CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 523
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 33
celebrada el martes, 13 de junio de 1995



ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor García Fonseca (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
motivos por los que no se ha publicado todavía en el «Boletín Oficial del
Estado» el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Los Picos de
Europa. (BOCG serie D, número 35, de 7-12-93. Número expediente
181/000271). (Página 16026)
--Del mismo señor Diputado, sobre control del acceso de vehículos
turísticos en la zona de los Picos de Europa que utilizan las pistas
construidas con fines ganaderos. (BOCG serie D, número 39, de 20-12-93.

Número expediente 181/000299). (Página 16026)
--Del señor Andreu Andreu (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
previsiones acerca de la modificación de la lesgislación vigente con el
fin de disuadir de la realización de incendios para un posterior
beneficio económico. (BOCG serie D, número 13, de 4-10-93. Número de
expediente 181/000051). (Página 16026)
--Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
cumplimiento de las directrices del Plan Rector y las recomendaciones del
diploma europeo sobre la eliminación del muflón. (BOCG serie D, número
39, de 20-12-93. Número expediente 181/000300). (Página 16028)

Página 16026



--Del señor González Pérez (Grupo Parlamentario Popular), sobre motivos
por los que en el Anuario Oficial de Estadística Agraria no aparecen los
datos estadísticos agrarios correspondientes a las cuidades de Ceuta y
Melilla. (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95. Número expediente
181/001271). (Página 16029)
--Del mismo señor Diputado, sobre razón por la que en las publicaciones
oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando se
totaliza la población española, se excluye a los habitantes de Ceuta y
Melilla. (BOCG serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente
181/001272). (Página 16029)
--Del señor Ledro León (Grupo Parlamentario Popular), sobre valoración de
los resultados de la visita efectuada por el Comisario de Agricultura de
la Unión Europea (UE) a las comarcas españolas afectadas por la sequía.

(BOCG serie D, número 201, de 10-3-95. Número de expediente 181/001423).

(Página 16031)
Proposiciones no de ley:
--Sobre prohibición del uso de las redes de volanta para los buques de
pesca de pabellón español. Presentada por el Grupo Parlamentario
Vasco-PNV. (BOCG serie D, número 229, de 11-5-95. Número de expediente
161/000483). (Página 16037)
--Por la que se insta al Gobierno a establecer ayudas directas para las
explotaciones familiares agrarias más afectadas por la pérdida de cosecha
de almendra en esta campaña, así como a incluir el almendro, a partir de
la próxima campaña, entre las producciones cubiertas por los planes
nacionales de seguros agrarios. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 222, de 26-4-95. Número de
expediente 161/000462). (Página 16041)
--Relativa a la adopción de medidas impugnatorias por el Gobierno en
relación a la ilegal transferencia de cuota de anchoa, plasmada en el
intercambio de cuotas pesqueras entre Portugal y Francia. Presentada por
el Grupo Parlamentario Vasco-PNV. (BOCG serie D, número 235, de 19-3-95.

Número de expediente 161/000491). (Página 16044)



Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SOBRE:



--MOTIVOS POR LOS QUE NO SE HA PUBLICADO TODAVIA EN EL «BOLETIN OFICIAL
DEL ESTADO» EL PLAN DE ORDENACION DE LOS RECURSOS NATURALES DE LOS PICOS
DE EUROPA. FORMULADA POR EL SEÑOR GARCIA FONSECA (GIU-IC). (Número de
expediente 181/000271.)



--CONTROL SOBRE EL ACCESO DE VEHICULOS TURISTICOS EN LA ZONA DE LOS PICOS
DE EUROPA QUE UTILIZAN LAS PISTAS CONSTRUIDAS CON FINES GANADEROS.

FORMULADA POR EL SEÑOR GARCIA FONSECA (GIU-IC). (Número de expediente
181/000299.)



El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.

Antes de comenzar con la tramitación del orden del día, comunico a los
señores miembros de la Comisión que por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se han retirado las dos
preguntas que formulaba el señor García Fonseca --que figuran con los
números 2 y 3 del orden del día.




--PREVISIONES ACERCA DE LA MODIFICACION DE LA LEGISLACION VIGENTE CON EL
FIN DE DISUADIR DE LA REALIZACION DE INCENDIOS PARA UN POSTERIOR
BENEFICIO ECONOMICO. FORMULADA POR EL SEÑOR ANDREU ANDREU (GIU-IC).

(Número de expediente 181/000051.)



El señor PRESIDENTE: Empezamos con la tramitación de las preguntas. La
primera es la que formula el señor Andreu Andreu, sobre previsiones
acerca de la modificación de la legislación vigente, con el fin de
disuadir de la realización de incendios para un posterior beneficio
económico.

El señor Andreu tiene la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Esta pregunta tiene vigencia en los momentos en
que nos encontramos debido a que de nuevo la sequía castiga severamente
al conjunto del territorio nacional y los peligros de incendio son
extremadamente graves.




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Ya en la pasada legislatura, en representación de mi Grupo Parlamentario,
presenté una proposición no de ley en la que se solicitaba al Gobierno
que en un plazo determinado presentase una modificación de la Ley del
Suelo para que los terrenos que hubieran sido objeto de incendios no
pudieran ser urbanizados en un tiempo de cincuenta años.

La mayoría que en esos momentos tenía el poder en la Comisión (en ese
caso la de Infraestructuras) y también en el Congreso, consideró que no
era necesaria esa modificación legal, porque según dicha mayoría los
terrenos objeto de incendio no solían ser luego urbanizados. No es ésa,
desde luego, la percepción que este Diputado tiene, porque no es
extraordinario, ni muchísimo menos, observar cómo determinados terrenos
que han sido incendiados en las periferias, fundamentalmente de los
pueblos turísticos, son objeto de presiones urbanizadoras y en algunas
ocasiones terminan teniendo éxito esas presiones y aquellos terrenos se
convierten en urbanizables.

Esta no es la única modalidad por la que se obtienen rentabilidades
económicas de un incendio. También se obtienen rentabilidades económicas
vendiendo la madera quemada en los mismos.

Los incendios también se producen al prohibirse la caza en determinados
terrenos, por la venganza de cazadores furtivos o por los motivos que
fueren. Nosotros consideramos que todas estas modalidades de provocación
de incendios no están suficientemente recogidas dentro de la legislación
española, así como los castigos ni la forma de prevenirlos.

Por lo tanto, la pregunta que le hacemos es si el Gobierno tiene previsto
modificar las legislaciones vigentes para que se puedan prevenir con
mayor eficacia estos incendios y penalizar a los responsables de los
mismos.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, tenemos entre nosotros
al Secretario General de Estructuras Agrarias, don Carlos Tió, quien
tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS (Tió Saralegui):
Señorías, efectivamente, las preguntas de S. S. vienen a reincidir en las
recomendaciones de la Ponencia que sobre el tema de incendios forestales
elaboró y aprobó el grupo «ad hoc» del Senado en el año 1993.

Puedo comunicarle que en este momento el Gobierno, tanto el Ministerio de
Justicia e Interior en la discusión del anteproyecto de Código Penal,
como el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el borrador de
la ley básica de montes, han tenido en cuenta estos problemas que plantea
S. S., de tal modo que, según el borrador del que yo dispongo, los
artículos 331, 332 y 333 del nuevo Código Penal se hacen eco de las
responsabilidades en materia de incendios intencionados.

El artículo 331 dice: «El que incendiare montes o masas forestales será
castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de seis a
veinticuatro meses. Si hubiere existido peligro para la vida o integridad
de las personas, se castigará el hecho conforme a lo dispuesto en el
artículo 330, imponiéndose en todo caso la pena de multa de doce a
veinticuatro meses.»
En el artículo 332 se dice: «Las penas señaladas en el artículo anterior
se impondrán en su mitad superior cuando el incendio alcanzare especial
gravedad, atendida la concurrencia de alguna de las circunstancias
siguientes: 1.º Que afecte a una superficie de considerable importancia.

2.º Que se deriven graves efectos erosivos en los suelos. 3.º Que alteren
significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o afecten a
algún espacio natural protegido. 4.º En todo caso, cuando se ocasione
grave deterioro o destrucción de los recursos afectados.»
El artículo 333 dice: «1. Será castigado con la pena de prisión de seis
meses a un año y multa de seis a doce meses el que prendiere fuego a
montes o masas forestales sin que llegue a propagarse el incendio de los
mismos. 2. La conducta prevista en el párrafo anterior quedará exenta de
pena si el incendio no se propaga por la acción voluntaria y positiva de
su autor.»
Después figuran otras consideraciones respecto a incendios en bienes
propios.

Esto en cuanto al anteproyecto de Código Penal. En cuanto al borrador de
la ley básica de montes, que ha sido puesto en conocimiento de las
comunidades autónomas y de los sectores profesionales interesados en la
materia por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se
ha dado un plazo hasta pasado mañana, 15 de junio, para que se hicieran
sugerencias para modificar y consensuar con las comunidades autónomas, en
la mayor medida posible, este proyecto de ley básica de montes.

Le puedo decir que en la materia que hace referencia a su pregunta hay
varios artículos, pero sobre el 15.1, que dice. «Se prohíbe todo cambio
de uso permanente o temporal de los montes. Excepcionalmente, este cambio
de uso podrá autorizarse por el órgano forestal competente de la
comunidad autónoma en los términos previstos en su propia normativa.»
Le puedo hacer llegar posteriormente una copia por si lo quiere analizar
más detenidamente.

En el artículo 16.6 se dice: «Se prohibirá el pastoreo de los montes
afectados por incendios forestales cuando sea necesario para su
regeneración. Los ingresos que resulten del aprovechamiento de los
productos forestales de los montes incendiados serán destinados
preferentemente a su restauración en las condiciones que determinen las
comunidades autónomas.»
Estos son los dos artículos que hacen más concreta referencia al tema de
su pregunta.




El señor PRESIDENTE: El señor Andreu tiene la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Tió, nosotros celebramos que en el Código
Penal se recoja la penalización de las conductas de aquellos que
propiciaran el incendio en el monte, ya sea de forma voluntaria o por
negligencia.

En lo que se refiere a la ley de monte, consideramos que de una forma más
taxativa incluso de lo que hemos podido deducir de esa lectura, debería
prohibirse, limitarse o impedirse



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el que cualquier tipo de incendio conllevara, al final, un beneficio
económico. Esto es lo que realmente nos preocupa, ya qué lo han venido
denunciando de forma reiterada organizaciones ecologistas y ciudadanas de
todo tipo. En este sentido, repito, creemos que la redacción debería ser
extraordinariamente taxativa, y que diera lugar a pocas interpretaciones
por parte de las comunidades autónomas y particulares. Nosotros
consideramos que en la mayoría de las ocasiones los incendios suelen
conllevar unos beneficios económicos para personas con bastante pocos
escrúpulos, por lo que se deben poner barreras en la ley.

Estaremos al tanto de cómo quedan las redacciones finales de esos
artículos, pero insistiremos en que ésta es nuestra posición y seremos
partidarios de endurecer en todo lo posible estos artículos.




El señor PRESIDENTE: El señor Tió tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS (Tió Saralegui): Yo
comparto la preocupación de S.S., pero también le llamaría a la reflexión
respecto al equilibrio que es preciso demandar en una norma básica que
posteriormente va a tener desarrollo por las comunidades autónomas. La
prohibición de cambio de uso es taxativa en este proyecto de ley, porque
se dice que se prohíbe todo cambio de uso permanente o temporal de los
montes, y sólo posteriormente se abre la posibilidad a que el órgano
forestal de la comunidad autónoma pueda autorizar, lo cual es una
apertura a la flexibilidad que creo inevitable. Dése cuenta que la
casuística en la materia puede ser enorme. Por ponerle solamente un
ejemplo, le llamo la atención de lo que podrían ser las revanchas entre
convecinos. Se podría poner en un brete a un señor que legítimamente
tuviera acceso a una reutilización del uso de alguna parcela forestal,
llevado por la legislación de la comunidad autónoma competente, si se
hiciera más énfasis en que perdiera esa posibilidad por el hecho de que
un enemigo le incendiara su parcela. Es decir, hay que guardar un
equilibrio.

Creo que con la prohibición genérica --repito, se prohíbe todo cambio de
uso, permanente o temporal, de los montes-- para una legislación básica
es más que suficiente.




--CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DEL PLAN RECTOR Y LAS RECOMENDACIONES
DEL DIPLOMA EUROPEO SOBRE LA ELIMINACION DEL MUFLON. FORMULADA POR EL
SEÑOR ROMERO RUIZ (GIU-IC) (Número de expediente 181/000300.)



El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a tramitar la pregunta que
figura con el número 4, inicialmente del señor Romero, que va a formular
el señor Andreu, sobre cumplimiento de las directrices del Plan Rector y
las Recomendaciones del Diploma Europeo sobre eliminación del muflón.

Tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, sustituyo en esta pregunta,
como bien ha expresado el señor Presidente, a mi compañero don Antonio
Romero, que no puede estar presente porque en apenas cuatro días se
sustancia la elección de Alcalde de Málaga, para lo que tiene francas
posibilidades. Por lo tanto, la pregunta se la planteo en los propios
términos: Cumplimiento de las directrices del Plan Rector y las
Recomendaciones del Diploma Europeo sobre eliminación del muflón.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Tió.




El señor SECRETARIO GENERAL DE ESTRUCTURAS AGRARIAS (Tió Saralegui):
Efectivamente, las recomendaciones del Parlamento Europeo hacen
referencia a que se controle o reduzca el número de muflones que habitan
en el Parque Nacional del Teide.

El problema no es sencillo, porque las competencias del Ministerio de
Agricultura y del Icona hacen referencia al Parque Nacional del Teide y,
sin embargo, el muflón es una especie que se mueve en toda la isla de
Tenerife. Eso ha llevado a la necesidad de establecer un convenio de
colaboración con la Comunidad Autónoma, porque el control, incluso la
eliminación de los muflones que entran en el Parque, acción que se está
llevando ya a cabo por parte de la Guardería del Parque, no impide que si
el muflón es una especie que se mueve en el resto de la isla, la
actividad controladora y de eliminación tiene que hacerse permanentemente
y, sobre todo, en colaboración con las autoridades competentes en la
Comunidad Autónoma.

Le quiero señalar que están en marcha estudios precisamente para
determinar cuál es la población de muflones, cuáles son los daños que
produce el muflón en la flora del Parque Nacional del Teide y, una vez
finalizados esos estudios, se tendrá más conocimiento respecto a la
intensidad que haya que dar a la eliminación de esta especie animal, que
efectivamente no es autóctona de la isla, procede de Córcega, y se
extendió por la isla de Tenerife; hoy día resulta difícil de controlar
precisamente porque los daños se producen exclusivamente en el ámbito del
Parque Nacional del Teide y es preciso conocer cientificamente cuáles son
los límites de tolerancia que se pueden establecer.

De todas formas, y para tranquilizarle, le diré que la guardería del
Parque Nacional ya lleva una actividad importante de control de los
animales que entran en dicho Parque y su eliminación física.




El señor PRESIDENTE: Señor Andreu, tiene la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Muchas gracias por su respuesta, señor Tió.




El señor PRESIDENTE: Señorías, inicialmente he planteado que serían
retiradas por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya dos de las preguntas, y en principio habíamos avisado al
señor Subsecretario para que contestara a las tres siguientes. Su
comparecencia es sobre las doce. Hemos pedido que pueda



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adelantarse y espero que, en unos minutos, pueda llegar a la Comisión. En
este sentido, suspendemos la Comisión por espacio de cinco minutos.




Se reanuda la sesión.




