CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 480
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 40
celebrada el martes, 25 de abril de 1995



ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre enajenación de bienes del Patrimonio del Estado colindantes con
el dominio público marítimo-terrestre o emplazados en su zona de
influencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG
serie D, número 175, de 23-12-94. Número de expediente 161/000350).

(Página 14650)
--Sobre reducción de las emisiones de CO2 procedentes del uso de la
energía y de procesos industriales para el año 2005. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 193, de 21-2-95.

Número de expediente 161/000394). (Página 14653)
--Relativa a la construcción de un puente en el kilómetro 470 de la
carretera N-II, Madrid-Barcelona. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG serie D, número 194, de 24-2-95. Número de expediente
161/000401). (Página 14659)
--Sobre participación de España en los proyectos de desarrollo de las
redes transeuropeas de telecomunicaciones, incluidas las de banda ancha
para las transmisiones multimedia, como infraestructuras componentes de
la futura sociedad de la información europea. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 201, de 10-3-95. Número de
expediente 161/000413). (Página 14662)

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--Sobre análisis de las repercusiones nacionales de los resultados de la
reciente consulta realizada por la Comisión de las Comunidades Europeas,
relativa al Libro Verde de las comunicaciones móviles y personales.

Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 201,
de 10-3-95. Número de expediente 161/000414). (Página 14664)
--Relativa al adelanto de los plazos previsibles a nivel comunitario para
la eliminación de restricciones a la utilización de las denominadas
infraestructuras alternativas para el suministro a terceros de servicios
de telecomunicaciones liberalizados. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 201, de 10-3-95. Número de
expediente 161/000417). (Página 14666)



Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.




DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE ENAJENACION DE BIENES DEL PATRIMONIO DEL ESTADO COLINDANTES CON
EL DOMINIO PUBLICO MARITIMO-TERRESTRE O EMPLAZADOS EN SU ZONA DE
INFLUENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000350.)



El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Iniciamos la sesión número 40
de esta Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente. Las proposiciones
no de ley presentadas en el día de hoy, como siempre, van a ser votadas
no antes de la una del mediodía. Por tanto, procedemos al debate
tranquilamente y con la mayor concreción por parte de los ponentes porque
tenemos un orden del día bastante largo.

Pasamos a debatir el primer punto del orden del día, que es la
proposición no de ley sobre la enajenación de bienes del Patrimonio del
Estado colindantes con el dominio público marítimo-terrestre o emplazados
en su zona de influencia.

El autor de esta proposición no de ley es el Grupo Parlamentario Federal
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra, en su nombre,
la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro Grupo presenta esta proposición no de
ley en consonancia con lo acordado en el pleno del Ayuntamiento de
Ciutadella el 11 de noviembre de 1993 en relación con una moción de
Entesa-Esquerra de Menorca, por la que se solicitaba que hubiese una
reversión de estos terrenos y de las construcciones del Cabo Bajolí,
propiedad municipal. Como digo, esta moción fue resuelta de forma
unánime, dando como resultado el siguiente texto: Que el Ayuntamiento de
Ciutadella promueva la adquisición de los terrenos correspondientes al
antiguo semáforo y batería de Bajolí, negociándolo con los organismos
pertinentes para su uso social y recreativo de destino, básicamente para
la juventud.

Aparte de esta resolución del ayuntamiento de Ciutadella, con fecha 8 de
noviembre, la Delegación Provincial de Economía y Hacienda de Baleares le
notifica al Ayuntamiento que, a instancias de un particular, se ha
abierto un expediente de enajenación de este inmueble, que es Patrimonio
del Estado, como ya he dicho.

Señorías, ustedes recordarán que esta Diputada, en representación del
Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, presentó en esta Comisión
dos proposiciones no de ley en relación con los problemas que en la isla
de Menorca se suscitan en cuanto al acceso libre y gratuito a las playas.

Yo misma les di a conocer la problemática que existe acompañada de un
amplio dossier de prensa, y que incluso lleva a que los propietarios
instauren, a nuestro parecer, peajes con un carácter bastante feudal para
el acceso a las playas de Menorca. Si tenemos en cuenta que la Ley de
Costas, en su artículo 17, prevé la posibilidad de afectar al dominio
público marítimo-terrestre los terrenos de patrimonio del Estado
colindantes con dicho dominio público que sean necesarios para su
protección o utilización, y que prohíbe su enajenación en tanto no sea
declarada su necesidad a tales efectos --es más, esta prohibición se
reitera en la disposición transitoria segunda de la ley que la condiciona
también a la actualización del deslinde--, nos daremos cuenta de la
importancia de la proposición no de ley que hoy presentamos.

Ya los distintos grupos del ayuntamiento de Ciutadella se dieron cuenta
de que este enclave podría ser un lugar muy adecuado para su uso público:
albergues juveniles y otros usos recreativos de la ciudad de Ciutadella.

Ahora el ayuntamiento tiene la posibilidad de hacerse con este bien, que
es patrimonio del Estado, para darle este uso público.

Todo el mundo es consciente del valor que tienen los solares y el suelo
rústico en la isla de Menorca y de que es un momento excepcional para que
el ayuntamiento pueda revertir ese bien que es patrimonio del Estado, al
municipio. Pero como quiera que esa situación no se va a dar solamente en
el Cabo Bajolí sino que se puede dar en otras zonas afectadas por el
dominio público marítimo-terrestre, nuestro Grupo va más allá de lo que
es el semáforo marino del Cabo Bajolí. Por eso, en la proposición no de
ley instamos al Gobierno a que suspenda todos los expedientes de



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enajenación de terrenos o bienes del patrimonio del Estado colindantes
con el dominio público marítimo-terrestre o emplazados en su zona de
influencia, entre ellos, el que nos ocupa hoy, el relativo al semáforo
marino de Cabo Bajolí.

Como segundo punto, instamos al Gobierno a elaborar un inventario de los
terrenos o bienes del patrimonio del Estado colindantes con el dominio
público marítimo-terrestre o emplazados en su zona de influencia, en el
que se contemplen las alternativas posibles en cuanto a su titularidad
pública y su utilización, ya sea en los supuestos que antes he mencionado
del artículo 17 de la Ley de Costas, como soporte del derecho de acceder
libremente al mar, o, mediante sucesión, a los ayuntamientos o
comunidades autónomas.

En tercer lugar, a través de esta proposición no de ley se insta al
Gobierno a someter a información pública cualquier proyecto de
enajenación de terrenos o bienes del patrimonio del Estado colindantes
con el dominio público marítimo-terrestre o emplazados en su zona de
influencia.

Señorías, ésta es la proposición no de ley. Hay propiedades que
actualmente son del patrimonio del Estado que son susceptibles de pasar a
los ayuntamientos o a las comunidades autónomas para darles una
utilización y un uso público. Creemos que la propiedad privada está
poniendo trabas para el acceso libre y gratuito a las playas. Estimamos
que todavía hoy la Comunidad Autónoma de Baleares no ha dado solución a
este problema y el año pasado pudimos ver cómo escandalosamente para
acceder a algunas calas de la Isla de Menorca se tenía que pagar una
cantidad de dinero a los propietarios de los terrenos por la entrada de
bicicletas, ciclomotores o coches. Teniendo en cuenta que ese área de
dominio público marítimo-terrestre debe ser respetada y que el acceso
gratuito de los ciudadanos al mar es un derecho constitucional que debe
ser amparado por las administraciones, esperamos, señorías, que acojan
favorablemente esta proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran fijar su posición
con respecto a la proposición no de ley objeto de debate?
Tiene la palabra la señora Cava de Llano, en nombre del Grupo Popular.




La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Adelantamos que nuestro Grupo va a
votar en contra de la proposición no de ley presentada por el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya por varios motivos,
entre los que vamos a destacar tres.

En primer lugar, le llama la atención a mi Grupo el hecho de que el
motivo de la presentación de la proposición no de ley que hoy debatimos
fuera concretamente la iniciación, por parte de la Delegación Provincial
de Economía y Hacienda, de un expediente de enajenación del inmueble
patrimonial del Estado denominado semáforo marino de Cabo Bajolí ubicado
en Ciudadela, Menorca. Efectuamos una serie de averiguaciones para saber
exactamente de qué se trataba y nos encontramos con que el terreno en el
que se halla ubicado el semáforo marino de Cabo Bajolí fue expropiado en
el año 1890 a don Simón de Olivar, propietario en aquella fecha de una
finca rústica denominada Torre del Ram. Dicha finca sigue perteneciendo a
los descendientes de dicho señor, quienes han urbanizado la parte
lindante con el mar y siguen explotando como finca rústica la restante
superficie de la finca.

El motivo de la expropiación forzosa fue por causa de utilidad pública:
la construcción de la estación electrosemafórica de Cabo Bajolí. Cuando
se hizo innecesaria la utilización del citado semáforo sus instalaciones
fueron totalmente abandonadas y de esto hace más de veinte años. El
edificio que allí se construyó no ha sido habitado ni utilizado por nadie
y estaba en el más completo abandono y estado ruinoso.

La situación de la zona expropiada en el centro de la finca rústica y su
pésimo estado de conservación motivó, al parecer, que los propietarios de
los terrenos colindantes iniciaran un expediente de compra de la misma y
que al tratarse, como dice la proposición no de ley, de un inmueble
patrimonial del Estado el terreno estaba integrado en el tráfico jurídico
siendo, por tanto, susceptible de comercio al decaer las reglas que
disciplinan la indisponibilidad de los bienes demaniales. Esta propuesta
de los propietarios mereció la aprobación de la Delegación de Hacienda de
Baleares que, al parecer, también estaba interesada en desprenderse de
dicha finca que, por su escasa superficie --sepan ustedes que son 2.600
metros cuadrados--, por su situación en zona de difícil acceso, porque se
trata de un acantilado, y por su estado ruinoso, fue valorada en la
cantidad de 1.256.900 pesetas, lo que da una idea del escaso interés que
puede tener el semáforo en cuestión.

Habiéndose urbanizado la mayor parte de los terrenos que lindaban con el
mar pertenecientes a esa finca de la que estamos hablando, que se llama
Torre del Ram, el derecho de libre acceso al mar está garantizado en la
zona de costa a la que se puede acceder a través de dicha finca, sin
necesidad de que sea cruzada por los campos de su zona interior, que son
en los que se encuentra el semáforo de Bajolí.

De todo lo anterior se deduce que el expediente iniciado para la
enajenación del semáforo de Bajolí no perjudica el derecho de libre
acceso al que se refería la compañera Diputada de Izquierda Unida, ni
tiene relación alguna con los proyectos que existen en la Isla de Menorca
para la expropiación de caminos privados que conducen al mar sino que,
por el contrario, con la incorporación de la parcela que fue en su día
expropiada lo único que, al parecer, pretenden, tanto los propietarios
como Hacienda, es conseguir una pacífica explotación agrícola y ganadera
que debe coexistir expresamente con la industria turística para el
desarrollo integral de la economía y de la sociedad menorquina.

El segundo motivo de nuestro voto en contra y en el que basamos nuestra
disconformidad con el Grupo proponente es que no nos parece conveniente
la generalización. ¿Por qué? Porque ocurren casos como el que ahora nos
ocupa y nosotros somos partidarios del estudio concreto de cada caso. El
ejemplo más claro lo tenemos en el Cabo Bajolí en el que incluso los
titulares del terreno expropiado en su día podían haber pedido la
reversión, regulada en la ley y en el



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Reglamento de Expropiación Forzosa, aunque parece ser que para facilitar
los trámites se decidieron, junto con Hacienda, por la compra, de lo que
se deduce que sería un error, como se solicita en el punto 1 de la
proposición no de ley, suspender todos los expedientes de enajenación de
terrenos o bienes del patrimonio del Estado colindantes con el dominio
público marítimo-terrestre o emplazados en su zona de influencia.

El tercer y último motivo es porque nosotros consideramos que la Ley de
Costas ya regula minuciosamente el procedimiento a seguir en los casos de
enajenación de los terrenos que son patrimonio del Estado colindantes con
el dominio público marítimo-terrestre o emplazados en su zona de
influencia y establece la prohibición de enajenación si no se cumplen dos
condiciones: una, que esté aprobado el deslinde y, dos, que los terrenos
sean declarados innecesarios para la explotación o utilización del
dominio público. Incluso la famosa sentencia del Tribunal Constitucional
sobre la Ley de Costas refrendó también la primera condición al afirmar
que toda solicitud de inscripción en el Registro de la Propiedad debe ser
declarada en suspenso a fin de evitar alteraciones una vez efectuado el
deslinde.

Al regular, pues, el procedimiento la propia Ley de Costas, no nos parece
oportuno poner más trabas ya que las existentes nos parecen, señorías,
que son suficientes, correctas y adecuadas.

Por todos los motivos expresados, nuestro Grupo votará en contra.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Socialista, don Carlos Dávila.




El señor DAVILA SANCHEZ: Tanto la exposición de motivos como la
intervención de la señora Rivadulla en defensa de esta proposición no de
ley, enmarcan la iniciativa en una preocupación de la que es difícil
sentirse ajeno. Es evidente --lo conocemos, como se ha recordado, por
noticias reiteradas de prensa-- que en el litoral menorquín,
probablemente por la coincidencia de dos circunstancias, una de ellas
objetiva, la propia naturaleza geográfica y geológica de ese litoral, y
la segunda, presumible pero no objetivable de la mentalidad y
características de los propietarios de los terrenos próximos, hay una
serie de conflictos reiterados en los que el derecho de la accesibilidad
al mar está dificultado o, cuando menos --con la expresión utilizada por
la señora Diputada--, sometido a mentalidades medievales de peajes de
tránsito.

