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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 463, de 23/03/1995
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 463
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENCIA DE DON CARLOS ALBERTO DAVILA SANCHEZ,
VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 34
celebrada el jueves, 23 de marzo de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Industria y Energía (Eguiagaray
Ucelay), para:
--Dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley de
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, relativo a la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional. A petición propia. (Número de expediente
214/000099). (Página 14076)
--Informar sobre las actuaciones previstas en relación con la crisis
industrial en las empresas Valeo, S. A., y Santa Bárbara, así como en el
sector conservero y agroalimentario en la Vega del Segura, en la Región
de Murcia. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de
expediente 213/000283). (Página 14088)
--Explicar los acuerdos en torno al plan de la Empresa Nacional Santa
Bárbara. A petición propia. (Número de expediente 214/000084). (Página 14089)



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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, PARA:



--DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.3 DE LA LEY DE
ORDENACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL, RELATIVO A LA COMISION DEL
SISTEMA ELECTRICO NACIONAL. A PETICION PROPIA. (Número de expediente
214/000099.)



El señor VICEPRESIDENTE (Dávila Sánchez): Buenas tardes, señorías.

Damos comienzo a la sesión trigésimocuarta de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo.

De acuerdo con el orden del día y con las opiniones expresadas por los
portavoces de los grupos, empezamos por el que figura en el orden del día
como punto 3: comparecencia urgente, a petición propia, del Ministro de
Industria y Energía ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo,
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.3 de la Ley de
Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, relativo a la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional.

Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
Presidente, señorías, en este primer punto de mi comparecencia tengo la
intención de cumplir con una obligación establecida legalmente en la Ley
de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, como es la contenida en su
artículo 6, en el que, al referirse a la Comisión del Sistema Eléctrico
Nacional como ente regulador de dicho Sistema Eléctrico Nacional, se
configura su composición y se establece la manera de designar a sus
componentes.

La Comisión --dice el artículo 6, párrafo 2-- estará regida por un
consejo de administración compuesto por el presidente, que ostentará la
representación legal de la Comisión, y por seis vocales. Tanto el
presidente de la Comisión como los vocales serán nombrados entre personas
de reconocida competencia técnica y profesional.

El párrafo tercero de este mismo artículo señala: El presidente y los
vocales serán nombrados mediante real decreto por el Gobierno, a
propuesta del Ministro de Industria y Energía, previa comparecencia del
mismo y debate en la Comisión competente del Congreso de los Diputados,
para constatar el cumplimiento por parte de los candidatos de las
condiciones indicadas en el apartado anterior.

En función, por tanto, de este mandato legal, teniendo en cuenta que la
facultad de nombramiento corresponde, naturalmente, a un órgano
regulador, que es un órgano administrativo, al Gobierno, y que este
nombramiento se hace en virtud de un real decreto a propuesta del
Ministro de Industria y Energía, en esta Ley quisimos, entre todos,
inaugurar una nueva forma en la que se pudiera, previamente a la
presentación de los candidatos al Consejo de Ministros para su
aprobación, anunciarlo y discutirlo en la Comisión de Industria y Energía
del Congreso de los Diputados. Por consiguiente, quisiera darles una
información relevante a estos efectos, a fin de que la Comisión pueda
verificar y constatar el cumplimiento, como dice en su texto, por parte
de los candidatos de las condiciones indicadas en el apartado anterior,
esto es, el tratarse de personas de reconocida competencia técnica y
profesional.

En esa dirección, son conocedores los distintos grupos parlamentarios y
todas SS. SS. de cuáles son las personas que en este momento les quiero
proponer, personas que, a mi juicio, están seleccionadas a fin de
configurar un órgano muy importante, con unas funciones igualmente
importantes y, sobre todo, con un criterio sustancialmente dominante en
su designación, que es el criterio de la competencia técnica, de la
competencia profesional. De ahí que no quisiera que se viera en la
composición de la Comisión un problema de perfiles sustancialmente
políticos en el sentido estricto. Naturalmente, yo no soy de los que
tienen nada contra la política, pero lo que dice la Ley es que el
criterio tiene que ser el criterio técnico y profesional. En
consecuencia, es éste el perfil que me parece que debiera ser dominante.

Las distintas biografías y «currícula» que tienen a su disposición me
parece que así lo confirman.

Como saben, la propuesta que les hago está compuesta por un presidente,
don Miguel Angel Fernández Ordóñez, que es licenciado en Derecho,
licenciado en Ciencias Económicas, ha sido profesor de Política
Económica, Subdirector General de Previsión y Coyuntura, asesor del
Director Ejecutivo del Banco Mundial, Secretario de Estado de Economía,
Diputado a Cortes, Secretario de Estado de Comercio y Director Ejecutivo
en el Fondo Monetario Internacional y, al mismo tiempo, ocupaba, aparte
de otros muchos elementos de su amplia trayectoria económica y también
política, la posición de Presidente del Tribunal de Defensa de la
Competencia. Quiero hacer notar que la personalidad de Miguel Angel
Fernández Ordóñez, una personalidad brillante en cualquier caso, aunque a
veces también polémica, me parece que puede pretender, y pretende desde
luego, otorgar una credibilidad importante (juntamente con la de los
demás componentes que a continuación reseñaré) a un órgano dotado, en
virtud de la Ley, de una amplia autonomía respecto de la propia
Administración, no independencia pero sí autonomía, en el ejercicio de
funciones de ordenación que vamos a inaugurar y, sobre todo, de
regulación del sector eléctrico.

Creo que es importante que en nuestro país, de acuerdo con la inspiración
de la Ley, aparezca con claridad que el órgano regulador se sitúa por
encima de las empresas del sector eléctrico, aunque cerca también de las
empresas de dicho sector, y que está en relación con los consumidores,
con los usuarios, con otras administraciones públicas distintas de la
central que tienen competencias en materia del sector eléctrico, y que al
mismo tiempo se avanza en una línea en la que, con los límites técnicos
de un sector como el eléctrico, la idea de la competencia y de una
regulación eficiente es una condición para el bienestar económico, para
la competitividad de la industria y, al mismo tiempo, para la
satisfacción de los consumidores.




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El siguiente candidato es don Miguel Angel Lasheras Merino. No quiero
relatarles los «curricula», que tienen por otro lado en su mano, y
probablemente me agradecerán si no me extiendo en expresarles las
excelencias de cada uno de ellos, que están por escrito. Don Miguel Angel
Lasheras, en todo caso y a mi juicio, es un excelente candidato también a
ocupar esta posición. Es una persona que tiene una amplia trayectoria en
materia de regulación en el sector público y amplios conocimientos y
acreditada experiencia en materia de economía pública, por tanto, con una
visión no solamente fiscal en función de sus especialidades, sino también
en áreas de regulación económica.

Señalaré, a continuación, a don Luis Rodríguez Romero, catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad Carlos III, especialista en
diferentes ámbitos y, notablemente también, con una acreditada
especialización como experto en la ordenación y en la regulación del
sector eléctrico de nuestro país y especializado también en este terreno.

José Ignacio Pérez Arriaga tiene un perfil, igualmente, de un amplísimo
conocedor del sector eléctrico. En este momento es profesor titular en
excedencia de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid, es Vicerrector de la Universidad Pontificia de Comillas
actualmente y, desde luego, pasa por ser uno de los importantes expertos
nacionales e internacionales en materia de regulación del sector
eléctrico, habiendo actuado como consultor, no solamente de los
ordenadores o de los reguladores existentes en nuestro país de la
Administración, sino al mismo tiempo de prácticamente todas las empresas
del sector eléctrico.

Añadiré a estos cuatro nombres el de don Sebastiá Ruscalleda i Gallart,
un ingeniero por oposición al servicio del Ministerio de Industria y
Energía desde hace muchos años, especialista también en materia del
sector eléctrico y en materia industrial en general; don Alberto Carbajo
Josa, actualmente Director General de Minas en el Ministerio de Industria
y Energía, con pasado bien ligado también a los problemas relacionados no
solamente con la minería por el ejercicio profesional, sino por haber
sido Director General de Oficio durante años y al mismo tiempo haber
trabajado en esquemas relacionados con la regulación del sector eléctrico
y notablemente de las relaciones entre la minería del carbón y el sector
eléctrico, y don Juan Ignacio Unda Urzaiz, también una persona cuyos
títulos, desde el punto de vista de su especialidad, de su experiencia,
de su conocimiento del sector eléctrico, los tiene acreditados como
ingeniero, actualmente ingeniero y técnico al servicio del Consejo de
Seguridad Nuclear, especialista en centrales nucleares y asesor y jefe de
proyecto en muchos de los que han tenido lugar en nuestro país.

Se trata, por tanto, de una composición variada en perfiles, variada en
especialidades, a mi juicio complementaria en estos perfiles, que denota,
por un lado, no solamente un conocimiento «ad intra» del sector
eléctrico, sino, al mismo tiempo, una visión general de las necesidades
de evolución, de regulación, de cumplimiento de las prescripciones
legales establecidas en la Losen sobre lo que debe ser un sector
eléctrico cada vez más eficiente, cada vez más competitivo en los límites
establecidos por la Ley y que me gustaría, por consiguiente, proponer y
someter, tal y como establece la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico,
al debate de la Comisión.




El señor VICEPRESIDENTE: Procedemos ahora al turno de los portavoces de
los grupos en el orden habitual.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Luis Gámir.




El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señor Ministro, señorías,
quisiera separar dos terrenos, el terreno personal y el terreno político.

En el terreno personal, de las siete personas de las que se ha hablado
hoy, a seis no las conozco, y no tengo inconveniente en decir que con uno
de los siete tengo incluso una buena relación a título personal,
diferenciando claramente lo personal de lo político. Me refiero a Miguel
Angel Fernández Ordóñez, cuya relación personal con él es buena, no
solamente por razones familiares, sino por razones estrictamente
personales.

Dicho esto, y separados ambos campos, creo que estamos ante una situación
realmente grave. Si este acto de hoy se lleva a cabo, este Consejo nacerá
viciado, rozará la ilegalidad y será un auténtico «casus belli» político
en el terreno en que la expresión «casus belli» le gustaba tanto utilizar
al PSOE en su época de oposición, dicho sin acritud, pero con todo el
significado de fondo que implican esas palabras.

Este Consejo está formado, y en contra literalmente de lo dicho por el
señor Eguiagaray, por perfiles que son básicamente políticos. Su
presidente es un conocido militante del Partido Socialista (y separo,
repito, lo personal de lo político en este caso) como es bien conocido en
toda su larga trayectoria en dicho Partido. Hay dos directores generales,
uno, director general con el señor Ministro, que quizá puede considerar
que un puesto de cinco años --no lo sé-- es mejor que un puesto en la
situación en que se encuentra el actual Gobierno. El otro director
general, por el poquísimo tiempo que hemos tenido para examinar los
«curricula», ha sido un director general claramente político por los
asuntos que ha llevado en Moncloa. De forma que nos encontramos con tres
personas manifiestamente políticas: una ligada al señor Eguiagaray y dos
conocidamente políticos.

Creo que no es desvelar ningún secreto decir que otra persona está
propuesta o relacionada (la palabra que deseen, además, puedo matizarla
al máximo) por un Partido que apoya al Gobierno del Partido Socialista. Y
me parece, si hubiera tenido más tiempo lo hubiera podido comprobar, que
hay otra persona propuesta por un Partido con el cual cogobierna en una
autonomía el Partido Socialista. De forma que de los siete hay cinco que
tienen características sustancialmente políticas. Por eso es realmente
curioso que se haya dicho que esto no es un consejo político.

Parece ser que hay dos técnicos, y esto no quiere decir que las personas
con características políticas no tengan también cualificaciones técnicas.

Como es lógico, cuando se nombra a un ministro político, a menudo tiene
cualificaciones técnicas para su puesto; esto nadie lo duda. Pero



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éste es un consejo claramente político dentro de una actuación política.

Es conocido también, y no estoy revelando ningún secreto, que se quería
que la patronal del sector diera un nombre. No se ha dado ese nombre, y
lo digo sin ningún ánimo crítico. Personalmente me hubiera parecido muy
positivo que hubiera habido una persona conocedora del sector eléctrico
que estuviera dentro, pero simplemente no se llegó a un acuerdo al
respecto y por eso no figura. No quiero decir que esta persona no hubiera
sido técnico. Lo que quiero destacar es que este caso es distinto y
diferente, porque probablemente el grupo de las empresas eléctricas
hubiera nombrado a una persona conocedora del sector y como tal hubiera
entrado en otro área.

En definitiva, éste es el consejo con el que nos encontramos.

Anecdóticamente tengo que decir que no hay ningún jurista, dentro de lo
que he podido ver a vuelo de pájaro, porque los «curricula», insisto, se
nos han entregado esta mañana. El señor Fernández Ordóñez es licenciado
en Derecho, pero no es jurista; es un economista conocido. Es igual que
si yo me denominara a mí mismo jurista por tener la licenciatura en
Derecho. Pero estamos ante una Comisión en la que habrá problemas de
desregulación importantes, por lo cual es curioso que en su composición
no haya personas con estos conocimientos.

Quiero destacar que estos nombramientos se hacen por cinco años y que, en
el fondo, la movilidad de las personas nombradas es excepcional, debido
no ya a una enmienda del Grupo Popular, sino más bien a una enmienda de
Convergència. En nuestro caso era una enmienda doble que decía: «Para
mayor independencia, que sea difícil su movilidad, su cambio, su cese;
pero que, al mismo tiempo, sean ratificados por el Parlamento.» Se aceptó
una parte de esta enmienda y no la otra. Pero cuando de dos pies se quita
uno, el otro no encaja del todo. ¿Esto que quiere decir? ¿Que estas
personas van a estar en estos puestos, sea cual sea el Gobierno que haya
en España en estos próximos cinco años, sea cual sea el Gobierno que la
soberanía popular decida que se forme en España? Lo dejo en estas
palabras que creo que todos entendemos. Este consejo va a ser básica y
sesgadamente político, repito, y utilizo con exactitud cada una de las
palabras que quiero pronunciar. ¿Esta es una herencia más que se quiere
plantear? Dejémoslo como una pregunta.

Se podría haber ido por otra vía, por la vía del consenso entre
personalidades independientes, pero esa vía no se ha intentado. Hubo
alguna conversación en la que se habló de la posibilidad... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE: Ruego, si no atención, al menos silencio.




El señor GAMIR CASARES: Hubo alguna conversación de la cual se pudo
desprender que se podía explorar esa vía, pero esa vía no ha existido.

Si los temas de fondo de este órgano tienen mucha importancia, nos
encontramos con que aquí los temas de forma son de extrema gravedad.

Llego a dudar, incluso, si esta Comisión está capacitada para cumplir el
artículo 6.3 de la Losen, porque según este artículo se debe constatar la
idoneidad de las características de estas personas. Y ha sido imposible
analizar, conocer, investigar --en el sentido más noble de la palabra--
sus trayectorias, aparte de los «curricula» presentados esta mañana. Si
yo quisiera actuar desde la demagogia, que no quiero ni es mi estilo,
recordaría que alguna vez, en algún currículum, alguna persona no le dio
al Gobierno los datos adecuados, pero no quiero recurrir, insisto, a esos
recuerdos históricos. Estoy seguro que aquí los «curricula» responden a
la realidad. Lo que ocurre es que se nos han entregado los datos a media
mañana y que habría que haber realizado una constatación para poder
decidirse políticamente, por seriedad, por respeto a esta Cámara, por
respeto al Parlamento, por respeto a la Institución.

Estamos haciendo una pequeña obra de teatro. No podemos, en absoluto,
constatar en este momento que estas personas son idóneas, por sus
características técnicas y profesionales, para cubrir estos puestos. Es
curioso que se convocara esta Comisión el jueves pasado y que se
dispusiera de los «curricula» esta mañana. Esta situación es
extraordinariamente excepcional.

Por ello, no es que tenga la duda, es que creo que estamos incumpliendo
la ley. Yo pregunto a los diversos grupos parlamentarios, incluso a
aquellos que es posible que hayan aportado algún nombre (que si lo han
aportado la responsabilidad no es de ellos, es del Ministerio que es el
que presenta la lista) si consideran que estamos cumpliendo en la letra y
en el espíritu el artículo 6.3. ¿Tenemos capacidad para constatar que
estas personas, que es lo que se nos exige que hagamos, son idóneas en la
capacidad que se les exige, técnica y profesional?
En este Congreso ha habido nombramientos de personas que luego ha dicho
algún tribunal que no cumplían sus condiciones, como ha ocurrido con el
famoso Fiscal General. Debemos hacer esa mínima constatación previa, que
es para lo que se puso este artículo, a propuesta de este Grupo y por
consenso de todos.

El tema es tremendamente grave, ya que afecta a la soberanía
parlamentaria, y afecta porque por un acto del Gobierno se cumple el
trámite y tres horas antes se pasan los «curricula» de estas personas.

¿Se puede cumplir así una obligación legal votada por el Parlamento? Yo
creo sinceramente que no se puede; que es imposible que en este momento
esta Comisión realice esa constatación, y ésta es la palabra que viene en
la ley; veamos si podemos cumplir el significado que da el Diccionario a
la palabra constatar. Es imposible, repito, que en este momento la
Comisión constate la idoneidad profesional y técnica.

De forma que, dejando aparte los comentarios hechos antes, hay que
insistir en que no ha habido tiempo para examinar los documentos, nos
encontramos con ese problema jurídico de fondo.

Yo diría más, y lo digo en ese tono suave pero en este caso no tengo más
remedio que decirlo con todo lo que implica, eso tiene algo --con
comillas o sin comillas-- de chapuza. Es decir, cuando uno hace un
currículum, normalmente destaca aquellos rasgos más relacionados con el
puesto que va a ocupar. En una de estas propuestas --y no



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tiene nada que ver con quién la haya propuesto, me da igual, la
responsabilidad es del Ministro, porque es quien nos presenta hoy los
nombres y currículum--; en una de estas propuestas, repito, en los datos
de ese currículum no aparece nada que tenga que ver con el sector
energético. Es un folio, la mitad del cual son datos personales. Se dice,
eso sí, que es ingeniero industrial, y se nos dice también --cosa que yo
admiro-- que es una persona amante de Sorolla, lo cual admiro, repito,
porque Sorolla me parece un gran pintor, pero no estamos juzgando la
capacidad de dicha persona para ocupar un cargo en una institución
artística.

Todos sabemos que cuando uno hace un currículum lo relaciona con el
puesto a ocupar; ni siquiera eso se ha cumplido. Ha habido tal
precipitación, tal --entre comillas-- «chapuza», tal dificultad para
poder examinar, con este tipo de currículum, si realmente se cumple esa
idoneidad, que esto es un acto verdaderamente grave.

Yo solicitaría a la Comisión que no emitiera este informe, y lo digo en
todo lo que esto significa. Creo que sería un acto de falta de
cumplimiento probablemente de la legalidad, y en todo caso de respeto al
Parlamento, que en este momento emitiéramos informe.

Siempre hablo no sólo a título personal, sino a título de partido, más a
título de partido que a título personal. Por eso solicitaría a la
Comisión que en este momento dejara sobre la mesa este tema, abriera
conversaciones y viera esto mucho más seriamente, ya que estamos hablando
de un órgano muy importante. Consideraríamos extraordinariamente grave el
que por parte del Ministerio se quisiera forzar a que esta Comisión emita
este informe de una manera tan forzada como ocurriría hoy.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra don Manuel García
Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Señoras y señores Diputados, señor Ministro, por
mi parte tengo que constatar, como tema previo o como anécdota previa,
aunque es algo más que una anécdota, el que el portavoz del Partido
Popular (algunas de cuyas expresiones quizá mi Grupo tenga que repetir)
manifieste su rechazo y su profunda extrañeza ante el procedimiento que
se ha seguido en este caso para el nombramiento de la Comisión del
Sistema Eléctrico Nacional, excluyendo, parece ser, de cualquier tipo de
conversación o acuerdo previo al Partido Popular, que indudablemente es
el segundo partido de la Cámara. Digo que comprendo este rechazo y esta
actitud --y tengo motivos para ello-- del Partido Popular, aunque
quisiera también dejar constancia de que en otras ocasiones el único
grupo que ha sido excluido por todos los demás, incluyendo el Partido
Popular, ha sido aquel cuyo portavoz les habla.

