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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 500, de 23/05/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 500
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 39
celebrada el martes, 23 de mayo de 1995
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley
orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los órganos
unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos. (Serie A, número 107-1. Número de expediente 121/000091).
(Página 15200)
Dictamen, a la vista del Informe elaborado por la Ponencia, del proyecto
de ley orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los
órganos unipersonales de gobierno de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos. (Serie A, número 107-1. Número de expediente
121/000091). (Página 15200)
Se abre la sesión a las doce del mediodía.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a comenzar la sesión de
hoy en un día no previsto inicialmente. Sus señorías saben que para la
próxima semana estaba previsto celebrar dos sesiones, que se mantienen.
La razón de la urgencia de este proyecto de ley es que ha de entrar, de
acuerdo con las previsiones que todos los grupos han aceptado, en el
Pleno de la próxima semana puesto que se trata de una ley orgánica. Esta
es la razón de celebrar la
sesión hoy. Creo que todos nos debemos agradecer el esfuerzo que supone
venir esta mañana únicamente para debatir este proyecto.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE LEY
ORGANICA POR LA QUE SE PRORROGA LA DURACION DEL MANDATO DE LOS ORGANOS
UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS
PUBLICOS. (Número de expediente 121/000091.)
El señor PRESIDENTE: El orden del día consta de dos puntos. El primero es
la ratificación de los miembros de la Ponencia.
¿Se ratifica la Ponencia? (Asentimiento.)
Queda ratificada.
--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL
PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE PRORROGA LA DURACION DEL MANDATO
DE LOS ORGANOS UNIPERSONALES DE GOBIERNO DE LOS CENTROS DOCENTES
SOSTENIDOS CON FONDOS PUBLICOS. (Número de expediente 121/000091.)
El señor PRESIDENTE: El segundo punto es emitir dictamen del proyecto de
ley orgánica por la que se prorroga la duración del mandato de los
órganos unipersonales de los centros docentes sostenidos con fondos
públicos. A este proyecto de ley han sido presentadas enmiendas por el
Grupo Popular y por el Grupo Federal de Izquierda Unida. Para la defensa
de las enmiendas del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ollero. (El
señor Vicepresidente, Alegre Galilea, ocupa la presidencia.)
El señor OLLERO TASSARA: El Grupo Popular ha presentado a esta ley de
artículo único un total de ocho enmiendas. Las tres primeras, que han
sido numeradas como 3, 4 y 5, hacen referencia a expresiones que nos
parecen poco afortunadas de la exposición de motivos del proyecto. Quizá
pudieran entenderse como meras correcciones de estilo, pero pensamos que
van bastante más allá porque afectan a aspectos tan básicos como a la
conciencia que realmente pueda tener el autor del proyecto de lo que es
la división de poderes. No parece muy lógico que en un proyecto de ley se
hagan referencias al trabajo de esta misma Cámara casi decidiendo, por
sus expresiones, lo que vamos a hacer aquí. Por otra parte, es evidente
que este mismo proyecto va a ir teniendo un desarrollo tanto en el
Congreso como en el Senado y que al final se publicará, y una exposición
de motivos pretende ser explicativa precisamente en el momento en que
entra en vigor. Todo ello hace que la redacción de la exposición de
motivos sea especialmente desafortunada. Nosotros proponemos que se hable
de que es un proyecto, como en efecto es, presentado lógicamente por el
Gobierno, sin aludir a cuál sea el trámite que otro proyecto pueda tener
o dejar de tener, porque eso depende de decisiones de esta Cámara que aún
no se han consumado. Tampoco hay ninguna certeza de que se hayan
consumado en el momento en que entre en vigor esta ley.
Se dice, por ejemplo, que ese otro proyecto de ley, sobre el que por lo
visto aquí se pretende dar instrucciones, ha de afectar a determinadas
regulaciones. Nosotros proponemos que se diga la realidad, que podría
afectar, ya veremos si afecta o no. Se atribuye aquí un matiz
prácticamente imperativo no se sabe a quién, porque el Gobierno no es el
que decide si vamos a aceptar o no una propuesta y, por tanto, sus
efectos posteriores. También se dice que el debate de ese proyecto
excederá del plazo para la renovación de los órganos de gobierno.
Excederá o no excederá. Nosotros proponemos que se diga «puede
prolongarse más allá del plazo», con lo que queda abierta esa
posibilidad.
Nos parece realmente poco afortunado que el Gobierno ignore elementos tan
básicos y fundamentales como la división de poderes, pero nos parece
todavía más desafortunado que esta misma Cámara se falte al respeto a sí
misma puesto que, a la hora de la verdad, hoy y ahora nosotros tampoco
somos nadie para decidir lo que esta Cámara va a decidir mañana sobre
otro proyecto de ley. Incurrir en expresiones tan desafortunadas sería
ignorar nuestra propia función. Pensamos que es una buena oportunidad
para atender a razones, ya que nuestras enmiendas nos parecen
justificadas. Sería realmente llamativo que una pura mayoría mecánica las
ignorara simplemente por sistema.
La enmienda número 6 se refiere a otra expresión de la exposición de
motivos según la cual «conviene al mejor funcionamiento del sistema
educativo» lo que este mínimo proyecto de hoy propone. Nosotros
discrepamos de esa afirmación. Pensamos que no tiene ninguna relevancia
respecto al mejor funcionamiento del sistema educativo, por ejemplo, que
un director se elija para un año o para tres. Es más, como luego veremos,
más bien sería lo contrario. Lo que en el fondo se está ventilando aquí
es el motivo real de ese proyecto de ley al que éste acompaña en paralelo
o del que éste se aprovecha en paralelo. ¿Qué se pretende solucionar
realmente? ¿Las dificultades que ha encontrado un sistema de
participación por el cual la comunidad escolar elige a su director? ¿Se
pretende evitar, remover los obstáculos que ese sistema ha encontrado
para mejorarlo? En teoría, la memoria del proyecto paralelo dice que se
quiere mantener y defender el sistema de participación. Por el contrario,
cambiando el criterio radicalmente, ¿se pretende sustituir lo que era un
mecanismo de participación y elección de director por algo más parecido a
un cuerpo de directores? Nosotros pensamos que, si hubiera habido un
cambio de criterio tan decisivo como el sustituir la participación por un
cuerpo de directores, indudablemente tendría sentido este proyecto que
estamos discutiendo hoy. Sería conveniente para el sistema educativo
evitar que ese cambio de criterio tan absolutamente decisivo se tuviera
que aplazar dos años más, pero como, según dice el Gobierno --veremos qué
dicen hoy los grupos que
le apoyan--, no hay tal cambio de criterio, no entendemos en absoluto la
conveniencia de esa modificación.
