CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 457
INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
PRESIDENTE: DON JOAQUIM MOLINS I AMAT
Sesión núm. 33
celebrada el jueves, 16 de marzo de 1995



ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Relativa al plan de dinamización y reindustrialización de Asturias.

Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG n.º 137, de
23-9-94. Número de expediente 161/000278). (Página 13920)
--Por la que se insta al Gobierno a remitir al Congreso una comunicación
sobre el Plan Estratégico de Paradores Nacionales. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, n.º 142, de 3-10-94.

Número de expediente 161/000284). (Página 13925)
--Por la que se solicitan apoyos para los municipios, especialmente
Andújar, afectados al convertir la fábrica de uranio de Andújar en
almacén de residuos radiactivos de baja intensidad. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, n.º 172, de 19-12-94. Número
de expediente 161/000342). (Página 13927)
--Por la que se insta al Gobierno a que articule las medidas necesarias
en apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores afectados por la
contaminación radiactiva de la antigua fábrica de uranio de Andújar
(Jaén). Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie
D, n.º 175, de 23-12-94. Número de expediente 161/000346). (Página 13930)

Página 13920



Pregunta del señor Peón Torre (Grupo Parlamentario Popular), sobre
opinión del Ministro de Industria y Energía acerca de la contribución del
Gobierno al desarrollo del sector siderúrgico español. (BOCG serie D, nº
187, de 6-2-95. Número de expediente 181/001261). (Página 13934)



Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--RELATIVA AL PLAN DE DINAMIZACION Y REINDUSTRIALIZACION DE ASTURIAS.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000278.)



El señor PRESIDENTE: Muy buenas tardes, señoras y señores Diputados.

Vamos a dar comienzo a esta sesión número 33 de la Comisión de Industria,
Energía y Turismo con un orden del día que se inicia con el debate y
votación, en su caso, de una serie de proposiciones no de ley. La primera
de ellas es la proposición no de ley relativa al Plan de dinamización y
reindustrialización de Asturias, de la que es autor el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Para su defensa, tiene la palabra el señor García Fonseca.




El señor GARCIA FONSECA: Me gustaría situar esta proposición no de ley en
el tiempo y en el espacio, valga la expresión. En el tiempo en el sentido
de que pudiera parecer --formalmente quizás habría razones para ello--
que es desfasada en el tiempo, por lo menos en el de su discusión, que es
ahora, no en el de su presentación, que fue en septiembre de 1994, en la
medida en que después de esa fecha tuvo lugar la negociación de la
segunda fase del Plan de dinamización y reindustrialización de Asturias.

Mi Grupo ha querido seguir manteniendo esta propuesta, porque a pesar de
que se haya efectuado la negociación de esa segunda fase, entendemos que
el plan es siempre abierto, deslizante, como se suele decir, y que los
puntos que planteamos siguen teniendo vigencia.

Queremos situarla también en el espacio en este caso concreto de lo que
está sucediendo en la Comunidad Autónoma Asturiana, y para no darles la
paliza una vez más con las características de la crisis específica que
padece Asturias, me permito simplemente leerles una conclusión de un
diagnóstico de una personalidad relevante a la hora de hacer una
valoración; relevante por lo que en sí mismo es el señor Manuel Castell,
y por lo que ha trabajado específicamente sobre la situación de Asturias
en la elaboración del Programa ERA a petición del Gobierno regional y de
otras instancias regionales para el futuro de Asturias.

Concluye el señor Castell: Si esa tendencia --se refiere a la tendencia
de Asturias a la baja, a la crisis cada vez más agudizada-- no se
invierte dentro de una década, el desplome de Asturias será vertical, y
en el marco de una economía europea integrada, con movilidad para capital
y trabajo, puede pasar a ser paraíso natural («Paraíso natural» rezan
algunos de los eslóganes de los carteles publicitarios) deshabitado y
ruina arqueológica industrial.

No voy a insistir más en la gravedad de la situación a la que intenta
responder esta proposición no de ley en la medida de lo posible.

Planteamos que el Plan de dinamización y reindustrialización de Asturias
sea revisado y negociado de manera permanente, sobre todo en la medida en
que varíen los parámetros de la política económica del conjunto del
Estado, los presupuestos, etcétera, como está sucediendo, y últimamente
con mayor celeridad a partir de las devaluaciones de la peseta, de la
crisis económica y de la política general. Decimos que esta revisión, que
entendemos que debe ser permanente, además de ser negociada con los
representantes del gobierno autonómico y con los agentes sociales, debía
responder a los puntos que señalamos por este orden de prioridad, al
menos según la valoración de nuestro Grupo.

En primer lugar, medidas para consolidar, modernizar y diversificar las
empresas actuales asturianas. Pensamos que éste es un punto de partida
fundamental. No se puede pretender reindustrializar o dinamizar la
economía de una región si no se parte de lo que ya hay. El resto es
aquello de más vale pájaro en mano que ciento volando, y en el tema de
política industrial esto es casi un axioma, porque pretender introducir
nuevas actividades, meterse en nuevos nichos tecnológicos e industriales,
etcétera, y no aprovechar lo que ya se tiene, son cortinas de humo que no
sirven más que para escapar de la realidad, cuando no para taparla u
ocultarla. Por tanto, como punto de partida pensamos que es el tejido
industrial que existe en Asturias, el que queda, debemos conservarlo,
modernizarlo y diversificarlo, pero, repito, partiendo de ahí.

Esta primera propuesta va unida, inevitablemente, a la segunda, es una
especie de desarrollo de ella: Participación de las empresas públicas en
la reindustrialización y diversificación industrial, contribución
específica al desarrollo tecnológico, comercial y de los sistemas de
gestión de las pyme. No estamos haciendo teoría ni recurriendo a
prejuicios ideológicos, sino simplemente partiendo del análisis de la
situación «de facto» de Asturias. La presencia de la empresa pública
industrial, para bien o para mal --eso depende de valoraciones--, o para
las dos cosas a la vez --y



Página 13921



también depende de valoraciones en qué grado cada uno-- , es enormemente
relevante, mucho más que en cualquier otra comunidad autónoma.

El que estas empresas públicas tengan una función no solamente sectorial
(ésa es una función fundamental, es decir, consolidar las empresas
públicas siderúrgicas o las del sector naval en su función sectorial) es
obvio y evidente; pero desde ellas, desde esa función sectorial, yendo
aguas abajo, hay una función de diversificación de su propia actividad
específica abriéndose a otras, y eso tiene su fundamento real a partir de
las valoraciones de los analistas que han estudiado el tema, entre otros
el señor Castell, o lo que se ha hecho donde se ha llevado a cabo algún
tipo de reindustrialización, en regiones en crisis o en declive,
partiendo de grandes núcleos industriales, como en el caso de Asturias,
intentando consolidarlas y diversificarlas, lo que hace posible abrir
estas regiones en declive a una nueva dinámica industrial.

Podemos poner casos muy concretos, por ejemplo, el de Talleres Santana.

Estoy convencido de que los diputados asturianos que aquí están
entenderán perfectamente lo que quiero decir. La empresa Hunosa está
haciendo un esfuerzo, que se puede valorar de diversas maneras, para ser
un factor activo en la reindustrialización de las zonas mineras. No
tendría sentido el que Hunosa interviniera en sectores distintos,
distantes incluso de lo que es su propia actividad minera o algunas más
próximas, como la metalurgia, etcétera, entrando en temas tan diversos
como la cría de terneros o plantaciones de árboles frutales, y que dejara
abandonada y renunciara a la potencialidad que tienen los Talleres
Santana, de Hunosa, que quizá sean los talleres metalmecánicos mejor
dotados, tanto desde el punto de vista de maquinaria cuanto de cultura
industrial, de formación profesional, que existen en Asturias. Sin
embargo, son talleres en declive, ya que ni siquiera dan respuesta a las
propias demandas de la empresa, que subcontrata a talleres privados.

Sería una cosa relativamente fácil de demostrar sobre el papel que
Talleres Santana podría tener hoy el doble de empleo, con un futuro
relativamente despejado, en todo caso competitivo, con industrias
similares en el sector. Sería un contrasentido que Hunosa dejase caer
estos talleres e intentase entrar en campos tan lejanos a su actividad
tradicional, como pueden ser los que antes cité. Este es un simple
ejemplo con el segundo punto, sobre participación de las empresas
públicas en la reindustrialización y diversificación industrial a partir
de su propia actividad y abriéndose a nuevos campos de mayor valor
añadido.

Un tercer punto se refiere a medidas para movilizar el ahorro regional
hacia la inversión, en especial para las pyme, y ahí redefinir el papel
de la caja de ahorros, que es una institución que por más carácter
privado que tenga es pública desde muchos puntos de vista.

Medidas en infraestructura con inversiones y calendario. Aquí permítanme
muy brevemente también, lo más rápido que pueda --me excusarán las
señoras y señores taquígrafos--, decir algo sobre el tema de las medidas
de infraestructura. Es una de las variables a las que acuden todos los
analistas a la hora de señalar factores que contribuyen a la dinamización
económica o a la reindustrialización. El plan de dinamización a que aludo
reconocía, en su propia literalidad, que en la puesta en marcha de las
infraestructuras «se acortarán sustancialmente los plazos previstos para
el proyecto y obras, por ejemplo, de la autovía del Cantábrico, con las
posibles actuaciones en la conexión ferroviaria a través de Pajares».

Ahora ni se menciona a Pajares.

Pero no solamente no se han acortado los plazos, sino que se han
alargado. Es decir, se han incumplido los que se han señalado, y en las
obras más significativas, como es la autovía del Cantábrico, el corredor
del Nalón u otras, se han aplazado y resulta que ayer, en el Pleno de
esta Cámara, el señor Borrell anuncia nuevos retrasos. Y ante las
preguntas de algunos grupos sobre la incidencia que va a suponer este
retraso en las inversiones sobre infraestructuras en distintas
comunidades, el señor Borrell nos dice ayer que muchas de ellas se
mantienen, pero las que tienen un plan específico detrás, como es el caso
de Asturias, sufren un nuevo retraso.

Nos parece que no tiene ningún sentido y, desde luego, no es la mejor
forma de contribuir a dar credibilidad a un plan que de antemano ha
nacido con muy poca, y ya es decir algo.

Proponemos medidas en relación a investigación y desarrollo tecnológico,
así como formación profesional. Sobre esto, también el último apunte que
hago, en cuanto a la situación real de las actuaciones, es que de los
once mil millones y pico comprometidos en el plan, resulta que ahora que
se revisa no se concreta y amplía, sino que la única concreción es que de
nuevo se retrasa ese tipo de actuaciones y se recortan en más de mil y
pico millones de pesetas.

Termino diciendo que estas referencias a las situaciones de hecho, las
generales y luego las específicas que voy haciendo, es la mejor manera
que se me ocurre de hacer ver a todos ustedes que estas propuestas siguen
teniendo pleno sentido.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se han presentado
enmiendas. Corresponde, por tanto, el turno de los grupos. ¿Alguno desea
consumir un turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que deseen fijar su
posición? (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Landeta.




El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Me corresponde fijar la posición del
Grupo Popular utilizando un turno en contra de la proposiciónÉ



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Landeta. ¿Desea utilizar el turno en
contra o el de fijación de posición de su Grupo?



El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Deseo utilizar el turno de
posicionamiento de mi Grupo.

Me corresponde fijar la posición del Grupo Popular en la proposición no
de ley presentada por el Grupo de Izquierda Unida. En ella se tendía a
solicitar que el Plan de dinamización y de reindustrialización de
Asturias sea revisado



Página 13922



y negociado con el consejo de gobierno autonómico y con los agentes
económicos y sociales de Asturias en cinco aspectos concretos.

En primer lugar, hemos de señalar que dicha iniciativa lleva fecha de 12
de septiembre de 1994, y el 6 de octubre de dicho año se aprobó por el
Gobierno la segunda fase del plan. El 24 de octubre fue presentado
precisamente este plan ante la Junta General del Principado por el
Presidente de Asturias, por lo que entendemos que, en el momento actual,
la iniciativa es extemporánea, ha quedado frustrada su intención y la
revisión y negociación antes de su aprobación ya no cabe en los momentos
actuales. Su contenido es constructivo y tendente a la mejora de la
empresa y creación de puestos de trabajo, pero no dentro del Plan de
dinamización.

Por eso debemos alegar las siguientes cuestiones. En primer lugar, que
nos encontramos ante un plan que es eminentemente electoralista. Este
plan, el Plan de dinamización, se ha presentado ocho meses antes de unas
elecciones, igual que se hizo en el año 1992, y consideramos que es
exclusivamente un elemento de propaganda. Este plan, ante la Junta
General del Principado no gozó de ningún apoyo, con exclusividad del
Grupo Socialista, y para nosotros se trata de un catálogo de anteriores
incumplimientos de lo aprobado en 1992, que carece totalmente de
credibilidad política.

Nos hablan nuevamente de obras e infraestructuras que están recogidas
plenamente todas ellas en el Plan Director de Infraestructuras: la
autovía del Cantábrico, Honzanilla-Benavente, desdoblamiento del Negrón,
variante de Pajares, túnel del Aramo, obras todas ellas que
indiscutiblemente han tenido y tienen otro trámite totalmente diferente,
con otros procedimientos, y que están recogidas también en otra serie de
cuestiones.

Además, en el momento actual no cabe que por parte del Gobierno se nos
pida solidaridad, corresponsabilidad y consenso en dicho plan, porque hay
que tener en cuenta --y eso es muy importante-- que este plan se hizo de
espaldas totalmente a todos los grupos políticos.

Por otra parte, existe una gran confusión de cifras en su contenido.

Primero se cifró la inversión en 411.000 millones. Después, de ese plan
se sacó precisamente la inversión de Ensidesa, se rebajó a 345.000
millones y, finalmente, se cifra en 360.000 millones.

Consideramos que esta inconcreción debe ser consecuencia de que el plan
tiene un carácter deslizante o un carácter abierto, pero en modo alguno
podemos dar credibilidad a ese Plan de dinamización porque, aparte de que
muchas de las inversiones que contiene estaban comprometidas y no
cumplidas en el plan de 1992, podemos observar cómo las inversiones que
figuran en los Presupuestos Generales del Estado para Asturias, en el año
1991 eran de 37.000 millones de pesetas, y en el momento actual, 1994 y
1995, se han rebajado a 22.000 millones de pesetas.

Lo mismo está ocurriendo en las ayudas que proceden de la Comunidad, y
nos vemos totalmente intranquilizados por las declaraciones hechas por el
Subsecretario de Industria, señor Girbau, de que las cifras del Plan de
dinamización ni figuran ni pueden figurar en los Presupuestos Generales
del Estado, lo que resulta totalmente anómalo y totalmente sorprendente.

Por otra parte, no podemos apoyar que dentro del plan se revisen y se
vean las cuestiones planteadas hoy porque el plan no tiene fijado ámbito
temporal, pues inicialmente se fija para un horizonte de dos años, y
examinado el mismo vemos que las actuaciones tienen cinco, siete y hasta
diez años e incluso más.