Es obvio que ante esa circunstancia, al menos desde el punto de vista de
nuestro Grupo y del mío en particular, es difícil no sentir simpatía por
el contexto en el cual esta iniciativa se propone, porque es una
flagrante contradicción no ya sólo con la propia Ley de Costas, cuyo
artículo 28, como se ha dicho reiteradamente, garantiza el acceso público
y gratuito, es cierto que regulado por las normas de ordenación
territorial y urbana del litoral, sino incluso hasta con la posición
política reiterada y expresada por la propia demarcación de costas de
Baleares de llegar a la expropiación de caminos privados si con ello se
extiende ese derecho generalizado de accesibilidad de todos los españoles
al litoral.

Ese es el contexto en el que esta iniciativa se presenta pero está
motivada, apoyada y concretada en un hecho absolutamente local y puntual,
es decir, en un conflicto que surge en el Ayuntamiento de Ciudadela
debido a que como consecuencia de la obvia conveniencia de que se afronte
la desafectación de lo que tuvo su razón de ser a finales del siglo
pasado en este semáforo marino de Cabo Bajolí --hoy no tienen sentido los
motivos que inicialmente justificaron la expropiación--, al ser
considerada esa desafectación da origen a que inmediatamente se planteen
dos solicitudes si no contradictorias, contrapuestas. Por un lado, la
solicitud de los herederos de quien fue expropiado en aquel momento de
final de siglo y que no hacen tanto uso del derecho de reversión, sino
que solicitan la enajenación directa en función de que se trata de
terrenos colindantes con el que sería objeto de desafectación. Esa
solicitud también coincide con otro acuerdo adoptado por el Ayuntamiento
de Ciudadela, en el que, basándose en la propia Ley de Costas, solicita
la cesión gratuita de esos terrenos de Patrimonio cuando se afronte la
desafectación.

Pero no se trata sólo de que haya dos iniciativas contrapuestas y
coincidentes, sino del conflicto jurídico que se pronostica, más que se
evidencia en este momento, que los propietarios de los terrenos
colindantes al que estamos comentando amenazan con hacer uso, bien del
derecho de reversión, invocando el incumplimiento que supondría por parte
del Ayuntamiento de Ciudadela, si lo utilizase para los fines que
promueve, de lo que motivó la expropiación en su momento, bien del simple
derecho de tanteo y retracto, en su condición de colindantes.

Lo que me importa y es fundamental para nuestro Grupo es que frente a un
problema que se está gestando, un problema potencial, puesto que nada ha
sido hecho todavía, sino que, como digo, son conflictos en potencia, se
adopta ante esta Cámara una iniciativa que mi Grupo, con todo respeto, no
duda en considerar desmesurada y desproporcionada, porque, señorías, ante
estas circunstancias lo que se pide es que el Gobierno adopte la
suspensión de todos los expedientes de enajenación de bienes y terrenos
de Patrimonio colindantes con el dominio público marítimo-terrestre y
--otra parte de la iniciativa-- que se someta a información pública
--pongo el énfasis en las palabras «todos» y «cualquier»-- cualquier
proyecto de enajenación.

Nos parece desproporcionado porque la suspensión de todos los expedientes
de enajenación supone dar por supuesto que las garantías que la Ley de
Costa confiere para que no pueda hacerse enajenación de ningún terreno,
bien de Patrimonio colindante o emplazado en las zonas de influencia del
dominio público marítimo-terrestre, son insuficientes. Eso nos parece,
insisto, desmesurado, puesto que la ley es explícita y concreta, ya que
en su artículo 17 dice que es absolutamente imposible cualquier
enajenación sin la previa declaración de innecesariedad de esos terrenos,
para lo que justifica su afectación al dominio público
marítimo-terrestre, es decir, su protección o su utilización. Creemos que
tanto la explicitación que se hace en el artículo



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17, como el condicionamiento que también que hace la propia Ley de Costas
en su disposición transitoria segunda de que no puede abordarse ningún
expediente de enajenación ni, incluso, de cambio de afectación --sin
salir todavía del Patrimonio del Estado-- sin que haya tenido lugar la
previa actualización del deslinde, son suficientes garantías. Suponer que
garantías de esta envergadura son insuficientes y justificarían una
generalizada y absoluta suspensión de todos los expedientes de
enajenación, nos parece desproporcionado.

Lo mismo ocurre con el problema de la sumisión de cualquier proyecto de
enajenación a información pública. Eso tampoco nos parece razonable,
puesto que la propia Ley de Patrimonio, en su artículo 63, impone como
condición inexcusable que cualquier enajenación de terrenos o de bienes
de Patrimonio debe ser hecha por subasta pública, en el caso de bienes
inmuebles, y sólo en casos excepcionales --importa el matiz de
excepcionalidad-- pueden ser objeto de enajenación directa; eso sí, en el
caso de ser enajenación directa, con acuerdo de Consejo de Ministros,
pero es precisamente para los casos de reversión o casos como los que nos
ocupan, de invocación de los derechos de los propietarios colindantes.

Por tanto, ambas razones nos parecen no asumibles.

Queda una última razón, en la que pudiera haberse coincidido con las
iniciativas de la proposición no de ley, pero también en este caso un
mínimo análisis hace difícil seguir por ese camino. Se dice que
convendría hacer un inventario de todos los terrenos y bienes de
Patrimonio del Estado colindantes o emplazados en la zona de influencia
del dominio público marítimo-terrestre, pero ése no es el problema, sino
la coletilla que viene a continuación, que dice: sobre todo, considerando
las alternativas posibles de titularidad a efectos de tenerlo previsto.

Señorías, seamos un poco realistas. Si lo que se invoca es que deba
existir un inventario, diré que el Inventario General de Bienes y
Derechos del Estado existe. Que no exista tal vez --no lo sé en este
momento-- la singularización de cuáles son aquellos que tienen la
naturaleza de colindantes o emplazados en zonas de influencia del dominio
público marítimo-terrestre es un problema puramente informático. Si no
estuviese hecho, podría hacerse con una simple ordenación de ese
inventario. En cambio, lo que realmente se invoca como finalidad, el que
estuviesen contempladas las alternativas de titularidad para todos y cada
uno de ellos, eso es no ser realista, porque las alternativas de
titularidad surgen precisamente cuando se inicia cualquier expediente de
enajenación. Sólo en ese momento se puede saber realmente quién tiene una
alternativa de titularidad razonable.

Por todo ello, señorías, nuestro Grupo estima que esta iniciativa es
mucho mejor intencionada que acertada. Coincidimos en el motivo que la
provoca, pero nos parece que la desproporción que conlleva pudiera
generar más complicaciones que las que pretende resolver, por lo que mi
Grupo, manteniéndose absolutamente al margen, por encima de lo que es el
conflicto local e, incluso, expresando, como yo lo hago, el que en
abstracto nuestra posición también es favorable a que cualquier paso de
titularidades de Patrimonio del Estado lo sea preferentemente hacia las
instituciones locales que garantizan esa continuidad de servicio al
interés público y general, nos vemos obligados a no poder apoyar esta
iniciativa por considerarla, repito, mejor intencionada que acertada. (La
señora Rivadulla Gracia pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Se trata de una cuestión de orden, señora
Rivadulla?



La señora RIVADULLA GRACIA: Quería hacer una precisión.




El señor PRESIDENTE: Ya saben que normalmente somos flexibles cuando
vamos bien de tiempo. Hemos empezado con un poco de retraso, por lo que
le ruego que, puesto que no hay enmiendas a su proposición no de ley,
haga esa precisión concreta en 30 segundos.




La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.

En principio, quiero constatar que a nuestro Grupo le parece asombroso el
nivel de coincidencia entre el Grupo Popular y el Partido Socialista en
todo lo que hace referencia a las propuestas que presentamos.




El señor PRESIDENTE: Precisión no significa alusión.




La señora RIVADULLA GRACIA: Acabo, señor Presidente.

Dado que en la filosofía estamos de acuerdo, me extraña que el Partido
Socialista no haya hecho una enmienda a esta proposición no de ley que
intentase llegar a una solución para este conflicto de intereses que se
plantea ahora entre un particular expropiado en 1893 y el Ayuntamiento de
Ciutadella que, legítimamente, ha pedido la cesión de ese patrimonio.




--SOBRE REDUCCION DE LAS EMISIONES DE CO2 PROCEDENTES DEL USO DE LA
ENERGIA Y DE PROCESOS INDUSTRIALES PARA EL AÑO 2005. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000394.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al punto número 2 del orden
del día: proposición no de ley sobre la reducción de las emisiones de CO2
procedentes del uso de la energía y de procesos industriales para el año
2005. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Para defender la proposición no de ley, el señor Alcaraz tiene la
palabra.




El señor ALCARAZ MASATS: Se trata de una proposición no de ley con
respecto al cambio climático que,



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como sabemos, es un fenómeno mundial, consecuentemente también afecta de
manera intensa a España, y que resulta ser en estos momentos una de las
amenazas más graves para la estructura ecológica e incluso la
habitabilidad humana.

La velocidad a la que el clima está cambiando, fundamentalmente en el
ciclo del carbono, nos hace ver que se trata de un problema que hay que
afrontar de manera urgente y drástica para prevenir en lo posible el
calentamiento terrestre que incluso ya se detecta de manera directa en
nuestra vida cotidiana. Pensamos que hay que conseguir la estabilización
de las concentraciones atmosféricas de los llamados gases de invernadero
a un nivel seguro, en un plazo de tiempo que permita, en el peor de los
casos, la adaptación de los ecosistema naturales y humanos o humanizados.

Todos los análisis que se ha hecho con respecto al riesgo coinciden en
que sería absolutamente necesario reducir las emisiones de dióxido de
carbono, el principal gas de invernadero, entre el 50 y el 75 por ciento,
en los próximos 50 años, en el mundo. Esto indica que la emisión media
actual de 1,1 toneladas de carbono por persona y año debería reducirse a
entre 0,55 y 0,275 toneladas. A estos límites deberían tender todos los
países del mundo, lo que implica que los llamados desarrollados deberían
reducir drásticamente sus emisiones, mientras que la mayoría de los
países denominados en vías de desarrollo tendrían margen para aumentar
las suyas.

Las emisiones producidas en 1991 por la Unión Europea y por el Estado
español fueron, respectivamente, 3 toneladas y 1,66 toneladas de carbono
por persona, y año. A este respecto, habría que añadir que nos han
sorprendido, y hasta cierto punto escandalizado, algunas manifestaciones
de responsables del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente al hablar de que incluso puede ascender a un 15 por ciento la
emisión de CO2 en el próximo período. La creciente emisión de grandes
cantidades de gases de invernadero, y en concreto de CO2, se debe, sin
duda, a la expansión de un modelo económico que comporta un consumo
creciente de energía, fundamentalmente basada en el uso de combustibles
denominados fósiles finitos; un modelo de desarrollo que no tiene en
cuenta dos límites tremendamente importantes: de una parte, la ética, que
no vamos a tratar en esta proposición no de ley y, de otra, el equilibrio
ecológico.

Como consecuencia del modelo que se está desarrollando, fundamentalmente
dominado por empresas transnacionales, nos encontramos ante una demanda
tremenda de consumo energético, en detrimento de la pequeña actividad
productiva de base local que requiere menos consumo energético y, al
mismo tiempo, aporta mayor empleo.

Por otra parte, la ampliación continua de los mercados o, lo que es lo
mismo, el despliegue de este modelo a escala mundial, fenómeno que se
conoce como la globalización de la economía, conlleva también una serie
de efectos igualmente perversos, como el agravamiento de los
desequilibrios económicos, la profundización de las desigualdades
sociales, o el caso que nos ha inspirado la proposición no de ley que
estoy defendiendo, el recrudecimiento delos impactos ambientales. Entre
las consecuencias de este modelo, destaca por su repercusión social la
destrucción de empleo, ya que la gran actividad productiva es mucho menos
demandante del factor trabajo que la pequeña actividad económica.

Por todo ello, las organizaciones ecológicas, sociales incluso sindicatos
y partidos políticos de todo el planeta, están poniendo un gran énfasis
en que la lucha contra el cambio climático es también la lucha por el
empleo y por una reconversión ecológica de la economía de la sociedad,
que debe ir acompañada, sin duda, de un cambio profundo en los estilos de
vida consumista, derrochadora de energía e insolidaria que están
predominando y van en aumento hoy en día.

El objetivo de reducción del 20 por ciento de emisiones de CO2, definido
en la Conferencia de Toronto de 1988, para el año 2005, es una meta
absolutamente realista para los países desarrollados, varios de los
cuales, como Canadá, Alemania, Dinamarca o Austria han adoptado ya este
objetivo, e incluso límites mayores en el caso de la República Federal
Alemana. El Parlamento Europeo, naturalmente, también adoptó esta
resolución que, sin embargo, no ha asumido la Unión Europea. Por lo
tanto, pedimos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno español
a que asuma la propuesta que nos parece mucho más interesante y adecuada,
que se basa en la elaboración que han hecho un grupo de Estados
insulares, amenazados en su existencia física por el cambio climático.

Han presentado a la Conferencia de Berlín un borrador de protocolo que
creemos que recoge de manera adecuada y muy bien elaborada la reducción
que hoy estamos aquí planteando. Por todo lo cual, presentamos a votación
la siguiente proposición no de ley: El Congreso delos Diputados insta al
gobierno a que haga suyo el objetivo de Toronto, es decir, reducir en un
20 por ciento las emisiones de CO2, tomando como límite el año 2020, con
el fin de conseguirlo en el año 2005, revisando los aspectos más
relevantes de las políticas económicas, energéticas y de transportes. En
concreto, el vigente Plan Energético Nacional y el Plan Director de
Infraestructuras deben modificarse para cumplir el mencionado objetivo.