La enmienda número 7, como consecuencia de lo anterior, rechaza que sea
preciso prorrogar nada. En todo caso se puede levantar acta del hecho de
que se prorroga, pero no parece que haya precisión alguna.
La enmienda número 8 es la lógica consecuencia de la enmienda a la
totalidad que nuestro Grupo presentó y se debatió en su día, pero creo
interesante recordar cuáles son los elementos básicos porque van a servir
de justificación a las siguientes que de modo subsidiario se proponen, en
el supuesto de que ésta no fuera atendida. Creo que es bueno plantearse
los diversos supuestos en los que se puedan encontrar los centros
escolares a los que va a afectar este proyecto. Por un lado, hay centros
donde se ha venido eligiendo al director porque ha habido candidato y el
candidato obtenía la mayoría absoluta requerida. Con este proyecto se
está impidiendo, en estos centros donde se ha venido eligiendo al
director, la reelección de quien goza de la confianza del centro, se está
impidiendo que alguien que se ha presentado a candidato y ha sido elegido
por mayoría absoluta se pueda presentar a la reelección, lo cual no tiene
explicación ninguna, entre otras cosas porque el propio proyecto admite
la posibilidad de una elección por un año. ¿Por qué se impide que se
elija por un año a alguien que cuenta con la confianza de la mayoría
absoluta del centro? Realmente es un asunto dudoso si lo que se pretende
es no sustituir el sistema participativo sino simplemente perfeccionarlo.
Además, se impide que sea reelegido para prorrogar en el cargo a alguien
que no reúne los requisitos exigidos, que no ha tenido ocasión de verse
acreditado, según exige el proyecto paralelo, con lo cual no hay ninguna
mejora a cambio de esa imposibilidad de reelección. Esto hace
absolutamente inexplicable que en esos centros no se proceda a una
elección, como sería lo lógico. En segundo lugar, encontramos centros que
tienen directores a dedo. Como se sabe, son un gran número y es
consecuencia del desprestigio al que el Gobierno actual ha llevado este
sistema participativo, precisamente porque no ha tratado a los directores
elegidos como lo que presuntamente eran, representantes de la comunidad
escolar, sino simplemente como subordinados de la Administración. En
estos centros que tienen directores a dedo y que todo el mundo entendía
que el grave problema que existía en la dirección de los mismos era la
falta de candidatos, por tanto la imposibilidad de elegir, puede darse el
caso de que ahora sí haya candidato. Con este proyecto se impide que haya
elección en los centros con directores a dedo donde haya candidato.
Tampoco se entiende desde una perspectiva de mantener un sistema
participativo. ¿Por qué se impide elegir directores en centros que hasta
ahora no han podido hacerlo y estarían dispuestos a hacerlo? Está claro,
por tanto, que en ambos casos la prórroga que se propone es claramente
contraria al principio de participación que se dice mantener.
La enmienda número 9 es, como he dicho, subsidiaria de la anterior, sólo
lógica en el supuesto de que no se suprima el único artículo de esta ley.
En dicha enmienda se propone una modificación que pretende evitar todo el
proceso que aquí se plantea y en el que hace falta que el director que en
este momento está al frente de un centro escolar, en primer lugar,
solicite no verse prorrogado; en segundo lugar, fundamente su solicitud
y, en tercer lugar, se someta a un proceso de aceptación o rechazo por
parte de la Administración. A nuestro Grupo le parece que se está negando
de una manera elocuente la dimensión representativa del cargo de
director. Se pasa a tratar al director como un mero subordinado de la
Administración que intentara un abandono de servicio, cuando realmente es
una persona que está desarrollando un cargo como consecuencia de una
elección participativa de la comunidad escolar. No tiene ningún sentido
que a alguien que ha sido elegido por un plazo determinado se le exija,
nada menos, que fundamente las razones por las que no quiere desempeñar
el cargo más allá del plazo para el que fue elegido. Sería tan absurdo
como si a cualquiera de los aquí presentes nos dijeran que fundáramos las
razones por las que nos negamos a seguir una vez que se disuelvan las
Cortes. Yo sé que muchos de los presentes seguirían, pero de todas
maneras no tiene nada que ver con el sistema representativo. Eso es
obvio. (Risas.) Lo que no admitiríamos respecto a esta casa no sé por qué
se admite para un sistema participativo de la comunidad escolar.
Por otra parte, con este bonito procedimiento, además de la aceptación en
su día del cargo por tres años, se les confiere retroactivamente la
obligación adicional de mantenerse un año más. Hay un principio elemental
del derecho y es no dar carácter retroactivo a cualquier tipo de
disposición que resulte gravosa para el ciudadano en el sentido de que
coarte algo tan decisivo como su libre autonomía personal. Por tanto, no
tiene ningún sentido imponer a alguien, dentro de un sistema
participativo, una obligación para la que él no se había obligado
previamente. Si a nadie se obligó a ser candidato, no resulta lógico que
ahora se obligue a alguien a ser director sin ser candidato y tenga que
explicar las razones de por qué no es candidato, cosa que antes no
ocurrió. Por tanto, esta disposición es un continuo dislate. Pero es que,
además, no solamente se le exigen las razones por las que declina ser
candidato a ser nombrado a dedo cuando antes no se le exigieron para no
ser candidato a ser elegido, sino es que el control administrativo de las
razones aportadas acaba consumando el falseamiento del sistema
representativo que ha producido precisamente su descrédito. El colmo es
que a alguien que dice que no está dispuesto a ser prorrogado a dedo
encima no se le acepte su renuncia. Por eso nosotros solicitamos, de modo
subsidiario a la enmienda anterior, que basta con una renuncia expresa
para que inmediatamente se proceda a la elección.
Por último, la enmienda número 10, que afecta a la segunda parte de este
artículo, rechaza una previsión que nos parece realmente insólita y es
que después de todo este filtro de la Administración, atendiendo a las
razones o dejando de atenderlas, la elección de un nuevo director sea
sólo por un año. Es algo realmente asombroso. Aparentemente el problema
con el que nos encontrábamos era la falta de candidatos y, por tanto, la
imposibilidad de poner en marcha un sistema participativo. No se trataba
de que se quisiera imponer de manera directa o indirecta un cuerpo
de directores o un cuerpo de candidatos o directores. Si hay candidato, y
éste es elegido por mayoría absoluta, no se entiende por qué no va a
estar tres años en el cargo. Es algo realmente asombroso y sería
interesante que alguien diera alguna razón al respecto. No faltando
candidatos se prolonga, por tanto, un problema innecesario. Dice la
exposición de motivos que conviene al mejor funcionamiento del sistema
educativo. Curiosamente se dice que conviene al mejor funcionamiento del
sistema educativo algo que contradice lo que es un aspecto decisivo del
proyecto paralelo, que es la estabilidad en el cargo. El proyecto
paralelo, como es sabido, pretende cambiar de tres a cinco años la
duración de un director en su cargo en beneficio del sistema educativo
--que se beneficia de esa estabilidad--, mientras que esta previsión
atenta a esa estabilidad impidiendo que alguien elegido esté tres años y
lo reduce a uno y consigue además el milagro de que eso beneficie también
al sistema educativo. O sea, que aquí beneficia lo mismo al sistema
educativo que un señor nombrado a dedo en vez de estar tres años esté
cinco, que es lo que prevé el proyecto paralelo, y que un señor elegido
democráticamente en vez de tres años esté uno. Todo beneficia al sistema
educativo. Aquí se ve que, como se dice, lo que no mata engorda. Nos
encontramos ante esta curiosa previsión. Se da más importancia, por
tanto, a la acreditación de confianza por parte de la Administración, que
es lo que va a aportar el proyecto paralelo, que a la elección consumada
en el centro escolar, elección que lógicamente debería ser por tres años.