El plan, ni está firmado por el Ministerio de Industria ni aprobado por
el Consejo de Ministros, sino que lo realizó la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos del Gobierno central. Por eso ponemos en tela de
juicio la viabilidad del mismo.

El plan se articula en cinco grandes temas: infraestructuras, formación,
promoción económica, medio ambiente, cohesión social y otros
equipamientos. Pero del examen del mismo llegamos a la conclusión de que
se trata de un plan de obras públicas que en modo alguno sirve para
reindustrializar ni para reactivar la economía. Le falta,
indiscutiblemente, el carácter de una estrategia industrial de desarrollo
económico para la región. No contiene inversiones productivas capaces de
generar puestos de trabajo alternativos para los miles y miles que se
están perdiendo en los sectores tradicionales de esta región, como pueden
ser agricultura, minería y siderurgia, en las principales empresas
ubicadas en Asturias a lo largo de todos estos años.

Y todo esto no sólo lo decimos desde el Partido Popular, esto lo han
dicho en los medios de difusión de la región los secretarios generales de
la UGT y de Comisiones Obreras y la patronal Fade, manifestando que en
este Plan de dinamización faltan inversiones productivas, no sirve para
reindustrializar y no crea en modo alguno puestos de trabajo.

Así, podemos examinar que faltan los incentivos que desde hace muchos
años viene reclamando precisamente el Principado: elevar del 40 al 45 por
ciento en las alas de la región, del 30 al 40 por ciento en las zonas del
centro y mantener el 50 por ciento en las cuencas.

La aportación de 10.000 millones para la creación de nuevas empresas por
el Principado para apoyo a las pyme y simplificar trámites no lo
consideramos suficiente, y vemos muy escasas actuaciones para la
promoción económica e industrial de la región. Y pese a decir --y esto lo
han manifestado en diferentes ocasiones-- que nos estamos recuperando,
los datos estadísticos nos demuestran todo lo contrario.

En el quinto informe sobre la situación y evolución socioeconómica de las
regiones de la Unión Europea, el Principado figura a la cabeza en el
desempleo. De 181 regiones, entre las industriales ocupamos el número 2 y
nos situamos a la cola del crecimiento. El paro viene ascendiendo
mensualmente, y en el momento actual Asturias cuenta con 77.471 parados,
un 19,69 por ciento de la población activa, 3,04 puntos por encima de la
media nacional. Tenemos el porcentaje más alto en parados de larga
duración (66,8 por ciento) y también el mayor número de desempleo
juvenil.

Todos estos datos justifican plenamente que en modo alguno podemos apoyar
un plan de dinamización ni unas



Página 13923



medidas que tengan contacto directo con dicho plan, pues no va a crear
trabajo, que es lo que necesita esa región.

Ante este difícil panorama tenemos que votar no; no contra la medida y
aspectos concretos en los que realmente se pretende promocionar y
relanzar las pyme y las empresas que están ubicadas en la región, sino
precisamente contra que estas medidas se lleven a efecto dentro del Plan
de dinamización y reindustrialización, porque entendemos que en modo
alguno sirve para crear trabajo y que tampoco va a solucionar ninguno de
los problemas que tiene la región.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra don José Manuel González.




El señor GONZALEZ GARCIA: Señor Presidente, señorías, intervengo en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar la posición respecto
a esta proposición no de ley.

Quiero, en primer lugar, referirme al desfase temporal, aunque el primer
interviniente haya justificado --yo creo que muy dignamente-- el desfase
que pretendo poner de manifiesto. Seguramente hubiera sido más oportuna
esta proposición en el momento de ser presentada, en septiembre del
pasado año 1994, porque desde aquella fecha hasta el día de hoy se han
tomado decisiones que dejan fuera de contexto esta proposición no de ley
o que incluso han superado en algunos términos las propuestas que en ella
aparecen.

Pero antes de entrar en el contenido de la proposición no de ley, creo
que será oportuno hacer un pequeño repaso histórico respecto a cuándo,
cómo, por qué y para qué surgió el programa de reindustrialización y
dinamización económica de Asturias.

¿Cuándo? Pues surgió la necesidad de este programa (que, por cierto, es
el único que se ha diseñado específicamente para una comunidad autónoma
en todo el territorio nacional) para actuar como contrapeso, para paliar
los negativos efectos derivados del proceso de transformación económica
de Asturias, región en la que coinciden la práctica totalidad de los
sectores económicos en receso: minería, siderurgia, naval, armamento,
fertilizantes e incluso agricultura, con un fuerte ajuste del sector
lechero, entre otros, etcétera. Había, pues, razones para tan importante
decisión, que se había venido madurando a lo largo de los años
anteriores.

¿Cómo se materializó la decisión política? Pues fue un acuerdo del
Consejo de Ministros, celebrado el 24 de enero de 1992, por el que se
aprobó el programa de reindustrialización y dinamización económica de
Asturias.

El programa fue aprobado y puesto en marcha en un momento en el que la
recesión económica nacional e internacional golpeó con extraordinaria
virulencia a las economías de casi todos los países occidentales, incluso
los económicamente más fuertes. En mi opinión, y creo que en la de gran
parte de los ciudadanos asturianos, dadas las características de los
sectores afectados por la crisis en Asturias, no me cabe la menor duda de
que la recesión económica de nuestra región hubiera sido mucho más
negativa en todos los órdenes de no haber existido este instrumento de
carácter sistemático y globalizador.

¿Para qué se hizo? Se aprobó y se puso en marcha el programa para crear
las condiciones más apropiadas para llevar adelante la recuperación
económica de la región. Se trata de una serie de intervenciones por medio
de las cuales se pretende crear esas condiciones para regenerar el tejido
industrial y empresarial de Asturias; buscar, por tanto, el que las
actuaciones inversoras públicas faciliten a la iniciativa privada las
mejores condiciones para afrontar con garantías el futuro socioeconómico
de la región. En los dos primeros años, 1992-1993, el programa movilizó
recursos públicos por un importe aproximado de 95.000 millones de
pesetas.

De la experiencia de los primeros años surgió la necesidad de dar un
nuevo y más firme impulso al programa, y en una clara y decidida
colaboración entre los gobiernos del Principado y de la nación, se
definieron, valoraron y ordenaron temporalmente las actuaciones acordadas
para una segunda fase del plan. Esta nueva fase trata de aprovechar el ya
iniciado período de recuperación económica, porque el mismo necesita ser
impulsado y consolidado. Es, además, factor determinante para que el
proceso sea efectivo, como lo demuestra el hecho de que el marco de
relaciones laborales en Asturias en los últimos tiempos ha roto con su
tradición de conflictos y crispación y ha entrado en una senda de
acuerdos y consensos, que dice mucho en favor de la responsabilidad
sindical y facilita la confianza inversora de los agentes económicos.

Pues bien, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos
aprobó, el día 6 de octubre de 1994, la segunda fase del programa de
reindustrialización y dinamización económica para Asturias. Por cierto,
todos conocemos el valor que tiene un programa aprobado por dicha
Comisión cuando ésta está delegada por el Gobierno para aprobarlo; me
parece que es obvio explicar aquí el peso y el valor del mismo.

Este plan se divide en cinco grandes bloques: infraestructura, medio
ambiente, promoción económica e industrial, formación, cohesión social y
otros equipamientos. Y para diferenciar el valor de las empresas
públicas, se ha elaborado, en el mismo plan, un anexo referido a las
mismas.

Se trata, pues, de medidas concretas, cuantificadas y delimitadas en el
tiempo, siempre que éstas puedan, efectivamente, delimitarse en el
tiempo, porque la experiencia de los años anteriores aconsejaba una mayor
sincronización y complementariedad de las actuaciones. Por eso, en esta
segunda fase se establece una comisión especial que supervisará
periódicamente el cumplimiento del mismo.

Precisamente, a finales de febrero se llevó a cabo la primera estimación
del cumplimiento de los objetivos señalados en el pasado año 1994. Se ha
constatado que dichos objetivos se han cumplido con creces y, aunque con
datos provisionales, puede decirse que las inversiones han superado los
45.000 millones previstos.

Quiero señalar que dichos resultados fueron comunicados a los
representantes de los sindicatos y los empresarios



Página 13924



el pasado día 23 de febrero y que, para mayor detalle y aclaración, se ha
acordado realizar un balance definitivo del plan que será presentado el
próximo mes de abril.

Otras características de esta segunda fase son: la mayor precisión en los
plazos de ejecución y el gasto a realizar; la planificación de proyectos
plurianuales y con financiación alternativa o complementaria con fondos
de los Presupuestos Generales del Estado, de la comunidad autónoma o de
la Unión Europea; la característica de que es un plan deslizante y
abierto, lo cual quiere decir que pueden incorporarse gradualmente nuevas
iniciativas u objetivos, y que contiene exclusivamente proyectos que
principalmente dependen del Gobierno de la nación, sin que esto menoscabe
el que puedan ser complementados con otros de iniciativa de la propia
comunidad autónoma. Además, es un marco general que abarca hasta 1999,
perfectamente delimitado, y, paralelamente, contiene otro marco temporal
de dos años con mayor difinición de objetivos.

En lo que se refiere al anexo de empresas públicas, voy a exponer
brevemente algunos rasgos que creo son de importancia.

Respecto a la Corporación Siderúrgica Integral, el pasado día 4 de
noviembre el Consejo de Administración de dicha Corporación aprobó la
primera fase de las inversiones totales; es decir, de los 100.000
millones previstos para el período 1994-1998 se han aprobado 47.215, que
son para la reforma y modernización de los Hornos Altos de Gijón, y de
ese montante de 47.000 millones, 26.400 ya han sido adjudicados.

En el terreno de la diversificación existe todo un conjunto de planes de
actuación que, aunque afectarán a todas las comarcas siderúrgicas, están
ligados al programa de inversiones de la Corporación y a la liberación de
suelo industrial que la misma realice en este proceso.

Hay algunos capítulos, como el de Fucosi, que se dedicará a la formación,
con un fondo de inversión y un capital social de 1.000 millones de
pesetas; una sociedad denominada Avilés 2000, que se dedicará a gestionar
los más de 2,5 millones de metros cuadrados que se liberarán, etcétera.

Respecto a Hunosa, prevé su propio plan un empleo de medios para la
diversificación de 10.000 millones de pesetas, de los que más de 1.000 ya
están utilizados. En 1995 se está a punto de aprobar la constitución de
una sociedad denominada Inpasa que acelerará el proyecto de inversión y
diversificación.

No quiero alargarme, pero creo que es preciso hablar de otras actuaciones
de reindustrialización, aunque sólo sea muy brevemente.

En Asturias existe una diversidad de planes complementarios que voy a
describir brevemente, al margen de este programa que es motivo de la
proposición no de ley. Existe un plan de apoyo a las pymes, período
1994-1996, dotado con 10.800 millones de pesetas. Los capítulos que
abarcará, con recursos del Principado, serán: medidas financieras, mejora
y diversificación, innovación tecnológica, internacionalización e
infraestructuras, y se prevé que generen unas inversiones derivadas de
45.000 millones de pesetas.

Existe, asimismo, un plan regional de formación para el empleo, que
abarca el período 1993-1997, que está acordado entre el Principado de
Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios, Comisiones Obreras y
UGT, que está planificado a nivel regional y que abarca diversos
capítulos, como el fomento del empleo, la formación, el fomento del
empleo juvenil, etcétera. Tiene 15.000 millones de pesetas previstos de
inversión por el Principado y se esperan otros 28.000 millones de la
Administración central.

Un tercer plan es el plan regional de turismo 1995-1997, que está en este
momento en fase de materialización y de debate con los agentes sociales.

Hay un cuarto programa, que son los organismos de promoción de diversa
índole, referidos, por ejemplo, a subvenciones directas a la inversión,
por medio de la LIE o del Saipe; ayudas en el sentido de capital-riesgo
para créditos blandos, por medio de la Sociedad Regional de Promoción o
de Sodeco, o a la calidad de la tecnología y modernización, basados en
planes estatales de este mismo tipo o del Cedeti.

Un quinto plan es el plan regional de suelo industrial, que, aunque
inicialmente estaba programado para 1990-1993, se ha ampliado a
1990-1995, está materializado con un total de 27 polígonos realizados y
presenta una inversión de 6.300 millones de pesetas y una subvención de
2.317. En abril de 1994, para mayor eficacia y coordinación de este plan,
se constituyó una mesa de concertación de suelo industrial, en la que
participan, asimismo, el Principado, Comisiones Obrera, UGT y la
Federación Asturiana de Empresarios.

Un sexto programa...




El señor PRESIDENTE: Señor González, le ruego que vaya finalizando. Ha
consumido ya su tiempo.




El señor GONZALEZ GARCIA: Termino en treinta segundos, señor Presidente.

Hay un sexto programa para las comarcas mineras, que tiene una inversión
prevista de 48.000 millones de pesetas también de inversión regional.

En total, señorías, volviendo al tema y para abreviar, las inversiones
previstas en el programa al que alude la proposición no de ley tiene un
montante total de 393.930 millones de pesetas programados.

Con esta segunda fase, si se profundiza en los instrumentos de
cooperación, gestión y seguimiento será más fácilmente analizable y
evaluable el programa por parte de la sociedad asturiana, porque lo que
se pretende, en definitiva, es que sirva de vehículo para alcanzar un
mayor grado de proyección y compromiso de dicha sociedad asturiana y
favorezca así su incorporación de manera firme y sostenida a un futuro de
mayor progreso, justicia y solidaridad para nuestra región. Además,
existen, como he expuesto, otros planes que ya hemos visto.

Mi petición, y termino, señor Presidente, al Grupo proponente es que
retirase la proposición no de ley. De no ser así, nos veríamos obligados
a votar en contra.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de esta proposición
no de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.




Página 13925



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 33.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REMITIR AL CONGRESO UNA COMUNICACION
SOBRE EL PLAN ESTRATEGICO DE PARADORES NACIONALES. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000284.)



El señor PRESIDENTE: El segundo punto del orden del día es el debate y
votación de la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
remitir al Congreso una comunicación sobre el Plan estratégico de
paradores nacionales, de la que es autor el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, voy a intentar dar las razones
de por qué presentamos en su día esta proposición no de ley, por qué la
mantenemos y la defendemos hoy y qué pretendemos con las propuestas de
acuerdo de esta Comisión del Congreso de los Diputados.

Siempre que el que está en el poder gestiona y toma decisiones cuando los
grupos de la oposición presentan iniciativas, dichas iniciativas pueden
quedar obsoletas en el tiempo, se pueden modificar los parámetros en que
se está produciendo o puede encontrarse resuelto el problema de fondo que
se plantea en la proposición no de ley. El objetivo de nuestro Grupo
cuando presentamos esta propuesta, en el mes de septiembre, era hacer
frente a lo que estaba siendo el centro de discusión tanto en el seno del
Gobierno, por lo menos del Ministerio de Comercio y Turismo, como en los
agentes sociales o sindicatos a la hora de plantearse la posibilidad de
que el Gobierno abordara la reordenación que pretendía del sector de
paradores nacionales. Como en el día de hoy la actuación del Gobierno no
es resolutiva, aunque sí se han tomado iniciativas tendentes a entablar
conversaciones, por lo menos se ha parado la iniciativa de privatizar un
volumen determinado de estos paradores, creemos que algunos de los puntos
de la proposición no tendrán virtualidad, pero dos de ellos sí.