Todavía no hace mucho, en esa misma Comisión, cuando se nombraron los
tres miembros para el Consejo de Seguridad Nuclear, fue el único grupo
que se opuso a ellos, por razones de fondo y de procedimiento, en la
medida en que, habiendo sido no solamente consultados sino consensuados
los tres candidatos en cuestión, a este Grupo, repito --que es el tercer
grupo de la Cámara--, ni siquiera el señor Ministro se dignó tener
ninguna conversación previa a la propuesta de aquella terna.

Entiéndase, pues, que a mi Grupo, al revés de la reacción --que comprendo
perfectamente-- del Grupo Popular, no le produce perplejidad ni extrañeza
una nueva exclusión a la que estamos acostumbrados, aunque desde luego no
resignados.

Yendo ya un poco más directamente al tema, quiero manifestar la opinión
de mi Grupo glosando algunas de las palabras o de las proposiciones
lingüísticas del señor Ministro.

Dice que con este acto de hoy inauguran una nueva forma. Señor Ministro,
no sé lo que tendrá de nueva, pero sé que tiene mucho de forma en el
sentido de pura formalidad. No se puede tomar en serio el acto de hoy
como cumplimiento de lo que dice el artículo 6.3 sobre la previa
comparecencia y debate en la Comisión competente para constatar el
cumplimiento, etcétera, de los requisitos que establece la Ley para el
nombramiento de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional, cuando,
efectivamente --y esto ya ha sido dicho por el Portavoz del Grupo
Popular, pero yo lo repito porque es un hecho absolutamente objetivo--,
la información que de hecho se nos ha dado nos ha sido entregada hace
escasas horas.

Este portavoz, por tanto, va a emitir algún tipo de valoración con una
fundamentación escasa por el conocimiento que directamente puede tener de
unas personas propuestas sobre las cuales la primera información, repito,
la he recibido hace escasas horas, y prácticamente es la misma que usted
ahora más sucintamente nos repite.

Señor Ministro, me parece que no es un buen ejemplo de empezar a hacer
las cosas de otra manera, de una nueva forma. Creo que tampoco es una
manera adecuada y pertinente de cumplir lo que la ley plantea.

A continuación nos dice usted que no quiere que se vea --hablando de
criterios que sustentan la propuesta que nos hacen de las personas
concretas-- un criterio sustancialmente político. Yo le pregunto, ¿es que
lo es, señor Ministro? Repito que mi conocimiento sobre las personas
presentadas es francamente escaso y la información que se nos da sobre
ellas ha sido inmediata, sin ninguna posibilidad, por mi parte al menos,
de contrastación, y además en algunos casos claramente insuficiente.

Señor Ministro, me parece que es difícil hacer creer que ésta no es una
propuesta política, en el sentido partidario del término. No le quiero
quitar ninguna legitimidad; lo que me llama la atención es que parece que
usted pretende hacérnosla pasar por una propuesta movida por criterios
absolutamente técnicos. En esta primera impresión, repito, con muy poco
fundamento, y con los pocos datos que sí que son contrastables, parece
que al menos tres o cuatro personas son políticamente afines --al margen
de su adscripción orgánica o no, que obviamente no me consta, aunque la
supongo en algunos-- a usted y al partido que usted representa, y hay
otras dos personas que parecen estar muy ligadas con los grupos
nacionalistas que, en mayor o menor medida, sustentan al Gobierno.




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Algunos de ellos --como ya se hizo constar en la intervención anterior--
parece difícil, a juzgar por la información que usted nos ha dado o por
la que consta en el currículum, descubrir otras razones, que no digo que
existan, lo que quiero decir es que es imposible descubrirlas porque no
se explicitan. No quiero incidir en el tema ya expuesto de que, así como
no se hace ningún desarrollo de las actividades de esta persona a la que
me refiero relativas al sector eléctrico, se deja constancia de que una
manera que suena un poquitín casi a broma de que es amante de la pintura.

Tengo la sospecha de que, al margen de las comparaciones o no que haya
habido, otra de las personas responde a los intereses, en el sentido
político amplio y positivo del término, del Partido Nacionalista Vasco;
hay datos objetivos que indican estas conexiones. Y que don Juan Ignacio
Unda Urzaiz ha sido propuesto por el Partido Nacionalista Vasco como
Consejero de Administración del Ente Público Radiotelevisión Española,
cargo que sigue ocupando.

Pensando en el artículo 6.5, donde se habla de que el presidente y los
vocales de la Comisión del sistema Eléctrico Nacional estarán sujetos al
régimen de incompatibilidades establecido para los altos cargos de la
Administración general del Estado, supongo --y no me diga usted que
debiera darlo por supuesto y que ni siquiera debiera explicitarlo-- que
en este caso se cumplirán las incompatibilidades y que este señor dejará
alguno de los cargos que ocupa. No deja de ser enormemente extraño que
este señor sea al mismo tiempo Consejero del Ente Público Radiotelevisión
Española y también funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear, puesto
que consta en su currículum.

No he tenido tiempo de constatar --no soy jurista-- la posible legalidad
o ilegalidad en cuanto a la situación de este señor, pero sea cual sea el
carácter legal de su situación, funcionalmente me parece insostenible.

Aparte de otra serie de servicios que presta, me parece que es un señor
que sabe estrujar mucho el tiempo. Es sorprendente que, aparte de un
cargo de relieve, como es el de Consejero del Ente Público
Radiotelevisión Española --que exige una dedicación plena y al menos así
sería consecuente con los emolumentos y otros atributos que adornan el
cargo--, al mismo tiempo sea jefe de proyectos de la Central Nuclear de
Vandellós II desde 1987 y sea funcionario --repito-- del Consejo de
Seguridad Nuclear, realizando otra serie de actividades relacionadas con
este tema y con este organismo. Supongo que de seguir adelante su
nombramiento se cumplirá lo que establece la ley del sector eléctrico en
el apartado 5, del artículo 6.

Nada más, porque tuve de estirar mi intervención y poder llenar cinco
minutos, señor Ministro; es decir, para que no se entendiera como una
especie de descortesía, o de silencio, como una intervención casi
monosilábica.

Quiero concluir manifestando --y en esto se da una coincidencia
objetiva-- que no me parece pertinente que este trámite sirva para
cumplimentar lo que se plantea en el artículo 6, apartado, 3, en relación
al nombramiento de la Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Creo que
por el bien de todos y de esta Comisión debiera hacerse de otra manera.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Molins.




El señor MOLINS I AMAT: Quisiera agradecer al señor Ministro la
información que nos ha facilitado, no sin referirme al trámite que
estamos realizando en el siguiente sentido. Es un trámite atípico, fruto
de una transacción en los últimos tramos de discusión de la ley en el
Senado, si no recuerdo mal, o quizá en el Congreso, al que nuestro Grupo
se adhirió; digo que es atípico por cuanto que normalmente en las
Comisiones --recuerdo que en algún momento de discusión de la ley se
planteó la posibilidad de hacerlo por paralelismo al del Consejo de
Seguridad Nuclear-- el acuerdo debe ser sometido a votación. No es éste
el caso. Por tanto, no se trata de que la Comisión y el Parlamento se
vinculen de ninguna manera a los nombramientos. En tanto no se expresa
con el voto el rechazo o la aquiescencia a la propuesta realizada por el
gobierno, no hay traspaso de responsabilidad de éste al Parlamento.

Tal como así figura parece que es un trámite en el cual el Gobierno
informa, aduce las razones que pongan en evidencia la adecuación al
contenido que la propia ley exige de las personas que han de formar parte
de la Comisión, y a partir de ahí nuestra labor es constatar, como ya ha
sido dicho, si se ha cumplido o no esa adecuación. Pero insisto que sin
traspaso de responsabilidad en ningún caso, que la asume quienes les
nombraron, que es el Gobierno, por cuanto no hay votación que vincule la
opinión del Parlamento a ese nombramiento.

Creo que hubiera sido bueno, señor Ministro, que esta documentación
hubiera llegado con mayor antelación, para poder actuar con más rigor por
nuestra parte en cuanto al conocimiento de las personas propuestas.

Quiero también señalar que no estamos de acuerdo con algunas cosas que
aquí se han dicho.

Se ha dicho, por ejemplo, que no son técnicos de reconocido prestigio,
por cuanto que son nombramientos políticos, simplemente porque han sido
propuestos por gobiernos que tienen una determinada adscripción política
o por grupos políticos, sin fijarse en quiénes son las personas, para
añadir a continuación que el único problema es que ellos no han sido
consultados; es decir, que ellos no han hecho ninguna propuesta, con lo
cual la procedencia política en todo caso vendría de haber sido
consultados ellos mismos.

Revisando los «curricula» que han llegado a nuestro poder --ya he dicho
antes que con poca antelación, a nuestro entender--, esa vinculación
estrictamente política quizá se pueda detectar, y tampoco claramente, en
algunas de las personas (en absoluto en la mayoría de ellas, quizá en
una, máximo dos), pero si una de ellas es el presidente, yo quisiera,
señor Presidente de la Comisión, que quedara claro que nuestro Grupo
Parlamentario entiende que es una persona que obedece estrictamente --y
diría que por parte de nuestro Grupo con plena satisfacción-- a los
requisitos que la ley marca para el nombramiento. Es un



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hombre que ha demostrado a lo largo del ejercicio de su profesión su
competencia; que en este caso concreto a nosotros nos complace
particularmente el hecho de que haya ejercido, en tanto que presidente en
su cargo, una lucha en favor de la competencia; por tanto, nos parece
adecuado para un cargo como éste, en el que tomará responsabilidad sobre
un sector que debe estar regulado, y que está regulado por la ley, y que
tendrá que hacer un uso equilibrado de su creencia en la competencia y en
los beneficios que ella implica para la mayor eficiencia y eficacia de
todo sistema productivo, y el mismo tiempo deberá tener en cuenta que
éste es un sistema regulado y que esa competencia se ejerce con
determinadas reglas del juego. Nos parece, insisto, señor Ministro, una
persona especialmente adecuada para el cargo para el que se le propone;
sabemos --como usted mismo ha recordado-- que no es una persona exenta de
polémica, pero creemos que puede ser muy positiva precisamente por esa
incitación al diálogo, a no dar nada como bueno sino a plantearse las
cosas, algo a lo que nos tiene acostumbrados porque lo ha venido haciendo
a lo largo de su experiencia profesional. Y, obviamente, no se puede
aducir, en absoluto, que por haber sido Diputado de esta Cámara sea un
nombramiento político.

En cuanto al resto de los vocales propuestos, tres de ellos son
profesores universitarios con experiencia en el sector; uno es un
director general, en la actualidad, también del sector, y su procedencia,
donde siempre ha desempeñado sus cargos, el sector del carbón, nos parece
importante que también esté representado por un hombre de esas
características en la Comisión. Hay un funcionario, que no un político,
del Ministerio de Industria y, por tanto, también del sector, aunque tal
vez y simplemente por haber coincidido con él en los estudios, ya esté
invalidado para poder ser nombrado, pero creo que hizo la mili con un
miembro de esta Comisión de otro partido político; imagínese si podemos
encontrar similitudes o coincidencias. No obstante, es un hombre que
conoce el sector eléctrico, y lo conoce, además, desde el punto de vista
del usuario, es decir, desde el punto de vista de la industria que, como
usted sabe señor Ministro, es una de nuestras preocupaciones, como dentro
de un momento remarcaré.

Por último, está una persona que es en este momento consejero de un ente
público, pero que evidentemente comparte, como ya ha sido dicho, ese
cargo con otro de clarísima incidencia en el sector eléctrico. Por tanto,
todas ellas son personas vinculadas al sector.

Nuestro Grupo Parlamentario, señor Ministro --usted lo sabe--, le da
extraordinaria importancia a la creación de esta Comisión nacional y a su
funcionamiento en el futuro, porque, como ya dijimos con motivo del
debate del proyecto de ley de ordenación del sector eléctrico nacional,
entendemos que debe profundizarse en la concepción que nuestro Grupo
tiene de este sector, en el sentido de la importancia del sector por sí
mismo, es decir, como creador de riqueza, y en cuya toma de decisiones,
como en todo sector regulado, debe tenerse en cuenta la supervivencia del
propio sistema productivo. Para nosotros tiene aún mayor importancia, por
cuanto lo que para el propio sistema eléctrico es un «out put», es un
«input» para la competitividad de todo el sector industrial.

En este sentido, esperamos y confiamos en que las personas que el
Gobierno tiene decidido nombrar para desarrollar ese cometido tengan en
cuenta que en el mismo han de intentar conciliar la doble función de la
necesidad de que el sistema productivo eléctrico sea capaz de producir la
energía de tal manera que haga viables las empresas dedicadas a ese
menester, y al mismo tiempo que la energía que producen lo sea a un
precio tal que pueda hacer competitivo a todo el sistema industrial
productivo del país.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra don Xabier Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, como usted sabe, también
hablaré en nombre del Grupo Vasco, en este caso.

Simplemente quiero manifestar nuestro apoyo a las personas propuestas de
la lista que se nos ha presentado. Creo que con ello está todo dicho y no
caben más comentarios. Sólo caben comentarios respecto de los comentarios
que se han hecho.

En este caso, a uno no le gusta que le tilden de cascarrabias, sobre todo
cuando los comentarios cascarrabias le parece que vienen de otro lado,
por lo que voy a tener que hacer referencia precisamente a este hecho.

Por supuesto que es político el nombramiento de una persona vinculada al
Partido Nacionalista Vasco, ¿o es que solamente no es político si hubiera
sido un representante del PP o de Izquierda Unida? ¿En este caso no
hubiera habido nombramientos políticos? (El señor Gámir Casares: La
independencia.)
Independencia ninguna, vamos a dejar las cosas claras, aunque en realidad
no hay ninguna cosa clara. La independencia, en este caso concreto, no
está vinculada precisamente a una representación política como la que
existe en la Comisión nacional del sector eléctrico. No nos engañemos ni
pretendamos engañar a la opinión pública. La verdad es que esta vez la
lotería política nos ha tocado. Nos correspondía que nos hubiera tocado
durante mucho tiempo y en muchas cosas, por la representación que
tenemos, por el peso que se tiene en este Parlamento y el que se va a
tener precisamente en los próximo gobiernos de los años venideros, donde
las minorías nacionalistas van a tener un peso específico, quiéranlo o no
oír aquellos que sueñan con mayorías absolutas. Y en este caso concreto,
insisto, nos toca una lotería política que queremos y vamos a aprovechar
y, además, con un representante de una calidad profesional que no se
puede poner en duda, que garantizará, por supuesto, su completa
incompatibilidad respecto a otros cargos y a sus propios cargos
profesionales. Lo digo así de claro.

Y como a alguien, de alguna forma, le gusta reclamar las veces que ha
sido excluido, yo ahora me pongo la txapela que me corresponde como
portavoz del Grupo Vasco, me pongo un sombrero o una boina, como se
quiera, y tengo que manifestar también que verdaderamente el único grupo
excluido, con la connivencia de ese otro grupo



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que se dedica fuera del Parlamento a defender a todas las minorías, es
precisamente el Grupo Mixto, que no está representado en todos los cargos
que en esta Cámara se deben cumplir.

Por tanto, no nos estemos quejando de cosas que realmente no son
realidades y vamos a centrarnos en lo que es importante. Hoy se decide la
creación de esta comisión. Como ha dicho el representante del Grupo
Catalán, este Parlamento queda, diríamos, marcando una cierta distancia
respecto al nombramiento; esperamos que se cumpla su misión, los plazos
para el cumplimiento de una ley con la que hemos sido muy críticos y que
esperamos que de alguna forma se ponga en marcha, sobre todo para
reordenar un sector que en sus inversiones, que en su modernización, que
en sus costes precisa actuaciones urgentes, y esperamos también que la
creación de esa comisión lleve al cumplimiento de esa ley y a la mejora,
en el futuro, de los objetivos que se ha marcado.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra don
José Félix Sáenz.




El señor SAENZ LORENZO: La posición de nuestro Grupo y su preocupación
son simplemente pedir al Gobierno, en primer lugar, que gobierne, y, en
segundo lugar, que cumpla la ley. Me parece que la decisión de nombrar
esta comisión está justamente en la línea que nuestro Grupo está pidiendo
al Gobierno. Es decir, es importante que tome las decisiones
correspondientes establecidas en la Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico, y es importante que lo haga cumpliendo esa ley. Y pienso que
los nombres que se nos proponen, y que hoy se someten a debate en la
Comisión, se adaptan perfectamente a lo establecido en la misma al ser
personas de reconocida competencia técnica y profesional.

Efectivamente, el texto legal que hace que hoy estemos debatiendo aquí
fue objeto de una transacción en la discusión parlamentaria, de la que
quiero decir que no me arrepiento, sintiéndome de alguna manera
responsable de la misma, porque me parece que responde a una filosofía
que pretende ser eficaz. Desde nuestro punto de vista se crea en esta ley
una comisión reguladora. Todos los grupos estuvieron de acuerdo en que
era bueno que hubiera una comisión que actuara, fundamentalmente, con
criterios profesionales junto al órgano político regulador que es el
Gobierno. No hay que olvidar que la responsabilidad política será siempre
del Gobierno respecto a la orientación de la política energética. Parecía
bueno, todos los grupos parecían considerarlo satisfactorio, que se
creara una comisión reguladora con una notoria presencia técnica.

El Grupo Popular nos proponía en el debate parlamentario que la Comisión
fuera votada de alguna manera por los órganos de esta Cámara a través de
los mecanismos existentes en otras leyes. Nuestro grupo se opuso
justamente porque lo que nos ha demostrado la experiencia en los últimos
meses y en los últimos años es la ineficacia de semejante mecanismo de
actuación. Nuestro grupo piensa que un Gobierno, cuando está conformado
legalmente como tal, en un sistema parlamentario, debe asumir las
responsabilidades políticas. Un sistema muy arraigado en los países
anglosajones, en Estados Unidos o en Inglaterra, es el funcionamiento de
comisiones que basan su independencia de actuación no en la forma de ser
nombradas (la experiencia que tenemos es que muchas veces un nombramiento
muy plural lleva a todo lo contrario de una actuación independiente),
sino en que una vez nombrados por el Ejecutivo o por el Presidente --en
el caso de los Estados Unidos y en muchos otros-- no pueden ser cesados
sino por causas específicamente tasadas en la ley. Este es el modelo que
hemos elegido para la Comisión del Sistema Eléctrico en esta ley: el
nombramiento corresponde al Gobierno y el cese solamente se puede
producir por causas específicamente tasadas en la ley.

Pienso que esta Comisión no tiene una función fundamentalmente política.

La función política corresponde al Gobierno dirigiendo la política
energética del país. La Comisión tiene una función reguladora, una
función fundamentalmente técnica que está establecida también y
perfectamente tasada en la ley. La preocupación de nuestro grupo, más que
respecto a la independencia de estos miembros, se refiere al sector que
tiene que regular, porque hay unos intereses económicos concurrentes,
diferentes de las distintas empresas eléctricas y de los distintos
sectores económicos relacionados con el Sistema Eléctrico que hay que
conjugar. La misión de esta Comisión es tratar de conjugarlos lo mejor
posible.

¿Qué es eso de afinidad política? En un sistema democrático yo creo que
la obligación de todos nosotros como ciudadanos es votar y, por tanto,
tener cierta afinidad política. ¿Qué pasa? ¿Que las personas de una
determinada afinidad política pueden quedar excluidas de nombramientos?
¿Que un funcionario que cumple una obligación en un momento determinado
como director general puede quedar excluido? Desde el punto de vista de
nuestro grupo, eso afianza su capacidad y su idoneidad para poder estar
presente en una comisión de estas características.

Por tanto, nos parece que el Gobierno, con su propuesta, cumple
estrictamente lo mandatado por la ley. Pensamos que ningún momento en el
trámite de esta ley se pretendió dar a esta Comisión un carácter de
consenso que hubiera llevado consigo que específicamente se hubiera
planteado una votación respecto a la cual yo personalmente desde la
tribuna me manifesté en contra por los criterios que acabo de manifestar.

Pienso, además, que tanto su Presidente, don Miguel Angel Fernández
Ordóñez, persona de reconocido prestigio desde el punto de vista
profesional y desde todos los puntos de vista, como las personas cuyos
currículum están en manos de SS. SS. corresponden estrictamente a lo
señalado por la ley. Desde mi punto de vista, se constata claramente el
cumplimiento por parte delos candidatos de las condiciones tal y como
señala el apartado 3 del artículo 6.º de la Ley de Ordenación del Sistema
Eléctrico Nacional.




