CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 517
REGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS
PRESIDENTE: DON FRANCISCO GILET GIRART
Sesión núm. 23
celebrada el miércoles, 7 de junio de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Ministro de la Presidencia (Pérez Rubalcaba), para informar
sobre la situación actual del archivo óptico de la Expo. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular (número de expediente 213/000579). Esta
comparecencia ha sido cumplimentada por el Ministro de Economía y
Hacienda. (Página 15842)
--Del señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social (Griñán Martínez),
para informar de los planes del Gobierno en relación a los funcionarios
de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y la Tesorería General
de la Seguridad Social. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 213/000570). (Página 15849)

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Se abre la sesión a las diez de la mañana.




COMPARECENCIAS:



--DEL SEÑOR MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (PEREZ RUBALCABA), PARA INFORMAR
SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL ARCHIVO OPTICO DE LA EXPO. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
213/000579.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se inicia la sesión.

En primer término, damos la bienvenida al Ministro de Economía y
Hacienda, señor Solbes, en su primera comparecencia ante esta Comisión,
al menos en lo que a esta V legislatura se refiere.

En consecuencia, pasamos a debatir el orden del día, entrando en el punto
primero: Comparecencia del señor Ministro de Economía y Hacienda --que
sustituye a don Alfredo Pérez Rubalcaba, Ministro de la Presidencia--, a
petición del Gobierno y habiendo prestado conformidad el Grupo
Parlamentario Popular, solicitante de la comparecencia, y por acuerdo de
la Mesa, para informar sobre la situación actual del archivo óptico de la
Expo.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Presidente,
voy a intentar ilustrar a la Comisión con mis limitados conocimientos
sobre el tema, esperando que podamos clarificar alguno de los puntos
pendientes.

De acuerdo con la información disponible en el ministerio a través de la
sociedad Agesa, el archivo óptico de la Expo tiene como objetivo
fundamental llevar a cabo un archivo histórico-documental, que no tiene
como finalidad básica sustituir al archivo documental normal que se pone
en marcha. Se utiliza un determinado procedimiento contratado con la
empresa Olivetti; ese procedimiento incluye la utilización de discos de
tecnología «worm», que son aquellos que permiten la grabación de una sola
vez, con lectura ilimitada y no admiten borrado ni sobreimposición; que
en el archivo óptico se incluyen tres bases de datos: la realizada para
la documentación administrativa, los artículos de prensa desde 1985 hasta
mediados de noviembre de 1992 y la división de concesión de suministro
mediante la aplicación de una determinada tecnología llamada «computer
output to light lasar-disc».

El proyecto termina en diciembre de 1992, cuando finaliza la Expo, y en
la información disponible hasta ese momento, como dice el proyecto, es
decir, la colaboración con Hispano Olivetti está contenida en 33 discos,
que se encuentran en perfecto estado y debidamente almacenados.

El sistema, que es un sistema informático, según parece, bastante
delicado, sufre varias averías en los años 1992 y 1993. En el año 1993
tiene una última avería que no se ha reparado aún. ¿Por qué no se produce
esta reparación, y creo que éste es uno de los puntos básicos que
preocupan a SS. SS.? Por dos razones. Primera, porque el objetivo
fundamental que podría tener la reparación, que es disponer de la
información que pueda solicitar el Tribunal de Cuentas o cualquier otra
institución, no es imprescindible en la medida que los archivos
documentales permiten acceder a esos datos sin ningún tipo de dificultad,
dado que toda la información sobre los expedientes administrativos de la
Expo está documentada y archivada de acuerdo con procedimientos
convencionales.

Segunda razón, respecto de la reparación. Si hay 33 discos en perfecto
estado que se pueden leer, los pongamos en marcha o reparemos para que se
pueda hacer; sin embargo, la empresa actualmente titular de este elemento
informático, primero, no lo está utilizando, porque es un sistema
informático excesivo para las necesidades de la empresa en el momento
actual; segundo, tiene previsto trasladarlo al nuevo archivo que se va a
poner en marcha en La Cartuja con toda la base de datos de la Expo-92 y,
en ese sentido, se trasladará a la Junta de Andalucía. Según me informan
los responsables de la empresa, la decisión de no llevar a cabo la
reparación en el momento actual se deriva de que al ser un elemento muy
delicado, parecería razonable que cualquier puesta a punto se hiciera en
un momento posterior, una vez que físicamente se haya hecho el traslado.

Esta es la información de que dispongo en este momento y la que puedo
facilitar a SS. SS. Dicho en otros términos, implicaría cierto coste, que
no está definido; ese coste podría ser inútil en la medida que el
traslado del sistema de lectura, dada su delicadeza, no garantizaría que
funcionase bien en su nueva ubicación; tercero, no parece imprescindible,
dado que existe ya la documentación técnica o que existe toda la
documentación administrativa disponible mediante el sistema normal de
archivo de procedimiento convencional y, por tanto, no parecía
recomendable hacer la inversión en el momento actual.

Esa es la situación, ésas son las razones y lo que puedo informar a SS.

SS.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo autor de la iniciativa, tiene la
palabra don Andrés Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, doy la bienvenida en nombre de
mi Grupo al señor Ministro, que, por cierto, creo que tiene mérito su
presencia aquí, primero, porque nosotros no la habíamos pedido, habíamos
solicitado la del señor Pérez Rubalcaba, y, segundo, porque él mismo
reconoce sus limitados conocimientos. No sé si ésa es la razón para que
haya sido enviado, precisamente para contestar a nuestras preguntas, pero
resulta un tanto sorprendente, o si admitiría que con sus limitados
conocimientos es el que más conoce, dentro del Gobierno, sobre estas
cuestiones.

En todo caso, señor Ministro, empezaría con una mínima intervención,
porque creo que hay que situar la cuestión que nos ocupa, recordándole
algo muy elemental, pero que desde el partido del Gobierno, al que no sé
si usted pertenece o no, pero en todo caso se sentirá vinculado a su
gestión, se olvida con frecuencia y está pagándolo muy



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caro, y es en qué consiste la responsabilidad política, que es algo muy
distinto de la posible responsabilidad penal o administrativa, jurídica
en general. La responsabilidad política es algo incompatible con el
principio de presunción de inocencia, que es propio de la responsabilidad
penal, y cuyo traslado a la política daría lugar a un curioso principio,
que sería el de presunción de confianza. Parece que el partido del
Gobierno y el Gobierno mismo presumen de que la confianza de los
ciudadanos en ellos es obligada y los hechos y las elecciones demuestran
que no es verdad. Para ganarse la confianza del ciudadano hace falta dar
pruebas; así como para desmontar la presunción de inocencia hay que
probar, para ganarse la presunción de confianza hay que dar pruebas de
que se merece esa confianza, y de la presunción de confianza sin pruebas
se pasa con facilidad al abuso de confianza.

Voy a trasladarle, señor Ministro, algunos hechos que, por lo visto,
usted ignora, en relación al archivo y a la contradictoria actitud que el
Gobierno ha ido manteniendo respecto al archivo y respecto a la
fiscalización que el Tribunal de Cuentas está en estos momentos llevando
a cabo, que se traducirá en unas preguntas muy concretas que agradecería
me contestara.

Actitud del Gobierno sobre el archivo. El 14 de octubre de 1994 se afirma
al Tribunal de Cuentas que el archivo no es susceptible de utilización y
se justifica la no reparación por su alto coste. Tengo un documento donde
se dice exactamente eso. Usted acaba de decir, aceptando claramente la
confianza de los ciudadanos, que no se sabe el coste de la reparación.

Por tanto, se ha negado al Tribunal de Cuentas el acceso al archivo
justificando que no se repara por su alto coste y usted confiesa hoy aquí
--y el Gobierno lo había admitido también en febrero de 1995-- que no se
sabe cuánto cuesta porque no se ha planteado evaluar el coste.

La única información adicional que usted ha aportado hoy es algo para mí
novedoso, y es ese traslado físico que, de pronto, una sociedad que
depende del Gobierno ha sentido de trasladar el archivo óptico de sitio.

Hasta ahora sobre eso no había ninguna información; es una cosa de última
hora, esas prisas por el traslado que, por lo visto, han surgido ahora.

El 22 de noviembre de 1995 (fíjese que son cinco meses después de haberse
negado la reparación al Tribunal de cuentas por su alto coste) el
Gobierno afirmaba que no podía determinar el coste. Este Diputado
preguntó entonces cuánto costó la última reparación, porque eso ya nos da
una pista. Usted por lo visto no lo sabe, porque si lo supiera lo habría
aportado aquí, ya que es un dato relevante. La última reparación del
archivo óptico, según información del Gobierno a este Diputado, del 10 de
mayo pasado, realizada en el segundo semestre de 1993, días antes de que
el Tribunal de Cuentas apareciera por allí, costó 1.278.000 pesetas.

De estos hechos que le he expuesto ya surgirían dos series de preguntas,
señor Ministro. ¿En qué datos se apoyó Agesa para afirmar al Tribunal de
Cuentas que no procedía reparar el archivo óptico por el alto coste de la
operación? Acompañada de esta otra: ¿Considera el Gobierno antieconómico
dedicar poco más de un millón de pesetas a reparar un archivo óptico
valorado en mil millones hace sólo tres años? Usted que es Ministro de
Economía me podrá contestar si es antieconómica esa reparación.

Junto a esas preguntas estas otras: ¿En cuánto valoraría el Gobierno la
disponibilidad de información capaz de conceder fiabilidad a la
fiscalización llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas sobre una de las
inversiones públicas más costosas y polémicas de los últimos años? ¿El
Gobierno valoraría en más de 1.200.000 pesetas, o en menos? ¿En cuánto
valoraría el Gobierno esa fiabilidad?
Continúo, señor Ministro. El Gobierno ha mantenido, a la vez, una actitud
contradictoria en relación al papel del Tribunal de Cuentas, ya que en
dos ocasiones ha negado a esta Cámara y a Diputados de esta Cámara
documentos que solicitaban --se sobreentiende que lo que se envía siempre
son copias, obviamente-- alegando que esa documentación estaba siendo
analizada por el Tribunal de Cuentas. De ahí viene otra pregunta, señor
Ministro y por favor le rogaría que me la contestara. Seguro que lo sabe,
porque por poco que se haya preparado su intervención, usted que tiene
fama bien merecida, de hombre riguroso, se habrá enterado. ¿En qué fecha
concreta comenzó el Tribunal de Cuentas su tarea de fiscalización de la
gestión de la Expo? Sería muy grave que el Gobierno hubiera utilizado
como coartada al Tribunal de Cuentas para negar información a esta Cámara
y a miembros de esta Cámara, como me temo que, en efecto, ha hecho.

Usted, por lo visto, desconoce a la vez algunos antecedentes del problema
que hoy nos ocupa, y hacen que deje de ser una anécdota más o menos
relacionada con la informática para convertirse en un problema de cierto
calado político. Le voy a recordar algunos hechos que usted, por lo
visto, desconoce.

En febrero de 1992, poco antes de comenzar la Expo, aparece en la Isla de
la Cartuja un asesor del Ministro Zapatero, que ha ocupado un alto cargo
en el Tribunal de Cuentas desde el año 1988 a 1992, el señor Martínez.

Llega allí y lo que hace es insinuar que hay que proceder a duplicar la
documentación existente en el archivo óptico haciendo unos expedientes
bis que, según una denuncia que en ese momento se presenta por un
funcionario de la auditoría interna, que perdió su puesto de trabajo 15
días después como consecuencia de la denuncia, esa documentación estaría
siendo, entre otras cosas, borrada en alguno de sus pasajes, se estarían
eliminando documentos comprometedores --así se dice en la denuncia--
relativos a la contratación de la Expo y se estarían incluyendo
documentos inexistentes.

Usted ha dicho aquí que el archivo óptico no admite borrado. Lo que no ha
dicho, y sí se decía en esa denuncia, es que la documentación en papel
sobre la que está actuando en este momento el Tribunal de Cuentas sí
admite borrado, y de hecho fue borrada en su día, según fue denunciado,
por lo menos. Y vuelvo a lo de la presunción de confianza; cuando hay una
denuncia de este tipo hay que poner los medios para esclarecer
inmediatamente los hechos. De ahí mi pregunta, señor Ministro. Dígame,
por favor, ¿qué medidas concretas adoptó el Gobierno tras denunciarse que
el señor Martínez había dado instrucciones para alterar la documentación



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de la Expo y había profetizado la inutilización de su archivo óptico?
Señor Ministro, el asunto no quedó ahí, el asunto fue a más. El señor
Martínez, cuando se le hizo ver que la discrepancia existente ente el
contenido del archivo óptico y la documentación bis que él estaba
procediendo a elaborar, modificando y alterando el original, sería
fácilmente observable, precisamente porque, como usted ha dicho, el
archivo óptico no se puede borrar, manifestó textualmente, según consta
en la denuncia y según una funcionaria que, aparte del denunciante,
testimonió ante un Juez: A grandes males, grandes remedios; se quema el
archivo óptico, se hace parecer que ha sido accidental y se acabó el
problema. Así lo dijo hace tres años, y hoy, tres años después, el
archivo óptico no se ha quemado pero está tan absolutamente inutilizable
como si se hubiera quemado. Pregunto al señor Ministro ¿El Gobierno
considera casual el cumplimiento de la profecía del señor Martínez sobre
la futura inutilización del archivo óptico de la Expo? Que en política no
se cumplan las promesas es algo a lo que ya estamos muy acostumbrados,
pero que en política se cumplan las profecías es todo un milagro, señor
Ministro, esto sí que es realmente portentoso y seguro que usted podrá
aportarle alguna respuesta a esta Cámara.

