CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 474
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 29
celebrada el miércoles, 5 de abril de 1995



ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a solicitar y defender ante la Unión
Europea (UE) la denuncia de la negociación habida en su día con Noruega,
plasmada en la decisión del Consejo de 18 de mayo de 1987. Presentada por
el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). (BOCG, Serie D, número 175, de
23-12-94. Número de expediente 161/000352). (Página 14428)
--Relativa a la negociación de cuotas pesqueras. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG, Serie D, número 198, de 3-3-95. Número de
expediente 161/000402). (Página 14433)
--Sobre puesta en práctica de medidas de control e inspección, dirigidas
a impedir el ejercicio de la actividad pesquera furtiva. Presentada por
el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). (BOCG, Serie D, número 194, de
24-2-95. Número de expediente 161/000397). (Página 14435)
--Por la que se insta al Gobierno a dotar al aeropuerto de Córdoba de las
instalaciones y medios necesarios para la defensa de la masa forestal,
así como a adoptar medidas para la prevención y repoblación forestal y
evitar la provocación intencionada de incendios forestales. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, Serie D, número 201, de
10-3-95. Número de expediente 161/000420). (Página 14439)

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--Por la que se insta al Gobierno a que en todas las políticas públicas
se tenga en cuenta el papel de las cooperativas agrarias en la
transformación y comercialización de productos agrarios. Presentada por
el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, Serie D, número 210, de
24-3-95. Número de expediente 161/000427). (Página 14443)



Se abre la sesión a las once y diez minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión. (El señor Pascual Monzo pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Pascual para una cuestión de orden.




El señor PASCUAL MONZO: He pedido la palabra simplemente para que conste
en acta la protesta de este Diputado porque, con gran sorpresa, ayer me
comunicaron que habían sido retiradas las preguntas orales que tenían que
figurar en el orden del día de hoy de esta Comisión y que se iban a
trasladar a la Comisión Mixta de la Unión Europea. En principio, este
Diputado no tiene ningún inconveniente en que se trasladen a la citada
Comisión Mixta para la Unión Europea, pero quiero que conste en acta la
protesta por el hecho de que, una vez incluidas en el orden del día y
calificadas por la Mesa de la Comisión de Agricultura, se cambien a
última hora y se manden a otra Comisión. Este Diputado traía preparadas
las preguntas y ahora se encuentra con la sorpresa de que a última hora
se recalifican y se envían a otra Comisión.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, su protesta constará en acta. Es
cierto que se ha producido esta situación, a la cual son ajenos tanto
esta Presidencia como la Mesa y los portavoces de esta Comisión.

Sabe S. S. que la semana pasada, en la reunión de la Mesa y de los
portavoces, acordamos incluir las preguntas en el orden del día de hoy.

Con posterioridad, por una solicitud del Gobierno, aprobada por la Mesa
del Congreso, se ha acordado trasladar la tramitación de estas preguntas
a la Comisión Mixta para la Unión Europea. En este caso, lógicamente,
tanto la Mesa como los portavoces debemos acatar la decisión de la Mesa
del Congreso, pero yo creo que podemos compartir con S. S. --digamos-- la
preocupación, en el sentido de que efectivamente, a partir de este
momento, se va a generar una dinámica, que quizá sea lógica y cuyo debate
debemos abordar en otro momento, mediante la cual muchas de las
cuestiones que son competencia, en principio, de esta Comisión puedan
entrar en colisión con competencias de la Comisión Mixta para la Unión
Europea. En ese sentido, algún órgano de la Cámara decidirá en su momento
en qué Comisión se tramitan este tipo de preguntas.

No hay ningún inconveniente por parte de la Presidencia de la Mesa en que
conste en acta su queja en ese sentido y creo que será motivo de un
debate de más profundidad en otro momento para delimitar estrictamente
las competencias de las dos Comisiones, porque este problema no se da
sólo en este caso sino que se nos va a plantear en el futuro en distintos
supuestos.

Si les parece, entramos ya en la tramitación del orden del día.

Como saben SS. SS. por parte de la Mesa del Congreso se acordó tramitar
las preguntas del señor Pascual Monzo ante la Comisión Mixta. Las otras
dos que estaban anunciadas se han retirado por parte del Grupo
proponente.




DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A SOLICITAR Y DEFENDER ANTE LA UNION
EUROPEA (UE) LA DENUNCIA DE LA NEGOCIACION HABIDA EN SU DIA CON NORUEGA,
PLASMADA EN LA DECISION DEL CONSEJO DE 18/05/87. PRESENTADA POR EL GRUPO
VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000352.)



El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de las distintas proposiciones
no de ley. La primera de ellas es la del Grupo Parlamentario Vasco, por
la que se insta al Gobierno a solicitar y defender ante la Unión Europea
la denuncia de la negociación habida en su día con Noruega, plasmada en
la decisión del Consejo de 18 de mayo de 1987.

Por parte de los distintos Grupos se ha solicitado que agrupemos las
distintas votaciones, que yo creo no tendrán lugar antes de las doce y
media.

El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: El Grupo Parlamentario Vasco ha
presentado esta proposición no de ley relativa al ejercicio de la
actividad pesquera en cuanto a la especie del bacalao en aguas del océano
Artico. Nos estamos refiriendo, señor Presidente, a la actividad que
desde hace centenares de años viene realizando la flota bacaladera
española en aguas de lo que geográficamente se viene conociendo como el
Círculo Polar Artico.

En definitiva, estamos en el archipiélago conocido con el nombre noruego
de Svalbard, o en inglés Spitzberg, y, señor Presidente, haciendo un
análisis histórico del tema,



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queremos manifestar que nos encontramos con una actividad pesquera
realizada en un archipiélago ubicado en el Círculo Polar Artico, que está
compuesto de seis islas principales y un número considerable de pequeñas
islas e islotes. Este archipiélago, señor Presidente, fue descubierto,
por hacer una reflexión histórica del tema, por un holandés, Barents, en
el año 1596, aunque la actividad pesquera de los normandos ya se había
desarrollado en esa zona desde unos años antes.

Queríamos hacer referencia también, señor Presidente, a que durante el
siglo XVII los pescadores británicos y holandeses ya desarrollaban
actividades en estas aguas del océano polar Artico, en concreto en la
pesca de la ballena, de las morsas y de las focas. Sin embargo, si
hacemos referencia a la historia más cercana, vemos cómo en el siglo XIX
se asienta en estas islas del Artico una fuerte colonia noruega, que en
aquel momento da lugar a que haya intereses distintos por parte de las
potencias europeas, y es antes de la I Guerra Mundial cuando se pretende
alcanzar un acuerdo sobre el régimen de explotación del archipiélago de
Spitzberg --o Svalbard en noruego--, ubicado en el océano Artico.

No se consigue un acuerdo internacional al respecto con ocasión de la I
Guerra Mundial, pero con la firma del Tratado de Versalles y la
pacificación de los conflictos políticos en Europa, el año 1920 se llega
a un acuerdo histórico con la firma del Tratado de París, en virtud del
cual se establece un régimen internacional por el que se reconoce un
ámbito de soberanía específico a Noruega sobre las islas Svalbard, en el
Artico, de carácter denominado de fideicomiso, pero con una
característica, y es que, como determina el Tratado de París en sus
artículos 1.º y 2.º, los Estados signatarios, entre los cuales se
encontraba, obviamente, Noruega, a la hora de la adopción de decisiones
por parte del país que administra el archipiélago, que es Noruega, no se
pueden adoptar medidas discriminatorias en cuanto al ejercicio de
actividades económicas pesqueras en la zona. De esta forma, cualquier
decisión sobre el régimen de explotación de los recursos naturales --de
los bosques, de la pesca, del desarrollo de la minería que se efectúa en
este archipiélago-- ha de ser igualitario para todos los países
contratantes del Tratado de París de 1920.

Estos son, señor Presidente, los antecedentes históricos, en los que
debemos integrar y ubicar, con carácter hermenéutico, la proposición no
de ley cuya defensa, en cuanto al contenido esencial, paso a desarrollar.

Nos encontramos en aguas del océano Artico, reguladas también por una
organización que se denomina la Organización de Pesquerías del Atlántico
Noroeste. Saben SS. SS. que tenemos, por un lado, la Organización de
Pesquerías del Atlántico Noroccidental, es decir, en el norte occidental
del Atlántico, conocida como la NAFO, y tenemos la Organización de
Pesquerías del Atlántico Noreste, que es el denominado Consejo del
Artico, con sede en Copenhague y que reúne a los países que operan tanto
en el Mar de Barents, como en el Círculo Polar Artico. Ahí participa
Noruega, ahí participan las Islas Feroe, participa actualmente la
Federación Rusa y participa, como observador, la Unión Europea.

Pues bien, en este contexto, en el año 1977 se produce la ampliación de
las aguas jurisdiccionales hasta las doscientas millas amparadas en el
Derecho internacional, y es cuando Noruega viene a mantener una posición
en virtud de la cual entiende que esta extensión de las doscientas millas
de las aguas impide a las flotas pesqueras de los países signatarios del
Tratado de París ejercer la actividad pesquera en el ámbito de las aguas
del archipiélago de Svalbard.

Entonces, señor Presidente, hay una negociación de Noruega con los demás
países y resulta que países como España y la antigua Unión Soviética
entienden que el Tratado permanece en toda su vigencia, tiene todo su
valor, y dicen que la ampliación de las doscientas millas en nada afecta
porque en los artículos 1.º y 2.º del Tratado se dice que el régimen ha
de ser el mismo para todos los Estados signatarios.

En cambio, países como Alemania, Francia y el Reino Unido salen de pescar
en aguas de Svalbard y llegan a un acuerdo con Noruega del siguiente
tenor. Pasan a pescar dentro del mar de Noruega, dentro de la zona
económica exclusiva de las doscientas millas de Noruega, saliéndose de la
zona de Svalbard. En cambio, España y la antigua Unión Soviética siguen
operando en dicho caladero. Entonces, España sigue negociando todos los
años con el Gobierno noruego el ejercicio de la actividad pesquera en
Svalbard con unas negociaciones que tradicionalmente venían estableciendo
una cuota anual para la pesca del bacalao en el Artico de 15.000
toneladas.

A continuación, señor Presidente, en el año 1986, España ingresa en la
antigua Comunidad Económica Europea y, como común denominador de la
política pesquera comunitaria, las negociaciones con terceros países son
dirigidas, coordinadas y presididas por la Comisión de Pesca Europea.

Es entonces cuando se realiza una negociación anómala, subrepticia por
parte de Henri Simonet --recordarán SS. SS.--, que fue un político
francés que dirigió la política general de pesca, pero que aquí estuvo
condicionado por no se sabe qué intereses, como se demuestra en la
documentación oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de los años 1985 y 1986, que este Grupo Parlamentario Vasco tiene gracias
a lo que le suministró en su tiempo la Secretaría General de Pesca, y
donde se aprecia la posición del citado Ministerio, totalmente contraria
a la posición política que tuvo la Unión Europea y más en concreto Henri
Simonet.

Digo esto, señor Presidente, porque nos encontramos ante una decisión de
la Unión Europea, no plasmada en un reglamento sino en un acto que se
denomina decisión. La decisión, a diferencia del reglamento, es un acto
administrativo que no tiene naturaleza normativa. Aquí es lo que produce
con carácter excepcional, en definitiva, porque no hubo esa
participación, no hubo el consenso suficiente, ni hubo la posibilidad de
trasladar el acuerdo, con carácter normativo, a una norma de Derecho
positivo como son los reglamentos y no las decisiones.

Pues bien, en ese contexto, señor Presidente, se produce la negociación
que señalaba dirigida por el Director



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General de Pesca Henri Simonet y se acuerda con Noruega establecer una
participación para el conjunto de la Unión Europea en aguas del océano
Artico. ¿Qué ocurre en ese momento? Ocurre que se beneficia a Francia, al
Reino Unido y a Alemania porque estos países, con la extensión de las 200
millas en el año 1977, dejan de pescar en Svalbard y pasan a pescar en el
mar de Noruega. En cambio, con la decisión del año 1987 estos países
siguen pescando en el mar de Noruega, por un lado, pero en base al
acuerdo alcanzado en el que se fija una participación del 3,3 por ciento
en el TAC del Artico, vuelven otra vez al caladero de Svalbard y ahí se
produce la disfunción. Y es que mientras España sigue pescando únicamente
en aguas de Svalbard, en el océano Artico, los demás países pescan,
además, en el mar de Noruega y España no tiene participación en dicho
mar. En definitiva, esa participación tradicional de las 15.000 toneladas
que se producía en el TAC del Artico es repartida entre el Reino Unido,
Alemania, Francia, España y Portugal. Es ahí donde se produce, señor
Presidente, una disfunción importante y que, en definitiva, pretendemos
corregir desde el Grupo parlamentario Vasco.

Con carácter ilustrativo, señor Presidente, quisiera hacer referencia a
un dato. Los años 1994 y 1995 el TAC del Artico, vigente en este momento,
es de 700.000 toneladas. De ellas corresponden a la Unión Europea el 3,4
por ciento, lo que viene a ser unas 11.000 toneladas. El resto, el 96,4
por ciento, se reparten a partes iguales entre Noruega, Rusia y una
pequeña participación de las Islas Feroe. Como verán, señorías, la
participación española es de 10.000 toneladas, en relación con las
700.000, pescando 690.000 toneladas Rusia y la Unión Europea. ¿Qué es lo
que, en definitiva, pretendemos con esta proposición no de ley? Corregir
un desajuste, pero un desajuste de poca trascendencia, de 5.000
toneladas. Esas 5.000 toneladas con las que nosotros pretendemos,
mediante esta iniciativa, volver a una situación de antaño, pueden dar un
margen de actuación de ejercicio de la actividad pesquera importante
durante unos meses del año para que permanezca en actividad la flota
bacaladera vasca. No podemos comparar las 690.000 toneladas con las
10.000 que tiene España, y con esta corrección del desajuste que se
produce por la decisión de mayo de 1987 buscamos un equilibrio en cuanto
a las necesidades y en cuanto a la actividad económica tradicional que ha
venido realizando la flota bacaladera vasca. Ese es el espíritu, señor
Presidente, de la proposición no de ley.

