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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 534, de 23/06/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 534
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 38
celebrada el viernes, 23 de junio de 1995
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre medidas para evitar el cierre de la Azucarera de San Rafael,
ubicada en Villarrubia (Córdoba). Presentada por los Grupos
Parlamentarios: Popular y Federal IU-IC. (Número de expediente
161/000398). (Página 16262)
--Relativa a la modificación del artículo 10 del Real Decreto 2550/1994,
de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa eléctrica para
1995, así como la Orden de 20 de enero de 1995, del Ministerio de
Industria y Energía, que regula los programas de gestión de la demanda
eléctrica. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número
de expediente 161/000447). (Página 16267)
--Relativa a la situación de la empresa Alcatel-Standard. Presentada por
el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 161/000448).
(Página 16270)
--Sobre el traslado de depósitos de la antigua Compañía Arrendataria del
Monopolio de Petróleos, S. A. (CAMPSA), de Tarragona. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000451). (Página 16270)
--Para diseñar un plan para erradicar de los núcleos urbanos los tendidos
aéreos de alta tensión. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 161/000479). (Página 16273)
--Debate y votación, en su caso, de las propuestas de resolución
presentadas por los distintos Grupos Parlamentarios a los informes del
segundo semestre de 1993 y primero y segundo semestres de 1994, del
Consejo de Seguridad Nuclear. (Números de expedientes 401/000004,
401/000005 y 401/000006). (Página 16276)
Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE MEDIDAS PARA EVITAR EL CIERRE DE LA AZUCARERA DE SAN RAFAEL,
UBICADA EN VILLARRUBIA (CORDOBA). PRESENTADA POR LOS GRUPOS GIU-IC Y GP.
(Expediente número 161/000398.)
El señor PRESIDENTE: Si les parece, señorías, vamos a iniciar esta sesión
número 38 de la Comisión de Industria, Energía y Turismo, con el orden
del día que tienen sus señorías. De acuerdo con la decisión de la Mesa,
vamos a proceder al debate de las proposiciones no de ley que constan en
el orden del día, agrupando las votaciones al finalizar el debate de las
mismas y, en cualquier caso, no antes de las once de la mañana, pasando
después al punto 6 del orden del día, que es el debate y votación de las
propuestas de resolución presentadas por los grupos parlamentarios a los
informes del segundo semestre de 1993 y primer y segundo semestres de
1994 del Consejo de Seguridad Nuclear.
Entramos, por tanto, en el primer punto del orden del día, la proposición
no de ley sobre medidas para evitar el cierre de la Azucarera de San
Rafael, ubicada en Villarrubia (Córdoba), presentada por el Grupo
Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el Grupo
Popular.
Para defenderla, tiene la palabra la Diputada Rosa Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Quiero iniciar esta intervención lamentando que
sólo dos grupos, de los tres que tenemos representación parlamentaria en
la provincia de Córdoba, hayamos suscrito esta proposición no de ley. Sin
embargo, he de decir que siempre es momento para el acuerdo y éste, sin
duda, es uno de ellos para dar apoyo a una iniciativa que ha tenido la
unanimidad en otras instituciones, en la Junta de Andalucía, en el
Parlamento de Andalucía, en el Ayuntamiento de Córdoba, en la Diputación
Provincial, y apoyo de organizaciones sindicales, agrarias,
empresariales, Cámara Agraria Provincial, Delegación de Agricultura en la
provincia de Córdoba, de la Junta de Andalucía, etcétera.
Hay que decir también, señorías, que Córdoba es una provincia de
Andalucía con un alto índice de desempleo, es la tercera por la cola del
conjunto de España y con una media superior a la propia Comunidad
Autónoma Andaluza, que se ha visto afectada en los últimos años por un
proceso de desindustrialización, por el cual se ha ido añadiendo al
desempleo que ya teníamos en Córdoba más desempleo, lo que hace la
situación cada día más difícil; incluso, diría yo, insostenible. Eso sin
olvidar lo ocurrido en otros sectores, como el agrario o el textil.
Desde Izquierda Unida queremos que se consolide el sector de la
remolacha, del que viven más de 40.000 familias en el conjunto del
Estado, queremos que el sector azucarero sea un sector competitivo, pero
eso, desde nuestro punto de vista, no es incompatible, sino todo lo
contrario, con esta proposición no de ley que hoy presentamos. Que por
acción u omisión se pudiera contribuir al cierre de la azucarera de San
Rafael en Villarrubia supondría ocasionar un grave daño a la ya
debilitada estructura industrial cordobesa y contribuiría a un
empobrecimiento aún mayor del conjunto de nuestra provincia. Todo ello
unido a enorme coste social y laboral que significaría para Córdoba el
cierre de la segunda industria más importante del conjunto de la
provincia. Hablamos de la posibilidad de desaparición de unos 1.500 a
2.000 empleos, tanto directos como indirectos. Hablamos, en definitiva,
también, de la pérdida en una provincia como Córdoba de un cultivo social
y alternativo importante como la remolacha. Hablamos de unos siete u ocho
mil millones de pesetas que se mueven alrededor de la actividad a la que
nos estamos refiriendo de la azucarera de Villarrubia. Es un importante
montante económico el que genera la azucarera, fundamental para el
conjunto de nuestra provincia. Y hablamos también de una provincia que ya
ha sufrido el cierre de una de sus azucareras, la del Carpio.
Entendemos que el componente social ante cualquier medida es clave y
fundamental. No pueden, desde nuestro punto de vista, ni deben primar
sólo intereses económicos. Y aquí hay que manifestar que la azucarera de
Villarrubia comporta la vida de una barriada completa de la ciudad de
Córdoba, la de Villarrubia; además de eso, además de depender toda una
barriada de la dinámica económica que genera la azucarera y de los
puestos de trabajo directos e indirectos, estamos hablando de un centro
con buena tecnología y productividad. De ahí que nuestra apuesta deba ser
clara y decidida para que no se cierre la azucarera de Villarrubia.
En el día de hoy, precisamente, hay un pleno en la ciudad de Córdoba en
el que participan todas las fuerzas políticas sindicales y empresariales
y los propios trabajadores de la azucarera de Villarrubia para manifestar
una vez más lo que supondría para la economía cordobesa y del conjunto de
la provincia la posibilidad del cierre de esta azucarera. Sería un golpe
más, económico, laboral y social, a Córdoba y hay que decir, señorías,
que Córdoba no puede aguantar más en la situación económica en la que se
encuentra.
Por consiguiente, quiero pedir el apoyo a todos los grupos parlamentarios
para esta iniciativa y muy especialmente al Partido Socialista Obrero
Español, porque me parece que en estos momentos da exactamente igual
quién haya realizado la iniciativa; lo importante es conseguir el
objetivo que con ella se pretende, es decir, que no se cierre la
azucarera de Villarrubia, y, lógicamente, para conseguirlo hace falta el
pronunciamiento unánime de este Parlamento, de esta Comisión y la
voluntad política, concreta y expresada en sus actuaciones, del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: eso es justamente lo que
pretendemos con esta proposición no de ley. Sería muy importante que,
hoy, la unanimidad diera el respaldo a esta iniciativa porque eso abriría
las puertas a la posibilidad objetiva de no cerrar un centro de trabajo
como este del que hablamos, que es muy importante para la economía, en su
conjunto, de la provincia de Córdoba que, como decía al principio, no
puede aguantar más, porque la situación en la que se encuentra es
extremadamente grave.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra don
Diego Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Se han dicho ya algunas razones que justifican
la prestación de esta proposición no de ley y yo añadiría una serie de
datos para que se pueda entender fundamentalmente un sentimiento
ciudadano.
A finales del siglo pasado, el Conde de Torres Cabrera introdujo en
Córdoba el cultivo de remolacha azucarera y se construyó allí el primer
ingenio de Europa para producir azúcar desde la remolacha. Es, por tanto,
una vinculación tradicional de este cultivo con toda la vega del
Guadalquivir, incluso con tierras de secano no propiamente de la vega del
Guadalquivir, que, además, ha propiciado durante muchos años no sólo que
se hayan devengado muchos jornales en este cultivo, sino que se haya
desarrollado paralelamente al cultivo un diseño de investigación agraria,
a fin de optimizar tanto el cultivo en sí como su recogida mecanizada.
En el caso de la azucarera de Villarrubia, como probablemente ya pasó con
la anterior instalación que había en El Carpio, aunque podía tener
determinados problemas en función de la complejidad de la propiedad de la
instalación, se plantea la posibilidad de un cierre de instalaciones sin
que exista una razón económica y sin que haya desaparecido el cultivo de
remolacha en la zona, como es lógico, salvada la incidencia de la sequía
en los dos últimos años.
Por otra parte, estamos en un sector, el productor de azúcar, que es uno
de los pocos sectores de la industria europea en el que no hay un mercado
libre, entendido como libertad de establecimiento y producción, puesto
que se aplica un sistema de cuotas nacionales de las que son titulares
las fábricas --no es titular de estas cuotas el sector productor, ni
siquiera los territorios-- y se produce el efecto, cuando menos curioso,
de actuar las empresas con una libertad para tomar decisiones es un
mercado en el que no pueden entrar competidores. De ahí la razón de que
en este sector se pueda instar, sin perder la coherencia, una actuación
del Ministerio de Agricultura antes de que las industrias puedan tomar
sus decisiones.
No se pretende en modo alguno con esta proposición --sería contradictorio
con otros planteamientos que hemos hecho desde nuestro Grupo-- lograr una
financiación especial, no se pretende tampoco aportaciones de capital de
las administraciones públicas, ni tampoco mantener contra viento y marea
una industria obsoleta y sin futuro.
Por otro lado, en los programas electorales de las tres formaciones
políticas que tuvieron representación en las últimas elecciones generales
en Córdoba se contenía, como uno de los objetivos para la provincia, la
pretensión del desarrollo industrial mediante la potenciación de
industrias agropecuarias o transformadoras de productos agrarios. Cuando
nos encontramos con una industria de estas características, que ya
existe, sería totalmente contrario para todos los grupos ignorar una
oferta electoral que han realizado no hace mucho tiempo. Concurre en este
caso --y creo que los partidos tenemos que ser muy sensibles ante esta
situación-- un movimiento popular importante creado en toda la ciudad de
Córdoba, en especial, por supuesto, en la barriada de Villarrubia, que
vive prácticamente toda ella de esta actividad industrial. Incluso la
semana pasada visitó el Congreso de los Diputados un grupo de niños del
Colegio Azahara, que es de esta barriada, y en un encuentro que tuvimos
con ellos en el edificio de los grupos parlamentarios pudimos detectar la
preocupación que se ha generado en todas las familias y que esos niños
también transmitían, una especie de angustia ante las dificultades de
futuro que se podían plantear a sus familias en el caso de que
desapareciera esta industria.
Al suscribir conjuntamente con Izquierda Unida esta proposición no
quisimos ignorar esta reclamación de los ciudadanos de Córdoba. Creemos
que es lo suficientemente moderada y lo suficientemente poco comprometida
para el Ministerio de Industria como para que pueda tener el respaldo
--creemos que unánime-- de toda la Cámara. Porque lo que se pretende del
Ministerio de Agricultura es que pueda intervenir anticipadamente en un
proceso de reestructuración industrial en un sector en el que no hay
libertad de mercado; no es lógico que no habiendo competencia libre las
empresas puedan tomar libremente sus decisiones. Sería distinto si
estuviéramos hablando de otro sector.
