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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 503, de 31/05/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 503
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 40
celebrada el miércoles, 31 de mayo de 1995
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a regular un procedimiento estable para
la selección y contratación de profesores interinos de enseñanzas de
régimen general y especial. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal
IU-IC. (BOCG serie D, número 178. Número de expediente 161/000362).
(Página 15284)
--Sobre el Museo Nacional del Prado. Presentada por los Grupos
Parlamentarios: Socialista, Popular, Catalán-Convergència i Unió y
Vasco-PNV. (BOCG serie D, número 201. Número de expediente 161/000416).
(Página 15286)
--Por la que se insta al Gobierno a suspender la decisión mediante la
cual se decidió cobrar la entrada a los museos estatales a partir del mes
de julio de 1994. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
(BOCG serie D, número 216. Número de expediente 161/000438). (Página 15291)
--Por la que se insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses apruebe
las disposiciones que desarrollen los artículos 8.1 y 55 de la Ley
10/1990 del Deporte estableciendo los programas y planes de estudio de
las titulaciones deportivas, así como reconociendo los centros
autorizados para impartirlos. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG serie D, número 225. Número de expediente 161/000481).
(Página 15293)
Comparecencia de la señora Ministra de Cultura (Alberch Bataller), para
informar:
--Sobre la situación actual del Teatro Real y las previsiones sobre su
inauguración y funcionamiento. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 213/000572). (Página 15297)
--Sobre el cumplimiento y modificación de la normativa sobre el 1 por
ciento cultural. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 213/000554). (Página 15304)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REGULAR UN PROCEDIMIENTO ESTABLE PARA
LA SELECCION Y CONTRATACION DE PROFESORES INTERINOS DE ENSEÑANZAS DE
REGIMEN GENERAL Y ESPECIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000362.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. El orden del día de la sesión
de hoy tiene dos partes. En primer lugar, el debate y votación de cuatro
proposiciones no de ley, y hacia las 11.30 está prevista la comparecencia
de la Ministra de Cultura con dos temas. Si les parece a SS. SS., vamos a
hacer, como en otras ocasiones, el debate de las cuatro proposiciones no
de ley y, una vez concluido dicho debate, se procederá a la votación.
Comenzamos con la primera proposición no de ley, por la que se insta al
Gobierno a regular un procedimiento estable para la selección y
contratación de profesores interinos. Es una proposición del Grupo
Federal de Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Se trata de una proposición no de ley bastante
simple. En cada curso académico surgen modificaciones y dudas en relación
al procedimiento que ha de seguirse para la elaboración de listas y la
consiguiente contratación de profesores interinos. En la actualidad, se
emite una instrucción por cada proceso de selección y contratación de
estos profesores; situación que, a nuestro juicio, genera una gran
inseguridad jurídica, además de la posibilidad de que esta instrucción
pueda «adecuar» --entre comillas-- el proceso de contratación a
determinados candidatos o candidatas. Desde nuestro punto de vista, lo
deseable sería una normativa estable, en la que se recogiesen los
criterios y plazos para la inclusión y ordenación de las listas, para así
evitar situaciones que a veces revisten el talante de absoluta y total
discrecionalidad cuando no de injusticia. En este proceso de elaboración
de la norma, a nuestro juicio debieran participar, de manera muy activa,
las organizaciones sindicales representativas del sector. En definitiva,
nosotros pensamos que el Congreso debiera instar al Gobierno a regular un
procedimiento estable para la selección y contratación de profesores
interinos de enseñanzas de régimen general y especial, unificando el
sistema y las fechas para la elaboración de las listas correspondientes.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado
enmiendas. ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Alegre.
El señor ALEGRE GALILEA: El recurso a echar mano del personal funcionario
interino para proveer puestos de trabajo cuya cobertura es considerada
por parte de la Administración urgente e inaplazable, es una práctica
habitual durante todos estos años de Administración socialista. Este
procedimiento también se ha hecho extensivo, cómo no, al propio
Ministerio de Educación y Ciencia, yo diría que de forma alarmante o
abusiva en los últimos años. De hecho, el actual sistema de selección y
contratación de profesorado interino fue firmado el curso pasado por el
Ministerio de Educación y Ciencia y un sindicato representativo del
sector, el ANPE. A su vez, este acuerdo vino a sustituir a otro anterior
firmado por el Ministerio con otro sindicato también representativo del
sector de la enseñanza, Comisiones Obreras. Ambos han sido ampliamente
criticados porque beneficiaban, según los firmantes en uno y otro caso, a
un sector determinado: unas veces a aquellos profesores interinos que
tenían muchos años de servicio; otros, titulación, etcétera.
El sistema actual rotatorio, que impide que aquellos profesores que
sacaban un 2,4 en el examen fueran aprobados finalmente por los años de
servicio que tenían, tampoco ha resultado un sistema que favorezca o
satisfaga al colectivo de profesores interinos; y mientras numerosas
plazas no se cubren por estar en comisiones de servicio, como
consecuencia de la adscripción de muchos profesores en los CES como
asesores de formación, o en tareas administrativas, etcétera. De tal
manera que, como el otro día se veía en esta misma Comisión, en los
concursos de traslados de EGB, sale solamente el 40 por ciento de las
plazas reales existentes en numerosas provincias.
Esta práctica de echar mano de interinos se ha venido generalizando desde
la década de los 70, incumpliendo todas las previsiones normativas que
hay a este respecto y que consideran como excepcional el nombramiento de
personal funcionario interino que, según las órdenes y los decretos, tan
sólo puede ser utilizado cuando la prestación de ese servicio se trate de
una reconocida urgencia y pueda ser, obviamente, desempeñado por un
funcionario de carrera. Aquí estamos ante una situación en donde esos
procedimientos o necesidades de urgencia reconocida no han venido a
ponerse de manifiesto en todos y cada uno de los casos.
Por otra parte, como consecuencia del descenso demográfico habido en
estos últimos años, el número de profesores interinos y de plazas se ha
venido reduciendo, a la vez que las condiciones de trabajo del colectivo
han empeorado, sobre todo con la llegada de los contratos a tiempo
parcial. Los contratos a tiempo parcial son el cajón de sastre con el que
se ha intentado acabar con las propias sustituciones en los centros,
donde ha habido lugar el reparto de horas entre los profesores, el cobro
de esas horas extraordinarias, etcétera.
Nuestro Grupo entiende que este problema no se resuelve con el
procedimiento usado hasta ahora de los acuerdos sindicales ni con
convocatorias anuales capitidisminuidas ni con una selección o
contratación más o menos adecuada, sino que creemos firmemente que lo que
se precisa es una política para el profesorado bien planificada, seria,
transparente en la adjudicación de esas plazas que salen, y, sobre todo,
responsable, de tal manera que este grupo importante, que según el propio
Ministerio se sitúa en unos 30.000, termine con esas incertidumbres
laborales constantes a que viene siendo sometido.
Para ir terminando con nuestro posicionamiento respecto al problema que
manifiesta este colectivo, he de decir que es cierto que debe caminar
hacia un sistema estable. A nuestro entender, no debe ser el Gobierno,
sino las propias delegaciones provinciales, todas y cada una de ellas,
quienes aborden el problema, puesto que donde éste se crea es en las
propias delegaciones provinciales. De hecho, las normas de contratación
de interinos, bien o mal, han sido abordadas por parte del Ministerio.
Lo que está ocurriendo, a nuestro juicio, son varias cosas. En primer
lugar, que no salen las plazas suficientes. En segundo lugar, no es
procedimiento intentar pactar con los colectivos sindicales con el fin de
dar situaciones favorecedoras en unas firmas de convenios a unos y en
otras, a otros, porque está demostrado y se está viendo con el proyecto
de la Lopeg, de próximo debate, que esas situaciones no vienen a arreglar
los problemas, en un caso, de la enseñanza general y, en otro caso, como
el que nos ocupa, de estos profesores interinos. Nuestro Grupo, ante esta
situación, opta por la abstención en esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Rodríguez.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: La proposición no de ley que propone el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida pretende, por una parte, crear un
procedimiento estable para la selección y la contratación de los
profesores interinos de enseñanza de régimen general y especial y, por
otra parte, unificar el sistema y las fechas para la elaboración de las
listas correspondientes. Es una proposición no de ley, en los propios
términos en los que está formulada, bastante imprecisa y la defensa que
ha hecho el portavoz de Izquierda Unida tampoco aclara qué criterios
deberían establecerse para llevar a cabo esta contratación y selección de
profesores interinos.
Mi Grupo Parlamentario entiende que hay que saber conjugar perfectamente
dos elementos en la contratación de interinos. Por una parte, se deberá
tener en cuenta la antigüedad en la docencia previa de aquellos
profesores que han estado ya trabajando, ejerciendo como interinos, y,
por otra parte, también se deben tener en cuenta los resultados de unas
pruebas selectivas. Esos dos elementos habrá que conjugarlos para
establecer los criterios fundamentales a la hora de contratar y
seleccionar a los profesores interinos.
Esta Comisión no puede instar al Gobierno para que establezca unos
mecanismos uniformes, puesto que supondría olvidar que bastantes
comunidades autónomas, tienen ya transferidas competencias en materia
educativa, entre las que se halla el capítulo de personal. Deben ser las
propias comunidades autónomas las que fijen los criterios para la
cobertura de estas vacantes o sustituciones mediante el nombramiento de
interinos. Además, son las propias comunidades autónomas las que conocen
más de cerca, con más criterios, las necesidades concretas en esta
materia y, por tanto, son las que deben establecer los mecanismos para
cubrir esas necesidades educativas.
Se deben tener en cuenta los dos criterios a los que hacía referencia.
Estos criterios son los que se han establecido en las convocatorias
realizadas por el Ministerio de Educación y por las propias comunidades
autónomas. Hace un par de semanas la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía publicó una resolución en la que alude a estos dos
criterios: antigüedad y, por otra parte, resultados de pruebas
selectivas.
¿Por qué se debe tener en cuenta este mecanismo para la contratación de
profesores interinos? Mi Grupo Parlamentario entiende que se debe
establecer un equilibrio que no provoque ninguna desigualdad entre, por
una parte, los profesores que han desempeñado estos servicios docentes
como interinos y aquellos que todavía no tienen una experiencia previa
docente, pero que sí han superado algunas de las pruebas selectivas
convocadas para el acceso a la función docente.
Hay que establecer una ponderación equilibrada entre estos dos
colectivos. La antigüedad por servicios prestados como interinos no puede
suponer en ningún caso un veto --que es lo que se ha pretendido en
algunos momentos-- para que se incorporen a este colectivo otras personas
que sí han acreditado su capacidad superando estas pruebas selectivas. El
hecho de que haya unos interinos con un tiempo de servicio determinado no
puede suponer un obstáculo, un veto para que accedan a esta función de
interinos otros profesores a quienes sí se ha reconocido su capacidad, su
preparación, para ejercer la docencia mediante la
superación de alguna de las pruebas de las oposiciones que se convocan
cada año o cada dos años por el Ministerio o por las distintas
comunidades autónomas.
Este planteamiento al que me acabo de referir justifica que la
convocatoria de los procedimientos selectivos de ingreso a la función
pública docente se haga junto --viene ocurriendo así desde el año 1992--
a la convocatoria para formar parte de la lista de aspirante a interinos,
de estos puestos a cubrir en régimen de interinidad. Existe ya un
criterio que se ha puesto en marcha tanto por parte del Ministerio de
Educación como por algunas comunidades autónomas. Me refiero
concretamente al caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
¿De que se trata con este mecanismo que el Grupo Parlamentario Socialista
entiende que es correcto, con alguna pequeña modificación que pueda haber
por parte de algunas comunidades autónomas, pero manteniendo siempre
estos dos principios o criterios? En opinión de mi Grupo Parlamentario,
se trata de utilizar todos los recursos disponibles en el sistema
educativo: por una parte, la experiencia de los que ya han trabajado y,
por otra parte, los conocimientos que han sido demostrados por los que
han superado estas pruebas selectivas. De esta forma se respetan y se
cumplen los principios de igualdad, de mérito y de capacidad, tanto para
el colectivo de quienes ya son interinos, como para aquellos que han
aprobado algún ejercicio de oposición, y se valoran correctamente
distintos elementos, por ejemplo, los propios conocimientos científicos,
los méritos académicos y la experiencia docente previa.
Por último, señor Presidente, he de hacer referencia a que, en opinión de
mi Grupo Parlamentario, de estos criterios para ejercer de interino en la
enseñanza, es muy importante también contar con el acuerdo y la
participación de organizaciones sindicales. Se han alcanzado acuerdos en
unos casos con ANPE, en otros casos con Comisiones Obreras, manteniendo
siempre la ponderación de estos dos criterios: la antigüedad y las
superación de pruebas selectivas.
Si hay fórmulas acordadas entre la Administración --bien Ministerio, bien
comunidades autónomas-- y sindicatos, ésa es una buena prueba, una buena
garantía, de que el sistema de selección y de contratación de interinos
cubre, por una parte, las necesidades del propio sistema educativo y, por
otra parte, da respuesta a las demandas de estos colectivos.
De acuerdo con los criterios que acabo de exponer, el Grupo Parlamentario
Socialista votará en contra de la proposición no de ley presentada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
--SOBRE EL MUSEO NACIONAL DEL PRADO. PRESENTADA POR LOS GRUPOS POPULAR,
CATALAN (CiU) Y VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000416.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta primera proposición,
pasamos a la referida al Museo del Prado, presentada conjuntamente por
los Grupos Socialista, Popular, Catalán (CiU) y Vasco (PNV).
En primer lugar, tienen la palabra los grupos proponentes.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Clotas.
El señor CLOTAS CIERCO: Esta es una proposición no de ley de
características singulares, creo que importantes por cuanto ha sido
presentada por cuatro Grupos de esta Cámara y tiene su origen en la
comparecencia de la señora Ministra de Cultura, el 22 de febrero pasado,
en sesión de esta Comisión, en la que la Ministra expuso los planes de
ampliación del Museo del Prado y el resultado de los trabajos de la
comisión técnica para la delimitación de las colecciones del Museo del
Prado y del Museo Reina Sofía.
Como es fácil deducir por la trascendencia cultural de estas
instituciones, se trataba de que éste no fuera un tema más de debate
entre los distintos Grupos, sino de darle la consideración que merece,
una consideración que los Grupos firmantes entendemos que va más allá de
10 que puede ser el mandato de una legislatura o incluso de un Gobierno,
y que deberá ser tratado como un proyecto de Estado.
En esa voluntad, los cuatro Grupos suscribimos una proposición no de ley,
que es la que hoy debatimos, que mi Grupo apoya totalmente. Sin embargo,
quisiera hacer alguna observación porque la proposición no de ley tiene
cuatro puntos, en dos de los cuales los Grupos proponentes apoyan al
Ministerio de Cultura, al Gobierno, en dos acciones: la que se refiere a
la convocatoria de un concurso internacional para la ampliación del Museo
del Prado y la relativa al informe de delimitación de las colecciones.
La proposición no de ley incluye también dos puntos en los que se insta y
se solicita al Gobierno que procure, por un lado, incorporar a la
ampliación del Museo del Prado el actual Museo del Ejército y, por otro,
la inclusión en el proyecto de ampliación de los terrenos que circundan
el claustro de los Jerónimos. Todo ello ha sido ya iniciado por el
Ministerio de Cultura. Mi Grupo no propone ninguna enmienda «in voce»,
pero sí quisiera dejar claro ante la Comisión que la fórmula empleada en
su día para redactar esta proposición no de ley, utilizando los verbos
«instar» y «solicitar», hoy han quedado algo desfasados por la propia
realidad y porque la actividad del Ministerio, que ha cumplido con lo que
prometió en esta Comisión, ha hecho que estas gestiones estén ya muy
avanzadas, aunque parece que una de ellas sufrió un retraso por algunas
dificultades con el Arzobispado de Madrid, que este ponente lamenta y se
propone preguntarle a la Ministra, en el Pleno del Congreso de los
Diputados, por este hecho que nos parece como mínimo poco grato.
Dicho esto, señor Presidente, sólo quisiera congratularme de que una
iniciativa de este tipo se presente de una manera consensuada y con el
apoyo muy mayoritario de esta Comisión, e invitar a los grupos que en su
día no firmaron a que hoy manifiesten el apoyo hacia un proyecto que
tiene vocación de ser el proyecto de todos, que tiene vocación de ser un
proyecto de futuro y que ha despertado, como saben SS. SS., un gran
interés internacional porque
no en vano el Museo del Prado es, sin duda, la primera institución
cultural de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, la proposición no de ley que
vamos a aprobar tiene, por un lado, un alto contenido simbólico que
conviene resaltar y, por otro, permitirá que el Museo del Prado, y en
buena medida el Reina Sofía, tengan un horizonte seguro, del que han
carecido hasta ahora, única forma de que puedan desenvolverse unas
instituciones culturales de esta importancia y de esta significación en
España, al margen de los naturales vaivenes políticos o de los cambios
administrativos.
Este trámite, señor Presidente, es felizmente atípico. No se trata de
argumentar para intentar convencer, ni para rebatir argumentos de otros
Grupos. La proposición no de ley es fruto de un acuerdo de cuatro Grupos
parlamentarios y ojalá salga aprobada con la unanimidad de la Comisión.
Desde la legislatura pasada --y ahí están los Diarios de Sesiones para
poderlo comprobar--, el Grupo Popular ha pretendido que el Museo del
Prado, y en general las grandes colecciones nacionales, queden fuera del
terreno legítimo de disputa entre los partidos políticos. No ha sido
fácil, pero al final, a la tercera intentona, ha sido posible. Nótese que
tanto en la legislatura pasada, cuando había un Gobierno que tenía un
apoyo mayoritario en la Cámara, como en ésta, en que no lo tiene, hasta
que se ha logrado este acuerdo no ha sido posible acometer, de forma
satisfactoria, la resolución de los problemas y necesidades del Museo del
Prado, puestos de relieve con insistencia por el Real Patronato del
Museo.
Creo que corresponde felicitarnos por esta iniciativa conjunta, por el
hecho de que haya sido posible. Me parece que en este momento es también
de justicia que la Comisión elogie la actuación del Presidente y del Real
Patronato del Museo del Prado, cuyo prestigio personal y colectivo, cuya
dedicación, cuya independencia insobornable al servicio del Museo y por
tanto de la cultura española, merecen este reconocimiento público y este
estímulo para que sigan en esta misma línea de defensa del mandato que
han recibido en el puesto que desempeñan.
Señor Presidente, la proposición no de ley es suficientemente clara en su
texto como para no tener que explicarla, pero sí hay dos aspectos que me
interesa destacar. En primer lugar, se trata de una iniciativa del
Parlamento, que ha surgido en la Cámara, y con la que la representación
de la soberanía nacional no sólo manifiesta su interés y su atención por
la primera y más significativa institución cultural de España, sino que
avoca para sí la última palabra sobre las grandes decisiones que afectan
y afecten en el futuro a las colecciones nacionales, y lo hace además de
conformidad con el procedimiento que se acordó en esta misma Comisión,
teniendo en cuenta la opinión de los expertos y de los órganos del Museo.
Esto, además, se hace en debate público, con luz y taquígrafos para que
trascienda a la opinión pública, y con pronunciamiento de todos los
grupos parlamentarios no sólo en las intervenciones, sino posteriormente
en las votaciones, para que haya así un compromiso público y expreso de
los grupos parlamentarios, única forma de que la solución adoptada se
mantenga en el tiempo, al margen de los naturales cambios políticos.
La segunda aclaración desgraciadamente sólo es necesaria por la confusión
que ha surgido en los últimos momentos. Creo que es una confusión fruto
de actuaciones que me atrevo a calificar no sólo de lamentables, sino de
precipitadas en torno a la utilización del solar que circunda el claustro
de los Jerónimos.