También pensamos que el Gobierno debe defender en la Unión Europea la
necesidad de esta reducción de emisiones e instar a la Unión Europea a
que lo asuma como objetivo mínimo. El Gobierno español, aunque no se
adoptó así en la Conferencia de Berlín, debiera apoyar el protocolo
presentado en Berlín por la AOSIS, la Alianza de pequeños Estados
insulares. Estimanos que es la más adecuada y por eso planteamos aquí, en
lugar de presentarlo asumida y aprobada por la Unión Europea, lo que se
contempló en la Conferencia de Berlín.




El señor PRESIDENTE: Dado que hay una enmienda del Grupo Socialista a
esta proposición no de ley, para defender dicha enmienda, en nombre del
Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Pardo Ortiz.




La señora PARDO ORTIZ: Al oírle, señor Alcaraz, se piensa que, si se
adopta esa decisión de reducción de emisiones



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de CO2 para el año 2020 se evitan las desigualdades sociales, los
desequilibrios territoriales, la pérdida de empleo, etcétera. Esto sería
una varita mágica y no se entendería cómo no se toma no sólo por el
Gobierno de España, sino por cualquier otro gobierno, individualmente, si
las consecuencias fueran las que se dicen en la exposición de motivos de
su proposición no de ley. Realmente no son ésas, señor Alcaraz, porque en
este tema como en otros muchos asuntos, las actuaciones que se vayan a
desarrollar para proteger el medio ambiente y para mejorar la calidad de
vida no dependen tanto de cómo se cuantifican ni de lo ambiciosas que
son, sino de que sean realistas, de que se puedan aplicar y de que puedan
tener unos resultados mínimamente positivos, y en este campo, repito, de
manera mucho más especial.

El problema del cambio climático, como se ha venido diciendo, de las
emisiones de CO2 y también de otros gases de efecto invernadero, por las
consecuencias que genera a medio y largo plazo, se están debatiendo en
este momento a nivel mundial, porque se ha llegado a la conclusión de que
no puede ser abordado de otro modo. Necesariamente, para que sea eficaz
el tratamiento de estas medidas han de ser abordadas, como digo, a nivel
mundial. Por eso, así fueron abordadas en la primera conferencia que se
celebró en Río de Janeiro, en 1992.

Las posiciones que allí se mantuvieron fueron, fundamentalmente, dos: una
de los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos que, como
usted sabe, es el mayor emisor de CO2 y otra de los países en vías de
desarrollo. Lo que se debatía allí era una estabilización de las
emisiones de CO2. Después podría haber posturas y propuestas de
diferentes organismos o de algunos países individualmente, pero el meollo
de la cuestión era que en lo que sólo entraban a debatir los países de
mayor emisión de CO2 era de estabilización, de estabilizar las emisiones,
señor Alcaraz. Fue lo más detonante de esa Conferencia, porque lo que
decían los países en vías de desarrollo era que la deforestación que en
ellos se estaba produciendo era producto del efecto de los gases que
emitían los países desarrollados, y no hubo mucho consenso en este
sentido.

Fruto de esta Conferencia de Río fueron tres convenios. Uno de ellos fue
el del Cambio Climático, cuya Conferencia se ha desarrollado en Berlín y
que el día 7 de este mes se clausuró. La novedad de esa Conferencia que
se desarrolló en Berlín, llamada Conferencia de las Partes, consiste
fundamentalmente en un cambio: si hasta ahora sólo se hablaba de
estabilización, ahora hay un consenso que --todo hay que decirlo-- ha
sido promovido por la Unión Europea, mediante un documento previamente
consensuado con todos los países. Ahora, repito, se ha conseguido dar un
paso cualitativo en Berlín, que ha sido decir: empecemos a hablar de
reducción; empecemos a hablar de reducciones graduales. Es verdad que no
se ha puesto cuantía a esas reducciones, pero tendrá que reconocerme que,
primero, se decide mundialmente que sólo es eficaz abordar el problema de
las emisiones de manera interplanetaria y que para ello --van a estar de
acuerdo SS. SS.-- es fundamental que los países de mayor emisión, como es
Estados Unidos, no se descuelguen. Porque, ¿de qué serviría un acuerdo a
nivel de la Unión Europea, que es una región de no alta emisión de CO2
--usted dice que la emisión es en torno a tres toneladas por habitante,
emisión relativamente baja--, respecto a la que pueden estar emitiendo
Estados Unidos o Canadá? La eficacia consiste en que el documento que en
Berlín se ha aprobado es un documento de consenso. Estados Unidos acepta
que la reducción en las emisiones ha de ser gradual en el tiempo y que se
vayan tomando una serie de medidas tendentes a corregir y a hacer
efectivas esas emisiones. Como usted también sabe, las medidas que se
vayan a adoptar en ese campo no tienen un efecto inmediato. El efecto se
ve a los cinco o seis años.

Por otro lado, su proposición no de ley hace mucho hincapié en que en los
temas de producción energética y en los temas industriales es donde hay
que incidir fundamentalmente. Sin embargo, nuestro Grupo estima que
habría que abordar previamente otros sectores, como pueden ser el
transporte o la vivienda, donde también se pueden obtener resultados
bastante estimables en la reducción de las emisiones, tomando medidas
tendentes a corregir las emisiones de CO2 en esos sectores, mientras que
en el sector de la producción de energía --usted dice que habría que
abordarlo, modificando incluso el Plan Energético Nacional-- no es tanta
la emisión, que sería la generación de energía por carbón. Usted dice que
habría que reducir la emisión ahí fundamentalmente, pero tendría que dar
un paso más y concretar qué es lo que hay que cerrar. Y como estamos
todos de acuerdo en que no nos podemos quedar sin electricidad, el paso
siguiente sería que alguien diría que si hay que cerrar centrales de
carbón habría que abrir las centrales nucleares.

Señor Alcaraz, ése es un debate importante y usted lo plantea de un modo
bastante superficial. Si me permite decirlo, la opinión del Grupo
Socialista es que no necesariamente hay que abordar en primer lugar ese
sector para bajar el nivel de emisión. Hay estudios en el Ministerio de
Industria y Energía, así como en la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, donde se puede demostrar que las emisiones bajarían
sustancialmente si las actuaciones se diversifican y van también a esos
otros sectores que señalaba con anterioridad. Es por ello por lo que,
compartiendo el sentir de la proposición no de ley en el sentido de que
ya hay un organismo internacional, la Conferencia de las Partes celebrada
en Berlín, que ha adquirido el compromiso de gradualmente ir reduciendo
las emisiones, el Gobierno de España, en ese marco, como no puede ser de
otra manera porque estamos en la Unión Europea, tiene que ir concretando
medidas para hacer efectiva esa reducción en las emisiones. Por todo lo
cual, proponemos la siguiente enmienda, que paso a leer: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a tomar medidas precisas para, en el
marco de lo acordado a propuesta de la Unión Europea en la Conferencia de
las Partes, clausurada en Berlín el pasado día 7, garantizar una rebaja
gradual y significativa de las emisiones de CO2 a partir del año 2000,
operando en los diferentes campos que inciden de modo más intenso en
dichas emisiones, como son los transportes, la vivienda y la generación
de energía. Señor Alcaraz, creemos que con



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esta enmienda se da cumplimiento al sentir y a la demanda de su
proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran fijar su posición
respecto a esta proposición no de ley?
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gortázar.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, en primer
lugar, quiero constatar el hecho de que, efectivamente, existe una
preocupación evidente en la opinión pública por el efecto del
calentamiento y del cambio climático.

Las recientes inundaciones de Francia, la casi rotura de los diques
holandeses, el calentamiento o los suaves inviernos de la Península
Ibérica han inducido a la opinión pública, y consecuentemente a los
poderes políticos, a hacerse eco de una situación de preocupación
evidente en la dirección de ese posible cambio climático al que estamos
atendiendo.

Hay que decir que, sea o no resultado de una situación de calentamiento
por las emisiones de CO2, el hecho objetivo es que, aunque sólo sea en
niveles precautorios, en tanto los científicos llegan a conclusiones
definitivas, la responsabilidad de los políticos va en la dirección de
ser muy sensibles a estas preocupaciones, a estos problemas. En
consecuencia, el Partido Popular es favorable a las medidas que en el
ámbito internacional se están tomando en esta dirección.

Ahora bien, señor Alcaraz, no es cierto que todos los análisis coincidan
en el diagnóstico de la situación. Yo creo que hay más un acuerdo entre
los políticos responsables en esta dirección que un acuerdo entre los
científicos. Por ejemplo, el informe «Accu-Weather», la mayor
organización meteorológica privada, indica que no hay aumento de los
desórdenes del clima en los 100 últimos años. La única novedad consiste
en que los medios de comunicación los difunden mucho más. El copresidente
del grupo de trabajo (éste es otro ejemplo de cómo no hay ese acuerdo
general entre los científicos y es uno de los elementos básicos de los
debates que se plantearon tanto en Río como en Berlín), Luis Filho, ha
declarado textualmente que harán falta diez años para comprobar si está
habiendo aumento de las temperaturas o no. Por tanto, en los niveles
científicos nos encontramos con una situación de debate y hay que tener,
por lo menos, la precaución de considerar que éste es un tema todavía en
el alero, científicamente. No obstante, insisto en que, aunque sólo sea
precautoriamente, hay que tomar las iniciativas que se han acordado
recientemente.

Concretamente, lo que se decidió en Berlín fue llegar algo más allá de lo
que se había llegado en Río de Janeiro. Los casi 160 países participantes
se comprometieron a elaborar, para el año 1997, un protocolo con
criterios más estrictos que los acordados en la cumbre de Río. En la
citada cumbre se había acordado no sobrepasar, en el año 2000, el nivel
de emisiones de CO2 de 1990, es decir --como lo decía la señora
Diputada--, una estabilización de los niveles de emisión. Los valores
concretos que se acordarán en la próxima Conferencia del Clima, en Tokio,
se establecerán de una manera más estricta y más específica.

El país que se ha adelantado en esta dirección es Alemania, como es
sabido, país de la Unión Europea con mayor emisión de CO2, sin duda
alguna por su alto grado de industrialización, y se ha comprometido a
reducir en un 25 por ciento esas emisiones para el año 2005. También hay
que decir que Alemania es uno de los países del mundo con mayores
emisiones «per capita» de CO2.

Por lo que respecta a España, tenemos un nivel de emisión un 30 por
ciento inferior al alemán, de tal manera que nuestra situación, sin duda
por un inferior nivel de desarrollo, no es de la gravedad de la de los
países más industrializados. Siendo esto así, el Plan Energético Nacional
hizo una previsión, en su día, de un incremento del 25 por ciento en
cuanto a las emisiones de CO2 por la utilización de combustibles fósiles
de 1991 al año 2000. En su momento el Grupo Popular hizo una crítica de
esta previsión porque nos parecía que no abordaba elementos de ahorro
energético y de eficiencia de esa utilización energética, y actualmente
se ha hecho una revisión por parte del Ministerio de Industria en el
sentido de aumentar entre un 13 y un 15 por ciento las emisiones de CO2
de ahora al año 2000. Hay que decir que esta reducción de la previsión de
emisiones de CO2 por parte de España, que en cualquier caso estaría por
debajo de los niveles de emisión per cápita que tiene Alemania, se debe
más al descenso de la demanda por la crisis económica, por la deficiente
evaluación de la demanda potencial que a los efectos de una reconversión
o de planes de eficiencia de ahorro energético, de tal manera que nos
encontramos en una situación en la que, efectivamente, hay una previsión
de menor aumento de la emisión debido más a factores exógenos no
controlados que a los planes del Gobierno. Sin embargo, en este contexto
nos encontramos con la contradicción de que el Ministerio de Obras
Públicas, la Secretaría de Estado para Medio Ambiente y Vivienda habla de
una reducción de emisiones en un 20 por ciento para el año 2005. Aquí hay
una evidente falta de coordinación entre un ministerio y otro, porque si
atendemos las previsiones a la baja del Ministerio de Industria
llegaríamos a la contradicción de que entre 1995 y el año 2000 va a haber
un aumento del 15 por ciento de las emisiones de CO2 y desde el año 2000
al 2005 tendría que haber una reducción del 35 por ciento para llegar a
los niveles de 1990 si realmente cumplimos los compromisos de Río y de
Berlín. En consecuencia, hay una descoordinación evidente y una falta de
coherencia en los planteamientos entre un ministerio y otro.

Por otro lado --y termino, señor Presidente--, la proposición no de ley
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya insta al Gobierno en su
primer punto a tener como objetivo para el año 2005 que las emisiones se
reduzcan al 20 por ciento respecto a las correspondientes a 1990. Este
objetivo es más exigente que el alemán y, por tanto, completamente
irrealizable a nuestro juicio. En el segundo punto insta al Gobierno a
declarar este objetivo como mínimo para la Unión Europea y defenderlo en
los foros correspondientes. Desde nuestro punto de vista la proposición
no de ley plantea unos objetivos inalcanzables. Sin



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embargo, la importancia del tema, como he dicho anteriormente, hace que
debamos tener actitudes precautorias aunque científicamente esté en
debate este tema y, a pesar de ello, tengamos que apoyar en toda su
extensión los compromisos internacionales porque los vemos prácticamente
evidentes a unos niveles operativos y a unos niveles posibles en la
dirección del ahorro energético y de la precaución.

