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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 456, de 16/03/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 456
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAVIER LUIS SAENZ COSCULLUELA
Sesión núm. 54
celebrada el jueves, 16 de marzo de 1995
ORDEN DEL DIA:
Preguntas:
--Del señor Peón Torre (Grupo Parlamentario Popular), sobre criterios que
se tienen en cuenta para determinar la conveniencia de establecer un
control policial de los cuerpos dependientes del Gobierno en el País
Vasco. (BOCG, Serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente
181/001258). (Página 13894)
--Del mismo señor Diputado, sobre instrumentos y cauces para comprobar el
funcionamiento y observancia de los acuerdos del año 1989 firmados con el
Gobierno Vasco en materia de coordinación policial. (BOCG, Serie D,
número 187, de 6-2-95. Número de expediente 181/001259). (Página 13894)
--Del mismo señor Diputado, sobre autoridad política competente para
ordenar el establecimiento de controles policiales en el País Vasco.
(BOCG, Serie D, número 187, de 6-2-95. Número de expediente 181/001260).
(Página 13894)
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a clausurar las
instalaciones permanentes para la escucha y grabación de las
comunicaciones entre los reclusos y sus abogados o visitas. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG, Serie D, número 187, de
6-2-95. Número de expediente 161/000379). (Página 13898)
Preguntas (Continuación):
--De la señora Barrios Curbelo (Grupo Parlamentario Popular), sobre
valoración de la aplicación y cumplimiento del plan de presencia policial
para la ciudad de Las Palmas desde el 1 de enero de 1995. (BOCG, Serie D,
número 191, de 17-2-95. Número de expediente 181/001304). (Página 13904)
--Del señor Fernández Díaz (Grupo Parlamentario Popular), sobre
valoración de la aplicación y cumplimiento del plan de presencia policial
para la ciudad de Barcelona desde el 1 de enero de 1995. (BOCG, Serie D,
número 191, de 17-2-95. Número de expediente 181/001306). (Página 13908)
--Del señor Souvirón García (Grupo Parlamentario Popular), sobre
valoración de la aplicación y cumplimiento del plan de presencia policial
para la ciudad de Málaga desde el 1 de enero de 1995. (BOCG, Serie D,
número 191, de 17-2-95. Número de expediente 181/001310). (Página 13912)
--Del señor Burgos Gallego (Grupo Parlamentario Popular), sobre
valoración de la aplicación y cumplimiento del plan de presencia policial
para la ciudad de Valladolid desde el día 1 de enero de 1995. (BOCG,
Serie D, número 194, de 24-2-95. Número de expediente 181/001344).
(Página 13914)
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:
--CRITERIOS QUE SE TIENEN EN CUENTA PARA DETERMINAR LA CONVENIENCIA DE
ESTABLECER UN CONTROL POLICIAL DE LOS CUERPOS DEPENDIENTES DEL GOBIERNO
EN EL PAIS VASCO. FORMULADA POR EL SEÑOR PEON TORRE, GRUPO POPULAR.
(Número de expediente 181/001258.)
--INSTRUMENTOS Y CAUCES PARA COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO Y OBSERVANCIA DE
LOS ACUERDOS DEL AÑO 1989 FIRMADOS CON EL GOBIERNO VASCO EN MATERIA DE
COORDINACION POLICIAL. FORMULADA POR EL SEÑOR PEON TORRE, GRUPO POPULAR.
(Número de expediente 181/001259.)
--AUTORIDAD POLITICA COMPETENTE PARA ORDENAR EL ESTABLECIMIENTO DE
CONTROLES POLICIALES EN EL PAIS VASCO. FORMULADA POR EL SEÑOR PEON TORRE,
GRUPO POPULAR. (Número de expediente 181/001260.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Creo que a estas alturas es de dominio público de las diputadas y
diputados integrantes de esta Comisión que ha habido solicitud del
ponente que ha de presentar la proposición no de ley de aplazar en lo
posible su debate, que figura en el orden del día. La Mesa es consciente
de que SS. SS. tienen también el programa ya prefijado y hay poco margen
para atender con cortesía esa demanda y no tratar injustamente a los
integrantes de la Comisión.
