.

Galicia tiene, en estos momentos, 459.000 vacas lecheras frente a 380.000
que tenía al comienzo de la asignación del sistema de cuotas. En Galicia
hay casi 80.000 vacas más de producción lechera que las que había hace
tres años, cuando se aplicó el régimen de cuotas. Eso no va a impedir que
se siga diciendo en Galicia, en todos los rincones, que la entrada en la
Unión Europea nos ha hecho sacrificar las vacas. Yo tengo que reconocer
que ése es un mesaje muy difícil de combatir, porque tiene un gran éxito
desde el punto de vista de crítica y público, para qué nos vamos a
engañar. Y estamos permanentemente repitiendo mensajes, con un gran éxito
de crítica y público --de crítica muy poco informada y de público al que
mal informa esa crítica-- sobre algunas de las consecuencias del ingreso
en la Unión Europea que son completamente disparatadas respecto de
nuestras producciones ganaderas, pero le podría decir que también
respecto de nuestras producciones y exportaciones de frutas y hortalizas.

La opinión pública española, a la que efectivamente le llegan los ataques
a los camiones a través de los informativos y el mensaje catastrofista,
no le llega el hecho de que nuestras exportaciones de frutas y hortalizas
a la Unión Europea han aumentado, en estos diez años, hasta multiplicarse
prácticamente por dos en toneladas y por tres en valor. Es decir,
exportamos tres veces más frutas y hortalizas que en 1985 y dos veces más
en toneladas que en 1985. Alguien puede decir que sí que exportamos
frutas y hortalizas al conjunto de la Unión Europea, pero no a Francia.

Puedo decirles que la cantidad de frutas y hortalizas que exportamos a
Francia es siete veces superior al valor de las que importamos; en
toneladas es menos. Exportamos 3,5 veces más de lo que importamos, pero
es siete veces más en valor. ¿Por qué? Porque al ser cultivos de primor,
cultivos con mejores ventajas desde el punto de vista del calendario,
cultivos de más valor añadido, el precio medio de nuestra tonelada de
frutas y hortalizas exportado a Francia es el doble que el precio medio
de las frutas y hortalizas que importamos de Francia. Y esto tenemos que
ser capaces de decírselo a la opinión pública. No podemos mantenerla en
el engaño permanente de que como nos han atacado tres camiones resulta
que la Unión Europea nos machaca en todas las producciones. Ya es hora de
que le digamos la verdad. Y digo esto plenamente convencido de que es
predicar en el desierto; lo digo con toda sinceridad. Sé que esto es
predicar en el desierto puesto que se han instalado determinados clichés
que dicen que matamos las vacas, que arrancamos los viñedos, que
arrancamos los olivos... Pues mire usted, no solamente no arrancamos los
olivos sino que los estamos aumentando, de tal forma que nuestra
producción media de aceite de oliva, para quitar el efecto sequía y el de
acedía, ha aumentado un 20 por ciento respecto de hace diez años, y va a
aumentar un 40 por ciento en el balance entre 1985 y el año 2000 como
consecuencia de las plantaciones de olivos que se han producido a lo
largo de estos últimos años. En cuanto al vino, es cierto que se ha
producido algún arranque de viñedos de carácter voluntario, pero también
es cierto que se ha producido una mejora notable en las rentas del
sector, una mejora notable en las exportaciones, sobre todo de vino
embotellado. Esto hay que decírselo a la gente. Hay que decirle que hace
diez años el 40 por ciento del vino que exportábamos era embotellado y
que ahora es de más del 60 por ciento. Y esto significa mejora de las
rentas porque tenemos vinos de más calidad y de más renta.

Todo ese mensaje del efecto negativo en la agricultura se está
produciendo prácticamente a base de un sector: el de la leche, y
recogiendo más los intereses de la industria láctea que los intereses de
los ganaderos. Porque es cierto que a la industria láctea la reducción de
las cuotas le supone un freno en sus posibilidades para obtener materia
prima más barata. Esa es la realidad. Es decir, en 1991-92 el precio del
litro de leche era un 30 por ciento más bajo que en 1994-95. Ahora bien,
¿ése era y es el interés de los ganaderos? Yo creo que no. A los
ganaderos, sobre todo a los ganaderos españoles, que tienen una
estructura más débil que la de otras producciones, lo que les interesa es
un mecanismo que proteja su derecho a producir, que se lo proteja con un
régimen de cuotas y con unos precios suficientes para su remuneración. Y
eso es lo que se ha producido desde la aplicación del régimen de cuotas.

Alguien puede decir que sí, que el régimen de cuotas está bien, pero que
el régimen de cuotas está bien si yo tengo una cuota mayor. El problema
es que, en estos momentos, en el conjunto de la Unión Europea hay todo un
debate sobre si se debe o no reducir el nivel de cuotas, o sobre si el
nivel de cuotas tiene que comunitarizarse o mantenerse a nivel nacional,
porque hay países que quieren que se reduzca el nivel de cuotas, ya que
prefieren que sus ganaderos tengan precios más altos, hay otros que
quieren que desaparezca el régimen de cuotas para que solamente
sobrevivan los más eficientes, y hay otros países que lo que quieren es
que desaparezca el carácter nacional de las cuotas para permitir
transferencias entre ganaderos de unos países a otros. En este contexto,
¿es posible el debate sobre el incremento de las cuotas? Yo creo que no;
yo creo que no es la mejor manera de defender los intereses de nuestro
sector lácteo, porque el problema no es conseguir más cuotas para
nuestros ganaderos, sino conseguir más cuotas para nuestros ganaderos,
que los demás disminuyan la suya, y eso es pedirle peras al olmo.

Los datos de las ayudas a los cultivos herbáceos por estratos, etcétera,
la verdad es que no sé si disponemos de esa información. En cualquier
caso, me voy a informar para ver si efectivamente disponemos de los
análisis que permitan establecer qué características tienen los
agricultores y si es posible establecer una clasificación. No creo que
las



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OPA tengan más información que la Administración; creo que hacen unas
estimaciones a bulto, a partir de los datos de carácter general que
proporciona la Comisión Europea. En cualquier caso, sí es cierto que una
reforma que establece una compensación de rentas sobre la base
territorial de la explotación por hectárea, siempre tiende a primar al
propietario de la base territorial. Eso es claro. Hay que tener en cuenta
que esa reforma, desde el punto de vista de los intereses de un país que
tiene amplia base territorial, de un país que no se ha beneficiado de
restituciones a la exportación, que ha sido estructuralmente importador
de cereales, una política de ayudas directas y de precios más bajos en el
mercado, desde el punto de vista de los intereses de nuestro país, es
netamente positiva. En la medida que somos un país más bien importador y
con una amplia base territorial, una reforma que aumente las ayudas
directas por superficie y que reduzca los precios de los cereales,
teniendo en cuenta que no somos exportadores de cereales y, por tanto, no
nos beneficiábamos de las restituciones a las exportaciones de las que se
beneficiaban fundamentalmente países con fuertes producciones
cerealistas, esa reforma ha sido para nosotros positiva, como se viene
reflejando tanto en la evolución de las rentas del sector como en la
evolución de los saldos del Feoga-garantía. Sí creo que cada vez se va
abriendo más paso en las reflexiones de futuro --no estamos hablando de
mañana ni de pasado mañana-- la idea de que en futuras reformas de la
política agrícola común, cuando de verdad se aborden reformas de la
reforma, habría que avanzar hacia limitaciones de la superficie por las
que se perciban las ayudas. Eso se va abriendo cada vez más paso a nivel
de la Unión Europea.

Sobre el reparto de la reserva nacional no ha habido ocultismo. Es
posible disponer de los datos estratificados sobre la asignación. El
respeto del 30 por ciento de la cuota abandonada en cada una de las
comunidades autónomas sí que puede provocar que la puntuación del último
que recibe las ayudas en Cataluña sea más baja que la puntuación del
último que recibe las ayudas en Galicia o en Cantabria. ¿Por qué? Porque
los criterios objetivos establecidos, al primar mucho la dedicación
mayoritaria en la producción láctea, la producción en zonas de montaña,
los tamaños relativamente reducidos o la contribución a la modernización
estructural, ha tendido a desplazar la asignación hacia la cornisa
cantábrica y ha hecho que en otras comunidades autónomas haya funcionado,
sobre todo, el mecanismo del 30 por ciento como mecanismo colchón, como
mecanismo de seguridad para garantizar que no se producía un
desplazamiento tan fuerte hacia esas comunidades autónomas, como
consecuencia de la aplicación de esos criterios objetivos. Eso hace
--repito-- que se produzcan algunos desequilibrios; en definitiva, que el
nivel medio y la puntuación que salen en Cataluña es mayor porque su
estructura de producción es más alta, y que la puntuación que tiene el
último de los asignados sea más baja de la puntuación que puede tener el
último de los asignados en la cornisa cantábrica. Sobre este tema se
puede proporcionar toda la información disponible.