¿Cuál era la situación? En el año 1991 los paradores de turismo, a través
de un organismo que se convirtió en sociedad anónima, tuvieron unos
beneficios al final del ejercicio de 815 millones de pesetas. En 1992 la
oferta de los paradores de turismo en nuestro país fue de 4.571
habitaciones diarias, de las que tuvo una ocupación aproximada durante
todo el ejercicio del 54 por ciento, siendo el mayor consumidor la
clientela nacional, que ocupó el 67,1 por ciento, frente a una ocupación
extranjera del 32,9. Esta realidad de gestión, aunque los beneficios al
final del año 1992 fueron inferiores (388 millones), sigue siendo una
oferta de calidad, a juicio de nuestro Grupo, con un objetivo determinado
dirigido a la población española, a un uso o disfrute de un turismo
determinado y que no le costaba dinero a las arcas públicas. Es verdad
que dentro del sector la parte empresarial estaba siempre diciendo que
había competencia desleal. Todos sabemos que Paradores Nacionales es el
segundo grupo hotelero del país por el volumen de oferta que tiene. El
Gobierno estaba planteándose una reordenación de los paradores
dividiéndolos en cinco clases: los paradores monumentales, los de ciudad,
los de naturaleza, los de playa y los de carretera. La discusión en el
seno del Gobierno era si se podían privatizar lo que podríamos llamar los
paradores de carretera o de playa, entendiendo que podía quedarse dentro
de la política general del turismo del Gobierno la oferta cultural de la
naturaleza.

Nosotros planteamos que, sea cual sea la solución que se adoptara,
afectara a 11, 15 ó 25 paradores nacionales, el Gobierno debía proceder
de dos maneras. Por un lado, discutiendo y negociando con los
trabajadores que pertenecen al mismo sector, que además llevaban tiempo
--por lo menos hasta el mes de julio-- pidiendo que se convocara el
consejo de administración de Paradores Nacionales, y que estaban
intentando una entrevista con los responsables del Ministerio para
iniciar una discusión y una salida negociada sobre la oferta, el efecto
sobre la plantilla y las condiciones en las que se podía adoptar esta
reordenación de la oferta de Paradores Nacionales. La segunda
característica que creíamos que se debía producir es que esta actuación
se hiciera con conocimiento, no dando una explicación o información
solamente, no sólo compareciendo el Ministro en esta Comisión, como ha
sucedido en dos ocasiones, sino haciendo el planteamiento global de la
actuación del Gobierno para que los grupos parlamentarios pudiéramos dar
nuestra opinión, máxime cuando se podía enajenar una parte del patrimonio
público.

La proposición no de ley pretendía, desde la óptica de nuestro Grupo,
evitar el proceso de privatización o, por lo menos, hacerle frente dentro
de una actuación global y desde la defensa de una oferta pública y que el
Ministerio de Comercio y Turismo remitiera a este Congreso el Plan
estratégico de paradores nacionales que en su día se estaba discutiendo;
el plan, la propuesta o la actuación global de Paradores Nacionales para
que se pudiese debatir en su conjunto. El segundo punto pretendía que
mientras se realizaba el primero se paralizara la posible privatización
de algún parador, para no actuar puntualmente en uno o en otro, o por un
lado en playa o por otro en carretera. Reconozco que hoy, puesto que se
ha parado ese proceso, este punto de la proposición es obsoleto, por lo
que lo retiramos. El tercer punto pedía que se negociase con los
sindicatos mayoritarios de la Sociedad Estatal de Paradores los efectos
de esta medida sobre las plantillas, con el objetivo de que en un momento
como el actual todo va unido: un servicio de calidad lleva mayor volumen
de ocupación y de puestos de trabajo, y un deterioro de la calidad puede
llevar consigo la reducción de los puestos de trabajo.

Estos eran los objetivos de la proposición no de ley. Si nosotros
hubiésemos visto que, con el devenir del tiempo, al inicio de este año
legislativo se hubiese reducido la pretensión del Gobierno de obtener
recursos vía privatizaciones



Página 13926



--llámese empresas públicas de un sector o de otro-- y que la situación
económica hubiera sido consecuencia de una mejor gestión de recursos
públicos y no hubiera problemas de déficit público, nosotros no
tendríamos esa preocupación. Pero aunque pueda parecer a SS. SS. que nos
estamos poniendo la venda antes que el resultado, lo que sí quiere decir
este Diputado en nombre de su Grupo es que el gato escaldado del agua
fría huye. Por eso creemos que es positivo que esta Comisión inste al
Gobierno a que remita una propuesta global sobre qué va a hacer con los
paradores nacionales, y que la propuesta que venga a la Cámara esté ya
discutida, dialogada y negociada con los representantes de los
trabajadores en la Sociedad Estatal de Paradores Nacionales.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley tampoco se ha
presentado enmienda alguna por parte de los grupos parlamentarios. ¿Algún
grupo desea utilizar un turno en contra? (Pausa.)
Grupos que deseen tomar posición. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de
Convergència i Unió tiene la palabra el señor Sedó.




El señor SEDO Y MARSAL: Señorías, es conocida desde hace mucho tiempo, yo
diría que desde siempre, a nivel parlamentario, cuál es la posición del
Grupo Catalán de Convergència i Unió, y antes como Minoría Catalana,
respecto a los paradores nacionales y, en concreto, los que se hallan
ubicados en la Comunidad Autónoma de Catalunya.

La proposición no de ley que debatimos hoy a propuesta de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya plantea unos esquemas generales sobre cómo
debería ser la organización y función de dichos paradores que nosotros no
podemos aceptar, por dos motivos básicos. En primer lugar, porque el
esquema de planteamiento de lo que deben ser dichos paradores no está en
clara consonancia con lo que nosotros creemos. Son dos conceptos
completamente distintos. En segundo lugar, porque con la solución que se
pretende quedaría más lejos la iniciativa fundamental de nuestro Grupo
desea para el futuro de dichos paradores nacionales. Por último, creo que
es necesario citar alguna incongruencia en la redacción de la
proposición, aun cuando el portavoz de Izquierda Unida ya ha mencionado
que, dentro del tiempo, podía haber alguna disfunción. Por ejemplo, en el
punto primero se pide la remisión al Congreso de los Diputados, para su
debate y aprobación, de una comunicación sobre el Plan estratégico de
paradores nacionales, y en cambio en el punto segundo se pide que se
penalicen las acciones que se citan mientras se tramita en las Cortes el
plan. ¿En qué quedamos? ¿Tenemos que debatir una comunicación o todo el
plan? Además, en el punto tercero, si fuese aceptable, que para nosotros
no lo es, por no serlo todo el conjunto de la proposición no de ley,
creemos que debería ampliarse el ámbito de negociación a otros estamentos
sociales y no sólo a los que se citan en la proposición no de ley.

Ya he manifestado bien claramente que nuestro voto será negativo a la
proposición no de ley que se nos presenta.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra don Ramón
Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Mi Grupo ha analizado la proposición no de
ley del Grupo de Izquierda Unida y coincide con su portavoz al observar
que el propio tiempo ha ido dejando, de alguna manera, fuera de
actualidad algunos de los puntos de esta proposición no de ley. Nosotros
creemos que el espíritu de la proposición no de ley podría ser compartido
por mi Grupo si buscara fundamentalmente que esta Cámara estuviera
informada de las actuaciones del Gobierno en relación con la Red Nacional
de Paradores y su previsible desinversión de activos. Entendemos, como ha
expresado con acierto el portavoz de Izquierda Unida, que la Red Nacional
de Paradores de Turismo ha entrado en una vía de posible estrangulamiento
en su gestión debido a diversos factores, fundamentalmente a un
crecimiento de su oferta no muy medido, desde luego a un crecimiento de
su capacidad hotelera y de servicios que no ha estado acorde con la
demanda, lo que ha producido, al final, que los resultados de los años
1992 y 1993, los últimos conocidos (estamos a expensas de conocer el
cierre del ejercicio de 1994), hayan sido unos resultados nada favorables
que ponen de manifiesto que algo está fallando en la Red Nacional de
Paradores.

A nosotros nos hubiera gustado que esta proposición no de ley hubiera
sido aprovechada para solicitar lo que creo que es la pieza clave que
este Parlamento debería conocer: la auditoría que ha sido realizada por
el Ministerio en relación con la Red Nacional de Paradores, que ha sido
la que ha dado pie a la redacción de ese plan de viabilidad de
desinversión de activos. Nos hemos quedado tristemente sorprendidos
porque la proposición no de ley no haya reparado en este extremo
fundamental del problema que nos ocupa en el debate de esta tarde.

Coincidimos con Izquierda Unida en que sería muy bueno para este
Parlamento conocer de primera mano cuáles serán las medidas que va a
adoptar el Ministerio en relación con la Red Nacional de Paradores, pero
entendemos que el resto de la proposición tiene una óptica muy típica en
la proposición no de ley de Izquierda Unida que no compartimos en su
totalidad, lo que nos hace mostrar nuestra abstención en este trámite.

Sin lugar a dudas, entendemos oportuna la petición de la documentación
relativa al plan de desinversión de activos, pero creemos que este
objetivo se podría resolver con una simple comparecencia, que ya
anunciamos que hemos solicitado, donde podremos ver cuáles son los
planes, una vez conocida la auditoría de dicha Red de Paradores.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra don Carmelo Artiles.




El señor ARTILES BOLAÑOS: En esta intervención de fijación de posiciones,
en primer lugar, voy a referirme a la oportunidad en el tiempo de este
debate, en segundo lugar a los grandes objetivos, y en tercer lugar a los
principios.

Respecto al tiempo, como bien ha dicho el representante de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, esta



Página 13927



proposición fue presentada en septiembre, en noviembre compareció el
Ministro para explicar la actuación de su departamento en general y en
particular, a petición de otro grupo político, sobre los paradores,
quedando perfectamente claro, desde mi punto de vista, que aquel anuncio
de un nubarrón prácticamente se disipó respecto a las privatizaciones.

Por ello creo que es bueno que incluso se haya reconvertido hoy esta
petición, por cuanto se ha pedido la supresión de algún apartado, si bien
lo congruente hubiera sido retirarlo al haberse producido una información
importante en el tiempo. Recuerdo que cuando tuvo lugar aquella
comparecencia el representante de Izquierda Unida se tuvo que ir, por lo
que hubo que adelantar la formulación de una pregunta que iba a realizar,
y por ello no pudo escuchar la información que el Ministerio dio
posteriormente y en la que fue muy claro.

El Grupo Socialista comparte muchos de los objetivos que subyacen en esta
proposición. En primer lugar, la defensa de los trabajadores mediante el
diálogo, como no podía ser menos. Y lo que es más importante, el
reconocimiento expreso, y así lo hizo el Ministro, de que queremos que la
sociedad de paradores sea una sociedad explotadora de hoteles con un
grado altísimo de calidad. El sentido de los paradores es,
fundamentalmente, de cara a la promoción de España, dar una imagen de
gran calidad de servicios, como decía el Ministro. El primer gran
objetivo es, por tanto, potenciar una red de paradores, adecuándola a lo
que una oferta de calidad requiere. El segundo gran objetivo, aparte del
mantenimiento y la defensa de los derechos de los trabajadores y de la
calidad de la Red de Paradores, es garantizar un proceso adecuado a las
circunstancias concretas de una sociedad mercantil. Por ello fue rotundo
también el Ministro cuando dijo que nunca se habían planteado privatizar
la Red de Paradores sino que hubían hablado de la posibilidad de realizar
un estudio sobre ello, siendo permanente su voluntad de informar al
respecto. Por tanto, coincidimos también en este segundo aspecto relativo
a la conservación de la red. El tercer gran objetivo es el de información
y transparencia, que es lo que hoy mismo hemos hecho con la aprobación de
la ley para el proceso de desinversión. Esa línea se complementará con la
información y máxima transparencia, porque queremos, mediante el diálogo,
garantizar esa Red de Paradores.

Además del tiempo y los objetivos, hay otro aspecto importante para
nuestro Grupo: los principios. Los principios que subyacen en la
proposición no de ley son, en primer lugar... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Ruego a las señoras y señores Diputados que
mantengan el tono de voz lo más bajo posible para no interrumpir al
compañero que está en el uso de la palabra.




El señor ARTILES BOLAÑOS: Decía que los principios que subyacen en la
proposición no de ley son, en primer lugar, el debate y aprobación por el
Congreso de un plan de actuación por parte de las Cortes. Creo que una
sociedad mercantil tiene una dinámica propia de explotación, de
rentabilidad y de garantía, como debe ser, aunque ello no debe estar en
contra del gran objetivo de máxima información.

El segundo punto ha sido retirado, pero he de decir que no se puede
paralizar lo que no ha empezado a andar en este tema concreto. La prueba
evidente es que en este intervalo, desde septiembre hasta ahora, se ha
anunciado la creación y la puesta en marcha de dos nuevos paradores, uno
en Cangas de Onís (Asturias) y otro en Plasencia, habiendo sido
inaugurado otro en Ronda, porque entendemos que es importante apostar por
el objetivo de la calidad.

El tercer punto pide que se negocie un plan y que se desarrolle uno a
uno. Nosotros somos propicios al diálogo, pero entendemos que debe
hacerse en el marco de la autonomía jurídica de la sociedad anónima que
regenta los paradores. Como estos principios, que para nosotros son
básicos, no se contemplan ni se garantizan en la proposición no de ley
vamos a votar en contra de la misma.




El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de intervención de los grupos,
corresponde ahora la votación de esta proposición no de ley.

Señor Ríos, ¿desea su Grupo someterla a votación en sus propios términos
o en base al contenido de su intervención desea introducir algún cambio?



El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, como en la intervención previa
le había indicado, la sometería a votación sin el punto segundo. En
cuanto al punto primero diría: Que por el Ministerio de Comercio y
Turismo se remita al Congreso para su información y debate una
comunicaciónÉ, quitando la palabra «aprobación». En estos términos
rogaría al señor Presidente que sometiera a votación la proposición no de
ley.




El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación esta proposición no de
ley en los términos planteados por el representante del Grupo proponente.

Por consiguiente, el punto primero quedaría así: Que por el Ministerio de
Comercio y Turismo se remita al Congreso para su información y debate una
comunicación sobre el Plan estratégico de paradores nacionales. El
segundo punto quedaría eliminado, por lo que pasaría a ser segundo el que
figura como como punto tercero: Que se negocie con los sindicatos
mayoritarios en la Sociedad Estatal de Paradores, etcétera.

¿Se somete globalmente a votación? (Asentimiento.)
Sometemos a votación esta proposición no de ley, con estos dos puntos,
primero y segundo, que figura como tercero.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 18; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--POR LA QUE SE SOLICITAN APOYOS PARA LOS MUNICIPIOS, ESPECIALMENTE
ANDUJAR, AFECTADOS AL CONVERTIR LA FABRICA



Página 13928



DE URANIO DE ANDUJAR EN ALMACEN DE RESIDUOS RADIACTIVOS DE BAJA
INTENSIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.

