CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 530
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA
Sesión núm. 70
celebrada el miércoles, 21 de junio de 1995



ORDEN DEL DIA:
Debate y votación sobre tramitación de las comparecencias pendientes...

Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses,
presente en la Cámara un proyecto de ley de actualización a la realidad
marítima de la legislación española en la materia y, en especial, el
libro III del Código de Comercio. Presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco (PNV). (BOCG, Serie D, número 169, de 5-12-94. Número de expediente
161/000336). (Página 16183)
--Sobre dotación de medios a la Fiscalía antidroga de Cádiz. Presentada
por el Grupo Popular. (BOCG, Serie D, número 222, de 26-4-95. Número de
expediente 161/000463). (Página 16186)
--Sobre creación de registros mercantiles en las Islas de Menorca e Ibiza
y Formentera. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOCG,
Serie D, número 229, de 11-5-95. Número de expediente 161/000488).

(Página 16188)
--Sobre urgente adecuación de las relaciones de puestos de trabajo de los
centros penitenciarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

(BOCG, Serie D, número 216, de 10-4-95. Número de expediente 161/000431).

(Página 16191)

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--Sobre conclusión de un mapa de riesgos de salud laboral de los
trabajadores penitenciarios. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG, Serie D, número 216, de 10-4-95. Número de expediente
161/000432). (Página 16191)
--Sobre creación del Cuerpo General de Instituciones Penitenciarias.

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, Serie D, número
216, de 10-4-95. Número de expediente 161/000442). (Página 16191)
--Sobre especialización técnica de la figura de los Administradores de
los centros penitenciarios. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG, Serie D, número 225, de 28-4-95. Número de expediente
161/000480). (Página 16191)
--Para la construcción de una nueva comisaría en la playa de las Américas
de Tenerife. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, Serie
D, número 229, de 11-5-95. Número de expediente 161/000487). (Página 16201)
--Sobre creación de registros mercantiles en las Islas Canarias.

Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOCG, Serie D, número
229, de 11-5-95. Número de expediente 161/000489). (Página 16205)
--Relativa a la construcción de un centro penitenciario en las Islas
Canarias. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, Serie D,
número 239, de 2-6-95. Número de expediente 161/000504). (Página 16208)
--Sobre revisión de los planes de amortización y construcción de nuevos
centros penitenciarios en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, Serie D,
número 239, de 2-6-95. Número de expediente 161/000506). (Página 16212)
--Propuesta relativa al contenido de la disposición final quinta del
proyecto de Ley Orgánica del Código Penal. (Número de expediente
121/000063). (Página 16212)



Se abre la sesión a las diez de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Señorías lamento el retraso con que se produce el comienzo de esta
sesión. Se ha debido a la incorporación en el orden del día por la Mesa
que se estaba celebrando esta mañana de nuevas cuestiones relacionadas
con el Código Penal y algunos otros asuntos que ha habido necesariamente
que debatir y de los que daré cuenta a SS. SS. dentro de un momento.

Antes de abordar el orden del día, esta Presidencia quiere proponerles un
cambio en el mismo, con objeto de cumplimentar un acuerdo de la Mesa del
Congreso de los Diputados en relación con el proyecto de ley orgánica del
Código Penal.

La Mesa del Congreso ha tomado el siguiente acuerdo: Declarar, previa
audiencia de la Junta de Portavoces, su conformidad con la propuesta
relativa al contenido de la disposición final quinta del proyecto de ley
orgánica del Código Penal y solicitar a la Comisión de Justicia e
Interior la adopción de los acuerdos oportunos para la inclusión del
mismo en el dictamen del citado proyecto de ley. Segundo, declarar su
conformidad con el criterio de que el contenido de las disposiciones
finales segunda y tercera de dicho proyecto de ley se integre en el
articulado del Código Penal y solicitar, igualmente, a la Comisión de
Justicia e Interior que adopte los acuerdos oportunos para su
incorporación al dictamen del proyecto de ley orgánica, que, como SS. SS.

saben, comienza a debatirse mañana en el Pleno.

Los letrados de la Comisión han preparado una propuesta de acuerdo
cumplimentado este previo acuerdo de la Mesa del Congreso de los
Diputados. Con objeto de que SS. SS. puedan estudiar esta propuesta de
acuerdo, les propongo que incluyamos en el orden del día al final del
debate de las proposiciones no de ley esta cuestión, de forma que SS. SS.

tengan tiempo de estudiar la citada documentación para poder pronunciarse
al término de la sesión.

¿Están SS. SS. conformes con la inclusión de este nuevo asunto en el
orden del día de la Comisión? (Asentimiento.)
Queda modificado el orden del día e incluido el acuerdo de la Mesa del
Congreso de los Diputados y la propuesta para llevar adelante lo previsto
en ese acuerdo.




DEBATE Y VOTACION SOBRE TRAMITACION DE LAS COMPARECENCIAS PENDIENTES.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a tramitar el orden del día que teníamos
previsto.

En primer lugar, debate y votación sobre la tramitación de las
comparecencias pendientes. Sus señorías disponen del anexo en que se
detallan, al que hay que incorporar dos nuevas solicitudes de
comparecencias formuladas por el Grupo Popular. En primer lugar, la
número 212/1.518, de comparecencia del Fiscal General del Estado ante la
Comisión de Justicia e Interior para que informe del desarrollo de su
programa de actuación al frente del Ministerio Fiscal y de la
coordinación de tal actuación con el Gobierno,



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así como de las discrepancias que puedan haber surgido entre el Gobierno
y la Fiscalía General. La segunda es la comparecencia de la Secretaria de
Estado de Justicia para que informe acerca de las previsiones del
Gobierno en relación con la revisión de la planta y demarcación judicial
que viene exigida en la propia Ley de planta y demarcación judicial de
1988, así como sobre la puesta en funcionamiento de los juzgados de lo
contencioso-administrativo y fórmulas para la cobertura de dichos
juzgados.

Estos dos asuntos quedan incorporados a la relación que figura en el
orden del día y sobre la que debe pronunciarse esta Comisión.

No les oculto que el motivo por el que la Comisión debe pronunciarse es
por la falta de acuerdo o la falta de unanimidad, para ser exacto, en el
seno de la Mesa de la Comisión.

La Presidencia de la Comisión observa que hay solicitadas casi cien
comparecencias de personalidades desde el año 1993-94 pendientes en esta
Comisión. Por lo general, son peticiones de comparecencia que cubren un
objetivo político para los Grupos proponentes, pero es obvio que su
tramitación es imposible, porque noventa y cinco comparecencias supondría
dedicar prácticamente el trabajo de esta Comisión durante un año para
llevarlas adelante, ya que suelen exigir cuatro o cinco horas de
celebración de la Comisión.

Como, por otra parte, la Presidencia quisiera tener la posibilidad, sin
que haya el problema de comparecencias pendientes, de que, cuando haya
peticiones urgentes de comparecencias y haya acuerdo mayoritario, sea
posible celebrarlas con la rapidez necesaria sin efectuar una alteración
del orden de prioridades, entendíamos que era bueno despejar esta
relación de comparecencias pendientes, dejando las previsiones de trabajo
de esta Comisión en condiciones de poder abordar las urgentes con la
diligencia y con la celeridad que realmente conviene cuando ciertamente
se trata de comparecencias que la mayoría valora como necesario celebrar.

Ese es el motivo por el que la Mesa intentó llegar a un acuerdo, que no
obtuvo y que debe dirimir esta Comisión. Yo creo que SS. SS. captan
perfectamente el alcance de este punto del orden del día y quiero
tranquilizarlas señalando que, en mi opinión, sería bueno tener despejado
el depósito de cuestiones pendientes para, de verdad, poder abordar con
rapidez las comparecencias cuando éstas tengan carácter urgente y tengan
el apoyo mayoritario para su convocatoria, para que no se den situaciones
como la de la última comparecencia, en la que un miembro de esta Comisión
protestó por el retraso de la misma durante quince días, sin apreciar que
su exigencia de celebración de la convocatoria de esa comparecencia
suponía darle prioridad sobre las otras 95 que aproximadamente estaban
pendientes.

Yo creo que SS. SS. tienen claro ya el sentido de la discusión que ha
tenido la Mesa y ahora corresponde a SS. SS. pronunciarse.

¿Hay algún Grupo que desee tomar la palabra? (Pausa.) El señor Gil Lázaro
tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, nosotros no quisiéramos reproducir
hoy un debate que ya tuvimos en su momento en la reunión de la Mesa, pero
sí al menos señalar, para información de los restantes miembros de la
Comisión que nos parece que someter hoy a la consideración de la Comisión
el que ésta se pronuncie sobre la globalidad de las comparecencias
pendientes a efectos del mantenimiento o supresión de las mismas puede
ser, cuanto menos, un debate inútil que podría llegar a colisionar con lo
que son los correspondientes derechos reglamentarios de los Grupos en
cuanto al desarrollo de sus propias iniciativas. En este sentido, tal
como expresamos en la citada reunión de la Mesa y volvemos a reiterar
hoy, nos parecería mucho más oportuno aplazar esta cuestión a una
reflexión por parte de los propios Grupos parlamentarios de cara
precisamente a que al comienzo del próximo período de sesiones esta
cuestión haya podido quedar resuelta exclusivamente en el ámbito donde
debe quedar resuelta, es decir, en el de la decisión de los propios
Grupos. Por lo demás, entrar hoy en ese debate global podría plantear,
sin lugar a dudas, algunas cuestiones de fondo relacionadas con la propia
naturaleza temática de algunas o de muchas de las comparecencias que
están pendientes, lo cual podría llevarnos a formular determinadas
conclusiones que, en todo caso, de perjudicar a alguien, podrían
perjudicar al balance político del Grupo de la mayoría, sin lugar a
dudas.

Nosotros creemos que ésta es una cuestión que no se puede abordar
simplemente por la vía de la aplicación de una mayoría concreta, que es
una cuestión que, efectivamente, debe ser resuelta a efectos de la mejor
agilización del trabajo de esta Comisión y en ese sentido nos parecería
mucho más oportuno, como decía anteriormente, que esa reflexión fuera
realizada por los propios Grupos parlamentarios a efectos de poder
tenerla solventada al inicio del próximo período de sesiones y sacándola,
por tanto, del orden del día de hoy.

Por lo demás, sí insistir, como ya hemos dejado claro en la sesión de la
Mesa que acabamos de celebrar, en que mi Grupo considera que, por razones
de interés político manifiesto, sería deseable que la comparecencia
212/1518, del Fiscal General, y la comparecencia, antes mencionada por el
señor Presidente, de la Secretaria de Estado de Justicia, se pudieran
celebrar antes de que finalice el actual período de sesiones.

Igualmente, como no existe unanimidad en la Mesa respecto de estas dos
últimas comparecencias, sí que pediríamos, como ya hemos vuelto a señalar
en la sesión de la Mesa que acabamos de celebrar, que se convocara lo más
rápidamente la Comisión para que se pronunciara exclusivamente sobre
estas dos comparecencias, a efectos de que, si la Comisión decidiera
darlas trámite, pudieran celebrarse antes de la finalización de este
período de sesiones.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea intervenir? (Pausa.)



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Si no hay más intervenciones, vamos a proceder a votar. (El señor Gil
Lázaro pide la palabra.) El señor Gil Lázaro tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Estimo que debe entenderse, a su vez, que nosotros
hemos formulado una propuesta, esto es, que del orden del día de la
sesión de hoy salga este punto y que, por tanto, quede a la reflexión y a
la decisión de los propios Grupos parlamentarios o que, en todo caso, de
no producirse esa reflexión, se replantee al comienzo del próximo período
de sesiones, ya que sobre esa propuesta que acabamos de hacer,
evidentemente, con carácter previo a entrar en el orden del día, habrá
que adoptar algún tipo de decisión, entre otras cuestiones porque si no
se toma en consideración esta propuesta que acabamos de hacer, nosotros
tendríamos que formular algunas consideraciones, ya de fondo, en relación
con el punto primero del orden del día.




El señor PRESIDENTE: El señor De la Rocha tiene la palabra.




El señor DE LA ROCHA RUBI: Señor Presidente, mi Grupo estaría de acuerdo
con la propuesta que ha formulado el portavoz del Grupo Popular, siempre
que se deje sobre la mesa todo el punto primero, es decir, todas las
comparecencias que estaban en ese bloque, ya creemos que antiguo no sólo
en el tiempo, sino incluso en la oportunidad, para que, como ha formulado
el señor Gil Lázaro, al inicio del próximo período de sesiones pudiera
dilucidarse entre los Grupos si alguna de ellas mantiene algún sentido de
oportunidad en el tiempo y si no que todas ellas pudieran ser ya dejadas
como pendientes y, por tanto, archivadas.

Es decir, estamos de acuerdo en que se deje sobre la mesa todo el punto
primero del orden del día, que incluye todas las comparecencias de la
relación pendiente.




El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: Nosotros no tendríamos ningún inconveniente en
aceptar la propuesta del señor De la Rocha, porque, como bien ha quedado
aclarado en función de la propia intervención previa del señor
Presidente, y según consta en los correspondientes registros de la
Comisión, en el momento en que se decidió abordar esta cuestión para
trasladarla a la Comisión, las dos últimas comparecencias que acaba de
señalar el señor Presidente no habían entrado en el registro de la
Comisión y, por tanto, quedaban fuera de este bloque. Precisamente por
eso nosotros entendemos que todo ese bloque debe ser sometido, como antes
señalaba, a esa posterior decisión de los Grupos parlamentarios. Es
decir, no entrar hoy en esa decisión y simplemente, como hemos dejado
constancia en la sesión de la Mesa y hemos dado cuenta ahora a la
Comisión, sobre esas otras dos comparecencias que en su momento la
Comisión se pronuncie explícitamente sólo sobre esas dos, entre otras
cosas porque entendemos que, precisamente porque no existían a efectos
registrales de la Comisión estas dos comparecencias últimas mencionadas
cuando se adoptó esa decisión, no pueden entrar en este paquete genérico
y, además, porque no existían, mi Grupo hizo, en la sesión de la Mesa de
la Comisión, mención especial de que, en el supuesto de que estas dos
comparecencias llegaran a registro de la Comisión antes de celebrar esta
sesión, tendrían que tener un trámite separado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barrero.




El señor BARRERO LOPEZ: Señoría, el órgano competente para la
calificación es la Comisión y mi compañero De la Rocha ha expuesto con
mucha claridad que si la propuesta para evitar una votación en este
momento fuere la de que todo el primer punto del orden del día que se
refiere a todas y cada una de las comparecencias a que ha hecho
referencia S. S., es decir, antiguas y nuevas, se sometiera a la
calificación correspondiente en el próximo período de sesiones, previa
reunión de los grupos, estaríamos de acuerdo; si no, someteríamos todo
ello a la votación correspondiente.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, tiene la palabra.




El señor GIL LAZARO: En todo caso, señor Presidente, habida cuenta de
esta propuesta y a efectos de mantener, por parte de mi Grupo, la mayor
posibilidad de acuerdo sobre esta cuestión, pediríamos que este punto del
orden del día quedara diferido en su resolución al final de la sesión,
junto con el dictamen que vamos a ver, a efectos de poder llegar a un
acuerdo y poder reflexionar, por nuestra parte, acerca de la propuesta
que acaba de hacer el Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, no es posible dejar pendiente, una
vez iniciado el debate, la resolución de esta cuestión. Sus señorías
tienen la oportunidad de explicitar el acuerdo en este momento o bien,
iniciada la votación, puede pedir votación separada de los asuntos que
considere convenientes.

Señor Gil Lázaro, qué decide.




El señor GIL LAZARO: Vamos a aceptar inicialmente la propuesta formulada
por el Grupo Parlamentario Socialista, a reserva de lo que entendemos que
es una cuestión de fondo clara: que cualquier decisión que adoptemos en
este momento sobre estas cuestiones no empece el derecho de los propios
grupos a replantear sus iniciativas. Por tanto, vamos a aceptar esa
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, a los efectos de no someter
hoy a votación en bloque conjunto de las comparecencias solicitadas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Barrero.




El señor BARRERO LOPEZ: Para que no se confunda, señor Presidente, la
propuesta exacta es que dejamos



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todo para el próximo período de sesiones y previo a ello, en el momento
que parezca más oportuno, los portavoces se reunirán para renunciar a
unas u otras, pero dejamos pendiente todo el bloque. Si esa propuesta no
fuera la aceptable, la someteríamos a votación.




El señor PRESIDENTE: ¿Hay algún otro grupo parlamentario de la Comisión
que dese fijar posición? (Pausa.)
Entiendo, en consecuencia, que no hay oposición por parte de los grupos a
concluir este punto del orden del día sin someterlo a votación. En el
próximo período de sesiones la Mesa convocará a la Junta de Portavoces al
objeto de estudiar un posible acuerdo en esta materia, acuerdo que, si no
se produce, se trasladará en forma ya de propuesta de debate y votación a
la primera reunión que se celebre por esta Comisión.




--DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE
LEY: POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN EL PLAZO DE SEIS MESES,
PRESENTE EN LA CAMARA UN PROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACION A LA REALIDAD
MARITIMA DE LA LEGISLACION ESPAÑOLA EN LA MATERIA Y, EN ESPECIAL, DEL
LIBRO III DEL CODIGO DE COMERCIO. PRESENTADA POR EL G. P. VASCO (PNV).

(Número de expediente 161/000336.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día:
proposición no de ley, presentada por el Grupo Vasco (PNV), por la que se
insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses presente en la Cámara
un proyecto de ley de actualización a la realidad marítima de la
legislación española en la materia y, en especial, del Libro III del
Código de Comercio.

Tiene la palabra, por tiempo de diez minutos, el portavoz del Grupo
Vasco, señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señorías, el Grupo Vasco ha
presentado la siguiente proposición no de ley con la idea de adaptar a la
realidad marítima actual la anquilosada legislación española reguladora
del Derecho marítimo.

El Derecho marítimo privado español se contiene, fundamentalmente, en el
Libro III del vigente Código de Comercio de 1885, texto más que
centenario en la actualidad. Pocas han sido las normas jurídicas que con
posterioridad han modificado o actualizado ese texto y ello hace que la
rica problemática que plantean modernamente las diversas instituciones
marítimas en la práctica mercantil actual encuentra difícil encaje y
solución adecuada en una legislación de tan acusada vetustez.

Por otro lado, el carácter marcadamente internacional de negocio marítimo
hace que éste se regule por una serie de reglas y usos uniformes que, en
muchos casos, encuentran difícil acomodo en las normas del vigente Código
de Comercio, con la consiguiente inseguridad jurídica en la aplicación
del ordenamiento marítimo. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdone, señoría.

Guarden silencio, porque es imposible escuchar al señor Gatzagaetxebarría
en la defensa de su proposición no de ley.

Prosiga.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.

Decía que, además, ha de tenerse en consideración que el Gobierno español
ha suscrito y ratificado un gran número de convenios internacionales en
materia de Derecho marítimo privado e incorporado, por tanto, de esta
forma de Derecho interno, pero haciéndolo de una manera asistemática, con
escaso criterio, sin adaptar nuestro Derecho interno al Derecho privado
internacional uniforme y sin dictar normas que delimiten claramente los
respectivos ámbitos de aplicación de los diferentes textos jurídicos.

Ello produce que el conjunto de la legislación marítima vigente en España
se encuentre abigarrado y necesitado de una clarificación, de una
modernización y de una sistematización que atribuya una mayor facilidad a
los diferentes operadores jurídicos.

Por esa razón, la Sección 2.a de Derecho Mercantil de la Comisión General
de Codificación, órgano que funciona en el seno del Ministerio de
Justicia e Interior, ya revisó y aprobó borradores de anteproyectos de
ley, como el de contrato de seguro marítimo o el de contratos de
utilización de buque, encontrándose (por las informaciones que en su día
nos suministró el Gobierno en base a una petición parlamentaria de
información) en fase de estudio todavía, de borrador, el anteproyecto
relativo a la limitación de las reclamaciones de Derecho marítimo y toda
la responsabilidad generada por los accidentes de navegación marítima.

Por tanto, esta reforma parcial del Derecho marítimo continúa en la línea
que nosotros proponemos de modernización del Libro III del Código de
Comercio y, en definitiva, de acercar el Derecho marítimo español a la
realidad jurídica internacional manifestada en los diferentes convenios
que ha suscrito el Gobierno español. En esta cuestión se puede indicar
que puede haber diferentes planteamientos de técnica legislativa que o
bien vayan a una regulación de refundición de las diferentes normativas
en el propio Libro III del Código de Comercio o bien se vaya, en aras de
que haya una mayor flexibilidad, a la plasmación de textos legales de
carácter especial y con carácter sectorial al margen del Libro III del
Código de Comercio.

En definitiva, creo que al Gobierno también hay que dejarle un margen de
maniobra, puesto que se trata de una cuestión de técnica legislativa y,
por consiguiente, a nuestro Grupo Parlamentario le sería indiferente el
que se hiciera una armonización y una refundición de la diferente
normativa bien en el Libro III o bien a través de legislación sectorial,
tal y como el Gobierno, en algunos casos, ha avanzado en los diferentes
anteproyectos. Nuestro Grupo parlamentario deja abierta esa posibilidad
de que la actualización, la refundición y la adaptación del Derecho
marítimo español se haga por cualquiera de las dos vías.




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No obstante, queremos decir, señor Presidente, que en lo que concierne al
contrato de seguro marítimo, la Ley de Contratos del Seguro, la Ley
50/1980, de 8 de octubre, aprobada por esta Cámara, no contenía una
regulación del seguro marítimo, y la difusión en el tráfico marítimo de
cláusulas contractuales surgidas en el ámbito internacional ponen
suficientemente de manifiesto la necesidad de la nueva regulación. Otro
tanto ocurre con la regulación de los contratos de utilización de buque
para los cuales es necesaria una regulación única que establezca todas
las relaciones de naturaleza jurídica relativas a la explotación del
buque mercante, de forma que se construya un marco legal donde encajen
los diferentes modelos y tipos de contratos utilizados en el mercado
internacional. Juntamente con ello, por las informaciones que el Gobierno
dio a este Grupo Parlamentario, está en fase más retrasada el tema
relativo a la regulación de la responsabilidad del naviero, en la que
habría que introducir los clausulados y la regulación del Convenio del
año 1976.

En definitiva, lo que quiere nuestro Grupo Parlamentario es dar un
impulso a la labor legislativa del Gobierno en cuanto a la adaptación de
la legislación española de Derecho marítimo privado. Ese es el sentir, el
alcance y el contenido de la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Se ha formulado una enmienda por parte del Grupo
Popular y otra que suscribe el Grupo Socialista. Voy a dar la palabra al
portavoz del Grupo Popular para que pueda pronunciarse sobre esta
proposición y la enmienda que formula.




