CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 485
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA
Sesión núm. 55
celebrada el miércoles, 3 de mayo de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe),
para:
--Informar sobre la desaparición y muerte de José Antonio Lasa Arostegui
y José Ignacio Zabala, presuntamente secuestrados en Bayona en el año
1983, así como sobre las actuaciones que va a realizar su Ministerio al
respecto. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/000566.)
--Dar a conocer los datos que conozca el Gobierno desde el año 1983 sobre
las investigaciones efectuadas en relación a lo acontecido con la muerte
de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, reivindicada en su día por
los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000567.)
--Informar sobre las actuaciones llevadas a cabo por el Ministerio de
Justicia e Interior tras las informaciones relacionadas con la
desaparición de Lasa y Zabala, y singularmente sobre las investigaciones
internas puestas en marcha en dicho Ministerio para delimitar
responsabilidades en relación a dicho caso, así como en lo referente a
las investigaciones habidas tanto en instancia judicial como policial
entre octubre de 1983 y enero de 1985 y entre enero y febrero del año
1995. A solicitud del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). (Número de
expediente 213/000576.)

Página 14758



Se abre la sesión a las once de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión de Justicia e
Interior para examinar el orden del día previsto para hoy, consistente en
la comparecencia del excelentísimo señor Ministro de Justicia e Interior,
don Juan Alberto Belloch, que comparece para informar, en primer lugar,
sobre la desaparición y muerte de José Antonio Lasa Arostegi y José
Ignacio Zabala, presuntamente secuestrados en Bayona en el año 1983, así
como sobre las actuaciones que va a realizar su Ministerio al respecto.

Esta comparecencia, que acumularemos con las dos siguientes, tiene lugar
a iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto.

La segunda comparecencia tiene por objeto satisfacer la solicitud
formulada por el Grupo Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya para dar a conocer los datos que tenga el Gobierno desde el
año 1983 sobre las investigaciones efectuadas en relación a lo acontecido
con la muerte de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, reivindicada en
su día por los grupos antiterroristas de liberación.

La tercera comparecencia, acumulada igualmente, a solicitud del Grupo
Vasco (PNV), tiene como objeto informar sobre las actuaciones llevadas a
cabo por el Ministerio de Justicia e Interior tras las informaciones
relacionadas con la desaparición de Lasa y Zabala, y singularmente sobre
las investigaciones internas puestas en marcha en dicho Ministerio para
delimitar responsabilidades en relación a dicho caso, así como en lo
referente a las investigaciones habidas, tanto en instancia judicial como
policial, entre octubre de 1983 y enero de 1985 y entre enero y febrero
del año 1995.

Debo advertir a SS. SS. que la Mesa del Congreso, en su reunión del 4 de
abril de 1995, acordó admitir a trámite las comparecencias, con la
excepción, en lo que se refiere a esta última formulada por el Grupo
Vasco (PNV), del informe relativo a las investigaciones habidas en
instancias judiciales.

El orden de intervención, con arreglo a las solicitudes formuladas, será
el siguiente: intervendrá, en primer lugar, el excelentísimo señor
Ministro y con posterioridad los portavoces que han formulado la petición
de comparecencia por este orden: Grupo Mixto, Grupo Federal Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y Grupo Vasco (PNV), y a continuación el
resto de los grupos, en orden de mayor a menor, comenzando por el Partido
Popular, seguido de Convergència i Unió, Coalición Canaria y Grupo
Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el excelentísimo señor Ministro de Justicia e Interior.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señorías,
comparezco ante ustedes a petición, como ha expuesto el Presidente, de
diversos grupos parlamentarios en lo que espero y deseo sea simplemente
una primera comparecencia, con la firme convicción de que podrán
realizarse otras a medida que fructifique la investigación y a medida en
que informar de los resultados de dicha investigación no sea
contradictorio con los propios intereses de la misma. Por lo tanto, no es
más que una primera comparecencia que espero tenga continuidad, ya sea a
petición de los grupos o incluso por iniciativa propia.

Desde que a principios de este año un inspector de Policía, el Inspector
Jefe de la Unidad de Policía Judicial de Alicante, entendió que podía y
debía relacionarse policialmente la desaparición, secuestro y asesinato
de Lasa y Zabala con dos cadáveres que estaban depositados en el
cementerio municipal de Alicante, hasta la fecha de hoy, algunos extremos
importantes ya se han aclarado y otros faltan por aclarar.

En primer lugar, lo que era una intuición policial razonable, pero una
intuición policial, se ha convertido en un hecho evidente. En definitiva,
los cadáveres encontrados en el cementerio de Alicante, en términos
médico-forenses, corresponden a los presuntos terroristas Lasa y Zabala.

En segundo lugar, parece que va en camino de orientarse de manera
definitiva un tema judicial, pero que tiene alguna repercusión en el
conjunto de la investigación. Me refiero al tema de la competencia del
órgano judicial oportuno. En un momento inicial, como SS. SS. saben,
estaban conociendo de las actuaciones, por un lado, el Juzgado de San
Sebastián, como consecuencia de la denuncia presentada por los familiares
de Lasa y Zabala en el año 1987; en segundo lugar, el Juzgado
correspondiente de Alicante, en función de haberse encontrado, dentro de
esa circunscripción territorial, los cadáveres referidos y, en tercer
lugar, un Juzgado Central de la Audiencia Nacional, como consecuencia de
un planteamiento policial de existir elementos que puedan pensar que
tales crímenes fueran realizados por el GAL y en todo caso en base a la
consideración técnico-jurídica de que el secuestro tuvo lugar en el
extranjero, concretamente, como saben todos ustedes, en Bayona (Francia).

En este momento, el Juzgado de San Sebastián se inhibió a favor del
Juzgado Central de la Audiencia Nacional, y recientemente el fiscal de
Alicante ha informado también en el mismo sentido, es decir, en el
sentido de que la juez de Alicante se inhiba a favor del Juzgado Central.

Previsiblemente, por lo tanto, y sin perjuicio de la resolución judicial
que falta todavía por determinar de la juez de Alicante, pero en
principio parece orientarse a la concentración de la investigación en el
Juzgado Central de la Audiencia Nacional.

En tercer lugar, se ha producido también un hecho relevante, cual es la
declaración del secreto sumarial por el juez de la Audiencia Nacional,
concretamente el pasado día 28.

La declaración de secreto sumarial, al margen de las consecuencias
jurídicas que todos ustedes conocen, creo que tiene cierta importancia
desde otras ópticas. En primer lugar, supone tanto como entender SS. SS.

--en este caso el juez-- que deben seguir investigándose una serie de
líneas que justifican la adopción de esa medida de secreto sumarial. En
segundo lugar, que la naturaleza de las diligencias concretas solicitadas
por la Policía, ahora en funciones de policía judicial, merecen también,
por sus características, que se declare el secreto sumarial. Finalmente,
la consecuencia obvia de no estar las actuaciones judiciales



Página 14759



bajo esa protección. Por otro lado, todo ello está en la misma línea que
el acuerdo que ha adoptado la Mesa de la Comisión cuando manifestó que no
se debía entrar en temas relativos a la investigación judicial
propiamente dicha.

Desde un punto de vista político, la posición del Gobierno ha quedado,
creo, clara en cuantas ocasiones ha tenido de explicarla, tanto el
Presidente del Gobierno como el que tiene el honor de dirigirles la
palabra, a través de notas explícitas desde el momento mismo en que
aparecieron o se intuyó que los cadáveres correspondían a Lasa y Zabala,
después de la primera remisión de un informe inicial a los jueces
competentes y en el Pleno, con ocasión de diversas preguntas, etcétera.

Dicha posición política se reduce, en definitiva, a dos extremos obvios.

El primero, que el Gobierno considera una prioridad política llegar hasta
el final en la averiguación de la verdad, en la averiguación de lo
acontecido, tanto en relación con los que fueren ejecutores materiales
como respecto de cualquier otra persona que directa o indirectamente haya
podido colaborar de cualquier manera en estos crímenes.

El segundo, como es obvio, el respeto escrupuloso a la independencia del
Poder Judicial, que en este caso se concreta de una manera muy
específica. Se concreta, por un lado, en reconocer que es la autoridad
judicial la que debe tener el protagonismo central de la instrucción,
pero, por otro lado, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad deben
colaborar activa y directamente con la autoridad judicial para el pleno
esclarecimiento de los hechos.

Como consecuencia de ese compromiso y de esa voluntad política hubo dos
inmediatas líneas de actuación afectantes al Ministerio de Justicia e
Interior. Por un lado, a la Secretaría de Estado de Justicia, otorgando
prioridad absoluta a las pruebas técnicas y periciales tendentes a lograr
la plena identificación de los que entonces eran presuntamente Lasa y
Zabala, y que se culminó no hace demasiado tiempo con unos resultados
absolutamente, como decía antes, concluyentes.

La segunda, afectante a la Secretaría de Estado de Interior, que se
tradujo en la creación de un grupo mixto de investigación, compuesto por
miembros del Cuerpo Nacional de Policía y por miembros de la Guardia
Civil, bajo la dirección, respectivamente, del Comisario General de
Policía Judicial, Enrique de Federico, y del General Jefe de Información
de la Guardia Civil, don Francisco Fuente. Uno y otro coordinados de
manera directa y personal por la Secretaria de Estado de Interior.

El equipo de investigación está compuesto por veintinueve personas,
divididas en siete grupos de trabajo, dotadas de vehículos, medios
informáticos y medios de comunicación, amén de, como es natural, contar
con la colaboración de todos los medios, recursos personales y materiales
de que se dispone, no sólo en materia de laboratorio, sino en general en
el conjunto de servicios centrales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado.

Sí que me parece importante hacer una precisión en torno a por qué es
también decisivo, desde un punto de vista no sólo judicial sino policial,
mantener una absoluta discreción sobre la marcha de las investigaciones.

No se trata, como a veces se dice, de pretender esconderse detrás del
secreto de sumario, todo lo contrario. Yo creo que todos ustedes,
señorías, comprenden perfectamente que lanzar cualquier hipótesis,
conjetura o sospecha sobre posibles autores de estos horrendos crímenes
sólo puede, en términos dialécticos, obedecer o tener su causa en dos
elementos. Uno, que esas conjeturas fueran ciertas. En el caso de que
esas conjeturas fueran ciertas, el publicitarlas equivaldría, de manera
activa, a boicotear el resultado de la investigación. Sería tanto como
dar un aviso sobre los presuntos sospechosos, que, lógicamente,
adoptarían las medidas correspondientes de prudencia para impedir que la
Policía, la autoridad judicial, lograra pruebas objetivas en que sostener
esa incial conjetura o sospecha. Por otro lado, en el supuesto de que
esas conjeturas fueran falsas, es evidente que se causaría, de entrada,
un gravísimo daño a la integridad moral de las personas sobre las que se
viertan, e incluso no sólo un grave daño a su integridad moral,
probablemente irreversible, sino que además se les colocaría en una
situación objetiva con riesgo incluso para su integridad física. Este es
el verdadero motivo de fondo por el que la autoridad judicial ha
declarado el secreto de sumario. Por lo tanto, no se trata de un
mecanismo procesal, sino de una evidencia sentida como tal por la
autoridad judicial que pretende garantizar el éxito de la investigación.

Entiendo que a nadie corresponde hacer conjeturas en este terreno, pero
desde luego en ningún caso a quien tiene el honor de dirigirles la
palabra, es decir, al Ministro de Justicia e Interior.

Por consiguiente, es en este marco político, jurídico y hasta judicial en
el que necesariamente, entiendo, debe desarrollarse por lo menos la
intervención del Ministro.

El 20 de enero de 1985, un cazador encuentra unos restos que le parece
que son humanos y procede a denunciar estos hechos ante la Comandancia de
la Guardia Civil, concretamente a las diecinueve horas de ese día 20 de
enero, y la Guardia Civil, una hora después, a las veinte horas,
comprobados esos indicios lo pone en conocimiento del juez
correspondiente de la ciudad de Alicante. Al día siguiente, sobre las
nueve de la mañana, el equipo de investigación de atestados de la
Comandancia de la Guardia Civil, actuando ya como policía judicial, bajo
las instrucciones del juez y con la asistencia del médico forense,
procede a la exhumación de unos restos que se encontraban aproximadamente
a unos sesenta centímetros de profundidad. Los restos hallados se
corresponden a los cadáveres que son trasladados al cementerio municipal
de Alicante, procediéndose a practicar la autopsia correspondiente. En la
inspección ocular se encuentra un casquillo marca Geco, de pistola de
calibre 9 milímetros Parabéllum, aproximadamente a tres metros de la
fosa. Este es el primer objeto material hallado, el casquillo.

Ocho días después, tras un nuevo rastreo, se localiza el primer
proyectil. Los enumero porque la pregunta de algún Diputado iba en esa
línea y quiero anticiparme. Ocho días después, repito, de encontrar el
casquillo, se encuentra el primer proyectil. Se investiga desde ese
momento la posible procedencia de ese casquillo y de ese proyectil,
informando



Página 14760



a la Guardia Civil que no se corresponde a ninguna de las armas
intervenidas ni a grupos terroristas ni a otros delincuentes, en
definitiva, que no existen antecedentes respecto del arma con la que se
disparó ese proyectil.

Por su parte, la primera autopsia --me refiero a la del año 1985--
determina los siguientes datos esenciales respecto del primer cadáver. Se
trata de un varón, de 1 metro 72 centímetros, de una edad comprendida
entre 30 y 40 años, y la causa de la muerte --insisto, primera autopsia--
estaría provocada por un traumatismo craneal realizado por un objeto
contundente de forma alargada. Se concretaba la posibilidad de que fuera
una barra de hierro o un objeto semejante. En cuanto al segundo cadáver,
la autopsia indica que tiene una edad comprendida entre 25 y 30 años y,
en este caso, que la muerte está causada, además de un traumatismo
craneal de etiología análoga, por un disparo de arma de fuego. En este
segundo cadáver se observa la ausencia de uñas en una de las manos, a
excepción del meñique, que entonces se atribuyó a posibles torturas.

Un dato que es particularmente importante es que esa primera autopsia,
aunque éste siempre es un extremo relativo, fija la dotación de la muerte
en un período comprendido entre los dos años y medio y los tres años y
medio anteriores al descubrimiento de los cadáveres o, dicho de otro
modo, sitúa el fallecimiento entre julio de 1981 y julio de 1982.

La Comandancia de la Guardia Civil, siempre en funciones de policía
judicial, realiza las diligencias que le solicita el juez; se realiza el
informe balístico y también se realiza un informe de investigación y
criminalística, en el que, además de hallarse un pelo correspondiente a
un perro, se comprueba que los cabellos encontrados en la ropa se
corresponden a los de uno de los cadáveres.

A finales de 1985 el juez archiva las diligencias del sumario ante la
falta de avance de la investigación. Los restos quedan guardados, como
hemos comentado con anterioridad, en el depósito del cementerio municipal
de Alicante, donde permanecen sin inhumar como consecuencia de que la
autoridad judicial no ordena esa inhumación, no manda la carta orden
habitual para poder proceder a la misma.

Recapitulemos un poco, si me lo permiten, sobre la situación. El
secuestro de Lasa y Zabala se produce, como SS. SS saben, el 26 de
octubre del año 1983, y los dos cadáveres indicados aparecen en 1985. La
familia Lasa y Zabala no denuncia esos hechos hasta el 17 de diciembre de
1987 y lo realiza ante el Juzgado de Instrucción de San Sebastián. El
juez practica en ese momento las diligencias que estima convenientes,
declaraciones en cuyo contenido, obviamente, no voy a entrar, tanto por
el acuerdo de la Mesa como por la situación, pero toma declaraciones a
las personas que entiende pertinente y, desde luego, por lo que respecta
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no oficia a éstas para realizar
investigación alguna.

En esta situación, tras un incidente de menor importancia, el Juzgado de
San Sebastián, en un momento determinado, pretende inhibirse a favor de
la Audiencia Nacional, creo recordar que en torno al año 1990, y la
Audiencia Nacional, en aquel momento, no acepta la competencia.

Sin otro incidente reseñable entramos en enero de este año. En enero de
este año, debido, insisto, a la iniciativa del Inspector Jefe de la
Unidad de Policía Judicial, de acuerdo con el atestado correspondiente,
se llega a la sospecha de que los cadáveres encontrados hace 10 años
podían corresponder a los de Lasa y Zabala. Los elementos que le llevan a
esa conclusión --más que conclusión, yo diría que intuición, según su
propio relato-- vienen a ser los siguientes. Por un lado, que en ese
momento sí toma en consideración una comunicación que se había atribuido
el GAL en una emisora local, creo que se llama Radio Alicante, de la SER;
asimismo, toma en consideración que durante aquellos meses, el caso GAL,
en su conjunto, había salido a los medios de comunicación y a la
investigación judicial, y se fija en particular, según sus
manifestaciones, en una referencia atribuida a Amedo relativa a que con
respecto a Segundo Marey se había oído que se iba a enterrar en cal viva,
relaciona en su memoria el hecho de que los cadáveres sean encontrados
entre cal viva y lo vincula a otros elementos complementarios, como
entender, por el lugar donde se enterraron los cadáveres, alejado de
cualquier ruta ordinaria, que detrás debía de estar algo más que un
asesino individual, que detrás debía de estar un grupo con una cierta
capacidad operativa, personal y material. En función de ello, llega a la
conclusión de que puede tratarse de los mismos cadáveres y que puede
haber sido realizada esa acción por el GAL. Inicia su investigación, lo
pone en conocimiento de su jefe superior y también de la Fiscalía y ambos
le animan a que continúe con su trabajo.

En el curso de la investigación se entrevista con el médico forense que
había hecho la autopsia en el año 1985, a cuyos rasgos generales ya me he
referido. Como consecuencia de esa conversación, el médico forense, ya
jubilado, como les decía, le indica al inspector jefe que los cadáveres
todavía no se han inhumado y siguen estando en el depósito municipal del
cementerio de Alicante. En vista de lo cual, se dirigen a ese depósito y
el médico forense, ya jubilado, repito, comprueba que se trata de los
mismos cadáveres que reconoció en el año 1985, aunque sin tener otros
elementos de contraste no puede avanzar en su posible identificación con
Lasa y Zabala.

En función de todo ello, el inspector de la Policía Judicial acoge la
petición de los familiares de que intervenga un médico, profesor de la
Universidad de San Sebastián, a quien se proporciona por la familia
fotografías y descripciones, sobre todo de la dentadura.

Desgraciadamente, no se encuentran fichas médicas correspondientes a los
tratamientos que en su infancia y juventud tuvieron Lasa y Zabala, pero
sí fotografías y descripciones, sobre las cuales, este profesor, dentro
de la propia investigación judicial, realiza un análisis serio y
riguroso, fijándose particularmente en las coincidencias concretas de la
dentadura. De ahí se llega a la conclusión de que, razonablemente --así
lo dice el informe de este profesor--, además de otra serie de pruebas y
mediciones, se trata de Lasa y Zabala.

A partir de ese momento, los jueces reabren el sumario --les he comentado
al principio que en aquel momento hay tres órganos judiciales que
realizan la investigación-- y se adoptan una serie de medidas. La
fundamental, a efectos



Página 14761



de identificación, que se realicen estudios completos en el Instituto
Nacional de Toxicología.

Como consecuencia de los estudios del Instituto Nacional de Toxicología
se llega a unas conclusiones definitivas, aunque realmente no
coincidentes con la primera autopsia de 1985. ¿En qué temas no son
coincidentes? El primero de ellos, la datación de la fecha de la muerte
en la autopsia definitiva, evidentemente hecha con mayores medios
técnicos. No se trata de que el primer médico forense no fuera diligente
--me gustaría aclararlo--, simplemente que el Instituto Nacional de
Toxicología tiene a su disposición medios e instrumentos mucho más
precisos que le permiten realizar una investigación más detallada.

En definitiva, el Instituto llega a la conclusión, primero, de que la
datación sí se produce entre los diez y treinta y seis meses antes del
descubrimiento de los cadáveres, lo que equivale a que ese dato sí es
compatible con la fecha del secuestro y, aunque la fecha concreta del
asesinato no se puede fijar en términos matemáticos, con los datos del
propio comunicado atribuido al GAL, que antes he mencionado, a diferencia
de la primera autopsia, que fijaba una datación muy anterior, hasta julio
de 1982.

En segundo lugar, difiere en otro punto, también muy importante, cual es
la edad atribuida a uno y otro cadáver. Concretamente, se fija que la
edad de uno y otro es entre veinte y veinticinco años, mientras que, en
la autopsia inicial, en un caso se fijaba entre treinta y cuarenta años y
en otro entre veinticinco y treinta años. De nuevo, el dato tiene
importancia porque sí hace compatible la edad con la que tenían Lasa y
Zabala con ocasión de su secuestro.

En tercer lugar, llega a la conclusión, también diferente de la primera
autopsia, de que, efectivamente, las uñas no están arrancadas, sino
desprendidas, ya sea por las causas naturales de la descomposición --dice
el informe--, ya sea incluso por la acción compatible de la cal viva.

También difiere en cuanto a la causa de la muerte. En tanto que --como
recordarán-- en la primera autopsia se atribuye una de las muertes a un
golpe, a un trauma con un objeto pesado y largo, ahora queda claro que en
cuanto a uno de los cadáveres la causa de la muerte fue un disparo de
arma de fuego y respecto al segundo cadáver dos disparos de arma de
fuego.

Estas son, muy en síntesis, las diferencias entre la primera autopsia y
la realizada ahora, en 1995, por el Instituto Nacional de Toxicología.

Se practica, como SS. SS. también conocen porque salió en los medios de
comunicación, las pruebas de ADN y el informe es, en términos
médico-forenses, absolutamente concluyente por cuanto en el primer caso
la probabilidad se fija en un 99,998 por ciento y en el segundo caso la
probabilidad aún es mayor, un 99,9998 por ciento, muy por encima, en
definitiva, de los límites que en medicina legal se establecen como
absolutamente seguros a los efectos de la identificación.

Paralelamente se realiza por la policía judicial un nuevo examen de la
zona donde se encontraron los cadáveres, en este caso con medios técnicos
más complejos, concretamente con detectores de metales, y con ello se
consigue que se encuentre un segundo proyectil; un segundo proyectil que
estaba enterrado en el suelo a una profundidad cuyo dato en este momento
no tengo aquí.