El funcionario de la auditoría que denunció estos hechos se dirigió al
señor Pellón. El señor Pellón no le recibió, no contestó a la carta donde
materializó su denuncia y sí contestó con una carta diciéndole que días
después, el 31 de mayo, podía considerarse ajeno a la empresa. Como ya he
dicho, dos funcionarias testifican que los hechos se produjeron tal cual
fueron denunciados.

Fíjese qué cosa más curiosa. En un debate en esta Cámara con el señor
Pellón, un Diputado recordó al señor Pellón el siguiente hecho. El señor
Pellón reaccionó con una querella contra ese funcionario, querella que
fue archivada, de lo cual yo no deduzco nada, porque soy un jurista y sé
lo que significa un archivo; de que se archivara la querella yo no
deduzco que los hechos eran reales, como tampoco deduzco de cualquier
otro archivo que los hechos sean falsos, pero fíjese lo que ocurre. El
señor Pellón entrega, como elemento de inculpación, a la hora de plantear
esa querella, un plan general que se había hecho de fiscalización de la
Expo y ya, por el enorme entusiasmo alterador de documentos que había en
la Expo en ese momento, altera el documento y suprime del mismo --que he
entregado ayer en esta Cámara a la prensa-- un pasaje en el que se alude
a la existencia del archivo óptico y a la existencia de unas
recomendaciones semestrales que ese funcionario había ido haciendo como
auditoría interna y que ese Diputado no ha conseguido hasta ahora todavía
recibir, tiene cada una de ellas diez folios. Fíjese hasta qué punto se
ha alterado el documento que hasta en los Juzgados acaban apareciendo
documentos mutilados o alterados.

Parece que se ha cumplido la profecía del señor Martínez sobre la
inutilización del archivo, y nos encontramos en una situación muy
curiosa, usted dice que no se arregla el archivo porque toda la
documentación está allí disponible; o sea usted una vez más se sitúa en
la presunción de confianza, dice a los ciudadanos, dice a nuestro grupo,
que representa a los ciudadanos, que estamos obligados a confiar en su
palabra, en la palabra de un Gobierno cuya credibilidad en este momento
es nula porque se ha visto espectacularmente afectado por casos de
corrupción y precisamente porque la Expo está en el punto de mira desde
hace tres años de esas sospechas de corrupción, no por mala voluntad de
nadie, sino por el secretismo sistemático con que el Gobierno ha venido
llevando a cabo todo lo relativo a información sobre la Expo. Sobre las
Olimpiadas, donde se han gastado mucho dinero, no ha habido ningún
problema porque toda la información que se ha pedido, se ha dado; sin
embargo, respecto a la Expo, no sé por qué, no se da la información.

Sólo digo cuáles son las ejecutorias de ambas partes enfrentadas. Un
señor profesional, auditor interno, que se juega su puesto de trabajo y
lo pierde por denunciar, en aras de su profesionalidad, unos hechos que
estima absolutamente intolerables y, por otra parte, ¿cómo reacciona el
Gobierno? Reacciona de la siguiente manera: negando la entrega de las
recomendaciones que la auditoría interna había hecho sobre
irregularidades en la contratación. No han llegado a esta Cámara. Pero
hace más: cuando termina la Expo, ¿a quién nombra el Gobierno Presidente
de la sociedad Agesa que sustituye a la Expo? Ustedes nombran al señor
Martínez, al profeta. Ustedes le nombran Presidente de la sociedad Agesa,
que se va a encargar, entre otras cosas, de que se realice la
fiscalización de la Expo, quizá para que todo esté atado y bien atado.

Señor Ministro, yo le pregunto: ¿Qué razones llevaron al Gobierno a
nombrar a don Alejandro Martínez primer Presidente de Agesa, pese a no
haberse aportado elemento de juicio alguno que reparara la confianza en
su gestión tras denunciarse instrucciones para alterar documentos y
anuncio de inutilización del archivo óptico?
Además, el señor Martínez vino a esta Cámara, compareciendo como alta
autoridad ante la Comisión de Presupuestos y preguntado dos veces
--porque aquello fue la jura de Santa Gadea-- por este diputado si el
Tribunal de Cuentas había tenido acceso al archivo óptico de la Expo --y
entregué fotocopia a los medios de comunicación--dijo por dos veces que
sí.

No sé si usted lo sabe, porque desconozco si el Gobierno le habrá
preguntado; por eso le formulo otra pregunta, señor Ministro. ¿Ha
preguntado el Gobierno al Tribunal de Cuentas si precisa acceder al
archivo óptico de la Expo? ¿Cuándo y con qué respuesta? No sé si el
Gobierno lo ha preguntado; si sé que un juez ha preguntado al Tribunal de
Cuentas si ha tenido o no acceso al archivo óptico y si ha solicitado o
no tenerlo. El Tribunal de Cuentas, en un documento que está en ese
juzgado y que está también en manos de los medios de comunicación,
documento timbrado del Tribunal de Cuentas, dice que ha solicitado tener
acceso al archivo óptico en dos ocasiones y que en ningún caso ha podido
tener acceso a dicho archivo óptico.

Por tanto, el señor Martínez ha mentido dos veces en esta Cámara actuando
como alta autoridad nombrada por su Gobierno. Este diputado ha denunciado
esa circunstancia y el Gobierno le ha contestado: No se tiene evidencia
de que la persona a que se refiere el señor diputado haya



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faltado a la verdad. Pues si no se tiene evidencia es porque no se
quiere, porque si ustedes preguntan al Tribunal de Cuentas les dirá lo
mismo que dijo al juez que le ha preguntado y tendrán evidencia.

Casualmente, aunque no se tiene evidencia, ustedes han destituido al
señor Martínez como Presidente de Agesa y yo le pregunto, señor Ministro:
¿Qué razones llevaron al Gobierno a destituir a don Alejandro Martínez
como Presidente de Agesa tras haber faltado por partida doble a la verdad
ante esta Cámara? ¿Considera el Gobierno que tras ese comportamiento
merece aún su confianza para ejercer cargos de especial responsabilidad
en empresas públicas? El señor Martínez sigue en una empresa pública, en
un cargo de confianza y sería bueno --estamos hablando de
responsabilidades políticas-- que ustedes dejaran claro que no premian
con cargos a los que faltan a la verdad al Parlamento en supuesta defensa
del Gobierno, ocultando elementos. Si a eso es lo que ustedes llaman
impulso democrático, me parece que van a tener poco tiempo de llevarlo a
cabo, a Dios gracias.

Estos son elementos que por lo visto usted desconocía y quizá por eso le
han enviado aquí; yo, sin embargo, quiero que los conozca con todo
detalle para que esté en condiciones de dar explicaciones.

Para terminar, señor Ministro, precisamente ahora parece que se pretende
que la corrección del punto de partida de la fiscalización de la Expo
dependa de meras afirmaciones del Gobierno, de un Gobierno cuya
fiabilidad queda expresada en los datos que acabo de exponer aquí.

En situaciones normales (usted lo sabe mejor que yo, usted sabe lo que es
una fiscalización) en una fiscalización no se puede partir de la
confianza porque es totalmente contradictorio. La fiscalización es una
operación de rutina que no se hace a un señor del que se confía; es una
operación de rutina que se hace a un señor en el que no se confía, pero,
como hay que hacerla, se hace. Por tanto, ese señor no puede decir:
confíe usted en mí. No, no. Fiscalizar consiste en desconfiar por rutina.

Por rutina, hay que desconfiar de ustedes, si no hubiese otros motivos
para desconfiar, que, desgraciadamente, sobran. En este caso usted no
puede apelar a la confianza. Usted no me puede decir: ahí está toda la
documentación. ¿Y si no está? Habiéndose denunciado que no está, ¿por qué
no me permite usted acceder a ese archivo, un archivo cuyo arreglo
importa 1.200.000 pesetas a una empresa que este año cuesta a los
ciudadanos 1.000 millones de pesetas, 400 de ellos en sueldos, a repartir
a 6.000.000 de media por cabeza, incluidos administrativos? Esa empresa
no tiene un millón para arreglar el archivo.

Usted ha dicho aquí algo muy singular, señor Ministro. Ha dicho que la
empresa no utiliza el archivo. ¡Qué cosa más curiosa! Yo le pregunto:
¿Cómo es posible si la empresa no utiliza el archivo, que fue reparado,
costó repararlo 1.278.000 pesetas, y sin utilizarlo, se haya vuelto a
estropear? ¿No habrá ocurrido, como ya pasó, que alguien de la empresa,
sin el auxilio de Olivetti, porque no se quieren pagar los gastos de
mantenimiento --es una empresa que economiza en todo, menos en
personal--, ha intentado forzar la entrada en el archivo y lo ha vuelto a
estropear, como ya hizo en una ocasión y hubo luego que llamar a Olivetti
para que lo arreglaran? ¿Es eso lo que ha vuelto a ocurrir? ¿Quién entra
en el archivo óptico? ¿En nombre de quién?
Ese archivo óptico fue puesto a disposición de todos los ciudadanos
españoles. Hubo anuncios en la prensa pagados con dinero público
ofreciendo el archivo óptico para que lo utilizaran las empresas. El
Gobierno justifica no arreglarlo porque nadie lo ha pedido. Alguien sí lo
pidió: el que lo estropeó. ¿Quién fue, señor Ministro? ¿Quién estropeó la
última vez el archivo óptico y qué estaba haciendo en él? ¿Por qué no lo
explica a esta Cámara? De lo contrario, no entendemos mucho.

Partiendo de graves denuncias, que han costado su puesto de trabajo al
denunciante y han dejado en evidencia el afán del Gobierno por mantener
el archivo lejos del alcance del Tribunal de Cuentas, es obligado
preguntarse por qué no se arregla. Además, hay otro hecho y es que Agesa
ha vendido parte del equipo informático del archivo. Esto sí lo conoce
usted, porque lo ha vendido a la Dirección General de Patrimonio, que,
según creo, depende de usted. Por tanto, seguro que usted me puede
contestar cuánto dinero sacó Agesa por vender elementos del archivo
óptico a la Dirección General de Patrimonio. ¿Más o menos de 1.278.000
pesetas? Aunque sólo sea por simetría, por menos dinero que ha sacado
Agesa vendiendo pedazos de archivo podría arreglar lo que queda, digo yo.

No creo que sea un dispendio. Díganos si fue más o fue menos.

Por último, señor Ministro, mi grupo exige explicaciones sobre lo
ocurrido y exige que se proceda de inmediato a reparar el archivo y
ponerlo a disposición del Tribunal de Cuentas, que lo ha pedido dos
veces, para que pueda determinar el alcance de los hechos denunciados y
de las irregularidades detectadas en su día por la auditoría interna de
la Expo.

A fin de facilitarle su labor, señor Ministro, le voy a entregar el texto
de las preguntas que le he hecho para que si alguna queda sin respuesta
no sea por olvido.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): He oído con sumo
interés, señor Ollero, su mezcla de hechos, afirmaciones, juicios de
valor, contradicciones, etcétera, que, evidentemente, habría que matizar.

Su señoría mezcla temas que tienen que ver con la situación actual del
archivo óptico de la Expo con muchas otras preguntas que yo creo que no
son objeto de esta comparecencia, de modo que me voy a limitar a aquellas
que en mi opinión sí lo son.

Parte S. S. de por qué tiene que existir una presunción de confianza de
los ciudadanos. Yo le diría que no, que están los sistemas normales de
fiscalización y control y no hay ninguna presunción de confianza; hay la
aplicación de los sistemas normales.

Es verdad que en esa aplicación de sistemas normales de control juega un
papel fundamental el Tribunal de



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Cuentas. Ahí es donde tenemos la discrepancia. Su señoría dice: para que
el Tribunal de Cuentas haga bien su trabajo, tiene necesariamente que
disponer del archivo óptico. ¿En base a qué? En base a unas supuestas
afirmaciones del señor Martínez, al que usted acusa de profeta casual en
el mes de febrero del año 1992. En la medida en que eso es cierto --y ya
entramos ahí en juicios de valor--, parece que existe una responsabilidad
y una serie de actuaciones. Es una valoración por su parte que yo tampoco
entro a enjuiciar si es correcta o no. Como le decía, no dispongo de más
información en el momento actual.