El Grupo Popular tenía preparada una enmienda in voce de sustitución, en
la dirección de cumplir los requisitos del convenio-marco del cambio
climático y reducir las emisiones hasta el año 2000 a los niveles de
1990. He de decir que el tenor de nuestra proposición es muy similar al
de la enmienda que ha presentado por escrito el Grupo Socialista del
Congreso. Por tanto, si esta enmienda de sustitución es aceptada
votaremos favorablemente y, en caso contrario, dado que vemos que es
inalcanzable y muy poco riguroso el planteamiento de Izquierda Unida,
votaríamos en contra.




El señor PRESIDENTE: Señor Gortázar, entiendo que no hay enmienda in
voce.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Exacto, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Sedó, en
nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.




El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, voy a ser muy breve.

Inicialmente nuestro grupo comparte inquietudes, preocupaciones con todos
los grupos, incluso con el proponente y con el que presenta la enmienda
porque a todo el mundo le preocupa la temática sobre la que trata la
proposición no de ley. Ahora bien, he de agradecer al grupo proponente la
presentación de dicha proposición simplemente por el hecho de que ha
permitido que los distintos grupos hablen sobre el tema. Aun cuando no
voy a entrar en detalles, creo que la manera en que se lleva el debate me
hace llegar a la conclusión de que todos los grupos deberíamos solicitar
en la Comisión, y si no lo haremos nosotros, un debate a fondo sobre el
tema. Hoy la proposición no de ley nos permite que hablen los distintos
portavoces interpretando las consideraciones de cada grupo, haciendo su
propio discurso con caminos distintos para buscar soluciones, pero de una
manera rápida con la discusión de una proposición no de ley y no en un
debate profundo que es, quizá, lo que deberíamos hacer en Comisión en
concreto sobre este tema.

Yo he estudiado la proposición no de ley y para nosotros no es aceptable
porque resulta obsoleta por las fechas en que se presenta y por lo que ha
sucedido posteriormente en la Convención sobre el clima que se ha
celebrado en Berlín. Por tanto, esperamos la aceptación de la enmienda y
votaremos favorablemente si se aprueba la misma, pero quisiera llevar a
la reflexión de SS. SS. que quizá deberíamos celebrar un debate sobre
este tema en la propia Comisión.




El señor PRESIDENTE: A continuación, para fijar su posición sobre la
enmienda de sustitución presentada por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Alcaraz en nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor ALCARAZ MASATS: Señorías, a partir de 1988, en que a lo largo de
la Convención de Toronto se toman resoluciones incluso con contenidos
dramáticos sobre la situación que se va anunciando, ha habido otra serie
de reuniones, conferencias, convenciones, fundamentalmente las de Río y
Berlín, que han seguido adoptando esas exposiciones de motivos, esas
argumentaciones, pero a la hora de las conclusiones se han olvidado de
cuantificarlas y de fecharlas, fundamentalmente por el impacto de los
intereses económicos norteamericanos en el caso de Río y en Berlín en
función de los intereses desarrollistas de los países más desarrollados.

Es como si eliminando los compromisos concretos, pero manteniendo las
exposiciones de motivos casi dramáticas en muchos casos, se viniera a
decir que la situación es desesperada pero no grave a partir de los
acuerdos concretos de Toronto.

En este sentido, yo no comparto la teoría que se ha expuesto por la
portavoz del Grupo Socialista porque rompe la matriz teórica de lo que es
el desarrollo sostenible, que para nosotros es la estrategia fundamental
a la hora de definir el nuevo orden económico y ecológico internacional.

Se ha pasado a defender aquí junto al Partido Popular --por tanto, no nos
extraña la posición concomitante-- una política de desarrollo liberal que
rompe las fronteras del equilibrio ecológico y que se atiene
fundamentalmente a las leyes del mercado libre, que no producen mayor
solidaridad, no producen mayor equilibrio sino proteccionismo desigual y
repercusiones desiguales. (El señor García-Arreciado Batanero pronuncia
palabras que no se perciben.) Es como si Alemania nos viniera a decir, en
su posición un poco cínica, que ellos pueden seguir emitiendo tanto CO2
siempre que la falta de desarrollo de los países del Tercer Mundo evite
que éstos puedan emitir CO2, que se compensan unos con otros siempre que
el orden internacional se mantenga en los límites actualmente vigentes.

Por otra parte, he de contestar a la interrupción que se me ha hecho que
el Partido Socialista no procede de la matriz liberal, que yo sepa.

En definitiva, yo le haría una contraoferta a la señora Pardo. Ella dice
que de cara a rebajar para el año 2000 las emisiones de CO2 se tenga en
cuenta la propuesta que ha hecho la Unión Europea en la Conferencia de
Berlín. Yo le planteo que aceptaría su enmienda tal cual pero cambiando
Unión Europea por «Parlamento Europeo» en su propuesta de reducir el 20
por ciento de las emisiones de cara al año 2005. Es decir, se trataría de
introducir la propuesta que ha hecho el Parlamento Europeo, no asumida
por la Unión Europea --lo digo para no suscitar ningún tipo de engaño--,
que han votado muchos grupos, creo que incluso el Grupo Socialista, pero
que después a la hora de la verdad no se ha llevado a Berlín. Por tanto,
yo propondría, señor Presidente, la contraoferta en el sentido de que
figure aquí la asunción que hace el Parlamento Europeo en la



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Conferencia de Toronto, cambiando la propuesta de la Unión Europea por la
del Parlamento Europeo en torno a la reducción del 20 por ciento de las
emisiones de cara al 2005. Esta es la propuesta que me parece correcta
teniendo en cuenta que el Parlamento Europeo no es un ente irresponsable
y ridículo, sino que ha hecho esta propuesta no recogida hasta ahora por
ningún grupo y que nosotros recogemos en este instante.




El señor PRESIDENTE: Señora Pardo, ¿acepta usted la transaccional
propuesta por el Grupo proponente?



La señora PARDO ORTIZ: ¿Puedo decir algo antes?



El señor PRESIDENTE: ¡Claro que sí!



La señora PARDO ORTIZ: Yo creo, señor Alcaraz, que el problema --ya lo
voy comprendiendo un poco mejor-- no es sólo el texto de su proposición
no de ley, sino los supuestos mentales de los que ustedes parten para
hacer esa proposición no de ley. La contraoferta que usted hace es para
ver si aceptamos otra propuesta en lugar de que España acepte la
resolución de la Conferencia de las partes de Berlín... (El señor Alcaraz
Masats: ¡Pero si no hay resolución!) ¡Déjeme terminar!... donde se ha
aprobado un documento presentado por la Unión Europea, pero que lo podría
haber sido cualquier otro miembro participante de esa conferencia. Lo que
dice la enmienda de sustitución del Grupo Socialista es que el Gobierno
español tiene que concretar luego actuaciones para llevar a cabo el
contenido y la resolución de Berlín, que es la reducción de las emisiones
de CO2. Lo que usted está pretendiendo al cambiar «Unión Europea» por
«Parlamento Europeo» desvirtúa el contenido de la enmienda. El Parlamento
Europeo ha presentado una propuesta, lo mismo que han hecho otras
organizaciones no gubernamentales o cualquier otro Estado minoritario o
quien sea. Ha habido 50.000 propuestas, señor Alcaraz. No tiene sentido
que el Parlamento español inste al Gobierno a que ponga en marcha una de
las 50.000 propuestas que fueron dadas a conocer y debatidas en la
Conferencia de Berlín. En todo caso, lo que tiene sentido, y es la línea
de lo que vienen haciendo tanto los países desarrollados como los que
están en vías de desarrollo que se someten a organismos democráticos
internacionales, es aplicar las resoluciones de estos organismos, pero no
propuestas individuales que además han sido minoritarias y que no se han
tenido en cuenta ni han concluido. No presuponga que el que no se quiera
adoptar la propuesta del Parlamento Europeo --una de tantas que allí se
debatió-- es porque se considere ruin o por no sé qué o no sé cuántos. No
es eso. Puede ser absolutamente digna, pero independientemente de lo que
se haya propuesto, votado y aprobado por el Grupo Socialista en el
Parlamento Europeo lo que democráticamente hay que hacer es aceptar la
decisión mayoritaria de la Conferencia, a donde ha ido el Gobierno de
España y otros entes. Por tanto, no podemos aceptar la contraoferta --no
es un capricho aceptarla o no-- porque desvirtúa completamente la
enmienda e incluso su proposición no de ley para instar al Gobierno a que
tome unas decisiones.

Antes de acabar, señor Alcaraz, le pido por favor que si sigue
defendiendo que hay que modificar el Plan Energético Nacional diga en
qué, si hay que cerrar minas de carbón diga cuáles, y si hay que poner
centrales nucleares en marcha diga cuáles, porque si no se nos apaga la
luz, y eso no puede ser. Creo que su Grupo y el mío estamos de acuerdo en
que eso no es lo que queremos. Concrételo. No me siga hablando de
desarrollismo, de desequilibrios sociales, de cosas inconcretas, porque
de lo que se trata es, cuando estamos dentro de unos organismos
internacionales, si aceptamos o no las resoluciones que en esos
organismos se imponen o seguimos defendiendo otras cosas que no se han
aprobado en esos organismos internacionales. Ese es el planteamiento de
un parlamento serio y riguroso; lo otro tal vez sea de una asamblea de
otras características y de otro nivel, en lo que creo que no debemos
seguir perdiendo el tiempo. Por tanto, no es posible la aceptación de ese
matiz.




El señor PRESIDENTE: Así pues, la transacción no ha sido admitida por el
Grupo proponente de la enmienda. ¿Cuál es su posición definitiva respecto
a la enmienda, señor Alcaraz?



El señor ALCARAZ MASATS: Nuestra propuesta alternativa de Plan Energético
Nacional la hemos hecho extensamente, incluso en el Pleno del Congreso.

Desde luego, no estamos de acuerdo con las centrales nucleares y hablamos
de energías renovables y de una política de austeridad y de ahorro que
hasta ahora brilla por su ausencia. Ya la hemos expuesto reiteradamente,
la última vez cuando se habló de la revisión de las eléctricas, etcétera.

Señora Pardo, la propuesta del Parlamento Europeo, que es la que nosotros
defendemos y que ha defendido la alianza de los pequeños Estados
insulares, exactamente ésa, la de Toronto de 1988, no ha sido presentada
por la Unión Europea en Berlín porque no la asumió. Nosotros sí hemos
asumido la propuesta del Parlamento Europeo, que no es contradictoria con
la que usted hace, salvo en la concreción de la reducción. Usted asume la
resolución laxa e inconcreta de Berlín: Garantizar --dice-- una rebaja
gradual y significativa de las emisiones de CO2 a partir del año 2000. No
dice la cantidad; nosotros sí la introducimos: el 20 por ciento. Dice que
a partir del año 2000. Berlín ha roto todas las previsiones de Río y de
Toronto, que hablaban de empezar inmediatamente a actuar con respecto a
la reducción del CO2. Por tanto, estamos retrocediendo de manera
clarísima. Por eso nosotros hemos asumido lo que nos parece que era
también nuestro punto de referencia como sede de la soberanía europea: el
Parlamento Europeo. Que no se nos hable aquí de otras cuestiones extrañas
--como se ha hecho interrumpiéndonos desde un banco-- porque estamos
hablando de una resolución del Parlamento Europeo que no asumió la Unión
Europea y que nosotros hemos recogido a través de la propuesta de la
alianza de los pequeños Estados insulares. Siento que no pueda aceptar lo
que ha aceptado el Parlamento Europeo.




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El señor PRESIDENTE: O sea, que no acepta la enmienda. (El señor Gortázar
Echeverría pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Gortázar.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: En mi enmienda de sustitución, que no he
presentado porque me atenía a la del Grupo Socialista, hay una frase, que
quizá satisfaga al Grupo Socialista y al señor Alcaraz, que precisa
volúmenes en el sentido siguiente: Garantizar una rebaja gradual y
significativa de las emisiones de CO2 hasta el año 2000 a los niveles de
1990, que es lo que decía el Convenio de Río. Es decir, sería una
reducción de las emisiones de CO2 hasta el año 2000 en los niveles que
España tenía en 1990. Como está en la letra y en el espíritu tanto del
mandato de Berlín como del Convenio de Río, si satisface a los dos grupos
podría ser una solución de consenso.




--RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN EL KILOMETRO 470 DE LA
CARRETERA N-II, MADRID-BARCELONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000401.)



El señor PRESIDENTE: Terminado el debate del punto 2.º del orden del día,
pasamos al punto 3.º, que hace referencia a la proposición no de ley
relativa a la construcción de un puente en el kilómetro 470 de la
carretera N-II Madrid-Barcelona, cuyo autor es el Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Llorens.




El señor LLORENS TORRES: Señoras y señores Diputados, en la tarde del
último domingo de noviembre del año pasado, me parece recordar, hubo un
trágico accidente en el punto kilométrico objeto de la presente
proposición no de ley donde perdió la vida un niño y tuvieron heridas
graves varios más, componentes todos ellos de un equipo infantil de
fútbol. Recuerdo que ese mismo día asumí el compromiso de presentar aquí,
en el Congreso de los Diputados, la propuesta que hoy nos toca debatir.

Para ilustrar a SS. SS. sobre la necesidad de la construcción de un
puente que evite accidentes como el descrito, me he permitido traer una
serie de datos que me ha facilitado amablemente la Jefatura Provincial de
Tráfico de Lérida.