Ya he comentado el debate en Europa sobre la cuota. Este año no ha habido
debate en el paquete de precios, porque el año pasado en el paquete de
precios ya decidimos que ni para la campaña pasada ni para esta que viene
iba a producirse modificación en el nivel de cuotas y, en consecuencia,
el debate estaba aplazado. Quizá se producirá cuando se fije el paquete
de precios el año que viene, existiendo, como he comentado, diferentes
tendencias, Alemania es partidaria de una disminución de las cuotas,
porque tiene un problema de precios entre otras cosas, Holanda es más
bien partidaria de la desaparición del régimen de cuotas como Dinamarca,
tiene una estructura de protección muy eficiente que les permite echar
del mercado a las producciones de carácter más marginal en un sistema de
liberalización plena; el Reino Unido, sabiendo que tiene una estructura
muy eficiente, está más en la línea de mantener el sistema de cuotas que
le está permitiendo mantener unos precios suficientemente remuneradores y
con los que están satisfechos los productores y, sin embargo, están
centrando su reivindicación en la transferibilidad de las cuotas de unos
países a otros. Ese es el debate que se está produciendo. En mi opinión
nosotros debemos ser firmes defensores del sistema de cuotas, porque eso
nos permite defender nuestro derecho a producir, la posición privilegiada
de nuestros productores en el mercado que les permite obtener precios
razonables, aunque, repito, entiendo que desde el punto de vista de las
industrias eso genera más problemas, porque la industria láctea quiere
tener materia prima cercana y más barata para poder competir con el resto
de industrias lácteas europeas. Pero también quiero decir que la
industria láctea española es la que ha visto incrementar su cuota de
entrega a industrias en mayor medida desde 1985 hasta la actualidad, como
consecuencia de la decisión de 1992 de ampliar a España la cuota en
592.000 toneladas y como consecuencia de las transferencias de cuotas
desde entregas directas a entrega a industria; por supuesto, eso no
satisface todas las apetencias y, sobre todo, si el criterio es utilizar
el porcentaje de autoabastecimiento, y tenemos que incrementar nuestra
producción no en función de nuestra base histórica, sino en función de
nuestro nivel de consumo, pero eso no podríamos defenderlo para las
frutas y hortalizas ni podríamos defenderlo para el vino, ni podríamos
defenderlo para el aceite de oliva o para otros productos.

Respecto a la reforestación tengo que decir que una de las consecuencias
del Estado autonómico es que la información de que dispone el Ministerio
de Agricultura cada vez es más tardía y cada vez es más escasa debido al
proceso de transferencias a las comunidades autónomas y a la
responsabilidad de las mismas en la gestión de todos los programas, pero
creo que quizá sí se pueda obtener algún análisis de los datos de que
dispongamos sobre qué características está teniendo esa reforestación en
términos de especies, tipo de agricultores que se están acogiendo a este
sistema, etcétera, aunque ahora no dispongo de estos datos.

Sobre la reforma de la OCM del vino yo creo que tendremos oportunidad
porque hay una comparecencia de la Comisión Mixta para la semana que
viene para hablar de las prioridades de la Presidencia, y quizá sea el
momento adecuado para abordar estas prioridades. Yo creo que las



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declaraciones del Secretario General vienen a decir que las posiciones
siguen siendo muy alejadas, no ha habido ningún avance porque la
Presidencia francesa no ha realizado ninguna labor de acercamiento de
posiciones ni ha propuesto ningún nuevo documento a lo largo de su
presidencia y, por tanto, está muy verde y con posiciones muy
distanciadas. En consecuencia, lo único que refleja la intervención del
secretario general es que no podemos ser prisioneros del calendario de
nuestra Presidencia para intentar cerrar una reforma que no sea
satisfactoria por el hecho de desear cerrarla. Habida cuenta de la
situación actual, teniendo en cuenta la situación de los mercados
europeos, en los que como consecuencia sobre todo de las situaciones de
sequía se ha producido cierto tensionamiento con precios altos, no hay
una gran urgencia para afrontar una reforma, puesto que prácticamente no
hay excedentes; no ha habido destilación obligatoria en esta última
campaña en la Unión Europea. Por tanto, no habiendo excedentes, con una
situación particularmente deficitaria en España, con un trabajo muy poco
avanzado y con posiciones muy dispares todavía, muy distanciadas, no
creemos que debamos convertir esta reforma, que en las condiciones
actuales y desde el punto de vista de los intereses españoles no es
urgente en una prioridad que nos lleve a un cierre precipitado que nos
haga renunciar a alguno de los planteamientos de principio que hemos
defendido en esta reforma. Seguimos en las mismas posiciones de principio
y no queremos en absoluto renunciar a ninguna de ellas.

Sin embargo, sí queremos concentrarnos en la reforma de frutas y
hortalizas, entre otras cosas porque nuestra posición repecto del
documento de reflexión de la Comisión no es una proposición tan
distanciada. Esperemos que la propuesta de la Comisión vaya en la línea
del documento de reflexión y que podamos contribuir más positivamente con
otros países interesados en la reforma para alcanzar que esa reforma sea
satisfactoria para nuestros intereses. En cualquier caso este debate
quizá podamos desarrollarlo en la Comisión Mixta la semana que viene.

Sobre el Canal Segarra-Garrigues he de decirle que no tengo noticias de
que el Ministerio de Obras Públicas nos haya transferido esa
transformación en regadío que sigue siendo competencia del Moptma en las
inversiones hidráulicas y competencia de la comunidad autónoma en el
desarrollo del regadío. Ha transferido la opinión del Ministerio de
Agricultura sobre el canal y esa opinión tenemos que enmarcarla en la
reflexión sobre el Plan nacional de regadíos que estamos elaborando en
estos momentos, a efectos de poder dar una opinión encajada con criterios
de carácter general. Es la única responsabilidad que nos corresponde en
este caso: emitir una opinión. No somos la Administración actuante en
ninguno de los casos, ni para la regulación en base o en alta ni para los
proyectos de transformación.

Sobre el tema de las decisiones del paquete de precios en materia
agromonetaria y en qué medida supone una ruptura de la comunitarización
de las ayudas, yo creo que ahora que ha terminado el debate hay que tener
cierta comprensión para algunas situaciones que se producen en las
monedas que se revalúan en lo que se refiere a las compensaciones de
renta de la reforma de la política agrícola común de los cultivos
herbáceos, de las reformas de 1992. En aquel momento se estableció una
garantía de compensación de renta respecto de los precios que existían
entonces, pero como consecuencia de los realineamientos de las monedas,
si se produce una revaluación de los tipos verdes de las monedas que se
realinean al alza, es una disminución de esa compensación en moneda
nacional. Es decir, que el agricultor alemán, holandés o belga ve
reducida la ayuda por hectátea en moneda nacional, en florines, en
marcos, etcétera y eso es --todo el mundo lo entiende-- difícil de
explicar a los agricultores de cada uno de los países. ¿Por qué? Porque
es cierto que un realineamiento siempre se debe a que la evaluación de
las tasas de inflación en unos países y en otros han sido diferentes.

Puede que haya habido un diferencial de inflación superior --el caso
español o el italiano respecto del alemán--, pero lo que está claro es
que la inflación no ha sido negativa en esos países; es decir, el
agricultor alemán se encuentra con que su inflación, habiendo sido menor
que la de otros países, no ha sido negativa y, sin embargo, como
consecuencia del realineamiento de su moneda ve reducir esta ayuda
directa establecida en la reforma en marcos, en florines o en francos
belgas, mientras que las ayudas en pesetas han aumentado prácticamente el
30 por ciento desde 1992 hasta 1995.

Esa situación ha llevado a un pacto, que puede ser discutible desde el
punto de vista de los principios pero que resulta, como todo, una
transacción, y es garantizar que las ayudas de la reforma de la política
agrícola común, es decir, la ayuda complementaria establecida en la
reforma de la política agrícola común, se mantenga como mínimo en moneda
nacional y, por tanto, no se ve reducida en moneda nacional como
consecuencia de la revaluación de las monedas fuertes, mientras que sí se
ve depreciada o aumentada en moneda nacional para las monedas que se han
devaluado. Podemos decir que éste es el contenido de ese pacto.