Tiene que quedar muy clara la posición de la Cámara cuando en el punto
tercero de la proposición no de ley, suscrita por los cuatro Grupos
parlamentarios (tiene razón el señor Clotas, ahora se han hecho algunas
gestiones, pero es la forma parlamentaria que se utiliza para las
proposiciones no de ley, esto significa que la Cámara apoya que el
Gobierno haga estas actuaciones), se dice: Solicitar al Gobierno que para
la ampliación del Museo del Prado se procure la utilización del solar que
circunda el claustro de los Jerónimos, continuando las gestiones ya
iniciadas, de manera que pueda conseguirse ese objetivo con el acuerdo de
todas las partes interesadas.
Estamos hablando --para que quede constancia en el «Diario de Sesiones» y
sirve de aclaración de cuál es la voluntad de la Cámara-- del espacio
entre muros perimetrales y arquerías, que ha de poder ser utilizado; es
decir, la zona que rodea las arquerías del antiguo claustro es un
elemento esencial del concurso de ideas. Al decir y resaltar que es un
concurso de ideas, se trata de que en su momento, terminado éste, los
órganos competentes del Ejecutivo son libres para elegir, no quedan
vinculados por las ideas, pero los que concurran al concurso tienen que
poder disponer intelectalmente de esa posibilidad de utilizar eso para la
construcción de un edificio de nueva planta. Así lo dice la convocatoria:
resuelto el concurso de ideas y resuelto y adjudicado el proyecto, se
puede construir un edificio de nueva planta en esa zona. Evidentemente,
un edificio que respete no sólo el conjunto desde el punto de vista
arquitectónico. Este edificio sería la resolución urbanística de una zona
histórica de Madrid que no ha encontrado su solución desde hace muchos
años, y esto lo podría facilitar. Es evidente que esta posible
utilización para la ampliación del Museo del Prado debe hacerse
respetando el uso religioso, compatible con el Prado, y con la
satisfacción de quienes en estos momentos son los titulares de ese solar,
dentro de un acuerdo.
Además, hacemos votos porque no haya ninguna dificultad, como parece que
no la va a haber si se actúa con buena voluntad por ambas partes --parece
razonable que sea así--, cuando se trata de un terreno cedido por la
Corona al Arzobispado de Madrid en 1878, segregado del patrimonio de la
Corona y cuando nunca ha sido utilizada esta parte que circunda el
claustro.
Estamos seguros de que va a haber un acuerdo, hacemos nuestros votos
porque sea así, pero queremos dejar muy claro cuál es la interpretación
que esta Comisión da al punto 3.º de esta proposición. Esto tiene un
enorme interés
para que todos los que quieran concurrir al concurso de ideas lo hagan
con la seguridad y no con dudas de si su proyecto puede o no tener en
cuenta ese terreno.
No me queda, señor Presidente, sino decir que en el punto 4.º la Cámara
apoya la convocatoria por el Gobierno de un concurso internacional de
ideas. Quiero recordar que nuestro Grupo Parlamentario solicitó en la
pasada legislatura, cuando el Ministerio de entonces se descolgó con un
proyecto hecho a su antojo, un concurso internacional de ideas. Ahora ya
ha sido posible y supone, evidentemente, el apoyo a lo que salga del
concurso internacional de ideas; supone el apoyo a todo el proceso que se
inicia en este concurso internacional de ideas que fue explicado aquí por
la señora Ministra, proceso sobre el que también hubo acuerdo de los
grupos parlamentarios y así figura en el «Diario de Sesiones».
Creo que esta voluntad política de segregar el Prado de las diferencias
naturales entre los partidos políticos, de hacer todo este proceso de un
modo absolutamente transparente en sede parlamentaria, para que conste en
los «Diarios de Sesiones», para que a través del Parlamento la opinión
pública tenga conocimiento del mismo, consultando a los expertos,
habiendo convocado un concurso internacional de ideas con las mayores
garantías y contando, como contamos, con la garantía de la actuación
impecable del Patronato del Museo del Prado y de su Presidente se ha
cumplido. Estamos en condiciones, como decía al principio, de
felicitarnos por esta iniciativa y de transmitir a la opinión pública
española y a la opinión pública internacional que mira al Prado con gran
atención, que en muchos momentos lo ha mirado con gran preocupación y que
ahora ve su futuro asegurado precisamente porque existe este acuerdo
político, la tranquilidad de que por las fuerzas políticas no va a quedar
el que el Prado tenga un futuro a la altura de su importancia cultural,
histórica y simbólica para España y para todo el mundo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán, tiene la palabra el señor
Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Desde la consideración en que este acuerdo se
ha planteado por diferentes grupos parlamentarios, desde la brevedad que
requiere el que esta iniciativa ha tenido una unanimidad y desde la
satisfacción que nos produce observar el debate que ha surgido en
distintas legislaturas sobre este tema, que es una cuestión de Estado
desde la perspectiva de la cultura, nuestro Grupo se congratula de que se
someta a la aprobación este acuerdo que suscribimos. Nos congratulamos
también especialmente por la importancia que el Museo tiene y porque ésta
es una de esas excepciones en las que el debate parlamentario lleva a un
consenso que produce satisfacción.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición sobre esta
proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: El Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya se va a abstener en la votación de esta proposición no de
ley conjunta de cuatro Grupos de la Cámara del Congreso de los Diputados,
en función del método que se ha seguido para la redacción de esta
proposición no de ley y en función de uno de los aspectos fundamentales
del contenido.
En cuanto al método, porque no hemos sido consultados ni llamados, por lo
que no hemos podido fijar nuestra posición e intentar sintetizar una
posición conjunta.
En cuanto al contenido, se ha dicho aquí que se trata de conseguir una
especie de pacto de Estado, de silencio responsable para que las
discusiones entre los grupos no sigan existiendo respecto al Museo del
Prado. Yo lo interpreto como silencio responsable sobre el futuro del
Museo del Prado.
Incluso se ha llegado a decir que esta proposición no de ley significa
estar ya de acuerdo con el resultado del concurso de ideas. Esto nos
parece absolutamente excesivo por cuanto no conocemos quién va a juzgar
ni cuál va a ser la conclusión de ese juicio. Por lo tanto, tenemos
derecho a la crítica en cualquier momento y no podríamos suscribir esta
orientación. Además, el debate con respecto al Museo del Prado es
imparable, fundamentalmente porque uno de los puntos que nosotros
querríamos haber aportado y que no hemos podido hacerlo porque ni
siquiera hemos sido consultados --la señora Ministra vino aquí, soltó el
tema sin que previamente hubiera consultado, al menos con nuestro Grupo
no lo hizo en absoluto-- es el aspecto presupuestario del Museo del Prado
y sus enormes necesidades, expuestas aquí por el Presidente del
Patronato, señor Ordóñez. Estas declaraciones fueron recogidas incluso en
primera página, por los problemas que atraviesa el Museo del Prado.
Todo esto significaría, a nuestro juicio, que el debate se sacaría de
esta Cámara y pasaría a los arquitectos, a los técnicos, a los críticos
de todo tipo y de toda publicación, a los pintores, etcétera. El debate,
desde luego, va a existir en función de un concurso internacional de
ideas que se va a convocar y que va a tener una elección, unas
prioridades presupuestarias frente a otras. Nosotros nos saldríamos de
este debate, y lo que se habla aquí, que sería una especie de pacto de
Estado, realmente se configuraría como una especie de pacto de silencio
sobre el Museo del Prado. Además, si se tratara de un auténtico pacto de
Estado, que debe trascender los límites de una sola legislatura, ¿cómo se
hace a través de un debate tan desvaído, de una iniciativa tan desvaída
también, que ni siquiera se ve en Pleno y que no se le da la solemnidad
precisa para un tema de esta enorme importancia? Máxime cuando la
proposición no de ley no es vinculante, ni siquiera en esta legislatura,
sólo lo es políticamente, y desde luego para otra legislatura en absoluto
puede ser vinculante. Ahí tenemos el caso de la herencia del señor Solé
Tura, que encarga el proyecto al señor Partearroyo, y cuando llega la
señora Ministra actual prescinde de todo lo que se ha hecho anteriormente
(yo no estoy tomando ahora posición con respecto a la bondad o maldad del
proyecto anterior), pero ya vemos que de una a otra legislatura esto no
es en absoluto vinculante. Esto no es un pacto de Estado, a nuestro
juicio, no tiene esa solemnidad, no puede tener ese alcance, y más cuando
estamos
hablando de la obra del siglo para el Museo del Prado, que puede suponer
unos 20.000 millones de pesetas --esto es lo que se ha publicado--, que
es casi la mitad del presupuesto anual actual de todo el Ministerio de
Cultura. Y no se ponen plazos, no se dan señales de ningún tipo a nivel
presupuestario, no hay compromisos reales.
Por tanto, señor Presidente, nosotros nos vamos a abstener, estando de
acuerdo con la intención que se manifiesta, porque es una intención,
repito, desvaída y que no tiene compromiso cierto alguno. Nos vamos a
abstener, repito, con lo cual nosotros cuando llegue la hora de opinar
tranquilamente, como van a opinar pintores, arquitectos, críticos,
técnicos de todo tipo, tendremos también la posibilidad de opinar por qué
no hemos suscrito esta especie de pacto de Estado que, a nuestro juicio,
más que un pacto de Estado es un pacto de silencio. (El señor Cortés
Martín pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, le recuerdo que en las proposiciones
no de ley no hay turno de réplica. Evidentemente, hay grupos que
coinciden con la propuesta y grupos que no están de acuerdo con ella.
El señor CORTES MARTIN: No, señor Presidente, es simplemente para una
aclaración, en un asunto de tanta importancia, que estoy seguro de que el
señor Alcaraz también agradecerá. Creo que tiene mucho interés el que la
opinión de la Cámara quede reflejada en el «Diario de Sesiones» a los
efectos de que todas las personas que puedan presentarse a este concurso
tengan la certeza de que lo que van a hacer es participar en un proyecto
muy serio.
En cuanto al método, ha sido estrictamente parlamentario. Es la cuarta o
la quinta vez que en esta Comisión hablamos de este asunto. El
procedimiento que se va a seguir ha sido acordado en esta Comisión con
luz y taquígrafos, y ahí está el «Diarios de Sesiones». Se ha ofrecido a
todos los grupos y yo personalmente he llevado al señor portavoz de
Izquierda Unida esta proposición no de ley por ver si quería sumarse a la
firma, como lo hemos hecho con los demás grupos de la Cámara.
En cuanto al silencio responsable, lejos de haber silencio responsable,
acabo de insistir en mi intervención, como hemos dicho en todas las
anteriores en las que se ha hablado de este asunto, que lo que hacíamos
era evocar para el Parlamento cualquier decisión de fondo que se tome
sobre el Museo de El Prado. En lugar de que estas decisiones se puedan
toma simplemente por el órgano ejecutivo de El Prado o por el Ministerio
sin contar con el Parlamento, lo que se hace aquí es que cualquier
decisión consultada con los expertos, elaborado por los órganos de
gobierno del Museo de El Prado y, por supuesto, tomando la iniciativa el
Gobierno de España, que es a quien le corresponde, tiene que ser
respaldada por el Parlamento. Esta es la base del acuerdo entre las
distintas fuerzas políticas que hoy tienen una posición política, de
oposición o de gobierno, y mañana pueden tener otra.
Eso nunca ocurrió, señor Alcaraz, en la legislatura pasada con el
proyecto del arquitecto Parterroyo, y ésta es la diferencia. Por eso lo
de entonces no vinculaba, porque eso no fue apoyado por las fuerzas
parlamentarias. En concreto la mía no la apoyó, se manifestó en contra,
entonces dijimos que queríamos un concurso internacional de ideas, hubo
otra fuerza que sí lo apoyó y hubo otras que no participaron en ese
debate. Ahora hay cuatro fuerzas políticas (y de verdad lamentamos que no
se sume también la suya) que decimos que apoyamos este procedimiento.
Es evidente, señor Alcaraz, que cuando apoyamos este procedimiento
apoyamos los resultados del procedimiento. Si el señor Alcaraz no sabe
quiénes forman parte del jurado que decide el concurso internacional de
ideas, se debe exclusivamente a que no ha leído la orden del Ministerio
de Cultura de 15 de marzo de 1995. Aquí viene bien claramente señalado
cuál es el procedimiento. Por tanto, si apoyamos el concurso y que se
haga a través de un concurso, lo que no puede ser es que quienes
concursan piensen que no les va a juzgar ese jurado, sino que de nuevo va
a ser esta Comisión, constituida en un tribunal estético el que va a
decidir. Habrá que respetar el procedimiento. Apoyamos este concurso
porque el jurado está formado por personas de enorme prestigio, hecho con
gran rigor, con gran objetividad, en los términos en que se acordó por
parte de todos los grupos parlamentarios, salvo, lamentablemente, el que
representa S. S., cuál debía ser el procedimiento.
Que quede clara constancia, es lo único que quiero decir. Que quienes
concurran --creo que es un motivo de enorme satisfacción para España el
que hayan manifestado su voluntad de concurrir a este concurso los
arquitectos más prestigiosos de todo el mundo-- tengan la certeza tanto
de cuáles son los terrenos sobre los que van a poder volcar sus ideas y
sobre los que van a poder actuar, como que la gran importancia de este
acuerdo político es que, al margen de los cambios políticos que se puedan
producir, todas las fuerzas que suscriben el acuerdo respetarán el
procedimiento, cada uno en el papel en que esté en las sucesivas etapas
del proyecto. Este es un proyecto muy largo, porque después de un
concurso de ideas tendrá que venir un concurso de proyectos, y después
del concurso de proyectos, tendrá que venir la adjudicación del proyecto.
Presupuestariamente es evidente, y parece razonable (ya decía que era una
intervención atípica, porque que tenga que estar yo aquí explicando y
glosando lo que va a hacer el Ministerio de Cultura, no deja de tener su
atipicidad) que no puede el Ministerio de Cultura de hoy decir cuál va a
ser el presupuesto de un proyecto que no sabe cuál va a ser, porque el
proyecto podrá ser más caro o más barato, los plazos de ejecución podrán
ser unos u otros en función de la dificultad. Pero interesa mucho --creo
que está en la responsabilidad de esta Comisión y por eso agradezco mucho
el que la Presidencia me permita decir esto-- porque el «Diario de
Sesiones» de esta Comisión va a ser leído por muchas personas, algunas de
las cuales estaban desconcertadas por declaraciones o correcciones de
errores, precipitadas y que no tenían que haberse producido, porque la
convocatoria era correcta y los términos en los que se habían manifestado
los cuatro Grupos parlamentarios de la Cámara eran muy claros en punto a
la utilización del solar que circunda el claustro de Los Jerónimos. No
puede quedar
ninguna duda sobre que la votación que vamos a hacer ahora supone el
compromiso político de que quienes apoyamos esta proposición, quienes la
hemos presentado y quienes la votamos luego, adquirimos el compromiso
político; evidentemente, un compromiso suscrito ante la opinión pública y
que queda reflejado en el «Diario de Sesiones», de respetar el resto del
procedimiento. ¡Faltaría más! Y queda muy claro el procedimiento en la
orden de convocatoria.
Muchas gracias, señor Presidente, por su generosidad. Creo que ha sido
interesante el que se pueda producir esta aclaración.
El señor PRESIDENTE: Señorías, la primera parte de la intervención del
señor Cortés ha sido una aclaración. La segunda parte ha entrado ya en la
réplica y ha vuelto a abrir los turnos.
El señor Clotas tiene la palabra, en primer lugar.
El señor CLOTAS CIERCO: Señor Presidente, en este turno algo atípico yo
desearía también hacer una brevísima aclaración.
El señor Alcaraz se ha referido a un pacto de Estado, expresión que yo no
he empleado. Yo he hablado de proyecto de Estado, no pacto de Estado. No
es que la fórmula me parezca un despropósito, pero sólo quiero señalar
que yo no he empleado esa expresión.
Quisiera también decir algo respecto a una expresión empleada por el
señor Alcaraz que obedece a que no ha entendido probablemente cuál ha
sido la voluntad política de los Grupos que hemos suscrito esta
proposición no de ley. Hablar de pacto de silencio, cuando lo que se ha
querido con esta proposición no de ley es, en primer lugar, que los
representantes legítimos (a menos en la mayoría de los grupos que son los
representantes legítimos del pueblo español) sean los que participen en
este gran proyecto del siglo XXI, como va a ser la ampliación del Museo
de El Prado, que se haga en esta Cámara, en el Congreso de los Diputados,
que representa la máxima institución del Estado, no tiene absolutamente
nada que ver con el proceso que se va a producir en la sociedad, y que se
está produciendo ya, de diversidad de opiniones, como ha ocurrido en
todos los países que han convocado concursos de ideas de esta índole. Hay
que decir que no es éste el primer concurso de ideas que se convoca en el
mundo, lo que provoca un sanísimo debate que discurrirá por los cauces y
de las formas en que debe discurrir, y que la iniciativa de esta Cámara
no solamente no pretende impedirlo, sino que se va a congratular de que
sea un gran debate que tenga la altura que debe tener.
En cuanto a la voluntad de que tenga el realce que debe tener, no se debe
menospreciar el debate en el seno de esta Comisión del Congreso de los
Diputados. Quiero añadir que para darle a esta iniciativa la importancia
que tiene, el Presidente del Gobierno asistió a la reunión del Patronato
del Museo de El Prado. Digo esto porque de la intervención que hemos oído
del Grupo que se va a abstener, parece que las cosas son de otra manera.
Quisiera añadir, una vez más, señor Presidente, que lamento que la
posición de un grupo importante de la Cámara sea la de abstención y que
no haya aprovechado esta ocasión para unirse a la mayoría de los grupos
que vamos a aprobar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Quiero contestar diciendo que se puede tratar de
una técnica parlamentaria más, pero que no ha sido una técnica
parlamentaria participativa. El señor Cortés lo ha dicho: me llevó el
texto de la proposición no de ley para que yo me sumara a ese texto
redactado por otros grupos, no para que yo pudiera presentar ninguna
enmienda o para que yo pudiera matizar cualquier aspecto, sino para que
yo me sumara. No interpreto que esto sea una técnica parlamentaria
normal. La técnica parlamentaria normal es que cuando todo el mundo firma
algo, todo el mundo participa de ese texto elaborado de manera conjunta.
Yo hubiera hablado, teniendo en cuenta lo que aquí se aprueba, ya que
puede ascender a la cantidad de 20.000 millones de pesetas, de la
necesidad de establecer unos períodos determinados, dado el presupuesto
que tiene el Ministerio de Cultura que va disminuyendo progresivamente.
Teniendo en cuenta acuerdos que se pueden adoptar y traspasos que se
pueden dar a las comunidades autónomas, puede seguir reduciéndose este
presupuesto. Por tanto, ¿de cuántos años estamos hablando? ¿Qué alcance
tiene este supuesto acuerdo que ustedes suscriben y que se va a aprobar
en esta Comisión de Cultura? Eso no se sabe, en absoluto.
Por otra parte, teniendo en cuenta que se va a convocar el concurso de
ideas y que el proceso puede durar más de un año, nos podemos encontrar
con que en la siguiente legislatura el concurso de ideas esté sin
resolver. Se ha dicho que nosotros damos por aprobado el concurso de
ideas, con lo que yo no estoy de acuerdo ya que tengo que ver quiénes se
presentan y qué es lo que aprueba la Comisión correspondiente y entonces
diré si estoy de acuerdo o no con lo que se aprueba. Yo no tengo por qué
aprobarlo previamente. Si ésta es una de las condiciones del texto que se
nos presenta, eso confirma más nuestra posición, no en contra de esta
iniciativa sino para no integrarnos en el texto con las sombras que han
aparecido a lo largo del debate, como si ya tuviéramos que estar de
acuerdo con la resolución del concurso de ideas. Posteriormente también
habrá que estar de acuerdo con el concurso de los proyectos puesto que
parten de un concurso de ideas que aquí previamente se aprueba sin
conocer la resolución. Estoy de acuerdo en todo caso, y ya se verá sobre
el terreno, en que el debate va a ser profundo y que en él participarán
los distintos grupos políticos.