En los tres últimos años, en el punto kilométrico citado por el
Presidente, ha habido nueve accidentes directos y otros cuatro indirectos
que pueden imputarse a las causas que han motivado el último. El número
de muertos ha sido de dos, ha habido trece heridos graves y 19 heridos
leves. Las causas de todos estos accidentes, que se reiteran
frecuentemente con las graves consecuencias descritas, están en la
instalación de un semáforo en la carretera nacional Madrid-Barcelona,
precisamente en ese punto kilométrico donde se han producido esos
accidentes, y en la alta densidad de tráfico. Resulta que en ese punto
kilométrico se ha instalado un semáforo para que puedan acceder a esa vía
de circulación de alta velocidad, que es la carretera nacional
Madrid-Barcelona, los vehículos procedentes de una vecina población que
está situada en las inmediaciones de la carretera que se llama Alamús.

Ello provoca retenciones de tráfico y a los vehículos que van a gran
velocidad y encuentran una interrupción brusca producida por ese semáforo
los accidentes, en forma de frecuentes choques, que han producido las
víctimas mortales y los heridos graves que antes he comentado. Entendemos
que no tiene sentido la instalación de ese semáforo en una vía de gran
circulación y con unas velocidades, a pesar de las limitaciones,
previsiblemente altas en las inmediaciones y de alta densidad de tráfico
en dicho punto kilométrico.

Para ilustración de SS. SS. les voy a ofrecer algunos datos obtenidos por
el aforo de la Jefatura Provincial de Tráfico. Por ejemplo, en el año
1993 --que es el último de que se disponía un aforo-- el viernes día 3 de
diciembre, a las dieciséis horas, hubo un tráfico máximo de 1.320
vehículos por hora en la dirección Lérida-Barcelona; la dirección
Barcelona-Lérida registra menos tráfico. Según se desprende de los aforos
facilitados por la Jefatura Provincial de Tráfico, el tráfico máximo
diario es de 17.795 vehículos, el tráfico medio diario es de 15.417
vehículos, y el tráfico medio semanal es de 107.919 vehículos. Desde
entonces, según datos estimados por la Jefatura Provincial de Tráfico,
las cifras se han incrementado aproximadamente en un 10 por ciento. Como
comprenderán SS. SS., de los datos facilitados se desprende que la citada
vía Madrid-Barcelona en las inmediaciones del punto kilométrico 470 es
una de las de mayor densidad de tráfico de todo nuestro país. Por otro
lado, este semáforo está instalado en una recta donde se alcanzan
velocidades notables. Precisamente la coincidencia de la máxima densidad
de tráfico con una hora en la que son frecuentes los deslumbramientos
--que ha sido una de las causas que según la Guardia Civil de Tráfico ha
producido estos accidentes-- hace pensar que hay que solucionar esta
situación de forma urgente. Por eso nosotros --el Grupo Popular, al que
tengo el honor de representar en estos momentos-- proponemos la
construcción de un paso elevado, que podía hacerse en un relativamente
breve período de tiempo, con un coste que según los técnicos no rebasaría
los 50 millones de pesetas, con lo cual se podría suprimir el semáforo
que está provocando estos accidentes en este tramo de carretera y, a
través del paso elevado, podrían desviarse todos aquellos vehículos que,
procedentes de la vecina población de Alamús, al incorporarse a la
carretera nacional han hecho necesaria la instalación del semáforo que, a
su vez, provoca los accidentes referidos. Este es el objeto de la
iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular.




El señor PRESIDENTE: Dado que existe una enmienda del Grupo Socialista a
la proposición no de ley cuestión de debate en estos momentos, tiene la
palabra el señor Velasco en nombre del Grupo Socialista.




El señor VELASCO RODRIGUEZ: En primer lugar, deseo manifestar que el
Grupo Parlamentario Socialista comparte la preocupación que ha expresado
el portavoz del Grupo Popular en cuanto al accidente que ha mencionado



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y que figura en la exposición de motivos y también por las posibles
causas que pueden originar los accidentes por la puesta en funcionamiento
de este semáforo. Dada esa situación, dentro del Plan puente 1993-95 se
analizó que, entre los programas de actuaciones prioritarias en
carreteras, habría que abordar precisamente ese punto considerado como un
punto conflictivo de la N-II, Madrid-Barcelona. A tal efecto se encargó
el proyecto 40 L 2860, que contempla el desdoblamiento de la calzada en
la carretera N-II justo en el tramo Alamús-Lleida, que incluye calzadas
laterales y un vial adicional hasta la futura variante de Lleida, y
también la construcción de un enlace en el punto en cuestión. De ahí que
lo que ha planteado el Grupo Socialista sea una enmienda de sustitución
que, recogiendo el espíritu de esta proposición no de ley, dé una
solución definitiva al problema que en este momento se plantea. Lo que
intentamos con la enmienda, que al final leeré, es resolver
definitivamente el problema y hacer una conexión completa con los accesos
a la propia ciudad de Lérida.

Hay que tener en cuenta, por otro lado, que no podríamos aceptar esta
proposición porque en ella se fijan plazos y, de no encontrarnos ya en
situaciones en las cuales el propio Ministerio esté trabajando, ello
supone aprobar algo que en la práctica la Ley de Contratos del Estado nos
impide llevar a cabo y se puede tomar como incumplimiento cuando la
propia legislación no nos lo permite. No olvidemos que para realizar un
proyecto, aunque sea de una envergadura de 50 ó 100 millones de pesetas,
necesitamos la autorización para la orden de estudio, hay que hacer la
redacción del proyecto previo a la contratación de la asistencia técnica
correspondiente, supervisar y aprobar técnica y económicamente el
proyecto, licitar las obras, realizar las expropiaciones correspondientes
de los terrenos necesarios y, por último, ejecutar las obras. Si lo
contempláramos en los propios términos de la proposición no de ley, nos
llevaría a que tardaríamos más tiempo que el contemplado en la propuesta
recogida en el Plan puente. De ahí que lo que proponemos como enmienda de
sustitución y, como decía, recogiendo el espíritu de la proposición no de
ley presentada por el Grupo Popular tenga el siguiente tenor: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a iniciar, en el plazo de tres meses,
las actividades necesarias para la ejecución del proyecto de
desdoblamiento de calzada en la carretera nacional II, tramo
Alamús-Lleida. Con ello tratamos de evitar el problema que tenemos hoy,
que es el semáforo.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
(Pausa.)
Tiene la palabra la señora Rivadulla, en nombre del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, al Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya le parece extraordinariamente
oportuna la proposición no de ley presentada hoy a esta Comisión por el
Grupo Popular. Nos parece que tendría que haber sido innecesaria si
hubiésemos tenido un Gobierno con sensibilidad y que actuase eficazmente
para poner fin a un problema que ha generado dolor, angustia y
preocupación entre los ciudadanos de la zona afectada por ese cruce, como
lo han demostrado las declaraciones de las distintas poblaciones, de los
ayuntamientos y de la diputación. Y digo que nos hubiese gustado tener un
Gobierno eficaz porque parece ser que el Ministro Borrell ha estado
últimamente más ocupado en hacer inauguraciones de tipo electoralista,
como la que recientemente hemos tenido ocasión de ver en Lleida con
motivo de la canalización del río Segre --por cierto, muy contestada por
sectores de la población--, pero no demuestra la misma eficacia cuando se
trata de poner fin a estos problemas; y los problemas son graves como el
representante del Grupo Popular ha expresado en su exposición, en la que
ha dado cuenta de los accidentes, de los heridos graves y de los muertos
que ese cruce ha originado.

La enmienda del Grupo Socialista nos parece razonable. Lo que pasa es
que, a estas alturas, yo espero que el Grupo Socialista ya haya
consultado con el Ministerio porque, con ocasión del debate que tuvimos
en relación al tramo de la autovía Cervera-Igualada, el Ministro Borrell
nos volvió a sorprender con esas decisiones tan unilaterales que toma,
saltándose a la torera lo que en este Parlamento se había aprobado: que
aquella obra se adjudicaría en un plazo de seis meses. El señor Borrell
al día siguiente dijo --y los ciudadanos de Lleida tuvimos ocasión de
verlo en los medios de comunicación-- que ese plazo era imposible de
cumplir. Espero que en esta ocasión el Grupo Socialista haya consultado
con el Ministerio y que se esté en condiciones de cumplir esta enmienda
que hoy hace el Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Sedó, en
nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió).




El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, soy el último en intervenir en
este debate y estoy perplejo por todo lo que he oído. Me parece muy bien
la presentación de la proposición no de ley por parte del Grupo Popular.

Como consecuencia --y ése es el sentir de dicho Grupo Popular-- de un
lamentable accidente en el que ha muerto un chaval, joven, casi un niño.

En este punto ha habido a lo largo del tiempo distintos accidentes, como
otros muchos puntos negros que puede haber en la red de carreteras de
España. Por la gran actividad que tiene esta carretera, los vehículos que
querían acceder en este punto a la general (precisamente todos aquellos
que tenían que atravesar los sentidos de la marcha haciendo el stop, no
el ceda el paso, por seguir el mismo sentido) tenían un gran problema
para realizar esta operación. Se discutió el tema y hubo un cierto
rechazo entonces a la construcción de un paso elevado. La solución que se
tomó en aquel momento fue la de poner un semáforo poco estudiado en
cuanto a la señalización vertical y horizontal de la carretera. Ahora se
han instalado unas bandas rugosas que avisan que se disminuya la
velocidad porque a la caída de la tarde hay deslumbramiento por el sol,
sobre todo en dirección Lérida, y cuando



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hay niebla se llega con muy poco tiempo a la zona del semáforo.

Me he quedado perplejo al ver que en la enmienda se dice que en tres
meses se inicien actividades. Señorías, la obra de la variante de Lérida
se está realizando a marchas forzadas, incluso hay tramos en los que se
está trabajando de noche. Esta variante empieza en Alamús, y tiene unos
30 kilómetros de longitud. Excepto en los enlaces de Alamús y Soses, esta
variante se podrá inaugurar dentro de un año y medio a más tardar. Para
poder poner en servicio este tramo, en el que se está trabajando a
marchas forzadas, es necesario que se termine esta obra de enlace hasta
la carretera nacional que afecta a Alamús. Por tanto, el tema está
resuelto incluso en este proyecto a que se refiere la enmienda.

En todo caso, me gustaría que se nos aclarase qué quiere decir la palabra
«actividades». Se dice que en tres meses se hagan las actividades. A lo
mejor nos quieren decir que ya está adjudicada la obra, que este tramo
--que puede ser de 500 metros-- todavía no se ha adjudicado, pero la
variante de Lérida sí está adjudicada. Lamentablemente con esto no
solucionamos el que durante las obras se puedan producir otros
accidentes. En todo caso, estas bandas rugosas que se han colocado en la
carretera pueden alertar a la gente que circula que hay algo. Pueden
estar seguros, señorías, de que dentro de un año y medio, a más tardar
--depende de presupuestos y de otras circunstancias--, el problema estará
totalmente solucionado porque desaparecerá la gran circulación en la
carretera N-II, en la zona donde está el semáforo, ya que se habrá
desviado hacia la variante. Por tanto, ese punto negro desaparecerá.

Continuará existiendo la antigua carretera y el enlace, y posiblemente no
habrá ningún problema con un simple stop (incluso yo diría que se debía
retirar el semáforo) o con un ceda el paso, que es la señalización de
cruce que hay en cualquier carretera del Estado.

Por consiguiente, señorías, vamos a votar favorablemente la enmienda, si
se acepta. Rogamos que se nos aclare qué quiere decir la palabra
«actividades» y que se nos dé una información exacta del estado de esta
variante en el enlace del Alamús y en el otro extremo.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Llorens, en
nombre del Grupo Popular, para fijar su posición con respecto a la
enmienda del Grupo Socialista.




El señor LLORENS TORRES: Señor Presidente, quiero agradecer la
sensibilidad y la buena disposición de los portavoces de los diversos
grupos intervinientes, incluso las aportaciones que ha hecho el
representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió) que nos han
parecido muy oportunas.

El problema consiste básicamente en que el semáforo situado en esa vía de
gran densidad de tráfico provoca un alto índice de peligrosidad, con los
accidentes que antes he citado, e innecesarios retrasos en una vía, como
digo, de gran circulación, interrumpiendo el tráfico. Nuestra proposición
trata de que se instale un paso elevado para evitar que los vehículos
procedentes de la población de Alamús y que se incorporan al tráfico de
la carretera nacional tengan que hacerlo a través de un semáforo. El
Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda que nos parece
razonable, pero no quisiera dejar de expresar, coincidiendo con la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida, nuestras reservas. Recuerdo una
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, que tuve ocasión de defender
en esta Comisión no hace mucho, para la inmediata adjudicación de las
obras correspondientes al tramo Cervera-Igualada de la autovía
Madrid-Barcelona. Se aprobó por esta Comisión que los trabajos empezaran
en un plazo no superior a seis meses desde la aprobación del acuerdo,
pero al día siguiente el señor Borrell, haciendo caso omiso de una
directriz del poder legislativo, dijo que no había presupuestos y que
aunque estaba en el Plan director y en el Plan bienal 1993-1995 no se iba
a hacer. A nosotros, por decirlo de alguna forma directa y llana, nos dan
miedo los tijeretazos del señor Borrell y nos da miedo también que
previamente no se hayan puesto de acuerdo los Diputados del Grupo
Socialista con el Ministro de Obras Públicas. No obstante, en una
conversación personal con el portavoz del Grupo Socialista señor Velasco,
éste me ha asegurado que en este caso sí se han puesto de acuerdo y que
en un plazo no superior a tres meses comenzarán las actividades tendentes
a eliminar ese semáforo y, por tanto, la peligrosidad que estamos
lamentando. Podíamos darles no tres meses, sino hasta cuatro, contados
desde hoy, suponiendo que el señor Borrell, una vez más, no se cargue los
acuerdos de esta Comisión; serían mayo, junio, julio, y dejamos el mes de
agosto inhábil. Yo les pediría, señor Velasco, señor Sedó y señora
Rivadulla, que si en el mes de septiembre no se realizan estas
actividades, que como muy bien apunta el señor Sedó no sabemos en qué van
a consistir pero que yo quiero entender, en un ejercicio de fe, que van
encaminadas al objeto de nuestra propuesta, es decir, que no encierran
otra intención oculta y dilatoria, aprobaran esta propuesta, que
volveríamos a presentar automáticamente, en sus justos términos. Nosotros
pensamos que es una propuesta muy barata. He consultado con técnicos en
la materia y la instalación de un paso elevado en las inmediaciones del
punto donde tiene lugar ese gran número de accidentes no costaría más de
50 millones de pesetas. Además, aligeraríamos las retenciones de tráfico
que se están produciendo.