Además, en un momento en el que nadie, ninguno de los futuros candidatos
ha tenido demasiada ocasión de acreditar esas condiciones que se piden en
el proyecto paralelo, con lo cual el que los ahora elegidos
democráticamente estuvieran tres años en el ejercicio de su cargo les
permitiría, entre otras cosas, acreditar en esos tres años sus
condiciones para poder seguir siendo candidatos en el futuro. O sea, que
aun admitiendo el sistema que se propone en el proyecto paralelo de
acreditación, que nuestro Grupo no admite, sería enormemente beneficioso
que se eligieran por tres años, porque se daría la oportunidad de contar
con más candidatos en el futuro. No olvidemos que la falta de candidatos
era, en teoría, uno de los motivos que nos tienen hoy aquí en una fecha
tan señalada.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): Por el Grupo de Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Nuestro Grupo considera coherente la prórroga
--estando tramitándose el proyecto de ley orgánica de participación,
evaluación y gobierno de los centros docentes-- y, sin embargo, hemos
presentado una enmienda al apartado 4 del artículo único porque
consideramos que la previsión que establece el proyecto de ley no sólo
vulnera lo establecido en el régimen docente sino que incluso, más allá
de ello, podría crear un precedente que vulnera derechos fundamentales.
Se trata, como ya se ha señalado, de la previsión de que la renuncia debe
ser aceptada por parte de la Administración. Nosotros creemos que debería
bastar la solicitud fundada, como establece el proyecto, pero no debería
ser requisito la aceptación por parte de la Administración. Ya se ha
señalado que en estos momentos hay dos tipos de directores, los elegidos
y los nombrados, y se podría hacer una distinción en ambos casos.
Nosotros creemos que esta previsión de la autorización --insisto-- en
cualquier caso vulneraría derechos fundamentales. No hay precedentes de
que a un cargo electo le obligue a mantenerse en el puesto una prórroga
de este tipo. Insisto en que la enmienda consiste simplemente en suprimir
la expresión «previa aceptación de la misma por parte de la
Administración educativa competente». Bastaría, por tanto, la solicitud
fundada y no sería requisito la aceptación.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): ¿Grupos que desean intervenir
para fijar su posición?
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, sería conveniente que antes
hubiera un turno de réplica.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): De acuerdo. ¿Turno de réplica,
por favor?
El señor NIETO GONZALEZ: Quizá lo que procede es un turno en contra y
después la fijación de posiciones.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): ¿Grupos que desean intervenir
para un turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Rodríguez
Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Señorías, el proyecto de ley de prórroga que
debatimos hoy, en esta sesión de la Comisión, tuvo ya un debate previo en
el Pleno del Congreso, el día 27 de abril, puesto que el Grupo Popular
presentó una enmienda a la totalidad. En este debate del día 27 de abril
todos los grupos parlamentarios --excepto evidentemente el Grupo
Popular-- coincidimos en la necesidad de aprobar este proyecto de ley de
prórroga que debatimos en este momento y, además, aprobarlo en el plazo
más breve posible. En algunos casos se argumentaron razones de
operatividad y de funcionalidad (recuerdo que fue el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco, PNV, el que hablaba en estos términos) para evitar
un doble sistema, un doble modelo, decíamos desde el Grupo Parlamentario
Socialista. Yo añadiría hoy en esta sesión de Comisión algunas razones
más; añadiría razones de lógica y de sentido común para facilitar la
aplicación de otro proyecto de ley, el de participación evaluación y
dirección de los centros docentes. Aprobando el proyecto de prórroga
propiciamos la entrada en vigor de los profundos cambios en materia,
entre otras cuestiones, de dirección de centros docentes contenidos en
ese proyecto de ley; cambios que serán, a lo mejor, no solamente los que
propone el Gobierno en su texto sino los que resulten del debate, de la
conversación, del acuerdo y del consenso con otros grupos parlamentarios
a los que el Grupo Socialista ya les ofreció esa voluntad de acuerdo, de
negociación y de diálogo que estoy segura de que será posible realizar,
en los próximos días, en las siguientes sesiones de trabajo.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que es necesario e inaplazable
introducir modificaciones en el concepto y en el ejercicio de la
dirección de los centros; modificaciones que van, insisto, en la línea
contenida en el proyecto de participación y en algunas otras sobre las
que podamos llegar a acuerdos, no solamente en el sistema de acreditación
o en la duración del mandato de órganos unipersonales, de tres a cinco
años, sino incluso en la modificación de las competencias de gestión.
Decíamos en aquel momento, volvemos a mantener hoy, y así lo haremos en
el debate parlamentario de estos dos proyectos de ley, que defendemos y
pretendemos una mayor profesionalización de los equipos directivos,
también una mayor implantación en la gestión de los centros sostenidos
con fondos públicos y, por supuesto, conseguir un mayor reconocimiento de
carácter profesional o económico de los órganos unipersonales de los
centros. Para conseguir estos objetivos, y quizás algunos más, es
necesario aprobar el proyecto de prórroga con carácter de urgencia.
Insisto en que hay un único grupo parlamentario, el Grupo Popular, que se
opone a la tramitación de este proyecto de ley presentando una enmienda a
la totalidad que únicamente fue votada a favor por los miembros de su
Grupo en el Pleno al que hacía referencia.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular en la sesión de la Comisión de hoy, concretamente
las que van del número 3 al 10, no están justificadas en ningún caso, nos
parecen improcedentes y, desde luego, lo que sí mantenemos es que no
están motivadas por los objetivos que pretenden expresar y exponer en la
justificación de las mismas. Argumenta el Grupo Popular que con las
enmiendas que presentan pretenden velar por la participación democrática
a la hora de elegir órganos unipersonales y que la prórroga prevista en
este proyecto de ley limita o coarta la elección democrática. Esa es la
justificación que han defendido en todo momento. Mi Grupo Parlamentario
entiende que no se ajusta a las intervenciones que hemos oído de los
portavoces del Grupo Popular ni tampoco al contenido de sus enmiendas.