Así pues, vamos a optar por una fórmula poco ortodoxa, pero que me parece
cubre razonablemente todas las demandas. Vamos a empezar por el turno de
preguntas, en el bien entendido de que en el momento que se incorpore el
ponente de la proposición no de ley interrumpiremos el trámite de
preguntas (culminando la que se esté celebrando en ese momento), y
daríamos paso al debate de la proposición no de ley. Advierto a SS. SS.
que, en todo caso, si después de dos preguntas no es posible celebrar el
debate de la proposición no de ley, la declararemos decaída.
¿Tiene la bondad la Secretaria de Estado de Interior de ocupar su sitio
en esta Mesa para atender las preguntas? (Pausa.)
Doy la bienvenida a doña Margarita Robles, Secretaria de Estado de
Interior, y pasamos al examen de las preguntas. La primera de ellas es de
don Francisco Javier Peón Torre: Criterios que se tienen en cuenta para
determinar la conveniencia de establecer un control policial de los
cuerpos dependientes del Gobierno, en el País Vasco.
Tiene la palabra don Francisco Javier Peón Torre.
El señor PEON TORRE: Señor Presidente, quería adelantar que es intención
de este parlamentario englobar también en un solo turno la segunda y la
tercera preguntas, porque entendemos tienen relación con el objeto de la
primera.
El señor PRESIDENTE: No hay ningún inconveniente, señoría. Sólo le pediré
que de todas maneras se atenga al criterio de exponer en un conjunto de
cinco o siete minutos las cuestiones a que se refieren sus preguntas.
El señor PEON TORRE: Así lo intentaré, señor Presidente.
Antes de nada, y tratando de cumplir el deseo de la Presidencia de
atenernos al orden del día y a los programas que acuerda la Mesa, dar la
bienvenida a la Secretaria de Estado de Interior y agradecer su
presencia.
Obligatoriamente tenemos que empezar con una introducción, aunque sea
breve, de cuál era el contexto y la razón última de la presentación de
las tres preguntas que formulamos en este acto.
Se trata de una cuestión que viene ya de noviembre del año pasado. Yo
creo que siguiendo un poco la filosofía general de los grupos que apoyan
al Gobierno de dar un gran protagonismo a las iniciativas parlamentarias,
en particular a las de la oposición, han transcurrido más de cuatro
meses. Creo, sin embargo, que sigue habiendo motivos de actualidad para
que vayamos a escuchar con interés las contestaciones que tenga que dar
la Secretaria de Estado.
Como digo, en noviembre del año pasado se produjo una polémica (que
nosotros entendemos era seria, era grave, que tenía calado político y
que, desde luego, afectaba a los ciudadanos) en relación al despliegue de
la actividad policial que se desarrolla por las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado en la ciudad de Bilbao, y en concreto los problemas
que esta actuación policial suponía en cuanto a la coordinación con la
actividad policial de la Ertzaina.
En concreto, un alto responsable político del Gobierno vasco llegó a
acusar textualmente a los mandos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado en Bilbao de incrementar los controles policiales
exclusivamente con ánimo de interferir en la labor de la Ertzaina.
Llegaron a acusar también a esos mandos de no cumplir los pactos
suscritos, en 1989, entre la Administración central y el Gobierno vasco
en materia de coordinación y despliegue policial. Llegó incluso a afirmar
también este alto responsable político del Gobierno vasco que la
autoridad competente para establecer controles policiales en Bilbao era
la Ertzaina, era el Gobierno vasco.