Ese segundo proyectil es de nuevo remitido a balística, y hasta este
momento las únicas conclusiones son que es análogo al encontrado en el
año 1985 y que no existe, dentro del inventario de la Guardia Civil, arma
sospechosa alguna que haya participado en actividades delictivas y con la
cual se haya podido disparar el proyectil referido, investigándose en
este momento en el mismo sentido en el ámbito del Cuerpo Nacional de
Policía.

Al mismo tiempo, señorías, se están realizando investigaciones de todo
tipo. Se están realizando investigaciones sobre movimientos de personas y
propiedades correspondientes al período 1983-1995, tanto en la zona de
Alicante y de Levante como en otras partes de España. Se están
manteniendo y se mantendrán entrevistas con cuantas personas, sean
miembros o no de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, puedan
aportar conocimientos de aquel período. El conjunto de los elementos de
investigación, entre los que se incluye el estudio de las acciones
atribuidas a los GAL, está siendo objeto de análisis y examen por un
equipo específico que, con la adecuada ayuda informática, está evaluando
los datos.

La investigación, hasta este momento, ha permitido, de hecho, solicitar
diligencias concretas de prueba ante el Juzgado Central de la Audiencia
Nacional. A raíz de esa petición concreta, el día 28 se adoptó el acuerdo
del secreto sumarial. Es evidente que no voy a comentar esas diligencias
ni espero que SS. SS. me lo demanden, puesto que parece bastante evidente
que no deben hacerse comentarios al respecto.

Más importante es en esta comparecencia, o al menos así lo ve quien tiene
el honor de dirigirles la palabra, reiterar que el grupo de trabajo
específico creado al respecto no se disolverá hasta que no se tengan
resultados efectivos y concluyentes en todos los ámbitos; que, en
definitiva, la investigación no va a tener límites ni condicionantes de
clase alguna desde el punto de vista de poner a disposición del juez y de
quienes policialmente dirigen la investigación cuantos medios personales
o materiales estén a disposición del Ministerio de Justicia e Interior.

Tengan la seguridad, señorías, que para el Ministerio de Justicia e
Interior éste es un asunto crucial.

Es evidente que la primera prioridad (yo creo que no sólo policial, sino,
en mi opinión, judicial y política) es el combate contra el terrorismo,
contra ETA militar. Pero sin perjuicio de subrayar esa prioridad absoluta
en el conjunto de políticas de este Ministerio, consideramos igualmente
imprescindible averiguar y aclarar cualquier episodio obscuro, cualquier
episodio terrorista que no haya sido objeto de aclaración judicial, y en
este caso, concretamente, el secuestro y los asesinatos de Lasa y Zabala,
y les garantizo que en ese esfuerzo convergen tanto la capacidad
profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que están investigando,
como la decidida voluntad política del Ministerio de Justicia e Interior.

Entendemos que la aclaración efectiva de estos hechos lo demanda y lo
requiere el Estado de Derecho, así como la necesidad de constatar, frente
al conjunto de la comunidad,



Página 14762



la superioridad moral, ética y política de ese Estado de Derecho sobre
los violentos.

Esto es cuanto tenía que informar a sus señorías.




El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al turno de intervención de los
señores portavoces. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto, don Xabier Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Ministro, porque, por fin,
después del día 21 de marzo (que, a pesar de que en este país llueve
poco, ha llovido bastante), estamos reunidos aquí.

Señor Ministro, me va a permitir que haga un pequeño paréntesis, porque
me veo en la obligación, por pura decencia personal y por respeto a mí
mismo (y no a título personal, sino por mi capacidad y mi ser de
parlamentario), de tener que expresar aquí una queja formal, que está
dirigida también al señor Presidente de la Comisión por el retraso
injustificado que se ha producido en esta comparecencia.

Decía que el día 21 de marzo, y ante las graves informaciones que
aparecían publicadas en un diario nacional sobre la presunta tortura y
muerte de dos activistas de ETA llamados Lasa y Zabala, solicité
inmediatamente su comparecencia en el seno de esta Comisión, a través de
un escrito presentado en el Registro de la Cámara. Fue tratado por la
Mesa del Congreso el día 24 de marzo y tardó, por esa, digamos, magia que
puede haber en los pasillos de esta casa, quince días en llegar a la
Comisión --si no son quince días, no bajan de diez--, y se atribuyó todo
este retraso en pasar de la Mesa del Congreso a la Mesa de la Comisión al
enorme trabajo que había en esta casa debido a la Conferencia
Interparlamentaria.

Hasta esta semana pasada no se ha reunido la Mesa, y yo quiero llamar
también la atención, sobre todo a los grupos de la oposición por cuanto
colaboran a veces en estos temas, porque cuando lo habitual ha sido que
en la Comisión de Justicia, para dictaminar los temas del orden del día,
se reuniera la Mesa y los portavoces, en este caso se reunió sólo la
Mesa, y casualmente no estábamos los portavoces de dos de los grupos que
habíamos presentado la solicitud de comparecencia del Ministro. Sin
acritud ninguna, sino dejando las cosas como están, yo creo que, sin más,
vamos a entrar en la comparecencia que, repito, creo que se produce tarde
y mal por las formas.

En primer lugar, tengo que emitir un juicio por el cual solamente me cabe
decir que, prácticamente, lo que usted nos ha dicho ya lo conocíamos como
resultado de la enorme lectura que hemos realizado de todos los resúmenes
de prensa desde que se producen las primeras noticias hasta ahora. No hay
apenas aspectos nuevos; yo al menos no he encontrado ninguno. Se ha
remitido a un relato de los hechos que yo creo que coinciden precisamente
con lo que conocíamos ya por la prensa; hay algunos aspectos novedosos,
pero yo creo que son secundarios.

Nos ha pedido discreción como elemento al que yo le puedo conceder
trascendencia e importancia. Usted mismo ha manifestado que esa
discreción debe llevarse a esta investigación. Discreción que choca con
las enormes filtraciones que hemos conocido y visto en la prensa
precisamente en todo este período en que el Parlamento no ha conocido
nada en relación a la investigación efectuada por la iniciativa de su
propio Ministerio. Tengo que reconocer esa discreción que usted plantea,
pero también creo que, para que pueda haber verdaderamente credibilidad y
confianza en que la investigación iniciada por su Departamento vaya a
llegar a buen término, se debe exigir, primero, información a este
Parlamento, aunque no haya nada que decirle, aunque haya que decirle
simplemente que se está investigando y que volverá a aparecer, como usted
nos ha dicho aquí que quiere hacer, después de esta primera
comparecencia. Es necesario que este Parlamento, que al final representa
la soberanía popular y de la sociedad, esté informado en primer lugar.

Usted lo ha considerado un asunto crucial de su Ministerio y ha dicho
también que era prioridad en su política. Bien, yo le tomo la palabra. Me
resigno a no conocer nada más --me resigno, simplemente--, pues quizá sea
bueno porque estamos en un proceso que es necesariamente abierto. Creo
que en el acta de la reunión de hoy debe quedar constancia seria de que
éste es un proceso abierto, es una investigación abierta, y que este
Parlamento tiene que ir trabajando paralelamente, junto con ese grupo
mixto que usted ha dicho que no se va a disolver ni va a dejar de
investigar; son sus propias palabras.

Insisto, además, en la necesidad de que sea aclarado, hasta en sus
últimos detalles, todo el proceso iniciado en relación con la
desaparición de Lasa y Zabala. De los tres casos más significativos de la
democracia, como pueden ser el de Zabalza --muerto precisamente donde
hace pocos días fallecía un miembro de la Policía Nacional--, el de
Arregui y el de Laza y Zabala, solamente el caso de Arregui fue
solucionado con una cierta rapidez y además se tomaron medidas; medidas
que, con el tiempo, de alguna forma han quedado perdidas. Ahora,
paralelamente, se ha iniciado también toda la investigación sobre el GAL,
que se está perdiendo, a mi modo de ver, en los pasillos de los juzgados,
entre dimes y diretes de competencias; algo de eso le está pasando
también a esta propia investigación.

La democracia española exige que el caso Zabalza, el caso Arregui, el
caso Lasa y Zabala y, finalmente, el GAL, como ya lo hemos repetido hasta
la saciedad, sean investigados y sean aclaradas hasta sus últimas
consecuencias. La credibilidad de las propias instituciones así lo exige.

Junto a ello está también la necesidad de no contribuir a confundir.

Quizá esto no le afecte tanto a usted, pero como sí les afecta a medios
que pertenecen al Gobierno, yo lo tengo que señalar. No es de recibo que
el Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana esté intentando,
paralelamente a un determinado medio de comunicación cuyas intenciones y
objetivos todos conocemos, confundir con la aparición de mafias y
posibles vías de investigación que, al final, no se sabe de dónde
proceden ni a qué llevan, pero que, en definitiva, consiguen minusvalorar
la investigación sobre el caso Lasa y Zabala.

Existe en nuestra sociedad --y yo me convierto en portavoz de ello porque
en principio, soy el primer convencido--



Página 14763



la sospecha de que no se quiere llegar al fondo del asunto. Yo se lo
planteo con claridad, sin ninguna acritud, sino dicho con absoluta
rotundidad, prácticamente casi como un reto y tomando sus últimas
palabras. Yo no creo que hablar con los violentos o tratar de alguna
forma de establecer una fórmula de comunicación para buscar salidas sea
tan grave como no resolver los problemas o el darles argumentos con una
actuación débil, frívola, confusa, e incluso de alguna forma
incompetente. Y digo lo de incompetente no referido a su Ministerio, sino
a todo lo que está pasando a su alrededor, porque no tienen sentido y son
una falta de respeto a las familias de las víctimas, al ayuntamiento de
Tolosa, a la sociedad vasca y a la propia sociedad española este
conflicto de competencias y las manifestaciones de alguna juez que emite
juicios, como juez de instrucción, mientras está esperando los resultados
de las pruebas que está realizando el Instituto Nacional de Toxicología,
diciendo que está pensando archivar el caso porque no hay nada concreto y
la justicia no se puede basar en hipótesis, hipótesis que maneja el
Ministerio del Interior, yo diría que poniendo hasta en duda de alguna
forma la eficiencia de la propia investigación del Ministerio del
Interior y de la Policía. Si esto no se ha querido decir con esta
intención, yo no lo voy a juzgar, pero no contribuye en absoluto a
pacificar y a apaciguar las sensibilidades de la sociedad en general y
las nuestras en particular.

Finalmente, quiero hacerle una serie de preguntas que siguen estando
vigentes, a mi modo de entender, que no han sido respondidas en su
comparecencia y que me gustaría que constasen y que alguien me las
contestara. No sé si pertenecen o no al ámbito de esta comparecencia, yo
creo que sí, y por eso las voy a formular. Las preguntas son obvias y
casi tópicas. En primer lugar, ¿por qué no se investiga la llamada que se
produce a una emisora de Alicante reivindicando el asesinato en nombre de
los GAL, concretamente a la emisora de Radio Popular de Alicante?
En segundo lugar, ¿por qué tras la aparición, en diversas ocasiones, de
la información en el diario «La Verdad» sobre la posibilidad de que los
cuerpos pudiesen corresponder a los entonces miembros de ETA Lasa y
Zabala se descarta esa vía de la investigación y se acepta la versión,
sin más, de que se trata de un ajuste de cuentas entre bandas
internacionales, tema que vuelve a salir precisamente en medio de la
investigación, yo diría casi que hasta en una fase madura de la
investigación, por un representante del Gobierno como es su Delegado en
la Comunidad Valenciana?
En tercer lugar, ¿cómo es posible que se encuentre una nueva bala próxima
al lugar donde aparecen los cuerpos? ¿Qué investigación se llevó
entonces, cuando apareció el casquillo, y ahora, diez años después,
aparece otra bala?
En cuarto lugar, ¿por qué la Guardia Civil cuando halló, a escasos metros
de la fosa, las ropas que supuestamente llevaban antes de morir no las
remitió para su análisis al gabinete central de investigación y de
balística del instituto armado?
En quinto lugar, ¿por qué, según otras informaciones de la propia Guardia
Civil, analizó las prendas encontradas y los pelos adheridos que parecían
corresponder con al menos uno de los cadáveres, y también se encontraron
los pelos, parece ser, de un pastor alemán y no se sacó ninguna
conclusión ni consecuencia ni se ha informado a nadie, públicamente por
lo menos, ni a ninguna institución de estos hechos?
En sexto lugar, cuando desaparecen Lasa y Zabala pasan prácticamente tres
meses hasta la primera llamada anunciando su muerte. Se supone que existe
una infraestructura para traerlos desde Francia a Alicante. Nada se ha
dicho ni se nos ha informado sobre si se ha investigado esta
infraestructura, el posible itinerario seguido, los puntos de apoyo que
pudieran tener, a quién pertenecían estos puntos de apoyo, de dónde
procedían y quién los estaba amparando de alguna forma.

En séptimo lugar, ¿es verdad que se está investigando por la propia
Guardia Civil a guardias civiles relacionados con Intxaurrondo y con el
caso Lasa y Zabala?
En octavo lugar, el tema de las armas parece haber estado siempre en
manos de la Guardia Civil, o por lo menos en los archivos de balística de
la Guardia Civil. Los archivos de balística de la Guardia Civil son un
poco el sancta santorum donde se guarda una investigación de
numerosísimos datos, yo creo que son miles de datos, en relación a las
armas de fuego existentes en España y utilizadas en España. Parece que la
Guardia Civil ha de tener indicios sobre los percutores y las balas que
se utilizan. Una vez comprobada la pistola ¿se puede confirmar que
perteneció realmente a un comando especial de la Guardia Civil,
perteneció a un comando de ETA, al famoso comando electrónico? Ya ha
pasado tiempo como para que, aunque esos archivos no estén
informatizados, puedan estar por lo menos ya investigados
suficientemente.

En noveno lugar, todavía nadie ha dado una explicación convincente de por
qué los cadáveres han estado diez años en un depósito sin que se les
aplicara ninguna resolución ni nadie decidiera qué hacer con ellos.

En décimo lugar, todavía nadie ha dicho cuáles son los resultados de la
investigación sobre las personas que decidían actuar o no sobre los
cadáveres depositados. En esta línea no conocemos qué ha pasado. Allí han
estado y ha habido unas personas responsables que parece que están fuera
del caso y de toda la investigación y no se ha pedido ninguna
responsabilidad a pesar de ser funcionarios.

En undécimo lugar, ¿puede confirmarnos que entre las dificultades con las
que se enfrentan los investigadores (el equipo mixto Policía-Guardia
Civil) han tenido especial relevancia, según fuentes conocedoras de este
proceso, las gestiones, cuando no impedimentos expresos, realizadas por
el coronel de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo, jefe del
acuartelamiento de Intxaurrondo, quien ejerció toda su influencia para
impedir que las pesquisas afectaran a algunos de sus hombres, estuvieran
o no todavía en activo?
Dicho esto, señor Ministro, poco más queda por preguntar. Creo que la
investigación debe llegar hasta sus últimas consecuencias, pero sobre
todo la investigación tiene que producir una ganancia en credibilidad de
su Ministerio y de las instituciones, de los políticos, de la sociedad y
de



Página 14764



la democracia en general. Yo tomo sus palabras como asunto crucial de su
Ministerio y como prioridad en la política del mismo. Pronto, cuando
pasen las elecciones, tendremos una convocatoria de la Mesa de Madrid.

Creo que podía ser una fecha, que yo se la concedo y permítame --entre
comillas-- sin ánimo de querer plantear ningún reto pero sí con
rigurosidad, como para que tengamos una información más abundante, una
información más precisa y sobre todo una información que dé más
serenidad, para el bien de la democracia y para la resolución de casos
pendientes que la democracia española no se puede permitir.




El señor PRESIDENTE: Señor Albistur, sin ánimo de entrar en considerar
sus opiniones, quiero formularle al menos dos precisiones, habida cuenta
de sus manifestaciones. La última de las comparecencias solicitadas en
relación con este asunto tuvo entrada en la Secretaría General el día 30
de marzo; la última calificación de la Mesa tuvo lugar el día 4 de abril;
y la notificación a la Mesa de la Comisión de Justicia e Interior tuvo
entrada a las 19,30 horas del día 7 de abril, fecha en que había
terminado ya el Pleno y comenzaban las vacaciones parlamentarias. Saque
usted las consecuencias que considere convenientes. Me parecía obligada
esta precisión para situar el contexto efectivo de las opiniones que ha
formulado su señoría. No entro en polémica, en absoluto, con sus
opiniones. Es muy libre de expresarlas como guste.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa por Cataluña, don Antonio Romero.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
señor Ministro, la confirmación de que los restos encontrados en la
provincia de Alicante correspondían a Lasa y Zabala, así como las pruebas
de su ejecución y entierro en cal viva, conmovieron a la sociedad
española. En España, un país miembro de la Unión Europea, con
Constitución y funcionamiento del Estado de derecho, con respecto a las
garantías judiciales y procesales, aparecen dos muertos cubiertos de cal
viva en una fosa clandestina. Este hecho y la apertura por el magistrado
juez don Baltasar Garzón de la investigación sobre los GAL vienen a
confirmar la existencia de la guerra sucia contra los terroristas de ETA,
con participación de los aparatos del Estado.

Señor Ministro, Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya son fuerzas
que han mantenido siempre, y lo seguirán haciendo, la lealtad al Pacto de
Ajuria Enea y al Pacto de Madrid. La unidad de las fuerzas democráticas
contra el terrorismo es nuestro mayor capital. La legalidad
constitucional es el único camino para combatir el terrorismo. No hay
atajos para luchar contra los terroristas. Los atajos son más largos, más
penosos y ponen en riesgo los avances conseguidos. Lo que da alas a ETA
es la guerra sucia, el terrorismo de Estado y casos como los de Lasa y
Zabala.

Hace unas semanas se puso de manifiesto que ETA y su entorno no quieren
que se aclare el caso GAL, que se exijan responsabilidades jurídicas y
penales, y también políticas. No quieren que se aclare el caso de Lasa y
Zabala. Con el atentado al señor Aznar querían que saltara por los aires
la convivencia democrática y constitucional en nuestro país. A nosotros,
a las fuerzas democráticas nos obliga la ética y nuestro firme compromiso
con los derechos humanos el esclarecimiento de este caso, así como la
necesidad de avanzar en la lucha contra el terrorismo para lograr el
éxito del Estado de derecho, para restar base social y política a ETA,
así como para cumplir con nuestro máximo deber moral y político.

Hoy comparece usted después de un mes y medio de haber ordenado una
investigación y narra cronológicamente cómo el cazador descubre los
restos, cómo el funcionario policial mueve el tema y cómo llegan a
estudiarse los restos. Todo eso lo conocíamos ya. Incluso se publicó el
informe médico forense íntegro en la prensa. En resumen, lo que se ha
logrado averiguar es que los restos enterrados en cal viva y hallados en
la provincia de Alicante son Lasa y Zabala. Quizá por ello se resistía
usted a comparecer en esta Comisión de Interior y Justicia, por no
disponer de datos claros sobre los hechos, la infraestructura y los
culpables de estos horrorosos crímenes. Usted ha dicho que las
investigaciones continúan, que la de hoy es una primera comparecencia y
que hay un secreto sumarial de acuerdo con el juzgado de instrucción de
la Audiencia Nacional. El problema está en lo que se ha venido diciendo
hasta ahora, en una serie de líneas de confusión. Es necesario que se
sepa que desde la Fiscalía de Alicante se venía manteniendo, incluso se
envió una carta al fiscal Granados para que se archivara el caso por el
señor Cabedo, y éste recibió un fax hace dos días, el sábado, del señor
Granados pidiéndole que se inhibiera y pidiera la inhibición a la jueza
para enviar el asunto a la Audiencia Nacional. Ahora ha cambiado de
opinión. Toda la prensa de Alicante recoge hoy el cambio de opinión del
Fiscal Jefe de Alicante planteando que ha sido forzoso ese cambio de
opinión porque ha habido una indicación taxativa, jerárquica, del Fiscal
General del Estado para que se traslade a la Audiencia Nacional y se
prosiga desde la misma con las investigaciones sobre este caso. El
Delegado del Gobierno en la Comunidad del País Valenciano también ha
relacionado este asunto con la delincuencia común. Incluso habla en la
prensa de hoy de que han aparecido otras víctimas maniatadas y enterradas
en cal que tienen relación con la delincuencia común, la prostitución y
el narcotráfico. En este terreno se adelantan a los deseos del Gobierno
estos representantes, uno de la Fiscalía de Alicante y otro Delegado de
su Gobierno, sobre el que usted tiene competencias políticas y sobre el
que debería intervenir. Quizá por ello está claro que ha habido intentos
que no podían cuajar, porque la opinión pública, los recursos judiciales
en marcha, los intereses que se discuten en esos procesos judiciales en
marcha y la investigación periodística hacían incomprensible que se
quedara este caso en Alicante, que no pasara como fruto de un hecho de
banda armada a Madrid y que se investigara concentrando toda la actividad
en la Audiencia Nacional. Mucho más grave hubiese sido que se hubiese
enterrado o archivado el caso, como se había pedido. ¿Qué complejidades
han encontrado ustedes para avanzar tan poco, prácticamente nada, en este
tiempo?



Página 14765



Sepa usted que su Ministerio está empeñado en este tema --usted mismo lo
ha dicho-- con la opinión pública, con la sociedad española.

En nombre de mi Grupo Parlamentario he de decirle que no es de recibo
venir aquí para no aportar nada, al tiempo que es muy importante que
casos como éste, en esta Cámara y a estas alturas, cuando se acaba de
aprobar recientemente la abolición total de la pena de muerte en España,
y ello refuerza las garantías que ya existían en nuestro país, redoblen
nuestra obligación moral, cívica y política para aclarar estos casos.

Usted no podía venir aquí diciendo que ante las dificultades encontradas
había tomado la decisión de disolver el grupo de investigación mixto
formado por la Guardia Civil y la Policía Nacional. La investigación
continúa --usted lo anuncia--, como no podía ser de otra manera. Sepa
usted que los ministros de interior de las democracias no pueden estar
mucho tiempo al frente de sus departamentos cuando se producen hechos de
este tipo y no se aclaran a fondo. Señor Belloch, es incompatible con un
Estado de derecho la aparición en cal viva, en una fosa común, de
miembros de un comando terrorista de ETA ejecutados sin aclarar. Hay que
llegar hasta el final, porque si no lo hacemos retrocedemos seriamente en
la lucha contra el terrorismo. Creo sinceramente que con todos estos
datos y con los rastros hallados en su día, que se dejaron en el lugar de
los hechos, no se investigó, se abandonó el caso, no se avanzó en aquella
época ni un centímetro en la averiguación de la verdad. La pistola quizá
pudo ser --usted ha dado otra marca-- una Browning GP-35 o un arma
parecida. Usted, señor Ministro no tiene sólo la responsabilidad de mes y
medio de haber ordenado una investigación, sino que tiene doce años
después de haberse producido los hechos, porque representa a un
presidente, al Presidente Felipe González Márquez, que ostentaba la
presidencia del Gobierno, lo mismo que ahora, al que usted representa en
este acto como miembro solidario del Gobierno de la nación y era
Presidente en aquella época. Así es que amplíe el mes y medio a los doce
años sin aclarar los hechos de Lasa y Zabala en Busot.