El señor AZPIROZ VILLAR: No voy a hacer referencia a los antecedentes que
acaba de expresar el portavoz del Grupo Nacionalista Vasco en la defensa
de su proposición no de ley y en cuanto a la obvia y objetiva
coincidencia de que, en los aspectos legislativos de toda la cuestión del
tráfico marítimo, son realmente obsoletos el Código de Comercio, la Ley
de Hipoteca Naval, etcétera, y más que centenarios. Por lo tanto, desde
el Grupo Popular consideramos que la propuesta que se formula en este
acto es oportuna por cuanto hay una necesidad de desarrollo del marco
legal adecuado para la revitalización del sector marítimo, por un lado,
y, por otro lado, porque la complejidad del sector precisa de unas
adecuadas instituciones jurídicas y económicas en la materia. Además, se
ha dicho ya que la realidad internacional va por delante de la realidad
jurídica en esta materia que se precisa regular.

Por lo tanto, desde la coincidencia en la oportunidad de la iniciativa
planteada, consideramos, como grupo político, como Grupo en el Congreso,
que era preciso no hablar en los términos en que se plantea la
proposición no de ley, sino que habría que concretar. El ámbito que se ha
definido por parte del Grupo Nacionalista Vasco es muy genérico y
nosotros, en la enmienda, buscamos sustancialmente dos objetivos: uno,
ampliar el plazo inicialmente previsto en la iniciativa, en la medida en
que el Gobierno pudiera entender que, dada la complejidad
técnico-jurídica de la materia, precisaba mayor período para poder llevar
adelante la misma. Según nuestras noticias, parece ser que,
afortunadamente, está avanzada esa labor legislativa de una forma
importante.

Por otro lado, hay un factor que acabo de anticipar: la concreción de los
aspectos sustanciales del tráfico marítimo debe ser regulado, que, por
cierto, ayer era objeto de una separata monográfica en un diario de
difusión nacional. Como acaba de exponer el señor Gatzagaetxebarría, hace
falta, y la enmienda así lo precisa, abordar la regulación del contrato
de seguro marítimo, abordar los contratos de utilización del buque,
abordar también la responsabilidad del naviero y, en cuarto lugar, como
elementos prioritarios de la reforma que se debe traer a esta Cámara, los
accidentes de navegación marítima, regulando y modificando para ello,
efectivamente, las previsiones que al respecto contiene el Libro III del
Código de Comercio, pero también las numerosas leyes especiales que
parcialmente han venido regulando toda esta materia.

Sabemos de la enmienda del Grupo Socialista, creemos que es coincidente
en cuanto a este espíritu, aunque va más lejos, como acabo de manifestar,
en cuanto a los plazos. Desde la coincidencia en la necesidad de
concreción de la reforma y de la priorización de los objetivos que se
deben abordar y delimitar, estamos de acuerdo en que, sea cual sea la
enmienda que sin duda el portavoz del Grupo Vasco vaya a aceptar en este
debate, el Grupo Popular votará favorablemente por esa coincidencia que
acabo de expresar.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Navarrete, del Grupo
Socialista, para pronunciarse sobre la proposición no de ley y, asimismo,
para defender la enmienda que su Grupo ha presentado a la misma.




El señor NAVARRETE MERINO: Señor Presidente, señoras y señores diputados,
creo que hay una coincidencia en el análisis de la obsolescencia del
Derecho marítimo por todos los grupos que han hecho uso de la palabra y
creo que incluso por los grupos que no han hecho uso de ella.

El Derecho marítimo presenta unos rasgos que le hacen especialmente
vulnerable al transcurso del tiempo. Ello hay que señalarlo con un
especial énfasis, teniendo en cuenta la antigüedad de nuestro Código de
Comercio. El Derecho marítimo se instala en torno a la noción del buque,
que es un objeto mueble, probablemente el objeto mueble revestido de una
mayor significación jurídica en el ordenamiento de nuestro país y de
otros países.

Las circunstancias en las que se desarrollaba, y en cierta medida se
sigue desarrollando, el tráfico marítimo han constituido una importante
excepción normativa y, como consecuencia, nos encontramos con que, en los
antecedentes históricos previos a cualquier regulación de Derecho
marítimo, el buque tiene un tratamiento personalizado que se convierte en
centro de imputación de responsabilidades, en un patrimonio separado, en
un límite de responsabilidad, como si de una persona natural o jurídica
se tratase, con especial incidencia en los contratos de fletamento, de
préstamos a la gruesa o de seguros, donde precisamente el valor del buque
figura como límite de responsabilidad y el



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buque es también objeto de nacionalidad, en paralelo con la aplicación de
la noción de nacionalidad a las personas naturales y a las personas
jurídicas.

Junto con ello, coexiste en la doctrina y en los tratamientos legales de
los diferentes países la conceptuación del buque como empresa. La
tripulación y el personal de fonda, por lo menos en las concepciones más
antiguas, se configuran como servidores del buque, donde, además, hay una
especial disciplina laboral. Forman parte de la historia marítima la
sanción de pasar a la tripulación o a los pasajeros por la quilla, la
aplicación de la noción de delitos contra la seguridad del Estado en los
casos de quiebra importante de la disciplina a bordo y la aplicación al
capitán del buque de una serie de competencias normalmente retenidas en
poder de determinados funcionarios: competencias penales, competencias
disciplinarias --a ambas ya nos hemos referido--, capacidad de dar fe en
el otorgamiento de testamentos o en la celebración de matrimonios durante
el viaje marítimo. Ello tenía que ver con el riesgo y también con la
lentitud de las comunicaciones marítimas, pero precisamente porque el
buque es un bien mueble y discurre de un lugar a otro, las cuestiones de
seguridad del tráfico, en el sentido mercantil del término, son de
extraordinaria importancia y también una de las fuentes del Derecho
mercantil es especialmente abundante y significativa en el ámbito del
Derecho marítimo, los usos y las costumbres internacionales que, a no
tardar, se plasman en la creación de un derecho escrito uniforme. Como
consecuencia de esa lentitud y de ese permanente desplazamiento del
buque, no solamente el buque es empresa, sino que, en muchas ocasiones,
aparece el tratamiento del viaje del buque como el que corresponde a una
empresa, el viaje es equivalente a la empresa. Todas estas normas no
tienen razón de ser en un momento en que se han acelerado
extraordinariamente todas las comunicaciones, la que en sí misma
representa el desplazamiento de uno a otro lugar del buque y la que
representan las instalaciones que están a bordo del mismo buque.

Por otra parte, los textos codificados de Derecho marítimo están
sometidos a la erosión de esos usos y costumbres, en una permanente
evolución, y a la celebración de tratados internacionales que
prácticamente vienen a representar la derogación de partes importantes de
los códigos mercantiles dedicados al Derecho marítimo. Hay que significar
también que la prontitud con que tienen que realizarse los negocios
jurídicos que tomen al buque, o a su cargamento, como elemento de
referencia facilita extraordinariamente los procedimientos de
autocomposición y de heterocomposición. Es decir, el recurso a la vía
jurisdiccional es bastante menos frecuente que la utilización de toda
clase de procedimientos arbitrales en la práctica marítima. En los
últimos momentos se podría afirmar que la empresa ya no es el viaje, la
empresa ya no es el buque, ni siquiera el armador o el propietario del
buque. La empresa se ha desplazado subjetivamente y se centra ahora en la
figura del naviero, que eventualmente puede ser armador pero puede
también no serlo. El naviero es quien la explota y puede explotar uno o
más buques o puede explotar una o más líneas.

Todos esos elementos están implícitos en el análisis de la obsolescencia
de los preceptos que a esta materia dedica nuestro Código de Comercio y
que son 296. La puesta en marcha de los borradores de anteproyectos, ya
ultimados por la Comisión General de Codificación y por el Ministerio de
Justicia e Interior, representa que de esos 296 artículos, medidos en
kilogramos y en metros cúbicos, estas figuras jurídicas supondrían la
derogación y su correspondiente sustitución de 196, es decir, de las dos
terceras partes del Libro III del Derecho marítimo.

¿Por qué nuestra respuesta no es plenamente coincidente con lo que
demanda el Partido Nacionalista Vasco? En definitiva, al Ministerio de
Justicia e Interior le sucede lo mismo que a esta Comisión con respecto
al punto que acabamos de discutir de las comparecencias. Hay unas tareas
que realizar. Hay unas prioridades que resultan de nuestro programa
electoral y de las demandas de la sociedad española, y esas prioridades
son la utilización de las normas procesales, la elaboración, a la que
tantas horas ha dedicado esta Comisión, del Código Penal y la lucha por
una mayor efectividad y una mayor agilidad en la Administración de
justicia. En el resquicio que dejan estas prioridades hay que intercalar
la necesaria actualización de nuestro Derecho marítimo. Por eso hemos
propuesto una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Vasco en la
que se indica que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que
en el segundo período de sesiones del año en curso presente en la Cámara
un proyecto de ley regulador del contrato de seguro marítimo y otro sobre
el contrato de utilización del buque; y en el segundo período de sesiones
del próximo año la actualización del resto del Libro III del Código de
Comercio, así como de la realidad marítima no incluida en dicho cuerpo
legal. Al operar de esta manera tenemos en cuenta los dos sistemas de
actualización del Derecho marítimo que en la actualidad existen: el
sistema de leyes especiales y el sistema de un nuevo Código. Por el
sistema de elaboración de un nuevo Código se optó por Italia en 1942, por
Grecia en 1958 y por Polonia en 1961. En cambio, el Derecho francés optó
por la ley del año 1956, sobre fletamentos y transportes, la de 1957,
sobre buques y responsabilidad del buque, y la del año 1967, sobre
acaecimientos en el mar.

Por tanto, lo que podemos ofrecer de momento a esta Comisión es que,
antes de que finalice el año, vendría a ella el proyecto del Gobierno
sobre las dos materias jurídicas enunciadas, que equivalen, como he
dicho, a las dos terceras partes de la cantidad normativa que comprende
nuestro Libro III, y para finales del próximo año estaría en esta
Comisión el proyecto, completo ya, de revisión y actualización del Libro
III del Código de Comercio.

Agradezco la aceptación de las enmiendas por el grupo que ha presentado
la proposición no de ley y por el Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, puede pronunciarse sobre
las enmiendas que han sido formuladas.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, he de agradecer a
los portavoces del Grupo



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Parlamentario Popular y del Grupo Parlamentario Socialista las
manifestaciones que han efectuado respecto a nuestra proposición no de
ley y quiero resaltar el alto grado de consenso que hemos alcanzado en
relación a la necesidad de adaptar a la realidad marítima actual el
Derecho marítimo privado español, bien sea a través de la modificación
del Libro III del Código de Comercio o a través de legislaciones
sectoriales, como manifestaban también los portavoces de los grupos
Popular y Socialista.

A nuestro grupo le parece que las dos enmiendas, tanto la del Grupo
Popular como la del Grupo Socialista, van en la misma línea de concretar
la parte resolutiva de la proposición no de ley nuestra. Por tanto,
coincidimos con el espíritu de las mismas. La enmienda del Grupo
Socialista incluso se compromete a instar al Gobierno a que en el segundo
período de sesiones de este año remita dos proyectos de ley que, como
decía el señor Navarrete, el contrato de seguro marítimo y el de
utilización de buques son las dos terceras partes del Derecho marítimo
privado español. A su vez, hay un compromiso de remisión de la
actualización del Libro III para el segundo período de sesiones del año
que viene.

Por consiguiente, mostramos nuestra satisfacción por el nivel de
vinculación que el Gobierno acepta y admitimos a trámite la enmienda del
Grupo Socialista, manifestando al Grupo Popular que como coincide su
análisis prácticamente con lo que dice el Grupo Socialista le
solicitamos, por tanto, su voto favorable a la proposición no de ley con
la aceptación a trámite de la enmienda del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Visto su pronunciamiento, someteremos a votación la
proposición no de ley.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad la proposición no de ley
del Grupo Vasco, PNV, con la incorporación de la enmienda formulada por
el Grupo Socialista.




-- SOBRE DOTACION DE MEDIOS A LA FISCALIA ANTIDROGA DE CADIZ. PRESENTADA
POR EL G. P. POPULAR. (Número de expediente 161/000463.)



El señor PRESIDENTE: Si SS. SS. no tienen inconveniente, daré prioridad a
la proposición no de ley sobre dotación de medios a la Fiscalía Antidroga
de Cádiz, que figura en el orden del día con el número 6. ¿Les parece
bien? (Asentimiento.) En ese caso, doy la palabra a la señora Martínez
para que pueda formular la defensa de esta proposición no de ley.




La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, señorías, el 24 de julio de
1985 el Gobierno, en cumplimiento de un mandato del Congreso de los
Diputados, aprobó el Plan Nacional sobre Drogas. La finalidad de dicho
plan era abordar el complejo fenómeno de las drogas desde un enfoque
multidisciplinar. Para ello se contempló como medida prioritaria la
institucionalización de una fiscalía especial para la represión del
tráfico ilegal de drogas que a pesar de constituir un proyecto
prioritario, como se ha señalado, no llegó a crearse hasta 1988. Entre
las importantes funciones que se le atribuyeron a esta fiscalía,
incardinada dentro de la unidad del Ministerio Fiscal y bajo la dirección
del Fiscal General del Estado, se encuentran la de intervenir
directamente en los procesos penales por delitos relativos al tráfico de
drogas cometidos por bandas o grupos organizados y que produzcan efectos
en lugares pertenecientes a distintas audiencias, cualesquiera que sean
las competencias de la Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional y de
los Juzgados Centrales de Instrucción; intervenir también directamente en
los procedimientos penales por delitos relativos al tráfico de drogas en
los casos en que lo acuerde el Fiscal General; coordinar las actuaciones
de las distintas fiscalías en orden a la prevención y represión del
tráfico ilegal de drogas; investigar la situación económica y
patrimonial, así como las operaciones financieras y mercantiles de toda
clase de personas respecto de las que existan indicios de participación
en actos de tráfico ilegal de drogas; colaborar con la autoridad judicial
en el control del tratamiento de drogodependientes a quienes se haya
aplicado la remisión condicional, recibiendo los datos precisos de los
centros acreditados que participan en dicho tratamiento.

Señorías, las funciones atribuidas a la referida fiscalía fueron
ambiciosas, además de importantes. Sin embargo, tales pretensiones no
correspondieron en absoluto con los medios personales asignados a la
misma por la Ley de 1988, y ello a pesar de contemplarse en su exposición
de motivos que para que el empleo no fuera en balde era necesario
determinar sus funciones y poner a disposición de la misma los medios
personales necesarios para el desarrollo de la función.

A pesar de las reiteradas quejas de los fiscales antidroga en relación a
los problemas de funcionamiento derivados especialmente de la falta de
medios materiales y técnicos, la labor que han venido desarrollando
dichos fiscales es elogiable porque con tan pocos medios han sido muchas
las actuaciones de la Fiscalía Especial Antidroga. Sin embargo, el
Gobierno en estos años no ha sido capaz de solucionar la insuficiencia de
medios de apoyo y colaboración con la fiscalía, aduciendo razones de
falta de disponibilidad presupuestaria que desde un principio eran de
sobra conocidas, ya que las restricciones del gasto público en los
últimos años y las insuficientes y escasas dotaciones del Ministerio de
Justicia no han logrado sobrepasar desde 1982 el 0,40 por ciento del PIB,
lo que no ha constituido nunca una novedad en la etapa del Gobierno
socialista. Señorías, los problemas actuales de dicha fiscalía, así como
los de las fiscalías delegadas, no son, por tanto, sino una consecuencia
de la falta de voluntad del Gobierno para resolverlos. Se puede estar de
acuerdo en que es una cuestión de prioridades presupuestarias. Sin
embargo, la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales
derivados del mismo deben constituir una prioridad --por lo menos eso



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se oye en esta Cámara cada vez que se habla del problema de la droga-- no
sólo a nivel legislativo, donde se ha avanzado bastante en los últimos
años, sino a nivel de estructuras funcionales de coordinación y
administrativas primodialmente, dotándoles de mayor eficacia para la
persecución y la averiguación del delito.

Señorías, volviendo a los medios con que el Gobierno ha dotado a la
Fiscalía Especial, hay que destacar, por lo que a los medios personales
se refiere, que durante los tres primeros años de su vigencia la
plantilla con que fue dotada en su origen no experimentó ninguna
modificación. La peculiar figura de los fiscales delegados, que requería
desde un principio una especial atención en el desarrollo del artículo 18
bis del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, tuvo que esperar hasta
1991, por Instrucción número 5 de 28 de junio, para ver delimitadas sus
atribuciones y competencias tan importantes como centralizar la
información sobre procedimientos judiciales, comunicando a la Fiscalía
Especial los datos de mayor interés y las principales incidencias de su
ejecución. Sin embargo, señorías, aún está pendiente de resolver la mayor
parte de los asuntos relacionados con los medios técnicos y materiales
tanto para los fiscales delegados como para la Fiscalía Especial. En este
sentido, la Fiscalía Antidroga de Cádiz es un ejemplo flagrante de la
falta de medios. En una provincia donde el azote del narcotráfico es
especialmente preocupante, tenemos por cubrir la vacante de la fiscalía
antidroga del Campo de Gibraltar y los medios de que dispone la fiscal
antidroga en este momento de Cádiz realmente son insuficientes, por no
decir nulos. En esta provincia, señorías, la situación es calamitosa
porque, como les decía, no tiene ningún medio, no tiene ordenadores, no
tiene forma de conectarse con otras fiscalías ni con la Fiscalía Especial
a nivel nacional, no tiene ninguna ayuda de ningún funcionario, no tiene
ningún funcionario adscrito especialmente, y hay días en que la fiscal
antidroga de Cádiz tiene que intervenir en cuatro procesos a la vez.

Ahora que estamos viendo que en otros departamentos del Gobierno y del
Estado se gasta dinero para métodos sofisticados de comunicación y de
interceptación de las comunicaciones, yo creo que es un insulto a la
sociedad española que la Fiscalía Especial Antidroga y los fiscales
delegados no tengan ordenadores, no tengan medios para comunicarse unos
con otros y no tengan funcionarios especializados adscritos. Además,
tenemos que tener en cuenta que las provincias de Cádiz y Pontevedra en
este momento tienen elaborado por el Ministerio de Justicia e Interior un
plan especial de choque para la lucha contra el narcotráfico. Hablar de
un plan especial de lucha contra el narcotráfico y contra el blanqueo, de
coordinación de los efectivos del Estado para luchar contra el
narcotráfico, pero sin tener ningún medio técnico ni humano a disposición
de la fiscal delegada del Campo de Gibraltar --la fiscalía antidroga
tiene una vacante desde hace meses--, y realmente es llamativo y
preocupante, y para esta Diputada que les habla es prácticamente un
insulto a la inteligencia. No es normal que haya un plan de choque
especial para la provincia de Cádiz con estos medios y que el esfuerzo de
los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que parece que han venido
haciendo, luego no se vea respaldado por el Ministerio de Justicia.

Por tanto, señorías, espero contar con el apoyo de todos los grupos de
esta Cámara, representados en esta Comisión, para que a la Fiscalía
Especial Antidroga de Cádiz se le dote de los medios necesarios para ser
eficaz y cumplir la misión que se le tiene encomendada para la defensa de
los intereses de la sociedad española y la gaditana.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que vayan a fijar posición?
(Pausa.) Grupo Socialista.




El señor GARCIA ESPINOSA: Voy a intervenir con la máxima brevedad para
fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que va a ser
favorable porque en realidad la pretensión que hoy se nos plantea no es
más que a dar formalidad parlamentaria a lo que de hecho se está haciendo
desde el Gobierno. Por tanto, votaremos favorablemente la proposición
porque es un impulso para dar formalidad parlamentaria al trabajo que se
viene desarrollando desde el Ejecutivo en apoyo de la fiscalía desde su
creación, como así he creído entender que reconoce la proponente y he
leído en su exposición de motivos. La proposición constata el aumento
notable de medios materiales y personales que ha venido experimentando
desde su creación en 1988 la fiscalía. La exposición de motivos y la
intervención de la proponente constatan el encomiable trabajo que está
desarrollando esta fiscalía. Por tanto, vamos a votar favorablemente y
solamente vamos a hacer un par de consideraciones.

En primer lugar, no se puede contemplar aisladamente la fiscalía de
Cádiz. La fiscalía de Cádiz está integrada en la Fiscalía Especial contra
la Droga y dispone de todos los medios personales y materiales que se
enmarcan dentro del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que es la
comunidad autónoma donde reside la Fiscalía Antidroga de Cádiz, aparte de
su plantilla propia y de lo que pueda extraer de la Audiencia Provincial
en que desarrolla su trabajo. Por tanto, para un correcto entendimiento
del contexto en el que se desarrollan las funciones de esta fiscalía no
podemos apreciarla como un ente aislado de la Fiscalía Especial en su
conjunto.

Una segunda consideración que refuerza el porqué votaremos
favorablemente, como he dicho al principio, ya que tan sólo se trata de
dar formalidad parlamentaria a lo que de hecho ya se está haciendo, se
refiere a los trabajos que en este sentido se están desarrollando. En
Toledo hubo una reunión los días 9, 10 y 11, creo recordar, de marzo de
este año, en la que los fiscales antidroga debatieron una serie de
conclusiones que en forma de recomendaciones elevaron a los distintos
poderes. No podemos más que constatar que estas recomendaciones se están
cumpliendo de forma real. Los fiscales hacían tres tipos de
recomendaciones. En primer lugar, al Poder Legislativo, desde
modificaciones en el Código Penal que se han llevado a cabo recientemente
en esta Cámara, hasta la expropiación forzosa de los bienes que se
incauten a los narcotraficantes. En este sentido, como bien saben SS. SS.

y debía saber la proponente, el 1 de junio de



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este año se remitió al Congreso de los Diputados un proyecto de ley sobre
la creación de un fondo procedente de los bienes decomisados por el
tráfico de drogas, entre cuyos objetivos figura la redistribución de los
fondos para la prevención de este tipo de delitos. Por tanto, será
destinatario y beneficiario de los mismos la Fiscalía Especial para la
prevención y represión del tráfico ilegal de droga. Primera recomendación
que el Poder Legislativo, todos, incluida la proponente, ha atendido de
estos fiscales. Una segunda recomendación hacía referencia a la
reorganización interna de la fiscalía que está ejecutando el Fiscal
General del Estado. Y finalmente se solicitaba del Ministerio de Justicia
e Interior, como acabamos de oír, la provisión para esta Fiscalía
Especial de un ambicioso paquete informático del que todavía carecen las
fiscalías delegadas, aunque no así la fiscalía central con sede en
Madrid. Se trata de dotar a los 15 fiscales que existen en España de un
ambicioso paquete informático que les permita acceder a una serie de
datos imprescindibles para su trabajo. En este sentido quiero informar
--y creo que la proponente lo sabe o lo debería saber-- que el Ministerio
de Justicia, en su plan de actuación de trabajos para este año, tiene
previsto atender esa petición que hicieron los fiscales en Toledo y dotar
de una red informática a las fiscalías antidroga, prioritariamente a una
serie de ellas que por el número de procedimientos incoados lo exigen, y
entre las primeras se encuentra la fiscalía delegada de Cádiz.

En resumen, y atendiendo a la brevedad porque no da para más la
proposición, la votaremos favorablemente porque se trata de, con el
formato de una proposición no de ley parlamentaria, ratificar lo que de
hecho se viene desarrollando desde el Gobierno que es el favorecimiento
del trabajo de estos fiscales.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la proposición no de ley, del
Grupo Popular, sobre dotación de medios a la Fiscalía Antidroga de Cádiz.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




-- SOBRE CREACION DE REGISTROS MERCANTILES EN LAS ISLAS DE MENORCA E
IBIZA Y FORMENTERA. PRESENTADA POR EL G. P. SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000488.)