Cuando utilizamos la terminología de la denuncia podemos perfectamente
manifestar que lo que se pretende, en definitiva, es la corrección del
ámbito de las capturas determinado el 18 de mayo de 1987. El espíritu es
que la flota pesquera bacaladera española pueda pasar a pescar las cuotas
de 15.000 toneladas que tradicionalmente ha pescado que, como he
manifestado, es irrisoria respecto al total del TAC y respecto a la
actividad pesquera que realizan de 690.000 toneladas entre Rusia y
Noruega.

Por último, señor Presidente, quiero manifestarle que la Administración
pesquera española, como indicaba anteriormente, con la documentación
oficial que ha tenido a bien transmitir a este Grupo parlamentario, en
las negociaciones que tuvieron lugar en el año 1986 España estaba en
contra de ese posicionamiento y, en definitiva, lo que pretendemos es
lograr un acuerdo entre los grupos parlamentarios para que se produzca
esa pequeña mejora de 5.000 toneladas sobre un TAC total de 700.000.

Finalizo, señor Presidente, manifestando también que el espíritu y la
fundamentación de la proposición no de ley tiene su soporte en que el no
ingreso de Noruega en la Unión Europea supone que el acuerdo que había,
respecto a las cuotas del bacalao, del espacio económico europeo para
operar en el mar de Noruega, donde se establecían unas cuotas progresivas
desde el año 1994 hasta 1998, no se produce ese adelantamiento de cuotas
que en el año 1997 sería de 11.000 toneladas en el mar de Noruega, y, en
la medida en que no se ha producido ese avance en cuanto al ingreso en la
Unión Europea, entendemos que se puede realizar en las próximas campañas
una negociación más acorde, más ajustada, que, en definitiva, corrija ese
desajuste que se produjo en el año 1987.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Fernández de Mesa.




El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Señor Presidente, señorías,
voy a intervenir muy brevemente para decir que la proposición no de ley
que plantea el Grupo parlamentario Vasco en el día no es más que una
muestra a añadir entre todas las que vamos acumulando, desgraciadamente,
durante los últimos años, de abandono no sólo de caladeros, sino también
de renuncia a cuotas que de alguna manera deberían estar hoy en día
dentro de lo que son las cuotas pesqueras de las que podría disponer en
los distintos mares en los que faena la flota pesquera española.

El Grupo parlamentario Popular va a apoyar esta proposición no de ley
entendiendo, por un lado, que si estamos sometidos en cantidad de
cuestiones a lo que son las reducciones impuestas unilateralmente en
nuestras capturas en otros caladeros, no tendría nada de particular que
España en un momento determinado pudiera hacer algún tipo de presión
sobre otros caladeros, alternativos a tanta reducción de flota, como a la
que nos vemos expuestos durante estos días y, en este caso concreto, a la
posibilidad de faenar en aguas del Artico para tratar de conseguir la
elevación en 5.000 toneladas de la pesca de bacalao que se viene
realizando.

Nosotros ponemos de manifiesto que, de acuerdo con aquella normativa de
la ampliación de aguas a las 200 millas territoriales, España no sólo no
las tiene --y habría que empezar a preguntarse si sería conveniente
formular algún tipo de iniciativa en este sentido--, sino que en otros
casos concretos ni siquiera tiene delimitadas las aguas fronterizas ni en
el Mediterráneo ni en el Atlántico ni siquiera en el Estrecho. Por tanto,
por nuestra parte daremos el voto favorable a esta proposición no de ley
que plantea el Partido Nacionalista Vasco en el día de hoy.




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El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, entre los diversos puntos de
conflicto que han surgido últimamente en todo el mundo en perjuicio de la
flota pesquera española, el relativo a las zonas del archipiélago de
Svalbard, de soberanía noruega, constituye, a nuestro juicio, un proceso
más en el que España ha ido perdiendo progresivamente cuotas de pesca y
presencia de nuestros buques en muchos caladeros.

Despúes del ingreso de España en la Comunidad, en enero de 1987, el TAC
asignado en esta zona a nuestro país ha tenido que ser compartido con
otros países de la Unión Europea que no habían ejercido actividad
pesquera en esta zona, disminuyendo sensiblemente, por tanto, nuestra
capacidad de capturas.

La proposición no de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco
solicita al Gobierno que la Unión Europea denuncie el pacto entre Unión
Europea y Noruega de 1987, reponiendo las cuotas comunitarias de bacalao
a las existentes a partir de 1985. Desde un punto de vista estricto de la
historia de nuestra presencia pesquera en la zona, nos parece una
reivindicación justa, pero también es cierto que desde 1987 no ha habido
problemas para nuestros pescadores --cuando antes sí los hubo-- y la
diferencia aproximada del TAC que podría alcanzarse con esta
reivindicación sería de unas 7.000 toneladas más de bacalao que, sin
duda, es una cantidad significativa, pero no tan grande, a nuestro
juicio, como para abrir ahora una nueva confrontación.

La reflexión que se hace nuestro Grupo, señorías y que traslado a la
Comisión, es si resulta oportuno y aconsejable introducir e iniciar en el
conjunto de la problemática pesquera actual (inmersos como estamos en una
campaña de desprestigio, tan injusta pero tan bien orquestada por
nuestros adversarios y competidores, que han aprovechado las indecisiones
y la falta de contundencia de la Comisión de Pesca europea) una nueva
reivindicación que, a buen seguro, abriría un nuevo frente de fricción.

La flota española que acude a cada caladero padece una problemática
distinta, como se ha puesto en evidencia en la Ponencia de pesca, pero
nuestra obligación es tener una visión de conjunto que, a nuestro juicio,
aconsejaría hoy que esta proposición no de ley fuera retirada o, por lo
menos, en su formulación actual de denuncia del convenio que proviene de
1987.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Andréu.




El señor ANDREU ANDREU: De la prolija explicación del representante y
portavoz del Partido Nacionalista Vasco mi Grupo Parlamentario concluye,
fundamentalmente, que las expectativas del ingreso de Noruega en la Unión
Europea han quedado defraudadas y ello ha provocado que algunas de las
expectativas en cuanto a la explotación de caladeros que corresponden
territorialmente a Noruega no podrán ser llevadas a cabo. De esta
situación se desprende este deseo del Partido Nacionalista Vasco de que
se denuncie este Tratado de la Unión Europea del año 1987, por el cual la
cuota pesquera que corresponde a España es reducida y no equiparable a lo
que tradicionalmente venía pescando.

Nosotros consideramos que el problema más que con Noruega se produce en
el seno de la Unión Europea porque, en última instancia, el problema es
el reparto de la cuota pesquera de la Unión Europea, qué parte le
corresponde a España. Creo que estamos más ante un problema interno de la
Unión Europea que ante un problema con Noruega. A lo mejor, la redacción
hubiera sido más afortunada si se denuncia que la Unión Europea no
reparte adecuadamente la cuota de pesca que tiene en Noruega. A nuestro
juicio, hubiera sido una visión más adecuada enfocarlo como un problema
interno de la Unión Europea que como un problema de la Unión Europea con
Noruega.

En cualquier caso, si esta proposición no de ley sirve para denunciar una
situación de injusticia que se está produciendo con la flota española,
valga para ello. Mi Grupo Parlamentario la apoyará porque puede servir
para denunciar una situación de injusticia, aunque repetimos que
consideramos más correcto plantear un problema en el seno de la Unión
Europea y no con Noruega. Pensamos que, en última instancia, los
problemas pesqueros que tiene España, muy especialmente éste, vistos el
tono y los matices con que ha sido explicado, son de representación
interna de España dentro de la Unión Europea más que de la Unión Europea
con terceros países.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Moragues.




El señor MORAGUES GOMILA: El Partido Nacionalista Vasco nos presenta hoy
una complicada proposición no de ley. Digo complicada porque hace
referencia a complejos acuerdos internacionales de hace ya muchísimos
años y a la compleja negociación de la entrada de España en la Comunidad
Europea, en aquel momento, y del acuerdo que la Unión Europea, después,
firmó con la propia Noruega. Además, lo hace con unos contundentes
calificativos que el Grupo Socialista no comparte aunque, a tenor de las
intervenciones de distintos portavoces de los grupos parlamentarios que
me han precedido en el uso de la palabra, he visto que han llegado a
convencer de la bondad de esta proposición. Paor supuesto, intentaré
contrarrestar esta idea a lo largo de mi intervención.

Las razones que esgrime el Grupo Parlamentario Vasco, son las siguientes.

Denuncia que en el año 1987 se produjo una negociación sin mandato de la
Comisaría de Pesca europea con Noruega; que esto supuso una minoración de
la capacidad pesquera española en la zona de Svalbard; que la actividad
pesquera española, a resultas de este acuerdo, se vio perjudicada además
de originar una situación de flagrante intervención, y que, finalmente, a
la luz de la negativa del pueblo noruego a ingresar en la Unión Europea,
se hace necesario corregir y modificar las disfunciones y desequilibrios
injustos en el régimen pesquero en el archipiélago de Svalbard.




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En primer lugar, conviene analizar la validez de los argumentos
formulados. En este sentido, creo que las relaciones pesqueras entre la
Comunidad a diez y Noruega se plasmaron en el Acuerdo bilateral, aprobado
mediante el Reglamento 2.214/80 del Consejo de junio. Este Acuerdo, que
entró en vigor el 16 de junio de 1981, tenía un período de vigencia de
diez años, susceptibles de prórroga por un período de seis años, salvo
denuncia de cualquiera de las partes con una antelación de nueve meses.

Al no haberse denunciado este Acuerdo, su vigencia queda prorrogada por
seis años a partir del 16 de junio de 1987. En el marco de dicho Acuerdo
se regulaba la actividad de la flota comunitaria en aguas internacionales
de Noruega y de la noruega en aguas comunitarias.

Con motivo de la adhesión de España y Portugal a la Comunidad, resultaba
necesario resolver determinadas cuestiones comerciales, así como el
contencioso pendiente entre España y Noruega, en relación precisamente
con la actividad pesquera autónoma española en aguas de Svalbard. Se
adoptaron los acuerdos comerciales entre la Comunidad y la EFTA, que
fueron aprobados mediante decisión del Consejo de 15 de septiembre de
1986, con efectos de 1 de marzo del mismo año. Además de poner en marcha
un régimen aplicable a los intercambios de determinados productos de la
pesca procedentes de Noruega, en el paquete de negociación se incluyó
asimismo la autolimitación de la actividad comunitaria en el área de
Svalbard. Se pretendía así resolver el contencioso mantenido con España
sobre el nivel autónomo de la actividad pesquera en el caladero de
Svalbard. Este proyecto fue retirado del paquete global de la negociación
en el Consejo de Ministros de Asuntos Generales del 17 al 18 de febrero
de 1986. Por esta razón, durante 1986, la Comisión de la Comunidad
Europea elaboró diferentes proyectos de reglamento para la gestión de la
actividad comunitaria en el caladero de Svalbard, estableciendo diversos
totales admisibles de capturas, basados en la actividad histórica de las
flotas comunitarias, incluyendo la española.

La participación de la Comunidad en el TAC de bacalao ártico fue del 3,3
por ciento a partir de esta negociación. La cuota correspondiente a
España se elevaba al 52,15 por ciento del TAC comunitario,
correspondiente al 1,73 por ciento del total del TAC. Por tanto, no es
cierto lo que algunos portavoces han dicho aquí sobre que el problema es
el reparto del TAC. El TAC comunitario se reparte consolidando los
derechos históricos españoles de pesca en las aguas de Svalbard,
quedándose en aquel momento con más del 50 por ciento del TAC reservado a
la Comunidad Europea.

Con la integración de Alemania, se produce una pequeña modificación por
incluirse en dicha participación comunitaria las cuotas correspondientes
a la antigua Alemania Oriental y se rebaja un poco, como he dicho, el
porcentaje de participación en la cuota de pesca comunitaria, que pasa a
ser del 49,73 por ciento del total del TAC, es decir, se rebaja casi en
tres puntos.

En los cálculos realizados por la Comisión al objeto de determinar la
actividad histórica de la flota comunitaria en aguas de Svalbard se
tuvieron en cuenta los niveles de captura de las flotas de todos los
países comunitarios, incluida la española, con un complejo sistema de
cálculo, que no vamos a repetir en esta ocasión.

A la luz de lo anterior, resulta evidente que las razones esgrimidas por
el portavoz del Grupo Popular, a nuestro entender, carecen de fundamento.

En este sentido, la fijación del nivel de actividad de las flotas de la
antigua Comunidad a diez, tanto en aguas de Noruega como de Svalbard, fue
motivo de un acuerdo entre la citada Comunidad a diez y Noruega en el
marco competencial de la política común pesquera.

Las negociaciones posteriores entre la Comunidad a doce y Noruega se
enmarcaron, asimismo, en el mismo contexto competencial. Fueron
formuladas por la Comisión diferentes propuestas y la decisión final se
plasmó en un acuerdo del Consejo de Ministros de Pesca. La actividad
histórica fue tenida en cuenta durante este proceso, razón por la cual
España obtuvo aproximadamente el 50 por ciento del total de la cuota
comunitaria del bacalao ártico. Cualquier eventual recuperación de la
actividad pesquera de otros países comunitarios en aguas de Svalbard no
se realizó en detrimento del nivel de actividad histórica española, ya
que el método de cálculo utilizado y aceptado a nivel comunitario tuvo en
cuenta, de forma no discriminatoria, los intereses de todos los Estados
miembros.

La decisión del Consejo de 17 de mayo de 1987 no vulnera los
planteamientos de los Estados miembros en relación con los derechos y
obligaciones del Tratado de París. Debe tenerse en cuenta, asimismo, que
la mencionada decisión consolidó la actividad de la flota bacaladera en
el caladero, dando a su actividad la estabilidad necesaria en el medio y
largo plazo, estabilidad deseable para todas las flotas que operan en
aguas de países terceros.

Por otra parte, no debe olvidarse que, en el marco de las relaciones
entre la Unión Europea y Noruega, concretamente en el seno del Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, existen otros importantes compromisos
pesqueros a corto y medio plazo de los que España es beneficiaria: 45 por
ciento de la cuota de bacalao de la Unión Europea, lo que supone 3.825
toneladas en 1995, 4.387 en 1996 y 4.950 en 1997.

Finalmente, el hecho de que Noruega no haya ingresado en la Unión
Europea, a nuestro entender, no es causa para replantear un tema que fue
resuelto en su momento y que forma parte de la materialización del
principio de estabilidad relativa en materia de pesca que, también a
nuestro entender, es uno de los pilares fundamentales de la política
común pesquera.