(Número de expediente 161/000342.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día:
Proposición no de ley por la que se solicitan apoyos para los municipios,
especialmente Andújar, afectados al convertir la fábrica de uranio de
Andújar en almacén de residuos radiactivos de baja intensidad, de la que
es autor el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Para su defensa
tiene la palabra don Luis de Torres.




El señor DE TORRES GOMEZ: La empresa pública Enresa, como SS. SS. saben,
fue creada a través del Real Decreto 1.522, de 4 de julio de 1984, para
gestionar los residuos radiactivos producidos en nuestro país. Su
financiación procede principalmente de un porcentaje que grava la tarifa
eléctrica y que se determina anualmente en el decreto de tarifas. Una
orden ministerial de finales de 1988 autorizó a Enresa a asignar fondos
para compensar económicamente a los ayuntamientos en cuyos términos
municipales o en cuyas cercanías se ubicaran instalaciones centralizadas
de almacenamiento de residuos radiactivos. Siguiendo el espíritu de esa
normativa y teniendo en cuenta, por un lado, la ausencia de instalaciones
de almacenamiento de residuos radiactivos de alta actividad y, por otro,
el hecho de que, en la práctica, este papel lo cumplían las centrales
nucleares, donde se almacenaba temporalmente combustible irradiado, otra
orden ministerial --ésta más tardía, de 1 de diciembre de 1989-- ampliaba
los beneficios de las ayudas a todos los municipios y poblaciones en
cuyas cercanías se ubicaban centrales nucleares. Estas órdenes
ministeriales han sido sustituidas por la Orden de 20 de diciembre de
1994, que modifica el criterio del reparto de esos fondos para ajustarlos
a nuestro ordenamiento jurídico, en cumplimiento de la sentencia de la
Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de 6 de
julio de 1993. Sin embargo, esta nueva orden para nada modifica el
espíritu de toda la normativa anterior. Lo que se demanda en esta
proposición no de ley es ampliar los beneficios contenidos en todas las
normas antes citadas a Andújar y a su comarca, al reconocer que la
antigua fábrica de uranio (FUA) de esta población se ha transformado en
un verdadero almacén de residuos radiactivos de baja actividad.

La fábrica de concentrados de uranio de Andújar comenzó su actividad en
noviembre de 1959 y la terminó el 30 de julio de 1981, y en marzo de 1986
fue cuando se transfiere a Enresa para que esta empresa procediera a su
desmantelamiento y clausura. El desmantelamiento comenzó después de
obtener la pertinente autorización el 1 de febrero de 1991. Dicha
autorización fue ratificada y ampliada en su plazo, así como en los
recursos humanos que demandaba, el 18 ó 19 de febrero del año pasado. La
decisión sobre el desmantelamiento, dado el costo que suponían las
restantes alternativas, supuso el enterramiento de estériles radiactivos
que allí existían mediante la construcción de dos diques y la adaptación
a este fin del conjunto de las instalaciones. Los estériles, como
residuos de las operaciones de concentrados y obtención de óxido de
uranio, han perdido una parte importante de su radiactividad, pero aún
conservan otra parte, por lo que deben ser considerados como residuos
radiactivos de baja actividad y vigilados como tales. La prueba de que se
está haciendo así es el hecho de que esta instalación está siendo
controlada permanentemente por el Consejo de Seguridad Nuclear, su
situación e incidentes aparecen semestralmente en el informe que dicho
organismo remite al Congreso de los Diputados e incluso se han hecho
simulacros de emergencia nuclear en sus instalaciones. En dichas
instalaciones existen actualmente 1.200.000 toneladas de estériles,
dispuestos en dos diques, que han sido cubiertos con una capa vegetal
para evitar la erosión. También se ha instalado una capa de protección
contra las emisiones de radón que ha permitido reducir el nivel de
radiactividad en el aire hasta los valores propios del fondo natural. Se
mantiene todo el sistema de vigilancia de radiación en la zona, de manera
que ésta permanece en unos niveles estables de radiación de 1,05
milisievert al año.

En resumen, en esta instalación se han almacenado residuos radiactivos de
baja actividad, con una clara intención de mantenerlos allí de forma
indefinida. La instalación está siendo vigilada por las autoridades
competentes, controlándose en especial la radiactividad de la zona. Se ha
procedido al desmantelamiento de las instalaciones inútiles y a instalar
sistemas de seguridad como drenaje de los taludes. En consecuencia, esta
instalación está dispuesta como un verdadero almacén permanente de
residuos radiactivos de baja actividad, y no hay razón alguna para que no
reciba los beneficios destinados a este tipo de instalaciones.

De acuerdo con la Orden Ministerial de 20 de diciembre de 1994 esta
instalación debería estar incluida entre las de tipo 2, es decir,
almacenes centralizados de residuos de media y baja actividad, y según
esa misma orden tendrían derecho a cobrar la ayuda económica los
siguientes municipios: los que tienen su territorio o parte del mismo
--según dice la Orden-- incluido en el área definida por un círculo de
ocho kilómetros como centro de la instalación; los no considerados
anteriormente siempre que tengan algún núcleo de población, sea o no el
principal, incluido en una circunferencia con un radio de 16 kilómetros
como centro de la instalación. Señorías, el Partido Popular entiende que
esta disposición debe beneficiar a Andújar y a los municipios de su
comarca que se encuentren naturalmente incursos en esta normativa, sin
que exista razón alguna para que la discriminación que ha existido hasta
el momento perdure por más tiempo.

Señorías, hablar de radiactividad y de contaminación radiactiva en
nuestro país, o en otros muchos, siempre ha de hacerse con prudencia por
la carga emocional que conlleva y por la alarma que se puede desatar en
la mayoría de la población. En este sentido, nosotros la hemos tenido
toda, pero callarse cuando se niega por Enresa lo que por derecho
corresponde es también un ejercicio a mi juicio de irresponsabilidad,
cuando no de connivencia, en aquellos



Página 13929



que tienen obligación de reclamarlo, y sé por qué lo digo. Por ello,
señorías, pedimos que se inste al Gobierno a que dicte las normas
oportunas para que la antigua fábrica de uranio de Andújar sea
considerada como un almacenamiento de residuos radiactivos de baja
actividad y los municipios afectados, y especialmente Andújar, reciban
los beneficios previstos en la Orden de 30 de diciembre de 1988 del
Ministerio de Industria y Energía e informe periódicamente a estos
municipios de las condiciones de seguridad del almacenamiento.




El señor PRESIDENTE: Tampoco a esta proposición no de ley se han
presentado enmiendas. ¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que deseen intervenir en la toma de posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don José Luis Ros.




El señor ROS MAORAD: Señor Presidente, mi Grupo podría compartir lo que
es un relato o serial histórico de todo lo que ha sido la fábrica de
uranio de Andújar desde su fundación hasta que el Ciemat la transfirió a
Enresa para su total desmantelamiento. Pero sólo hasta ahí podemos estar
de acuerdo. Y no podemos estar de acuerdo en nada más porque las tareas
llevadas a cabo por Enresa, en desarrollo del plan de clausura de la
fábrica de uranio de Andújar, aprobadas por Orden Ministerial de 1 de
febrero de 1991, son actividades realizadas al amparo del Real Decreto de
creación de esta sociedad y de la Orden comunicada del Ministerio de
Industria y Energía el 13 de febrero de 1995, que deben ser consideradas
ambas como una actuación de restauración ambiental. ¿Qué ocurre en estos
momentos? En primer lugar, han finalizado las actividades consistentes en
el desmantelamiento de las instalaciones; en segundo lugar, ha finalizado
la remodelación del dique de estériles que se originó durante la vida
operativa de dicha fábrica; en tercer lugar, se ha restaurado el
emplazamiento de la misma y se ha producido el pronunciamiento positivo
del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear sobre dichas actividades,
recomendando que se den por completadas las obras y que Enresa sea
autorizada a realizar determinadas actividades durante el llamado período
de cumplimiento. Durante este período de cumplimiento quedan ya sin
efecto actuaciones que habían estado en vigor en etapas anteriores,
incluido el plan de contingencias, lo cual significa el reconocimiento,
señorías, de que no existe riesgo residual alguno.

A lo largo de todo este proceso, que se inició por Enresa en diciembre
del año 1985, los materiales existentes han sido inequívocamente
identificados como estériles de mineral natural de uranio, originados por
el natural proceso de su tratamiento para la obtención del mismo.

Igualmente, todo el tratamiento técnico y administrativo del plan de
desmantelamiento y restauración del emplazamiento llevado a cabo ha sido
específico para este tipo de estériles y totalmente diferenciado del que
se aplica a los proyectos y actividades que tienen que ver con la gestión
de residuos radiactivos. Todo ello es plenamente coincidente, por otra
parte, con la práctica existente a nivel internacional, tanto en los
organismos correspondientes como en los distintos países que tienen
procesos similares. La asimilación de un dique de estériles de minería o
de fabricación de concentrados a un almacenamiento de residuos
radiactivos de baja actividad sería un grave, gravísimo error, tanto por
motivos jurídicos como por motivos de tipo técnico, derivado de la
indebida equiparación del material existente en el dique con los residuos
radiactivos de baja actividad. Considerar de este modo los estériles de
minería de un material abundante en la naturaleza podría dar lugar al
absurdo de tener que reconocer a cualquier concentración de elementos
radiactivos naturales la categoría de almacenamiento de residuos
radiactivos. Un especialista en esta materia, a una consulta que le hacía
en los días pasados, me decía lo siguiente. Respecto a la cantidad de
curios a los que se aludía desde el Partido Popular (5.400) contenidos en
el dique de Andújar, puedo decirte que cualquier mina de uranio, con una
ley análoga, tendría un contenido mucho mayor a los que hay en el dique
de Andújar. Así, por ejemplo --dice un especialista en la materia--, en
minas de uranio en nuestro país hay cantidades comprendidas entre 35.000
y 100.000 curios, naturalmente isótopos naturales.

Conviene analizar, por otra parte, las sucesivas órdenes a las que el
Partido Popular ha hecho referencia. En primer lugar, la Orden de 30 de
diciembre de 1988 dice con absoluta claridad: Se autoriza a Enresa a la
asignación de fondos con destino a los ayuntamientos en cuyo término
municipal se ubiquen instalaciones específicamente concebidas y cuya
actividad principal sea el almacenamiento de residuos radiactivos. Y por
si hubiera alguna duda, en el artículo 2 añade: Dentro de las
instalaciones de almacenamiento de residuos radiactivos, consideradas a
efectos del artículo anterior, se establecen las siguientes categorías:
una, almacenes temporales centralizados de combustible irradiado; dos,
almacenes centralizados de residuos de media y baja actividad; tres,
almacenes centralizados de pararrayos radiactivos, todo ello haciendo una
clara referencia al almacenamiento de residuos radiactivos de baja o de
media procedentes de otros lugares. Esta orden fue modificada
posteriormente por otra del año 1989 que no varía en lo sustancial la
discusión de hoy, y dice: Se autoriza a Enresa a la asignación de fondos
con destino a los ayuntamientos en cuyo término municipal se ubiquen
centrales nucleares que almacenen el combustible irradiado generado por
ellas mismas. En absoluto por tanto, señorías, estaríamos hablando de la
fábrica de uranio de Andújar. Y por no ser reiterativos, la orden de 20
de diciembre de 1994, que recoge y sintetiza las dos referidas
anteriormente, vuelve a decir lo siguiente: Se autoriza a Enresa la
asignación de fondos con destino a los ayuntamientos en cuyo término
municipal se ubiquen instalaciones específicamente concebidas, cuya
actividad principal sea el almacenamiento de residuos radiactivos o
centrales nucleares. Por tanto, de ningún modo desde mi Grupo podemos
considerar que los estériles, consecuencia de un proceso industrial de
fabricación de óxido de uranio, pueden ser catalogados ni calificados
como residuos de baja actividad.




Página 13930



Por otra parte, estos procedimientos de apoyo económico que las distintas
órdenes del Gobierno recogen no son tampoco ajenas en el contexto
internacional en el que nosotros nos movemos. Existen, pero en ningún
país hay una remuneración o compensación económica por el hecho de que
haya una fábrica de uranio que ha cesado en su actividad y se haya
desmantelado.

Por último es de destacar que las compensaciones económicas a las que
venimos aludiendo se han referido, en todo momento, a instalaciones que
se encuentran en su vida operativa, que se prevé tengan un punto final al
cesar la operación de las mismas. No está previsto que las instalaciones
de almacenamiento de residuos radiactivos perciban este tipo de
compensaciones sine die, sin tiempo.

Por todo lo anterior, señor Presidente, pensamos desde mi Grupo que no
existe fundamento jurídico ni jusfisticación técnica alguna para
establecer una compensación económica de este tipo sin causa y sin límite
temporal.




El señor PRESIDENTE: Acabado el debate de esta proposición no de ley por
la que se solicitan apoyos para los municipios, especialmente Andújar,
afectados al convertir la fábrica de uranio de Andújar en almacén de
residuos radiactivos de baja intensidad, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, procede someterla a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ARTICULE LAS MEDIDAS NECESARIAS
EN APOYO DE LAS REIVINDICACIONES DE LOS TRABAJADORES AFECTADOS POR LA
CONTAMINACION RADIACTIVA DE LA ANTIGUA FABRICA DE URANIO DE ANDUJAR
(JAEN). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000346.)



El señor PRESIDENTE: Punto 4.º del orden del día: Proposición no de ley
por la que se insta al Gobierno a que articule las medidas necesarias en
apoyo de las reivindicaciones de los trabajadores afectados por la
contaminación radiactiva de la antigua fábrica de uranio de Andújar, en
Jaén. El autor de dicha proposición es el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Para su defensa tiene la palabra don Felipe Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: En el año 1959 entra en funcionamiento la
fábrica de uranio General Hernández Vidal, de Andújar, cuyo objetivo era
la obtención de concentrado de óxido de uranio. En el año 1981 finalizó
su actividad operativa por orden del Ministerio de Industria y Energía,
habiéndose acumulado para entonces más de un millón de metros cúbicos de
estériles residuales de uranio cuya conservación y mantenimiento pasa, en
primer lugar, a la Junta de Energía Nuclear y después --marzo de 1986-- a
Enresa, a quien se encomienda un plan de preparación y ejecución del
desmantelamiento que finalmente es autorizado por Orden Ministerial del 1
de febrero de 1991.

Estamos ante dos temas, uno de ellos ha sido tratado más o menos
directamente en el debate anterior y el otro se refiere a cómo, durante
muchísimos años, se ven afectados, olvidados y silenciados los
trabajadores. Respecto al primer tema nosotros hemos votado a favor
puesto que, efectivamente, sorprende en el momento actual, hoy mismo, el
desmantelamiento de los puntos de control de radiactividad ambiental
situado en zonas habitadas, no teniendo hasta la fecha ningún dato que se
pueda presentar públicamente, con apoyo de las comisiones
correspondientes, para mostrar a los ciudadanos la inexistencia de
riesgos. Se está concluyendo el proceso de desmantelamiento de los puntos
de control y nadie ha presentado datos de la falta de radiactividad, como
se ha dicho aquí anteriormente, sin ninguna comprobación, en absoluto.