¿Qué es, en opinión de mi Grupo, lo que realmente pretenden con estas
enmiendas? En opinión del Grupo Socialista lo que pretenden es
obstaculizar en todo momento, impedir, en última instancia, que entre en
vigor el proyecto de ley sobre participación, evaluación y gobierno de
los centros docentes. En el mejor de los casos, lo que pretenden es
precisamente demorar la entrada en vigor de un modelo de dirección que
queremos más eficaz, con más responsabilidades, con un período de mandato
más largo. Quizá lo que se pretenda es que se apruebe en esta Cámara un
proyecto de ley que no pueda entrar en vigor hasta dentro de tres cursos
académicos. Por tanto, estaríamos desvirtuando lo que es la función de
este Parlamento y la representación de los grupos políticos que
trabajamos en él.
El Grupo Socialista defiende que estos cambios a los que me he referido
mejorarán la calidad del sistema educativo público y garantizamos en todo
momento --insisto en este tema: garantizamos en todo momento-- la
elección democrática de los equipos directivos. No los defendemos ahora
como algo nuevo, lo venimos defendiendo desde hace muchísimos años, desde
el debate previo a la LODE y desde la aprobación de este proyecto de ley
y la entrada en vigor, con todo el contenido y con todo lo que supuso de
participación y gestión democrática, de los centros de enseñanza.
Y paso a referirme, señor Presidente, a las enmiendas concretas que
presenta el Grupo Popular. Hay un grupo de enmiendas que en mi opinión
responden no a una mejora técnica, y tampoco a una delimitación de
funciones entre lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo, sino
a una actitud, que ya es casi habitual del Grupo Popular, de permanente
sospecha hacia el poder ejecutivo, hacia el Gobierno, y concretamente se
acusa al Gobierno de interferir, de atropellar --dicen textualmente-- al
poder legislativo. Llegan incluso a lanzar la sospecha de una actitud
antidemocrática que no me parece que sea oportuna y que desde luego no se
ajusta, en ningún caso, a lo que está ocurriendo realmente. Yo creo que
es impropio que se mantenga esta actitud, yo diría que casi podría
considerarse intolerable, pero a pesar de ello pienso que el Grupo
Popular la seguirá manteniendo. Y digo esto, sobre todo, porque los
miembros del Grupo Popular, sus portavoces conocen perfectamente los
mecanismos de tramitación parlamentaria de un proyecto de ley, por
supuesto que también de este proyecto de ley que ha sido presentado por
el Gobierno y que es apoyado sin ninguna reserva por el Grupo
Parlamentario Socialista, e incluso por algunos grupos más, como ya se
puso de manifiesto en el debate de totalidad.
El hecho de que sea el Gobierno el que presenta el proyecto de ley, el
autor de este proyecto, no quiere decir que conozca los trámites
parlamentarios, los plazos que se contemplan en esta Cámara para
presentar enmiendas, así como el período que ocupa normalmente en esta
casa el trámite de un proyecto de ley, el período que ocupa un debate
parlamentario. Por tanto, yo entiendo que es correcta la redacción que
aparece en la exposición de motivos a la que el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado las enmiendas números 3, 4, 5, 6 y 7. Hay más
enmiendas presentadas a la exposición de motivos que al único artículo
del que consta este proyecto, lo cual me parece un tanto significativo.
Saben SS. SS. que en estos momentos está abierto el plazo de enmiendas al
proyecto de ley de participación y, por tanto, excederá --como se dice en
la exposición de motivos-- la tramitación parlamentaria de este proyecto
de ley de participación el plazo previsto para la renovación y la nueva
elección de los equipos directivos (de más de un 90 por ciento de equipos
directivos) que tienen que renovar su composición a finales de este curso
académico. Precisamente por este único motivo, no por ningún otro, como
sospecha el Grupo Popular, es por lo que aprobamos y apoyamos este
proyecto de ley de prórroga.
Hay un segundo aspecto que sí quisiera resaltar, puesto que me parece
importante, al referirme a las enmiendas del Grupo Popular. Se pone de
manifiesto por el texto de las enmiendas, por su justificación y por la
intervención de su portavoz que al Grupo Popular le cuesta mucho trabajo
aceptar, casi se niega a aceptar, que existe una mayoría
parlamentaria. No es una mayoría mecánica. Creo que no es correcto hablar
de mayoría mecánica. Existe una mayoría política o existe una mayoría
parlamentaria que aglutina sus votos en torno a determinados proyectos de
ley presentados por el Gobierno o proposiciones presentadas por el Grupo
Socialista. Por tanto, el Gobierno también tiene la constancia de que los
proyectos de ley que presenta serán aprobados con modificaciones y con
mejoras, sin duda alguna, como debe ser, por esta Cámara porque
--insisto-- existe esa mayoría parlamentaria; y vuelvo a repetir que la
enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular no contó con el
voto positivo de absolutamente ningún otro grupo parlamentario. Por
tanto, ése es un dato que tampoco deberíamos olvidar.
En el resto de las enmiendas del Grupo Popular, yo creo que se nota una
falta de coherencia e incluso en algunos planteamientos dan un paso atrás
respecto a lo que defendían en ese debate de totalidad del día 27 de
abril, al que antes me refería. Entiendo que hay incoherencia entre la
enmienda número 8, en la que se pide la supresión total del artículo
único de este proyecto de ley, que permite la prórroga de los equipos
directivos, y la enmienda número 7, en la que el Partido Popular propone
que se diga que se prorroga por un año. Esta misma contradicción, y
quizás una cierta desconfianza, se produce entre las enmiendas números 9
y 10, del Grupo Popular, en las que se dice que se procederá a la
elección por tres cursos académicos, con un mandato de tres cursos, sólo
de una parte de los equipos directivos, aquellos miembros que renuncien
efectivamente a la prórroga. Si hiciéramos el esfuerzo de imaginar por un
momento lo que ocurriría en los centros docentes si se aprobaran estas
enmiendas que presenta el Partido Popular, nos encontraríamos con algunas
situaciones que no serían positivas en absoluto. Por una parte,
tendríamos unos miembros de esos equipos directivos a los que se les
prorrogaría su mandato por un año, que podría ser el director, el jefe de
estudios o el secretario, puesto que no ponen ninguna dificultad a esa
prórroga; por otra, habría otros miembros de esos equipos directivos, que
están ejerciendo su función directiva en el mismo centro, que serían
elegidos, según la propuesta del Grupo Popular, por el consejo escolar y
que, por lo tanto, tendrían un mandato de tres años. Es decir, tendríamos
unos miembros con mandato de tres años y otros con mandato de un año.