Si con la documentación actualmente archivada como expedientes normales
es suficiente para satisfacer la información que el Tribunal de Cuentas
dispone, yo diría que sí. Esa es nuestra impresión, por lo menos la
impresión que yo tengo en el momento actual.

Hace S. S. una serie de elucubraciones y todo el problema radica en el
archivo óptico. Hay un archivo óptico que es verdad se pone en marcha con
criterios bastante ambiciosos para recoger información y a partir de ahí
S. S. hace una serie de encadenamientos argumentales que yo creo son como
mínimo discutibles. Primero afirma usted que yo he dicho que no se sabe
el coste. Yo no he dicho que no se sepa el coste; lo que he dicho es que
no se ha planteado la reparación. No sé cuál es el coste, pero mi
afirmación ha sido que no se ha planteado la reparación. No se puede
sacar de ahí la conclusión de que el coste de la reparación va a ser
1.200.000 pesetas. Eso es lo que valió la reparación anterior. Usted que
es un buen jurista y debe actuar con cierta finura en cuanto a las
relaciones de los hechos, creo que aceptará conmigo que esa relación de
causalidad es, como mínimo, una confusión exorbitante. Costará lo que
cueste; no lo sé. Es verdad, y así se lo afirmo, que no sé el coste
porque no se ha planteado la reparación, por una razón, que le vuelvo a
repetir: porque para Agesa en este momento el archivo no es importante.

Usted de ahí saca una segunda conclusión: si no es importante y no se
utiliza ahora, ¿por qué se ha roto el archivo? Pretende llegar a una
elucubración y busca manos ocultas que destruyen el archivo con objeto de
que no se pueda utilizar. Yo creo que las cosas son mucho más simples. El
archivo tenía gran sentido en el momento de la exposición porque permitía
llevar de forma correcta toda la información entonces disponible. En una
sociedad cuya finalidad es su liquidación, la utilización del archivo
pierde interés. De hecho se adoptó la decisión, a la que he hecho
referencia anteriormente, de que el archivo acabe como una parte del
archivo histórico-artístico de Expo-92, que se va a traspasar a la Junta
y, evidentemete, se va a localizar en el monasterio de Santa María de las
Cuevas, con el resto del archivo documental. Esa es la información que en
estos momentos me da el Presidente de Agesa, que no es el señor Martínez,
y no hay ninguna razón para tener duda sobre él.

En consecuencia, pienso que si no se plantea una reparación porque no es
necesaria para el papel de la sociedad en este momento y se piensa, desde
el punto de vista técnico, que estos momentos son muy delicados y que,
por tanto, habrá que traspasarlo posiblemente en un momento no muy
lejano, parece razonable que cualquier puesta a punto que se haga sobre
estos temas se realice en un momento posterior.

Su señoría me plantea una serie de preguntas para las que, evidentemente,
no tengo respuesta. ¿Por qué se ha cesado al señor Martínez? Creo
recordar que el señor Martínez se marchó, planteó marcharse y fue
sustituido por otra persona a la que sí conozco y sé por qué fue
nombrada; fue nombrada porque pensamos que era un gestor capaz de llevar
a cabo el trabajo que Agesa tiene que hacer en este momento, que no es
otro que la liquidación.

En cuanto a otra serie de preguntas que me ha planteado, muy concretas y
muy específicas, en la medida que no lo haya hecho en mi intervención, si
dispongo de esta información en el Ministerio, daré respuesta a ellas con
todo gusto.

Creo que el problema básico y fundamental que se plantea es otro. Su
señoría, para que su línea argumental sea correcta, tiene que partir de
un supuesto, y es que hay un archivo óptico que tiene todas la
documentación, y hay otro archivo tradicional que no tiene toda la
documentación. En segundo lugar, que estamos falseando documentos en ese
archivo documental y que no se entregan al Tribunal de Cuentas; no es
ésta la impresión que yo tengo. En tercer lugar, que de forma voluntaria
hacemos que ese archivo óptico no funcione, precisamente para que esa
información no se pueda extraer; tampoco se deduce eso de los datos de
que dispongo. Por tanto, su línea argumental a mí me sigue sin convencer,
señor Ollero. Lamento decírselo, pero creo que S. S. hace una
interpretación excesiva de una serie de puntos concretos que intenta
hilvanar bien, pero que creo no responden a la realidad. Creo que hay que
dejar hacer al Tribunal de Cuentas, que, evidentemente, dirá lo que tenga
que decir sobre este tema cuando realice su informe. En ese sentido, la
última información que tenemos del Tribunal de Cuentas, en los contactos
que hemos tenido con ellos, es del 11 de abril y hace referencia a que
siguen los procedimientos en curso y que actualmente hay unas
conclusiones de carácter provisional, que tendrán que pasar por el Pleno
del Tribunal, etcétera, siguiendo los procedimientos normales. Creo que
sacar las cosas de ese contexto no nos lleva a ningún resultado.




El señor PRESIDENTE: Para réplica, por cinco minutos, tiene la palabra el
señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Señor Ministro, le quiero recordar una obviedad,
pero quizás sea inevitable. Esta es una Cámara política, no es una
ventanilla de atención al público de su Ministerio. Le digo sinceramente
que las once series de preguntas que he puesto en sus manos, contestadas
como usted ha hecho aquí, en una ventanilla de atención al público de su
Ministerio, sería para pedir el libro de reclamaciones. En una Cámara
política no tiene sentido que intente despacharlas así.

Usted dice que, a juicio del Grupo Popular, el Tribunal de Cuentas quiere
entrar en el archivo. No, señor Ministro, el Tribunal de Cuentas ha dicho
por dos veces que quiere entrar en el archivo y usted tiene que explicar
por qué no le deja entrar en el archivo. Lo ha dicho por dos veces, está



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firmado por dos funcionarios, con nombres y apellidos, en papel timbrado
y el documento obra en un juzgado de Sevilla. Esa es una realidad.

Manifiesta que usted diría es suficiente la documentación que tiene el
Tribunal de Cuentas. A nosotros no nos interesa lo que usted diría, sino
lo que dice el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas dice que
quiere entrar en el archivo, lo ha dicho dos veces y ustedes, por
1.200.000 pesetas, como evaluación por analogía (aunque podría ser un
poquito más pero tampoco mucho más), no les dejan entrar. En un momento
dado dice que no ha afirmado que no se sabe el coste. Hay quien lo ha
afirmado, no sé si usted lo ha hecho o no, ha sido el Gobierno, en una
pregunta por escrito a este Diputado que dice textualmente: no es posible
determinar cuál sería el coste de la reparación, ya que dependería de la
profundización en el estudio del tipo de avería, de las piezas de
recambio necesarias y del tiempo exacto que se precisara para arreglarlo.

Por tanto, ni se ha planteado. Se ha decidido claramente no arreglarlo;
decisión política que, indudablemente, tendrá su intención y su
fundamento, que es lo que he intentado poner aquí de relieve.

Usted dice que para Agesa el archivo no es importante. ¿Y para los
ciudadanos? Aquí no defendemos los intereses de Agesa, estamos
defendiendo los intereses de los ciudadanos. Para los ciudadanos es
importante porque hay un señor que ha hecho una denuncia. Yo le he
preguntado: ¿Qué hizo el Gobierno cuando se efectuó esa denuncia, aparte
de dejar que el Poder Judicial cumpliera su fin, que para eso está? ¿Qué
hace el Ejecutivo de este país cuando se denuncia a un cargo político
suyo de que está alterando documentación? ¿Se queda usted tranquilo? ¿Se
le aplica la presunción de confianza? Así nos ha ido y así nos irá. El
Ejecutivo no puede hacer eso; tiene que hacer algo, por lo menos abrir
una investigación que dará unos resultados. Si alguien ha dicho que con
tipp-ex se ha modificado un documento, es un asunto empíricamente
comprobable si se hace una investigación. Evidentemente, si no se quiere
hacer, es un asunto que pasa a la historia del archivo de Santa María de
las Cuevas, que es lo que quieren ustedes: que la documentación de la
Expo sea cuanto antes historia, cuando es una realidad política que para
el ciudadano en estos momentos tiene un claro valor, porque en ello va el
juicio de la confianza que le merece el Gobierno, aunque se la está
retirando a ojos vista, y después de esta sesión tendrá nuevos motivos
para retirársela. Esa es la situación.

Dice usted que aquí se ha perdido el interés por el archivo. Agesa ha
utilizado el archivo por lo menos hasta el segundo semestre de 1993, que
es la última vez que se averió. ¡Qué curioso que Agesa pierda el interés
por el archivo justo cuando llega el Tribunal de Cuentas!
Señor Solbes, se le ha olvidado una cosa que le he preguntado: ¿En qué
fecha concreta comenzó el Tribunal de Cuentas su tarea de fiscalización?
Se lo voy a decir yo. Después de que esta Cámara aprobara, en noviembre
de 1993, que se hiciera la fiscalización, comenzó a hacerla el mes de
febrero siguiente. Tengo dos respuestas del Gobierno anteriores a
noviembre de 1992, concretamente de julio y septiembre, donde el Gobierno
me afirma que no me manda documentos porque los está fiscalizando el
Tribunal de Cuentas, tres meses antes de que esta Cámara adoptara la
decisión de que se fiscalizara y siete meses antes de que empezara
realmente a fiscalizar. Por tanto, el Gobierno mintió para evitar enviar
la documentación.

Usted ha dicho que en el archivo está toda la información de prensa sobre
la Expo y determinados documentos. Pues fíjese qué cosa más curiosa: he
pedido las recomendaciones de la auditoría interna, que son diez folios,
y no se me han enviado porque eran demasiados los documentos que pedía.

Sin embargo, se me han enviado todas las reflexiones sobre espectáculos
de la Expo contenidas en el archivo que son seis cajas; las tengo arriba,
y si quiere, le invito a que las vea. Eso sí que se me ha podido enviar.

Como ve, esto de los traslados es muy original. Ustedes desafían hasta
las leyes de la Física.

Dice usted que no tiene la impresión de que al Tribunal de Cuentas se le
esté impidiendo fiscalizar. Señor Ministro, con todo respeto, me trae sin
cuidado cuál sea su impresión; lo que me preocupa es la impresión que
tienen los ciudadanos y los ciudadanos, porque no son tontos, tienen la
impresión de que si alguien ha profetizado hace tres años que el archivo
un día estaría inutilizado --y lo está-- a ese alguien se le ha nombrado
Presidente de Agesa, y en ese año ha mentido dos veces en esta Cámara y
ese alguien sigue con un alto cargo público, evidentemente, verde y con
asas. Por tanto, tiene la clarísima impresión de que ustedes temen más
que un nublado al archivo óptico de la Expo y no están dispuestos a
abrirlo bajo ningún concepto. Yo le anuncio aquí que si usted ahora no
aclara todo lo que queda pendiente en esas preguntas, mi Grupo continuará
haciendo las iniciativas parlamentarias oportunas hasta conseguir que ese
archivo se repare, porque la confianza de los ciudadanos lo merece y el
prestigio del propio Tribunal de Cuentas que, desde un punto de vista
meramente contable lo que hará será, como ustedes saben, una limitación,
pedirá limitaciones y dirá que no han podido investigar sobre el archivo
óptico y punto. Contablemente no tiene nada más que hacer, pero
políticamente se le está dejando en una situación que no se merece. Se
están ustedes riendo de un órgano delegado de esta Cámara y están ustedes
jugando con algo muy serio como es la confianza de los ciudadanos.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Ollero,
usted me vuelve a hacer afirmar cosas que yo no he dicho. Empieza su
intervención manifestando: usted dice que a juicio del Grupo Popular, el
Tribunal de Cuentas dice que... Yo no he hecho ninguna referencia al
Grupo Popular, por tanto esa afirmación no corresponde.

Sigue S. S. sacando unas conclusiones que no son lógicas. Hace S. S. una
afirmación que no es correcta. Dice que por 1,2 millones de pesetas no se
repara. Después dice que puede que yo no sepa lo que cuesta, pero que hay
otros que lo saben. Yo no digo que no haya otros que no lo sepan y no
digo que no haya otra respuesta en ese sentido; lo que



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he dicho es que anteriormente no he hecho referencia a ese punto.

Usted plantea una serie de preguntas y yo le he dicho que la información
que podía darle era sobre la situación actual del archivo óptico que era
el elemento de su petición de comparecencia. Hay otra serie de elementos
que S. S. tiene todo el derecho a plantear y a solicitar y yo estaré
encantado de responderle. Me pregunta concretamente qué medidas adoptó el
Gobierno tras enterarse que el señor Martínez había dado instrucciones
para alterar la documentación de la Expo y había profetizado la
inutilización de su archivo óptico. Primero, no sé si había dado
instrucciones para alterar la documentación de la Expo; es un juicio de
valor y una afirmación que tendría que comprobar. Segundo, tampoco sé si
había profetizado la inutilización de su archivo óptico. A partir de ahí
tampoco sé cuáles son las medidas concretas que ha adoptado el Gobierno,
pero estoy en la mejor disposición para echar marcha atrás la moviola y
ver exactamente qué sucede.