Coincido con la portavoz del Grupo de Izquierda Unida en el grave
deterioro que ha sufrido el tejido industrial de Córdoba en los últimos
doce años. No ha habido una política industrial, desde las
responsabilidades del Gobierno central ni tampoco desde las
responsabilidades del Gobierno autonómico, que haya podido evitar la
desaparición
de este tejido industrial. Han cerrado fábricas importantes de bienes de
equipo, de transformación metálica, de componentes, de transformación de
productos agrícolas, en una cadena continuada de destrucción de puestos
de trabajo industrial. Es curioso que a una ciudad del tamaño de Córdoba
sólo le queden dos industrias, además no deseadas, puesto que es una
cementera, que está justo dentro del casco urbano de Córdoba, y una
papelera, que evidentemente también es una industria con un alto
contenido de contaminación.
Si se tomara la decisión industrial de cerrar la azucarera de Villarrubia
asistiríamos no sólo a la desaparición de la fábrica más importante de la
ciudad de Córdoba, sino que asistiríamos prácticamente a la desaparición
de una barriada. Creo que debemos tomar una decisión coherente con los
planteamientos que han hecho los ciudadanos de Córdoba de ser sensibles
ante esta situación, y lo que se le pide al Ministerio de Agricultura, en
definitiva, es que aplique un criterio de política económica razonable
que permita mantener los puestos de trabajo industriales allí donde hay
empresas rentables, con independencia de las decisiones que quieran tomar
las empresas. Porque para que las empresas tomaran estas decisiones por
su propio criterio, o sólo sus consejos de administración, sería preciso
que se modificaran las normativas del sector productor del azúcar de
forma que fuera posible para cualquier otro, incluidas las asociaciones
de productores de remolacha, poder comprar fábricas o poder construir
fábricas nuevas.
Por ello, me uno a la petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
y al resto de los grupos de la Cámara, para que se apoye esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Procede ahora defender la enmienda presentada a esta
proposición no de ley por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para llevar a cabo esta defensa, tiene la palabra la Diputada doña Carmen
del Campo.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Señor Presidente, voy a proceder a la
defensa de la enmienda que presenta mi Grupo a esta proposición no de
ley, enmienda que --quiero hacer esta observación desde el primer
momento-- no se basa en desacuerdo alguno con el contenido de la
proposición no de ley en sí; al contrario, tanto esta enmienda como el
hecho de no haber suscrito desde el inicio la proposición de los dos
grupos que la han defendido en este momento responde a un acuerdo en el
fondo, pero a un sentimiento de cierta insuficiencia del texto que aquí
hoy se nos presenta. Trataré de explicar ambos aspectos.
En primer lugar, estamos totalmente de acuerdo en que es necesario que el
Ministerio de Agricultura emplee los medios a su alcance para defender la
permanencia de la Azucarera de San Rafael en Villarrubia, Córdoba, y ello
por razones de tipo económico y de tipo social. Es cierto, señorías, que
el sector azucarero, y esta fábrica en concreto, están pasando por graves
problemas en los últimos años, problemas, unos, coyunturales, debidos a
la sequía, y otros estructurales, por la necesidad de reconversión del
sector; una necesidad que se basa, como señalaban la señora Aguilar y el
señor Jordano, en la obligación que tenemos de ser competitivos frente a
la Unión Europea para mantener esa cuota de un millón de toneladas
asignada a España y para que nuestras fábricas puedan seguir produciendo.
Esta necesidad de ser competitivos obliga, sin duda, a reestructurar un
sector en el que las estructuras industriales son anticuadas, por regla
general, respecto a las de la Unión Europea y la capacidad de producción
por fábrica es menor. Tengan en cuenta, señorías, que nuestras fábricas
tienen una dimensión media de 40.000 toneladas frente a las 70.000 de la
Unión Europea, y que la producción media también es cada día de unas
cinco mil y pico toneladas, mientras que en la Unión Europea sobrepasa
las siete mil. Ello nos pone, desde luego, en dificultades de competir
frente a aquellos países que están presionando para que la cuota
azucarera sea comunitaria y no repartida por países y para que se atienda
a criterios puramente económicos y no sociales en la distribución de esta
cuota. No estamos de acuerdo con ninguna de las posturas de estos países
que, como Francia y Holanda, presionan, pero debemos dotarnos de los
medios necesarios para luchar con eficacia contra ellas.
De ahí lo imprescindible del plan de reestructuración del sector íntegro
que está en marcha, que las empresas se han comprometido a presentar al
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que debe llevarnos a
establecer los factores básicos de la competitividad del azúcar en España
frente al resto de los países de Europa. Y de ahí, evidentemente, que
haya que centrar inversiones en aquellas fábricas que pueden ser viables
y pueden resultar rentables a la larga. De hecho, en nuestra opinión, la
fábrica de Villarrubia puede ser viable y puede resultar, como digo,
rentable a la larga. Tiene una capacidad de producción de algo más de
30.000 toneladas, y una capacidad punta de molturación diaria de casi
6.000 toneladas, que realmente la pone en condiciones de estar en la
media de lo que son las de la Unión Europea y la sitúa en un lugar
intermedio, más bien alto también, dentro de lo que son las fábricas de
la empresa Ebro. Creemos, por tanto, que no hay inconvenientes económicos
para la pervivencia de esta fábrica.
Estamos de acuerdo también en que hay serios motivos de carácter social
que impulsan a defender su continuidad. Está en una provincia, Córdoba,
que, efectivamente, señorías, dispone de una gran superficie, unas 70.000
hectáreas de regadío, en las que tradicionalmente una gran parte, fuera
de estos años excepcionales de sequía, se ha destinado al cultivo de la
remolacha. Tenemos una azucarera con instalaciones modernas, que puede
competir razonablemente con las de otras zonas de España y con las de la
Unión Europea. Tenemos también precedentes dolorosos; hace pocos años que
se cerró la Azucarera de El Carpio, lo que originó una pérdida de puestos
de trabajo, un traslado indeseado de trabajadores de El Carpio a la
capital de la provincia. Tenemos una provincia con un alto índice de
paro, es evidente, y además una provincia con una iniciativa privada
apática y poco inclinada a arriesgarse y a crear
nuevos puestos de trabajo. Tenemos, además, una barriada, una pedanía,
Villarrubia, que prácticamente vive de esta empresa; la desaparición de
la misma conllevaría la disminución, incluso la desaparición física de la
barriada.
Son razones evidentes, son razones de carácter social que nos mueven a
pensar que el Ministerio de Agricultura debe, en la medida de sus
posibilidades, ante la presentación de este plan de reconversión por las
empresas, actuar con todas sus fuerzas para defender no sólo la
pervivencia de esta barriada, no sólo la pervivencia de estos puestos de
trabajo, sino también la pervivencia y los intereses de los remolacheros
de la provincia de Córdoba. Por tanto, estamos de acuerdo en el fondo y
en la forma con la proposición no de ley hasta este punto.
Hablaba, sin embargo, señorías, de insuficiencias. Estas insuficiencias
quisiera contemplarlas desde el punto de vista de la solidaridad.
Efectivamente, hay serios problemas en la provincia de Córdoba, en el
sector azucarero en Andalucía, que parece --y digo parece porque todavía
no hay ningún plan concreto presentado por las empresas-- pueden afectar
a la fábrica de Villarrubia, en la provincia de Córdoba. Pero no
olvidemos que las empresas azucareras tienen fábricas en toda España, y
que muy concretamente en Castilla y León, en la zona del Duero, también
hay factorías que han desaparecido hace pocos años --les hablo, por
ejemplo, de Aranda de Duero-- y alguna otra factoría del mismo grupo Ebro
que la que estamos señalando de Córdoba, como puede ser la de Venta de
Baños, de la que, lo mismo que de Villarrubia, se rumorea una posible
desaparición en este proceso de reestructuración del sector.
Creemos, señorías, que el Congreso de los Diputados, representantes del
pueblo español y no de zonas concretas, no puede olvidar, aunque no haya
habido un grado de movilización similar, los intereses de los ciudadanos,
de los trabajadores de estas zonas de España. De ahí que nuestra
enmienda, aceptando y asumiendo el contenido de la propuesta que han
hecho el señor Jordano y la señora Aguilar, pretenda ampliar esta
instancia al Gobierno de que actúe protegiendo los intereses de
trabajadores y cultivadores también a esta última zona, y hace un
planteamiento más general llamado al esfuerzo por conservar estas
azucareras y también al apoyo de las comunicaciones autónomas afectadas y
no tan únicamente al de la Junta de Andalucía, que podría actuar sólo en
el caso concreto de Villarrubia.
Espero de los grupos proponentes la aceptación de esta enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen tomar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra don
Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Sustituyo en este trámite a mi compañero de
Grupo en esta Comisión, don Adán Martín.
Como usted sabe, señor Presidente, mi compañero, al que acabo de citar,
ante esta misma Comisión de Industria ha mantenido criterios, iniciativas
y propuestas de defensa de sectores industriales, como es el caso en
Canarias del sector fabricante tabaquero.
Vamos a intervenir aquí mostrando nuestro apoyo a esta iniciativa que han
presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya y el Grupo Parlamentario Popular por un principio de
solidaridad, ya que en el fondo el problema es exactamente el mismo. Se
tratan de cerrar unas fábricas de Tabacalera española, sociedad anónima,
en Canarias, y se trata de cerrar una azucarera en la provincia de
Córdoba, concretamente en la pedanía o barriada de Villarrubia. A veces
parece que sólo se tiene que defender los intereses generales españoles,
dado que la portavoz del Grupo Socialista ha dicho que los que estamos
aquí somos representantes del pueblo español, pero también lo somos por
circunscripciones electorales y no por partidos políticos. En el carné de
diputado pone «Diputado por» Córdoba, Santa Cruz de Tenerife, Almería o
cualquiera de las provincias.
Esos intereses generales en el sector azucarero español están en un
terreno especulativo de juego. Recientemente, el Gobierno --y ahí
aplaudimos su actuación-- tuvo que intervenir ante una fuerte entidad
bancaria española, concretamente el Banco Central Hispano, que adoptó el
acuerdo, como había anunciado o se presumía, de vender un fuerte paquete
accionarial del sector industrial azucarero español para ser comprado por
un grupo francés. Con el sistema de cuotas que tiene establecida la Unión
Europea, esto se ha transformado en una mesa de juego de carácter
puramente especulativo, y los grandes grupos industriales de las
multinacionales europeas han olvidado aquel viejo espíritu que teníamos
en la España de primeros de siglo y en la República, donde el sector
azucarero industrial era de estructura y de base familiar. Al señor
Presidente y a algún Diputado de esta Comisión le agradará saber la gran
satisfacción del sector industrial de las familias catalanas, donde el
sector azucarero español, para su honra, tiene nombres y apellidos como
Carner, Noger o Guasch, por poner unos ejemplos.
Pues bien, resulta que con el sistema de un millón de toneladas métricas
que se le dan de cuota a España, después esta cuota está en manos de los
titulares de las fábricas. ¿Y qué pasa? Pues que si la titularidad está
en manos de las fábricas dentro de España, y dentro de la Unión Europea
el sistema especulativo trata --me alegra que la Diputada del Grupo
Parlamentario Socialista se oponga, nosotros nos sumamos también a ello--
que la cuota azucarera sea de ámbito comunitario y no por país, el día
que se apruebe que la cuota azucarera sea comunitaria, estas grandes
multinacionales especulativas en manos del sector bancario, con el
criterio de la banca, después de lo ocurrido con la Corporación
industrial Banesto, de desprenderse de la cartera, van a las fauces de
los tiburones especulativos que hay en el sector.