El señor VICEPRESIDENTE: Por boca de los correspondientes portavoces
hemos tenido ocasión de conocer la posición de los grupos parlamentarios
respecto al proyecto



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del Gobierno. Ahora, señor Ministro, tiene la palabra para hacernos
conocer sus criterios.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Haré, señor
Presidente, algunas consideraciones generales antes de contestar, aunque
sea muy brevemente, a las intervenciones que han tenido lugar en
representación de los grupos políticos; unas consideraciones que están
muy en línea con las que en este mismo momento expresaba el portavoz del
Grupo Socialista, cuyas palabras hago completamente mías.

Primero, estamos ante la propuesta de candidatos para un órgano cuya
responsabilidad en el nombramiento corresponde íntegramente al Gobierno,
repito, íntegramente al Gobierno. No estamos hablando de ningún órgano de
representación parlamentaria; no estamos hablando de ningún órgano que
emane del Parlamento, sino de un órgano estrictamente administrativo
cuyos mecanismos de provisión, en general, siempre emanan de la esfera
gubernamental.

Desde estos presupuestos, quiero manifestar que asumo, como decía también
el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), señor Molins, que
ésta es una responsabilidad estricta del Gobierno, que de ninguna manera
pretende descansar en otros grupos políticos para cumplir lo que es su
obligación y su responsabilidad, la responsabilidad de gobernar y de
gobernar también en esta área específica, el área del sector eléctrico.

Por tanto, me parecen vanas, fuera de lugar desde el punto de vista
constitucional y desde el punto de vista administrativo, referencias al
Consejo de Seguridad Nuclear u otras que se pudieran hacer a órganos de
designación parlamentaria que surgen, efectivamente, del Parlamento.

Este no es el caso. Estamos ante un órgano administrativo, eso sí, dotado
de una peculiar autonomía, que no significa independencia, que se sitúa,
además, en el ámbito del Ministerio de Industria y Energía como un órgano
de regulación, como un órgano de arbitraje, de propuestas, un órgano con
un buen número de funciones, pero en ningún caso distinto de un órgano
estrictamente administrativo, eso sí, enfatizada su función, su posición
por la relevancia que todos acordamos dar a la creación de un órgano
regulador que no sea la administración tradicional, sino una
administración dotada, en este sentido, de un estatuto, si vale la
expresión, de una peculiar o particular autonomía.

En segundo lugar, los criterios en concordancia con estos principios me
parecen difíciles de discutir. No podían ser otros más que los criterios
de competencia técnica y de competencia profesional.

Sí debo señalar alguna inquietud en relación con expresiones vertidas en
diferentes intervenciones sobre una potencial oposición entre el carácter
político y los aspectos técnicos y profesionales.

Señorías, lo he dicho antes de pasada. Me parece que ninguno de los que
estamos aquí somos sospechosos de considerar la actividad política como
algo nefando. A la vez, no me parece que la competencia técnica y
profesional no pueda ir unida a unas convicciones personales, a unas
convicciones políticas de todo punto respetables. Si de ahí se quiere
sacar la conclusión de que solamente en la medida en que yo dé mi aval
político puedo aceptar que alguien tenga competencia técnica y
profesional, me parece una cuestión especialmente grave y, desde luego,
no es eso lo que dice la ley. La ley no dice que esta Comisión ni ninguno
de ustedes --aparte de su magnífica libertad de expresión-- tengan por
qué analizar las convicciones políticas de nadie, sino exclusivamente dar
su opinión sobre si se cumple el criterio de idoneidad profesional y
técnica para realizar las funciones importantes que tiene la Comisión de
Ordenación del Sistema Eléctrico.

El señor Gámir hacía algunas referencias en tono pausado, pero no por
ello ha dejado de decir algunas cosas que me parecen graves. Si he
recogido bien su intervención, a su juicio este acto está viciado, roza
la ilegalidad y además es un «casus belli».

Señor Gámir, permítame le diga en el mismo tono pausado, que no entiendo
en absoluto lo que significa esta ley. Si ésta es una ley para seguir
gobernando, el hecho de que usted y su grupo tengan expectativas de
gobernar de ninguna manera les autoriza a descalificar en esos términos
lo que es una función absolutamente de gobierno, con independencia de que
si algún miembro de esta Comisión hubiera sido consensuado con ustedes,
estoy absolutamente seguro de que hubiera merecido otro juicio de su
parte.

Lo ha dicho con tanta claridad, señor Gámir, que simplemente me permitirá
no dé demasiada relevancia a una caracterización que forma parte de la
dialéctica política, de la cual, por cierto, ya me habían advertido
anteriormente. Si les parece que esto es un «casus belli» será
simplemente una forma de entender el ejercicio de la política que yo,
particularmente, no comparto.

Dígame usted si el Ministro de Industria y Energía y el gobierno lo único
que pueden hacer para no considerar que han incurrido en «casus belli» es
obtener el parabién de la oposición cuando la oposición que ustedes
representan desde luego está muy lejos de ser proclive no digo ya a
parabienes, sino simplemente en ocasiones a unas mínimas normas de
entendimiento de lo que es el ejercicio de gobernar, el entendimiento de
los órganos, no políticos, sino administrativos.

Por tanto, más allá de eso no entro ya en las disquisiciones sobre lo que
a su juicio es o deja de ser un órgano político; ya he dicho lo que tenía
que decir. Usted ha querido separar, y le alabo el gusto, lo personal de
lo político, pero no he encontrado ninguna descalificación personal; por
tanto, más allá del disgusto que les produzca que no haya un órgano
consensuado con ustedes ciertamente me parece que no les he encontrado en
disposición de poner un pero a la capacitación técnica y profesional de
ninguno de los que he propuesto.

Ha hecho usted alguna referencia, y quiero además completarla, en
relación con un recurso a la patronal del sector eléctrico. El recurso a
la patronal de sector eléctrico podría haber sido un buen expediente
fundamentalmente para que el sector eléctrico se sintiera pacífico ante
un órgano de esta naturaleza. No deja de ser algo discutible. Realmente
ése es un órgano de regulación en el que probablemente la misma
incompatibilidad entre reguladores y



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regulados, que estamos a veces proclamando, quizás encajaría mal en una
especie de representación orgánica en la Comisión del sector eléctrico de
alguien que se entendiera representante del sector. En todo caso ni
siquiera ha habido ocasión más allá de lo apreciable que pudiera ser
esto, porque efectivamente la patronal de sector eléctrico, más proclive
a sus diferencias que a sus acuerdos, de ninguna manera ha puesto un
candidato en común que pudiera ser, no el representante de tal o cual
empresa, sino del sector eléctrico productor. En todo caso de ninguna
manera creo que se puede sacar de ahí la conclusión de que entre los
propuestos no hay personas con acreditado conocimiento, y en ese sentido
también particular autonomía e independencia, sobre lo que es el sector
eléctrico que deben conocer y a cuya regulación deben contribuir.

Hay una preocupación también por parte del señor Gámir, así lo ha
expresado, en que los nombramientos se producen por cinco años. Así lo
quiso este Parlamento en el ejercicio de su soberanía y así lo quiso
dotando de un determinado estatuto de estabilidad y no por eso cambiando
la naturaleza jurídica del órgano, que no es un órgano constitucional ni
de designación parlamentaria, sino un órgano estrictamente
administrativo, eso sí, sometido a unas cautelas y con un trámite
específico como éste en el que la Comisión debe dar, o expresar al menos,
su parecer sobre el cumplimiento de estas condiciones de idoneidad
técnica y profesional.

No entro en otros calificativos sobre la chapuza o si lo responsable
sería en estos momentos dejarlo sobre la mesa, como el señor Gámir
proclamaba. Señor Gámir, si tuviéramos que contar con su asentimiento
para seguir gobernando tendríamos que seguir dejando encima de la mesa
prácticamente todo, salvo para obtener su aval. El día que ustedes
gobiernen, señor Gámir, si alguna vez este país les da la confianza,
hagan lo que les parezca que es el ejercicio responsable de gobernar.

Créame que hoy a mí me parece el ejercicio de gobernar ejercer las
responsabilidades y también las cargas que significa el cumplimiento de
la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico,
Señor García Fonseca no creo que sea un problema de exclusión; es, como
acabo de decir, el ejercicio de una competencia del Gobierno. De nuevo
insisto, no estamos ante un órgano que tuviéramos que consensuar entre
las fuerzas políticas porque hubiera un procedimiento de votación, o
porque existiera una necesidad y una especie de consenso general
alrededor de este órgano.

Le recuerdo, por otro lado, que con independencia de aproximaciones
parciales incluso en la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, hemos
mantenido diferencias insoslayables hasta el punto de que han mantenido
ustedes hasta el final la enmienda de totalidad o de veto que, por cierto
decayó por falta de presencia de su representante en el Senado. Yo sé que
hemos hecho aproximaciones parciales, pero su caracterización sobre la
ley en su conjunto no le han modificado desde el punto de vista político.

¿Pretenden, con ese tipo de actitudes, que sean posibles después
aproximaciones necesarias, obligadas desde el punto de vista político? Me
parece que no y saben que éste es un ofrecimiento que constantemente le
hago, pero también sabe que esto casi siempre viene contestado por una
actitud de crítica general a la totalidad de algunas de esta iniciativas.

Sin perjuicio de eso no entro en esa caracterización porque me parece que
es confundir lo que es un órgano de esta naturaleza con un órgano en el
que tuviéramos que hacer algún tipo de consenso.

Imagínese que para nombrar a los directores generales, que en otros
ministerios tienen una función también de regulación, tuviéramos que
acudir a un procedimiento de consenso con los grupos parlamentarios.

Salvadas las distancias de naturaleza y autonomía que le hemos dado al
órgano, es un órgano estrictamente administrativo y con unas funciones
que deben ser ejercidas con criterios de profesionalidad, con criterios
técnicos fundamentalmente y en el marco de la ley.

Espero, señor García Fonseca (ya sé que lo ha dicho en un tono que
pretendía ser amable), que el gusto por la pintura de uno de los
candidatos no le merezca a usted una descalificación. Creo que también
contribuye al conocimiento de los candidatos con independencia de que ésa
no sea naturalmente la cualificación técnica que se le está pidiendo.

Hacer algunas bromas en esta dirección, que pueden entenderse como una
especie de desconocimiento de otra serie de virtudes desde el punto de
vista técnico y profesional de un ingeniero al servicio de la
Administración pública desde hace muchos años por oposición, con alta
experiencia en el sector industrial y con responsabilidades concretas,
administrativas y de gestión en el sector industrial, me parece que no es
una adecuada forma de caracterizarlo y, desde luego, de ninguna manera se
desprende del currículum que tienen ustedes presente, con independencia
de que algunos de los candidatos hayan querido presentar un currículum
más extenso y otros, no sé si por humildad, pero es, en todo caso, un
ejercicio de un poco más de modestia, hayan presentado un currículum con
menos páginas.

En relación con el señor Unda, al que usted se refería, aunque el
representante de los grupos Vasco y Mixto se ha referido a ello, me
parece que no le tengo que clarificar demasiado que las
incompatibilidades se aplican y se aplicarán, lo dice la ley. Como me
parece que en sus palabras había algo así como una especie de violación
actual de las normas de incompatibilidad existentes le quiero clarificar
que, a mi juicio, y con la información que tengo, eso no se produce,
porque un funcionario del Consejo de Seguridad Nuclear no es incompatible
con el ejercicio de otras funciones que pueden ser representativas en el
Consejo de Radiotelevisión. Dicho eso no vea usted más allá de la
necesidad de que se cumpla la ley en esto como en cualquier otra cosa.

Señor Molins, es verdad que éste es un trámite atípico. Quizás en estas
cosas tenemos que adquirir alguna experiencia. Yo también hubiera deseado
que mediara más tiempo entre la recepción de los «curricula» por todos
ustedes y, al mismo tiempo, la celebración de esta sesión. Naturalmente
es una cuestión en la que alguna responsabilidad tengo pero no es
exclusivamente mía, también el trámite de la Cámara funciona de la manera
que la Cámara --no el Ministerio de Industria--, dispone y hoy nos
enfrentamos



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con una Comisión que ha recibido los «curricula» quizás con demasiado
corto espacio de tiempo. En todo caso quiero expresar mi completo
acuerdo, al que ya me he referido, con el hecho de que el Parlamento no
se vincula con los nombramientos. Esta es una responsabilidad
gubernamental, así lo dice la ley y yo, desde luego, tengo toda la
voluntad de asumirla. No hay un traspaso de responsabilidad y sí me
parece bueno, señor Molins, el hecho de que porque usted no conozca a
alguno de los candidatos esto no lo convierta en sospechoso.

Al señor Albistur no puedo más que reiterar también algunas
consideraciones anteriores. Yo creo que no es un problema de lotería
política, señor Albistur, déjeme decírselo, ya entiendo en qué tono lo ha
dicho usted. Por cierto el candidato a que usted se refería me parece que
merece un alto respeto a muchas personas y yo ni siquiera sé cuál es su
adscripción ideológica, con independencia, es verdad, de que se hayan
producido conversaciones con ustedes. Más allá de eso me parece, y he
podido constatarlo, una persona que merece la consideración y respeto de
miembros de adscripciones políticas distintas --naturalmente no estamos
hablando aquí de juicios políticos-- y con conocimiento técnico y
especializado en la materia.

Una última precisión, señor Albistur, amablemente también. Usted ha dicho
que hemos sido muy críticos con la ley; yo le pediría que no siguiera
diciendo eso porque la última afirmación que hicieron usted y su grupo en
el trámite de la ley fue que ésta había cambiado tanto que merecía ser
aprobada. Por tanto, no hablemos de proyectos, sino de la ley actual, que
es verdad que hay que hacer posible que se cumpla en toda su dimensión.

Señor Sáenz, agradezco una vez más sus expresiones. Creo que ha puesto el
dedo en la llaga en el señalamiento de ante qué trámite nos encontramos y
qué significa esta Comisión. El apoyo de su grupo naturalmente no se
produce por el hecho de que haya personas que pudieran entenderse afines
al Partido Socialista, o afines a otros grupos políticos, sino en función
del cumplimiento de la ley, que es lo que me parece contribuye a que este
trámite se produzca en las condiciones previstas en la ley; opinión que
creo es compartida por otros miembros de esta Cámara.

Termino, señor Presidente --si es que aquí hemos de terminar-- diciendo
que, a mi juicio, éste es un órgano con personas de un perfil de alto
contenido técnico, de probada competencia profesional,
extraordinariamente significativas en todos sus niveles como para que la
difícil función que tiene la Comisión del Sistema Eléctrico permita
situarla, con una importante autoridad moral, por encima del sector
productor de electricidad, atendiendo a otras múltiples funciones de la
Comisión, ya que no se trata solamente de relacionarse con las empresas
del sector eléctrico sino también, y de manera muy importante, con los
consumidores, así como con otras administraciones públicas con
competencias en materia del sector eléctrico, como son las comunidades
autónomas, o es la propia Administración general del Estado en su versión
de administración reguladora. Por tanto, creo que estamos ante un órgano
que puede merecer confianza, aunque naturalmente se la tendrá que ganar
en el curso de su ejercicio. Un órgano que a mí me da confianza y me
parece que, una vez constituido, si el Consejo de Ministros, después de
este trámite, entiende oportuno producir los nombramientos, servirá para
que el sistema eléctrico y la sociedad en su conjunto tengan ante sí una
institución nueva, una institución distinta, pero que, desde luego, será
una institución leal con quien tenga que gobernar en cada momento, lo
cual depende de las elecciones y no de este trámite. (El señor Gámir
Casares pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE: Evidentemente, voy a seguir concediendo la
palabra a SS. SS., pero les recuerdo que el objetivo auténtico de esta
sesión es manifestar la posición de los distintos grupos parlamentarios
respecto de los propósitos de nombramiento por parte del señor Ministro.

Creo que las líneas maestras de esas posiciones están ya prefijadas, no
obstante, si SS. SS. consideran que es necesario hacer alguna precisión,
háganla, pero siempre conscientes de esa situación de complementariedad
y, por tanto, de brevedad.

El señor Gámir tiene la palabra.




El señor GAMIR CASARES: Sí, señor Presidente, con brevedad, y estando de
acuerdo con lo que usted acaba de manifestar, casi telegráficamente.

Primero. El señor ministro ha dicho, en su primera intervención, que los
perfiles eran sustancialmente no políticos --figurará en el «Diario de
Sesiones»--, lo que no parece se compadece con la verdad cuando el
Presidente es claramente político, dos son directores o subdirectores
generales, por tanto políticos, y otros dos provienen de nombramientos
--con el máximo respeto, como es lógico-- de otras fuerzas políticas.

Segundo. El señor Eguiagaray, en su segunda intervención, ha dicho que
corresponde íntegramente al Gobierno. No es cierto. El artículo 6.º 3
establece un trámite por el cual esta Comisión debe constatar
determinadas características; luego no corresponde íntegramente al
Gobierno puesto que se establece un procedimiento nuevo, no de votación,
pero sí de constatación de la idoneidad.

Tercero, y es el punto clave. Esta Comisión no tiene capacidad para
constatar la capacidad técnica y profesional de los candidatos. Le
resulta imposible por la actuación del señor ministro. Los primeros datos
sobre esta reunión de la Comisión los hemos tenido bien entrada la
mañana, por lo que resulta imposible el cumplimiento del artículo 6.º 3,
y en eso creo que estamos todos de acuerdo, todos los que con sentido
común tratemos el tema. Luego en la parte que corresponde a esta
Comisión, no al Gobierno, realmente, si somos sinceros, resulta imposible
cumplir lo que la ley le demanda que realice, porque es imposible que
desde esta mañana hasta este momento se haya podido constatar si estas
personas tienen la capacidad técnica y profesional necesaria. Yo no
discuto que el señor ministro piense que la tienen, pero no es lo
importante lo que él piense, sino lo que piense la Comisión, según
establece la ley, y eso ha sido imposible constatarlo, como algún otro
portavoz ha dicho. El grupo parlamentario que más directamente apoya



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al señor ministro es el que realmente ha establecido que se discutiera en
la sesión de hoy, si bien nosotros no hubiéramos tenido ningún
inconveniente en que se hubiese hecho dentro de una semana para que, por
lo menos, se hubieran cuidado las formas, con las formas el fondo, y con
el fondo el auténtico cumplimiento del artículo 6.º 3, que en este
momento es imposible que podamos cumplir. Ni que decir tiene que mi
máximo respeto a los grupos nacionalistas que han podido dar nombres;
respeto total. La crítica es al señor ministro, no es a ellos, porque, al
fin y al cabo, el que los presenta es el señor ministro, que es el que ha
utilizado el procedimiento que ha considerado oportuno, luego la crítica
es al señor Eguiagaray directamente, nunca, en absoluto, a los grupos
nacionalistas. Quiero dejar claro que la crítica es personal y directa al
señor Eguiagaray.

El señor ministro ha hecho un juicio de intenciones sobre el Partido
Popular, que no puede probar y que además es falso. De haberse mantenido
conversaciones sobre este tema, nuestro planteamiento, dado que no había
cuotas, hubiese sido que fuesen personas independientes, técnicos
auténticos que estuvieran en esta Comisión. Luego no haga un juicio de
intención, porque el Partido Popular nunca ha dado ni ha insinuado ningún
nombre al respecto en este caso. Para un camino nuevo, un procedimiento
nuevo. Yo no discuto que no haya habido otros órganos con cuotas, digo
que en este caso, para un camino nuevo, un procedimiento nuevo. Nosotros
creemos que deben ser técnicos lo más independientes y asépticos
posibles.

Por último, usted ha dicho algo que es incierto, y es que, si fuera por
el Partido Popular, los temas se dejarían siempre sobre la mesa. Eso es
incierto. Usted sabe que el Partido Popular transmitió al Gobierno que, a
pesar de su oposición a la LOSEN, no solamente no la dejaba sobre la mesa
sino que estaba dispuesto a no realizar ninguna táctica que llevase a
diferir su aprobación después del 31 diciembre. Luego en ningún caso
hemos utilizado ese tipo de actuación. Precisamente, tratando de servir a
los intereses generales de este país, es la primera vez que este portavoz
dice que por incumplimiento claro del artículo 6.º 3, por respeto a este
Parlamento, creo que al ministro y al Gobierno es al primero que le
conviene que este tema quede sobre la mesa. Repito que lo fundamental que
debe hacer este Parlamento y esta Comisión es la constatación de los
«curricula», lo que ha sido imposible hacer desde esta mañana hasta
ahora, con lo cual no se cumple en absoluto lo que la ley ordena a esta
Comisión que realice.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: También brevemente, señor Presidente.