Señor Cortés, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español
han participado en debates y reflexiones previas y conjuntas en el propio
Ministerio de Cultura. Pues bien, nosotros no hemos participado en esas
reflexiones, ni sabemos el auténtico alcance de los acuerdos. Y si uno de
los alcances es que damos por sentado que la resolución del concurso de
ideas es positiva, no podemos estar de acuerdo por simple sentido crítico
y democrático. Nosotros
nos vamos a abstener. Si la obra que aquí se convoca va a tener un
importe, en pesetas constantes, de 20.000 millones, suponemos que este
debate va a durar entre cinco y diez años si tenemos en cuenta el debate
que posteriormente vamos a tener con la señora Ministra sobre el Teatro
Real, que es de un importe parecido a éste y que ha tenido una duración
parecida a la que pueda tener la ampliación del Museo del Prado.
Este es un debate que no se zanja con este supuesto acuerdo, sea o no de
Estado, porque no tiene el carácter vinculante al que aquí se ha aludido.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SUSPENDER LA DECISION MEDIANTE LA
CUAL SE DECIDIO COBRAR LA ENTRADA A LOS MUSEOS ESTATALES A PARTIR DEL MES
DE JULIO DE 1994. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000438.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta segunda proposición no
de ley, pasamos a la tercera en la que se insta al Gobierno a suspender
la decisión de cobro de entradas en los museos estatales, que es también
del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Tiene la palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: A mediados del mes de marzo, el Subdirector
General de los Museos Estatales comentó la reducción del 23 por ciento de
visitantes a los museos desde que se empezó a cobrar la entrada a
mediados del mes de julio de 1994. Partimos de una reducción seria de
visitantes entre el 15 de julio de 1994 y el 15 de marzo de 1995: 156.516
visitantes menos sobre un total de 700.000. Estos datos están constatados
en función de lo que ha dicho el señor Subdirector General de Museos
Estatales y de los cálculos que ha realizado la Junta de Andalucía, que
ha decidido renunciar a cobrar la entrada en los museos para evitar la
pérdida de un 20 por ciento de las visitas. Por consiguiente, se reducen
en un 20 por ciento aproximadamente las visitas al cobrar la entrada, con
un importe medio de 400 pesetas.
Estamos ante una política de recaudación que, por cierto, va a parar a
las arcas de Hacienda y no repercute directamente en los museos
correspondientes; recaudación que no llega, en absoluto, a las cantidades
que aquí se aludieron en otras comparecencias en las que se habló de 800,
900, cerca de 1.000 millones, cuando la realidad es que va a estar en
torno a los 150 millones anuales. Entre el 15 de julio de 1994 y el 15 de
marzo de 1995, se recaudaron 82 millones de pesetas. En Andalucía, en un
año, se prevén recaudar unos 100 millones de pesetas, lo que quiere decir
que la Junta de Andalucía va a tomar la medida de no cobrar puesto que,
por razones sociales suprime ese rendimiento económico que es mínimo.
Nosotros pensamos que en España, a nivel estatal, esto también debiera
ser así: debiera quitarse este rendimiento económico, que pasa a las
arcas de Hacienda y que supone unos 150 ó 200 millones de pesetas, por
los perjuicios sociales que ya se están detectando, fundamentalmente para
las familias, las mujeres y la juventud, y por la reducción --aquí están
los datos--, del 23 por ciento de visitantes, desde que se cobra el
precio de la entrada.
Se nos suele repetir que se trata de una sentencia del Tribunal Europeo
sobre la necesidad de tratar a los distintos visitantes en igualdad de
condiciones y que esto se realiza de la misma manera en todos los países
de la Unión Europea. Pues bien, señorías, tengo que decirles que esto no
es así. La sentencia, en todo caso, dice que hay que tratar a todo el
mundo igual, sea español o extranjero, es decir, cobrar o no cobrar, pero
no impone que haya que cobrar. Dice que si se cobra, hay que hacerlo a
los extranjeros y a los españoles, y que si no se cobra, exactamente
igual. En primer lugar, que no se siga interpretando la sentencia de esta
determinada manera, torticera, porque no responde a la realidad. En
segundo lugar, voy a citar unos cuantos museos que no cobran la entrada:
la National Gallery, donde, como digo, la entrada es gratuita y sólo se
cobra en las exposiciones especiales, como es normal, puesto que suponen
muchos gastos, entre ellos los de seguro, gastos que de alguna manera hay
que recuperar; el British Museum, gratuito; la Tate Gallery, gratuita; la
National Gallery, de Irlanda, gratuita. En general, en muchos sitios sólo
cobran los museos de titularidad privada. El caso de Italia es otro,
porque en los museos incluyo hay entradas por tramos, pero ellos han
adoptado ese sistema libremente, tratando igual a los italianos que a los
extranjeros, que es lo que pide la sentencia del Tribunal Europeo.
Por tanto, nosotros, teniendo en cuenta la reducción de visitantes que se
ha producido, ya constatada; teniendo en cuenta que, además, se va a
producir una desigualdad en el Estado --la Junta de Andalucía ya ha
decidido que no se cobre en los museos andaluces--; teniendo en cuenta
que no nos salimos de la sentencia, y teniendo en cuenta que hay que ir a
una función social de los museos, pedimos que se retrotraiga la
resolución que se adoptó y pasemos a la situación anterior al inicio del
cobro de la entrada en los museos, a partir del 15 de julio de 1994.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no se han presentado enmiendas;
por tanto, ¿qué grupos desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán, señor Baltá tiene la palabra.
El señor BALTA I LLOPART: Voy a manifestar con brevedad el criterio de
nuestro grupo, en un sentido poco favorable al planteamiento que nos ha
expuesto el señor Alcaraz, que lo ha hecho sobre bases reales, con un
sentido que compartimos de la promoción de la cultura y de las visitas a
los museos, pero la experiencia de nuestra coalición en la gestión de
gobierno en el ámbito de la cultura nos dice que es bueno que haya cierto
coste a cargo de los visitantes de los museos. Junto a esto, y dado ese
23 por ciento que, como al señor Alcaraz, nos preocupa muchísimo,
consideramos que quizá el precio de visita a los museos
tiene que ser un precio político y, además, tiene que existir una
importante campaña de promoción de las visitas a todos los grupos
sociales interesados en este aspecto.
Por tanto, nuestra posición es contraria a esta propuesta que nos hace
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Consideramos necesario que
exista un precio determinado, ya que eso hace precisamente que se valore
aquello, pero, sobre todo, que desde la estructura del Ministerio de
Cultura y de todos los organismos implicados en el caso, se invierta
tanto como sea posible para que este 23 por ciento pueda resolverse y que
las visitas a los museos sean más frecuentes, pero, como digo, a parecer
de nuestro grupo la visita gratuita no es una solución para el caso, sino
que más bien produce desinterés.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Martínez Laseca
tiene la palabra.
El señor MARTINEZ LASECA: Intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo
Parlamentario Socialista, para fijar nuestra posición en esta proposición
no de ley del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que se
presenta ante la Comisión de Educación y Cultura.
Con la presente proposición no de ley se solicita del Gobierno que
suspenda la decisión mediante la cual se resolvió cobrar la entrada a los
museos estatales a partir del mes de julio de 1994, instándose al mismo
tiempo a que dicha entrada sea gratuita en las mismas condiciones que
regían con anterioridad a dicha orden. La razón que aducen los
proponentes es que los museos del Estado, desde que se exige el pago de
una entrada, han perdido el 23 por ciento de visitantes, habiéndose
recaudado por tal concepto una cantidad relativamente pequeña, en torno a
los 80 millones de pesetas. Asimismo, en la exposición de motivos se
afirma que no todos los Estados miembros de la Unión Europea cobran
entrada para acceder a los museos; ahora bien, para abordar el problema
que nos ocupa el hecho de que los restantes países europeos condicionen o
no el acceso a sus museos al pago de una cantidad de dinero carece de
relevancia. El grupo proponente, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
solicita que se vuelva a la situación anterior a 1994, en la que
solamente los españoles, junto con los nacionales de Estados miembros de
la Unión Europea menores de 21 años o residentes en España, tenían acceso
gratuito a los museos estatales. Si se pretendiera razonar por analogía,
habría que buscar ejemplos de países en los que se encuentre establecido
un régimen igualmente discriminatorio por razón de la nacionalidad y no
meramente ejemplos de entrada gratuita para la generalidad de los
visitantes.
De otra parte, es bien conocida la causa por la que el Gobierno ha
modificado su política en materia de entrada a los museos estatales,
establecida en los términos que acaban de señalarse por dos acuerdos del
Consejo de Ministros, de fechas 7 de diciembre de 1982 y 21 de enero de
1986. La Comisión Europea, tras intimar a nuestro país para que eliminara
la diferencia de trato entre nacionales de distintos Estados miembros que
dicha política implicaba, interpuso denuncia ante el Tribunal de Justicia
por incumplimiento de las obligaciones dimanantes de los tratados
constitutivos de las Comunidades Europeas. La sentencia condenó a España
por incumplimiento de los artículos 7 y 59 del Tratado CE, que,
respectivamente, tienen el siguiente contenido. En el ámbito de
aplicación del presente tratado, y sin perjuicio de las disposiciones
particulares previstas en el mismo, se prohibirá toda discriminación por
razón de la nacionalidad. En el marco de las disposiciones siguientes,
las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la
Comunidad serán progresivamente suprimidas durante el período transitorio
para los nacionales de los Estados miembros establecidos en un país de la
Comunidad que no sea el destinatario de la prestación.
En cumplimiento de la sentencia, se adoptaron dos clases de medidas. En
primer lugar, se reformó el artículo 22 del Reglamento de los museos de
titularidad estatal, aprobado mediante Real Decreto 620/1987, de 10 de
abril, por el que se remitía al Consejo de Ministros la autorización,
mediante acuerdo, de la entrada gratuita a los museos, admitiéndose
explícitamente un tratamiento diferenciado de los ciudadanos españoles
respecto de los restantes Estados miembros de la Unión Europea. La nueva
redacción del artículo 22, operada mediante el Real Decreto 496/1994, de
17 de marzo, dispone expresamente que se respetará la igualdad de trato
entre todos los ciudadanos comunitarios, previa acreditación de su
nacionalidad, al tiempo que se elimina toda referencia a la posibilidad
de autorizar con carácter general la entrada gratuita a los museos.
En segundo término, mediante orden del Ministerio de Cultura, de 28 de
junio de 1994, se aprobó el precio de entrada a los museos adscritos a
dicho departamento en 400 pesetas, fijándose a continuación las
siguientes condiciones especiales: resultan exentos los menores de edad,
los mayores de 65 años, los jubilados, los miembros de asociaciones de
amigos del museo y el voluntariado cultural y educativo. Se benefician de
una reducción del 50 por ciento los titulares del carné joven o de
estudiante, así como los grupos vinculados a instituciones culturales o
educativas. Caben autorizaciones especiales por motivos profesionales, de
estudio o de investigación. Los sábados por la tarde, los domingos y los
días 6 de diciembre, 12 de octubre y 18 de mayo la visita será gratuita.
Junto a esas condiciones especiales cabe citar también el sistema de
abono anual para visitar uno, alguno o todos los museos gestionados por
el Ministerio de Cultura, aprobado mediante orden de 20 de enero de 1995.
Este conjunto de medidas especiales o de facilidades, según manifestó en
su día la Ministra de Cultura, debe resultar suficiente para amortiguar
el efecto negativo que la supresión de la gratuidad puede tener en
relación con la merma del número de visitantes.
La Ministra consideró, igualmente, que desde 1982, ha arraigado entre la
población una sensibilidad por las artes plásticas que antes no existía,
por lo que el estímulo que la entrada gratuita suponía no resulta ya tan
necesario. También advirtió que la gratuidad para todos los ciudadanos
comunitarios, única alternativa posible desde el respeto al principio de
no discriminación, no resultaría equitativa, ya
que en la Unión Europea el pago de entrada en los museos constituye una
práctica general.
En resumen, y para concluir, hemos de resaltar que la entrada gratuita a
los museos estatales, reservada a los ciudadanos españoles y a
determinadas categorías de ciudadanos comunitarios, ha sido condenada
como práctica discriminatoria por el Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas, por lo que su reimplantación supondría una
violación flagrante del derecho comunitario que no resulta posible
respaldar.
Por todo ello, y consecuentemente con lo expuesto, entiende nuestro
grupo, el Grupo Parlamentario Socialista que esta proposición no de ley
no debería merecer la aprobación por parte de esta comisión de Educación
y Cultura. De ahí nuestro voto que será en contra.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE EN EL PLAZO DE SEIS MESES APRUEBE
LAS DISPOSICIONES QUE DESARROLLEN LOS ARTICULOS 8.1) Y 55 DE LA LEY
10/1990, DEL DEPORTE, ESTABLECIENDO LOS PROGRAMAS Y PLANES DE ESTUDIO DE
LAS TITULACIONES DEPORTIVAS, ASI COMO RECONOCIENDO LOS CENTROS
AUTORIZADOS PARA IMPARTIRLOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 161/000481.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la tercera proposición no de
ley, pasamos a la cuarta, por la que se insta al Gobierno a que
desarrolle la Ley del Deporte. Ha sido presentada por el Grupo Popular.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Carreño.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: La ley del Deporte, de octubre de
1990, trasladó a la Administración competencias, hasta entonces de las
Federaciones deportivas españolas. Desde esa fecha, a través de diversas
iniciativas, desde proposiciones de ley, no de ley y preguntas, nuestro
grupo ha solicitado, tanto la actualización como el desarrollo de la Ley
del Deporte. Entre otros temas importantes aún pendientes citaré el
deporte de alto nivel, sólo tratado hasta ahora en una orden ministerial
que se limita al cumplimiento por los deportistas del servicio militar;
el reglamento de espectáculos deportivos, mejor dicho su actualización,
que es fundamental en la prevención de la violencia y la seguridad en el
deporte; y las titulaciones deportivas, tema desarrollado parcial y muy
incompletamente, como ahora veremos.
Aquella apropiación o, mejor dicho, confiscación de competencias y
auténtica de bienes, pues la formación de técnicos deportivos suponía y
supone en muchos casos importantes recursos económicos para las
federaciones, tiene dos aspectos. En primer lugar, los derechos asumidos,
adquiridos por el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio de
Educación y Ciencia; pero, además, los deberes que la ley establece para
el Consejo Superior de Deportes y el Ministerio y de los que parecen
olvidarse.
Recordaré que entre las múltiples competencias del Consejo están: El
cumplimiento del artículo 7. 1), que, por cierto, el Decreto que
comentamos se olvida hacer mención al mismo, elaborar propuestas para
establecimiento de las enseñanzas mínimas de las titulaciones de técnicos
deportivos especializados y colaborar en el establecimiento de los
programas y planes de estudio relativos a dichas titulaciones, así como
reconocer los centros autorizados para impartirlos e inspeccionar los
programas de formación en las comunidades autónomas sin competencias en
Educación. Por cierto, ¿cuántas de estas tareas, de estas obligaciones
han realizado o tiene en ejecución el Consejo Superior de Deportes?
Dentro de los deberes del Gobierno, a propuesta del Ministro de Educación
y Ciencia debe regular las enseñanzas de los técnicos deportivos según
los diferentes niveles educativos; las condiciones de acceso, programas y
planes de estudio; el reconocimiento de centros autorizados y las
condiciones para la expedición de títulos. Naturalmente, todo ello
respetando las competencias en materia de Educación de las comunidades
autónomas que las posean.
Pero además aclara la ley que las federaciones deportivas españolas que
impongan condiciones de titulación para el desarrollo de actividades de
carácter técnico en clubes que participen en competiciones oficiales,
deberán aceptar las titulaciones expedidas por los centros especialmente
reconocidos. Nuestro grupo cree que las federaciones deportivas son las
realmente capacitadas y competentes a la hora de establecer las
condiciones para que técnicos titulados desarrollen sus actividades, las
suyas y las federativas, y dentro de éstas las de las competiciones
oficiales. ¿Por qué, por ejemplo, entre las funciones públicas de
carácter administrativo que se reconocen en la ley a las federaciones, no
está la tan histórica y clara del reconocimiento, homologación y
convalidación de los títulos de técnicos deportivos, así como la
ejecución de los planes de estudio específico de cada uno de los cientos
de modalidades deportivas?
El Real Decreto de 8 de abril de 1994, sobre enseñanzas y títulos
deportivos, creemos es tardío, malo, incompleto, no resuelve los
problemas de unas titulaciones deportivas privilegiadas o, al menos, aún
discriminadas con la Ley del Deporte. Es inadmisible, por ejemplo, que el
Gobierno me haya contestado el 17 de mayo de este año 1995, hace pocos
días, diciendo que la derogación de un decreto de 1969, sobre expedición
por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de los títulos de
buceadores deportivos, plantearía un vacío normativo. Lo dicen con una
ley vigente desde 1990 y un decreto de abril de 1994, que conceden todas
las competencias en cuanto a titulaciones, por parte de la Administración
central, al Ministerio de Educación y Ciencia.
Es inadmisible que me contesten que el Ministerio de Agricultura está
propiciando el estudio por todos los departamentos implicados de la nueva
norma que tendría que sustituir a la actual. ¿Es que la disposición final
segunda de la Ley del Deporte, por la que quedan derogadas todas las
normas que se opongan a la presente ley --dice--, no va con el Ministerio
de Agricultura, ni por dejación con el de
Educación y Ciencia y el Consejo Superior de Deportes? El Consejo y el
ministerio que quisieron y lograron asumir competencias de otros
ministerios y de las federaciones deben ejercerlas.
Decíamos que este decreto es malo, es incompleto. ¿Qué ocurre, por
ejemplo, con los títulos de jueces y árbitros? ¿Es que no son títulos
deportivos? De ellos se olvida el decreto. Dice, además, el decreto que
una primera aproximación a esta regulación es la puesta e marcha con
carácter experimental del módulo denominado actividades físicas y
animación deportiva dentro de la formación profesional específica
incluida en el sistema educativo. Pero ¿qué se ha puesto en marcha? En la
presentación por el Ministro de Educación y Ciencia, el pasado 20 de
abril, de la planificación de la oferta de formación profesional
específica se citan las actividades físicas deportivas, pero al final
éstas no aparecen y su real situación actual es la de finalizado el
diseño. Está absolutamente verde el tema. Esperemos se corrija esta
situación actual y, sobre todo y más grave, la final que plantea ese
informe del ministro.
Puede el Gobierno acertar, y aún está a tiempo, modificando y completando
el decreto de abril de 1994, así como las necesarias disposiciones
reglamentarias. Sí ha habido vacío importante para todas las titulaciones
deportivas, reconociendo su incapacidad para resolverlo en tiempo y
forma, no por ley, no por decreto u orden ministerial, sino a través de
una discreta y no divulgada circular número uno del Consejo Superior de
Deportes, de 10 de febrero de 1995, éste ha devuelto temporalmente a las
federaciones deportivas españolas aquellas competencias anteriormente
arrebatadas sobre titulaciones deportivas.
Acepten nuestras sugerencias en beneficio del deporte; incluyan en esas
disposiciones y modificación del decreto que pedimos en nuestra
proposición no de ley todas las modalidades deportivas, actividades
subacuáticas ya citadas, motonáutica (no citada, pero es por poner otro
ejemplo) y resto de titulaciones deportivas, jueces y árbitros que he
citado, convalidación de títulos vigentes hasta hoy expedidos por las
federaciones, reconocimiento pleno de planes de estudio de las mismas.
Supriman, a título anecdótico, la palabra «equipos» del BOE, que ha
aparecido en ese decreto y son clubes deportivos o sociedades anónimas
deportivas; redunden no sólo en las titulaciones sino en su ejercicio
profesional y, en definitiva, dada la urgencia con que se debe resolver
esta larga transitoriedad, pedimos al resto de grupos se apruebe nuestra
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado
enmiendas. Por tanto, ¿grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que en esta proposición no de ley,
al igual que en otras, hay más en la exposición argumental que en la
parte resolutiva. La parte resolutiva de la proposición no de ley viene a
pedir que el Gobierno desarrolle el artículo 8, letra l) y el artículo 55
de la Ley del Deporte, fundamentalmente diciendo que se establezcan los
programas y planes de estudio y titulaciones deportivas y también qué
centros pueden expedirlos. Eso es lo que propone como argumentación,
temas que están aplazados desde el año 1990.