Además, precisamente en el sector azucarero no se puede hacer la
interpretación que se hace con el sector del automóvil, porque, como bien
se ha dicho aquí, la fábrica de azúcar está ligada al territorio y a la
población. Donde hay una azucarera crece una población, porque hay un
condicionante económico fundamental, por supuesto, para el
análisis de la cuenta de gastos o de explotación en una azucarera, que es
el transporte de la materia prima. La remolacha, por su relación
peso-volumen, exige un transporte lo más corto posible del campo de
cultivo a la refinería, a la industria que hace la molturación
pertinente. Esto es lo que explica el fenómeno de que una azucarera
genere no los puestos de trabajo de la plantilla, fijos o temporeros,
sino una economía de escala de efecto sociológico, que es lo que se está
denunciando fundamentalmente en Córdoba.
Los poderes públicos tienen que tener la sensibilidad de que cerrar una
azucarera no es cerrar una fábrica. Cerrar una azucarera es cerrar un
pueblo, es cerrar toda la economía de escala y todo el efecto de
circunferencia social que hay ahí. Esta es la trascendencia. Si el
Gobierno adaptó la medida de indicarle al Banco Central Hispano que no
vendiera el paquete de acciones porque era perder el control español del
sector azucarero industrial, que se iba a ir a manos francesas y, por
tanto, entraba ya en la bolsa común de la Unión Europea y en el terreno
especulativo que por vía de compra de paquetes accionariales de los
bancos españoles, y las multinacionales están en defensa de que la cuota
sea comunitaria y no por países, nos vamos a encontrar con que,
infringiendo la normativa en un fraude de ley, estas multinacionales
francesas o estas empresas de ubicación extra-española van a dominar ese
tema, y les tiene sin cuidado que una pedanía, un pueblo o una población
de 8.000 almas quede cerrada.
No podemos caer tampoco en que prime exclusivamente el criterio
economicista con que se trata de hablar aquí de la rentabilidad, de que
hay que transportar la remolacha desde larga distancia. ¡Pues claro que
es caro transportar la remolacha desde larga distancia! Pero, ¿qué
materia prima en muchos sectores industriales no se está transportando
desde grandes distancias, con los costes que esto comporta? En cualquier
economía de escala de transportes, en áreas como la región canaria, en
los coste de flete de traslado de península a archipiélago, el
legislador, el político y el Gobierno han entendido siempre que, para
evitar que la economía canaria, dentro del contexto español, tuviera una
distorsión en el IPC, había que subvencionar el transporte, y todos los
años los Presupuestos del Estado traen unos números específicos a la
subvención del transporte de mercancías y de personas entre la península
y Canarias y Canarias y la península. Aplíquese el mismo principio,
porque aquí hay una repercusión social. No se puede aceptar que solamente
con criterios economicistas de empresa, en auditorías internas, se
condene al cierre.
Coalición Canaria quería hacer este acto de solidaridad y apoyar la
propuesta inicial. Si los dos proponentes, tanto el Partido Popular como
el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, aceptan la
enmienda que oferta el PSOE, nosotros estamos en la misma línea de apoyo
--y recojo palabras de la portavoz socialista--, porque en el fondo
estamos de acuerdo. En cualquier caso, señor Presidente, la apoyaremos
con nuestro voto solidario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Después de haber escuchado atentamente las dos
propuestas realizadas por el Grupo Popular y por el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya respecto a la proposición no de ley para
evitar el cierre de la fábrica azucarera de San Rafael de Villarrubia;
después de haber recibido a representantes del comité de empresa de dicha
compañía, que visitaron a todos los grupos parlamentarios y nos
expusieron cuáles eran las posibilidades de dicha compañía, cuáles eran
los problemas de su zona, cuáles eran, en definitiva, los problemas de la
provincia de Córdoba cuando ya se había procedido al cierre de la
azucarera de la población de El Carpio; después de haber escuchado
atentamente las propuestas y la exposición de la Diputada socialista
respecto a cuáles eran los criterios del Gobierno en base a las
posibilidades que tenía dicha fábrica en cuanto a las posibilidades de
reconversión y de rentabilidad futura, si hay acuerdo sobre estas
enmiendas transaccionales que han propuesto los diferentes grupos,
nosotros apoyaremos definitivamente dicha proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Procede ahora que los Grupos proponentes se definan
sobre la aceptación o no a trámite de la enmienda presentada por el Grupo
Socialista.
Para este trámite, tiene la palabra doña Rosa Aguilar, en representación
del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora AGUILAR RIVERO: Lo que movía a mi Grupo cuando presentó esta
proposición no de ley junto con el Grupo Popular era buscar el máximo
consenso político en esta Comisión y el concurso de la actuación del
Ministerio ante una situación que podía darse y, por consiguiente,
repercutir gravemente de manera negativa en la azucarera de Villarrubia y
en el conjunto de la provincia de Córdoba.
En ese sentido, la iniciativa iba a anticiparse al propio plan de
reestructuración industrial que las empresas del sector azucarero
presentarán ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
porque pensábamos también que ante ese plan de reestructuración el
Ministerio no podía ser un convidado de piedra y sería bueno que tuviera
criterios objetivos, fijados algunos de ellos por este Parlamento, para
actuar decididamente en función del plan de reestructuración.
Pero, como decía al principio de mi intervención, lo más importante para
esta iniciativa es concitar la unanimidad de esta Comisión y, por
consiguiente, el apoyo de todos y cada uno de los grupos parlamentarios
presentes en ella.
Yo no voy a a entrar a debatir el fondo de la enmienda del Grupo
Socialista ni a ponerle ningún calificativo, porque me parece que hay que
buscar puntos de encuentro. Para ello, ofrezco una transaccional a la
representante del Grupo Socialista que, por otra parte, he estado viendo
expresamente con mi compañero Diego Jordano, proponente también por el
Grupo Popular de esta iniciativa relativa a la azucarera de Villarrubia.
El primer punto de la proposición no de ley quedaría tal cual, añadiendo
lo siguiente de la enmienda socialista: «así
como de aquellas fábricas viables cuya desaparición conlleve una fuerte
repercusión laboral y económica en zonas ya deprimidas». Porque,
efectivamente, también pretendemos ser solidarios, y los criterios que
queremos que se apliquen a la azucarera de Villarrubia son exactamente
igual de válidos para otras zonas que puedan estar en las mismas
circunstancias.
Propondríamos que el segundo punto de la proposición no de ley quedara
tal cual, cuando dice: «Instar al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación para que coordine sus actuaciones con la Junta de
Andalucía», y añadiríamos: «y con las otras comunidades autónomas que
pudieran estar afectadas». Así se hace realidad la colaboración y
coordinación necesarias entre instituciones para conseguir el objetivo
perseguido.
Es decir, incorporaríamos las pretensiones del Grupo Socialista a esta
proposición, insisto, y además lograríamos el consenso y la unanimidad
para alcanzar el objetivo que pretendemos.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, por sus palabras, que don Diego Jordano
acepta también esta propuesta.
Tiene la palabra el señor Jordano.
El señor JORDANO SALINAS: Efectivamente, hemos redactado los dos Grupos
el encaje de la enmienda propuesta por el Grupo Socialista dentro de la
proposición. Por tanto, respaldamos los términos en que se ha expresado
la portavoz del Grupo de Izquierda Unida.
Sólo quisiera hacer dos precisiones. La primera es que España produce
menos azúcar de la que consume. Es un dato a considerar cuando estamos
hablando de limitaciones y de cierres de fábricas.
En segundo lugar, cuando hay una iniciativa privada apática en el sector
industrial, esta actitud es reflejo de la política industrial que siguen
las administraciones. Si una administración pública, a todos los niveles,
desde el estatal al municipal, no es capaz de activar la iniciativa
privada en un sector industrial, no puede después pretender echar la
culpa de la situación a la apatía de esa iniciativa privada. Si
previamente una política industrial coherente a todos los niveles de las
administraciones facilitara y potenciara el desarrollo industrial, sí
podría pasar factura a una iniciativa privada apática.
En el caso concreto de que estamos hablando de la provincia de Córdoba,
no es posible que ninguna administración se coloque en la cabeza de la
manifestación, puesto que nunca ha tenido una política industrial
coherente.
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora que el Grupo Socialista se defina
respecto a la aceptación de esta enmienda transaccional a su enmienda.
Para ello, doña Carmen del Campo tiene la palabra.
La señora DEL CAMPO CASASUS: Aparte de las curiosas manifestaciones del
señor Jordano, que atribuye toda iniciativa empresarial a la
Administración, simplemente queremos aceptar la transacción que se nos
propone, manifestando además mi alegría porque desde una tierra
tradicionalmente solidaria, como es Córdoba, vamos a ser capaces de dar
la misma solidaridad que estamos reclamando para nosotros a otras zonas.
El señor PRESIDENTE: Rogaría a los grupos proponentes de la enmienda
transaccional que proporcionaran a la Mesa su redactado exacto.
Tal como hemos dicho, procederemos a su votación no antes de las 11 de la
mañana, con el texto íntegro de la enmienda leída por doña Rosa Aguilar y
aceptada por el Grupo Socialista.
--RELATIVA A LA MODIFICACION DEL ARTICULO 10 DEL REAL DECRETO 2550/1994,
DE 29 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE LA TARIFA ELECTRICA PARA
1995, ASI COMO LA ORDEN DE 20 DE ENERO DE 1995, DEL MINISTERIO DE
INDUSTRIA Y ENERGIA, QUE REGULA LOS PROGRAMAS DE GESTION DE LA DEMANDA
ELECTRICA. PRESENTADA POR GIU-IC. (Número de expediente 161/000447.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día,
proposición no de ley relativa a la modificación del artículo 10 del Real
Decreto 2550/1994, de 29 de diciembre, por el que se establece la tarifa
eléctrica para 1995, así como la Orden de 20 de enero de 1995 del
Ministerio de Industria y Energía, que regula los programas de gestión de
la demanda eléctrica, presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
Para su defensa, tiene la palabra la diputada señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Señorías, en el mes de diciembre del año pasado
aprobamos la Ley del sector eléctrico. Ya en uno de los apartados de su
exposición de motivos nos decía que esta Ley preveía que, dentro del
sistema integrado, los consumidores en los que concurran peculiares
características en función de su consumo puedan adquirir energía
integrada.
Desde ese momento, a tenor de lo que dice el propio artículo 44 de esta
misma ley, en su punto 2, y sin perjuicio de lo que en el apartado 1 se
exponía, la Administración podrá adoptar medidas que incentiven la mejora
del servicio a los usuarios y la eficiencia y el ahorro energéticos
directamente o a través de agentes económicos cuyo objeto sea el ahorro y
la introducción de la mayor eficiencia en el uso final de la
electricidad. Este Grupo Parlamentario, a través de esta proposición no
de ley, pretende exponer que después, en el desarrollo de esta Ley, tanto
en el Real Decreto 2550/1994 como en la Orden Ministerial de 20 de enero
de 1995, precisamente no se está haciendo justicia a este artículo 44.2,
dejando exclusivamente la posibilidad de poder presentar proyectos de
incentivación de eficiencia energética a las empresas eléctricas, sin
abrir la posibilidad de que sean otros agentes u otras entidades quienes
puedan concurrir a este tipo de proyectos.