Por todo ello, señorías, entendemos que, con la cantidad de cuestiones
que tiene planteadas nuestro país en el sector pesquero, no es
conveniente a estas alturas poner a discusión un acuerdo que, no habiendo
beneficiado en el número total de las capturas a nuestro país, sí ha dado
estabilidad a la actividad pesquera en las aguas de Svalbard, y hay que
dejar constancia expresa de que, desde 1987, firma de este Tratado, la
flota bacaladera española en las aguas de las islas de Svalbard no ha
tenido incidentes dignos de mención, cuando hasta el momento del acuerdo
firmado entre Noruega y la Unión Europea cada año se repetían



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con frecuencia incidentes muy graves que incluso significaron la
paralización de esa flota. A partir de la firma de este acuerdo, la flota
española entra en una actividad estacional sin problemas, sin incidentes,
y de ahí que no se plantee a nivel de reivindicaciones por parte de esta
flota ningún tipo de consideraciones en cuanto a la cuota o en cuanto a
problemas cuya solución puede pensarse sea la denuncia del Acuerdo, tal
como plantea el Grupo Vasco.

Por estos motivos, señorías, el Grupo Socialista no va a poder apoyar la
proposición no de ley del Grupo Vasco. (El señor Gatzagaetxebarría pide
la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Para qué pide la palabra, señor Gatzagaetxebarría?



El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Brevemente.




El señor PRESIDENTE: Un minuto.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Para manifestar que, después de las
interesantes intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios,
creemos que existe un fondo común a la hora de abordar esta problemática
cuestión que hoy hemos planteado. A la vista del conjunto de problemas
que existen en el sector pesquero español y de lo que hemos planteado,
que en definitiva trata de realizar una corrección técnica --mejorar en
5.000 un TAC de 700.000, como tradicionalmente se ha venido haciendo--,
nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo con el espíritu de alguna de
las intervenciones. Por ello, modificaríamos el ámbito resolutivo de
nuestra proposición no de ley, de manera que plantearíamos la siguiente
enmienda «in voce», que vendría a decir: la defensa ante la Unión Europea
de la corrección de la decisión de 18 de mayo de 1987, en aras a alcanzar
la reposición de las cuotas de bacalao al nivel tradicional de las
capturas en 1985.

De esa manera podríamos buscar un punto de correspondencia, de enlace
entre las diversas intervenciones que ha habido, que desde nuestro punto
de vista han sido interesantes, y, como se ha dicho también por el
portavoz del Grupo Catalán, modificar la contundencia de determinada
terminología gramatical al hablar de denuncias, de negociaciones,
etcétera. Nuestro Grupo está de acuerdo porque, en definitiva, se trata
de una corrección puntual a realizar en el ámbito de una decisión, ya que
no es un acuerdo internacional, sino un acto administrativo de la
Comisión Europea de 1987. Eso es, señor Presidente, lo que planteamos, en
aras a que pensamos que podemos alcanzar un acuerdo entre los diferentes
grupos políticos a la hora de votar al final de la Comisión.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, en el momento de la votación se
votará en los términos en que S. S. lo ha indicado.

Pasamos, a continuación, a la segunda proposición no de ley, también del
Grupo Parlamentario Vasco, sobre puesta en práctica de medidas de control
e inspección dirigidas a impedir el ejercicio de la actividad pesquera
furtiva.

Para defenderla, el señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, le pediría, por
favor, un receso de dos minutos para poder preparar en debidas
condiciones esta proposición no de ley.




--RELATIVA A LA NEGOCIACION DE CUOTAS PESQUERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000402.)



El señor PRESIDENTE: Si les parece y no hay ningún inconveniente por
parte del Grupo Popular, podemos tramitar la relativa a la negociación de
las cuotas pesqueras.

El señor Fernández de Mesa tiene la palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Brevísimamente, para decir que
el Grupo Parlamentario Popular ha buscado la percha de una proposición no
de ley, que evidentemente al día de la fecha está pasada en sus términos
puesto que los acontecimientos se han ido desarrollando rápidamente
durante el último mes. Y con esta percha el Grupo Parlamentario Popular
ha realizado una enmienda de modificación en el estricto sentido de que
el Congreso de los Diputados inste al Gobierno para que defienda que la
flota pesquera española continúe faenando en el caladero de aguas de NAFO
hasta completar las 18.630 toneladas de cuota autónoma de fletán negro
que ha propuesto la propia Unión Europea en el momento de realizar la
objeción al TAC impuesto en el mes de febrero. En segundo lugar, que, al
no haberse capturado todavía dicha cuota, defienda asimismo esta postura
no sólo ante la Unión Europea, sino también ante el propio Consejo de
NAFO, que es, a la postre, donde deberá fijarse definitivamente la última
cuota que corresponda a la Unión Europea, con la parte importante que
representa para España.

Este es el sentido de la enmienda presentada, que pretende única y
exclusivamente que se continúe faenando hasta capturar la cuota autónoma
fijada por la Unión Europea y, en segundo lugar, que se defienda en estos
términos esta cuota en el seno de la Unión Europea y también en el seno
del Consejo de NAFO.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir en el debate?
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Mi Grupo Parlamentario considera oportuno que
ahora que el Gobierno español está negociando en el seno de la Unión
Europea y con Canadá el futuro de las cuotas dentro del área de NAFO,
haya un acuerdo parlamentario por el cual se solicite que lo que



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se había acordado antes de la agresión que hizo la Armada canadiense
contra el buque Estai continúe vigente, porque considera que el acuerdo
de NAFO por el cual ya se reducía de más de 40.000 toneladas a 27.000
toneladas el máximo de la capacidad pesquera en aguas de NAFO no puede
ser roto porque haya habido una intervención militar. Por tanto,
considerando que es bueno que haya un acuerdo parlamentario, que ojalá
sea unánime, por el cual se siga solicitando esa cuota pesquera del
acuerdo de NAFO, nosotros vamos a apoyar la proposición no de ley con
esta enmienda para que haya este refuerzo importante en la negociación.

Nosotros consideramos que ya ese acuerdo por el cual se reducían las
40.000 toneladas a 27.000 tenía un defecto importante para los intereses
españoles, y era que dentro de NAFO la Unión Europea, que representaba a
un conjunto importante de países, se comportaba como un único votante y,
por tanto, los intereses del conjunto de la Unión Europea quedaban
francamente disminuidos con respecto a los otros países que tienen
intereses en este área. Pero si ya significaba un contratiempo para la
Unión Europea negociar en esta situación, lo que consideramos que es
absolutamente inadmisible es que la variación de la cuota pesquera de la
Unión Europea y lo que afecta a España dentro de ella se ha variado de
una forma absolutamente ilegítima, y decimos esto con independencia de
que podamos entrar en otro tipo de razonamientos, una vez que se obtengan
criterios científicos y rigurosos, de que fuera o dejase de ser necesaria
una reducción de capturas dentro del área de NAFO, pero nosotros
consideramos que la respuesta ante la utilización de la fuerza contra el
derecho internacional debe ser la de mantener lo que son los derechos
actuales de España, y concretamente el derecho actual de mantener una
capacidad pesquera de 18.600 toneladas.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Como el Pleno del Congreso, a nuestro juicio, ya
había tomado el acuerdo a que se insta en la proposición no de ley de
objetar la cuota de fletán negro asignada a la Unión Europea, con un
descenso injustificado, incluso biológicamente, desde las 27.000
toneladas a las 3.700, nuestro Grupo entiende que lo que procedía hoy era
apoyar al Gobierno en el ejercicio de un veto rotundo al principio de
acuerdo ofrecido anteayer por parte de Canadá a la Unión Europea, en el
que se reconocía a Canadá el derecho de conquista en aguas
internacionales y la razón de la fuerza contra toda lógica jurídica, pero
esta autoenmienda de sustitución presentada ahora por el Grupo Popular la
valoramos como más adecuada y más apropiada al momento actual. Por tanto,
la votaremos favorablemente.




El señor PRESIDENTE: El señor Gatzagaetxebarría, en nombre del Grupo
Parlamentario Vasco, tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Para anunciar también que vamos a
votar favorablemente la presente enmienda de sustitución planteada a su
proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Popular,
manifestando que nos parece adecuado el ámbito de defensa de los
intereses pesqueros españoles que el Gobierno español ha mantenido en los
últimos días. En ese sentido creemos que debemos caminar hacia un sistema
de articulación de funcionamiento de la NAFO distinto. Se han presentado
por nuestro Grupo iniciativas parlamentarias en ese sentido en los
últimos días. Se han manifestado también por parte del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya las disfunciones que está originando el
funcionamiento de la NAFO.

En definitiva, señor Presidente, para evitar los desajustes que originó,
primero, la fijación del TAC y, segundo, la distribución de la cuota,
donde hubo una utilización interesada de los votos, seríamos partidarios
de la participación en la NAFO de la Unión Europea como un ente único,
pero con el mecanismo de voto ponderado. No podemos olvidar que la Unión
Europea, aunque está constituida por 15 Estados, en este momento son
cinco los que participan en la pesca en aguas de la NAFO: Francia, Reino
Unido, Alemania, España y Portugal.

Por ello, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo
en que se mantenga la posición política europea de mantenimiento de la
objeción realizada en base al convenio pesquero de la NAFO, de forma que
no se produzca esa reducción considerable de cuotas de pesca que plantea
Canadá en el preacuerdo de hace dos días, con la consideración gravísima
por parte de la propuesta canadiense de que pretende parcelar una parte
de las aguas internacionales, en definitiva, constituir un «box»
autónomo, en lo que se denomina la nariz del gran banco canadiense, pero
que está fuera de las 200 millas, lo que entraña un riesgo importantísimo
porque puede suponer el que se parcelen las aguas internacionales,
arrogándose una serie de funciones marítimo-pesqueras en aguas que están
reguladas por la Convención del Derecho del Mar y que puede suponer, a
renglón seguido, el avance por parte de Canadá a hacer una reivindicación
del mismo tenor respecto a lo que se denomina, en el ámbito pesquero, la
cola del gran banco, que también está fuera de las aguas de las 200
millas canadienses.

Por ello, señor Presidente, nuestro Grupo Parlamentario está de acuerdo
con esta iniciativa y entendemos que se ha de caminar, además de en la
participación a través del voto ponderado en el ámbito de la NAFO, a
través también de una mayor incidencia, de una mayor implementación de
recursos por parte del Gobierno español, por parte de la Unión Europa, a
la hora de la toma de decisiones científicas.

Lo digo, señor Presidente, porque a la hora de la fijación del TAC y a la
hora de la distribución de la cuota se han tenido en cuenta los datos
científicos aportados primordialmente por Canadá, porque ni el Gobierno
español ni la Unión Europea, como representante político, han presentado
datos científicos del rigor suficiente. Canadá ha prestado mayor atención
al respecto, pero no había tal reducción considerable de la pesca del
fletán en aguas internacionales como se había demostrado. Por tanto, nos
parece



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muy oportuna la objeción que se realizó por parte de la Unión Europea de
la distribución de la cuota, y nuestro Grupo Parlamentario está de
acuerdo con el planteamiento político que hace el Grupo Popular de
mantener las 18.630 toneladas como ámbito de negociación europeo para la
defensa de los intereses pesqueros españoles.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra la señora Gorostiaga.




La señora GOROSTIAGA SAIZ: En principio, el Grupo Socialista no iba a
apoyar la proposición no de ley que presentaba el Grupo Popular, debido a
que ya existía un mandato del Congreso de los Diputados recogido en la
proposición no de ley del 1 de marzo de 1994, y la objeción que la propia
proposición pretendía se había ya cumplimentado el 1 de marzo de 1995
cuando la Unión Europea decidió por unanimidad objetar la distribución de
cuotas y fijó, de conformidad con los Estatutos de la Convención, una
cuota unilateral de 18.360 toneladas para 1995. El 3 de marzo la Unión
Europea formalizó ante la Secretaría de la Organización de Pesca del
Atlántico Norte la citada objeción.

Ahora bien, a la vista de la autoenmienda que el Grupo Popular ha
presentado, y que hemos estado analizando, y considerando que está en el
sentido de la declaración conjunta que todos los grupos políticos
aprobamos en el seno de la Comisión en la comparecencia del Ministro el
15 de marzo, nos parece bien que, de entrada, se defienda la cuota
autónoma, pero hemos de dejar un margen de maniobra a las negociaciones
abiertas en el seno de la NAFO y en la Unión Europea, hasta que se llegue
a un acuerdo definitivo.

Por tanto, nuestro Grupo va a apoyar la enmienda presentada por el Grupo
Popular, repito, porque está en el sentir de esa declaración conjunta que
todos los grupos políticos aprobamos, pero dejando también claro que debe
haber un margen de maniobra para que estas negociaciones que se están
llevando puedan llegar a buen término.




--SOBRE PUESTA EN PRACTICA DE MEDIDAS DE CONTROL E INSPECCION, DIRIGIDAS
A IMPEDIR EL EJERCICIO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA FURTIVA. PRESENTADA POR
EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000397.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de la proposición
no de ley sobre puesta en práctica de medidas de control, dirigidas a
impedir el ejercicio de la actividad pesquera furtiva.

La proposición es del Grupo Parlamentario Vasco. Para defenderla el señor
Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: El Grupo Vasco ha presentado la
presente proposición no de ley dirigida a la puesta en práctica de
medidas de control e inspección, dirigidas a impedir el ejercicio de la
actividad pesquera furtiva.

Señorías, la política pesquera comunitaria tiene como característica el
establecer un mínimo común denominador, tanto normativo como ejecutivo,
en ámbitos como los mercados, las estructuras y los recursos. Ello, a su
vez, supone que puede haber un ámbito de desarrollo, un ámbito de
autonomía, un ámbito de poder desarrollar, ejercer y poner en práctica
políticas propias en el ámbito de ese mínimo común denominador que es la
política pesquera común.

En este sentido conviene recordar que se viene realizando por parte de la
Unión Europea la utilización de la técnica de planificación pesquera
denominada programas de orientación plurianual sobre cada una de las
pesquerías especializadas en cuanto al nivel de las estructuras de
modernización, de reformas, de esfuerzo pesquero. Eso supone que hay un
ámbito determinado en cuanto a nivel del esfuerzo pesquero, en cuanto al
crecimiento de la actividad a realizar en cada una de las pesquerías,
entiéndase bien, sobre la altura del fresco, sobre el arrastre de
bacalao, sobre los congeladores en aguas de la NAFO, o bien sobre la
altura de litoral en aguas de la Unión Europea.