--MOTIVOS POR LOS QUE EN EL ANUARIO OFICIAL DE ESTADISTICA AGRARIA NO
APARECEN LOS DATOS ESTADISTICOS AGRARIOS CORRESPONDIENTES A LAS CIUDADES
DE CEUTA Y MELILLA. FORMULADA POR EL SEÑOR GONZALEZ PEREZ (GP). (Número
de expediente 181/001271.)



--RAZON POR LA QUE EN LAS PUBLICACIONES OFICIALES DEL MINISTERIO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION, CUANDO SE TOTALIZA LA POBLACION
ESPAÑOLA, SE EXCLUYE A LOS HABITANTES DE CEUTA Y MELILLA. FORMULADA POR
EL SEÑOR GONZALEZ PEREZ (GP). (Número de expediente 181/001272.)



El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.

A continuación, vamos a tramitar los puntos quinto y sexto del orden del
día, que son las preguntas que formula el señor González Pérez sobre
motivos por los que en el Anuario Oficial de Estadística Agraria no
aparecen los datos estadísticos agrarios correspondientes a las ciudades
de Ceuta y Melilla, y razón por la que en las publicaciones oficiales del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, cuando se totaliza la
población española, se excluye a los habitantes de Ceuta y Melilla. Para
exponerlas, el señor González Pérez tiene la palabra.




El señor GONZALEZ PEREZ: En primer lugar, agradezco la presencia del
Subsecretario en esta Comisión.

Yo creo que en el propio texto de las preguntas queda clara cuál es su
intención, porque, a pesar de reiteradas denuncias de este Diputado, el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sigue sin incluir los
datos estadísticos de Ceuta y Melilla en los Anuarios de Estadística
Agraria y en otro tipo de publicaciones, que ya no solamente son de
carácter anual, sino incluso de carácter mensual, como en algunos de los
boletines que se editan, tanto de estadística agraria como de
agricultura. Queríamos saber los motivos que hasta ahora han generado esa
no inclusión en estos datos de población, estadística agraria,
agricultura, pesca, etcétera.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas, tiene la palabra el
señor Subsecretario, don Santos Castro.




El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Castro
Fernández): Agradezco al Diputado señor González Pérez la oportunidad que
me ofrece de dar una explicación sobre estos hechos, que, efectivamente,
han dado lugar en ocasiones anteriores a alguna pregunta que ha formulado
el mismo Diputado del Grupo Parlamentario Popular.

Voy a empezar recordándole que, hasta la entrada en vigor del Estatuto de
Autonomía de Andalucía, Ceuta y Melilla se consideraban, a efectos
agrarios, incluidas en las provincias de Cádiz y Málaga respectivamente.

Es un mero recuerdo histórico de cuál era la situación previa a la puesta
en marcha y la entrada en vigor de los correspondientes estatutos de
autonomía, en este caso el de Andalucía, que marca el momento en el que
comienza a diferenciarse la plasmación de estos datos de carácter
agrario. Las evaluaciones de las características agrarias de estas
provincias venían incluyendo entonces las correspondientes a los
territorios de Ceuta y Melilla. En el censo agrario de 1989, el conjunto
de los territorios de Ceuta y Melilla suponen un margen bruto estándar de
550 unidades de dimensión económica de un total de más de nueve millones
sobre el territorio nacional. Por ello, siempre se había considerado que
la significación económica de estos porcentajes, que viene a ser el 0,06
por ciento, explicaba hasta entonces, y desde una perspectiva puramente
de valoración estadística, la no consideración en algunas ocasiones de
los datos relativos a Ceuta y Melilla.

Es cierto que en las investigaciones estadísticas por muestreo del tipo
de las que el Ministerio de Agricultura realiza para alguna clase de
estudio --por eso quizás tengamos que diferenciar, a lo largo de mi
explicación, cuándo estamos hablando de un mero estudio con un soporte
estadístico que utilice la técnica del muestreo--, al hablar de cultivos
o aprovechamientos ganaderos que se publican en nuestros anuarios, a
veces no se han considerado, por la no relevancia de los datos, las
cifras correspondientes a Ceuta y Melilla. Lo digo desde un punto de
vista puramente técnico; ya sé que no es una explicación política, sino
puramente técnica. Los errores de muestreo para pequeñas demarcaciones
territoriales suelen ser muy elevados en cualquiera de estos anuarios lo
que en la práctica no hace posible el logro de un resultado fiable al
cien por cien. Es por ello por lo que dichos resultados se publican en el
anuario sólo para demarcaciones territoriales de mayor amplitud o
extensión geográfica. Tradicionalmente, esa extensión de suficiente
tamaño ha sido la provincia.

Estas consideraciones que he hecho hasta este momento justifican
técnicamente la falta de esas informaciones que el Diputado señor
González Pérez solicita. No obstante, en las investigaciones censales
sobre actividad agraria realizadas por el Instituto de Estadística sí se
han evaluado las características agrarias de Ceuta y Melilla, y hay ya
tablas que recogen con detalle cuáles son las cifras correspondientes a
las actividades agrarias de estas ciudades.

También se ha cuestionado si las cuantificaciones de la población de
Ceuta y Melilla venían recogidas. Indudablemente siempre el Instituto
Nacional de Estadística lo ha recogido y lo ha reflejado así en todas sus
publicaciones. Por ello, tengo que decir que para el Ministerio de
Agricultura no hay otra posibilidad, sin duda, que recoger los datos
agrarios individualizados para Ceuta y Melilla, y tengo que anticiparle
al Diputado que en este momento tenemos



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en una fase de elaboración muy avanzada el Anuario de Estadística Agraria
del año 1993, ya que se viene publicando con un margen de retraso de dos
años, y aprovecho para anticiparle al señor Diputado que los datos
agrarios individualizados que él reclama para Ceuta y Melilla serán
incluidos en el próximo Anuario de Estadística Agraria.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González Pérez.




El señor GONZALEZ PEREZ: Entenderá el señor Subsecretario que mi
intervención no va a ser técnica, sino meramente política, que es la
función que desempeño aquí. Quizá yo ahonde un poco más en el tem, y no
sé si descubriré algo para el señor Subsecretario o para el propio
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero sí creo necesario
marcar todos estos detalles que le voy a exponer a continuación para que
se tengan en cuenta en próximas intervenciones parlamentarias o incluso
desde el propio Ministerio.

Sin ir más lejos, ya ha manifestado el Subsecretario que en el último
Anuario de Estadística editado, que era el de 1992, no se consideraban
los datos de Ceuta y Melilla, y he de recordar que el Estatuto de
Autonomía de la Comunidad de Andalucía hace ya más de una década que se
puso en vigor, con lo cual ha habido más de diez años para considerar
esos datos de Ceuta y Melilla en las distintas publicaciones del
Ministerio. Lógicamente, es necesario, desde nuestro punto de vista, que
en el conjunto nacional esto se considere, y me imagino que a la hora de
hacer medidas estadísticas se deben hacer con todos los datos, por
pequeños que éstos sean, ya que, si no, habría que considerar que esos
datos no se ajustan a la realidad; no solamente a la realidad de
agricultura, pesca o alimentación, sino a la realidad social propia de
nuestro país.

Esta afirmación se basa en el hecho, como se demuestra en las fotocopias
que tengo aquí de los anuarios, que lógicamente son públicos, de que
ambas ciudades no aparecen en ningún cuadro estadístico, pese a lo que en
algún momento ha llegado a manifestar el señor Subsecretario. Así, en el
cuadro de superficie de altimetría se llega a indicar que la superficie
total de España alcanza 504.750 kilómetros cuadrados, sin considerar a
las dos ciudades. Por cierto, el INE, y en estos mismos anuarios, refleja
una superficie que no es real y que es trasladada a los anuarios de
estadística agraria, ya que manifiesta que Ceuta tiene 18 kilómetros
cuadrados y Melilla 14, cuando son 19 por parte de Ceuta y 12 por parte
de Melilla. Volvemos a entrar en otra dinámica de errores, y creo que
graves, porque no saber exactamente cuál es la superficie total de
nuestro país, en este caso con datos que no se ajustan a la realidad en
torno a los kilómetros cuadrados que tienen Ceuta y Melilla, parece que
no es muy serio.

En el número total de municipios aparecen 8.073 (aquí no estamos hablando
de autonomías, estamos hablando de municipios), en lugar de los 8.075
reales, al no considerarse tampoco ni Ceuta ni Melilla. En el Ministerio
no se deben conocer bien estos temas, porque la diferencia que puede
haber es en número de kilómetros cuadrados y en población, pero estas
ciudades deben considerarse como si fueran Burgos, Madrid o Segovia, por
poner ejemplos dispares en este sentido. Además, desde el pasado mes de
marzo viene publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el nuevo régimen
jurídico administrativo de las ciudades de Ceuta y Melilla, como son sus
estatutos de autonomía. Y el pasado 28 del mes de mayo los ciudadanos
votaron esa asamblea autonómica, en lugar de ser un mero municipio.

Tres cuartos de lo mismo se puede decir de los cuadros de las
temperaturas o precipitaciones. Por cierto, se pueden señalar los
numerosos errores existentes en la mayor parte de los epígrafes de los
cuadros al poner, por ejemplo, kilómetros cuadrados en lugar de poner
municipios, que viene reflejado en el cuadro de la página 5 del anuario
de Estadística Agraria; o bien habitantes en lugar de municipios en la
página 12 del mismo anuario.

Lo que llega a ser el colmo de los absurdos es que en cuadros de
población, como he dicho antes, se vuelva a ignorar a los habitantes de
Ceuta y Melilla, ya que, totalizando la población española, y pese a lo
que ha dicho el Subsecretario del INE, no se tienen en cuenta ni los
70.000 habitantes de Ceuta ni los 60.000 de Melilla. Y en una población
de treinta y nueve millones y pico de habitantes 40.000 son suficientes
habitantes a reflejar por pequeños que sean los municipios, en este caso
las ciudades de Ceuta y Melilla. No sé si es que en el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, desde el Ministro hasta el último de
los funcionarios o responsables, se considera que los ceutíes y
melillenses no son españoles con plenitud de derechos y obligaciones; al
menos da esa sensación.

Como último ejemplo he de indicar, en cuanto a la superficie de regadíos,
que no existen en ese anuario. He de recordar que el Iryda hizo una
fuerte inversión, en concreto en Melilla, en un plan de regadíos. Por
cierto, para que el Subsecretario tenga conocimiento, los materiales que
se emplearon en Melilla se encuentran a precio de saldo en Marruecos, ya
que han sido robados y expoliados de la ciudad de Melilla; se pueden
encontrar, repito, a precios bastante más bajos de los que posiblemente
el Ministerio tuvo que pagar, en este caso el Iryda, para poner en
funcionamiento todo el plan de regadíos. Parece como si a nadie le
preocupara este hecho, pero estamos en una situación económica donde una
peseta hay que mirarla, y en este caso estamos hablando de millones.

En los cuadros correspondientes a la población activa, ocupada y parada
por ramas de actividad, las poblaciones de Ceuta y Melilla no se
incluyen. En cualquier momento ambas ciudades llegarán a denominarse, por
parte de este Gobierno, las ciudades de las adicionales o de los
asteriscos, porque aparecemos en todos los sitios con un asterisco
lateral, y con una explicación al margen de lo que se viene reflejando en
el anuario que dice: Ceuta y Melilla, o bien en un adicional, o en
transitorias. La verdad es que a la hora de reflejar en datos
estadísticos a las ciudades de Ceuta y Melilla siempre hay que recordar,
repito, el asterisco porque no aparecemos por ningún sitio.

Milagrosamente, en cambio, sí aparecen ambas ciudades con un único cuadro
donde se señala que hay 600 personas



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ocupadas y 100 paradas en el sector agrario en 1992, cosa curiosa, porque
si en otro lado no aparecen, en este cuadro sí están.

En la explicación del Subsecretario, que indudablemente agradezco, se ha
limitado a repetirme algo que ya se me envió por escrito como respuesta
del Ministro, y es que se elaborará el nuevo anuario agrario de 1993. Hay
que reconocer, señor Subsecretario, que esa periodicidad con dos años de
demora es un poco elevada. No está en el orden de la pregunta, pero sí es
bueno decir que parece que dos años es mucho retraso.

Señor Subsecretario, quiero recordarle que este tema no sólo lo está
denunciando este Diputado en esta legislatura, sino que el anterior
Diputado por Melilla, don Jorge Hernández Mollar, lo venía denunciando
desde hacía seis años o quizá ocho. También hay que manifestar que han
sido muchos los Ministros que han pasado por ese Ministerio sin que se
tomaran cartas en el asunto. Espero que después de lo que me ha dicho el
señor Subsecretario, a partir de ahora las ciudades españolas de Ceuta y
Melilla vengan reflejadas en todos los anuarios y ediciones que se
realicen desde el Ministerio. Y a ser posible, señor Subsecretario, que
vengan separadas también, porque siempre nos encontramos con la curiosa
sorpresa de que Ceuta y Melilla parece un conjunto único, cuando sabemos
que las separan cerca de 600 kilómetros.

Quiero añadir algo a lo que se le ha dicho aquí, y es que existe mucho
malestar por parte de los ciudadanos de ambas ciudades, porque siempre, y
lo vuelvo a manifestar, somos las ciudades de los asteriscos. Queremos
estar plenamente integrados en esos anuarios con nuestro nombre y con
nuestra identidad, que para eso la tenemos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Castro.




El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Castro
Hernández): Le agradezco al señor Diputado sus observaciones, pero quizás
debo alejarme de alguna de ellas en el sentido de que no comparto que no
conozcamos bien estos temas.

Es cierto, como he reconocido en mi primera manifestación, que no todos
los datos han sido recogidos, pero me comprometo a que el futuro anuario
los recogerá, y, como el Diputado pide, con la separación de Ceuta y
Melilla, con su tratamiento diferenciado, con su personalidad, con su
condición de ciudades en plenitud y no bajo la fórmula del asterisco
marginal. Tengo que decir que sí conocemos bien estos temas, que la
actividad en Ceuta y Melilla es una realidad objeto de perfecto
conocimiento para el Ministerio de Agricultura, como sin duda sabe el
Diputado.

En cuanto al número de explotaciones agrarias, su superficie, las tierras
labradas, los cereales, hortalizas, frutas, olivar, viñedo, etcétera, las
hectáreas dedicadas a cada uno de estos cultivos, los pastos, las
superficies no explotadas, ganado vacuno, etcétera, de sobra conoce el
señor Diputado que existen estos datos, que están consignados y a su
disposición. Por lo tanto, no puedo compartir su afirmación de que para
el Ministerio de Agricultura no hay interés o no se conocen bien estos
temas. Son conocidos, el Diputado dispone de estas tablas, y, como he
anunciado, van a formar parte de nuestro anuario.

Lo que sí reitero es que en determinadas estadísticas --que habría que
llamar no estadísticas en sentido técnico correcto, porque ellas deben
recoger el cien por cien de una realidad, y, por lo tanto, todo el
universo objeto de descripción en ese estudio-- es verdad que cuando la
técnica que se utiliza para una determinada investigación es el muestreo,
en esas ocasiones sí es cierto que técnicamente se admite que no es el
universo cien por cien el objeto de la investigación. Por ello, hay que
acudir a un muestreo, y en esos muestreos la actividad agraria de Ceuta y
Melilla puede, por su escaso peso en el conjunto nacional, no ser
recogida como desea el Diputado. Pero le reitero que sí en lo que supone
un censo, porque es una descripción de un universo donde Ceuta y Melilla
debe tener su tratamiento individualizado y lo tendrá. Y repito que los
datos de la actividad agrícola y ganadera están a disposición y son
conocidos por el señor Diputado.