El señor PRESIDENTE: Espero que con el consentimiento de SS. SS. pueda
proponer a los miembros de la Comisión el debate de la proposición no de
ley, del Grupo Socialista, sobre creación de registros mercantiles en las
islas de Menorca e Ibiza y Formentera. ¿Hay inconveniente a que se dé
prioridad al debate de esta proposición con respecto a lo inicialmente
plasmado en el orden del día? (Denegaciones.) Tiene la palabra el señor
Costa, del Grupo Socialista, para que pueda defender su proposición no de
ley.

El señor costa costa: El Grupo Socialista pretende mejorar con esta
proposición no de ley un servicio a los ciudadanos que necesitan hacer
uso de él, creando registros mercantiles en las islas de Menorca e Ibiza
y Formentera. Esta aspiración, que ya tiene años en las demandas de los
ciudadanos de las islas Baleares, tiene también antecedentes en los
trabajos parlamentarios que este Diputado que les habla ha ido
realizando. Así, en el año 1991, en conversaciones con el Director
General de los Registros y del Notariado se intentó buscar una solución a
este problema, haciendo que en los registros de la propiedad se pudieran
depositar determinados documentos que después eran enviados al registro
mercantil. Esta situación, que ha durado aproximadamente dos años, ha
sido insatisfactoria para las necesidades que tienen los operadores
económicos en las islas de Ibiza, Formentera y Menorca. De ahí que
hayamos pasado al siguiente escalón, que creemos que es el que viene a
solucionar un problema real que existe para estos operadores en estas
islas.

Esta proposición no de ley tiene su base legal, en primer lugar, en el
artículo 138.1 de la Constitución Española, donde se especifica
claramente que el Estado debe velar por el establecimiento de un
equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del
territorio español, atendiendo en particular a las circunstancias del
hecho insular. Precisamente a las circunstancias del hecho insular es a
lo que queremos atender en esta proposición no de ley; básicamente al
hecho de que los operadores en temas mercantiles de Ibiza, Formentera y
Menorca se tengan que desplazar a la isla de Palma de Mallorca para poder
realizar sus funciones, creando con ello unos costes añadidos y unas
desigualdades que no tienen los operadores de la citada isla.

Si me permiten hablar brevemente sobre la eficacia y la oportunidad de
estos nuevos registros mercantiles, les voy a hacer algunas reflexiones.

En primer lugar, el concepto de operatividad del registro situado en
Palma de Mallorca puede serlo técnicamente, pero no lo es para el
conjunto de los ciudadanos de las islas, al menos no lo es para aquellos
ciudadanos que necesitan hacer uso de este servicio en Menorca, Ibiza y
Formentera. El concepto de operatividad no tiene que ir dirigido
solamente a la Administración, sino más bien a los administrados, y es en
ese servicio a los administrados donde la operatividad deja mucho que
desear. En segundo lugar, el concepto de eficacia respecto a la distancia
y al coste que significa también deja mucho que desear. Un registro
mercantil situado en otra isla, con la obligación de desplazamientos
aéreos o por mar, con el coste que ello significa, supone un
inconveniente grave también para los administrados. Por todo ello, la
creación de estos dos registros mercantiles viene a resolver tres
cuestiones: la de la proximidad, la igualación del coste del servicio
para los ciudadanos de estas islas y el cumplimiento de lo preceptuado en
el artículo 138.1, antes mencionado, de la Constitución Española.

Esta instauración de nuevos registros mercantiles viene a coincidir con
las reformas en la legislación mercantil española y las adaptaciones que
ésta ha producido como consecuencia de la integración de España en la
Unión Europea.




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Así lo reconoce el Real Decreto 1597/89, de 29 de diciembre. En el
régimen registral de los sujetos inscribibles hay dos aspectos que
afectan especialmente a su volumen de funciones. En primer lugar, se han
ampliado de manera notable los sistemas de publicidad. Y, en segundo
lugar, la regulación sustantiva de las operaciones societarias ha de
tener reflejo en el registro mercantil. Ello hace, por tanto, más
acuciante todavía la necesidad de estos dos nuevos registros mercantiles.

Los afectados por estos servicios, como saben SS. SS., son las sociedades
o empresas con contabilidad del plan general de cuentas y son numerosos
los hechos que tienen que ser inscritos en los registros mercantiles: el
depositar las cuentas anuales de las sociedades y empresas con plan
general de cuentas, las modificaciones de estatutos, adaptaciones,
nombramiento de administradores, acceso a la información, cambios de
domicilio, cambios de accionariado, etcétera.

Como ya he dicho antes, nos basamos para esta proposición no de ley en el
artículo 16.3 del Real Decreto 1.597/89, y por ello creemos necesario que
el Gobierno inicie los trámites legales para la creación de dos registros
mercantiles en Menorca, Ibiza y Formentera, respectivamente. Que lo haga,
tal como propone el citado decreto, a propuesta del Ministro de Justicia,
previa audiencia del Consejo de Estado y con un informe de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares. Estamos convencidos de que con ello
contribuimos a mejorar los servicios que se deben prestar a los
ciudadanos; contribuimos también a que se igualen estos servicios para
todos los ciudadanos de las islas Baleares y a hacer más eficaces, más
operativos, más iguales, insisto, los servicios de los registros
mercantiles en las islas Baleares. Todo ello teniendo en cuenta que el
volumen de trabajo del único registro mercantil, del único registrador
que existe en estos momentos en las islas Baleares, es el más alto de
toda España y que, por tanto, no existe ningún problema para que se
puedan crear dos nuevos registros, uno en Menorca y otro en Ibiza y
Formentera, en la seguridad de que estos nuevos registros van a tener un
volumen de trabajo superior a muchas capitales de provincia del Estado
español y, por tanto, son viables en sí mismos, no van a tener un coste
añadido para el Estado, van a crear nuevos puestos de trabajo y van a
mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos de estas islas.

Por todo ello, pedimos el apoyo de todos los grupos a esta proposición no
de ley.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Cava
de Llano.




La señora CAVA DE LLANO I CARRIO: Quisiera comenzar mi intervención
expresando dos sentimientos: uno de perplejidad y otro de satisfacción.

Satisfacción porque, al parecer, por fin va a tener luz verde la
reivindicación efectuada desde hace muchos años por distintos colectivos
de que Ibiza, Formentera y Menorca cuenten con una oficina de registro
mercantil. Perplejidad por el hecho de que esta petición ya fue formulada
en épocas en que esta Diputada era la Presidenta del Colegio de Abogados
de Ibiza y Formentera y no se consiguió nada al respecto. Pero es que,
además, siendo ya Diputada formulé una pregunta al Ministro de Justicia
en el sentido de si se pensaba crear una oficina de registro mercantil en
la isla de Ibiza y cuando, y se me contestó textualmente, el 14 de
diciembre de 1994, por el Ministro lo siguiente: Los registros
mercantiles están ubicados en todas las capitales de provincia y además
en las ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el artículo 16 del
Reglamento del Registro Mercantil. El sistema registral que configura la
Ley de reforma, de 25 de julio de 1989, y el Reglamento de registro
mercantil, de 29 de diciembre del mismo año, tiende a evitar la
fragmentación y disgregación territorial de los registros mercantiles y
lograr, por el contrario, la mayor concentración de éstos.

Consecuentemente, el previsible aumento de títulos inscribibles en el
registro mercantil se ha tratado de resolver, desde la perspectiva de la
publicidad registral, mediante el aumento del número de registradores a
cargo de cada registro en lugar de crear nuevos registros. Esta línea de
actuación se inició en 1984 con la agrupación en uno solo de los varios
registros mercantiles existentes en Madrid y Barcelona, aumentando
simultáneamente el número de registradores a cargo de cada uno de ellos.

Todo ello facilita el funcionamiento del nuevo registro mercantil central
y la publicación del boletín oficial del registro mercantil. Los
problemas que desde el punto de vista del usuario podría plantear el
criterio de la concentración territorial de los registros mercantiles
fueron ya contemplados por el legislador mercantil a través de la
posibilidad de remisión al registro mercantil competente de los datos
necesarios para practicar el asiento de presentación, cuya remisión puede
solicitarse al registro de la propiedad mercantil.

Señorías, se me expresaba que el criterio era precisamente el de la
concentración territorial y no la dispersión, que es lo que ahora se
pide. De todas formas, de sabios es rectificar. Me congratulo muchísimo
de que esta pregunta quizás haya servido al Grupo Socialista para
recapacitar y darse cuenta de que era necesaria la creación de unas
oficinas de registro mercantil en Menorca, Ibiza y Formentera porque,
como se dice en la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, efectivamente, el nivel de asuntos en el registro mercantil
único existente en Baleares es superior a la media nacional y justifica
la creación de esas dos nuevas oficinas.

El registro mercantil tiene una nueva configuración tras la Ley, de 25 de
julio de 1989, de reforma parcial y adaptación de la legislación
mercantil a las directivas de la Comunidad Económica Europea en materia
de sociedades, y el Real Decreto, de 29 de diciembre de 1989, por el que
se aprueba el nuevo reglamento de registro mercantil. La promulgación del
nuevo reglamento del registro mercantil no fue fruto de la casualidad,
sino consecuencia de la evolución operada en el tráfico mercantil, y se
plasma en este reglamento en diversos objetivos, como son los siguientes:
definir los principios registrales, aumentar el número de los sujetos de
actos inscribibles, reforzar la divulgación o publicidad registral,
modificar la disciplina de las operaciones societarias, ampliar las
funciones de registro y reorganizar la estructura registral.




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¿Es posible la creación de estas oficinas que hoy se solicita? Sí,
señorías. Lo es. El Código de Comercio, tras su reforma de 1989,
establece en su artículo 17 que el registro mercantil se llevará bajo la
dependencia del Ministerio de Justicia y por lo que se refiere a su
ubicación dice que los registros mercantiles radicarán en las capitales
de provincia y en las poblaciones donde por las necesidades del servicio
se establezca de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. A este
respecto conviene también citar que el artículo 16 del Reglamento de
registro mercantil, que en orden a la capitalidad y circunscripción de
los registros establece el principio general de que los registros
mercantiles estarán establecidos en todas las capitales de provincia y
además en las ciudades de Ceuta y Melilla, recoge, sin embargo, una
excepción para el supuesto de que existan en un determinado lugar
necesidades del servicio que requieran la creación de un nuevo registro
en poblaciones distintas de las capitales de provincias. Ha comentado mi
compañero del Grupo Socialista que la Constitución reconoce en el
artículo 138 el hecho insular. Es decir, esta excepción podría en este
caso ser cubierta por el hecho insular y, como he dicho y también consta
en la proposición no de ley, por el volumen de asuntos que requieren la
existencia de una oficina de registro mercantil en las islas de Menorca,
Ibiza y Formentera.

No voy a cansar más a SS. SS. Simplemente quiero expresar que
consideramos muy afortunada, como he dicho, la proposición no de ley
presentada por el Grupo Socialista y que cuenta totalmente con nuestro
apoyo. Pero hemos observado en ella, y supongo que habrá sido un error
podríamos decir material --por eso no hemos presentado enmienda al
respecto-- que se dice textualmente que el Gobierno inicie los trámites
legales para la creación de registros mercantiles en las islas de Menorca
e Ibiza y Formentera, mediante Real Decreto a propuesta del Ministerio de
Justicia, previa audiencia del Consejo de Estado y con el informe de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Creemos que es un error
material no establecer un plazo. Si no hay inconveniente, se podría poner
un plazo de seis meses, porque mi Grupo piensa que esos acuerdos que se
toman en proposiciones no de ley sine die son declaraciones de voluntad
que raramente resultan efectivas. O sea, que si en el ánimo de todos y en
el del grupo proponente está la creación de las oficinas de registro
mercantil, solicito, en aras de esa voluntad consensuada en este tema,
que se permita añadir en la proposición no de ley que se inste al
Gobierno para que inicie los trámites en un plazo de seis meses.




El señor PRESIDENTE: Señora Cava de Llano, lamentablemente el Reglamento
en este tipo de iniciativas parlamentarias, las proposiciones no de ley,
no permite la formulación de enmiendas in voce. Es un trámite tasado el
de la presentación de enmiendas, que incluso privilegia a aquellos
autores de enmiendas para intervenir en los debates. Salvo que se tratase
de un error material no podría considerar la admisión a trámite de una
enmienda in voce, lamentándolo mucho.




La señora CAVA DE LLANO I CARRIO: Señoría, me gustaría que contestara el
portavoz socialista si se puede calificar como error material.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA COSTA: Señor Presidente, no creemos necesaria la
introducción de la enmienda. Existe el compromiso de poner en marcha
estos registros mercantiles en cuanto lo permita el tiempo, lo que, como
sabe S. S., implica tener todos los informes favorables de diferentes
instituciones, además de sacar a concurso la plaza correspondiente de
estos nuevos registros mercantiles. Por tanto, el establecer un plazo de
tiempo fijo no es un error material, pero sí querría que tuviese en
cuenta que existe la voluntad de que se instrumenten inmediatamente todos
los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento cuanto antes estos
registros mercantiles.

Y si me permite S. S., para aclarar el fundamento en que se basa la
proposición no de ley, quisiera explicar, para que conste en el «Diario
de Sesiones», que aunque el Reglamento de registros mercantiles de 1989
lo permite no nos basamos en que se puedan crear nuevos registros
mercantiles en poblaciones que lo necesiten sino precisamente en el hecho
de la insularidad, un hecho que es recogido reiteradamente en la
Constitución española, que tanto en el artículo 141.4 como en el 143
equipara la isla a provincia. Es en este aspecto en el que nosotros nos
basamos para considerar que tanto Ibiza ciudad como Mahón en Menorca
tienen la equiparación de capitales de provincia al ser islas que tienen
una administración propia, tal y como reconoce la Constitución. Ello hace
que estemos a favor de que se creen estos nuevos registros mercantiles y
no sólo el hecho del volumen de trabajo, lo que también permitiría a
otras poblaciones tenerlo y creemos que eso sí supondría una dispersión
de registros innecesaria.

Espero que con la aclaración de estos dos puntos haya podido dar
satisfacción a la Diputada del Grupo Popular respecto a los plazos. Le
pido que tenga en consideración todos los trámites que se tienen que
producir antes de ver hecho realidad estos registros mercantiles y tenga
la seguridad de que en la voluntad del Grupo Socialista está que este
tema se aborde cuanto antes.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Cava de Llano.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: He de decir al señor Costa que su
intervención me ha satisfecho limitadamente, no totalmente. En primer
lugar, porque en cualquier relación jurídica que se establezca, si no se
pone un plazo, queda totalmente en el aire, queda como una declaración de
buena voluntad pero que no compromete a nadie porque el tiempo es
ilimitado. En consecuencia, lamento este jarro de agua fría porque me da
la sensación de que esto es un fuego de artificios al decir vamos a
crear, pero ya veremos cuándo: cuando el



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tiempo lo permita, cuando las circunstancias sean favorables, cuando se
recojan todos los informes. Yo creo que debería fijarse un plazo y si no
se cumple porque falte uno o dos meses para conseguir esos informes mi
Grupo Parlamentario lo entendería perfectamente, pero lo que no puede ser
es no establecer ningún tipo de plazo.

En segundo lugar, quería decir que yo me he estado refiriendo no sólo al
hecho insular sino también a lo que establece el Código de Comercio como
excepción, que es cuando existan necesidades que justifiquen la creación.

Me he estado refiriendo al Código de Comercio y al Reglamento Mercantil,
que también forman parte del ordenamiento jurídico español.




El señor PRESIDENTE: Señora Cava de Llano, me ha puesto usted en la duda
sobre la admisibilidad de las enmiendas in voce. Es verdad que
reglamentariamente no procede, pero no es menos cierto que en la Comisión
se han estado aceptando, en procesos legislativos complicados como el del
Código Penal, innumerables enmiendas in voce y además de alta
trascendencia jurídica. De ahí que, dado que en las proposiciones no de
ley el autor de la misma puede admitir o no a trámite las enmiendas, he
preferido oír al señor Costa, si bien de su contestación deduzco que no
tiene sentido que flexibilice mi interpretación reglamentaria puesto que
el proponente tiene una capacidad de disposición sobre las enmiendas que
hace inútil cualquier interpretación benigna que quisiera hacer la
Presidencia. Pero es verdad que, aun no estando en la letra del
Reglamento, no deja de ser un poco absurdo que sea posible presentar una
enmienda in voce al Código Penal en cuestiones delicadas y no quepa una
pequeña corrección en una proposición no de ley.

Pasamos a la votación de esta proposición no de ley, del Grupo
Socialista, sobre creación de registros mercantiles en las Islas de
Menorca e Ibiza y Formentera.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--SOBRE URGENTE ADECUACION DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO DE LOS
CENTROS PENITENCIARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

(Número de expediente 161/000431.)



--SOBRE CONCLUSION DE UN MAPA DE RIESGOS DE SALUD LABORAL DE LOS
TRABAJADORES PENITENCIARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 161/000432.)



--SOBRE CREACION DEL CUERPO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
161/000442.)



--SOBRE ESPECIALIZACION TECNICA DE LA FIGURA DE LOS ADMINISTRADORES DE
LOS CENTROS PENITENCIARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 161/000480.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación de las proposiciones no
de ley que a continuación mencionaré, presentadas todas ellas por el
Grupo Popular, que se debatirán conjuntamente dada la conexión de las
demandas que plantean.

Proposición no de ley sobre urgente adecuación de las relaciones de
puestos de trabajo de los centros penitenciarios. Proposición no de ley
sobre conclusión de un mapa de riesgos de salud laboral de los
trabajadores penitenciarios. Proposición no de ley sobre creación del
Cuerpo General de Instituciones Penitenciarias. Proposición no de ley
sobre especialización técnica de la figura de los administradores de los
centros penitenciarios.

Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: El Grupo Parlamentario Popular somete hoy a la
consideración de la Cámara cuatro proposiciones no de ley unida por el
común denominador de ir orientadas a conseguir una mejor capacidad
funcional de la Administración penitenciaria a través de una más adecuada
organización de los recursos humanos de que dispone y de una mejor
vertebración de las condiciones de trabajo, formación y carrera
profesional de los mismos. Se trata, por tanto, de asumir la posibilidad
de que el Congreso de los Diputados establezca unos mandatos políticos
que, con carácter abierto, inspiren la actuación inmediata del Gobierno
en orden a la procura de dichos fines, de manera que no sólo se den
respuestas válidas a las necesidades del presente sino que la definición
de las mismas permita avanzar en la conclusión de soluciones con vocación
de permanencia en el futuro.

Ya hubo ocasión, en debates anteriores, de dejar clara la grave
preocupación de mi Grupo por lo que entendíamos constituía una de las
principales disfuncionalidades padecidas en la actualidad de nuestro
sistema penitenciario, esto es, el notable desfase que se venía
produciendo entre los contenidos de las relaciones de puestos de trabajo
de cada uno de los centros y la efectiva distribución de funciones
laborales entre el personal dependiente de cada uno de esos
establecimientos, con los consiguientes efectos perjudiciales que ello
reporta tanto para los trabajadores como para la propia operatividad del
sistema. Pues bien, a pesar de que la Administración trató y ha tratado
reiteradamente de minimizar las consecuencias y el estado real de este
problema, lo cierto es que la incidencia negativa del mismo resulta tan
obvia que en un reciente documento de fecha 10 de mayo de 1995 la propia
Administración penitenciaria, haciendo mención de la iniciativa del Grupo
Popular que debatimos en este momento, no ha tenido más remedio que
reconocer al fin y al cabo --cito literalmente-- que al no haberse
modificado en lo sustancial las relaciones de puestos de trabajo
aprobadas en 1989 en los centros ya existentes nos encontramos --dice la
Administración



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penitenciaria-- ante una situación de clara insuficiencia, complicada por
el proceso de desarrollo de ejecución del plan de amortización en el que
únicamente los centros abiertos recientemente disponen de unas RPT
ajustadas a sus necesidades, mientras que los centros a amortizar y
aquellos que van a permanecer en funcionamiento mantienen graves
carencias que obligan a recurrir a procedimientos de asunción de tareas
por personal que no ocupa puestos de trabajo con carácter definitivo,
esto es, funcionarios en prácticas y comisiones de servicio, con
percepción de retribuciones por el puesto de origen y otras, e igual
problema plantea el catálogo de puestos de trabajo del personal laboral.

Fin de la cita.

La claridad de este texto, que insisto es de la propia Administración
penitenciaria, evidencia la razón del análisis que formulábamos en esta
misma Comisión, por ejemplo en la sesión del pasado 9 de mayo de 1994,
cuando recordábamos que ya en 1993 la Subdirección General de Personal
había distribuido una circular a todos los directores de los
establecimientos compeliéndoles, ante el desbarajuste existente, a que se
respetaran escrupulosamente --decía la circular-- las RPT y se
justificara expresamente aquellos casos en los que por razones
extraordinarias no se estuviera ajustando a la RPT del centro la
distribución real de la plantilla del mismo. Y como recordábamos en
aquella sesión, lo cierto es que el resultado de la citada circular no
sólo no vino a corregir nada, sino que en función de un objetivo desde
luego no deseado, no nos cabe la menor duda, pero imperado por la
realidad, acentuó el estado de cosas a peor, llegando a crear tal marasmo
interior que ni el desarrollo de los servicios ni el respeto a los
derechos profesionales de los trabajadores puede decirse que estén hoy
plenamente garantizados en un gran número de establecimientos,
precisamente porque se hace de su correspondiente RPT un mero papel
mojado que se maneja al antojo de las conveniencias correspondientes de
algunos directores, cuando no de los propios servicios centrales, con las
consecuencias que ello acarrea y los agravios que plantea en algunos
órdenes, como por ejemplo en el orden retributivo o en el de la propia
dimensión de plantillas.

Probablemente, como consecuencia de ello, la señora Secretaria de Estado
no puede dar por cumplido el objetivo que ella misma nos anunció para
1994, esto es, lograr simultáneamente una reducción del número de las
comisiones de servicio y del período de prácticas del personal de nuevo
ingreso, y ese objetivo se le aleja aún más con relación a 1995 habida
cuenta no sólo de la insuficiencia de la oferta de empleo público, de la
que ha dispuesto, sino también de factores añadidos como la anulación de
las oposiciones al cuerpo de ayudantes, merced a un escandaloso y todavía
no bien aclarado suceso del que ya hemos hablado en esta Comisión y del
que probablemente tengamos que volver a hablar en el próximo período de
sesiones. Cierto es que, con todo, la factura que ahora se está pagando
en relación con el escaso rigor de las RPT parte probablemente de una
situación de origen, porque si bien la Administración penitenciaria
afirma en el citado documento de 10 de mayo de 1995 que las RPT --y hago
cita literal-- confeccionadas en 1989 lo fueron conforme a un estudio de
las características de los centros y de las cargas de trabajo existentes
en cada uno de ellos, aun cuando ésa es la cita, sin embargo nos parece
mucho más atenida a la realidad la aseveración efectuada por la señora
Secretaria de Estado cuando ante esta misma Comisión reconocía, en la
sesión de 9 de mayo de 1994 --y cito literalmente sus palabras--, que al
confeccionarse algunas de esas RPT lo único que se hizo es ver cuántos
funcionarios eran en ese momento operativos y convertir ello en la
correspondiente RPT del establecimiento, lo que --añadimos nosotros--
contradice que en aquel proceso inicial de articulación de esas RPT
prevaleciera en todo caso la previsión y el planteamiento analítico
adecuado.