Por ello, en los últimos años, en el ámbito de estos programas de
orientación plurianual, juntamente con la política de la administración
pesquera española, en colaboración con las comunidades autónomas, se ha
procedido a una reestructuración del sector pesquero de altura al fresco,
en la medida en que se ha llegado a importantes acuerdos entre las
diferentes administraciones pesqueras, central y autonómicas, para
atender a un mecanismo como el de la acumulación de los derechos y
coeficientes pesqueros, en virtud de los planes de pesca, con los cuales
pueda operar la flota pesquera de arrastre al fresco en aguas de la Unión
Europea, en la medida en que estos planes de pesca tratan de dar
cumplimiento a las prescripciones de los artículos 156 y siguientes del
Tratado de Adhesión a la hora de poder operar en estas aguas mediante un
sistema de 145 licencias para la pesca de especies demersales y cinco
licencias para la pesca de especies no demersales, lo que supone en la
práctica el proceder a una planificación mediante los denominados
técnicamente planes de pesca que tiene que realizar el sector pesquero
español, de acuerdo con la administración pesquera, para poder operar en
aguas de la Unión Europea.

Pues bien, se ha realizado un esfuerzo importante de acumulación de estos
derechos de pesca, de manera que la planificación para trabajar en estas
aguas pudiera realizarse con mayores días de pesca, con menos barcos, que
es donde, en definitiva, se ha logrado en los últimos años un acuerdo
importantísimo de reestructurar el sector pesquero de altura que faena en
la zona económica exclusiva de la Unión Europea.

Esta política de rango general, manifestada en los POP por parte de la
Comisión de Pesca y desarrollada y concretizada a nivel español por parte
de las comunidades autónomas y la administración pesquera central, se ve
empañada fuertemente por comportamientos existentes en el ejercicio de la
actividad pesquera en la Unión Europea que conculcan gravemente la
legalidad pesquera tanto española como comunitaria, y que está suponiendo
una política



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totalmente contraria a la diseñada y que anteriormente he expuesto, en la
medida en que supone un brutal aumento del esfuerzo pesquero con un
descenso progresivo de capturas y agotamiento de caladeros. Es la
conocida como actividad pesquera furtiva. Se está realizando en aguas de
la Unión Europea, y mientras la flota española de arrastre al fresco está
efectuando esta reestructuración y esta acomodación del esfuerzo al nivel
de la biomasa de los recursos existentes, está operando otra flota que
actúa al margen de la legalidad pesquera, que es la flota furtiva.

Apreciamos la intervención de buques que no tienen permiso para faenar en
los caladeros de la Unión Europea, incluso actuando en modalidades para
las que no están autorizados; es decir, la intervención, con carácter de
arrastre de fondo, de unidades pesqueras que están únicamente autorizadas
para realizar arrastre litoral o bien palangre, y están realizando
arrastre de fondo, bien a través de las modalidades del bou o de la vaca.

Por tanto, señor Presidente, es importante la adopción de medidas al
respecto para evitar estos mecanismos de contravención de la legalidad
pesquera española y de la comunitaria.

En segundo lugar, se está produciendo también la utilización de buques de
bandera de conveniencia. Países que faenan en aguas del Pacífico han
tenido oportunidad de venir a aguas de la Unión Europea, incluso se han
producido algunos apresamientos por parte de países de la Unión Europea,
como Irlanda y el Reino Unido, de buques de bandera de conveniencia
--fundamentalmente estos buques operan con la bandera de Panamá--, con la
contravención de las más elementales normas sociales y laborales de
actuación en el ámbito marítimo pesquero. Así, constatamos que se ha
producido una flagrante violación de la normativa pesquera marítima en lo
que atañe a las necesidades de titulación que han de tener bien los
oficiales de puente, bien los oficiales de máquina que están dirigiendo y
tripulando los buques de bandera de conveniencia. Por consiguiente, señor
Presidente, manifestamos la preocupación que existe en la pesca en aguas
de la Unión Europea, en la zona económica exclusiva, en la medida en que
están actuando estos buques sin respetar la reglamentación marítima en
cuanto a la materia de marina mercante y de seguridad marítima. Queremos
llamar la atención, sobre tal cuestión.

La flota europea opera en base a los POP, a los programas de orientación
plurianual, y en el caso de la española, además, concretizada por los
planes de pesca españoles que aprueba mensualmente la Secretaría de
Pesca. Por eso, mediante el régimen de especies prohibidas, mediante el
régimen de sanciones, lo que nuestro Grupo Parlamentario plantea a la
Cámara y al sentir de los restantes grupos parlamentarios es la
intervención de la administración pesquera central, y también con la
colaboración de las comunidades autónomas. Es de destacar la importante
petición que la Comunidad Autónoma de Galicia ha realizado y viene
realizando en los últimos años a la Secretaría General de Pesca sobre la
necesidad de que haya una estrechísima colaboración a la hora de la
intervención y de la fiscalización e inspección de estas actuaciones
pesqueras en alta mar.

Obviamente, las comunidades autónomas, tanto Galicia como las de todo el
litoral Cantábrico, no pueden actuar fuera de lo que técnicamente se
denominan las aguas interiores, que vienen a constituir tres millas y,
por tanto, el control corresponde a la Administración central. En
definitiva, hay mecanismos de intervención, hay mecanismos de
colaboración, que es lo que se pretende por parte, en este caso, de la
Comunidad Autónoma de Galicia, y lo que nosotros queremos es impulsar con
nuestra proposición no de Ley esa colaboración que en otros ámbitos ha
habido, como por ejemplo en la reestructuración, impulsarla en el ámbito
del control y de la fiscalización, porque al ser una materia reservada a
la Administración central se producen estas disfunciones con las
comunidades autónomas. Ese es el espíritu, señor Presidente, de nuestra
proposición no de ley, la puesta en marcha de medidas verdaderamente de
aplicación de la reglamentación española comunitaria y que, en
definitiva, tanto la Administración central como las comunidades
autónomas y la Unión Europea, de común acuerdo, apliquen lo que han
aprobado ellas mismas en su ámbito y en su esfera territorial y de sus
competencias pesqueras a nivel estatal, a nivel regional y a nivel
europeo.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate?
(Pausa.) En nombre del Grupo Popular, el señor Fernández de Mesa tiene la
palabra.




El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Voy a ser muy breve. El Grupo
Parlamentario Popular está de acuerdo con el espíritu y el fondo de la
proposición no de ley presentada por el Partido Nacionalista Vasco,
porque entendemos que con ello da un paso más hacia adelante en el
control de todas aquellas especies pesqueras que traten de entrar en
nuestro país, y también sirve de autodefensa contra las agresiones a las
que, de una manera inequívoca, estamos siendo sometidos por parte de
otros países que importan sus pescas a territorio nacional, donde
nosotros considerábamos --como decíamos ayer-- imprescindible el
incremento de las inspecciones tanto fronterizas como sanitarias y, desde
luego, el control exhaustivo de la apertura de precintos de contenedores
o de camiones, puesto que, no habiendo una regulación comunitaria
exactamente igual para todas las tallas mínimas para España y para otros
países, se debe realizar ese control exhaustivo, para que, una vez en
lonja esas especies (en este caso concreto de tallas menores), no se
pueda decir que como no es una pesca pasada por aduana ni controlada por
España, es una pesca que corresponde a las flotas españolas, por tanto es
ilegal, y los sancionados somos nuevamente los pescadores españoles.

Yo creo, señor Presidente, que en este sentido todas las medidas que
España pueda poner, no sólo de control sino de autodefensa de las
agresiones que recibimos en este caso concreto de otros países, serán
pocas para tratar de proteger nuestra flota, en la medida de nuestras
posibilidades, dentro de nuestra legislación y de la legislación
comunitaria, y dejar de recibir permanentes agresiones en este



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terreno. A nosotros todos esos esfuerzos nos parecerán pocos. Por ello,
el Grupo Parlamentario Popular tiene voluntad de apoyar esta proposición
no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Vasco, entendiendo,
además, que por el Grupo Parlamentario Socialista se va a presentar una
enmienda «in voce» para tratar de conseguir una unificación de criterios
y que esta proposición no de ley salga adelante. Nosotros pedimos que,
igual que el Grupo Popular está dispuesto a apoyar esta proposición no de
ley, la generosidad en este caso concreto de todos los grupos
parlamentarios haga que una medida tan importante como ésta sea aprobada
en esta Comisión, porque todo ello redundará, sin ninguna duda, en el
beneficio de nuestra flota pesquera española.




El señor PRESIDENTE: El señor Andreu, en nombre del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida, tiene la palabra.




El señor ANDREU ANDREU: Esta proposición no de ley, según el criterio del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pone la
cuestión del control de la actividad pesquera y de la arribada a puerto
de los diferentes productos pesqueros en una situación muy inicial, que
en cualquier caso nos parece conveniente el que se produzca. Y decimos en
una situación muy inicial porque pensamos que esto debe ser objeto de una
regulación que debe tener por lo menos el carácter de una directiva
europea, en la cual se planteen mecanismos coherentes por parte de todos
los países comunitarios para el control de las diferentes actividades
pesqueras y de los productos que llegan a puerto. Para ello, insisto, se
deben plantear mecanismos coherentes, tanto en el control de los
productos que se encuentran en contenedores, como de los que se
comercializan en otras formas de transporte.

Este es un hecho sustancialmente importante, que revela, además, una
situación de profundo desorden en el sector pesquero; profundo desorden
en el que no solamente participan los países o las flotas que están con
bandera de conveniencia, sino que también participan en él flotas que
pertenecen a la Unión Europea. Y en la medida en que también pueda
afectar a nuestra flota, creemos que en ello deberíamos ser autocríticos
y no solamente lanzar acusaciones sobre flotas que no son españolas, o
que incluso pertenecen a pabellones de conveniencia, sino manifestar una
voluntad de que aquellas actividades irregulares que realice la flota
española deberán ser perseguidas y combatidas, y que el Parlamento
español, el Congreso de los Diputados es el primer interesado en su
actuación absolutamente regular. Actuación regular que no solamente se
refiere a las especies y tamaños de las especies que se capturan, sino
que creo que también debe referirse a la situación de gran parte de los
trabajadores de nuestra flota, porque si bien hablaba algún parlamentario
--creo que concretamente el proponente-- de las medidas que se deben
tomar para que quienes estén en puente sean los que tengan la titulación
necesaria, también deberíamos recabar que los marineros que están dentro
de nuestra flota tengan las medidas de seguridad precisas para que puedan
faenar en las condiciones debidas, y esto no se produce en muchísimas
ocasiones en el conjunto de nuestra flota.

Estamos, de alguna forma, sin abordar este problema, y nos encontramos en
estos momentos con situaciones que reclaman la unidad del conjunto de las
fuerzas parlamentarias, pero también hay situaciones de seguridad
importantes dentro de los trabajadores que se encuentran a bordo de los
barcos españoles que se deben solucionar, y anunciamos la presentación de
proposiciones no de ley en el futuro que aborden estos problemas
trascendentales.

Por tanto, únicamente estamos ante una de las facetas que se refieren al
desorden que se produce en el conjunto de los caladeros europeos.

Nosotros, por supuesto, vamos a apoyar esta proposición no de ley para
que esta faceta sea resuelta, pero anunciamos también la existencia de
otras que no son de menor importancia.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Contrariamente a lo que se imputa de forma
interesada contra nuestros pescadores, nuestro Grupo piensa que, en
general, nuestra flota es cumplidora estricta de todas las normativas de
pesca.

Asimismo, nuestro sector profesional se autolimita en artes y capturas y
también se ha autorregulado en cuanto a la capacidad extractiva, todo
ello para conservar los recursos pesqueros y garantizar la supervivencia
de los caladeros y la continuidad, por tanto, de su trabajo.

La propia Unión Europea es mucho menos estricta en exigencia del uso de
artes de pesca y de tallas de inmaduros, y nada exigente en el control en
general y en el de las cuotas de las flotas de los Estados que la
componen, especialmente de los buques no autorizados a faenar en aguas
comunitarias, así como de aquellos que pescan en caladeros no autorizados
o lo hacen con métodos de pesca distintos de los que tienen concedidos.

Una parte del agotamiento de los caladeros tienen su origen en la
sobrepesca por parte de estos buques furtivos que, además, incurren en
irregularidades laborales, fiscales y de competencia desleal.

Nuestro Grupo apoyará, con su voto favorable, todas las medidas
propuestas en la proposición no de ley para propiciar un mejor control,
ejercido desde las autoridades pesqueras del Estado, desde las
comunidades autónomas y desde la Unión Europea, para impedir que exista
pesca furtiva en cualquiera de sus variantes, proceda del Estado que
proceda.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Gorostiaga, en nombre del
Grupo Socialista.




La señora GOROSTIAGA SAIZ: La iniciativa que nos presenta el Grupo
Parlamentario Vasco hace un análisis de la situación que el Grupo
Socialista no comparte en su totalidad. Por tanto, quisiera empezar mi
intervención haciendo un análisis de la situación, tal como el Grupo
Socialista la ve; pero no solamente como la ve, sino como la tiene
constatada con datos.




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A principios del año 1991 se observó un cierto incremento en el número de
buques abanderados en terceros países (en Panamá, Belice, San Vicente e
Islas Granadinas) que desembarcaban sus capturas en puertos del norte y
noroeste de España. Debido a esta situación se intensificó el control y
la inspección de estos buques, aplicando la legislación vigente
disponible entonces: la Orden del 10 de febrero de 1981, sobre arrumaje
de artes y aparejos de pesca por buques extranjeros en aguas sometidas a
la jurisdicción española a efectos de pesca, y la resolución del 31 de
marzo de 1982, sobre la justificación del origen de las capturas
realizadas por buques extranjeros que entren en puertos españoles.

Para completar este cuadro normativo legal anteriormente citado, y a fin
de impedir las posibles ilegalidades cometidas por parte de estos buques
con pabellón de terceros países en sus actividades pesqueras, se publica
la Orden de 4 de julio de 1991, sobre regulación del control de origen de
las capturas de buques pesqueros extranjeros no comunitarios, al mismo
tiempo que se intensifica al máximo el control, la inspección y
seguimiento de estos buques.