Por lo tanto, se ha creado una ruptura importante en el proceso de
seguimiento que nosotros pensamos que debiera soldarse en estos momentos,
porque no vale ninguno de los argumentos que se han dado --y voy a entrar
ahora en el tema de los trabajadores-- antes de 1981 y después de dicha
fecha. Estos argumentos no valen y han pesado como una especie de losa,
de ley del silencio, sobre la conciencia del pueblo, de los trabajadores,
que les ha sumido en un auténtico infierno de unos catorce años de
duración. Un infierno que consiste, por ejemplo, en que han muerto muchos
con un cáncer de análogas características --hoy mismo está muriendo uno
de los trabajadores-- y, sin embargo, les veían médicos de la propietaria
de la FUA, el Ciemat, que constantemente decían que no había ningún
motivo de alarma. Y en ningún momento ningún abogado, ni antes ni después
de 1981, les recomienda que vayan por la vía de la enfermedad
profesional. Solamente ahora, a partir de la creación de una asociación
hace muy poco tiempo, el 4 de octubre de 1994, han iniciado el camino de
la posibilidad de una enfermedad profesional que ha traído como
consecuencia enfermedades, y muertes --pensamos nosotros--, que están en
la base de ese proceso de radiactividad interna que aquí no se dice que
no existiera entonces, sino que, a nivel de la contaminación ambiental en
estos momentos, no existe ni ha existido nunca. Nosotros pensamos que no
es así. De hecho hasta hace poco se realizaban los controles pertinentes
que ahora se van a retirar.

Se han hecho distintos estudios respecto a la zona de trabajo con riesgo
radiactivo y efectivamente había riesgo radiactivo y silicótico, riesgo
químico en zonas de manipulación de concentrados de uranio, que era la
más peligrosa y, sin embargo, las medidas de protección tomadas no eran
las adecuadas. Las cantidades de uranio escretadas en orina por el
personal presentaban valores superiores a los que se consideraban
permisibles; por lo tanto, las consecuencias, con respecto a las
enfermedades que se siguen padeciendo y que, a nuestro juicio, han
causado una serie de muertes, están documentadas realmente.




Página 13931



Los residuos resultantes del proceso de fabricación en la planta de
uranio de Andújar han sido evacuados al río Guadalquivir durante mucho
tiempo y, a nuestro juicio, han contaminado, antes de 1981. Lo digo para
que nadie vea ninguna persecución, doy la fecha exacta. Ello hace ver que
no estamos de acuerdo con que de nuevo se intente echar una capa de
silencio sobre este fenómeno y este infierno que han sufrido los
trabajadores de Jaén, una zona en la que no hay industria y donde se
intentaba conservar esta industria como una especie de dogma de fe; como
consecuencia --repito--, hay una ley de silencio tremenda sobre los
trabajadores, máxime en esta provincia; el nombre de Jaén viene del
árabe, significa zona de paso, algunos de los políticos de la dictadura
llegaron a decir que dudaban de que existiera Jaén.

Todos estos temas que están en la base de la cultura de Jaén, unidos a la
insensibilidad de antes y después de 1981, han hecho que hasta este
momento los trabajadores no hayan sido tenidos en cuenta cuando han
sufrido la silicosis --está ahí-- o el cáncer de pulmón --está ahí-- y
hasta ahora no se ha considerado como una enfermedad profesional; han
estado manipulando en estado seco el mineral a todos los niveles y hasta
ahora esto no ha tenido ninguna recepción política ni administrativa.

Nosotros hemos debatido esto en el Parlamento de Andalucía después de
1981 y tampoco hemos encontrado eco a toda esta serie de denuncias que
ahora están claramente justificadas.

Por todo ello, señor Presidente, nosotros pensamos que hay que establecer
una indemnización económica a los afectados que compense los daños y
riesgos padecidos, el infierno de más de catorce años, sin contar con los
años en que funcionó la factoría. Pensamos que deben reconocerse las
dolencias de los trabajadores afectados como enfermedad profesional, cosa
que hasta ahora nadie ha considerado a lo largo de muchísimos años y,
como consecuencia de ello, en el punto 3 de nuestra proposición no de ley
solicitando que deben actualizarse las pensiones para convertirlas en
pensiones derivadas de la calificación de enfermedad profesional,
revisando los motivos por los cuales algunos antiguos trabajadores de la
FUA no cobran pensión alguna. Pensamos también que deben revisarse las
pensiones de las viudas por considerarse que se encuentran en niveles
inferiores a los que les corresponde.

Esperemos que, por primera vez, alguna entidad parlamentaria acepte
alguna de las medidas de cara al próximo futuro --repito--, porque éste
es un caso excepcional que con muchísimos debates después de 1981, no ha
tenido nunca ninguna consecuencia positiva.




El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley han sido presentadas
dos enmiendas, ambas de sustitución, una por el Grupo Parlamentario
Socialista y otra por el Grupo Parlamentario Popular.

Por el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa, en primer lugar,
tiene la palabra doña María Angustias Rodríguez.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Voy a defender la enmienda de sustitución que
presenta mi Grupo parlamentario a esta proposición no de ley, pero antes
quisiera hacer un par de consideraciones previas.

En primer lugar, quiero afirmar --y lo hago con toda claridad y
decisión-- que el Grupo Parlamentario Socialista es sensible a las
reivindicaciones y a las demandas que viene planteando este colectivo de
trabajadores de la antigua fábrica de uranio de Andújar. Lo hemos venido
haciendo desde hace algunos meses y desde el momento en que ellos
empiezan a manifestar la necesidad de dar una respuesta a la situación
que tienen. Hemos sido en todo momento sensibles a estas
reivindicaciones. Además, nos preocupa su situación y un dato añadido es
que queremos dar una respuesta y una respuesta positiva a las
reivindicaciones que ellos están planteando.

Ahora bien, una vez hecha esta afirmación, también quiero poner de
manifiesto que este tema no se debe abordar desde el apasionamiento,
puesto que no nos conduciría a ninguna salida satisfactoria y, además,
podríamos levantar falsas expectativas a las personas que están en esta
situación, que están reivindicando enfermedades profesionales.

La enmienda que presentamos desde el Grupo Socialista la hacemos desde el
firme convencimiento de que es posible realizar todas y cada una de las
medidas que recogemos y que estas medidas van a dar una respuesta
satisfactoria, una respuesta positiva a aquellos trabajadores que lo
necesiten; evidentemente no a todos, pero sí a aquellos que lo necesiten.

Y entiendo que desde este mismo convencimiento deberían hacerse todos los
planteamientos por parte de los diferentes grupos parlamentarios.

Antes de pasar a referirme al contenido expreso de la enmienda de
sustitución, quiero hacer una segunda consideración. La segunda
consideración está relacionada con un hecho y es que con demasiada
frecuencia nos hemos encontrado con que se han hecho exposiciones
bastante alarmistas, en mi opinión, en algunos casos rodeadas de cierto
catastrofismo referido a la situación y a las condiciones de trabajo que
mantenían estos trabajadores desde 1959, en que, efectivamente, empieza a
funcionar la empresa, hasta el año 1981, en que se cierran estas
instalaciones. Esas mismas manifestaciones se mantienen incluso todavía
en estos momentos. Yo entiendo que no se ajustan exactamente a la
realidad y que por tanto deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo,
de entendernos entre nosotros para hacer una aproximación lo más correcta
posible a esta situación, a este problema.

Yo misma me he manifestado en muchas ocasiones y he hecho referencia a
las condiciones de trabajo que mantenían esas más de 200 personas durante
más de 20 años de actividad, y he manifestado, además, que eran unas
condiciones de trabajo muy diferentes a las que se pueden dar en estos
momentos, peores en un principio y después fueron mejorando, pero, desde
luego, distintas a las que se mantienen en este momento y que podían
provocar riesgo para la salud de estos trabajadores. Eso es algo que
nunca hemos negado. Y que, además, estos riesgos se podían derivar, había
unos factores de riesgo comunes a cualquier instalación... (Rumores.)



Página 13932



El señor PRESIDENTE: Disculpe, señora Diputada.

Señores Diputados, les ruego mantengan silencio porque es absolutamente
imposible proseguir con el desarrollo de la sesión. (Pausa.) Muchas
gracias.

Señora Rodríguez, continúe su intervención.




La señora RODRIGUEZ ORTEGA: Gracias, señor Presidente.

Decía que estos factores de riesgo eran comunes en unos casos a cualquier
tipo de instalación industrial y, además, existían unos factores de
riesgo específicos por la actividad que se estaba realizando en esta
instalación, que era la obtención de concentrado de óxido de uranio.

Estos factores de riesgo, evidentemente, estaban relacionados con la
propia manipulación y el transporte de estos concentrados de uranio que
producían radiaciones ionizantes.

Entendemos que las medidas preventivas que se adoptaron en su momento,
como he dicho antes, no eran suficientes y totalmente eficaces, y fueron
mejorando con el paso del tiempo. Pero es que, además, también desde el
Grupo Socialista hemos tomado iniciativas y medidas, en este caso a nivel
de Parlamento andaluz, que es el que tiene competencias en materia de
salud, para que los controles y los seguimientos en materia sanitaria no
se hicieran únicamente durante el período en el que los trabajadores
estaban realizando esta actividad, sino también con posterioridad, y se
ha aprobado un programa de salud específico para estos trabajadores; no
solamente para los trabajadores sino también para sus familiares. Esto lo
hemos aprobado a iniciativa del Grupo Socialista. Por tanto, algunas
medidas sí se han tomado.

Yo coincido con el señor Alcaraz en que hay que tomar alguna más, y de
ahí que hayamos presentado esta enmienda de sustitución a la que paso a
referirme rápidamente.

Señorías, con esta enmienda pretendemos dos objetivos. En primer lugar,
que se pueda reconocer la enfermedad profesional por exposición, como
decía, a radiaciones ionizantes, de los trabajadores que así lo
soliciten. Este reconocimiento se va a llevar a cabo mediante la revisión
de los expedientes individualizados y tendremos que contar con un
dictamen médico, con un historial médico en el que realmente se
demuestre, se ponga de manifiesto que hay una relación de causalidad, una
relación de causa-efecto entre la actividad laboral que desempeñaron
estos trabajadores y la enfermedad que padecen en cada momento. Es
absolutamente necesario y así aparece recogido en distintos textos
legales, en distintas normas de las que nos hemos dotado; es
absolutamente imprescindible que exista este informe y que se produzca
esta relación. La propia Ley general de la Seguridad Social así lo
establece y el Decreto que regula las enfermedades profesionales también
lo pone como requisito necesario. En este Decreto del año 1978 se hace
referencia explícita y expresa a enfermedades producidas por radiaciones
ionizantes, y entre los trabajos que se recoge que pueden provocar este
tipo de enfermedades están contemplados los que se realizaban en la
antigua fábrica de uranio. Yo creo que ahí tenemos unas normas que nos
van a hacer posible este reconocimiento de enfermedad profesional.

No entendemos que este reconocimiento haya que hacerlo de forma
generalizada, sino, como digo, analizando todos y cada uno de los casos,
porque de no hacerlo así podríamos incurrir en discriminaciones y en
agravios comparativos de este colectivo de trabajadores con otros que
puedan estar en situaciones similares.

El segundo apartado de la enmienda diríamos que es una consecuencia
lógica y necesaria de este primero al que me he referido. Cuando se
dictamine la calificación de enfermedad profesional por una inspección
médica, por un equipo médico, tal y como está recogido en la normativa
vigente que antes mencionaba, se llevará a cabo de forma inmediata la
revisión de la pensión, la revisión de la cuantía de la pensión que en
estos momentos están cobrando los trabajadores que han causado baja por
enfermedad común; cuando se les reconozca la enfermedad profesional,
automáticamente se va a aumentar la cuantía de la pensión por este
carácter, y ahí no va a haber absolutamente ninguna dificultad.

Suprimimos un aspecto que plantea la proposición no de ley de Izquierda
Unida y que hace referencia a la necesidad de establecer una
indemnización económica para los trabajadores.

Entendemos que esto es una medida excepcional y extraordinaria que no
tiene cobertura legal, que no tiene encaje legal ni jurídico en las
normas que tenemos y que tampoco tienen ningún tipo de precedente. Por
decirlo de alguna forma, nuestra concepción de modelo sanitario no iría
tanto por hacer realidad la fórmula de la salud se paga o en este caso la
falta de salud se paga, sino se previene, se evitan los riesgos y cuando
se produce alguna situación de falta de salud para los trabajadores se
hace un seguimiento y una cobertura con todos los medios y con todos los
mecanismos que sean necesarios. En esa línea es en la que haríamos
nuestros planteamientos.

El segundo objetivo --y con esto acabo inmediatamente, señor Presidente--
de nuestra enmienda aparece recogido en el apartado tercero. En este
apartado defendemos algo que echaba en falta el señor Alcaraz y que
espero que nos permita ponernos de acuerdo en esto. El decía --y ahí
coincidimos-- que había que retomar de nuevo las medidas de control, las
medidas de seguimiento en cuanto a los posibles efectos radiactivos que
puedan existir todavía, una vez desmantelada y clausurada la antigua
fábrica de uranio. Estamos de acuerdo en hacer esto, y de ahí que hayamos
incluido un punto específico, como digo, en el apartado tercero.

Proponemos que se realice un programa específico de vigilancia
radiológica ambiental que esté dirigido y supervisado en todo momento por
el Consejo de Seguridad Nuclear.

¿Por qué hacemos esta propuesta? ¿Por qué creemos que es necesario
incluir este punto? Yo diría que no es tanto por motivos de seguridad o
por poner de manifiesto que existe un mayor riesgo en estos momentos,
sino precisamente para transmitir un mensaje de tranquilidad y de
confianza a los ciudadanos que en algunos momentos se han visto alarmados
por alguna noticia de forma innecesaria. Desde que a mediados del año
1994 finalizan por parte



Página 13933



de Enresa todas las actuaciones relacionadas con el plan de
desmantelamiento y de clausura de la FUA, desaparecen estos puntos de
control de radiactividad ambiental que habían venido funcionando en los
últimos años y creemos que esto no es bueno, no es conveniente. De ahí
que arbitremos esta medida, este sistema de seguimiento para informar a
los ciudadanos de que no existen riesgos y que, por tanto, no hay motivos
para la alarma.

Este es el contenido de la enmienda de sustitución que presentamos, señor
Presidente, señorías. En definitiva, entendemos que con esta enmienda que
presentamos desde el Grupo Socialista se da respuesta a este problema, un
problema que, insisto, nos preocupa, pero que también debe ser abordado
con toda racionalidad y con todo rigor.




El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra don Luis de Torres.




El señor DE TORRES GOMEZ: La verdad es que se está viendo que el
1.200.000 toneladas de estériles radiactivos que tenemos en Andújar son
tan inocuos que están produciendo por lo menos treinta muertos por
cáncer.