Desde nuestro punto de vista, la importancia de abordar esta remodelación
urgente de las RPT se justifica en la medida en que, sin disponer de
aquéllas, no se estará en situación de asentar con solidez los cimientos
sobre los que conjugar los factores organizativos y laborales que
permitan en su conjunto la elaboración de un plan de empleo concebido,
desde nuestra óptica, como prólogo material necesario para la
configuración en su momento del Cuerpo General de Instituciones
Penitenciarias. Y siendo ésta una necesidad que en su planteamiento no
puede demorarse más, la aprobación de esta proposición no de ley es útil
también para reforzar el papel de la Administración penitenciaria ante la
Cecir, en cuanto afecta a las negociaciones en orden a la conclusión de
estas nuevas RPT, por cuanto que también aquélla quedará afectada por el
sentido de este imperativo en virtud del cual planteamos que el Congreso
de los Diputados inste al Gobierno a que se adopten las medidas urgentes
oportunas a fin de que, en el plazo más breve posible, se proceda a la
plena adecuación de las relaciones de puestos de trabajo de los centros
penitenciarios, de manera que se garantice la mejor atención a las
necesidades reales del servicio en su conjunto y de cada uno de los
establecimientos y, a la vez, el que definitivamente cada funcionario
desempeñe de modo real el puesto por el que percibe sus retribuciones.

Y desde ahí, señor Presidente, señoras y señores Diputados, entramos en
otro aspecto de la cuestión que tiene su conexión evidente con lo ya
dicho y que constituye, sin duda, uno de los grandes retos de futuro que
debe abordar la Administración penitenciaria, esto es, la vertebración de
una verdadera carrera administrativa profesional para el personal a su
servicio asegurando, conforme a un previo plan de empleo inicial, esto
es, conforme a unas previsiones materiales adecuadas, que el desarrollo
de la gestión laboral de esta Administración penitenciaria se incardine
plenamente en la consecución de aquel objetivo, una vez cubiertos desde
luego los plazos necesarios y adoptadas, como es inevitable, las medidas
de naturaleza normativa y presupuestaria oportunas.

En este contexto, nosotros, con toda brevedad, creemos que conviene tener
en cuenta, primero, que la aplicación en el ámbito penitenciario de la
legislación vigente en materia de función pública se ha revelado
insatisfactoria, cuando no claramente contraproducente, por cuanto que no
permite contemplar debidamente las manifiestas especialidades que
comporta el hecho penitenciario y que debe



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traducirse, pues, en el diseño y aplicación de la política de personal a
todos sus efectos. Segundo, que, a tenor del actual marco legal, se da
una manifiesta colisión entre las demandas operativas que plantea la
articulación de los servicios en los centros y los ámbitos competenciales
propios de los distintos cuerpos y escalas. Tercero, que determinadas
decisiones de la Administración penitenciaria durante los últimos años,
como la amortización en 1989 de plazas destinadas al cuerpo especial, han
contribuido aún más a complicar la situación por cuanto que han generado
injustas diferencias retributivas y han creado, por ejemplo, un vacío de
personal disponible adecuado para la provisión de puestos de mando
intermedio. Y cuarto, que no ha habido una política sostenida de
planificación, ordenación y gestión de los recursos humanos y que desde
ahí, junto con la inadecuación del marco legal, no se ha dado una
contestación eficaz a problemas tales como los de reclasificación,
segunda actividad, jubilación anticipada, promoción interna o movilidad
horizontal, entre muchos otros.

Así las cosas, y por la incidencia del plan de amortización y creación de
nuevos centros, resulta imprescindible abordar una serie de medidas en
orden a establecer el nivel necesario de recursos humanos disponibles, no
a través de decisiones de carácter meramente coyuntural, sino mediante
previsiones con vocación de permanencia capaces de articular debidamente
las necesidades de la Administración penitenciaria, las presentes y las
futuras, con los derechos y expectativas legítimas de sus profesionales.

Se trata, por tanto, de incorporar a la singularidad propia de la
Administración penitenciaria, y reconociendo debidamente esta
singularidad, aquello que constituye, en lo que pueda ser de aplicación,
la filosofía sustancial inspiradora de los acuerdos firmados entre
Administración y sindicatos sobre condiciones de trabajo en la función
pública y aprovechar ese sustrato para establecer una interpretación
moderna y eficaz de la Administración penitenciaria, construida desde
elementos de verdadera integración de cuantos aspectos han de entenderse
para la fijación de una auténtica ordenación administrativa de la
actividad y derechos de quienes dedican a ella su ejercicio laboral. Un
plan de empleo con voluntad de convertirse en el instrumento material de
referencia que, una vez sustanciados los cambios precisos de naturaleza
jurídica, permita que en el ámbito de esta Administración penitenciaria
se formalice un proceso como el llevado a cabo respecto de otros
colectivos funcionariales dependientes del hoy Ministerio de Justicia e
Interior, de modo que el futuro cuerpo general contemple una
determinación u ordenación de los grupos y categorías más acorde con los
resultados que ofrece la experiencia reciente, promueva una mayor
flexibilidad en el desempeño de funciones que previamente hayan sido
regladas, defina áreas de actividad y ámbitos funcionales que dimensionen
la carrera profesional, determine el concepto de especialización como
base de esa carrera, objetive las exigencias y procesos para la promoción
interna en orden a los principios de mérito y capacidad, prevea los
reciclajes inherentes al desgaste que comporta el tiempo de permanencia
en determinados servicios, asegure con claridad la estructura piramidal y
en el suma y sigue de muchas otras cuestiones asegure también, en
definitiva, tanto la mejora de la gestión de la Administración
penitenciaria en el desarrollo de los fines que le son propios, con el
ahorro consiguiente producto de la racionalidad y claridad de sus
estructuras, como la permanente motivación y el acicate personal de
quienes diariamente han de protagonizar dicha tarea.

Como es natural, todo este proceso ni puede precipitarse ni puede ser
ajeno en su desenvolmiento paulatino conforme al diálogo y a la
negociación entre la Administración y las organizaciones sindicales, pero
tampoco la Administración puede desentenderse del mismo dejando
simplemente que la responsabilidad de las etapas y contenido de este
camino, o simplemente la aspiración de poder comenzar a andar en el
mismo, quede a la sola iniciativa de los sindicatos, de manera que pueda
cargar sobre éstos, si llegara ese supuesto, cualquier expresión de
fracaso. Si la Administración es consciente, por ejemplo, del lastre que
supone, en el ámbito penitenciario, la Ley 30/84 y su desarrollo
reglamentario debe adoptar iniciativas al respecto. Si la Administración
es consciente de las consecuencias perjudiciales que sobre determinados
sectores del funcionariado penitenciario acarrea ciertas rigideces que
impiden dar salida adecuada a cuestiones tan evidentes como la
determinación de nuevos destinos para los funcionarios de vigilancia, una
vez éstos han cubierto un número concreto de años de servicio, no cabe
sino demandar de la Administración iniciativas al respecto. Y si la
Administración es consciente de que, hoy por hoy, al funcionariado
penitenciario se le ofrecen escasas perspectivas de disponer de una veraz
carrera administrativa precisamente por la ausencia de una normativa útil
para ello, es obvio que al aprobar esta proposición no de ley podemos,
sin duda, estar afirmando la génesis de una vía a seguir de modo
inevitable para, cumpliendo la legislación vigente --y de ahí la
referencia al plan de empleo--, avanzar, sin embargo, en lo que ha de ser
una revisión del actual estado de cosas, a fin de lograr una reforma
normativa y de estructura administrativa que concluya en la configuración
de ese cuerpo general, de manera que mediante su creación se logre dar
una expresión integrada, clara y estable, dotada del conveniente rango
jurídico, a esa síntesis que reclama el presente y el futuro de la
institución penitenciaria. Se trataría, pues, de hallar el punto de
encuentro imprescindible entre las necesidades que surgen en orden a la
planificación y cumplimentación de los servicios y las aspiraciones de
aquellos que profesionalmente se vinculan a esa tarea y que deseen, con
razón, disponer definitivamente de una lógica certeza en todo aquello que
concierne a su ejercicio profesional. Pues bien, si desde nuestra
perspectiva la futura conclusión, en su momento, de ese cuerpo general es
un requisito básico para la modernización de la administración
penitenciaria, al ser una pieza esencial para atender la justa
vertebración profesional del personal a su servicio, no podemos olvidar
tampoco que ese fin último pasa, a su vez, por el asentamiento de otros
objetivos intermedios que deben venir referidos, en este caso, a la
inminente reforma del reglamento penitenciario, a fin de incorporar a los
contenidos del mismo determinados aspectos de la política práctica



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que viene aplicando la administración penitenciaria y que en la
actualidad carecen de su correspondiente enclave normativo, o, también,
de dotar de un mejor perfil aspectos cuya regulación presente es, a todas
luces, insatisfactoria, habida cuenta de la trascendencia que
determinadas funciones tienen para la debida organización de los centros
o para el más eficaz y transparente planteamiento de cuantos aspectos
inciden sobre la vida económico-administrativa de los mismos.

Por eso, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy también una
proposición no de ley en virtud de la cual se pretende que el Congreso de
los Diputados inste al Gobierno a que adopte las medidas urgentes
oportunas a fin de lograr que, en el plazo más breve posible, el
desempeño de las tareas atribuidas legalmente a la figura del
administrador de un centro penitenciario requiera la previa acreditación
de una formación técnica inicial en materia económico-financiera y
contable. Consideramos que ésta es una de las exigencias más esenciales
para asegurar la debida operatividad de los centros en sus aspectos de
índole económico-administrativa y, sin duda, para evitar que en el
inmediato futuro puedan reproducirse sucesos que se vienen planteando con
demasiada frecuencia y que han provocado más de una situación anómala,
cuando no claramente ilegal, en relación precisamente con cuestiones
tales como la contratación de suministros, la rendición de cuentas o la
organización de la contabilidad y los depósitos, entre muchas otras.

Como bien recordarán SS. SS., el artículo 279 del reglamento
penitenciario atribuye a los administradores de los centros cometidos tan
capitales como estructurar y dirigir la contabilidad del establecimiento
y la especial de los servicios; efectuar los cobros de libramientos a
favor del centro; firmar con el director los cheques de extracción de
fondos; efectuar todos los pagos; custodiar las cartillas de ahorro de
los penados, velando por la puntualidad de sus operaciones de movimientos
de fondos; efectuar los estudios de necesidades, que ha de someter a la
consideración de la junta de régimen y administración; formular
propuestas de adquisición para el economato; formar las nóminas y
presupuestos del servicio, y rendir las cuentas de los libramientos
cobrados. A su vez, el artículo 280 contempla una amplia serie de
atribuciones de estos administradores en relación con el funcionamiento
de los economatos y entre ellas, las de custodiar fondos, proponer el
sistema de ventas, despacho y contabilidad, llevar o dirigir la
contabilidad y fijar los procedimientos de cobro, abonar facturas,
presenciar, dirigir y fiscalizar las operaciones de inventario y los
balances mensuales, firmar la conformidad de cuantos documentos integran
la cuenta bimensual y abonar las nóminas mensuales de gratificaciones y
premios a los internos.

Sorprende, sin embargo, que frente a la determinación de unas funciones
manifiestamente especializadas y que tienen una trascendencia obvia sobre
la organización de los centros, no se haya previsto ni exigido una
siquiera mínima capacitación, igualmente especializada, para quienes
optan a poder desempeñar esas tareas, lo que, en definitiva, explica el
porqué de las dicciones literales de los informes de la Intervención
General en cuanto a las muchas disfuncionalidades que se aprecian en
materia de administración de los centros, algunas de las cuales, por su
importancia y reiteración en la red periférica, producen, sin duda, no
solamente efectos nocivos locales sobre uno u otro establecimiento, sino
también efectos nocivos de conjunto sobre la totalidad del sistema.

Precisamente ahora, cuando la administración penitenciaria se plantea
cuatro grandes objetivos en materia económico-administrativa, esto es, la
reducción del gasto público por medio de la optimización en el empleo de
recursos materiales presupuestarios y tecnológicos, el establecimiento de
sistemas de gestión económico-administrativos que faciliten la
implantación de procedimientos funcionalmente eficaces, la adecuación de
actuaciones o procedimientos de carácter excepcional al nuevo sistema de
gestión económico-administrativa y la implantación de sistemas de
información integrados que posibiliten la agilización del procedimiento y
una adopción de decisiones objetiva y oportuna, precisamente ahora,
cuando se plantean esos objetivos es también cuando conviene atender lo
que constituye uno de los cimientos de esta organización
económico-administrativa, que es la figura de los administradores, para
dotarla de una verdadera especialización a través de la constatación de
una idoneidad técnica de quienes han de desempeñarla en virtud de un
conocimiento teórico suficiente de las materias sobre las que ha de
versar su competencia, para, además, complementar «a posteriori» todo
ello mediante sistemas continuados de información y perfeccionamiento de
esa formación inicial. Lo que, desde luego, no puede ser de recibo, como
efectivamente ya ha sucedido, es que una vez detectadas en un centro
ciertas presuntas irregularidades el administrador se escude en
afirmaciones inaceptables, tales como su nulo conocimiento especializado
de las materias teóricas sobre las cuales debía aplicar un reconocimiento
especializado para el desempeño de las funciones que le atribuye el
ordenamiento vigente.

Pero, aun más, el objetivo básico de nuestra proposición no de ley tiene
pleno sentido si consideramos que entre las previsiones señaladas por la
propia administración penitenciaria para la cumplimentación de su propio
plan económico-administrativo figura exactamente, y hago mención literal
de ello, que toda la organización participe en la implantación del plan,
y ello --dice la administración penitenciaria-- sólo puede lograrse si se
responsabiliza a los puestos de trabajo más directamente implicados, por
lo que --se nos continúa diciendo-- se considera imprescindible realizar
una delegación eficaz de responsabilidades y competencias, y eso
--añadimos nosotros-- sólo será posible en la medida en que, entre otros
factores, se asegure como requisito «sine qua non» la capacitación y
conocimientos pertinentes de quienes, en cada establecimiento
penitenciario y por su condición de administradores del mismo, deben ser
un punto fundamental de referencia en la aplicación del mencionado plan.

Así, además, parece entenderlo la propia administración cuando en los
términos del citado plan afirma que en el contexto del mismo se podrán
realizar los oportunos cursos para funcionarios de instituciones



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penitenciarias implicados en la gestión administrativa, de forma que
todos ellos --dice textualmente el plan-- tengan una base de conocimiento
común y se impidan, por tanto, actuaciones irregulares nacidas de
conocimientos dispares y en muchos casos incorrectos. Eso lo está
diciendo el plan; es decir, reconociendo una situación previa que estamos
describiendo aquí. Y el propio plan concluye advirtiendo que, en este
sentido, deberá ser prioritaria la actuación sobre los directores y
administradores de los centros penitenciarios.

En definitiva, al solicitar el voto favorable para esta proposición no de
ley insistimos en su oportunidad en el tiempo, por cuanto confluye ahora
el proceso de reforma del reglamento penitenciario y la puesta en marcha
del plan económico-administrativo y, a la vez, su pertinencia en el
planteamiento de fondo, porque ya no es concebible en el contexto de una
administración que se autocalifica de moderna y eficaz el que importantes
partidas de fondos públicos sean administradas por personas sin la debida
preparación específica para ello, por muy buena voluntad que pongan en el
ejercicio de esa tarea.

Finalmente, señor Presidente, señoras y señores Diputados, el Grupo
Parlamentario Popular insiste hoy en la necesidad de establecer un
pronunciamiento político en virtud del cual el Congreso de los Diputados
inste al Gobierno a que en un plazo no superior a tres meses proceda a la
conclusión definitiva de un mapa de riesgos de salud laboral por entender
que ya no cabe permanecer por más tiempo en la indefinición actual, fruto
sin duda del desinterés mostrado al respecto por la administración
durante demasiados años y, en su consecuencia, del incumplimiento por
ésta de cuantas previsiones al respecto fueron protocolizadas en los
acuerdos firmados en su momento entre la administración penitenciaria y
las centrales sindicales.

No parece necesario argumentar en exceso sobre lo obvio: los trabajadores
que desarrollan su función en el ámbito penitenciario precisan de un
instrumento que analice debidamente las verdaderas exigencias de aquel
medio y evalúe correctamente las condiciones de trabajo y salud laboral
que les afectan. Tal y como se señala en la fundamentación de nuestra
proposición, factores tan determinantes como duración de jornada, ritmo
de trabajo, carga física y mental inherente al mismo, contaminantes,
condiciones de seguridad y ambiente, son, entre muchos otros,
presupuestos que han de ser tenidos en cuenta en la medida en la que
influyen diariamente sobre el trabajador. Además, el medio penitenciario
presenta unos factores de riesgo singular que emanan de la propia
realidad de la población penitenciaria, y ahí se da también una
derivación que afecta a los trabajadores, dado que la especial incidencia
que ciertas enfermedades tienen sobre aquella población --enfermedades
tales como tuberculosis pulmonar, hepatitis A y B o sida-- conlleva el
imperativo de prever la adecuada aplicación de técnicas preventivas que
reduzcan las posibilidades de contagio de las mismas. Más allá de ese
marco general, un desarrollo meticuloso de las previsiones que estamos
demandando deberá atender en el futuro también a cuestiones que pudieran
considerarse por algunos como de carácter menor y que, sin embargo,
resultan de justa importancia, y nos referimos a aspectos tales como la
extensión a todo el personal penitenciario de las disposiciones que en
este orden de cosas se vienen aplicando a aquellos funcionarios
pertenecientes al área de vigilancia.

Sea como fuere --y con ello concluyo, señor Presidente--, no deja de
resultar cuando menos llamativo el que una vez transcurrido tanto tiempo
sin que la administración haya puesto manos a la obra, sea además ahora,
cuando comienzan a verificarse ciertos estudios preparatorios, otra vez
la administración la que parece inhibirse abocando a que sean
exclusivamente, casi exclusivamente las centrales sindicales las que
carguen con la mayor parte de elaboración de ese trabajo; y por cierto,
en este contexto no estaría de más que alguien explicara qué destino real
se piensa dar a los 79 millones de pesetas que el vigente Presupuesto
General del Estado prevé de aplicación en materia de salud laboral de los
trabajadores penitenciarios, porque, al parecer, existen tentaciones de
aplicar ese gasto a otro fin, lo cual resultaría ya ciertamente pasmoso.

En definitiva, señor Presidente, señoras y señores Diputados, con la
aprobación de esta proposición no de ley estaremos estableciendo un plazo
razonable de tres meses para que el Gobierno, a través de una inevitable,
como es natural y deseable, actitud de diálogo con todos aquellos
sectores profesionales implicados, concluya un mapa de riesgos de salud
laboral, que es, sin lugar a duda, un instrumento que tenía que haber
estado en aplicación desde hace ya muchos años.




El señor PRESIDENTE: A la proposición de adecuación de las relaciones de
puestos de trabajo de los centros penitenciarios se ha formulado una
enmienda por parte del Grupo Socialista. Voy a dar la palabra al portavoz
del Grupo Socialista para que la defienda y, asimismo, pueda fijar su
posición con respecto a las restantes proposiciones no de ley que acaban
de ser defendidas.

El señor Rodríguez Zapatero tiene la palabra.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Estamos nuevamente ante una batería de
proposiciones no de ley del Grupo Popular en la persona del Diputado Gil
Lázaro, que, ciertamente, al haber sido defendidas de forma conjunta y
además, dada la velocidad que utiliza el señor Gil Lázaro en la
exposición parlamentaria puede provocar alguna disfunción, pueden dar
lugar a alguna disfunción o a alguna ausencia por parte del Grupo
Socialista a la hora de contestar todos los extremos que se han puesto de
manifiesto en la defensa del conjunto de las proposiciones. No obstante,
como es conocido, son muchas las iniciativas parlamentarias que en esta
materia se producen por parte del Grupo Popular, y, lógicamente, en un
volumen tan amplio, inevitablemente puede haber proposiciones que sean
más atinadas que otras. Tengo la sensación de que en las que en esta
mañana nos toca debatir y sobre las que nos tenemos que pronunciar, hay
una tendencia en la mayoría de ellas a una especie de reiteración en
algún sentido y también una especie de posición de subirse al tren por
parte del Grupo Popular en aspectos en orden a la gestión en el ámbito de



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las instituciones penitenciarias que están ciertamente en marcha. Nos
parece bien que se produzca esa subida al tren, aunque tenemos el temor
de que la velocidad que caracteriza al señor Gil Lázaro no contagie
también al tren de las reformas en marcha, porque a lo mejor podríamos
poner en peligro algunas. Ese siempre es un temor que tenemos presente.

Hechas estas consideraciones de carácter general, vamos a individualizar
la posición del Grupo Socialista sobre las proposiciones empezando por la
primera que ha defendido el portavoz del Grupo Popular y a la que el
Grupo Socialista ha formulado una enmienda, que creo que básicamente
intenta acercar lo que puede ser una posición bastante coincidente en lo
que afecta al deseo, al interés o al objetivo que la misma plantea.

Quiero significar que todo lo relativo a la relación de puestos de
trabajo de los centros penitenciarios --como bien sabe el portavoz del
Grupo Popular y, en definitiva, el conjunto de la Comisión-- ha estado
sometido en los últimos tiempos a un proceso complejo, fruto, sin duda,
básicamente del plan de amortización de centros y de creación de nuevos
centros penitenciarios, máxime si tenemos en cuenta, como afirman en la
propia exposición de motivos o en el fundamento de la proposición, que el
80 por ciento de los puestos de trabajo en el ámbito penitenciario están
radicados en los centros, no en la organización central, y lógicamente
todo ello ha determinado un proceso complejo; proceso que quiero subrayar
que ha sido en su día acordado entre la autoridad penitenciaria y las
organizaciones sindicales. No obstante, es verdad que en ese proceso de
cierres simultáneos y aperturas de centros se han producido disparidades
en las funciones realmente desempeñadas y en los puestos que formalmente
se ocupaban, y estas situaciones se vieron dificultadas al coincidir con
un gran número de adscripciones temporales de plantilla y de funcionarios
en períodos de práctica.

Ahora bien, tendremos que tener en cuenta que, curiosamente, los
servicios técnicos de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios
están realizando en la actualidad --de ahí que hablemos por primera vez,
y lo vamos a hacer más veces, de esa subida al tren-- estudios
preparatorios para la elaboración del plan de empleo, cuyo objetivo
básico, evidentemente, es hacer una reordenación eficaz, objetiva,
tendente a adecuar lo que son las necesidades funcionariales para la
prestación del servicio de las instituciones penitenciarias, en el marco
de lo que la Ley de la Función Pública establece como un plan de empleo.