Ante la nueva situación planteada por la entrada en vigor de la citada
normativa, así como por el elevado número de inspecciones efectuadas
(alrededor de 50 sobre buques de bandera de terceros países), a finales
de 1991 se observa un significativo descenso en el número de estos barcos
que descargan sus capturas en puertos españoles, siendo casi
prácticamente nulo en 1993, 1994 y en los meses transcurridos del
presente año.

Por otra parte, no existen datos objetivos ni indicios razonables que den
por supuesto que parte de la flota española censada o autorizada para
faenar en el caladero nacional realice normalmente actividades pesqueras
en aguas comunitarias distintas de las nacionales, aunque sí hay que
decir que de forma muy ocasional se ha recibido alguna denuncia concreta
de tal actividad ilegal por parte de buques muy determinados; esto ha
dado lugar, como no podía ser de otra manera, a la oportuna inspección
del pesquero y, en su caso, a la apertura del correspondiente expediente
administrativo sancionador.

Respecto a los más de 1.000 buques españoles que faenan en las aguas
comunitarias distintas de las nacionales, con autorización expresa para
ello en virtud del Acta de Adhesión, tampoco se tiene constancia de que
vulneren el ordenamiento jurídico pesquero en vigor de forma habitual. En
inspecciones y controles que se vienen efectuando a esta flota en el
marco del programa de vigilancia y control de la inspección general de
pesca marítima, se detectan, por supuesto, algunas irregularidades e
infracciones, siempre ocasionales, las cuales dan lugar a la iniciación,
como decía antes, de los oportunos expedientes administrativos
sancionadores. No obstante, se hace la observación de que, en la
actualidad, el número de tales irregularidades e infracciones no ha
aumentado con respecto a épocas anteriores.

En lo que se refiere a las medidas de control e inspección, no hay que
ponerlas en marcha, puesto que ya se están llevando a cabo. Además de
eso, tenemos en esta Cámara numerosos antecedentes con mandatos a este
Parlamento que se refieren a este tema. Concretamente, el 14 de
septiembre de 1994, en la Comisión de Agricultura y Pesca, dentro de la
comunicación del Gobierno relativa a la incidencia de la Ronda Uruguay,
tenemos las resoluciones 43 y 44, que creo que no es necesario leer, pero
que, en resumen, se refieren, la 43, a la suspensión de importaciones de
pescado desde terceros países que incumplen los acuerdos internacionales,
y la 44, a defender ante las instituciones comunitarias la elaboración y
la puesta en aplicación de un eficaz dispositivo de control de las
importaciones de pescado, al objeto, efectivamente, de asegurar el
cumplimiento de la normativa europea.

Asimismo, el 20 de septiembre se presenta una moción, consecuencia de
interpelación, por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que en su
punto primero aprueba la constitución de una ponencia de pesca, y uno de
los aspectos a los que se refiere, efectivamente, es el control y
vigilancia de los métodos de pesca, así como de las capturas realizadas y
su método de comercialización. En su punto 2, propone instar al Gobierno
a que defienda, ante los órganos de la Unión Europea en los que
participa, determinados aspectos, y entre ellos incluye la presencia de
inspectores comunitarios en los barcos que faenan en aguas de la Unión
Europea, con autoridad para hacer cumplir la normativa existente e
incluso con poder sancionador.

El 30 de noviembre de 1994, asimismo, otra proposición no de ley del
Grupo Vasco fue aprobada por unanimidad en esta Cámara. En ella se
solicita que se agilice la adopción de la cláusula de salvaguarda
relativa a la OCM del atún y se prohíba la comercialización fraudulenta
por parte de estos países en Europa y en España, al igual que se ha hecho
en Estados Unidos.

Con esto, mi Grupo quiere constatar que hay suficiente reglamentación en
este aspecto, que se podría intensificar, como muy bien dice la
proposición no de ley, pero que no es que carezcamos de ella ni que no la
estemos aplicando.

En cuanto al punto 2, en el que el Grupo Vasco pide buscar la
colaboración de las comunidades autónomas, nosotros propondríamos
intensificarla, porque ya se está llevando a cabo, pero dejando claro que
es factible siempre que se precise en los términos y con el alcance que
la Constitución permite. Las comunidades autónomas pueden colaborar con
el Estado, facilitando a éste la ayuda que precise para el cumplimiento
de sus obligaciones exclusivas en materia de pesca marítima, cooperando
con las autoridades centrales en orden a la vigilancia en los procesos de
comercialización y ordenación de los mercados, extremo éste sobre el que
sí comparten las competencias.

Asimismo, hay que hacer una mención especial al Reglamento 2847/1993, del
Consejo, por el que se establece un régimen de control aplicable a la
política pesquera común y por el cual todos los buques pesqueros
comunitarios cuya eslora total sea igual o superior a 10 metros, tendrán
la obligación de declarar las especies desembarcadas, así como la zona en
la que fueron capturadas, y todos, menores y mayores de 10 metros de
eslora, deberán anotar en el diario de pesca, además de los datos
citados, el tipo de arte utilizado.




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Para los buques que enarbolen pabellón de un país tercero y tengan
autorización para faenar en aguas comunitarias, rigen otras obligaciones:
diario de a bordo, declaración de desembarques y descarga en puertos
comunitarios y preaviso de llegada con 72 horas de antelación.

Además de lo anterior, y con respecto a la comercialización, son
obligatorias las notas de venta entre las cuales deben figurar, entre
otros datos, las marcas externas de identificación, el nombre del buque,
puerto y fecha de desembarco.

Para finalizar, tenemos que mencionar también el proyecto de Real Decreto
que se está ultimando al amparo del citado Reglamento 2847/1993, ya
citado, y concordante con la normativa comunitaria anterior, por el cual
todos los buques pesqueros comunitarios deberán estar en posesión de una
licencia expedida por el Estado de pabellón con obligación de llevarla a
bordo y que incluya los datos relativos a la modalidad de pesca
autorizada y el caladero en el que desarrolla habitualmente su actividad.

Por otro lado, este tema es frecuentemente planteado tanto en los
contactos bilaterales que se mantienen con las autoridades pesqueras de
los demás Estados miembros como ante las autoridades responsables de la
Unión Europea, buscando siempre una mayor armonización en la cohabitación
de las diferentes flotas en aguas comunitarias y un mayor rigor en el
cumplimiento de las normas y seguimiento de los buques infractores, sean
comunitarios o de un país tercero.

Con esta exposición, el Grupo Socialista ha querido dejar claro no sólo
toda la normativa que existe, sino la manera en que se está aplicando.

Por tanto, propondríamos al Grupo Parlamentario Vasco aunar el punto 1 y
el 3, en el sentido que antes he pretendido dejar claro, aunque no sé si
lo he logrado.

En el punto 1, el Grupo Vasco nos pide la inmediata puesta en marcha de
medidas de control. Creo que está constatado que estas medidas de control
ya se han puesto en marcha. En el punto 3, solicitar a la Comisión
Europea y al resto de los Estados miembros, la inmediata puesta en marcha
de medidas de control. Creo que el Grupo Socialista podría aceptar la
proposición en el sentido de que los puntos 1 y 3 fueran unificados y que
dijesen que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que solicite
de la Unión Europea y del resto de los Estados miembros la inmediata
puesta en marcha de medidas de control e inspección.

En el punto 2, en cuanto a buscar la colaboración de las comunidades
autónomas, debería decir «intensificar esa colaboración», porque creo que
esa palabra define mejor el estado actual de las cosas, ya que no es que
no se esté dando esa colaboración, sino que se podría incrementar porque
ya se está dando. En este sentido, podríamos apoyar la proposición no de
ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Quiero manifestar que hay tiempo
suficiente para la votación y esperamos hacer negociaciones con el Grupo
Parlamentario Socialista al respecto.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, les rogaría a los portavoces de los
Grupos que antes de la votación nos preparen un texto para que podamos
comentarlo con la Comisión.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DOTAR AL AEROPUERTO DE CORDOBA DE LAS
INSTALACIONES Y MEDIOS NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LA MASA FORESTAL,
ASI COMO A ADOPTAR MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y REPOBLACION FORESTAL Y
EVITAR LA PROVOCACION INTENCIONADA DE INCENDIOS FORESTALES. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000420.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, al debate de la cuarta de
las proposiciones no de ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, por la que se insta al Gobierno a dotar al aeropuerto de Córdoba
de las instalaciones y medios necesarios para la defensa de la masa
forestal, así como a adoptar medidas para la prevención y repoblación
forestal y evitar la provocación intencionada de incendios forestales.

Para defenderla, tiene la palabra la señora Aguilar.




La señora AGUILAR RIVERO: Efectivamente, la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
viene a traer a esta Comisión algo que en la misma se ha debatido ya con
carácter general, y es que la destrucción de miles de hectáreas de
nuestros bosques, como consecuencia de los incendios, es un hecho no sólo
gravísimo, sino de preocupación general de todos los grupos
parlamentarios.

Todo el mundo conoce que son varias las zonas de nuestro país que se ven
especialmente afectadas por los incendios forestales, y que una de estas
zonas azotada con fuerza en los últimos años es la Comunidad Autónoma
andaluza. Cuando los incendios han ocurrido, absolutamente todo el mundo
ha planteado la necesidad de coordinar los esfuerzos de las distintas
administraciones y rentabilizar para dar mayor eficacia, a través de la
colaboración entre las mismas, las cuantías que cada una de ellas destina
precisamente a la extinción, prevención y repoblación.

La iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario tiene varios elementos
cualitativamente sustanciales. Por una parte, que los medios más rápidos
y eficaces para vigilar y extinguir los incendios forestales empiecen a
ubicarse en lugares geográficamente adecuados para coordinar
oportunamente la actuación. De aquí que planteemos Córdoba como un lugar
idóneo para uno de estos centros porque, en primer lugar, es el centro
geográfico de Andalucía, porque, además, al estar cerrado el aeropuerto
al tráfico de viajeros comporta que en gran medida la zona está liberada
de tráfico



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aéreo, porque el aeropuerto de Córdoba en estos momentos se encuentra
totalmente infrautilizado y, además, porque entendemos que responde a las
necesidades y a las demandas de la propia Comunidad Autónoma andaluza.

Además de este elemento que nos parece fundamental, pretendemos con
nuestra proposición no de ley fomentar la colaboración y coordinación
entre las distintas instituciones y dar un contenido específico y
prioritario a la formación integral de los profesionales que desarrollan
su trabajo en estos menesteres de forma habitual.

Otro de los elementos sustanciales de nuestra proposición no de ley al
que me refería anteriormente es que no sólo en la misma planteamos el
hecho en sí de la eficacia para la extinción del incendio, sino que,
lógicamente, planteamos también la necesidad de operar en dos elementos
básicos: lo previo, es decir, la prevención coordinada entre las
administraciones a través de una vigilancia más eficaz, y lo posterior,
es decir, la repoblación forestal, tarea fundamental para recuperar el
medio. Además, entendemos que debe ser una repoblación racional y
razonable que no destruya a largo plazo desde el punto de vista
medioambiental.

Un elemento también fundamental de nuestra proposición no de ley es que
se pretende que no queden impunes los actos de provocación intencionados
de incendios, dejando totalmente abierta la fórmula de hacerlo y
concretarlo en el marco de todas las modificaciones legislativas
convenientes y necesarias.

Consideramos que esta proposición no de ley, como es habitual en el marco
de nuestro Grupo Parlamentario, es una proposición no de ley constructiva
para abordar en positivo un problema grave, cual es el de los incendios
forestales y, en este sentido, queremos hacer un esfuerzo por encontrar
el consenso en esta Comisión, entendiendo que el objetivo que se plantea
en nuestra proposición es un objetivo absolutamente necesario, incluso
diría que en estos momentos es imprescindible de concretar.

Quiero plantear, señor Presidente, en relación a la enmienda que formula
el Partido Popular al segundo punto, que la aceptamos en lo esencial y
que con posterioridad haríamos la propuesta de una redacción
transaccional para ver si somos capaces, con este esfuerzo, de nuclear
ese consenso necesario entre el conjunto de los grupos parlamentarios.

Concluyo esta intervención diciendo que por parte de nuestro Grupo
Parlamentario conocemos perfectamente la existencia y el contenido del
plan de lucha contra incendios forestales de la Comunidad Autónoma
andaluza. Creemos que es un plan globalmente positivo, pero siempre se
puede mejorar a través de la cooperación, colaboración y coordinación
institucional, y esto es, precisamente, lo que pretendemos con esta
proposición no de ley, ya que viene a concretar una propuesta que lejos
de tener detrás de ella una actitud provinciana, comporta la utilización
de un medio idóneo, cual es el aeropuerto de Córdoba, por la ubicación
que tiene, por su infrautilización en estos momentos y por la posibilidad
que da el que al ser una zona aérea, liberada de tráfico (porque no tiene
hoy el aeropuerto de Córdoba una utilización para el tráfico de viajeros
como me refería anteriormente), se puede generar en él un centro
operativo importante para la extinción de incendios. Estaríamos dándole
la utilidad máxima a un medio existente que en estos momentos está
infrautilizado con todo lo que eso comporta, y estaríamos también
garantizando una mejor forma de luchar contra los incendios, de hacer la
labor de vigilancia para la prevención. Y dentro de la proposición, en su
punto tercero, está la necesidad de la repoblación.

Estos son los elementos fundamentales de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Entendemos que por ser necesario poner en marcha lo que aquí se plantea
podíamos hacer un esfuerzo entre todos los grupos parlamentarios por
encontrar el máximo consenso y favorecer, desde este Parlamento, y desde
esta Comisión en concreto, el trabajo para la extinción de incendios,
para la prevención y repoblación, que es un objetivo fundamental y
esencial compartido absolutamente por todos.




El señor PRESIDENTE: Se ha presentado a esta proposición una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla y fijar la posición respecto
a la proposición, tiene la palabra el señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Nuestra opinión respecto a la proposición no de
ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida es, en general, favorable,
puesto que nuestro Grupo en prácticamente todos los puntos, a lo largo de
muchas sesiones parlamentarias, tanto en Comisión como en Pleno, ha
manifestado su preocupación por los incendios forestales. Por tanto, me
detendría esencialmente en el contenido de nuestra enmienda al punto
segundo y en comentar el punto primero de esta proposición.