Compañeros de Comisión, señoras y señores diputados, a este diputado que
les habla le parece de muy mal gusto que se viertan opiniones, haciendo
juicios de valor sobre las intenciones de cualquier otro grupo, en el
sentido de buscar siempre intereses particulares en las posiciones que
uno mantiene. Me parece que escupe hacia el cielo quien piensa de esta
forma tan mezquina de los demás. Me estoy refiriendo a que cuando se
dicen cosas tales como cuando mi grupo y otros criticamos en esta sesión
el procedimiento seguido es porque no se ha contado con nosotros y con
alguien propuesto por nosotros para figurar en la Comisión. Quiero
decirles, sea o no creíble por quien pueda tener una mentalidad tan
estrecha, que mi grupo --testigos hay y creo que el señor ministro es uno
de ellos-- ha intentado tener el máximo de objetividad en procedimientos
más o menos similares, aunque fueran de otra naturaleza. Por ejemplo,
sobre el nombramiento del Consejo de Seguridad Nuclear, yo he dicho al
ministro que no me importaba la filiación política de cualquiera de los
consejeros y que mi grupo en aquel caso (sé que es distinto, no me
argumenten luego por ahí, ya sé que es distinto porque, además, es una
obviedad, pero tiene alguna similitud en cuanto al procedimiento seguido
y lo mismo hubiera sucedido en este caso) no tenía ningún interés en
personas específicas y que incluso podía votar personas con adscripción y
carnet de otros grupos, particularmente del grupo del Gobierno. Por
tanto, quien juzgue la intervención de mi grupo, en cuyo nombre hablo,
desde esa óptica de mezquindad es muy libre de hacerlo y no tengo nada
que decirle por mi parte.

Por otra parte, cuando se dice que hemos negado el reconocido prestigio
de los técnicos propuestos o que hemos puesto en duda (se ha hablado en
plural y hemos hablado dos; obviamente, uno de ellos soy yo) la idoneidad
o capacidad técnica de los propuestos, tengo que decir que es falso que
hayamos dicho eso, por lo menos, yo no lo he dicho. Además, no lo puedo
decir, entre otras cosas porque no lo sé. La única persona cuya idoneidad
técnica me consta es porque tengo conocimiento de ella por una serie de
circunstancias personales, pero, repito, de una sola persona. Por tanto,
si no me consta y no he podido tomar constancia por otros medios,
difícilmente puedo constatar, como pide la ley, la idoneidad o no de las
personas propuestas, simplemente no puedo.

Por supuesto, y termino ya, esto que acabo de decir es lo sustancial de
mi intervención. Es decir, mi grupo critica el procedimiento seguido
porque entiende que no nos ha permitido constatar si son o no idóneas las
personas propuestas. Además, siempre como cortina de humo a mi juicio --y
aquí soy yo quizás el que entra en juicio de intenciones indebidamente--,
se ha dicho que es perfectamente legítimo que haya propuestas políticas,
que se consulte con unos grupos y con otros no, etcétera. Unicamente
quiero aclarar que mi grupo considera eso legal, y, además, he dicho que
es perfectamente legítimo. No me parece ya tan admisible que se diera a
entender que eso había sucedido de otra manera, cuando en una
intervención del señor Albistur en este sentido, manifiesta que esta vez
le ha tocado a su grupo. A mi grupo no le ha tocado nunca. Es
absolutamente legítimo.

El señor ministro, ha dado al final una explicación política de ello y
habla, más o menos, de la oposición frontal de mi grupo. Supongo que se
está refiriendo a mi grupo en esta Comisión de Industria y a este
portavoz, que es quien normalmente habla en nombre de mi grupo en esta
Comisión. Señor ministro, no sé qué tipo de oposición espera usted



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porque le digo sinceramente que hago serios esfuerzos, pues considero que
es mi obligación y la de mi grupo, ser riguroso y buscar «ententes»,
acuerdos y posiciones que mejoren, obviamente desde la perspectiva de mi
grupo, las propuestas o leyes que discutamos.

En todo caso, señor ministro, y en relación con esta ley, mi grupo votó
positivamente este artículo y este capítulo que estamos comentando, así
como la mayor parte de los capítulos de esta ley. La objeción fundamental
era a una adicional, a la décimo si no recuerdo mal, por la moratoria
nuclear. Sobre eso, sí le manifiesto que mi grupo sigue radicalmente --en
el sentido etimológico del término, es decir de raíz-- en contra de esa
posición. Además, nos parece una de las peores posiciones de un grupo
progresista, como el de ustedes, aunque no soy yo quién para dar
reconocimiento de progresía, lo tienen históricamente y no hago más que
constatarlo; pero, desde luego, no es a partir de posiciones como la de
esa adicional décima. Esa es la separación política que hemos tenido en
esta ley, señor ministro.

Mi grupo y este portavoz que les habla --y termino--, estamos dispuestos
a seguir haciendo los mayores esfuerzos para que las propuestas, leyes
acuerdos o medidas que se adopten en esta Comisión respondan a los
intereses generales, a los intereses más amplios, sobre todo de los
sectores sociales más necesitados, con el carácter más progresista
posible.

Señor ministro, le tengo que confesar que, para ello, este portavoz que
les habla desearía llegar a acuerdos con ustedes, que me parece van a ser
muy necesarios en un futuro no lejano. También le tengo que confesar que
ustedes nos lo están poniendo realmente difícil.




El señor VICEPRESIDENTE: Con la representación cuadrática del PNV y el
Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Señor Presidente, acaba de descubrir un concepto
nuevo a la representación parlamentaria; la innovación siempre es
importante y más en esta Comisión.

Señor ministro, no me tengo que desdecir de las palabras, las digo
francamente y como suenan. Creo que he utilizado un término que, de
alguna forma, ha sido hasta lúdico al nombrar la lotería, pero creo que
ha sido muy oportuno el reconocimiento por parte del ministerio de la
convocatoria del departamento de Industria del Gobierno Vasco para poder
pedir una candidatura y una representación. La Comunidad Autónoma y el
Gobierno vasco se merecen ese reconocimiento en este tema. Tengo que
decirlo así de claro, pese a lo que pueda parecer a quien discrepe de
este hecho. Por tanto, me reafirmo en ello claramente y, además, me
reafirmo en las palabras respecto a la representación que he mencionado
anteriormente y a los juegos políticos que en el propio Parlamento se
tienen, a veces con escasísima sensibilidad.

Respecto a la ley, he de reconocerle que el trabajo en Comisión, gracias
precisamente a la personalidad del representante del Partido Socialista,
llevó a un importante consenso. Creemos que esta ley tiene todavía un
lastre importante, que es precisamente ese predominio del sector público
y las decisiones que todavía puede tomar su ministerio, han quedado en
manos de su ministerio y, sujetas a quien pueda estar en él, pueden
suponer actuaciones con cierto grado de arbitrariedad. Espero que este
hecho no se produzca nunca ni quisiera calificarlas así.

La composición de esta Comisión y algo que conseguimos en la negociación,
el órgano consultivo que acompaña a esta Comisión, van a poder dar
equilibrio a este sector. Yo diría que, dado este paso, se proceda cuanto
antes a dar el paso siguiente, donde las comunidades autónomas van a
tener una representación importante entre los treinta componentes del
Consejo consultor y de su Comisión permanente y donde va a haber también
una representación autonómica en función de la carga que el sector tiene
en ellas. Nada más; desear buena y larga vida a esta Comisión.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, señor Sáenz.




El señor SAENZ LORENZO: Señor Presidente, en primer lugar, constatar dos
cosas por parte de nuestro grupo. Primero, no queremos que el tema quede
sobre la mesa, pensamos que, de las dos cosas que hemos pedido al
Gobierno, la primera es que gobierne, que gobierne con los apoyos
políticos que tiene en la Cámara, coherentemente con esos apoyos
políticos queremos que saque adelante la ordenación del sistema eléctrico
y un elemento básico de la ordenación del sistema eléctrico es la
conformación de esta Comisión. Por tanto, nos manifestamos radicalmente
en contra de que el tema pueda quedar sobre la mesa.

En segundo lugar, nuestro grupo constata lo que la ley dice: Constata la
idoneidad del Presidente que ha propuesto el Gobierno. El señor Fernández
Ordóñez es sobradamente conocido en todos los medios políticos y
económicos de nuestro país, y constata asimismo en algunos casos por
conocimiento personal y en otros casos a través de los «curricula» que
nos ha hecho llegar el Gobierno, la idoneidad de los miembros de la
Comisión que se proponen.

Por tanto, pensamos que en este trámite se cumplimenta exactamente lo que
la ley exige.




El señor VICEPRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay):
Telegráficamente, señor Gámir. Primero. Lamento profundamente que usted
haga una caracterización, utilizando mis palabras, de que yo hubiera
dicho que éste es un órgano sustancialmente no político y como argumento
tiene que decir que dado que el señor Fernández Ordóñez es un conocido
militante del PSOE esto significa que éste es un órgano político.

Esta es una decisión política, como todas las decisiones de un ministro.

Todas las propuestas son un acto político en el ejercicio político de la
función de gobernar; pero el señor Fernández Ordóñez no está aquí por ser
militante del PSOE, está por ser un hombre de reconocida capacidad



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técnica y profesional. Por tanto, no discutiremos alrededor de eso una
vez más. Lamento que usted saque de contexto mis palabras y llegue a
conclusiones tan peregrinas como que, porque el señor Fernández Ordóñez
es militante, significa que hemos hecho una selección en términos de
militancia política y no en términos de competencia profesional.

Segundo. Decía usted que esto no le corresponde íntegramente al Gobierno.

Señor Gámir, lea lo que dice el correspondiente artículo y se dará cuenta
de que el nombramiento lo hace el Gobierno a propuesta del Ministro de
Industria, una vez hecho este trámite novedoso que significa la
constatación técnica, pero la responsabilidad íntegra y política de los
nombramientos es del Gobierno.

Tercero. Dice usted que es imposible constatar. La verdad es que no ha
dado ningún argumento en virtud del cual juzgue no idóneo a alguno de los
candidatos. También en esto, al menos, ya que está criticando
legítimamente lo que es la posición de este ministro, debiera tener la
discreción de no ignorar que usted no es conocedor de estos nombres desde
esta mañana, sino, al menos, desde ayer.

Finalmente, sobre los juicios de intenciones, dejemos de hablar... No sé
por qué me hacen señales mesándose los cabellos o tocándose la mejilla,
pues si alguien tiene cara, en este caso, no soy yo, porque esto es
rigurosamente cierto. ¿O no es verdad, señor Gámir, que ayer por la tarde
le di a usted y a su grupo los nombres? (El señor García Fonseca: A mí,
no.)
Señor García Fonseca, lamento si alguna de las cosas que he dicho
anteriormente le han podido sonar ofensivas en lo personal. Espero que no
lo entienda de esa manera. Sabe que no es su talante ni, desde luego, el
mío. Celebro que usted diga que es legítimo este nombramiento. Acepto
también, no puedo menos que aceptarla, cierta insatisfacción por el hecho
de que el conocimiento de los nombres se produzca con determinado retraso
y que, sin embargo, con independencia de estas dificultades, no haya
podido poner peros en este momento en la forma que se produce el trámite.

También soy partidario, señor García Fonseca, y creo que se lo he
demostrado, de entendimientos parciales, o incluso totales, allá donde
sean totales. Me parece que no es usted solamente el que ha dado pruebas
de aproximación a lo largo de la discusión de la Ley del Sistema
Eléctrico a las posiciones del Gobierno; creo que también el Gobierno ha
ido al encuentro, y el Grupo Parlamentario Socialista en muchos casos, de
posiciones que ustedes, a través de las enmiendas, habían planteado. Pero
no lo tome a mal, señor García Fonseca, yo sé que usted tiene un talante
de aproximación basándose en un concepto que pretendemos compartir,
ninguno desde la legitimidad absoluta de ciertas ideas de progreso, y
tratamos de hacerlo lo mejor posible. A veces, ese talante que usted
expresa, sin embargo, no se traduce en posiciones políticas de su grupo,
como tal, que no obstante las aproximaciones y los esfuerzos sigue
manteniendo, y me parece legítimo, una posición de crítica a la totalidad
también a la ley, a pesar de las aproximaciones parciales que se han
producido. Esto es lo que le he querido decir nada más.

Señor García Fonseca, en todo caso, gracias por lo que usted ha dicho y
gracias por el tono de su intervención, con independencia de las
insatisfacciones. No discutiré una vez más el problema de los órganos y
la diferencia de naturaleza que hay entre este órgano y otros.

Señor Albistur, tengo que compartir con usted los deseos de que, puesta
en marcha la ley, los riesgos que ustedes han visto en algún momento y
que sostiene todavía como riesgos potenciales, puedan ser conjurados por
la acción de todos, convencido como estoy de que ésta es una buena ley,
naturalmente no una ley perfecta, sino una ley que nos permite avanzar en
la dirección correcta en España como en Europa. (El señor Gámir Casares
pide la palabra.)



El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gámir.




El señor GAMIR CASARES: Me remito a los artículos 73 y 71.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gámir, se prevale S. S. de que no está el
letrado, ni tengo el Reglamento a mano y, sobre todo, por mi tradicional
bonhomía no le voy a impedir que hable. Difícilmente puede usted añadir
muchas cosas más a lo ya dicho, pero hágalo.




El señor GAMIR CASARES: Me refería al artículo 73 que habla de cuando se
ha sido contradicho.

Solamente dos palabras: es cierto. Ayer, a las ocho de la tarde, conocí
los nombres de los cuales solamente uno era, y valga la redundancia, una
persona conocida. Esta mañana durante el transcurso de las sesiones es
cuando han sido facilitados ciertos «curricula» al respecto. Contradicho
también he mencionado cinco, no uno.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Ministro, ¿cree necesario hacer alguna
precisión?



El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): A
insistencia no me va a ganar el señor Gámir. Usted ayer no conoció
solamente los nombres, sino también los «curricula».




El señor VICEPRESIDENTE: Señorías, en varios momentos de esta sesión se
ha dicho que era un procedimiento innovador, insólito. Creo que hemos
sentado un uso parlamentario, un precedente que puede y debe ser embocado
correctamente, puesto que el espíritu de ese 6.º 3 de la Ley está
satisfecho con la sesión que hemos tenido. Es obvio, o al menos así me lo
parece a mí, que el señor ministro en la asunción de su responsabilidad
de proponer al Gobierno unos nombramientos, lo podrá hacer conociendo
perfectamente cuáles son todas y cada una de las posiciones de los grupos
parlamentarios de esta Comisión.




--INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN RELACION CON LA CRISIS
INDUSTRIAL EN LAS EMPRESAS VALEO, S. A., Y SANTA BARBARA, ASI COMO EN EL
SECTOR



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CONSERVERO Y AGROALIMENTARIO EN LA VEGA DEL SEGURA, EN LA REGION DE
MURCIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 213/000283.)



--EXPLICAR LOS ACUERDOS EN TORNO AL PLAN DE LA EMPRESA NACIONAL SANTA
BARBARA. A PETICION PROPIA. (Número de expediente 213/000084.)



El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a continuar con el orden del día de esta
sesión.

Pasamos al punto siguiente, que es el primero del orden del día:
Comparecencia del Ministro de Industria y Energía ante la Comisión de
Industria, Energía y Turismo para informar sobre las actuaciones
previstas en relación con la crisis industrial en las empresas Valeo, S.

A., y Santa Bárbara, así como en el sector conservero y agroalimentario
en la Vega del Segura, en la región de Murcia. Solicitud del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, pero a la que se une (respecto
al orden de prelación no den ningún valor a como las estoy diciendo) la
comparecencia, a petición propia, del Ministro de Industria y Energía
ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo para explicar los
acuerdos en torno al plan de la empresa Nacional Santa Bárbara.

En relación a ambas comparecencias tiene la palabra el señor ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Me gustaría
hacer una aclaración, teniendo en cuenta que son dos las comparecencias,
una a petición propia, en torno al plan de la Empresa Nacional Santa
Bárbara, y otra, a petición del Grupo de Izquierda Unida; como no veía a
ningún representante de Izquierda Unida, no sabía si esa parte de mi
comparecencia me la podía ahorrar.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor ministro. Mire usted, si alguna de las
solicitudes que se hacen pudieran ser atendidas fácilmente. En cualquier
caso vaya usted por la lógica más eficaz en la exposición de su
intervención.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
Presidente, me gustaría que me aconsejara usted. No es cuestión de que yo
como ministro tome la decisión; la comparecencia está establecida de una
determinada forma, a mí me da exactamente igual proceder de una manera o
de otra.

Su señoría ha formulado las comparecencias en un orden, pero puedo
alterarlo si es lo que la Presidencia entiende. Me gustaría no tomar yo
la decisión. (El señor García Fonseca pide la palabra.) El señor
VICEPRESIDENTE: Señor García Fonseca, tiene la palabra.




El señor GARCIA FONSECA: Muy brevemente. Mi grupo no quiere, ni mucho
menos, incidir en la buena marcha del resto de la sesión. Unicamente, si
resulta igual, pediría al señor ministro que empezara por el tema Santa
Bárbara y, a renglón seguido, la petición de mi grupo, porque la va a
llevar más directamente otro diputado que está interviniendo ahora en la
Comisión de Infraestructuras, pero viene inmediatamente. Hágalo como
mejor resulte para la buena marcha de la sesión.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor García Fonseca, estoy seguro que el señor
ministro tendrá en cuenta sus circunstancias, pero incluso digamos que
por un poco de tradición, al ser la comparecencia sobre el tema Santa
Bárbara a solicitud del propio Gobierno, los usos normales aconsejarían
incluso que fuese la primera intervención del señor ministro. Se lo
sugiero en esa forma.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
Presidente, usted ordena el debate. Naturalmente, el ministro en este
caso lo que hace es obedecer y, al mismo tiempo, tratar de dar gusto al
grupo solicitante, Izquierda Unida. Empiezo, por tanto, con los aspectos
relacionados con la Empresa Nacional Santa Bárbara.

Me gustaría que entendieran que esta comparecencia, a mi juicio, debe ser
un examen sobre la situación que la Empresa Nacional Santa Bárbara tiene
el día de hoy, considerando las actuaciones desarrolladas en el tiempo
transcurrido, que es once meses, desde que en ambas Cámaras tuviera
ocasión de exponer el plan inicial de la empresa. Asimismo, hemos de
tener en cuenta que a lo largo de este tiempo se han celebrado
comparecencias del Presidente de la Empresa Nacional Santa Bárbara y
preguntas de los grupos parlamentarios dirigidas al ministro. Por todo lo
anterior, me gustaría dar por entendido que el Parlamento conoce con
amplitud lo que significa el plan de reestructuración de la empresa, a
fin de no tener que volver sobre ideas viejas o ideas que entiendo
suficientemente debatidas y conocidas. La comparecencia, por tanto,
pretende situarse en el mes de abril, para explicitar el camino
recorrido, no entrando, a ser posible, en consideraciones ya explicadas,
analizando las políticas, las experiencias observadas en nuestro entorno,
que en ese supuesto deben ser utilizadas quizá más para confirmar el
porqué de las actuaciones que se han llevado a cabo hasta ahora.

¿Qué se ha hecho desde el día 25 de abril de 1994, fecha en que comparecí
ante ustedes para darles cuenta del Plan de la Empresa Nacional Santa
Bárbara y sus consecuencias? En primer lugar, la situación de
conflictividad por la ausencia de acuerdos con los sindicatos y el
desencuentro con las diferentes comunidades afectadas por la situación de
la empresa impidió, como SS. SS. saben, la puesta en práctica del plan de
empresa que entonces se presentó Esto dio lugar a la utilización de un
mecanismo previsto en el marco de las relaciones laborales existentes en
el ámbito de las empresas del INI-Teneo, en virtud del cual se produjo
una resolución de la comisión de arbitraje, de 25 de abril de 1994, que
instaba a las partes a la negociación



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de un plan de reestructuración en un plazo de tres meses, junto con una
serie de recomendaciones dirigidas a los ministerios de Defensa y de
Industria, al Instituto Nacional de Industria y a las comunidades
autónomas, al objeto de solicitar de los mismos colaboración en la
solución del problema.