Se ha producido una primera reunión o negociación de Instituciones
Penitenciarias con las organizaciones sindicales el pasado 8 de marzo,
quiero significar que pocos días antes de la presentación de la
proposición no de ley que ahora debatimos. Esa ha sido una primera
reunión, un primer intercambio de posiciones sobre la cuestión de la
relación de puestos de trabajo en los centros penitenciarios y aún no han
quedado definidas totalmente las necesidades en la nueva relación del
mencionado plan de empleo.

No obstante, como básicamente estamos de acuerdo en que hay que proceder
a esa adecuación, a esa nueva formulación de la relación de puestos de
trabajo para evitar ese conjunto de disfuncionalidades que se han
producido, desde nuestra perspectiva, básicamente por el desarrollo de
ese plan --que, por cierto, no ha tenido mucho respaldo del Grupo
Popular--, hemos formulado una enmienda que yo creo que es un poco más
genérica, pero que básicamente viene a coincidir en la filosofía, según
la cual el Congreso insta al Gobierno a que se adopten las medidas
oportunas a fin de que se proceda a la óptima adecuación de la relación
de puestos de trabajo de los centros penitenciarios, de manera que las
necesidades reales de cada centro puedan ser atendidas de forma idónea
para el cumplimiento de los fines encomendados a la administración
penitenciaria. Estas medidas se adoptarán, como es lógico, dentro de las
disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico y en el
marco del plan de empleo. Sería un poco absurdo que intentáramos avanzar
en ese camino si no estuviera el plan de empleo concluido. Eso por lo que
respecta a la enmienda que afectaría a la primera proposición no de ley
de las que han sido defendidas por el señor Gil Lázaro.

Por otro lado, se ha establecido una cierta vinculación con la segunda
proposición, una vinculación que, a nuestro juicio, es relativa, que
atañe a la creación del cuerpo general de Instituciones Penitenciarias.

El Grupo Socialista no va a respaldar esta proposición básicamente por
los siguientes argumentos que voy a exponer de manera sucinta. En primer
lugar, hay que indicar que a pesar de lo que manifiesta el fundamento de
la proposición, no se ha suprimido el cuerpo especial de Instituciones
Penitenciarias en nuestro ordenamiento, y, por tanto, nos sorprende un
poco la afirmación. Hay otra afirmación según la cual no existen reglas
ciertas de carrera administrativa y promoción profesional para los
funcionarios de instituciones penitenciarias. Sin embargo, hay que
recordar, señor Gil Lázaro, que, además de las normas específicas
relativas a este colectivo, como la Ley 39/1970, de reestructuración de
los cuerpos penitenciarios, la Ley 36/1977, sobre ordenación de los
cuerpos especiales y creación del cuerpo de ayudantes de Instituciones
Penitenciarias, y el Decreto 3261/1987, sobre requisitos exigibles para
el ingreso de dichos cuerpos, resulta aplicable además la legislación
general en materia de Función pública, al tratarse de personal incluido
en el ámbito de la Ley 30/1984, y, por consiguiente, las mencionadas
reglas aparecen claramente establecidas en el Real Decreto 364/1995, de
10 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de ingreso del personal
al servicio de la Administración del Estado. Por consiguiente, sí hay un
marco que regula lo que es la carrera administrativa y la promoción
profesional en el ámbito de las instituciones penitenciarias.

Entrando ya en el fondo de la propuesta, es necesario precisar que los
planes de empleo, cuyo contenido y elaboración se regulan en el artículo
18 de la Ley 30/1984, son instrumentos de planificación integral de los
recursos humanos, como hemos referido hace un momento al hablar de la
primera proposición, que no pueden utilizarse en ningún caso para crear
cuerpos de funcionarios, porque no tienen, obviamente --estamos ante una
resolución de carácter administrativo--, rango de ley, y conviene
recordar que



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el Tribunal Constitucional ha establecido, por sentencia 99/1987, que la
creación o supresión de cuerpos o escalas de funcionarios requiere una
norma con rango de ley, además de que --seguramente puede coincidir con
el Grupo Socialista el portavoz del Grupo Popular-- resultaría más que
cuestionable utilizar la denominación de general para un cuerpo destinado
a ejercer unas funciones tan peculiares como las desarrolladas en el
campo penitenciario, ya que los cuerpos generales son aquellos cuyos
funcionarios tienen atribuido el desempeño de tareas comunes a lo que es
la actividad administrativa general del Estado.

En consecuencia, en primer lugar, por la fundamentación que existe sobre
esta proposición no de ley, en segundo lugar, por la inadecuación del
potencial instrumento que aparece en la misma como es el plan de empleo
y, en tercer lugar, porque en ningún caso, a nuestro juicio, podríamos
hablar de un cuerpo general, sino de un cuerpo especial, es por lo que no
vamos a dar el respaldo a esta proposición no de ley. He de recordar, por
último, que estamos pendientes de un estatuto de la Función pública,
también con carácter general, que vertebrará, de una manera más eficaz,
más ordenada, un modelo de carrera administrativa.

La tercera proposición a la que me referiré, siguiendo el orden de la
exposición del Grupo Popular, es la relativa a la figura de los
administradores de los centros penitenciarios. No voy a entrar en algunas
de las argumentaciones, sobre la situación, los problemas que ha habido y
cuestiones que hay pendientes, porque tengo la impresión de que no es ése
el objeto del debate. Sobre esta cuestión, diré que también hay alguna
falta de fundamentación notable en la misma. En primer término, no es
verdad que no existan unos requisitos previos establecidos para el
desempeño de la figura de los administradores de los centros
penitenciarios. Conviene recordar que en la relación de puestos de
trabajo del personal funcionario de los servicios periféricos de la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias, aprobada por la
resolución de la Comisión interministerial de retribuciones, de 12 de
marzo de 1990, el puesto de trabajo de administrador en los diversos
centros penitenciarios se encuentra adscrito a funcionarios de los
siguientes cuerpos: cuerpo técnico de Instituciones Penitencias, cuerpo
especial masculino de Instituciones Penitenciarias y cuerpo especial
femenino de Instituciones Penitenciarias. Según las convocatorias de
pruebas selectivas para el ingreso de estos cuerpos --que, insisto, son
requisitos para ejercer la figura del administrador--, aparte de la
titulación exigida con carácter general, que es la del título de
licenciatura en el primer caso y la de diplomado o equivalente en los dos
restantes, es decir, en los dos de cuerpos especiales, los aspirantes a
los cuerpos especiales deben acreditar conocimientos en materia
financiera y contable. Concretamente --seguro que lo conoce el Diputado
señor Gil Lázaro--, la parte tercera de su programa, titulada «Gestión
económica y administrativa», está compuesta por 20 temas estrechamente
relacionados con las funciones que debe desempeñar un administrador de
centro penitenciario. En consecuencia, existe el marco general de un
requisito de conocimiento previo de materias económicas y contables en
estos momentos conforme a la regulación administrativa.

Además --es seguramente la cuestión que a todos los grupos parlamentarios
nos puede preocupar--, en el ámbito de la formación, hay que recordar que
ha sido una de las prioridades de la actual Secretaría de Estado de
Instituciones Penitenciarias que dicha formación sea permanente y
continua para el ejercicio de esta responsabilidad funcionarial, tanto de
las personas que desempeñan el puesto de administrador como de los que en
un futuro puedan acceder al mismo. Prueba de ello son diversas acciones
formativas que están incluidas en los planes de formación de la
Secretaría de Estado, de las que, en lo que afecta a esta materia
concreta, podíamos citar alguna de ellas, para ilustrar a los diferentes
grupos parlamentarios.

Concretamente, se han celebrado tres cursos para administradores, durante
los meses de septiembre a noviembre de 1991, en los que han participado
diversos funcionarios; en el plan de formación para 1995 está prevista la
realización también de cursos para administradores y otros funcionarios
en la misma área funcional, con contenido curricular, que no voy a
detallar, especialmente referido a la contratación administrativa,
gestión fiscal y patrimonial, contabilidad general, planificación y
control, etcétera; en el plan de formación continua para el año 1995 del
Ministerio para las Administraciones Públicas, también está prevista la
realización de tres cursos más. Las personas a las que irá dirigido el
contenido curricular serían análogas al caso anterior. Hay que señalar
también que dentro de lo que es la formación permanente de los
administradores de los establecimientos penitenciarios, éstos mantienen
en su tarea habitual una conexión directa con la Dirección General de
Administración Penitenciaria en relación con los planes y programas
emanados de dicha Dirección General. Se han celebrado, además de cursos
de formación, jornadas de trabajo como las realizadas en el pasado mes de
febrero en Toledo, o las que van a realizarse con motivo de la próxima
implantación del sistema de anticipo de caja fija.

Asimismo, conviene recordar que de este tema, indirectamente, ya hemos
hablado en esta Comisión en alguna ocasión. Con motivo de una proposición
del Partido Popular, sobre previsiones para la determinación de cursos de
formación, en cuyo debate, que afectaba a esta materia porque todos
estamos de acuerdo en que la formación de los administradores es quizás
uno de los elementos esenciales de la tarea formativa que debe haber en
el ámbito penitenciario, recuerdo que había una coincidencia --cito frase
textual-- después de las manifestaciones de los diferentes grupos y de lo
que expuso el Grupo Socialista sobre el plan de formación que está en
marcha, y que el portavoz del Grupo Popular señaló textualmente que
mantenía aquella proposición, en lo relativo, insisto, al ámbito de
formación, aunque fuera --dijo-- por puro carácter simbólico, lo cual
pone de manifiesto que hemos debatido ya muchas veces que hay una
política de formación que tiene un destino u objetivo muy especial en el
ámbito de la administración.

En última instancia, reconocerá el señor Gil Lázaro que la formulación
del texto concreto de lo que pide la proposición,



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de la previa acreditación de una formación técnica inicial en materia
económico-financiera y contable, es una fórmula genérica, inconcreta, es
casi un concepto jurídico indeterminado a la hora de su traslado a una
nueva regulación o disposición resolutiva por parte de la administración.

Además está claro que hay ya unos requisitos generales que exigen
conocimientos en esta materia, que existe ya esa formación a la que
aludía. Podríamos clarificar también que, como sabe el señor Gil Lázaro,
el procedimiento para la designación de administradores es por concurso
de méritos, donde tienen que presentar el currículum y tienen que
acreditar su formación, lo que supone otro elemento más de seguridad.

En todo caso, debería formular en su momento una proposición no de ley
que modificara de una forma precisa, concreta, singular, lo que en estos
momentos son los requisitos objetivos genéricos establecidos en las
disposiciones normativas, a las que me referí anteriormente, para el
ingreso en los cuerpos que permiten, a su vez, ser administradores,
porque con esto, sencillamente, no se modificaría para nada la situación
actual más que en el puro enunciado abstracto y de un brindis al sol o de
un deseo que en todo caso imagino loable y bien pensado por parte del
Grupo Popular en esa tarea de mejorar la función y la capacitación de los
administradores en los centros penitenciarios.

He de referirme, por último, a la petición, por parte del Grupo Popular,
de que se concluya un mapa de riesgos de salud laboral de los
trabajadores penitenciarios. He de reconocer que la formulación es muy
correcta, porque al decir que se concluya algo, el señor Gil Lázaro
conoce --se deduce de la propia formulación-- que se está trabajando
intensamente en esta materia desde hace algún tiempo, en el ámbito de
Instituciones Penitenciarias. No obstante, quisiera señalar algunas
cuestiones que van a justificar que tampoco en este caso demos nuestro
respaldo. Creo que lo intentaré sintetizar, aun reconociendo que
seguramente el objetivo de fondo, quizá no formulado ajustadamente o muy
cerrado en su formulación --ya explicaré por qué--, sí coincide o tiene
un cierto paralelismo con los trabajos que se están realizando en el
ámbito de Instituciones Penitenciarias.

En primer lugar, creo que aunque no haya sido un elemento destacado de la
fundamentación o de la explicación de la proposición, habría que hacer
una apelación a la objetividad en lo que afecta a los riesgos de la salud
laboral en el ámbito penitenciario. Hay que recordar que a pesar de lo
que pueda parecer en principio por la propia naturaleza de la función,
por el ámbito en que se produce, por las circunstancias de salud de
muchos reclusos, especialmente en algunos temas muy sensibles
--lamentablemente--, la verdad es que no hay una concreción en los
análisis y en los estudios de investigación estadística que concluya que
hay una situación de salud laboral más afectada de forma real. Eso no
quiere decir que no estemos todos de acuerdo en que es un ámbito donde la
prevención ha de ser muy especial, más reforzada seguramente que en la
mayoría de los demás ámbitos de la Administración del Estado. Además,
existen unas pautas de prevención que están en marcha.

Conviene recordar también que en los casos de más impacto por la
trascendencia de los mismos, como son seguramente el riesgo de la
hepatitis-B y el de la infección por VIH se transmiten exclusivamente,
como bien sabemos todos en esta Cámara, por vía sanguínea y sexual; por
tanto, la posibilidad de infección a través de exposiciones accidentales
del tipo de las que se pueden producir en prisión es mínima, por fortuna,
para los funcionarios, muy especialmente en el caso de la infección por
el virus de la inmunodeficiencia humana. No hay que olvidar que el grupo
profesional con mayor riesgo conocido de infección --voy terminando,
señor Presidente-- por la inmunodeficiencia son los trabajadores
sanitarios. Dentro de este colectivo el riesgo es mínimo, habiéndose
cuantificado en un 0,3 por ciento como media, lo que significa que por
cada mil exposiciones accidentales --fundamentalmente pinchazos--, se
producirían sólo tres casos de infección, y obviamente los funcionarios
en prisiones tienen un menor riesgo que el colectivo al que nos hemos
referido anteriormente. Conviene precisar también que en el caso del
virus por la hepatitis-B, mucho más contagioso que el de la
inmunodeficiencia humana, aun siendo el riesgo mínimo, existe una medida
de prevención fundamental en el ámbito penitenciario que es la vacunación
que se encuentra a disposición de todos los trabajadores, igual que en el
caso de la tuberculosis, de la que, como sabemos, ha habido un rebrote en
los últimos tiempos.

En relación con lo que ya está en marcha que es un poco lo que fundamenta
en buena medida nuestra posición, hay que recordar que todos los temas
relativos a la salud laboral de los trabajadores penitenciarios se vienen
analizando en el marco del ámbito descentralizado de negociación de
Instituciones Penitenciarias, que ha suscrito con fecha de 5 de marzo
--muy cercana a esta proposición no de ley-- un pacto o un acuerdo
inicial entre la administración y los cinco sindicatos más
representativos para analizar lo referente a la seguridad y salud laboral
de los empleados públicos. Anteriormente, el 17 de enero se había
constituido ya la comisión central de seguridad y salud laboral, que está
integrada por catorce miembros, siete de la administración y siete de los
sindicatos. Esta comisión acordó nombrar un grupo de expertos en materia
de seguridad y salud laboral que en el plazo de tres a cuatro meses
presentara a dicha comisión un plan de trabajo donde preferentemente se
estableciese el análisis actual de la realidad en esta materia y se
elevasen propuestas de actuación priorizadas para su estudio y
valoración, teniendo en cuenta las circunstancias y los recursos
disponibles, etcétera. Hasta ahora se han realizado actuaciones en
relación con la elaboración de un «dossier» con la normativa y
documentación existente relativa a seguridad y salud laboral; se han
realizado entrevistas y visitas a diversos centros, así como al Instituto
de Sanidad e Higiene en el Trabajo, a consejerías de salud de comunidades
autónomas, a centros universitarios; se han celebrado diversas reuniones
de trabajo para definir la metodología a emplear y se ha elaborado un
cuestionario para conocer las condiciones de trabajo.

En definitiva, se está haciendo una tarea importante en el marco del
acuerdo entre administración y centrales sindicales.




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Una vez que se ultime el análisis de la realidad, se procederá, conforme
al acuerdo de la propia comisión, en el plazo que ellos habían previsto
de tres a cuatro meses, a elaborar un informe final que contemplará las
propuestas de actuación priorizadas que estimen convenientes conforme al
calendario previsto. No sabemos --y creo que esta Comisión no debería
prejuzgar lo que viene siendo una actuación en el marco de un pacto entre
administración y sindicatos-- si la conclusión de ese trabajo será la de
que se defina un mapa de riesgos de salud laboral. No está claro; es
posible, pero no está claro porque aún no hay una definición; ni está
claro tampoco cuándo va a ser el momento final de los trabajos y de las
conclusiones. En consecuencia, al Grupo Socialista le parece que no
tendría mucho sentido que desde aquí saliera un mandato en última
instancia no ya al Gobierno, no ya a la Secretaría de Estado, sino a la
comisión constituida entre Administración y sindicatos para que diga lo
que tienen que hacer en un plazo previsto. Por consiguiente, nos vamos a
oponer, también, señor Presidente, a esta última proposición.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, le voy a dar la palabra a los
efectos de que fije su postura en relación con la emienda presentada por
el Grupo Socialista a la proposición de su Grupo sobre adecuación de las
relaciones de puestos de trabajo de los centros penitenciarios.




El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente. Con absoluta
brevedad, pero en el contexto de las manifestaciones hechas por el
portavoz del Grupo Socialista y habida cuenta de que, como muy bien ha
señalado el señor Presidente, la razón de ser de esta acumulación era
precisamente la concatenación entre estas proposiciones, vamos a hacer
alguna consideración muy sucinta.

Fundamentaba el señor portavoz del Grupo Socialista la presentación de su
enmienda a la proposición no de ley de mi Grupo, en relación con la
adecuación de las RPT, en un concepto inicial que era el de subirse al
tren. Yo, como bien comprenderá S. S., no voy a hacer un debate especial
sobre eso, simplemente me remito al juego de las fechas. Nuestra
proposición no de ley lo es con fecha 7 de febrero de 1995; como muy bien
ha reconocido S. S. se produce, por parte de la Administración, la
primera iniciativa de reunión el 8 de marzo de 1995, es decir, un mes
después, y, a continuación se distribuye con fecha 10 de mayo de 1995 un
cierto documento que puede servir como un primer planteamiento de base
para el análisis de esta cuestión, documento en el que, además, se hace
referencia a nuestra proposición, la que en este momento estamos
debatiendo. Por tanto, sin que nadie se quiera atribuir quién es el
primero que cogió plaza en el tren, nosotros simplemente nos remitimos al
juego de las fechas, que parece ser que es bastante objetivo y bastante
claro.

Ciertamente, como señalaba el señor Presidente al justificar la
acumulación de este debate, y como ha reconocido el portavoz del Grupo
Socialista, existe en nuestro planteamiento una concatenación material
entre los pasos que en este momento proponíamos que esta Comisión pudiera
adoptar como recomendaciones políticas abiertas para la actuación del
Gobierno, en una cuestión tan sensible y tan especialmente complicada
como es ésta.

Para nosotros la adecuación de las RTP tenía que ser, y es, sin lugar a
duda, el primer paso urgente para poder avanzar, desde ese conocimiento
exacto de la realidad y de las necesidades de cada establecimiento, en un
paso subsiguiente, que era precisamente el del marco establecido por ese
plan de empleo; plan de empleo que, en todo caso, conforme a los mandatos
surgidos del ordenamiento vigente, es un instrumento que se debe
concluir. Pero ese plan de empleo nosotros lo concebíamos como algo más;
lo concebíamos como una previsión inicial material para lo que tenía que
ser un paso subsiguiente desde la concepción de nuestro Grupo, esto es,
la creación de ese cuerpo general. Como muy bien ha dicho S. S., entre
otras cosas también porque lo he recordado yo en la propia fundamentación
de mi iniciativa, no se pueden crear, ni lo pretendemos, a través de un
plan de empleo, un cuerpo general. Hemos dicho sobradamente en la
fundamentación de nuestra iniciativa que ese plan de empleo lo que tenía
que establecer eran previsiones materiales, de base, que, una vez
producidas las reformas de carácter normativo necesarias, permitieran
estar, desde un punto de vista material y desde un punto de vista
jurídico, en condiciones de poder abordar naturalmente ese objetivo
final.

Se me dice que se va a rechazar esta proposición no de ley en tanto en
cuanto no se ha producido una supresión del cuerpo especial, sí existe
una normativa penitenciaria y el plan de empleo, como ya he señalado, no
puede crear cuerpos funcionariales. Sobre esta cuestión no vale la pena
hacer mayor mención, porque creo que la hemos dejado suficientemente
clara. En cuanto a la supresión de un cuerpo especial, saben SS. SS.

perfectamente que si no se ha hecho con un carácter normativo, sí se ha
hecho con un carácter material, y eso está generando notables
disfuncionalidades, especialmente en el ámbito, como antes se ha
señalado, de la provisión de puestos de responsabilidad intermedia.

Y por lo que se refiere a que sí existe esa normativa penitenciaria en
relación con la vertebración de esa carrera profesional, yo simplemente
tengo que atenerme a los propios juicios de la propia administración
penitenciaria, documento de 10 de mayo, cita literal: En conclusión, la
Ley 30/84, y su reglamento de desarrollo, se han revelado inadecuados
para la administración penitenciaria por la rigidez de unas normas
generalizadas que dificultan una adecuada gestión y desarrollo de los
recursos humanos en sectores públicos con cierta especificidad, que
inciden negativamente en la calidad de la prestación de los servicios.

Ello debería ser tenido en cuenta en el futuro estatuto de la Función
pública, posibilitando las adaptaciones precisas para hacer frente a las
necesidades de este sector.

Y sigue la propia administración penitenciaria en el citado documento de
10 de mayo: El marco jurídico básico se encuentra recogido en las leyes
39/70, sobre reestructuración de cuerpos penitenciarios, y 36/77, de
ordenación de los cuerpos especiales y de creación del cuerpo de
ayudantes de instituciones penitenciarias, así como la Ley 30/84, de
medidas para la reforma de la Función pública y



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en el reglamento penitenciario. Se regula con cierto detalle --dice-- la
funciones de los distintos órganos colegiados, órganos unipersonales,
unidades y servicios de los centros penitenciarios. Y continúa el
documento: Con la normativa actual, existen disfunciones entre las tareas
atribuidas a los distintos cuerpos y escalas de instituciones
penitenciarias y las necesidades reales de funcionamiento de los centros
penitenciarios. Ello se pone de manifiesto con mayor claridad en relación
con los cuerpos especiales, masculino y femenino, de Instituciones
Penitenciarias.

Y sigue diciendo en relación con esta cuestión el señalado documento: Por
último, cabe señalar la inadecuación del régimen jurídico del personal
laboral que tiene atribuidas determinadas categorías del personal al
servicio de la administración penitenciaria, singularmente las incluidas
en el área de intervención, que tienen atribuidas funciones
reglamentarias de participación en órganos administrativos, por lo que
--dice el documento-- parece necesario plantear su funcionarización.

Y podríamos continuar (evidentemente no vamos a hacerlo) con citas
literales de la propia administración penitenciaria en relación con el
análisis que ésta hace del marco jurídico que en este momento le resulta
vigente.

En relación con la postura que sostiene el Grupo Socialista frente a
nuestra...