Quiero decirle una cosa al señor Sedó. El apunta que dentro de un año y
medio tendremos la variante hecha. Señor Sedó, en un año ha habido dos
accidentes mortales, siete heridos graves y nueve heridos leves. Quiero
destacar una cosa. Aquí hemos intervenido dos Diputados por Lleida --la
representante de Izquierda Unida es Diputada por Barcelona pero vive en
Lleida y muchas veces, afortunadamente, ejerce de Diputada por dicha
circunscripción-- que tenemos una sensibilidad especial. Cuando ese
domingo de noviembre ocurrió el accidente de un autocar que trasladaba a
un equipo infantil de fútbol de El Poal a las cinco de la tarde --yo me
enteré precisamente cuando estaba en el partido de fútbol
Lleida-Mérida--, en el que hubo un gran número de niños accidentados y se
mató precisamente un niño disminuido que jugaba al fútbol en dicha



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población, los representantes políticos de Lleida tuvimos una
sensibilidad especial que, como nadie, ha compartido la Diputada señora
Rivadulla. No sólo hay que medir las obras en función de su coste y de su
funcionalidad. Hay realmente razones para esa peligrosidad (como muy bien
apunta porque usted ha pasado por allí y lo puede demostrar), como la
niebla frecuente en Lleida y los deslumbramientos, que hacen que esa
solución se adopte lo más rápidamente posible. Nosotros ahora nos
conformamos con la propuesta alternativa del Grupo Parlamentario
Socialista y esperamos que en el mes de septiembre no tengamos que
resucitarla porque este problema estará resuelto.




El señor PRESIDENTE: Entiendo y resumo que el proponente de la
proposición no de ley acepta la enmienda del Grupo Socialista en los
términos en que la ha planteado. No obstante, aunque la proposición no de
ley es muy puntual y muy concreta, el señor Sedó ha planteado un tema
mucho más amplio. Yo creo, señor Sedó, que no procede ahora discutir o
hacer que el ponente del Grupo Socialista explique esas actividades: no
es el momento el contexto de la proposición no de ley. Ahora bien, por
alusiones concretas que yo he constatado, y por lo visto S. S. también,
le doy la palabra por medio minuto para que, sin entrar en el debate de
las actividades, que se puede hacer en otro momento, ya que ésta es una
proposición no de ley muy puntual, como ha dicho el proponente del Grupo
Parlamentario Popular, pueda matizar lo que crea oportuno.




El señor SEDO I MARSAL: Al iniciar mi intervención he constatado el hecho
de que el señor Llorens, en el momento del accidente, recogió el sentir
de la gente que estaba en la zona. El señor Llorens nos dice que en un
año ha habido un muerto, tantos heridos graves y tantos heridos leves.

Pero es que la carretera nacional lleva años allí. En realidad, el cruce
se ha hecho peligroso en el momento en que se producen inquietudes de la
población, pues al aumentar el tráfico es más difícil incorporarse a la
Nacional-II, y entonces se busca una solución que fue poner un semáforo.

Es el semáforo el que produce los accidentes porque al ir frenando los
coches y al haber nieblas unos se van contra otros sin darse cuenta.

Provisionalmente se pueden poner bandas rugosas. Yo, que profesionalmente
me he dedicado bastante a la construcción de obra pública, discrepo
respecto a que tan rápidamente con un paso elevado se pueda solucionar el
problema. Para mí no se soluciona con un paso elevado con un coste de 50
millones y en un plazo de tres meses. Sí hay una buena solución
provisional: aumentar la señalización que hay ahora.

En cuanto a la palabra «actividades», que usted antes decía, me parece
que se refiere a que en tres meses se puede empezar a trabajar en la
variante y que no se hace el último tramo que enlaza con la carretera
hasta el último momento. Supongo que éstas son las actividades. Pero yo
lo que quiero decir es que hay que ir a buscar una solución definitiva,
aunque sea a más largo plazo. (El señor Velasco Rodríguez pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aceptada la enmienda del
Grupo Socialista por el Grupo proponente.

Señorías, ésta es la última condescendencia en este tipo de debate porque
vamos mal de tiempo. El señor Velasco tiene la palabra por treinta
segundos.




El señor VELASCO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente, por su
benevolencia. Simplemente quiero hacer una matización. Estoy de acuerdo y
ha recogido el señor Sedó perfectamente lo que queremos decir. Se
entiende muy bien, pero quería hacer una pequeña matización al portavoz
del Grupo Popular, en el sentido de que con nuestro parlamentario en
Lleida, el señor Pau, hemos estado trabajando conjuntamente esta
proposición no de ley, y creo que la sensibilidad de todos los grupos
políticos queda clara y más ante un accidente con víctimas mortales. Por
tanto, quiero reiterar (creo que a lo largo de mi intervención lo he
expuesto) que sentimos profundamente este accidente, como otros que se
producen en otras carreteras, pero que quede claro que hemos trabajado
conjuntamente con nuestros compañeros en la circunscripción de Lleida en
esta cuestión.




El señor PRESIDENTE: De ahí el éxito de la concordancia y de la
aceptación de la enmienda.




--SOBRE PARTICIPACION DE ESPAÑA EN LOS PROYECTOS DE DESARROLLO DE LAS
REDES TRANSEUROPEAS DE TELECOMUNICACIONES, INCLUIDAS LAS DE BANDA ANCHA
PARA LAS TRANSMISIONES MULTIMEDIA, COMO INFRAESTRUCTURAS COMPONENTES DE
LA FUTURA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000413.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día, proposición
no de ley sobre participación de España en los proyectos de desarrollo de
las redes transeuropeas de telecomunicaciones, incluidas las de banda
ancha para las transmisiones multimedia, como infraestructuras
componentes de la futura sociedad de la información europea. El Grupo
proponente es el Grupo Popular y para defender la proposición no de ley
tiene la palabra el señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, me propongo defender la
proposición no de ley sobre la participación de nuestro país en los
proyectos de desarrollo de las redes transeuropeas de telecomunicaciones
porque estamos en un momento en que la Unión Europea se propone potenciar
el establecimiento a nivel transeuropeo, como digo, de redes lo
suficientemente potentes, las denominadas superautopistas de la
información, a través de la promoción de una serie de proyectos que son
todos muy estratégicos,



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proyectos que suponen una inversión global evaluada para el período
1994-1999 en más de 150.000 millones de ecus, a aportar principalmente
por la iniciativa privada, y en este caso actuando el sector público
fundamentalmente en dos aspectos: uno, como promotor de estos proyectos,
y otro, como principal usuario de los nuevos servicios que se instalarán.

En esta situación entendemos desde este Grupo que España no se puede
quedar al margen, dado que en nuestro país existe un importante potencial
humano y técnico suficientemente capacitado y con tecnología utilizable
y, además, nuestro criterio es que existe predisposición del capital
privado. Por tanto, falta quizá solamente que quede patente la voluntad
política de llevar adelante esta magna operación.

Por consiguiente, nuestra proposición va en la dirección de que el
Gobierno establezca el plan de acción para promover la participación de
la iniciativa privada para la puesta en aplicación de estas redes
transeuropeas de autopistas de la información y que luego presente ante
la Cámara, concretamente entiendo yo que ante esta Comisión específica,
las conclusiones y medidas que se prevean más racionales. ¿Por qué
hacemos esto? Lo hacemos porque existen dos documentos que sirven de
marco de referencia a nuestra proposición: uno, el Libro Blanco de la
Comisión sobre crecimiento, competitividad y empleo del año 1993, y otro,
las recomendaciones al Consejo de Europa, de mayo de 1994, contenidas,
como es sabido por la Comisión, en el denominado Informe Bangemann. En
estos documentos coincidentes se sientan las bases para un desarrollo
sostenido de las economías europeas, haciendo frente a una competencia
internacional y teniendo como resultado algo que nuestro Grupo considera
básico y esencial, que es la creación también a través de esta vía de
gran cantidad de puestos de trabajo.

Estamos, pues, ante la necesidad de crear infraestructuras para promover
la productividad con estas redes transeuropeas en base a esta vía. Se
habla mucho de la transcendencia de estas redes transeuropeas en cuanto a
transporte o la energía, pero entendemos nosotros que la importancia no
queda disminuida en absoluto cuando se refieren a las telecomunicaciones,
ya que se trata nada más y nada menos que de crear el futuro sistema
nervioso de toda economía moderna. Estamos, además, en un momento de
especial trascendencia, ya que a causa de la digitalización progresiva de
todo el entorno europeo y el tratamiento informático de la información
han aumentado las posibilidades de utilización de estas redes en todo
tipo de información, tanto en voz, texto, datos o imágenes a entrecruzar
entre viviendas, entre oficinas y también, cómo no, entre empresas.

Se hace necesario también recordar en este momento que está muy reciente
la cumbre de Bruselas de los siete países más desarrollados, la reunión
del G-7, con asistencia del Vicepresidente de Estados Unidos y el
Presidente de la Unión Europea, con la asistencia y colaboración de los
ministros de economía e industria de estos siete países y, lo que yo creo
que es quizás tan trascendente o más, la presencia de los presidentes de
nada menos que 87 grandes multinacionales del sector para aprobar todo un
programa futuro en materia reguladora, legal, comercial, financiera e
incluso tecnológica y, cómo no, social, inherente al lanzamiento mundial
de esta sociedad global de la información, con la puesta en marcha de
este programa magno que, por supuesto, va a cambiar las condiciones.

Coincidente con esto, de acuerdo con el Informe Bangemann, están por lo
menos las 10 aplicaciones que nuestro Grupo entiende fundamentales y que
dan idea de su importancia. Cito como más indicativas, aunque puede haber
otras, todos los aspectos relacionados con el teletrabajo, la educación a
distancia, las redes interconectadas de universidades y centros de
investigación, los servicios telemáticos para las pymes --de singular
importancia para España--, la gestión del tráfico por carretera, el
control del tráfico aéreo, las redes de asistencia sanitaria, la
licitación electrónica que conduzca a una administración pública más
eficaz y a la vez más barata, las redes transeuropeas de las
administraciones públicas, yendo, como digo, a una solución mejor, y las
autopistas urbanas de la información, creando la sociedad de la
información en casa. (El señor Secretario, Vilafranca Bosch, ocupa la
presidencia).

Ante esta situación oportuna de aprobación de programas por los siete
países grandes económicamente, España no debe quedarse al margen, no ya
sólo por razones geográficas sino también por razones políticas y
económicas. Por eso para nosotros es una gran satisfacción que el
proyecto de ley de telecomunicaciones por cable esté ya en esta Cámara,
pendiente de negociaciones o de que entremos a fondo en su discusión, a
pesar del retraso con que ha llegado y que nosotros en los últimos años
hemos intentado denunciar.¿Por qué? Porque a través de la puesta en
marcha de este importantísimo proyecto de ley se pondrán en vigor
infraestructuras importantes de gran magnitud. Nosotros creemos que no
debe quedar el esfuerzo reducido exclusivamente a la creación de la vía,
sino también en lo que debe circular por ella. Es, por tanto, un afán
necesario de desarrollar servicios genéricos y de aplicaciones
telemáticas, sobre todo aquellas modernas que utilicen todas las
capacidades de nuevas redes de banda ancha. Esto hay que hacerlo por la
vía de la inversión privada, porque ya incluso la memoria del proyecto de
ley que ha enviado el Gobierno y que he citado lo reconoce. Es impensable
en estos momentos basar el gran cúmulo de inversiones necesarias en la
financiación pública. Como reconoce el proyecto, podría pensarse como
máximo en una participación mixta, creando la ingeniería financiera
suficiente y haciendo intervenir la financiación pública con carácter
adicional. Lo fundamental, en todo caso, es que tienen que ponerse los
polos que atraigan la inversión privada, coaligando los distintos
intervinientes --por supuesto, la Administración, cómo no, a través de
sus tres niveles, central, automático y local-- y las entidades
financieras operadoras de redes, las empresas industriales y de servicios
y, por supuesto, los usuarios.

Lo fundamental de nuestra proposición va en la línea de que desde la
Administración se allanen los obstáculos para favorecer la creación de
nuevas empresas, para lo cual, como digo, se dispone de capital humano
capacitado y de tecnología suficiente, promoviendo la participación
española



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en toda una serie de proyectos ya universales y que si son útiles para
todo nuestro entorno también lo han de ser para los españoles, como es el
acceso a las bases de datos, al correo electrónico, a los vídeos
interactivos y la facilidad de utilizar todos estos sistemas por la
empresa española y sobre todo por las pymes.