¿Considera el Gobierno casual el cumplimiento de la profecía del señor
Martínez sobre la futura inutilización del archivo óptico de la Expo? Su
señoría de aquí saca una ocasión de causalidad absoluta. Es decir, hay
una profecía, se inutiliza el archivo como se inutilizan los micrófonos y
resulta que el responsable es el señor Martínez. No veo por qué esa
situación tiene que producirse de esa forma.

¿En qué fecha concreta comenzó el Tribunal de Cuentas su tarea de
fiscalización? La conoce usted perfectamente, etcétera, etcétera.

Dice S. S., ¿en cuánto valoraría el Gobierno la disponibilidad de
información capaz de conceder fiabilidad a la fiscalización llevada al
Tribunal de Cuentas? En mi opinión (y no lo digo como una opinión
personal, sino porque son los datos que me constan) al Tribunal de
Cuentas se le ha facilitado la información que le ha solicitado con
soporte documental normal. Esa es la información que a mí me facilitan
los servicios.

Problema del acceso o no acceso al archivo óptico. Me preparan una nota
en la que comentan que, en su momento, el Tribunal de Cuentas ha tenido
acceso al archivo óptico en la inspección que las Cortes Generales, a
través de su Comisión Mixta Congreso-Senado, han decidido que se
realizase sobre los eventos de 1992 y concretamente sobre la Expo. La
Sociedad remitió todas las emisiones de información del Tribunal de
Cuentas y siempre se ha puesto a su disposición por escrito, lo mismo que
cuando se han realizado visitas «in situ» en la empresa se ha facilitado
toda la información disponible y, por supuesto, también el archivo
óptico.

Estos son los datos que yo tengo. (El señor Ollero Tassara: No. Está en
el juzgado.) Dice S. S. que no, que está en el juzgado, mis datos no son
exactamente los suyos y por eso se lo planteo. Por tanto, le vuelvo a
decir lo que anteriormente comentaba. Analizaré todas estas preguntas e
intentaré darle la información disponible en los servicios del Ministerio
de Economía y Hacienda, así como la que se encuentre en el Ministerio de
Presidencia, respondiendo a preguntas concretas que no sean juicios de
valor, sino que se puedan responder en la medida que responden a hechos,
porque en cuanto a los juicios de valor ya sabemos que el suyo y el
nuestro son radicalmente diferentes, porque S. S. tiene que llegar a una
determinada conclusión y es que estamos manipulando el archivo para no
dar la información, y ésa no es la conclusión a que nosotros hemos
llegado.




El señor PRESIDENTE: Grupos que desean intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Marcet.




El señor MARCET I MORERA: Señor Presidente, con toda brevedad.

Me temía que el objeto de la comparecencia solicitada no era obtener una
explicación de primera mano del señor Ministro al que, dicho sea de paso,
agradezco las explicaciones que nos ha suministrado, así como su
paciencia por intentar explicar todas estas cuestiones que se han
planteado.

Hemos asistido, señor Presidente, a una enrevesada exposición del grupo
proponente de la comparecencia, primero, sobre la teoría de la
responsabilidad y después reiterando un conjunto de preguntas ya
formuladas en noviembre de 1994 y ya contestadas, y un conjunto de
preguntas también formuladas en abril de 1995 y que a fecha de hoy,
exactamente a dos meses de su presentación, desconozco si han sido
contestadas.

Para nuestro grupo la explicación del señor Ministro creo que ha
despejado las posibles dudas que sobre la fiscalización de las cuentas de
la Expo podían suponerse. Yo no sé si los ciudadanos, señor Presidente,
tienen gran interés en estas cuestiones, lo desconozco, no lo sé; el que
sí tiene interés, casi una obsesión personal es el señor Ollero --me
parece razonable-- que lleva años y años siguiendo este tema, escarbando
en todo el tema de la Expo, primero dudando de sus posibilidades, después
quizá un poco molesto por el éxito obtenido por sus gestores, pero en
cualquier caso lo que nos importa, señor Presidente, es que la
fiscalización de las cuentas de la Expo la está realizando el Tribunal de
Cuentas, no la va a realizar Agesa, que no está para esto, ni esta
Cámara, aunque el Tribunal de Cuentas depende de esta Cámara. El Tribunal
de Cuentas está fiscalizando (según mi opinión y a la vista de las
informaciones facilitadas por el señor Ministro) con toda la colaboración
del Gobierno, sin ningún tipo de traba por parte del Gobierno ni de la
empresa Agesa que ha sucedido en la gestión de la Expo que fue creada
propiamente para su liquidación. El Tribunal de Cuentas tiene toda la
documentación para fiscalizar también la contenida en el archivo óptico,
la puede realizar directamente --según se puede desprender de alguna
información-- o la que consiga complementariamente en soporte papel, pero
si fuera necesario acceder a la documentación que se tiene que utilizar a
través del archivo óptico, el señor Ministro nos ha dicho que existen 33
discos en perfecto estado. Por tanto, con este sistema informático o con
otro, estos 33 discos podrán ser utilizados si el Tribunal de Cuentas
considera que es necesario.

Importa tener la certeza de que el Tribunal de Cuentas está fiscalizando
las actuaciones de la Expo y todo lo que



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ello comporta. Reitero, para terminar --no quiero alargarme--, que las
explicaciones del señor Ministro han despejado las posibles dudas que
podían existir sobre la fiscalización de las cuentas de la Expo, y no
entro en si el archivo óptico debe o no debe repararse, sobre este gran
aspecto que parece preocupa de manera--yo diría sobremanera-- al grupo
que ha pedido la comparecencia. Me parece que el objetivo conjunto de
todos los grupos de esta Cámara debe ser que el Tribunal de Cuentas, que
depende de esta Cámara, pueda realizar su trabajo con todos los elementos
que sean necesarios, lo cual parece que, desde el punto de vista de
nuestro grupo, puede realizarlo. En resumen, creo que han sido
suficientes las explicaciones dadas por el señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, ¿desea hacer uso de la palabra?
(Denegaciones.)
No deseando el señor Ministro contestar al señor Marcet, agotado el
primer punto del orden del día, se suspende la sesión de esta Comisión
hasta las doce horas, que se reanudará con la comparecencia del Ministro
de Trabajo y Seguridad Social.

Gracias, señor Ministro.




Se reanuda la sesión.




--DEL SEÑOR MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (GRIÑAN MARTINEZ),
PARA QUE INFORME DE LOS PLANES DEL GOBIERNO EN RELACION A LOS
FUNCIONARIOS DE LAS ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000570).




El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Damos la bienvenida al Ministro de Trabajo y Seguridad Social por vez
primera en esta Comisión, con el fin de tratar precisamente su
comparecencia, para que informe de los planes del Gobierno con relación a
los funcionarios de las entidades gestoras de la Seguridad Social y de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Esta comparecencia ha sido
solicitada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Leo
que exclusivamente es para que informe de los planes del Gobierno con
relación a los funcionarios de las entidades gestoras de la Seguridad
Social y de su servicio común, la Tesorería, y tengo, en primer término,
que decirles que hay que partir de la consideración general --que no creo
que en ningún caso deberíamos perder de vista-- de que la gestión de los
recursos humanos y la política retributiva es una política horizontal de
la Administración, y, por supuesto, corresponde a los Ministerios para
las Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda, en su caso,
establecer lo que son los criterios homogéneos, los criterios básicos y
los criterios retributivos que han de constar luego en las
correspondientes leyes de presupuestos. Siendo así las cosas, toda la
política de aplicación y de desarrollo de los planes de empleo
corresponde, en el ámbito de sus propias competencias, insisto, al
Ministerio para las Administraciones Públicas, que es el departamento que
ha de coordinar lo que son los resultados de unos planes de empleo
respecto de otros y, en consecuencia también, adaptar las plantillas de
los distintos organismos en función de las necesidades y también
establecer la necesaria conexión entre unos y otros.

Por tanto, me resulta difícil concretar en este momento las medidas que
puedan ser articuladas a través de esos planes de empleo tanto en la
Tesorería General como en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Los trabajos se encuentran en la primera fase de un proceso --y ha tenido
ya lugar su presentación por uno y otro organismo ante los ministerios
competentes--, seguirá después esa fase de contactos necesaria, en la que
se llevará a cabo el contraste de información e intercambio de criterios,
y, posteriormente, de ahí resultarán los textos que en la tercera fase
del proceso habrán de ser sometidos a las organizaciones sindicales, a
través de la audiencia a los sindicatos más representativos y de la
negociación con ellos en la mesa general de retribuciones y empleo, del
Ministerio para las Administraciones Públicas y Ministerio de Economía y
Hacienda con posterioridad. Una vez aprobado el plan, comenzarán a
desarrollarse las medidas que se contemplan según el calendario que el
propio plan también prevea, oscilando ese plazo de ejecución normalmente
entre tres y cinco años.

Esta digresión preliminar que he querido hacerles es fundamentalmente no
para que conozcan --que lo conocen todos ustedes-- el proceso de
elaboración de los planes, sino para subrayar que en estos momentos, a la
hora de informar sobre estos planes que tenemos respecto de los
funcionarios de las administraciones de Seguridad Social, no puedo añadir
mucho más, sino que la decisión de elaborar, en el marco de la política
general del Gobierno en materia de gestión de recursos humanos, planes de
empleo para las distintas entidades gestoras y servicios comunes de la
Seguridad Social de hecho se ha producido, y dos de ellos, los
correspondientes al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la
Tesorería General, se encuentran ya en tramitación para su posterior
aprobación. Acerca del contenido de estos dos planes de empleo puedo
añadir, siempre con carácter meramente indicativo y provisional, que se
inscriben en la fase del proceso de elaboración, y no puedo adelantarles,
salvo que están en ese proceso previsto para atender las necesidades de
los funcionarios de estas entidades gestoras y siguiendo los criterios
establecidos en el título II de la Ley de medidas fiscales de reforma del
régimen jurídico de la Función pública de la protección por desempleo
22/1993.




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Como saben ustedes, la administración de la Seguridad Social comprende
una serie de entidades gestoras, el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, el de la Marina, y otros servicios comunes, Tesorería General de
la Seguridad Social, Gerencia e Informática e Intervención General de la
Seguridad Social. Me estoy refiriendo a aquellos que dependen del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Pues bien, como antes señalé,
por iniciativa del Ministerio para las Administraciones Públicas, la
aplicación de los mecanismos de los planes de empleo a la administración
de la Seguridad Social comenzará por el Instituto de la Seguridad Social
y por la Tesorería General por tratarse de organismos con gran capacidad
de gestión, plantillas muy numerosas --estamos hablando de unas 30.000
personas-- y que en los últimos años, además, han visto modificadas o
incrementadas en algunos casos sus competencias. El resto de los
organismos podrán comenzar a preparar sus planes de empleo en función del
desarrollo de estos dos.

La relación de puestos de trabajo, que fue aprobada en el año 1987, al
iniciar el proceso de homologación de los funcionarios de la
administración de la Seguridad Social a los funcionarios del régimen
general, refleja en los momentos actuales una serie de problemas de
inadecuación --inadecuación por razón de tiempo-- en cuanto a las propias
estructuras de los centros de destino y a la misma relación de puestos de
trabajo, ya que tanto en el caso del INSS como en el caso de la
Tesorería, se viene desarrollando desde hace ya bastantes años un
programa de descentralización de la gestión mediante la potenciación de
las redes locales, que son las administraciones y centros de atención e
información de la Seguridad Social, como vía para mejorar la gestión y
acercarla al usuario. Por otra parte, la informatización
--informatización masiva-- de procedimientos ha alterado básicamente el
contenido de las funciones que tenían asignados los diferentes puestos, y
esa alteración ha tenido como consecuencia, primero, que se ha reducido
de hecho la distancia entre unos y otros puestos y, sobre todo, que se ha
elevado para todos, incluso para los niveles más bajos, la complejidad y
la responsabilidad de estos puestos de trabajo. Por tanto, la pirámide
que estaba reflejada en la relación de puestos de trabajo no se
corresponde, en los momentos actuales, de manera satisfactoria con las
funciones que se están desarrollando y con las que se pretende que se
desarrollen en el futuro.

Respecto a la cuantificación de los puestos de trabajo, en el caso del
INSS no parece previsible en principio --y hablo siempre en términos de
consideración global-- la necesidad de incrementar la dotación de
efectivos. Sin embargo, sí es verdad que en algunos casos se aumentarán
determinados puestos de trabajo y otros se declararán a extinguir en la
medida en que se vayan amortizando. Sin embargo, la continuación en la
línea ya emprendida de potenciación de la red local de centros de
atención e información va a hacer, sin duda, necesaria una reasignación
hacia esos centros, mediante procedimientos adecuados y eficaces, del
personal que actualmente está adscrito a unidades como pueden ser en
algunos casos las direcciones provinciales.