Lo que proponen me parece razonable, pero en la argumentación ha
introducido otra serie de razonamientos; por ejemplo, el tema de la
confiscación de competencias o actuaciones de las federaciones por parte
de la Administración. Yo creo que en lugar de una atomización, en cuanto
a la educación o la formación para la titulación deportiva, es bueno que
cobre más carácter el educativo, el carácter globalizador que el carácter
sectorial. Por tanto, no creo que haya sido malo «per se»; lo malo es que
haya estado parado tantos años y no haya habido un proceso de regulación.
Además, en la argumentación que ha hecho ha hablado de la necesidad de
poder convalidar los títulos que han dado las federaciones, de poder
actuar sobre lo que ha sido el papel que la Administración ha tenido en
el decreto de julio de 1994 sobre titulaciones deportivas, que, parece
ser, no ha resuelto todos los problemas que había pendientes. En todo
caso, lo cierto es que en el tono de su argumentación no coincido. No
creo que las federaciones «per se» deban ser las más capacitadas, aunque
no estaría en contra de que, una vez los criterios del Ministerio de
Educación dijeran que determinada federación puede impartir tal
titulación como un centro autorizado, se pudiera producir. Es decir, yo
no creo que deba darse esa confrontación federación buena-Administración
mala, porque el día de mañana ustedes pueden gobernar la Administración y
hasta hacerlo de manera distinta a como lo están haciendo ahora.
En cualquier caso, es verdad que ha hecho una referencia a de qué manera
se ha inspeccionado en las comunidades autónomas que no tienen
competencias --la inspección de los procesos educativos la han realizado
las comunidades autónomas que tienen competencias-- o en algunas, que
siendo del artículo 143, no tienen esas competencias, y la inspección no
se ha realizado o se ha hecho de manera más relajada. En cualquier caso,
en cuanto a la filosofía de lo que propone nosotros estamos de acuerdo;
deben desarrollarse los programas y los planes de estudio para esas
titulaciones, y establecerlo claramente. Creemos que debe de primar un
criterio educativo y, por tanto, de titulación educativa, con
independencia de que haya una especialización que deba impartirse según
sea cada una de las materias, y también debe establecerse cuáles son los
centros reconocidos, las características que deben cumplir y el proceso
para hacerlo.
Si lo que se somete a votación es esta parte, nos parece positivo, debe
continuarse; si lo que se introduce como argumentación es un pulso entre
federaciones, convalidación de titulaciones que de aquí hacia atrás se
han podido producir sin una ordenación o una articulación determinada,
nosotros no estaríamos de acuerdo. Por tanto, nos encontramos en ese
dilema. En parte, la argumentación (he dicho que en otra parte de la
argumentación no teníamos ningún problema) nos llevaría a una posición de
apoyo a la parte resolutiva, aunque a la argumentación no. No sé si, al
final,
en función del tono del debate, nos llevará a la abstención o a apoyarla
en el sentido estricto de lo que propone que vamos a votar, que no es la
exposición de motivos ni la argumentación.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra el señor Martín del Burgo.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Reconociendo la necesidad de
regulación de la norma que se invoca y constatando también la
coincidencia de esta necesidad con el grupo proponente, dejamos fe en el
«Diario de Sesiones» de este extremo, pero no podemos compartir, bajo
ningún concepto, los criterios ni los tiempos expuestos. Los criterios
han sido exclusivamente políticos, extemporáneos y pretenden reabrir el
debate de totalidad de la Ley del Deporte --ya sustanciada y promulgada--
y del decreto de desarrollo correspondiente. Por tanto, no vamos a apoyar
la iniciativa según los razonamientos que queremos dar a continuación y
que obedecen a la situación y cronología de los hechos según la
sistemática de trabajo iniciada tiempo atrás por el Ministerio de
Educación y Ciencia, en concreto por el Consejo Superior de Deportes. No
obstante, confiamos en el buen juicio político del portavoz del Partido
Popular y del resto de grupos parlamentarios para su retirada o bien para
la no toma en consideración de la proposición porque no se advierte su
oportunidad.
El Ministerio de Educación y Ciencia, a propuesta del Consejo Superior de
Deportes, elabora el texto del Real Decreto de 1994 sobre enseñanzas y
títulos de técnicos deportivos, publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» con fecha 29 de abril de 1994. La finalidad de este Real Decreto
es establecer tres niveles de formación conducentes a la obtención del
correspondiente título oficial, cuyo grado de rigor científico y técnico
asegure la correcta actuación de los técnicos deportivos en el desempeño
de sus tareas y funciones. Es precisamente en esta dirección donde mi
grupo parlamentario advierte que los trabajos que ha iniciado el Consejo
Superior de Deportes van exclusivamente en la línea académica y de buena
regulación y no en la línea exclusivamente, como hemos escuchado aquí, de
tenor político.
Hay seis bloques o seis aspectos que queríamos explicitar. El primero son
los trabajos preparatorios. Deben conocer SS. SS. que ha habido casi un
centenar de reuniones de trabajo entre subdirectores generales del
Ministerio de Educación y Ciencia, más de 60 con las federaciones
deportivas españolas, con las propias comunidades autónomas y sus
responsables de deportes --es decir, los directores generales-- y con un
grupo de expertos.
En un segundo aspecto y como consecuencia de este intercambio de
experiencias, se detectan algunos problemas que están en la línea de
solución y de encaje, por ejemplo, el reconocimiento, de hecho, de
algunos títulos de entrenador. El Real Decreto de 1994 reconoce la
validez oficial de los títulos de técnicos deportivos, pero no señala su
catálogo. Existen, señorías, 30 federaciones deportivas españolas,
algunas de las cuales desde el año 1949 vienen celebrando cursos de
formación de técnicos y extendiendo diplomas de entrenador; el resto de
federaciones y agrupaciones no han extendido ningún diploma o certificado
de técnico deportivo. Hay varias comunidades autónomas que han organizado
cursos y han extendido diplomas por entender que se trata de materia
transferida que respetamos. Durante estos meses se ha trabajado en la
creación de un banco de datos en el Consejo Superior de Deportes sobre
los cursos realizados, las categorías de los mismos, el número de
titulados, etcétera.
Un tercer aspecto es relativo a los textos alternativos. El problema, a
nuestro juicio, y así lo ve también el Consejo Superior de Deportes en
estas reuniones de trabajo que mantiene con las comunidades autónomas y
con las federaciones, se debe centrar, insisto, en estudiar los textos
alternativos para desarrollar el decreto en alguno de esos aspectos: la
incardinación de estas enseñanzas en la Ley General de Educación (no
olvidemos que en la ley damos rango académico a estas titulaciones, que
era un objetivo loable que perseguíamos la mayoría de grupos
parlamentarios); la complejidad del sistema de homologación de los
titulados anteriores al 22 de abril de 1994; el currículo básico y de
enseñanzas mínimas de cada una de las modalidades deportivas o los
requisitos mínimos que deben reunir los centros reconocidos que, insisto,
éste es un tema de especial tenor.
Un cuarto aspecto sería la problemática que plantean las propias
federaciones, porque el Consejo Superior de Deportes está escuchando,
cómo no, a los genuinos canalizadores del impulso deportivo, es decir, a
nivel asociativo del deporte y aquí aparecen situaciones de la siguiente
naturaleza: situación futura de las escuelas de entrenadores que dependen
de las federaciones deportivas; la participación en la propuesta de
profesores entre los técnicos de las propias federaciones, de los propios
federados; asegurar la participación federada por medio de la designación
de técnicos deportivos en comisiones de convalidación y homologación
--algo que se ha esgrimido aquí por alguno de los grupos--; mantener la
posibilidad de su participación en la confección de los futuros planes de
estudio --también se ha escuchado aquí en este sentido--; que pueda
existir, cómo no, un período transitorio para adaptar el funcionamiento
de las escuelas, adaptación transitoria pero no automáticamente de
reconocimiento; contemplar la posibilidad de que una parte de los planes
de estudio, en materia de bloque común, pueda cursarse bajo el sistema de
enseñanza a distancia y que en las prácticas en instituciones externas,
contempladas en el Real Decreto, puedan participar las federaciones
deportivas. Con esta panoplia de actuaciones entendemos que se recogerían
las sugerencias del mundo federado y, al mismo tiempo, iríamos en la
buena dirección de homologar, convalidar y poner en el lugar adecuado
estas titulaciones con rango académico.
Un quinto aspecto sería que en estas propuestas y algunas otras, que han
sido debatidas y sobre las que se ha mantenido discusión con
representantes de las comunidades autónomas, en las que solicitan la
inclusión en la futura legislación de alguno de los aspectos que ellos
proponen y
que, sin duda, van a ser tenidos en consideración. La solución a los
problemas planteados por las comunidades autónomas y las asociaciones
deportivas puede ser incluida sin grandes dificultades técnicas en la
normativa que desarrolle el Real Decreto, pero señorías, es necesario
señalar que todo este proceso de adaptación no es un proceso simplista ni
elemental, más bien al contrario, es un proceso complejo de adaptación
que lo situamos a medio plazo.
Hay un aspecto sexto y, con ello, voy concluyendo. Con estos antecedentes
y recogiendo las sugerencias remitidas por escrito por las comunidades
autónomas y las federaciones deportivas españolas, se han elaborado
borradores del texto de los dos decretos que en su momento han de
promulgarse, a saber: Real Decreto por el cual se deben establecer
aspectos básicos del currículo que deberán contener las correspondientes
enseñanzas mínimas que conducen a la obtención del título de técnico
deportivo; y Real Decreto por el que se establecen los requisitos mínimos
de los centros que impartan las enseñanzas.
Señorías, los textos básicos de estos documentos se encuentran
actualmente en fase de estudio, de dictamen y discusión. Por tanto,
podríamos concluir que no procedería apoyar la iniciativa presentada por
el Grupo Parlamentario Popular respecto a lo que se propone por la
sencilla razón de que estas gestiones han sido iniciadas por parte del
Gobierno, de la Administración. Al mismo tiempo, no podemos estar de
acuerdo con las limitaciones que en el tiempo se aducen en el texto de la
proposición no de ley; seis meses es un plazo excesivamente corto para
hacer las cosas con rigor, como corresponde y como viene haciendo este
Gobierno y el Consejo Superior de Deportes.
Por consiguiente, como no somos partidarios de la improvisación y sí de
la negociación y del consenso, entre otras valoraciones de tipo político
y académico que hemos hecho, entendemos que no procede la toma en
consideración de esta proposición.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate... (El señor Carreño
Rodríguez-Maribona pide la palabra.)
¿Para qué desea hacer uso de la palabra?
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Señor Presidente, pidió una
aclaración el señor Ríos.
El señor PRESIDENTE: Señor Carreño, le voy a dar la palabra sólo para
aclaraciones. Por favor, no entre en debate con las opiniones de los
otros grupos.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: No entro en debate, señor
Presidente.
Quiero aclarar al señor Ríos que pedimos estrictamente lo que viene en la
proposición no de ley. Otra cosa distinta es lo que hayamos expuesto,
como el señor Ríos ha hecho otras consideraciones. Nosotros creemos que
seis meses son harto suficientes, después de los cuatro años y medio
transcurridos, para preparar las disposiciones de desarrollo de la Ley
del Deporte. Por eso queremos meter prisa e instar al Consejo y al
Gobierno para que cumplan ese plazo harto cumplido ya. Le damos una
prórroga; no es una concesión de poco tiempo, es una prórroga de seis
meses.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de las cuatro proposiciones no
de ley, vamos a someterlas a votación. Ruego a los diferentes grupos que
comuniquen a la Mesa las sustituciones que se puedan producir en estas
votaciones. (Pausa.)
Se somete a votación la primera proposición no de ley, del Grupo Federal
de Izquierda Unida, por la que se insta al Gobierno a regular un
procedimiento estable para la selección y contratación de profesores
interinos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Segunda proposición no de ley sobre el Museo Nacional del Prado,
presentada por los Grupos Socialista, Popular, Catalán y Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32;
abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a suspender la
decisión mediante la cual se decidió cobrar la entrada a los museos
estatales, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Popular, por la que se insta al Gobierno
a que en el plazo de seis meses apruebe el desarrollo de los artículos 8
y 55 de la Ley del Deporte.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor Cortés Martín pide la
palabra.)
Señor Cortés.
El señor CORTES MARTIN: Señor Presidente, quería explicar muy brevemente
el voto de mi grupo parlamentario al tercer punto del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Tiene S. S. la palabra.
El señor CORTES MARTIN: Gracias, señor Presidente.
Hemos votado en contra de la iniciativa de la proposición no de ley de
Izquierda Unida a pesar de que estamos completamente de acuerdo con la
interpretación que de la sentencia del Tribunal Europeo ha hecho el señor
Alcaraz. Evidentemente, la sentencia prohíbe la discriminación, y se
puede evitar la discriminación tanto cobrando a todos como no cobrando a
nadie. Sin embargo, pensamos que
nada es gratuito, ésta es la primera cuestión elemental; y, en segundo
lugar, la cantidad que se cobra para entrar en los museos por un lado no
es disuasoria y, por otro, se establecen suficientes excepciones como
para que nadie que tenga interés en acudir a los museos se vea privado de
ello.
Simplemente aclarar, señor Presidente, que el señor Alcaraz pedía que se
volviese a la situación anterior a 1994. Lo que se ha hecho es volver a
la situación anterior a 1982, y si el Partido Socialista no hubiese
actuado con la demagogia con que actuó en 1982, nos hubiésemos ahorrado
este camino de ida y vuelta.
El señor PRESIDENTE: Voy a suspender la sesión hasta las once y media,
que es cuando está previsto el segundo bloque del orden del día, con la
comparecencia de las señora Ministra de Cultura.
Se suspende la sesión hasta las once y medio en punto.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE CULTURA (ALBORCH BATALLER) PARA
INFORMAR:
--SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL TEATRO REAL Y LAS PREVISIONES SOBRE SU
INAUGURACION Y FUNCIONAMIENTO. A SOLICITUD del GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 213/000572.)
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.
Señorías, en esta segunda parte hay dos comparecencias de la señora
Ministra de Cultura, que ya nos acompaña y a la que saludamos. Las dos
han sido solicitadas por el Grupo Popular. En primer lugar, la señora
Ministra de referirá a la relativa a la situación actual del Teatro Real
y las previsiones sobre su inauguración y funcionamiento.
Tiene la palabra la señora Ministra de Cultura.
La SEÑORA MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Respecto a mi
comparecencia relativa al Teatro Real, necesariamente el punto de partida
debe ser mi anterior comparecencia sobre este mismo tema en esta Comisión
de Educación y Cultura, que tuvo lugar en octubre del pasado año, donde
avancé una serie de previsiones sobre inauguración y funcionamiento del
Teatro Real, así como determinadas cuestiones que hacen referencia a las
inversiones realizadas y por realizar en el mismo.
En este momento, fundamentalmente, voy a tratar de informar a la Comisión
sobre los pasos que se han seguido desde mi anterior comparecencia hasta
este mismo momento, diferenciando distintos aspectos. En primer lugar,
tendríamos que hacer referencia a la obra y el equipamiento, en el ámbito
de las previsiones, cuestión necesaria para determinar el momento de la
inauguración, pero que a su vez también tiene correlación con la misma.
Respecto a la obra y el equipamiento, se han cumplido las previsiones que
se realizaron en su momento, habiendo existido una cierta ralentización,
una vez que se ha descartado la inauguración del Teatro Real para octubre
de 1995. Ya dije en esta Cámara que las previsiones, en principio,
podrían hacernos pensar que el Teatro Real se podría inaugurar en octubre
de este mismo año. Es obvio que no va a poder ser así por las razones que
expondré a continuación, pero está claro que vamos a cumplir nuestro
compromiso de finalizar las obras este próximo verano, puesto que hemos
seguido el ritmo de inversiones, si bien con una cierta ralentización,
repito, al contar con el respiro de poder aplazar la inauguración del
Teatro Real por una serie de circunstancias que escapan, en cierta
medida, a lo que es la voluntad del Ministerio de Cultura.
¿Por qué no inauguramos el Teatro Real en octubre de 1995, y qué hemos
hecho desde mi comparecencia anterior hasta este momento? Saben ustedes
que, por un convenio firmado en 1991, el funcionamiento del Teatro Real y
del Teatro de la Zarzuela se preveía mediante la coordinación de tres
administraciones: el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Cultura. Posteriormente, el Ayuntamiento de Madrid dijo que
no podía soportar la inversión inicialmente prevista de un 15 por ciento
en ambos espacios líricos (el Teatro de la Zarzuela y el Teatro Real)
como consecuencia de la constitución de una fundación sobre la que
hablaremos más adelante.
En octubre del pasado año tuve una serie de conversaciones con el Alcalde
de Madrid, que insistió en la no posibilidad, por razones
presupuestarias, de materializar o de comprometerse a realizar esta
inversión. Más tarde hubo conversaciones a tres bandas (presidente de la
Comunidad de Madrid, Alcalde de Madrid y yo misma, con parte de nuestros
equipos) porque nos parecía importantísimo que el Ayuntamiento de Madrid
participara en la fundación y, por tanto, que sumiera la responsabilidad
de ese porcentaje del 15 por ciento en los gastos de funcionamiento de la
misma. Precisamente porque teníamos ese interés las conversaciones fueron
largas, hasta que concretamente el 12 de enero de 1995 el Ayuntamiento
decidió definitivamente su retirada de esta fundación; no obstante, se
ofreció a participar en la misma, diríamos que como un patrono especial e
importante, puesto que estaba dispuesto a ofrecer una participación de
alrededor de 200 millones de pesetas al año, cifra inferior al 15 por
ciento que le correspondería. A partir de ese momento, tanto el
Ministerio de Cultura como la Comunidad de Madrid, hemos venido
trabajando en la readaptación de la escritura fundacional y de los
estatutos de la propia fundación, manteniendo el compromiso de poner en
funcionamiento el Teatro Real, si bien esto dependía de las
disponibilidades presupuestarias, descartando ya la inauguración del
Teatro Real en octubre de 1995. Y lo descartamos, por un lado, porque
todas estas negociaciones y conversaciones habían retrasado el proceso
constitutivo (el propio nombramiento del patronato y el nombramiento del
director general), y, por otra parte, porque, como muy bien sabe la
Comisión, también hemos sufrido una serie de restricciones
presupuestarias que nos han aconsejado no forzar la marcha de la puesta
en funcionamiento del Teatro Real.
Como decía anteriormente, durante estos meses hemos estudiado la
escritura y los estatutos con la nueva composición y, por supuesto,
también ha existido un debate entre la Comunidad de Madrid y el
Ministerio de Cultura con vistas a repartir ese 15 por ciento y para ver
en qué proporción se asumía. Finalmente tras estas conversaciones, la
participación del Ministerio de Cultura es del 72,5 por ciento y el de la
Comunidad de Madrid del 27,5 por ciento.
Este convenio, que ha formalizado el compromiso por parte de ambas
administraciones y que se firmó recientemente, se considera que es un
primer paso para el nacimiento de la fundación del Teatro Real. Tanto en
la escritura de fundación como en los estatutos se prevé cuales serán los
órganos rectores, así como las responsabilidades y las competencias de
los diferentes órganos.
Como consecuencia de la formalización de ese convenio tendremos que dar
una serie de pasos hasta la constitución de la fundación, a través de la
elevación a escritura pública de la escritura constitutiva y, a su vez,
de los estatutos de la fundación, que van a ser los que regirán la vida
de la misma. Por tanto, los pasos siguientes a dar tendrán que ser
prudentes, pero al mismo tiempo ágiles.