Esta propuesta del Grupo Popular sería la mejor forma de llevar bastante
desconcierto, y quizás en algunos casos caos, a los centros educativos...
(Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): Por favor, señorías, guarden
silencio.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.
Por tanto, no vamos a apoyar las enmiendas del Grupo Popular y las
votaremos en contra, porque no compartimos los criterios y, además,
porque creemos que estos temas deben proponerse con bastante más rigor y
respeto a los profesores que están ejerciendo en estos momentos funciones
directivas y a la totalidad del colectivo de enseñantes.
En cuanto a la enmienda número 2, del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, defendida por el señor Martínez Blasco, propone que la
mera solicitud por parte de quien desempeñe un cargo directivo sea
suficiente y que, por tanto, se produzca un efecto automático para la
sustitución de este cargo. Argumenta que ninguna persona tiene que ser
obligada o forzada a seguir manteniendo esta función directiva durante un
período más largo que aquel para el que fue elegido o nombrado por la
Administración. Sin embargo, yo le diría, señor Martínez Blasco, que en
la propia redacción del proyecto de ley no aparece una obligación
inexcusable, una obligación que tenga que cumplirse pase lo que pase, en
cualquier situación y bajo cualquier condición. A nadie se le va a
obligar a mantenerse, si no hay motivos suficientes para que pueda
ejercer esa función directiva, durante un año más. Además la redacción de
este apartado cuarto del artículo único obedece también al dictamen del
Consejo Escolar del Estado, que evidentemente no es vinculante pero sí
debe emitirse obligatoriamente y que ha de tenerse en cuenta. En el
dictamen del Consejo Escolar del Estado se establece la necesidad de dos
requisitos para que se tenga en cuenta la renuncia o la no aceptación de
esta prórroga (prórroga excepcional y para resolver una situación durante
un curso académico, no tiene más valor ni vigencia que la de un curso
académico; por tanto, tendríamos que ceñirnos también a su ámbito de
aplicación), que son, por una parte, que exista una solicitud fundada, a
propuesta del interesado --requisito que también se contempla ya en la
actualidad, cuando un cargo directivo renuncia a seguir ejerciendo esa
función-- y, por otra parte, que se produzca la aceptación necesaria por
parte de la administración competente. Esta disposición no va a impedir,
en ningún caso, que aquellos profesores o profesoras que no puedan, por
motivo justificado, seguir desempeñando esta labor durante un año, tengan
que hacerlo, insisto, obligatoria o inexcusablemente. Pueden existir
motivos de traslado, de jubilaciones, de comisiones de servicio o de
cualquier otro tipo, que, repito, ya se están teniendo en cuenta y se
están aceptando por parte de la administraciones educativas cuando un
profesor o una profesora solicita ser relevado de esta función directiva
que desempeña. Por estas razones tampoco vamos a votar afirmativamente la
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Con el contenido del proyecto de ley, tal y como lo debatimos en estos
momentos, se consigue efectivamente este objetivo de estabilidad y de
eficacia en la función y en el trabajo de los equipos directivos y se
conjuga perfectamente con los cambios, profundos y necesarios, que vamos
a introducir y debatir. Yo creo que estamos en condiciones de llegar a
acuerdos con todos los grupos parlamentarios que así lo expresen en los
próximos debates parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): ¿Grupos que deseen tomar la
palabra para un turno de réplica?
Tiene la palabra el portavoz del Grupo de Izquierda Unida.
El señor MARTINEZ BLASCO: Señor Presidente, mi Grupo entiende que no es
suficiente la mera solicitud y he puesto énfasis en que manteníamos el
texto del proyecto, que señala que ha de haber una solicitud fundada; por
eso no tiene un efecto automático. El texto que requeriría el que no haya
efecto automático sería, por ejemplo, previo conocimiento, Por razones de
política educativa y organizativa no debe haber un automatismo en
abandonar el cargo y que quede sin conocimiento de las autoridades
educativas, para iniciar todos los procedimientos.
Quiero llamar la atención sobre el texto, puesto que señala que ha haber
una previa aceptación de la renuncia. He querido resaltar que no es un
problema exclusivamente educativo, sino que es un problema de los
derechos personales. Yo creo que debemos ser escrupulosos con los
derechos y no es suficiente lo que haya dicho el Consejo Escolar. Aquí se
está pretendiendo que sea necesaria la aceptación de la renuncia de un
cargo electo, lo cual podría provocar distorsiones e, incluso, efectos
perversos. Ya sé que no está en la mente y no quiero hacer presunciones,
pero alguien podría, mediante la no aceptación --que puede ser muy rara,
pero puede darse desde el punto de vista del texto de la ley en cuanto se
requiere necesariamente la previa aceptación--, distorsionar, como ha
señalado la señora Rodríguez Ortega, traslados o cualquier otra
circunstancia. Ya sé que no está en la voluntad, pero el texto de la ley
es durísimo pues se requiere la previa aceptación de la renuncia. Me
parece un precedente legislativo que no había en este país, como es el
obligar a alguien a estar aunque expresa y motivadamente haya dicho que
no quiere estar. La señora Rodríguez Ortega ha dicho que no se va
producir, pero yo entiendo que se podría producir porque el texto de la
ley lo dice, por eso insisto.
Nosotros proponíamos que se suprimiera la expresión «previa aceptación»,
pero, si quiere la señora Rodríguez Ortega, se podría decir «previo
conocimiento». Lo que yo entiendo es que ha de haber un acto
administrativo de la autoridad diciendo: tomo conocimiento de que se ha
producido la renuncia para evitar el problema de la desorganización
educativa. Pero la previa aceptación a mí me sigue pareciendo un
precedente legislativo muy grave en materia de cargos electos, de
cualquier tipo. Insisto en que no es exclusivamente en problema
educativo.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): Tiene la palabra el señor
Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, en un debate como el de hoy,
caben dos posibilidades. Hay una, que es la que se suele utilizar siempre
porque, sin duda, es la más propia de esa Casa, que es la de intercambiar
argumentos; pero siempre cabe la posibilidad, aunque no quede muy bonito,
de olvidarse de los argumentos, quizá porque no se está en condiciones de
hacerles frente y recurrir a los juicios de intenciones, con lo cual da
igual lo que uno diga, lo importante es por qué lo dice, y si uno es de
los malos, ya se sabe que lo dice con mala intención, diga lo que diga,
que es lo que hoy ha ocurrido aquí. Por lo visto, lo de menos son los
argumentos que utilicemos y lo importante es que el Grupo Popular es el
malo --menos mal que los malos están solos-- y, en consecuencia, digan lo
digan, no hay por qué prestar atención; una cosa muy democrática.