Hay algunas preguntas que se deberían responder para aclarar y que paso a
formularle. Señor Belloch, en primer lugar, ¿cómo se atravesó la frontera
con dos personas secuestradas? ¿Con qué apoyo se contó? ¿Se está
investigando esa infraestructura básica para organizar un secuestro?
En segundo lugar, ¿quién o quiénes tomaron la decisión del secuestro, por
encima del grupo operativo formado por los secuestradores o por los
mercenarios?
En tercer lugar, ¿cómo se financió la infraestructura, el traslado y la
estancia en Alicante de los secuestradores y de los secuestrados?
En cuarto lugar, ¿qué entiende el Gobierno al decir, como ha dicho, que
los secuestradores y los secuestrados atravesaron España desde Bayona a
Alicante acompañados de personas inmunes? ¿Qué quiere decir la palabra
inmune? ¿Pertenecían a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
¿Quiere decir esto?
En quinto lugar, ¿se ha investigado el hecho de las detenciones en Tolosa
en los días del secuestro de Lasa y Zabala y si hay alguna relación con
informaciones obtenidas por los secuestradores durante el tiempo que
permanecieron secuestrados antes de morir Lasa y Zabala?
Sexto, ¿se tiene constancia de la infraestructura de extrema derecha, de
la OAS, de los pieds noirs, o de algunos elementos de la extrema derecha
y del fascismo negro italiano, en la zona de Alicante, que hayan podido
colaborar en este secuestro?
En séptimo lugar, ¿no ha quedado constancia, señor Ministro, en los
archivos microfilmados de los servicios de información de la Guardia
Civil de los datos que operan en el servicio de armas y explosivos de
Madrid, en el cuartel de Valdemoro y en otras instalaciones sobre la
actuación de aquellos días de la Guardia Civil en relación con
operaciones de lucha antiterrorista? ¿Se ha investigado en ese campo?
En octavo lugar, ¿por qué han trabajado por separado en esta comisión de
investigación, que se denomina mixta, Guardia Civil y Policía? ¿Quién
tomó la decisión y por qué?
En noveno lugar, ¿de dónde procedía el arma con la que presumiblemente
fueron ejecutados Lasa y Zabala? ¿Quiénes estaban a cargo de su custodia?
¿Quiénes tenían acceso al lugar donde estaba depositada el arma?
En décimo lugar, ¿qué relación concreta tiene su Ministerio ahora, en
este momento, con la justicia y qué papel está jugando ésta en la
dirección de las investigaciones en curso? Hay una comisión mixta en el
seno del Ministerio, pero al mismo tiempo hay unas funciones de policía
judicial. Cuando se determine y se ubique el caso en un lugar concreto,
que no debe ser otro que la Audiencia Nacional, ¿qué papel va a jugar su
Ministerio de colaboración leal con el magistrado-juez encargado de
dirigir estas investigaciones?
En undécimo lugar, ¿conoce usted el hecho de que el Fiscal General ha
enviado un fax al fiscal de Alicante ordenándole taxativamente que pida
la inhibición de la jurisdicción de Alicante en favor de la Audiencia
Nacional? ¿Conoce usted este hecho? ¿Ha hablado usted con el señor Carlos
Granados sobre este asunto y sobre el debate abierto y la estrategia que
se había seguido hasta este momento por el fiscal jefe de la Audiencia
Provincial de Alicante?
En duodécimo lugar, ¿en qué situación se han producido las
investigaciones en Intxaurrondo? ¿Es cierto que se ha producido una
acalorada discusión entre Galindo y miembros de la comisión de
investigación enviados por su Ministerio a dichas instalaciones de
Intxaurrondo?
En decimotercer lugar, ¿ha pedido usted la colaboración al Gobierno y a
la policía francesa, dado que el secuestro se produjo en una ciudad
francesa? ¿Ha tomado usted esa decisión que es importante para esclarecer
estos hechos?
En resumen, señor Belloch, se trata de una primera comparecencia. Se van
a producir otras, pero es importante que usted sepa que el tiempo en
estos casos es un factor político determinante; que se ha hecho un daño,
también con otras actitudes y con otros debates en los que nosotros no
hemos participado, a la unidad de las fuerzas democráticas



Página 14766



en la lucha contra el terrorismo que es fundamental y necesario mantener
contra viento y marea. Pero que se sepa con claridad que el Estado de
derecho, que su Ministerio tiene compromisos de los que no podrá huir,
sino a los que tendrá que hacer frente con el desempeño de su misión para
esclarecer en España este hecho que ocurre, y no es heredado, bajo el
mandato de Felipe González Márquez, que es el Presidente que encabeza el
Consejo de Ministros en el que usted se sienta. Y es muy importante para
los demócratas, para los defensores de los derechos humanos, para todos
nosotros aquí reunidos, para la sociedad civil española y para la
sociedad civil vasca que el mensaje quede claro: no puede haber
obstáculos en ningún lugar, en ninguna instalación, ante ningún mando de
la Guardia Civil o de la Policía Nacional para llegar al fondo, para
descubrir la verdad de lo que ha ocurrido en los casos de Lasa y Zabala.

Es el mejor camino, el único camino, la única garantía de que las fuerzas
democráticas y pacíficas, la convivencia democrática y en paz se abra
camino y se derrote el terrorismo criminal de ETA. Ese es nuestro
compromiso y ésa es nuestra deuda, la asignatura pendiente no sólo de su
Ministerio sino del Gobierno de la nación y de la democracia española.

Muchas gracias por la atención prestada.




El señor PRESIDENTE: Tiene a continuación la palabra don José Juan
González de Txabarri como portavoz del Grupo Vasco (PNV).




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Quiero agradecer, en primer lugar,
la comparecencia del señor Ministro a los efectos de los objetivos
señalados por los distintos grupos. Señor Ministro, compartimos con usted
los objetivos que a sí mismo se ha dado, y que ha manifestado que son los
del Ministerio, en orden a considerar una prioridad política crucial
--así la ha calificado-- el colaborar con la justicia para el total
esclarecimiento de los hechos que nos ocupan en la mañana de hoy. Nos
alegramos mucho de que eso sea así y compartimos con usted estos
criterios. Pero tendrán que compartir también con nosotros, señor
Ministro, que una vez establecidos los grandes principios de actuación
política, tanto por parte del Ministerio como de los distintos grupos
interpelantes, estemos asistiendo en este momento a una ceremonia de la
confusión. No estamos hablando de hechos que hayan pasado precisamente
ayer, son hechos que han pasado hace diez años y sobre los cuales incluso
existe abundante bibliografía. Desde su exposición, yo diría que han
existido dos novedades: por una parte, el que da la impresión de que son
hechos que han sucedido ayer o de los que nos enteramos ayer; por otra
parte, el considerar por el Ministerio que las actuaciones son
unilaterales desde su propio ámbito de actuación. Me explico. En los
últimos días y a partir de la aparición de los cadáveres de Lasa y Zabala
se ha generado una dinámica muy marcada en esta sociedad por parte del
Ministerio, por parte de los grupos políticos, por parte de la prensa,
etcétera. Observamos hoy en su aportación que en la enumeración de los
hechos no se hace más que un relato descriptivo de aquello que hemos ido
conociendo a través de los medios de comunicación. Creo, señor Ministro,
que por su parte y por el Ministerio no se puede obviar que en este mes y
medio ha habido muchas actuaciones que evidentemente no se producen por
generación espontánea. Compartiría con usted y tendría la resignación que
indicaba el señor Albistur siempre que hubiese visto una actitud
coherente por parte del Ministerio en orden a que el secreto sumarial se
respetara, en orden a que estos hechos fuesen de alguna manera
estructurados en unos ejes de discreción, en unos ejes de rigor,
etcétera. Sin embargo, la percepción que tenemos los ciudadanos en orden
a lo que ha pasado en este mes y medio no es ésa, a no ser que nos diga
usted que ha abierto investigaciones internas en el Ministerio o en la
Guardia Civil con el fin de saber quiénes son el señor fuentes de la
Benemérita y el señor fuentes del Ministerio del Interior. Cada tres días
todos los Diputados que hemos seguido estos temas tenemos un recorte que
siempre cita fuentes del Ministerio de Justicia e Interior o fuentes de
la Guardia Civil. A no ser que usted nos diga quiénes son estos dos
señores, alguno de los cuales igual hoy no está muy lejos, repito que si
nos dice quiénes son, consideraremos que eso de ajustarnos a unos
parámetros de discreción, de rigor, etcétera, son buenas voluntades por
su parte pero que no responden con exactitud a los parámetros del
Ministerio. Esa es su responsabilidad, señor Ministro. Cada tres días
tenemos un recorte encima de la mesa.

Además, existe por parte del Ministerio una segunda consideración que
para nosotros es importante. No ha existido, a la vista de la gravedad de
los asuntos que nos ocupan, ni una sola comparecencia a petición propia
por parte del Ministro en esta Cámara; sí han existido muchas
filtraciones. Tampoco ha existido ninguna convocatoria de la Comisión de
Secretos Oficiales. Podía existir ante la gravedad de los hechos que
usted indica, ante el rigor y la discreción que exige el tratamiento de
los mismos días existir en esta Cámara una segunda vía para que se
pudiera llevar a través de procedimientos que aquí están establecidos,
pero tampoco ha sido así. Tampoco han existido convocatorias del Pacto de
Madrid, aunque los últimos acontecimientos han podido de alguna forma
alterar algunas actitudes o previsiones. Y en lo que consta al Grupo
Vasco, tampoco ha habido la más mínima información rigurosa por parte del
Ministerio en orden a ubicar todas estas informaciones y todos estos
procedimientos que desde el Ministerio se han puesto en marcha. Esa es
nuestra visión de la jugada. Quisiéramos centrar el inicio de esta
comparecencia en ese compartir los criterios que usted ha manifestado,
pero indicando que es evidente que existen una serie de parámetros que
están dados, que están ahí, a través de los cuales estamos siguiendo
todas las actuaciones que el Ministerio está llevando a cabo.

Nosotros le reconocemos sinceramente, señor Ministro, que existe un
redimensionamiento de las actitudes políticas del Ministerio en orden al
esclarecimiento de estos hechos. Lo que pasa es que no compartimos la
metodología. No estamos compartiendo los procedimientos a través de los
cuales ese redimensionamiento se está dando. Hemos hablado alguna vez de
que en ese Ministerio se está dando,



Página 14767



en alguna forma, un autismo político. Nuestra opinión puede estar
equivocada, pero es nuestra opinión, señor Ministro. Está convencido de
que su exclusiva voluntad y autoridad son suficientes per se para ir
limpiando todas estas actitudes. Nosotros entendemos que no. Creemos que
ese autismo político es muy peligroso porque hace avanzar a uno a unas
velocidades ilimitadas y deja a todos los demás por detrás. Entendemos,
además, que esta actitud es grave porque rompe el consenso, rompe la
colaboración y rompe una vertebración de los propios pactos que para
nosotros es fundamental. Estas serían las primeras consideraciones al
inicio de esta comparecencia.

En relación al tema central que nos ocupa, volviendo a manifestar que no
comparto los criterios de resignación del señor Albistur en orden a esos
parámetros que ahí están, quisiera formularle una batería de preguntas.

Entiendo que es una comisión abierta, tal como se ha expuesto a lo largo
de la mañana, y que son de alguna forma el índice taxonómico de dónde
están las preocupaciones del Grupo Vasco. Aunque no sea más que para esos
efectos, estaría bien enumerar dónde están los núcleos de preocupación
que el Grupo Vasco tiene en relación a todo este tema. Si es una comisión
abierta y de cara al futuro, si se trata de esclarecer con nuevos datos,
con otro rigor, con otros procedimientos, todas estas cuestiones, es
procedente que nosotros como Grupo Vasco pongamos encima de la mesa dónde
están nuestras preocupaciones y cuál es la batería de índices o de
parámetros de investigación que entendemos oportunos.

Quisiéramos saber, en primer lugar, cuáles son las razones de la creación
de esa comisión mixta de investigación, cómo está formada, cuáles son los
criterios para su designación. Conocíamos la designación del general
Fuentes y del comisario Enrique de Federico. Ha hablado usted de 29
miembros más, de siete grupos de trabajo. Nos gustaría saber qué encargo
se realizó en esa comisión, qué objetivos definió el Ministerio más allá
de los grandes parámetros de actuación en los que le he manifestado que
estamos de acuerdo y qué medios se pusieron a su disposición.

En relación a la ubicación en el tiempo de los hechos que nos ocupan,
quisiera manifestarle que en los años 1983-1986 es cuando se produce una
serie de hechos graves, todos en el entorno del cuartel de la Guardia
Civil de Intxaurrondo, en el entorno de la 513 Comandancia. Se produce la
desaparición de Lasa y Zabala. Se produce la desaparición de Zabalza en
diciembre de 1985 --la última vez que se le vio vivo fue en el cuartel de
Intxaurrondo-- y trece días después aparece flotando en el Bidasoa, en
Endarlaza. En marzo de 1984 se produjo la operación nocturna del
ametrallamiento, en la boca del puerto de Pasajes, de cuatro miembros de
los Comandos Autónomos Anticapitalistas. En Hernani se produce en junio
de 1984 el asalto a la vivienda en que se encontraban dos miembros de la
banda terrorista ETA y su muerte posterior. En enero de 1986, en la
autopista, justo enfrente del cuartel de Intxaurrondo, a la altura de
Herrera, se produce un tiroteo, una emboscada, tal y como ha quedado bien
claro a posteriori, a muy corta distancia y sin enfrentamiento previo,
según los informes policiales. Esos son los dos años, el bienio negro de
estos temas que nos ocupan. Hubo alguien que dijo que sobre el GAL no hay
pruebas ni las habrá. Yo sí he apreciado un dato muy importante, señor
Ministro, en su intervención. No ha hablado del GAL en su intervención.

Igual es porque usted tiene otros datos y otras hipótesis de
investigación. Las hipótesis sobre las que trabajamos nosotros llevan a
hablar del GAL, llevan a hablar de este bienio negro en que ciertas
fuerzas --y quiero matizar para que nadie se engañe, para que nadie ponga
titulares no indicados en mi intervención--, en que ciertos segmentos --y
así está recogido en la solicitud de comparecencia-- de las fuerzas de
seguridad del Estado tuvieron libertad suficiente --ahí están las líneas
de investigación-- para entender que la eficacia en la lucha
antiterrorista era el criterio supremo de actuación. Entendían que tenían
respaldo político suficiente para actuar en consonancia y exclusivamente
con un criterio de eficacia.

Se está discutiendo en los últimos días si en la lucha antiterrorista se
está con los unos o con los otros. Yo quiero indicar con toda claridad,
señor Ministro --usted lo sabe muy bien--, que si estar con los otros
significa apoyar este criterio de eficacia, significa apoyar la tortura,
significa apoyar estos asesinatos o razias parapoliciales, nosotros, el
Partido Nacionalista Vasco, no estamos ahí ni nunca hemos estado ni vamos
a estar. Sabemos que usted tampoco. Lo sabemos con toda claridad, señor
Ministro; no me haga esos gestos. Pero como se indica y se pone en esos
titulares que se está con los unos y con los otros, quiero decir con toda
claridad que no, y el que lo diga y el que lo afirme se está equivocando.

No se puede estar con los que torturan, no se puede estar con los que
matan, no se puede estar con los que producen razias parapoliciales
indiscriminadas: no se puede estar con ellos y nosotros no lo estamos
hoy, señor Ministro. Y como ciudadano que vive en Guipúzcoa le quiero
decir con toda claridad que a mí también todavía me produce mucho miedo
pasar por el cuartel de Intxaurrondo. Por algo será. Y si le vale de algo
el testimonio de una persona que lleva una trayectoria política y que se
enfrenta a los de ETA y a los de Herri Batasuna in situ, si de algo le
vale, señor Ministro, téngalo en cuenta. Nada más. Yo ya sé que usted
tampoco está con los otros, pero aproveche esas ocasiones, cuando se
hacen planteamientos tan maniqueos donde unos son buenos y otros malos y
a algunos hay que satanizar, para poner las cosas en su sitio.

Nosotros agradecemos muy mucho la actitud del Grupo Catalán, por ejemplo,
en relación a toda esta polémica, porque han sido valientes, porque han
sido generosos y han sabido decir su propia palabra. Pero nos llama la
atención cuál es la actitud del Ministerio, nos llama la atención cuál es
la actitud del Grupo Socialista y nos llama la atención cuál es la
actitud del Grupo Popular. Y lo decimos con toda claridad. Porque no se
puede meter a todo el mundo en el mismo saco; no señor. Hay que tener
actitudes más valientes cuando se está tocando la línea de flotación de
los derechos humanos. Ya sé que ahí no le voy a dar ninguna lección, pero
convendrá conmigo, señor Ministro, que tampoco estamos a estas alturas,
cuando han pasado diez años, para versiones oficiales. No estamos



Página 14768



para que nos haga usted una enumeración de lo que nos ha contado la
prensa en el último mes; no estamos para eso. Estamos en orden a que esos
principios que ha establecido al inicio de su intervención sean criterios
operativos. Es decir, qué trabajos son los que ha llevado esa comisión
que ha designado usted y a qué conclusiones ha podido llegar. ¿Que no se
pueden decir en público? Nosotros estamos dispuestos a asumirlo. No pasa
nada. Tiene usted procedimientos parlamentarios para poder satisfacer a
los grupos parlamentarios. ¿Por qué no los satisface? ¿Por qué mantiene
--y aquí hablo en nombre del Partido Nacionalista Vasco-- en esta
incomodidad a un grupo y a un partido que en estos temas tiene serias
responsabilidades y que está dispuesto no sólo a asumirlas sino que las
asume todos los días? Es muy fácil predicar sobre la Guardia Civil o
sobre ETA desde Alicante o desde Granada; eso es muy fácil. Pero hay que
vivir allí, hay que vivir in situ. Hay que ver allí la sensación que se
produce cuando pasas un control policial o cuando encuentras un montón de
jóvenes mirando al monte en un control policial y algún guardia civil
gracioso está haciendo con la metralleta crack, crack. Eso no pasa en
Alicante ni en Granada, señor Ministro.

En relación a Intxaurrondo, yo creo que merece la pena hacer una serie de
consideraciones fundamentales en orden a las manifestaciones que le he
hecho. Hay un dato que es innegable. A la semana de la desaparición de
Lasa y Zabala se produce una razia policial, una auténtica toma militar,
al mando de un capitán del acuartelamiento de Tolosa, que produce un
centenar de detenciones. A la alcaldesa de Tolosa, Mirentxu Etxebarría,
que se persona en el cuartel y encuentra más de cien jóvenes, chicos y
chicas, tumbados en el suelo un día que llueve a jarros en el patio del
cuartel de Tolosa, se le impide realizar ninguna gestión. Se producen en
Tolosa unas detenciones desde nuestro punto de vista indiscriminadas.

Ninguno de los detenidos en esos días ha tenido ningún proceso judicial.

Ahí están las posiciones tomadas por unanimidad en el Ayuntamiento de
Tolosa --curiosamente, señor Ministro, con el único voto en contra de
Herri Batasuna--, con el voto del Partido Nacionalista Vasco, del Partido
Socialista de Euskadi, de Euskadiko Eskerra y con el voto en contra, de
Herri Batasuna. La actitud que tiene la Guardia Civil ante la alcaldesa
es denigrante, se le pone un foco a la entrada del cuartel para que no
vea lo que ya había visto y desde el Ministerio ni se contestó ni se
tomaron en consideración las mociones que se remitieron al Ministerio
desde el Ayuntamiento de Tolosa. Aquí hay una pregunta clara que es la
siguiente: ¿Qué flujos de información funcionan para que después de la
desaparición de Lasa y Zabala sea la Guardia Civil la que esté usando la
información? Hay ahí una vía de investigación y una conexión que, señor
Ministro, es evidente. ¿Cómo se obtiene esa información?
Dado que estoy hablando del cuartel de Intxaurrondo, quisiera
manifestarle que desde el Partido Nacionalista Vasco entendemos que toda
esta investigación sería pertinentemente distinta si no hubiésemos
tropezado con Intxaurrondo, pero hemos vuelto a tropezar con el Coronel
Rodríguez Galindo. Hemos vuelto a tropezar. Usted sabe bien --como sabe
su antecesor, como sabe el antecesor de su antecesor-- la de veces que el
Partido Nacionalista Vasco, discretamente, ha proporcionado datos
concretos que han puesto en evidencia las actuaciones de ese cuartel.

Dicen que no existen pruebas. Evidentemente, señor Ministro, en la
política existen convicciones y nosotros hablamos desde el convencimiento
moral y hablamos, además, desde la percepción que un gran conjunto de
ciudadanos democráticos en Guipúzcoa tenemos ante un cuartel y ante las
actuaciones que se desarrollan en el mismo. Que no son pruebas válidas
ante un juez. Esto es el Congreso de los Diputados, señor Ministro.

Nosotros manifestamos las opiniones de aquellos ciudadanos a los que
representamos, que nos merecen la máxima consideración; por ello, en el
uso de nuestras funciones y facultades, así lo manifestamos. Nosotros
entendemos que esta investigación sería pertinentemente distinta si no
nos hubiésemos encontrado otra vez con la 513 Comandancia de San
Sebastián. Nosotros entendemos que las informaciones que se guardan en
ese cuartel no son propiedad del Coronel Rodríguez Galindo, nosotros
entendemos que ahí existe una serie de situaciones muy anómalas que,
evidentemente, nos consta, usted, su antecesor, y su antecesor, han
intentado poner en su sitio, pero que tienen esa nota dominante de que al
mando de esa Comandancia sigue estando la misma persona.