Ya de acuerdo con el nuevo gobierno de la Comunidad Autónoma, el primer
paso es el nombramiento de patronos. En los estatutos se prevé que la
Comunidad de Madrid nombrará a cinco patronos y el Ministerio de Cultura
a siete. Esta fundación, así como el patronato, estarán presididos por el
Ministro de Cultura y los vicepresidentes serán el Presidente de la
Comunidad de Madrid y los subsecretarios. Una vez formulada la invitación
a los patronos, éstos tendrán que aceptarlo formalmente; sólo cuando este
trámite se haya resuelto se podrá elevar a escritura pública la escritura
de constitución. El segundo paso sería la formalización de esta escritura
y de los estatutos. Posteriormente, se inscribirá la fundación, siendo
competencia del patronato el nombramiento del director general.
En la reunión del primer patronato, una vez nombrado el director general,
éste tendrá que presentar el plan de actividades, la programación, el
primer presupuesto y la plantilla de personal.
Por supuesto, si quieren que después entremos con más detalle en el tema
de la configuración estatutaria no tengo ningún inconveniente en hacerlo,
sino todo lo contrario, pero en este momento quisiera comunicar a la
Cámara que estos estatutos han sido estudiados y debatidos y nosotros
creemos que son unos estatutos ejemplares y equilibrados. Creemos que se
ha logrado un equilibrio en el control de las administraciones, que es
importantísimo desde el momento en que se trata de inversiones de dinero
público, lo que les da un poder de control, pero también se dota de
autonomía a los órganos, tanto al patronato como a la dirección general,
dentro de sus respectivas competencias.
Igualmente se prevé en los estatutos --siempre dentro del modelo a que
hemos hecho referencia-- la participación de la iniciativa privada y se
configura otro órgano que nos parece importante, que es la junta de
protectores, en la que se integrarán no sólo los mecenas o protectores
que puedan tener una representación en el patronato, sino también
aquellos mecenas que, por la estabilidad y por la importancia de la
inversión que hacen, pueden tener una representación en el mismo. Por eso
me parece que es un modelo adecuado, puesto que invita a la iniciativa
privada a participar en este proyecto, a participar en la fundación, y
además se le dota de un cierto reconocimiento y protagonismo, desde el
momento en que también tienen voz y voto en el patronato. Lo que sí
creemos que en este momento tenemos que hacer, aunque ello también
depende de las intenciones, de los objetivos y de los deseos del nuevo
gobierno de la Comunidad de Madrid, es agilizar la constitución del
patronato y su elevación a escritura pública, con la aprobación de los
estatutos que van a regir el funcionamiento de la fundación. Por
supuesto, espero que el nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid sea
receptivo y colabore en este tema.
A continuación voy a pasar a analizar el tema de las inversiones, puesto
que creo que ha preocupado y sigue preocupando a esta Comisión y, por
supuesto, también a esta Ministra. Me gustaría, de una vez por todas,
hacer las precisiones suficientes respecto a las inversiones, de tal
manera que las cifras quedaran claras y que únicamente pudiera haber
algún tipo de mínima variación debido a una serie de cuestiones que no
dependen de nosotros, como pueden ser las referentes al IVA. En
principio, lo que tenemos claro es que las inversiones que se van a
realizar en el Teatro Real, consideradas de forma global, son, por una
parte, 16.700 millones en obra civil y maquinaria escénica, y, por otra
parte, 2.700 millones en el resto del equipamiento (suministros y
amueblamiento vario), lo cual nos dará una cifra de 19.400 millones de
pesetas. Me gustaría que estas cifras quedaran claras y que fueran con
las que operáramos a partir de este momento.
Si todo funciona según lo previsto, con una cierta regularidad y con la
coordinación que esperamos entre las distintas administraciones, nosotros
pensamos --insisto, si todo funciona con una cierta regularidad y
cooperación-- que la inauguración del Teatro Real podría realizarse en
octubre de 1996. Ya sé que, como en otras ocasiones he anunciado fechas
de inauguración, los representantes de los distintos grupos pueden pensar
que estoy dando otra fecha que quizá no esté en condiciones de cumplir, y
no cumplir, a su vez, el compromiso, pero en este momento lo hago de una
manera muy clara porque creo que ahora los procesos están lo
suficientemente estudiados y previstos, y los cálculos presupuestarios
también, como para hacer posible esa fecha de inauguración.
Hay que tener en cuenta --y me parece que éste también es un dato
importante-- que en los cálculos y en las previsiones que nosotros hemos
hecho, en el presupuesto del Teatro Real y del Teatro de la Zarzuela, es
decir, de la fundación teatro lírico, habría una participación de las
administraciones en su conjunto de un 70 por ciento del presupuesto total
del funcionamiento de ambos espacios, dejando --esto son cálculos
siempre-- un 30 por ciento de autofinanciación en el sentido de obtención
de ingresos propios, no sólo por venta de entradas, sino también por
comercialización de ciertos productos culturales, y también en ese 30 por
ciento entrarían las aportaciones de los privados. He de decir que, según
he observado en una serie de conversaciones informales,
sí que creo que hay una buena predisposición por parte de la llamada
sociedad civil a tener una inversión y una buena colaboración de carácter
estable con la Fundación Teatro Lírico. Lo que sucede es que nosotros
consideramos también que hasta que no se haya formalizado el tema de la
fundación resulta más difícil realizar ya contactos y propuestas
formales. Insisto en que también todo ello depende del nuevo gobierno de
la Comunidad de Madrid.
¿Por qué pensamos que es posible y que sería deseable esa fecha de
octubre de 1996? Porque si la constitución del patronato, y por tanto el
nombramiento del director general, se puede realizar antes del 1 de
agosto de este año o en el mes de septiembre de este mismo año, el
director o la directora general ya nombrado por el patronato podrá
presentar --como he dicho-- un plan de actividades, unos primeros apuntes
sobre la plantilla necesaria, que por supuesto se irá cubriendo de forma
escalonada y con toda la transparencia y publicidad necesaria y, por
tanto, se podrá iniciar ese proceso de una manera rigurosa y
completamente ajustada a los estatutos y a la escritura de fundación.
Por supuesto, este plan de actividades tendrá que ser aprobado por el
patronato, así como la plantilla, y la intensidad de ese programa, que en
el ejercicio de 1996 afectaría exclusivamente a tres meses, dependerá de
las disponibilidades presupuestarias. Por ejemplo, si partiéramos de una
cifra aproximada de funcionamiento de ambos espacios del cien por cien,
podríamos hacer un cálculo que supondría alrededor de 7.000 millones de
pesetas. Este sería el presupuesto global del Teatro de la Zarzuela y del
Teatro Real. En la proporción que he establecido antes del 70 y del 30
por ciento, y dentro de ella del 72 y del 27, las subvenciones de ambas
administraciones estarían en torno a los 4.900 millones de pesetas. De
esa parte, lo que le correspondería al Ministerio de Cultura para ambos
espacios sería alrededor de 3.400 millones de pesetas. Dado que la
inversión que se realiza en estos momentos en el Teatro de la Zarzuela
por parte del Ministerio de Cultura es de 2.000 millones de pesetas, todo
nos hace pensar, con prudencia, que para esta temporada, que afectaría
fundamentalmente a tres meses, habría disponibilidad presupuestaria por
parte del Ministerio de Cultura. Por tanto, la palabra en este momento la
tiene la Comunidad de Madrid.
Yo quisiera terminar diciendo, antes de ponerme a su disposición para
contestar a las preguntas, que estoy segura --y me gustaría muchísimo que
lo comprobáramos también el día de mañana-- de que realmente el Teatro
Real es una obra magnífica, que tenemos que velar todos por su buen
funcionamiento, y como siempre invito a que logremos el máximo consenso y
participación en una institución que debe ser ejemplar, tanto por el
contenido programático como fundamentalmente por lo que podemos ver
ahora, por la reconstrucción del propio edificio, y va a poder ofrecer
las condiciones óptimas para que sea un escenario lírico que yo creo que
se merece nuestro país, la Comunidad de Madrid y, por supuesto, el
municipio de Madrid. Invito una vez más a esta colaboración y a esta
coordinación entre las administraciones, porque sin ella difícilmente
podremos cumplir el programa que les he dicho hasta este momento.
El señor PRESIDENTE: Con el fin de organizar el debate, además del Grupo
solicitante, ¿qué otros grupos van a desear intervenir? (Pausa.) Por
parte del Grupo Popular, solicitante de la comparecencia, tiene la
palabra el señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Durante esta legislatura nuestro Grupo ha
realizado, con respecto al Teatro Real, tres solicitudes de información,
una proposición no de ley, nueve preguntas escritas, muchas de ellas
múltiples, cuatro preguntas orales, y, con ésta, dos solicitudes de
comparecencia monográfica. Es un tema en el que además hemos entrado en
sucesivos debates de presupuestos.
Hemos de reconocer que, pese a la atención y el tiempo dedicado por
nuestra parte, el Ministerio de Cultura, quizá hasta ahora, no lo ha
llevado de forma muy clara. Se ha llegado a hablar en la prensa incluso
de secretismo, como usted sabe. Ha habido ocultamiento de datos, cambios,
modificaciones y aplazamientos, aunque sabemos que todo lo que ha pasado
en el Teatro Real no es culpa de la señora Ministra, sino que, en buena
parte, es una situación heredada de otros gobiernos socialistas, pero si
bien no es responsable en su globalidad, de lo que ha pasado, sí en lo
que ha ocurrido en la etapa de su gestión y también de lo que pueda pasar
en el futuro. Esta era un poco la razón de nuestra petición de
comparecencia.
Respecto a la situación actual del Teatro, queríamos saber --la señor
Ministra ya nos ha aportado alguna luz-- cuál era el estado actual de las
obras y cuándo estaba previsto que éstas terminasen definitivamente. Como
sabe, primero se dijo que antes del verano, luego que para octubre de
este año, y ahora ya se ha referido a una fecha. Luego hablaremos un poco
más sobre esto, porque no es lo mismo terminación de las obras que
inauguración del Teatro. Quizá lo que yo no he tenido claro es cuál es la
fecha de terminación de las obras. Sí se ha referido de una manera más
concreta a la inauguración del Teatro.
Por otro lado, nos gustaría también --es una vieja pretensión nuestra--
que el Ministerio no se obstinase en una ingenua pretensión de maquillar
las cifras, como ha venido sucediendo hasta este momento. Parece que
ahora también las ofrece nítidamente; desde luego hemos tomado nota de
ellas. Señora Ministra, primero dijeron que el coste total ascendería, en
el debate de presupuestos de 1994, a 16.052,1 millones de pesetas, y
nosotros nos quedamos estupefactos por la precisión. En el debate sobre
los Presupuestos Generales del Estado para 1995, que sería de 16.700
millones. A lo que se ve ahora, hemos reducido el coste. Esto es una cosa
nunca vista, que desde luego celebramos.
También se ha hablado de 16.000 millones y el maquillaje que había
explicado antes es que el coste de 16.000 millones se aplicaba a los
cuatro proyectos en marcha: obra civil, equipamiento escénico,
suministros técnicos y mobiliario. Posteriormente nos dijeron que esto
era tan sólo el coste de la obra civil y que a ello habría que sumar el
coste de los otros tres proyectos.
Las cifras que nos salen a nosotros van muy lejos de las que nos ha
anunciado, y ya digo que desearíamos equivocarnos.
Nosotros calculamos, al final, alrededor de los 23.000 millones.
Como tuvimos ya ocasión de exponer en una de las preguntas orales de este
año, nos parece muy grave que en un solo año de gestión se le haya ido la
obra civil en la cifra de 2.500 millones. Para intentar disfrazar esto,
vaciaron la partida de mobiliario, como usted sabe, y así el coste total
del proyecto se mantuviese lo mismo y no se disparase, pero eso ya lo
hemos puesto de relieve y espero que no se recurra a maquinaciones de ese
orden para seguir ocultando la cifra final. En cualquier caso, tomamos
nota de la cifra que nos ha dicho de 19.400 millones.
También nos gustaría saber qué ha ocurrido en un tema que quizá es menor,
pero quizá nos puede hacer un comentario. Me refiero al escándalo que ha
saltado a las páginas de los periódicos respecto a supuestas
irregularidades en las mesas de contratación para la adquisición de
determinados servicios. La señora Ministra no se ha referido para nada a
ello y a nosotros nos gustaría que explicase lo ocurrido, puesto que ha
habido actuaciones poco claras desde el Ministerio. Desearíamos saber en
qué estado se encuentra este penoso asunto, máxime cuando se ha puesto en
entredicho a determinadas personas, incluso se ha cesado a alguna de
ellas. Nos gustaría saber también en qué medida han influido estos
sucesos u otros relacionados con el Teatro Real en la dimisión del
anterior Director General del INAEM, que era la única persona que quedaba
en el Ministerio de las que estaban cuando usted llegó. Asimismo nos
gustaría conocer qué ideas y directrices tiene la nueva Directora General
del INAEM respecto al Teatro Real, puesto que supongo que habrán hablado
del tema.
Se ha referido a las previsiones de inauguración; estupendamente. Tomamos
nota de la fecha de octubre de 1996, lo celebramos, aunque sólo sea por
tener un referente, porque hasta ahora nuestra alarma y la de los
aficionados es que no había una fecha a la vista. No deja de ser una
referencia, repito, cosa que era imprescindible, y, desde luego, resalto
que para poder inaugurarlo se necesita antes un período de rodaje, tanto
de la maquinaria escénica como de los sistemas técnicos del teatro,
períodos de ensayo de la obra que se vaya a representar, etcétera. Nos
gustaría saber qué plazo de tiempo es necesario o tienen previsto dejar
entre la terminación definitiva y la inauguración oficial.
También queremos conocer qué medidas se están tomando para garantizar la
disponibilidad de un personal calificado que maneje esos sofisticados
sistemas técnicos que se están instalando en el Teatro Real, cosa que,
como en otra ocasión me permití poner de relieve, no es tan sencillo como
parece, porque si en el Teatro de la Bastilla todavía no saben hacerlo
funcionar de pleno, piense lo que nos puede pasar a nosotros.
Quisiera saber qué ha pasado, si nos lo puede decir, con los contratos y
los compromisos que se habían adquirido, porque se habían adquirido, para
la supuesta inauguración en octubre de este año. Eso habrá tenido unos
costes. Nos gustaría ver qué costes han traído estos aplazamientos.
A los aficionados a la ópera de este país y a mí mismo nos gustaría saber
algo de la programación que se viene preparando desde el año 1989 por la
dirección artística del Teatro, y que no debe haber habido falta de
tiempo, dedicación y generosidad en los contratos con los encargados para
llevarla a término.
Para terminar, quisiera preguntar a la señora Ministra, ya que ha hablado
de ello, si tiene ya alguno de los llamados mecenas, con cuántos cuenta
el Ministerio de Cultura para este proyecto y qué se está haciendo para
atraer la participación privada del mismo, porque lo que está claro es
que la Ley de Mecenazgo por sí misma no va a traer a ninguno, como no los
ha traído para el Liceo. A los mecenas del Liceo no los ha traído la Ley
del Mecenazgo, les han tenido que dar palcos, publicidad, escaparates y
un sinfín de cosas que a mí me parecen bien, ciertamente, pero la
insuficiente y en su día calificada por nosotros como raquítica Ley de
Mecenazgo está visto que por sí sola no nos va a aportar nada. ¿Cuáles
son las gestiones que se están haciendo para conseguirlo?
También hay otra cosa que, si usted quiere, es insignificante, pero que a
algunas personas les inquieta. Me refiero a si estamos asistiendo a un
proceso de reconversión del teatro nacional de la ópera en una especie de
madrileñización del Teatro Real llamándole Teatro Lírico de Madrid, y si
en su nueva estructura va a cambiar en algo este concepto que siempre
hemos tenido de teatro nacional de la ópera.
No quería dejar de aludir a algunas cosas a las que usted se ha referido.
El Ministerio ha forzado al Ayuntamiento a no firmar los estatutos. Fue
el anterior titular del Ministerio el que incumplió el convenio que tenía
con el Ayuntamiento de Madrid para justificar retrasos, ganar tiempo y no
quedar en evidencia. El Ayuntamiento ha sido el único que ha actuado aquí
responsablemente. Ya anunció, y estaban todos de acuerdo, que no podía
comprometer más de la cuarta parte de su presupuesto, y a ello se atuvo,
y ustedes luego se han rasgado las vestiduras. Lo sabían, era a lo que se
había comprometido. Posteriormente, la Comunidad Autónoma ha echado una
mano al Ministerio socialista y asume responsabilidades y cantidades que
no le corresponden, a sabiendas de que ya no le tocaría a ella hacerlas
frente.
En cualquier caso, esa doble estrategia de echar la culpa de los actuales
retrasos al Ayuntamiento y de pasar la carga a la futura Comunidad de
Madrid, nosotros la denunciamos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Alberdi.
La señora ALBERDI ALONSO: El Grupo Socialista quiere agradecer a la
Ministra de Cultura, en primer lugar, las explicaciones que nos ha dado
sobre la situación en que se encuentran las obras del Teatro Real y su
futura puesta en funcionamiento.
Creo que de las explicaciones que usted nos ha dado se ve claramente que
aquí hay dos cuestiones diferentes. Por un lado, la realización del
proyecto, la realización de las obras, el coste que puedan tener, su
finalización y todos los problemas que se derivan del funcionamiento, la
organización
y puesta en marcha de las actividades dentro de lo que será el Teatro
Real en el futuro.
Respecto al primer asunto, usted nos habla de que se ha encarecido algo
todo lo que es la obra civil y la maquinaria escénica. Creo que no es una
cosa agradable para nadie, ni para usted ni para el Ministerio de
Cultura, pero bien es cierto que suele pasar que este tipo de obras se
encarecen a lo largo de su desarrollo. Además la repercusión por metro
cuadrado del coste que van a tener finalmente, por los datos que usted
nos ha dado, la obra civil y la maquinaria escénica del Teatro Real no
difiere de la que normalmente se produce en otros lugares con
construcciones y reformas de este tipo.
Espero que, como usted nos ha dicho, se finalicen las obras en octubre de
1995, que es lo que yo he entendido. Es decir, lo que está en manos del
Ministerio de Cultura, ya que aunque, repito, se ha encarecido, parece
que se va a terminar en los plazos previstos y en los plazos que en las
distintas comparecencias que usted ha tenido ante esta Comisión así nos
había dicho.
Hay otro problema que ya no está sólo en manos del Ministerio de Cultura,
como usted nos ha explicado, que tiene que ver con el funcionamiento y
con los acuerdos que se han venido haciendo con distintas
administraciones desde 1991. Esto tiene más difícil solución, porque es
evidente que cuando hay que coordinar tres administraciones, como es el
caso de lo que será la fundación del teatro lírico, con la participación
del Ministerio de Cultura, de la Comunidad Autónoma de Madrid y del
Ayuntamiento de Madrid, eso lleva más tiempo. Además, si una de las
administraciones, como ocurre lamentablemente con el Ayuntamiento de
Madrid, se retira del proyecto, se retira de esta coordinación conjunta,
de esta gestión de las tres administraciones implicadas a mitad de
camino, es inevitable que un proceso que ya de por sí es lento, se
ralentice de manera más alarmante. Yo creo que eso es lo que en este
momento impide --así lo he entendido de su explicación-- que se pueda
inaugurar el Teatro Real en la fecha que usted había dicho anteriormente
de octubre de 1995 y nos tengamos que ir a octubre de 1996.
Por otro lado, parece que ustedes han reconducido la situación, a pesar
del abandono del Ayuntamiento de Madrid y de su incapacidad de inversión
en actividades culturales, lo que es ya algo bastante corriente en la
política del Ayuntamiento de Madrid, y lo digo porque soy Diputada por
esta circunscripción, ciudadana y vecina de Madrid y por eso conozco el
tema de alguna manera. Ustedes lo han podido reconducir a través de un
acuerdo con la Comunidad de Madrid, y espero, igual que usted, que el
nuevo Presidente lo respete; además, podemos incluso deducir y pensar
razonablemente que el señor Ruiz-Gallardón tendrá interés en que este
proyecto tan importante para los madrileños pueda seguir su desarrollo y
pueda subsanar los problemas que hemos tenido con el Ayuntamiento. En ese
aspecto yo soy bastante optimista.