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, el trámite requiere pronunciarse
fundamentalmente sobre la enmienda. Si reabre el debate, voy a tener que
dar también turno de réplica al señor Rodríguez Zapatero y alteraremos la
forma en la que se tramitan las proposiciones no de ley. Yo les he dejado
hablar con toda libertad, dada la acumulación de proposiciones, pero
ahora no reproduzcan el debate en términos convencionales, porque no
cabe.




El señor GIL LAZARO: Tiene toda la razón el señor Presidente. Simplemente
entendía que, en función de esta situación un poco de economía
parlamentaria que supone la acumulación del debate, había quizás esta
fórmula un poco más «sui generis» para poder concluir debidamente alguno
de los aspectos sustanciales de este debate, reconociendo que tiene
razón, sin lugar a dudas, el señor Presidente.

Por tanto, ya concluyo señalando simplemente que, en función de lo dicho
en cuanto a nuestra proposición no de ley relativa al tema de salud
laboral, ha empleado el señor portavoz del Grupo Socialista una expresión
muy clara y muy preocupante: no está claro cuál va a ser el momento final
del estudio y de las conclusiones. Claro que no está claro; es que ése es
el problema, y por eso la pertinencia de nuestra proposición no de ley.

Aquí yo tengo la previsión efectuada por la propia administración
penitenciaria; y la previsión efectuada por la propia administración
penitenciaria decía --y volvemos a lo del tren-- que los trabajos
comenzaron casi dos meses después de la presentación de nuestra
iniciativa, y según la propia previsión de la administración
penitenciaria, que ahora nos dice el señor portavoz que no está claro
cuándo va a concluir, el próximo día 26 de junio tenía que estar
presentado ya el informe final.

En definitiva, nosotros creemos que estas proposiciones no de ley, por su
carácter abierto, pero por la singularidad de los temas que abordan, era
muy conveniente que hubiesen podido ser aprobadas hoy, porque hubieran
reforzado, entre otros extremos, y en algunos casos muy concretos, el
papel negociador de la propia administración penitenciaria con otros
órganos de la Administración general del Estado. Y en ese contexto
nosotros no podemos admitir la enmienda que nos plantea el Grupo
Parlamentario Socialista, en la medida en que rompe el planteamiento
coherente que nosotros hacíamos en cuanto a la concepción de la
adecuación de las RPT, de la configuración del plan de empleo, como pasos
previos materiales (materiales, señor portavoz), nunca de naturaleza
jurídica, para la conclusión de ese objetivo final, que, por otra parte,
hemos señalado en cuanto a la creación de ese cuerpo general, que no es
algo que se pueda precipitar, sino que exige de unos pasos de carácter
material y otros de carácter jurídico, paulatinos, y desde luego exige en
todo punto, de manera rotunda, el acuerdo y el diálogo entre la
Administración y las centrales sindicales como representantes,
precisamente, de los propios trabajadores. (El señor Rodríguez Zapatero
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez Zapatero.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Un minuto, si fuera posible.




El señor PRESIDENTE: Hable un minuto.




El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias.

En efecto, señor Gil Lázaro, lo del tren viene muy a colación, porque
todas las materias que hemos debatido en las cuatro proposiciones no de
ley son desarrollo del famoso acuerdo Administración-sindicatos. Lo que
subyace en las proposiciones es que el Grupo Popular quiere determinar
las conclusiones de lo que está haciendo y llevando a cabo la
Administración con los sindicatos. Habrá plan de empleo, y cuando este
plan de empleo lo determine, a lo mejor, podrá haber un cuerpo en todo
caso especial o no, pero dejemos que el desarrollo del acuerdo entre
Administración y sindicatos dé las conclusiones que sean oportunas en los
plazos que ellos determinen. En materia del mapa de riesgos de salud
laboral, exactamente igual. Están trabajando intensamente --y he resumido
sucintamente todo lo que han hecho-- y cuando establezcan las
conclusiones ellos mismos dirán (y creo que la garantía es que es una
fórmula pactada con todas las fuerzas sindicales, porque están todos los
sindicatos integrados en la misma) cuál es la conclusión, si hay que
hacer un mapa, cómo hay que hacerlo y en qué plazo. Por tanto, yo creo
que sería poco elegante, entre otras razones, y a mi juicio escasamente
operativo también que nosotros dijéramos aquí: Hagan un plan de empleo,
hagan un cuerpo general, que sería especial, y además que las
conclusiones de toda la materia de salud laboral, del desarrollo de los
acuerdos sindicales sean éstas y éstas.




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El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley del Grupo Popular,
sobre urgente adecuación de las relaciones de puestos de trabajo de los
centros penitenciarios.

No se someterá a votación la enmienda del Grupo Socialista, al no haber
sido aceptada por el proponente.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Proposición no de ley del Grupo Popular sobre conclusión de un mapa de
riesgos de salud laboral de los trabajadores penitenciarios.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Proposición no de ley presentada por el Grupo Popular sobre creación del
cuerpo general de Instituciones Penitenciarias.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.

Proposición no de ley del Grupo Popular sobre especialización técnica de
la figura de los administradores de los centros penitenciarios.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en
contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.




--PARA LA CONSTRUCCION DE UNA NUEVA COMISARIA EN LA PLAYA DE LAS
AMERICAS, DE TENERIFE. PRESENTADA POR EL G. P. POPULAR. (Número de
expediente 161/000487.)



El señor PRESIDENTE: Debatimos, a continuación, la proposición no de ley
del Grupo Popular para la construcción de una nueva comisaría en la playa
de las Américas, de Tenerife.

Tiene la palabra el señor Soriano en nombre del Grupo Popular.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Han transcurrido dos años y medio desde
que el 9 de diciembre de 1992, en esta misma Comisión, el Ministro
Corcuera anunciara que entraba en las previsiones de la Dirección General
de la Policía, la construcción de una nueva comisaría en la playa de las
Américas, dado que los locales actualmente destinados, entonces también
estaban destinados a estos menesteres, no reunían los requisitos
indispensables para estas atenciones.

Posteriormente, el 20 de diciembre de 1993, y respondiendo a una pregunta
formulada por mí en esta misma Comisión, el Director General de la
Policía, el señor Conde-Duque, decía que el proyecto estaba terminado,
que lo iniciaría inmediatamente que empezara el año 1994, puesto que no
iría con cargo a los presupuestos de 1993 sino a los de 1994, y añadía
--y cito textualmente del «Diario de Sesiones»: Por tanto, iniciaremos
las actuaciones de adjudicación de obras, etcétera, en cuanto el
ejercicio presupuestario de 1994 esté disponible. Quiero decir con toda
justicia --así finalizaba su intervención-- que las apreciaciones que se
han hecho por parte del Ministro y por parte de los señores Diputados son
ciertas. Es una instalación penosa en una zona muy conflictiva y muy
seria desde el punto de vista de las actuaciones policiales.

Posteriormente el 24 de mayo de 1994, respondiendo a una pregunta de este
Diputado, se contestaba también por parte del Gobierno que: Próximamente
se procederá a solicitar las correspondientes ofertas a las empresas, de
tal manera que haya una concurrencia en número importante de las mismas.

La nueva comisaría de Adeje entrará en funcionamiento en el plazo de
aproximadamente 22 meses, ya que el plazo de ejecución de las obras está
estimado en 18 meses. En cuanto a la cantidad que se destinará en 1994
para esta obra se evalúa en 60 millones de pesetas.

Ya esto nos alarmó, porque con 60 millones de pesetas no había ni para
empezar, y esta cifra está muy lejana de la cifra antes indicada de 487
millones de pesetas que había anunciado el Ministro Corcuera.

Posteriormente se presenta una proposición no de ley que el 27 de
septiembre de 1994 se debate en esta Comisión y por parte de la portavoz
del Grupo Socialista se habla de la voluntad del Grupo Parlamentario
Socialista de que se construya una comisaría de policía en playa de las
Américas, en la isla de Tenerife. No hay ninguna discusión sobre el
particular. Y añadía: «Esta proposición la veo en clave de
desconfianza...». Y tanta desconfianza, como veremos luego. «Parece ser
que no existe confianza en los anuncios que reiteradamente venimos
haciendo los miembros del Partido del Gobierno y el propio Gobierno en
relación con la construcción de esa comisaría de policía». Por supuesto
que no existen ninguna confianza, añado yo. «Como saben SS. SS., van a
aparecer ya en el Boletín Oficial...» --eso se decía el 27 de septiembre
de 1994-- «los trámites para el concurso-subasta de adjudicación de las
obras, que yo espero que estén iniciadas en los primeros meses del
próximo año» --se refería a 1995; estamos ya a mediados de 1995 y las
obras no se han iniciado-- «... y que, cumplido el proyecto, se puedan
realizar por un importe de 476 millones de pesetas.» Vemos que ya se
reducen en bastantes millones las cifras dadas por el Ministro Corcuera
de 487 millones. Pero es que además en el presupuesto, y tengo aquí el
anexo del plan de inversiones reales para 1995, sólo figuran 366
millones, con lo cual es una cifra inferior también.




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Finalizaba la Diputada señora Pelayo como portavoz del Grupo Socialista
rogando que se retirara la proposición no de ley anunciando que su «Grupo
votaría afirmativamente una proposición de ley similar si en los primeros
días de enero no tuviéramos adjudicada» --y repito: adjudicada-- «la obra
de la comisaría de policía en playa de las Américas, en la isla de
Tenerife». Como quiera que todavía no se ha adjudicado la obra, confío
plenamente en que el Grupo Socialista va a apoyar esta proposición no de
ley haciendo honor al compromiso formulado por la señora Pelayo en la
citada sesión del pasado año.

Posteriormente, el asunto de la comisaría sigue permanentemente en el
alero, hay declaraciones en la prensa. El sábado 8 de octubre de 1994 se
dice por parte del Subdirector General de Gestión de la Policía en una
visita a Tenerife, y salen fotos en la prensa, que se van a iniciar los
trabajos de forma inmediata y entrará en servicio la comisaría en el año
1996. Reconoce que las actuales instalaciones ya no es que sean malas,
dice literalmente, es que no responden a las más mínimas condiciones,
tanto de ubicación de los funcionarios, como del respeto que debemos de
tener a los usuarios. Posteriormente, el 26 de octubre de 1994, se
aprueba en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley instando
la urgente construcción de esta comisaría de policía.

Pero todavía hay otra intervención de la Secretaria de Estado de
Interior, en contestación a una pregunta formulada por este Diputado que
habla, y en esta intervención del 2 de noviembre de 1994 la Secretaria de
Estado de Interior comparte la preocupación por la rápida construcción de
esta comisaría y dice textualmente: Nos hemos comprometido, y estamos en
condiciones de decir que eso va a ser así, a que en enero de 1995 se
inicien los trámites administrativos. Veamos la variante: la señora
Pelayo había dicho unos meses antes que a primeros de enero de 1995 se
iniciaría la ejecución de las obras, y ahora se nos dice que en enero de
1995 se van a iniciar los trámites administrativos que van a permitir que
las obras comiencen en los meses de abril o mayo de 1995. Se están
incumpliendo por completo todos los plazos. Decía la Secretaria de Estado
de Interior que se trata de una obra a ejecutar en 18 meses con un
importe total de 476 millones de pesetas. Pero, insisto, aquí en los
presupuestos sólo figuran 366 millones.

A la vista de la intervención de la Secretaria de Estado, expuse mis
dudas sobre que se cumplieran estas nuevas promesas, ya que siempre se
está demorando la fecha de ejecución de las obras. Decía textualmente que
me costaba trabajo creer que las obras se iniciasen en abril, cuando yo
entendía que los trámites administrativos habían sido ya finalizados, y,
en efecto, así se están cumpliendo mis prevenciones sobre la construcción
de esta comisaría de policía.

Yo esperaba que la Secretaria de Estado me hubiese dicho que ya había
sido remitido al Boletín Oficial del Estado el anuncio para el concurso
de adjudicación de las obras a la empresa correspondiente, porque no me
creía las promesas, máxime cuando con esos 75 millones de pesetas, que
era lo que ella anunciaba para el próximo año, no había ni para empezar.

La Secretaria de Estado insistía en que no teníamos ninguna razón para
pensar que eso no se pudiese llevar a efecto en el mes de abril, pero
añadía algo sospechoso --apuntando ya las sospechas que teníamos nosotros
de que no se iniciarían las obras--, y era lo siguiente: «Lo que
verdaderamente nos debe preocupar a todos, tanto al Gobierno como a S.

S., es que seamos capaces de prestar a los ciudadanos de todo el Estado,
y lógicamente también de Canarias, los mejores servicios y consigamos que
la Policía esté cada día más cercana al ciudadano.» Naturalmente que eso
se da por supuesto, pero lo que a nosotros nos interesaba en esos
momentos, sin duda alguna, era la rápida construcción de esta comisaría
de policía.

En otra contestación del Gobierno, de fecha 14 de febrero de 1995, el
Ministerio seguía insistiendo en que se llevaría a cabo la construcción
de la comisaría de policía, indicándonos que lo único que había sufrido
una modificación eran las fechas de ejecución por motivos estrictamente
presupuestarios. Esto nos lo decía en febrero de 1995, como si los
Presupuestos no se hubieran aprobado en el mes de diciembre y como si el
proyecto de ley de los mismos no hubiese entrado en la Cámara en el mes
de octubre.

En la contestación por escrito de 28 de febrero de 1995 decían lo
siguiente: «En el segundo trimestre se publicará en el BOE el anuncio de
licitación de las obras, que pueden iniciarse dentro del presente año. Se
estima que la citada comisaría podría entrar en funcionamiento a
comienzos del año 1997.» Desde luego, si todavía no se han iniciado las
obras, es materialmente imposible que a principios del año 1997 esté la
comisaría en funcionamiento.

También hay unas declaraciones de un Subdirector General del Ministerio,
denominado Operativo, don Miguel Angel Alonso, en la prensa del 15 de
febrero de 1995, donde decía que Interior destinaría este año 80 millones
a la construcción de la comisaría y 200 en 1996, cosa que tampoco
coincide con lo fijado en la Ley de Presupuestos para el año 1995, ni con
las manifestaciones anteriormente expuestas por parte de las autoridades
a que he hecho referencia.

Posteriormente, después de haber iniciado yo los trámites de esa
proposición no de ley, nos ha sido anunciado por la Diputada señora
Pelayo que ya había sido remitido al Boletín Oficial del Estado el
anuncio correspondiente a la subasta. Esto se decía en el periódico del
27 de abril.

En definitiva, lo que nosotros queremos poner aquí de manifiesto es que
es urgente, indispensable y que no admite más dilación ni más tomaduras
de pelo --el sucesivo incumplimiento de las promesas hechas por el
Ministro, por el Director General de la Policía y por la Secretaria de
Estado sobre este particular creo que ha sido suficientemente
explicitado-- la puesta en marcha de la comisaría de la Playa de las
Américas. Y tengo que decir sobre el particular que esa comisaría de la
Playa de las Américas, en el programa de presencia policial del Plan de
actuación del Ministerio de Justicia e Interior de la Dirección General
de Policía del año 1994, figura entre las más conflictivas, con el mayor
volumen de delitos de toda España. Para que nos hagamos una idea, les voy
a leer lo que dice: En



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Canarias capital se cometieron 8.552 delitos --yo no sé qué entiende el
Ministerio de Justicia e Interior por Canarias capital, o no sé si es que
no sabe cuál es la capital--; luego habla de Tenerife capital --tampoco
lo entiendo, porque hay una capital que se llama Santa Cruz, pero no
Tenerife capital--, y dice que allí se cometieron 3.910 delitos; y, por
último, en la Playa de las Américas habla de 3.244 delitos. Es decir,
casi se cometen los mismos delitos, o muy pocos menos, en la comisaría de
la Playa de las Américas que en la comisaría de Santa Cruz de Tenerife.

Además, en la Orden de 28 de febrero de 1995, por la que se desarrolla la
estructura orgánica y funciones de los servicios centrales y
territoriales de la Dirección General de Policía, figura la comisaría de
la Playa de las Américas entre las comisarías locales del grupo segundo,
no incluida en el grupo primero, lo cual puede dar también una idea de la
escasa importancia o de la escasa valoración que el Ministerio está dando
a la conflictividad y la envergadura que tienen los servicios de la
comisaría de la Playa de las Américas en la Isla de Tenerife.

En todo caso, nosotros queremos decir, para que se hagan una idea de la
urgencia de esta comisaría, que en los datos facilitados en la última
Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 1994 se hace referencia
a que las diligencias previas incoadas se han incrementado un 8,4 por
ciento en relación a 1992, y por lo que afecta a Tenerife este incremento
ha sido del 8,8 por ciento, es decir, en el orden cuantitativo, Canarias
se sitúa con un incremento del 10,3 por ciento en relación al año
anterior. Choca esto también con el hecho de que en este programa de
presencia policial --tengo aquí la página fotocopiada-- la cifra de
funcionarios ha disminuido del año 1992 al año 1994. En el año 1992 había
28.031 funcionarios y en el año 1994 sólo 25.792, lo cual nos pone de
manifiesto cómo lejos de aumentar el número de funcionarios está
disminuyendo.

En conclusión, señor Presidente, el Grupo Popular espera que esta
proposición no de ley, haciendo honor al compromiso contraído por el
Grupo Socialista a que he hecho referencia anteriormente, merezca la
aprobación de todos los grupos, puesto que lo que se trata de conseguir
es que se inicie ya la construcción de la nueva comisaría, que se inicien
ya los cimientos de la obra, que se empiece ya a trabajar en la
comisaría, y que hasta tanto se construya dicha comisaría se dote a la
actual instalación de mayores medios, tanto materiales como personales,
porque, según los sindicatos, la realidad de los medios con que cuenta la
citada comisaría, y en concreto Tenerife, no coincide con las
declaraciones hechas por el ministerio. En este sentido, el informe del
Sindicato Unificado de Policía pone de manifiesto que a Las Palmas fueron
destinados 206 funcionarios, mientras que a Santa Cruz de Tenerife sólo
lo fueron 51, y los alumnos de la Academia han efectuado su período de
prácticas sólo en Las Palmas.

En consecuencia, nosotros esperamos, como he indicado anteriormente, que,
dada la urgencia de la construcción de esta comisaría, esta proposición
no de ley que presenta hoy el Grupo Popular pueda merecer la confianza y
la votación favorable de todos los grupos de la Cámara.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pelayo, del Grupo
Socialista, para que fije su posición respecto de esta proposición no de
ley.




La señora PELAYO DUQUE: Yo podría limitarme, en esta intervención de
fijación de posición de mi Grupo, a entregarle al señor Soriano una
fotocopia del Boletín Oficial del Estado de fecha 29 de abril de 1995, es
decir, dos días después de la presentación de la proposición no de ley en
el Registro de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, en
donde se contiene el anuncio del Ministerio de Justicia e Interior y la
resolución de la Secretaría de Estado de Interior por la que se anuncia a
subasta, en procedimiento abierto, la adjudicación del contrato de obras
del proyecto de comisaría de policía en Playa de las Américas, municipio
de Adeje, Santa Cruz de Tenerife; convocatoria, por cierto, que tiene
fecha de dos días antes de la presentación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Popular. Es decir, el día 25 de abril, el
Ministerio del Interior envía al Boletín Oficial del Estado el anuncio de
concurso y dos días después presenta el Grupo Popular esta iniciativa, en
virtud de la cual se solicita se proceda a iniciar la construcción de la
nueva comisaría de policía en Adeje a la mayor urgencia posible.

Por tanto, mi intervención podría limitarse a entregarle al señor Soriano
la fotocopia del anuncio del Boletín Oficial del Estado para ver si con
ello le desaparece la desconfianza que tiene en relación con los
proyectos del Gobierno en esta materia, lamentando esta Diputada no haber
tenido tiempo de entregarle la hoja enmarcada, dado que los méritos
contraídos por el señor Soriano en relación con la perseverancia y la
constancia sobre este proyecto del Gobierno así lo acredita.

Dicho esto en términos de broma, naturalmente, no quisiera dejar pasar la
oportunidad de dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de algunas
cosas en nombre de mi Grupo.

En primer lugar, quería dejar claro que, efectivamente, todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara hemos participado en ese análisis sobre la
deplorable situación de la comisaría de policía de Adeje, en la Isla de
Tenerife, y parece que todos los grupos estábamos de acuerdo en la
necesidad de la construcción de una nueva comisaría de cara a dotar a
aquella zona turística de los servicios que demanda en relación con la
seguridad. Lo que ocurre, señor Presidente, es que, como no debe ignorar
el señor representante del Grupo Popular, para la realización de obras y
servicios por parte del Estado existen unos trámites legales que hay que
cumplir y que el Gobierno ha venido cumpliendo. En primer lugar, la
búsqueda de los terrenos; la puesta a disposición de los terrenos, que
lleva un trámite administrativo largo, lento si se quiere, pero que, como
digo, hay que cumplir; la puesta a disposición y la titulación a nombre
de Patrimonio del Estado de los terrenos son trámite, insisto, que hay
que cumplir. Luego, la solicitud de la aprobación del proyecto; la
aprobación del proyecto concreto de realización de la obra. A
continuación, como también debe saber el señor Soriano, el sometimiento a
la licencia de autorización por parte del ayuntamiento



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de la citada obra, y después, ya sobre el terreno, la aplicación de las
distintas variantes que pueden surgir, como por ejemplo --lo debe conocer
el señor Soriano, dada la exposición exhaustiva que ha hecho en el día de
hoy--, las dificultades que ha habido en el acceso a ese solar y, por
tanto, en el acceso futuro a los servicios que la comisaría de policía
debe prestar en la zona.

En definitiva, señores Diputados, ha habido una serie de dificultades que
han dilatado excesivamente en el tiempo la construcción de esa comisaría
de policía y que han hecho que los sucesivos compromisos que tenía el
Gobierno se hayan ido incumpliendo, como consecuencia de esos trámites y
de esas dificultades que han surgido a lo largo de la tramitación.

Quiero decir también, señor Presidente, que, fruto de la voluntad que
hemos manifestado reiteradamente tanto los alcaldes socialistas de la
zona como los Diputados y Senadores socialistas de la isla de Tenerife y
el propio Gobierno, la única comisaría de policía que se construye este
año en toda España es precisamente la comisaría de policía de Adeje.

La tercera precisión que voy a hacer en relación con las manifestaciones
del señor Soriano es que él debe saber --lo sabe por otras
intervenciones-- que en la pasada legislatura ha habido dificultades
presupuestarias, como las va a haber en ésta a consecuencia de las
acciones del Gobierno tendentes a recortar el déficit público, pero eso
no empece para que, como digo, el anuncio de concurso subasta aparezca
publicado en el Boletín Oficial del Estado. El día 8 ya se abrieron las
plicas donde aparecen las proposiciones para acceder a la construcción de
esa comisaría. En la actualidad, el expediente se encuentra en la
Comisión de contratación, donde se están analizando todas las plicas
presentadas para la adjudicación de la subasta y, como dice también el
anuncio aparecido en el Boletín Oficial del Estado, se está cumpliendo no
sólo el trámite de 8 de junio de 1995, de apertura de plicas, sino que
también, como se explicita en el anuncio, el plazo de ejecución de las
obras será de 18 meses, estando prevista su iniciación en el mes de julio
de 1995; es decir, que ya es un contrato en firme por parte de la
Administración y, por tanto, el 1 de julio tendremos la oportunidad de
celebrar la colocación de la primera piedra de esa comisaría de policía,
colocación a la que yo me preocuparé de que inviten al señor Soriano,
dada la perseverancia y el interés que ha demostrado en la construcción
de esta comisaría de policía en Adeje.