Resumiendo, señor Presidente, estamos ante un esfuerzo que yo estimo
apasionante, que debe moverse desde la Administración, pero que hay que
catalizar desde ella --y por supuesto desde esta Comisión-- a la
iniciativa privada. Ese es el contenido fundamental de la proposición no
de ley que me he honrado en defender en este momento.




El señor SECRETARIO (Vilafranca Bosch): A continuación tiene la palabra,
por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Seré muy breve, señor Presidente.

Consideramos oportuna la proposición no de ley que presenta el Grupo
Popular. Con ella se puede dar cauce al mejor conocimiento por parte de
la iniciativa privada española de la situación en que se encuentran las
telecomunicaciones en el conjunto europeo. Por tanto, mi grupo
parlamentario va a apoyar esta proposición no de ley.




El señor SECRETARIO (Vilafranca Bosch): Por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el señor Martinón.




El señor MARTINON CEJAS: La detallada exposición que ha hecho el señor
Camisón me exime en buena parte de explicitar más la importancia del
asunto que estamos tratando.

Adelanto ya la posición favorable de mi grupo a esta iniciativa del Grupo
Popular. Estamos contemplando la idea de una Europa futura, un proyecto
en todos los ámbitos, no sólo en el político sino en el económico,
cultural, educativo. Para la construcción de esa Europa del futuro las
redes europeas de telecomunicación son un factor esencial. (El señor
Presidente ocupa la presidencia).

No es suficiente decir que desaparecen las fronteras entre los países
miembros de la Unión Europea para pensar que de verdad existe un mercado
común, sino que es imprescindible una mayos cohesión desde el punto de
vista económico para los Estados y también para los ciudadanos. Qué duda
cabe de que para que esa idea de Europa sea asumida por todos es
imprescindible la participación española en estos proyectos de redes
europeas de telecomunicaciones. Por eso la iniciativa del Grupo Popular
en el sentido de que la iniciativa española tenga importancia en la
construcción, desarrollo y aprovechamiento de esas redes europeas de
telecomunicaciones nos parece razonable. El ha comentado, y en la
proposición no de ley figura escrito, que en España existe un potencial
humano capacitado, se conoce la tecnología utilizable y existe el deseo
del capital privado para invertir en este sector, y añade que sólo falta,
por consiguiente, la voluntad política que impulse la participación
española en los distintos proyectos comunitarios, aunque en su
intervención oral lo matice diciendo: quizás, lo único que falte sea la
voluntad política. No falta, señor Camisón, la voluntad política. Hay
voluntad política por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario
Socialista, y yo creo que todos los grupos parlamentarios, de que haya
una participación española importante conforme a nuestra capacidad como
nación.

En este sentido sólo me queda reiterar, como decía, señor Presidente,
nuestra conformidad con esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y
anunciar nuestro voto favorable a la misma.




--SOBRE ANALISIS DE LAS REPERCUSIONES NACIONALES DE LOS RESULTADOS DE LA
RECIENTE CONSULTA REALIZADA POR LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
RELATIVA AL LIBRO VERDE DE LAS COMUNICACIONES MOVILES Y PERSONALES.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000414.)



El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto 5 del orden del día.

Proposición no de ley sobre análisis de las repercusiones nacionales de
los resultados de la reciente consulta realizada por la Comisión de las
Comunidades Europeas relativa al Libro Verde de las comunicaciones
móviles y personales. El autor es el Grupo Parlamentario Popular y para
defenderla tiene la palabra el señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Me propongo defender esta proposición no de ley
cuyo contenido acaba de anunciar el señor Presidente y lo hacemos porque
estamos convencidos de que en estos momentos es muy vaticinable y seguro
un crecimiento importante en el uso masivo de este tipo de comunicaciones
personales y móviles. Por tanto, desde el Gobierno procede --es momento
también oportuno-- el llevar a cabo sin demoras las acciones oportunas
para ir solucionando los problemas que se pueden ir originando por este
crecimiento seguro de estas comunicaciones móviles y personales. No
queremos que haya la pereza que hubo en el caso del concurso del segundo
operador para telefonía móvil, en el que hemos perdido algunos meses,
quizá algún año, lo que en estos momentos es la causa de que tengamos uno
de los índices de penetración más bajos dentro de nuestro entorno
europeo.

Desde esta Comisión queremos instar al Gobierno a que haga un análisis de
esas repercusiones, de cara, como digo, al espectacular crecimiento de
este tipo de comunicaciones, puesto que el uso de estas tecnologías va a
convertirse, con toda seguridad, en un mercado de masas. Y aunque sólo
sea por razones de control de ese análisis, queremos que el Gobierno
presente a esta Cámara, y precisamente a esta Comisión, el resultado de
dicho análisis y las medidas que propone, para que sean analizadas aquí
libremente.

El tema quizás no se pueda calificar de excesivamente urgente, pero
creemos que, para que no se vuelvan a producir



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este tipo de demoras, como en casos anteriores, merece la pena
adelantarse, puesto que estamos en un momento en el que las previsiones
comunitarias nos hablan ya de un crecimiento anual de nada más y nada
menos que entre el 30 y el 40 por ciento de este subsector de las
comunicaciones móviles y personales y de un horizonte también
importantísimo de 80 millones de abonados para el año 2010. Hay que
regular, por tanto, este crecimiento y adelantarse a la solución de los
problemas que puedan ir apareciendo, fundamentalmente en dos aspectos.

Primero, en las mayores exigencias de asignación de numeración y de
disponibilidad de frecuencia en el espectro radioeléctrico para unos
servicios con tendencia, como digo, a la masificación; y, segundo, por
las repercusiones sobre el operador principal por la eventual reducción
en el volumen de tráfico telefónico por su red tradicional y por los
precios de la utilización de sus infraestructuras por parte de los nuevos
operadores. Ha llegado, por tanto, el momento de adoptar desde el
Gobierno las medidas que tiendan a favorecer el previsible desarrollo
espectacular a que estoy haciendo referencia, pero debo también recordar
que en esta Comisión, como el tema nos preocupaba desde hace tiempo,
presentamos en su día una proposición no de ley sobre regulación del
espectro radioeléctrico con vistas a lo que estoy exponiendo y que
lamentablemente fue rechazada. Hoy insistimos en la misma línea porque
creemos que si no se hace esto va a ser muy difícil que podamos hacer
frente a esos problemas que están apareciendo, ya que hay que ir
decididamente a liberar espacios o bandas de frecuencias para dedicación
en los próximos años de nichos suficientes para este tipo de
comunicaciones móviles y personales.

En lo que respecta al aumento masivo previsible de estas comunicaciones,
si se desea que España asuma este crecimiento en tiempo útil, como parece
lógico, sería preciso tener en cuenta un nuevo marco regulador de la
nueva exigencia, tanto en lo que se refiere a la utilización de las
infraestructuras como a la interconexión de redes de operadores distintos
y, sobre todo, al futuro papel a jugar por la ONP, Open Network
Provision, para hacer previsible la interoperabilidad de los servicios,
basándose sobre todo en las medidas que nosotros en principio resumimos
en los siguientes términos.

Eliminación de los derechos especiales y exclusivos en favor de los
operadores públicos y de los concesionarios del monopolio, de manera que
puedan aplicarse en España de manera completa las reglas de la
competencia. Eliminación para las comunicaciones móviles y personales de
las restricciones que ahora subsisten en el uso de las infraestructuras
alternativas, en línea con la política comunitaria de liberalización de
las infraestructuras y que nuestro país y su Gobierno ya han empezado a
practicar. Promoción de disponibilidad de frecuencias necesarias para los
nuevos servicios para los operadores que pretendan usarlos y ofrecerlos.

Posibilidad legal de interconectar redes y permitir, repito, la
interoperabilidad de los distintos servicios en condiciones de simetría a
operadores de redes móviles, para que puedan utilizar las redes fijas, y
a los operadores de redes fijas, para que puedan hacer uso de las
tecnologías de radio. Finalmente, establecimiento de las condiciones para
permitir el acceso al mercado de los nuevos operadores de servicios de
comunicaciones personales y móviles y --esto es importante-- de los
proveedores de los mismos servicios.

Esta es la línea de nuestra proposición no de ley que oportunamente
presentamos a esta Comisión para hacer frente a estos problemas que se
nos vienen encima, porque creemos que es momento de adelantarnos a su
solución.




El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda de sustitución y de supresión
por parte del Grupo Socialista y para defenderla tiene la palabra el
señor Martinón.




El señor MARTINON CEJAS: Como muy bien ha explicado el señor Camisón, la
Unión Europea ha realizado una consulta entre los agentes del sector de
las telecomunicaciones sobre las comunicaciones móviles en la Unión.

Basándose en los resultados de esta encuesta existe en estos momentos una
propuesta de resolución del Consejo que está siendo analizada, discutida
y debatida por cada uno de los Estados miembros y que esperamos sea
aprobada, con las modificaciones a que haya lugar, en el Consejo de
Ministros de Telecomunicaciones del próximo mes de junio.

Sin duda, es importante conocer cuál es la opinión de los agentes que
operan en este sector, pero también es verdad que no debe ser
exclusivamente la opinión de estos agentes la que marque la política a
seguir. Insisto en que es importante tener en cuenta esas opiniones, pero
en modo alguno parece razonable que los poderes públicos se limiten a ser
agentes repetidores de lo que esos agentes del sector opinen.

Nosotros consideramos que el contenido de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Parlamentario Popular debe ser corregido
parcialmente. Coincidimos plenamente en el primer punto puesto que
creemos que es conveniente llevar a cabo un análisis de las respuestas
que los agentes del sector español han dado a la encuesta de la Comisión
y que ese análisis sea conocido por esta Cámara, sin embargo, el Grupo
Parlamentario Popular propone que lo sea en el plazo de tres meses y
nosotros invitamos a este Grupo a que considere un plazo algo mayor,
hasta seis meses, teniendo en cuenta que estamos en el mes de abril y que
ese plazo de tres meses nos llevaría al mes de julio. Desde el punto de
vista parlamentario es prácticamente igual tres meses que seis meses y
con ello daríamos más tiempo al Gobierno para que efectuase ese análisis
con mayor calma, mayor rigor y, por tanto, con mayor eficacia. Asimismo,
consideramos que el último apartado del punto dos resulta innecesario.

Nosotros creemos que ese punto dos debe quedar redactado de la siguiente
forma: Presentar ante esta Cámara, en el plazo de seis meses, un informe
con el resultado de dicho análisis. Por tanto, proponemos suprimir lo
siguiente: ... así como de las medidas de distinto tipo que, con sus
plazos correspondientes, será necesario adoptar en España para no
dificultar la expansión de dichos servicios de telecomunicaciones móviles
y personales. Creemos que, en buena parte, la política de
telecomunicaciones que se va a llevar a cabo en España ya ha



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quedado definida en el acuerdo del Gobierno sobre esta materia, adoptado
en el último trimestre del año anterior, política que, inevitablemente,
va a ser definida por los acuerdos que se tomen en el seno de la Unión
Europea.

Resumiendo, señor Presidente, nos parece muy razonable la proposición no
de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, pero consideramos
oportuno presentar una enmienda de sustitución del plazo de tres meses
por el de seis, así como la supresión del párrafo anteriormente reseñado
correspondiente al punto dos de la misma.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: La posición de nuestro Grupo Parlamentario es
favorable a esta proposición no de ley, tanto si se mantiene su redacción
inicial como si se acepta la enmienda que ha propuesto el Grupo
Socialista.

Consideramos muy acertadas estas tres proposiciones no de ley que
presenta el Grupo Popular (la anterior, ésta que estamos debatiendo y la
que posteriormente vamos a debatir), si bien creemos que podrían haber
sido objeto de un único paquete de estudios solicitados al Gobierno. Lo
correcto, a nuestro juicio, sería que, una vez que estuvieran redactados
estos informes, en el caso de que estas proposiciones no de ley tuvieran
éxito, como ya tuvo la primera, el propio Gobierno viniera a presentarlos
y que, con objeto de esa presentación, tuviera lugar un debate
parlamentario sobre las diferentes incidencias que estas legislaciones
europeas y esta redacción del Libro Verde han tenido o tendrán sobre el
sector privado de las telecomunicaciones en España.




El señor PRESIDENTE: Para fijar su posición sobre la enmienda propuesta
por el Grupo Socialista, en nombre del Grupo proponente, tiene la palabra
el señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Una vez estudiada la enmienda presentada, y
después de oídos los razonamientos que ha expuesto el portavoz del Grupo
Socialista, consideramos que es perfectamente razonable y, por tanto, la
aceptamos.

Con respecto a la sugerencia que ha hecho el portavoz de Izquierda Unida,
señor Andreu, en cuanto a la posibilidad de que, en su día, en el caso de
que el paquete de las tres proposiciones fuese aprobado, viniese el
Gobierno a exponer el resultado que se derivara de los análisis y
estudios de esas tres propuestas en su globalidad y que ello diera origen
a un debate conjunto en la Cámara, nos parece de perlas. Nos parece muy
bien la propuesta que hace Izquierda Unida, pero en su momento. Una vez
que pasen esos seis meses, tendremos ocasión de participar todos en el
debate de una forma constructiva, como está sucediendo hoy en el que se
está produciendo en esta Comisión.




--RELATIVA AL ADELANTO DE LOS PLAZOS PREVISIBLES A NIVEL COMUNITARIO PARA
LA ELIMINACION DE RESTRICCIONES A LA UTILIZACION DE LAS DENOMINADAS
INFRAESTRUCTURAS ALTERNATIVAS PARA EL SUMINISTRO A TERCEROS DE SERVICIOS
DE TELECOMUNICACIONES LIBERALIZADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000417.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto último del orden del día.