Después de esta polémica, con gran despliegue informativo en los medios
de comunicación, se observó un reconocimiento --se dice en la prensa
entonces de esas fechas-- por parte del Gobierno civil de que había
problemas de ajuste. Incluso el Ministro de Justicia e Interior llegó a
afirmar que el problema no tenía gran importancia en la medida que a
nivel político existían acuerdos. De esa manera entendemos que estaba
reconociendo, siquiera implícitamente, o estaba acusando siquiera
implícitamente, que, efectivamente, eran los mandos policiales de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los responsables de esos
desajustes. Finalmente toda esta polémica parece que fue a desembocar en
una reunión de la Junta de Seguridad, que tengo entendido presidió la
Secretaria de Estado en Bilbao --creemos que fue en el mes de diciembre--
donde se trataron estas cuestiones de descoordinación entre la Ertzaina y
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Antes se produjo una nueva
polémica, yo creo sinceramente que fue casi la excusa para convocar esa
Junta de Seguridad respecto a una supuesta falta de información de la
Ertzaina a los responsables del Ministerio del Interior, del Gobierno
central en cuanto a la detención de los miembros del «comando Vizcaya».
Creo que es ocioso en este trámite insistir en la importancia de que las
relaciones y las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y de la policía autónoma se encuentren perfectamente coordinadas.
Estamos hablando de servicios públicos esenciales, que deben estar
orientados al mejor servicio hacia los ciudadanos. No pueden ser en
ningún momento objeto de debate político o partidista.
Tengo que decir que a nosotros nos preocupó mucho esta polémica porque
prácticamente en seis años desde que se pusieron en marcha --en el año
1989-- los acuerdos de normalización, coordinación y normalización no
había existido ningún incidente. Fue precisamente en noviembre de este
año pasado 1994 cuando se produjo el primer incidente y creo sinceramente
--y en esto no puedo estar de acuerdo con el Ministro de Justicia e
Interior-- que fue un incidente grave, muy grave incluso, en la medida
que daba la sensación de que el desencuentro se producía entre los mandos
policiales de un cuerpo de seguridad y de otro; daba la sensación de que
a nivel político, a nivel de mandos políticos, a nivel de Gobierno
central, del Ministro de Justicia e Interior y de Consejero de Interior
del Gobierno vasco existía total sintonía y acuerdo pero que no se
producía esa sintonía ni ese acuerdo y colaboración en lo que son
estrictamente mandos policiales.
Nosotros creemos que la realidad no es esa exactamente, pero antes de
exponer cuál es nuestra opinión, no podemos sino esperar las
explicaciones que pueda dar la secretaria de Estado, dándole las gracias,
como decíamos al principio de nuestra intervención.
El señor PRESIDENTE: Puede tomar la palabra la secretaria de Estado
entendiéndose que ha de referirse en su contestación, también de forma
acumulada, a las tres preguntas que se han agrupado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Hay un
punto que me parece esencial poner aquí de relieve que es la absoluta
coincidencia de los planteamientos del Gobierno central y el Gobierno
autónomo vasco en que la lucha contra el objetivo del terrorismo de ETA
es algo prioritario. Por tanto, políticamente no hay ninguna duda de que
la lucha policial contra ETA es un objetivo que comparten las dos
administraciones: la central y la autonómica. Ese objetivo es
absolutamente irrenunciable para todos, así lo ha puesto de relieve el
Gobierno vasco y también el Gobierno central.
Es cierto que en los medios de comunicación salieron algunas noticias que
hablaban de una posible descoordinación y es cierto que en aquel momento
se dijo que probablemente habría podido ocurrir algún incidente aislado.
Quiero decir --y vuelvo a repetirlo-- que desde el punto de vista
político no hay ningún otro tipo de fisuras pero tampoco las hay desde el
punto de vista policial, porque, como decía antes, el objetivo que se
comparte --la lucha contra el terrorismo-- es único. Cualquier fenómeno
de convivencia de Fuerzas de Seguridad obviamente puede conllevar
determinados fallos en ocasiones de coordinación, y los fallos de
coordinación no quieren decir que
sean fallos estructurales, sino que, lógicamente, los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y la propia policía autónoma en determinados
momentos, pues tiene que actuar inmediatamente sobre el terreno y no en
un despacho, en ocasiones pueden producirse, como decía, algunas
cuestiones que evidencian descoordinación.