Que no se nos diga que estamos acusando sin pruebas, que estamos usando
nombres, etcétera. No, señor Ministro. En esta vida no se puede ser
cínico, no se pueden usar los argumentos cuando conviene. A nosotros nos
consta suficientemente como para decir lo que decimos y ésa es nuestra
responsabilidad. Y no tenemos más que la voz de nuestra palabra, la voz
de nuestra denuncia, para indicar --y llevamos años diciéndolo-- que ahí
han sucedido cosas muy graves. Si alguien estaba convencido de que en los
GAL no iba a haber pruebas, ya hemos empezado a tenerlas.

Nosotros entendemos que haber vuelto a tropezar en este cuartel con la
actitud del Coronel Rodríguez Galindo es una de las muestras de que esta
investigación puede tropezar con dificultades añadidas. Y le voy a
facilitar un dato. De los resúmenes de prensa consta que su Secretaria de
Estado, la señorita Margarita Robles, anuncia en la semana de Pasión que
en pocos días el Ministerio va a estar en disposición de indicar cuáles
son las causas reales que llevaron a esta desaparición de Lasa y Zabala.

Esta información figura en los periódicos del miércoles santo. Indica
incluso que en un plazo de diez días el Ministerio va a estar en
disposición de. No sé qué ha pasado el domingo de Pascua, porque todos
los periódicos la semana de Pascua ya empiezan a abrir distintas
hipótesis: pueden ser grupos de este estilo, pueden ser mercenarios de no
sé qué; el tema de la droga, etcétera. Se han ido abriendo múltiples
puertas a lo largo de la semana de Pascua. Pero ¿por qué, el miércoles de
Pasión, la Secretaria de Estado para Interior indica que en diez días el
Ministerio va a contar ya con datos suficientes? ¿Qué es lo que ha pasado
la semana de Pascua para que todas las hipótesis se abran y para que aquí
no pase absolutamente nada?



Página 14769



Si nos atenemos al desarrollo de los hechos recogidos en los periódicos
es la Comisión la que está en el cuartel de Intxaurrondo. ¿Es que el
Coroneral Rodríguez Galindo tiene capacidad para subírseles a las barbas,
señor Ministro? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué salto cualitativo se
ha producido precisamente ahí?
Se ha hecho referencia al arma. Nosotros entendemos que existe ahí otra
prueba evidente. Entendemos que la Guardia Civil es precisamente, como
decían los señores Albistur y Romero, la que tiene el Instituto de
Balística mejor fundado y con mayor contraste, para poder comprobar todas
estas situaciones. Usted, como juez, sabe perfectamente cuál es el
procedimiento que se sigue en torno a estas armas que se incautan en
operativos policiales; una vez realizadas las diligencias de
identificación, dónde se depositan dichas armas, bajo qué
responsabilidad, etcétera. De ese mismo procedimiento, evidentemente, se
deberán concluir actuaciones relevantes y no voy a insistir más en
relación con todos estos temas.

Para terminar, señor Ministro, quiero volver al inicio. Compartiendo los
principios generales que usted ha manifestado al comienzo de su
intervención y que compartimos desde el Grupo Vasco, sí quisiéramos
hacerle un llamamiento a que comparta con los demás este tipo de
actuaciones, que son políticas. Los jueces deberán realizar su función y
todos debemos colaborar con ellos, pero a nosotros nos corresponde la
asunción del rol político. Nosotros estamos dispuestos a asumirlo, como
usted bien lo sabe, pero entendemos que estamos hablando de temas muy
graves que tocan la línea de flotación de la propia convivencia
ciudadana, que afectan en especial al País Vasco, comunidad a la que nos
debemos y ciudadanos a los que debemos servir. De ahí que el Partido
Nacionalista Vasco, señor Ministro, quiera hacer esta intervención
esclarecedora y, además, ofreciéndole indudablemente la máxima
colaboración de todos y cada uno de sus militantes en orden a que estos
sucesos sean debidamente esclarecidos, porque no nos podemos permitir el
lujo de dejar estas heridas abiertas. Estaríamos dando, señor Ministro,
razones a los violentos y eso es lo último que se puede hacer en la lucha
antiterrorista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, don
Federico Trillo.




El señor TRILLO-FIGUEROA MARTINEZ-CONDE: Señoras y señores comisionados,
señor Ministro. Permítame, señor Presidente, hacer una consideración
previa.

Señor Belloch, en su última comparecencia ante esta Comisión faltó usted
gravemente al respeto y a las normas democráticas más elementales al
tratar al Grupo Parlamentario Popular. Tuvo usted entonces una segunda
oportunidad que le concedió, haciendo gala de una tolerancia que usted no
supo hacer suya, quien entonces fue el portavoz de mi Grupo. Hoy tiene
usted una nueva oportunidad para rectificar, señor Ministro; en modo
alguno para reproducir su actitud de su última comparecencia. Advertido
queda, señor Ministro (El señor Aguiriano Forniés: ¡Qué cara!), porque,
aunque la opinión pública le ha juzgado de manera adecuada y suficiente,
le prevengo que este Grupo parlamentario no va a consentir la
reproducción de su actitud de la última comparecencia por respeto a
nuestro propio electorado y a lo que representan todos y cada uno de los
Diputados de esta Cámara.

Sirva esta primera consideración para añadirle, señor Belloch, que su
comparecencia de esta mañana ha sido todo menos informativa. Después de
esperar, como se ha señalado, durante ya casi dos meses las explicaciones
del Ministro del Interior, nos hemos encontrado con un resumen de lo que
ya se ha publicado, eso sí, más breve y más impreciso que lo que
cualquier lector atento de los medios de comunicación escrita podía haber
hecho. Y es lamentable que así sea, señor Ministro. Anunció a bombo y
platillo, cuando se descubrieron los cadáveres de los que trae causa esta
comparecencia, que se abría una investigación que calificó, y ha
reiterado hoy, como una prioridad absoluta de su Ministerio y del
Gobierno, a la que adscribió nada menos que al Comisario General de la
Policía Judicial y al General del Servicio de Información de la Guardia
Civil, coordinados ambos por la Secretaria de Estado de Interior.

Trasladados que fueron a Alicante parte de esos efectivos --29, según ha
aclarado hoy el señor Ministro--, no tardaron en comunicar a los medios
de comunicación locales que Interior destinaba 300 millones de fondos
reservados al caso de Lasa y Zabala, cantidad que se entiende habitual
para una investigación de estas características al considerarse
prioritarias.

Pues bien, después de casi dos meses, ¿cuál es la conclusión? Se ampara
el señor Ministro en la discreción, natural. Le replica algún portavoz
con acierto que para informaciones reservadas hay procedimientos
parlamentarios en esta Cámara que harían al menos más satisfactoria la
explicación del desarrollo de los trabajos de esa Comisión. Como quiera
que en esto --también se ha señalado-- ha hablado mucha gente, resulta
que la aportación que esta Comisión hace al juzgado de Alicante considera
la juez --leo literalmente--, hace muy pocos días, que «no aporta nada
concreto», que «estamos en el mismo sitio», que «no hay nada claro» y que
«caben varias hipótesis», entre ellas, nada menos que el archivo de las
actuaciones que sostienen la semana pasada la propia juez y el fiscal del
caso. Incluso, durante toda esa tramitación del procedimiento judicial y
de la investigación que dirige la Secretaria de Estado, se empiezan a
producir filtraciones en las que se señala con insistencia la implicación
de guardias civiles --«Interior apunta a la implicación de guardias
civiles»--; se insiste en esa línea y se termina durante el fin de semana
en esa incalificable declaración del Delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana que dice nada menos que los asesinatos de Lasa y
Zabala pueden haberse cometido por una banda mafiosa o del narcotráfico.

Dice eso 48 horas antes de que el Ministro del Interior del Gobierno al
que representa comparezca ante el Congreso de los Diputados para no decir
prácticamente nada, desde luego nada nuevo, y ni siquiera una
recapitulación de lo que suponen estos gravísimos hechos.




Página 14770



Yo creo, señor Presidente, señorías, que esta Comisión tiene la
obligación política, jurídica y ética de hacer una primera valoración de
lo que ha ocurrido, de lo que revelan esos hechos y deducir de ellos
algunas consecuencias que estamos seguros y deseamos que van a cambiar la
actitud o las actitudes de las que me he hecho eco, que se han
manifestado estos días.

Señor Ministro, los hechos que usted ha descrito, insisto, de manera
sumaria, suponen, cuando menos, lo siguiente, sin interferir las
funciones judiciales: El 16 de octubre de 1983 desaparecen dos presuntos
terroristas en una localidad francesa, lo cual, sin duda, puede ser por
secuestro o detención ilegal. Primer hecho ilícito, presuntamente
delictivo, que obliga a una investigación seria.

Segundo. El hallazgo de los cadáveres en Alicante supone que han cruzado
ilegalmente la frontera, ilegalmente porque estaban buscados por la
policía y habría sido detectada su presencia en la frontera si no
hubieran sido ocultados y de forma camuflada, coaccionada o amenazada.

Segundo hecho.

Tercer hecho, incontrastable, pero absolutamente cierto: Ha habido un
traslado por la fuerza, desde la frontera, a la provincia de Alicante.

Del resultado del examen de los cadáveres por autopsia o por los
certificados del Instituto Nacional de Toxicología se deduce que Lasa y
Zabala fueron maltratados, torturados, y de ello dan fe las vendas que se
encontraron, no sólo acompañando a los cadáveres, sino en algunos casos
unidas a los restos de estos dos seres humanos. Además, ha habido,
evidentemente, dos asesinatos, como ha quedado ya definitivamente
esclarecido, por arma de fuego, tras los malos tratos antes referidos.

Y, en último lugar, pero también actitud presuntamente delictiva, ha
habido una inhumación ilegal, consistente, además, en esa sádica,
morbosa, macabra forma de inhumación de arrojar cal viva a los cadáveres.

Pues bien, sobre todo esto, señor Ministro, conviene dejar constancia en
la Comisión, porque usted sabe perfectamente que ésos son hechos que
pueden ser valorados de una manera o de otra por los tribunales de
Justicia, pero que necesitan la más enérgica y absoluta repulsa de la
Comisión del Congreso de los Diputados; específicamente todos y cada uno
de esos al menos seis hechos que yo le he descrito.

De esos hechos también se puede extraer algunas deducciones. Es evidente
que la reducción, traslado, tortura y muerte no ha podido efectuarse por
una o por tan sólo dos personas, que, además, cruzan la frontera.

Es evidente, es notorio, que han tenido cooperadores necesarios, no sólo
en un punto, sino en varios; no sólo en la frontera para pasarla
ilegalmente, sino también hasta llegar a Alicante y en el transcurso de
esos días, meses, en los que han estado retenidos, detenidos ilegalmente;
que han tenido cooperadores en distintos lugares, porque han dispuesto de
estancias, de vehículos, de manutención, de armas, de vendas, de cal.

Todo eso, señor Ministro, no se improvisa; que lo que es ya una banda,
porque son más de dos malhechores armados, ni es además una banda
ocasional; no se llega a un punto como el de Busot por azar, no se elige
un trayecto cuando se cruza la frontera al albur de a ver dónde me dan
acogida; existe una predeterminación, se cuenta con unas ayudas
preestablecidas, se cuenta con una cobertura, con un apoyo durante el
trayecto y en el propio destino. Y todo ello requiere, señor Ministro, en
suma, una organización, de forma que una banda organizada ha ayudado a
cruzar la frontera, a ocultar a Lasa y Zabala, a trasladarlos por España
sin ser detectados, a mantenerlos, a cometer presuntamente torturas, a
realizar los asesinatos y a practicar la inhumación ilegal de los
cadáveres.

Señor Ministro, frente a todo eso, ¿cuál ha sido la actitud del Estado?
Convendrá conmigo que durante años la más absoluta inactividad.

Explicable, es verdad, en algún caso. En la prensa de Alicante se ha
publicado estos días que en Alicante no ha habido una conspiración de
silencio para no proseguir la investigación judicial y policial iniciada
en el momento de la aparición de los cadáveres. Y no lo ha habido porque,
en efecto, ningún servicio del Estado coordinó la noticia de la aparición
de esos cadáveres con la desaparición de Lasa y Zabala, a pesar de que
Radio Popular de Alicante difundió el comunicado, presuntamente del GAL,
en que se daba cuenta de la tortura y asesinato precisamente de Lasa y de
Zabala, porque no fue una noticia confusa. Se ha podido reconstruir el
comunicado y fue una noticia precisa: No os equivoquéis, son Lasa y
Zabala; los hemos torturado y asesinado.

Tenemos que reconocer con dolor que durante años no ha sido precisamente
la actividad ni la eficacia la característica de la reacción del Estado
de Derecho ante toda esa suma de conductas. Pero es verdad que el señor
Ministro, en nombre del Gobierno, anuncia, cuando por fin se verifica la
identidad de los cadáveres de Busot, que se pone en marcha una
investigación con carácter prioritario.

Señor Ministro, esa segunda fase permítame decirle que ha estado
caracterizada por la descoordinación. Y si algo quisiera este portavoz,
en nombre de su Grupo, aportar a su presencia, a su comparecencia hoy, es
hacer ver que ha existido descoordinación y exigir a sus Departamentos la
máxima coordinación y la máxima eficacia. No se puede durante semanas
asistir al espectáculo de que el fiscal de Alicante diga una cosa, el
fiscal de Madrid diga otra, el Fiscal General del Estado no diga nada, el
Juzgado de San Sebastián lo remita a la Audiencia Nacional, la Audiencia
Nacional se considere competente, la Juez de Alicante no considere
competente al Juez de la Audiencia Nacional e incluso hable de archivar
las actuaciones. Eso no lo pueden contemplar con pasividad los
Ministerios que usted regenta, porque el Gobierno tiene la posibilidad, a
nuestro juicio el deber, de interesar del Fiscal General del Estado que
defienda la competencia y la eficacia de la jurisdicción; está entre las
competencias como la primera, como la más señera de las que corresponden
al Ministerio Fiscal y, dentro de él, al Fiscal General del Estado y al
Gobierno corresponde interesar esa actuación cuando se ha dado la
lamentable impresión de esa falta de coordinación, que ha llevado incluso
en los últimos días a hablar de la posibilidad del archivo.




Página 14771



Pero si esa descoordinación afecta al ámbito jurisdiccional o judicial y
fiscal, no menos descoordinación han reflejado las actuaciones de la
propia Comisión a la que me he referido al principio y que usted nombró
para que, según la Secretaria de Estado, en efecto, en diez días
tuviéramos conclusiones.

Se ha hablado de todo. Hoy, el señor Ministro pide discreción, y algún
portavoz le ha recordado con acierto que esa misma discreción debiera
haber inspirado a los portavoces del Ministerio del Interior que, sin
desmentido, han estado continuadamente, desde hace quince días, filtrando
presunta información, contradictoria, eso sí, entre sí, que pasaba por la
implicación indiscriminada de la Guardia Civil a la atribución a grupos
mafiosos o a grupos de narcotráfico, en realización de una posible
«vendetta».

Nosotros, señor Ministro, desde el Grupo Parlamentario Popular, le
instamos a que ponga fin a esa etapa de descoordinación y, lamento
decírselo, señor Ministro, de ineficacia. Nadie puso plazo a su Comisión;
sólo su Secretaria de Estado, en declaraciones no desmentidas, anunció,
en efecto, que en diez días íbamos a tener resultados. Y hoy nos
encontramos ante la --permítame decirlo-- pobre información que ha dado a
la Cámara. Le estimulamos a que, de una vez, coordine la eficacia de ese
equipo de investigación o de otro cualquiera para que no exista sombra de
duda sobre la democracia española. Estos días se ha dicho reiteradamente
que Lasa y Zabala son los desaparecidos de la democracia y todas SS. SS.

y el señor Ministro saben que la democracia no tiene desaparecidos. La
democracia tiene poderes, dentro del Estado de Derecho, que están no ya
capacitados sino obligados a buscar hasta el final a los responsables de
tal monstruosidad, que acredita, desde luego, que ha existido guerra
sucia contra el terrorismo.

Nosotros le estimulamos a ello, porque frente a esto no cabe ningún tipo
de obstrucción. Quien piensa o defiende que 10 años es tiempo suficiente
para haber destruido las pruebas se equivoca, y usted, señor Ministro,
por su formación profesional, sabe que después de 10 años, muchos años
después, se pueden averiguar las responsabilidades de determinados
crímenes; hay pruebas y vestigios más que suficientes. Si la historia ha
conseguido, siglos más tarde, descubrir la autoría y la forma de
determinados crímenes, cuando de seguro aún están vivos los responsables
directos o por cooperación necesaria de los asesinatos de Lasa y de
Zabala y de sus malos tratos o torturas anteriores es una obligación
ineludible del Estado de Derecho esclarecer esas responsabilidades,
esclarecer la autoría, y poner a los responsables a disposición de la
justicia.

Permítame, señor Presidente, que acabe mi intervención, que quiere
estimular la actuación del Ministerio del Interior en ese punto, dejando
claro, eso sí, que no compartimos alguna interpretación que también hemos
visto estos días en medios de comunicación.

En primer lugar, pensamos que quienes fueran los responsables han de
pagar, pero que, al socaire de las responsabilidades del caso Lasa y
Zabala, no se puede admitir que trate de imputarse a ninguna institución
del Estado, como tal, responsabilidad en crímenes de Estado o en delito
alguno. No admitimos que los recelos, los rencores, la desconfianza o
cualquier otro tipo de sentimiento de cualquiera, sea fuerza política
democrática o no, ponga en cuestión la eficacia de la Guardia Civil en su
actuación contra el terrorismo.

En segundo lugar, también queremos dejar muy claro que quien da alas a
los terroristas no son quienes investigan desde el poder judicial, la
prensa o el Ministerio del Interior la Comisión y las responsabilidades
implícitas en crímenes como ése, sino quienes crímenes como éste
ejecutaron, consintieron o no investigaron. Esos son los que dan las
peores alas, las alas más negras, a los terroristas.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), don Ramón Camp.




El señor CAMP I BATALLA: Señor Presidente, señor Ministro, señorías,
nuestro Grupo Parlamentario, ante la magnitud del hecho que hoy estamos
analizando, quiere dejar sentada la exigencia al Gobierno, la imperiosa
necesidad, de una profunda investigación, que no se detenga ante ningún
límite, pero que sí tenga un objetivo: conocer la verdad sobre estos
crueles asesinatos, que no tienen ningún argumento justificado y que han
puesto una tela en la claridad con que la ciudadanía ha de ver al propio
sistema democrático. Nada, pues, puede detener esta investigación y la
misma debe ampliarse a todos aquellos aspectos en los que pueda haber
algún indicio de culpabilidad o complicidad. Ello se hace aún más
necesario ante la sospecha, que cada vez parece más evidente, de que en
todo este asunto han participado agentes públicos y que, en su caso, esta
participación pone un agravante en todo lo acontecido.

Otro aspecto a considerar por parte de nuestro Grupo Parlamentario es la
investigación judicial que se está llevando a término a través del
Juzgado central de la Audiencia Nacional y del Juzgado de Instrucción de
Alicante. Hoy nos comentaba el señor Ministro que parece ser que ya está
en una recta final la unificación de las investigaciones judiciales en un
solo Juzgado, cosa altamente positiva para ordenar la línea de
investigación de los hechos.

De todas formas, que quede bien claro que nuestro Grupo respeta, como no
puede ser de otra forma, la independencia del Poder Judicial, lo que nos
exige la necesaria cautela y el necesario respeto para no interferir las
actuaciones que el mismo lleve. No obstante, la no interferencia no debe
significar dejación de responsabilidades ni para el Gobierno ni para este
Parlamento. Por ello, la comparecencia de hoy es positiva y la valoramos
en la línea positiva de dar a conocer aquellos elementos que puedan ser
objeto de conocimiento y que se considere que no perjudican la
investigación actualmente en curso.

De todas formas, señor Ministro, sobre la investigación de estos crímenes
no deja de ser sorprendente el tiempo que ha transcurrido desde que se
produjeron las muertes de Lasa y Zabala hasta la actualidad. Fue un claro
error de quienes llevaron la investigación en su momento no profundizar
en las posibles pistas. Sería interesante conocer la opinión del señor
Ministro al respecto, puesto que en 1985,



Página 14772



como hoy se ha manifestado aquí, en Alicante se dio conocimiento, por
parte de diversos órganos, de medios de comunicación, del hallazgo de los
cadáveres y de su posible conexión con la desaparición de los etarras
Lasa y Zabala. Este error, del que entendemos que son responsables tanto
los mandos policiales y de la Guardia Civil de Alicante como las
autoridades judiciales que finalmente cerraron la investigación de la
muerte en Busot, ha complicado el futuro esclarecimiento de estos
crímenes. Por ello, consideramos necesario que la investigación también
profundice sobre si efectivamente hubo o no inhibición o negligencia en
las actuaciones de la Guardia Civil y de los mandos policiales que se
ocuparon de la investigación sobre el hallazgo de los cadáveres en
Alicante en el año 1985.

Y destacaremos tres aspectos más. En primer lugar, queremos hacer una
mención que nos parece de justicia, que es felicitar al policía de
Alicante don Jesús García, por el brillante servicio llevado a cabo en
solitario; fue, y el señor Ministro lo ha confirmado hoy una vez más, el
que consiguió relacionar, después de diez años, los cadáveres de Busot
con la desaparición de Lasa y Zabala. También quiero elogiar al forense
de Alicante, don Antonio Bru Bordons, cuyo celo profesional ha
posibilitado resolver hoy la identificación de los cadáveres de Lasa y
Zabala.

En segundo lugar, quiero instar al Gobierno, una vez más, a profundizar
en sus investigaciones, colaborando con la Justicia para lograr el total
esclarecimiento de este caso. Debe llegarse hasta el final, como decía al
comienzo de esta intervención. En este sentido, no debe haber ninguna
cortapisa en la investigación.

En tercer lugar, debe esclarecerse la posible implicación o no de los GAL
en estos asesinatos y también la posible colaboración del ex policía don
José Amedo, que, como todos sabemos, todavía goza de una situación de
libertad condicional, a pesar de los cargos que se le imputan.

Al final, al hilo de lo que pudiera constituir una fabulosa o no tan
fabulosa novela de intrigas policiales y de terror, hemos podido resolver
el primer eslabón de estos asesinatos. Esta es una de las consecuencias
del Estado de Derecho que constitucionalmente nos hemos dado, un Estado
de Derecho que debe en todo momento velar por el más estricto
cumplimiento del principio de legalidad, principio que afecta de forma
prioritaria y directa a la actuación de los poderes públicos. A nosotros
nos corresponde velar en todo momento para que este cumplimiento se lleve
a cabo y para exigir, respetando la presunción de inocencia y la
necesaria independencia del Poder Judicial, todas las responsabilidades
--y digo todas-- políticas o administrativas que detrás de este oscuro
asunto pueda haber.