En otro orden de cosas, se ha referido a otros datos, más allá de la
actividad agrícola y ganadera. Debo recordarle que sí existen cifras
globales e individualizadas de Ceuta y Melilla, y son análogas a las
elaboradas para el resto del territorio nacional. Existe una contabilidad
regional y hay unos datos de estadísticas laborales, de movimiento de
población, de crecimiento, con todos sus censos de viviendas, locales,
etcétera. Por lo tanto, la realidad de Ceuta y Melilla, con ese
tratamiento (y lo digo hablando desde la perspectiva del Instituto
Nacional de Estadística, no de la actividad o de los anuarios del
Ministerio de Agricultura) tiene el tratamiento diferencial que S. S.

solicita, y que yo comparto con él que debe recogerse.

Como conclusión diré que las estadísticas recogerán siempre la realidad
de Ceuta y Melilla, mientras que las técnicas de muestreo no siempre,
porque el peso y su significación en el conjunto de la actividad agrícola
y ganadera no lo hará relevante en algunas ocasiones, pero el
conocimiento de estos temas es exhaustivo y detallado y va a ser incluido
en los próximos anuarios del Ministerio.

Termino compartiendo el deseo de que logremos acortar esa periodicidad.

Efectivamente, es cierto que tenemos que hacer un esfuerzo suplementario
para que estos anuarios, que yo creo que son de gran utilidad para los
que estamos acostumbrados a trabajar y a manejar los datos, tengan una
periodicidad un poco más corta y que no consumamos un tiempo de dos años
en su elaboración.




--VALORACION DE LOS RESULTADOS DE LA VISITA EFECTUADA POR EL COMISARIO DE
AGRICULTURA DE LA UNION EUROPEA (UE) A LAS COMARCAS ESPAÑOLAS AFECTADAS
POR LA SEQUIA. FORMULADA POR EL SEÑOR LEDRO LEON. (Número de expediente
181/001423.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a tramitar la última de las
preguntas, formulada por el señor



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Ledro, sobre valoración de los resultados de la visita efectuada por el
Comisario de Agricultura de la Unión Europea a las comarcas españolas
afectadas por la sequía.

Para exponerla, el señor Ledro tiene la palabra.




El señor LEDRO LEON: Señor Subsecretario, en esta pregunta están
compendiadas otras muchas que queremos que nos aclare.

Cuando se realiza la visita del Comisario de Agricultura de la Unión
Europea a las comarcas españolas afectadas por la sequía, todavía este
daño no había llegado a lo que supone en la actualidad. Entonce, a mí me
crea una serie de preocupaciones sobre el sentido que tuvo esta visita.

Yo le pregunto al señor Subsecretario: ¿Qué se consiguió? ¿Vio y conoció
el problema que teníamos y que se avecinaba? ¿Para qué vino el Comisario?
¿Se reunió con los representantes de agricultores y ganaderos? Ahí queda
compendiada toda la pregunta.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta, tiene la palabra el
señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Castro
Fernández): Señor Diputado, le agradezco su pregunta, porque me brinda la
ocasión de explicar qué alcance ha tenido la visita del señor Fischler a
España, en febrero de este año. Hago un breve recordatorio de cómo se
desarrollaron los hechos.

En el primer Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que
se celebró este año los días 23 y 24 de enero, el Ministro Atienza tuvo
ya la primera ocasión de exponer a sus colegas de la Unión Europea las
dificultades que estaba atravesando la agricultura española en aquellos
momentos. Comparto que quizá hoy desgraciadamente esas dificultades, por
el efecto sequía, se han visto acentuadas con un impacto negativo sobre
nuestro sector; pero, insisto, ya planteó en esa primera reunión de enero
cuál era la situación a la que nos podía llevar la falta de
precipitaciones en nuestro país, y, además, invitó al Comisario a que
visitase España.

Recuerdo que este Comisario fue nombrado en enero, que es austriaco, de
la zona del Tirol, y que realmente el señor Fischler no tenía un
conocimiento muy vivo ni muy directo de cuál era la realidad de la
sequía, especialmente en la mitad sur de España. Aceptó esa invitación
para desplazarse al objeto de conocer sobre el terreno esa realidad
preocupante que estaba ocasionando la falta de lluvias y recibir una
información de primera mano de cuanto estaba ocurriendo en estas
regiones, especialmente del sur, afectadas por la sequía.

El viaje se realiza al mes siguiente. El 16 de febrero el Comisario se
traslada a Madrid y desde aquí a Valencia donde se estaba celebrando la
Conferencia Sectorial de Agricultura, lo que adicionalmente le permitió
tener la segunda parte de la reunión de aquel día con los propios
Consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas, que expusieron
directamente en esa sesión al Comisario Fischler cuáles eran los
problemas en cada una de sus regiones.

Después de ese primer contacto con los Consejeros de Agricultura en
Valencia, hace ya un recorrido en helicóptero acompañado por el Ministro
Atienza. El primer día sobrevolaron los pantanos de Alarcón, en la cuenca
del río Júcar, y del Cenajo, en la cuenca del río Segura, y escuchó las
explicaciones dadas por parte de los técnicos de las respectivas
confederaciones hidrográficas respecto a cuál era la situación de estas
cuencas a efecto de los regadíos de las zonas.

El segundo día comenzó con un desayuno de trabajo con los representantes
españoles en el COPA y posteriormente realizó un vuelo sobre las zonas de
campos de arroz del río Guadalquivir, tuvo una parada en el Parque
Nacional de Doñana y visitó el embalse de la Serena, en Badajoz, y el
Parque de las Tablas de Daimiel, en Ciudad Real, para conocer cuál era la
situación de los acuíferos man-chegos.

He de destacar que, además de visitar todas las comunidades más afectadas
por la sequía --Valencia, Murcia, Andalucía, Extremadura y Castilla-La
Mancha--, se reunió y pudo hablar con cada uno de los presidentes de las
comunidades afectadas, cosa que tengo que decir que no ha realizado en
ningún otro país de la Unión Europea.

Igualmente, como he dicho, tuvo oportunidad de hablar con los técnicos de
las confederaciones hidrográficas y con los responsables y líderes de las
organizaciones agrarias.

Yo creo que todo ello supone ya un gran valor, porque permitió ese
conocimiento directo de la situación en España. Sin embargo, yendo más
allá, con motivo de la visita del Comisario Fischler, se pudo empezar a
establecer unas líneas de actuación que podrían ser llevadas a cabo en
colaboración con la Comisión. Las enuncio y a continuación detallaré los
pormenores de cada una de ellas.

En primer lugar, el estudio de las posibles medidas específicas a
desarrollar en las zonas afectadas por la sequía, incluyendo la
flexibilización de las medidas de la política agraria común, y aquellas
otras que puedan hacer más racional el uso del agua.

En segundo lugar, elevar a los comités de gestión la posibilidad de hacer
«transfer», de disponer los ganaderos españoles de cereales-pienso
procedentes de los SENPA de otros países de la Unión Europea.

En tercer lugar, ayudar a los industriales españoles, especialmente a
aquellos cuyas materias primas tenían una caída de producción --estoy
pensando en concreto en el arroz--, mediante las importaciones de choque
desde países con excedentes, como es el caso de Estados Unidos, con
aranceles reducidos. Esta misma filosofía de importaciones de materias
primas para la industria transformadora se podría aplicar a otras
materias primas agrarias necesarias para el mantenimiento de la actividad
de la industria agro-alimentaria.

En cuarto lugar, se estableció poder excluir a España, una vez más, de la
obligación de un «set-aside» adicional, sin compensación económica, por
el rebasamiento de la superficie de los herbáceos en regadío.

En quinto lugar, estudiar la posibilidad de poner en marcha programas
experimentales de mejora en las técnicas de regadío, y, por último, la
financiación, en algunas



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explotaciones, de programas tendentes a la mejora en la utilización del
uso del agua.

En conjunto, ése es el paquete de líneas de actuación que, junto con el
Comisario, se concretaron a lo largo de su visita. Más que concretarlas a
lo largo de su visita, se apuntan, se van concretando a lo largo de los
meses sucesivos, y adquiere un compromiso de estudiar un conjunto de
líneas de actuación, que paso a detallar.

Primero, la flexibilización de la política agraria la inicia el propio
Gobierno y toma sus medidas el Ministro Atienza con lo que autónomamente
podíamos hacer ya en el propio mes de febrero. Básicamente en aquel
momento lo que se podía hacer era reorientar los cultivos y dirigirlos
hacia los menos consumidores de agua. Se levanta con ello la prohibición
de sembrar girasol en parcelas que el año anterior habían estado
sembradas también de girasol y que no podían volver a repetir ese
cultivo, pero al levantar esta prohibición se contribuye a disminuir los
consumos de agua en regadío por la menor demanda que lógicamente tiene el
girasol en relación con otros cultivos que hubiesen sido los habituales
si no hubiese habido el efecto sequía, como podían haber sido maíz, arroz
o algún otro tipo de cultivo demandante de consumo de agua.

En este mismo sentido, dirigiendo hacia cultivos de menos demanda de
agua, se autorizó la posibilidad de cultivar girasol sobre parcelas de
regadío sembradas de arroz en campañas anteriores. Igualmente, se
autorizó --porque está dentro del margen permitido por una decisión
autónoma del Gobierno español-- el incremento de un 22 a un 50 por ciento
del porcentaje de la superficie de regadío que puede acogerse al
barbecho, permitiendo percibir las ayudas comunitarias en este barbecho
adicional sin necesidad de realizar su siembra. Esta elevación importante
suponía doblar ese barbecho, que pasaba del 22 por ciento al 50 por
ciento en estas superficies de regadío que se han beneficiado de ese
barbecho voluntario con ayuda comunitaria. Por último, con la misma
finalidad que en el caso anterior que he descrito, se autorizó
incrementar hasta el 50 por ciento la retirada de tierras para
superficies declaradas de cultivos oleaginosos. Hasta aquí las decisiones
adoptadas por el Gobierno español.

Por lo que respecta a la flexibilización de la PAC, por parte de la Unión
Europea, destacaría que los agricultores españoles no serán penalizados
con el aumento del barbecho sin compensación económica que les habría
correspondido como consecuencia del rebasamiento de la superficie de base
de regadío de los herbáceos en esta campaña 94/95, es decir, cosecha
1994. Este rebasamiento se produce por el desplazamiento de otros
cultivos que, por esa escasez de agua, fueron sustituidos básicamente por
cereales u oleaginosas.

Otro punto sería poner a disposición de los ganaderos españoles cereales
pienso, el «transfer» comunitario a que he hecho referencia, para que no
se produzcan desabastecimientos en el mercado, ni unas desmesuradas
subidas de precios que afecten a los productores de ganado. En este
sentido, ya ha sido aprobada una subasta de 300.000 toneladas de cebada y
100.000 toneladas de centeno, procedentes del organismo de intervención
alemán, en una operación especial, cuyo transporte hasta la frontera
alemana es financiado por el organismo de intervención comunitario.

Asimismo se acaba de aprobar en el Comité de Gestión la subasta, en unas
condiciones similares, de 250.000 toneladas de cebada y 200.000 toneladas
de centeno, en este caso del organismo de intervención del Reino Unido.

Este es el último acuerdo de hace unos días, pero esperamos que el
próximo Comité de Gestión apruebe un nuevo «transfer» también del orden
de unas 300.000 toneladas de cereal pienso que, posiblemente, sean de
nuevo del Senpa alemán. España había solicitado al Comisario Fischler la
posibilidad de alcanzar un total de un millón de toneladas grano para
abastecer nuestra demanda de alimento para animales y ésa es la cifra
que, en estas tres operaciones, estamos próximos a alcanzar.

No se ha realizado una operación de transferencia de grano al organismo
Senpa por la urgencia que corría poder disponer en España de estos
cereales. Si se hubiese ejecutado, tal y como contempla la regulación
comunitaria, con el concurso del transporte, la recepción por el Senpa,
el plazo de las ofertas en España, etcétera, así como la adjudicación que
aquí habría que hacer, no se hubiese logrado --aunque creo que algún
Diputado muestra cierto escepticismo-- llegar hasta agosto o septiembre.

Digo esto porque ha habido alguna crítica sobre el mecanismo utilizado,
pero creemos que era el que garantizaba sobre todo la inmediatez de
disponer de este «transfer», en el caso alemán, que ya está a
disposición.

El precio a que resultará en la lonja de Barcelona es de 23,8 pesetas
kilo que, según la distancia a las zonas transformadoras, se elevará, más
o menos, a las 26/27 pesetas kilo, que es el precio actual del mercado.

Debo hacer constar que el cereal a que me estoy refiriendo pertenece
todavía a la campaña 94-95, en la que los precios de intervención son más
altos que los que presumimos para la campaña 95-96, que arranca el
próximo 1 de julio. Cuando llegue esa fecha y tengamos ya recogida la
cosecha europea se podrá entrar, al igual que otros años, con cebada y
trigo de Francia, Reino Unido o Alemania, países en los que parece que la
cosecha es buena y en los que, por tanto, el comportamiento de los
precios va a ser adecuado.

Otra de las líneas puestas en marcha (la tercera de las que anunciaba en
mi presentación) está relacionada con la colza. La Comisión realizó una
operación temporal para evitar las elevadas penalizaciones que se habrían
producido por la superación de las superficies máximas autorizadas; lo
que hizo fue transferir parte de la superficie no asignada dentro de la
superficie máxima garantizada en el conjunto de la Unión Europea. Es
verdad que se trata de una transferencia con carácter temporal a la
superficie nacional de referencia a España, lo cual no quiere decir que
se consolide en el futuro, pero sí es un paliativo para una situación de
sequía como la que hemos vivido. Para las oleaginosas hay una superficie
máxima garantizada a nivel comunitario y unas superficies nacionales de
referencia. Si en uno o varios estados miembros no se supera esa
superficie nacional de referencia se puede pasar a otro país miembro,
siempre que no se supere el total de la comunidad,



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y no se aplica sanción. En el caso de que hubiese una superación de la
Unión Europea la sanción sí se aplicaría a aquellos países que hubiesen
excedido su superficie nacional. Nosotros nos hemos beneficiado
temporalmente de esta transferencia de superficie de otros países de la
Unión Europea que no han utilizado su máximo garantizado.

Una vez expuesto este primer bloque (medidas agrarias que tienen un
impacto sobre la renta, lo que ha permitido, en definitiva, que no se
apliquen unas importantes penalizaciones, con lo cual el efecto es de
mejora de renta para el sector, o en el caso de la ganadería que se
produzca una subida desmesurada en los precios del alimento para el
ganado), el segundo bloque de medidas que anunciaba era el relativo al
agua; la racionalidad en su uso, los planes de futuro, la mejora de
nuestro sistema de aprovechamiento del agua en la agricultura, los
regadíos, etcétera. Este es el segundo bloque de temas que, con ocasión
de la visita del Comisario Fischler, pudimos plantear.

Tengo que decir --y aquí hago un inciso-- que el Comisario estuvo
exigente al ver que España, ante esta situación que había aparecido
reflejada en la prensa, de sequía estructural, o como, en una expresión
digamos menos apocalíptica, se ha venido hablando de ciclo seco de cuatro
años, no todavía con unos mecanismos de riego adecuados, en algunas
zonas, a esa carencia de nuestros recursos hídricos. En ese sentido, pudo
conocer y observar que, en algunas zonas, se sigue haciendo un exceso de
riego a manta, sin que se haya producido ese adecuado esfuerzo de mejora
de esos sistemas de regadío. Por tanto, el plan debe ser, sin duda, la
modernización de regadíos que va a llevar a cabo el Gobierno español en
los próximos años, lo que va a requerir una importante cofinanciación
comunitaria. El objetivo era decir al Comisario que, a través de los
fondos del Feoga-Orientación y del Feder, se pueda lograr esa
cofinanciación. Por ello, la visita del Comisario europeo y su
mentalización sobre los problemas derivados de la limitación del agua en
los regadíos españoles no cabe duda que supondrá un factor muy positivo
para la futura aprobación del citado Plan. A través de los programas
operativos que desarrollan el marco comunitario de apoyo puede lograrse
una cofinanciación de hasta el 75 por ciento para regiones de objetivo I
y del 50 por ciento en las 5B.