Me parece positivo que se haya dicho por dos veces que el proyecto, del
que éste pretende aprovecharse, va a establecer profundos cambios; por
tanto, se confirma que la presunta ley de participación no es una ley de
participación, puesto que a lo que se va es a hacer un director escolar
profesional y no un director escolar que represente realmente a su centro
escolar. No es poco el cambio. Ahí queda. Antes de que el Partido
Socialista llegara al poder ya se había hecho la participación escolar en
los tiempos de UCD y ahora, por lo visto, se pretende acabar con ella o,
por lo menos, limitarla, de manera que sea la confianza de la
Administración el elemento decisivo y no la participación.
Insistimos en que la postura de nuestro Grupo se basa en dos elementos
que no han sido, en modo alguno, abordados en el turno en contra: uno,
falta de candidatos, que hacía inviable el sistema de participación, que
hasta ahora se consideraba el único básico y fundamental; y un elemento
añadido, la posibilidad de que a los directores elegidos se les procure
formar, apoyar y darles mayor profesionalidad, pero nunca condicionando
su elección. Ese es nuestro planteamiento y éste es el sentido de
nuestras enmiendas.
Hay un grupo de enmiendas --insisto en ello-- que hacían alusión a lo que
es la competencia de esta Cámara. La portavoz socialista no me puede
negar que, a lo largo del debate del proyecto paralelo a éste, se podría
dar la circunstancia, porque esta Cámara lo decidiera así en uso de su
soberanía, de que la regulación de los directores escolares quedara
absolutamente intacta. Puede darse ese caso de manera perfectamente
previsible, en la medida en que el plazo de enmiendas está abierto y que
el Gobierno está diciendo que si no retira este proyecto es porque no
puede, lo cual es mentira, dicho sea de paso, porque el Reglamento de la
Cámara dice claramente que lo puede retirar cuando quiera, pero le ha
dicho a las centrales sindicales, por ejemplo, que no lo retira porque no
puede, que si no, lo retiraría. Me explicará la portavoz socialista qué
va a ocurrir cuando esté publicada de manera definitiva una ley donde
dice que la nueva regulación ha de afectar y se compruebe que no afecta.
Quedará constancia de que aquí no se ha respetado la soberanía de esta
Cámara.
La enmienda número 4, señora portavoz, es irrebatible por lo menos con
los argumentos que S. S. ha utilizado hasta el momento y debería
reflexionar un poco sobre su contenido.
Al parecer, nuestros juicios e intenciones perversas, que han sido
claramente desenmascaradas por la vibrante intervención de la portavoz
socialista, consisten en que queremos retrasar dos años la modificación
que se pretende en el proyecto paralelo. Pero la portavoz socialista
olvida un pequeño detalle. Suponiendo que eso fuera así, pretenderíamos
retrasar dos años la puesta en marcha del proyecto en el 40 por ciento de
los centros, porque en el 60 por ciento restante, con directores a dedo,
evidentemente, no
tiene nada que ver con lo que proponemos; en eso, entraría en vigor el
proyecto al día siguiente. Curiosamente, nuestra pésima intención
consiste en pretender que quien ha sido elegido democráticamente esté
tres años en el ejercicio de su cargo, como prevé la normativa vigente,
cuando, además, la ley paralela pretende que los designados a dedo estén
cinco años, y eso sin necesidad de mala intención que, por supuesto, se
excluye de cualquier cosa relacionada con el Gobierno, a juzgar por lo
que hemos oído.
Juicio de intenciones por juicio de intenciones, señora portavoz. Yo no
voy a hacer juicio de intenciones porque no hace falta; se están haciendo
en la calle. Y esos juicios de intenciones son: en primer lugar, que el
Gobierno pretende mantener a los directores que ha nombrado a dedo y por
eso se niega a que pueda haber elecciones en centros donde haya
candidatos y, en segundo lugar, pretende evitar que aquellos que han sido
elegidos puedan tener un mandato más, como estaba previsto. Y todo esto
en un momento en el que esta ley, que en teoría acompaña a otra, en que
esa otra ley se está diciendo que se ralentiza, se está diciendo que se
va a abrir una negociación con los restantes grupos parlamentarios. Desde
luego, con el Grupo Popular no ha habido, hasta ahora, ninguna invitación
a negociación alguna; por tanto, estamos a resultas de que esa buena
intención, de la que no dudamos, se convierta en intención real.
Dice la señora portavoz que hay una contradicción en nuestra enmienda
número 7. Señora portavoz, yo comprendo que tiene que hacer un gran
esfuerzo para husmear en nuestras intenciones, pero yo le aconsejaría que
hiciera algo tan simple como leerse la enmienda; léase la enmienda. Dice
usted que es contradictoria esa enmienda con lo que proponemos en la
posterior, es decir, suprimir el artículo. Curiosamente, la justificación
de la enmienda número 7 --léala, señora portavoz-- dice lo siguiente:
Justificación, de no aprobarse la enmienda de supresión del articulado.
Por tanto, explíqueme la contradicción en qué consiste. Está salvada en
la misma justificación que usted no ha tenido tiempo de leer, porque ha
estado intentando colocar al Grupo Popular en el diván para adivinar sus
pérfidas intenciones. Déjese de hacer psiquiatría y haga parlamentarismo:
léase la justificación de las enmiendas, señora portavoz, que es lo que
se suele hacer en esta Casa.
Enmienda número 9. ¡Esto sí que es bueno! Ahora resulta que no solamente
hace usted un juicio de intenciones sobre lo malo que es el Grupo
Popular, sino que le dice a Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y a
nosotros, por partida doble (dos por el precio de uno): Tienen ustedes
razón. La ley dice que la Administración se puede negar a aceptar las
denuncias de un señor, pero no se preocupen, aunque la ley lo autorice,
la Administración no lo va a hacer. ¡Perfecto! Los malos son los malos y
los buenos son los buenos. No hay ningún peligro de sacar una ley por la
cual la Administración se podrá negar a aceptar esas denuncias, porque
usted, aquí, nos da su palabra --no sé si usted o la Administración-- de
que no lo va a hacer. ¡Estupendo! Con ese procedimiento yo no sé para qué
discutimos leyes. Si al final, se haga lo que se haga, va a resultar que
lo que se haga es bueno, y si hay algo en la ley que no es bueno, no se
va a hacer porque lo dice usted, entonces nos podemos ahorrar el trámite.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): Tiene la palabra la señora
Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Señor Presidente, para un turno no
excesivamente largo, porque, efectivamente, el portavoz del Grupo Popular
no ha añadido temas nuevos ni novedosos a su intervención anterior.