En el artículo 10 del Real Decreto se habla de que se pueden hacer
proyectos y programas de incentivación de eficiencia en el ahorro de
energía eléctrica y el desplazamiento de la curva de la carga del
sistema. Asimismo, en el apartado f), del artículo 3, de la Orden
Ministerial, se vuelve a insistir en el traslado de la curva de carga al
sistema nocturno.
Señorías, lo único que hacemos no es precisamente fomentar el programa de
ahorro energético, sino que sencillamente lo que estamos haciendo es
desplazar la demanda de energía a las tarifas nocturnas. Durante el día,
cuando las centrales eléctricas tienen mayor demanda energética, están
funcionando a mucho más rendimiento, y por la noche, cuando sus sistemas
energéticos están con menos demanda y les sobre potencia, lo único que
haríamos sería desplazarlo y no hacer programas de ahorro energético.
Además, consideramos que los fondos que se destinan, a través del Real
Decreto y de la Orden Ministerial, a la incentivación de los programas
son escasos y ya Endesa tiene presentados al Ministerio más de 5.000
millones de pesetas en programas para ahorro energético.
Por tanto, señorías, lo que estamos planteando con esta modificación es
que tanto el IDAE como los ayuntamientos puedan optar por ser entidades
que puedan presentar programas de ahorro energético, entre otras razones
porque los ayuntamientos son entidades con un alto índice de
endeudamiento que no van a poder acometer por ellas mismas estos tipos de
programas y que, dada su alta factura energética, sería necesario que
pudieran concurrir a hacer programas junto con el Ministerio de Industria
para poder ayudar en el ahorro energético y en la eficiencia de nuestro
sistema eléctrico.
Por tanto, señorías, ésta es la proposición que nosotros presentamos.
Dado el sentido de la ley que aprobamos, que fue apoyada por todos los
grupos parlamentarios y que es oportuna en estos momentos, requeriríamos
de SS. SS. que cuanto antes fuera aprobada.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso del turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupo que deseen tomar posición? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra don Luis Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con gran brevedad porque Coalición Canaria se
suma a esta proposición no de ley del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y la vamos a apoyar con nuestro voto. En
las estructuras insulares, como ocurre en el archipiélago canario, donde
todo el suministro eléctrico es de generación isla por isla, pues no hay
intercomunicaciones de cable entre cualquiera de las islas del
archipiélago --igual pasa en el caso balear--, nos encontramos con que
una empresa del hasta ahora INI, Unelco, cuando tiene que hacer las
facturaciones enérgeticas de consumo de electricidad a los ayuntamientos
vemos cuál es el coste y el grado de la facturación.
Por otro lado, se ven los contenciosos permanentes de deudas acumuladas
por los ayuntamientos frente a esta empresa pública de suministros
eléctricos. Eso hay que romperlo por algún lado o dar una participación a
los ayuntamientos ya que precisamente en muchos aspectos del consumo
energético estaría más al alcance de los ayuntamientos entrar, en
colaboración con la Administración, a plantear programas de ahorro
energético, que es la feliz iniciativa que hace el grupo proponente.
Por tanto, que los ayuntamientos puedan presentar estos programas de
ahorro energético, que las compañías suministradoras comprendan que esto
no es pérdida de beneficios en su cuenta de pérdidas y ganancias sino que
es contribuir a una política general de ahorro energético en todo el
país, principio del que no debemos declinar en ningún momento, cuando ese
ahorro energético en fuentes productoras de la misma, como es el caso de
Canarias, en que no hay alternativa hidroeléctrica y cuyo consumo está
basado fundamentalmente en centrales térmicas por fuel, creemos que es
una aportación muy importante para que los ayuntamientos tengan este
compromiso, y la posibilidad de presentar programas de ahorro energético
que puedan ser hechos en colaboración y ejecutados después con las
administraciones pertinentes.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Fernández Norniella.
El señor FERNANDEZ NORNIELLA: El Grupo Popular es partidario de cualquier
iniciativa que se encamine a la mejora de la gestión de la demanda de
energía eléctrica, si bien entiende que en este momento estamos mezclando
dos conceptos que técnicamente habría que diferenciar: la gestión de la
demanda y el ahorro energético. La energía eléctrica está en el centro de
la actividad económica y de la vida social de los países
industrializados; sus condiciones de abastecimiento, transporte,
distribución y consumo son factores condicionantes para todos los
operadores económicos, y su precio un elemento importante en la
competitividad industrial. En consecuencia, una gestión adecuada de la
demanda que permita optimizar los costes ha de resultar beneficiosa para
el conjunto de la economía.
Generalmente, la gestión de la demanda eléctrica consiste en realizar
actuaciones tendentes a modificar su curva, es decir, la representación
del consumo a lo largo del tiempo. Todos conocemos que en una curva
típica de demanda de energía eléctrica se distinguen tres zonas
claramente diferenciadas denominadas punta, llano y valle, en función de
los niveles de requerimiento que el parque consumidor realiza a lo largo
del día. Normalmente suele haber dos puntas diarias, una a media mañana y
otra al anochecer. Entre ambas puntas se encuentra una zona llano y las
horas nocturnas suelen coincidir con la zona valle. También es conocido
que los parques generadores han de estar dimensionados para cubrir las
puntas y que su capacidad de producción es bastante inelástica y
difícilmente puede adaptarse lineal e instantáneamente a la curva de
requerimiento. Es por ello por lo que en las horas valle la energía
producida no consumida ha de ser empleada en centrales de bombeo para
tratar de consumir la energía sobrante,
a pesar de que el rendimiento técnico en estas centrales suele ser muy
deficiente.
Queda claro, pues, que toda acción encaminada a reducir puntas y
desplazar consumo a zonas llano o valle ha de resultar positiva para el
conjunto de los agentes económicos y que, por tanto, es interesante
incentivarlas.
Por lo que se refiere a los usuarios, la motivación más convincente es y
ha de ser la tarifa aplicada. Hasta tal punto es así que hay empresas que
se dedican única y exclusivamente a proponer a los usuarios
modificaciones en sus instalaciones bien por reducción de energía
reactiva, bien por sustitución de elementos muy consumidores, y que
recuperan su beneficio y las inversiones realizadas precisamente en base
a los ahorros que producen a sus clientes. A nuestro entender, está claro
que, por la parte de los usuarios, la mayor motivación ha de ser
desplazar los consumos a tarifas más reducidas o a optimizar las
instalaciones.
Por lo que se refiere al otro componente económico importante del sector,
que son las empresas eléctricas, las motivaciones ya no están tan claras,
porque hay una serie de contradicciones entre la energía que venden a un
precio y su desplazamiento ahora en las que las tarifas han de ser más
baratas. Por ese motivo, precisamente cuando discutimos la ley en esta
misma Comisión para incentivar a los productores de energía eléctrica
buscamos una motivación y se aprobaron los artículos que la compañera de
Izquierda Unida ha señalado.
Mi Grupo Parlamentario entiende, pues, que cualquier incentivo encaminado
a optimizar el sistema eléctrico y sus costes no es sólo conveniente y
necesario sino también imprescindible, pero no participa en la
proposición de ley presentada por Izquierda Unida, y no lo hace por estar
convencido de que su aplicación produciría justamente los efectos
contrarios, es decir, originaría aumentos en las tarifas. Algunos quieren
ignorar que en un sistema como el nuestro todos los costes marginales del
sector repercuten en las tarifas eléctricas, es decir, en el coste de la
energía de los usuarios, y que por ello subvencionar organizaciones,
ayuntamientos, instituciones que no pueden producir una mejora respecto a
la gestión --sí en el ahorro energético, que es otra cosa totalmente
distinta--, al final repercutiría en el aumento del precio del
kilovatio/hora que pagarían todos los usuarios, es decir, repercutiría en
la competitividad industrial de este país.
Se propone también, como otros beneficiarios, a organizaciones como el
IDAE y sus homólogos autonómicos, y esto sí que no somos capaces de
entenderlo, porque subvencionar con dinero privado a organizaciones que
por ley están instituidas precisamente para realizar esa función parece,
cuando menos, un poco paradójico.
Conviene recordar que ya existen por sí otros mecanismos para incentivar
estas prácticas de ahorro energético, como pueden ser los fondos del Plan
de Ahorro y Eficiencia Energética, los créditos subvencionados de la
línea verde del ICO, etcétera, que sí pueden y deben ser aprovechados
precisamente para lo que propone Izquierda Unida.
En cuanto a aumentar las cuantías de los incentivos, podría ser una
medida necesaria y beneficiosa, siempre que las restricciones
presupuestarias, lógicamente impuestas por la necesidad de reducir el
déficit público, lo permitan. Sin embargo, vincular la cuantía de estas
ayudas a la retribución de los activos nucleares en moratoria y
definitivamente cancelados por la Ley 40/1994, parece absolutamente
gratuito y sin ningún tipo de vinculación excepto el interés de Izquierda
Unida de introducir sus opiniones antinucleares en cualquier debate
energético y con cualquier excusa.
Para terminar, el último punto de la proposición no de ley carece, a mi
modesto entender, de cualquier lógica técnica. La sustitución de calderas
de carbón, gasóleo, gas o leña, habitualmente antiguas, con bajos
rendimientos y con emisiones muy contaminantes por calderas eléctricas
acogidas a tarifa nocturna, no aumenta el consumo de energía primaria, ya
que las horas de consumo --la noche-- presentan a menudo un exceso de
generación que hay que consumir, como ya he dicho antes, utilizando las
centrales de bombeo con una gran ineficiencia energética.
Por otro lado, no hay que olvidar que en los grandes núcleos urbanos la
energía más limpia es la eléctrica y que su uso puede contribuir a
mejorar la calidad del aire en estas grandes concentraciones urbanas,
aunque produzcan allí donde se genera la electricidad unas emisiones a la
atmósfera que son mucho más controlables por su concentración que las
difusas de los miles de calderas de las viviendas/industrias ubicadas en
las ciudades, todo ello sin olvidar que estas actuaciones contribuyen a
reducir las necesidades de nuestra potencia eléctrica por una utilización
más eficiente de la potencia instalada, lo que puede influir
positivamente en la reducción de la tarifa eléctrica tanto para el
consumo doméstico como para el industrial.
En resumen, y por todas estas razones, no nos parece apropiado apoyar
ninguno de los puntos que contiene la proposición no de ley de Izquierda
Unida, cuya aplicación --repito-- podría tener exactamente los efectos
contrarios a los que se buscan y reducir las acciones positivas de la
gestión de la demanda.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Ros Maorad.
El señor ROS MAORAD: La proposición no de ley, relativa a la modificación
del artículo 10 del Real Decreto 2.550/94, de 29 de diciembre, por el que
se establece la tarifa eléctrica para 1995, así como la Orden de 20 de
enero de 1995, del Ministerio de Industria y Energía, que regula los
programas de gestión de la demanda eléctrica, presentada por Izquierda
Unida, trata, principalmente, de tres cuestiones.
La primera, de aumentar el número de agentes que puedan acogerse a los
programas de gestión de la demanda eléctrica, de conformidad con el
artículo 44.2 de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico
Nacional. En concreto, se solicita que puedan acogerse, además de los
subsistemas eléctricos, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energía, los entes similares de las comunidades autónomas, los
ayuntamientos o cualquier otro agente económico, cuyo objetivo sea el
ahorro en el uso final de la electricidad.
La segunda, aumentar la cuantía de los fondos disponibles para la
incentivación de estos programas, los 20.000 millones en el año 1995, no
pudiendo ser nunca en años venideros inferior a la cuarta parte de las
cantidades destinadas a compensar a los titulares de activos derivados de
las centrales nucleares afectadas por la moratoria.