Las ayudas que han sido objeto de controversia, que son las ayudas
nacionales justificadas en el entorno de las turbulencias monetarias, son
más difíciles de justificar desde el punto de vista de la filosofía y por
eso yo me posicioné en contra; fuimos minoría los que nos posicionamos en
contra y, por tanto, se aprobó la autorización para conceder ayudas
nacionales, en base a las turbulencias monetarias, con determinadas
restricciones. Yo voté en contra por una razón de principio, aunque es
cierto que las ayudas, tal y como quedan encuadradas, son temporales,
solamente se pueden establecer hasta el 31 de diciembre de este año --por
tanto, no son ayudas permanentes--; dos, son ayudas transitorias y
degresivas, por tanto tienden a desaparecer; y tres, la Comisión se ha
comprometido a hacer un seguimiento estricto que garantice no distorsiona
los intercambios y que se convierten no en ayudas a la producción, sino
en ayudas a la renta, de rentas cuya pérdida se pueda atribuir
directamente a las turbulencias monetarias. Este es el compromiso del
comisario. Yo no renuncio a que podamos utilizar, si llega el caso, la
vía del Tribunal de Justicia, si consideramos que algunas de estas ayudas
pueden distorsionar los intercambios. Ya he comentado que después hubo un



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compromiso verbal del Ministro francés para no aplicarlo a las frutas y
hortalizas, sino para aplicarlo exclusivamente al vacuno, como ayudas a
la renta, y estaba hablando de una ayuda global de 100 millones de
francos. Si eso fuese así, no es una cantidad como para provocar
distorsiones en los intercambios, pero habrá que hacer un seguimiento muy
estricto de este tema.

Comparto el criterio de desarrollar cuanto antes la ley de modernización.

Ya he comentado la evolución de nuestras exportaciones de frutas y
hortalizas, que yo creo nos debe llevar a hacer un balance ponderado de
cuáles han sido las ventajas y los inconvenientes del ingreso en la Unión
Europea. De nuevo, no es casualidad que la renta agraria por ocupado en
España haya sido la que más ha subido, de toda la Unión Europea, entre
1985 y 1994. No es casualidad, y eso tiene reflejo en muchos sectores de
nuestra agricultura, yo diría que en casi todos, entre 1985 y 1994. Es
cierto que algunos de esos sectores han pasado por altibajos a lo largo
de los diez años. Está claro que el sector de frutas y hortalizas tuvo
una etapa de relativo estancamiento hasta que finalizó la primera fase,
el período transitorio, y ha tenido un relanzamiento cuando se produjo la
constitución del mercado único; por tanto, la desaparición de los
obstáculos a los intercambios que quedaban. La realidad es que el
incremento en la renta agraria española ha sido el más elevado, en
términos reales, entre 1985 y 1994, de todos los países de la Unión
Europea, y tenemos que ser capaces de transmitir también eso a la
sociedad, superando esta barrera de comunicación, estos clichés que se
están instalando con tanto éxito, como he dicho, de crítica y público, y
no es casualidad que la renta agraria por ocupado haya pasado de ser el
79 por ciento a ser el 120 por ciento de la media europea, desde 1985
hasta 1994.

Creo que con esto he respondido a todas las preguntas. (El señor Vidal i
Sardo pide la palabra.)



El señor VIDAL I SARDO: Reconozco que he pedido al señor Ministro
información sobre un tema, respecto a un fruto seco, las avellanas, que
no estaba en el orden del día. Por tanto, si le parece, se lo formularé
luego por escrito, pero coincidía que precisamente este año ha habido un
derrumbe de precios propiciado por el fraude que Turquía ha cometido al
hacer aparecer en el mercado excedentes de los años 1992-93 que estaban
destinados a usos industriales, transformación en aceite, y esto, a
nuestro juicio, debería ser velado muy intensamente por nuestro Gobierno
en los foros europeos.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Una precisión.

No voy a entrar en algunas cuestiones que ha tocado el señor Ministro que
no eran objeto de estas comparecencias --comercio exterior,
devaluaciones, etcétera--, pero como se ha hecho una referencia a la
desinformación que existe en el Ministerio respecto a la aplicación en
España de las ayudas de la política agraria común yo le recomiendo al
señor Ministro que lea la documentación de la Junta de Comunidades de
Castilla y León respecto a la gestión integrada de las ayudas de la PAC,
donde podrá ver desagregado el tipo de agricultor por su tamaño,
etcétera, que recibe la ayuda, y por tanto puede ilustrar el
desconocimiento que ha mostrado el señor Ministro en su intervención.




El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla La señora RIVADULLA GRACIA: Una
pregunta muy concreta, señor Ministro, ¿cuándo tiene previsto presentar
el Plan de regadíos?



El señor PRESIDENTE: Creo que SS. SS. en general abusan un poco de la
bondad de la Presidencia en el sentido de que, efectivamente...




La señora RIVADULLA GRACIA: Estamos a final de etapa.




El señor PRESIDENTE: De todos modos, hoy tenemos un punto del orden del
día todavía muy importante y yo rogaría al señor Ministro la máxima
brevedad en estas últimas formulaciones y preguntas que se le han hecho.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muy rápidamente.

Quizá es lógico que las comunidades autónomas tengan más información,
porque son las que gestionan esas ayudas y no el Ministerio. Por tanto,
parece lógico que sean ellas las que proporcionen la información sobre
las características estructurales de los solicitantes de las ayudas para
cultivos herbáceos.

Sobre el sector de la avellana, responderé por escrito. Tengo la
impresión de que el desequilibrio que se ha producido --tengo la
impresión, pero tendría que analizarlo más en profundidad-- no se debe
tanto a la colocación de excedentes de los años 1992 y 1993 cuanto a la
evolución de la campaña del año pasado, mientras que las estimaciones de
producción para este año son más cortas, lo que en el caso de Turquía y
otros países podría conducir a una recuperación de las cotizaciones, pero
prefiero que lo formule por escrito y se le pueda responder con más
profundidad y con más rigor.

Sobre el Plan nacional de regadíos, en estos momentos no puedo precisarle
calendario, porque creo que algunas orientaciones de carácter general
debiéramos tenerlas en muy breve plazo, y conclusiones más en profundidad
para final de año.




--EXPONER LAS AYUDAS APROBADAS PARA EL SECTOR PESQUERO QUE FAENA EN
MARRUECOS, ASI COMO LOS BENEFICIARIOS DE LOS MISMOS. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 213/000600.)



--EXPLICAR EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE SUBVENCIONES AL SECTOR PESQUERO



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QUE FAENA EN MARRUECOS, ASI COMO A QUE COLECTIVOS AFECTA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 213/000601.)



El señor PRESIDENTE: Si les parece, pasamos a las dos siguientes
comparecencias, que, como SS. SS. conocen, son relativas a las ayudas
aprobadas para el sector pesquero que faena en Marruecos. Las dos tienen
prácticamente el mismo sentido y, por tanto, las tramitaremos
conjuntamente.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Señorías, como saben, el último acuerdo de pesca entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos finalizó el pasado día 30 de abril, una vez que las
partes signatarias, la Unión Europea y el Reino de Marruecos, decidieran
suspender la aplicación del último año inicialmente previsto como
conclusión del ejercicio de revisión a medio plazo establecido en el
propio acuerdo.

A la vista de la evolución de las negociaciones entre la Unión Europea y
el Reino de Marruecos para la firma de un nuevo acuerdo de pesca, el
Gobierno acordó, en Consejo de Ministros de 28 de abril de 1995, adoptar
un régimen de ayudas económicas a los armadores y a los tripulantes de
los buques de la flota pesquera española que operaban al amparo de dicho
acuerdo, en previsión de que se produjera un paro de la flota a partir
del 1.º de mayo de 1995 y con objeto de paliar la ausencia de ingresos
económicos durante el consiguiente período de inactividad.

Según el contenido de este acuerdo, por parte del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación se concede una ayuda económica
extraordinaria a los armadores afectados por la suspensión de la
actividad, de acuerdo con los importes fijados en el baremo de la prima
por inmovilización temporal recogido en la reglamentación comunitaria que
regula las intervenciones con carácter estructural.

Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social concede las
ayudas siguientes: una ayuda económica mensual a los tripulantes por el
importe del salario mínimo interprofesional, incrementado en la parte
correspondiente a las pagas extraordinarias. Dicha ayuda tiene carácter
de anticipo a cuenta en aquellos casos en que los tripulantes accedan al
derecho a percibir prestaciones por desempleo; en segundo lugar, una
ayuda extraordinaria a los tripulantes que no accedan al derecho a
percibir prestaciones por desempleo por un importe equivalente al de sus
cuotas de Seguridad Social, y, en tercer lugar, una ayuda extraordinaria
a los armadores afectados por la suspensión de la actividad, por un
importe equivalente al de las cuotas empresariales correspondientes al
período de inactividad y para aquellos de sus tripulantes que quedasen en
suspensión de empleo, así como aquellos que, teniendo suspendida su
relación laboral, no accedieran al derecho a percibir prestaciones por
desempleo.

El mecanismo de pago de estas ayudas se articula por meses vencidos, es
decir, en el mes de junio de 1995 se está procediendo al abono de las
ayudas correspondientes al período de paro del mes de mayo. De esta forma
los resultados de las ayudas concedidas hasta la fecha se pueden resumir
como sigue: las ayudas concedidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, correspondientes al período de paro de mayo de 1995 han
afectado a 508 buques, por una cantidad de 1.019,3 millones de pesetas;
las ayudas concedidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a
los tripulantes correspondientes al período de paro de mayo de 1995, han
afectado a 4.742 tripulantes, con un importe de 340,5 millones de
pesetas. En tercer lugar, las ayudas extraordinarias en cuotas de
Seguridad Social, para este mismo período, han alcanzado 153,6 millones
de pesetas. Por tanto, el total de ayudas destinadas a cubrir el período
de inactividad de esta flota durante el pasado mes, ha ascendido a
1.513,6 millones de pesetas.

A su vez, durante el mes de julio próximo se procederá a abonar las
ayudas correspondientes al período de paro del presente mes de junio.

Por otro lado, las condiciones que hicieron necesaria la puesta en marcha
de estas ayudas, parecen, por el momento, mantenerse. La situación de
dificultad en que se encuentra actualmente el proceso negociador aconseja
tener prevista la continuidad de estas medidas. Por ello, el Gobierno
tiene previsto adoptar en los próximos días un acuerdo de Consejo de
Ministros con la oportuna prórroga de las ayudas aprobadas el pasado día
28 de abril.

Por otra parte, y en la línea de facilitar una mejor gestión de las
ayudas y una adecuada información al sector pesquero implicado, se ha
constituido recientemente un grupo de trabajo permanente en el que
participan los Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
Trabajo y Seguridad Social, junto con los representantes de los armadores
y de los trabajadores. La labor de este grupo va más allá de la finalidad
inmediata de analizar la problemática que supone el paro de la flota
ligada al acuerdo de pesca Unión Europea-Marruecos. Su misión se extiende
a la evaluación de otras incidencias sociales producidas por el proceso
de reestructuración de la flota pesquera.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo peticionario de la
comparecencia, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Andreu
tiene la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Agradezco la información que ha dado el señor
Ministro, sobre todo en ese anuncio que ha hecho de que se va a prorrogar
la subvención que se ha venido dando durante este último mes a los
pescadores, porque el Tratado con Marruecos se encuentra en una situación
realmente complicada.

Aparte de este anuncio, creo que es oportuno manifestar al señor Ministro
que la tardanza de un acuerdo de pesca con Marruecos está haciendo que no
solamente tenga una repercusión importante sobre el sector más
directamente afectado, que son los marineros y los armadores,



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sino que está teniendo también una repercusión muy importante sobre todo
el sector que se encuentra íntimamente ligado a la extracción; es decir,
todo el sector que se dedica al desembarque de la pesca y que llega
incluso hasta la propia venta del pescado.

Nosotros somos de la opinión de que estas subvenciones que se han
otorgado en el Consejo de Ministros de 28 de abril de 1995 y que, al
parecer, según la manifestación del señor Ministro, se van a prorrogar en
un futuro Consejo de Ministros, deben extenderse más allá de lo que es
puramente el sector extractivo en la mar, porque, si no, nos podemos
encontrar con situaciones socialmente muy preocupantes, que están
afectando a poblaciones enteras, como son los casos de Almería y
Algeciras, poblaciones que dependen de forma importante de la extracción
del pescado en Marruecos.

Además de solicitar que estas subvenciones lleguen más lejos que al mero
sector extractivo, nosotros quisiéramos que nos explicara cuáles son las
dificultades que están teniendo las negociaciones y la posibilidad de
acuerdo con Marruecos para que haga un vaticinio tan pesimista. Nos
gustaría saber cuáles son exactamente esas dificultades con que se está
tropezando en la negociación, porque esto nos hará tener una opinión más
clara sobre cuáles son las auténticas posibilidades que tiene el sector
de la pesca en un futuro para faenar en aguas marroquíes.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en este debate?
(Pausa.) En nombre el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández de
Mesa tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, señorías,
señor Ministro, realmente 57 días después de que se haya amarrado nuestra
flota en nuestros caladeros porque no pueden continuar faenando en
Marruecos, que venga usted a esta primera comparecencia ante la Cámara,
en la Comisión de Agricultura, y se limite exclusivamente a hablarnos de
las cifras puntuales que se han venido distribuyendo y que ha venido
aprobando el Consejo de Ministros, es realmente insólito. Lo lógico
sería, señor Ministro, que a voluntad propia, ya que a requerimiento de
los grupos de la oposición todavía no lo ha hecho, y por propia
iniciativa usted informara hoy de algo más que de estas cifras que todos
conocemos y hemos leído en el «Boletín Oficial del Estado».

Otra cosa completamente diferente sería que usted nos explicara cuántas
de estas ayudas se han pagado y si en este momento todos los armadores,
que eran los que estaban pendientes del cobro, cobrarán o no.

Es decir, independientemente de que saludemos esta medida que ha adoptado
el Gobierno en su Consejo de Ministros, nos gustaría decir también que
nosotros no podemos entender que el Gobierno no haya realizado (o si lo
ha realizado no lo ha explicado, porque hasta este momento no han hablado
ustedes más que a través de los medios de comunicación) alguna gestión
para que esas cuantiosas ayudas de muchos miles de millones de pesetas se
cobren en el mes de mayo y probablemente en el mes de junio; que se haga
cargo la Unión Europea, a través de esos fondos que se está abonando, de
alguna manera, por el alquiler del caladero para que faenara allí la
flota de la Unión Europea, de esto que es costosísimo para España y para
unos presupuestos que realmente no son boyantes.

Por eso, señor Ministro, a nosotros nos llama poderosamente la atención
que en esta primera oportunidad que se le brinda desde la Comisión de
Agricultura, Pesca y Alimentación usted no diga algo más de lo que ha
dicho hasta este momento. Porque la situación social que vive en estos
momentos el sector en Andalucía o en Galicia es realmente grave, y no
parece que haya soluciones no sólo desde el punto de vista de la
negociación, sino desde el punto de vista de acabar con los problemas que
allí están planteados. Es realmente patético y grave, señor Ministro, que
a estas alturas nadie conozca, por boca de los representantes del
Gobierno, dónde está el listón a partir del cual el Gobierno español no
está dispuesto a bajar. Eso nos gustaría saberlo.

Si hay algo cierto en todo esto es que Marruecos, en el año 1992,
consiguió un acuerdo muy favorable por cuatro años, con unas
contraprestaciones económicas muy altas que no vamos a volver a repetir;
con unas medidas de control rigurosísimas que han padecido todos nuestros
pescadores y con un total dominio de la situación.

Despupes de tres años de aplicación de este convenio se produce esta
ruptura. En algunos sectores parece que no gusta la expresión expulsión
del caladero. Llámese como se quiera; si no se puede decir expulsión, no
se diga. Lo único que sí tenemos todos muy claro es que Marruecos, en un
momento determinado, plantea a una de las partes la suspensión de ese
convenio y la otra parte acepta, sin poner encima de la mesa el resto de
las compensaciones de carácter comercial que existen en este momento con
el Reino de Marruecos y que son realmente ventajosas para ellos.

Señor Ministro, para hacer unas preguntas concretas en esta primera
comparecencia que tenemos oportunidad de celebrar, nos gustaría saber,
independientemente de las dilaciones en el tiempo de las diferentes
reuniones mantenidas, si esa reducción de posibilidades de pesca que
pretende Marruecos va a ser a partir de las capturas realizadas o de las
posibilidades reales de pesca que tiene España. Nos gustaría tener datos
concretos para poder empezar a apoyar al Gobierno en sus reivindicaciones
--no le quepa la menor duda que va a tener ese apoyo--, pero también para
saber dónde y hasta dónde podemos prestar este apoyo, que, desde luego,
será íntegro en favor de las reivindicaciones de los pescadores
españoles.