Señorías, yo quiero poner de manifiesto en esta Comisión que las
reivindicaciones de los antiguos trabajadores de la FUA me parecen tan de
justicia que produce un poco de indignación el hecho de que lleven tantos
años reclamando una solución a sus problemas sin conseguir nada, por lo
menos hasta hoy. Y quiero decir que no hablo de oídas, sino desde el
conocimiento personal y diario que tengo de todos ellos, de sus
enfermedades y hasta de sus muertes.

La FUA, como he dicho anteriormente, fue cerrada en el año 1981 y
entregada para su desmantelamiento a Enresa. En ese momento es
precisamente cuando se establecen unas medidas de seguridad que no
existían, que no eran habituales durante toda la vida operativa de la
instalación y que hicieron sospechar a los propios trabajadores, a ese
personal, que habían podido estar sometidos a una exposición radiactiva
superior a la legalmente establecida sin que nadie lo pusiera en su
conocimiento.

Posteriormente, determinadas enfermedades, incluso fallecimientos, por lo
que de común tenían entre los trabajadores (un noventa por ciento de
ellos morían de cáncer, otros de osteoporosis, etcétera), fueron
atribuidos precisamente a dichas sobredosis de radiación. Eso fue
precisamente lo que les alertó.

Dados los insuficientes reconocimientos médicos especializados a que han
estado sometidos los supuestos afectados, ha sido muy difícil determinar
la relación causa-efecto entre una posible sobredosis de radiación y las
enfermedades padecidas, pero es que actualmente, en cambio, sí existe
tecnología suficiente para determinar su enfermedad profesional. En
consecuencia, insisto, éste debería ser el primer paso a dar: realizar
exámenes médicos necesarios (son sólo 35 los afectados, no son más) para
determinar que las afecciones que padecen son una verdadera enfermedad
laboral producida por exceso de radiaciones.

A este respecto, es necesario también analizar con todo detalle la
documentación que exista en el Ciemat, o donde sea, en relación con las
dosis a que ha estado sometido el personal, e incluso, si es que existen,
las historias dosimétricas individualizadas de cada uno de los
trabajadores.

También sería necesario determinar si las enfermedades que padecen
corresponden, de acuerdo con el actual nivel de conocimiento médico y
científico, a consecuencias de la exposición a bajas dosis de radiación
pero durante largo período de tiempo, como parece que es el caso de los
trabajadores de la fábrica de uranio. Si las autoridades sanitarias
definieran las dolencias de estos trabajadores como enfermedad
profesional y, de igual modo, tuviera un origen profesional la causa de
la muerte de los que han fallecido, sería preciso que estos trabajadores
accedieran a todas las contraprestaciones derivadas de esta
consideración, así como a las indemnizaciones que fueran pertinentes,
pareciendo igualmente de justicia que estas contraprestaciones se
otorguen con carácter retroactivo.

Hemos presentado esta enmienda, transaccional, de adición, o como se
quiera, por entender que en la proposición no de ley de Izquierda Unida
se presupone la existencia de enfermedades laborales incluso con
resultado de muerte, presunción que personalmente podría compartir; no en
vano he dicho que este Diputado es natural de allí y conoce a todos y
cada uno de los vivos y de los fallecidos, la mayoría prematuramente.

Pero la solución, a nuestro juicio, de los problemas de los antiguos
trabajadores de la FUA y de sus familias requiere ya una respuesta
urgente, por lo que esta presunción no haría sino dilatar en el tiempo lo
que requiere inmediatez, y entiendo que la mejor forma de conseguirlo es
poniendo los medios para que, de una vez por todas, se establezca la
relación causa-efecto, desarmando así el argumento que hasta ahora se
venía usando por los que han venido negando sus reivindicaciones.

Quiero poner de manifiesto que el duende de la máquina de escribir la
enmienda ha cambiado los números. Entiendo que el 2 y el 3 corresponden
al 1 y al 2, y el que figura como 1 debe ser el 3, porque lógicamente es
la consecuencia de la declaración de enfermedad laboral por las
autoridades sanitarias.

En consecuencia, la enmienda que yo propongo quedaría así: 1.Que los
trabajadores de la antigua fábrica de uranio de Andújar, potencialmente
afectados de enfermedades laborales por exposición a la radiación, sean
sometidos a las pruebas médicas necesarias para determinar el origen
profesional de la enfermedad. Asimismo, estas autoridades habrán de
definir si la muerte de aquellos trabajadores, presuntamente víctimas de
enfermedades laborales, efectivamente responden a esta causa.

2.En caso de determinarse la situación de enfermedad laboral y de
fallecimiento por enfermedad laboral, la Administración competente
transformará con la máxima urgencia las pensiones que dichos trabajadores
o sus herederos perciben a pensiones derivadas de enfermedad profesional.

Esta revisión se hará con carácter retroactivo desde el momento inicial
de la baja o del fallecimiento.

Y el punto 3, que figura aquí como 1, por error, dice: Que se establezca
una indemnización económica a los afectados que compense los daños y
riesgos padecidos.




Página 13934



Señorías, yo no sé si esto se va a admitir o no. Creo que esto, desde mi
conocimiento de las personas que están afectadas por estas enfermedades,
es en realidad lo que necesitan. En cualquier caso, yo que los conozco,
están en una situación tan límite, que mi Grupo va a votar cualquier cosa
propuesta por cualquier otro Grupo, porque entendemos que conseguir algo
para estas personas es menos que nada.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, para pronunciarse respecto a las
enmiendas presentadas sobre su aceptación o no por parte del Grupo
proponente, tiene la palabra.




El señor ALCARAZ MASATS: Hay una diferencia, al menos quiero dejar
constancia de ello, entre la enmienda de sustitución del Grupo Socialista
y la propuesta de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y es la que
se contempla en el punto 1 de nuestra proposición no de ley: el
establecimiento de una indemnización económica.

Yo creo que sería legal y posible, homologable a indemnizaciones que
recibe el minero, o en el tema del síndrome tóxico, o con respecto a los
temas análogos a Ardystil y compañía. El problema que han tenido estos
trabajadores es que no estaban unidos yÉ El señor PRESIDENTE: Señor
Alcaraz, comprendo que pueda llevar a debate, pero ya sabe que este
trámite está muy tasado.




El señor ALCARAZ MASATS: Sí señor Presidente. Depende de quien presida.

(Risas.) Voy a terminar de inmediato, señor Molins.




El señor PRESIDENTE: Ya tiene usted mucha suerte de que no sea el
Presidente del Congreso. (Risas.) El señor ALCARAZ MASATS: Bien.

Desde ese punto de vista, no podían alarmarse (pero se me entiende
perfectamente) porque 200 trabajadores en Andújar no han tenido la
posibilidad de defenderse. En todo caso, estamos dispuestos a aceptar esa
enmienda de sustitución, señalando que a estas alturas es la primera vez
que se les va a hacer la revisión de cara a la posibilidad de señalar
esto como enfermedad profesional, 14 ó 15 años después del cierre de una
factoría que funcionó durante más de 20 años. Yo creo que las palabras lo
dicen todo. No quiero abundar en ningún tipo de calificativo.

Por tanto, aceptamos la enmienda de sustitución de la proposición no de
ley de cara a esta revisión y con el punto 3 incluido que va a ver que
teníamos razón a la hora de que se realizara un programa específico de
vigilancia ambiental.

Señor Presidente, termino. Todos los Grupos habríamos de estar pendientes
de que se realizara esto de manera adecuada, porque yo también estoy de
acuerdo en que estos trabajadores, y como consecuencia, en gran parte, la
conciencia del pueblo de Andújar, están en una situación límite por las
fechas a las que me he referido. Son 34 años de injusticia para ver
ahora, en marzo de 1995, la posibilidad de que sea una enfermedad
profesional.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo con los términos en que se ha
pronunciado, sometemos a votación la proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda de
sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, lo cual
implica necesariamente la no aceptación de la del Grupo Popular, porque
son incompatibles una y otra.

Por tanto, sometemos a votación esta proposición no de ley, resultante de
la aceptación por parte del Grupo proponente de la enmienda de
sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad de la Comisión queda aceptada.

Se suspende la sesión por un tiempo de cinco minutos. (Pausa.)
Vamos a reanudar la sesión.




--PREGUNTA SOBRE OPINION DEL MINISTRO DE INDUSTRIA Y ENERGIA ACERCA DE LA
CONTRIBUCION DEL GOBIERNO AL DESARROLLO DEL SECTOR SIDERURGICO ESPAÑOL.

FORMULADA POR EL SEÑOR PEON TORRE (GRUPO POPULAR). (Número de expediente
181/001261.)



El señor PRESIDENTE: Punto quinto del orden del día, pregunta formulada
por el Diputado don Francisco Javier Peón Torre, en la que solicita la
opinión del Gobierno acerca de la contribución al desarrollo del sector
siderúrgico español.

Está presente en la sala para responder a esta pregunta el Secretario de
Estado de Industria, don Juan Ignacio Moltó, a quien doy la bienvenida y
agradezco su presencia.

Para formular la pregunta, por un tiempo de diez minutos, tiene la
palabra don Francisco Javier Peón Torre.




El señor PEON TORRE: Extendemos también nuestro agradecimiento a la
presencia del Secretario de Estado de Industria.

Tal y como está formulada la pregunta puede mover un poco a la sorpresa
al compareciente; supongo que el Gobierno pensará que es maravillosa la
gestión que está desarrollando y, por tanto, que su contribución al
desarrollo del sector siderúrgico es igualmente maravillosa. En cualquier
caso, nosotros creemos que durante los últimos años y bajo la gestión del
Gobierno socialista, fundamentalmente desde el año 1982 hasta el momento
presente, se han empleado gran cantidad de recursos públicos en el sector
siderúrgico español, han sido varias las reconversiones que se han
producido en el sector y yo creo que alrededor del billón de pesetas es
la cantidad que se ha empleado en estos



Página 13935



años en diversas actuaciones tratando de colocar en situación de
competitividad al sector. Solamente en la última reconversión, la que ha
dado lugar a la Corporación de la Siderurgia Integral, a la nueva
distribución societaria del grupo y a diversas actuaciones, en el último
informe que tuve ocasión de ver del Gobierno se hablaba de una cantidad
de más de 600.000 millones de pesetas, no de inversiones, lógicamente,
pero sí de compromisos de pago, de jubilaciones anticipadas, de pago de
pasivos, etcétera. Si a eso añadimos los recursos empleados en anteriores
reconversiones, que sobrepasan los 300.000 millones de pesetas, y las
pérdidas que se han tenido que enjugar de los ejercicios de 1992 a 1994
con cargo a los Presupuestos Generales del Estado tanto de Ensidesa como
de Altos Hornos, que sobrepasan los 100.000 millones de pesetas anuales,
estamos sobrepasando claramente el billón de pesetas.

¿Por qué la pregunta? La pregunta se produce porque tendrá que ofrecerse
un balance al conjunto de la sociedad española de lo que se ha hecho con
ese dinero. Además, creo que es especialmente oportuna en estas fechas en
las que ha tenido gran promoción pública la iniciativa del Ministerio de
Industria de suscitar un debate industrial en nuestro país. Antes de
suscitar un debate sobre lo que hay que hacer habría que determinar por
parte del Gobierno qué es lo que se ha hecho, cuál ha sido el resultado
de lo que se ha hecho, qué actuaciones se han dirigido en buena dirección
y qué actuaciones han ido en dirección errónea. Por ello, como decía al
principio de mi intervención, realizamos esta pregunta --que iba dirigida
en principio al Ministro de Industria-- para que nos haga ese balance
previo a cualquier otro tipo de debate sobre cuáles han sido las
actuaciones del Gobierno en cuanto al sector siderúrgico español y cuál
es la valoración que se hace respecto de esas cantidades y de esos
recursos empleados en ese sector en estos años.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Moltó para dar respuesta a
esta pregunta.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA (Moltó García): Muchas
gracias, señoría, por la pregunta, por la posibilidad de estar nuevamente
en el Congreso y por poder atender este tipo de funcionamiento de la
democracia.

Efectivamente, la pregunta veo que se formula en términos muy abstractos,
y no es que vaya a decir que el Gobierno lo ha hecho maravillosamente. El
Gobierno ha tenido una gestión, que usted ha situado de 1982 a 1994, me
parece, en la presentación de la cuestión. El gasto previsto, supongo, en
cuanto a la operación de ajuste de nuestra siderurgia lo ha cifrado en
600.000 millones. Me parece que luego ha dicho que antes de 1982 ya hubo
otros 300.000 millones --que supongo que no nos los imputará a
nosotros--y que la no presentación de alguna justificación de este
proceso se compadece con la iniciativa de un debate sobre política
industrial que ha tenido difusión y que creo que se está instalando
favorablemente como tal debate social, como planteamiento político global
de la estrategia de la política industrial de la nación, en la sociedad.

Me resulta complicado responder porque ha planteado usted todo el tema
siderúrgico en su volumen global, lo que significa --y luego podremos
seguir hablando para ver si hay algunos planteamientos concretos-- que
tengo que despejar, si le parece a usted, el elemento del debate de
política industrial. El debate sobre política industrial creemos que
estamos obligados a desarrollarlo. Me parece que el elemento esencial de
la obligatoriedad de desarrollar un debate sobre política industrial no
solamente es por la legitimidad que tiene el Gobierno de tratar de
introducir un elemento de debate estratégico en el conjunto de la
política industrial, sino porque hay un acuerdo del Congreso de los
Diputados de que así se haga. Por otro lado, está incluido en el programa
de Gobierno. En el discurso de investidura del comienzo de la legislatura
se hizo la oferta de un debate sobre política industrial, y yo creo, con
independencia de la valoración que podamos hacer a partir de esta
intervención o del conjunto de los planteamientos que podamos hacer en el
futuro, que el debate sobre política industrial es bueno para España. Eso
no quiere decir que estemos desarrollando una política industrial, que
podrá ser valorada positiva o negativamente, porque si al mismo tiempo de
introducir este debate estratégico sobre la vocación industrial del país
no estuviésemos haciendo una política industrial, usted no nos
preguntaría por el resultado de esa política. Luego sí tenemos una
política industrial, que usted seguramente no valorará positivamente,
pero creo que el tratar de entorpecer o paralizar un debate sobre
política industrial que tendría por objeto el volver a plantear en el
ámbito de la sociedad española la primacía o la importancia que tiene el
sector productivo sobre otro tipo de economía me parece que no es
positivo. Incluso por lo que he leído sobre sus posiciones esto está
próximo a los planteamientos que ustedes tienen y, por tanto, creo que
deberíamos seguir haciendo el debate, y nuestra voluntad es la de
concluir el proceso de un debate sobre política industrial, que
naturalmente tiene una vertiente sectorial en la que, obviamente, las
industrias básicas están incluidas y, por tanto, la siderurgia.