Quizás ha levantado un poquito más la voz, ha tenido un poquito más de
interés y de ganas, pero, aparte de algún otro calificativo a los que nos
suele tener acostumbrados el señor portavoz del Grupo Popular y que no
causan impresión al Grupo Socialista, no aporta nada al debate, que debe
ser un debate serio, un debate riguroso, un debate sereno, aunque lo
estemos haciendo hoy en una sesión de Comisión que supone un inciso en lo
que son nuestros actos electorales y en los que logramos apasionarnos un
poco más.
Hay una serie de asuntos que el señor portavoz del Grupo Popular ha
planteado sobre los que voy a decir algo. Se van a producir profundos
cambios. Sí, lo he dicho antes, lo mantengo ahora y lo vamos a mantener
durante todo el debate del proyecto de ley de participación. Los cambios
no van a afectar, en modo alguno --y no sé si eso es lo que le preocupa
al Grupo Popular--, a lo que es la elección democrática, la participación
de los consejos escolares en la elección de los equipos directivos. Ese
compromiso lo defendimos, a principios de los años 80, cuando aprobamos
la LODE, y lo seguimos manteniendo, practicando y propiciando desde ese
momento; y aparecerá así, tal y como figura recogido en la LODE, cuando
aprobemos este proyecto de ley de participación. Queremos directores
elegidos democráticamente y, al mismo tiempo, profesionales bien
formados, con responsabilidad, con implicación en la tarea administrativa
que desempeñan y también deseamos el buen desarrollo y el buen
funcionamiento de sus centros escolares, y el Grupo Socialista estima que
eso no está en absoluto reñido --a lo mejor, el Grupo Popular no lo
admite así-- ni es incompatible.
El proyecto de ley de participación tuvo, efectivamente, enmiendas a la
totalidad, que no prosperaron; por tanto, está claro que el texto que se
mantenía y que se mantiene es el presentado por el Gobierno, que
introducirá modificaciones y también en materia de elección de director.
Estamos en trámite de enmiendas y el Grupo Socialista está dispuesto a
hablar con todos los grupos parlamentarios, también con el Grupo Popular
si así lo desea, y creemos que será positivo llegar a acuerdos si así lo
quiere; si se opone, no habrá forma de que podamos alcanzarlos.
El portavoz Grupo Popular decía que no había tenido tiempo de leer la
justificación de sus enmiendas. Yo he tenido tiempo de leerla, pero voy a
liberar a esta Comisión de leer algunas perlas justificativas que el
Grupo Popular presenta. Por tanto, no voy a leer las justificaciones que
presenta a las enmiendas 3, 4 ó 5, ni a ninguna otra, pero,
evidentemente, yo sí me las he leído porque tenía interés en saber cuáles
eran los planteamientos del Grupo Popular.
Yo creo que el Grupo Popular debería elegir a la hora de presentar sus
enmiendas, no mantener una postura en una enmienda y la contraria en
otra, porque eso es contradictorio y da poca confianza en cuanto al
contenido de las enmiendas. El Grupo Popular debería apostar por una
fórmula, por un modelo, y defenderlo, pero no puede apostar por suprimir
el artículo, por elección por un año, por elección por tres años... Eso
no hay forma de sostenerlo ni de justificarlo, por mucho que se empeñe el
portavoz de Grupo Popular.
En cuanto a los argumentos del señor Martínez Blasco, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, la fórmula que aparece en el apartado
cuarto del artículo único, que se refiere a la previa aceptación, es
simplemente administrativa, no tiene más valor impositivo ni coercitivo,
ni por supuesto, en ningún caso, lesivo para aquellos profesores o
profesoras que tengan motivos justificados para ejercer la función
directiva durante un año, como contempla la prórroga. Le ofrecemos una
fórmula transaccional que puede recoger mejor el planteamiento que yo
hacía en mi intervención anterior, así como su petición de la enmienda
número 2. Proponemos que el texto de este apartado cuarto del artículo
único de la ley quedase de la siguiente forma: «En aquellos casos en que,
siempre a solicitud fundada de quien desempeñe uno de los cargos a que se
refiere esta Ley y previo conocimiento» --cambiaríamos el término
«aceptación» «por conocimiento»-- «de la misma por parte de la
Administración educativa competente...», etcétera, y mantendríamos el
mismo texto hasta el final del apartado. Esa es la propuesta que hacemos
al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que puede dar satisfacción a
sus planteamientos y aportar una mayor concreción y claridad al apartado
tal y como aparece redactado.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): Para manifestar su posición
sobre esta transaccional, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Mi Grupo acepta la transaccional y, por tanto,
retira su enmienda número 2.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): ¿Grupos que desean fijar
posición?
Tiene la palabra el señor González de Txabarri, del Grupo Vasco (PNV).
El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Voy a fijar la posición del Grupo
Vasco con relación a este proyecto de ley por el que se prorroga la
duración del mandato de los órganos unipersonales de gobierno de los
centros docentes sostenidos con fondos públicos. El interés político del
Grupo Vasco está en alejarse lo más posible y sustancialmente de los
contenidos que recoge la LODE, que ya fueron atenuados en cuanto a estos
órganos de gobierno por la LOGSE.
El proyecto de participación, evaluación y gobierno de los centros
docentes realiza un serio quiebro de aquellos contenidos que en estas
materias estaban recogidos en la LODE. Ahí están, señor Presidente, los
objetivos del Grupo Vasco respecto a este proyecto de ley y al proyecto
de ley que viene a llamarse paralelo a éste.
Dado que desde el Grupo Vasco entiende que es importante llegar a esos
nuevos contenidos para los órganos de gobierno de los centros docentes,
de forma que se pueda examinar y realizar una labor crítica de estos
quince años de gobierno de los centros docentes, entendemos que es
coherente apoyar también este proyecto de ley y, en consecuencia,
rechazamos las enmiendas que presentan hoy tanto el Grupo Popular con el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para poder llegar
cuanto antes al nuevo texto articulado que el Gobierno presenta en
relación al gobierno de estos centros docentes.
Como manifestamos en el Pleno, se trata de criterios de funcionalidad los
que llevan a rechazar estas enmiendas y a apoyar este proyecto de ley, en
el convencimiento de que el gobierno de los centros docentes va a estar
mucho más cerca de la realidad de lo que es esta sociedad que los
contenidos que se reflejaron en la LODE. Nosotros, señor Presidente,
seguimos sin entender por qué un centro docente no debe ser dirigido con
los criterios que rigen en la sociedad, en una empresa, en una cámara de
comercio o en cualquier tipo de institución de la sociedad civil.
Acercarnos a criterios más extendidos en la sociedad civil con este
proyecto de ley de participación, evaluación y gobierno de los centros
docentes y alejarnos de los contenidos de la LODE, es el objetivo
prioritario del Grupo Vasco. Por ello la posición que mantenemos hoy aquí
es posibilitar que ese debate se realice en esta Cámara con suficiente
rigor, con suficiente precisión, y que podamos responder a lo que en la
sociedad está mucho más presente que en los contenidos legislativos que
en este momento están en vigor.