La tercera, eliminar las líneas de actuación que contravienen los
objetivos proclamados de ahorrar energía y, en concreto, se propone
eliminar la letra f) del punto 3 de la Orden del 20 de enero de 1995.
Pues bien, en relación con la letra a) de la proposición no de ley de
referencia cabe señalar que el objeto fundamental de la Ley 40/1994, de
30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, es regular
las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica,
consistentes en su generación, transporte, explotación unificada del
Sistema Eléctrico Nacional, intercambios internacionales y distribución,
con carácter general y básico, en todo el territorio del Estado.
El artículo 44, punto 1, define los agentes que podrán desarrollar
programas de gestión de la demanda, las empresas distribuidoras en
coordinación con los diversos agentes que actúan sobre la demanda. El
punto 2 del mencionado artículo 44 no propone una ampliación de los
agentes que podrán desarrollar este tipo de programas, sino que autoriza
a la Administración, sin perjuicio de lo establecido en el punto 1, para
adoptar medidas que incentiven la mejora del servicio a los usuarios y a
la eficiencia y el ahorro energéticos.
Por lo antes dicho, no cabe una ampliación de los agentes, máxime cuando
el Real Decreto 2.550/94, de 29 de diciembre, cuyo artículo 10 pretende
modificar la proposición no de ley, determina la actualización de las
tarifas eléctricas de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto
1.538/1987, de 11 de diciembre, atendiendo a los costes previstos para el
ejercicio económico de 1995.
El artículo 10 de dicho Real Decreto establece, por tanto, un coste para
el ejercicio 1995, a la hora de la determinación de la tarifa eléctrica,
de las empresas gestoras del servicio, por lo que los agentes que podrán
acogerse a dichos programas no podrán ser otros más que los subsistemas
eléctricos.
En lo que atañe al apartado b) debe quedar de manifiesto que la cantidad
destinada a la incentivación de estos programas y reflejada en el
artículo 10 del Real Decreto 2.550/94, de 29 de diciembre, es la idónea
para promover la eficiencia en el ahorro de energía eléctrica y el
desplazamiento adecuado de la curva de carga del sistema, pero sin
afectar, al tiempo, al sistema de tarifas con un incremento sustancial
que afectaría sin duda al usuario final.
Respecto de la cantidad propuesta para el año 1995 y años venideros, se
podría resumir en los siguientes datos: 1995, 20.000 millones; 1996,
17.947 millones; 1997, 18.306 millones; 1998, 18.672 millones; 1999,
19.045 millones, y el año 2000, 19.426 millones. Estos valores, como es
claro, afectarían a la tarifa eléctrica con una subida inferior al 0,5
por ciento anual, lo que supondría una afección negativa de cara al
consumidor final.
Por último y respecto del apartado c) hay que decir que el Real Decreto
antes citado determina la actualización de las tarifas eléctricas de las
empresas gestoras del servicio, de conformidad con lo dispuesto en el
Real Decreto 1.538, atendiendo a los costes previstos para el ejercicio
de 1995. Las medidas para el desplazamiento adecuado de la curva de carga
del sistema, sobre todo desde períodos punta a los valle y llano, son
necesarias en un sistema como el nuestro, caracterizado por un notable
apuntamiento de la monótona de carga. Este apuntamiento es el responsable
de costes muy importantes que son los que se derivan de la nueva potencia
de reserva con muy pocas horas de utilización.
Es, por otra parte, una medida típica de gestión de la demanda, a partir
de la cual es posible avanzar en un conocimiento pormenorizado de la
demanda de electricidad por categoría de cliente, pudiéndose introducir
incentivos para comportamientos más racionales por parte de los
consumidores.
Por todo ello, mi Grupo va a oponerse a la proposición no de ley
presentada por Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: Finalizamos con esto el debate de esta segunda
proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que será votada en su momento a la
finalización del debate del resto de proposiciones no de ley.
--RELATIVA A LA SITUACION DE LA EMPRESA ALCATEL-STANDARD. PRESENTADA POR
EL GRUPO de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de
expediente 161/000448.)
El señor PRESIDENTE: Seguimos, por tanto, con el orden del día.
Se ha recibido en la Mesa un escrito del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, retirando del orden del día el punto 3,
es decir, la proposición no de ley relativa a la situación de la empresa
Alcatel-Standard.
--SOBRE EL TRASLADO DE DEPOSITOS DE LA ANTIGUA COMPAÑIA ARRENDATARIA DEL
MONOPOLIO DE PETROLEOS, S. A. (CAMPSA), DE TARRAGONA, PRESENTADA POR EL
GRUPO MIXTO. (Número de expediente 161/000451.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al cuarto punto del orden del día,
proposición no de ley sobre el traslado de depósitos de la antigua
Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos, S. A., Campsa, de
Tarragona, presentada por el Grupo Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra la Diputada señora Pilar Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Señor Presidente, los depósitos de la
antigua Campsa se sitúan al margen
derecho del Francolí, inmediatamente al lado del polígono industrial
Francolí y sobre importantes vías de comunicación. Enfrente mismo, al
otro lado del río, están las instalaciones de Tabacalera, el Museo de
Necrópolis paleo-cristiana y más allá, pero a menos de 500 metros de los
depósitos, una importante concentración urbana, los bloques Torres Jordi
y, más allá, el barrio marinero del Serrallo.
Tenemos, pues, una fachada fluvial formada por viviendas y servicios, con
la inclusión de una instalación fabril de bajo impacto, como la de
Tabacalera, y otra fachada fluvial con instalaciones de alto impacto y de
fuertes necesidades de seguridad, como son los depósitos de la antigua
Campsa, que a su vez están rodeados de servicios, el tanatorio municipal,
un polígono industrial de industrias de transformación no peligrosas,
Coca-Cola, por ejemplo, empresas de transporte, etcétera, y de
importantes vías de comunicación.
Lo cierto es que la primera instalación fue la de los depósitos de
Campsa, en una situación (estamos hablando de los años veinte o treinta)
entonces muy alejada de los núcleos urbanos y cerca de líneas de
comunicación. Estas instalaciones entonces resultaban bien situadas y
seguramente respondían a los criterios de seguridad imperantes.
A pesar de esto ya indirectamente resultaron un peligro para la ciudad
cuando en plena Guerra Civil fueron objetivo militar y su relativa
proximidad al núcleo urbano hizo que éste recibiera las consecuencias.
A lo largo de los años, la expansión urbanística de Tarragona hacia esa
zona precisamente ha ido aproximándose a los depósitos y, como hemos
visto en estos momentos, es únicamente el curso del Francolí quien hace
la separación. Queda, por supuesto, la posibilidad de cuestionar el
proceso de crecimiento hacia ese lado de la ciudad. Lo cierto es que este
crecimiento era y es un crecimiento natural de la ciudad y, por tanto, es
imparable.
Otros casos similares se han solucionado. En la misma zona existían,
también desde hacía décadas, las instalaciones de Gas Tarraconense que
también podían aducir que ellas estaban antes y, sin embargo, estas
instalaciones han sido finalmente desmanteladas.
Paralelamente las exigencias de seguridad han aumentado con el tiempo.
Hoy día somos mucho más conscientes del posible peligro de instalaciones
de este tipo; instalaciones que, por otro lado, resultan necesarias.
Ultimamente ha habido catástrofes en instalaciones similares que hacen
evidente un peligro potencial. Hace meses una explosión en depósitos
similares causó muchos muertos en Egipto. Estamos convencidos de que las
medidas de seguridad eran absolutamente diferentes y que la misma
ocupación urbana representaba un peligro mucho más grande, pero siempre
es un aviso. Que el peligro existe lo demuestra el hecho de que no hace
mucho tiempo se trasladasen unos depósitos similares en la ciudad de
Mallorca, respondiendo también a criterios de seguridad.
Tenemos, pues, la necesidad del traslado. Pero hay otras razones que lo
justifican, basadas en la eficacia. La localización de una actividad de
este tipo se explica por su integración, por un lado, en los procesos
productivos y, por otro, en la distribución. En nuestro caso, esto quiere
decir el puerto de Tarragona, por un lado, y la refinería de Repsol y por
extensión todo el complejo petroquímico, por el otro.
La existencia del eje transversal que comunica directamente la Nacional
340, la autopista A-7, y pronto la refinería de Repsol con las
instalaciones portuarias, posibilita una comunicación directa entre el
elemento de distribución, la entrada y la salida, y el elemento productor
y transformador, la refinería y el complejo petroquímico.
Es obvio que la proximidad del almacenamiento de la producción cerca de
las instalaciones de producción o alternativamente a las instalaciones de
distribución, responde a criterios de eficacia económica.
Finalmente, hay la oportunidad de llevar a término este traslado que, no
lo ignoramos, resulta caro en términos económicos. Los resultados
económicos de Repsol en este último ejercicio y una anunciada inversión
de cerca de 40.000 millones de pesetas en la zona de Tarragona presuponen
un escenario económico favorable a contemplar inversiones de este tipo.
Añadamos a esto el hecho de que también Repsol se plantea la construcción
en Tarragona de un gran depósito soterrado de gas propano y butano por
motivos de seguridad.
Resultaría congruente, pues, contemplar globalmente estas inversiones y
la adopción de estas medidas de seguridad, incluyendo también los
depósitos de la fachada fluvial del Francolí.
Tenemos, pues, la necesidad por motivos de seguridad, la conveniencia
económica y la oportunidad, sólo hace falta la voluntad política. La
proposición no de ley que formulamos pretende estimular y poner en marcha
este proceso de voluntad. No presupone una fórmula determinada sin
alternativa posible, sino que deja abierta la solución a adoptar y, como
no podría ser de otra manera, resulta respetuosa con el inexcusable papel
protagonista del Ayuntamiento de Tarragona, puesto que pide que el
proyecto a formular se haga de acuerdo siempre con el Ayuntamiento.
Junto a esto se solicita un proyecto concreto, es decir, con presupuesto
y calendario. Ya hemos tenido suficientes experiencias de buenas
intenciones, de proyectos más o menos bonitos, pero faltos de concreción
presupuestaria cuya realización se ha ido dejando siempre «ad kalendas
graecas». Los ciudadanos quieren solución a sus problemas. Este es un
problema sentido por buena parte de la gente de Tarragona y nuestra
obligación es intentar iniciar un proceso de vías de solución. Con esta
voluntad se ha presentado esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo desea hacer uso del turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SANCHEZ I LLIBRE: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree sinceramente
que no es el Congreso de los Diputados ni la Comisión de Industria,
Energía y Turismo el mecanismo procesal parlamentario para poder decidir
si es potestad del Congreso de los Diputados, si es potestad del Gobierno
o si es potestad del Ministerio de Industria en este caso trasladar los
depósitos de Campsa a otros lugares que no comporten peligro para los
ciudadanos.
Creemos sinceramente que esta iniciativa tendrían que plantearla en el
Ayuntamiento de Tarragona. Creemos sinceramente también que el
Ayuntamiento de Tarragona tiene la sensibilidad suficiente y es
consciente de este problema relativo a la ubicación de los depósitos de
Campsa. Si Esquerra Republicana se dirige al Ayuntamiento de Tarragona e
insta a los municipios para que ellos tomen la decisión, siendo
conscientes del problema es probable que se pueda llegar a soluciones,
pero repito, que estimamos que no es el Congreso de los Diputados el que
ha de decidir si ésta es la ubicación necesaria o no.