Voy a utilizar las conclusiones de la mesa sectorial de debate sobre la
siderurgia, a la que han asistido representaciones de las empresas más
significativas de los sectores, para decirles que la supervivencia o el
mantenimiento de la industria siderúrgica española y su viabilidad está
en función de los factores estratégicos que configuran la viabilidad de
las empresas siderúrgicas europeas. Es decir, no hay ningún tipo de
planteamiento adverso a la política que tienen que desarrollar los
gobiernos nacionales en el campo de la Unión Europea, después de la
aplicación del Plan Braun, por tanto de reducciones, y, simultáneamente,
del acuerdo del Consejo de Ministros de la Unión de la aprobación del
plan siderúrgico europeo. España está incluida dentro de ese plan y de
las decisiones estratégicas que la Unión Europea establezca respecto de
las reducciones y planteamientos de cuál debe ser la dimensión y la
competitividad de la industria siderúrgica europea, en un campo de
globalidad, con la que la Unión Europea se enfrenta.




Página 13936



Por tanto, ese escenario es el que han compartido todos los
interlocutores en las conclusiones finales, que naturalmente haremos
públicas y obrarán en poder de S. S. y de todos los grupos cuando se
remitan como comunicación del Gobierno en el Libro Blanco para la
industria, que efectivamente es el documento en el que quisiéramos que
quedara manifestado el proceso de este debate. Ahí queda de manifiesto la
uniformidad de criterio de todos los empresarios, no solamente los
públicos, sino también privados, grandes y pequeños, que están
participando en el debate. Quiero significarle con ello que los debates
de política sectorial, en este caso de la siderurgia, que se están
celebrando en el Ministerio de Industria, no son exclusivamente unos
debates sesgados hacia una dimensión de empresas que en este sector
podrían tener estas características por su propia configuración, sino que
en la mesa sectorial hay una fuerte participación y una visión de las
pequeñas y medianas industrias. Por tanto, es un consenso generalizado el
que la política industrial en el campo de las industrias básicas esté
fuertemente vinculada a las decisiones europeas, y en ese campo nos hemos
movido.

Plantea usted el coste que pueda haber supuesto el proceso de aceptación
por parte del Consejo de Ministros europeo y de la Comisión del plan
siderúrgico español y su puesta en vigor. Lo cuantifica en una serie de
cifras que habrá que verlas en el conjunto del proceso de aplicación,
pero creo que S. S. pone el acento especialmente en el coste que supone
desde el punto de vista del gasto social, es decir, cómo atender las
necesidades de los trabajadores y el impacto social que genera un ajuste
de estas características. Este es un efecto inducido de la política
social, en consecuencia, de acuerdos ya tomados entre los interlocutores
sociales y con la participación y contribución a su desarrollo de las
propias comunidades autónomas. Es decir, los acuerdos que se han tomado
en el campo de la aplicación de lo que se llaman las ayudas de carácter
social al plan de competitividad de la industria siderúrgica española son
el resultado de un sendero acordado en su momento, y diría que sin ningún
tipo de controversia por parte de ningún grupo político, tanto en el seno
de la Comunidad Autónoma de Asturias, como en el seno de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y, por tanto, cuenta con su asentimiento. De la misma
manera que el planteamiento del debate sobre política industrial, en su
conjunto y en sus elementos sectoriales, cuenta con la unanimidad de los
representantes de todas las comunidades autónomas en cuanto al
planteamiento que se está haciendo en este debate a través del acuerdo
unánime tomado en conferencia sectorial, y el apoyo explícito de los
consejeros de Industria de todas las comunidades autónomas presentes en
esta conferencia sectorial, que se efectuó el día 2 de febrero de este
año.

Esto es lo que le podría decir.

En cuanto a qué supone desde el punto de vista de la competitividad del
sector, yo creo que en los términos en que en estos momentos está
evolucionando la aplicación del plan de competitividad aprobado por la
Unión Europea le puedo transmitir a usted que el Comisario Van Miert,
cuando hace alusión a uno de los elementos del acuerdo final europeo
sobre competitividad de la industria siderúrgica europea, siempre hace
expresa mención a la eficacia y transparencia con que España y las
empresas siderúrgicas españolas están aplicando los acuerdos, a
diferencia de otros países. Por lo tanto, desde ese punto de vista me
parece que estamos atendiendo a nuestras obligaciones europeas.

En relación con la aplicación del plan siderúrgico, que creo que entra
también en el elemento nuclear de la pregunta que formula S. S., lo que
el Gobierno está haciendo es atender a los compromisos tomados, tanto
desde el punto de vista de su ejecución concreta como de la filosofía de
colaboración del sector privado con el sector público, en el desarrollo
de un sector siderúrgico competitivo, no solamente en el campo del acero
común, sino también de los aceros especiales.

Como sabe S. S., recientemente el Gobierno ha autorizado la constitución
del Grupo CSI en cuatro sociedades de desarrollo, y también conocerá S.

S. la constitución de la sociedad promotora y de la empresa encargada de
la ejecución del proyecto de la acería compacta de Vizcaya, el carácter
mayoritariamente privado que tiene esa inversión y la modernización que
para el tejido industrial del País Vasco y su colaboración en un gran
grupo siderúrgico en su conjunto, puede tener respecto de la instalación
de la siderurgia integral asturiana en relación con el ajuste de las
instalaciones de Gijón y Avilés, que tendrá la antigua Ensidesa y que en
este momento están reestructurándose con la participación de las cuatro
sociedades en que CSI se ha integrado en este momento con las ofertas de
participación del capital privado en el desarrollo. Es decir, estamos
desarrollando el planteamiento de gestión estratégica de la siderurgia
para formar un grupo o grupos importantes en el futuro en los términos en
que el Gobierno había ya comunicado --me parece-- a esta Cámara, y todo
ello de acuerdo, por lo menos con conocimiento y planteamientos
convergentes, con las organizaciones sindicales y, sin duda alguna, con
los planteamientos que hacen los gobiernos de las comunidades autónomas
de los dos territorios básicos, también el de Navarra en lo que tiene que
ver con Prefisa y Laminaciones de Lesaka.

En cuanto al acero común eléctrico, está el Grupo GBS que está en la
Comunidad Autónoma del País Vasco y que, en cuanto al cumplimiento del
plan de Sidenor, como sabe usted, la desinversión y la venta de la planta
de Larrondo, es efectiva, y por tanto seguimos en el mismo campo de
aplicación de ese plan aprobado por Bruselas.

En cuanto a Aceros Especiales tiene un tratamiento distinto, pero en este
momento la situación que tiene Acerinox, tanto en el territorio español
como en sus inversiones totalmente exitosas en Estados Unidos, donde
están tomando más allá del 90 por ciento de la cuota de mercado del acero
inoxidable en productos planos, yo diría que desde ese punto de vista la
competitividad de Aceros Especiales en el campo del acero inoxidable que
representa Acerinox, también se está desarrollando, por tanto, con una
cooperación entre el capital público y el capital privado, en un sector
que inicialmente en el País Vasco fue privado y que fue paulatinamente
tomando una participación en el campo público como consecuencia de una
gestión



Página 13937



económicamente desfavorable en la época en que lo era privado.




El señor PRESIDENTE: Para un segundo turno, tiene la palabra el señor
Peón.




El señor PEON TORRE: He escuchado con atención las explicaciones del
Secretario de Estado de Industria y tengo que decir que esto es como una
noria que no para de dar vueltas constantemente.

Tanto mi compañero, aquí presente, Antonio Landeta, como yo mismo,
llevamos desde el principio de esta legislatura tratando de saber no sólo
lo que el Gobierno está haciendo, sino lo que el Gobierno ha hecho, y
créame que su intervención no acaba de hacerme la luz, sinceramente.

Estoy seguro que usted ha intentado transmitirnos una imagen lo más fiel
posible de lo que es el balance del Gobierno de ese más del billón de
pesetas que se ha empleado en este sector desde el año 1982. Ha entendido
mal cuando yo he hablado de 300.000 millones; no fue antes de 1982, sino
antes del último plan, que ha sido entre 1989 y 1991, antes de 1990 y
desde luego después de 1982.

Sinceramente, sigo sin saber, a pesar de nuestros intentos reiterados,
qué es lo que se está haciendo en el sector siderúrgico español por parte
de Gobierno, porque hay tantos planes, tantas rectificaciones, tantas
decisiones que se entera uno por los medios de comunicación, que, al
final, no sabemos muy bien donde estamos, no sabemos en qué se ha gastado
el dinero que se ha gastado y no sabemos qué utilidad ha tenido ese
dinero que se ha gastado.

Voy a ceñirme a unos temas muy concretos, procurando seguir un poco el
hilo de su intervención, para ver si podemos arrojar algo de luz en este
tema que creo que es muy importante para el sector industrial español.

Decía en su intervención que hay factores estratégicos europeos, que de
alguna manera nuestra intervención en el sector siderúrgico debe ser en
el marco de lo que es una estrategia europea --he creído entender eso--,
de lo que es la dimensión del sector siderúrgico europeo. Esta pregunta,
yo la formulé en un contexto muy concreto, cuando se hizo pública la
decisión de la empresa siderúrgica española, Marcial Ucín, de instalar
una acería por importe de 12.000 millones de pesetas de inversión,
creando doscientos puestos de trabajo, prácticamente de las mismas
dimensiones que la famosa miniacería de Vizcaya, prácticamente las mismas
dimensiones; el día que se hacía pública esa decisión del grupo Marcial
Ucín de instalar esa nueva instalación --valga la redundancia-- en Bayona
(Francia), yo hacía esta pregunta. Parece que los responsables de Marcial
Ucín hicieron su propia valoración de lo que ha sido la gestión del
Gobierno a la hora de favorecer el desarrollo del sector siderúrgico
español, y es evidente cuál fue su valoración.

¿Qué es lo que ha ocurrido para que se tomen decisiones de ese tipo? Es
lo que yo quisiera saber y escuchar de boca del Gobierno. ¿En qué hemos
fallado, para que no sólo no seamos capaces de traer aquí empresas
extranjeras sino que las nuestras se vayan al extranjero, se vayan fuera,
y creen allí los puestos de trabajo y dejen allí las inversiones? ¿Qué es
lo que hemos hecho mal? Sigo sin saberlo y sigo sin escucharlo de boca
del Gobierno. Yo le expondré la opinión de nuestro Grupo respecto a qué
cosas pueden estar fallando en ese sector, qué cosas habría que mejorar,
y usted me dirá si podemos coincidir en esa valoración o hay grandes
discrepancias.

Hablaba antes, en su intervención, del gasto social, del dinero que se ha
empleado en ese impacto social, como ha llamado, en esas necesidades de
los trabajadores, donde dice que han intervenido también las comunidades
autónomas. Yo querría hacer una reflexión sobre esta cuestión porque creo
que tiene su importancia.

Cuando se habla de las necesidades de los trabajadores, hay que decir que
los muchos miles de millones de pesetas que se han empleado en esa
política, digamos social, de la reconversión, ha sido sólo para aquellos
trabajadores que directamente estaban empleados en las instalaciones que
se estaban cerrando, pero muchas veces se olvida que casi igual número de
miles de trabajadores que dependían indirectamente de esas instalaciones
que se han ido cerrando, que eran los de las empresas auxiliares, que no
han recibido ese tipo de ayuda social, por entendernos.

¿Por qué hago esta reflexión? Porque bajo el término de ayuda social,
necesidades de los trabajadores, etcétera, se puede caer en argumentos de
doble sentido. Por ejemplo, no me parce una política de ayuda social el
dar lugar a prejubilaciones anticipadas, con remuneraciones muy altas,
cuando hay otros trabajadores que ni siquiera tienen derecho a un 20 por
ciento de esa remuneración cuando se quedan en el paro, como son los
empleados de las empresas auxiliares; cuando hay muchos trabajadores y
muchos jóvenes en el paro.

¿Qué estoy diciendo yo, que no hay que atender a esas situaciones de
impacto social cuando se procede a reestructuraciones importantes, en un
sector como el siderúrgico, intensivo en el empleo de mano de obra? No
estoy diciendo tal cosa. Lo que estoy diciendo es que se ha hecho durante
estos años una política de empleo de fondos públicos orientada a la
subvención, orientada casi al clientelismo político, orientada al PER del
norte, en lugar de hacer una auténtica política de reindustrialización. Y
eso lo estamos pagando ahora.

Por tanto, cuando hablamos de política social lo que hay que ver es
cuántos nuevos puestos de trabajo estamos creando cada año en zonas
degradadas industrialmente, eso es política social. Cuántas industrias
nuevas estamos creando; eso es política social. Lo demás puede ser otra
cosa, pero política social no es.

Es verdad que en la última reconversión se ha establecido ya una fórmula
para tratar de no emplear los fondos en indemnizaciones que pudieran
parecer, cuando menos, excesivas. No voy a decir inmerecidas, porque qué
más quisiéramos nosotros que todos los trabajadores que quedan en una
situación de paro tengan la máxima remuneración posible y puedan
disfrutar del máximo descanso posible, pero cuando los recursos son
escasos hay que procurar que realmente se empleen de la forma más útil
para los interese generales, y eso es lo que creemos que no se ha hecho
en los últimos años.




Página 13938



En cuanto a crear unas fundaciones que administren esos fondos destinados
a ese impacto social, pero con una orientación clara de
reindustrialización, de crear nuevos puestos de trabajo que tengan que
ver con el sector siderúrgico, que tengan que ver con el sector
industrial, creemos que es clave en los próximos años. Y estamos haciendo
balance: ¿Qué se ha hecho mal y qué es lo que habría que rectificar?
También ha hablado de la eficacia y la transparencia. Yo no tengo esa
sensación. Quizá han tenido ustedes transparencia con las comisiones de
la Unión Europea, pero yo no sé si tengo que preocuparme de que ustedes
sean muy transparentes hacia la Unión Europea y los demás países sean muy
poco transparentes, y que aquí, en el Congreso de los Diputados, no haya
nada de transparencia. Pero sí me preocupo, porque eso significa que nos
tienen muy controlados los de fuera pero que nosotros mismos no somos
capaces de controlar lo que hacemos con nuestros cuartos. Esa es mi
impresión.

Aquí ha habido un absoluto oscurantismo. Llevamos, repito, dos años
tratando de saber qué se ha hecho y qué se está haciendo en el sector
siderúrgico español con los fondos, cuantiosísimos, que ha invertido el
Gobierno. Oscurantismo, ¿por qué? Primero, porque, aunque ahora se loa la
filosofía de colaboración con el sector privado, hace muy poco tiempo el
Ministro decía públicamente que no quería ni ver a los señores del sector
privado. ¿Y por qué lo decía? Porque los señores del sector privado
fueron absolutamente marginados en el proceso de elaboración del plan de
reconversión que se presentó en Bruselas ante la Unión Europea; fueron
marginados. Y como fueron marginados y era un plan que no convenía a los
intereses del sector siderúrgico privado español se opusieron a él en las
instituciones comunitarias, dando una muestra --creo que por primera vez
casi en la historia de la Unión Europea-- de que el propio sector
siderúrgico español se estaba oponiendo al plan de competitividad de la
siderurgia española presentado por el Gobierno. Eso ocurrió y el Ministro
se enfadó, pero habría que ver quién tenía la culpa de lo que estaba
pasando, quién había marginado, en un principio, a un sector clave, como
es el sector privado, en el conjunto del sector siderúrgico español. Me
parce muy bien que usted ya haya anunciado en su primera intervención de
esta comparecencia que ahora hay una nueva filosofía, me parece correcto,
porque eso supone una rectificación de lo que se ha hecho hasta ahora.