Con relación a las enmiendas que se presentan en el día de hoy,
entendemos que el discurso del señor Ollero, en nombre del Grupo Popular,
es un discurso doble en cuya argumentación está la contraargumentación.
En las primeras enmiendas que presenta, que son básicamente cambios de
modos o de perífrasis verbales en función de la soberanía que esta Cámara
tiene para ordenar los contenidos de los proyectos de ley, está
olvidando, en nuestra opinión, que este debate se realizó en el Pleno de
la Cámara, que rechazó las enmiendas de totalidad y que, en consecuencia,
esta Cámara ya ha tomado posición sobre los contenidos genéricos del
proyecto de ley. Respecto al segundo grupo de enmiendas, las fundamenta
con relación a los contenidos que el siguiente proyecto de ley trae a
esta Cámara. Entendemos que en su propia argumentación está la
contraargumentación. Si se argumenta en el primer grupo la soberanía de
la Cámara, difícilmente se puede mantener la posición que se sostiene en
el segundo bloque de enmiendas.
Entendemos que estas discusiones se tienen que hacer en el proyecto de
ley de participación, evaluación y gobierno de los centros docentes.
Agradecemos que el Grupo Socialista haga esta invitación a consensuar el
proyecto de ley. Tampoco nosotros hemos tenido más contactos que los
formales, realizados en el Pleno y en el día de hoy, pero queremos
manifestar que estamos muy interesados, como Grupo Vasco, en que los
contenidos de este proyecto de ley respondan, como he dicho, a las
necesidades de gobierno
de los centros docentes. Esperamos que en los trámites en Ponencia, en
Comisión y en el mismo Pleno podamos realizar un debate sereno y sosegado
en relación a lo que debe ser el gobierno de estos centros docentes. Es
ahí donde debe centrarse el debate y no tanto en si se han leído
enmiendas o no, cómo se justifican, etcétera.
Nos alegramos de que la portavoz del Grupo Socialista haya recogido
también el guante de la enmienda número 2 del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que es un tema fundamental y que está
mejor recogido en la transacción que ahora se ha hecho «in voce», para
corregir esas disfuncionalidades que se podrían producir. Es verdad que
existen precedentes en la sociedad civil en orden a situaciones
parecidas, pero no nos parecía oportuno que esas disfuncionalidades
pudieran ser recogidas en un proyecto de ley y, en consecuencia,
entendemos muy razonable y de agradecer la capacidad de reflejo que ha
tenido el Grupo Socialista para atender una enmienda que, más allá de su
componente técnico, tenía un componente político y social importante.
En consecuencia, señor Presidente, y desde estas perspectivas,
insistiendo en que el meollo de esta cuestión está en el proyecto de
participación, evaluación y gobierno de los centros docentes y que esto
no es más que posibilitar aquel proyecto de ley, de forma que no se
produzca un desgobierno en los centros docentes en el próximo curso
escolar, anuncio que vamos a apoyar la enmienda transaccional que se ha
ofrecido en el curso del debate y vamos a rechazar las demás enmiendas.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): Para fijar su posición, tiene
la palabra el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor
Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Con la brevedad que requiere en estos momentos,
para poner fin a la excepcionalidad de la Comisión que celebramos, mi
Grupo quiere plantear su posición en cuanto a las enmiendas que hemos
sometido a debate, desde la propia posición que tuvo al no presentar
ninguna enmienda al proyecto de ley. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) No obstante, la base de nuestra posición era acelerar lo
más posible el trámite previo al debate del siguiente proyecto de ley
sobre participación, evaluación y gobierno de los centros docentes. Desde
nuestra perspectiva del debate, en general, no nos ha hecho cambiar de
opinión; sin embargo, sí que hemos considerado oportuno que el Grupo
Socialista aceptara la enmienda presentada por el ahora Presidente de la
Comisión, que también en cierto sentido significaba aceptaban parte de
una de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular. Esto es lo único
que en este caso concreto nos parecía razonable. Por lo demás,
consideramos que el paso hacia el debate del siguiente proyecto es
importante, por cuanto la dirección de los centros escolares está pasando
una crisis que a nuestro Grupo le parecía preocupante.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, vamos a pasar a la votación.
(El señor Ollero Tassara pide la palabra.)
¿Señor Ollero?
El señor OLLERO TASSARA: Con relación a la votación quería solicitar, por
un lado, votación separada de las enmiendas 4 y 10. Por otro lado, quería
que se precisara el alcance de la enmienda transaccional, es decir, si se
refiere simplemente a esa expresión, en cuyo caso, por supuesto, será
asumida por nuestro Grupo, o si se propone en bloque todo el párrafo del
artículo, en cuyo caso tropezaría con otras enmiendas nuestras.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, ¿quiere votación separada de las
enmiendas 4 y 10 o que se voten conjuntamente?
El señor OLLERO TASSARA: Que se voten cada una de ellas por separado.
El señor PRESIDENTE: Que se voten la 4, la 10 y luego el resto.
El señor OLLERO TASSARA: Sí, señor Presidente. Nos interesa ver cómo se
pronuncia cada Grupo con relación a las mismas.
El señor PRESIDENTE: En cuanto al alcance, la enmienda transaccional
consiste en sustituir los términos «previa aceptación», por «previo
conocimiento».
Concluido el debate, vamos a comenzar las votaciones.
Ruego a los diferentes grupos que si hay sustituciones de algún miembro
de la Comisión, se lo comuniquen a la Mesa.
El señor BALTA I LLOPART: Señor Presidente, el señor Tubert i Alsina
sustituye al señor López de Lerma i López, por parte del Grupo Catalán.
El señor PRESIDENTE: Si nadie se opone, vamos a hacer las votaciones no
de la forma habitual, de votar primero el articulado y después la
exposición de motivos, sino que vamos a englobar todas las votaciones
distinguiendo estos tres bloques que ha propuesto el Grupo Popular.
¿Hay acuerdo? (Asentimiento.)
Comenzamos por las enmiendas del Grupo Popular.
Enmienda número 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda número 10 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda. Restantes enmiendas del
Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas la enmiendas.
Enmienda transaccional a la enmienda número 2 del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que consiste en sustituir «previa
aceptación», por «previo conocimiento».
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar el texto. Si nadie pide lo contrario, vamos a votar el
artículo único, las disposiciones finales y la exposición de motivos
conjuntamente, con la enmienda transaccional incluida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, seis.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto. Les recuerdo una vez más,
señorías, que la próxima semana está prevista sesión de esta Comisión el
miércoles y el jueves.
Concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las una y diez de la tarde.