Al considerar que esta Comisión no es competente en este asunto, vamos a
votar en contra de la proposición no de ley presentada por Esquerra
Republicana.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Ricomá.
El señor RICOMA DE CASTELLARNAU: Intervengo para fijar la posición del
Grupo Parlamentario Popular sobre la proposición no de ley presentada por
la señora Rahola, del Grupo Mixto, instando al Gobierno a formular un
proyecto de traslado de los depósitos de carburantes de la antigua
Campsa.
El planteamiento de fondo de la cuestión hace que nuestra postura vaya a
ser favorable a la proposición no de ley, si bien en la forma observamos
un tono excesivamente alarmista, que, por cierto, no contribuye a
facilitar el necesario entendimiento entre la industria y la población
que con ella convive, amén de que el texto no comprende dos aspectos
técnicos que introduciré más adelante, si el señor Presidente me lo
permite, a manera de enmiendas «in voce» en aras a clarificar el
contenido global de la proposición y de su posterior desarrollo.
Se argumenta la presentación de dicha proposición no de ley utilizando
los criterios de peligrosidad y de accidentalidad que conlleva la
presencia de los depósitos de carburante, cuando es de justicia reconocer
que dada la elevada temperatura de ignición que necesita el crudo en
bruto, el riesgo real de explosión o de incendio que representa es
mínimo, en todo caso muy inferior al existente en otras plantas
industriales del complejo petroquímico de Tarragona. En consecuencia,
difícilmente los depósitos por sí mismos suponen peligro alguno, a no ser
que se dieran las extremas condiciones de temperatura posibles tan sólo
en el caso de que alguna instalación vecina sufriera algún tipo de
incidente que elevara la temperatura y determinara la explosión por
simpatía de los contenedores en cuestión, hecho, evidentemente, de
terribles consecuencias, pero en ningún caso con los depósitos de Campsa
como agentes causantes.
Por ello a la hora de solicitar el traslado de las instalaciones
referidas, más que hablar de peligros y accidentes, que siempre se deben
tener presentes, pero que lo único que provocan es crear temores muchas
veces infundados, debemos hablar en positivo y apostar por actuaciones
prácticas y eficaces que en el caso que nos ocupa no son otras sino las
derivadas de la prevención; prevención que, a su vez, pasa por respetar
un principio de sentido común por el cual las zonas industriales deben
ubicarse lo más lejos posible de los núcleos urbanos por los motivos
medioambientales, económicos, de desarrollo urbanístico, también de
seguridad evidentemente, que todos conocemos.
Esta es, pues, la razón principal que lleva al Grupo Parlamentario
Popular a votarla favorablemente, sin olvidar que las próximas reformas
urbanísticas que debe afrontar la ciudad, imprescindibles para su
desarrollo económico y social, como puede ser la remodelación de la
fachada marítima, el soterramiento de la vía del tren, la recuperación
del cauce original del río Francolí o la construcción de un tercer puente
sobre el mismo, manifiestan claramente la necesidad de trasladar los
citados depósitos de carburante aprovechando para Tarragona los terrenos
liberados, ya que, con toda probabilidad, dado que están ubicados
precisamente en una zona donde todas estas reformas a las que he hecho
mención anteriormente, van a quedar incorporadas dentro de estos
proyectos; reformas urbanísticas que hay que decir que están siendo
exigidas por la totalidad de los colectivos ciudadanos y también
recogidas por las distintas fuerzas políticas representativas de la
ciudad en sus programas de actuación municipal como actuaciones
prioritarias, existiendo además un elevado grado de consenso entre todas
ellas.
No hace falta recordar que la industria resulta de todo imprescindible
para el desarrollo humano, y si nos centramos en Tarragona, hablar de
industria es casi hablar de supervivencia. Por ello no se puede caer en
irresponsabilidades de predisponer a la población en su contra
presentándola como peligro potencial, sino, todo lo contrario, hay que
tener la prudencia suficiente para mejorarla de manera que los ciudadanos
sientan tranquilidad por ver garantizada su seguridad. Tranquilidad --y
aprovecho esta ocasión para decirlo-- que, por cierto, los tarraconenses
han visto alterada en más de una ocasión por incidentes producidos en el
complejo petroquímico. Basta recordar el atentado de ETA contra el «rack»
de Enpetrol; la explosión del compresor de Tdesa; el choque de un barco
en el momento en que iba a atracar en el pantalán; tranquilidad que
además costó recobrar no por las medidas de seguridad de las industrias
afectadas, que respondieron bien frente al problema, sino por la
ineficacia, por falta de coordinación, por el desconocimiento de la
materia de las administraciones central del PSOE, y autonómica de
Convergència i Unió encargadas de garantizar tan ansiada tranquilidad
mediante los servicios de protección civil.
Acabo refiriéndome a las dos enmiendas «in voce» de carácter técnico
anunciadas al principio de mi intervención que pretenden, la primera de
ellas, incorporar a la empresa propietaria de los depósitos, la Compañía
Logística de Hidrocarburos, filial de Repsol, en la elaboración del
proyecto de traslado, por razones obvias al tener papel protagonista en
la historia que estamos aquí explicando. La segunda
propone establecer una fecha de inicio en el calendario de ejecución, que
proponemos sea a los seis meses de presentado el proyecto para así evitar
la justificación de su demora.
En consecuencia, y para clarificar frente a la Mesa estas dos enmiendas,
el texto definitivo quedaría de la siguiente manera: El Congreso insta a
formular, en el plazo de seis meses y de acuerdo con el Ayuntamiento de
Tarragona y con la empresa propietaria --ésta es mi primera enmienda-- un
proyecto de traslado de los depósitos de Campsa en Tarragona a otras
zonas alejadas de núcleos habitados. Este proyecto comprenderá
presupuesto y calendario de ejecución no superior a un año --ahora viene
la segunda enmienda-- iniciándose a los seis meses de su presentación.
Termino esperando que Esquerra Republicana acepte estas dos enmiendas
técnicas en aras a mejorar el contenido y posterior desarrollo de la
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En representación del Grupo Parlamentario Socialista
tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATE IBARZ: Nuestro Grupo también va a rechazar esta
proposición no de ley, no porque no estemos de acuerdo con el traslado,
quede claro, como después precisaremos al final de nuestra intervención,
sino porque no es una competencia del Gobierno, y, por lo tanto, tampoco
podemos instar al Gobierno a que realice una acción que no le
corresponde. Ni siquiera en estos momentos estamos seguros de que tenga
mayoría de capital público el CLH. Con toda seguridad no es una empresa
filial de Repsol.
También la vamos a rechazar porque con la misma exposición de motivos,
desde nuestro punto de vista, tenemos graves discrepancias. Quienes
habitamos en Tarragona hemos aprendido que tenemos que ser
extraordinariamente precisos en el lenguaje cuando hablamos de la
industria química, por dos cuestiones fundamentales, yo diría. En primer
lugar para saber con toda precisión cómo tenemos que planificar nuestra
ciudad y el sector químico en particular y, en segundo lugar, porque no
debemos, en cualquier caso, crear unas alarmas innecesarias. Desde este
punto de vista hablar de obsolescencia de las instalaciones está fuera de
todo lugar. Yo he visitado las instalaciones personalmente, si me permite
el señor Presidente que haga una referencia personal, y tengo que decir
que son absolutamente modernas y están preparadas con todo tipo de
mecanismos de seguridad que se han ido actualizando con el tiempo. Las
últimas inversiones que se han efectuado para este tipo de medidas han
sido suficientemente cuantiosas como para pensar que estamos ante un tipo
de instalaciones que no ofrece ningún peligro, si es que se puede hablar
de que no haya ningún tipo de peligro en cualquier instalación
industrial.
Por otra parte, cuando se habla de la situación de estas instalaciones y
a renglón seguido después del punto y seguido se dice: Experiencias
recientes de accidentes similares... no acabamos de entender, similares
¿a qué? No ha habido ningún tipo de accidente nunca, en los más de
setenta años de existencia de estas instalaciones en Tarragona fuera del
bombardeo de estos depósitos que se produjo por las tropas franquistas en
nuestra guerra civil.
Finalmente quiero señalar que está fuera de todo lugar que en la
exposición de motivos se diga que se coincide en la consideración de
peligrosidad, vista la experiencia que he relatado antes de más de
setenta años sin ningún tipo de accidente.
La razón fundamental, como decía al principio de mi intervención, es
precisamente que esta Comisión no es la instancia adecuada, ni tampoco al
Gobierno le corresponde una decisión de este tipo. Si de verdad se quiere
resolver esta cuestión en la línea planteada por la proposición no de
ley, no se puede pensar que sea el Gobierno el único agente que pueda
colaborar en el traslado de estas instalaciones. En cualquier caso para
favorecer dicho traslado se tendría que empezar por la variación de la
calificación urbanística, que correspondería en todo caso al Ayuntamiento
de Tarragona y a la Generalitat de Cataluña. Finalmente, habrían de
tenerse en cuenta las repercusiones económicas que comportaría para la
empresa y también para la conservación de los puestos de trabajo. En
estas condiciones, como organización política estaríamos de acuerdo con
ese traslado a una zona que, en todo caso, tendría que ser de la misma
ciudad. Tenemos experiencia de traslados de instalaciones de industrias
que han comportado el alejamiento no de la zona en concreto, sino también
de la ciudad, y además, tendría que asegurarse la conservación de los
puestos de trabajo, porque cada vez que se ha hablado de este tipo de
solución, también se ha creado una alarma en los mismos trabajadores de
esta industria. Por tanto, sin dejar de estar de acuerdo con el traslado
de estas instalaciones, repetimos que tendrían que realizarse las
gestiones oportunas ante otras instancias, ante la misma empresa, ante el
Ayuntamiento y ante la Generalitat, y, en cualquier caso, no
correspondería al Gobierno, y de ahí nuestro rechazo, aunque volvemos a
reafirmar nuestro acuerdo que, en todo caso, ya hemos reiterado en otras
ocasiones.
El señor PRESIDENTE: Se ha producido a lo largo del debate la proposición
de dos enmiendas transaccionales «in voce» por parte del Grupo Popular y
de su representante, señor Ricomá. Procede, señora Rahola, que nos diga
si acepta o no a trámite estas dos enmiendas.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Sí, acepto las enmiendas.
--PARA DISEÑAR UN PLAN PARA ERRADICAR DE LOS NUCLEOS URBANOS LOS TENDIDOS
AEREOS DE ALTA TENSION. PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 161/000479.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día, proposición no
de ley para diseñar un plan para erradicar de los núcleos urbanos los
tendidos aéreos de alta
tensión, presentado por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVARRIA: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Popular se hace eco de un problema medioambiental urbano que ha llegado a
la opinión pública en repetidas ocasiones y que queremos traer no por
primera vez, sino por segunda y tercera vez a esta Cámara. Que existe una
preocupación en relación a los tendidos de alta tensión en los núcleos y
en las proximidades de las viviendas, es un hecho evidente como lo es que
plantean problemas de impacto medioambiental muy serios en grandes
instalaciones como, por ejemplo, ha sido en el cable subterráneo entre
Tarifa y Cádiz, en la conexión de España con Marruecos, o la proyectada
entre España y Francia, habida cuenta de que nos hemos convertido, por
mor de la eficacia de la política energética socialista, en importadores
de energía en lugar de exportadores, como éramos anteriormente. Pues
bien, incluso esos tendidos de alta tensión a Francia han sido frenados
en el país vecino por problemas medioambientales.