Entendemos perfectamente, señor Ministro, las reservas informativas que
nos pide, pero esta petición de reserva conlleva que desde el Ministerio
se impulse en todo momento y con prioridad, como usted antes ha
mencionado, todas las diligencias posibles para la investigación en
curso, con un único objetivo: determinar y poner a disposición de la
justicia a los culpables, determinar las responsabilidades de todas las
personas que hayan tenido conexión con este asunto, así como asumir las
responsabilidades políticas que puedan acarrear estos hechos.

Como también decía usted al inicio de su comparecencia, esperamos que
haya otras comparecencias suyas, aunque en realidad debería haber sólo
una más, una sola en la que usted viniera y nos dijera quiénes fueron los
culpables y que han sido detenidos. Esta es la verdadera conclusión. A
nosotros hoy no nos sorprende que usted haya venido a darnos la
información que podía darnos a tenor de las circunstancias, pero lo que
nos interesa a todos --creo-- es esta última: que un día --y esperemos
que no sea un día muy lejano-- llegue la confirmación de las personas que
fueron los autores de estos asesinatos y su detención y puesta a
disposición de la justicia.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el portavoz del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, don Lorenzo Olarte.




El señor OLARTE CULLEN: Entre los defectos de Coalición Canaria y los
múltiples que concurren en la personalidad de su portavoz no se encuentra
precisamente el de la ingenuidad. Por eso, ayer, cuando me trasladaba
desde el archipiélago hasta esta capital, cubriendo los dos mil
kilómetros de distancia entre ambas partes, sobre las nubes, lo hacía con
los pies en la tierra y sabedor de que la comparecencia del señor
Ministro --no íbamos a ser tan ingenuos-- no podía aportar datos de
interés o novedosos sobre este asunto tan delicado por encima de los que
a lo largo de semanas precedentes hemos tenido conocimiento a través de
diferentes medios de comunicación social. Esto se debe a que
necesariamente --y no es preciso tener la calidad de jurista para
conocerlo en su cabal dimensión-- el señor Ministro tenía que comportarse
como lo ha hecho para no perjudicar la actividad de la justicia y para no
extralimitarse de lo que debe ser una medida de prudencia y de
comportamiento legalmente exigible además, que él, por su vieja
profesión, sabe tan bien como el mejor.

Nosotros no ponemos en tela de juicio, antes al contrario, nos
congratulamos de la larga trayectoria del actual Ministro y de las dos
Secretarías de Estado de Justicia e Interior en una actitud de defensa de
los derechos humanos y de respeto a la independencia del Poder Judicial,
que siempre les ha caracterizado. Y en estos momentos, en los que ya casi
estamos sumidos en el fragor electoral y en que el cuerpo nos pide en
cierta manera la confrontación, no queremos bajo ningún concepto caer en
el defecto, que sería imperdonable, de incorporarnos a un pensamiento
meramente opositor porque sí, cuando realmente creemos que hay que actuar
con plenitud de objetividad y ahora precisamente más que en otras
ocasiones.

Desde esta consideración previa es desde la que confiamos en que el señor
Ministro esté decidido, como creemos que lo está, a colaborar hasta el
final en la investigación judicial de tan graves hechos. Y por ello, si
nuestro modesto estímulo sirve para algo, nos incorporamos a quienes ya
le estimulen suficientemente para que prosiga en la investigación
iniciada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en la posible
implicación de algunos de sus miembros (que es lo que cree la sociedad en
general, es la



Página 14773



que creen determinadas fuerzas políticas y es lo que cree Coalición
Canaria) en el asesinato de Lasa y Zabala.

En el caso de los GAL y su supuesta autoría, aún no confirmada, pero para
nosotros presumible, de los asesinatos de Lasa y Zabala, estamos hablando
de un problema del pasado, obviamente, pero que no debe por ello ser
soslayado en el presente, y que ha de tener necesariamente, como lo está
teniendo, su adecuado tratamiento ante los tribunales de justicia. Y son
los tribunales de justicia, con su independencia, los llamados a
establecer en cualquier momento si se produce un archivo definitivo o
provisional de las actuaciones, si se produce ese sobreseimiento o no,
pero nosotros desde aquí sí que podemos también estimular al señor
Ministro a fin de que el Ministerio Fiscal extreme al máximo su acicate,
para evitar que pudieran cerrarse indebidamente y, por tanto, en falso,
unas actuaciones judiciales que es preciso seguir profundizando para la
constatación y la averiguación de esa verdad que tanto nos preocupa.

No debe quedar ninguna duda, y no queda, desde luego, sobre que desde el
Parlamento se impulsa al completo esclarecimiento de los hechos. Pero
tampoco debe quedarla sobre que el Gobierno es solidario con esta
preocupación del Parlamento, porque hay que reconocer que durante
demasiado tiempo ha existido demasiada ambigüedad en torno a la
posibilidad de que el Estado democrático español, el Gobierno, y algunos
de los partidos políticos democráticos también, pudiesen estar
dispuestos, si no a amparar o a encubrir, a contemporizar en cierta
manera con lo que, con un claro eufemismo, se ha venido llamando la
guerra sucia contra ETA, que no es otra cosa --esta guerra sucia,
preciso-- que el crimen, el asesinato, el secuestro o la tortura
amparados en una pretendida razón de Estado.

Se está acreditando, señor Ministro, señores comisionados, con terrible
crueldad, con el ejemplo argentino, que ningún conjunto de ciudadanos
puede convivir durante mucho tiempo con la indignidad de haber tolerado
el crimen por pretendidas razones de Estado, y es por ello por lo que
reclamamos con todo vigor que ningún poder del Estado interponga, ni
tenga la tentación de interponer, la más mínima dificultad en el
esclarecimiento de los hechos. Esta es, sin la menor ambigüedad, señor
Ministro, señor Presidente, la posición de Coalición Canaria.

Comprendo que no resultará fácil al señor Ministro hacerlo, pero en este
contexto nos gustaría conocer algún comentario sobre esos pleitos que
llenan de asombro actualmente a la ciudadanía, por esa lucha de
competencias irrefrenables sobre el GAL, sobre el tema Lasa-Zabala, sobre
los fondos reservados, sobre Roldán, etcétera, que se ha establecido
entre los diversos jueces y a la que no han sido ajenos los que,
procesalmente, se llamaban antiguamente individuos del Ministerio Fiscal.

La sociedad española se pregunta en qué medida tales conflictos responden
a problemas formales jurídicos, a vanidades personales, o incluso a
posibles interferencias del Poder Ejecutivo. Del mismo modo, preocupan y
sorprenden a la sociedad española, además de estas noticias sobre el
posible archivo de las diligencias (que deseamos prosigan para el
esclarecimiento de los hechos en esa investigación hasta el final), las
declaraciones del Delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana
aludiendo a la existencia de otros posibles hechos criminosos, de
naturaleza mafiosa, en esa Comunidad que pudieran estar relacionados con
los hechos que hoy nos ocupan. Y nos preocupa el hecho de que,
individualmente, constitucionalmente, esto pudiera estar relacionado con
cierta maniobra de distracción que sería realmente perturbadora.

Aludía al principio de mi intervención a la diferente naturaleza del
problema que plantea a la sociedad española el caso GAL y el problema de
ETA. Así como el GAL representa un pasado que necesita claridad y
respuesta judicial --y respuesta política también, ¿por qué no?--, ETA
sigue siendo un problema vivo y crucial en la convivencia española. No
hace falta recordar sus recientes criminales acciones, algunas de las
cuales, desgraciadamente, han causado víctimas humanas y otras, como el
atentado contra el señor Aznar, afortunadamente no lo han logrado en su
persona, aunque sí --y muchos se olvidan permanentemente de ello-- en esa
infeliz anciana que hasta hace pocas horas continuaba en coma, cosa que a
Coalición Canaria le preocupa también con una gran intensidad. Pero lo
que ahora nos interesa comentar es el debate de naturaleza política que
desgraciadamente se ha abierto con tal motivo entre algunas fuerzas
políticas democráticas, y muy particularmente --¿por qué no reseñarlo?--
entre el PP y el PNV. La pregunta esencial que todos nos deberíamos hacer
es si es que existe un cambio cualitativo que pueda exigir un
replanteamiento de la estrategia, largamente debatida y elaborada, que
condujo a la firma y al sostenimiento de los pactos de Madrid y Ajuria
Enea y que ha marcado la actitud de los partidos democráticos, todos, en
la lucha contra ETA en los últimos años.

La lucha contra la violencia, señor Presidente, exige la unidad real de
las fuerzas democráticas en torno a los acuerdos de Ajuria Enea y de
Madrid, sin fisuras de ningún tipo, y sería un disparate cambiar de
estrategia u obligar, por errores conceptuales, formales, por
exageraciones verbales, a cambiar de estrategia, en una estrategia que
necesariamente tiene que ser marcada por el consenso. Para nosotros esto
es profundamente preocupante. Es necesaria la unidad de los demócratas,
todos, como eje de esta estrategia política, para lo que es necesario el
consenso en torno a las medidas policiales y políticas más importantes,
la información puntual del Gobierno a la oposición, la discusión
reservada de las discrepancias, el respeto absoluto a la legalidad
democrática, el apoyo eficaz a las Fuerzas de Seguridad y, muy
especialmente, la coordinación y la confianza con quien gobierna en
Euzkadi, cosa que normalmente se suele olvidar desde aquí, aquí, en la
llamada capital del Reino. No podemos olvidarnos de que es básico saber
que la lucha contra la violencia de ETA --y eso lo dice quien reside a
una distancia enorme del epicentro de esa situación-- hay que allanarla
en Euzkadi y pensando en Euzkadi, que es donde ETA tiene apoyos sociales
y políticos. Y no podemos olvidarnos de que ETA no es simplemente una
banda armada, no es simplemente una banda terrorista, ETA es una banda
que tiene el respaldo de un porcentaje importante de la población, lo
cual indica la necesidad



Página 14774



de actuar con inteligencia política, con medidas políticas y no
cometiendo errores, que puedan abrir más un abismo que nosotros queremos
evitar por todos los medios.

Creemos --y con esto termino, señor Presidente-- que la represión es
necesaria, pero debe practicarse de tal modo que aisle a los violentos y
no cree solidaridades con ellos. A los violentos no se les divide con
medidas supuestamente duras, que sólo consiguen unir. Y hoy, aquí, en
este debate, con toda seguridad, estamos asistiendo a la narración de un
capítulo que no ha podido contarse, por las razones que el Ministro
expresaba al principio, en su total dimensión, pero es un capítulo más de
despropósitos, que no han servido precisamente para conseguir ese
pragmatismo fundamental que sí que es prioridad para todos aquellos que
somos auténticos demócratas y que queremos erradicar la violencia
terrorista de ETA de nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz el Grupo Parlamentario
Socialista, don Javier Barrero.




El señor BARRERO LOPEZ: Señor Ministro, gracias por su comparecencia en
esta Comisión, en asunto tan grave, y gracias además por el anuncio que
ha hecho S. S. para una nueva comparecencia cuando la investigación
policial sea más profunda y el nivel de información que pueda dar a las
señoras y señores diputados sea también de más calado.

Nos complacen, asimismo, no podía ser de otra manera --queríamos
solicitarlo o estimularle a ello--, las palabras que ha pronunciado el
señor Ministro en el sentido de llegar hasta el final en la investigación
policial y poner en manos de la justicia a los asesinos, a los autores y
a los cómplices, porque es cierto, señor Presidente, que hace ya un mes y
medio, aproximadamente, la noticia del hallazgo de los cadáveres de los
etarras --creo que no presuntos ya, toda vez que su propia compañía ha
aceptado que formaban parte de sus filas-- Lasa y Zabala hacía estremecer
sin duda a la mayoría de los demócratas de este país, y más ante las
presuntas circunstancias, posibles circunstancias, tan alevosas en las
que, al parecer, este execrable y miserable asesinato se había cometido.

Hace diez años, señor Presidente, alguien o algunos, amparándose en no se
sabe qué furor justiciero, en qué anticuada ley del talión, cometieron un
crimen execrable, sin posible justificación en el hecho de que sus
víctimas formaban parte de esta trama del terror, de la extorsión y de la
muerte que es ETA. Desde mi Grupo, con toda contundencia, señor
Presidente y señor Ministro, señorías, quiero advertir, sin ninguna
sombra, que ni hay ni habrá tolerancia con el asesino o asesinos de
posibles asesinos, con el verdugo o verdugos de posibles verdugos. Mi
Grupo no está con los verdugos, señor Presidente, está con sus víctimas.

En un Estado de derecho, como aquí se ha reiterado por parte de todos los
Grupos Parlamentarios, apelar a la llamada justicia comparativa es
pervertir la justicia, es subvertir sin duda alguna los valores
democráticos, asentados yo creo que profundamente en la sociedad
española, atenuar el crimen en razón a su eficacia. La llamada guerra
sucia, por llamar de alguna manera a esta guerra, que debilita como nada
la legitimidad de las instituciones democráticas, es la respuesta más
apreciada por el terrorismo salvaje de ETA. Desde mi Grupo, la respuesta
adecuada no puede ser otra que la en curso a través de una profunda
investigación policial que, aunque difícil sin duda por los años
transcurridos, ponga a disposición judicial a los asesinos.

No hemos sido nosotros, sin otros, ni seremos nosotros quienes
sostengamos que se ha dado oxígeno a la acción de ETA desenterrando los
cadáveres de Lasa y Zabala, no es verdad, porque nada fortalece más a una
democracia que impedir que se deforme la percepción de la justicia
desviando la atención de los criminales o rebajando su nivel de
responsabilidad. Hasta aquí, señorías, nuestra posición contundente. Pero
es cierto, como también se ha advertido, que la prudencia nos hace
pensar, desde la responsabilidad igualmente, en que no son posibles
acusaciones verbales entre demócratas frente a lo que está sucediendo. En
la lucha antiterrorista los demócratas, todos los demócratas, hemos
aprendido desde hace años que pocas cosas facilitan más la labor de los
violentos que nuestra desunión, a la que alimentan quienes alientan
todavía el espectáculo también en estas cuestiones, quizás con unas armas
o con otras, pero casi siempre con las armas de la insinuación o con la
culpabilización del contrario político. Pensamos, señor Presidente, que
no puede formar parte de esa especie de presente delirante en que estamos
incursos, y al que nos quieren someter algunos, casi siempre fuera de
estas paredes, la unidad decidida y permanente de todas las fuerzas
políticas contra el terrorismo. La lucha antiterrorista es, y se ha dicho
aquí también por parte de varios grupos parlamentarios, un proyecto común
que debe mantener sus pilares en la unidad política, en la colaboración
internacional y en la acción policial.

Quienes tenemos memoria, señor Presidente, más allá de 1982, somos
conscientes de los beneficios que han supuesto y que suponen los pactos
antiterroristas, nacidos precisamente para aglutinar la unidad de las
fuerzas políticas, frente a tentaciones de neutralidad, imposibles desde
un punto de vista democrático, o frente al uso partidista de los
sentimientos que brotan tras la violencia igualmente rechazables.

Se han vertido acusaciones, más fuera que dentro de esta sala, y es
posible, señor Presidente, que el descubrimiento de los cadáveres de Lasa
y Zabala haya producido una súbita pérdida de memoria de quienes, por
aquellas fechas, hace diez o doce años, se consideraban dolorosamente
hartos por las acciones de ETA y exigían una mayor dureza. Esa amnesia
buscada les resulta, al parecer, en este momento indispensable para
ponerse a la cabeza de quienes piden justicia ante tan execrable crimen.

Señor Presidente, bienvenidos sean también al grupo de quienes creemos
que ningún crimen tiene justificación. Y ojalá no exista el temor que
tenemos algunos, el temor que produce la agresividad del converso en su
afán por recuperar el tiempo perdido y achacar siempre al adversario
político una defensa del Estado de Derecho menor que la del neófito.




Página 14775



Señor Presidente, si queremos evitar el desconcierto de los ciudadanos
tenemos que dejar claro que ante el crimen, del color que sea, los
adversarios son siempre los violentos, nunca los demócratas, y que la
prudencia y el coraje político nos obligan a frenar la insinuación o la
insidia con la verdad a que dará lugar la investigación policial que
confiamos tenga, señor Ministro, éxito pronto, por el bien no ya de este
Gobierno, por el bien de los valores democráticos y de la defensa del
Estado de Derecho que todos asumimos, estoy seguro, sin ningún tipo de
sombra.




El señor PRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra el señor Ministro de
Justicia e Interior.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): En primer
lugar, si me lo permiten, quiero hacer una observación de tipo general.

Yo creo que el conjunto de intervenciones evidencia la unidad esencial de
todas las fuerzas democráticas aquí representadas en el análisis político
y en las medidas que hay que adoptar, frente a ese crimen horrible,
adjetivo que ha sido utilizado por alguno de los representantes de los
grupos parlamentarios. Yo creo también, y todos estamos de acuerdo, que
será un éxito para la democracia el que la investigación prospere, llegue
hasta el final y sepamos quiénes son sus autores materiales, inmediatos,
mediatos, sus cómplices y sus cooperadores, fundamentalmente por algo que
decía al final de mi intervención que me parece clave: no tanto porque
para los violentos tenga ninguna importancia el que el Estado de Derecho
cumpla con su cometido, sino porque para los demócratas, que somos
afortunadamente la mayoría, es muy importante transmitir la superioridad
moral, política y jurídica del Estado de Derecho.

Con esta observación, que yo creo que es aplicable a todas las
intervenciones, voy a intentar contestar a alguno de los puntos que han
planteado los diversos intervinientes.

Con relación a la intervención del señor Albistur, más que a comentarios
de carácter general, respecto de las preguntas que ha formulado, me voy a
referir a la primera de ellas: por qué no se investigó la llamada hecha a
Radio Popular de Alicante por el GAL. De los antecedentes existentes se
deduce --y no le puedo decir más que eso-- que se entendió en aquel
momento, tanto por la autoridad policial como por la autoridad judicial,
que no tenía credibilidad esa reivindicación por razón del lugar, la
forma en que se había hecho y las circunstancias que concurrían. Eso es
lo que se deduce de los antecedentes obrantes en el Ministerio del
Interior. Hay incluso alguna diligencia expresa en que así consta,
diciendo que no se considera verosímil la reivindicación, dadas las
circunstancias. Algún Diputado --aunque sea adelantar otras respuestas--
lo ha comentado de manera indirecta, y en cierto modo se deduce del
conjunto de mi intervención inicial cuando hablaba de las diferencias
entre la primera y la segunda autopsia. No parecía en aquellos momentos,
ni a las autoridades policiales ni a las autoridades judiciales, que los
cadáveres encontrados pudieran corresponder a Lasa y Zabala. No lo creyó
nadie, y no lo creyó nadie, porque, efectivamente, la primera autopsia,
ni por la fecha de datación de los hechos ni por la edad que en principio
tenían los cadáveres aparecidos, coincidía en absoluto con la
desaparición de Lasa y Zabala. De hecho fue así y sólo, posteriormente,
una intervención policial atando ese dato con otros datos complementarios
permitió la investigación que afortunadamente permitió aclarar que se
trata de las mismas personas.

En aquel momento, en definitiva, año 1985, ni siquiera se tenía la
convicción a ningún nivel de que fuera obra del GAL. No se pensaba en
serio que fuera obra del GAL. La propia familia denunció los hechos en
1987, porque no había seguridad en ningún plano, ni policial ni judicial.

Eso es lo que yo puedo decirle porque es lo que yo deduzco de los
antecedentes que existen, tanto en diligencias policiales como en
atestados policiales. No se pensó nunca en Alicante en esa posibilidad,
no lo pensó nadie: ni la policía, ni la guardia civil, ni la autoridad
judicial.

La valoración de no haber llegado a esa conclusión S. S. puede hacer la
que considere pertinente. Yo me limito a decir que, efectivamente, de los
antecedentes se deduce que esa conclusión no la tuvieron ni los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad ni tampoco la autoridad judicial.

Preguntaba también por qué se ha encontrado un nuevo proyectil. Se ha
encontrado un nuevo proyectil porque en esta ocasión se pusieron medios
más avanzados que los que se utilizaron en la primera diligencia de
reconocimiento judicial en el año 1985. Lo he dicho concretamente en la
intervención inicial. En este caso se utilizaron detectores de metales
que permitieron identificar enterrado ese segundo proyectil; en la
primera ocasión no se utilizó ese método, sino que se hizo de manera
manual y no se encontró el segundo proyectil. De todas maneras, el dato
no es particularmente relevante, porque el segundo y el primero tienen
las mismas características y, a los efectos de una eventual
identificación del arma que lo hubiera disparado, era indiferente
encontrar el primero o también el segundo. En cualquier caso, con el
primero había material suficiente para haber logrado una investigación
eficaz, en el supuesto de que ese arma estuviera efectivamente registrada
en la Intervención Central de Armas, como la utilizada en cualquier
atentado o la ocupada a terroristas o a otros delincuentes.

En torno a este tema --lo ha preguntado no sólo S. S., sino algún otro
Diputado--, sí que querría ahora desmentir en particular unas noticias
que aparecieron respecto a la eventual identificación de unas armas,
señor Romero, con respecto al «comando electrónico». Efectivamente, ya ha
habido tiempo para poder comprobar esa información plenamente, y la
información es la siguiente. Al llamado «comando electrónico» le fueron
intervenidas, entre otras armas, una pistola «browning», calibre 9
milímetros «parabellum», con número de series 76 C 10548. Esta arma quedó
depositada en la Guardia Civil hasta que fue entregada a la Audiencia
Nacional con el resto de armas para el momento de la vista oral.

Posteriormente, y por acuerdo de la sección tercera de la Audiencia
Nacional, le fue entregada en propiedad a un funcionario concreto del
Cuerpo Nacional de Policía, cuyo número de carné consta, pero me
permitirá que no lo mencione,



Página 14776



aunque sí que, a partir de ese momento, se ha realizado el
correspondiente cotejo en la Comisaría General de Policía Científica,
concretamente en la sección de balística forense, con el casquillo y los
dos proyectiles encontrados, y el resultado de esa indagación ha sido
negativo. En definitiva, no fue utilizada la pistola «browning» incautada
al «comando electrónico». En este caso la información era importante
porque podía haber implicado una prueba de evidente entidad y se
investigó. Por eso me parece importante también desmentirlo en este
momento. En otras ocasiones y con carácter general, aunque a lo mejor es
un error por parte del Ministerio, no practicamos la técnica de desmentir
el conjunto de informaciones que se atribuyen a fuentes de...