En segundo lugar, la gestión de la empresa tuvo un objetivo claro en
estos meses, de julio a diciembre, que era hacer posible, desde el punto
de vista social, desde el punto de vista político y desde el punto de
vista sindical, el plan de reestructuración, objetivo que se consigue con
la firma de los acuerdos, llevada a cabo el 2 de noviembre del año 1994
con los sindicatos, así como con el nuevo clima creado con las
comunidades autónomas afectadas, dada la disposición a participar en el
desarrollo de estos acuerdos por parte de las comunidades.

En tercer lugar, del conjunto de medidas que el Plan de reestructuración
establece quiero subrayar de manera especial la política de
diversificación industrial y de recolocaciones, como el elemento más
positivo y la clave, sin duda alguna, de los acuerdos obtenidos, que a
estas alturas todos entienden es el único que puede dar respuesta a un
ajuste duro, difícil y doloroso de una empresa en pérdidas crónicas
estructurales, a la vez que trata de generar actividad económica en las
zonas en donde Santa Bárbara está presente.

El objetivo fundamental del plan de reestructuración de la Empresa
Nacional Santa Bárbara consiste, como saben, en reducir la capacidad
concentrando la producción, de manera que se racionalice la actividad
industrial prevista y se establezcan los mecanismos necesarios para
lograr una diversificación que provea el mayor número posible de empleos
alternativos en las zonas afectadas. Para ello, se ha actuado en tres
frentes. En primer lugar, mediante la ordenación de la actividad de
defensa, concentrando la actividad propiamente en tres fábricas, Trubia,
Plasencia y Granada, más la actividad de blindados, en Sevilla, llevando
a cabo una diversificación subcontratación interna que incorpore carga de
trabajo a la, naturalmente insuficiente, de defensa.

El segundo frente de actuación es la generación de planes de
diversificación. Las demás factorías, no incluidas en las que acabo de
mencionar, cesarán en la actividad propiamente de defensa y se promoverá
la inversión pública y/o privada --en ocasiones conjunta-- para lograr
mantener niveles de actividad civil que logren crear el mayor número de
empleos alternativos. Este es el caso de Toledo, por ejemplo --luego me
referiré a algunas experiencias más--, con la creación de tres empresas,
como pueden ser ICSA, LM Composites y AYA, donde se ha conseguido
prácticamente recolocar a la totalidad de la plantilla afectada por el
proceso de reestructuración.

En tercer lugar, medidas de ajuste laboral, para reducir asimismo la
plantilla por métodos no traumáticos, y se ha procedido, según acuerdo
con los sindicatos, de 2 de noviembre de 1994, a prejubilar a los mayores
de 52 años, con el 75 por ciento de su retribución anual, y a ofertar un
plan de bajas incentivadas de carácter voluntario. Dentro de este acuerdo
se ha establecido un mecanismo por el cual, en el caso de que se ofrezca
a un trabajador de la Empresa Nacional Santa Bárbara un puesto
alternativo, de acuerdo con lo definido en el artículo 5.º del acuerdo,
en condiciones adecuadas, tendrá obligación de acogerse a él; de lo
contrario, la empresa podrá aplicar las medidas que la legislación
ofrece. Hasta tanto se produzca la creación y oferta de empleo
alternativo, por la autoridad laboral se autorizaba un expediente de
regulación de empleo temporal, hasta el 31 de diciembre de 1995, que
puede afectar, como máximo, a 2.126 trabajadores.

Por lo que respecta al área de defensa, lo realizado hasta ahora ha sido
lo siguiente: clarificación de los planes industriales y de demanda,
tanto con el Ministerio de Defensa como con el Cuartel General del
Ejército. Se ha procedido a una reestructuración de los servicios
centrales disminuyendo la cabecera y descentralizando servicios y
decisiones de gestión hacia las fábricas, que así podrán asumir mayores
responsabilidades desde el punto de vista de un centro coste-beneficio, y
no exclusivamente de un centro de coste. Se ha reestructurado el centro
de I+D, reduciéndolo y dotándolo de una visión más industrial de
desarrollo, sin descuidar la investigación más cercana al desarrollo de
productos, concentrando ésta en gran medida en el perfeccionamiento del
vehículo «Pizarro». Se ha procedido a establecer innumerables contactos
con industrias, principalmente europeas, del mismo sector, con el fin de
lograr una mayor internacionalización de la empresa, estando en estos
momentos negociándose la firma de acuerdos de desarrollo tecnológico de
cofabricación y comercialización conjunta. Se ha puesto en marcha una
estrategia comercial, consistente fundamentalmente en incrementar los
esfuerzos directos en mercados exteriores, que no eran mercados
tradicionales de Santa Bárbara, extremo Oriente en general y en
particular países tales como Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas.

Esta es una zona en la que se ha producido la emergencia de economías con
presupuestos de Defensa de alguna significación, con vocación, por otro
lado, por parte de sus Fuerzas Armadas de participación activa en
misiones de paz de la ONU, y que ofrecen, en ese sentido, potencialidades
de mercado. Se han dado los siguientes pasos: designar agentes propios en
ocho países; se han hecho peticiones de oferta en cinco países, en algún
caso con resultado de pedidos concretos; se ha participado en grandes
concursos en cuatro países; y se tiene una cartera de asuntos en
promoción, por importe de alrededor de 5.000 millones de pesetas.

A la vez, se han intensificado las acciones de calidad en las factorías
de Defensa. Por último, se han aprobado inversiones de modernización en
algunas factorías, a destacar, quizá por su volumen, una de 150 millones
de pesetas en Trubia, para una cadena de producción de pasos de munición
de artillería, y en proyecto, dependiendo del desarrollo del programa
«Pizarro», se abordará una inversión para un taller de mecanosoldadura
por encima de los 300 millones.

En estos días también se procederá, una vez recolocada prácticamente la
plantilla de Toledo, al traslado de la línea de producción del cartucho
de nueve milímetros «Parabellum» a Palencia, y de esta forma se podrá
atender un pedido



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del Ejército, para los próximos cuatro años, de 20 millones de cartuchos.

Por lo que se refiere al área --de las tres que le señalaba
anteriormente-- de diversificación, configuradas ya las capacidades
operativas máximas que hagan eficiente el proceso anteriormente señalado,
hay que tener en cuenta que todavía restarán, lamentablemente,
importantes capacidades humanas y materiales, que deberán reorientar su
actividad, a fin de aminorar el impacto que la subactividad estructural
puede representar sobre la empresa, al tiempo que había que generar
también nuevas actividades en las que la formación de los trabajadores de
Santa Bárbara, de un modo sinérgico o bien mediante un período de
formación, se pueda incorporar a nuevos proyectos alternativos que
generen nuevo tejido industrial.

De esta manera, se realizará, en los casos en los que sea posible, la
diversificación interna de la empresa, a los efectos de competir en
sectores en los que ya existe un claro dominio de las tecnologías de
defensa, pero aplicadas a campos civiles, como pueden ser los referidos a
mecánica de precisión, equipos de generación energética y aeronáutica,
tratamientos de nuevos materiales, bienes de equipo tecnológicamente
avanzados para el área química y medioambiental y otros campos referidos
a equipamiento civil.

El modelo de diversificación de Santa Bárbara debe ser más flexible, sin
embargo, que todo esto, de manera que pueda aprovechar con mayor
efectividad el relanzamiento económico, las oportunidades de inversión
directa nacional y extranjera y, en suma, la viabilidad de proyectos, que
tanto a nivel regional como internacional surgen nucleando nuevos
negocios en las zonas de ubicación de la empresa. Esta orientación,
señorías, no descarta que, en aquellas factorías con previsión nula de
actividad de defensa, se construyan nuevos negocios, en los que se
introduzcan nuevos socios, bien públicos o bien privados, en ocasiones de
los dos tipos, que obligatoriamente conllevará la creación de sociedades
con personalidad jurídica propia.

Como complemento de medidas de diversificación, se han puesto en marcha,
mediante la contratación de servicios especializados, procesos de
dinamización y ayuda al autoempleo en las zonas afectadas, para apoyar
oportunidades de negocio orientadas a aquellos trabajadores con vocación
empresarial que quieran crear su propia empresa. También en este sentido,
y para rentabilizar otras oportunidades de empleo que surgen en otras
empresas del propio grupo INI o del entorno regional de las factorías, se
está poniendo en marcha un programa de recolocaciones en otras empresas.

En esa dirección, y como apoyo de todo el proceso, en el marco del INI,
se ha constituido una comisión específica para la diversificación de
Santa Bárbara, en la que se analizan y dictaminan actuaciones sobre los
proyectos presentados. Se analizan las oportunidades de sinergia con el
propio grupo, a fin de orientar nuevos proyectos y negocios, que además
vienen como consecuencia de los programas de compensaciones en
cooperación con la industria privada.

Se trata, por lo tanto, de un esfuerzo en esta dirección del que, sin
duda alguna, querría darles también algunos datos adicionales,
establecidas las líneas generales de actuación en los tres frentes.

En primer lugar, las actuaciones derivadas de la puesta en práctica de
todo el plan. He de referirme a la negociación del acuerdo con los
sindicatos. Ya he hecho referencia a la intervención de la comisión de
arbitraje del acuerdo INI-sindicatos, en base a la ausencia de acuerdo
del plan estratégico presentado en su momento, que dio como fruto el
instar de nuevo a las partes a una negociación, en un período de tres
meses, para acordar un plan de reestructuración de la empresa. Esta
negociación, les recuerdo, fructificó con el acuerdo comentado de 2 de
noviembre de 1994. El tiempo empleado en la negociación sirvió, a todas
luces, fundamentalmente para trasladar, de una manera más eficaz, a la
plantilla la realidad dolorosa de una situación y la necesidad de
comprometer políticas diferentes como fórmula de encauzar el problema.

La segunda cuestión que quería comentarles también en la línea de las
actuaciones, es la colaboración con las comunidades autónomas. En
paralelo a la negociación con los sindicatos, y considerando que en los
meses precedentes habían participado de una estrategia común, se
desarrolló un conjunto de actuaciones hacia las comunidades autónomas
afectadas, que permitiera en una primera instancia conocer con mayor
amplitud los planes estratégicos, el razonamiento de los mismos y muy
fundamentalmente el nivel de esfuerzos y compromisos dispuestos a asumir
conjuntamente con ellos.

Se crearon, y se mantienen vivas, líneas de comunicación muy fluidas y
una comisión de seguimiento para rentabilizar toda iniciativa conducente
a generar tejido industrial en la zona.

En tercer lugar, quiero señalarles las acciones emprendidas de cara a la
puesta en práctica del plan laboral. Desde el 1 de enero de 1994 hasta el
28 de febrero de 1995, la plantilla ha pasado de 3.135 personas a 2.421,
produciéndose, por tanto, una reducción de 714 trabajadores en dicho
período, en términos absolutos.

Las causas más relevantes para esta disminución han sido bajas
vegetativas, por un volumen de 50; bajas incentivadas, de las cuales 112
se trata de vigilantes jurados que cesaron en la empresa al entrar en
vigor, el día 2 de agosto de 1994, la Ley 23/92, de 30 de julio, de
Seguridad Privada, y que fueron recolocados en otras instituciones, y 115
causaron baja voluntaria incentivada en aplicación de los acuerdos de la
Comisión de Resolución de Conflictos INI-Teneo, a la que he hecho ya
referencia. A la vez, por la vía de las prejubilaciones, 435 trabajadores
han sido prejubilados entre diciembre de 1994 y febrero de 1995, también
en base a lo previsto en los acuerdos de 2 de noviembre de 1994.

Finalmente, quiero señalarles algún detalle más en relación con los
aspectos de diversificación industrial. Algunos de los que ya he hecho
referencia están en marcha, otros necesitan todavía tiempo de maduración;
en algunos casos pueden dar lugar, como es el caso de Toledo, que es el
que más avanzado está, a la recolocación prácticamente de todos los
excedentes, como ya les he señalado. Me parece importante que conozcan,
en buena media, qué es y



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de qué manera se está haciendo este esfuerzo, que es un esfuerzo
particularmente difícil para una empresa especializada en defensa,
incluso con la necesidad de introducirse en otros campos de actividad que
puedan servir para recrear una parte del tejido industrial reducido o
destruido.

Hay una estructura, basada en un organigrama, con una dirección general
para la diversificación y las empresas participadas, de las que dependen
tres departamentos (de promoción, de estudios y viabilidad y de
participaciones), y hay un conjunto de medios económicos y financieros,
que se han puesto a disposición de estas iniciativas, aparte de los
procesos asociativos en empresas de capital público o con participación
pública o con empresas privadas.

La gestión de ayudas y subvenciones conseguidas por estos órganos al día
de hoy y para estimular el establecimiento de empresas en las zonas en
las que hay presencia de Santa Bárbara, se pueden evaluar aproximadamente
en los siguientes: riesgos financieros a la inversión a soportar por el
INI, en concepto de accionista, por alrededor de 2.700 millones de
pesetas; con cargo al programa Feder, por un importe total para todas las
comunidades autónomas, a fondo perdido, de 3.700 millones de pesetas; en
tramitación, ayudas con cargo al programa Konver, que, como saben, es un
programa de reconversión de industrias de defensa en el entorno de 2.000
millones de pesetas.

Al día de hoy, les puedo dar cuenta de que están operativas cuatro
empresas de nueva creación, que ocupan a más de 250 personas, que
provienen inicialmente de la Empresa Nacional Santa Bárbara, con campos
de actividad que van desde los materiales compuestos avanzados hasta las
prótesis médicas y material de osteosíntesis para traumatología.

Se han constituido, en lo que va de año 1995, dos nuevas empresas, que
darán, igualmente, ocupación a trabajadores de Ensab (Empresa Nacional
Santa Bárbara), por un volumen de 60 personas, cuyo proceso de
incorporación será como máximo, entre octubre y noviembre de este año, en
que estarán plenamente operativas. Estas empresas, como les decía,
localizadas en Toledo ciudad, facilitan ya el cierre de la fábrica de la
Empresa Nacional Santa Bárbara, puesto que el excedente a recolocar es de
sólo 33 personas, para el que existen otros proyectos en avanzado estado
de maduración.

Para el primer semestre de 1995, las previsiones de la empresa son las de
la creación de otras cinco sociedades, con participación minoritaria de
Santa Bárbara, que estarán productivas en este ejercicio y que podrán dar
ocupación a otras 200 personas, con campos de actividad que se enmarcan
en la producción de equipamientos para el sector oleícola, equipos para
la extrusión de aluminio, equipos eléctricos, etcétera, con una relación
media inversión-puestos de trabajo situada alrededor de los 15 millones
de pesetas, entre inversión y puestos de trabajo. Son proyectos que están
empezando, por tanto, a ser no solamente proyectos sobre el papel, sino
realidades difíciles de llevar a la práctica pero que ya, en ocasiones,
significan una importante realidad.

Me gustaría, a continuación, darles cuenta de la variadísima cartera de
proyectos en curso, algunos más avanzados, otros menos, y algunos
incluidos ya en mis anteriores palabras. El último de los proyectos se
puede hacer público como un proyecto que será efectivo. Me refiero al
proyecto de que Santa Bárbara se convierta, a través de una sociedad
mixta, con participación de Cornello, que es un grupo italiano dedicado a
la fabricación de bienes de equipo del sector agroalimentario y
medioambiental, a la fabricación de una maquinaria altamente
especializada, fundamentalmente para la extracción de aceite de oliva,
que permite procesar con los mejores rendimientos tanto la aceituna como
el orujo producido en condiciones ecológicas, esto es, sin producir
alpechín. Se trata de un proceso en el que se podrán crear no solamente
condiciones de empleo en Granada para un conjunto de trabajadores,
alrededor de 30 personas en Granada, sino que, al mismo tiempo, permitirá
dotar de carga de trabajo también a la factoría de Trubia, que
contribuirá a la fabricación de esta maquinaria. Este es el último
proyecto, del que les puedo dar en este momento cuenta con algún nivel de
detalle, de la cartera de centenares de proyectos que se están
considerando, unos en mayor y otros en menor estado de avance.

Por tanto, señorías, señor Presidente, termino esta parte. Creo poder
decirles que éste es un proceso duro, difícil, traumático, en
condiciones, no obstante, acordadas con los sindicatos, que se está
haciendo, además, en un clima social pacífico y en el cual el sector
público, no solamente está allegando recursos desde distintos fondos
europeos y no europeos para hacer posible esta tarea de diversificación,
sino que, al mismo tiempo, está siguiendo toda una tarea de generación de
autoempleo, por un lado, y de generación de empresas de capital mixto o
de capital privado, por otro, que puedan servir para dar empleo a los
excedentes generados en el proceso de reestructuración.

Nos queda todavía tiempo, ésta no es una tarea terminada, pero me
parecería que era importante que tuvieran conocimiento cabal de lo mucho
que, cualitativa y cuantitativamente, se ha avanzado desde que tuve la
ocasión de informales del plan de reestructuración de la Empresa Nacional
Santa Bárbara, de que esto ha entrado en una vía más pacífica y, al mismo
tiempo, en una vía que puede permitir también una cierta diversificación
de la actividad industrial en las zonas afectadas, lamentablemente, de
una manera definitiva, por la caída en la actividad de defensa.

No sé, señor Presidente, si me corresponde entrar, a continuación, o
damos un respiro también a SS. SS., en el otro motivo de la
comparecencia.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Ministro, por las expresiones de los
miembros de la Comisión, creo que le agradeceríamos todos que aquellos
complementos de información que usted creyera oportuno hacer respecto de
la primera, los hiciera ahora y pudiésemos luego tramitarlos todo
globalmente.

Gracias, señor Ministro.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Me parece
que lo que he dicho con carácter general para Santa Bárbara podríamos
entenderlo, por tanto, como incluido también en la solicitud de
comparecencia



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del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, cuyo título era: «Actuaciones
previstas en relación con la crisis industrial en las empresas Valeo, S.

A. y Santa Bárbara, así como en el sector conservero y agroalimentario en
la Vega del Segura, en la región de Murcia.»
Debo hacer una advertencia preliminar a la Presidencia y a SS. SS. Como
saben, el Ministerio de Industria y Energía no tiene las competencias
administrativas en materia del sector conservero y agroalimentario; esto
no es competencia del Ministerio de Industria y Energía, sino de otro
Ministerio. De ahí que, en el momento de recibir esta solicitud de
comparecencia, hiciéramos llegar un escrito a la Mesa del Congreso de los
Diputados haciendo constar que esta solicitud de comparecencia, a estos
específicos efectos, debiera probablemente dirigirse a otra instancia
gubernamental.

En todo caso, trato de dar alguna respuesta también y básicamente al
problema creado con la situación del sector Valeo. Por lo que se refiere
a la planta de Valeo en Murcia, tengo que destacar que esta factoría
tenía problemas importantes como consecuencia de la obsolescencia de los
productos fabricados y del estrechamiento de sus mercados. La planta de
Valeo Murcia no era rentable desde el año 1992. La mala situación
financiera de esta planta afectaba ciertamente a Valeo España, lo que, a
su vez, influía, naturalmente, en un grupo importante, como es Valeo a
nivel internacional, un grupo francés, que suponía --el grupo Valeo
España-- el 10 por ciento de la actividad y empleo del grupo Valeo y
soportaba, por otro lado, el 50 por ciento del endeudamiento global del
grupo. De hecho, el grupo Valeo aportó en el año 1994 6.000 millones de
pesetas a Valeo España para mejorar su situación financiera.

Desde abril de 1993 la dirección de Valeo España intentó conseguir un
acuerdo con los trabajadores para el cese de la actividad de la planta de
Murcia, ofreciendo indemnizaciones del orden de 45 días por año
trabajado, equivalente, como recuerdan, en términos de la legislación
anterior, a un despido improcedente. Ante la negativa de los
trabajadores, Valeo España decidió vender su factoría de Murcia a un
grupo español que se decía pretendía fabricar grúas para la construcción
y utillajes. La nueva empresa, denominada Metalúrgica del Sureste, S. L.,
se subrogó en todos los derechos y obligaciones de los contratos de
trabajo de la plantilla de la antigua planta de Valeo.

En la venta se estableció que, como una forma de evitar que la misma se
considerase una operación mobiliaria especulativa, se constituyese una
hipoteca por un plazo máximo de tres años a favor de Valeo España que
afectase a todos los inmuebles de la mercantil Metalúrgica del Sureste,
S. L. Por otra parte, Valeo se comprometió a comprar embragues fabricados
en la planta de Murcia durante una serie de meses, con el objeto de
garantizar la continuidad en la producción.