Proposición no de ley relativa al adelanto de los plazos previsibles, a
nivel comunitario, para la eliminación de las restricciones a la
utilización de las denominadas infraestructuras alternativas para el
suministro a terceros de servicios de telecomunicaciones liberalizados.

Para su defensa, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Paso a defender esta última proposición no de
ley del paquete que hoy trae a esta Comisión el Grupo Parlamentario
Popular.

Hemos presentado esta proposición porque nos consta que la Comisión (me
estoy refiriendo a la Unión Europea) ha intentado adelantar el plazo
general de liberalización de las llamadas redes alternativas, aquéllas
referidas al cable de teledifusión de televisión, a las redes de empresas
prestatarias de servicios públicos, a las redes corporativas, a los
grupos cerrados, sobre todo a los «trunking», y a las redes de
comunicaciones móviles. También nos consta que ha habido seis Estados de
la Unión Europea que estaban a favor de este adelanto y que otros, entre
ellos España, que tenían cierta reluctancia a ello porque no les
convencía la situación futura de las redes de energía; sobre todo se
referían a las redes de energía y no a las de telecomunicación.

Así las cosas, hay que tener en cuenta que estamos a poco más de dos años
de la liberalización total y que las repercusiones sobre los operadores
públicos --me estoy refiriendo no sólo a Telefónica, sino a Retevisión, a
Hispasat y a todo lo demás-- no pueden ser muy negativas puesto que la
importante decisión adoptada está siendo asumida por esas empresas
públicas. En consecuencia, creemos que hay razones suficientes para que
no deba ser rechazada la proposición de adelantar algo el plazo de
liberalización para estas redes alternativas, sobre todo porque son unas
posibilidades ociosas que están ahí y que no se están aprovechando.

Resumimos nuestra propuesta, en concordancia con las anteriores, en que
el Gobierno haga un estudio de las repercusiones económicas sobre los
operadores públicos de esta liberalización de las redes alternativas y de
las compañías prestatarias de servicios públicos que puedan efectuar
prestaciones a terceros, lo que hasta ahora no se está haciendo, por lo
que entendemos que es una potencialidad que está ahí muerta.

También, en simetría con las proposiciones anteriores, proponemos que el
resultado de este estudio se traslade a



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esta Comisión para llevar adelante, como se ha dicho, ese debate
importante.

A continuación quiero hacer un llamamiento a la oportunidad de esta
proposición, que no sólo es aplicable en este caso sino también en las
dos anteriores, puesto que no hay que olvidar que nos encontramos en las
vísperas del semestre que nos corresponde presidir la Unión Europea,
semestre en el que, lo presida quien lo presida, se va a hablar de estas
cuestiones. Por tanto, para el Grupo Popular es realmente satisfactorio
que ese debate, que necesariamente se va a producir durante la
Presidencia española de la Unión Europea, tenga también lugar en esta
Comisión, dando así la sensación real de que estamos en una vía de
auténtico entendimiento en un tema tan importante para España como para
el resto de la Unión Europea.

En el texto, como he dicho antes, relacionamos estas infraestructuras
alternativas, pero ahora, y vista la disposición de esta Comisión, creo
que se debía ampliar a todas aquellas infraestructuras que no son las del
operador principal. Yo entiendo que, de momento, las más significativas
son las siguientes: las correspondientes al Ente Público Retevisión, en
cuanto transportistas de señales de radio y de televisión; las del
organismo autónomo de Correos y Telégrafos; las de los operadores de
redes de cable de teledifusión de televisión, que hay algunas y con la
aprobación de la ley habrá bastantes; las empresas prestatarias de
servicios públicos, tanto agua, gas, electricidad y petróleo, sobre todo,
como es natural, la de electricidad; la de ferrocarriles, que en estos
momentos tenemos una línea de fibra óptica modernísima, siguiendo la
línea del AVE de Madrid y Sevilla y no está siendo utilizada; las que han
montado ya algunas comunidades autónomas; las correspondientes al
Hispasat; las que tienen algunas autopistas y otras que tienen algunos
ayuntamientos. Sé que existe una clara diferencia entre unas y otras. Hay
algunas muy fuertes, como puede ser toda la red de Retevisión o incluso
toda la red de las compañías eléctricas, con gran potencialidad, y otras
que son débiles y que no pueden ofrecer grandes soluciones porque tienen
enormes carencias. Yo entiendo que, ya que se aprueba esto, debe hacerse
con carácter de generalidad y no excluyendo a ninguna, por poca
importancia que tenga. Debe hacerse un estudio genérico para la inclusión
de todas ellas.

En nuestra proposición se resumen estas vicisitudes, como he dicho, de la
disparidad de criterio que ha habido entre algunos miembros de la Unión
Europea, pero aquí hay que recordar que, a la Unión Europea le queda la
posibilidad, en el caso de que no hubiera acuerdo final, aunque las
últimas noticias indican que sí lo va a haber, de legislar por la vía del
artículo 90 del Tratado, al margen del Consejo . Y la prueba de ello es
que el borrador de proyecto de directiva de la Comisión por la que se
modifica la Directiva 90/368, relativa a la supresión de las
restricciones de las redes de televisión por cable para la prestación de
servicios de telecomunicaciones, ya está en el horno. Y si ya están
decididas las redes de teledifusión, es muy probable que pronto le llegue
el turno a las redes de la compañías eléctricas.

Quiero decir con todo esto que, estando ya decidida la parte fundamental,
que es ir a esa liberalización y utilización de las redes, la cuestión
del plazo es menor. En esa línea, creo que es totalmente congruente con
todo lo anterior nuestra proposición no de ley, tendente a procurar con
su aprobación el uso de estas posibles alternativas y que, incluso,
motivará beneficios para todos. Por ejemplo, será un aliciente de
motivación empresarial para las compañías propietarias de estas redes
alternativas, que las tienen hoy muertas y las podrán utilizar; el
conocimiento cuanto antes para Telefónica de unos datos y situaciones de
mercado potencialmente unitivo es conveniente y la adquisición de una
experiencia variada sobre competencia, referida a ensayos y a proyectos
de actividades forzosamente limitada en volumen, tendrá repercusión y
beneficiará a todos.

Consecuentemente con todo lo expuesto, dada la oportunidad, proponemos a
esta Comisión la aprobación de esta proposición no de ley, que está
conectada con las dos anteriores. El aprobar esta tercera haría de todo
el conjunto una aprobación armónica, que es lo que pido en estos momentos
a la Comisión.

Esto es todo, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Dado que el Grupo Socialista ha presentado una
enmienda de sustitución y de supresión, tiene la palabra el señor
García-Arreciado, en nombre de dicho Grupo, para defender la citada
enmienda.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Voy a ser extraordinariamente breve y
ruego que no lo tomen a descortesía. La brevedad tiene dos fundamentos:
en primer lugar, la conformidad de base con la proposición no de ley
presentada, así como con las dos anteriores, y, en segundo lugar, un
hecho más personal, más entrañable para nosotros, como es el acto de
homenaje-despedida a nuestro compañero Martín Toval, que se va a celebrar
en los próximos minutos. Dada la conformidad que tenemos con el
planteamiento efectuado por el señor Camisón, nos permite ser breves.

Compartimos las tres iniciativas que se han debatido en último lugar en
la Comisión. Nos parece que es un paquete de actuaciones que, por no
presentar ninguna disonancia grave con la política del Gobierno en los
últimos tiempos y con el importante esfuerzo hecho por este país por
recuperar el tiempo perdido en el sector que estamos tratando, ha
merecido nuestra conformidad. Bien es cierto que hay un conjunto de redes
de infraestructuras alternativas que tienen una capacidad ociosa. Y eso
no es bueno. Eso, en el fondo, es ineficaz para el sistema en su
conjunto, pero tan ineficaz como tener alguna cierta capacidad ociosa
puede ser el tener duplicadas las capacidades, Por eso, con buen
criterio, el Consejo de diciembre último se opuso a la pretensión de la
Comisión de anticipar la fecha de desregulación de las llamadas redes
alternativas, creyendo conveniente, antes de tomar esa decisión, dar un
cierto plazo a los Estados miembros para que realizasen los ajustes
precisos de infraestructura, los sistemas de concesión de licencias, las
formas de interconexión de las redes, con objeto de que la puesta en
valor de la capacidad ociosa de las



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redes alternativas supusiese realmente un valor añadido en la industria y
no una falsa competencia y una mera duplicidad o exceso de la capacidad
de las redes alternativas. Eso es lo que estamos haciendo, en ese proceso
está este país, junto con otros Estados miembros de nuestra Comunidad y
lo que sí nos parece cierto es que, como ha dicho el señor Camisón, es
posible que la Comisión insista en adelantar esa fecha, amparada en el
artículo citado por el señor Camisón. En todo caso, es un hecho futurible
que se va a producir con seguridad o en las fechas establecidas con
carácter general o en fechas anticipadas si en el segundo round de este
combate la Comisión impusiera sus criterios.

En todo caso, se va a producir esa desregulación de las redes
alternativas y bueno es que instemos al Gobierno, aunque ya lo ha hecho
en parte y tendrá que continuar en ese esfuerzo, a que estudie las
influencias o los efectos que la puesta en valor de esas redes, ahora
ociosas, pueden tener sobre las redes oficiales, las redes al uso.

Por lo tanto, no tenemos nada que objetar al primer punto de la
proposición no de ley y estamos conformes en que se haga ese estudio de
impacto por parte de la Administración.

Enmendamos únicamente el segundo punto, en la idea de conseguir un mayor
plazo para la realización de ese estudio, que sean seis meses en lugar de
los cuatro, limitando la pretensión de la proposición no de ley, que ya
daba por supuestas algunas conclusiones de ese estudio y pedía que, junto
con el estudio, el Gobierno o la Administración enviase los plazos de
adelantamiento correspondientes. No vamos a presuponer las conclusiones
de ese estudio, por lo que pedimos la supresión del último párrafo del
segundo punto de esta proposición no de ley, pues podría incidir de
alguna manera en los resultados del estudio.

De manera que, demostrando nuestra conformidad con esta proposición,
igual que con las tres anteriores, si el grupo que las ha formulado
acepta nuestra enmienda, votaremos con mucho gusto a favor de su toma en
consideración.




El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Simplemente a efectos de que conste nuestra
posición favorable, queremos manifestar que apoyaremos esta proposición
no de ley tanto si la mantiene el Grupo que la propone en sus propios
términos como si acepta la enmienda del Grupo Socialista. Desde luego,
las exposiciones me hacen confirmar el pensamiento de que lo trascendente
parlamentariamente, lo que puede plantear posiciones políticas diferentes
que enriquezcan el debate parlamentario sobre este asunto es,
efectivamente, la posterior toma de posición de los grupos parlamentarios
sobre lo que estos informes pudieran concluir.




El señor PRESIDENTE: A continuación, para fijar la posición respecto a la
enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra, en nombre del grupo
proponente, el señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Encontramos la enmienda del Grupo Socialista,
una vez analizada y oída la exposición que ha hecho el señor portavoz,
perfectamente razonable y, por tanto, la asumimos.




El señor PRESIDENTE: Pues bien, muchas gracias a todos.

Dado que es la una y dos minutos, hemos cumplido puntualmente nuestro
programa de debate y, sin más dilación, pasamos al proceso de votación de
las proposiciones no de ley contenidas en el orden del día de hoy.

En esta sesión de trabajo tenemos seis proposiciones no de ley y si la
gente insigne que ocupa esta sala, como es lógico, guardan un poco de
silencio, terminaremos todos muy pronto y tendremos tiempo para otro tipo
de actividades, todas ellas importantes.

Iniciamos la votación con el primer punto del orden del día.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 24.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la proposición no
de ley.

Pasamos a votar el segundo punto del orden del día, y no habiendo sido
aceptada la enmienda, votamos la proposición tal cual ha sido propuesta.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 26.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Pasamos a votar el punto número tres del orden del día, en el que la
enmienda del Grupo Socialista sí ha sido aceptada por el Grupo proponente
y, por tanto, sometemos a votación la enmienda del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad, con 28 votos a favor.

Seguidamente, votamos el punto cuarto del orden del día tal y como ha
sido formulada la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad, con 28 votos a favor.

Pasamos a votar el punto quinto del orden del día respecto al que la
enmienda del Grupo Socialista sí ha sido aceptada por el Grupo
proponente. En consecuencia, someto a votación la enmienda del Grupo
Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad, con 28 votos a favor.

Finalmente, pasamos a votar el punto sexto del orden del día, en el que
también ha habido una enmienda del



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Grupo Socialista que ha sido aceptada por el Grupo proponente. Someto a
votación la enmienda del Grupo Socialista presentada al punto sexto del
orden del día.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad, con 29 votos a favor.

(El señor Posada Moreno pide la palabra.)
¿Explicación de voto, señor Posada?



El señor POSADA MORENO: No, señor Presidente. He pedido la palabra
simplemente para matizar que lo que hemos votado han sido las
proposiciones no de ley con las enmiendas socialistas, ya que no eran
enmiendas totales de sustitución, sino enmiendas parciales.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, y corrijo mi planteamiento de las
votaciones porque las enmiendas parciales las he considerado como
enmiendas a la totalidad. Corrijo el error y pido que conste en Acta para
el conocimiento de todos los Diputados.

Muchas gracias. Enhorabuena y hasta la próxima semana.

Se levanta la sesión.




Era la una y diez minutos de la tarde.