Eso que se planteó, como bien decía S. S. en el mes de noviembre, fue un
incidente absolutamente aislado, que no ha vuelto a producirse, y puso de
relieve a aquellos que tenemos responsabilidad política tanto en el
Gobierno central como en el Gobierno autónomo vasco que era necesario
apurar al máximo cualquier mecanismo de coordinación. Efectivamente, por
esa razón, se reunió la Junta de Seguridad el 1.º de diciembre de 1994, y
lo que hizo fue poner de manifiesto y sin paliativos la absoluta unidad
de criterio del Gobierno central y del Gobierno autónomo; precisamente
para evitar cualquier tipo de descoordinación que pudiera plantearse con
carácter --insisto-- muy excepcional entre los cuerpos policiales, era
necesario buscar algún mecanismo permanente de coordinación. Tengo que
decir que felizmente, desde esa Junta de Seguridad de 1.º de diciembre de
1994, en el marco de la cual se creó una comisión de coordinación, dicha
comisión se está reuniendo cada 15 días y en esa comisión de
coordinación, en la que existen autoridades políticas pero también
autoridades policiales y técnicas, se está llegando a una absoluta unidad
y unificación en todo lo que supone la actuación tanto de la Ertzaina
como de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Traigo aquí una
noticia que ha salido en «El Correo», el viernes día 10 de marzo de 1995,
en la que se recoge cómo Ertzaina, policía y guardia civil ponen en
marcha un plan para compartir información.
Puedo decir, pues, que en este momento las relaciones son francamente
buenas, que los mecanismos de coordinación están funcionando con una
periodicidad quincenal --y yo creo que eso es algo de lo que tenemos que
felicitarnos todos-- y que, finalmente, cualquier roce aislado que
pudiera haberse producido en el mes de noviembre está perfectamente
superado no sólo por la voluntad de los responsables políticos y
policiales que la tienen, sino también porque entre todos hemos
instaurado esos canales permanentes de coordinación, participación y
diálogo.
El señor PRESIDENTE: Señor Diputado.
El señor PEON TORRE: Señora Secretaria de Estado, lamento que una vez más
me quede con la sensación de que ustedes no son claros; no dicen cuáles
son las auténticas razones de lo que hacen.
En estos días, el titular del Ministerio, señor Belloch, creo que ha sido
un ejemplo paradigmático de lo que es no ser claro, de lo que es no decir
las cosas como son, de lo que es enmascarar la realidad, de lo que es
falsear la realidad. Le voy a aclarar por qué digo que ustedes no son
claros.
En el mes de agosto del año 1994 hubo otra polémica también en los medios
de comunicación. La polémica se produjo porque usted había dado
instrucciones (y así se recoge en los medios de comunicación, insisto,
porque en esta Cámara los parlamentarios nos enteramos muchas veces de
las cuestiones que deberían tratarse en la Cámara por los medios de
comunicación) de que se suprimieran los controles de la Guardia Civil y
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Euskadi. Se decía
entonces que esa medida se adoptaba como consecuencia de una nueva
filosofía policial en el País Vasco, en Euskadi, y esta decisión fue
acogida con enorme alegría, lógicamente, por el partido Nacionalista
Vasco. Se decía, también, que en una reunión del Pacto Antiterrorista de
Madrid, previa a ese mes de agosto, ya el Partido Nacionalista Vasco
había hecho expresa petición de que desaparecieran dichos controles.
Esto se publicó en el mes de agosto y no sólo no lo desmintió nadie, sino
que incluso el Gobernador civil de Vizcaya vino a defender esa decisión,
vino a decir que le parecía razonable y vino a mantener que era una
decisión que venía a tratar de colaborar en el mejor servicio de
seguridad hacia los ciudadanos vascos.
A nosotros nos preocupa una cosa; nos preocupa ese objetivo político,
compartido no sólo por el Gobierno vasco y por el Gobierno central, no
voy a decir ya representantes de partidos políticos, sino todos los
ciudadanos españoles, absolutamente por todos, de combatir el terrorismo.