Debe decirse que el número de incendios en Andalucía, en el último año,
según datos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía,
fue de 1.300, que afectaron a un total de 17.701 hectáreas, lo cual
supone un incremento importante respecto a los incendios registrados
otros años. Afectaron, fundamentalmente, a las provincias de Granada y
Málaga. Hay otro dato también a considerar, que es el hecho de que el día
1 de abril de este año se anunciara que el único avión Hércules que
existía en Andalucía, destinado a la lucha contra incendios, con base en
Granada, no va a estar disponible en Andalucía durante la campaña de
lucha contra incendios de 1995, puesto que el Icona lo ha trasladado al
aeropuerto de Reus, en Gerona.

También desde hace tiempo, este Diputado viene preocupándose por las
posibilidades de utilización del aeropuerto de Córdoba en relación con la
lucha contra incendios y con algo muy importante --y de ahí el sentido de
nuestra enmienda--, que es la formación de los pilotos que se emplean
posteriormente en la lucha contra incendios. En los últimos años, por el
juego de contratar más barato o de dar más ventajas a determinadas
empresas concesionarias de los servicios de lucha contra incendios, es lo
cierto que se están utilizando pilotos de todas las nacionalidades, fuera
de la Unión Europea, y con una capacidad de formación



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al menos dudosa. No se está practicando algo necesario en la lucha contra
incendios, que es la permanente actualización, la permanente puesta al
día y el permanente entrenamiento de los pilotos que en muchas ocasiones
extremas van a tener que enfrentarse con el fuego.

Ya el 27 de septiembre del pasado año le preguntábamos al Ministro de
Agricultura sobre la posibilidad de utilizar el aeropuerto de Córdoba
como base de invernada de los aviones de Icona. Hemos completado esta
petición en el sentido de dedicar también el aeropuerto de Córdoba para
el desarrollo de cursos de actualización y entrenamiento de pilotos de
aviones y helicópteros dedicados a la lucha contra el fuego. Ello
permitiría rentabilizar y poner en funcionamiento unas instalaciones que,
contando con una plantilla completa de un aeropuerto nacional, están
ahora mismo infrautilizadas. Por tanto, no se trataría de incrementar
costo ninguno, sino de racionalizar una instalación ya existente y de
disponer de un coste mensual que ahora mismo está teniendo el Ministerio
de Obras Públicas y Transportes y Medio Ambiente. Por otra parte,
concurren determinadas circunstancias, no sólo la localización geográfica
de Córdoba, sino el número de días soleados y despejados que permiten la
utilización del aeropuerto. Además, el hecho de no tener ese aeropuerto
líneas comerciales actualmente operativas permite disponer de todas las
horas del día, sin interferencia en los vuelos de líneas comerciales,
tanto en despegue como en aterrizaje. En las proximidades del aeropuerto
también existe una serie de embalses que permitiría la utilización de
agua y, por tanto, el entrenamiento específico de pilotos en esta
materia.

Por ello, creemos que, en especial el punto segundo de la proposición, en
la forma que quedaría redactado con la enmienda que hemos formulado, no
debía ser objeto de controversia y debería contar con el apoyo de todos
los grupos, porque, por otra parte, se insta suavemente al Gobierno a que
estudie las propuestas de utilización del aeropuerto de Córdoba en planes
relacionados con la lucha contra el fuego, lo cual tampoco supone ninguna
obligación perentoria para el Ministerio. Si todos los grupos respaldaran
esta propuesta, nos encontraríamos con que, por primera vez en los
últimos años, un Gobierno socialista toma una decisión respecto a una
instalación estatal situada en Córdoba contraria a su cierre, que es el
criterio que se ha seguido hasta ahora en multitud de ocasiones, y cito
como ejemplo el cierre del Hospital Militar, el cierre del Instituto de
Zootecnia y el decidido cierre del Centro de Reproducción Equina del
Ministerio de Defensa en Córdoba. Apoyando al menos este punto segundo,
creo que conseguiríamos que el Parlamento recomendara a la Administración
que, en el caso concreto de una instalación de Córdoba, propiedad del
Estado o de Aena, se tome una decisión diferente a cualquier posibilidad
de cierre y, al revés, se tome una decisión de potenciarla.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Catalán, el señor Vidal tiene la palabra.




El señor VIDAL I SARDO: La proposición no de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya para la defensa de las masas forestales
que todavía quedan en nuestro país significa, a nuestro juicio, una
localización justificada del gran problema general que fue y que puede
continuar siendo, en este año o en otros, el de los incendios forestales
que afectan más intensamente a unas zonas que a otras según los años.

Nuestro Grupo ha insistido desde siempre --algunas veces en solitario--
en que la extinción más eficaz de un incendio viene dada por el uso de
medios aéreos, especialmente si tenemos en cuenta el estado de abandono
en que se hallan muchas masas forestales y aunque no se hallen en este
estado de abandono. Hemos insistido en el insuficiente parque de grandes
hidroaviones, hemos propuesto incluso la habilitación de helicópteros y
aviones del Ejército para completar de forma económica el parque de
aviones específicos para la extinción durante los meses de máximo riesgo.

Reconocemos que alguna mejora ha existido, pero queda mucho por hacer en
lo relativo a material aéreo, especialmente si se repiten las condiciones
climáticas tan adversas del año pasado. Pero, señorías, medios
disponibles hay los que hay. La estrategia de su ubicación no es
aconsejable modificarla sin razones muy convincentes. La ubicación de
nuevas bases en otros aeropuertos y la adecuación de éstos para ejercer
esta función pienso que es una cuestión que debe ser estudiada y
propuesta tal vez desde las propias comunidades autónomas, así como la
organización de funciones de prevención, así como el hecho de acogerse,
en mayor o menor grado, a los planes quinquenales de repoblación
forestal. Todas éstas son en mayor medida competencias atribuidas a las
comunidades autónomas. En cuanto a las modificaciones legislativas y
sancionadoras contra quienes voluntariamente o por accidente provocan
incendios forestales, pienso que es un tema que debería discutirse sobre
propuestas concretas, muchas de ellas ya incorporadas al Código Penal.

La enmienda del Partido Popular de sustitución del punto segundo de la
proposición no de ley resuelve la discrepancia que acabamos de manifestar
y en el sentido que también hemos puesto de relieve. Nos parece adecuada
la propuesta de que se estudie la idoneidad de la ubicación de una base
de aviones de extinción de incendios en el aeropuerto de Córdoba. En caso
de ser aceptada, nuestro Grupo la votaría favorablemente.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, el señor Soto tiene
la palabra.




El señor SOTO MARTIN: Señorías, los incendios forestales en España,
especialmente en ciclos de sequía como el que padecemos, constituyen una
catástrofe anunciada; anunciada y repetida como la ocurrida en el largo
verano de 1994. Es lógico que los grupos parlamentarios estemos
preocupados, muy preocupados en relación a los medios operativos y a los
medios disponibles para la prevención y la extinción de los incendios
forestales. Desde esta perspectiva que nosotros reconocemos a los demás,
nadie debería dudar de que el Grupo Parlamentario Socialista



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está tan preocupado como el que más en la prevención y extinción de los
incendios forestales. Sin embargo, en aras de un compromiso riguroso con
un tema en el que no es bueno irse por las ramas, el Grupo Socialista se
va a oponer a esta proposición no de ley presentada y defendida por IU-IC
y vamos a dar, por supuesto, algunas razones que estimamos de peso.

La utilización de los medios aéreos por el Icona y las comunidades
autónomas se realiza desde más de cien bases, entre aeropuertos y pistas
construidas en áreas forestales distribuidas por toda España. Se trabaja
de acuerdo con los objetivos establecidos coordinadamente con las
comunidades autónomas, lógicamente también con la Comunidad andaluza, que
es a la que en concreto afecta en este momento --a Córdoba-- la medida
que estamos discutiendo. Los medios aéreos pueden ser movilizados para
acudir a cualquier punto del territorio del Estado. La capacidad cesante
del aeropuerto de Córdoba, con ser un dato a tener en cuenta, no puede
ser el elemento definitorio en una política de distribución de medios,
aunque ya en esta campaña operarán dos aviones desde ese aeródromo
cordobés.

En cuanto al punto segundo de la proposición no de ley, referido a la
creación de una escuela de pilotos, es preciso recordar que la
Administración cuenta con la de Matacán, en Salamanca, aunque el
Ministerio de Agricultura no será nunca insensible a las posibles
iniciativas tendentes al perfeccionamiento de las labores de prevención y
extinción de los incendios forestales.

La enmienda del Grupo Popular a este punto segundo, que pide al
Ministerio el estudio para la posible creación en el aeropuerto de
Córdoba de una base de invernada de aviones del Icona encaja en la
sensibilidad demostrada por el Gobierno, pero no creemos necesario
redundar en aspectos que de por sí forman parte de la preocupación del
Ministerio de Agricultura.

En referencia al punto tercero, queremos indicar que la elaboración de
planes entre las comunidades autónomas y las respectivas administraciones
locales no es de la competencia del Gobierno central, aunque sí se puede
y se debe trabajar en el sentido que indica la propuesta. Es así que el
Ministerio de Agricultura, a través del plan de acción prioritaria contra
los incendios forestales, apoya la adquisición de equipos de vigilancia
móvil, así como la silvicultura preventiva, medios de extinción,
formación y estudio. Para 1995 se destinan a este plan 1.845 millones de
pesetas. También mediante el plan de apoyo a las comunidades autónomas
para intensificar la protección de la cubierta vegetal, se pretende
repoblar en cinco años 450.000 hectáreas de zonas erosionadas y regenerar
otras 400.000 de cubierta vegetal degradada por los incendios. Este plan
tiene prevista una inversión de 175.000 millones de pesetas en cinco
años, lo que, junto a las acciones antes mencionadas y otras medidas
adicionales, alcanzará unos 220.000 millones durante ese período. El
Ministerio, en su responsabilidad competencial, ha de tener sumo cuidado
en no introducir modificaciones unilaterales que puedan ir en detrimento
de otras comunidades.

Por lo que respecta al punto cuarto de la proposición no de ley, creemos
más razonable su consideración sistematizada en el proyecto de ley de
nuevo Código Penal. Por cierto, que el móvil de venganza o de
resentimiento, tan común por desgracia en el origen intencionado de los
incendios, no es menos grave que el que tiene por origen la búsqueda
artera del interés económico privado. En el proyecto del nuevo Código
Penal las conductas incendiarias se tipifican como delito contra la
seguridad colectiva.

Señorías, en esto de la prevención y lucha contra los incendios
forestales no es constructivo, como decíamos al principio de nuestra
intervención, no es bueno irse por las ramas. Creemos en la buena
voluntad del Grupo proponente. Reclamamos que se reconozca la tarea
gubernamental, y sería razonable un escrupuloso respeto al reparto
competencial. En definitiva, el Grupo Parlamentario Socialista se opone a
esta proposición no de ley, pero dejando claro que el Gobierno, al que da
sustento, trabaja con iniciativa y tenacidad en el cumplimiento de sus
responsabilidades, especialmente en un asunto como el que nos trae esta
iniciativa, referida a la lucha contra los incendios forestales, de tanto
calado ecológico y en el que la ciudadanía también se aprieta los machos,
por fortuna, para erradicar los descuidos y aislar a los malintencionados
de toda laya.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Aguilar, a la que ruego
brevedad.




La señora AGUILAR RIVERO: A efectos de proponer una transaccional, como
planteé en la intervención inicial que formulé ante esta Comisión, con
relación a la enmienda presentada por el Grupo Popular al segundo punto
de nuestra proposición no de ley, que diría así: «Que por el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación, en colaboración con la Junta de
Andalucía, se estudie la utilización del aeropuerto de Córdoba para base
de invernada de la flota de aviones propiedad del Icona, dedicada a la
lucha contra incendios forestales, y para que en dicho aeropuerto se
desarrollen cursos de actualización y entrenamiento de pilotos de aviones
y helicópteros, que dote a los mismos de una formación integral que
perfeccione profesionalmente la eficacia y el conocimiento en todo lo
relacionado con su trabajo.» Esta sería la enmienda transaccional que
ofreceríamos a la enmienda del Grupo Popular, con relación al segundo
punto.

También quiero hacer otra pequeña puntualización, en el sentido de que el
cuarto punto de nuestra proposición no de ley va en total sintonía con lo
que fue el pronunciamiento de esta Comisión, con carácter general, de que
no quedaran impunes las actuaciones de provocación intencionada de
incendios por particulares y que, por consiguiente, se hicieran las
modificaciones legislativas pertinentes, que desde nuestro punto de vista
no sólo tienen que circunscribirse al Código Penal, sino que hay algunos
otros aspectos legislativos que deben ser revisados para que exista
coherencia en todo el cuerpo legal que debe tener en cuenta esta
circunstancia que reseñamos en nuestra proposición.




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El señor PRESIDENTE: ¿Se acepta por parte del Grupo Popular?



El señor JORDANO SALINAS: Muy brevemente, para decir que aceptamos la
enmienda transaccional. Creemos que la referencia a la colaboración con
la Comunidad Autónoma de Andalucía perfecciona el texto de nuestra
enmienda. En esta materia de lucha contra los incendios es básica esa
colaboración de las comunidades autónomas con el Ministerio, y en cuanto
a lograr el objetivo de perfeccionamiento estamos totalmente de acuerdo
con el añadido del Grupo de Izquierda Unida.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE EN TODAS LAS POLITICAS PUBLICAS
SE TENGA EN CUENTA EL PAPEL DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS EN LA
TRANSFORMACION Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGRARIOS. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000427.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la última de las
proposiciones no de ley, también del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, por la que se insta al Gobierno a que en
todas las políticas públicas se tenga en cuenta el papel de las
cooperativas agrarias en la transformación y comercialización de
productos agrarios.

Para defenderla tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, la proposición no de ley que el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presenta hoy a la Comisión se refiere a uno de los temas sobre el que, al
menos en el discurso, hay coincidencia entre los distintos grupos
políticos. Hemos podido leer y oír repetidamente manifestaciones de los
distintos grupos sobre la importancia del movimiento cooperativo. De
hecho, en la exposición de motivos de la proposición no de ley ponemos
especial énfasis en el papel que tienen las cooperativas en cuanto a la
ordenación de mercados y a lo que significan de incremento de rentas para
los agricultores y ganaderos. Señalamos que la empresa cooperativa
permite una participación mayor de los productores en el valor añadido,
que no se refiere solamente a la producción de los productos agrarios y
ganaderos, sino que incorpora el valor añadido que aporta la
transformación y la comercialización. Precisamos también que estas
inversiones que hacen las cooperativas se producen en zonas que son
productoras de materias primas, zonas de menor desarrollo y, por tanto,
hacen una función muy positiva en ese territorio.