Las líneas de actuación son básicamente tres y ya se las hemos anticipado
al Comisario Fischler. Por una parte, un programa de consolidación
tendente a ampliar el suministro de agua en zona regable. La superficie a
consolidar sería del orden de 1.300.000 hectáreas. Una segunda línea
sería aprovechar los recursos disponibles que no se han utilizado. Este
apartado se refiere a la situación justamente inversa a la anterior; si
allí teníamos falta de recursos para un regadío existente, lo que estamos
contemplando aquí es que, al estar realizada las grandes obras de
cabecera y faltar las de distribución, tenemos un recurso ocioso que hay
que aprovechar. En esta línea, la actuación se plasmaría sobre un
conjunto de unas 300.000 hectáreas. Por último, la optimización de los
recursos disponibles, mediante programas de mejora ambiental y mejora
estructural, los cuales nos van a permitir ese objetivo a que me refería
anteriormente de ahorro y mejor uso del agua, así como de la economía
medioambiental.

En este apartado estaríamos contemplando actuaciones sobre un total de
1.800.000 hectáreas, estando comprendida en esta superficie parte de las
que he descrito anteriormente, tanto por consolidación como por
aprovechamiento de recursos no utilizados.

La inversión total necesaria para este plan de modernización está
estimada en un billón 120.000 millones de pesetas. De ahí la importancia
de la cofinanciación comunitaria y la necesidad de sensibilizar y
desarrollar una conciencia del problema en las autoridades comunitarias y
especialmente en el Comisario Fischler.

Por último, la financiación a las explotaciones para la mejor utilización
del uso del agua requiere un tratamiento diferenciado de las medidas
tendentes a este objetivo. Está aprobado, como todos los Diputados
conocen, el Reglamento 2.078, de 1992, que establece un régimen de ayudas
para los agricultores que se comprometan a realizar ciertas prácticas
agrarias compatibles con las exigencias medioambientales, entre las que
se pueden considerar algunas que tienen por finalidad precisamente este
ahorro de agua en el riego. Con el apoyo en este Reglamento, el
Ministerio de Agricultura, a través de la Secretaría General de
Estructuras Agrarias, está preparando una serie de programas de
cofinanciación comunitaria.

Puedo decir que hay una propuesta de un programa medioambiental dirigido
a la economía del agua en el territorio español y tendría --y así se nos
ha anticipado por las autoridades comunitarias-- una favorable acogida
por parte de la Comisión. La fecha límite para la aprobación de este
programa de economía del agua debe estar en el horizonte del mes de
noviembre, con lo cual debemos presentarlo a la mayor brevedad, contando
con la elaboración de programas específicos de zonas por parte de las
administraciones autonómicas.

Concluyo con todo ello diciendo que, como el gabinete del Comisario
recoge, la visita del Comisario Fischler fue de enorme éxito y de gran
interés para nuestro sector.




El señor PRESIDENTE: El señor Ledro tiene la palabra.




El señor LEDRO LEON: Me sorprenden muchísimo estas últimas palabras del
señor Subsecretario de que la visita fue de enorme éxito para el agro
español. De verdad que me gustaría poderme unir a esa expresión, pero
mucho me temo que no pueda hacerlo.

Yo pertenezco a la España llamada seca --espero no tener que decir muy
pronto desértica, como esto siga así--; soy de la provincia de Sevilla.

El señor Subsecretario ha tocado algo que está de candente actualidad, no
hoy, sino hace muchos años: el tema del arroz. Ha dicho que el señor
comisario hizo una visita a Doñana y que estuvo sobre el terreno en todas
las comarcas de la España que estaban padeciendo sequía. Yo le diría que
más bien observó todo esto en un vuelo y nunca mejor dicho, puesto que lo
hizo en helicóptero.




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Le pregunté que si se había reunido con los responsables de las
asociaciones profesionales agrarias. Tengo entendido que hubo ciertos
problemas para que algunas asociaciones empresariales pudieran acceder a
estas reuniones. La reunión con los consejeros me suena un poquito no me
atrevería a decir tendenciosa, pero lo voy a decir, porque me hubiera
gustado oír lo que cada consejero de cada comunidad autónoma afectada
contó al Comisario y al señor Ministro.

En cuanto al tema del arroz, llevamos ya cuatro años en los que no se
puede sembrar prácticamente nada. Este año creo que son unas seiscientas
hectáreas y me parece que con una salinidad de hasta diez gramos por
litro de agua, por lo que prácticamente no vamos a tener cosecha.

Toda la zona arrocera de la provincia de Sevilla, de la desembocadura del
Guadalquivir, son unas 30.000 hectáreas. Imagínese lo que supone para
esta comarca no poder poner en funcionamiento la industria, no poder
poner en funcionamiento la absorción de mano de obra que esto significa.

Esto sí que habría que haberlo visto sobre el terreno, no en esos
momentos, sino ahora.

Están en proyecto unas obras que no se terminan de ejecutar. Creo que el
Ministerio de Agricultura también se debía implicar en los temas de
ciertas obras hidráulicas que tengan relación con la agricultura, para
que no vayamos siempre reclamando esto a través del Ministerio de Obras
Públicas. De una vez por todas, el Ministerio de Agricultura tiene que
definirse en cuanto a su opinión con respecto a estas obras.

Y no digamos de qué va lo del decreto relativo a la sequía; para mí que
es un calco de los decreto de sequía anteriores. El del año que viene se
debía hacer ya, porque a este paso me parece que, por mucho que llueva,
el año que viene vamos a estar en las mismas.

Por lo que se refiere a las medidas que se están tomando, hay unas
manifestaciones, que se comentan por sí solas, del Ministro de
Agricultura en las que decía que los agricultores están recibiendo ayudas
directas de la Unión Europea, que deben ser suficientes para compensar
los daños producidos por la sequía.

Señor Subsecretario, estas ayudas de la Unión Europea, provenientes de la
PAC, se reciben haya o no haya sequía, puesto que es un acuerdo que hay
dentro de la Unión Europea para todos los países productores de
determinada agricultura. A nosotros nos parece que el Ministerio de
Agricultura español debía haber conseguido que la Unión Europea hubiera
ayudado a España exactamente igual que hizo con Portugal y Francia en
unas circunstancias parecidas.

También, cuando se producen catástrofes en la agricultura, de otro tipo,
en cualquier país de la Unión Europea, tienen ayudas. La sequía no puede
ser más catastrófica este año en España, ¿por qué no conseguir estas
ayudas?
En cuanto a las soluciones que se piden, no las queremos a partir de
ahora. El mismo señor Subsecretario ha dicho que hay unos ciclos de
sequía, que cada vez se están alargando más y me temo que sigan
alargándose. Las soluciones debían haber estado previstas y no, como dice
el refrán, «a conejo ido, palo a la madriguera».

Perdóneme que diga una expresión que está corregida por la agricultura de
mi tierra. Se dice que el Ministerio de Agricultura es «el Ministerio
cerveza». No me lo tome a mal, pero ¿sabe por qué se dice? Porque es «la
cruz del campo». Espero que no siga siendo así.




El señor PRESIDENTE: El señor Castro tiene la palabra para contestar las
últimas observaciones.




El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Castro
Fernández): Contesto al Diputado señor Ledro.

Efectivamente, hay una España seca. Usted lo ha dicho. El Comisario
Fischler se sorprendió de conocer esa España seca. Tengo que decir que es
un tirolés y que no tenía en su retina la visión de una realidad dura
como es la España seca.

Es cierto que al mismo tiempo hizo en algún momento consideraciones sobre
cómo esta España seca podía obtener un equilibrio de sus recursos
hídricos con esa otra España húmeda, con lo cual, implícitamente, nos
venía a decir: ustedes tienen que abordar también el problema del
equilibrio del manejo de esos recursos dentro de su territorio. Yo creo
que es verdad, que ese reto lo tenemos y que no hay que esperar siempre
milagros de la Unión Europea. Aunque, como ha recordado el señor Ledro,
fue una visita rápida para el territorio que recorrió, y lo hizo
lógicamente en helicóptero --no podía ser de otro modo, pues si iba a
estar en esa serie de comunidades, en cuarenta y ocho horas no podía
hacerlo de otra manera--, lo importante era que viese esa realidad
geográfica y que pisase ese terreno. Efectivamente, sobrevoló en
helicóptero esos terrenos de anteriores arrozales del Guadalquivir. Creo
que esa impresión sigue estando presente y es con la que él analiza ahora
los datos que se le presentan sobre la sequía en España. Con que hubiera
cambiado su mentalidad de tirolés, con un espacio natural privilegiado
como el que está acostumbrado a ver en el centro de Europa, ya teníamos
un importante logro, pero he enunciado logros muy precisos que tienen un
impacto muy positivo sobre el sector.

Pudo verse con los consejeros. Usted dice que le gustaría conocer lo que
le contó cada uno; todos hablaron con la máxima libertad, tanto en el
marco de la propia Conferencia sectorial como después, en la visita que a
cada una de sus comunidades realizó el comisario Fischler.

También tuvo ese contacto con las organizaciones. Me ha parecido entender
que el señor Diputado hace referencia a algún problema con algunas
organizaciones agrarias por el número de las que debían participar en el
encuentro. Aquel problema se resolvió y no se produjo lo que en un
principio pudo haber sido una amenaza de plante. Al final, las
organizaciones, pienso que con gran sentido de la responsabilidad, no
declinaron la oportunidad de tener ese encuentro con el comisario
Fischler y todas ellas estuvieron en el encuentro con el comisario.

Ya no se podían ampliar más los contactos que durante cuarenta y ocho
horas metimos en la agenda del comisario. Por ello, insisto, me parece
que el viaje estuvo muy aprovechado para que tuviese un conocimiento
directo de esa realidad.




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Comparto la preocupación que manifiesta el señor Diputado por el arroz y
otros cultivos que están generando una carencia sobre la industria
transformadora. Por ello, entre las medidas que he enunciado, una es la
importación de esas materias primas necesarias para el sector de la
industria agroalimentaria, en este caso el arroz, como ha recordado el
señor Diputado.

Dice que nuestro Decreto de sequía de este año es un calco del anterior.

Le invito a que haga las dos fotocopias y verá qué poco cuadran. Me voy a
referir solamente a un planteamiento general y a algunas medidas
concretas.

El Decreto-ley de mayo de 1995, además de ser un decreto con una serie de
medidas de ayuda a la renta de los agricultores por la pérdida que el
efecto sequía produce en sus ingresos, es por primera vez un decreto-ley
en el que se apunta la mejora en la utilización del agua, se establecen
unos criterios de prioridad, se hacen unas obras de urgencia para mejorar
regadíos, con 3.000 millones que están en el Decreto-ley, y se hace una
invitación a las comunidades de regantes modificando el Decreto regulador
de las acciones con ellas para estimular la mejora de los regadíos. Por
tanto, este Decreto-ley, no solamente es de sequía, es, por primera vez,
un decreto del agua y de la mejora de su uso en la agricultura. Luego
tengo que distanciarme radicalmente de su afirmación y decir que en
absoluto es un calco de los decretos leyes de los años anteriores,
compartiendo, eso sí, su afirmación de que nos encontramos en un ciclo
seco. Examine esas obras de regadío, vea el incremento para las
comunidades de regantes en la financiación de las obras, vea todo el
apartado que se dedica al agua en la agricultura en este Decreto-ley.

No quiero entrar en el otro debate, que creo que tampoco ha suscitado S.

S., sobre si es muy generoso, poco generoso o cicatero o cuánto dinero
ponen sobre la mesa y cuál es la valoración de las decenas o cientos de
miles de millones contenidos en ese Decreto-ley. Afortunadamente, ese
debate ya no se ha mantenido, pero en el silencio todos compartimos que
es un Decreto-ley que tiene muchas decenas, me atrevería a decir que
centenares, de miles de millones en su articulado, aunque evidentemente
no hay ayudas directas.

Sobre las ayudas directas, tengo que precisar en qué sentido lo ha dicho
el Ministro en reiteradas ocasiones y en qué sentido la visita del
comisario Fischler no era para obtener ayudas directas. Nunca se había
marcado el objetivo de que traíamos al comisario para que soltase dinero
en ayudas directas; jamás fue el planteamiento con el que el Ministerio
de Agricultura planeó la visita del comisario Fischler. La planeó para
que el comisario conociese la realidad de una agricultura que le es
ajena. Ese es el logro que, al final de mi intervención, he calificado de
pleno y satisfactorio. El Ministro conoció una realidad agrícola que
jamás había tenido en su retina anteriormente.

Sobre las ayudas directas y el caso de Portugal que se ha invocado, hemos
tenido ocasión de analizarlo en múltiples reuniones con las propias
organizaciones agrarias y saben el escaso interés que, incluso en
Portugal, tuvieron esas ayudas, que fue el gran logro de la Presidencia.

Se jugaron toda una Presidencia a unas ayudas que después no fueron
utilizadas. En absoluto era el planteamiento que hacía el Ministerio de
Agricultura y no teníamos esa valoración de jugarnos un año y una
Presidencia a un logro que consideramos que no era adecuado plantear.

Comparto su afirmación de que tenemos unas situaciones en nuestra
agricultura en los últimos años que reiteran catástrofes de diversa
naturaleza. Para paliar esas catástrofes, que no ha querido precisar S.

S., pero me imagino que está pensando en heladas, pedrisco o en otro tipo
de acontecimientos adversos para nuestra agricultura, debemos seguir en
la política de mejora del seguro agrario, que es el instrumento con el
que abordamos esas situaciones de carácter catastrófico. No debemos sino
respaldar esa política, tanto desde el Ministerio de Agricultura, con el
plan de tres años que ha aprobado y que está ahora mismo en vigencia,
1995-1997, como con las medidas complementarias y de apoyo al seguro
agrario que las propias comunidades autónomas vienen instrumentando en
paralelo con la política del Departamento.

Por último, tampoco puedo compartir su afirmación de que no se han tenido
en cuenta los problemas, que las soluciones tenían que estar previstas de
antemano, que no se ha actuado con la diligencia y prontitud requeridas
para abordar los problemas provocados por la sequía. En la enumeración de
las medidas que he ido desgranando, ha habido algunas tomadas sobre el
propio mes de enero y febrero, pero eran las que se podían tomar en enero
y febrero. Ha habido un debate sobre la oportunidad del Decreto y cuándo
se aprobaba. Se ha hecho cuando ha habido unos datos agrarios
fehacientes. Ahora mismo, todavía estamos debatiendo con alguna comunidad
cuál es el mapa de sequía de este año. Y ha habido alguna referencia a
que el Decreto-ley no ha sido desarrollado en este punto. La información
la estamos recibiendo en este momento y hasta la próxima semana no
haremos la línea divisoria del mapa de sequía de este año 1995. Tengo que
decirle que las medidas de prohibición de sembrar girasol sobre girasol o
la autorización hasta el 50 por cien del barbecho en la superficie,
medidas producidas por una situación de sequía, están tomadas en el mes
de febrero. Consulte el «Boletín Oficial del Estado» y comprobará cómo se
ha venido actuando. No ha habido solamente el Decreto-ley de 18 de mayo,
han existido actuaciones y decisiones políticas tomadas desde enero,
febrero, marzo, hasta el Decreto-ley de mayo. La actuación en cada
momento era la que se requería y la que era posible por la circunstancia
del calendario en ese momento.