A mí me parece interesante el que ustedes planeen que para este año pueda
haber ya una escritura pública, un nombramiento de patronos y, por tanto,
una dirección general que pueda abordar una planificación para poner en
marcha las actividades del Teatro Real en el año 1996.
También nos parece interesante y nos aclara bastantes cosas el saber que
ustedes tienen ya una previsión razonable, unas expectativas de que el
gasto que puede producir los tres meses de funcionamiento de 1996
previsiblemente puede tener una cobertura presupuestaria sin mayores
problemas.
Yo creo que en este momento la situación del tan traído y llevado tema
del Teatro Real parece que se clarifica, eso sí, con un coste más
elevado, pero que estará detenido en las cifras que usted nos ha dado.
Nosotros no somos tan pesimistas como el portavoz del Grupo Popular, que
hablaba de unas cantidades aun mayor y esperamos que pueda hacerse la
escritura pública, que se puedan hacer los estatutos, que se puedan
nombrar los patronos, que exista, como usted decía, una colaboración a
través de la junta de protectores de la iniciativa privada, que yo creo
que es muy importante, y que se encuentre ese equilibrio entre el control
público necesario, la autonomía y la iniciativa privada que pueda
colaborar.
En ese sentido, volvemos a agradecer sus explicaciones. Creemos que el
tema está clarificado en este momento y le deseamos que el desarrollo de
este proyecto siga el curso que usted nos ha dicho esta mañana en la
Comisión.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Para responder a las preguntas planteadas, tiene de
nuevo la palabra la señora Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): A mí, sinceramente, me
gustaría que la próxima vez que habláramos del Teatro Real fuera en su
inauguración. Tengo motivos para pensar que estos deseos se pueden
convertir en realidad y pienso que, por otra parte, son deseos que
compartimos al menos la mayoría de los aquí presentes.
Voy a contestar, en primer lugar, al señor Gómez-Alba, y voy a precisar
todavía más.
Nosotros habíamos dicho --y yo así lo manifesté en enero de este año--
que las obras se terminarían este verano, y así va a ser. También he
dicho que hay veces que los proyectos se pueden acelerar o ralentizar en
función de las necesidades de puesta en marcha de una determinada
institución, en este caso de una institución cultural compleja, como es
el Teatro Real. Por tanto, nosotros podemos terminar la obra, y la vamos
a terminar, este verano.
Junto con la obra hay toda una serie de instalaciones de maquinarias,
etcétera, que lleva también un tiempo, y nosotros pensamos, por los datos
que me dio ayer mismo, y que estuvimos estudiando, la nueva Directora
General del INAEM y el Gerente, que es una persona que afortunadamente ha
permanecido a lo largo de todo este tiempo y nos puede facilitar una
información muy directa, que el día 31 de octubre de este año 1995 el
Teatro Real estará perfectamente terminado, incluso con las butacas
puestas, y podremos ir a comprobarlo.
Luego hay otras serie de temas, por ejemplo, el de las contrataciones; el
tema de audiovisuales, del que luego hablaré; el tema de las alfombras o
el tema del telón que, dependiendo de la premura que tengamos en la
inauguración, podremos alargar más o menos en el tiempo. Pero en todo
caso, si nosotros fuéramos una empresa que tuviera que hacer una entrega
global de lo que es Teatro Real para poderlo poner en funcionamiento,
estaríamos en condiciones de hacerlo, con todo su equipamiento, el día 31
de octubre de 1995. Es decir, las obras se terminan este verano, y todo
el tema de amueblamiento, de instalaciones de equipo, etcétera, podría
estar acabado el 31 de octubre de 1995.
Evidentemente esto no quiere decir que el teatro pudiera inaugurar en esa
fecha, porque como apuntaba el señor Gómez-Alba, y yo he dicho en muchas
ocasiones, un institución cultural de estas características y de esta
complejidad requiere necesariamente un rodaje y requiere que haya un
personal formado. Nosotros ya tenemos previsto hacer unos cursos de
formación, pero por supuesto hay que hacer un diseño de una plantilla y
hay que hacer toda una serie de contratos. La experiencia demuestra que
los teatros que se han inaugurado de una manera sólida y que han
funcionado eficazmente, cumpliendo con los objetivos que tenían
previstos, han necesitado unos rodajes que pueden oscilar entre ocho
meses y un año, apurando mucho a lo mejor seis meses. Es necesario que
funcione la maquinaria, que el personal se familiarice con ella y, como
además es de tecnología compleja, para que no suceda el fracaso del
Teatro de la Bastilla, lo que queremos es no inaugurar de una manera
--diríamos-- precipitada, sino inaugurar cuando el teatro y su personal
estén en condiciones de hacerlo.
Por eso a mí me parece que es importantísimo que en lugar de hablar
siempre de quién va a ser el director general, que es lo que en muchas
ocasiones preocupa, se desencadenen los mecanismos jurídicos para que la
institución, la fundación cobre vida propia y no sea ya algo que dependa
tan directamente del Ministerio de Cultura, sino que el funcionamiento
del teatro lírico dependa de esa fundación en la que están integradas, en
principio, las dos administraciones con la participación de la iniciativa
privada, que espero que sea generosa.
Por tanto, les digo que en verano se termina la obra y el equipamiento
total será para el 31 de octubre de 1995. Al mismo tiempo, con el diseño
de la plantilla, la constitución del patronato y el nombramiento del
director gerente, esa institución va a tener sus propios mecanismos de
funcionamiento. Y será a ese nuevo organismo al que le corresponderá
realizar la programación, por iniciativa del director o la directora
general, pero ya hay allí una corresponsabilidad que nos parece que es
importantísima, y además así está previsto en los estatutos y en la
escritura de fundación.
Yo no tengo ningún inconveniente en remitirles los datos concretos de la
cifra que he citado de 19.445 millones de pesetas, porque creo que está
muy especificado y a estos datos es a los que nos tenemos que remitir
siempre. Tenemos, por una parte, lo que hace referencia a la obra civil,
teniendo en cuenta ya la tercera fase que también ha sido compleja,
porque estaba el tema de si se cubría o no la parte superior, que luego
pareció que era oportuno que se cubriera para poder contener en ella toda
la maquinaria que hace falta para el mantenimiento de esta compleja
institución. El importe de esa obra civil sería de 13.489 millones de
pesetas, y el importe de la maquinaria escénica de 3.200 millones de
pesetas. Después hay otros gastos, como asistencia técnica,
adquisiciones, servicios y suministros varios, equipamiento escénico y
general, que ascienden a 2.745 millones de pesetas, con lo cual, insisto,
la cifra global es de 19.445 millones de pesetas.
Me ha preguntado también el señor Gómez-Alba sobre un tema delicado del
que yo voy a informar a la Comisión. Me refiero al origen del conflicto y
a los pasos que ha adoptado el Ministerio de Cultura respecto a la
contratación del material audiovisual para el Teatro Real. Esta
contratación salió a concurso con un pliego de condiciones, y hubo una
denuncia en el sentido de que se hizo referencia a que la empresa que
había redactado el pliego de condiciones participaba en el concurso y
además se le había dado cabida en el mismo.
Ante esta denuncia, el Ministerio tomó una serie de medidas cautelares,
porque pensábamos que ni podíamos ni debíamos quedarnos paralizados, sino
que teníamos que investigar los hechos. Por tanto, se suspendió a las dos
personas implicadas, en principio, es decir, las que eran objeto de la
denuncia; se les suspendió temporalmente y se iniciaron una serie de
investigaciones. En un primer momento se hizo un expediente de carácter
informativo, una inspección para el esclarecimiento de los hechos. Tras
esta inspección, se estuvo analizando toda la documentación.
Desafortunadamente salió el tema a la prensa, causando un perjuicio
evidente (y no es que yo acuse a la prensa de nada) a estas dos personas,
cuyos nombres aparecieron en diversos medios de comunicación. Nosotros
siempre hemos mantenido la postura de que no queríamos secretismo, pero
tampoco queríamos causar un perjuicio innecesario a las personas. Por
tanto, teníamos que combinar nuestra eficacia y rigor en la inspección
con el esclarecimiento de los hechos.
Lo que le puedo decir en este momento es que, después del expediente, no
ha habido ningún problema respecto a la actitud del señor Tamayo,
precisamente porque no estaba dentro de sus competencias lo que, en
principio, parecía que podía resultar imputable; ha vuelto a su puesto y
esperamos que, como Director Técnico del Teatro Real, siga trabajando
magníficamente porque es importantísimo que en una institución de estas
características haya una persona que, con su asesoramiento y su esfuerzo
de día a día, haga que la misma funcione bien, ya que sería una
catástrofe que después de todas las inversiones y esfuerzos realizados
técnicamente no funcionara el Teatro Real. Este era un tema que nos
preocupaba y, de hecho, respecto al señor Tamayo se ha solucionado. Yo
incluso tuve una conversación muy larga con él, y en la medida en la que
le hemos podido causar un perjuicio lo lamentamos profundamente. Nunca ha
sido nuestra intención que se diera publicidad a este tema.
Por otra parte, y en esta misma cuestión, por lo que afecta al señor Díez
está pendiente de la resolución del
Subsecretario, que se producirá en estos días, y por supuesto serán
informados SS. SS., si así lo estiman oportuno, de cual ha sido el
devenir. Esta mañana misma me he interesado por el tema y se me ha dicho,
repito, que está pendiente de la resolución del Subsecretario.
El director general anterior, el señor Marco, optó por presentarse a las
elecciones municipales por su ciudad, Hospitalet, y afortunadamente, como
iba el segundo de la lista, será miembro del nuevo gobierno municipal.
Como decía antes, el Gerente, señor Sánchez, está con nosotros hace ya
mucho tiempo y tiene un control y un conocimiento muy concreto dentro de
sus competencias del Teatro Real. Con la nueva Directora General, que
también está aquí presente, he tenido ocasión de hablar del tema del
Teatro Real porque es muy importante dentro del INAEM. Las dos estamos
absolutamente de acuerdo en lo que yo he expuesto hasta este momento
porque hemos venido trabajando sobre ello, y la puesta en funcionamiento
se enmarca dentro de lo que yo he manifestado esta misma mañana.
Se ha hecho referencia posteriormente, pero ya lo había adelantado, a la
necesidad de este período de rodaje, y a la formación del personal.
El señor Gómez-Alba me pregunta sobre los compromisos que se adquirieron
en la programación cuando se tenía prevista la inauguración para octubre
de este año 1995. Pues bien, por una parte había una serie de cartas de
compromiso, que de acuerdo con la programación realizada por el señor Ros
Marbá eran gestiones realizadas por el mismo y no había contratos en
firme. En este caso se ha optado por una decisión que va a causar el
mínimo perjuicio, y es que parte de las obras que estaban programadas
para el Teatro Real se incorporan a la programación del Teatro de la
Zarzuela. Por tanto, en esa línea hemos sido prudentes y hemos intentado
causar los menores perjuicios posibles. De hecho, el Teatro de la
Zarzuela asumirá «La Cenerentola», «Don Carlo» y «Rake's Progress» con
obras como «Divinas Palabras», del maestro Antón García Abril, que estaba
previsto su estreno, no había compromisos formales y se incluye en la
futura programación del Teatro Real, que ya efectuará el nuevo director
general de acuerdo con el patronato.
Respecto a los mecenas, S. S. entenderá que aquí no dé nombres porque no
los debo dar. Me parece que en estos temas hay que ser muy discretos y
prudentes. A final del año pasado estuvimos pensando, tanto el Alcalde de
Madrid, como el Presidente de la Comunidad y como yo misma, en hacer una
primera invitación a las cien empresas más importantes del país y
exponerles nuestros planes, etcétera. Luego, como se fue complicando el
tema, pensamos que teníamos que tener todo muchísimo más cerrado y asumir
muy claramente nuestros compromisos antes de hacer esa invitación a la
iniciativa privada. Espero que en cuanto tengamos los mecanismos
jurídicos previstos, las formalizaciones y, por otra parte, los contactos
con la Comunidad de Madrid, seguiremos con este programa. Hasta ahora
sólo ha habido contactos a nivel informal, porque a muchos ciudadanos de
Madrid les preocupa, les interesa y tienen un ferviente deseo de que el
Teatro Real se ponga en funcionamiento.
No somos madrileñistas, porque precisamente, y por iniciativa mía, se ha
quitado la denominación Teatro Lírico de Madrid, ya que es un teatro
nacional, y obviamente no tendría justificación la participación tan
intensa por parte del Ministerio de Cultura. La denominación es Teatro
Lírico porque nos parece, repito, que es un teatro nacional.
Referente al tema del Ayuntamiento de Madrid, yo no querría insistir más
en esto, porque, efectivamente, no ha resultado grato para nadie, pero
vamos a hacer un poco de memoria. Hubo un momento, en el año 1991, en que
las tres administraciones firmaron esos porcentajes. Es cierto que,
después, el Alcalde de Madrid se dirigió al Subsecretario del Ministerio
de Cultura diciendo que él estaba dispuesto a esa participación del 15
por ciento siempre y cuando no superara un porcentaje de lo que son los
presupuestos destinados a cultura por parte del Ayuntamiento y,
posteriormente, precisó que no a cultura globalmente considerada, sino a
la parte de cultura disponible, pero eso no se comunicó formalmente a la
Comunidad de Madrid ni hubo un acuerdo formal sobre el reparto de los
distintos porcentajes; por tanto, tuvimos que tener estas conversaciones.
Además, les digo sinceramente que a mí me parece que sería muy importante
que el Ayuntamiento de Madrid participara en el Teatro Real, porque está
claro que, aunque sea un teatro nacional y aunque a través de los medios
audiovisuales vamos a procurar que la difusión de lo que allí se haga
alcance al mayor número de ciudadanos, es evidente que la ciudad de
Madrid se beneficia no sólo porque los ciudadanos tienen una mayor
proximidad con la infraestructura, con el Teatro Real, sino porque
también se rehabilita una importantísima zona histórica de la ciudad y,
por otra parte, se genera una atracción importante de turismo cultural,
que, a su vez, genera una serie de ingresos en el sector de servicios,
etcétera. Por eso, nos parecía que era muy importante que el Ayuntamiento
de Madrid estuviera implicado.
Finalmente, el Alcalde, de acuerdo con sus presupuestos, pensó que ésa no
era una prioridad y se comprometió a ser un patrono, digamos, constante,
estable e importante desde el momento en que hablaba de esta cifra de 200
millones de pesetas, pero lo cierto es que a nosotros nos hubiera gustado
que hubiera asumido una responsabilidad mayor, razón por la que estuvimos
insistiendo en este asunto.
Por supuesto, no quiero pasar la carga a la Comunidad de Madrid; además,
no creo que sea una carga, sino que tiene que ser una colaboración. A mí
me parece importantísimo que entre aquí la Comunidad de Madrid y estoy
segura o, mejor dicho, bastante segura de que así será, por lo menos así
me gusta pensarlo.
Insisto en que nos parece importantísimo que se desencadenen todos los
mecanismos jurídicos, de los que hasta este momento prácticamente no
hemos hablado, para que, insisto, esa institución cobre vida propia, y
que se hagan con todo rigor desde la programación hasta los presupuestos,
pasando por la configuración de la plantilla, siempre a iniciativa del
director o directora general, pero con la aprobación
del patronato. Espero que nos veamos en la inauguración del teatro.
A la señora Alberdi quiero darle las gracias por su intervención, que, en
líneas generales, coincide con lo que yo misma he expuesto aquí.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ministra.
--SOBRE EL CUMPLIMIENTO Y MODIFICACION DE LA NORMATIVA SOBRE EL UNO POR
CIENTO CULTURAL. A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
213/000554.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda comparecencia, que es para
informar del cumplimiento y modificación de la normativa sobre el uno por
ciento cultural.
La señora Ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Empezaré por señalar
que en una comparecencia sobre las previsiones y criterios con los que se
pensaba dar cumplimiento a las medidas de fomento previstas en la Ley de
Patrimonio Histórico Español y en su desarrollo reglamentario, anuncié
una posible modificación de este reglamento, con objeto de que el
Ministerio de Cultura --decía entonces yo misma-- tenga un papel decisivo
en la aplicación del uno por ciento cultural. Posteriormente a dicha
comparecencia, en las dos Cámaras se han aprobado iniciativas
relacionadas con esta materia, iniciativas que han presentado los grupos
parlamentarios Popular, Socialista y Convergència i Unió. Una de ellas
abunda en la reforma del artículo 58 del reglamento de la Ley de
Patrimonio y, lo que es más importante, las tres inciden en lo que, a mi
juicio, constituye el aspecto fundamental de estos mandatos, es decir, en
la participación activa del Ministerio de Cultura en las inversiones
correspondientes al uno por ciento cultural, así como en la necesaria
coordinación con las comunidades autónomas para que tales inversiones se
realicen preferentemente en el lugar donde se llevan a cabo las obras,
que, de acuerdo con la Ley de Patrimonio Histórico Español, generan ese
crédito. Que el Gobierno adopte --señalaba a este respecto-- la
proposición no de ley de su Grupo Parlamentario; es decir, las medidas
necesarias para que el Ministerio de Cultura tenga el protagonismo
necesario en la aplicación de los fondos que se derivan del llamado uno
por ciento cultural.
Por ello, me parece importante señalar que lo sustancial del
planteamiento inicialmente formulado por mí misma, así como el que se
desprende de dichas iniciativas parlamentarias, no es tanto la
modificación del citado reglamento como el asegurar la coordinación del
Ministerio de Cultura con otros departamentos ministeriales y con el
resto de las administraciones públicas a la hora de aplicar los fondos
resultantes de la consignación del uno por ciento cultural.
Con este propósito, en el Departamento impulsamos dos líneas de trabajo:
una, que incide directamente en el desarrollo de fórmulas de coordinación
en el seno de la Administración General del Estado y de ésta con otras
administraciones y, otra, para dar a la presentación del informe del uno
por ciento en el Consejo de Ministros no sólo la regularidad anual
establecida en el reglamento de la Ley de Patrimonio, sino la relevancia
política que dicho informe reviste. A ambas me intentaré referir de forma
breve.
Por lo que se refiere al impulso de mecanismos coordinadores, desde que
asumí la responsabilidad del Departamento de Cultura me propuse reforzar
los nexos de coordinación con que ya cuenta el sistema normativo previsto
para aplicar el uno por ciento cultural de determinadas inversiones
públicas en la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico y
dar así continuidad y la mayor coherencia posible a las actuaciones que
se llevan a cabo por distintos organismos de la Administración General
del Estado o por las distintas administraciones con competencias en
materia de cultura.
En esta línea de trabajo se sitúa la estrecha colaboración que mi
Departamento ha establecido con el Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, pues no en vano sus actuaciones representan
el 80 por ciento de los fondos del uno por ciento correspondiente al
informe de 1994, al que luego me referiré. La firma de un convenio de
colaboración para la actuación conjunta en el patrimonio histórico ha
sido la fórmula finalmente elegida, porque permite combinar tanto las
actuaciones directas llevadas a cabo por el propio Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente, es decir, la llamada opción B del
artículo 58 del Real Decreto 111/1986, como la opción A, es decir, la que
conlleva posibles incorporaciones de crédito de este Ministerio al de
Cultura.
Este convenio, al que le anima sin lugar a dudas ese propósito de
colaboración estrecha, como no podía ser de otra manera, entre ambos
departamentos para optimizar las actuaciones llevadas a cabo con el uno
por ciento cultural, fue suscrito en noviembre del año pasado con un
horizonte de vigencia hasta 1997, abriéndose en el mismo la posibilidad
de su renovación posterior. El convenio supone consolidar y ampliar una
experiencia ya contrastada de cooperación entre ambos Departamentos
durante casi diez años en la rehabilitación de teatros de titularidad
pública, que hasta este momento tiene como balance la restauración y
reacondicionamiento de 53 teatros y ha supuesto una inversión global del
Ministerio de Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y las comunidades
autónomas y diputaciones de unos 6.600 millones de pesetas entre 1986 y
1994.