Las cooperativas también producen una mayor estabilidad en las
inversiones, ya que se arraigan en el tejido socioeconómico de las zonas
rurales. Pensamos que esto es especialmente importante por cuanto que
podemos ver estadísticamente cómo la industria agroalimentaria
paulatinamente va a caer en manos de las multinacionales, y desde luego
nuestro Grupo no comparte la opinión de que como ya he dicho en otras
ocasiones me manifestó el ex Ministro Albero cuando dijo que una empresa
francesa o alemana no la consideraba extranjera por cuanto que era una
empresa europea. Pues bien, viendo cómo va el panorama del paso de
industrias agroalimentarias españolas a otros países de la Unión Europea
pensamos que es importantísimo el papel que las cooperativas ejercen
sobre estas empresas que son nacionales y que tienen una voluntad de
permanencia y arraigo en el territorio.

Aparte, señorías, consideramos que las cooperativas tienen además otros
centros de interés que no tienen las sociedades mercantiles, porque su
actuación no es tan a corto plazo y además desarrollan actividades de
gran interés social que pensamos que incluso todavía podrían ser
potenciadas. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rivadulla.

Ruego silencio, por favor, es difícil seguir el debate.




La señora RIVADULLA GRACIA: Por todos estos motivos, señorías, es por los
que el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha
presentado esta proposición no de ley, porque si bien constatamos que
estamos de acuerdo en el discurso, por otra parte, vemos que se producen
normativas que no pasan por esta Cámara, porque emanan de reales decretos
que no son discutidos aquí y que, sin embargo, van incidiendo
negativamente en las ayudas que las cooperativas tenían en cuanto a
subvenciones y bonificaciones. Nos referimos concretamente al Real
Decreto 1462/1986, que fue desarrollado por la Orden del 4 de septiembre
de 1986 y que establecía unos umbrales de garantía en la asignación de
subvenciones a las entidades asociativas agrarias y pesqueras. Creemos
que ese Real Decreto tuvo una función importante, porque incluso si
tienen la memoria del Ministerio de Agricultura del año 1993, verán que,
efectivamente, en virtud de dicho Real Decreto 1462 las empresas
asociativas recibieron un 19,3 por ciento de subvención en relación con
la inversión, frente al 16 por ciento de las sociedades mercantiles. Si
analizan también, señorías, los mismos datos que aporta la memoria del
Ministerio de Agricultura, verán que en todas aquellas medidas
cofinanciadas también las entidades asociativas tenían un trato mejor;
concretamente para las instaladas en el Objetivo 1, según los últimos
datos que nos aporta el Ministerio, se recibió el 39,51 por ciento de
subvención por contraposición a lo que reciben las entidades mercantiles,
que era el 36,63 por ciento. Nosotros pensamos que este Decreto era
importante por cuanto modulaba y discriminaba positivamente a las
asociaciones cooperativas. En virtud del Real Decreto 59/1994, de 21 de
enero y la Orden que lo desarrolla, se procede a la derogación, a través
de la disposición derogatoria única, precisamente de esa Orden del 4 de
septiembre de 1986 que establecía los umbrales de garantía. Por tanto,
señorías, nos encontramos que, aparte de los



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discursos, ello significa que una medida positiva, que estaba
desarrollada en el Real Decreto 1462, por Real Decreto ha sido
absolutamente suprimida y ahora las entidades asociativas no tienen
ningún tipo de discriminación positiva por parte del Estado.

Se podrá argumentar por parte de SS. SS. que el Decreto 1462/1986 había
quedado reducido a las ayudas no cofinanciadas por el Feoga y que, por
tanto, su importancia en este caso podría ser menor. Yo también quiero
aportar a SS. SS. los últimos datos que nos ha facilitado el Ministerio
para que vean la incidencia del procedimiento del Real Decreto 1462 en la
cuantía total de las subvenciones del MAPA. A través de ese Real Decreto
se canalizaron 4.667 millones de subvención, de un total de subvenciones
--tanto de las cofinanciadas por el Feoga como por el Ministerio-- de
29,51 millones. El MAPA en el total de las subvenciones, tanto de las que
se regulan por el 1462 como de las otras que son cofinanciadas, aporta
10.717 millones. Pero si por el Real Decreto 1462 corresponden 4.667
millones, ello significa que se canalizó a través de ese Real Decreto el
16 por ciento de las subvenciones totales y el 44 por ciento de la
aportación del Ministerio de Agricultura. Quiero dar estos datos para que
se tenga en cuenta que no era una medida residual, sino que la medida era
importante y favorecía especialmente a las cooperativas.

Ahora, señorías, nos encontramos también con la siguiente situación. La
Orden del Ministerio del año 1991 mediante la que se regulaban las
subvenciones de los fondos estructurales ha originado en este momento un
vacío legal. Esa Orden ministerial tenía una vigencia hasta 1993 y ahora
para la regulación de los fondos estructurales que van del período
1994-1999 no tenemos ninguna regulación y, por tanto, no sabemos el tipo
de subvenciones. Sí se está hablando, señorías --y yo no tengo los datos
en la mano--, de que las subvenciones, conforme a la nueva Orden que
salió del Ministerio, podían quedar reducidas, incluso se habla de una
reducción de 3 puntos. Yo espero que si los representantes del Grupo
Socialista tienen los datos, por cuanto su comunicación con el Ministerio
es más fluida, en su intervención lo puedan aclarar.

Teniendo en cuenta esta situación, teniendo en cuenta la regresión que ha
significado el Real Decreto 59/1994, es por lo que nosotros instamos a la
modificación del Real Decreto 1462/1986, de 13 de junio, así como a que
para el fomento cooperativo en todas las políticas industriales se tenga
en cuenta a la empresa cooperativa. De hecho el Gobierno ha presentado un
documento titulado «Una política industrial para España», en el que no
aparece ninguna referencia relativa al cooperativismo, y esto nos parece
especialmente grave.

Quiero aclarar, señorías, que nosotros pedimos la modificación del
Decreto 1462 porque todos los reales decretos que se han producido
posteriormente y las órdenes que los desarrollan solamente modifican
parcialmente el Decreto 1462, y, por tanto, si hubiese que hacer alguna
actuación --intervención normativa-- debería ser sobre este Decreto madre
que es el 1462.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición se ha presentado una enmienda del
Grupo Socialista. Para defenderla, el señor San Martín tiene la palabra.




El señor SAN MARTIN SALA: Señor Presidente, señorías, efectivamente, como
ha dicho la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, todos
los grupos de esta Cámara, y especialmente el Partido Socialista, porque
entendemos claramente la necesidad del cooperativismo para el desarrollo
del sector agrario, estamos de acuerdo en el fondo de esta proposición no
de ley. Cómo no lo vamos a estar si estamos convencidos de la influencia
del mundo cooperativo en este sector. Como se ha dicho, el mundo
cooperativo tiene distintos aspectos positivos para el desarrollo del
sector agrario, además de gran influencia económica y social en el país.

Se habla de aproximadamente un billón de pesetas de comercialización de
productos agrarios y de transformación a través del mundo cooperativo y
hay un millón de socios adscritos a las cooperativas. Eso indica la gran
importancia que tiene este sector para el futuro de la agricultura. Por
eso, estamos de acuerdo en el fondo de esta proposición no de ley de que
en todas las políticas se tengan en cuenta las cooperativas.

No estamos de acuerdo en la forma. Analizando la proposición no de ley en
cada uno de los puntos, en uno se dice que se tenga en cuenta. Se tiene
en cuenta que es una cooperativa, como entidad jurídica, en todas las
políticas. Sólo faltaba que, cuando hay unas ayudas generales, las
cooperativas quedaran discriminadas en comparación con otro tipo de
industrias agroalimentarias. Están consideradas. Tengo que decir a la
portavoz de Izquierda Unida que están consideradas positivamente a través
del Decreto 1462, que sí reconocía unas ayudas mayoritarias en favor de
las cooperativas; también se siguen aplicando después de la aprobación
del Decreto 59/1994, aunque, efectivamente, no consideradas en esos
términos, pero la política que el Ministerio ha ido desarrollando ha
sido, en función de todas aquellas ayudas, la de priorizar las
inversiones de las cooperativas. Ese es un sentir claro del Ministerio,
no de hoy sino desde hace quince años, que se sigue manteniendo.

En este momento hay un borrador de decreto que está sometido a
información de las distintas organizaciones empresariales y cooperativas,
hay una voluntad del Ministerio de modificar, de adaptar o adecuar esto a
la nueva situación, y otro decreto que regula las ayudas concedidas desde
Bruselas a través del Reglamento 866, que, no cabe duda, va a tener
presente dar esta prioridad a las cooperativas. Ahora no hay vacío,
puesto que se están otorgando ayudas a las cooperativas prioritariamente.

Eso nos consta de cada una de las comunidades autónomas, pero el Grupo
Socialista, que está totalmente de acuerdo en el fondo de la proposición
no de ley, no quiere precisamente concretar esto en unos determinados
puntos, sino que da un poco más, para que no solamente en el futuro
decreto, sino en todas las órdenes que lo regulen y en todas las acciones
que se lleven a cabo desde el Ministerio de Agricultura --y digo desde el
Ministerio de Agricultura porque tenemos claro que las industrias
agroalimentarias son un tema



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claramente agrícola y vinculado al desarrollo de la agricultura; por eso
nos referimos a todas las políticas agrarias que se lleven a cabo-- sean
prioritarias las cooperativas. Es importante que las cooperativas sean
prioritarias en todas las políticas, pero no solamente las cooperativas,
sino que en la enmienda nos referimos también a aquellas sociedades
mercantiles mayoritariamente participadas por éstas, porque creemos que,
en este momento, a veces es necesario crear otro tipo de sociedades
mercantiles para agilizar las actuaciones en los mercados y en el mundo
económico y, a estos efectos, también deben ser consideradas las
sociedades que, aunque no sean cooperativas, sí estén participadas
mayoritariamente por ellas. En este sentido, nuestra propuesta de
enmienda recoge perfectamente el fondo y la filosofía que ha expuesto la
portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Además, es lo
suficientemente amplia como para que en todas las políticas que se lleven
a cabo desde el Ministerio se tenga en cuenta a las cooperativas porque,
como he dicho, es un factor importante y necesario para el desarrollo del
futuro del sector agrícola.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate?
(Pausa.) En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pascual.




El señor PASCUAL MONZO: Brevemente, voy a fijar la postura del Grupo
Parlamentario Popular ante esta iniciativa del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre el apoyo al asociacionismo agrario,
en este caso a las cooperativas.

El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la presente iniaciativa por
coherencia porque, de forma reiterada, el Grupo Popular ha apoyado en el
Congreso de los Diputados, al mundo cooperativo, en distintas iniciativas
como los Presupuestos Generales del Estado, donde hemos reivindicado
mayores aportaciones económicas al asociacionismo agrario, o el actual
proyecto de ley de modernización de las explotaciones agrarias en el que,
en nuestra opinión, a las cooperativas se les debía haber apoyado de una
forma más evidente.

No solamente hemos apoyado el asociacionismo agrario, porque creemos que
es uno de los grandes déficits del sector agrario español, sino también
al sector agroalimentario, pidiendo reiteradamente las interprofesionales
en España, hasta que por fin se ha aprobado la ley.

Dicho esto, quisiera aprovechar para hablar de las líneas de apoyo al
sector agroalimentario, a la industria de transformación agroalimentaria.

Cuando se apruebe una línea de este tipo, es necesario contar con una
dotación presupuestaria real porque, según datos que me han aportado las
cooperativas, la deuda del Ministerio con el sector transformador es de
unos 30.000 millones de pesetas, cifra de 1994. Si creamos líneas para
apoyar al sector y luego no hay dotación presupuestaria, lo que sucede es
que muchas empresas, tanto privadas como cooperativas, hayan tenido que
cerrar porque no han recibido el dinero de la subvención.

Desde ese punto de vista, quizá sea más lógico el Real Decreto 59/1994,
aunque nos recuerda lo que pasó con otro Real Decreto análogo, el 808,
para mejora de las explotaciones agrarias que, según dijo una vez el
Ministro Solbes, había muerto por su propio éxito. En el sector
agroalimentario ha pasado lo mismo.

Señoría, termino diciendo que vamos a apoyar la inciativa de Izquierda
Unida, con la que estamos de acuerdo, sobre todo con su exposición de
motivos. Respecto el primer punto de la proposición no de ley, en el que
se pide modificar el Real Decreto 1462/86, luego modificado por el
59/1994 en dos artículos, el 2 y el 4, donde se habla de la financiación,
mi duda es que no acabo de ver si se tiene que modificar. Creo que es un
trámite más bien técnico, por lo que no voy a entrar en ese debate y
anuncio que vamos a apoyar la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Tubert.




El señor TUBERT I ALSINA: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), vistas la exposición del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y la propuesta de enmienda presentada por
el Partido Socialista, nosotros apoyaríamos una propuesta de consenso
entre la enmienda presentada y la propuesta inicial porque, como bien se
ha reflejado aquí, hay plena coincidencia de todos los grupos, al menos
respecto al soporte al mundo cooperativo. Si a alguien se le debe
reconocer este papel, con seguridad debe ser a nuestro Grupo, por la
política que viene siguiendo nuestra Comunidad Autónoma.

Entendemos que el mundo cooperativo tiene una implantación considerable
en el Estado español, puesto que cerca del 50 por ciento de la producción
está en manos de cooperativas, pero consideramos que estas empresas
tienen un déficit grave en estructuras de transformación y
comercialización, por lo que cualquier política agraria que se precie
tiene que tener muy presente esta realidad en aras a conseguir su
eficacia.

Queremos destacar también el carácter de las empresas de economía social,
que tienen una dificultad añadida en su movilidad económica pero que
tienen beneficios muy claros en su vertiente social. Este equilibrio
siempre es difícil de mantener, pero es especialmente necesario tratar de
conseguirlo.

Se ha reflejado aquí ya la necesidad de mejorar las rentas de los
agricultores por la vía del valor añadido, que permite participar en el
mundo empresarial de las cooperativas. Es una vía clara, pero entendemos
que, más que nada, es imprescindible asegurar la renta de estos
agricultores, y asegurarla pasa por lograr que lo que se produce llegue
al mercado competitivamente, ya sea en forma, en calidad y en precios, y
que las empresas que realizan la función de llevar los productos al
mercado estén vinculadas especialmente a los productores; en forma de
sociedad mercantil o cooperativa, pero lo que está claro es que la
fórmula de cooperativa es la que más se acerca al objetivo que
mencionaba.