Creo sinceramente que no es una cruz, sino que, como está comprobando en
los datos que todos conocen, señorías, el crecimiento de la renta, la
situación en el campo, los datos del pasado año 1994, que hemos tenido
ocasión de debatir en varias sesiones a lo largo de este año, ofrecen un
crecimiento de la renta que es envidiado por el resto de sectores de la
economía española. No creo que ninguno pueda presentar un 14 por ciento
de crecimiento de su renta en el año 1994.




El señor PRESIDENTE: Señor Ramírez, efectivamente se ha producido una
alusión pero no en los términos



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que la contempla el Reglamento, que implique algún tipo de juicio de
valor, ha existido una alusión cordial a una duda gestual del señor
Ramírez respecto a una afirmación del señor Castro en cuanto al mecanismo
de distribución de cereales comunitarios. A estos estrictos efectos,
señor Ramírez, tiene la palabra por un minuto y sin que sirva de
precedente.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Como sabe el señor Presidente, mañana, en el
Pleno, sustanciaremos esta cuestión con el señor Ministro respecto al
aprovisionamiento de cereales a la ganadería española procedentes de los
organismos de intervención comunitaria.

Simplemente, quiero manifestar ahora mi asombro por el grado de
satisfacción del señor Subsecretario a una petición de aprovisionamiento
urgente de cereales hecha por las asociaciones ganaderas en diciembre; el
cereal llega en junio y parece ser que el Gobierno y el Ministerio de
Agricultura están muy satisfechos de que, seis meses después, llegue ese
cereal a precio especulativo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Subsecretario para
contestar esta última cuestión.




El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Castro
Fernández): No se trata de un precio especulativo. Precisamente para que
no se produzca un retraso en el suministro a la ganadería es por lo que
se ha optado por el mecanismo que el señor Ramírez cuestiona. Creo que ha
llegado en el momento en que tenía que llegar y por ello no hemos acudido
al mecanismo que había sido demandado desde algún sector, que fuese el
Senpa el que actuase en esta operación. Desde luego, el resultado final
del precio, con los datos que he expuesto no puede calificarse de
especulativo.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Subsecretario.

Suspendemos durante un minuto la sesión, para dar paso a las
proposiciones no de ley. (Pausa.)



DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE PROHIBICION DEL USO DE LAS REDES DE VOLANTA PARA LOS BUQUES DE
PESCA DE PABELLON ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV) (Número de
expediente 161/000483.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión y pasamos, a
continuación, al debate y posterior votación, que se efectuará al final
de la tramitación de las tres proposiciones, de la proposición no de ley,
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), sobre prohibición del uso de las
redes de volanta para los buques de pesca de pabellón español.

Para exponerla, el señor Gatxagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATXAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) ha presentado la presente proposición no de ley
con ocasión del inicio, la semana pasada, de la costera del bonito por
parte de los pescadores españoles de La Coruña, Lugo, Asturias,
Cantabria, Vizcaya y Guipúzcoa, y teniendo en cuenta desde hace ya muchos
años que la utilización de artes de enmalle a la deriva por parte de
pescadores franceses para la captura de túnidos en aguas de la Zona 8.ª
produce graves daños a la ya tradicional actividad pesquera española,
mediante los sistemas de cacea o curricán, consistentes en el arrastre de
anzuelos, o mediante el sistema de caña con cebo vivo, que
tradicionalmente se utiliza por parte de la flota pesquera española del
Cantábrico.

Además, la utilización de las redes de volanta está afectando a un stock
de peces que tradicionalmente se ha mantenido estable y que da sustento a
lo largo de todo el litoral cantábrico a 8.000 familias, materializándose
en la práctica en la constitución de auténticas paredes en el mar, donde
se constituyen cementerios flotantes de túnidos y de especies protegidas,
como delfines. En consecuencia, lo que se origina es una incompatibilidad
en el caladero con las artes tradicionales que emplean los pescadores
españoles y que, como todos conocemos, señor Presidente, originó el año
pasado graves conflictos entre pescadores españoles, franceses,
irlandeses y británicos. Viendo cómo está la reglamentación europea,
principalmente el reglamento básico, que es el 345/1992, donde se
habilita la utilización de redes de hasta 2,5 kilómetros, la experiencia
nos está demostrando que este reglamento no se cumple por parte de los
pescadores franceses y que, en la práctica, es imposible que lo hagan con
esa longitud de red, ya que con una red de 2,5 kilómetros las capturas
serían muy bajas y no garantizan la rentabilidad de la explotación
pesquera.

Informes científicos, señor Presidente, determinan que para que las redes
de enmalle a la deriva puedan ser rentables, es preciso y requisito
necesario que tengan una longitud acorde o en correspondencia con el
número de tripulantes que cada grupo pesquero utiliza o tripula. En
definitiva, si la flota francesa tiene una media de tripulante entre
siete y ocho, en la práctica, la utilización de las redes alcanza también
esta longitud, por lo que vemos cómo el Reglamento 345/1992 es
defraudado.

Además, señor Presidente, se produce otra circunstancia, y es que, aunque
haya medidas de control, en virtud de las cuales la longitud de las redes
no supere los 5 kilómetros, ¿dónde se encuentra la argucia, dónde se
encuentra el fraude, dónde está la trampa de todo este procedimiento?
La trampa está en que este Reglamento autoriza a que los buques pesqueros
puedan llevar redes sustitutorias, para los casos de ruptura o pérdida,
de la misma longitud. Y la práctica está demostrando que, aunque
oficialmente la autorización para navegar sea con redes de 2,5
kilómetros, se llevan redes sustitutorias de otros 2,5 kilómetros; luego,
en alta mar se enlazan esas redes y se pesca con longitudes de cinco o
seis kilómetros. En definitiva, lo que es preciso, por parte de los
poderes de la Unión Europea y de los Estados



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miembros (Irlanda, Reino Unido, Francia y España), es que haya un
verdadero control en cuanto a la utilización de estas redes y que no se
produzca ese enlace en alta mar, originando que en la práctica se
utilicen redes de cinco kilómetros.

Una de las alternativas, en consecuencia, que en este momento se está
discutiendo en el plano pesquero político europeo es que la utilización
de las redes sustitutorias no fueran autorizadas al embarque en los
buques en concreto, sino que fueran los buques observadores, los buques
inspectores, los buques de avituallamiento, que tanto ha fletado la
Comisión el presente año como los Estados miembros han prometido que van
a poner en práctica, fueran los que llevaran las redes sustitutorias para
evitar estos comportamientos fraudulentos de que en alta mar y, sobre
todo, si es en aguas internacionales, se produzca el enlace de redes y,
en definitiva, nos encontremos con longitudes de cinco y seis kilómetros.

Igualmente, señor Presidente, diferentes resoluciones de las Naciones
Unidas han instado a todos los Estados a la eliminación de estas redes,
que han sido seguidas por numerosos países a lo largo del océano
Pacífico. Incluso este Congreso de los Diputados y el Senado, los dos
órganos de las Cortes Generales, han adoptado, con un consenso
generalizado entre los diferentes grupos políticos y el Gobierno central,
diferentes resoluciones parlamentarias, a través de instrumentos como son
las proposiciones no de ley o de las mociones en el caso del Senado, en
virtud de las cuales el sentir político y pesquero español es el de la
prohibición de este tipo de redes con carácter definitivo.

En este sentido, hay que recalcar las gestiones que el Gobierno central
ha realizado en la Unión Europea, gestiones que a todos nos consta que se
han hecho con conocimiento de causa, con tesón y con evidente voluntad
política, cumpliendo los mandatos parlamentarios en aras a la consecución
de esa prohibición definitiva, pero no se ha alcanzado ese consenso
político, porque, nuevamente, nos encontramos con un conflicto con los
países nórdicos, como puede ser el Reino Unido, Irlanda, Francia también,
Italia, que no participó en su momento en la discusión esencial, puesto
que no se encontraba en ese momento constituido el Gobierno y había un
vacío de gobierno, etcétera. Vemos que no hay un consenso político en la
Unión Europea para la derogación definitiva de las redes de volanta
autorizadas por el Reglamento base 345/1992.

En este momento, señor Presidente, la situación pesquera y de carácter
política en la Unión Europea es que ha habido un debate, tanto en la
Comisión como en el Consejo, sobre un proyecto de reglamento tendente a
la prohibición gradual, prohibición progresiva o prohibición en escalera
--como queramos denominarlo--, de la utilización de las redes de volanta,
de manera que se fuera disminuyendo el esfuerzo pesquero de los buques
principalmente volanteros franceses al nivel de los buques existentes en
mayo de 1994, de forma que, a partir del 31 de diciembre de 1997, se
produjera esa prohibición definitiva que se plasmaría en una
complementación de ayudas que daría la Unión Europea para esta
reestructuración de la flota volantera francesa, pero ni sobre esta
prohibición gradual o en escalera hay consenso político en este momento.

Vemos que España se encuentra en una posición compleja, delicada, está en
una situación de soledad, porque los países punteros que disponen de una
mayor potestad política a la hora de la toma de decisiones, en
definitiva, del voto en el Consejo de Ministros, no están por la labor.

Incluso Alemania está manteniendo una postura ecléctica y no está en
contra de la prohibición definitiva porque no quiere enemistarse con el
Reino Unido y con Francia, y es compleja la situación para el sector
pesquero español. Sabemos que el Gobierno Central está realizando
innumerables gestiones al respecto, pero hasta el momento han resultado
infructuosas.

En este sentido, señor Presidente, es cuando se produce, por parte del
Gobierno, manifestación efectuada por el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, que a nivel estatal sería conveniente reexaminar --ése es
el término exacto que utilizó el Ministro en un debate parlamentario-- o
reconsiderar la prohibición española del uso de las redes de volanta.

Ha habido alguna petición concreta, por ejemplo, del puerto gallego
lucense de Burela solicitando autorización expresa al Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación para la utilización de las redes de
enmalle a la deriva.

Nuestro Grupo Parlamentario, y ya se lo hizo saber al Ministro cuando
sugirió el deseo de conocer la voluntad de los diferentes grupos
parlamentarios, el deseo de conocer la voluntad de las comunidades
autónomas y del sector pesquero, está en contra de esta reconsideración o
reexamen y piensa que sería un paso atrás de enormes consecuencias
político-pesqueras que podían originar una serie de conflictos gravísimos
entre los diferentes pescadores del Cantábrico y que era más oportuno
mantener la posición tradicional española, en la medida en que existe un
consenso con las comunidades autónomas, existe un consenso entre los
grupos parlamentarios, existe un consenso en el sector pesquero, salvo
esta pequeña excepción.

En definitiva, si España, el Gobierno central, trata de reexaminar o
reconsiderar esa postura tradicional de prohibir a su flota pesquera la
utilización de las redes de enmalle a la deriva, entraríamos en una
contradicción y en un desprestigio ante las instituciones europeas, en la
medida en que hemos sido el país baluarte, el país que ha sido puntero en
la defensa de la prohibición de este tipo de redes. Por tanto, en la
medida en que existe un consenso generalizado sector pesquero,
comunidades autónomas, Administración central, no sería conveniente
proceder a una reconsideración o reexamen, como decía el Ministro, de la
posición española, que está claramente manifestada en la regulación que
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizó en la Orden
Ministerial de 22 de octubre de 1990.

Es reciente también el documento firmado por las cofradías de pescadores
de Lugo, Asturias, Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya, en una reunión que
hubo en Santander el 11 de mayo de 1995, donde hay un pleno acuerdo de
instar al Gobierno a que no reexamine tal cuestión y que no se origine un
conflicto de consecuencias imprevisibles.




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Por ello, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario, en aras a que ha
habido un consenso generalizado sobre esta cuestión y que entendíamos que
podía ser un paso atrás lamentable reexaminarla, lo que solicita es el
mantenimiento de la prohibición del uso de las redes de volanta, que ya
lo tiene establecido el Gobierno, repito, en la Orden de 22 de octubre de
1990, y dar un impulso al Gobierno para que siga con esa política, para
que tenga el apoyo de los grupos parlamentarios, para que tenga el apoyo
de las Cortes Generales, en definitiva, del Parlamento, para lograr la
prohibición definitiva de las redes de volanta por los efectos nocivos
que sobre el medio marino y las repercusiones negativas que sobre la
actividad tradicional pesquera de las flotas selectivas se realiza en
aguas de la zona octava de la Unión Europea. En este sentido hemos
presentado esta proposición no de ley.

Para finalizar, señor Presidente, quiero hacer una última consideración
relativa a que en la costera del bonito que se ha iniciado la semana
pasada va a depender en gran medida que no haya conflictos del
cumplimiento de la normativa que actualmente está vigente y de la que
esta Cámara ha solicitado su derogación, que es el Reglamento 345/1992, y
de que la Unión Europea y los diferentes Estados miembros afectados, como
son el Reino Unido, Irlanda, Francia y España, establezcan los mecanismos
de control, de inspección, debidos en alta mar, tanto en la zona de las
200 millas como en aguas internacionales sobre los nacionales del
pabellón del buque. Ese es el marco en el que nos encontramos y es lo que
en este momento desearíamos para la costera del bonito que se inició;
esos mecanismos de control que no existieron el año pasado los Estados se
han comprometido a ponerlos en marcha y mientras no haya esa prohibición
es la única solución, que se cumpla el Reglamento 345/1992 y que esta
inspección se realice rigurosamente y sin fraudes ni conductas
subrepticias por parte fundamentalmente de los boniteros franceses e
irlandeses.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en este debate?
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Fernández de Mesa
tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señorías, yo quisiera empezar
por dejar muy claro que el Grupo Parlamentario Popular expresa su
sorpresa por la indiferencia y la falta de consideración del Gobierno
hacia esta Cámara y hacia cerca de 70.000 trabajadores que en estos
momentos tienen sus barcos amarrados en puerto. Después de haber pasado
por España la Comisaria de Pesca, señora Bonino, y dar un par de azotes
al Gobierno español para que se recomporte y se porte bien, o de haber
estado en Madrid el Ministro de Interior marroquí, el señor Basri, para
garantizar que esos 850.000 marroquíes que atravesarán en los meses de
verano el Estrecho no tengan ningún tipo de problemas a la hora de que se
realice este paso, que el Gobierno español no haya comparecido a estas
alturas, después de mes y medio, en la Cámara para dar la más mínima
explicación ante la opinión pública, por parte, no ya del Presidente del
Gobierno, sino del Ministro de Asuntos Exteriores o del propio Ministro
de Agricultura, de, primero, cómo es el transcurso de las negociaciones
entre la Unión Europea y Marruecos y, en segundo lugar...




El señor PRESIDENTE: Señor Fernández de Mesa, le ruego que se atenga a la
cuestión, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: De acuerdo, señor Presidente.

Quiero decir, y termino, que España y esta Cámara necesitan conocer
cuáles son los mínimos a los que el Gobierno está dispuesto a llegar en
esta negociación. Dicho eso, señor Presidente, y lo digo porque me
parecía oportuno hacerlo después de 45 días sin saber absolutamente nada
de lo que nuestro Gobierno está haciendo, me atengo a la cuestión, señor
Presidente.