Igualmente, en el caso de la Tesorería, el propósito que se inició ya y
está en marcha es el de potenciar la red local de administraciones
territoriales, y puede hacer también necesaria la derivación hacia ella
de recursos humanos que están actualmente adscritos a unidades de ámbito
superior. Y es posible también que, con carácter general, los compromisos
de gestión que sean asumidos y los objetivos a largo plazo pudieran hacer
necesario un incremento de la plantilla de este organismo.

Sin prejuzgar de ninguna manera cuál es el contenido que va a resultar al
final de este proceso definitivo de aprobación de los planes de empleo,
tampoco quiero ser muy explícito en el contenido concreto de los puestos
y de la cuantificación de los recursos que necesitamos para poder
afrontar las líneas de futuro. Sí le diré que los criterios que inspiran
el proyecto de organización y gestión de recursos humanos de ambos
organismos se basa en los siguientes puntos. Primero, abordar toda la
funcionarización de los colectivos de personal laboral que desarrollan
hoy día funciones de carácter administrativo. Segundo, también abrir un
proceso de consolidación del personal laboral eventual mediante su
transformación en personal fijo. En esta línea, dentro del acuerdo
Administración-sindicatos, de 15 de septiembre de 1994, y en el marco de
la política restrictiva de ingreso en la Función pública a través de la
oferta de empleo público, se pretende también restringir al máximo las
nuevas contrataciones eventuales y aprovechar el personal existente
mediante la conversión de su relación eventual en otra de carácter fijo,
a través de la celebración de pruebas de acceso, respetando siempre los
principios de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo y también conforme
el acuerdo Administración-sindicatos, se prevé la existencia de fases de
promoción que permitan el acceso de funcionarios de cuerpos inferiores a
otros superiores mediante el correspondiente concurso-oposición y con los
requisitos que establece la ley en cuanto a titulación, experiencia,
etcétera.

Deberá también analizarse lo que es la dimensión de las plantillas, el
volumen de gestión y el perfil de los puestos, con el fin de diseñar el
número de funcionarios y la cualificación que deberá servir a la
estructura ideal del organismo. Es evidente que en esa dimensión de las
plantillas se habrá de tener en cuenta también la pirámide necesaria en
la que se habrán de convertir estos centros y las cargas de
responsabilidad que hay que atribuir a cada una de las unidades a efectos
también de los complementos específicos y de productividad. Para ello
habrá que adoptar las medidas adecuadas en orden a la reasignación de
efectivos, desde aquellas unidades en que existen excedentes de recursos
humanos, hacia aquellas en que están resultando claramente insuficientes.

Finalmente, entre los planes de formación continua que tanto el INSS como
la Tesorería vienen llevando a cabo, se propone impartir también cursos a
efectivos que se incorporen procedentes de otras unidades ajenas a la
Seguridad Social, así como cursos de actualización, reciclaje y promoción
que contribuyan a toda la reasignación de efectivos.

Esto por lo que son las propuestas genéricas que hemos hecho en los
planes de empleo, que --insisto-- usted sabe



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que están todavía en fase de negociación con los Ministerios horizontales
correspondientes. Sin embargo, con independencia de la planificación a
medio plazo que representan estos planes de empleo previstos, sí me
gustaría decirle que hay otro tipo de actuaciones que se están llevando a
cabo de forma inmediata, y además se están llevando con la urgencia con
la que se están planteando, como son las que se derivan, por ejemplo, de
la Ley 42/1994, de medidas fiscales administrativas y de orden social,
que atribuyen unas funciones tanto al INSS como a la Tesorería General de
la Seguridad Social y que requerirán la correspondiente dotación de
personal especializado. Así, esta ley prevé la asunción por el INSS de la
totalidad de las competencias en cuanto a la calificación de los procesos
de invalidez permanente y la prórroga en su caso de la incapacidad
temporal. Ello hace imprescindible que se constituyan los equipos de
valoración de incapacidades. Igualmente, a la Tesorería se le está
atribuyendo en dicha ley la resolución de los recursos ordinarios que se
formulen, ya sea contra las reclamaciones de deuda por cuotas, ya sea por
actas de liquidación de cuotas, lo que va a requerir la creación de
servicios técnicos de impugnaciones que den cobertura a esta nueva
función asignada. También se está estudiando la colaboración activa de la
Inspección de Trabajo dentro de la estructura de las direcciones
provinciales de la Tesorería. Todo ello requiere, además, las necesarias
adaptaciones de las dotaciones de personal, que en este momento se están
tramitando y que se encuentran en fase de aprobación, entre ellas algunos
cambios que se han propuesto, incluso de complementos de destino, para
algunos cuerpos como, por ejemplo, puede ser el de Letrados de la
Seguridad Social.

Por otra parte, los nuevos procedimientos de gestión puestos en marcha,
las funciones por las entidades de la Seguridad Social y la potenciación
de la lucha contra el fraude, hacen necesario un incremento en las
dotaciones de personal de los cuerpos del grupo A. Por esa razón en la
oferta de empleo público, que, como usted sabe, este año ha sido inferior
en su volumen al de las bajas que se producen en las diferentes
administraciones, sin embargo, en la Seguridad Social ha tenido un
incremento de cien puestos de trabajo precisamente con esta orientación
que le estoy diciendo: 25 plazas va a ser para el Cuerpo Técnico de la
Administración de la Seguridad Social; 25 para el Cuerpo de Intervención
y Contabilidad; 35 para el Cuerpo de Letrados de la Seguridad Social y 15
plazas para el Cuerpo de Analistas de Informática de la Seguridad Social,
según reciente acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros.

Igualmente cabría hacer al menos una referencia genérica al trabajo
realizado por los funcionarios de la Seguridad Social en su conjunto,
gracias al cual se ha conseguido, con menores dotaciones que hace diez
años y con un volumen de gestión bastante superior, mejoras de gestión
que son reconocidas públicamente y que se deben en gran medida a su
esfuerzo y profesionalidad.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario autor de la
iniciativa, tiene la palabra la señora Montseny Masip.




La señora MONTSENY MASIP: Gracias, señor Griñán, por su comparecencia.

Como preámbulo, me gustaría matizar dos cuestiones antes de entrar en el
fondo de esta comparecencia, para decirle, primero, que usted no ha
abordado uno de los temas que se están rumoreando insistentemente hoy en
las entidades gestoras de la Seguridad Social, como es la reforma
orgánica de la estructura. Me gustaría que nos aclarara un poco hacia
dónde va a derivar ese cambio orgánico y qué características y
dimensiones va a tener.

También quiero traer a colación unas palabras del Secretario General para
la Seguridad Social que dijo en una comparecencia ante esta Cámara el 10
de mayo de 1994. En aquella sesión, él alardeó de que la gestión de la
Seguridad Social era una de las más austeras. A mí me parece muy bien la
austeridad, pero no la discriminación y la injusticia. El dijo --palabras
textuales--: «Creo que es verdad que todos los funcionarios del
Ministerio de Trabajo no tienen los mayores niveles retributivos, sino
que están más bien en la escala más baja.» En una pregunta en el Pleno
del Congreso de los Diputados, pedí aclaraciones al señor Saavedra,
miembro del Consejo de Ministros, sobre por qué se regían ustedes no por
criterios de política horizontal en materia retributiva sino por
criterios de una vertiginosa verticalidad, puesto que hay funcionarios
que en sitios similares y con responsabilidad similar tienen
retribuciones diferentes hasta llegar a una cuantía del 40 por ciento.

Sigo con las palabras del Secretario General: «Pero ha sido un criterio
de gestión austera» --cosa que luego también aclararé y que no comparto--
«que concretamente ha imperado en la dirección de ese Ministerio no sólo
actualmente sino antes.» Efectivamente, las entidades gestoras tienen
aproximadamente esos 30.000 funcionarios, el INSS no sobrepasa los 60.000
millones en gestión de recursos humanos, lo que supone el 6,3 por ciento
del presupuesto que gestiona el Instituto Nacional de la Seguridad
Social, y realmente ésa es una medida austera en materia de recursos de
personal.

Sin embargo, a mí me gustaría hacer una pequeña marcha por la evolución
de lo que ha sucedido con los funcionarios de la Seguridad Social desde
la Ley de Reforma de la Función Pública del año 1984. Yo le tengo que
decir, señor Ministro, con todos los respetos, que no ha habido un solo
Ministro que se haya ocupado debidamente de los funcionarios de la
Seguridad Social. En ese momento se procedió a homologar al Cuerpo
Auxiliar y al Cuerpo Administrativo, que tenían una retribución distinta
y quizá un poco más cuantiosa en esos dos grupos D y C, y pasaron a estar
congelados durante años hasta que sus complementos retributivos se
nivelaron con los de los funcionarios de la Administración del Estado. Se
creó el Cuerpo de Gestión, que ha tenido relativamente muchas ventajas en
cuanto a promoción por acceso a puestos de responsabilidad, por lo menos
en el campo de la Seguridad Social. No se homologó el Cuerpo Técnico, que
hubiera salido beneficiado, sino que a ése, como ustedes creyeron que eso
sí costaba dinero a las arcas de la Seguridad Social, no se le homologó y
se le dejó a su suerte y a la deriva. Por supuesto,



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no voy a entrar en el Cuerpo de Letrados, que no tenía ninguna
homologación aplicable en ese momento.

Yo le tengo que decir que en el año 1988, en virtud de las disposiciones
sucesivas que tenían que reglamentar la Ley de la Función Pública, se
aprobaron las primeras relaciones de puestos de trabajo en las entidades
gestoras de la Seguridad Social, abril de 1988, y se les dijo a todos los
funcionarios que tendrían un carácter provisional de un año, puesto que
se sabía que se incurría en determinadas injusticias, y que lo se quería
ver durante ese tiempo era la marcha en cuanto al rendimiento de los
funcionarios, el grado de efectividad y a la funcionalidad misma dentro
de las entidades gestoras. Provisionalidad, señor Ministro, desde abril
de 1988 a junio de 1995, en la que llevan siete años, y a temporadas, con
rumores insistentes de modificación de esas relaciones de puestos de
trabajo, de mes a mes, de trimestre a trimestre, luego para enero del año
que viene. Así sucesivamente se ha ido creando una crispación importante
en ese colectivo.

Le voy a hablar un poco de los niveles atribuidos a los distintos cuerpos
que conforman los funcionarios de la Seguridad Social.

Los auxiliares pueden ir del nivel 10 al 18. El nivel 18 puede tener el
grado correspondiente a una jefatura de negociado, pero yo le tengo que
decir que a nivel de promoción interna dentro de las entidades, lo normal
en un auxiliar son los niveles 11 y 12, pero es que luego no se
promociona, en absoluto, la rentabilidad y el deseo de colaborar más con
la gestión, puesto que en intervención, en secretaría provincial, en
pagos y operaciones financieras y en asesorías jurídicas se tienen los
peores niveles para los auxiliares; y son unidades donde a veces se
requiere determinada especialidad y un nivel importante de trabajo. Sólo
se ha primado a los auxiliares en las recientemente creadas
administraciones de la Seguridad Social.

Lo mismo ocurre con los administrativos. Esa promoción para los
administrativos puede ir del nivel 11 al 22, se quedan en el 12 ó 13,
como máximo 14, salvo que se tenga una jefatura de equipo; se promociona
sólo esa potencialidad de aumento de nivel en la periferia, en las
administraciones. Ningún incentivo en las direcciones provinciales de
cada una de las entidades gestoras.

«Sensu contrario», los funcionarios que accedan al Cuerpo de Gestión, que
pueden ir de los niveles 16 a 26, pueden acceder al día siguiente de su
ingreso en el Cuerpo a la dirección de una unidad de recaudación
ejecutiva, con nivel 24, o a la dirección de una administración, también
con nivel 24. Es un cuerpo relativamente potenciado, quizá porque no han
abundado las oposiciones al Cuerpo Técnico de la Seguridad Social. Ahí
también el Cuerpo Técnico tiene una ligera traba en relación con la
Administración del Estado. Reconozco que había técnicos por antigüedad
que accedían a esa categoría del Cuerpo A pero, desde luego, no han sido
nada incentivados, salvo en servicios centrales, en que se sigue una
política totalmente distinta, tanto en materia retributiva como en
incentivación de los niveles que se aplican a los distintos funcionarios.

En las direcciones provinciales tienen unas actuaciones de poca
virtualidad y yo diría que hasta penosas. Sus niveles pueden ir del nivel
20 al 30, pero escasamente sobrepasan nunca más que el nivel 24 de una
dirección provincial. Los niveles mayores se dan siempre en servicios
centrales. Lo mismo pasa con las retribuciones presupuestarias, alguna de
las cuales ni se conocen, porque no se suelen publicar en ninguno de los
boletines oficiales.