Prácticamente nos dedicaríamos sólo a eso. Habrá que ordenar al
departamento correspondiente que todas las mañanas haga los oportunos
desmentidos a supuestas fuentes del Ministerio del Interior. La verdad es
que no son fuentes del Ministerio del Interior y, sin embargo, se le
atribuyen. Tomo nota para transmitir a la Dirección General
correspondiente que a primera hora de la mañana desmientan todas las
informaciones que se atribuyen a fuentes del Ministerio del Interior.

Hasta ahora nos parecía más razonable no entrar en esa dialéctica, por
una simple razón, señoría. Cuando se hacen los desmentidos, son dos
líneas en la página 15, y las veces que lo hemos hecho tampoco se han
enterado SS. SS. Un caso muy concreto sería el de las declaraciones de la
Secretaría de Estado de Interior. Se desmintió que sus declaraciones
hubieran sido que lograríamos identificar a los culpables a los diez días
(ahí están las cintas, porque fue una grabación originaria en televisión,
creo recordar) y se dijo expresamente diez días para identificar a los
cadáveres como pertenecientes o no a Lasa y Zabala. Nunca se dijo que
fueran diez días para poder determinar quiénes eran los culpables. Ese
optimismo sería absolutamente injustificado e inadecuado. Se rectificó,
pero esa rectificación no ha salido. De todas maneras, a los meros
efectos de constancia en posibles comparecencias, con mucho gusto iremos
desmintiendo, sin ninguna posibilidad de que se recoja adecuadamente en
los medios de comunicación, cualquier información que, de manera errónea,
se atribuye a fuentes del Ministerio del Interior.

También hacía el señor Albistur alguna otra pregunta, que forma parte del
contenido material de la investigación que estamos haciendo. Naturalmente
--y con esto contesto a otras preguntas parecidas--, el desarrollo de los
hechos es bastante evidente y será necesario investigar --y así se está
haciendo en todas sus fases-- cómo cruzaron la frontera las dos personas
secuestradas, qué personas les ayudaron y cómo llegaron a Alicante. Eso
forma parte, como es obvio, del contenido material de la investigación,
sobre cuyos aspectos, como es natural, no debo hacer mayores comentarios.

¿Por qué estuvieron diez años en el depósito municipal? Se lo he dicho:
porque el juez no dictó la orden correspondiente autorizando la
inhumación del cadáver. Y como no llegó nunca esa orden, pese al archivo
de las actuaciones, los funcionarios del cementerio hicieron bien. Lo
dejaron precisamente donde se había localizado, que creo recordar que era
en el antiguo refrigerador, en el antiguo cuarto donde se practicaban las
autopsias dentro del depósito. Esa orden judicial no llegó nunca y,
consiguientemente, no se pudo realizar el entierro.

También se ha comentado por varios Diputados, y ahí sí tendría que tratar
de convencerles, de que no me parece la fórmula más adecuada hablar del
coronel Rodríguez Galindo o de Inchaurrondo como entidad, vinculándolo a
una investigación concreta sobre crímenes tan horribles. No puedo estar
de acuerdo. Comprendo que es su sensibilidad, pero no la mía ni la del
Gobierno. Respeto la suya, pero no es la del Gobierno.

Del mismo modo, cuando se habla de Inchaurrondo, por lo menos en el
ejercicio de buena voluntad que le atribuyo, se debería hablar también de
los servicios de Inchaurrondo contra la actividad terrorista. La
diferencia es que en el caso de la actividad antiterrorista está
plenamente comprobado que han realizado servicios impagables frente al
terrorismo. Me refiero a Inchaurrondo, ya que ha mencionado la
institución en su conjunto. Servicios que están ahí, en la hoja de
servicios de todos los que a lo largo de los años han pasado por ese
cuartel. El trabajo que ha realizado la Guardia Civil en todo el servicio
de información antiterrorista es un trabajo excelente, que debe merecer
el agradecimiento de todos, también de los nacionalistas, señoría. De
todos, porque realmente han tenido un papel decisivo y crucial en la
lucha contra el terrorismo, lo cual es perfectamente compatible con que
nadie tiene excepciones en un Estado de derecho y que, por tanto, nadie
tiene bula para ser investigado por cualquier actividad. Eso es evidente,
nadie, ni Rodríguez Galindo ni nadie en un Estado de derecho. Lo único
que no puede ser investigado lo dice la Constitución, pero no voy a
entrar en ese tema. Todo el resto de ciudadanos pueden y deben ser
investigados frente a presuntas actividades delictivas.

Eso, sin embargo, creo, no permite hacer olvidar el trabajo global de la
Guardia Civil, y de Inchaurrondo en particular, en la lucha contra el
terrorismo, y hace, en mi opinión, completamente inadecuado vincular su
nombre a semejantes crímenes, cuando no tenemos ningún dato que permita
afirmarlo. No, señoría, en mi opinión es muy claro que sin pruebas no se
pueden decir esas cosas. Usted cree que sí y cree representar, y seguro
que lo hace --no discuto porque no creo, además, que en esta materia sea
conveniente entrar en la confrontación o en la polémica--, una
sensibilidad; yo le expreso la mía en nombre del Gobierno. Y mi
sensibilidad en nombre del Gobierno es que no se pueden lanzar
acusaciones o vincular Rodríguez Galindo o Inchaurrondo o --eso no lo ha
dicho S. S., pero otros sí que lo han hecho-- la Guardia Civil a una
investigación de esta naturaleza. Habrá, lógicamente, que mantener una
actitud de espera, esperar a que la Policía, la Guardia Civil hagan su
trabajo, los jueces hagan su trabajo y quien sea responsable responderá,
sea quien sea, sin ninguna limitación, pero no me parece oportuno, cuando
hablamos de Lasa y Zabala, vincular el tema en su discurso a Rodríguez
Galindo e Inchaurrondo, no me lo parece.

Si no ha sido ésa su intención, me alegro, señoría, pero ésa es la
sensibilidad que he recibido. Me daba la impresión



Página 14777



de que opinaba que en su concepción los temas podían tener vinculación.

Si no tenían vinculación preferiría un debate en otro campo hablando
sobre el papel de la Guardia Civil en el País Vasco y sobre cuáles son
sus funciones. Podríamos organizar ese debate en cualquier momento.

Quizás el marco más adecuado sea, como algún otro Diputado ha dicho, los
pactos de Ajuria Enea y Madrid. Si realmente tuviéramos que discutir
sobre cuál debe ser el papel de las distintas fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado creo que, por razones obvias, debería ser en el
marco de una discusión en el Pacto de Madrid o en el Pacto de Ajuria
Enea, más que en el marco de una discusión abierta en la Comisión de
Justicia e Interior. Ese es mi punto de vista, pero, en cualquier caso,
si fuera otro el de S. S. podríamos también verificar esa discusión en
otro marco.

No debe haber ninguna duda de que esto que me parece de estricta justicia
es perfectamente compatible con que no existirá nunca el menor límite ni
condicionante de ningún tipo a la investigación cualesquiera que
resultaran las personas sospechosas, Rodríguez Galindo o cualquiera. Me
gustaría que esto no se malentendiera; no existe ningún límite, insisto,
en la investigación y quien haya sido responsable de estos hechos debe
pagarlos porque lo necesita el Estado de Derecho y creo que en eso
estamos de acuerdo todos los Grupos, sin excepción, de la Cámara. Por
tanto, no hay ninguna limitación a la investigación.

El señor Romero, de Izquierda Unida, también ha hecho una serie de
preguntas. Algunas de ellas de nuevo podrán ser contestadas, otras forman
parte, como decía antes, del contenido material de la investigación. ¿Con
qué apoyo se gestó? Forma parte, evidentemente, del contenido de la
investigación. Eso se trata de averiguar, precisamente para eso está el
sumario abierto. ¿Quién lo ordenó? Lo mismo. ¿Cómo se financió? Esos son
elementos esenciales de la investigación material misma. En el momento en
que esos datos los tengamos serán puestos a disposición de la autoridad
judicial y, evidentemente, si logramos eso habremos logrado el éxito que
todos deseamos en cuanto al resultado de la investigación. En este
momento, evidentemente, esos datos no existen.

Ha hecho una referencia que la verdad es que no he podido saber a qué se
refería o no conozco esas declaraciones. Me ha parecido que comentaba que
alguien dijo que habían entrado en España con personas inmunes. La verdad
es que lo desconozco. Le agradecería que en réplica me indicara a qué se
refiere porque no conozco esas declaraciones.

Por otro lado, respecto a los hechos de Tolosa, también he visto esa
afirmación en medios de comunicación. Creo que ésta es una buena ocasión
para desmentirlo, y también contesto a la pregunta de otros Diputados,
porque es realmente no conocer cómo funcionan los servicios
antiterroristas pensar que una operación de esa naturaleza se realiza,
tenga mayor o menor éxito, como consecuencia de una información
procedente de días, porque, en definitiva, la operación de Tolosa se hizo
en enero. No hay una sola operación antiterrorista, señoría, que no
cueste meses y meses de investigación, antes de empezarla, salga bien,
mal o regular. Sobre los hechos de Tolosa, evidentemente, hubo una
investigación, pero en este momento me parece que no es objeto de la
comparecencia central. Lo que le digo es el dato puramente objetivo de
que es imposible que una operación antiterrorista se planifique en
términos de días; desde que se tienen las primeras informaciones hasta
que realmente se ejecuta, en todas las operaciones pasan meses y meses.

Eso como una observación de tipo general que hace poco verosímil el
planteamiento que se ha publicado en ese sentido.

Por otro lado, habría que ver --y de hecho aquí las tengo-- el conjunto
de detenciones realizadas por la Guardia Civil en ese período de tiempo.

No es que se realizara una operación, se realizaron decenas de
operaciones como consecuencia, desgraciadamente, de que también había
decenas de atentados, porque ese bienio al que usted se refiere también
fue un bienio negro de víctimas del terrorismo, como sabe su S. S.

perfectamente. Por tanto, no creo que sea posible --por lo menos ésa es
mi opinión-- vincular un dato al otro dato.

Ha hecho el señor Romero alguna otra pregunta sobre la OAS y la
infraestructura del fascismo en la zona de Levante. Sin duda es uno de
los elementos que debe ser tenido en cuenta, y lo es, en la
investigación, entre otras cosas porque en algún asunto del GAL, juzgados
incluso fuera de este país, como S. S. sabe, han resultado participar o,
al menos, hay indicios razonables de que participaran personas de esa
procedencia. Por tanto, sin duda también será objeto de investigación.

También ha hecho algunas preguntas --algunas se han repetido a lo largo
de las intervenciones-- de por qué se concibe un grupo mixto de
investigación con participación de la Policía y la Guardia Civil; repito
que no lo ha preguntado solamente su señoría. Fundamentalmente, porque a
las autoridades actuales del Ministerio de Justicia e Interior nos parece
sumamente importante el funcionamiento de grupos mixtos siempre que el
tema tiene trascendencia. Para nosotros, una de las formas de facilitar
la coordinación entre Policía, Cuerpo Nacional y Guardia Civil es crear
grupos mixtos, y de hecho los hemos creado en otras ocasiones, siempre
que el tema tenía suficiente trascendencia. El hecho en este caso de
atribuirlo al Comisario General de Policía Judicial y al General es
simplemente dejar claro el nivel máximo que queremos en la investigación
para que tengan a su disposición la posibilidad inmediata de utilizar
cuantos medios personales y materiales tienen las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad; fijar personas como coordinadores de ese nivel jerárquico
garantiza fluidez y facilidad en la utilización de todos los medios y
recursos humanos y materiales de que dispone el Ministerio al servicio de
esa investigación, y el hecho de que los coordine a su vez la Secretaría
de Estado de Interior tiene como finalidad darle el rango político que
creemos que debe tener esta investigación y garantizar, efectivamente,
también esa coordinación.

En un momento determinado también ha hecho una referencia al tema --lo ha
hecho más de un Diputado-- de la decisión del juez --me ha parecido que
se refería a la del Juez de Alicante de archivarlo en su día; creo que
hablaba de 1985--; otros diputados han hecho referencia a la actuación



Página 14778



de los fiscales en el tema competencial. Con carácter general diría que,
evidentemente, en mi opinión, el juez, con los datos que tenía, adoptó la
decisión correcta en 1985, que era archivar. Esa es mi opinión. En todo
caso, es obvio que eso no me corresponde valorarlo, sino al Consejo
General del Poder Judicial. Yo no he apreciado ningún elemento que me
permita poder haber actuado en el sentido de enviar un testimonio, por
ejemplo, al Consejo General del Poder Judicial. Si yo hubiera percibido
cualquier indicio en ese sentido, podría y tendría legitimidad para haber
enviado esas actuaciones al Consejo General. Personalmente no he visto
esos indicios, me parece que era el comportamiento normal a la vista de
los datos que había en la primera autopsia y, en consecuencia, no he
actuado en ese sentido; sin perjuicio de que la iniciativa, sin duda, y
la competencia para adoptar una u otra decisión correspondería no al
Ministro, sino al Consejo General del Poder Judicial.

Con carácter general, porque usted ha preguntado sobre el fax del Fiscal
General del Estado, pero otros diputados han comentado también el tema de
la posible diferencia de criterios entre jueces y fiscales sobre el tema
competencial, diré que hay algún supuesto todavía bastante más
complicado; hay algún supuesto en el que son cuatro órganos
jurisdiccionales los que llevan al mismo tiempo la misma materia; por
ejemplo, las circunstancias relacionadas con la detención del señor
Roldán. En ese caso hay tres órganos judiciales y, además, el Supremo,
todos viendo la misma materia. Desde luego, en ese caso no se me ha
ocurrido como Ministro dar instrucciones de ningún tipo al Fiscal General
del Estado, porque yo no soy partidario de dar instrucciones sobre temas
concretos a la Fiscalía General del Estado; creo que no procede. Mi
interpretación del Estatuto es que no procede, salvo en una modalidad muy
concreta, que es estimular la acción de la justicia, es decir, por
ejemplo, lo que hemos hecho recientemente cuando tuvimos datos sobre
posible pertenencia de determinados ciudadanos a KAS o en temas concretos
relacionados con actuaciones o conductas que nos parecían apologéticas.

En ese caso, la única actuación del Ministerio ha sido trasladar ese
material al Fiscal General del Estado para que ejercite, en su caso, las
acciones penales que estime pertinentes. A eso se ha reducido, además,
claro está, de las instrucciones de carácter general de política
criminal; es decir, la prioridad en la lucha contra la corrupción, la
prioridad en la lucha antiterrorista, etcétera. Nunca he dado
instrucciones para que la Fiscalía adopte un criterio en materia de
competencia; nunca la he dado. Es sostenible que se pueda dar; mi opinión
es que no. Mi opinión es que el Fiscal General del Estado debe tener
autonomía suficiente para adoptar en cada momento la decisión que
considere procedente. Ha considerado que debía ser competencia de la
Audiencia Nacional. A mí me parece bien y razonable, pero me lo parece «a
posteriori». Me parece bien y razonable puesto que para el Ministerio de
Justicia e Interior el problema no es qué juez instruye unas actuaciones;
el problema es que lo haga bien y eso se garantiza «a priori» igual
cualquiera que sea el órgano judicial que lleva la instrucción. No
creemos que haya jueces «ab initio» mejores o peores; en el Estado de
derecho se garantiza la actuación a través de cualquier juez. Por tanto,
es un tema que no nos parece central, aunque sí nos parece conveniente
que se unifique. Me alegraría que se unificara, pero es evidente que el
juez de Alicante puede opinar lo contrario. De momento no tenemos más que
un fiscal que ha pedido que se inhiba a favor de la Audiencia Nacional.

Es evidente que la autoridad judicial --en este caso la de Alicante--
podrá adoptar el criterio que tenga por conveniente y frente a ello
únicamente cabrían los correspondientes recursos, que el Fiscal General
del Estado, es de suponer que por coherencia con su criterio,
interpondría. En definitiva, que los jueces discutan sobre su competencia
es perfectamente legítimo y para eso están los mecanismos de cuestiones
de competencia y aquellos otros que garantizan que finalmente se decida
cuál es el juez competente.

No creo yo que sea conveniente que el Ministro de Justicia e Interior
entre en ese tipo de consideraciones, aunque se entendiera que forma
parte de sus competencias de acuerdo con el Estatuto del Ministerio
Fiscal. Yo he considerado siempre más prudente interpretarlo en un
sentido distinto: que para un caso concreto, para una acción singular, el
único tipo de intervención razonable del Ministro es estimular el
ejercicio de la acción, pero no participar en procesos concretos de
discusión competencial o cualquier tema litigioso. Es decir, que nuestra
intervención se ha limitado a intentar solicitar. A veces nos hace caso y
a veces no, porque ya saben SS. SS. que convoca la Junta de Fiscales y en
ocasiones ha dado la razón a la petición del Ministerio y a veces no. En
definitiva, nuestro trabajo creemos que se debe reducir a eso y no
instarle a que unifique o que tenga uno u otro criterio en materia
competencial.

¿Qué es importante para la investigación? El secreto. En ese sentido, la
actuación de don Carlos Bueren es muy positiva desde un punto de vista
policial, porque permite seguir unas líneas de investigación sin el
riesgo que hasta ahora ha existido de filtraciones, se atribuyeran o no a
fuentes del Ministerio de Interior. Lo desgraciado es que han salido
demasiadas noticias y demasiado contradictorias. Yo estoy convencido de
que a partir de la declaración de secreto sumarial eso se va a impedir,
entre otras cosas porque hay una autoridad judicial que garantizará el
secreto de las actuaciones. En cualquier caso, si se produjeran
filtraciones de cualquier tipo, reitero mi compromiso de desmentir de
manera inmediata, con mayor o menor éxito, que no son fuentes del
Ministerio de Justicia e Interior.

Efectivamente, la línea de Francia se está siguiendo. No le voy a
concretar más. Como es natural, la primera investigación que hubo, al ser
en territorio francés, fue en el juzgado de Bayona, donde el juez siguió
unas actuaciones. Por descontado que existe cooperación tanto en el plano
policial como en el judicial.

Respecto a la intervención del representante del Grupo Vasco (PNV), creo
que he contestado ya la mayoría de las cuestiones al hilo de otras
preguntas, porque, como es natural, se van repitiendo de manera general.

En relación al tema central de las filtraciones producidas,
afortunadamente, no son peligrosas para el éxito de la



Página 14779



investigación porque precisamente, como no procedían del Ministerio del
Interior, no han revelado ningún dato relevante. Lo preocupante sería que
procedieran del Ministerio del Interior, porque entonces serían buenas
las noticias. No es así. Los datos esenciales que sí forman parte de la
investigación no han experimentado filtraciones. Considero datos
esenciales a aquellos que proceden del propio equipo de investigación,
los datos que, lógicamente, sólo comunican con la autoridad judicial.

Aprovecho para decir en ese marco que esa comisión desde el momento en
que un juez asume la competencia pasa a ser policía judicial y de hecho
ya es así. El comisario general de policía judicial y el General Fuentes
ya han despachado con el Juez de la Audiencia Nacional para ponerse,
lógicamente, a su disposición. Cuando ha entrado un juez, una
investigación interna se convierte inmediatamente en una investigación
judicial y todos los datos que vayan acumulando los pondrán a disposición
del juez que finalmente resulte competente, que --insisto--, parece ser,
si no opina otra cosa la juez de Alicante, será la Audiencia Nacional.

Plantea S. S. la Comisión de secretos oficiales. No descarto que el día
que existieran no conjeturas sino indicios racionales de criminalidad se
nos va a plantear una situación compleja en términos jurídicos que será
la compatibilidad de comparecencia en comisión de secretos oficiales con
el secreto sumarial. No es un tema sencillo ni está suficientemente
resuelto. Desde mi punto de vista me atendré a lo que decida el propio
Congreso, que es el órgano en que reside la soberanía de los ciudadanos.

El tema puede ser un poco complicado; es ciertamente apuntar las pruebas
en ese marco si la autoridad judicial entiende que todavía están
protegidas por el secreto sumarial, pero, en fin, es un problema que en
este momento no he planteado, simplemente porque no existen pruebas,
indicios racionales suficientes --pruebas sólo lo pueden decir los
tribunales-- como para poder decir que tenemos ya bien encauzada la
investigación.

Sí estoy de acuerdo con otras intervenciones que han dicho que, pese a
los años transcurridos, claro que es posible lograr resultados. Así lo
creemos sinceramente, así lo creemos en el Ministerio y, desde luego, el
equipo mixto de investigación tiene confianza en llegar a lograr
resultados pese al tiempo transcurrido. Evidentemente, ni nos pusimos el
plazo de diez días --obedece a una interpretación equivocada de las
palabras de la Secretaria de Estado de Interior-- ni desgraciadamente
estos temas tienen plazos por definición. Lo que sí existe es una
clarísima voluntad --voluntad política y voluntad profesional-- de
lograrlo por parte de quienes han asumido esa investigación. Para eso
precisamente se ha elevado el nivel de los responsables de la
investigación y para eso, sobre todo, están a su disposición cuantos
medios requieran quienes la llevan y quienes tienen la responsabilidad
profesional de encontrar esos resultados.

Sobre el tema de Intxaurrondo no voy a insistir más porque no me parece
necesario. Ya he atendido la sensibilidad que S. S. expresa y he
manifestado la sensibilidad del Gobierno sobre ese tema.

Simplemente hay una frase que me gustaría matizar: para los violentos no
sirve nada. Yo, con toda sinceridad, no creo que cuando el Estado de
derecho demuestra día a día su legitimidad sirva en absoluto para los
terroristas. Es igual. Con o sin resultados, los terroristas tienen su
propia lógica y difícilmente aprenden del Estado de derecho. No lo creo,
en absoluto. Como mucho es un elemento propagandístico que, sin duda, se
utiliza dentro de un marco más general de lucha política, pero nada más
que eso. Es por nuestra propia convicción de demócratas, por nuestra
propia concepción del Estado de derecho, por los ciudadanos decentes a
quienes representamos, a quienes representa la Cámara y también, aunque
sea indirectamente, los miembros del Gobierno, es por eso por lo que hay
que obtener resultados, no por consideraciones de que eso pueda convencer
de nada a los violentos, porque cuando los datos no existen, es igual,
los fabrican o los inventan y en su discurso ese tema tiene en mi opinión
escasa relevancia. Otra cosa es que pueda tenerla --y supongo que S. S.

se refería a eso-- en el ámbito de los votantes de opciones nacionalistas
radicales. Eso es probable que sí, no los terroristas sino quienes por
diversos motivos, muy difíciles de analizar y que S. S. conoce
seguramente mejor que yo, terminan votando a una opción como Herri
Batasuna que, en definitiva, es el brazo político de una organización
terrorista. En el marco de ese electorado, efectivamente, puede tener
incidencia que se tenga una decidida política de investigar a fondo
cualquier hecho que vulnere el Estado de derecho; pero la razón
fundamental --insisto-- es la propia dignidad del sistema democrático más
que consideraciones tácticas de uno u otro tipo.