Así las cosas, la situación se enrareció; el Ministerio de Industria
conoció de la situación de la planta de Murcia básicamente por los medios
de comunicación y, posteriormente, a través de las autoridades de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que instaron los buenos
oficios del Ministerio de Industria para ver si podía retrotraerse la
situación al momento anterior.

El Director General de Industria, y yo mismo con el Consejero de la
Comunidad, se reunió el día 7 de febrero del año pasado con el comité de
empresa y los sindicatos que tenían representación en la factoría de
Murcia. En esa reunión los representantes de los trabajadores expusieron
que, en su opinión, los compradores de la factoría de Murcia carecían de
la solvencia y seriedad necesarias para llevar a cabo un proyecto
industrial; posición que nos fue corroborada desde muy diversas fuentes.

Sin embargo, Valeo informó que la venta ya estaba realizada, de hecho se
había registrado ante notario el 18 de enero de ese mismo año, y que no
cabía volver a la situación anterior, como planteaban los representantes
de los trabajadores.

Este Ministerio que les habla se dirigió a Valeo Internacional, haciendo
gestiones personales y epistolares para tratar de encontrar una solución
ante un desacuerdo que había habido con los sindicatos en términos de una
indemnización ofrecida, no aceptada por los trabajadores, transformada
después, ante la firme decisión de la empresa de deshacerse de sus
intereses en Murcia, en venta a una sociedad llamada Metalúrgica del
Sureste. De hecho, Metalúrgica del Sureste nunca llegó a poner en marcha
su proyecto industrial. El proyecto, que habría que calificar de poco
detallado y voluntarista, consistía, fundamentalmente, en la fabricación
de bienes de equipo, extintores, grúas-torre y la potenciación del taller
de matricería. La verdad es que los socios de Metalúrgica del Sureste
fueron desapareciendo, incluso alguno de ellos apareció implicado o
vinculado, por lo menos, por no ir más allá, a algún tipo de actividades
delictivas.

El 24 de enero de 1994 los representantes de los trabajadores solicitaron
a la autoridad laboral la declaración de huelga. El 22 de febrero los
empresarios solicitaron la declaración de cierre patronal. El 29 de
julio, al desconvocarse la huelga, la autoridad laboral ordenó la
apertura de la planta. Los trabajadores plantearon una demanda ante el
Juzgado de lo Social número 1 por falta de ocupación efectiva;
posteriormente, los trabajadores desistieron de dicha demanda al llegar a
un acuerdo con la empresa, en el que también intervino Valeo ante el
propio juez. Según dicho acuerdo --acuerdo obtenido en su momento--, se
procedió a la extinción de los contratos de trabajo y, para el pago de
las indemnizaciones, Valeo aportó adicionalmente 300 millones de pesetas,
reconociendo, en cierto modo, su equivocación en el planteamiento de
venta de la empresa. Metalúrgica del Sureste hacía en este acuerdo dación
de las instalaciones industriales que una vez recalificadas se estima que
podrían valer entre 1.300 y 1.500 millones de pesetas.

La administración regional ha intervenido con objeto de apoyar que los
terrenos y equipos industriales sirvieran para el pago de los salarios y
prestaciones a los trabajadores y para obtener el compromiso del
Ayuntamiento de que se recalificarían los terrenos a fin de obtener las
cuantías necesarias para hacer frente a la situación misma de salarios y
de prestaciones de los trabajadores.

Finalmente, la recalificación de los terrenos se aprobó en un pleno
celebrado en febrero de 1995, con el apoyo del



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Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular y con la
oposición de Izquierda Unida.

Existe el proyecto de constitución de una sociedad anónima laboral por
cinco de los trabajadores de la antigua empresa para explotar el taller
de matricería, una SAL que podría contar con los fondos obtenidos del
pago único de la prestación por desempleo y de un préstamo por parte de
la Caja de Murcia.

Esto es, señorías lo que les puedo decir de la crisis de Valeo. De la de
Santa Bárbara ya he hablado y, naturalmente, me parece que de las otras
cuestiones no soy yo quien debe manifestarse, con independencia de
señalar que en algunas ocasiones me ha tocado hacer buenos oficios en
aspectos que no son de mi competencia.




El señor VICEPRESIDENTE: Aprovecho un momento para que figure en el
«Diario de Sesiones» de la sesión que estamos tramitando también la
comparecencia que en el registro tiene el número 212/642, la 212/646, la
212/639 y la 213/273.

Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don
Antonio Ríos tiene la palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Pido disculpas por no haber estado al principio
de la exposición del señor Ministro, en la fase de explicación sobre
Santa Bárbara a nivel general, por estar en la sala contigua en otra
tarea.

Voy a intentar ceñirme sólo a cuál era el objetivo de nuestra solicitud
de comparecencia y cuál ha sido la respuesta del Ministro de demandas de
información que yo le haría.

La verdad es que en nuestra región de Murcia, en el año 1992, el centro
de atención de lo que pudiéramos llamar crisis industrial estaba en la
comarca de Cartagena, y en el año 1993 se desplaza hacia la Vega del
Segura, centrado en la poca industria que había, una industria grande,
Valeo, en cuanto al metal, y la industria pública ligada a la defensa,
que era Santa Bárbara. Junto con ello estaba también el problema de la
conserva. Con lo que he expuesto estoy dando la justificación de por que
hemos unido las tres vertientes industriales y es que creíamos que
cualquier acción industrial de política activa debía de partir de
iniciativas de viabilidad industrial abordando los tres ejes de esa
vertiente industrial en la Vega de Segura, puesto que anteriormente se
había dirigido la actuación a la zona de Cartagena.

Lo cierto y verdad es que la evolución industrial en la región ha hecho
que se haya perdido volumen productivo con el consiguiente cierre de
empresas y lo que nosotros queríamos demandar era de qué manera la
política de viabilidad y de futuro iba unida a la viabilidad de lo que ya
existe. Es decir, el futuro partiendo del presente. En este sentido es en
el que presentamos la solicitud global. En todo caso, yo acepto la
argumentación que hace el Ministro y que al parecer también le había
llegado a la Mesa, y lo que haré será trasladar la pregunta sobre la
evolución del sector agroalimentario al momento oportuno.

Voy a solicitarle una serie de datos, reconociendo una cosa positiva y
otra negativa en cuanto a la información del señor Ministro. Una cosa
positiva es que la situación de Santa Bárbara es hoy diferente en el
momento que, en abril de 1994, estábamos discutiendo la confrontación y
falta de negociación de un plan de viabilidad. Por fortuna hoy nos
encontramos en una dinámica distinta de encuentro, de diálogo y de
puertas de salida --parece ser-- con las organizaciones sindicales. Quizá
no la que nos hubiese gustado, pero es verdad que en una dinámica
distinta a la que nos encontrábamos hace tiempo.

Como la pregunta iba dirigida en el caso nuestro --después le haré la
general-- a lo que era la región de Murcia, me gustaría, en cuanto a lo
que ha sido la explicación del señor Ministro, que pudiéramos conocer lo
ocurrido, no sólo en el centro de Murcia, cuando en el año 1994 se ponía
en cuestión ese plan que la dirección de la empresa había propuesto y que
estaba dirigido a una regulación de empleo que afectaba fundamentalmente
a distintos centros de producción. El señor Ministro decía que había un
volumen de trabajadores --por lo que me ha explicado mi compañero-- que
quedaban destinados al sector de defensa, otros que pasaban a lo que
pudiéramos llamar proyecto de diversificación, y otra evolución distinta
que era, si no he entendido mal, unos 155 trabajadores, que estaban en
baja incentivada, unos 435 que habían sido prejubilados y 112 que usted
reducía a lo que eran tareas de apoyo o complementarias. A mí me gustaría
conocer, en la medida en que el señor Ministro lo tenga en la mano, la
distribución por centros que en su momento estuvieron en el eje de la
discusión.

En aquel momento, en 1994, por poner un ejemplo, el centro de Coruña
tenía una plantilla de 293 trabajadores y se proponía su supresión. El
centro de Toledo tenía una plantilla de 160 trabajadores y se proponía la
supresión, pero en ese centro también había una transformación hacia una
actividad productiva de diversificación que ya estaba funcionando
entonces, es verdad que que no en el volumen de trabajadores que
esperaban tener, pero sí estaba en marcha una parte de esa medida de
diversificación. Es decir, se cerraba, pero tenía una especie de
sustitutivo en la diversificación productiva. El centro de Valladolid
tenía 210 trabajadores y también pasaba a desaparecer. El de Palencia
tenía 488 y se reducía a 280. El de Granada tenía una plantilla de 271 y
pasaba a 193. El de Murcia tenía 227 y pasaba a ser suprimido, y el de
Trubia se agrupaba con el de Oviedo en una sola actuación. El de Trubia
pasaba de 1.139 a 450. Luego estaba el de Coruña que tenía una actuación
aparte.

Mi pregunta sería qué continuidad tienen los centros que en su día se
cerraban o se reducían en lo que pudiéramos llamar actividad de
mantenimiento de la industria de defensa y cuál pasaría a lo que
pudiéramos llamar, perspectivas o expectativas se estos proyectos. Usted
ha hablado de cuatro nuevas empresas con una capacidad de 250
trabajadores este año a través del programa Konver y luego ha dicho usted
que había la posibilidad de que Santa Bárbara pusiera en marcha cinco
sociedades que podrían cubrir hasta un número de unos 200 trabajadores
que estarían participadas en principio, y ha utilizado usted como ejemplo
la experiencia de Santa Bárbara, aunque no sé si



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será en su conjunto para todo o para una de sus experiencias para
producir aceite sin alpechín. Creo que la industria que usted ha citado
es Cornello, del sector agroalimentario italiano. Por tanto, mi pregunta
iría a esa explicitación posible sobre la distribución en los distintos
centros y cuál sería, en este sentido, la distribución de las tres
vertientes que ha citado usted en el resumen de su intervención.

En cuánto a la situación de las bajas incentivadas y prejubilaciones, yo
creo que usted ha dicho que está pactada de mutuo acuerdo con los
sindicatos y la propia empresa. Por tanto, hay una solución que ha
mejorado sustancial mente lo anterior. Eso sí, me imagino que a usted
como Ministro de Industria, igual que a todos los demás ante la reducción
de cualquier puesto industrial, aunque haya una solución de mutuo acuerdo
por parte de los trabajadores de la empresa, le gustaría tener
posibilidad de evitarlo o poder sustituirlo.

En cualquier caso, mi última pregunta sobre la Empresa Santa Bárbara iría
dirigida a conocer el volumen de proyectos de diversificación y a cómo
estarían distribuidos los citados proyectos en cuanto a su ubicación. Es
decir las cuatro nuevas empresas que se han creado, las cinco sociedades
que usted ha anunciado y los proyectos que puedan estar en cartera.

Ha echo usted referencia a Granada en cuanto al número de trabajadores
para uno de los proyectos, pero no he tomado nota de cuál sería la
afección a Trubia.

En cuanto a Valeo, señor Presidente, la verdad es que la información que
nosotros teníamos es que, en un principio, Valeo tenía un volumen de unos
149 trabajadores. Era una empresa rentable que en el año 1993 había
tenido beneficios. Es verdad que esa sociedad era la parte española de
una empresa más amplia, que sería la parte francesa, pero su origen está
en un sector que, aunque ha pasado un período de crisis --así ha ocurrido
con todo lo relacionado con el automóvil--, hoy tiene perspectivas de
recuperación; por tanto, es una actividad productiva cerrada.

El intento de solución, respetando todos los procesos de relación
mercantil, de relación privada, en los que no cabe cualquier actuación
pública, más que desde la óptica de las garantías, que es lógico que se
tomen por parte de quien está produciendo, debe buscarse desde la óptica
de la continuidad productiva.

La verdad es que en la explicación del señor Ministro ha habido una
especie de sorpresa, porque la empresa metalúrgica iba dirigida a crear
grúas y utillajes y no ha servido para este fin. Lo cierto y verdad es
que desde que se produjo esa venta no estaba claro que esta empresa fuese
a producir y que ésa podía ser una actuación para derivar
responsabilidades en la gestión de las indemnizaciones de los propios
trabajadores más que para continuar la actividad productiva. Aquello olía
mal desde un principio.

Es cierto, y yo tengo que reconocerlo, que cuando se actúa por parte de
la Administración ya se llega tarde. En su explicación, el señor Ministro
ha venido a decir que la operación ya estaba ultimada y que, por tanto,
no se podía impedir esa transacción a no productivo o a una empresa sin
garantía de producción, por ser benévolos. El caso es que, al margen de
la situación de las 149 familias, de la indemnización de las 149
familias, allá hay una industria menos.

De todas formas, usted ha dado una información que me gustaría que, a ser
posible, precisara. Ha dicho que habría una parte de la empresa que iba a
continuar; incluso ha hablado de una SAL que podría continuar. Me
gustaría que precisara qué número de trabajadores, qué volumen de
actividad productiva tendría y hacia qué iría dirigida.

Y como ha hecho referencia, al resultado de la votación del Ayuntamiento
de Murcia, quiero decirle que, desde luego, nosotros no creemos que una
actuación de valoración o no de un uso de suelo sea la forma de que la
ciudad abone las obligaciones de la empresa en el momento de producción.

Es la empresa o el Fondo de Garantías el que debe responder. Ese ha sido
nuestro criterio; creíamos que no debía hacerse desde ese uso. En
cualquier caso, sé que hasta ahora eso está paralizado. Respecto a la
legalidad de la empresa metalúrgica, incluso en su definición, creo que
las cosas no se han hecho suficientemente bien y parece que no existe la
posibilidad de la administración del recurso suelo, y que los antiguos
propietarios de Valeo van a recuperar la propiedad de sus propios
terrenos y la negociación con los trabajadores. Parece que vamos a tener
que volver un año atrás y los trabajadores tendrán que volver a negociar
con Valeo, pero ése es un problema ajeno. Mi pregunta iba dirigida a lo
que podríamos llamar la actividad productiva que podía sustituir a una
industria que ha dado una riqueza y que, mirando al futuro, nos rebelamos
ante el hecho de no tenerla; queremos evitar que nuestra tierra sea
solamente ocupación de suelo y sector agroalimentario. Entendemos que
también debiéramos tener parte del sector secundario, en la medida de lo
posible, para dar actividad al margen de los servicios y de la
agricultura.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Gámir tiene la palabra.




El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, señorías, la verdad es que este
tema tiene relación con algo que discutimos largamente el último día en
la reunión de Mesa de portavoces: los tiempos en las actividades de
control de esta Comisión desde que se presentan los temas hasta que
logran llegar a esta Comisión. Se comprende que los tiempos no son
siempre los mismos, puesto que cuando el Ministro quiere comparecer,
comparece, pero nos lleva a que muchos de los temas quedan desfasados
respecto a lo que uno hubiera querido tratar relacionado con ellos.

Sobre Santa Bárbara, es cierto que la situación es distinta que cuando de
planteó. En este caso me uno a las consideraciones hechas por el
representante de Izquierda Unida, lo cual es lógico, ya que no se trata
de problemas ideológicos, sino técnicos. Simplemente quiero destacar que
los medios de comunicación han hecho mucho hincapié en la carencia de
demanda de Santa Bárbara como tal y en la crítica a los gestores.

Asimismo, quiero destacar algo que siempre nos preocupa, las
declaraciones no en el mismo sentido, por no decir simplemente
contradictorias, de ministros del Gobierno. En este caso, las
declaraciones del Ministro de Defensa en relación a los cortes de
presupuesto y cómo afectaban a su Ministerio. El Ministro de manera
textual, declaraba que iban a afectar a las industrias



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de este sector y, como tal, a la industria Bazán, y suponíamos que cuando
el Ministro hacía estas declaraciones es que era instrumento negociador
que afectaba al presupuesto. No hemos conocido si es que ha habido alguna
modificación, porque tampoco se sabe exactamente cuál era la disminución
que afectaba al Ministerio de Defensa, y que podía repercutir en las
industrias relacionadas con el armamento, en las industrias tipo Bazán.

Por una vez, poniéndome el gorro de Diputado por la región de Murcia,
también quería solicitar la ratificación del dato que ha pedido el
representante de Izquierda Unida y que ha aparecido en los medios de
comunicación de que el centro de Murcia pasaría a tener cero
trabajadores.

El tema Valeo igualmente ha sido ya tratado, con las complicaciones que
ha apuntado el representante de Izquierda Unida y la realidad de una
situación en el mundo del automóvil muy distinta a cuando se tomaron
determinadas decisiones.

Desconocía, si es que la ha habido, la recalificación del tema de
conservas. Lo cierto es que esta Comisión trató la proposición no de ley
del Grupo de Izquierda Unida sobre el problema industrial conservero de
Molina de Segura. Lo trató esta Comisión, en este caso calificado como
tal por la Mesa, y el tema era importante y lo es. Simplemente quiero
recordar su existencia. Si realmente hay una recalificación por la Mesa,
no entiendo del todo bien cómo está calificado en el orden del día de
hoy; los grupos parlamentarios, al menos éste, no conocía esta
recalificación hacia otra Comisión. El tema, repito, es importante y no
solamente técnica, sino políticamente. Se trataba de una proposición no
de ley que fue aprobada por esta Comisión con el voto en contra del
Partido Socialista y que planteaba una serie de, digamos genéricamente,
apoyos industriales no solamente al sector conservero, sino a Molina de
Segura, planteando incluso otras industrias, como piel, etcétera, que no
caían en el campo de las industrias agroalimentarias, sino en el campo
estricto de las competencias del Ministro de Industria y Energía, señor
Eguiagaray.

Con toda sinceridad, la impresión que se tiene es de incumplimiento de
aquella proposición no de ley, cuyo ámbito, repito, era amplio porque
afectaba a las industrias de Molina y no solamente a la industria
conservera. Como digo, la impresión que se tiene en Molina, incluido el
Alcalde y el Consejero de Industria de la Comunidad, que pertenece al
partido al que pertenece el señor Eguiagaray, es de que aquella
proposición no de ley, aprobada por esta Comisión, no se ha ejecutado en
ninguno de sus términos; por ejemplo, en la concesión, que también sería
un tema exclusivamente de Industria, de la misma situación que Cartagena.

Esto es, la ventaja de pasar del 50 al 75 por ciento a las nuevas
industrias que no tuvieran nada que ver con la conservera que se
instalaron en Molina de Segura.

Esto, la verdad es que nos preocupa. Nos preocupa no solamente por la
difícil situación que está pasando Molina de Segura, sino por problemas
jurídicos, políticos y constitucionales. Se trata de una resolución del
Congreso en la que el partido que apoya más directamente al Gobierno, por
decirlo así, votó en contra --en aquel momento Convergència i Unió voto a
favor de la misma-- y da toda la impresión de que ha sido incumplida. Si
una resolución de esta Cámara, por no ser votada por el partido que tiene
minoría mayoritaria, no se cumple el asunto es realmente grave. Ha habido
determinadas declaraciones de líderes políticos del Partido Socialista
que decían que no hacía falta cumplirla porque era una proposición que
hacía falta interpretar, etcétera, y, repito, no sólo afecta a la
conserva, sino al resto del entorno industrial de la zona.

Como la impresión ha sido de incumplimiento, sería muy interesante
conocer la opinión del señor Ministro sobre si se ha cumplido aquella
proposición no de ley, por lo menos en lo que respecta a su departamento,
en el caso de que en el resto de aquella proposición sea el Ministro de
Agricultura quien tiene que dar cuenta de ello. Se produce, repito, una
situación un poco especial porque toda la proposición vino y fue votada
por esta Comisión y hoy la encontramos en el orden del día de esta
Comisión y porque tiene ese doble contenido técnico, y también político,
que podríamos entroncar fácilmente con el primer punto del orden del día
en lo que es la soberanía de este Parlamento y las competencias
diferenciadas del Gobierno y cuándo las competencias son del Parlamento y
cuándo son del Gobierno, ya que hay una proposición no de ley aprobada
por el Parlamento que parece que es incumplida por el Gobierno.




El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, señor Gámir. Quiero hacerle una
precisión después de haberlo consultado con el Letrado de la Comisión,
aunque, la creo un poco innecesaria puesto que su condición de portavoz
en las sesiones de Mesa y portavoces, donde se toman las decisiones, le
permitiría recordar los criterios por los cuales esta Mesa y portavoces
llegamos a la conclusión que hoy estamos llevando a término en esta
sesión.