Siendo esto así, hace un año está Cámara aprobó por unanimidad una
proposición no de ley en la que se recomendaba que se hiciera un estudio,
por parte de expertos, en relación a esta problemática. Al cabo de un año
esto no se ha realizado y esto explica que haya movimientos o problemas
como los anteriormente reseñados en relación a los tendidos de alta
tensión.
Antes de proseguir y de hacer una defensa más explícita de la propuesta
del Partido Popular, quiero señalar tres cuestiones: En primer lugar, que
nos estamos refiriendo a un problema de medio ambiente urbano y no a los
tendidos de alta tensión en general en toda la geografía nacional. En
segundo lugar, que no se trata de una proposición no de ley para iniciar
trabajos inmediatamente, sino simplemente para establecer estudios de
costes y de planteamientos. Y en tercer lugar, comprendemos que, siendo
diez veces más caro el enterramiento de tendidos, de lo que se trata es
de ver otras alternativas, como los desvíos o solamente limitarlos a los
extremadamente peligrosos por proximidad con viviendas.
Por todo ello, la propuesta que hace el Grupo Popular se limita a lo
siguiente. En primer lugar, hacer un estudio, una definición de las
características de los tendidos aéreos a enterrar o desviar, mediante el
establecimiento de unos criterios objetivos; es decir, saber cuáles son
realmente peligrosos, si es que lo son, y fundamentalmente por su
proximidad con núcleos urbanos, incluso con viviendas. En segundo lugar,
establecer un inventario de esos tendidos aéreos urbanos que tengan esas
características, decidiendo en cada caso si es suficiente enterrarlos o
hay que desviarlos. En tercer lugar, diseñar un plan global de actuación
con la solución adecuada para cada tendido, entendiendo que la
financiación para este planteamiento puede en gran medida correr a cargo
de los fondos comunitarios para el medio ambiente que utilizan las
administraciones públicas.
La segunda parte de la proposición no de ley va dirigida a la prevención.
Se trata de que antes de que un ayuntamiento recalifique un terreno rural
por el que discurren líneas de alta tensión, se modifique adecuadamente o
se tengan en cuenta estas circunstancias y no se construyan casas junto a
estas torretas, como es evidente que ocurre en cantidad de núcleos
urbanos españoles, de tal manera que o bien se hacen unos pasillos, o
bien en esos lugares, si compensa económicamente, hay que proceder a un
enterramiento. Pero parece más lógico actuar en la prevención que en la
solución posterior del conflicto o del problema.
La proposición no de ley del Grupo Popular va orientada hacia un estudio,
un inventario, para adelantarnos a las posibles soluciones que se puedan
desarrollar en el futuro, y, en segundo lugar, a un problema de
prevención en los nuevos planteamientos urbanos por parte de los
ayuntamientos. Por todo ello, el Grupo Popular presenta la siguiente
proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
diseñar un plan para erradicar de los núcleos urbanos los tendidos aéreos
de alta tensión. Este plan debería contemplar los siguientes aspectos:
definición de las características de los tendidos aéreos a enterrar
mediante el establecimiento de unos criterios objetivos en los que estén
de acuerdo la Administración central y las comunidades autónomas.
Realización por parte de las comunidades autónomas de un catálogo de
tendidos aéreos que, de acuerdo con los criterios señalados en el punto
anterior, es preciso enterrar. Evaluación del coste global del plan y
planificación temporal de los trabajos. Diseño de un sistema de
financiación con participación de los fondos de cohesión comunitarios
destinados a medio ambiente que gestionan las administraciones públicas.
Y, por último, elaboración de propuestas para que en las nuevas
recalificaciones del suelo, dentro de las infraestructuras necesarias
para que el suelo sea calificado urbanizable, estén incluidas actuaciones
requeridas para evitar futuros tendidos eléctricos aéreos de alta tensión
en núcleos urbanos.
Señorías, no queremos hacer un planteamiento alarmista. No se trata de
empezar a enterrar indiscriminadamente tendidos eléctricos. Se trata de
saber cuáles son los que pasan muy cercanos a las viviendas, que son
potencialmente peligrosos, hacer un estudio, un inventario, ver qué
financiación comunitaria o de las administraciones públicas se puede
emplear en esta línea y, por lo menos, avanzar en la dirección de saber
dónde estamos para actuar en el futuro y, fundamentalmente también,
actuar en el terreno de la prevención en las recalificaciones futuras de
terrenos urbanizables por parte de los ayuntamientos y de las
administraciones locales y autonómicas.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que deseen tomar posición? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marcos.
El señor MARCOS MERINO: Estamos ante un tema que tiene una gran
repercusión y, por tanto, que produce un impacto social que nos debe
llevar a ser muy cautos a la hora de utilizar el lenguaje para plantear
estos temas, porque tenemos que hacer todo lo posible para no crear
alarma social, dada la sensibilidad que en este momento existe en
la sociedad española en relación con los temas medioambientales.
Por lo que se refiere a la propuesta, tiene dos fundamentos principales.
Uno es el de la preocupación por el impacto en la salud que tienen los
campos electromagnéticos, y otro, como decía el proponente, es el de
planificar de cara al futuro que las líneas pasen por lugares lo más
alejados posibles a las zonas urbanas.
En relación con el primer tema, que es el impacto en la salud, quiero
decir que los informes y los estudios de los científicos en este momento
no solamente no avalan la preocupación que el proponente manifiesta sino
todo lo contrario. En la información que yo tengo, creo que sólo hay un
organismo en Suecia que ha hecho un estudio en el que se mantiene la
teoría de que tiene un impacto, sobre todo en los jóvenes, y que provoca
un mayor porcentaje de cáncer, de leucemia, mientras que todos los demás
organismos, tanto privados como públicos, vienen a mantener la tesis
contraria, es decir, que no está demostrado, por lo menos de momentos, y
existe la convicción de que es neutro, es decir, que no tiene ninguna
repercusión, ni positiva ni negativa.
En relación con el segundo punto que planteaba, lo que quiero decir es
que en este momento hay legislación suficiente para poder afirmar que
todos los problemas que S. S. ha señalado respecto a lo que está
instalado se pueden corregir, siempre que lo planteen los ayuntamientos,
las instituciones en general, las personas individuales y, por tanto, ahí
no hay ninguna dificultad. Asimismo, se puede y se debe tener en cuenta
que estas líneas tienen que estar lo más alejadas posible de las zonas
urbanas, incluso previendo que en los terrenos que están clasificados
como zona urbana no se deben instalar, pero si fuera necesario por
recalificaciones que pudieran venir en el futuro, es posible el traslado.
En tercer lugar, habría que señalar que éste es un mecanismo, un
procedimiento muy costoso, como lo demuestra el hecho de que
prácticamente en ninguna parte del mundo se haya llevado a cabo el
soterramiento de estas líneas por el gran costo económico que tiene y
porque de momento no parece que sea el tema más urgente.
En todo caso, no queremos frivolizar el asunto tampoco porque, como decía
al principio, los estudios no son concluyentes en ninguna de las dos
posiciones y me parece que hay mecanismos para que estemos perfectamente
atentos a lo que pueda ocurrir. En este sentido, conviene destacar que en
la Comunidad Económica Europea existe el compromiso, recientemente
tomado, de hacer un estudio en relación con ese tema, de ver el alcance y
las determinaciones que pueda tener en el futuro, sobre todo los efectos
que tiene sobre la salud. Por otro lado, como señalaba el proponente, hay
una resolución de este Parlamento, creo que fue en marzo de 1993, en la
que se acordó encargar a un grupo de expertos un estudio que definiera de
cara al futuro qué repercusiones tenía la instalación de líneas aéreas de
alta tensión para la salud, para que en la medida de que eso sea así,
decidamos canalizarlo cuando corresponda. Sobre la base de lo que seamos
capaces de hacer y de las experiencias que se vayan desarrollando en el
mundo, tanto a nivel privado como a nivel público, y de lo que señale la
Unión Europea, tenemos que estar atentos para que cualquier decisión que
se produzca se aplique inmediatamente en nuestro país en prevención de lo
que puedan ser repercusiones, sobre las que vuelvo a decir que en este
momento no hay ningún argumento científico que nos lleve a crear alarma
ni a tener más preocupación de la normal por las consecuencias que puedan
tener los campos magnéticos en la salud pública.
El señor PRESIDENTE: Finaliza con esto el debate de esta proposición no
de ley del quinto punto del orden del día.
Como faltan tres minutos exactamente para que llegue la hora que hemos
fijado como límite para proceder a las votaciones, si les parece
suspendemos durante esos tres minutos esta sesión y la reanudamos a las
once en punto para proceder a la votación de las proposiciones no de ley
debatidas hasta este momento.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a reanudar la sesión procediendo a
la votación de las cuatro proposiciones no de ley debatidas hasta ahora.
Proposición no de ley sobre medidas para evitar el cierre de la Azucarera
de San Rafael, ubicada en Villarrubia, presentada por los Grupos
Parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Popular, a
la que ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Socialista,
reconvertida con una enmienda transaccional, aceptada por el Grupo
proponente, y que es sometida a votación, con el siguiente texto: «El
Congreso de los Diputados acuerda: Primero, instar al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación para que utilice todos los medios a su
alcance, con el objetivo de evitar el cierre de la Azucarera de San
Rafael, ubicada en Villarrubia, por la repercusión económica y la pérdida
de puestos de trabajo que comporta, así como de aquellas fábricas viables
cuya desaparición conlleve una fuerte repercusión laboral y económica en
zonas ya deprimidas. Segundo, instar al Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación para que coordine sus actuaciones con la Junta de
Andalucía y con las otras comunidades autónomas que pudieran estar
afectadas y se haga realidad la colaboración y coordinación necesarias
entre instituciones para conseguir el objetivo perseguido.»
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad, con el texto al que
se ha dado lectura.
Votación relativa a la proposición no de ley de modificación del artículo
10 del Real Decreto 2550/1994, de 29 de diciembre, por el que se
establece la tarifa eléctrica para 1995, así como la Orden de 20 de enero
de 1995, del Ministerio de Industria y Energía, que regula los programas
de gestión de la demanda eléctrica, presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La proposición no de ley que figura con el número 3 en el orden del día
ha sido retirada.
Vamos a proceder a la votación de la que figura con el número 4, sobre el
traslado de depósitos de la antigua Compañía Arrendataria del Monopolio
de Petróleos, Sociedad Anónima (CAMPSA), de Tarragona, presentada por el
Grupo Mixto, doña Pilar Rahola. A esta proposición no de ley ha
presentado una enmienda «in voce» el Grupo Popular, por medio de su
Diputado, señor Ricomá, aceptada por la Diputada proponente.
Sometemos a votación la proposición con ese texto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación la proposición no de ley que figura con el número 5
en el orden del día, para diseñar un plan para erradicar de los núcleos
urbanos los tendidos aéreos de alta tensión, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 19; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Vicepresidente, Dávila
Sánchez, ocupa la Presidencia.)
--Debate y votacion, en su caso, de las propuestas de resolucion
presentadas por los distintos Grupos ParlamentarioS a los informes del
segundo semestre de 1993 y primer y segundo semestres de 1994 del Consejo
de Seguridad Nuclear. (Números de expedientes 401/000004, 401/000005 y
401/000006.)
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señorías, pasamos al punto
sexto del orden del día, debate y votación, en su caso, de las propuestas
de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios a los
informes del segundo semestre de 1993 y primer y segundo semestres de
1994 del Consejo de Seguridad Nuclear.