Si esas reducciones de las posibilidades de pesca se refieren al 50 por
ciento para la flota de arrastre, al 75 por ciento para la flota de
cefalópodos; al 30 por ciento para la flota del palangre; a la supresión
del cerco del norte; a la supresión de la flota de merluza negra; a la
supresión de la flota de mersal; a que la flota del cerco sur pase a la
zona C, es decir, todavía mucho más al sur; al desembarque obligatorio en
Marruecos del cien por cien de crustáceos y cefalópodos y de parte del
palangre; al incremento de un 35 por ciento en el embarque de marineros,
y se duplican



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los cánones por licencia, realmente hasta ahí estamos todos de acuerdo en
que es un planteamiento totalmente inaceptable. También nos gustaría
saber, señor Ministro, para empezar a negociar, hasta dónde vamos a poder
llegar, porque no cabe la menor duda de que si hay algo que tiene todo el
mundo claro es que reducción va a tener que haber.

Conoce el Grupo Parlamentario Popular, de la misma manera que el
Gobierno, que en opinión de la Comisión el futuro acuerdo va a tener que
pasar necesariamente por la reducción importante de las posibilidades de
pesca de la flota cefalopodera. Nos gustaría saber en este momento qué
previsiones tiene el Gobierno español para este excedente de flota. Nos
gustaría saber también si hay algunas medidas concretas, señor Ministro,
para que esta parte que va a ser objeto de reducción de la flota pueda
entrar a formar parte de empresas o sociedades mixtas. ¿Qué gestiones
está realizando el Gobierno a estas alturas para que esto pueda ser?
También existe la posibilidad, señor Ministro, de conseguir entre 20 y 22
licencias en aguas de Mauritania, puesto que a finales del mes de junio
se va a reunir la Comisión Mixta, y está dispuesta, por lo que nosotros
conocemos, a plantear esta petición al amparo del acuerdo de pesca entre
la Unión y Mauritania. En la actualidad hay varios países, como Japón,
Corea y Rusia, que están presentes en ese caladero faenando y pescando
cefalópodos, y nos gustaría saber, señor Ministro, qué caminos ha abierto
el Gobierno para alcanzar algún tipo de acuerdo o relación bilateral para
tratar de conseguir que estas 20 ó 22 licencias puedan ser realmente
efectivas.

¿Ha planteado el Gobierno en el Consejo de la Unión Europea, ante esa
evidencia de que va a haber una reducción inevitable de la flota, algún
plan especial de reestructuración que, sufragado con fondos comunitarios
extraordinarios, pueda tener algún viso de realidad?
Nos gustaría que el Ministro de Agricultura en esta primera comparecencia
realizara un análisis de la situación actual. Probablemente, por el
Consejo de Ministros, puede que el señor Ministro de Agricultura y
conozca --y nos agrada-- el contenido de la visita del Ministro de
Asuntos Exteriores, desplazado durante la semana pasada al Reino de
Marruecos. Yo estoy convencido de que llevaba en la cartera algún asunto
del tema pesquero, sin ninguna duda. Pero, señor Ministro, de la misma
manera que ha habido alguna relación bilateral entre el Reino de
Marruecos y España por el desplazamiento de su Ministro de Interior a
España para garantizar el paso del Estrecho, ¿qué tipo de cuestiones ha
planteado el Gobierno en ese sentido ante el Reino de Marruecos?
En definitiva, señor Ministro, nos gustaría saber cuáles son las
previsiones que tiene el Gobierno y si es que se están realizando algunas
de las gestiones --y termino-- planteadas en las proposiciones no de ley
en el Congreso de los Diputados y aprobadas por unanimidad, si el
Gobierno está dispuesto a cumplimentarlas de alguna manera.

Yo sé bien, señor Presidente, y agradezco su benevolencia, que la
comparecencia no está planteada en los términos en que yo me he expreado,
pero parecería inadmisible, no sólo para esta Cámara sino para el propio
sector, que en la primera comparecencia pública que hay en el Congreso de
los Diputados para hablar del tema de Marruecos ni siquiera se plantee el
estado actual de la cuestión ni se dé una explicación, por parte del
Gobierno, de cuáles son las previsiones que tiene en el futuro.




El señor PRESIDENTE: Creo que los reglamentos y los órdenes del día están
para ser cumplidos. Dado que las preguntas que planteaba S. S. estaban en
estrecha relación con el tema, incluso pienso que ha expuesto el
contenido de lo que sería su petición de comparecencia que se formuló con
fechas posteriores y que por distintos motivos no pudo figurar en el
orden del día de hoy, el Presidente no le ha llamado al orden, porque
estaba, repito, dentro de la cuestión.

El problema es que, en cierta manera, el grupo proponente de las
comparecencias u otros grupos podrían formular preguntas en sentido
similar, y en ese aspecto comprendo que tanto el señor Andreu en nombre
de su Grupo Parlamentario, como otros grupos puedan formular nuevas
preguntas, pero hay que entender también que al señor Ministro le hemos
solicitado la comparecencia para que informe sobre los extremos que
estaban en el orden del día.

En este sentido, rogaría a los grupos --y le daré la palabra al señor
Andreu por si quiere formular alguna pregunta y a los demás grupos
también-- que tengan en cuenta que el señor Ministro, en función de las
posibilidades del tiempo, podrá contestar o no a algunas de estas
cuestiones que se han formulado al margen de la petición de
comparecencia.

Señor Andreu, tiene la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, renuncio a hacer más preguntas,
aunque de lo que se trata es de conseguir para la opinión pública la
mayor claridad.

Creo que lo correcto hubiera sido que el señor Ministro respondiera a las
cuestiones que ha planteado mi Grupo Parlamenario y que, con
posterioridad, se hubieran posicionado los otros grupos. Pero como no se
trata de que mi Grupo tenga un mayor protagonismo ni de quedar como los
más listos de la reunión, simplemente solicitaría que el señor Ministro
me respondiera a estas preguntas para que tanto mi Grupo como el resto de
los grupos parlamentarios pudiéramos opinar al respecto.




El señor PRESIDENTE: El señor Vidal, en nombre del Grupo Catalán de
Convegència i Unió, tiene la palabra.




El señor VIDAL I SARDO: Señor Ministro, voy a ser muy breve.

Respecto a este grave problema de la pesca que esta Comisión y el Pleno
del Congreso han abordado de forma casi exclusiva en los últimos meses,
nos encontramos con un antecedente al que forzosamente tenemos que hacer
referencia, al conflicto del fletán negro en Terranova, en el que,
teniendo todas las razones jurídicas y biológicas a favor de nuestro
país, perdimos la batalla de la imagen, y con ella la solidaridad del
resto de países europeos que no quisieron



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apoyar la negociación con medidas de presión a Canada.

Con este precedente tiene una cierta lógica lo que acontece respecto al
contencioso con Marruecos, en el que además de dos meses de amarre de
toda la flota no se vislumbra ningún progreso ni debilitamiento de las
disparatadas pretensiones de Marruecos, que presiona mucho y negocia poco
mientras los representantes europeos lo basan todo en el más angelical
proceso negociador, y mientras tanto se permite a Marruecos que exporte
directa y abundantemente a toda Europa sus productos pesqueros.

Se diría que el Gobierno no ha logrado hacer comprender al resto de los
países europeos que el sector pesquero español es el segundo más
importante del mundo y que tanto por consumo interno como por ser un
sector estratégico económico, pero esencialmente social, precisa seguir
faenando en unas aguas en las que tenemos derechos adquiridos tan sólidos
como los del propio Rey de Marruecos.

La presión que realizan nuestros pescadores intenta suplir la que no han
sabido lograr los negociadores comunitarios.

¿Cómo piensa el señor Ministro que podrá evolucionar la negociación
después de anunciar, por lo menos esto es lo que conoce nuestro Grupo
Parlamentario, que España podría renunciar de nuevo a otro 15 por ciento
del volumen de capturas, eso después de haber reducido esas capturas en
los últimos años alrededor de un 50 por ciento? Desearíamos someter a su
consideración una posible consecuencia del problema, cualquiera que sea
el resultado final de estas negociaciones.