Nos hemos regido por el principio de que las comisiones tienen como temas
de su competencia aquellos que se corresponden con los ministerios de los
cuales somos el referente parlamentario. Es obvio que la industria
agroalimentaria no es competencia del Ministro de Industria y Energía y,
por tanto, ése fue el criterio que nos llevó en la reunión de la Mesa y
los portavoces a llegar a esta conclusión. Es más, como hace un momento
el representante y portavoz de Izquierda Unida me acaba de recordar, es
la condición de vinculación de esa industria a todos los apoyos de fondos
comunitarios lo que hace más lógico su correspondencia a la Comisión de
Economía.

Simplemente le recuerdo estas circunstancias, que fueron objeto de
reflexión en una sesión en la que estuvimos juntos, y si su opinión fuese
contraria, ocasión habrá de que volvamos a considerarlo, pero es evidente
que, tanto para el Ministro como para nosotros en tanto que referentes
parlamentarios de los ministerios en el ejercicio del control
parlamentario, la decisión de la Mesa y los portavoces parece racional,
no digo que lo sea, pero sí que lo parece. (El señor Ríos Martínez pide
la palabra.) Veo que el señor Ríos Martínez pide la palabra. La tiene.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a ser muy breve. La
proposición no de ley que se aprobó



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afectaría al Ministro de Comercio en el tema del ICEX, al Ministro de
Agricultura en la aplicación de las ayudas del Feoga, en lo que es el
Real Decreto 1462/86 afectaría al Ministerio de Economía y también al de
Industria en cuanto a industria. Ahora bien, yo entiendo que habrá que
buscar la fórmula para que podamos hacer lo que dice el señor Gámir, que
lleva toda la razón: se trata de dilucidar cómo hacemos el seguimiento.

En consecuencia si al señor Presidente le parece, lo que sí se podría
hacer es que o se hace de nuevo o se busca una fórmula para poder hacer
una comparecencia o un seguimiento aquí en esta Comisión, que es la que
aprobó, de las distintas patas que tiene el acuerdo que adoptamos en la
Comisión.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Ríos, me parece obvio que mis palabras no
eran conducentes a que yo pretendiera la no consideración de las
reflexiones que hacen, sino simplemente que no procedían en el momento de
hoy, puesto que, por las circunstancias que S. S. ha señalado, ésta es
una circunstancia singular y que exigirá que en Mesa y portavoces
volvamos a tratar el tema con más reflexión, pero que a efectos de la
sesión de hoy me parece que íbamos adecuadamente encaminados tal y como
lo habíamos hecho.

Señor Gámir ¿solicita de nuevo la palabra?



El señor GAMIR CASARES: Un momento nada más.




El señor VICEPRESIDENTE: La tiene.




El señor GAMIR CASARES: Señor Presidente, la reunión de Mesa y portavoces
a la que se refiere me figuro que será la Mesa y portavoces de esta
Comisión.




El señor VICEPRESIDENTE: Sí, evidentemente.




El señor GAMIR CASARES: Pues en la reunión de la Mesa y portavoces de
esta Comisión, en la que estuve presente, se calificó este tema como uno
de los que se trataban. Aun más, el problema fue incluso más complejo, es
decir, desde el momento en que se había colocado solamente el tema de
Santa Bárbara, a propuesta del Partido Popular y, aunque no era un tema
nuestro, solicitamos, primero, que se le sustituyera por este tema
concreto y, después, en una idea conjunta, creo, con el Partido
Socialista, se consideraron que ambos, como diría un antiguo Presidente
de la Cámara, se trataran en globo (no utilizo una expresión mía sino de
un antiguo Presidente de la Cámara), es decir, se tratarían globalmente,
y así han aparecido y así se decidió en la reunión de Mesa y portavoces
del otro día. Otra decisión sobre el tema agroalimentario, sinceramente
estuve presente en toda la reunión y no la escuché.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gámir, no hay diferencia en las tomas de
decisión sino en el recuerdo de esa sesión, donde yo recuerdo
explícitamente que se dijo que se hacía, como S. S. afirma, el
tratamiento en globo, pero que precisamente el aspecto de industria
agroalimentaria por sus circunstancias vinculadas a los fondos que acaba
de señalar el señor Ríos, no procedía tratarlo, que se hacía esta
acumulación a efectos de economía de tiempo de esta Comisión, cosa que
veo que ahora al final no se está consiguiendo, pero que precisamente del
aspecto agroalimentario por sus circunstancias peculiares, tanto
temáticas como de financiación, tendría que hacerse otro tratamiento.

Creo que hay otros portavoces en la sala que podrían ayudarme a ver si es
que mi memoria flaquea en este aspecto.




El señor GAMIR CASARES: Entonces, ¿todo el núcleo de los temas no
agroalimentarios de aquella proposición se pueden tratar ahora?



El señor VICEPRESIDENTE: Evidentemente. Yo había creído que SS. SS. lo
habían llegado a entender.




El señor GAMIR CASARES: Entonces, ¿los no agroalimentarios de Molina de
Segura se pueden tratar ahora?



El señor RIOS MARTINEZ: Ni conserveros.




El señor VICEPRESIDENTE: Evidentemente.




El señor SAENZ LORENZO: Agroalimentarios.




El señor RIOS MARTINEZ: Habíamos dicho que lo ponían separado.




El señor VICEPRESIDENTE: Me parecía que eso era una influencia del «a más
a más» de los catalanes, pero agroalimentarios yo entendía que iban a ser
aplazados.

Si SS. SS. consideran que este aspecto podría ser aplazado al menos hasta
tomar otra decisión, le daría la palabra al portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, el señor Marsal.




El señor MARSAL I MUNTALA: En primer lugar, nuestro Grupo acepta
lógicamente todas las decisiones tomadas en la reunión de la Mesa y
portavoces de esta Comisión, en la cual están presentes todos los grupos.

Tomamos nota de los informes que el Ministro nos ha presentado sobre la
situación en Murcia en lo que es su responsabilidad, y nuestro Grupo está
seguro, tiene toda la seguridad de que el Gobierno pone todos los medios
a su alcance para dar cumplimiento a los acuerdos que este Congreso tomó
tanto en el caso de Murcia como en cualquier otro caso.

Yendo a lo que es el tema central de la comparecencia, queremos agradecer
la muy completa información que el Ministro nos ha dado sobre un grupo
empresarial cuya crisis provocó agrios debates en este Congreso no hace
muchos meses. Observamos con satisfacción que se están cumpliendo los
acuerdos tomados por esta Cámara y que han sido posibles por los
importantes esfuerzos realizados por el Ministerio, que han permitido
actitudes de negociación y acuerdo tanto por parte de los sindicatos como
de colaboración por parte de las comunidades autónomas. Recordamos



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que en aquellos debates hubo alguna actitud por parte de algunos grupos
que podríamos calificar como estrictamente reivindicativa, que dejaba de
lado la necesidad de eficacia, la necesidad de redimensionar la empresa y
la necesidad de dotar de una gestión competitiva a esta empresa. Fueron
estos criterios que nosotros mantuvimos en aquel momento y en los cuales
nos reafirmamos. Mantuvimos la necesidad del diálogo como única fórmula
de encontrar soluciones que fuesen mínimamente traumáticas para la
empresa, los trabajadores y las zonas geográficas afectadas, y mantuvimos
también como criterio fundamental la necesidad de racionalizar esta
empresa, lo que ahora es un grupo empresarial, a partir de un principio
de que, dada la crisis del mercado de la industria de la defensa, ninguna
empresa --y, por tanto, tampoco Santa Bárbara-- podía depender ya básica
ni exclusivamente del Ministerio de Defensa, ni en este país ni en ningún
país del entorno occidental, y que, además, iba a ser muy difícil o casi
imposible que alguna empresa pudiese subsistir dedicándose única y
exclusivamente al mercado de la defensa, aunque tuviese un nivel de
exportaciones significativas.

Por ello era necesario realizar un programa o una serie de programas
basados en tres ejes: la diversificación, la internacionalización y la
formación de empresas con socios nacionales o con socios extranjeros.

Observamos que la diversificación se ha llevado a un grado muy aceptable,
incluso mayor de lo que algunos en aquellos momentos podíamos suponer que
la empresa era capaz de realizar. Vemos que se han realizado acciones de
diversificación hacia componentes aeronáuticos, hacia componentes para
automoción, hacia componentes médico-quirúrgicos, hacia utillaje para
extrusión, equipos mecánicos para la industria oleícola y el medio
ambiente, para aparcamientos robotizados, para piezas de composites, para
aeronáutica y para otros productos en materiales compuestos. Por tanto,
se está dando un grado de diversificación claramente significativo.

También, como ha informado el Ministro, se ha producido un proceso de
entrada en mercados, básicamente de Extremo Oriente, que permiten una
internacionalización hacia mercados a los cuales la empresa no había
dedicado sus esfuerzos y que, como el Ministro reconocía, en este momento
en el campo de la defensa son los mercados en los que es posible realizar
mayor número de operaciones. También observamos con satisfacción la
constitución de una serie de empresas, conjuntamente con socios
internacionales, tanto de procedencia americana, en la empresa
Aeronautical Maintenance Tooling, S. A., como austríaca --el caso de la
empresa Ascod--, alemana --en Deftec--, española y francesa --en
International de Composites--, y con empresarios italianos en Surgiclinic
Plus, además de los últimos que nos ha informado el Ministro en esta
comparecencia y algunos otros casos que aún están abiertos a la
posibilidad de incorporaciones internacionales, como en el caso de Santa
Bárbara Blindados.

Hemos de señalar que estamos preocupados por los efectos que los recortes
de los presupuestos de Defensa pueden tener en todas las empresas, y
concretamente en Santa Bárbara, pero aún nos preocupan más ciertas
posiciones mantenidas por algún grupo político en los temas de industria
de defensa, que, de seguir adelante, de conseguir suficiente apoyo, sí
podrían llevar a una crisis importante para el Grupo de Santa Bárbara, y
concretamente aún más para algunas empresas. Seguir manteniendo la
necesidad de no modernizar los carros blindados M-60, hacer únicamente
una opción de compra del Leopard-2 a Alemania, significaría, casi con
toda seguridad, el cierre de alguna de las empresas de Santa Bárbara, y
no únicamente de esta empresa, sino de otras empresas significativas del
campo de la electrónica. Por tanto, seamos todos responsables en el
mantenimiento de las posiciones respecto a algunos temas industriales de
defensa, porque ciertas posiciones pueden ser mucho más peligrosas que
cualquier recorte que se produzca en el Ministerio.

Voy acabando, señor Presidente. Instamos al Gobierno y al grupo
empresarial a seguir en estas líneas de trabajo, las únicas que pueden
permitir el mantenimiento del grupo industrial, la salvación del mayor
número de puestos de trabajo y minimizar las consecuencias para las áreas
territoriales afectadas, objetivos que hace unos meses nos proponíamos y
que en este momento creemos que siguen siendo válidos y que van por buen
camino.




El señor VICEPRESIDENTE: El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Espero que
con algún nivel de detalle pueda contestar a los requerimientos de
información que me formulaba el señor Ríos.

Señor Ríos, yo creo haberle entendido perfectamente, y me parece además
legítima la manera en que, sobre todo para un Diputado que tiene su
origen en la región de Murcia, se ha planteado esta solicitud de
comparecencia, porque, más allá de la distribución de competencias
administrativas en el seno del Gobierno, no es menos cierto que la crisis
que ha aquejado a la región de Murcia, y notablemente a la Vega del
Segura, en estos dos últimos años, ha tenido básicamente tres
componentes: la industria de defensa --Santa Bárbara--, la planta de
Valeo y, posteriormente, el tema de la conserva. En consecuencia, me
parecía lógico que se planteara, desde la perspectiva de la preocupación
regional, exactamente en esta dimensión.

Con independencia de eso, es razonable que, más allá del interés que sabe
que tengo yo por algunos de estos problemas y algunas intervenciones que
son oficiosas, en mi condición de Ministro de Industria, no sea yo el
competente para responder sobre temas que no son de la competencia
administrativa del Ministerio de Industria, como es la industria de la
conserva fundamentalmente, o la industria agroalimentaria, aspecto en el
que colaboramos, naturalmente, con el Ministerio de Agricultura, pero
siendo ésta una competencia, por lo menos administrativa, del Ministerio
de Agricultura, y formalmente además una competencia de las comunidades
autónomas en su propio ámbito. Esta era la única aclaración que quería
hacerle.

Dicho esto, con mucho gusto trato de darle alguna información adicional a
lo que usted decía. Me alegro de que



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le merezca una valoración positiva, en términos comparativos, en relación
a lo que ocurría en Santa Bárbara hace un año. Es verdad que el ambiente
ha cambiado, es verdad que esto no ha sido sin costes, no ha sido sin
esfuerzo, pero creo que de esto nos debemos congratular todos, porque
siempre he sido de la opinión de que una perspectiva de un acuerdo era
notablemente más fructífera que la perspectiva de la mera confrontación,
especialmente cuando se argumentaban --no lo digo por usted-- cosas que
luego la realidad de la demanda, etcétera, no permitía sostener. La
industria de defensa y la demanda proveniente de defensa había caído,
evidentemente el nivel de subactividad en un buen número de plantas de
Santa Bárbara en toda España había llegado a límites imposibles de
soportar, ni siquiera tratándose de una industria que se considerara en
el ámbito de la defensa o de una industria pública, y la consideración
del empleo no puede primar hasta tal extremo que se produzca durante años
un nivel de subactividad como el que existía en una planta, por ejemplo,
como la que usted y yo conocemos en Murcia.

Dicho esto, es verdad que se han producido avances al margen de los que
ya he relatado anteriormente, y trataré de darle algún detalle --no sé si
todo el que usted desea, aunque quizá le pueda dar después en privado
alguno más-- sobre la evolución de la plantilla. He dicho anteriormente
que la plantilla ha tenido una evolución, en cumplimiento de los acuerdos
a los que se había llegado, cuyas cifras generales he señalado. La
plantilla, a 31 de diciembre de 1993, era de 3.135; a 28 de febrero de
1995, la total es de 2.421. Creo que sería demasiado prolijo si le doy
los cambios, las altas, las bajas vegetativas o las prejubilaciones para
todos y cada uno de los centros en este momento, pero sí se las daré para
Murcia. Murcia tenía --ésta era mi precisión adicional--, a finales de
1993, una plantilla de 228; las bajas han sido: una baja vegetativa, 23
bajas incentivadas y 31 bajas por prejubilación y jubilación, lo cual
hace un total de bajas en el centro y en la empresa de 55, que da como
resultado esta situación actual de la plantilla de 173.

En relación con proyectos que en este momento están en curso, me va a
permitir, señor Ríos --y yo espero que usted lo entienda--, que,
existiendo como existen --y he dicho genéricamente-- determinadas
actividades de diversificación --algunas han formado parte del debate
público--, no quiera alimentar expectativas en esa dirección hasta que
efectivamente los muchos y variados proyectos, tanto en materia de
reciclado como en materia química, e incluso en productos derivados de
los actualmente realizados en la planta de Murcia, vean la luz, porque
usted y yo conocemos el ambiente en el que se genera la actividad y el
debate público alrededor de un tema sensible, y me gustaría ser prudente
no generando expectativas, a la vez que haciendo posible pensar que
seremos capaces de recolocar a una buena parte de la plantilla actual,
bien a través de una parte del proceso de bajas incentivadas --esto no es
recolocación exactamente, sino una salida que pueda ser menos dolorosa de
la que inicialmente podía haberse producido-- o bien sea a través de
nuevas actividades alrededor de los proyectos que en este momento están
madurando y que yo creo que pudieran dar lugar a un empleo en el entorno
de unas cien personas aproximadamente. Naturalmente esto quiere ser una
valoración también prudente de todo este esfuerzo, que no se lo puedo
decir en términos de un compromiso firme, sino en términos de intenciones
que hoy pueden validarse en función de los proyectos que nos parece que
finalmente se harán viables.

Le daré, de todas formas, algún detalle de carácter general sobre los
proyectos de diversificación. He dicho anteriormente que hoy están
operativas cuatro empresas de nueva creación, que han dado empleo a 250
`personas provenientes de Ensab, que en lo que va del año 1995 dos nuevas
empresas darán ocupación a trabajadores hasta un volumen de unas 60
personas, y que al mismo tiempo las previsiones de la empresa para el
primer semestre de 1995 permiten pensar en la creación de otras cinco
sociedades, en este caso con participación minoritaria de Santa Bárbara,
que podrían dar ocupación a unas 200 personas.

No quiere decir que éstas puedan ser todas las realizaciones de este año.

Ojalá seamos capaces de superarlas entre todos. En todo caso, hay algunos
proyectos, como este al que me he referido, que, si tiene interés, se lo
volveré a dar con un mayor nivel de detalle. Me he referido anteriormente
a este proyecto a través de una empresa del grupo italiano Cornello. Es
el intento de configurar una joint venture participada por Cornello en un
51 por ciento, por Ensab, en un 39 por ciento, y por una sociedad
cooperativa llamada El Tejar, en un 10 por ciento, que podría facturar en
cinco años unos 14.000 millones de pesetas. Ello significaría, no sólo un
volumen de empleo en Granada, donde se ubicaría, sino al mismo tiempo,
una subcontratación para la factoría de Trubia en el entorno de 5.000
millones de pesetas, contribuyendo a sostener puestos de trabajo en esa
otra factoría.

Los niveles de detalle adicional si quiere se los puedo dar. En el ámbito
del INI y en el ámbito de la propia empresa están trabajando sobre un
paquete de proyectos de diversificación. Algunos se confirman, otros
encuentran más dificultades y otros, finalmente, aparecen impensados pero
acaban por salir. Son decenas de proyectos los que están considerados;
también para Murcia hay proyectos considerados, pero en este momento me
parecería poco oportuno o poco prudente darle un nivel de detalle hasta
que se pueda anunciar la constitución efectiva de empresas y el inicio de
procesos de contratación.

En relación con Valeo, no puedo sino participar de algo que usted y yo
hemos compartido --usted en mayor medida que yo-- por una vinculación
efectiva a la región de Murcia. Es verdad que desde el principio la
operación de Metalúrgica del Sureste olía muy mal, y en el momento en que
tuvimos conocimiento tratamos de enterarnos de qué es lo que ocurría. No
obstante, las limitaciones de acuerdos mercantiles, esto lo digo en tono
menor, de una negociación que, de haberse sabido las consecuencias,
probablemente se hubiera reorientado, pero esto es simplemente llorar
sobre la leche derramada, llevaron a una conclusión dolorosa.

En este momento las posibilidades de que eso vuelva a constituirse como
una planta de fabricación de componentes



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dependerá de que exista un empresario. La política del Ministerio es la
de contribuir a que aparezcan empresarios, no la de sustituir a los
empresarios. En esa dirección estamos trabajando. Probablemente en otro
momento tendré mucho gusto en expresar cuáles son las actuaciones que el
Ministerio de Industria, de cara a la región de Murcia y a otras
regiones, está haciendo en materia de fomento de la actividad
empresarial, a través de la cooperación con la Comunidad Autónoma en el
ámbito de la tecnología, en el ámbito de la política dirigida a las
pequeñas y medianas empresas y en otros ámbitos que están teniendo
relación con algunos de los sectores que a usted y a mí nos preocupan.

Me pedía un detalle sobre el proyecto de constitución de una sociedad
anónima laboral por cinco trabajadores de la antigua empresa, para
explotar el taller de matricería. Esta sociedad anónima laboral, modesta
como sus propias cifras indican, de acuerdo con la información que tengo,
podría contar con los fondos obtenidos del pago único de la prestación
por desempleo y de un préstamo actual de la Caja de Murcia. Este no es el
único problema y probablemente los problemas de la región no se pueden
entender exclusivamente desde la perspectiva de la crisis de una empresa
por unas razones empresarialmente quizá entendibles, pero no por ello
menos dolorosas en términos de destrucción de tejido industrial. No es
tanto la actuación sobre esa empresa concreta, en este momento difícil,
sino, fundamentalmente, la creación de condiciones que permitan que
existan nuevos proyectos de inversión sobre los cuales en la situación
actual se pueda ser algo más optimista de lo que a lo largo de todo el
año 1994 probablemente le hubiera tenido que decir. Aun existiendo un
cierto monocultivo asentado en la conserva y en relativamente pocas cosas
más, la actividad de diversificación de Santa Bárbara tendrá un sentido y
generará efectos, pero el problema fundamental de la restauración de
empleo industrial es básicamente la generación de otras nuevas
actividades con origen en la iniciativa privada, ya sea local, ya sea
foránea, ya sea del resto de España.