El Grupo Parlamentario Popular entiende, en esta proposición no de ley
del Partido Nacionalista Vasco, que, de momento, sigue en vigor el
Reglamento 345/1992, que prohíbe la utilización de redes de enmalle a la
deriva, y que es cuestión de este Gobierno continuar defendiendo ante la
Unión Europea la prohibición escalonada o paulatina hasta su total
desaparición de las redes de enmalle a la deriva.

Lo que considera realmente grave y lamentable a estas alturas...

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Fernández de Mesa.

Señorías, ruego silencio.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Gracias, señor Presidente.

Lo que considera lamentable el Grupo Parlamentario Popular a estas
alturas es lo que exactamente decía en su exposición de motivos el señor
Gatzagaetxebarría, que todavía estemos pendientes de que tengamos o no
conflictos en esta costera del bonito, cuando ya llevamos unos cuantos
años teniéndolos. Y lo que es realmente lamentable es que no existan las
garantías para que nuestra flota, que va a poder realizar su trabajo, es
decir, pescar con artes, con pesca artesanal, tenga garantizado que no va
a pasar absolutamente nada.

Recuerdo que fue precisamente en Burela donde se produjeron el año pasado
los graves incidentes derivados del incumplimiento de la normativa
comunitaria por parte de Francia, de Gran Bretaña o de Irlanda. Ante la
indefinición del Gobierno, del Ministerio de Agricultura, a la hora de
dejar claro que no permitiría la utilización de estas redes de enmalle y
que continuaría defendiendo en el seno de la Unión Europea esta posición,
deja abierto, o por lo menos eso ha trascendido de las declaraciones que
ha realizado el Ministro de Agricultura, que probablemente el sector
tendría que realizar algún tipo de iniciativa diferente y que sería el
sector el que en un momento determinado debería pronunciarse sobre si
fuera conveniente o no continuar defendiendo este posicionamiento del
Gobierno español.




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Ante esta duda, ante esta indefinición, ante esta política de parcheo
permanente, los pescadores de Burela se dirigen al Gobierno diciéndole:
¡Oigan ustedes!, antes de volver a salir a la mar, nosotros queremos
saber si vamos a pescar en igualdad de condiciones que el resto de los
países o si este Gobierno tiene alguna garantía de la Unión Europea de
que se va a hacer cumplir el reglamento comunitario tanto a Francia como
a Gran Bretaña e Irlanda. Por lo que sabemos a estas alturas, no tenemos
muy claro que esto vaya a ser así. Pero yo quiero decir aquí y ahora que
espero de la Comisaría de Pesca de la Unión Europea la misma beligerancia
y contundencia con otros países que incumplen la normativa comunitaria
que la que se ha aplicado concretamente a España a la hora de hacer
determinado tipo de declaraciones.

Por ello, entendiendo que tiene razón el Grupo Vasco (PNV) en lo que
expone y que lo que vamos a aprobar hoy no está derogado en modo alguno,
el Grupo Parlamentario Popular no tiene el más mínimo inconveniente en
apoyar esta proposición no de ley, que no hará más que redundar en algo
que ya es un mandato tanto para el Gobierno español como para la propia
Unión Europea en los compromisos que ha venido adquiriendo a lo largo de
estos últimos años.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Andreu, en nombre del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor ANDREU ANDREU: El Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no va a romper el consenso que sobre este
punto ya planteó en anteriores iniciativas parlamentarias que se
sustanciaron ante la Comisión y ante el Pleno, en las cuales hubo
unanimidad de la Cámara.

Ahora bien, nosotros quisiéramos dejar bien claro que no vamos a hacer
fundamentalismo de las redes de volantas y que creemos que este asunto es
de los que deben sopesarse y verse con mayor claridad y con mayor
transparencia en el seno de la Comisión de pesca. Reclamaremos los
estudios científicos que sean necesarios para ver hasta dónde alcanzan
los efectos de las redes de volantas y de arrastre y si son posibles los
despegues con este tipo de redes.

Además, somos solidarios con la flota del norte y hemos apoyado todo lo
encaminado a que no haya discriminación con respecto a otras flotas en el
ámbito de la cornisa cantábrica y de los mares del norte de Europa, donde
faenan las flotas del norte.

Tenemos serias dudas de que esas flotas del norte tengan el mismo
comportamiento cuando faenan en el sur. Esas flotas del norte hacen la
costera del bonito, pero, cuando no, faenan en el sur y, por ejemplo,
pescan el cimarrón, que es un atún relativamente pequeño. Tenemos serias
dudas de que los comportamientos sean exactamente los mismos y que la
defensa que estamos haciendo del uso de volantas en la costera del norte
tenga la misma repercusión cuando se faena en épocas en las que que no se
realiza la costera del norte, cuando se pesca el cimarrón en el sur.

Tenemos esa duda, que quisiéramos aclarar en el seno de la Comisión de
pesca.

Para que no exista dualidad de comportamientos y que se nos llame e
incite a la Cámara para que tengamos actitudes extraordinariamente
estrictas en el norte, que luego, a lo mejor, no se ven correspondidas
por los mismos que nos las piden para el norte en el sur, también seremos
extraordinariamente vigilantes y reclamaremos que en la Comisión de pesca
se aclaren estos comportamientos.

Por tanto, vamos a seguir con este consenso, pero no es un cheque en
blanco ni es una posición indefinida de apoyo a esta situación. Estaremos
muy al tanto y muy alertas de como se faena realmente, tanto cuando
actúan en el norte como cuando actúan en el sur.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Moragues.




El señor MORAGUES GOMILA: Voy a tratar un tema reiteradamente discutido,
insistiendo en las posturas conocidas y expresadas por todos los
portavoces de los grupos políticos, y que ha sido utilizado al inicio de
su intervención por el combativo portavoz del Grupo Popular para hacer
una incursión por las aguas del Reino de Marruecos y expresar aquí que no
sabe cómo está la situación de la discusión. Yo le recomendaría que
leyera y escuchara más los medios de comunicación, porque hace 45 días
que en este país el Ministro y las autoridades pesqueras de España y de
la Unión Europea no hacen nada más que transmitir información de cómo
está esta situación. (El señor Hernández-Sito García-Blanco: ¡Si ha dicho
Carmen Romero que no se pueden leer los periódicos!--Risas.--Rumores.)
Antes de que me llame la atención el señor Presidente...




El señor PRESIDENTE: No antes; ya le llamo la atención.




El señor MORAGUES GOMILA: Antes de que continúe llamándome la atención,
voy a centrarme en la cuestión que es objeto de debate.

Decía que la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario
Vasco no se ve necesaria por el Grupo Socialista, por cuanto España sigue
manteniendo vigente la normativa del 22 de octubre de 1990. No parece una
práctica parlamentaria demasiado al uso que se tenga que reiterar de
forma continuada el mantenimiento de las leyes en vigor, porque esto
podría producir una avalancha de iniciativas de este tenor que no haría
nada más que reiterar, como digo, las actuaciones y la propia legislación
con que se nos ha dotado por parte del Gobierno o del propio Congreso de
los Diputados.

Además de lo expuesto, es sobradamente conocida la posición del Gobierno
español en la Unión Europea; ha instado en innumerables ocasiones la
prohibición de esas artes y ha manifestado su postura en contra de su uso
ante las autoridades de la Unión Europea. Basta decir que en el último
Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea, celebrado el pasado
mes de abril, los representantes españoles continuaron manteniendo su
insistencia sobre la necesaria prohibición de estas artes de pesca,
propuesta que fue nuevamente



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desestimada por el conjunto de los países que conforman la Unión Europea.

Pero sí se logró algo que entiendo que es muy importante para garantizar
precisamente la mayor tranquilidad en la costera del bonito que hace muy
pocos días se ha iniciado. Se logró un compromiso de reforzar las medidas
de control y, además, se aprobó fletar un buque de apoyo por parte de la
Comisión que se va a mantener durante toda la campaña de pesca de 1995.

Por tanto, hemos de esperar que no se vayan a producir los lamentables
acontecimientos que el año pasado tuvieron lugar a lo largo de la
conflictiva costera del bonito.

También quiero anunciar a SS. SS. que en el próximo Consejo de pesca, que
está previsto celebrarse el 15 de junio, se ha incluido otra vez el tema
de las redes de enmalle a la deriva en el orden del día y, además, se
está esperando una comunicación de la Comisión al Consejo sobre el uso de
estas artes.

Por tanto, está claro que el Gobierno español sigue manteniendo el mismo
criterio que está reflejado en la normativa prohibicionista desde el año
1990 en defensa de las artes tradicionales.

Tampoco es menos cierto que somos el único país de la región europea que
está cumpliendo las resoluciones de las Naciones Unidas acerca de la
utilización de las redes de enmalle a la deriva. Esto ha ocasionado,
naturalmente, situaciones de inferioridad en algunos sectores de la flota
de algunas regiones españolas. Por tanto, independientemente de la
postura española, lo cierto es que, a lo largo de estos meses,
representantes de la flota bonitera gallega y de la que faena en el Golfo
de Cádiz han expresado en voz alta a la opinión pública española la
conveniencia de que la Administración pesquera derogase una normativa que
prohíbe el uso de este tipo de artes, porque nos sitúa en inferioridad de
condiciones ante las flotas pesqueras de los otros países europeos que
están utilizando estas artes.

La verdad es que calificar la posibilidad de cumplimiento de las normas
europeas por parte de España de contradicción y desprestigio me parece al
menos un despropósito. Creo que el cumplimiento de la normativa, si así
se decidiera en conjunto por parte de los responsables de pesca
españoles, no se podría calificar de contradicción ni de desprestigio,
tal como ha hecho el portavoz del Grupo Vasco (PNV).

En este aspecto --ya termino señor Presidente-- vamos a tener la ocasión,
a partir de mañana, con las comparecencias en la Ponencia de las primeras
autoridades pesqueras de las comunidades autónomas, de poder trasladar
este debate ante las mismas para, por parte de la Ponencia y de la
Comisión de Agricultura y Pesca, tener un mayor conocimiento de las
demandas que estos sectores de las flotas pesqueras que están
involucradas están haciendo a nivel nacional.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER AYUDAS DIRECTAS PARA LAS
EXPLOTACIONES FAMILIARES AGRARIAS MAS AFECTADAS POR LA PERDIDA DE COSECHA
DE ALMENDRA EN ESTA CAMPAÑA, ASI COMO A INCLUIR EL ALMENDRO, A PARTIR DE
LA PROXIMA CAMPAÑA, ENTRE LAS PRODUCCIONES CUBIERTAS POR LOS PLANES
NACIONALES DE SEGUROS AGRARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000462.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de la proposición
no de ley, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, por la que se insta al Gobierno a establecer ayudas directas
para las explotaciones familiares agrarias más afectadas por la pérdida
de cosecha de almendra en esta campaña, así como a incluir el almendro, a
partir de la próxima campaña, entre las producciones cubiertas por los
planes nacionales de seguros agrarios.

Para defenderla tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, nuestro Grupo Parlamentario ya tuvo
ocasión de manifestar su opinión en relación con el tema de la cobertura
en el caso de heladas con ocasión de la interpelación y de la moción
consecuente que tuvo lugar el 30 de mayo pasado. Nosotros señalábamos que
el Real Decreto, cuyo debate de convalidación se producirá esta semana,
era insuficiente porque contemplaba la sequía, pero no los daños
producidos por heladas. Nos estamos refiriendo a las heladas en general,
pero la proposición no de ley que traemos hoy a debate de esta Comisión
se refiere a un cultivo que, aparte de haber sufrido graves daños por las
heladas este año no está regulado ni se contempla ninguna línea de
seguros que cubra esta clase de siniestros. Este año, en amplias zonas de
Cataluña y de Aragón, se han producido heladas importantes cuyos daños ya
se han evaluado --concretamente me referiré a los que ha proporcionado la
Generalitat de Cataluña--. En esta comunidad las hectáreas afectadas han
sido 34.000; en Tarragona concretamente han sido de 14.661 hectáreas y
las pérdidas se estiman en 1.000 millones de pesetas. En Lleida han sido
20.200 hectáreas las afectadas, ha implicado al 60 por ciento de la
producción y se estiman pérdidas superiores a los 3.200 millones de
pesetas.

Estamos hablando, señorías, de un cultivo que para muchas zonas es
estratégico. Es un cultivo que cumple una función socieconómica evidente,
pero también de preservación del medio ambiente. En muchas zonas de
nuestra geografía las plantaciones de almendro proporcionan un paisaje
emblemático de la cultura mediterránea, pero de seguir así, señorías,
dejando a las producciones de almendro desprotegidas y sin cobertura
efectiva por seguros agrarios, podremos observar que el abandono del que
son objeto esas zonas irá «in crescendo» y seguiremos contemplando cómo
muchos de nuestros pueblos se van despoblando y nuestra geografía se va
desertizando. Para muchas de estas zonas, señorías, no hay un cultivo
alternativo, ya que ni siquiera el viñedo está permitido. Por tanto, el
almendro



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es un cultivo tradicional que ha garantizado las rentas de mucho
agricultores a lo largo de nuestra historia y nosotros pensamos que debe
continuar ejerciendo esta función.

Por ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya presenta hoy la siguiente proposición no de ley por la que
insta al Gobierno a establecer ayudas directas para las explotaciones
familiares agrarias más afectadas por la pérdida de cosechas de almendra
en esta campaña. En segundo lugar, instamos también a que incluya al
almendro, a partir de la próxima campaña, entre las producciones
cubiertas por los planes nacionales de seguros agrarios.

Señorías, somos conscientes de lo reacia que es la Empresa Nacional de
Seguros y Agroseguro a abrir nuevas líneas de cobertura de riesgos en
agricultura, pero pensamos que en la medida en que también el seguro, no
en su totalidad pero sí en parte, es un sistema de garantía de rentas,
creemos que se está produciendo un agravio comparativo para los
productores de frutos secos, concretamente del almendro, por cuanto no
está prevista en nuestro país una línea pública de seguros para este tipo
de producción, si bien sí hay compañías privadas que aseguran el almendro
y establecen las primas correspondientes a cada variedad y a cada zona
geográfica.

En las discusiones previas a la reunión de esta Comisión se me ha
comunicado por parte de los representantes socialistas que es un poco
incorrecto pedir que se establezcan ayudas directas porque ya de hecho
hay ayudas directas para el almendro, que se establecen en pesetas por
hectárea. Efectivamente, señorías, eso es cierto, pero todos sabemos y
cuando hemos discutido sobre la sequía lo hemos podido ver ampliamente,
que en cultivos herbáceos y en otros hay ayudas que vienen de la PAC y,
sin embargo, ahora hemos fijado unas ayudas extraordinarias a través del
Real Decreto de sequía por el que se establecen moratorias, exenciones
fiscales; en cambio, nos encontramos con que cuando se trata de hablar de
las plantaciones de almendro hay una negativa rotunda a entrar a discutir
sobre ello. Señorías, hay plantaciones de almendro que han sido afectadas
por las heladas y otras que no. Las dos recibirán las ayudas directas que
están establecidas, pero hay unos agricultores, cuyas fincas han sido
afectadas por las heladas, que no tendrán los ingresos derivados de la
venta de sus productos. Por tanto, entendemos que ahí se establece una
pérdida clara de renta.

Pensamos que la proposición no de ley que presentamos hoy a la Comisión
ha de ser objeto de un especial interés por parte de los representantes
de las distintas formaciones políticas hoy aquí presentes. Estamos
abiertos a discutir enmiendas transaccionales, pero siempre que vayan en
la línea de entender que debe haber un seguro agrario y mientras no se
produzca esa situación de seguro, de cobertura del riesgo de helada para
el almendro, habrá de establecerse unas ayudas directas para los
agricultores que se dedican a este tipo de cultivo.