Nos preocupa, lógicamente, la solución del contencioso pesquero con
Marruecos por su importancia en sí mismo, especialmente por el colectivo
profesional transformador al que afecta directamente, pero también por un
peligro que subyace en el resultado de estas negociaciones, que
significaría que muchos de estos pescadores se vieran forzados a
trasladarse a otras áreas, a otros caladeros, y en estos caladeros se
incrementaría la presión extractiva sobre la explotación que haría
fracasar actuales equilibrios conservacionistas mantenidos con muchos
sacrificios.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Coalición Canaria, el señor
Mardones tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor Ministro por su
comparecencia y la información al respecto.

Me voy a circunscribir fundamentalmente al contenido de la comparecencia
en el ámbito solicitado por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y a ese respecto le hago la siguiente
pregunta, señor Ministro. El acuerdo que han tomado ustedes en Consejo de
Ministros de prorrogar las ayudas y subvenciones al sector pesquero por
esta parada, ¿lleva implícito un proyecto de ley del Gobierno de crédito
extraordinario? Es decir, las partidas que van a comprender la prórroga
de la ayuda, dada su cuantía económica, de qué parte presupuestaria van a
ser extraídas y si será preciso la concesión y la aprobación aquí, en el
Parlamento, de un proyecto de ley de crédito extraordinario al respecto.

Mi segunda cuestión, señor Ministro, es congratularme de que funcione el
grupo de trabajo permanente. Creo que es una buena ayuda para que al
menos haya un lugar de encuentro entre los distintos sectores de la
Administración del Estado comprometidos, los armadores y los
representantes de los pescadores, de las cofradías.

De la enumeración que ha hecho el señor Ministro me ha parecido
entenderle una serie de organismos o representaciones ministeriales y
después del sector armador. ¿No está previsto, señor Ministro, que a ese
grupo de trabajo permanente se puedan incorporar consejeros de pesca de
las comunidades autónomas más afectadas por esta casuística para que
hagan sus aportaciones correspondientes, porque creo que sería bueno para
armonizar? Digo esto porque, por ejemplo, en Coalición Canaria tomamos
buena nota de la preocupación que surgió en un momento determinado estas
semanas atrás en el archipiélago de que, tal vez por algún malentendido
de prensa, la Comunidad Autónoma de Andalucía hubiera planteado que el
sector pesquero canario cediera algo que por no estar explicitado en
ningún lugar de encuentro oficial, ha dado origen a preocupaciones que
nos han trasladado a los parlamentarios canarios los sectores pesqueros
afectados. Igual sucede con las contraprestaciones agrícolas. Pero me
refería exclusivamente --porque no quiero traer aquí ahora el tema de las
contraprestaciones agrícolas para no complicar el tema-- a que si alguien
dijera que hay que reducir licencias sobre la base de la matrícula
pesquera, explicite si se retraen y se reducen de una comunidad autónoma
frente a otra.

Mi tercera pregunta es respecto a la flota de cefalópodos, dado que es la
que tiene en este momento para los puertos el sector canario y, sobre
todo, dadas las comunicaciones que hemos recibido de Anacef, de su
asociación representativas de los armadores de buques para la captura de
cefalópodos. Querría saber si el tipo de ayudas que se están haciendo son
solamente las aprobadas sobre pesca o si se ha tenido en cuenta también
--y le pregunto, señor Ministro-- una supresión o reducción de las
tarifas portuarias. La flota pesquera, como usted bien conoce, por su
tamaño no es igual que determinado tipo de arrastre, que actúa en régimen
de semifondeadero o que no utiliza amarres en línea portuaria de
atraques, sino que incluso los abarloan. La flota de cefalópodos emplea
amarres en línea portuaria. No sé en este momento si hay una previsión de
que por la Administración de Puertos de Estado se les reduzca o se les
anule la tarifa de aparcamiento portuario.

Finalmente, señor Ministro, a la vista de la noticia que hemos recibido
hoy de que en la Cumbre de Cannes se consigue, por presión española --y
creo que todos tendríamos que congratularnos--, que en la distribución de
ayudas de la Comunidad entre países del Este haya una sustancial
equiparación con la subvenciones a países del Magreb --y estaríamos
hablando aquí del Mediterráneo--, aunque no lo ha explicitado en sus
declaraciones de prensa el señor Presidente del Gobierno, podríamos
entender que eso significaría, dado que Marruecos sigue recibiendo la



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subvenciones comunitarias por las compensaciones a los acuerdos de pesca
--que no sé en estos momentos cómo están, debería aclararlo el señor
Ministro--; podría significar, repito, que Marruecos se avenga a volver a
sentarse en la Mesa y reducir, como bien ha dicho el portavoz del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), las impresentables e inadmisibles
reclamaciones marroquíes. No hay manera, sensatamente, de poder hacer
ninguna negociacicón en esa hipótesis de máximos que plantea Marruecos,
ya que España tendría que replantearse toda una serie de relaciones
políticas y comerciales con Marruecos, incluidas las agrícolas por
supuesto, y este portavoz, desde luego, estaría dispuesto a que se
revisaran los acuerdos, incluso de los cupos de tomate.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Moragues.




El señor MORAGUES GOMILA: En primer lugar, quiero agradecer la
comparecencia del señor Ministro en la Comisión.

Me parece importante el tema que se ha tratado, sobre todo porque permite
desmontar una de esas ideas que corren, como ha dicho en otra ocasión el
Ministro, entre la opinión pública de que las ayudas sociales o se
gestionan mal, o llegan tarde, o no existen. Creo que hoy el Ministro,
aunque sucintamente, ha podido demostrar que no es así, que las ayudas
existen y que, además, se aplican de forma coordinada para los armadores,
pero también para los trabajadores. Por tanto, una primera idea que me
parece importante que se haya dejado clara es que no es cierto que no
existan esas ayudas y no escierto que se gestionen preferentemente para
alguno de los grupos implicados en el sector extractivo. La forma como se
han gestionado todas estas ayudas al sector ha sido ideal en esta
ocasión. Se han aprobado por primera vez ayudas antes de que la flota
fuera amarrada en los puertos. Esto, repito, es la primera vez que ocurre
y es importante que se diga.

Es cierto que ha existido descoordinación en otros episodios de
características parecidas, en otros amarres de flota u otras ayudas,
etcétera, pero esperamos que la experiencia de esta ocasión, y sobre todo
de la constitución del grupo de trabajo en que participan por la
Administración los dos ministerios implicados, como son el de Agricultura
y Pesca y el de Trabajo y Seguridad Social, además de los representantes
de los armadores y de los trabajadores, hagan posible que episodios, como
digo, de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.

Nos alegra sobremanera el acuerdo del Consejo de Ministros de Pesca que
se tomó el 15 de junio pasado en relación con la promulgación de un
reglamento comunitario de ayudas sociales a las tripulaciones afectadas
por los procesos de reestructuración. Nos parece sumamente importante
porque hasta ahora estos procesos de reestructuración y los costos
sociales derivados del amarre de la flota solamente iban con cargo a los
Presupuestos del Estado.

En este estado de cosas le preguntaría al Ministro si una vez anunciada
la prórroga de este acuerdo, que permite atender las necesidades básicas
de la flota amarrada, vamos a intentar negociar nuevamente con la Unión
Europea, como ya hicimos en su momento, la posibilidad de coparticipación
de fondos comunitarios en los costos sociales y empresariales que tiene
planteados en estos momentos la flota.

Para terminar, señor Ministro, y aunque sabemos que no es objeto de esta
comparecencia, como ya ha explicado el propio Presidente de la Comisión,
nos gustaría, como han hecho otros portavoces de grupos parlamentarios,
que ante la posibilidad de contar con un interlocutor tan privilegiado
como es el Ministro, que pudiera darnos contestación a lo que ha
expuesto, yo creo que muy bien, el portavoz solicitante de la
comparecencia, y que de alguna manera creo que compartimos todos los
grupos de la Cámara, sobre las dificultades que ve el Ministro para que
este acuerdo, tan deseado por todos, pueda finalizar en un plazo breve de
tiempo, y si es verdad, como ha apuntado el portavoz, señor Andreu, que
hay previsiones tan pesimistas que hagan que el Ministro pueda realizar
unos vaticinios de este tenor.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
En primer lugar, quiero confirmar la próxima adopción por el Consejo de
Ministros del acuerdo de prórroga de las ayudas y clarificar a alguno de
los intervinientes que no es la primera comparecencia en esta Cámara en
que se habla del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos; es la
primera comparecencia en la Comisión desde que se iniciaron las
negociaciones, pero no la primera comparecencia en esta Cámara, ya que ha
habido diferentes intervenciones públicas en Pleno sobre este tema.