En consecuencia, dadas las razones que he alegado, y disculpándome una
vez más por no haber podido entregarle al señor Soriano la fotocopia del
Boletín Oficial debidamente enmarcada para su recuerdo (El señor Soriano
Benítez de Lugo: No hace falta; ya lo he leído.), nuestro Grupo se ve en
la obligación de tener que rechazar la iniciativa por innecesaria;
innecesaria en los dos apartados, en el primero, porque, como digo, el 1
de julio tendrá lugar la colocación de la primera piedra de esa
comisaría, por tanto, mayor urgencia imposible, y, en segundo lugar, por
el tema de los medios materiales y personales. Ya está prevista la
dotación de medios personales y materiales para la nueva comisaría de
policía, una vez se haya construido. En cuanto a los medios actuales --el
señor Soriano también tiene que saberlo, porque veo que desde los
servicios de la policía le suministran los datos necesarios--, le diré
que hay dotaciones nuevas para la comisaría de policía de Adeje, tanto de
medios personales como de algunos medios materiales imprescindibles.

Con esto, señor Presidente, he fijado la posición de mi Grupo. (El señor
Soriano Benítez de Lugo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, en las proposiciones no de ley no hay
trámite de réplica.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Siempre lo ha habido.




El señor PRESIDENTE: No, señor Soriano. Ha habido una acumulación de
cinco proposiciones y, como consecuencia de la presentación de una
enmienda, he dado la palabra al Grupo Popular para que fijase posición
respecto de la enmienda. Eso es lo que ha podido inducir a S. S. a pensar
que dábamos trámite de réplica en las proposiciones no de ley, pero el
trámite que vengo siguiendo es el de votar, una vez debatidas las
proposiciones.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, he defendido muchas
proposiciones no de ley, en ésta y en otras Comisiones, y siempre se me
ha dado turno de réplica. Incluso le puedo citar proposiciones no de ley
debatidas en esta Cámara con turno de réplica. Sin ir más lejos, la
celebrada...




El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, permítame aliviarle su deseo de
ilustrar a la Presidencia, que en esta materia tiene las ideas claras. No
existe turno de réplica en los debates de las proposiciones no de ley. La
Presidencia viene actuando con bastante tolerancia en el seno de la
Comisión y, si S. S. se cree en la obligación de formular alguna
precisión, con todo gusto le voy a dar la palabra por un minuto, pero
dejando bien claro que es una concesión que le hace la Presidencia y no
un derecho, no quiero que siente precedente.

Tiene la palabra, señor Soriano.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Se lo agradezco doblemente, señor
Presidente, y voy a ser muy breve.

La proposición, indudablemente, es de fecha anterior a la publicación en
el Boletín Oficial del Estado del concurso para la adjudicación de las
obras, pero es que todos los trámites administrativos a los que se ha
referido la señora pelayo a mí me había contestado el Gobierno que
estaban resueltos desde finales de 1993, y obvio su lectura, aunque tengo
aquí los boletines.

Quisiera hacer hincapié en lo que la señora Pelayo dijo el 27 de
septiembre de 1994, y leo textualmente lo que dice el «Diario de
Sesiones»: «Le rogaría que la retirara» --refiriéndose a la proposición
no de ley que en aquel momento se debatía--, «con el anuncio de que mi
Grupo votaría



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afirmativamente una proposición de ley similar si en los primeros días de
enero no tuviéramos adjudicada la obra de la comisaría de policía.» Creo
que los términos son claros, pero la obra no está adjudicada, sino que se
pretende adjudicar en fecha breve, cosa de la que yo desconfío. Nos dice
que va a empezar la obra el 1 de julio, y aquí, señores Diputados, no ha
habido dificultades de ningún tipo, sino una mala gestión, un defecto de
tramitación y una voluntad poco decidida de construir esta comisaría en
los plazos previstos. (La señora Pelayo Duque pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Pelayo.




La señora PELAYO DUQUE: A mí me merece muchísimo respeto esta institución
y me merece mucho respeto el tiempo de los señores comisionados. Si el
Partido Popular hubiera tenido un mínimo respeto a la institución
parlamentaria, a la vista de los argumentos que he expuesto y a la vista
del ofrecimiento que le he hecho del Boletín Oficial del Estado, no
hubiera sometido a votación esta proposición, sino que la hubiera
retirado, pero como quiere someter a votación una proposición que no
tiene ningún sentido por cuanto que está repitiendo la obviedad y gastar
inútilmente el tiempo de los señores Diputados, vuelvo a insistir en los
argumentos que he dado, a los que me remito en toda su extensión. (El
señor Soriano Benítez de Lugo: Protesto; que conste en acta mi
protesta.--Rumores.--El señor Gil Lázaro pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señores miembros de la Comisión, les ruego silencio.

No hay más cuestiones de orden. El Grupo Popular tiene perfecto derecho a
someter a votación la proposición no de ley, y eso es exactamente lo que
voy a hacer a continuación. (Rumores.--El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
Silencio, señorías.

¿Para qué desea la palabra, señor Gil Lázaro?



El señor GIL LAZARO: Para una cuestión de orden, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Plantéeme la cuestión de orden.




El señor GIL LAZARO: El Grupo Parlamentario Popular considera que todas
las iniciativas que cualquier grupo parlamentario estime legítimo
plantear merecen un respeto, y en modo alguno una calificación como la
que en este momento ha provenido del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, no es una cuestión de orden.




El señor GIL LAZARO: Aquí nadie viene a hacer perder el tiempo a nadie.




El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, mantenga la calma y deje a la
Presidencia que vele por los derechos de los Diputados, como es su
obligación; no me conviertan una cuestión de orden en un alegato sobre
las consideraciones que cada Diputado ha hecho.

El Grupo Popular tiene perfecto derecho a someter a votación esta
proposición no de ley, y es lo que va a hacer la Presidencia. Y las
argumentaciones de unos y de otros ya han quedado reflejadas en el acta
taquigráfica.

Votamos la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--SOBRE CREACION DE REGISTROS MERCANTILES EN LAS ISLAS CANARIAS.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000489.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir, a continuación, la proposición no
de ley del Grupo Socialista, sobre creación de los registros mercantiles
en las Islas Canarias.

Para no dar lugar a incidentes --que siempre son desagradables--, y sobre
todo para que ninguna de SS. SS. se sienta indefensa en la fijación de
sus posiciones, quiero que sepan de antemano que este turno está
ordinariamente tasado con una intervención sin réplicas, salvo cuando hay
formuladas enmiendas, en cuyo caso al grupo proponente se le da la
oportunidad de fijar su posición, como ha hecho anteriormente el señor
Gil Lázaro. Agoten su argumentación en el tiempo que les doy y no piensen
en que va a haber una segunda oportunidad, porque entonces los debates de
proposiciones no de ley se eternizan y el Reglamento ha previsto un
trámite ágil para estas proposiciones.

Además, deseo que se tramiten con cierta agilidad, porque ello es lo que
nos va a permitir hacer, como con estas proposiciones, debatirlas con
rapidez. Estamos discutiendo proposiciones presentadas hace una semana,
señorías. Pero esta agilidad tiene como contrapartida que los debates no
se prolonguen indefinidamente. Sus señorías tienen la pasión de ultimar
el argumento y de replicar; yo lo comprendo y les he dado facilidades,
pero les agradeceré que en lo sucesivo agoten su argumentación con la
intervención prevista reglamentariamente, es decir, con la única
intervención.

Tiene la palabra, por un tiempo de diez minutos, la señora Pelayo.




La señora PELAYO DUQUE: Creo que por menos tiempo, señor Presidente,
porque después de la brillante intervención que tuvo en relación con
parecida proposición el compañero Diputado, señor Costa, del Grupo
Parlamentario Socialista, referente a la creación de registros
mercantiles en las Islas Baleares, poco más puedo decir a propósito de
esta iniciativa, que pretende lo mismo en relación con las Islas
Canarias.




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La realidad es que, después de los trabajos que hemos ido desarrollando
los parlamentarios socialistas en relación con la respuesta a
determinadas demandas que se nos vienen planteando en las islas, me viene
a la memoria aquel concepto que introdujimos en los debates del texto
constitucional algunos parlamentarios que tuvimos la oportunidad de
participar en los mismos, y es el concepto del hecho insular. Esta es una
de las iniciativas que se basa precisamente en el artículo 138 de la
Constitución, en el que se establece que se tendrá en cuenta dicho hecho
insular.

La realidad es que la diversidad de actos y de obligaciones inscribibles
que se imponen hoy, a tenor de la legislación que se viene aplicando en
nuestro país como consecuencia del desarrollo normativo propio y también
del desarrollo normativo impuesto por nuestra pertenencia a la Unión
Europea, ha hecho que no sólo por las circunstancias del hecho insular,
sino también por el volumen de asuntos se vea necesaria la creación de
registros mercantiles en las islas que no sean capitales de provincia,
por cuanto es conocido que las capitales de provincia ya cuentan con
registros mercantiles.

La iniciativa pretende, en definitiva, que el Gobierno inicie los
trámites legales para dotar a todas las islas del archipiélago canario de
registros mercantiles mediante real decreto, a propuesta del Ministerio
de Justicia, previa audiencia del Consejo de Estado y conforme a la
Comunidad Autónoma de las Islas Canarias, creando los registros
mercantiles necesarios.

Tengo que adelantar a la Cámara, a propósito del debate que hace escasas
horas hubo en esta misma Comisión sobre la iniciativa presentada también
por nuestro Grupo para los registros mercantiles en el archipiélago
balear, que la Dirección General de los Registros y del Notariado se ha
adelantado incluso a las iniciativas elaboradas por el Grupo
Parlamentario Socialista, de tal manera que en estas fechas está cursando
ya a los gobiernos autónomos correspondientes la solicitud de informe
previo, a los efectos de ganar tiempo en la constitución de estos
registros mercantiles, que creemos responden a demandas sentidas por las
sociedades isleñas.

Señor Presidente, con esto termino, porque yo creo que son muy pocas
cosas más las que se pueden decir, después de lo que ya expuso el señor
Costa en defensa de su proposición.

Por todo lo anterior, pido a los miembros de la Comisión el voto
favorable para esta iniciativa del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Popular desea fijar posición?
(Asentimiento.)
Tiene la palabra la señora Barrios.




La señora BARRIOS CURBELO: Señor Presidente, intervengo, en nombre del
Grupo Popular, para fijar la posición del mismo en relación con la
proposición no de ley del Grupo Socialista que mi compañera, la señora
Pelayo, en este momento ha defendido, en la cual se insta al Gobierno
para que inicie los trámites legales para dotar a todas las islas del
archipiélago canario de registros mercantiles. Mi posición también la
expondré brevemente.

Ciertamente, por la conformación física de aislamiento a las siete islas
canarias más las otras pequeñas islas e islotes adyacentes, existe un
grave y costoso problema de comunicación, tal como recoge la iniciativa y
que ha expuesto la señora Pelayo. Pero nos sorprende que, si bien la
iniciativa persigue una buena intención, la misma no viene avalada o
respaldada por un estudio o cuantificación del volumen del tráfico
mercantil que se viene produciendo en estas cinco islas canarias, en las
que, al no estar ubicadas en ellas las capitales de provincia, no tiene
oficina de registro mercantil, tal como estipula el principio general que
fija el artículo 16 del reglamento de registro mercantil. Si bien es
cierto que este principio general, donde sólo se dotará de registro
mercantil a las capitales de provincia y a las ciudades de Ceuta y
Melilla, no es menos cierto que también regula, como se ha dicho por la
señora Pelayo y por el señor Diputado que ha defendido la creación de los
registros mercantiles en las Islas Baleares, una excepción para el
supuesto de que existan en un determinado lugar necesidades del servicio
que requieran la creación del registro mercantil en población distinta de
las capitales de provincia.

Dicho todo lo anterior, si existen poblaciones que requieren la dotación
de un registro mercantil ésas son las Islas Canarias, no sólo por las
características físicas antes apuntadas, es decir, por lo que regula el
artículo 138 de la Constitución, tal como ha dicho la Diputada señora
Pelayo, sino por lo que regulan los artículos 141 y 143 de dicha
Constitución. Pero no sólo por esas características físicas anteriormente
apuntadas, sino porque, además, la nueva regulación mercantil --les
recuerdo la reciente ley que regula las sociedades de responsabilidad
limitada y el Reglamento del registro mercantil del año 1989-- tiene como
principios fundamentales dar mayor eficacia a la inscripción registral y
con mayor accesibilidad o divulgación de los datos registrales a los
ciudadanos, a lo que hay que añadir el aumento de las funciones que dicho
reglamento mercantil recoge, ya que a los mismos les encomienda, además
de la función calificadora previa a la inscripción, la legalización de
los libros de empresarios, el nombramiento de expertos independientes y
de auditores de cuentas y el cuidado y publicidad de los documentos
contables. Incluso el artículo 81 del Reglamento mercantil contempla unos
nuevos sujetos a inscribir, como son las cooperativas de crédito, las
mutuas y cooperativas de seguros, agrupaciones de interés económico,
cajas de ahorro, fondos de pensiones, etcétera. En fin, se han aumentado
ostensiblemente los sujetos y los actos que precisan su inscripción en el
registro mercantil.

También es un principio fundamental de la nueva regulación mercantil el
acercamiento de la institución registral a los ciudadanos, finalidad que
no se consigue fácilmente en las Islas Canarias debido a la fragmentación
insular; y constituyendo en la actualidad en el archipiélago un problema
importante, tal como ha dicho también la señora Pelayo, el facilitar al
usuario, al público canario, ciertos datos registrales importantes, todo
ello para una mayor seguridad jurídica, que es la finalidad última que
persigue dicho reglamento, reforzando la accesibilidad y, por tanto,
potenciando



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la publicidad del mismo. A todo lo anterior que he dicho hay que unir que
el desarrollo turístico y económico de Canarias hace que en muchísimas de
nuestras islas el movimiento mercantil, el tráfico mercantil sea muy
superior al de algunas capitales de provincias españolas.

Consideramos que para solventar adecuadamente este problema, y aunque no
ha sido presentada formalmente en esta Comisión pero lo he estado
hablando antes con la señora Pelayo, para perfeccionar dicha proposición
no de ley y solucionar en este momento ya el problema existente en
Canarias a este respecto a la mayor brevedad posible; consideramos,
repito, que se nos podría admitir una enmienda transaccional con el
siguiente texto. Sería añadir, al final de la proposición no de ley, que
culmina diciendo «creando los registros necesarios», la frase: «con
independencia de los resultados y existiendo en cada isla oficinas del
registro de la propiedad anexas a las mismas, se crearán oficinas o
ventanillas de recepción y entrega de documentos mercantiles en el plazo
de dos meses». Esta es la enmienda transaccional que de nuevo le vuelvo a
repetir a la señora Pelayo.

La finalidad que perseguimos con dicha enmienda es que, pudiéndose
prolongar los trámites durante largo tiempo, y siendo posible que los
estudios realizados puedan dar lugar, al final, a que a alguna de estas
islas, por escaso volumen de tráfico mercantil, no se la dote de un
registro al respecto, desde este momento, el Gobierno, dado que en todas
las islas existen oficinas del registro de la propiedad, aproveche la
existencia de las mismas para abrir una oficina o ventanilla de recepción
y entrega de documentos mercantiles, que continuaría utilizándose aunque
no se le dotara de registro mercantil, y así no existiría discriminación
alguna con los ciudadanos canarios que viven en este momento en islas
Canarias no capitalinas.




El señor PRESIDENTE: Como ya ha tenido ocasión de oírme esta mañana, en
las proposiciones no de ley, no hay un trámite previsto para las
enmiendas «in voce» que, curiosamente, el Reglamento regula de forma más
estricta que los debates legislativos, en los que sí caben dichas
enmiendas «in voce».

No obstante, voy a escuchar la posición de la proponente, señora Pelayo,
porque, a la vista de su postura, me pronunciaré sobre la aceptación de
la enmienda que sugiere su señoría.

Tiene la palabra la señora Pelayo.




La señora PELAYO DUQUE: El sistema registral que configura la Ley de
reforma, de 25 de junio de 1989, y el Reglamento del Registro Mercantil,
de 29 de diciembre del mismo año, presupone un número limitado de
registros mercantiles, puesto que ello facilita el funcionamiento del
registro mercantil central y la publicación del Boletín Oficial del
Registro Mercantil y, por tanto, el tratamiento unitario de los datos que
son objeto de archivo y publicación.

Los registros mercantiles actualmente están ubicados en todas las
capitales de provincia, además de las ciudades de Ceuta y Melilla, de
acuerdo con el artículo 16 del Reglamento del Registro Mercantil. Este
sistema registral ha producido excelentes resultados y, por tanto, se
considera necesario --lo digo a efectos de las manifestaciones que ha
vertido la señora Barrios-- su mantenimiento a efectos de circunscripción
provincial y de tratamiento unificado de los datos con los que se opera
en el registro mercantil. Si hemos presentado esta iniciativa no es por
el volumen de asuntos, sino por un tratamiento adecuado y específico del
hecho insular, y si aceptáramos las tesis manifestadas por el Partido
Popular, tendríamos que hacerlo extensivo a otro tipo de ciudades donde
podría haber también volumen de trabajo, pero no la circunstancia del
hecho insular.

Pensamos que tal como está organizado actualmente el servicio del
registro mercantil, de circunscripción regional, de tratamiento
unificado, etcétera, es el adecuado a efectos de facilitar el tratamiento
unitario de los datos que son objeto de archivo y documentación.

En cuanto a la creación de los registros mercantiles, y en concreto la
enmienda propuesta por la señora Barrios, le tengo que decir que la
intención del Gobierno es que la creación de registros mercantiles
comprenda la totalidad de las Islas Canarias, en las que hay ya
establecidos registros de la propiedad y, por tanto, ya se cuenta con una
estructura para facilitar la organización de dichos registros
mercantiles.

Le tengo que decir, respecto a la preocupación que tiene en cuanto a
facilitar el acceso al registro mercantil y el cumplimiento de las
obligaciones derivadas de las legislaciones que estamos produciendo en
nuestro país en relación con la materia, que ya se han venido produciendo
esas facilidades. Le tengo que recordar aquí la existencia, por ejemplo,
del Real Decreto 1418/1991, de 27 de septiembre, donde se facilita, a
través del registro de la propiedad mercantil, el cumplimiento de esas
obligaciones y, además, se establecen nuevos mecanismos para facilitar
tales obligaciones.

Por lo tanto, no consideramos necesaria la presentación de esa enmienda
no sólo porque está ya contemplada en disposiciones aprobadas en el año
1991, sino porque, como ya le advertí también en la defensa de mi
iniciativa, el Gobierno ya ha solicitado los informes de la comunidad
autónoma. Es decir, ya está en marcha, por haberse adelantado el gobierno
a los trámites que prevé el Real Decreto de 29 de diciembre de
modificación de los Registros Mercantiles.

En resumen, señor Presidente, creemos innecesaria la sugerencia de la
señora Barrios, del Grupo Popular, y no la vamos a admitir a trámite. (La
señora Barrios Curbelo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Barrios, tiene la palabra.




La señora BARRIOS CURBELO: Señora Pelayo, o usted no ha leído su
iniciativa, o no me ha escuchado adecuadamente. Es la proposición no de
ley del Grupo Socialista la que insta al Gobierno para crear en todas las
islas del archipiélago canario un registro mercantil; no es el Grupo
Popular el que lo ha iniciado. Lo que nosotros hemos recogido en esta
enmienda transaccional, para una



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mayor efectividad, es que, sabiendo que se están iniciando los trámites y
que éstos van a durar un largo tiempo (a pesar de que el Gobierno ya se
esté moviendo a estos efectos antes de estar aprobado por la Comisión la
iniciativa, de lo que me alegro), y pudiendo suceder que, tal como usted
recoge, no haya un volumen suficiente, en base a la insularidad, que es
la característica de las Canarias, se fijen oficinas para la recogida y
entrega de la documentación mercantil; no que se creen en todas registros
mercantiles, eso es lo que ustedes recogen en su iniciativa. Porque
teniendo muy buena intención, al final es posible, señora Pelayo, que
esto no se lleve a cabo, y para no producir discriminación ni problemas
en los frecuentes traslados y desplazamientos obligatorios para ir a las
dos capitales de provincia, Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria, por
parte de los ciudadanos de las islas no capitalinas proponemos que se
creen, desde ahora, en un plazo de dos meses, estas oficinas de entrega y
recepción de documentos, oficinas que en este momento no existen, aunque
haya un Real Decreto al que usted ha hecho mención. Actualmente, los
ciudadanos canarios de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma, de la
Gomera y de Hierro tienen que trasladarse obligatoriamente a dichas
capitales. Insisto nosotros decimos que se creen oficinas anexas al
registro de la propiedad existente en cada isla mientras se hace el
estudio. (La señora Pelayo Duque pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Pelayo, tiene la palabra.




La señora PELAYO DUQUE: Me parece, señor Presidente, que esto se ha
convertido en un diálogo de sordos. en primer lugar, porque la señora
Barrios me está atribuyendo cosas que no he dicho y, en segundo lugar,
porque parece que no me está oyendo lo que estoy diciendo. Es decir,
tratamos de crear oficinas de registro mercantil en todas las islas.

Hay una iniciativa del Grupo Socialista que yo repito, y a la que la
señora Barrios, en el pressing político al que nos tiene acostumbrado el
Grupo Popular, intenta engancharse --no entiendo otra justificación--
proponiendo algo que ya está, gracias también a iniciativas del Gobierno
Socialista. Por tanto, parece, señor Presidente, que lo que estamos
diciendo aquí no está sirviendo para nada. Lo lamento profundamente.

Me vuelvo a ratificar en la posición de nuestro Grupo de que la
iniciativa de la señora Barrios no tiene ningún sentido, no se lo vemos
por ningún sitio, ni siquiera por ahorro temporal.




El señor PRESIDENTE: Dado que, conforme a las previsiones reglamentarias,
las enmiendas que se presentan, no se pueden someter a votación si el
grupo proponente no las acepta, es obvio que no tiene sentido que la
Presidencia se pronuncie sobre esta enmienda «in voce» vista la posición
del Grupo Socialista.

Por esa razón, señora Barrios, no se admitirá a trámite la enmienda, ya
que es obvio que esas razones reglamentarias harían inviable esa
decisión.

Vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre
creación de registros mercantiles en las Islas Canarias.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




--RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO PENITENCIARIO EN LAS ISLAS
CANARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
161/000504.)



El señor PRESIDENTE: Hay una proposición del Grupo Popular, que es la que
veremos a continuación, relativa a la construcción de un centro
penitenciario en las Islas Canarias. La Presidencia pretendía acumular el
debate de esta proposición no de ley con el de otra formulada por el
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre revisión
de los planes de amortización y construcción de nuevos centros
penitenciarios en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. Esta
acumulación procede por la coincidencia material de los objetivos de la
proposición, parcial naturalmente, pero dado que no está aquí el
representante del Grupo de Izquierda Unida, debatiremos solamente la
formulada por el Grupo Popular.