A grandes rasgos, puedo informar a SS. SS. de que el acuerdo firmado
contempla la constitución de una comisión mixta de seguimiento, comisión
que viene siendo presidida alternativamente por los Directores Generales
de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales del
Ministerio de Cultura, y por el Director General de la Vivienda, el
Urbanismo y la Arquitectura, del Ministerio de Obras Públicas, y que
desde su constitución se ha reunido ya en cinco ocasiones, lo que, a mi
juicio, pone de manifiesto un vivo y ágil funcionamiento de ese grupo de
trabajo.
En el convenio se recogen nueve programas, cuyas actuaciones va a
financiar el MOPTMA con cargo al uno por ciento cultural, previa
supervisión y coordinación con el Ministerio de Cultura. Estos programas
van desde el plan de catedrales hasta la continuación del programa de
teatros, pasando por los programas de bienes patrimonio de la humanidad,
el camino de Santiago y la intervención en ciertos museos.
En las reuniones celebradas hasta la fecha la comisión mixta ha dado ya
el visto bueno a varias intervenciones programadas que puedan ser
financiadas por el 1 por ciento cultural del Ministerio de Obras
Públicas, de acuerdo con los recursos presupuestarios con que cuenta este
Ministerio entre 1995 y 1997. Estas decisiones están siendo, a su vez,
comunicadas a las correspondientes comunidades autónomas a fin de que den
por su parte el visto bueno antes de iniciar el correspondiente
expediente administrativo para poder contratar los proyectos de ejecución
de obras en su momento.
Como ve, señoría, mediante el compromiso y el acuerdo creemos que estamos
siguiendo lo indicado en las iniciativas parlamentarias de reforzar el
papel del Departamento de Cultura en la coordinación de todas estas
actuaciones encaminadas a la conservación y enriquecimiento del
patrimonio histórico. En tal sentido puedo informar a SS. SS. en líneas
generales sobre actuaciones ya previstas, tales como la planimetría de
diez catedrales, la restauración de la Catedral de Tarazona, la obtención
de datos para la realización del inventario general de bienes muebles de
titularidad eclesiástica y también un estudio sobre el estado del
planteamiento de los centros históricos españoles, que supondrá una
primera inversión importante y que continuará en lo sucesivo.
Junto con estas actuaciones definidas se ha priorizado, de acuerdo con la
generación de los recursos correspondientes, la intervención en la
restauración o rehabilitación de doce inmuebles del Camino de Santiago,
en 30 teatros de titularidad pública, en 23 inmuebles de valor
patrimonial o histórico de titularidad pública y en cuatro museos de
titularidad pública también. Todas estas actuaciones han sido
seleccionadas previa presentación en la comisión mixta a que antes he
hecho referencia, de una documentación básica de intervención que se
deberá completar en su momento con el correspondiente proyecto de
ejecución de obra. Además el Ministerio de Obras Públicas, de acuerdo con
el Ministerio de Cultura, invertirá, coincidiendo con el centenario del
nacimiento del cine, 150 millones en la construcción de la nueva sede la
Filmoteca Nacional, que permitirá asegurar la conservación y recuperación
de nuestro importante patrimonio audiovisual; 800 millones en la
rehabilitación del Teatro Real, bien de interés cultural y, como sabemos
perfectamente, futura sede del Teatro Lírico de Madrid.
Por lo que se refiere a la coordinación con otras administraciones el
Consejo de Patrimonio Histórico, como es sabido, es el órgano desde el
que el Ministerio de Cultura viene impulsando esta tarea de aunar
esfuerzos en la conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio. En
este foro el Ministro recaba la opinión de las administraciones
autonómicas en la elaboración de los planes anuales de conservación y
enriquecimiento del patrimonio y de fomento de la creatividad artística
que prevé el Real Decreto 111/1986. En los últimos cuatro años estos
planes se han orientado hacia unas líneas básicas de actuación que siguen
contando en la actualidad con el apoyo de este Consejo en el que se
integran todas las comunidades autónomas. Estas líneas se dirigen a la
obtención de datos para la elaboración del inventario general de bienes
muebles de titularidad eclesiástica, la conservación preventiva en
archivos y museos públicos y la adquisición de bienes culturales para
completar las colecciones públicas. De esas tres líneas de actuación la
primera, es decir, la elaboración del inventario general, es la que ha
recibido últimamente un mayor impulso.
Creo conveniente aclarar que si bien la competencia sobre este inventario
corresponde a las comunidades autónomas, el Ministerio colabora con las
mismas en su elaboración y, a tal efecto, la Dirección General de Bellas
Artes viene firmando convenios con entidades sin ánimo de lucro, en su
mayoría universidades que proponen las comunidades autónomas, y que son
las que recopilan los datos necesarios y elaboran las correspondientes
fichas creando una fuente de información homogénea que permitirá a las
comunidades autónomas incoar, en su caso, los correspondientes
expedientes para la inclusión del bien del que se trate en el inventario
general de bienes inmuebles. Hasta ahora, por los datos que se han
recibido, ha supuesto la elaboración de 108.000 fichas con la
correspondiente documentación incluso fotográfica. Esto supone un trabajo
meticuloso y cualificado y que se irá completando en los años sucesivos.
El Ministerio de Cultura está adoptando las medidas necesarias para que
por vía de acuerdo con el Ministerio con mayor inversión pública, de una
parte, así como con el Consejo del Patrimonio Histórico, de la otra, se
consiga una aplicación del 1 por ciento cultural, que además de ser
acorde con los objetivos que la Ley del Patrimonio señala, dé continuidad
y coherencia a todos los esfuerzos que se hacen desde distintos ámbitos
en la conservación y enriquecimiento de nuestro patrimonio. Y
precisamente en esta línea de mayor coherencia se enmarcan otras
actuaciones complementarias de esta medida de fomento, como es la que
estamos llevando a cabo con las comunidades autónomas en materia de
patrimonio para desarrollar políticas rigurosas, serias y a largo plazo.
El Ministerio de Cultura también, en breve, creemos que en el plazo de
dos meses, publicará el primer inventario completo integrado por todos
los bienes inmuebles de interés cultural de nuestro país, con
independencia de que la competencia sobre los mismos sea de las
Comunidades Autónomas, lo cual supone recoger información sobre 11.500
bienes inmuebles. Posteriormente se realizará otra publicación de los
bienes que aun no teniendo la condición de bienes de interés cultural,
revisten, no obstante, interés patrimonial para las comunidades
autónomas. Este trabajo se está realizando en estrecha colaboración con
dichas administraciones. También creo que es complementario de esta labor
de coordinación las actuaciones derivadas de la
aplicación del 1 por ciento cultural el convenio que el Ministerio de
Cultura ha firmado ya con la mayor parte de las Comunidades Autónomas
para poner a disposición de las mismas el asesoramiento técnico del
Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, siempre
con el fin de obtener una mayor y mejor coordinación y optimizar los
recursos.
La otra línea que les avanzaba al comienzo de mi intervención para
reforzar el papel del Ministerio de Cultura en una gestión coordinada del
1 por ciento cultural era la de regularizar la presentación de dicho
informe anual al Consejo de Ministros subrayando la importancia del
mismo. Así lo hice con el informe de 1993 y así lo he hecho con el de
1994, que ha sido presentado y de cuyos datos se deduce un incremento
global de más de 1.200 millones en concreto. Frente a los 3.573 millones
del año 1993, se ha pasado a los 4.850 del año 1994.
Paso, pues, a informarles, aunque sea brevemente, y así lo prometo, de
las actuaciones básicas que se recogen en el mismo como consecuencia de
las retenciones hechas por los diferentes organismos con cargo al 1 por
ciento cultural y empezaré por aquellas intervenciones realizadas por
otros departamentos de acuerdo con lo que prevé el artículo 58.3. b) del
reglamento de la Ley de Patrimonio.
Los primero que cabe subrayar a este respecto es que el Ministerio de
Obras Públicas ha invertido alrededor de 2.200 millones, de los que cabe
destacar 655 destinados a la rehabilitación de teatros en el programa
previsto anteriormente; 543 en la rehabilitación de inmuebles singulares,
como pueden ser la rehabilitación de la Fábrica de Vidrio de La Granja o
la del Cuartel del Marqués de Leganés como dependencias para la
Universidad Carlos III o los entornos de la Torre de Hércules o del
Santuario de Montserrat, a nivel indicativo. Creo asimismo importante
destacar la labor que está realizando también el Instituto Nacional de
Reforma y Desarrollo Agrario con cargo al 1 por ciento cultural, ya que
constituye un buen ejemplo de trabajo conjunto con el Ministerio de
Cultura para optimizar este destino del 1 por ciento cultural. Este
Instituto ha realizado una serie de obras de restauración de nuestro
patrimonio histórico por toda nuestra geografía por un importe total de
124 millones. Ha restaurado la Capilla de los Mártires de San Martín de
Bada; ha puesto un nuevo pavimento en la Iglesia de Santa María de
Yébenes; ha reparado la cubierta de la Iglesia del Santuario de Nuestra
Señora de las Virtudes, de Villena, etcétera. Otras actuaciones que
creemos que también podemos destacar son los 641 millones destinados por
el Ministerio de Justicia e Interior a las obras de rehabilitación en
inmuebles de valor cultural vinculados con las actividades de su
Departamento o los 78 millones utilizados por el Ministerio de Educación
y Ciencia en la rehabilitación del edificio histórico de la Universidad
de Salamanca, del Palacio de los Duques de Soria y del Colegio de España
en París.
En aplicación del artículo 58.3. a) del Reglamento de la Ley de
Patrimonio, el Ministerio ha dispuesto de los 50 millones a los que cada
año se hace referencia en los debates presupuestarios, inicialmente
previstos en el presupuesto, más la incorporación de créditos por un
importe de algo más de 27 millones. Estos 77 millones que han sido
gestionados directamente por el Ministerio de Cultura han sido
destinados, en su mayor parte, al inventario general de bienes muebles de
titularidad eclesiástica. El resto ha permitido la adquisición de bienes
culturales para diferentes museos de titularidad y gestión estatales, así
como pequeñas intervenciones en inmuebles que dependen del Departamento.
No quisiera terminar, señorías, esta comparecencia sin hacer una última
reflexión. Creo, señorías, que la vía iniciada, de acuerdo u consenso
tanto con el Ministerio de Obras Públicas como con las Comunidades
Autónomas, es una de las adecuadas y la que implica de forma más activa a
todas las instituciones, por lo que resulta sumamente eficaz para cumplir
los mandatos que ha aprobado el Parlamento. Ello no obsta para que, una
vez contrastada la experiencia de la puesta en práctica de los convenios
a que he hecho referencia, fundamentalmente con el Ministerio de Obras
Públicas y de los que más adelante podamos suscribir con otros
Departamentos, el Ministerio de Cultura lleve a cabo la reforma del
artículo 58 del Reglamento de nuestra Ley de Patrimonio Histórico
Español, si ello fuera necesario. Se trata, en definitiva, de no fiarlo
todo a uno de los elementos, como es la reforma reglamentaria indicada,
sino de sentar las bases de la coordinación necesaria que mejore su
eficacia.
El señor PRESIDENTE: Además del Grupo solicitante de la comparecencia,
¿qué otros grupos desean intervenir? (Pausa.)
Tiene la palabra, en nombre del Grupo solicitante, el señor Gómez-Alba.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Señora Ministra, el 15 de febrero, como usted
recordará, en el Pleno preguntamos cuándo pensaba cumplir el Ministerio
el mandato del Parlamento de reformar el reglamento que desarrolla la Ley
de Patrimonio Histórico Español en lo referente al uno por ciento
cultural. La pregunta tenía su justificación, porque ese día se cumplía
exactamente un año de la aprobación de una proposición no de ley de
nuestro Grupo en ese sentido, que luego se vería reforzada por otros dos
acuerdos del Parlamento adoptados en marzo y en septiembre de ese mismo
año, todos ellos aprobados con una amplia mayoría y apoyados expresamente
por el Grupo Socialista.
Pues bien, la contestación a la pregunta quedó en el aire, y la respuesta
era muy sencilla. Era decir si en un plazo determinado el Ministerio de
Cultura pensaba cumplir el mandato del Parlamento o no, nada más. Usted
nos contestó que en vez de reformar las normas referidas al uno por
ciento cultural, que era lo acordado por el Parlamento, el Ministerio de
Cultura había suscrito un convenio con el Ministerio de Obras Públicas,
porque había considerado que ésta era una manera más eficaz de asumir en
toda su dimensión los mandatos de la Cámara. Es decir, señora Ministra,
se permite el lujo de interpretar las decisiones del Parlamento y
decirnos: SS. SS. no saben lo que piden, así que yo, que sé mejor lo que
les conviene, voy a hacer
caso omiso de sus amables sugerencias de reformar reglamentos y me voy a
dedicar a firmar convenios.
No le oculto nuestra sorpresa. Si ni siquiera se respetan ni se cumplen
los acuerdos del Parlamento, apoyados, dicho sea de paso, por sus propios
compañeros del Grupo Socialista, ya me dirá. Nosotros pensábamos que la
verdadera razón de no llevarse a cabo dicha reforma reglamentaria era que
el señor Borrell no quería. El señor Borrell manda mucho --o mandaba-- en
el Gobierno, pero es que no es un asunto de tal o cual ministro, sino del
Gobierno en pleno, al que dirige el Parlamento sus mandatos, por lo que
la responsabilidad de los incumplimientos corresponde al Gobierno en su
conjunto, aunque la señora Ministra tenga otra responsabilidad como un
miembro más del Gobierno y como responsable de llevar a cabo la reforma.
Lo lamentable es que el Ministerio no sólo es responsable de este
incumplimiento, sino que también es el principal perjudicado, porque de
llevarse a cabo la mencionada modificación, aparte de cumplir un mandato
del Parlamento, el Ministerio se reforzaría, se beneficiaría de unos
ingresos importantes. Pero en el pecado va la penitencia.
Después de estas observaciones, nos quedamos sin saber cuánto pensaba
obtener el Ministerio por el convenio con Obras Públicas y los ventajosos
términos para el Ministerio de Cultura en que se había firmado dicho
convenio. Ahora, en su comparecencia, la Ministra ha sido más explícita,
ha entrado en temas más concretos, pero algo ha quedado en el aire.
Celebramos las explicaciones que ha dado --y me gustaría que me
corrigiese ahora si estoy equivocado--, tanto de a qué se han dedicado
estas cantidades como de los montantes. Ha hablado de 6.600 millones de
1986 a 1994, pero lo que nos interesa es desde 1994 a la actualidad. He
entendido que se destinaban 150 millones para la Filmoteca Nacional y 800
millones para el Teatro Real. He entendido que provienen del Ministerio
de Obras Públicas dos mil y pico millones. (Asentimiento.) Es lo que he
creído entender.
Nos gustaría deducir de su comparecencia, dado que ya nos ha aclarado
algunos términos de lo que anteriormente hemos comentado, si va a haber
una fecha o no; es decir, si está dispuesta o no a dar cumplimiento a la
petición de modificación del artículo 58 del Reglamento que desarrolla la
Ley de Patrimonio Histórico Español que hizo esta Cámara al Gobierno. Sí
o no.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señora Ministra, en primer lugar, quiero
agradecerle la información exhaustiva que nos ha facilitado sobre la
aplicación del acuerdo adoptado por el Congreso de los Diputados en el
sentido de que el 1 por ciento cultural se traspasara a su Ministerio.
Esta proposición fue presentada por mi Grupo Parlamentario y enmendada
por el Grupo Socialista, aceptando nosotros aquella enmienda, que nos
pareció razonable. Por tanto, tenemos un gran interés en que se lleve a
cabo. Sabemos que en usted tenemos un aliado evidente, porque nadie como
la Ministra de Cultura --ahora usted, quizá cualquier otro ministro
reaccionaría de la misma manera-- para que esa inversión prevista en las
obras públicas que se realicen se lleve a cabo con criterios culturales.
En la información que nos ha expuesto quedan algunas dudas que
seguramente en su intervención podrá resolverme. Básicamente son
relativas a la relación entre su Ministerio y las comunidades autónomas,
entre su Ministerio y otros organismos. El acuerdo adoptado por el
Congreso planteaba necesariamente que el 1 por ciento cultural pasaría al
Ministerio de Cultura y que éste lo administraría de acuerdo con las
comunidades autónomas. Yo creo que se está haciendo así. Por los
proyectos que se han desarrollado así parece. Ya conozco --usted los ha
relacionado-- algunos de los proyectos que se han llevado a cabo en mi
Comunidad Autónoma, pero tengo la sensación de que todavía en los demás
Ministerios están actuando a su complacencia sobre el 1 por ciento que
les corresponde o que tienen en sus presupuestos y que todavía no son
estrictamente los criterios del Ministerio de Cultura los que se aplican
con preferencia. Esto tiene su lógica, porque es reciente el acuerdo
adoptado y existía una inercia en cada Ministerio, en cada organismo
implicado que hizo que en el momento en que estas cantidades tuvieron que
ser traspasadas al Ministerio de Cultura los correspondientes titulares
hicieron lo imposible para que aquel 1 por ciento, de entrada, se
aplicara en aquellos casos que a ellos les convenía.
Tengo la sensación --puedo equivocarme, lógicamente, es una impresión
sobre la marcha de su exposición, que ha sido exhaustiva y me ha
resultado difícil concretar en las anotaciones necesarias para mi
intervención-- de que todavía estamos en este proceso, salvo en algunos
casos concretos. Esto no implica que no haya gestión, que me parece muy
interesante, de elaboración y concreción de convenios con distintos
Ministerios. Me parece que ése es el estadio en que estamos, que va a
cambiar, porque estoy convencido de que el mundo de la cultura y los
departamentos de cultura de las autonomías implicados tienen en usted un
magnífico aliado. Alguien que ostenta un cargo como el suyo y que procede
del mundo de la cultura sabe que muchas de estas inversiones que
correspondían al 1 por ciento cultural se hicieron anteriormente sin los
criterios culturales adecuados, muchas veces con criterios más políticos
que culturales, resolviendo situaciones concretas que no encajaban
plenamente en un programa de un Ministerio de Cultura. Esto ha pasado.
Todos juntos lo resolvimos con la aprobación de aquella proposición de mi
Grupo, enmendada por el Grupo Socialista, y ahora estamos en un nuevo
estadio. Yo creo que debería existir un inventario y sería bueno que los
miembros de la Comisión, aunque no es el momento, porque de hecho ya se
está empezando a aplicar ese criterio en este presupuesto, supieran qué
representa y cómo se pacta este 1 por ciento con las comunidades
autónomas. Está muy bien el convenio interministerios, pero ¿cómo
intervienen las comunidades autónomas en el control de ese convenio?
Por otra parte, usted nos ha planteado el hecho concreto de unos planes
determinados que deben ser comunicados a las comunidades autónomas para
saber si están de acuerdo.
Luego he visto que no era tanto así, sino que realmente existía el
diálogo; pero sólo esta expresión me ha hecho temblar porque he pensado
que, desde esta perspectiva, se puede decir: a nivel de Estado queremos
hacer esto, ¿qué les parece? A mí me parece que lo bueno es decir que
disponemos de esto, tenemos estas posibilidades, cuáles tienen ustedes,
cómo lo hacemos juntos. Estoy convencido de que usted tiene la voluntad
de hacerlo así, pero ha surgido esa expresión, y como existe ese temor,
me parece importante recalcarlo.
Por otra parte, insisto en que debiera hacerse un inventario, si no
existe, de lo que representa este 1 por ciento cultural a nivel de la
suma de todos los Ministerios implicados y ver a continuación cómo se ha
ido aplicando --eso se hará seguramente al final de año-- a nivel de cada
una de las comunidades.