Sobre la incidencia de este problema en otros sectores, tengo que decir,
primero, que la incidencia de la parada, por inducción, sobre sectores
indirectos es difícil de precisar, entre otras cosas porque los sectores
tienen acceso a otras descargas y al tráfico de otras producciones
procedentes de aguas de caladeros nacionales de forma muy importante y no
solamente del caladero de Marruecos. Pero, en cualquier caso, creo que
ésta es una responsabilidad que ya le he reiterado en más de una ocasión
que deben afrontar las comunidades autónomas correspondientes, que son
las responsables en materia de comercialización y transformación de
productos pesqueros eventualmente.

En relación con las dificultades del proceso negociador no he realizado
un vaticinio pesimista. Las dificultades del proceso de negociación entre
la Unión Europea y Marruecos hay que situarlas en un marco de dificultad
en el conjunto de las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos,
marco de dificultad que se ha traducido en un retraso en las
negociaciones sobre el acuerdo de asociación y en situaciones de bloqueo
en otros muchos aspectos de la colaboración bilateral entre la Unión
Europea y Marruecos en otros campos. Se ha producido un enrarecimiento de
las relaciones desde hace meses, que ha hecho que el marco de la
renegociación del acuerdo pesquero no se haya visto



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favorecido por el clima general de relaciones entre la Unión Europea y
Marruecos, sino al contrario, quizá se ha visto perjudicado por ese clima
de carácter general.

Creo, también, que las tensiones, los conflictos que se han producido en
algunas zonas del sur de España no han favorecido, en absoluto, el normal
desarrollo de las negociaciones. han servido de excusa, han creado un
clima más enrarecido si cabe, han provocado retrasos en las negociaciones
y, como digo, enrarecimiento del clima negociador, pero, en fin, no soy
pesimista sobre el resultado final. Creo que se va a producir --no me
atrevo a decir con qué calendario-- una recuperación del clima de
diálogo, que se van a retomar las negociaciones con el espíritu de llegar
a un acuerdo lo más pronto y lo más satisfactorio posible para nuestros
intereses.

La visita del Ministro de Asuntos Exteriores a Marruecos hay que
enmarcarla en el conjunto global de las relaciones entre España y el
Reino de Marruecos, con el fin también de contribuir a mejorar el
ambiente, a despejar el panorama, a despejar malentendidos, a impulsar
mecanismos de cooperación de carácter bilateral que contribuyan a mejorar
el ambiente en una negociación; en cualquier caso, es una negociación
entre la Unión Europea y Marruecos y, por tanto, hay que separar el
ámbito estrictamente pesquero, que es responsabilidad de la Unión Europea
en su negociación con el Reino de Marruecos, de los deseos del Gobierno
español de contribuir, en el ámbito general, a una mayor fluidez y a un
mejor entendimiento entre España y el Reino de Marruecos.

Quiero decirle al señor Fernández de Mesa que siento mucho no poder
manifestar dónde está el listón. No hay ningún negociador que explicite
dónde está el límite de sus negociaciones cuando se presenta en una mesa
de negociación; ese límite se convertiría en el punto de partida de la
negociación para el interlocutor y, por tanto, eso no se puede desvelar
en ningún caso.

Quiero decir que desde la posición de la Unión Europea sobre cuál es el
punto de partida son las posibilidades del acuerdo, y no la posibilidad
efectivamente utilizada de ese acuerdo, porque en algunas pesquerías el
grado de utilización de las posibilidades del acuerdo ha sido
notablemente por debajo del 100 por ciento. En algunas pesquerías el
nivel de utilización se ha acercado al 70 por ciento de las posibilidades
globales del acuerdo, como consecuencia de diferentes factores, entre
otros, del esfuerzo de reducción, de reestructuración, de reorientación
hacia otros caladeros que se ha producido con esa flota. Pero no podemos
decir dónde está el listón; el listón está en que aceptamos, como yo creo
que aceptan todos los grupos de la Cámara y el propio sector, un ajuste
de carácter no traumático, y, en ese sentido, estamos trabajando con los
sectores sobre alternativas para ese ajuste. Algunos buques están
apuntados a programas de planes de reestructuración, otros desean verse
reorientados hacia el caladero nacional, y eso hay que verlo en el marco
de las posibilidades del acuerdo final y no adelantarnos para no
debilitar el proceso negociador; otros están interesados en el acceso a
caladeros de terceros países o a caladeros del propio Marruecos, a través
de empresas mixtas, etcétera.

Estamos trabajando con los sectores en todas estas líneas para conseguir
que cuando se produzca el acuerdo sea un acuerdo que, aunque suponga una
reducción en las posibilidades reales de pesca, esa reducción sea de
carácter no traumático para estas flotas, por la cuantía y por su
escalonamiento en el tiempo.

Yo creo que hay que entender las relaciones internacionales y las
relaciones comerciales entre la Unión Europea y terceros países, como las
relaciones entre España y terceros países, para saber que esas relaciones
se realizan en el marco de acuerdos bilaterales o de acuerdos
multilaterales que hay que respetar, y no es posible quebrantar un
acuerdo de carácter multilateral por vinculación a un acuerdo de carácter
bilateral; es decir, que hay algunas concesiones directamente vinculadas
al acuerdo de pesca con Marruecos que decaen en el momento en el que se
produce una situación de parálisis de ese acuerdo, las concesiones en
materia de conserva de sardinas son un ejemplo, o las contrapartidas
financieras son un ejemplo --por cierto, las de conserva de sardinas que
están generando, como ustedes saben, también elementos adicionales de
tensión en las relaciones con Marruecos-- y otras concesiones de carácter
comercial relacionadas con acuerdos ya sean multilaterales o ya sean
bilaterales en vigor y no denunciados por ninguna de las partes, que no
pueden ser utilizados como elementos de chantaje, salvo que se prevea los
mecanismos de revisión de cada uno de esos acuerdos. Por eso, creo que en
estos momentos se están utilizando los instrumentos previstos en el marco
de los acuerdos de pesca, tanto de carácter financiero como las
concesiones de carácter comercial previstas en el acuerdo de pesca
expresamente.

Sobre los derechos adquiridos en aguas de terceros países, desde que se
produjo la ampliación de las zonas económicas exclusivas a las 200 millas
por parte de todos los países se perdieron los derechos históricos y no
existen más derechos históricos que los que resulten del proceso de
negociación para el acceso a aguas de esos países. Y en este caso no
podemos olvidar que se trata del acceso a aguas de un país que tiene que
encontrar lógicamente un equilibrio entre lo que da y lo que recibe,
entre la apertura de sus aguas para el acceso a flota, una flota de la
Unión Europea, y las contrapartidas de carácter comercial o financiero
que se establezcan en el propio acuerdo.

Si la prórroga de las ayudas representa crédito extraordinario. Depende;
en principio está previsto realizarse como estaba previsto con
transferencias presupuestarias, pero no puedo responderle, si este
proceso se prolonga, que espero que se prolongue lo menos posible, si va
a ser necesario o no; yo creo que no hay que excluir la posibilidad de
que sea necesario un crédito extraordinario.

En lo que se refiere a la participación de las comunidades autónomas, se
está produciendo una participación muy intensa de carácter bilateral
entre la Administración pesquera y cada una de las comunidades autónomas
y yo creo que no ganamos nada con ese empeño entre las comunidades
autónomas de intentar empujar y desplazar el ajuste hacia las otras;
sobre todo, plantearlo en términos de unas comunidades autónomas o de
otras. Yo creo que tiene más



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sentido plantearlo en términos de flotas más dependientes de caladero o
con más posibilidades para acceder a otros caladeros, ya sea caladero
nacional, ya sean caladeros de terceros países, con más flexibilidad o
con más capacidad de reacción.

Quiero aclarar que en estos momentos Marruecos no percibe las
compensaciones financieras previstas en el Acuerdo; se ha producido una
suspensión.

¿En qué medida las decisiones de la Cumbre de Cannes pueden contribuir a
mejorar el clima? Creo que es un elemento positivo en el conjunto de las
relaciones con el sur del Mediterráneo, que debiera contribuir a
mejorarlo, pero también es cierto que a lo largo de los últimos meses las
relaciones entre la Unión Europea y otros países del norte de Africa
habían avanzado con más fluidez que con Marruecos, en lo que se refiere a
los acuerdos. Hay un problema singular, me da la impresión, en las
relaciones entre la Unión Europea y Marruecos, además del problema
general de las relaciones entre la Unión Europea y la ribera sur del
Mediterráneo, sobre las presiones producidas en las tarifas portuarias,
pero no lo conozco y, por tanto, no puedo pronunciarme al respecto.