Cuando el señor Trillo-Figueroa ha empezado a hablar pensaba que iba a ir
a la confrontación política. Después he comprendido que no, que no era
más que un recordatorio y, por tanto, como no ha elegido el terreno de la
confrontación, no le voy a contestar tampoco en ese terreno sino intentar
aclarar algunos de los temas que ha planteado.

Respecto al hecho de que no ha sido informativa, señoría, usted sabe que
ha sido todo lo informativa que podía ser, ni más ni menos. En
definitiva, se han dado todos los datos que no perjudican a la
investigación sumarial, no se podía dar ni uno más, y todos los que se
podían dar se han dado. Por tanto --y así lo dije con carácter previo--,
yo creo que se trataba de un acto en el que se debían afirmar y expresar
de manera clara y rotunda compromisos políticos y posición política. Yo
creo que en ese sentido la comparecencia está cumpliendo ese objetivo;
desde el punto de vista del Ministerio por lo menos así es.

Ha hablado de 300 millones de fondos reservados que atribuye la prensa
local. Sinceramente no sé quién ha dicho eso. Si lo que quiere decir es
que para una operación de este tipo si hace falta se emplearan fondos
reservados, pues ¡claro! ¿Para qué están si no los fondos reservados?
Para operaciones de calado que en un momento determinado hagan necesaria
la utilización de ese mecanismo, pero desde luego estoy convencido de que
ninguna persona con responsabilidad en el Ministerio ha podido hablar de
si era esa cantidad u otra, entre otras cosas, porque de estos temas no
se habla más que en el marco general en el que, si



Página 14780



hace falta emplear fondos reservados, también se emplearán, como se
emplean, en general, en la lucha contra el terrorismo. Evidentemente si
como parece probable esto fue realizado por el GAL es una actividad
terrorista, para cuya investigación --aunque en este caso GAL ya no
exista-- puede ser necesario el uso de fondos reservados. Si ése fuere el
mecanismo necesario, no dudaría en autorizarlos y en dar cuenta
seguidamente a la Comisión de Fondos Reservados que entrará en
funcionamiento dentro de pocos días; creo que ya ha sido publicado en el
«Boletín de las Cortes».

Por otro lado, ha planteado el tema de la juez de Alicante y del juez de
la Audiencia Nacional. Yo creo que en relación con este tema he dicho
todo lo que podía decir. A nosotros «a priori» nos es indiferente qué
autoridad judicial lleve la investigación. Sí es útil que se concentre la
competencia, eso sin ninguna duda. Estoy convencido de que si finalmente
queda en manos del Juez Bueren, las cosas se harán bien y estoy
convencido también de que si se hubieran quedado en manos de la juez de
Alicante también se habrían hecho bien. Yo creo que merecen la misma
presunción de respeto todos los jueces y todos los órganos judiciales,
mientras no se demuestre lo contrario.

Respecto de las declaraciones del Delegado del Gobierno, ha sido
comentado por otros diputados, pero no he contestado hasta este momento,
y aprovecho el turno para contestar a S. S. Es evidente que entre las
opciones que una investigación tiene en marcha, se está obligado a
tenerlas en cuenta todas, pese a lo cual mi opinión es la que he
expresado reiteradamente. Creo que la más probable es que sea una acción
del GAL. Así lo ven también la Fiscalía y ése es el planteamiento de la
Policía; la Policía piensa que es el GAL. ¿Qué valor tiene eso? Los
profesionales que investigan creen que ésa es la hipótesis más probable,
lo cual no significa que no investiguen también otras hipótesis, pero a
la altura actual de la investigación ésa parece la hipótesis más
probable. A lo largo de la investigación quedará clarificada y el hecho
de que lo lleve la Audiencia Nacional no genera, en ningún caso, aspecto
negativo, porque si en un momento determinado se demostrara que era otra
la etiología, las actuaciones realizadas en la Audiencia Nacional serían
igualmente válidas, igualmente útiles y, por tanto, no se generaría
ninguna disfunción para el conjunto de la administración de justicia ni
tampoco para el conjunto de la investigación.

Respecto de los seis hechos que S. S. mencionaba he de decirle que,
efectivamente, el secuestro en Francia se investigó en Francia, como es
natural y se hicieron diligencias y actuaciones judiciales en Bayona,
Francia. Yo desconozco --eso no lo sé-- si como suele ser habitual habría
contactos verbales entre autoridades francesas y españolas a nivel
policial o incluso a nivel de responsables políticos. Lo desconozco
porque es evidente que la investigación como tal se inicia en Francia,
que es el lugar competente. Lo normal, lo que se debe suponer es que
fuera así. De hecho cuando en Francia ocurre algún suceso relacionado con
el terrorismo, nosotros siempre mantenemos contactos bilaterales con las
autoridades francesas a los diversos niveles --policial y político--, de
mayor o menor rango, según la importancia, mayor o menor, del tema
concreto de que se trate, pero no le puedo aclarar más a ese respecto.

A la segunda cuestión que ha planteado creo que ya le he contestado. Está
claro que habrá que investigar el conjunto de lo ocurrido desde Bayona
hasta Alicante y que eso, además, razonablemente permite concluir que
quien lo realizó tuvo que ser un grupo --banda ha dicho S. S.-- con
cierta base organizativa, en otro caso no es imaginable, en definitiva,
todo ese proceso. Esa es una de las razones básicas por las que
policialmente se piensa que lo más probable es que sea precisamente el
GAL.

Ha planteado después el tema de las torturas. Ahí quizás ha sido
demasiado rotundo. Primero lo ha incluido en hechos y después ha mejorado
la fórmula hablando de presuntas torturas; eso segundo sería más preciso.

Las torturas parecían evidentes, como he dicho, en el primer momento
cuando se hablaba de las uñas arrancadas. En ese momento el dictamen
forense decía expresamente que había habido torturas. En este momento lo
que dice el dictamen forense es que esas uñas no fueran arrancadas sino
que se desprendieron por efectos naturales o de la propia cal viva aunque
deja abierta la posibilidad, precisamente por lo que S. S. ha dicho, por
la presencia de apósitos y vendas, de que además hubiera torturas. El
único matiz es que en este primer caso se afirmaba con rotundidad y en
este segundo dictamen se apunta como una posibilidad. El resto de los
elementos de hecho que ha dicho S. S. son evidentes y, por tanto, en
torno a ellos debe realizarse la investigación.

Respecto al tema de la inactividad yo he tratado de exponer cómo han
venido los hechos y del mismo modo que he dicho que, en mi opinión, el
juez cuando archivó este sumario actuó de una manera razonable conforme a
las reglas de su oficio, pienso lo mismo respecto de la Guardia Civil de
Alicante cuando se enfrentó a estos hechos. Lo pienso así sinceramente y
así quiero transmitírselo a S. S. ¿Por qué? Porque realmente los datos
que se habían obtenido no coincidían en datación ni en edades con los
datos de los hechos de Lasa y Zabala en cuanto a la fecha de ocurrencia
ni en cuanto a las edades de las víctimas. A partir de ahí que no se
produjera el enlace era razonable. Piense S. S. que todas las centrales
de personas desaparecidas funcionan con los datos forenses; es decir, que
en la central de personas desaparecidas se identifican los cadáveres con
los datos que surgen de la propia autopsia y esos datos son los que se
transmiten, en el caso de la Guardia Civil, a la totalidad de
comandancias. Realmente los datos que salían del primer dictamen forense
no era fácil, en modo alguno, conectarlos con las personalidades de Lasa
y Zabala. Eso se ha logrado desgraciadamente mucho tiempo después, aunque
agradezco las intervenciones de quienes han recordado que fue un servicio
policial quien permitió iniciar esta investigación.

Creo que en lo esencial le he contestado, si hay algún extremo con mucho
gusto le contestaré. Me queda el tema de la descoordinación. Ya le he
explicado mi punto de vista. Entre fiscales no debe coordinar el
ministerio, los debe coordinar el Fiscal General del Estado y entre
jueces



Página 14781



no debe coordinar nadie, sino que se coordinan a través de los mecanismos
de los recursos legales planteados en materia de competencia. Otra cosa
sería la descoordinación de ese grupo. Creo que indirectamente le he
contestado a su planteamiento. Yo creo que no; yo creo que sí ha habido,
y ya he reconocido numerosísimas noticias atribuidas a fuentes de
Interior que no se corresponden con la realidad. Afortunadamente en el
núcleo de investigaciones de relieve que se están realizando no ha habido
filtraciones. Si las hubiera habido estaría sumamente preocupado. Es
verdad que podríamos haber mantenido una política más intensa de
desmentidos; es posible pero insisto, señoría, en que mi pequeña
experiencia en este terreno me dice que los desmentidos no son noticia y
que no son nunca objeto de tratamiento en los medios de comunicación.

Con relación a la intervención del señor Camp, representante del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), simplemente estoy de acuerdo con el tema
planteado. El tiempo transcurrido convierte el tema en complicado pero no
hace en absoluto, que no tengamos verdaderas esperanzas de llegar a
resultados. Le diría una frase que creo resume nuestra actitud: desde
luego la Policía y la Guardia Civil nunca van a archivar este caso; nunca
lo van a hacer. Cualesquiera que fueran las resoluciones, nuestra
obligación es seguir investigando y eso es lo que vamos a hacer, porque
creemos que es esencial, desde todos los puntos de vista, tanto desde el
que le habla como el conjunto de intervinientes de los grupos
parlamentarios han manifestado. El asunto no se va a archivar
policialmente; se va a seguir investigando.

Ha hecho una mención al señor Amedo que no me parece tenga necesidad de
ser respondida. El señor Amedo supongo que en su día podrá estar, como es
natural, a disposición de los tribunales si consideran que deben tomarle
declaración a este respecto, pero no hay ningún otro elemento más que
tenga que decir. Ha dicho una cosa que efectivamente yo comparto con S.

S. Lo ideal sería que solamente hubiera una segunda comparecencia
precisamente en el momento que policialmente el tema estuviera zanjado,
hubiera una resolución judicial procesando a las personas que deban ser
procesadas y ese día pudiera comparecer ante SS. SS. para decir que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han tenido un éxito. Yo estoy convencido
que lo van a tener; desde luego, el ministerio les va a apoyar
políticamente para que lo logren.

Por lo demás, agradecerle su comprensión respecto a la necesidad obvia de
no revelar datos de la investigación, porque, como decía al principio, es
evidente que si se filtran datos reales de la investigación podríamos
estar haciéndoles un extraordinario favor a los presuntos delincuentes.

Eso es tan evidente que me gustaría se asumiera por todos, como lo ha
hecho S. S. La investigación requiere esa necesaria discreción; si no, la
práctica de pruebas se puede convertir en inútil, en ineficaz.

Otro tanto quiero decir respecto a don Lorenzo Olarte, al que agradezco
la altura de su intervención y su comprensión sobre estos temas. Sobre la
observación general del Pacto de Ajuria Enea y, en definitiva, de la Mesa
de Madrid, prefiero no hacer comentarios fuera del marco de esos pactos
y, por tanto, no voy a hacer ninguna referencia; sólo agradecer su
intervención.

En definitiva, creo que el resultado final, desde el punto de vista de
este ministerio, es la confirmación de que en todo lo esencial las
fuerzas democráticas tenemos, como no puede ser de otro modo, idéntica
sensibilidad, idénticos objetivos e idénticos propósitos.




El señor PRESIDENTE: ¿Desean los grupos utilizar este segundo turno?
(Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Albistur. Brevemente, por
favor.




El señor ALBISTUR MARIN: Solamente decir al comentario que usted ha
hecho, ya que en aquel momento no he podido contestarle, que la primera
solicitud de comparecencia, calificada por la Mesa del Congreso, fue el
24 de marzo y prácticamente 15 días más tarde la siguiente. ¿Por qué se
esperó a la última? ¿Tenía usted el don de adivinación de que iban a
presentarse más solicitudes?



El señor PRESIDENTE: Señor Albistur, le ruego que no entre en debates
sobre cuestiones reglamentarias.




El señor ALBISTUR MARIN: El que ha dicho que no iba a entrar era usted.

Por favor, déjeme contestar a lo que usted ha dicho anteriormente y que
creo tenía derecho a decir. A lo mejor el papel del Presidente de la Mesa
no era el tener...




El señor PRESIDENTE: Señor portavoz, en la reunión de la Mesa con los
portavoces tendrá oportunidad de plantear debates de carácter
reglamentario. Este no es el momento.




El señor ALBISTUR MARIN: Le agradezco que convoque a la Mesa y
portavoces.




El señor PRESIDENTE: Es facultativa, se lo recuerdo, señor portavoz.




El señor ALBISTUR MARIN: ¡Menos mal que no entraba usted en polémicas!
Qué casualidad, señor ministro --esto es lo que tengo que decirle tras
haberle escuchado su réplica--, que el 28 de abril, precisamente cuando
se decreta el secreto del sumario, se decida por la Mesa de la Comisión
de Justicia aceptar su comparecencia en esta Comisión. Es una cuestión
que dejo aquí porque me parece que de alguna forma merece un
esclarecimiento.

De todas formas, no me he quedado satisfecho con su contestación porque
me ha contestado bien a una pregunta, a la primera que hice, pero no me
ha contestado a otras y parcialmente al tema de la pistola y la
comprobación de la pertenencia de la pistola, que creo ha quedado sin
responder.

No me ha contestado a la pregunta final que, a mi modo de ver, era la más
importante. Supongo que no estará dentro de lo que se llama la discreción
de la investigación.




Página 14782



Esta pregunta estaba relacionada con los obstáculos planteados por el
señor Rodríguez Galindo a la investigación realizada por el grupo mixto
que usted ha citado antes (no al mío, naturalmente). Cuando los señores
parlamentarios, sobre todo los vascos, nos referimos al señor Rodríguez
Galindo es porque le ha quitado el papel que en el refrán se atribuía a
la Iglesia: hemos tropezado con el señor Rodríguez Galindo, no hemos
tropezado con la Iglesia. No hay forma de poder seguir adelante y el
miedo que me da a mí es que no se nos puedan contar más cosas de esa
investigación porque precisamente ha topado con el señor Rodríguez
Galindo, ha topado con el cuartel de Intxaurrondo.

Usted hace un canto épico a los servicios de la Guardia Civil, que
incluso los nacionalistas deberíamos reconocer. Quitándole maniqueísmo a
esa falsa frase, se la acepto y reconozco que sí. Yo por lo menos he
reconocido aquí a usted y a otros predecesores en su cargo la eficacia de
la Policía Nacional y de la Guardia Civil en muchos casos, pero no puedo
reconocer la profesionalidad del equipo del señor Galindo cuando miembros
del equipo del señor Galindo han sido detenidos por la propia Guardia
Municipal de Irún intentando robar en un comercio; cuando gran parte de
lo que está sucediendo se debe a la chapuza que ha existido en esos
equipos, y cuando se ha recurrido no a métodos profesionales llevados por
los policías de otros países de la Unión Europea, en situaciones
similares de lucha antiterrorista, sino que se ha recurrido a una
actuación prácticamente de chapuza y cuando yo diría que hasta la calidad
de las personas y la profesión de las mismas está puesta más que en duda.

Por ahí es por donde entran todas nuestras dudas y por donde queda
abierta una gran grieta respecto a la credibilidad de la investigación.

Ese es el tema que cuando usted dice que no se va a parar, quisiéramos se
siga adelante y, además, rogándole que se tenga congelado el ascenso a
cualquier emérito miembro de la Guardia Civil.

Tampoco ha hecho referencia a un tema que para mí es importante, dado que
depende de usted ese funcionario, como es la referencia a la inoportuna y
confusa actuación del Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana.

Creo que, de alguna forma, merecería cierta reprimenda o, por lo menos,
una advertencia en relación a no confundir un tema que debe ser tratado
con absoluta claridad en la opinión pública.

Quisiera también, finalmente, rectificar. Antes he utilizado la palabra
resignación, que mi compañero guipuzcoano José Juan González de Txabarri
me ha recordado. Yo me resigno a los resultados de esta comparecencia de
hoy, pero no a los resultados de la investigación; ni siquiera me resigno
a obtener buenos resultados en una próxima comparecencia suya. No sé si
para una mayoría de la Mesa de Madrid, pero próximamente debe haber
resultados y plantearse un definido objetivo político: aclarar el
secuestro y el asesinato, descubrir la trama y la infraestructura y
descubrir y poner de manifiesto a los responsables.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Don Antonio Romero, portavoz del Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra.




El señor ROMERO RUIZ: Voy a ser muy breve. Formularé algunas repreguntas
y algunas aclaraciones al señor ministro, como indica el Reglamento de la
Cámara.

Hay secreto de sumario decretado para todo; sin embargo, usted habla de
un arma para exculparla, de unas pruebas balísticas que se han realizado
en torno a ella, y depositada en la Audiencia Nacional. El secreto del
sumario existe para datos que confirman una prueba o que la desmienten.

Se trata de un dato que ha surgido y en torno al cual se debe seguir
trabajando con rigor. Las armas iniciadas en la serie 76, eran varias y
sería muy importante ver en ese lote dónde se adquieren y si se
aprehenden al Comando Electrónico más armas que la entregada en la
Audiencia Nacional y que ahora posee un policía en ejercicio. Sería
importante saber si el análisis que se hace por los expertos y
científicos en balística incide y hace un esfuerzo en torno al tipo de
pistolas que empiezan con la serie 76 y terminan en el 107. Sería muy
importante saberlo porque las compras que se hacen y cómo se actúa a
nivel de estos comandatos, tiene una correlación importante.

De todas formas, usted dice que los jueces deben hacer su trabajo. Los
jueces trabajarán con la información que se les facilite por la Policía y
por la Guardia Civil; por eso, la información de la Policía y de la
Guardia Civil es fundamental. El dato que se aprecia y lo que se publicó
en medios de comunicación del País Valenciano fue que hubo declaraciones
en radio y en prensa de personas entendidas en este tema en el sentido de
que habían oído relacionar el tránsito de Irún hacia la zona de Alicante
acompañando a los secuestrados de personas con cierta inmunidad (sólo
existe la inmunidad parlamentaria); se refería a personas acreditadas que
pudieran ser componentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.

En relación con el grupo mixto de Guardia Civil y Policía, ante la
garantía de fluidez y los altos cargos que se han designado para
encabezarlo, lo que se planteaba por mi parte era por qué trabajan por
separado, si es un grupo mixto formado y dirigido por la señora
Secretaria de Estado y encabezado por altísimos responsables de la
Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía.

Una pregunta clave que aquí no se ha despejado es si todos los datos
esenciales se han enviado a Alicante o han quedado algunos datos en el
Ministerio en espera de su «confirmación» --entre comillas--, porque está
claro que los datos que la jueza ha manejado para tomar ahora la decisión
de archivar o no, de inhibirse a favor de la Audiencia Nacional, confirma
varias hipótesis, entre las que no descarta ninguna, aunque aquí se han
hecho algunas confirmaciones muy importantes. No se puede hablar de
filtraciones sin hablar del Delegado de su Gobierno y de su Ministerio en
Valencia, que no es una filtración, que es una conclusión y una
declaración política.

Usted ha reconocido aquí de manera clara y ha lanzado algunos mensajes.

Yo creo que ha lanzado tres mensajes en la mañana de hoy. El primero.

Usted reconoce que su hipótesis, la del Fiscal General, la de la Policía
y la de la Guardia Civil, es que Lasa y Zabala, han sido secuestrados y
asesinados por el GAL. Usted ha dicho, en un segundo



Página 14783



mensaje, que la investigación no tiene límites ante ningún mando o
acuartelamiento y que ninguna persona será un obstáculo. Usted ha dado un
tercer mensaje diciendo que la Policía y la Guardia Civil no van a
archivar este caso. Esos han sido los tres mensajes esenciales que usted
ha dado.

Permítame le diga, en nombre de mi grupo parlamentario, que nosotros
consideramos es un compromiso político el que usted adquiere aquí hoy,
que es una opinión política, pero que no ha dado ninguna información
sobre la marcha de las investigaciones amparándose en el secreto del
sumario que viene a colación con un chiste muy antiguo, donde un
ciudadano decía: en mi casa las decisiones normales las adopta mi mujer y
las importantes yo, pero llevo 20 años casado y no ha pasado nunca nada
importante en mi casa. (Risas.) Es decir, usted dice: doy la información
que puedo pero lo importante está en el secreto del sumario y, como no
hablo del secreto del sumario, ustedes no conocerán lo importante.

En este caso, ante la gravedad de este hecho y la importancia dramática
de lo que nos ocupa, se trata de conseguir no sólo la credibilidad
política y esos tres compromisos solemnes que usted adquiere aquí hoy,
como los adquirió el día que contestó a la pregunta oral que yo formulé
en el Pleno o las adquirió cuando decidió crear una comisión mixta para
llegar al fondo de este tema. El problema está en el tiempo, y el
problema no es que vayamos a quitar argumentos a los terroristas, a los
violentos; el problema consiste en que es un deber y una asignatura
pendiente del Estado de derecho y un argumento en torno a la base social,
que respalda sin hacerse interrogaciones de carácter intelectual
diciendo: todo vale, el terrorismo de Estado o la guerra sucia contra el
terrorismo de la banda ETA. En ese terreno, su comparecencia no ha sido
satisfactoria para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; ha sido
francamente insatisfactoria. No ha habido un dato nuevo, ha habido una
cronología de lo que ya conocíamos por los medios de comunicación, y
algunos compromisos políticos que usted renueva aquí diciendo que va a
llegar al final. Ya veremos hasta dónde nos conduce todo esto, pero sepa
usted que el tiempo político es un tiempo corto. Usted es aficionado a
emplear, en algún momento de su ministerio, aquello de que su tiempo
político lo administra usted. Este tiempo político lo administra la
democracia española, en torno a este asunto, y lo administramos todos.