Por lo demás, señora Ministra, puede estar convencida de que mi Grupo
está seguro de que su criterio cultural prevalecerá y conseguirá acabar
de rematar esta situación en beneficio de la cultura, frente a la
obstinación de otros departamentos que tienen la sensación de que en la
pérdida de este 1 por ciento cultural también pueden perder un pedazo de
poder, cosa que en política siempre es importante.
Muchas gracias por la información que nos ha dado.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Rodríguez.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: En primer lugar, por supuesto, deseo
agradecer la presencia de la Ministra de Cultura en esta Comisión, en
nombre del Grupo Socialista, y felicitarle por la información que nos ha
dado sobre la gestión y la aplicación del 1 por ciento cultural. No es la
primera vez que hablamos en esta Comisión y en esta Cámara de este tema,
pero yo sí añadiría algo distinto a los debates que hemos tenido en
anteriores ocasiones, y es que afortunadamente --y de eso se alegra la
Ministra, nos alegramos desde el Grupo Socialista y espero que también
desde otros grupos parlamentarios--, se ha avanzado en positivo en todo
el tema de aplicación y gestión del 1 por ciento cultural. Es algo que
ponemos de manifiesto desde el Grupo Socialista y que queremos resaltar
en este momento porque efectivamente se están apreciando ya los avances
que se están produciendo en la gestión y en la aplicación del 1 por
ciento cultural, y esto no quiere decir que no se pueda seguir mejorando
progresivamente, pero hay que reconocer que la situación ha cambiado y ha
cambiado para mejor.
Cuando hemos mantenido estos debates siempre se han puesto de manifiesto
dos o tres aspectos que yo quiero recordar, porque además coincidíamos
todos los grupos parlamentarios en este sentido y la iniciativa de los
diferentes grupos que hemos aprobado, por supuesto con el apoyo y con el
voto afirmativo del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué hemos puesto de
manifiesto en anteriores debates? Por una parte, que el Ministerio de
Cultura debería conseguir una mejor utilización de los fondos gestionados
con cargo al 1 por ciento cultural y que de esta mejor utilización tenía
que derivarse obligatoriamente un mayor protagonismo y una mayor
intervención del Ministerio, tanto en la decisión de las obras que
deberían realizarse con cargo a este concepto, como en la realización y
seguimiento de dichas obras. Por tanto, el Ministerio de Cultura debía
intervenir en la decisión y también en el seguimiento de estas
realizaciones. Además, pedíamos algo muy importante y que lo ha resaltado
el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Se pidió
también que se diera una mayor participación a las comunidades autónomas
mediante algún mecanismo de colaboración, de trabajo conjunto de las
comunidades autónomas con el Ministerio de Cultura. Planteábamos como un
debate menor, porque entendíamos que eso no era lo fundamental ni lo
prioritario a la hora de hablar del 1 por ciento cultural, si estos
fondos deberían ser gestionados o no directamente por el Ministerio de
Cultura o por otros organismos inversores, por otros Ministerios.
Además, en estos planteamientos que hacíamos desde el Grupo Socialista lo
que intentábamos evitar en todo momento era un cierto temor que se había
venido manifestando, que consistía en que no se estaban rentabilizando,
de la forma más adecuada y más oportuna, estas inversiones en años
anteriores y teníamos la idea de que no se estaban llevando a cabo los
proyectos más adecuados relacionados con algo que nos interesa y que
compartimos con el Ministerio de Cultura, que es la protección del
patrimonio histórico español. También nos preocupaba que hubiera una
cierta dispersión a la hora de realizar actuaciones y actividades que no
se ajustaran estrictamente a este objetivo compartido. En ese sentido es
en el que apoyábamos la iniciativa, tanto del Grupo Popular en Comisión
como del Grupo de Convergència i Unió en el Pleno del Congreso, en forma
de proposiciones no de ley.
El portavoz del Grupo Popular decía que no se había cumplido el mandato
de estos debates parlamentarios, aprobados con el apoyo, insisto, del
Grupo Socialista, y que la Ministra se había permitido el lujo de
interpretar estas decisiones del Parlamento. Yo sí quiero recordar, con
brevedad, en qué consistieron estas proposiciones no de ley y qué era lo
que realmente estábamos apoyando y seguimos apoyando desde el Grupo
Socialista. Además, espero que aquí tengamos coincidencia y consenso con
el resto de los grupos.
Lo que aprobamos, efectivamente, fue instar al Gobierno para que se
modificara el artículo 58 del Reglamento que desarrolla la Ley de
Patrimonio, pero imediatamente decíamos en qué debía consistir esta
modificación. Y decíamos textualmente que el destino de estos fondos del
1 por ciento cultural se decidiera previo acuerdo del organismo público
responsable de la obra y del Ministerio de Cultura, es decir, que se
estrecharan más esas vías de comunicación de acuerdo y de consenso. Y,
por otra parte, que también hubiera una participación de las comunidades
autónomas en las cuales se iban a realizar preferentemente las
actuaciones con cargo al 1 por ciento cultural, manteniendo lo que el
Grupo Popular denominaba unidad de obra. Esto es lo que aprobamos en las
dos proposiciones no de ley. Y de la información que nos da la señora
Ministra mi Grupo Parlamentario deduce que se están llevando a
cabo estos mecanismos, se están mejorando las vías de comunicación, sobre
todo con el Ministerio de Obras Públicas, a través de la firma de un
convenio que la Ministra ha especificado que se firmó en el mes de
noviembre del año pasado. Por tanto, eso nos parece especialmente
significativo. A lo mejor hay que ampliar situaciones similares a otros
Ministerios, como el de Justicia o el de Educación y Ciencia, que también
invierten con cargo a los fondos del 1 por ciento cultural, pero si el
Ministerio de Obras Públicas es el que invierte el 80 por ciento de esa
cantidad, que me parece especialmente significativa, de casi 5.000
millones de pesetas, a la que se refería la Ministra, si el Ministerio de
Obras Públicas es el responsable de invertir el 80 por ciento de esos
casi 5.000 millones de pesetas y se ha llegado a un acuerdo con el
Ministerio de Cultura, deberemos analizarlo como positivo y alegrarnos de
que se haya llegado a esa fórmula que se ha suscrito, vía convenio, a
finales del año pasado. Por tanto, con la coordinación que pedíamos y que
nos parecía absolutamente necesaria e imprescindible que se pusiera en
marcha cuanto antes entre estos organismos inversores, Ministerio de
Obras Públicas, insisto, y Ministerio de Cultura, la pregunta que
tendríamos que hacernos sobre esta necesidad sería si se ha avanzado en
esta coordinación o no se ha avanzado en estos momentos. Eso me parecería
fundamental, independientemente de decir que habrá que modificar el
reglamento; la propia Ministra también ha insistido en esa línea. La
opinión de mi Grupo, del Grupo Socialista, es que la respuesta no puede
ser más que afirmativa: Se ha avanzado en estos últimos meses. Por lo
tanto, insisto, valoramos como positiva la firma de este convenio, que
tiene una vigencia hasta el año 1997 y que va a suponer una intervención
directa, con mayor protagonismo, del Ministerio de Cultura. La Ministra
se ha referido a un total de nueve programas, entre los que se incluyen
actuaciones tan importantes como el plan de catedrales, el programa de
teatro, la intervención en determinados museos o la realización de obras
en inmuebles del Camino de Santiago.
¿Estamos protegiendo el patrimonio histórico con ese programa y con esas
actuaciones? Yo creo que todos los grupos parlamentarios tendríamos que
coincidir, obligatoriamente, en que se está protegiendo el patrimonio y
se está haciendo de forma coordinada entre ambos ministerios, y por
supuesto yo creo que también se está estableciendo vías y cauces de
colaboración y de comunicación con la comunidades autónomas. Desde mi
Grupo nos alegramos especialmente de que se vaya a hacer público un
inventario, el primero, de todos los bienes inmuebles de nuestro país,
con una catalogación de casi 16.000 --me parece que la cifra exacta es
15.500-- en este primer inventario, y de que se esté realizando un
inventario general de bienes inmuebles de titularidad eclesiástica,
promovido específicamente por el Ministerio de Cultura, todo ello con
cargo a la aplicación de este 1 por ciento cultural. En ese sentido, creo
que se están respetando las indicaciones y recomendaciones que desde esta
Cámara hacíamos al Gobierno, específicamente al Ministerio de Cultura,
para la aplicación y gestión del 1 por ciento cultural. Además, nos ha
alegrado escuchar de la señora Ministra, insisto, que no está descartada,
y no podía ser de otra manera, la reforma del reglamento. Pero no vayamos
a ser excesivamente formalistas y pretendamos que esa reforma del
reglamento se lleve a cabo antes de establecer estas vías de contacto y
comunicación con el Ministerio de Obras Públicas, que están dando unos
resultados muy positivos y que suponen una mayor rentabilidad para la
protección del patrimonio.
Por último, señor Presidente, quiero agradecerle también, porque nos ha
parecido especialmente importante y significativo, las referencias que la
Ministra de Cultura ha hecho al informe sobre la aplicación del 1 por
ciento cultural en el año 1994. Recuerdo que en alguna comparecencia
anterior, ante esta Comisión la Ministra adquirió el compromiso de dar un
carácter de regularidad a la presentación de estos informes, lo cual no
se había venido haciendo en los últimos años. Como específicamente se ha
cumplido ese compromiso, tenemos que alegrarnos y felicitarnos por que un
compromiso adquirido con esta Comisión en estos momentos se haya
presentado ya a informe de Consejo de Ministros, y se haya comprobado
cómo se ha superado en casi 1.300 millones de pesetas la cantidad
invertida en el año 1994 respecto a la del año 1993. Eso es algo que
desde otros grupos parlamentarios debería también reconocerse como algo
positivo. Desde el Grupo Socialista así lo hacemos e insistimos en que se
está avanzando bastante en la aplicación y en la gestión del 1 por ciento
cultural. Por lo tanto, nos parece oportuno seguir trabajando con los
criterios que ha expuesto la Ministra de Cultura y, por supuesto, cuando
se produzca la reforma de este reglamento, desde mi Grupo Parlamentario
apoyaremos también esta modificación, que será el último paso en todas
las modificaciones que ya se han puesto en marcha entre el Ministerio de
Cultura, el Ministerio de Obras Públicas y las comunidades autónomas, que
las valoramos y evaluamos como eminentemente positivas.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas y cuestiones
planteadas por los diferentes grupos, tiene la palabra de nuevo la señora
Ministra.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): En primer lugar,
quisiera indicar a SS. SS. que el informe sobre el 1 por ciento cultural
lo presenté en la sesión del Consejo de Ministros del viernes pasado y lo
he remitido ya a la Cámara. Quiero decir con ello que SS. SS. tendrán la
oportunidad de ver en dicho informe no sólo las cantidades, sino las
inversiones que se han realizado y una valoración final sobre las mismas.
Por recordar algunas cifras, el 1 por ciento que ha dedicado el
Ministerio de Obras Públicas, reforzando la idea de que es el Ministerio
que todos tenemos claro que más invierte en cultura, en 1994 asciende a
la cantidad de 3.825 millones de pesetas, y el total del 1 por ciento
cultural, sumando ya el porcentaje de las inversiones del resto de los
ministerios, es de 4.850 millones de pesetas.
Por supuesto, nada más lejos de mi voluntad que desoír a la Cámara, que
es la representación de nuestra soberanía popular, pero sí quiero
señalar, en la línea de lo que decía la representante del Grupo
Socialista, que a nosotros nos
parecía, y nos sigue pareciendo, que lo que se pedía era que hubiera un
mayor protagonismo por parte del Ministerio de Cultura y, por tanto, una
mejor coordinación y una mayor eficacia. Creo que en ese sentido sí ha
sido importante, y vuelvo a insistir en ello, la firma del convenio con
el Ministerio de Obras Públicas, y no se descarta la posibilidad de tener
otro tipo de coordinación, más formalizada, con el resto de los
ministerios. Por ejemplo, al Ministerio de Educación y Ciencia le parece
que es importante invertir su parte del 1 por ciento cultural en la
Universidad de Salamanca y a nosotros nos parece muy bien, pero
seguramente habrá que reforzar esos mecanismo de colaboración.
Señor Gómez-Alba, al final de mi intervención, también he dicho que, si
fuera necesario, por supuesto que modificaríamos el reglamento, pero
también pediría a esta Comisión que nos diéramos un plazo, puesto que, si
este convenio con Obras Públicas lo firmamos en noviembre del pasado año,
tendremos que ver cómo van funcionando estos mecanismos de colaboración
antes de elevar el problema a la formalidad de un reglamento. De momento,
ésta sería mi propuesta y mi actitud. Insisto en que yo considero que si
viéramos que no funcionan las comisiones mixtas o no se aplica el
convenio, efectivamente tendríamos que recurrir a algo más formal, que
sería la modificación del propio reglamento.
Creo que son importantes los programas objeto de este acuerdo. Como he
dicho antes, estarían en primer lugar el plan de catedrales, el programa
de los bienes patrimonio de la humanidad, el planteamiento de los centros
históricos, la intervención del patrimonio arquitectónico y las obras
públicas con valor patrimonial e histórico de titularidad pública, el
Camino de Santiago, etcétera. Todo esto es muy importante, como también
lo es el otro trabajo que estamos haciendo de inventariar y diagnosticar,
porque en muchas ocasiones --de esto ya hemos hablado otras veces--, para
intervenir sobre un determinado inmueble o monumento, es necesario hacer
un diagnóstico y nosotros queremos trabajar en esa línea de realizar
intervenciones con todo el rigor y obteniendo también la máxima eficacia.
Por otra parte, para la coordinación con las comunidades autónomas --este
también es un problema que plantea el Grupo de Convergència i Unió--
nosotros estamos utilizando dos tipos de mecanismos --en lo que hace
referencia al 1 por ciento, no vamos a hablar en general porque no quiero
cansar ya más a SS. SS.--, que son: por un lado, el Consejo de
Patrimonio, donde están representadas todas las comunidades autónomas y
donde, por supuesto, hacen oír su voz; por otro, también hay otro tipo de
contactos, diríamos de carácter más informal, incluso en el seno de las
comisiones mixtas, donde se pone de manifiesto el interés por la
conservación o la intervención en determinados monumentos. Como S. S.
también tenía algunas dudas al respecto, insisto en que en el informe,
que lo tendrán en sus manos hoy o mañana, podrán contemplar todas las
inversiones que se han realizado.
En la misma línea de la intervención de la representante del Grupo
Socialista, nosotros creemos que el tema fundamental era que hubiera un
protagonismo por parte del Ministerio de Cultura y que las intervenciones
en la aplicación del 1 por ciento cultural no fueran decididas por el
Ministerio de Obras Públicas, sino que existiera esta coordinación y este
acuerdo.
Sobre este tema he hablado en varias ocasiones con el Ministro de Obras
Públicas y nos parecía más eficaz esta solución por los mecanismos
presupuestarios y por los mecanismos para realizar las inversiones;
insisto en que, si fuera necesario, no tendríamos inconveniente en
plantear la reforma del reglamento, pero pensamos que, de momento, sería
más conveniente darnos un plazo de prueba, siempre con el seguimiento y
el control del Congreso de los Diputados sobre la aplicación de este
convenio que a mí también me parece que ha sido un paso adelante en esta
línea de una mayor eficacia y un mayor protagonismo por parte del
Ministerio de Cultura. (El señor Gómez-Alba Ruiz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gómez-Alba, le advierto a S. S. que estamos en
una comparecencia del Gobierno y esta Presidencia no va a admitir que
entre en polémica con otros grupos.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Quisiera hacer una pregunta relacionada con
esta comparecencia a la señora Ministra, pero también le quiero decir a
usted que se lo tenía que haber dicho a la portavoz socialista, que ha
entrado en polémica con nosotros y se ha referido repetidamente a mi
Grupo. No voy a entrar en polémica, acepto su sugerencia, pero debería
habérselo recordado a ella también, puesto que se ha dedicado a
aludirnos.
El señor PRESIDENTE: Le recuerdo a S. S. que en el posicionamiento de los
diferentes grupos puede haber opiniones a favor o en contra de lo que se
está discutiendo, lo que no hay es turno de réplica al grupo. Simplemente
eso es lo que he señalado a S. S., que no hay ahora una réplica al grupo,
sino, en todo caso, hacia el Gobierno.
Tiene la palabra S. S.
El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: La comparecencia tenía dos objetivos. El
primero que nos informase la señora Ministra sobre las cantidades e
inversiones que se iban realizando. Pero ahora nos acabamos de enterar de
que nos ha enviado un informe completo, lo cual nos parece estupendo,
porque una parte de la comparecencia va a quedar aclarada, parece; la
información ha sido satisfactoria --se lo he anticipado-- con un detalle
menos estricto que el que vamos a recibir. El segundo objetivo de la
comparecencia era si pensaba o no reformar el reglamento del 1 por ciento
cultural.
La señora Ministra dice que no se niega, ¡faltaría más que se negase a
reformarlo! No se niega. ¿Eso qué quiere decir? Dice que si fuera
necesario. ¿Quién interpreta si va a ser necesario o no? ¿Usted o la
Cámara? Dice que es positivo y que está satisfecha y que hemos avanzado.
¡Faltaría más! Que no hubiésemos avanzado con esto y que no sea positivo.
Aquí no entramos en eso, quién va a discutir semejante cosa. Lo que
nosotros estamos diciendo es que
efectivamente estos convenios, estos contactos y este protagonismo son
conveniente, positivo y se ha avanzado. Yo no estoy poniendo ese tema en
cuestión. Yo pregunto si se está dispuesto o no a hacer esta reforma. En
este sentido me gustaría tener una respuesta, no oír que el tiempo lo
dirá, ya veremos y tal. Esa contestación la interpretamos como una
evasiva.
En cuanto a felicitarnos de que se cumpla la ley y reconocerlo positivo,
hasta ese punto hemos llegado en este país, lamentablemente. Aquí hemos
oído decir que nos felicitamos de que haya presentado un informe. Es
legal y obligatorio. Efectivamente hay que felicitarse y celebrar que se
cumpla la ley en alguna ocasión y momento, desde luego.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere decir algo la señora Ministra? No es
obligatorio.
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Simplemente quiero
decir, porque el señor Gómez-Alba me ha vuelto a preguntar, que yo he
hecho aquí un planteamiento y una propuesta que la Cámara valora y sigue
adelante. Por supuesto que la Cámara es la que tiene la palabra. Yo, como
S. S. comprenderá, el camino que he iniciado ha sido en el convenio con
el Ministerio de Obras Públicas. Me parece que está resultando eficaz y
que contribuye a una mejor coordinación y aplicación del 1 por ciento
cultural. Yo he dicho que si fuera necesario lo haríamos. Si la Cámara
estima que es necesario porque le parece que es insuficiente este
mecanismo de colaboración, no tiene más que ponerlo en funcionamiento.
El señor PRESIDENTE: Agradecemos la presencia de la señora Ministra y me
permito sugerir que, además del informe presentado en el Consejo de
Ministros, que no ha llegado todavía a la Cámara...
La señora MINISTRA DE CULTURA (Alborch Bataller): Perdón, aunque sea de
una manera un poco informal, yo el lunes mismo firmé la remisión a la
Cámara.
El señor PRESIDENTE: Seguro que no es problema de la señora Ministra.
Tenemos también problemas de funcionamiento en relación con otros temas,
que desde su salida del departamento ministerial --esto nos ha ocurrido
con el departamento de Educación-- hasta que llegan a la Cámara pueden
transcurrir incluso semanas y no es problema de los ministerios, sino de
otro tipo de problemas de funcionamiento internos.
Digo que, además del informe presentado al Consejo de Ministros, si me
acepta la señora Ministra la sugerencia, puesto que se ha hecho
referencia a convenios tanto con el Ministerio como con comunidades
autónomas, que no hay obligación de presentarlos a la Cámara, para
conocimiento de todos los miembros de la Comisión, que se remitiese copia
de los convenios que se han firmado, tanto con los ministerios como con
las comunidades autónomas.
Agradeciendo la presencia de la señora Ministra y agotado el orden del
día, se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.