Han presentado propuestas de resolución tres grupos parlamentarios y
procede, por tanto, que, de acuerdo con el orden de presentación, los
portavoces hagan sus intervenciones. Sugeriría, por una economía de
tiempo, y procesal, como me indican, que aprovechasen también para
expresar su posición respecto de las propuestas hechas por los otros
grupos. Al final de ese turno, podremos ver si hay aproximaciones y, en
su caso, las contemplaríamos, así como las posturas respectivas.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Intervengo de manera muy breve, porque, en
realidad, ya hemos llegado a un acuerdo en el texto definitivo. Voy a
limitarme a exponer el interés que tiene nuestro Grupo en las
resoluciones que ha presentado para mantener a esta Comisión informada
con respecto a los sucesos que nosotros hemos considerado más importantes
dentro de los tres semestres que hemos discutido, como es la situación de
la Central Nuclear de José Cabrera, Zorita, y la situación de la Central
Nuclear de Trillo. En ese sentido iban dirigidas nuestras resoluciones.
Además, quiero hacer una salvedad al texto final que se puede dar,
después del trabajo realizado, y es decir que en el texto conjunto hay 22
resoluciones; en la última, que es la número 22, se da la bienvenida a
los nuevos miembros del Consejo de Seguridad Nuclear y se agradece el
trabajo de los anteriores. Nosotros no creemos conveniente que sea una
resolución de esta Comisión, a través del trabajo de una ponencia que
estudia informes del propio Consejo; más bien lo veríamos fuera de las
resoluciones de esta Comisión con respecto a los semestres. En todo caso,
una felicitación de la propia Comisión, felicitación para la que nuestro
Grupo tiene matizaciones. No nos parece mal de manera cortés y educada
poder felicitar y agradecer el trabajo, aunque SS. SS. bien conocen que
tanto los nuevos miembros del Consejo de Seguridad Nuclear como los que
han salido han sido criticados por nuestro Grupo. Sin embargo, en aras de
la cortesía y de la educación, no tenemos inconveniente en felicitarles
por su nombramiento y en agradecer el trabajo, aunque no lo compartamos,
de los anteriores miembros del Consejo de Seguridad Nuclear.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Souvirón.
El señor SOUVIRON GARCIA: Concluimos con este acto el estudio de los
informes del Consejo de Seguridad Nuclear correspondientes al segundo
semestre de 1993 y primero y segundo de 1994.
Hemos analizado su contenido, hemos tenido ocasión de conocer numerosas
opiniones, tanto en las comparecencias que se han celebrado ante la
Ponencia como del propio Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, y,
por tanto, es el momento --ya que nuestras opiniones están recogidas en
el «Diario de Sesiones»-- de proceder al trámite de conclusiones, que no
es más que el de las propuestas de resolución. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Señor Souvirón, permítame que
trate de conseguir que sus propios compañeros de Grupo le escuchen con la
atención que usted merece.
El señor SOUVIRON GARCIA: Se lo agradezco, señor Presidente, pero creo
que ellos conocen perfectamente lo que estoy diciendo.
(Risas.--Rumores.--Una señora Diputada: ¡Entonces no te escuchamos
ninguno!--Otro señor Diputado: ¡Se lo saben de memoria!) Ese es otro
problema.
Como decía, ya sólo cabe hablar de las propuestas de resolución y
felicitarnos por el acuerdo a que hemos podido llegar entre todos después
de un importante trabajo.
En cuanto a la propuesta de resolución número 10, planteamos una
particularidad, porque precisamente hemos sido nosotros los que hemos
intentado que esta propuesta saliera adelante. Donde dice textualmente:
Insta al Consejo de Seguridad Nuclear a que se revisen los actuales
procedimientos para que los simulacros de emergencia, tanto en lo
referido al incremento de los mismos como a la incorporación progresiva
de elementos de imprevisión y a la necesaria coordinación con otros
organismos, como Protección Civil, detrás de «elementos de imprevisión»,
yo creo que sería conveniente hacer notar que nos estamos refiriendo a
los simulacros internos, más que nada por la tranquilidad de las
poblaciones cercanas a las centrales nucleares y por especificar que,
desde luego, no pretendemos alertarlas y que los simulacros externos se
hagan también con esa imprevisión que podría dificultar bastante la
normal vida ciudadana.
A pesar de que hemos recibido alguna comunicación en ese sentido por
parte del Consejo de Seguridad Nuclear y por eso no lo hacemos constar
entre las propuestas de resolución, convendría que constara en el «Diario
de Sesiones» nuestro interés por que el licenciamiento definitivo de las
centrales nucleares se aclarara cuanto antes y se hiciera con arreglo a
decisiones expresadas en sus justos términos y quizás ante esta Comisión
en una futura comparecencia por parte del propio Director del Consejo de
Seguridad Nuclear.
Por otra parte, entendemos adecuadamente recogidas en la propuesta final
de resolución las que nosotros a su vez hemos presentado.
Estamos de acuerdo con las que proponen los restantes grupos. Quisiera
hacer una llamada de atención al cumplimiento por parte del Consejo de
Seguridad Nuclear de estas propuestas para que no se queden en un simple
acto formal del Parlamento porque tengo que recordar que algunas de las
propuestas de resolución que se acordaron aquí hace un año no se
cumplieron, como, por ejemplo, el asunto que ahora se vuelve a recoger de
que el Consejo de Seguridad Nuclear tome una decisión clara, y nos la
haga llegar, sobre los simuladores. Nosotros simplemente queremos que el
Consejo de Seguridad Nuclear se defina, que nos diga claramente por qué
va a optar. Desde aquí hemos hecho una propuesta hace un año en el
sentido de que fueran simuladores de alcance total, como pasa en la
mayoría de los países, de los que además hemos tomado su tecnología. No
sólo no se ha cumplido, sino que no hemos tenido constancia, ni en las
comparecencias en Ponencia ni en las de Comisión por parte del Consejo de
Seguridad Nuclear, de que se tenga una decisión clara al respecto.
El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ GARCIA: Señor Presidente, señorías, creo que la
exposición de quienes me han precedido en el uso de la palabra es clara.
La tramitación de estos semestres ha sido muy completa y con gran
participación y colaboración por parte de todos los grupos. Tengo que
dejar explícito el hecho de que la negociación de las resoluciones
posteriores ha contado con la colaboración de todos.
Creo que persiste en la conciencia de todos nosotros la enorme
importancia del organismo y de la seguridad nuclear para nuestro país,
para todos los ciudadanos. Por eso estamos trabajando, yo creo que con
muchísimo rigor y muchísima colaboración de todos los grupos.
La propuesta final que nos hace la señora Urán de sacar de las
resoluciones la número 22, que pasaría a ser una declaración de la propia
Comisión, un punto más, nos parece correcta. Es nuestro interés mantener
una relación cordial, por su esfuerzo y dedicación, con quienes han
ejercido cargos de gran responsabilidad en el Consejo y que cesan por
haber terminado su mandato. Comprendemos asimismo que no siempre van a
actuar a gusto de los grupos y de ahí que entendamos perfectamente los
matices que Izquierda Unida hace a esta declaración. Les agradecemos que,
a pesar de todo, se sumen a ella, aunque sea como un elemento de
cortesía.
Lo que dice el señor Souvirón en su propuesta número 10 nos parece
absolutamente correcto, porque no es nuestra intención alarmar
innecesariamente a los ciudadanos afectados en áreas geográficas próximas
a las instalaciones nucleares, sino completar lo que llamamos simulacros
de emergencia. Indudablemente, las convocatorias de estos simulacros en
momentos no previstos es para el régimen interno.
Quisiera también aclarar al Grupo Popular que las autorizaciones
definitivas, como muy bien dice el señor Souvirón, cuentan ya con un
criterio que, en contestación a nuestras resoluciones del semestre
anterior, habíamos incluido en las mismas. Efectivamente, mantiene unos
criterios el Consejo que posiblemente sea conveniente que se maticen más,
que se definan con mayor detalle, incluso con una comparecencia. Nuestro
Grupo mantiene el mismo ánimo colaborador para cualquier aclaración en
este sentido. Si esa iniciativa se plantea, la apoyaremos para que en
otra comparecencia posterior, del Presidente o de la persona que creamos
conveniente, se matice más.
En cuanto al complemento de la simulación, también nos ha dado el Consejo
alguna idea, aunque, como muy bien saben SS. SS. por las comparecencias,
entre ellas la del propio Presidente, ante esta Comisión, por la
diversidad de simuladores de alcance total, que no tienen una
homogeneidad, dadas las diferencias de tecnología en las distintas
centrales nucleares, es un proceso en el que la decisión técnica y la
decisión económica están absolutamente ligadas y de ahí que haya esta
indefinición actual. En todo caso, nos consta la voluntad del Consejo
para llegar a una solución.
Desearía asimismo hacer algunas correcciones de errores mecanográficos.
Por ejemplo, en la resolución primera, en la penúltima línea, se dice que
han supuesto un pacto. Es «impacto» radiológico. Aceptamos, como he dicho
anteriormente, esa ampliación de la número 10, incluyendo, a continuación
de la palabra «imprevisión», cuatro palabras: «en los simulacros
internos.» Y continuaría «y a la necesaria consideración...». También en
la número 12, en la segunda línea, detrás de «ayuntamientos», figura la
palabra «par» y es «para». Falta una a. Lo mismo que en la penúltima
línea de la resolución número 13: tras la expresión «e insta al Consejo
de Seguridad Nuclear», «para» en vez de «par».
Finalmente, en la número 19, en la penúltima línea, habla de mejorar los
sistemas de «protección contra incendios». Se han cambiado unas letras y
no decía «contra».
Señor Presidente, señorías, agradezco el ánimo constructivo y colaborador
de todos los grupos. Estamos de acuerdo absolutamente con las
resoluciones que se plantean, incluido dejar la número 22 como una
declaración de la Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE: (Dávila Sánchez): Veamos si desde la Mesa hemos
sabido tomar nota de aquellas modificaciones que son aceptadas por todos
los grupos.
Concretamente, respecto de la conversión de la resolución que aquí figura
como número 22 en una declaración de la Comisión, pero no en una
resolución en el paquete, creo entender que tanto el Grupo Socialista
como el de Izquierda Unida y el Popular están de acuerdo. Y no sé si el
Grupo Popular también. (Pausa.) Me comunican que también.
Por tanto, queda pendiente saber si la modificación propuesta por el
Grupo Popular en la número diez, añadir, después de la incorporación
progresiva de elementos de imprevisión, en los simulacros internos, que
ha sido aceptada por el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida
también está en condiciones de ello. Y supongo que de la serie, que está
recogida en el «Diario de Sesiones», de errores mecanográficos señalados
por el señor González no habrá inconveniente en que restauremos la
corrección. Si ése es el caso, tengo la impresión de que existe un texto
único de resoluciones que, si los portavoces no tienen inconveniente,
podríamos pasar a votar.
Sometemos a votación este texto único de resoluciones de la Comisión
respecto de los informes semestrales del Consejo de Seguridad Nuclear.
Efectuada la votación, dijo:
El señor VICEPRESIDENTE: (Dávila Sánchez): Por tanto, esta Comisión
aprueba por unanimidad estas propuestas de resolución que hemos debatido
hasta este momento.
Señorías, con ello damos fin a la sesión 38 de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo, con el agradecimiento de la Mesa a SS. SS. y a los
servicios de la Cámara.
Se levanta la sesión.
Eran las once y veinticinco minutos de la mañana.