Los pagos. Quizá, a diferencia de lo que ha sucedido en otras ocasiones,
esta vez hemos hecho un esfuerzo muy especial para acelerar al máximo el
pago de las ayudas a los trabajadores. Se pagaron en los primeros días
del mes de junio, a mes vencido, y se pagarán en los primeros días de
este mes. Y a pesar de todo hemos hecho un esfuerzo muy importante para
acelerar el pago de las ayudas a los armadores. Hay que recordar, con
«mea culpa», que las ayudas por el cambio de redes de monofilamento se
han pagado con varios meses de retraso y, sin embargo, las ayudas a los
armadores se están pagando estos días. Creo recordar que en algunos casos
se han producido retrasos como consecuencia de que las propias
asociaciones de armadores, que a veces agrupan los datos de sus
afiliados, han tardado tiempo en formalizar las peticiones. Hace unos
días firmé las de Anacef, que habían tardado en presentar sus
solicitudes, y se están pagando estos días, y se terminarán de pagar las
ayudas de los armadores correspondientes al mes de mayo en los próximos
días. También espero que para la segunda mensualidad el proceso esté más
engrasado y se paguen con normalidad, a comienzos de julio las de los
trabajadores y de forma inmediata las de los armadores.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Agotado el orden del día... (El señor Andreu Andreu pide la palabra.)
Señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, creía que los grupos teníamos
una posibilidad de intervención.




El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, le he dado la palabra con
anterioridad, por si quería hacer uso de ella. De todos modos, no hay
inconveniente alguno, si hay alguna precisión que quiera hacer en este
momento, puede hacerla, señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Disculpe, señor Presidente, pero parece que
todavía no sé cómo se produce la sustanciación de una comparecencia. El
que renunciara a intervenir en su momento se entendía que renunciaba a
intervenir a preguntar, no a comentar la intervención del señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, en todas las comparecencias el trámite
es idéntico. Hay una intervención del señor Ministro, una intervención,
en primer lugar, del peticionario de la comparecencia, luego intervienen
los demás grupos para fijar su posición sobre la misma y termina siempre
el señor Ministro. Aunque no es demasiado usual en este Parlamento, si
hay alguna precisión concreta que quiera hacer alguno de los grupos,
normalmente esta Presidencia les da la palabra. En ese sentido se la
daría, pero no para reabrir el debate, que creo que, en general, ha sido
suficientemente contestado por parte del señor Ministro. Señor Andreu, si
para este tipo de precisiones quiere la palabra, se la doy por un minuto.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Ministro, seré breve, para no interferir,
aunque discúlpeme, señor Presidente, que piense que el trámite no ha sido
correcto.

Simplemente quiero decirle que considero que puede ser perfectamente
censado hasta qué punto llega la parada de la flota, que claramente
afecta a los estibadores de los puertos que dependen exclusivamente de
Marruecos. En ese sentido, creo que se podría extender perfectamente la
ayuda.

Considero, señor Ministro, que se podía explicar con mucha mayor claridad
lo que realmente está sucediendo en las conversaciones con Marruecos; que
realmente la señora Bonino se ha vuelto porque Marruecos está hablando de
muchas otras cosas, además de la pesca, y que Marruecos está utilizando a
los pescadores españoles, y muy fundamentalmente a los del sur, como
rehenes de unas negociaciones en las que se están planteando otro tipo de
cosas.

Sería bueno decir eso para que hubiera mayor claridad y para que se
entendiesen mucho mejor las situaciones que se están viviendo en los
puertos del sur. Sin justificar que haya actuaciones violentas --no las
justificamos de ninguna de las maneras--, ante la respuesta que ha dado
Marruecos, que en muchas ocasiones ha planteado incluso la parada como
una forma de presión ante la Unión Europea, que se entienda también que
son formas de presión en respuesta a las que ha planteado Marruecos. (El
señor Fernández de Mesa y Díaz del Río pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, creo que el procedimiento
está perfectamente establecido en el Reglamento. En este caso, era un
trámite estrictamente de precisiones. Yo comprendo que es un tema
apasionante, que está vivo; estamos en el momento y surgen las preguntas
en función de la propia respuesta del señor Ministro. Es un tema muy
dinámico y lo entiendo perfectamente.




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Le ruego la máxima brevedad. Yo comprendo la viveza del tema, pero hay un
trámite parlamentario y unos tiempos que hay que respetar. Un minuto.




El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Muchas gracias, señor
Presidente, controlo un minuto.

Señor Ministro, agradezco sus explicaciones fuera del orden del día y
lamento haber podido molestar a algún grupo parlamentario por haber
planteado la cuestión en su conjunto, pero ni yo ni mi Grupo
Parlamentario, ni probablemente la sociedad, entenderíamos que lo que
usted va a explicar dentro de diez minutos a preguntas de la prensa fuera
de estas puertas no pudiera contarlo aquí dentro esta mañana.

En cuanto a lo del listón, quiero decirle simplemente que ha habido
declaraciones muy duras y preocupantes por parte de la comisaria Bonino,
que hace necesario que alguien de la Administración, en este caso el
Gobierno, tranquilice de alguna manera al sector.

Por último, quiero decirle, señor Ministro, que se ha olvidado de
contestarme si es posible o no que las compensaciones comunitarias no
hagan que España tenga que repercutir en sus presupuestos esas ayudas que
se están dando ahora mismo al sector y que pudieran venir, vía
presupuestaria, de la Comunidad Europea, de esos 102 millones de ecus que
globalmente estaba abonando a Marruecos la Unión Europea.

Muchas gracias, señor Presidente, por su benevolencia y gracias, señor
Ministro, por su comparecencia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Sobre las declaraciones que se producen respecto a esta negociación, me
parece que todas son excesivas y están favoreciendo poco al propio
proceso de negociación. Hablo en general. No creo que sea posible
desarrollar un proceso negociador de esta complejidad, de esta magnitud y
con la sensibilidad de las opiniones públicas tal y como se manifiesta
transmitida por los medios de comunicación. Esto está siendo
característico de las negociaciones en materia pesquera, que no lo es en
las negociaciones de ningún otro sector. Es algo que debiéramos
preguntarnos. Yo lo he planteado en más de una ocasión en la Comisión
Europea. No es posible tener un mecanismo de conversaciones en el que
estén produciéndose tantos mensajes, tantas fugas de información, tantos
conocimientos de posiciones, teóricas o reales, sobre la mesa de
negociación, que no hacen más que enturbiar la propia marcha de las
negociaciones.

En cuanto a de dónde pueden proceder las ayudas, puede ser del IFOP, de
presupuestos nacionales o de otras líneas comunitarias. Los servicios
jurídicos de la Comisión han dicho que, hoy por hoy, era imposible
utilizar esa partida para la compensación de la parada de la flota, lo
que quiere decir que si el Parlamento Europeo no aprueba una modificación
presupuestaria, no es posible realizarlo. Eso depende de la decisión que
adopte el Parlamento Europeo.

Sobre los sectores inducidos, no puedo posicionarme. De la globalización,
puedo decir que en ningún momento el Gobierno de Marruecos ha planteado
una globalización de las negociaciones. Esa es la situación. Todos
podemos pensar que esta negociación se enmarca en un contexto de
relaciones globales y que el clima está condicionado por ellas. Pero en
ningún momento ha habido una explicitación, cualquiera, de
reivindicaciones en otros campos que no sea el estrictamente pesquero.

Entre otras cosas, esto es lo que está provocando un enrocamiento de
posiciones, una mayor dificultad.

Lo mismo ocurre con algunas especulaciones que se han hecho sobre si se
intentaba aislar a España; tampoco se ha reflejado ninguna posición de
Marruecos tendente a aislar a España, teniendo en cuenta que Portugal
está implicada solamente con un subsector pesquero y, sin embargo, no ha
habido ninguna concesión adicional para ese subsector, teniendo en cuenta
también que pudiera ser un subsector menos afectado por las discrepancias
al final del proceso negociador. Esto quiere decir que las posiciones
están en una fase más política que estrictamente pesquera, por
simplificar, más que de rigidez de posiciones, y yo creo que la
flexibilización de esas posiciones no está siendo facilitada por los
conflictos y por las tensiones que se han producido en el sur de España.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las dos y veinte minutos de la tarde.