Sin embargo, en estos momentos corren rumores insistentes sobre
modificaciones parciales de las relaciones de puestos de trabajo, pero
siempre a niveles de los servicios centrales; creación de asesorías
técnicas múltiples, subdirecciones generales adjuntas. Por pedir, le
pediría el actual organigrama de la Seguridad Social, porque incluso
--luego se lo apuntaré-- hay alguna subdirección general que no se adecua
a lo aprobado en el Real-Decreto 1314/1984, por el cual se regulaba la
estructura orgánica, por ejemplo, de la Tesorería de la Seguridad Social,
y se adecuaban las competencias encomendadas a cada una de estas
direcciones generales. Pues bien, ahí se ha creado alguna dirección
general, que no ha sido debidamente regulada en ningún decreto, por la
vía de hecho, como se están creando ahora, en las direcciones
provinciales las unidades de procedimientos especiales para funciones que
desvirtúan incluso órganos dobles para llevar a cabo las funciones que
deberían ser encomendadas a los letrados de la Seguridad Social, porque,
que yo sepa, para los procedimientos concursales, señor Ministro, se
necesitan nociones jurídicas, que no creo que se tengan en una unidad de
tipo administrativo. Otra cosa es que luego el director provincial tome
las decisiones pertinentes con el asesoramiento previo del letrado.

Hablamos de órganos de asesoramiento diversificados. Eso no lleva a la
austeridad del servicio en las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Por lo tanto, ya para terminar, luego ya entraré en más detalles, cuando
usted me haya contestado a una serie de preguntas que le quiero hacer, le
tengo que decir que hay abuso en la publicación y modificación de las
relaciones de puestos de trabajo, porque no se tiene a todo un colectivo
siete años pendiente de esa modificación prometida con grado de
provisionalidad; tratamiento discriminatorio de funcionarios como si
fueran de segunda al no ser parte directiva del Ministerio, tratamiento
discriminatorio y penoso; no reconocimiento de la gran responsabilidad en
los recursos que se mueven en las entidades gestoras de la Seguridad
Social. Si miramos los recursos que entran en las arcas de la Seguridad
Social y los que salen, nos acercamos a los 19 billones de pesetas, y
bien que la Seguridad Social en ese ámbito haya ido copiando todas las
estructuras de la Agencia Tributaria, pero, desde luego, a niveles de
reconocimiento por la responsabilidad que tienen y de complementos, en
cuanto al reconocimiento del nivel que les correspondería según esa
responsabilidad y a niveles retributivos, ha sido un agravio, yo creo, a
la propia dignidad de los funcionarios.

Me gustaría saber qué valoración hace de todo esto el Ministerio. No se
me diga que sólo es responsabilidad de Administraciones Públicas, porque
en ese ámbito, en el que se ya se ha hecho alguna que otra pregunta,
dicen que la propuesta tiene que partir del Ministerio de Trabajo. Además
es lógico que sea el propio Ministerio de Trabajo



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el que tutele a los funcionarios que le dan un buen rendimiento
reconocido por todos los órganos de su Ministerio. ¿Qué valoración hace
el Ministerio del rendimiento de los funcionarios de la Seguridad Social?
¿Cree que es justa la congelación que se aplicó a dichos funcionarios, al
igual que a otros colectivos, donde se han modificado las relaciones de
puestos de trabajo, no una ni dos veces sino numerosas veces? ¿Cómo
quedarán los funcionarios en esa reestructuración orgánica de la que se
habla? ¿Nos puede apuntar por dónde irán los derroteros de esa reforma
estructural que además parece que tiene unas pretensiones importantes?
Con estos planteamientos me reservo el derecho de entrar luego en algunas
de las alusiones que ha hecho su señoría.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Señora
Montseny, la verdad es que para tanto detalle no venía preparado, se lo
aseguro. No sé exactamente los niveles a los que se refiere S. S. en las
distintas escalas y cuerpos de la Seguridad Social, pero le puedo decir
lo siguiente. Los argumentos en defensa de los funcionarios de la
Seguridad Social yo los comparto, lo que pasa es que también como
empresario o como representante de la Administración, tengo que defender
una gestión eficiente con el menor coste posible para el ciudadano, para
el administrado. En todo caso esa discusión sobre retribuciones y niveles
de los funcionarios las tenemos permanentemente en la mesa de negociación
con los sindicatos, que es donde nosotros hacemos nuestras ofertas y en
la que nosotros discutimos. En el Parlamento podemos, en todo caso,
discutir sobre las grandes líneas generales, pero no sobre políticas
concretas de asignación de niveles o retributivas ni, incluso, tengo la
impresión, sobre el contenido concreto de algo que todavía tiene que
aprobarse por los cauces establecidos legalmente. Es decir, estamos
hablando de una serie de planes de empleo sobre los que hemos hecho
propuestas, y he querido tener la gentileza con los ministerios
horizontales correspondientes de no definir exactamente cuáles son los
contenidos que pretendemos para esos planes de empleo. Sí sabe usted que
los ministerios sectoriales normalmente somos enormemente generosos en
las propuestas que hacemos a los Ministerios de Hacienda y para las
Administraciones Públicas en cuanto a lo que se refiere a retribuciones
del personal. Es obvio que sea así. Nosotros también queremos que el
personal esté bien retribuido y, por lo tanto, hacemos unas propuestas
normalmente generosas.

En el plan de empleo sí me gustaría que diferenciáramos dos cosas. Una
sería lo que es la nueva configuración orgánica de la Seguridad Social,
por consiguiente cómo esa configuración orgánica ha de tener unos
reajustes de plantillas con movimientos de efectivos de un sitio a otro,
y otra lo que serían ya niveles, retribuciones, etcétera.

Hay una primera gran modificación general de estructuras por la que usted
me pregunta, y le diré que yo voy a tratar de cumplir lo que el
Parlamento me ha mandado hacer. El Parlamento, en el informe para el
análisis y los problemas estructurales del sistema de la Seguridad
Social, aprobó una resolución en el Pleno del Congreso que decía lo
siguiente: Reafirmar la eficacia gestora del sistema y caminar hacia una
mayor integración orgánica de las funciones de afiliación, recaudación y
gestión de prestaciones que faciliten nuevos avances en este ámbito. Esa
es la propuesta, la recomendación, e incluso el mandato, si usted quiere
verlo así, que hace el Pleno del Congreso al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, y lo vamos a tratar de hacer. Permítame que, cuando
tengamos el proyecto, sea el primero en comparecer para explicárselo a
SS. SS., pero, en principio, sí parece que es bueno una mayor integración
orgánica de las funciones de afiliación, recaudación y gestión. Y quiero
decirle que ése es un camino que se inició, si no me equivoco, en el año
1978, con un Decreto-ley, que me parece que ha sido una de las reformas
más importantes que se han hecho en la Seguridad Social, por el que se
acabó con todo el enorme corporativismo que había en la Seguridad Social
(cuerpos, organismos, entidades, mutualidades, institutos, servicios
comunes, cajas distintas...). El Decreto-ley de 1978 fue un avance
extraordinario en esa materia y yo creo que, a partir de ese Decreto-ley,
hemos visto que esto funciona razonablemente bien. Ahora mismo, la
estructura de la Seguridad Social, con pocas entidades gestoras y pocos
servicios comunes, está dando eficaces resultados. Quizá quepa una
reflexión sobre una mayor implicación de funciones que asume el INSS con
la Tesorería, que son las que aquí se refieren, de afiliación, altas,
bajas, recaudación y gestión de la recaudación, y ello es posible que
haya que acometerlo --y vamos a hacerlo-- en un futuro próximo. Ya les
iré informando, en la medida en que lo vayamos haciendo.

Es verdad que también existe un interés del Ministerio y de la Seguridad
Social en potenciar lo que son las administraciones territoriales e ir
reduciendo el tamaño de lo que yo llamaría los servicios centrales y
centrales periféricos, no solamente centrales de Madrid, para
entendernos, sino también los centrales periféricos, en la medida que
entendemos que las unidades que se están potenciando, tanto en el INSS
como en Tesorería, son las de atención directa al público o gestión
directa de las prestaciones, que son las que realmente hay que potenciar.

Eso supone que es cierto que se ha adelgazado el volumen de recursos
humanos --y se tiene que adelgazar más-- que está integrado en los
servicios centrales en su sentido estricto y centrales periféricos, con
una mayor dotación de las administraciones territoriales, y también es
cierto que en esas administraciones territoriales y locales de atención
directa es donde se están produciendo los mayores incrementos de
complemento de destino, lo cual es lógico porque pretendemos que sea ahí
donde haya un mayor volumen de personal. Lleva usted razón cuando dice
que es ahí donde los auxiliares tienen mayores niveles, donde los
administrativos tienen mayores niveles, donde lo tiene el Cuerpo de
Gestión y el Cuerpo Técnico.

Si usted me preguntara --y le agradezco el tono en que me lo ha planteado
porque estoy seguro que colaboraremos



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en este tema-- cuál es el objetivo que, dentro de la política general de
efectivos humanos concretos de cuerpos, tendríamos que potenciar más en
entidades gestoras de la Seguridad Social, le diría que quizá sea en los
cuerpos de nivel superior, básicamente Cuerpo Técnico y Letrados. ¿Por
qué? Porque son las funciones en donde más se va a ver la gestión de la
Seguridad Social. Lo otro es --y usted lo sabe-- un componente
informático en un 70 por ciento. Es decir, son los programas
informáticos, los programas de reducción incluso de efectivos humanos y
de gestión automatizada de las prestaciones los que están determinando
que existan ahora unos espacios, que son los espacios del conocimiento
profundo de la legalidad jurídica, de la vigilancia, de la recaudación en
materia recaudatoria, y al mismo tiempo del control de recaudación, desde
el punto de vista de la legalidad, que son los que más nos interesa
potenciar, y son el Cuerpo Técnico, el Cuerpo de Letrados y el Cuerpo de
Inspección los que realmente vamos a potenciar. Es verdad que en otros,
como decía anteriormente, se ha producido un adelgazamiento de las
diferencias; es decir, hoy día, con la informatización de la gestión de
la Seguridad Social, lo que era esa discrepancia grande entre los niveles
más bajos y los más altos cada vez se estrecha más, porque el mundo de la
informática, no sé si afortunada o lamentablemente, en general, lo que
está haciendo es que las diferencias, incluso en cuanto a la
responsabilidad de los diferentes puestos de trabajo, se haga más
pequeña. Es decir, un puesto informático, incluso de suministrar datos a
los ordenadores centrales, es un puesto de una enorme responsabilidad y
trascendencia, porque de él depende incluso la repercusión económica de
que el reconocimiento de la prestación sea correcto. Por tanto,
simplemente esos trabajos de alimentación informática son unos trabajos
que, teóricamente, eran de auxiliares, pero están adquiriendo un rango de
mayor responsabilidad. Y habrá que ver también en esos niveles más bajos,
con esos incrementos de responsabilidad en las relaciones de puestos que
acompañen a los planes de empleo, la posibilidad de subirles de nivel.

En cuanto al Cuerpo de Letrados, si no me equivoco, ahora mismo tiene el
nivel 24. Un letrado hoy día tiene mucha eficacia, por cierto. Hace unos
días --lo digo para general satisfacción--, la Decana de los jueces de
Madrid me comentaba cómo los letrados de la Seguridad Social, en los
pleitos que se están llevando de Seguridad Social, han mejorado
increíblemente el potencial técnico de conocimiento y de ejecución de los
trabajos asignados. Eso significa que un nivel 24 no es suficiente;
nosotros hemos pedido, incluso antes de aprobar el plan de empleo, que el
Cuerpo de Letrados pase, como mínimo, al nivel 26.

Es verdad que todo esto va a dar lugar a una serie de movimientos, pero
yo le pido que tenga la comprensión de reparar en que si hay una
Administración que ha experimentado una transformación cualitativa
importante desde mediados de los años 70 hasta ahora, ésa ha sido la de
la Seguridad Social. La Seguridad Social es una de las administraciones
que más ha cambiado, y que lo ha hecho radicalmente en su estructuración,
en su organización, en su integración, en las funciones que desarrollaba,
en los medios que utilizaba y en las respuestas que tenía que dar al
ciudadano. Es verdad que ésta es una administración que ha cambiado mucho
más que la del Estado, muchísimo más; la del Estado ha tenido que
adecuarse a una serie de nuevas funciones, pero, realmente, el potencial
humano y de administración que tenía la Administración General del Estado
ha cambiado, en comparación la Seguridad Social, muchísimo menos. Eso
significa que la relación de puestos de trabajo de 1988 está obsoleta,
que hay que modificarla, y me gustaría que el plan de empleo que
aprobáramos fuese un plan abierto y dinámico, es decir, que no fuera un
plan cerrado, porque tengo la impresión de que va a cambiar aún más en el
futuro. La administración de la Seguridad Social, con el fenomenal aporte
informático que está teniendo, y con las nuevas funciones que tiene
encomendadas, va a cambiar radicalmente en los próximos años.