Así es que este caso no sólo no se archivará por la Policía y por la
Guardia Civil sino que nosotros, la sociedad española ni la sociedad
vasca, tampoco lo archivaremos, como exigencia y garantía de ganar el
combate contra el terrorismo y contra los asesinos.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Señor González de Txabarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Señor Ministro, en primer lugar,
agradecerle las consideraciones que ha hecho, aunque estimo que en
algunas de las mismas rebasa usted la cortesía parlamentaria a la baja.

Yo, por lo menos, desde mi sensibilidad, así lo siento.

Hablaba usted de filtraciones, pero una de las filtraciones que estos
días se han producido, y usted por ahí habla, es que en el Partido
Nacionalista Vasco, con relación a estos temas, existen distintas
sensibilidades. No sé si le hace falta que el señor Arzallus se
manifieste con relación a estos temas para saber cuál es la posición
oficial del Partido Nacionalista Vasco. Yo le puedo decir y garantizar
que las manifestaciones de este Diputado son las del Partido Nacionalista
Vasco, ni más ni menos. Sabe el señor Aguiriano de memoria que si hablase
este Diputado de lo que piensa en relación a estos temas diría cosas
mucho más graves y mucho más serias, pero no, la experiencia política le
enseña a cada uno, no sé si usted ha llegado hasta ahí, señor ministro,
pero yo reconozco, desde mi trayectoria política, que cuando uno habla en
nombre de un colectivo se ciñe a lo que ese colectivo piensa y a lo que
ese colectivo manifiesta, y así uno procura ajustarse, expresar las
opiniones de un colectivo y a ser su portavoz. Por tanto, tenga usted la
certeza absoluta, señor ministro, de que este diputado le está hablando
en nombre del Partido Nacionalista Vasco. No hace falta que el señor
Arzallus le diga las mismas cosas con otro tipo de recursos o de
registros; en el tono y en el fondo de la intervención se ha manifestado
la postura del Partido Nacionalista Vasco.

Entre las filtraciones también he leído que existen distintas
sensibilidades; que el propio portavoz del grupo parlamentario, señor
Anasagasti, puede tener unas u otras. Lo he leído en filtraciones que
hablan del Ministerio del Interior; las tengo aquí mismo y puedo decirle
en qué periódico figuran y en qué día. No se trata de desmentir, señor
ministro. Los periodistas, que están ahí detrás, saben mejor que nadie
quiénes están detrás de las filtraciones y a este diputado también le
consta. Yo creo que es mejor no mentir la víspera que desmentir al día
siguiente; es decir, no dedicarse a desorientar o a crear laberintos de
investigación. Así, todos andaríamos mejor.

Admito que en aras a los logros de la investigación, nosotros seamos los
más conscientes de las propias reservas y de los propios límites y las
asumamos; este diputado y el Partido Nacionalista Vasco las asume sin
ninguna reserva y las entiende, pero, a la vez, se muestra insatisfecho
de cuál es el transcurso de estos acontecimientos. Ya le he dicho
anteriormente que son cosas que han pasado hace diez años, que son cosas
muy graves y que no es cuestión de sensibilidades, sino de percepciones y
de convicciones morales. Aquí no se funciona como en un juzgado. Se
pretende que el Congreso de los Diputados sea el centro de la actividad
política del país; con esos planteamientos es absolutamente imposible.

Aquí cada uno tiene que cumplir su función y no se trata de calificar las
pruebas, cosa que hacen los juzgados. Nosotros somos políticos, nosotros
tenemos convicciones, representamos a unos ciudadanos, pero yo digo más:
no sólo el Partido Nacionalista Vasco, sino la gran mayoría de los
ciudadanos a los que nosotros representamos, que pueden ser o no del
Partido Nacionalista Vasco, están en consonancia con estas convicciones
morales y estas convicciones son las que hemos querido transmitir aquí.

He intentado hacer una taxonomia de dónde están nuestras preocupaciones.

Yo no voy a insistir en preguntar; usted



Página 14784



las sabe. Ahí están, constan en el «Diario de Sesiones», pero hemos
asumido, señor ministro, nuestra propia responsabilidad al decir dónde
están, para nosotros, las lagunas o los puntos claves. Yo me he librado
muy mucho, señor ministro, de decirme lo que usted tiene que hacer, por
eso hiere mi sensibilidad oírle frases diciendo algo así como que los
nacionalistas debemos agradecer a la Guardia Civil. Esa será labor
nuestra. ¿Le cabe alguna duda? No le he oído ninguna consideración en el
sentido de que todos los demás --Dios sabe quiénes-- debían agradecer a
los nacionalistas democráticos la labor que estamos haciendo durante los
últimos años. Por hablar, podemos hablar de todo.

Le quiero decir, a nivel político, señor ministro, que el criterio de
eficacia no se puede elevar como criterio de moral absoluta. Eso es lo
que le quiero transmitir y, a la vista de los acontecimientos y la
lectura de hechos pasados, está claro el principio práctico de a
cualquier precio, de que se han considerado lícitos todos los medios para
alcanzar objetivos pretendidos. Eso queda suficientemente claro, y ése es
un tema que hay que matizar, y hay que poner en su justo término.

Me he librado muy mucho de hacerle otra serie de consideraciones en las
que me podría haber extendido. ¿Sabe quién era aquí el más eficaz en esos
años? El señor Roldán. La caída de esos comandos desde esta actividad, al
señor Roldán, que se presentaba en esta Comisión... Podemos hablar de
todo, señor ministro. No se trata de herir sensibilidades, sino de poner
las cosas en sus justos términos. Este es un bienio negro de la lucha
antiterrorista, evidentemente, como lo es, por supuesto, de la actividad
de ETA. Es cierto también que en estos parámetros de actividad terrorista
y antiterrorista se produce el pacto de Ajuria Enea, justo en esos mismos
años y al hilo de todos estos acontecimientos. Por eso, es importante
colocar cada pieza del puzzle en su sitio, para que no nos engañemos.

Nosotros no estamos hablando de la Guardia Civil, estamos diciendo que
esta investigación, sin la colaboración de los archivos y de las personas
que en esos años estuvieron en Intxaurrondo, es imposible y es
completamente sesgada. Esa es nuestra convicción. Ahí hay una línea de
investigación abierta. En los medios de comunicación hemos leído que el
coronel Rodríguez Galindo se ha negado. Ese es un dato como los demás. Si
se ha negado, nuestro convencimiento es que es imposible esta
investigación sin trabajar esa rama. Usted ha despachado rápidamente el
tema de la redada en Tolosa. En base a esas mismas informaciones, hubo
atentados en Iparralde en los entornos de Lasa y Zabala, reivindicados
también por el GAL. Y me alegro mucho de que en su segunda intervención
haya citado ya expresamente a los GAL; en la primera, creo que una vez y
de pasada, yo ni se la he oído, pero me han recordado mis compañeros que
sí, que una vez los ha citado.

También es pertinente la investigación del uso de fondos reservados en
relación a todos estos temas; existen ahí unas vías de investigación.

Señor ministro, nosotros hemos tratado de decirle dónde están nuestras
preocupaciones, las preocupaciones del Partido Nacionalista Vasco en
relación a estas cuestiones. Entiendo, señor Ministro, que no puede
dedicarse a sacar tarjeta roja a los periodistas, a los que no le dicen
que lo está haciendo muy bien. La verdad es que desde el Partido
Nacionalista Vasco no sabemos si lo está haciendo bien o mal porque, como
he indicado en mi primera intervención, no sabemos lo que está pasando, y
le digo que asumimos el no saber si es en aras de la investigación y de
los resultados de la misma, pero no pretenda irse usted solo y, después,
que todo el mundo le acompañe si los ha dejado muy atrás en el camino.

Nosotros, señor Ministro, manifestamos nuestra insatisfacción matizada
por las informaciones que hoy hemos recibido, y también manifestamos
nuestra insatisfacción porque no ha recogido el guante de la colaboración
que le hemos lanzado. En mi primera intervención he insistido tres veces
en que ésta es una labor de consenso. El pacto de Ajuria Enea es una
labor de normalización y pacificación del País Vasco --ése es el título
que tiene--, labor, pacto y compromiso con el cual el Partido
Nacionalista Vasco está comprometido sin ningún tipo de fisuras, en el
País Vasco y aquí. Observamos que todas estas cuestiones y las
actividades que se han puesto en marcha desde el Ministerio de Justicia e
Interior pueden ayudar a esclarecer los hechos, como usted ha indicado, y
en eso participamos de su voluntad política, pero entienda cuál es
nuestra posición al respecto al ver que están sucediendo un montón de
cosas, que se están desarrollando una serie de actividades respecto a las
que, siguiendo con el símil futbolístico, nosotros nos sentimos fuera de
juego. Nosotros no somos el árbitro, señor Ministro, pero indicamos que
nos sentimos en fuera de juego. Eso es, a nuestro entender, lo que le
tiene que promover a la reflexión.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Respecto al
señor Albistur, me pide que conteste de manera expresa si el Coronel
Galindo ha puesto cualquier obstáculo a la investigación, diciendo, me
parece, que era la laguna mayor de mi intervención en respuesta a sus
preguntas.

Le voy a decir una cosa que creo que despejará las dudas. La reacción del
señor Galindo fue la de poner a disposición de las autoridades políticas
del Ministerio su suspensión cautelar hasta que se acabara la
investigación, esa fue la reacción del señor Galindo, suspensión que el
Director General de la Guardia Civil no quiso aceptar. Creo que eso
responde con claridad al tema. Es decir, tenía verdadero interés en que
no se pudiera entender la cuestión en el sentido que precisamente se ha
entendido en algún sector de la opinión. En ningún caso ha puesto
obstáculos, repito, como no podría ponerlos, por otro lado, como es
obvio, pero no lo ha hecho. Lo cierto es que en este momento está
haciendo el curso de General en Madrid y, en esta fase de realización del
curso necesario para los que aspiran a ser General, reside
fundamentalmente en Madrid. Con claridad, no ha puesto obstáculos el
señor Rodríguez Galindo, señor Albistur y, lo que es más esencial, no los
puede poner, nadie los puede poner.




Página 14785



Afortunadamente estamos en una situación de Estado de Derecho en la que
el juez, la Policía, las autoridades políticas tienen que asumir su
responsabilidad; todos. Desde luego, como decía el señor Romero, el
trabajo judicial sin el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad poco
puede lograr, aunque puede conseguir algo, pero es básico y decisivo el
apoyo de esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Por tanto, no hay
obstáculos ni podría haberlos en ningún caso.

También ha insistido en el tema del Delegado del Gobierno. Creo que ya he
contestado antes en la réplica de carácter general, pero S. S. cree que
no lo he hecho suficientemente. Yo ya le he dicho --y ésta es la única
matización que le haría al señor Romero-- que la tesis más probable es
que sea GAL; no que sea GAL, sino que la tesis más probable es que sea
GAL. El Delegado del Gobierno en Valencia ha expresado otra tesis
diferente. Mi opinión ya la he dicho y se basa en los elementos que les
he indicado, es decir, la posición de la Policía y de la Guardia Civil,
que creen que ésa es la hipótesis más probable. Evidentemente, quien lo
va a tener que decidir es la autoridad judicial, y lo que va a hacer la
Policía y la Guardia Civil es ayudar a esa investigación con la totalidad
de los medios de que dispone.

Respecto a las fechas, ya he visto que varios Diputados me han hecho una
especie de emplazamiento de aquí a la reunión del Pacto de Madrid, de la
Mesa de Madrid. Pues no les puedo garantizar ninguna fecha, como es
obvio. Sólo les puedo garantizar que el grupo se mantendrá en plena
actividad hasta lograr resultados. Cualquiera que sean las consecuencias
políticas de que no tengamos ese éxito policial, ¡qué le vamos a hacer!,
las asumiremos. Asumiremos las responsabilidades, pero lo que es evidente
es que no se trabaja a fecha fija en descubrir asesinatos; no se trabaja
así. La Policía tiene sus propias exigencias y lo logrará --esperemos--
cuanto antes, pero no se detiene a los asesinos ni se detienen comandos
antiterroristas o comandos terroristas --todos terroristas, en
definitiva-- exclusivamente porque se tenga la voluntad política de que
se produzca ya. Tiene sus ritmos, sus tiempos, y en ese sentido es obvio
que no puedo asumir ningún compromiso temporal. El único compromiso que
he asumido es que no cesará la investigación ni el grupo establecido
hasta el esclarecimiento total de los hechos, pero repito que no puedo
hablar de fechas.

El señor Romero me dice en su intervención --indirectamente ya me he
referido a ella-- que no he dado el resultado de la investigación. Yo
creía que eso ya lo habíamos establecido de alguna manera. No se trata de
ampararse detrás de un secreto sumarial, señoría. Es que es evidente que
cualquier filtración de un dato serio, de un dato real para la
investigación puede producir daños evidentes en esa investigación, puede
simplemente no prosperar como consecuencia de implicar, casi avisar a los
sospechosos de que detrás está la investigación judicial y policial. Eso
no se puede ni se debe hacer en ningún caso.

Por tanto, es evidente que habrá que esperar a que la investigación esté
avanzada hasta que, en definitiva, hayamos cerrado el conjunto de
trabajos que hay que hacer, y entre los cuales, sin ninguna duda, hay que
revisar --ya lo he dicho en mi intervención inicial-- las armas que
actualmente están en la Intervención Central de Armas de la Guardia
Civil. Ya se han examinado todas ellas y se sigue investigando en las que
tiene la Policía y las que en algún caso todavía están en otro tipo de
destinos a disposición de la autoridad judicial. ¡Pues claro que se van a
examinar todas y cada una de las armas como un método normal de
investigación! Pero es que eso no se lo tenemos que enseñar al Comisario
General de Policía Judicial, que se sabe el oficio muchísimo mejor que el
Ministro que les habla y que, en principio, quien no sea un profesional
de la Policía. Esos son métodos normales de investigación, para lo cual
están los policías que nos han parecido más competentes para este tipo de
materias, como son el Comisario General de Policía Judicial y el General
de Información de la Guardia Civil, que son dos profesionales
cualificados que no abandonarán, obviamente, ninguna línea de
investigación que se nos pueda ocurrir aquí a cualquiera de nosotros.

Confiemos en la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La
obligación política --tantas veces me recuerda que tengo responsabilidad
política que ahora se lo quiero decir, señor Romero-- no consiste en
sustituir en su trabajo a los profesionales de la Policía, sino en darles
los medios personales y materiales que requieran y apoyar su
investigación hasta el final. Ese es nuestro trabajo. Estoy convencido de
que cualquier línea de investigación que se nos ocurra a cualquiera de
nosotros ya la está investigando la Policía, como es natural.

Creo simplemente que les debemos dejar trabajar en un clima propicio, en
un clima adecuado, en el que, desde luego, nosotros no colaboremos a la
confusión en cualquier momento. Yo creo que, en ese sentido, esta
comparecencia puede ser positiva.

No hay, por tanto, ningún amparo en el secreto sumarial. Es
imprescindible mantener la discreción de los temas relacionados con la
investigación como único mecanismo para que esa investigación prospere.

Yo creo que es clave que todos entendamos esto; si no, nos perdemos en
observaciones que yo creo que son complementarias.

Respecto de la pistola, cuando esa pistola está descartada, he entendido
que, una vez que se ha publicado en la prensa que esa pistola era la
autora de los disparos (así se habla en términos policiales), como es
falso, tenía la obligación de desmentirlo; nada más. Si ese dato fuera en
sentido contrario, es evidente que no lo hubiera proporcionado. Pero
cuando se publica una noticia que no es cierta, y que se ha contrastado
que no es cierta, me parece mi obligación rectificarla, y lo he hecho en
este marco porque S. S. se ha interesado en particular por ese tema. Pero
es evidente que vamos a investigar, que va a investigar la Policía y la
Guardia Civil todas las armas sospechosas, en el sentido de armas
catalogadas, registradas o depositadas en cualquier servicio de la
Guardia Civil o de la Policía, para intentar conectar con un autor, entre
otras cosas porque es uno de los métodos casi burocráticos de una
investigación policial. Eso es lo primero que se hace en cualquier caso;
pues aquí también.

Por tanto, los compromisos que S. S., señor Romero, ha dicho son
exactamente los que asumo en nombre del Gobierno, y voy a intentar
responder a ellos.




Página 14786



Respecto a la intervención del representante del Partido Nacionalista
Vasco, yo seguramente no me habré expresado bien. No he dudado en
absoluto que hablaba S. S. en nombre del PNV, al revés, yo creo que
incluso lo he generalizado más, y estará en el acta: he dicho del
nacionalismo, cosa que a lo mejor a algún otro partido no le parece
particularmente procedente. Pero quiero decir que en ningún momento he
dudado de que usted representaba a su formación política, e incluso creo
que mi frase literal ha sido que entendía su planteamiento desde una
determinada sensibilidad, y creo que he dicho, repito, de manera general,
sensibilidad nacionalista.

Lo que pasa, señoría, es que todos tenemos sensibilidad, todos. Y para el
Gobierno es un tema extraordinariamente sensible, que nos afecta
profundamente, el que se pueda cuestionar globalmente a Intxaurrondo.

Nuestra sensibilidad se siente profundamente herida cuando se hace así.

Porque, señoría, en tema de sensibilidades es evidente que usted me ha
transmitido la suya y yo he tratado de transmitir la del Gobierno. No era
ningún afán de polemizar. Le explicaba que el hecho de que haya habido
conductas deshonorables de miembros de la Guardia Civil que hayan pasado
algún tiempo por Intxaurrondo, eso se ha traducido en que, efectivamente,
ha habido bastantes (no muchos, pero un número) guardias civiles
expulsados de la Guardia Civil. Es decir, cuando un miembro de la Guardia
Civil, aunque haya prestado sus servicios en Intxaurrondo, pero lo preste
donde lo preste, no cumple con las obligaciones de su Estatuto como
guardia civil y realiza actividades deshonorables desde el punto de vista
de la Guardia Civil, es ese propio Cuerpo el que expulsa de su seno a sus
miembros, y lo ha hecho. La circunstancia de que haya habido diversos
guardias civiles expulsados de la Guardia Civil por actividades de ese
tipo a que S. S. se refiere, lo único que indica es que, efectivamente,
hay una preocupación real por depurar esa clase de conductas, y
preocupación desde la Guardia Civil; consiguientemente, desde el conjunto
de la Secretaría de Estado de Interior o desde el Ministerio.

Eso es lo que yo he tratado de reflejar. No pretendía llegar más lejos;
exactamente eso. Le hiere al Gobierno en su sensibilidad el que se pueda
hablar de Intxaurrondo como un conjunto para atribuir, directa o
indirectamente, conductas poco honorables, sin perjuicio de que pueda
haber habido miembros de la Guardia Civil que hayan tenido esas
conductas, como de cualquier estamento y clase social, y también de
Intxaurrondo; de hecho, le reconozco que ha habido guardias civiles
expulsados de allí. Pero de ahí a hablar del «mito Intxaurrondo» hay
mucha diferencia. Y aunque su sensibilidad le produce esa reacción que S.

S. ha expresado, desde el punto de vista del Gobierno, Intxaurrondo es
clave, ha sido clave en la lucha antiterrorista y ha realizado un trabajo
evidentemente valioso.

Si, como en su segunda intervención parece, S. S. lo único que quería
decir es que la eficacia no es el único criterio, le diré que eso es
evidente; no es que lo diga S. S., lo dicen todos los grupos
parlamentarios y lo he oído en todas las intervenciones, y desde luego lo
dice el Ministro en nombre del Gobierno. Por descontado que no caben
atajos, por descontado que no se puede luchar contra el terrorismo a
través de medios o mecanismos ilegales. ¿Qué grupo parlamentario de la
Cámara lo duda? ¿En qué momento de mi intervención en nombre del Gobierno
se puede poner en cuestión semejante principio? Lo que pasa es que no es
un patrimonio de nadie, es un patrimonio de todos los grupos
parlamentarios y, desde luego, del Gobierno. El único método eficaz,
además de ético, es actuar siempre dentro de los márgenes del Estado de
derecho. Y cuando se producen acontecimientos de esta naturaleza, el
Estado de derecho debe reaccionar, investigar y depurar
responsabilidades.

Por otro lado, ha hablado usted de tarjetas rojas. Yo no he pretendido
enseñar tarjetas rojas a nadie, entre otras cosas porque si tuviera que
enseñar tarjetas rojas, como S. S. aludía, a todas las personas que
critican mi función política, no daría abasto. O sea, que realmente
tendría un margen excesivamente amplio para el que no dispongo de tanto
tiempo. Me he limitado a expresar lo que creo que de hecho ocurre: que
las rectificaciones, en la vía de los medios de comunicación, tienen un
tratamiento informativo completamente diferente de la noticia. Eso es así
y no creo que S. S. lo ponga en duda, ni ninguno de los profesionales que
hay aquí. Las rectificaciones ocupan el espacio que ocupan y, desde el
punto de vista de política informativa, yo normalmente no hago
rectificaciones. Esto es lo cierto. No las hago porque, casi siempre, lo
que provocan es poca atención; y si dedican mucha atención, iniciamos una
nueva polémica en función de la rectificación. Esa es mi corta
experiencia política. Su señoría lleva más años en esta profesión, pero
desde luego mi corta experiencia, repito, me dice que rectificar se
traduce a páginas interiores y que, si no se traduce a páginas
interiores, lo que haces es prolongar la polémica. Puede que esté
equivocado y, en ese sentido, estoy dispuesto a revisar los
planteamientos de política informativa, pero ésa es mi impresión. Nada
más.

Por descontado que no pretendía, en absoluto, sacar tarjeta roja, menos
al Grupo que S. S. representa; es todo lo contrario. De manera explícita
he reconocido siempre el papel clave que juega el Partido Nacionalista
Vasco en la lucha contra el terrorismo y que es un elemento
imprescindible para la pacificación y normalización de Euzkadi. Eso lo he
sostenido siempre que he tenido ocasión, en todo momento y sin ninguna
duda, porque lo creo, porque creo que no se puede provocar resultados
eficaces, ni en la lucha contra el terrorismo ni en el terreno de la
pacificación y la normalización, sin el concurso expreso, directo y
explícito del Partido Nacionalista Vasco. Como S. S. me ha invitado a
ello, aprovecho esta réplica para decirlo de manera expresa. Pero del
mismo modo que usted ha notado, señoría, por su sensibilidad, esta
omisión en mi intervención, insisto en que, desde otras sensibilidades,
percibimos también, a veces, omisiones, y es lo que he tratado de poner
de relieve.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Agradezco al señor Ministro la comparecencia que ha
celebrado en esta Comisión.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.