¿Por qué ha habido oscurantismo, además de por esta marginación de lo que
era --por lo menos inicialmente-- el sector siderúrgico privado español?
Porque nosotros no conocemos en este momento las inversiones que se
hicieron hasta el año 1991, ni las instalaciones que se cierran siendo
prácticamente nuevas. Yo le voy a decir un caso concretamente. Las
instalaciones de Ansio son nuevas. No hay justificación técnica ni
económica para cerrar esas instalaciones, así de claro. Esas
instalaciones se cierran exclusivamente por la imposición de la Unión
Europea para que reduzcamos, de alguna manera, la producción, a efectos
de poder autorizar las ayudas públicas que el Gobierno español quiso
introducir en este proceso. No hay ninguna justificación, pero todavía no
sabemos cuántos miles de millones se han empleado en unas instalaciones,
como las de Ansio, que ahora hay que cerrar.




El señor PRESIDENTE: Intente ir acabando, señor Peón.




El señor PEON TORRE: Ya termino, señor Presidente, muy brevemente.

Comprenderá que nuestra ansia es muy grande después de dos años y
seguimos sin ver las cosas claras.

Además de las instalaciones que ahora se cierran y en las que se han
empleado miles de millones --todavía no sabemos su importe--, hay también
una absoluta falta de transparencia acerca del número de excedentes
laborales que se ha generado en estos años. De verdad que todavía no
tengo una idea clara de cuál ha sido el volumen de excedentes laborales.

No la tengo. Lo hemos intentado conocer en varias ocasiones, pero no lo
sabemos todavía.

Tampoco sabemos, por ejemplo, la cuantía de algo que nos dicen que ha
sido por importe considerable y seguimos sin conocer. ¿Cuánto se ha
gastado en consultorías exteriores de gestión de la empresas públicas del
sector siderúrgico español? Nos dicen que ha sido mucho dinero, que ha
sido casi una gestión de año a año, cuando había técnicos en las propias
sociedades públicas que eran los que en principio estaban obligados a
hacer esa labor de gestión, de planes estratégicos, de desarrollo
empresarial, etcétera.

En definitiva, nos preocupa que se diga que se hacen cosas, pero no se
diga qué se está haciendo y no se diga, sobre todo, lo que nos está
costando a todos, si se ha empleado bien o si se ha empleado mal.

¿Cuál es el problema desde nuestro punto de vista? No voy a entrar en el
debate sobre la política industrial, porque nos parece que no va a ser
negativo, pero desde luego, las cosas que hay que hacer están bastante
claras. Creo, sinceramente, que es más una operación de marketing que de
otra cosa lo que se está haciendo.

Está claro que en el sector siderúrgico español hay que apoyar
decididamente una serie de modificaciones de política macroeconómica que
son fundamentales para que tenga algún futuro, precisamente porque
competimos en el contexto europeo. La decisión de Marcial Ucín de
invertir en Bayona fue fundamentalmente por cuatro factores. En primer
lugar, el precio de la energía: mucho más barata en Francia. En segundo
lugar, los costes financieros de nuestro país son mucho mayores que en
nuestro país vecino. En tercer lugar, el entramado burocrático en nuestro
país es muy superior al que existe en nuestro país vecino. En cuarto
lugar, los puertos autónomos, como en este caso el de Pasajes, dependen
del Gobierno central y no tienen condiciones para ofrecer ventajas
equiparables a las que pueden ofrecer los puertos franceses dependientes
de las cámaras de comercio, como es el caso del puerto de Bayona. En
definitiva, las infraestructuras. Este tipo de factores, que condicionan
claramente una decisión empresarial de crear empleo, de dar lugar a una
inversión importante, son los que hay que cambiar. Nos parece muy bien
que en el Libro Blanco que van a hacer ya estén apuntando esas
decisiones,



Página 13939



aunque realmente no hay que ser un gran científico para llegar a ellas.




El señor PRESIDENTE: Termine, señor Peón, por favor.




El señor PEON TORRE: Termino ya, señor Presidente. Dice que coinciden con
las nuestras. No sé si es que ustedes coinciden con las nuestras ahora,
después de que venimos desde hace años diciendo lo que hay que hacer. Lo
que me preocupa es que eso que se dice ahora que va a hacer, que no se ha
hecho en estos años, lo dice un Ministro, como el señor Solbes, que entra
en contradicción permanente con otros ministros del Gobierno, con
respecto al papel de la banca en la industria, etcétera. No hay
suficiente peso político, no hay suficiente voluntad política, no hay
suficiente tiempo para hacerlo. Yo espero que esto que hay que abordar y
pronto lo pueda hacer un nuevo Gobierno. Espero que esté presidido por
don José María Aznar. (Risas.--Rumores.)



El señor PRESIDENTE: El señor Moltó tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA (Moltó García): Respecto al
último inciso, me parece que es su problema, ustedes sabrán. ¡A ver quién
consigue que se lo presida, si es que semejante gobierno se produce antes
del siglo XXII!
Me ha preocupado su afirmación sobre el marketing. No lo puedo entender.

Ustedes sabrán si esto es un marketing. Si dicen que es marketing, que es
lo mismo y afirman que ustedes son los primeros, andan ustedes por ahí
diciendo que su programa político de futuro es marketing. Yo estoy
convencido de que eso es así. La diferencia entre los dos programas es
que lo que decimos nosotros es que hay que priorizar las políticas y los
proyectos. En nuestros planteamientos nosotros decimos algo que ustedes
no recogen en esa cosa extraña de decálogo que también es nuevo, por
cierto, porque ya sabe usted que los mandamientos se reducen a dos y
ustedes eso no lo hacen, dicen que son diez, y ya está. Se olvidan de
algo fundamental en la cohesión de la política industrial, que es la
competencia y las atribuciones de las comunidades autónomas. A ustedes se
les llena con frecuencia la boca de las capacidades que hay que atribuir
a las comunidades autónomas. Incluso hablan de esa ficción llamada
administración única, de la que algún día tendremos que hablar en serio,
pero luego cuando hacen un documento se olvidan de que existen las
comunidades autónomas y las competencias exclusivas que en materia de
política industrial tienen.

Además, en su documento no hay una sola referencia a lo que es el tejido
industrial esencial de esta nación, que son las Pyme. Ustedes sólo
piensan en las grandes empresas, que son las que les determinan cuál debe
ser la política que tienen que desarrollar y como consecuencia de ello
les parece que los demás hacen marketing. No, el marketing es el de
ustedes. Eso es lo que ocurre y, por tanto, me parece bien que dejemos el
tema de la política industrial, porque no he entendido nada.

Por cierto, son 16.000 los puestos de trabajo industriales netos que se
han creado en el cuarto trimestre de 1994 y vamos por el mismo camino en
el primer trimestre. Lo digo para tranquilidad de S. S., porque no es
verdad, en absoluto, que la participación y la situación industrial de
esta nación esté descendiendo y que la política industrial no esté
generando puestos de trabajo. No es verdad. No puedo entender por qué
tienen ustedes interés en que no hay inversión exterior en España, porque
no es verdad, y como no lo es, es lamentable que ustedes estén
esforzándose en conseguir que este país no tenga la capacidad y las
oportunidades que merece. Pero, en fin, allá verán ustedes lo que hacen.

Me ha preocupado la referencia al gasto social. No he sido yo el que ha
sacado el gasto social. Lo ha dicho usted. Que la mayor parte del dinero
se ha efectuado en gasto social. Lo ha dicho usted. Luego dice: Pero es
que es un gasto social muy caro y, además de caro, es discriminatorio,
porque como no es igual para los que no están dentro del plan... Pues ya
me he perdido, porque lo que no he entendido bien es si lo que usted
quiere es que las mismas condiciones de atenciones sociales, pactadas
--insisto--, que se dieron a los sectores que están incluidos en el Plan
de Competitividad se den necesariamente a otros sectores próximos,
igualándolos, lo que iría en contra de lo que usted creo que propone. Es
muy caro porque entonces sería más caro. O si, por el contrario, lo que
usted está diciendo, y que ésa es la posición de su Grupo, es que hay que
recortar las prestaciones sociales de los trabajadores, que es lo que
creo que usted dice, porque si no... yo sé que a ustedes les cuesta
muchísimo ser congruentes, es un ejercicio complicado para ustedes, pero
en este caso la congruencia sólo nos puede conducir a la conclusión de
que ustedes están en contra de la protección social de los trabajadores,
cosa que, por otro lado, no tiene que escandalizarles. Esa ha sido la
posición de la derecha tradicional. Me parece que no habría que calibrar
mucho la situación en que estamos.

Dice usted también que esto es una noria que da vueltas y que no hay
manera de enterarse. Y que no se sabe cómo, pero parece que en Europa sí
se enteran. Y que incluso se entera Siderinsa o los privados en su
momento. Eso yo no se lo puedo arreglar. (Risas.) Si una patronal, que
tiene menos acceso a la información que usted, se entera, y usted no,
será un problema de usted, no de la información. Nosotros le podemos dar
la información. Si usted, a lo mejor, formulase las preguntas más
concretas y no diciendo: ¿Qué opina de no sé quéÉ?, le daríamos la
información. Además, le emplazo: Pídame usted información escrita
concreta y yo se la mando.

Por favor, no diga que no hay inversión extranjera en España. (El señor
Peón Torre: ¿Quién ha dicho eso?) Usted ha dicho que se están marchando.

Usted lo ha dicho. Y yo le digo que en este momento y en la situación
industrial y económica de este país, lo que está ocurriendo es lo
contrario de lo que usted dice. Lo que estamos teniendo en este momento
son constantes apelaciones del capital extranjero para invertir en
España. Es verdad que ustedes intentan



Página 13940



desestabilizar e intentan cortar el consumo privado, pero eso no quiere
decir que lo estén consiguiendo, porque tenemos inversiones constantes en
sectores tan punteros y tan competitivos como la automoción, la industria
química y la industria aeronáutica. Al punto de que el año pasado, cuando
había también un planteamiento de que el capital extranjero estaba
abandonando nuestra nación, las inversiones en activos fijos fueron de
1,3 billones de pesetas en España y, por tanto, el tercer año mejor de la
historia de este país en cuanto a inversiones extranjeras. Incluso en el
año 1993, que fue un año de la crisis.

Yo siento que a usted no le guste la realidad, pero no la puede usted
transformar. La realidad es que España es un país muy importante desde el
punto de vista de las inversiones exteriores, que sigue siendo atractivo
y que la industria internacional está muy interesada estratégicamente en
tomar posiciones competitivas en nuestra nación. Esa es la realidad y eso
es lo que le puedo decir. Uno acaba creyéndose esos planteamientos, pero
es que no responden a la realidad. Porque se está creando empleo neto en
la industria y usted lo sabe. Eso es lo que le puedo decir.

En cuanto a los elementos concretos de información puntual que pueda
saber sobre cifras, yo se los remito cuando me los formule. Es que no me
ha preguntado eso o no venía yo con ese planteamiento. Le insisto en que
tampoco hay discrepancia entre el planteamiento del Ministro de Industria
en el momento histórico en que los privados del acero común español lo
que plantean, en relación con el plan de la competitividad española, no
es tanto una postura de cooperación, sino de liquidación.

Lo que pedía Siderinsa en su momento (y en este momento no es la posición
de Siderinsa, porque lo que hemos hecho ha sido llegar a un acuerdo y,
por lo tanto, no hay más que una rectificación de la patronal privada,
que es otro asunto) es que se suprimiese la siderurgia pública. Si usted
cree que ésa era la posición que deberíamos haber tenido en aquel
momento, puesto que dice que hemos acertado al rectificar, lo que está
diciendo S. S. es que lo que tiene que hacer el Gobierno --y a lo mejor
es lo que ustedes pretenden hacer cuando se produzca ese milagro que S.

S. ha anunciado al final de su intervención-- es suprimir la siderurgia
española. Ese sería el enfoque. Insisto en que si S. S. quiere conocer
puntualmente todas las cifras, yo se las remito. (El señor Peón Torre
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: No está previsto un nuevo turno.




El señor PEON TORRE: Es una aclaración de la Presidencia.

Yo entiendo --puedo estar equivocado-- que cuando se solicita a un
miembro del Gobierno contestación a una pregunta, debe ser sobre lo que
es objeto de la pregunta. Yo lo entiendo así. Y si no se produce esa
contestación, creo que ese Diputado merece el amparo de la Presidencia.

Puedo estar equivocado.

Quiero insistir en que mi pregunta se refería al sector siderúrgico.

Todas las manifestaciones, todas las proclamas e instrucciones de
precampaña electoral que se hayan sugerido al interviniente me parecen
perfectas, pero, por favor, no me hable de política industrial, de
empleos industriales ni de inversión extranjera en la industria cuando yo
le he pedido que me informe sobre el sector siderúrgico español.




El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INDUSTRIA (Moltó García): Si S. S. se ha
molestado, no ha sido ésa mi intención, obviamente. Me ha parecido que la
intervención que realizaba S. S. era de una dimensión trascendente,
ejemplarizando la industria siderúrgica al conjunto de la industria. No
he sido yo el que ha dicho que iba a haber un gobierno de ustedes, lo ha
dicho usted; no he sido yo el que ha dicho que no se creaba empleo
industrial, lo ha dicho usted. Por eso, al plantear algunos temas
concretos me puedo haber equivocado y no era la pretensión de S. S.

enlazar esta cuestión con el tema siderúrgico. Insisto en que todo el
mundo lo sabe muy bien. Nadie da vueltas. Yo le mando las cifras y los
datos que usted quiera, pero tengo la impresión de que es S. S. quien no
tiene la capacidad de aprehenderlo, con hache intercalada. Insisto en que
no quisiera que mi intervención le pareciese ni vehemente ni agresiva mi
intervención. Sólo pretendo transmitir a la sociedad española la
confianza en el futuro de nuestra industria.




El señor PRESIDENTE: Quisiera intervenir para preguntar si el señor
Secretario de Estado da por solicitada esa información y la remitirá al
señor Diputado o el señor Diputado debería solicitarla en concreto y por
escrito.




El señor PEON TORRE: Señor Presidente, yo esperaba que en esta
comparecencia existiera la voluntad de centrar las grandes cuestiones,
para que nos aclarara a todos los problemas de este sector. En él hay una
gran oscuridad, se han estudiado interpelaciones e iniciativas en esta
Comisión y ninguna ha ofrecido luz. También pienso que no es la intención
del Secretario de Estado de Industria no dar explicaciones, pero,
hablando de capacidades, creo que no ha conseguido aclarar nada.




El señor PRESIDENTE: En cualquier caso, la intervención de la Presidencia
intentaba concretar, para ser de utilidad.




El señor PEON TORRE: Por supuesto que solicitaremos la información por
escrito y muy detallada.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Peón. Gracias, señor Moltó.

Se levanta la sesión.




Eran las siete y diez minutos de la tarde.