¿Quién va a intervenir por el Grupo Popular? (Pausa.) El señor Soriano
tiene la palabra.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Si en la defensa de la anterior
proposición no de ley me remontaba a 1993 para poner de manifiesto los
reiterados incumplimientos de las promesas formuladas por el Gobierno, en
esta ocasión me remonto al mismo año. En 1993 tuvo lugar, de una forma
sorpresiva, el incremento de la población reclusa de la prisión
Tenerife-2, que pasó de una capacidad funcional de 768 internos a
duplicarse como consecuencia de las instalaciones de literas, con
manifiesta infracción de la legislación penitenciaria, cosa que, por otro
lado, se puso de manifiesto en un auto del Juzgado de vigilancia
penitenciaria de Santa Cruz de Tenerife.

Como consecuencia de esta duplicidad de la capacidad de la prisión
Tenerife-2, en la prensa del 14 de julio de 1993, es decir, hace dos
años, se ponía de manifiesto la protesta por parte de las organizaciones
sindicales de esta duplicidad de la capacidad de la prisión Tenerife-2, y
decía la prensa que los socialistas, el Diputado nacional señor Padrón y
el Diputado regional Augusto Brito, hicieron llegar a sus interlocutores,
los sindicatos, su asombro ante tal decisión, y comentaron que de ella se
habían enterado por la prensa. Por lo que se ve, no cabe duda de que el
Partido Socialista se entera de todo por la prensa; de esto también. A su
vez, ambos políticos coincidieron en asegurar que harían todo lo posible
para paralizar las intenciones de la Secretaría General de Prisiones,
dejando la posibilidad de buscar una solución abierta al conflicto que
pasaría por la reapertura de Tenerife-1 y la negociación de ésta con las
centrales sindicales. Muy bien.




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Estas promesas de los destacados dirigentes socialistas a los que me he
referido se pusieron a prueba de inmediato, puesto que el 6 de octubre de
1994 se discutía en esta misma Comisión una proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya relativa a la ampliación de la capacidad
de los centros penitenciarios en Santa Cruz de Tenerife. En aquella
intervención, ya de entrada, se desautorizó a los dirigentes socialistas,
no siendo partidario el Grupo Socialista, como tampoco lo fue el Grupo
Popular, de rehabilitar la antigua prisión de Tenerife. Pero se añadía,
en concreto por la señora Pelayo --y así consta en el «Diario de
Sesiones»--, que la situación de masificación existe en el centro
penitenciario de Las Palmas de Gran Canaria, en El Salto del Negro --no
ya sólo en Tenerife-2 sino también en la prisión de Las Palmas--, lo que
ha obligado a Instituciones Penitenciarias, como una medida coyuntural
--subrayo lo de coyuntural--, a trasladar a algunos de los reclusos a
Tenerife-2. El traslado ha sido masivo, como posteriormente se ha puesto
de manifiesto. Y decía la señora Pelayo, como portavoz del Grupo
Socialista en esta Comisión: «Nosotros defendemos la construcción de un
nuevo centro penitenciario en Canarias, en concreto en Gran Canaria, que
es donde realmente se producen los problemas de masificación. Por ello,
ya anunció la institución en su momento, tanto el Director General como
el Secretario de Estado, la construcción de un nuevo centro en Gran
Canaria. Se espera que este nuevo centro se ponga en marcha lo más
rápidamente posible, y es, por tanto, por lo que no tenemos ningún
inconveniente, porque, a mayor abundamiento, estaba entre los planes del
Gobierno realizarlo» --ya veremos luego que no es así-- «en apoyar en el
día de hoy la construcción de ese nuevo centro penitenciario en Las
Palmas de Gran Canaria, que daría lugar, a nuestro juicio, a la solución
de este problema coyuntural que estamos viviendo».

En consecuencia, venía a decir la señora Pelayo que nos sumáramos los
demás grupos a la propuesta del Grupo Socialista de resolver el problema
de una manera radical, con rigor, con seriedad --ya veremos luego qué se
entiende por rigor y la seriedad-- y ateniéndonos a las disposiciones que
señala la legislación vigente en materia penitenciaria a efectos de que
en Canarias se pueda contar, en un breve plazo, calculamos que en un par
de años --han pasado ya-- con un nuevo centro penitenciario que venga a
resolver de manera definitiva la situación coyuntural que atraviesa en la
Comunidad Autónoma canaria la población reclusa.

A la vista de estas declaraciones, como es obvio, nosotros pensábamos que
la construcción era inmediata, que ya estaba dispuesto el solar, que
estaba aprobado el proyecto, que por lo menos estaba en trámite, puesto
que si se daban dos años para que el centro estuviese construido, era de
esperar que estuvieran realizados esos trámites. Pero nuestra sorpresa
fue grande cuando el 1 de diciembre de 1993, contestándome a una pregunta
la entonces Subsecretaria del Ministerio de Justicia, señora Robles
Fernández, sobre la saturación de la prisión Tenerife-2, me decía: «Como
perfectamente ha dicho S. S., y le consta, es voluntad del Ministerio de
Justicia abordar la construcción de un nuevo centro penitenciario en el
sur de la provincia de Gran Canaria» --ya se precisaba más--, «contando
con un plazo de veinticuatro meses para su puesta en funcionamiento. En
este momento, se están formalizando los estudios».

Es decir, cuando antes se nos había dicho que estaba ya todo en marcha,
resulta que ahora la primera versión se matiza, se están formalizando los
estudios el 1 de diciembre de 1993 para la ubicación en un lugar
concreto, lo cual ni siquiera estaba todavía previsto.

Seguía diciendo: «Una vez que lo tengamos, no le quepa la menor duda de
que agilizaremos trámites para que en ese plazo, en el que de alguna
manera nos hemos comprometido» --hablo de los dos años--, «pueda entrar
en funcionamiento el centro de Gran Canaria, lo que comportará, como es
lógico, que exista una descongestión en el centro de Tenerife».

Por supuesto, al hacerse eco la prensa de estas declaraciones, de
inmediato, en los grandes titulares de la prensa, aparece: «Los alcaldes
del sureste de Gran Canaria rechazan la construcción de una nueva
prisión. Los ediles del sureste aseguran no haber recibido hasta el
momento» --y hablo de la prensa de diciembre de 1993-- «ningún contacto
desde el Gobierno central, y dicen haberse enterado de las intenciones
del Ministerio de Justicia por la información publicada por este
periódico el pasado viernes» --referida a la intervención en el
Parlamento--, «y han mostrado todos ellos su desconcierto y hasta su
indignación por la decisión ministerial. El hecho de que el Ministerio de
Justicia» --decía la prensa-- «no haya contactado con los alcaldes ni con
ningún otro representante de la comarca descalifica a esa institución.

Hasta el momento, no tenemos ninguna noticia oficial. Por eso tenemos por
delante la negativa, ya que ésos no son métodos para hacer las cosas».

Esto se decía en la prensa. Además, nos enteramos de que en el Plan de
creación de nuevos centros, aprobado en 1991, no estaba contemplado éste,
cuyo definitivo lugar de emplazamiento se desconoce y tampoco existe
consignación al respecto en los Presupuestos Generales del Estado.

Posteriormente, formulo una pregunta escrita para aclarar esta situación,
y se me contesta por el Gobierno, con fecha 8 de marzo, que todavía no
está decidida la ubicación concreta de la nueva prisión de Gran Canaria,
y si el resultado de los estudios es favorable --aquí se pierde el tiempo
continuamente en estudios, pasa el tiempo y no se resuelve nada--, la
decisión puede adoptarse a corto plazo, ya que la construcción de este
centro tiene carácter prioritario para la Secretaría de Estado de Asuntos
Penitenciarios, carácter prioritario que no estaba recogido en el plan
del año 1991.

El Gobierno añadía en esta respuesta: «Para la puesta en funcionamiento
debe considerarse el plazo de veinticuatro meses a partir de la fecha en
que se disponga del terreno.» Ahora ya se nos dice que el plazo de
veinticuatro meses no corría desde antes, sino desde ahora, a partir de
la fecha en que se disponga del terreno.

Vuelvo a formular otra pregunta escrita el 29 de marzo de 1994, en
relación con la valoración del auto del Juzgado



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de Vigilancia Penitenciaria condenando a la Administración a desmontar
las literas en el centro penitenciario, y se nos vuelve a recalcar, por
parte del Gobierno, que es voluntad de la Administración penitenciaria
colaborar con las autoridades judiciales, tanto en la resolución de las
propuestas que formulen éstas como en la búsqueda de soluciones que hagan
posible el cumplimiento y desarrollo de la Ley Orgánica Penitenciaria.

Por ello, se ha dado prioridad absoluta a la construcción de un centro
penitenciario en la isla de Gran Canaria.

Sigo sin saber qué se entiende por prioridad absoluta, urgencia,
etcétera, reiterado por parte del Gobierno.

Vuelvo a preguntar, y el 9 de noviembre de 1994 se me contesta, habiendo
pasado ya un año desde la primera intervención, que por fin se han
localizado unos terrenos que, en principio, se consideran idóneos para la
ubicación del centro --en principio--, si bien no se ha adoptado una
decisión definitiva sobre dicha ubicación hasta mantener contactos con
las autoridades locales y autonómicas, que se espera tengan lugar
próximamente. Se prevé que para 1995 estarán adquiridos los terrenos para
la construcción del nuevo centro. Ya se vuelve a demorar el asunto hasta
el año 1995.

En estas circunstancias, no cabe duda de que el objeto de esta
proposición no de ley es impeler al Gobierno a que, con la mayor
urgencia, se construya este nuevo centro penitenciario de las Islas
Canarias que pueda paliar o contribuir a resolver el problema derivado de
la saturación gravísima que se produce, tanto en la prisión del Salto del
Negro, en Gran Canaria, como en la prisión de Tenerife-2.

Pero como aquí cada vez surge más la sorpresa y cada vez las cosas se
resuelven de forma peor, nos encontramos con que en la prensa del
miércoles 12 de abril, que fue lo que me aconsejó presentar la
proposición no de ley, se dice que el Ministerio de Justicia e Interior
estudia ahora la posibilidad de destinar la prisión militar de la Isleta
como segundo establecimiento penitenciario de Las Palmas.

Al parecer, las gestiones realizadas para localizar terrenos en algún
municipio del sur de Gran Canaria donde emplazar el segundo centro
carcelario provincial no han fructificado. Es decir, ahora, al cabo de
los dos años se nos dice que ni se han encontrado los terrenos ni hay
proyectos de hacer un nuevo centro penitenciario, y que --un parcheo
más-- se va a habilitar la cárcel de la Isleta, que es una prisión
militar donde en la actualidad sólo caben 180 internos. Esta va a ser la
solución, por lo visto, según la última información que tengo a través de
la prensa.

Por consiguiente, y resumiendo, a la vista de los claros incumplimientos
por parte de la Administración acerca de la urgente necesidad de
construir esta nueva prisión que venga a resolver el problema de la
saturación de Tenerife-2 y del Salto del Negro, en Tenerife y en Las
Palmas, respectivamente, nosotros creemos que la razón de ser de esta
proposición no de ley está más que justificada, y por ello solicitamos el
apoyo de todos los grupos parlamentarios.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Socialista, para fijar posición
y para defender la enmienda que ha presentado su Grupo, tiene la palabra
la señora Pelayo.




La señora PELAYO DUQUE: Voy a intentar ser breve en la fijación de la
posición de mi Grupo y en la defensa de la enmienda que hemos presentado
a esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.

Tengo que empezar por mostrar mi satisfacción porque mis palabras sean
argumentos de autoridad del Grupo Popular.

Dicho esto, señor Presidente, tengo que hacer, para que conste en el
«Diario de Sesiones», algunas rectificaciones en relación con el relato
de hechos que ha realizado el representante del Grupo Popular en esta
iniciativa.

Una cosa es que el Gobierno tenga proyectos de construcción de una cárcel
y otra cosa es denominar a la no construcción de esa cárcel fracaso o
incumplimiento de las promesas del Gobierno, más cuando, como debe saber
el señor Soriano --porque el señor Soriano además de funcionario público
es licenciado en Derecho--, resulta que hay unos trámites y unas normas
que hay que cumplir, y el primero el Gobierno.

Sabe el señor Soriano que para la construcción de una cárcel lo primero
que hay que hacer es un proyecto de construcción de esa cárcel. Lo ha
habido. Hay un proyecto, del que no ha desistido el Gobierno, de
construir un nuevo centro penitenciario en las Islas Canarias.

A continuación, el segundo trámite es ponerse en contacto con las
administraciones concernidas para el estudio de la ubicación de ese
posible centro penitenciario.

Seguidamente, sabe el señor Soriano que los trámites son la puesta a
disposición por parte de alguna corporación local o de alguna otra
administración de los solares necesarios. Por ejemplo, la prisión de
Tenerife-2 se puso en marcha y se construyó gracias a que el Cabildo de
Tenerife puso a disposición del Ministerio de Justicia los solares
necesarios para la construcción de esa prisión, y una vez realizados los
trámites administrativos y legales de puesta a disposición de ese solar,
se empieza a construir ese centro penitenciario, previo cumplimiento
también de los trámites de subasta de las obras.

Es decir, aquí parece que basta la declaración de realización de un
determinado proyecto para que, a continuación, el señor Soriano, en una
especie de furor constructivo y de ansiedad parlamentaria, pretenda que
al día siguiente tengamos construido el centro penitenciario en las
islas. (El señor Soriano Benítez de Lugo: ¡Hace dos años!)
Yo tengo que decir, señor Presidente, que nuestro Grupo concuerda con la
justificación de la iniciativa; es decir, con la justificación
manifestada en la iniciativa presentada por escrito de que el 1 de
diciembre la señora Subsecretaria de Justicia dijo lo que dijo, de que
efectivamente existe una saturación tanto en el Salto del Negro, de Gran
Canaria, como en Tenerife, y que eso demanda, por tanto, la construcción
de un nuevo centro penitenciario, pero a continuación no estamos de
acuerdo con la atribución de responsabilidades, porque aquí
responsabilidades las hay, y compartidas y muy importantes.

Nuestro Grupo ha presentado una enmienda en el sentido de que el Congreso
de los Diputados inste a las administraciones públicas concernidas a que
colaboren en la puesta a disposición del Gobierno de los terrenos
necesarios



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para la construcción, a la mayor urgencia posible, de un nuevo centro
penitenciario en Gran Canaria.

Porque ¿qué ha ocurrido, señorías? Ha ocurrido que los territorios
insulares son muy limitados a la hora de la disposición de suelo. El
suelo es un valor precioso, y máxime cuando se trata de islas turísticas,
y ningún ayuntamiento, ningún municipio quiere poner a disposición los
terrenos necesarios para la construcción de un nuevo centro
penitenciario. Esa es la real dificultad que se ha encontrado el
Ministerio de Justicia para llevar a cabo sus planes como hubiera querido
desde el primer momento, porque disposiciones presupuestarias las hay,
voluntad política para realizar el centro penitenciario la hay, y es
verdad, señor Soriano, que la medidas que se han venido adoptando en
relación con el traslado de presos son medidas coyunturales, en tanto no
se resuelva el problema definitivo, que para nosotros es la construcción
de un nuevo centro penitenciario en el archipiélago canario.

Esa es la única manera de abordar con rigor y con seriedad el problema
planteado, y no lanzar campanas al viento, o meras declaraciones
voluntaristas que luego no se corresponden con la realidad legal y
política que vivimos en el archipiélago.

Pero yo estoy convencida de que, como han cambiado las cosas, como ahora
vamos a tener un nuevo gobierno autónomo, apoyado precisamente por el
Grupo Popular, y como el Grupo Popular tiene responsabilidades en muchos
ayuntamientos de Gran Canaria, efectivamente, ahora puede llegar el
momento de que el centro penitenciario se construya en Gran Canaria. Por
eso invitamos al Grupo Popular, que tanta voluntad tiene de que se
construya un centro penitenciario en Gran Canaria, a que hable con sus
alcaldes a los efectos de que cualquiera de ellos ponga a disposición del
Gobierno central los solares necesarios para llevar a cabo esa ansiada,
querida, proyectada y nunca abandonada idea de construir un centro
penitenciario que dé cumplimiento a las satisfacciones de la gente que
viene demandando un nuevo centro penitenciario en el archipiélago
canario, y precisamente a las disposiciones legales en la materia.

Por eso solicitamos del Grupo Popular la aceptación de nuestra enmienda,
en la idea de que ésa será la forma de resolver con seriedad, con rigor y
con solidaridad la construcción de ese centro penitenciario que todos
queremos.




El señor PRESIDENTE: Señor Soriano, puede usted fijar posición sobre la
enmienda.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Quiero decir, ya de entrada, que
nosotros no podemos admitir esta enmienda. Primero, porque esto no es una
enmienda, es una nueva proposición no de ley.

Nosotros, en nuestra proposición no de ley, instamos al Gobierno a que
proceda a iniciar la construcción del centro penitenciario. Instamos al
Gobierno porque el Gobierno es responsable, y si el Gobierno no ha sido
capaz de llegar a un acuerdo con las corporaciones locales canarias, ésa
será la incapacidad del Gobierno para llegar a ese acuerdo. Pero, por
otro lado, ¿hasta qué punto este Congreso de los Diputados tiene
competencia o potestad para instar a unas administraciones públicas
distintas al Gobierno de la nación a realizar una serie de actuaciones?
El Congreso de los Diputados está para el control del Gobierno. Me parece
que, con respecto a las corporaciones locales canarias, dependientes del
gobierno autónomo de Canarias, o en el ámbito de las competencias del
gobierno autónomo de Canarias, el Parlamento regional será el que pueda
adoptar disposiciones en orden a esas corporaciones locales canarias.

Pero nuestra proposición no de ley insta al Gobierno.

Yo estoy cansado de oír que en todas las preguntas a las que me respondía
el Gobierno me hablaba siempre de una medida coyuntural; medida
coyuntural que ya lleva dos años largos. ¿Hasta qué punto se puede
entender como medida coyuntural una medida que lleva años y años y sigue
sin resolverse el problema?
Como siempre sucede, está poniendo aquí de manifiesto el Gobierno su
incapacidad para construir un nuevo centro penitenciario en Canarias, y
ahora trata de diluir sus responsabilidades enviándoselas a las restantes
administraciones públicas.

Además, la señora Pelayo hace referencia a que el Partido Popular ahora
ha obtenido poder en Canarias. Bueno, porque el pacto del Partido
Socialista con Coalición Canaria fracasó como consecuencia de que, por lo
visto, Coalición Canaria debe estar continuamente haciendo fracasar todos
los pactos a los que se llega con frecuencia con el Partido Socialista.

Pero yo insisto: nosotros no podemos admitir esta enmienda, entendemos
que no es una enmienda, sino una proposición no de ley distinta, y
entendemos que desde el Congreso de los Diputados no se puede instar a
unas administraciones públicas distintas de la Administración central a
realizar una serie de actividades que además no están en su competencia.

Responda el Gobierno de sus propias responsabilidades. Hágase cargo el
Gobierno de la construcción de un nuevo centro penitenciario. Inste a las
corporaciones locales, que es su obligación, y negocie con ellas la
obtención de unos terrenos, como dice la proposición no de ley o la
enmienda, y no solares, como dijo la señora Diputada, que son dos cosas
distintas; pero ésa es una responsabilidad del Gobierno.

En consecuencia, nosotros no podemos aceptar esta enmienda porque
entendemos que no es una enmienda sino una nueva proposición, y creemos
que no puede ser objeto de una proposición no de ley de este Parlamento
el instar a unas administraciones públicas distintas de la Administración
central del Estado.




El señor PRESIDENTE: La enmienda del Grupo Socialista no será sometida a
votación, vistas las manifestaciones del portavoz del Grupo Popular.

Vamos a votar la proposición no de ley relativa a la construcción de un
centro penitenciario en las islas Canarias.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete;
en contra, 13.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




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--SOBRE REVISION DE LOS PLANES DE AMORTIZACION Y CONSTRUCCION DE NUEVOS
CENTROS PENITENCIARIOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (número de expediente 161/000506.)



El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley, presentada por el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre revisión de
los planes de amortización y construcción de nuevos centros
penitenciarios en la Comunidad Autónoma de las islas Baleares. (Pausa.)
Se da por decaída.




--PROPUESTA RELATIVA AL CONTENIDO DE LA DISPOSICION FINAL QUINTA DEL
PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL CODIGO PENAL. (Número de expediente
121/000063.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que ha
sido incorporado al comienzo de esta sesión. Es el relacionado con el
acuerdo adoptado por la Mesa del Congreso de los Diputados sobre el
proyecto de ley orgánica del Código Penal.

Como he señalado a SS. SS., la Mesa del Congreso solicita de la Comisión
de Justica e Interior la adopción de los acuerdos oportunos para la
inclusión del mismo en el dictamen del citado proyecto de ley y declara
su conformidad con el criterio de que el contenido de las disposiciones
finales segunda y tercera de dicho proyecto de ley se integren en el
articulado del Código Penal, solicitando, igualmente, a la Comisión de
Justicia e Interior que adopte los acuerdos oportunos para su
incorporación al dictamen del proyecto de ley orgánica. En virtud de este
acuerdo, los señores letrados de la Comisión han elaborado una propuesta
que ha sido distribuida a los portavoces de los grupos. Por tanto, los
grupos parlamentarios conocen el alcance de esta propuesta para modificar
el dictamen de la Comisión, en el siguiente sentido: Se da nueva
redacción a la disposición final quinta del proyecto de ley. Se suprimen
la disposición final segunda del proyecto, sustituyéndose por un nuevo
artículo 158 bis a), con idéntica redacción a la prevista en dicha
disposición. La disposición final tercera queda reducida a lo que
disponen sus párrafos primero y tercero, suprimiendo la referencia a
diferentes secciones, y párrafo cuarto. En su lugar se introducen los
nuevos artículos 158 bis b), c) y d), en los que se recoge el contenido
de los artículos 21, 22 y 23 y de la disposición final tercera. Y los
artículos 158 bis a), b), c) y d) se agrupan en un nuevo título IV bis,
con el rótulo «De la manipulación genética».

Creo que no será necesario abrir un debate sobre esta cuestión, pero si
SS. SS. quieren fijar posición, tampoco pondré inconveniente.




El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, sólo quiero manifestar que
nuestro grupo considera oportuno el incorporar esta decisión de la
Comisión en relación con la indicación de la Mesa, porque responde
justamente a lo que debe tener carácter de ley orgánica y lo que, aunque
dentro del Código Penal, no tiene esta naturaleza. Por tanto, nos parece
totalmente ajustado a Derecho y oportuno apoyar esta iniciativa.




El señor PRESIDENTE: No hay más intervenciones.

Tras unos breves segundos, procederemos a la votación. (Pausa.)
Se somete a votación el dictamen, al que hemos aludido hace unos
momentos, relacionado con el proyecto de ley orgánica del Código Penal.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.

Señorías, se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta minutos de la tarde.