Ya he dicho que tendremos ocasión, además, de ver durante esta semana,
cuando se produzca el debate de la convalidación del Real Decreto sobre
la sequía, las propuestas que algunos grupos han presentado --también el
nuestro-- para que este Real Decreto no se ciña exclusivamente al tema de
la sequía, sino que contemple también el de las heladas.

Ya saben señorías que yo, como portavoz de mi Grupo, expresé que además
de ser insuficiente el Real Decreto por cuanto no contempla las heladas,
lo es también porque no contiene ayudas directas para las explotaciones
familiares agrarias que siempre son las más perjudicadas cuando se
produce una situación de catástrofe natural, como pueden ser las dos que
anteriormente he mencionado.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir en este debate?
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Voy a fijar la postura de mi Grupo sobre esta
proposición no de ley sobre la que suscribimos todo el planteamiento de
la portavoz de Izquierdas Unida porque, efectivamente, la producción de
la almendra en España se localiza fundamentalmente en zonas marginales y
donde no hay solución de cultivo alternativo. Desde que se entró en la
Comunidad Económica Europea se ha producido un descenso alarmante de
precios, pues en 1986 el precio medio de la almendra era de 147,33
pesetas y fue bajando progresivamente hasta alcanzar, en 1991, un precio
de 76,75 pesetas. Si a esto unimos que son pequeñas y medianas
explotaciones, pues las 610.000 hectáreas de producción que hay en España
están repartidas en unas 210.000 explotaciones, quiere decir que es
importantísimo el tema climatológico, aparte del económico, no solamente
por la sequía sino, como se dice en esta proposición no de ley, por las
heladas. Este problema hay que resolverlo de una vez y, ampliando los
datos de la portavoz de Izquierda Unida, tenemos que decir que en
Andalucía la estimación de producción perdida por la sequía se calcula en
unas 24.000 toneladas y por heladas unas 7.500, en total, 31.500
toneladas. En Aragón, los daños ocasionados, fundamentalmente como
consecuencia de heladas, han provocado una pérdida de 12.000 toneladas;
en Baleares, la pérdida es de un 65 por ciento, es decir, unas 1.800
toneladas; en Castilla-La Mancha las principales heladas se han producido
en la parte sur, alcanzando un 80 por ciento de su superficie, aunque la
media es de un 60 por ciento entre sequía y helada, calculándose una
pérdida de producción de 10.700 toneladas; en la Comunidad Valenciana las
pérdidas se calculan entre un 70 y un 75 por ciento, lo que equivale a
unas 60.000 toneladas; y en Murcia se calcula que ha sido aproximadamente
de un 60 por ciento con respecto a un año medio, es decir, unas 24.000
toneladas. En total, entre sequía y heladas, se calcula que este año se
han producido unas pérdidas de 140.000 toneladas, cuando nuestra
producción media está entre las 200/250.000 toneladas, lo que supone una
pérdida muy significativa, y si bien parece ser que con el decreto de la
sequía se pueden paliar los daños producidos por ésta las pérdidas
producidas como consecuencia de las heladas van a ser totalmente
irrecuperables para los agricultores; agricultores



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que llevan solicitando durante muchos años que se incluya el almendro en
el Plan Nacional de Seguros Agrarios, cosa que hasta ahora no se ha
conseguido.

Yo esperaba no haber tenido que intervenir después de haberlo hecho la
portavoz de Izquierda Unida puesto que pensaba que el Grupo Socialista
presentaría una enmienda por la que se comprometiese a presentar un texto
alternativo que todos podríamos apoyar respecto a esta proposición no de
ley, pero si simplemente se trata, como ha anunciado la portavoz de
Izquierda Unida, de un compromiso verbal por parte del Grupo Socialista,
realmente me merece muy poca credibilidad por las reiteradas solicitudes
que se han producido en esta Cámara sobre este tema. Por ejemplo, en
febrero de 1987, en una proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular, defendida en aquella ocasión por el señor Ramírez, el portavoz
del Grupo Socialista, señor Tárrega, decía lo siguiente: No se puede
aprobar esta proposición no de ley puesto que el Grupo Socialista y el
Gobierno están por el seguro agrario combinado para el almendro y lo
establecerán en un tiempo próximo. Evidentemente yo no soy quien para
fijarlo en estos momentos, pero, de acuerdo con la política general del
Gobierno en seguros agrarios combinados, no tenga la menor duda el Grupo
Popular de que se atenderá también este cultivo tan importante para
España. Esta declaración se producía en febrero de 1987. En septiembre de
1990, en una pregunta oral efectuada en el Pleno, el entonces Ministro
Romero, refiriéndose al tema del seguro de helada de los almendros, decía
lo siguiente: Además, tengo que decirle que creo que hemos progresado en
el tema de la almendra y que incluso el acuerdo técnico suscrito por la
Comunidad de Murcia nos permitirá tener elementos, no para incluirlo o
no, sino para que pueda ser viable un seguro. Ni usted ni yo adelantamos
nada queriendo que determinados seguros pasen a ser una realidad si las
condiciones que se establecen en un tema tan complejo como el de frutos
secos (en este caso de la almendra) lo hacen realmente difícil. Por eso,
para ser serios, nuestra obligación es continuar, intensificar e intentar
incluirlo, si los resultados son viables, en el tema del seguro, una vez
concluidos los estudios oportunos que, en el caso de la almendra, están
muy avanzados, por lo menos en el caso de la almendra de regadío. Esta
contestación se producía en septiembre de 1990 y ese estudio no ha
llegado, ni se ha dicho a esta Cámara se existen estudios que digan que
sea viable o no, y ahora parece ser que, verbalmente, se ha llegado a un
nuevo compromiso para traer uno nuevo.

Ya han pasado bastantes años, yo creo que ese estudio se ha podido
realizar, pero lo cierto es que los agricultores no pueden suscribir el
seguro de la almendra. Por tanto, señorías, nuestro Grupo va a votar
favorablemente esta proposición no de ley, aunque esperábamos que
existiese un compromiso formal que figurase en el «Diario de Sesiones»,
que por lo que veo no se va a producir, para evitar, en un tema tan
importante, el efecto social negativo que pueden producir las pérdidas
del cultivo del almendro, como es el despoblamiento de muchos pueblos, en
su mayoría en zonas marginales, así como problemas de erosión y
medioambientales. Creemos que es totalmente necesario que se apruebe esta
proposición no de ley y, por ello, mi Grupo Parlamentario la va a votar
favorablemente.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Velasco.




El señor VELASCO RODRIGUEZ: En primer lugar, quiero decir que el Grupo
Socialista va a presentar una enmienda de sustitución, es decir, no se
trata solamente de que hayamos mantenido una conversación con el Grupo de
Izquierda Unida. El,orden de intervenciones y el hecho de que hayamos
estado trabajando en ella en los minutos anteriores al debate de esta
proposición no de ley ha hecho que no hayamos podido entregarla a la Mesa
y supongo que por eso el Presidente no me ha concedido la palabra. Esa
enmienda la leeré posteriormente, pero previamente quería poner de
manifiesto la valoración del Grupo Socialista en este tema.

En primer lugar, he de decir que estamos estudiando la posible inclusión
de un producto tan importante para ciertas zonas españolas, como es el de
la almendra, que requiere un análisis detallado en cuanto a su
problemática específica; problemática que ha sido recogida en distintas
ocasiones y que ha sido tratada, año a año, cuando se hace la valoración
de los seguros de combinados. En ese sentido, hay que tener en cuenta que
deberemos estudiar las fórmulas adecuadas para no desvirtuar el propio
seguro agrario. Por otro lado, he de decir a los representantes de los
demás grupos parlamentarios que estamos pidiendo también un equilibrio
financiero en el propio seguro, por ello, cualquier inclusión de nuevas
líneas tiene que ser perfectamente analizada y estudiada para que no
desvirtué su propia filosofía.

Como saben SS. S.S., la producción de almendra está sometida en España a
fuertes oscilaciones, lo que ha llevado a los productores a plantear con
insistencia la necesidad de establecer algún tipo de seguro que garantice
una cierta estabilidad de sus ingresos y que les permita afrontar el
futuro con un mayor grado de tranquilidad. Una de esas medidas sería el
establecimiento de un seguro de helada en el almendro dentro del sistema
de los seguros agrarios.

Los estudios realizados hasta el momento ponen de manifiesto que existe
una gran dificultad en la valoración del daño puesto que en los diversos
procesos que originan pérdidas sobre la producción esperada intervienen
múltiples factores que presentan, en muchos casos, una sintomatología
similar a la helada y que en la actualidad resultan difíciles de
deslindar en el campo con una cierta fiabilidad. A pesar de ello, como
también se ha indicado a lo largo del debate, en las últimas campañas se
ha producido un aseguramiento por parte de las empresas privadas y el
resultado ha sido la obtención de una experiencia negativa, es decir, ha
habido muy poco seguro efectuado, las primas han sido muy altas y, por
tanto, tendremos que intentar incluirlo dentro del seguro agrario, con
unas subvenciones específicas por parte del Estado que permitan
equilibrar las pérdidas con las primas que tendrán que pagar los
agricultores. Con ello, lo que el Grupo Socialista quiere manifestar es
su preocupación por el tema, añadiendo que estamos claramente



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a favor de que se incluya el almendro en la línea de los seguros agrarios
combinados, debiendo quedar claro lo que manifiesta la Ley de Seguros, en
su artículo tercero, en el que se refiere a los daños ocasionados a las
producciones agrarias a causa de variaciones anormales de agentes
naturales. Es decir, no podemos llevar al seguro problemas de normalidad.

En ese sentido, sabemos que hay ciertas zonas que están en el límite en
cuanto a altitudes o en cuanto a las propias variedades existentes.

También sabemos que existen zonas tradicionales de almendro, que serán
las que realmente tendrán que estar incluidas dentro de esta línea de
seguros.

Por todo lo anterior, el Grupo Socialista quiere presentar una enmienda
de sustitución, que dice lo siguiente: El Congreso insta al Gobierno para
que, antes del 1 de octubre, aporte a la Comisión de Agricultura los
estudios necesarios para fijar las condiciones que permitan establecer el
seguro de helada en almendro. Estos estudios deberán contemplar tanto las
posibles zonas de aseguramiento como altitudes límite, condiciones de
cultivo, variedades y primas por zonas. En tanto se fije la línea de
seguro de helada en almendro han de establecerse, en coordinación con las
comunidades autónomas, ayudas directas para las explotaciones familiares
agrarias afectadas por este siniestro.

Esa es la enmienda de sustitución que pasaré ahora a la Mesa y que
esperamos sea tenida en consideración por el resto de los grupos,
entendiendo que en esta fecha del 1 de octubre podremos debatir en
Comisión cuáles son los parámetros para que se pueda fijar el seguro,
pero que a la vez podamos garantizar que no se produzca un desequilibrio
total de los seguros combinados, porque si no, en la siguiente reunión de
la Comisión nos van a llamar la atención porque hay un déficit
importante. Por tanto, hay que llevarlo al reequilibrio y llegar a un
acuerdo entre todos, que creo que es fácil de conseguir en este momento.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, si puede, haga llegar a la Mesa el
texto de la enmienda.

Tiene la palabra la señora Rivadulla a los efectos de aceptar o no la
enmienda presentada.




La señora RIVADULLA GRACIA: En la medida en que se recoge el compromiso
del Grupo Socialista de aportar a esta Cámara antes del 1 de octubre, los
estudios, que por lo que aquí se ha dicho deben estar más que realizados,
sobre la cobertura del almendro en cuanto al seguro agrario, estaríamos
de acuerdo con esta enmienda transaccional, sobre todo, porque recoge que
mientras estas líneas de seguro no entren en vigor, se preverán ayudas
directas, en coordinación con las comunidades autónomas, para aquellas
explotaciones afectadas por las heladas.




--RELATIVA A LA ADOPCION DE MEDIDAS IMPUGNATORIAS POR EL GOBIERNO EN
RELACION A LA ILEGAL TRANSFERENCIA DE CUOTA DE ANCHOA, PLASMADAS EN EL
INTERCAMBIO DE CUOTAS PESQUERAS ENTRE PORTUGAL Y FRANCIA. PRESENTADA POR
EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000491.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de la tercera de
las proposiciones no de ley, del Grupo Parlamentario Vasco, relativa a la
adopción de medidas impugnatorias por el Gobierno en relación a la ilegal
transferencia de cuota de anchoa, plasmada en el intercambio de cuotas
pesqueras entre Portugal y Francia.

A esta proposición el propio Grupo Parlamentario Vasco ha presentado una
enmienda. Para defenderla y defender el texto de la proposición, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Hay que tener en cuenta que la
política pesquera comunitaria, en definitiva, lo que establece es un
mínimo común denominador pesquero, tanto en las vertientes de estructuras
como de mercados como de recursos, y que ello habilita a que los
diferentes Estados, dentro de este mínimo común denominador, puedan
realizar operaciones de transacción de cuotas y llegar a acuerdos en
virtud de los cuales se limiten los períodos de captura. Esa es una
práctica habitual que se ha producido, por ejemplo, entre Francia y
España desde antaño, pero, si nos atenemos a la historia más reciente,
desde mayo de 1992 ha habido dos acuerdos: el de mayo de 1992 y el de
mayo de 1994, que es el que actualmente está vigente y cuyo ámbito de
aplicación vence el próximo 30 de junio. En definitiva, esta política de
acuerdos dentro del marco general de la política sobre recursos está
autorizada y es reflejo del principio de subsidiariedad que tienen los
Estados de poder ejecutar políticas propias, dentro de la política
general, en cuanto a estructuras pesqueras, a mercados o a recursos --en
este caso, la proposición no de ley se refiere a los recursos-- que
establece la normativa comunitaria y, en definitiva, el derecho
comunitario.

En este sentido, España y Francia, como he señalado anteriormente,
llegaron a un acuerdo en mayo de 1994, sobre el ejercicio de la actividad
pesquera en el Golfo de Vizcaya, tanto la pesquería de la especie
contingentada, como el boquerón o anchoa, como sobre la especie no sujeta
a TAC y libre en cuanto a su pesquería, como es el bonito.

En este mismo sentido, en diciembre de 1994, con ocasión de las
negociaciones pesqueras relativas a la integración de España en la
política pesquera común, hubo una serie de acuerdos bilaterales: España
con Francia, Francia con Portugal, Bélgica con Francia, etcétera, y se
produce una transferencia de cuota pesquera de anchoa de España a Francia
y, a su vez, una transferencia de Portugal a Francia. Con ello, se tiende
a un reconocimiento, a una legalización, a una legitimación del
incremento desmesurado de la flota pesquera francesa, en concreto la que
utiliza el arrastre pelágico, en los últimos años. Y como muestra bien
vale un botón, en el Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, de
un TAC de 30.000 toneladas se reservaban 27.000 para España y 3.000 para
Francia, por la sencilla razón de que a la pesquería de la anchoa
únicamente se dedicaban los buques pesqueros del sur de Francia



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que utilizaban artes tradicionales de cerco. No obstante, en los últimos
años, fundamentalmente a partir de 1989, Francia, como señalaba antes, ha
efectuado un incremento impresionante de la flota pelágica. Por lo tanto,
la cuota de 3.000 toneladas que tiene, según el Tratado de Adhesión, es
absolutamente insuficiente. En ese contexto es en el que se produce
intercambio de cuotas entre España y Francia e intercambio fraudulento
--lo que es objeto hoy de la proposición no de ley-- entre Portugal y
Francia.