Decía usted que entraban o salían 19 billones de pesetas en la Tesorería.

Un poco menos. (La señora Montseny Masip: Entradas y salidas.) Bueno, de
flujos. Si son flujos financieros, más. Imagínese usted una oficina que
recauda al año, si computamos las aportaciones del Estado, casi un billón
al mes, lo cual produce unos flujos financieros enormes, pero también es
verdad que los gastos en prestaciones son también enormes. Solamente en
pensiones estamos hablando de casi siete billones de pesetas de pagos al
año, pero si usted mira luego el dinero que se incorpora a gestión,
comprobará que es pequeño. Es posible, no le digo que no, que el
porcentaje de gasto de personal sobre el gasto total de gestión no sea
muy elevado, pero también es verdad que hemos tenido que sufrir los
costes mayores de lo que yo llamo la primera revolución de la tecnología
informática, que han sido muy superiores a los que van a ser en el
futuro; en el futuro van a ser desarrollos de programas y, probablemente,
los costes tecnológicos de la nueva informática van a ser muy inferiores,
pero en los últimos años han sido cuantitativamente altos.

En todo caso, insisto en ello, señoría, aunque tampoco debiera decirlo
muy claramente porque soy absolutamente solidario con la política que
hace el Gobierno respecto de los funcionarios, sí me gustaría que los
funcionarios de la Seguridad Social tuvieran una mayor retribución, y lo
digo sinceramente; así aparece recogido en el plan de empleo del INSS y
de la Tesorería que hemos aportado al Ministerio para las
Administraciones Públicas y que discutiremos con Hacienda.

Además, le doy la razón en otra cosa, no solamente en Seguridad Social,
le doy la razón en que la estructura periférica de la Administración del
Estado siempre ha estado preterida, pero ésta es una historia muy vieja.

Es decir, los niveles que se asignan a los funcionarios de la
administración periférica son siempre más bajos que los que se adjudican
a los servicios centrales. A mí me gustaría tener una administración
periférica que tuviera unos servicios centrales periféricos pequeños,
pero que tuviese los mismos niveles que tienen los servicios centrales de
la administración de la Seguridad Social, porque no va a haber gran
diferencia entre lo que haga, por ejemplo en Barcelona, un servicio
central periférico de la Seguridad Social de lo que puedan hacer en el
INSS, no va a haber



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grandes diferencias puesto que, cuando hagamos el dimensionamiento
adecuado de plantillas, sus funciones van a tener la misma trascendencia
y la misma relevancia. Por tanto, en esa misma dirección me gustaría
caminar. Es decir, no es posible que sean más altos los niveles de los
diferentes grupos de funcionarios de los cuerpos de la Seguridad Social
que se pueden conseguir en Madrid que --entre comillas lo digo-- los de
«provincias». Siempre, insisto, ha sido así y siempre, como usted sabe,
las ambiciones de los funcionarios fueron las de llegar a Madrid porque
allí podían conseguir unos niveles y unas retribuciones muy superiores.

En todo caso, insisto, creo que, por lo que usted me ha indicado y por lo
que yo sé que va en el plan de empleo que hemos presentado, las líneas
son muy parecidas, por ese camino van las dos cosas. Por tanto, creo que
es cosa de que todos nos esforcemos. Le agradezco mucho su ayuda y si
usted puede apoyar también, de la misma manera que yo voy a tratar de
hacerlo, a los otros ministros horizontales, podremos conseguir lo que
creo que es de justicia.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Señor Griñán, me ha precisado usted muy poco.

En principio, para la modificación de las RPT no tiene por qué ser
necesaria la publicación de los planes de empleo, son dos cosas
totalmente distintas.

Si yo le he hablado de niveles de auxiliares y de administrativos es
porque conozco este problema. Cuando un auxiliar o un oficial están o en
la secretaría provincial, o en la intervención provincial o en la
asesoría jurídica de cada una de las direcciones provinciales, se marcha,
por uno o dos niveles más, a una administración, cuando son trabajos que
muchas veces requieren una cierta dedicación y especialidad. No se
potencian determinadas unidades dentro de las entidades gestoras de la
Seguridad Social, y eso redunda en perjuicio del servicio.

Usted me ha hablado de letrados; yo no le he hablado de letrados por
razones obvias, pero ya que me dice que los quiere potenciar, le voy a
decir que hace un mes tuvo a un centenar de letrados en los vestíbulos
del Ministerio de Trabajo y nadie se dignó recibirles. Y muchas de las
preocupaciones que siente el Cuerpo de Letrados son por razones de
funcionalidad, de mayor transparencia en la gestión y de mayor
acercamiento a los propios directivos de las entidades gestoras. Por
ejemplo, que no haya asesorías jurídicas paralelas, como se está dando el
caso ahora con una subdirección ilegal creada, que no está en la
estructura hecha en el año 1984, y le voy a decir qué subdirección es
ésta, porque no está contemplada la competencia en ningún sitio. Se trata
de la Subdirección General de Coordinación y Planificación de Gestión
Recaudatoria de la Seguridad Social, sólo para negociar los
procedimientos concursales. Y el Decreto que antes le he citado, el 1314,
encomendaba dicha función a la Subdirección General de Recaudación en Vía
Ejecutiva. Se ha creado ahí una subdirección más que no está en el
organigrama y que supone una asesoría jurídica paralela. ¡Qué mal me lo
pone usted! Si me dice que los letrados rinden, no veo por qué se tienen
que crear dobles órganos para funciones similares. Además, en
correspondencia con la creación de esa subdirección (que no está
contemplada en el organigrama actual, cuya remisión a esta Cámara yo le
agradecería para que mi Grupo lo pueda conocer con detalle), se están
creando en este momento en las direcciones provinciales las unidades de
procedimientos especiales con rango de subdirección provincial, también
para llevar a cabo esas negociaciones en los débitos concursales, que
creo que en este momento no son más altos que en otros muchos momentos de
la historia reciente de las crisis económicas españolas, como fueron, por
ejemplo, en el año 1985.

No he entrado en la guerra de cifras, pero le voy a dar unas cuantas. La
Tesorería ha seguido paso a paso todos los mecanismos de creación de la
recaudación en vía ejecutiva, igual que la Agencia Tributaria; la
descentralización administrativa, igual que la Agencia Tributaria. Pues
bien, le voy a citar un complemento específico del director de la Agencia
Tributaria de una provincia grande y le voy a decir que es de 4.000.000
de pesetas, y el director de la Tesorería en una provincia exactamente
igual, la misma, lo tiene de 1.087.000 pesetas al año. Tres millones de
diferencia sólo en el complemento específico, cuando en la Tesorería de
la Seguridad Social se puede, a partir de la publicación del Reglamento
General de Recaudación, negociar las subastas y, cuando la propia
Administración considere que no hay una licitación suficientemente alta,
negociar la venta por gestión directa. Y eso es una excesiva
responsabilidad para el trato que tienen los subdirectores provinciales
en este momento, para la retribución y el nivel que tienen, que es el 26.

Usted no me ha aclarado nada de la creación de asesorías técnicas, de
subdirectores generales adjuntos en las direcciones generales, y ahí
también se produce una constante modificación de las RPT parciales, que
sólo afectan a los órganos centrales de esas entidades gestoras, lo cual
también me parece flagrante. Y le voy a decir más. Las retribuciones de
los subdirectores generales del INSS y de la Tesorería, sólo en concepto
de productividad por objetivos, llegan a 600.000 pesetas al trimestre.

Desde luego, porque los funcionarios no lo saben, porque, si no, se
armaría un revuelo increíble. Son datos puntuales que yo tengo.

Me ha hablado usted de la descentralización, y ahí, señor Griñán, le
tengo que decir una cosa: si la austeridad en materia de recursos de
personal ha sido, desde luego, altamente eficaz en perjuicio de los
propios funcionarios, esa austeridad no se ha contemplado en la
descentralización administrativa. Le voy a dar las cifras de locales que
se han comprado en todo el país: 271 compras de locales para ubicar las
unidades de recaudación ejecutiva. Yo he pedido los precios de compra de
esos locales, para lo cual voy a solicitar una comparecencia próxima del
Secretario General de la Seguridad Social, y se han pagado cantidades
astronómicas. Nada de austeridad, señor Griñán, nada. 250 locales para
ubicar las administraciones de la Tesorería General de la Seguridad
Social: ninguna austeridad, señor



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Griñán. Y, sin embargo, dotaciones de personal a medias porque luego
llegó el recorte de los planes de empleo.

Las CAI y agencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social
ascienden por lo menos a 400, y le voy a dar una cifra. Barcelona:
agencias del INSS, 32. ¿Esto es acercar de verdad la Administración al
público, 32 agencias para tramitar los papeles en la provincia de
Barcelona? Madrid: 28. Administraciones de la Seguridad Social en la
provincia de Barcelona, 23; en Madrid, 30. Unidades de recaudación
ejecutiva --todo esto con la consiguiente compra de local, en unos
momentos en que ya el Estado tenía que empezar a apretarse el cinturón
por los gastos de despilfarro del Gobierno socialista--, en Barcelona,
26; unidades de recaudación ejecutiva en Madrid, 30. Estamos hablando de
la compra de aproximadamente 800 locales sólo por lo que respecta al INSS
y a la Tesorería. No conozco en profundidad, porque todavía no me ha
contestado el Ministerio, lo que ha comprado el Instituto Social de la
Marina, pero con la guía laboral me he tomado la molestia de ver las
agencias de colocación del INEM en la provincia de Madrid: 42. Esto no es
austeridad, señor Griñán. La austeridad sólo con los funcionarios no me
vale.

Ayer en la prensa saltó también la noticia sobre el concepto de un
coeficiente o un nivel retributivo de cuatro altos cargos del Ministerio
de Trabajo. Que se nos diga quiénes. Y que no se nos diga que es un
error. Le voy a dar otro detalle, señor Griñán. La productividad de los
directores generales en el primer año de congelación de los funcionarios
fue aumentada tres meses antes de notificar dicha congelación a los
funcionarios de la Seguridad Social, pero el complemento de productividad
fue aumentado para los directores generales. ¡Hombre, hay que tener un
poco de sentido común! No se pueden hacer estas cosas.

El señor Secretario General para la Seguridad Social me contestó en la
comparecencia de 14 de mayo del año pasado, que acabo de citar en mi
primera intervención, que la descentralización administrativa de la
Seguridad Social había costado 6.000 millones. Es imposible, porque si
sólo la compra de un local para ubicar a la Dirección Provincial del INSS
de Granada ha costado 1.600 millones, señor Griñán, no se me puede decir
que todo el resto de la descentralización ha supuesto 6.000 millones de
pesetas. Ante la pregunta sobre la compra de ese local para ubicar a la
Dirección Provincial de Granada, que ha tenido su eco en la prensa, señor
Griñán, la contestación que me dio el Ministerio es que se compró a las
cooperativas de viviendas sociales, en virtud de un convenio de
cooperación. Me gustaría saber qué es eso de la compra de un local por
parte de la Tesorería General o del Instituto Nacional de la Seguridad
Social en función de un contrato de cooperación cuando se pagan 1.000
millones más de lo que ha costado realmente la compra del terreno y la
construcción del edificio al cabo de once meses.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Ruego, señor Griñán, que me aclare todos estos
puntos, puesto que se habla de austeridad, y le pido de verdad la
remisión del organigrama de la Tesorería para tener claro cuántos
asesores hay, cuántos subdirectores generales adjuntos y cuánto personal,
sobre lo que no tenemos ni idea para tener un control sobre la
administración de la Seguridad Social.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Griñán Martínez): Ahora
mismo sí que podría alegar incongruencia entre una parte y otra, porque
en esta última parte me saca usted una serie de cuestiones ajenas a las
que me había dicho antes y además antes de decirlas me añade que no le
había contestado. Claro, no se las he podido contestar porque no me las
había formulado. Cuando usted me las pregunta yo se las contesto, pero
claro, no puede decirme que no le he contestado a una cosa sobre la que
previamente no me había preguntado. Ahora le puedo contestar algunas
cosas de las que me ha planteado en segundo término.