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Entendemos también necesario el apoyo al mundo cooperativo porque las
cooperativas aseguran el arraigo a las zonas de producción. No se le
escapa a nadie que las cooperativas suelen ser muchas veces hijas de
situaciones de crisis o fruto de la necesidad, que seguramente se han
organizado en sitios donde el interés comercial era poco rentable en aras
a una especulación puramente económica, y que este arraigo en las zonas
de producción da continuidad a la actividad agraria y equilibrio
territorial. Lo de equilibrio territorial es una expresión muy repetida,
pero, en cualquier caso, es un patrimonio de todo el mundo y que es
necesario tomar las medidas que sean necesarias para asegurarlo.

La validez del mundo cooperativo queda de manifiesto en lo que es el
éxito del modelo a nivel empresarial en la Unión Europea, incluso a nivel
mundial, y que cabe un soporte especial por los desfases históricos que
tenemos en nuestro país a este respecto; un soporte especial que no
cuestionamos en otro modelo empresarial, pero que nuestro Grupo dará
siempre un trato preferente a este colectivo de cooperativas agrarias,
dado que concentra en el ámbito de la empresa una renta digna para los
agricultores, la formación de las personas, la prestación de servicios y
el equilibrio democrático. Esta es una baza clave del éxito de lo que
será el mundo empresarial en el futuro.

Por todo ello, entendemos como necesario lo planteado y apoyamos una
propuesta de consenso de las dos propuestas presentadas.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el
señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, voy a intervenir
brevemente para manifestar que nos parece adecuada la proposición no de
ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, con una fundamentación
bien estructurada a nuestro juicio, en la medida en que se manifiestan y
analizan los diferentes aspectos y filosofías que son la base de la
actividad cooperativa agrícola. Por lo tanto, nos parece que esta
proposición no de ley es interesante y nuestro Grupo Parlamentario la va
a apoyar porque tiene la finalidad de conceptuar el cooperativismo
agrario como una unidad, como una concatenación tanto en la producción
como en la comercialización y en la transformación. Como se dice en la
enmienda del Grupo Socialista, que se ha defendido con rigor, hay una
adición a la hora de la participación de las cooperativas en toda la
cadena, que es el valor añadido que se otorga. La enmienda socialista
atribuye también un rigor y un conocimiento de la estructuración del
sector cooperativo, en el ámbito productor, comercializador y
transformador, que nos parece interesante, por lo que estaríamos
dispuestos a apoyarlo siempre que fuera aceptado por el grupo proponente.

(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Ruego silencio, señorías, porque es difícil seguir
el debate en estas condiciones.

Tiene la palabra la señora Rivadulla, a los efectos de aceptar o no la
enmienda del Grupo Socialista.




La señora RIVADULLA GRACIA: Nuestro Grupo, en primer lugar, quiere
agradecer a los grupos que han mostrado su disposición de votar a favor
de nuestra proposición no de ley, pero en aras al consenso y porque nos
parece realmente positivo el hecho de que esta Cámara salga una
proposición no de ley de apoyo al movimiento cooperativo y a las empresas
cooperativas, nuestro Grupo aceptaría la enmienda del Grupo Socialista,
teniendo en cuenta que debería quedar configurada de forma que la
exposición de motivos fuera en el sentido literal de la que hemos
presentado y la parte dispositiva sería la enmienda que presenta el Grupo
Socialista. No obstante, yo quisiera presentar una enmienda «in voce» en
el sentido de que debería incorporarse, en la segunda línea, donde dice:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en todas las
políticas que se estén llevando a cabo o que vayan a ser impulsadas en
coordinación con las de las comunidades autónomas..., lo siguiente: ... y
en especial en reales decretos actualmente en elaboración, se priorice el
apoyo a las cooperativas o a aquellas sociedades mercantiles. En estos
términos estaríamos dispuestos a aceptar la enmienda del Grupo
Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor San Martín.




El señor SAN MARTIN SALA: Como se dice «en todas las políticas», no cabe
duda de que la elaboración de reales decretos se refiere también a las
políticas. Por eso creo que no está de más.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a las distintas votaciones de las
proposiciones no de ley. En algunas de ellas hay presentadas enmiendas
transaccionales. Ruego a los portavoces que lo vayan indicando antes de
iniciar las votaciones.

La primera proposición es la del Grupo Parlamentario Vasco, relativa a la
denuncia de la negociación con Noruega. Parece ser que hay alguna
modificación sobre la propuesta inicial. Señor Gatzagaetxebarría, ¿hay
alguna modificación sobre la propuesta inicial de su Grupo?



El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Hemos presentado, a la luz de las
intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios, con espíritu de
acercamiento de posturas, una enmienda que modificaría el ámbito
dispositivo de nuestra proposición no de ley y que está en este momento a
disposición de la Presidencia.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente. La parte dispositiva del texto que el
Grupo Parlamentario Vasco pone a consideración de la Comisión es la
siguiente: Defender ante la Unión Europea la corrección de la decisión
del Consejo de mayo de 1987 en aras a alcanzar la reposición de las
cuotas de bacalao al nivel tradicional de las capturas de los Estados
miembros en 1985. Este es



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el texto que se va a someter a votación. ¿Están de acuerdo todas SS. SS.?
Señor Moragues, tiene la palabra.




El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, si usted pide la aceptación
del texto al Grupo Socialista, yo le tengo que responder que no. Nosotros
no estamos de acuerdo en proceder a la votación de este texto. Si en el
trámite en el que nos encontramos podemos ejercer el derecho a la no
aceptación del texto, que creo que no es demasiado correcto, yo le tengo
que decir que no.




El señor PRESIDENTE: Señor Moragues, saben SS. SS. que es la práctica
habitual en esta Comisión que los grupos parlamentarios intenten llegar a
acuerdos y aproximar posiciones presentando enmiendas transaccionales. Lo
que pasa es que para someterlas a votación --lo hemos venido haciendo
así-- necesitan de la aprobación de todos los grupos. En todo caso,
previo a la votación, yo pregunto si todos los grupos están de acuerdo en
esa enmienda. Si no lo están, tendrá que votarse el texto inicial de la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco.

Señor Moragues, tiene la palabra.




El señor MORAGUES GOMILA: Efectivamente, como entendemos que no ha
sucedido la aproximación a las posturas del Grupo proponente con el nuevo
texto, el Grupo Socialista no está de acuerdo en que se vote esta
enmienda.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar el texto de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Vasco tal cual figura en el «Boletín de las
Cortes». (El señor Hernández-Sito García-Blanco: Un precedente.)



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.

Tiene la palabra el señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Quiero que conste en el «Diario de Sesiones»
que, por primera vez porque no existía precedente en esta Comisión, un
grupo parlamentario ha bloqueado el acceso a una votación de un texto de
aproximación. (La señora Pelayo Duque: Permanentemente.--El señor
Hernández-Sito García-Blanco: Tomamos nota para más adelante.) El señor
PRESIDENTE: ¡Señor Hernández-Sito! Silencio, por favor. Saben SS. SS. que
es un trámite habitual que la Presidencia lo solicite de los grupos, ya
que reglamentariamente tienen derecho a solicitarlo como desee.

En la segunda proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco,
relativa a impedir el ejercicio de la actividad pesquera furtiva, hay
también una propuesta de reforma, que les paso a leer. En el primer
punto, que empieza diciendo: Intensificar las medidas de control e
inspección, se retira la parte final de la exposición de motivos y en el
segundo: reforzar la colaboración con las comunidades autónomas. ¿Están
de acuerdo todos los grupos?



El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: ¿El tercer punto se retiraría, según
la propuesta socialista?



El señor PRESIDENTE: El tercer punto que habla de solicitar de la
Comisión Europea y de los Estados miembros..., quedaría así.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Querría hacer una consideración
previa a la Mesa con relación al tema anterior. En el caso de que el
Grupo Parlamentario Socialista hubiera admitido a trámite el sometimiento
a votación de la enmienda transaccional presentada por nosotros, podría
haberse producido el que este Grupo votara también luego en contra en
cuanto a votación de fondo. La consulta técnica que hago es la siguiente:
¿Podía haber votado a favor del aspecto formal técnico y en contra de
fondo?
En cuanto al tema que estamos debatiendo ahora, nuestro Grupo
Parlamentario va a aceptar las sugerencias del Grupo Parlamentario
Socialista. Nos parece que es importante el consenso que se puede lograr
con estas cuestiones. Nosotros no vamos a mantener esa postura de
cerrazón porque, a veces, las reacciones políticas conllevan el que unos
segundos antes el Grupo Socialista no haya aceptado una enmienda de
acercamiento del Grupo Vasco y sea rechazada. Nuestro Grupo Parlamentario
entiende que no es ése el espíritu de la proposición no de ley y la
nobleza parlamentaria nos lleva a aceptar, porque coincide prácticamente
con el espíritu de la proposición no de ley, el planteamiento que nos
hace la portavoz del Grupo Socialista.

Querría que me hubiesen aclarado la cuestión porque desconozco, en
términos técnicos, si se hubiera podido producir de la manera en que he
interpelado a la Mesa.




El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, tenemos precedentes no tan
lejanos, de la semana pasada, en el debate de la ley de modernización, en
el que vimos que se pueden presentar enmiendas transaccionales, que son
admitidas por todos los grupos y luego la posición respecto a las mismas
puede ser de aceptación, abstención o rechazo.

Tiene la palabra el señor Moragues brevísimamente para que conteste a la
alusión final del señor Gatzagaetxebarría.




El señor MORAGUES GOMILA: Quiero que quede claro que ni el espíritu de
cerrazón, ni la falta de nobleza parlamentaria ha sido lo que ha obligado
al Partido Socialista a no aceptar la transacción al propio texto del
Grupo Vasco.

Si el Grupo Nacionalista Vasco hubiese presentado esta enmienda por
escrito, como dice el Reglamento, nosotros hubiésemos podido tomar
posición distinta en el trámite



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parlamentario correspondiente. Pero no ha habido falta de nobleza
parlamentaria --acusación que se nos hace absolutamente injusta--, ni
espíritu de cerrazón, porque hemos intentado llegar a un acuerdo. La
decisión que ha tomado el Grupo Socialista ha sido para defender mejor
los intereses de la flota bacaladera de Svalbard, pero, repito, no ha
habido cerrazón ni falta de nobleza.




El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la proposición no de ley
relativa a la actividad pesquera furtiva, con las correcciones técnicas
que les he indicado que se han propuesto y que el Grupo Parlamentario
Vasco y todos los grupos han aceptado.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos, a continuación, a la tercera de las proposiciones no de ley del
Grupo Parlamentario Popular, relativa a la negociación de cuotas
pesqueras, lógicamente incorporando la enmienda del propio Grupo
Parlamentario Popular, que es de sustitución.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos, a continuación, a la votación de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, relativa a dotar de medios al
aeropuerto de Córdoba y otras medidas en defensa de la masa forestal, a
la cual se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y,
a la misma, una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida, que ha aceptado el Grupo proponente y éste, a su vez, ha
aceptado la propuesta del Grupo Parlamentario Popular.

La señora Aguilar tiene la palabra.




La señora AGUILAR RIVERO: Como quiera que al punto 2 hay una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular y Convergència i Unió ha manifestado su
disposición a votar a favor de este punto, pedimos votación separada, en
un bloque, de los puntos 1, 3 y 4, y, en otro separado, el punto 2 con la
enmienda que propone el Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, yo creo que todos los miembros de la
Comisión conocemos los precedentes y las normas aprobadas por el
Presidente del Congreso, que se han aceptado por todos, en el sentido de
que las proposiciones no de ley, a las cuales se admite algún tipo de
enmiendas, luego se votan de manera conjunta.

En alguna ocasión en esta Comisión, con la aceptación por parte de todos
los grupos y, sobre todo, con la del grupo proponente que, en definitiva,
es el propietario inicial de la iniciativa, hemos aceptado votaciones en
ese sentido, no violentando el Reglamento, porque éste tampoco lo indica
así específicamente. En ese sentido, volvemos un poco a la situación
anterior.

Por parte de la Presidencia, y creo que de la Mesa, no habría ningún
inconveniente en votarla separadamente si hay acuerdo del propio grupo
proponente, que es el propietario de la iniciativa, y de todos los grupos
parlamentarios.

Tiene la palabra el señor Soto.




El señor SOTO MARTIN: Por nuestra parte, no habría inconveniente en la
votación separada. Consideramos que, en la hipótesis de una aprobación de
ese punto, quedaría muy desconexo, pero estamos dispuestos a correr ese
riesgo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Jordano.




El señor JORDANO SALINAS: Para una matización.

La proposición contiene cuatro puntos que versan sobre materias
totalmente diferentes. No es un todo homogéneo, sino cuatro puntos
diferentes, incluida una recomendación de reforma del Código Penal, que
nada tiene que ver con los aviones. Por tanto, no creemos que se deje
inconexo un punto, puesto que los cuatro tienen una cierta autonomía.




El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente por parte de la
Presidencia. He comentado con anterioridad que tenemos precedentes en ese
sentido en la Comisión, no así en el Pleno que rigen un tipo de normas
más estrictas. Intentamos que el funcionamiento de la Comisión sea más
flexible para aproximar las posiciones y aprobar aquello que sea posible.

Insisto en lo mismo: si el Grupo proponente lo autoriza y los demás
grupos no se oponen, lo haríamos así.

¿Les parece bien? (Asentimiento.)
Votamos, pues, en primer lugar, los puntos 1, 3 y 4 de la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.

A continuación, votamos el punto número 2, tal cual figura, de la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular con las correcciones técnicas
que ha indicado la portavoz del Grupo de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado este punto por unanimidad.

A continuación, pasamos a votar la proposición no de ley del Grupo
Federal de Izquierda Unida, relativa al papel de las cooperativas. El
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha aceptado la enmienda del Grupo
Parlamentario



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Socialista, el cual, a su vez, ha aceptado una pequeña corrección técnica
que se le ha formulado.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, es una enmienda «in voce»,
no una corrección técnica.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente. En estos términos, se pone a
votación.

Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada esta proposición no
de ley.

Agotado el orden del día, se levanta la sesión.




Era la una y treinta minutos de la tarde.