Decimos fraudulento, señor Presidente, porque el Reglamento en el que se
determinan los acuerdos generales en materia de pesca, con motivo de la
integración española en la PPC (en la política pesquera común), es el
Reglamento 685/95, de 27 de marzo, del Consejo de Ministros. En uno de
sus anexos materializa los diferentes intercambios o acuerdos bilaterales
de pesca y en el punto primero, referente al acuerdo entre Francia y
Portugal, se dice que Portugal cede a Francia el 80 por ciento de sus
posibilidades respecto a la pesquería del boquerón o de la anchoa en las
zonas Novena B) y Octava C), para que pueda ser pescada directamente por
Francia en sus aguas jurisdiccionales o sujetas a su soberanía, en
definitiva, a las zonas Octava A), Octava H) y Octava B). Es ahí donde se
produce el fraude, señor Presidente, porque la teoría general del
funcionamiento de la política pesquera común, materializada en el
Reglamento básico del año 1983, así como en el Reglamento básico del año
1992, juntamente con la jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia
de Luxemburgo, al interpretar el concepto pesquero de la estabilidad
relativa, viene a decir que la estabilidad relativa es un porcentaje, una
clave de reparto que se establece a cada uno de los Estados miembros de
la Unión sobre una especie pesquera concreta y en una zona geográfica
pesquera concreta. Si aquí existe un TAC distribuido de conformidad con
este concepto jurisprudencial pesquero del Tribunal de Luxemburgo en
diferentes zonas pesqueras, ¿qué es lo que se materializa? Que lo que
Portugal ha de pescar en la zona Novena A) y en la zona Octava C) no es
pescado por Francia. El intercambio se puede hacer siempre que se
respeten los dos requisitos que se establecen por la reglamentación; el
TAC y la zona geográfica pesquera. Pues bien, aquí se produce ese fraude,
no se respeta la zona geográfica pesquera y lo que se ha de pescar en
esas dos zonas se transfiere a Francia. No impugnamos la transferencia,
sino el lugar donde ha de pescarse, en las zonas Octava B), Octava A) y
Octava H). Eso es lo que no se puede consentir por parte del Gobierno
español, por parte de este Parlamento. En este sentido, Es esclarecedora
la posición que el Gobierno central realizó nada más conocerse este
ámbito de la negociación, el 20 de diciembre de 1994, cuando los
responsables de la delegación española, encabezada por el Ministro
Atienza y por el Secretario General de Pesca, señor Loira, hicieron una
declaración política de contrariedad sobre tal cuestión. Incluso el
Ministro fue más allá y llegó a manifestar literalmente, en el debate que
tuvimos sobre la plena integración en la Comisión Mixta para asuntos con
la Unión Europea, el 29 de diciembre de 1994, que la delegación española
está en contra de este acuerdo adoptado fraudulentamente y que en el
momento en que se instrumentara el acuerdo, en definitiva, la plasmación
en el derecho comunitario, en una norma jurídica, en derecho positivo, de
los acuerdos políticos que no son nada más y nada menos que los
manifestados en este derecho positivo que es el Reglamento 685/95, es
cuando había que adoptar medidas al respecto.

Nuestro Grupo Parlamentario presentó la presente proposición no de ley
que debatimos, impugnando, dentro de la totalidad del Reglamento que
trata de innumerables cosas, una cuestión concreta, como es el objeto de
la proposición no de ley que está en el apartado primero, epígrafe uno,
punto i), que es lo que, en definitiva, España considera que se ha
infringido; esto es, tanto la reglamentación básica actualmente vigente
del Reglamento de estructuras de mercados y de recursos de 1993, como la
jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, abundantísima, por otra parte,
en cuanto al alcance, al contenido, al sentido y a la estabilidad
relativa que se le otorga tanto en cuanto a la especie en relación al TAC
como a la zona geográfica pesquera a desarrollar. Por eso es por lo que
hemos presentado esta proposición no de ley. Hemos tenido conocimiento
por parte de los responsables del Grupo Parlamentario Socialista de que
el Gobierno, el último día de plazo, ha presentado una impugnación. Por
tanto, nuestro grupo parlamentario se felicita de que el Gobierno haya
ido en esa línea política, que, en definitiva, es ser correspondiente y
coherente con lo que el Ministro ya manifestó en el Parlamento de actuar
cuando se materializara y se instrumentaran los acuerdos políticos en el
Reglamento en cuestión. No ha podido debatirse la proposición no de ley
en cuestión, puesto que ha habido período electoral en el que la Comisión
no ha desarrollado una actividad ordinaria.

Y para finalizar, señor Presidente, indicarle que nuestro Grupo
Parlamentario ha presentado una enmienda el pasado viernes de adición a
la proposición no de ley en virtud de la cual concretamos los mecanismos
impugnatorios que el Tratado de la Unión Política y Económica Europea
atribuye a los diferentes Estados miembros, bien sea por el recurso del
artículo 173 del Tratado de la Unión, que sería el recurso de anulación
de esta parte concreta del Reglamento, o, en su caso, el procedimiento
del artículo 184, también del Tratado de la Unión, y que lo planteamos
con carácter alternativo en caso de que no sea efectivo el recurso
impugnado efectuado por el Gobierno a través del procedimiento del
artículo 173.

Por tanto, con esas consideraciones y con esa contextualización del
debate a la realidad política y pesquera actual, al día 13 de junio y con
los acontecimientos habidos la semana pasada y con la actuación que ha
efectuado el Gobierno, materializaríamos a la actualidad política y a la
realidad del día de hoy la proposición no de ley con esas pequeñas
consideraciones y anotaciones que realizaríamos tanto en la parte
resolutiva como en la parte expositiva de la proposición no de ley, donde
sí nos gustaría que constase que el Gobierno ya ha efectuado la
impugnación, lo cual satisface a este grupo parlamentario y creo que a
esta Cámara, porque así lo había planteado el Gobierno y así se había
comprometido a hacer el Ministro Atienza en esta Cámara.




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El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean intervenir en esta debate?
(Pausa.) En nombre del Grupo Popular, el señor Fernández de Mesa tiene la
palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señorías, el Grupo Parlamentario
Popular entiende que esto es, una vez más, una agresión a lo que son los
intereses pesqueros de España y, en este caso concreto, lo que supone el
Tratado de la Unión, de tener prácticamente el 90 por ciento de la pesca
a la que se refiere la proposición no de ley actual con un TAC de 27.000
toneladas y Francia encontrarse con 3.900 toneladas, prácticamente el 10
por ciento de la cuota que tendría derecho a faenar, con el paso del
tiempo nos hemos encontrado con que después de este acuerdo al día de la
fecha Francia cuenta con el 45,50 por ciento de la cuota, es decir, con
17.300 toneladas y España la ve reducida al 54 por ciento.

Con esto quiero decir que, una vez más, vemos cómo España, de una manera
constante, va perdiendo cuotas y va perdiendo terreno en el campo de la
pesca y, sin embargo, aquí nos limitamos a estar permanentemente en el
muro de las lamentaciones haciendo declaraciones de todo tipo, en este
caso concreto desde diciembre del año de 1994, pero no consiguiendo
absolutamente nada positivo para el sector pesquero español. Y lo que
quiero decir muy claramente es que España duplica y más que duplica la
flota que tiene Francia, y hasta que el Gobierno español no asuma de una
vez por todas que la flota pesquera española es la primera flota de
Europa, el primer país consumidor del mundo en pesca y la cuarta potencia
mundial en número de barcos de pesca, y hasta que sepamos defender esta
posición española en el marco internacional y que si hay reducciones sean
proporcionales y no unilaterales, el campo de la pesca en España
terminará perdiendo terreno absolutamente en todas y cada una de sus
modalidades.

Nosotros entendemos oportuna la presentación de esta proposición no de
ley por parte del Partido Nacionalista Vasco, y también entendemos que en
modo alguno es una proposición no de ley caprichosa ni los motivos son
caprichosos, porque detrás de estas cuotas que se asignen a unos u a
otros países, al margen de lo que España pueda pensar o no en el seno de
la Unión Europea, nosotros creemos que para mover una coma en cualquiera
de los tratados que existen en la actualidad España tiene mucho que
decir, sobre todo en materia de pesca, y lo que tiene que tener muy claro
nuestro Gobierno y la propia Unión Europea, tanto Francia como Portugal,
es que a la hora de comercializar esa pesca, de la que parece que estamos
privando a otros países, España, nuestros comerciantes, nuestros propios
pescadores se ven perjudicados no sólo en el terreno de las capturas,
sino en el campo comercial, una vez que entran las importaciones en
juego.

Por ello, nosotros entendemos positiva la presentación de esta
proposición no de ley, nos alegramos de que, si se confirma, el Gobierno
haya tomado esta iniciativa el pasado viernes después de que esta
proposición no de ley haya entrado en el Parlamento hace más de un mes,
pero lo que hay que hacer ahora no es simplemente presentar el papel,
sino que nosotros hacemos desde aquí un llamamiento al partido del
Gobierno, el Partido Socialista, para que continúe presionando a este
Gobierno para que siga este acuerdo y para que llegue a buen puerto y
termine, realmente, como todos esperamos aquí, no con la mera
presentación de un documento que después se olvide y que con el paso de
los meses tengamos que decir que lamentablemente tampoco se nos ha hecho
caso en este acuerdo.

Por ello, como no hacemos más que votar algo que, según el Partido
Socialista, ya está presentado y como lo que redunda no daña, en este
caso concreto nosotros vamos a votar favorablemente la proposición no de
ley con las enmiendas presentadas por el Grupo Vasco (PNV).




El señor PRESIDENTE: En nombre de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Está claro que en lo que se refiere a los
aspectos resolutivos, esta proposición no de ley ha quedado traspasada
por el hecho de que el Gobierno haya presentado el recurso que esta misma
proposición no de ley reclama. Pero, aparte de que estos aspectos
resolutivos de alguna manera lo único que pueden hacer es que esta
Comisión ratifique lo que ya de alguna manera el Gobierno ha ejercido,
creo que al menos conviene dejar plasmadas algunas opiniones de los
diferentes Grupos parlamentarios.

En lo que se refiere a las de mi Grupo, considera que esta situación que
se ha producido del reparto del TAC de la anchoa y los diferentes
acuerdos que se han producido entre los distintos países de la Comunidad
Europea, lo que viene a ratificar es que la estrategia de negociación que
generalmente viene defendiendo el Secretario General de Pesca y de la
cual se siente tan orgulloso de ir trapicheando por un lado y por otro,
jugar con el TAC de la anchoa para, por otra parte, tapar el hueco del
reparto del TAC de otro tipo de especies, es una estrategia que, en
última instancia, no va a ningún lado y se está demostrando que este
juego del trile, de hacer de trilero, de intentar demostrar que se es más
listo que nadie jugando en terrenos pantanosos, al final es algo que
redunda en contra de los intereses de nuestra flota.

Yo no iré a decir que nuestra flota tenga que ser ni la mayor, ni la
mejor, ni la que más pesque ni que tengamos que tener una jerarquía con
el conjunto de la flota. Yo creo que hay que llegar a una situación de
racionalidad con el conjunto de nuestra flota, y esto, desde luego, no se
va a lograr intentando hacer «trampas» --entre comillas-- o jugando en el
alambre, porque al final se puede caer del alambre nuestra política
pesquera, y nuestra política pesquera en Europa ha estado jugando
demasiado tiempo en el alambre.

A nosotros, por lo tanto, nos parece bien que se plantee este recurso,
estamos de acuerdo con ellos, pero reclamamos mayor seriedad por parte de
la Secretaría General de Pesca. De alguna manera, estos repartos de TAC
han sido perfectamente conocidos por parte del Gobierno durante muchísimo
tiempo y no se ha actuado contra ellos, y no se ha actuado contra ellos
pensando que dejando pasar el asunto se obtenían beneficios en la captura
de otras especies. Yo creo que ya se ha demostrado que esto no va a
ningún lado y confiamos en que haya una rectificación en



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la dirección de la seriedad, una rectificación importante de la política
pesquera española con respecto a Europa.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Moragues tiene la palabra.




El señor MORAGUES GOMILA: Habiendo plena coincidencia con lo expuesto por
el Grupo Parlamentario Vasco y una vez que el Gobierno español ya ha
presentado la impugnación que proponía originariamente la proposición del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el Grupo Socialista acepta las
autoenmiendas que ha presentado el Grupo proponente y va a votarlas a
favor porque están en la misma línea de actuación que ha venido
desarrollando el Gobierno.

La verdad es que, después de las intervenciones del Grupo de Izquierda
Unida y del Grupo Popular, tengo que decir que ya no tengo tanta plena
coincidencia, porque creo que estos Grupos han entendido poco cuál es la
motivación que ha hecho que el Grupo Vasco (PNV) presentara esta
proposición no de ley.

Aquí no se trata de que la política pesquera española que viene
defendiendo España en el conjunto de la Unión Europea haya estado más o
menos tiempo en el alambre o se califique de trilera o de trapicheo. Creo
que éstos son adjetivos chuscos que no favorecen para nada el debate ni
el acuerdo entre los miembros de la Comisión. Yo le tengo que decir aquí
que la base por la cual el Grupo Vasco (PNV) ha presentado esta
proposición no de ley es un reparto que desde el primer momento fue
calificado de fraude de ley por parte de los responsables de la política
pesquera española. Este fraude de ley ponía en relación a Portugal y
Francia y España no participaba en absoluto, pero el mismo día en que los
responsables pesqueros españoles tuvieron conocimiento de que este
traspaso de TAC se podía producir, España hizo unas declaraciones, que ha
recordado muy oportunamente el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. En
este sentido, creo que el Gobierno español ha actuado de forma
responsable, esperando, además, a finalizar el plazo para presentar la
impugnación, con el fin de que no se produjera algún tipo de represalia
por parte de otros gobiernos que podrían haber entorpecido también
algunas de las cláusulas del Tratado y de la política común de pesca. Yo
creo que ha actuado con la máxima responsabilidad que podía pedírsele, y
no puedo decir lo mismo de algunas intervenciones de algunos portavoces
de los grupos que componen esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Debatidas ya las proposiciones no de ley, a
continuación vamos a votarlas.

En primer lugar, vamos a proceder a la votación de la primera de las dos
proposiciones, si no hay inconveniente por parte de ningún Grupo, que es
la del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), relativa a la prohibición de las
redes de volanta para los buques de pesca.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.

En segundo lugar, vamos a votar la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, relativa a las
pérdidas en la cosecha de almendra, así como para incluir el almendro en
los seguros agrarios, a la cual se ha presentado una enmienda
transaccional de sustitución del Grupo Socialista, que creo que todos los
grupos conocen.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.

Finalmente, votamos, con las dos autoenmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco, la proposición por la que este Grupo solicita la adopción de
medidas impugnatorias por el Gobierno en relación con la ilegal
transferencia de cuotas de anchoa.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, quizá algunos
portavoces de los grupos parlamentarios no conocen el contenido exacto de
las autoenmiendas que se han presentado a última hora. Por lo tanto, yo
le sugeriría que procediera a su lectura. Gracias.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, a la parte expositiva de la
proposición no de ley se le añade: «considerando que el Gobierno ya ha
presentado la impugnación del acuerdo pesquero entre Portugal y Francia
el pasado día 1 de junio». A la parte resolutiva se le añade: «si la
impugnación efectuada por el procedimiento del artículo 173 del Acuerdo
pesquero entre Portugal y Francia, de diciembre de 1994, Reglamento
685/95, anexo 1.º, 1, primero, no resultase efectivo, se haga uso del
procedimiento impugnatorio del artículo 184 del Tratado de la Unión».

Se somete a votación en los términos expuestos.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.

Agotado el orden del día, agradezco su atención.

Se levanta la sesión.




Eran la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.