Señor Ríos, entiéndame que lo que ha sido una referencia a la votación en
el Ayuntamiento era meramente descriptiva. El hecho no pretendía en este
momento prejuzgar la política de Izquierda Unida en materia de
recalificación de terrenos, sino simplemente como parte de lo que algunos
grupos quisieron encontrar como fórmula de salida a una situación, no por
ello especialmente triunfante, sino exclusivamente para hacer frente a
los pagos debidos a los trabajadores.

Señor Gámir, se interesaba usted anteriormente por el problema de la
demanda, a propósito de Santa Bárbara, como problemas que han sido objeto
de múltiples comentarios, sobre cómo había evolucionado y hasta qué punto
éste era un problema relevante y serio. Efectivamente, los problemas de
la demanda son extraordinariamente importantes. Les recuerdo, y esto
figuraba ya en el plan de reestructuración de la empresa, que la demanda
ha tenido una caída extraordinariamente importante. En el año 1988, la
demanda proviniente del Ministerio de Defensa a la Empresa Nacional Santa
Bárbara significaba casi 15.000 millones de pesetas; en 1989, casi
18.000; las cifras del año 1992, son 9.000 millones; las de 1993, 5.7000
millones; las de 1994, 3.100 millones y las de 1995, antes de eventuales
ajustes presupuestarios, unos 3.600 millones de pesetas. Es verdad que
estamos ante un problema en el que la situación de Santa Bárbara no se
arreglará razonablemente por una evolución distinta de la demanda. De ahí
el énfasis en la política de la empresa en buscar nuevos mercados,
internacionalización y salida al exterior, etcétera, para, por lo menos,
aminorar los efectos de este radical cambio en lo que ha sido un mercado
importante históricamente para la empresa, y la necesidad de evolucionar
hacia otro tipo de actividades que incluso no tiene nada que ver con la
defensa, sino más bien de uso civil.

En relación con el centro de Murcia, me preguntaba si el futuro es cero
trabajadores. El futuro es el que le he dicho, más bien la concentración
de la actividad de defensa, y esto forma parte de los acuerdos con los
sindicatos en las tres plantas a las que me he referido, sin perjuicio de
la búsqueda de empleos alternativos, en la medida en que la actividad de
defensa no permita mantener algunas de las actividades que allí se
realizan y, por lo tanto, la búsqueda de otros empleos alternativos en
diferentes actividades que están en este momento en proceso de
maduración. La situación de la plantilla ya se la he dado. No soy de los
que creen que la plantilla de Santa Bárbara en Murcia tendrá que salir
por la vía de las bajas incentivadas. Estoy absolutamente convencido de
que conseguiremos recolocar en otras actividades a un porcentaje
significativo de la plantilla de Santa Bárbara en Murcia.

En relación con los otros problemas que usted ha planteado, supongo que
no pretendía que contestara hoy sobre el cumplimiento de una proposición
no de ley. Este no era el trámite, pero ya he dado mi explicación --creo
que el señor Ríos me entendía perfectamente-- en cuanto a que el tema de
la conserva no es de la competencia estricta de mi Ministerio, pero estoy
encantado de venir a esta Comisión cuando ustedes lo dispongan para dar
cuenta de los niveles de cumplimiento de los compromisos parlamentarios
que el Gobierno asume a través de las proposiciones que se aprueban en la
Cámara.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Me ha quedado una cosa confusa sobre Santa
Bárbara, más que en la respuesta que me ha dado a mí, en la que le acaba
de dar al señor Gámir, sobre las cifras de Santa Bárbara en Murcia. Ha
venido a decir que entre bajas incentivadas, prejubilaciones o bajas por
jubilación se habían producido 55, y que quedaba una plantilla de 173
trabajadores. Ha dicho que los proyectos que ahora mismo se pueden estar
barajando prefiere no especificarlos, porque en torno a esas nuevas
actividades podría existir una intención similar a los cien. Mi pregunta
es: ¿Va a tener algún tipo de producción de defensa, en el marco de la
estructura general, Santa Bárbara, en Murcia? Es decir, hasta ahora
producía dinamita o determinados productos, pero ¿qué volumen de personal
(en un principio



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se había barajado una cifra, se hablaba de 40, luego de no sé cuántos),
de estos 173, al margen de que se pueda llegar a acuerdos de bajas
incentivadas, puede haber allá, si es que la va a haber, o si Santa
Bárbara está orientándose a concentrar la actividad de defensa en otros
centros que no es el de Murcia? Es posible que lo haya dicho usted en la
primera intervención o quizás a lo largo de la tarde y yo no lo haya
podido coger, porque en la primera parte no estaba.

Señor Ministro, como siempre que entramos en discusión los grupos que
intervenimos, nos sentimos unos más aludidos, otros menos en las
precisiones a los distintos grupos, y como la mejor defensa es un ataque
(siempre como fórmula deportiva, me refiero), la verdad es que el
Ministro de Defensa se quejaba de que, cuando planteaban recortes
fundamentalmente miraban en su equipo dentro del Gobierno hacia Defensa,
más que hacia otras políticas del propio Gobierno. Parece que eso es lo
que yo entendí al Ministro de Defensa, y que cuando se hablaba de
reajuste o recorte presupuestario se caminaba a una contención,
deslizamiento o retención (según cual sea la fórmula que se entienda deba
ser el reajuste presupuestario) de unos 40.000 millones, que podían poner
en peligro algunas actividades industriales. Pero no vayamos a hacer
maniqueas las cosas. Yo no sé si la culpa la tendrán los leopardos, me
refiero a los carros M-60. Lo cierto es que lo que se pueda producir aquí
en condiciones de calidad, no hay por qué importarlo. Pero ésa puede ser
una orientación que yo diga fácilmente y quien está en el Gobierno
prefiera, yo qué sé, alquilar buques anfibios a Estados Unidos por cuatro
años en lugar de producirlos en Bazán.

Quiero decir con esto que relativicemos el tema de unos que están a favor
de la defensa, son más pro defensa que nadie y que gracias a ello pueda
haber industria para los trabajadores, para echarnos los trabajadores
unos a otros, porque, de echarnos los trabajadores unos a otros, podemos
terminar mal, como fórmula de debate político o estrategia política. Sé
que no es el tema que nos ocupa; ha sido más por la intervención del
Grupo Socialista que por otra vertiente.

En el tema de Valeo, sobre la evolución que usted ha explicado y su
perspectiva, la verdad es que mi comentario era porque la única industria
del metal que tenía Murcia era Valeo; no había otro volumen industrial
distinto (está Bazán en Cartagena, claro, y otro tipo de industria). El
mantenimiento de algún tipo de actividad era una tarea a fomentar, a
buscar, y yo estoy convencido, señor Ministro, de que no voy a dogmatizar
nunca las posiciones que políticamente podamos defender. Digo dogmatizar
en el sentido de: sustituyamos a los empresarios, pongamos empresas
públicas allá donde queramos. No estoy en esa posición personal y ni
siquiera política hoy en mi formación política. Lo que sí nos gustaría
demandar es la defensa al máximo, la búsqueda de ayuda o de estrategias
que faciliten la diversificación productiva en un momento, porque la
caída de Valeo no ha durado un año; ha habido mucha más evolución. En
todo caso, yo espero que la búsqueda sea de buenos empresarios, y no de
empresarios que nos hagan como en la Metalúrgica SL, que parece ser que,
más que empresa, empantana la empresa como solución. Es dramática la
solución que puede vivirse allá. Esperemos que la SAL se ponga en marcha.

Yo sé que cinco empleos no es una solución, pero, ¡bueno!, menos da una
piedra, ¿no? Olivica con miel, huesecico al suelo, puede ser una fórmula
de funcionamiento.

En cuanto al tema del sector agroalimentario y el acuerdo de acá, hay
vertientes que son de industria, por ejemplo todo lo de I+D, que se
acordó en aquella moción, u otras vertientes que pueda haber. Yo lo que
le solicito al Presidente es que, en la medida de lo posible, la parte
agroalimentaria de la comparecencia se pudiese abordar de la forma que el
Gobierno estime mejor, bien con comparecencias sucesivas de dos
ministros, o bien con un ministro que recoja la información de todos los
ministros, o con la fórmula que sea, pero que la podamos sustanciar,
porque hoy es el problema más importante que la región de Murcia tiene,
al margen del sistema energético que podamos tener en Cartagena. El
volumen de empresas que han desaparecido en el sector conservero (en la
Vega media y en varias comarcas) ha sido importante y mantener
perspectivas de esperanza en esa actividad productiva es muy importante.

Por ello, yo le rogaría al señor Presidente que se pudiera tramitar esta
vertiente de la iniciativa admitida en su día, con la fórmula que se
estime oportuna, con una convocatoria a ese efecto (si no viene convocada
a ese efecto, va a ser difícil que el señor Ministro pueda entrar en la
discusión, por mucho que él lo pretendiese. Hablaría más bien de oído que
de datos). En ese sentido, yo rogaría a la Mesa que se pudiera mantener
esa parte de la comparecencia o, si tenemos que presentar otra solicitud,
yo la presento, que no quede por papel. Me refiero a la burocracia en la
solución del problema, porque sí tenemos interés en sentarnos, con total
tranquilidad, a analizar un problema del que puede depender una actividad
productiva muy importante y muy histórica para la parte de la región de
Murcia.




El señor VICEPRESIDENTE: Asumo evidentemente llevar su propuesta a la
reunión de Mesa y portavoces, pero estoy seguro de que el portavoz de su
Grupo me ayudará a que mi buen deseo no caiga en saco roto en ese
momento.

Señor Gámir, tiene la palabra.




El señor GAMIR CASARES: Con la máxima brevedad. Tiene relación con algo
que ha declarado el portavoz de Izquierda Unida y con una parte de mi
primera intervención, aunque comprendo que el señor Eguiagaray no tiene
que contestar a todos los puntos.

La pregunta era si de las declaraciones, en su día, del Ministro de
Defensa, quejándose por los cortes en su presupuesto y de cómo eso
afectaba a la industria, se había deducido algún tipo de cambio o habían
sido unas declaraciones que no habían tenido más significado que una,
digamos, queja de un Ministro hecha muy pública, de forma que no es
normal, o si ello implicaba algo que tuviera alguna consecuencia, porque
aparte del Ministro de Defensa, indudablemente a usted, como Ministro de
Industria, relacionado con las industrias que tienen que ver con la
defensa, le afecta; y estoy de acuerdo con usted en que la vía de muchas
de estas industrias no es el presupuesto, o



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al menos exclusivamente el presupuesto del Ministerio de Defensa.

Y, segundo, quiero expresar una cierta perplejidad ante lo ocurrido con
el tema de Molina de Segura porque, insisto, parece que hay un escrito
del señor Ministro que los grupos no conocemos; pero la Mesa, que se
reunió anteayer, me parece recordar (si no fue ayer, tuvo que ser
anteayer), tomó una decisión sobre que este tema se incluyera, y la
verdad es que lo interpretamos como que, a pesar de su redacción,
significaba la parte de competencia del Ministerio de Industria en estos
temas, por lo que, por unanimidad de todos los grupos, incluimos el
asunto de la industria de Molina de Segura. Es cierto que quizá la
redacción pueda no ser la más precisa, pero eso la Mesa y los portavoces
lo aceptaron por segunda vez, repito: primero aceptó la proposición no de
ley de Izquierda Unida y luego aceptó incluirlo en el orden del día de
hoy. Nos encontramos con una solución un poco especial, porque, claro,
¿qué pesa más, una decisión de la Mesa y portavoces, o un escrito
posterior, que parece que ha enviado el señor Ministro, en el que dice
que esto no es de su competencia y que no ha sido trasladado a los
grupos? Sinceramente nos preocupa, y hoy considerábamos que uno de los
temas básicos era el grado de cumplimiento de esa disposición.

Y, en último término, quiero decirle al señor Ministro si, en la medida
de lo posible, en la medida en que lo conozca, y admito que pueda decir
que aunque haya enviado ese escrito, no lo conoce, podría contestar a
parte de los elementos no agroalimentarios de la problemática industrial
relacionada con Molina de Segura.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Gámir, antes de pasar la palabra al señor
Marsal, no demos más vueltas a la cuestión. La reunión de la Mesa y
portavoces en la que se tomó la decisión de hacer esta acumulación de
comparecencias, entre otras cosas para lograr avanzar en el muy cargado
calendario de responsabilidades que todavía no hemos sustanciado en la
Comisión, no tiene nada que ver con que haya habido o no ese escrito del
señor Ministro a la Mesa de la Cámara, puesto que en la nuestra, si lo ha
habido o no, no ha influido en nuestra decisión, porque no ha sido
recibido en la Comisión ese escrito. La decisión que tomamos Mesa y
portavoces lo fue en el otro sentido, del gran tema de Santa Bárbara y el
aspecto general industrial de la región de Murcia, con independencia de
estos otros aspectos que sabíamos, cuando estuvimos tomando esa decisión,
que no eran competencia directa y estricta del Ministerio de Industria.

(El señor Gámir Casares: La Secretaría General ha calificado el tema como
propio de esta Comisión.) Señor Gámir, le agradecería que trasladásemos a
la reunión de Mesa y portavoces el tema y, en cambio, logremos dar por
terminada esta sesión que, al menos incluso con ese pequeño defecto que
S. S. pretende, que tiene, ha sido eficaz en todos los restantes.

Señor Marsal, tiene la palabra.




El señor MARSAL I MUNTALA: Muy brevemente, señor Presidente.

Unicamente para señalarle al señor Ríos que la reflexión que ha
introducido en el debate sobre Santa Bárbara respecto a la adquisición de
blindados Leopard en Alemania o la modernización de los M-60 en Santa
Bárbara Blindados no se refería a su Grupo, sino a otro Grupo que es
quien mantiene la posición de adquirir los tanques en el exterior en vez
de modernizar los M-60. Estoy satisfecho porque intuyo de sus palabras
que coincide la posición de su Grupo con la que mantiene el nuestro.

En cualquier caso, creo que la reflexión importante que podemos hacernos
desde el punto de vista de Industria es que las reducciones en el
presupuesto de Defensa también tienen sus consecuencias industriales en
el nivel tencológico y también en la capacidad y cantidad de producción
y, por tanto, también tiene consecuencias en la desaparición de lugares
de trabajo.




El señor VICEPRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra para dar por
terminado el debate sobre estas comparecencias.




El señor MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA (Eguiagaray Ucelay): Señor
Presidente, trato de contestar ahora a algunas cuestiones que se han
producido en las últimas intervenciones.

El señor Ríos tenía una cierta inquietud, al parecer, si le he entendido
bien, menos por lo que había dicho yo que por alguna contestación dada
quizá al señor Gámir. Es verdad que las decisiones de reestructuración
implican la concentración de la actividad de Defensa en tres plantas. Sin
perjuicio de eso, también es verdad que estamos tratando de que aquella
actividad que todavía pueda ser sostenida, probablemente con otros
socios, incluso derivada de la defensa, pueda ser puesta en marcha. Por
eso antes de la formulada --no sé si lo he dicho con esta claridad-- que
nuevos proyectos que tienen que ver básicamente con iniciativas en el
campo químico y con iniciativas que podrían estar también ligadas a las
actuales capacidades y posibilidades tecnológicas de la planta de Murcia
en materia de defensa, pero con otros socios, pudieran generar o mantener
alrededor de cien empleos. Con esto le estoy queriendo decir que,
manteniéndose el principio de la concentración de la actividad de defensa
de Sana Bárbara como tal en tres centros, no excluimos la posibilidad de
que algunos derivados de la actual actividad de defensa de Murcia
pudieran llevarse a cabo en alianza con otras empresas o con otros socios
y juntamente con otras actividades también de diversificación.

Naturalmente, sobre la plantilla actual, que son 173, pensamos que unos
100, desde esta perspectiva, se pueden recolocar, se pueden mantener, sin
perjuicio de que, naturalmente, aspiramos a que pudiera haber más puestos
de trabajo adicionales, pero esto es algo que lo sabremos de verdad
solamente al final del proceso.

Se planteaba una cuestión, que me parece que era la misma a la que se
refería el señor Gámir, el problema de los recortes en el Ministerio de
Defensa, y creo que lo que acaba de decir el señor Marsal me ahorra
prácticamente cualquier adición. Es verdad que la expresión hecha en
público



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por el Ministerio de Defensa (que naturalmente yo podría haberla hecho en
privado exactamente de la misma manera, y a la vez mantener la
solidaridad con una actuación gubernamental que ha significado darle una
gran prioridad a la reducción del déficit público, a pesar de las
consecuencias dolorosas para la actividad de defensa, desde el Ministerio
de Defensa e indirectamente para la actividad también industrial) es algo
sentido, pero me parece que es exactamente ésa la política que tenemos
que hacer. No lo he expresado de esa forma, pero es verdad que una
reducción de la contratación, y no solamente de la contratación de
cartuchos o de pólvora, sino de otros contratos de mayor porte, tienen,
naturalmente, una repercusión industrial imposible de desconocer.

El señor Gámir me preguntaba --y perdone que ligue con la contestación al
señor Ríos-- si esto ha tenido alguna consecuencia. La consecuencia ha
sido que el Gobierno ha mantenido una decisión, decisión que por otro
lado había tomado naturalmente con dolor, pero siendo consciente también
de las consecuencias. Quizá implique que tengamos que hacer mayores
esfuerzos internos para reasignar recursos, de tal manera que pueda
mantenerse el máximo de la actividad con repercusión industrial. Por
cierto que, como sin duda alguna saben, no es el Ministerio de Defensa el
único afectado; a cada uno y casi a prorrata nos ha tocado lo nuestro.

Sobre Valeo, señor Ríos, no puedo más que participar de sus
consideraciones. Es verdad, soy consciente de que ésa era prácticamente
la única empresa en el sector del metal y efectivamente me parece que
viene bien que usted no crea que la única forma de generar nueva
actividad sea mediante el compromiso empresarial del sector público. Yo
también soy de los que creo que tienen que salir empresarios y buenos
empresarios, no como los de la Metalúrgica del Sureste.

Señor Marsal, finalmente, no puedo sino ratificar sus palabras.

Anteriormente se me ha olvidado, le pido disculpas, hacer algún
comentario también a sus consideraciones después de mi primera
intervención. Creo que es verdad que se ha hecho un enorme esfuerzo, muy
superior, y probablemente en resultados muy superior al que era
imaginable cuando la crisis de Santa Bárbara se desata. Es verdad que ni
siquiera hoy todavía es visible la totalidad del esfuerzo y probablemente
necesitaremos un poco más de perspectiva. Casi siempre que estalla un
conflicto adquiere una enorme espectacularidad. Casi siempre que se
buscan soluciones la espectacularidad es menor. En este caso, sin
embargo, creo que se está pudiendo trabajar debidamente con un gran
esfuerzo, con una enorme mejora en la gestión empresarial y, desde luego,
con una dedicación a campos que hace solamente uno o dos años eran
imposibles de considerar en una estructura de una empresa como Santa
Bárbara dirigida a un mercado prácticamente cautivo fundamentalmente
derivado de la actividad de defensa y casi de los presupuestos.

Hoy estamos ante un planteamiento empresarial distinto y, naturalmente,
no tenemos más que pechar con las consecuencias, lamentablemente
dolorosas, de un proceso en el que el ajuste del empleo en el tiempo no
se produce simultáneamente a la reducción de la actividad. Pero creo que
el esfuerzo está valiendo la pena y estoy convencido de que, aunque
cueste también dinero, y también dinero público, con este esfuerzo será
posible en algunas áreas regionales generar actividades que jamás han
tenido presencia en estas zonas desde el punto de vista de su economía
regional, naturalmente, en su inicio modestamente, pero espero también
que como una base de diversificación industrial importante.

Señor Presidente, es lo que tenía que añadir ya finalmente,
agradeciéndoles a todos sus intervenciones.




El señor VICEPRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro. Reciba nuestro
agradecimiento por su extensa comparecencia, pero que sin embargo ve que
no calma las ansias controladoras de la Comisión, lo que nos asegura la
continuidad de las sesiones.

Con el agradecimiento a los servicios de la Cámara y al señor Letrado que
nos han ayudado y obviamente a los miembros de la Comisión,
supervivientes en esta hora final de la sesión, se levanta la sesión.




Eran las siete y treinta minutos de la tarde.