Le mandaré la base jurídica en relación con esa subdirección. Pero con
carácter general, y hay alguien aquí que no me dejará mentir, hablando de
austeridad de la Seguridad Social, le recomiendo que lea usted el último
informe del BBV sobre gestión de Seguridad Social, en el que podrá leer
cosas como que la gestión de los seguros privados no puede competir con
la Seguridad Social por lo enormemente eficiente que es ésta; entre otras
cosas. Le puedo decir que gastando mucho menos de lo que se gastaba hace
quince o veinte años, la Seguridad Social reconoce las prestaciones mucho
más en tiempo y es mucho más eficiente. Por lo tanto, en cuanto a
austeridad le diré que la Seguridad Social española es la que menos gasta
en administración y gestión de toda Europa y es concretamente una
administración que gasta la mitad que hace, por ejemplo, doce años, y
hace doce años las pensiones tardaban cuatro meses en reconocerse y ahora
tardan 17 días. Fìjese usted la falta de austeridad de la Seguridad
Social. ¿Que tiene 30 agencias territoriales? 40 ó 50, las que sean
necesarias. ¿Que el INEM tiene 42 agencias de empleo en Madrid? Son
pocas. Harían falta muchas más. Lo que yo no quiero son funcionarios en
un gran edificio de mil personas que no están respondiendo a las
necesidades de la población. Lo que quiero son personas que estén
respondiendo a lo que piden los ciudadanos, y para eso hay que
descentralizar y hay que hacer esas agencias; hay que hacerlas todas y
cada una de ellas.

Me dice además que no me puedo escudar en el plan de empleo por la
modificación o no de la RPT, y luego me acusa de que he modificado la
RPT. No pueden ser las cosas al mismo tiempo. ¡Claro que no me escudo!
Entre otras cosas, respecto a esos letrados --de los cuales no sé por qué
no puede usted hablar; ya me dirá por qué no-- cobran desde hace dos años
50.000 pesetas lineales de productividad porque se modificó la RPT,
cuando se congeló el sueldo a todos los funcionarios; 50.000 pesetas
lineales mensuales en los dos últimos años. Se congelan las
retribuciones, pero no en los letrados. Eso es así. ¿Modificación



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de la RPT? ¡Claro que la habrá! Y para puestos de trabajo de las agencias
también la habrá, naturalmente que sí. Pero el problema es que le estaba
diciendo --que me parece que no me ha escuchado, porque parece que lo que
traía usted preparado es esta última intervención-- que el nuevo plan de
empleo pretende cambiar el signo y la orientación de la dimensión de los
recursos humanos de la Seguridad Social, y eso sí requiere un plan de
empleo. No basta con decir: Vamos a cambiar el nivel de los letrados de
24 a 26. Eso se puede cambiar mañana negociando. No hace falta un plan de
empleo para eso y probablemente lo haremos antes del plan de empleo. Pero
el problema es otro. El problema es que entendemos que la actual
estructura de personal de la Seguridad Social no es la adecuada para las
funciones que tiene que desarrollar; no es adecuada al complejo
organizativo e informático que ha asumido y, al mismo tiempo, al cambio
de funciones que pretendemos que asuma. Por lo tanto, para eso sí hace
falta un plan de empleo, y le he querido decir, incluso más allá de lo
que la corrección me permite, cuáles son las orientaciones de ese plan de
empleo. Y digo más allá porque el plan de empleo no lo apruebo yo. ¿Que
ganan menos los funcionarios de la Tesorería de la Seguridad Social que
los de la Tesorería del Estado? Naturalmente. También gano yo menos como
funcionario de la Inspección de Trabajo que un funcionario que es la
Inspección de Hacienda. Pues sí. Hay diferencias entre los cuerpos de la
Administración del Estado.

De todos modos --insisto-- usted tiene una ley de presupuestos todos los
años en donde me gustaría que hiciera enmiendas, porque el papel de los
sindicatos se da en la mesa, no en el Parlamento, y el papel de los
Diputados es presentar enmiendas, y esas enmiendas a las que usted ha
hecho referencia ahora no las he visto en los presupuestos anteriormente
aprobados. (El señor Núñez Pérez: ¿Cómo que no?) Perdón, señor Núñez, no;
las que ella ha dicho, no. Insisto: no. Por lo tanto, parlamentariamente,
hay que hablar en el Boletín Oficial de las Cortes, y sindicalmente, en
la mesa de negociación. Y con los sindicatos me reúno o se reúne el
Ministro para las Administraciones Públicas. Y aquí hablamos en el
Parlamento. Y porque no puede quedar ningún cobijo de duda, ustedes han
aprobado en el Parlamento las retribuciones de los altos cargos de la
Seguridad Social. Aquí está lo de este año y lo que cobran es lo que dice
aquí (El señor Ministro nuestra un documento a la Comisión.), ni una
peseta más. Por tanto, hay respaldo presupuestario, y no sólo hay
respaldo presupuestario, es que además están en nómina, con todos los
descuentos legales y fiscalizados por la Intervención. Es verdad que hay
una nota de reparo que dice que un complemento antiguo de destino --que
no nos lo inventamos nosotros los socialistas, que existía antes--
todavía no se había integrado en productividad, y desde el año 1989 o el
1990 nos dice que ese complemento tenía que haberse integrado en
productividad, pero la cantidad global es la que está escrita aquí,
aprobada por la Cámara; es la que figura en nómina, es la que fiscaliza
la Intervención y es sobre la que se operan los descuentos. No me diga lo
que puedo decirle, le digo lo que es, porque está aquí. Este es un papel
que ha aprobado el Parlamento. Esta es la cantidad, con todos los
descuentos.

A lo que íbamos, y prefiero abundar un poco más en su intervención
inicial. Yo estoy convencido de que los funcionarios de la Seguridad
Social deben mejorar retributivamente, pero tienen que estar en función
de los objetivos que marque el Parlamento y el Gobierno. Y los objetivos
y los cambios de objetivos y las nuevas funciones que comportan los
cambios que se están experimentando en la sociedad española darán lugar a
cambios no solamente cuantitativos. Los cuantitativos son muy fáciles:
una enmienda. Suba usted el sueldo a estos señores, y ya está, y
bájeselos a otros, claro. Súbalo a uno y bájelo a otro. O ponga más
impuestos. Porque todo no se puede hacer. Subir el sueldo a unos, no
tocar a los demás y no tocar los impuestos es muy complicado, pero lo
pueden hacer por enmiendas, y a lo mejor hasta se las aceptamos. Eso no
es problema. Pero lo cualitativo, que es de lo que sí me gustaría hablar,
es lo que le estaba diciendo. La estructura básica de personal, de lo que
son las instituciones gestoras de la Seguridad Social está cambiando, y
eso requiere un plan de empleo, y el plan de empleo está donde tiene que
estar, y ese plan de empleo combina y contempla estructuralmente lo que
nosotros queremos que sea la Seguridad Social.

Todo lo demás, todos los datos puntuales que usted tiene se los he dado
yo, señoría. Usted me los pregunta y yo se los doy. Todas las semanas yo
le firmo todos los datos que usted me pide. Por lo menos, reconozca la
fuente. Podía haber añadido: como usted, señor Ministro, me los ha dado,
porque los datos se los doy, con lo cual que se sepa que esa
transferencia existe muchas veces.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trujillo Oramas.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Presidente, intervengo con brevedad para,
en primer lugar, agradecer la comparecencia al señor Ministro de Trabajo
y Seguridad Social en esta Comisión, como usted bien decía, señor
Presidente, su primera comparecencia, y agradecérsela incluso doblemente,
porque me imagino que estará un tanto extrañado por el propio contenido
de la comparecencia y aún más por el desarrollo que ha tenido la misma a
lo largo del debate que hemos escuchado.

La comparecencia, según se solicitaba, era para explicar los planes del
Gobierno, respecto a los funcionarios de las entidades gestoras de la
Seguridad Social y de la Tesorería General y, como ha dicho el Ministro,
desde un ministerio sectorial, la política con relación a su personal
está claramente marcada por una serie de elementos: la propia Ley de
Presupuestos, hacia donde ha derivado el debate, respecto a las
retribuciones; la Ley 22/1993, que establecía los planes de empleo que
debía abordar el Gobierno; la propia Ley de acompañamiento a la Ley de
Presupuestos del presente año, y el acuerdo con las organizaciones
sindicales para los años 1995/1997. Es en ese contexto general donde el
Ministro ha establecido el proceso que está siguiendo



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con relación a las medidas que tiene que adoptar con el personal de su
departamento. Ha hablado, como no podía ser de otra manera, de la
consolidación de efectivos, de la funcionarización, de la promoción
interna, incluso de la formación continua de su personal, y todo ello
enmarcado dentro de lo que tiene que ser el fondo de un debate de esta
naturaleza, como es adaptar las estructuras productivas de las
administraciones públicas y, en este caso, del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y sus organismos, a lo que son las necesidades que los
ciudadanos están demandando actualmente de los servicios públicos. De ahí
que incluso haya hecho referencia a la necesaria flexibilidad, por cuanto
estas demandas siempre tienen un flujo continuo de nuevas, cambiantes,
etcétera. Ese era el debate, aunque yo creo que las explicaciones que ha
dado el Ministro al hablar de los planes del Instituto Nacional de la
Seguridad Social y de la Tesorería General no han satisfecho a las
demandas que se le hacían. Sin embargo, frente a esto, que era
teóricamente lo que señalaba la comparecencia que se solicitaba, en
cualquier caso un tanto extraña, porque más bien sería una comparecencia
solicitada a los ministerios horizontales que son los que, en definitiva,
van a terminar marcando la pauta de todo este proceso, hemos asistido a
un debate más propio de la Mesa general de retribuciones y de empleo.

No voy a abundar en los argumentos que ha dado el señor Ministro con
relación a las críticas a la falta de austeridad en la gestión de la
Seguridad Social. ¿Por qué? Porque la propia señora Montseny, y el resto
del Grupo Popular, cuando ha comparecido el Secretario General de la
Seguridad Social ha reconocido --y ahí está el «Diario de Sesiones»-- la
magnífica gestión que realiza la Seguridad Social, entre otros por la
magnífica eficacia y eficiencia a la hora de gestionar unos recursos que
son mínimos en una gestión de volumen importante y, sobre todo, de un
servicio público tremendamente importante para nuestros ciudadanos. Por
tanto, hablar ahora aquí de falta de austeridad e incluso mezclarlo con
compras de locales, etcétera, cuando hemos debatido los Presupuestos
Generales del Estado y, en concreto, los Presupuestos de la Seguridad
Social, y cuando el Grupo Popular ha felicitado incluso al Secretario
General de la Seguridad Social. Esa es la cuestión. No se puede hacer una
especie de mezcla con estos elementos. Ya señalaba el propio Ministro
--no lo voy a repetir; ¡claro que se compran locales!--, ¿cómo vamos a
acercar ese servicio público a los ciudadanos si no abrimos esas oficinas
que ahora no se entiende mucho que se critiquen? Obviamente hay que
comprar locales.

Al final, todo eso era la excusa para hacer una reivindicación salarial.

Cualquier persona que lleve un departamento --incluso el señor Ministro
lo estará pensando, aunque es obvio que él no lo diga--, que lleve un
ministerio sectorial, ¡qué más quisiera que estar colocado en el
«ranking» de lo que son salarios para su personal! Claro que él mismo,
incluso, en su propia gestión, sufrirá a veces la pérdida de recursos
humanos que quisiera retener por la lógica intención de mejorar y
trasladarse a otros ministerios; por su puesto.

Evidentemente, el debate lo tenemos que centrar, obviamente, incluso si
fuera ése el marco, es en lo siguiente. Hay un acuerdo con las
organizaciones sindicales que abarca los años 1995 a 1997, con unos
parámetros muy claros y que se enmarcan dentro de lo que es la política
general presupuestaria de control del déficit público. Si el Partido
Popular quiere hacer alguna propuesta concreta de movimiento dentro de lo
que es ese acuerdo general con relación a colectivos o a cuerpos
determinados, que la haga. Lo que no se puede hacer, además, es en cada
sitio estar haciendo esa reivindicación --olvidándose de la resultante,
cuando luego, incluso nos acusan. Ayer teníamos en la Comisión de
Presupuestos al Secretario de Estado de Hacienda, y la principal crítica
del Grupo Popular, con relación a la ejecución presupuestaria del año
1995 era que no se iba a cumplir el objetivo de déficit público. Espero
que lo que dicen esos agoreros va a quedar en la nada, como sucedió en lo
relacionado con la ejecución presupuestaria del año pasado. Ese es el
tema, y de ahí que la resultante tendrá que ser la que hemos aprobado en
esta Cámara y a la que se refería el señor Ministro.

Por lo demás, si la resultante no se modifica estamos en los parámetros
que hemos acordado, incluso lo apoyen ustedes, pues estoy seguro de que
el señor Ministro recibirá de buen grado las propias peticiones, que en
ese sentido sí habrá contemplado algo en los planes de empleo para
mejorar la situación del personal de la Seguridad Social, ya que si la
resultante no se modifica, todos estaríamos de acuerdo.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, ¿desea usted contestar?
(Denegaciones.)
Agotado el orden del día y reiterando el agradecimiento al señor Ministro
por su comparecencia, se levanta la sesión.




Era la una y diez minutos de la tarde.