Esto me parece una obviedad, en la que no hay que insistir ni un minuto,
pero está la cuestión de cómo se hace eso. ¿Se hace cediendo a todos los
planteamientos que legítimamente pueden interesar a los partidos
nacionalistas? Yo creo que eso tiene un riesgo, señora secretaria de
Estado. Pretender combatir el terrorismo con los planteamientos que
parecen legítimamente aceptables a los partidos nacionalistas, me parece
arriesgado. Pero ya me parece temerario no ser claro.
El responsable del Gobierno vasco que afirmó cuando se dio origen a esta
polémica que los controles ya no eran competencia de la Guardia Civil por
algo lo diría, porque en los acuerdos escritos del año 1989 no se dice
tal cosa. En los acuerdos escritos del año 1989 se establece que la
Guardia Civil y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen
competencia en el País Vasco en temas como el terrorismo y en temas
--digamos-- de ámbito supraterritorial. Es claro que, por tanto, pueden
desarrollar todo tipo de controles en Bilbao, en San Sebastián y en el
último pueblo de Euskadi, siempre y cuando se trate de combatir el
terrorismo.
¿Por qué dijo eso el Gobierno vasco? ¿Por qué dijo el Director de
Seguridad Ciudadana del Gobierno que ya no era competencia de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado el establecimiento de los controles?
¿Por qué dijo que se habían vulnerado los acuerdos? ¿Existía algún tipo
de acuerdo no escrito, algún tipo de acuerdo tácito, entre el Gobierno
central, entre los altos responsables del Ministerio de Justicia e
Interior y el Gobierno vasco, para que esa petición del PNV de que no se
establezcan más controles por parte de la Guardia Civil en el País Vasco
se llevara por fin a la práctica? Yo creo que puede haber algo de eso,
sinceramente; incluso le diré más. Ha indicado usted que ahora se reúnen
cada quince días, pero no ha dicho otra cosa. No ha dicho que, por lo
menos, según aparece en la prensa, la Junta de
Seguridad iba a ser la que adoptara las decisiones respecto a qué
controles se establecen o no. Eso aparece en la prensa y usted no ha
dicho que se acordara así.
Ha dicho usted también que la policía no actúa en un despacho, que actúa
sobre el terreno. ¿A usted le parece que eso es realmente operativo? ¿A
usted le parece que la Guardia Civil o la Policía Nacional, cuando tengan
que establecer un control preventivo para luchar contra el terrorismo en
el País Vasco, tengan que pedir, y poner un sello casi burocrático, a los
despachos políticos que se pongan de acuerdo respecto a si es necesario o
no ese control? ¿Hasta cuándo vamos a seguir jugando a esto? ¿No es
suficientemente serio el tema del terrorismo? ¿Realmente tenemos que caer
en esa política --con minúsculas-- de que como al Gobierno le interesa
una buena relación con los nacionalistas, sean catalanes o vascos, hay
que ir cediendo determinados planteamientos bajo el objetivo genérico y
bondadoso, que todos compartimos, de acabar con el terrorismo o con la
inestabilidad política, etcétera, pero en el fondo con otro tipo de
planteamientos que distan mucho de ser defensores de los intereses
generales?
Señora secretaria de Estado, le voy a decir una cosa. Me gustaría que
usted, en este momento, me contestara textualmente a las preguntas que le
he formulado y que son: ¿Quién es la autoridad competente para ordenar
esos controles? Que lo diga aquí y que quede recogido en esta Cámara para
saber quién es la autoridad competente para ordenar esos controles. Si es
cierto o no es cierto que se acordó que esos controles se sometan a la
decisión de la Junta de Seguridad. En tercer lugar, que me confirme usted
que no hay ningún tipo de acuerdo tácito ni no tácito, ningún tipo de
acuerdo, en el sentido de que la Guardia Civil y las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado no puedan cumplir con su obligación, que se
establece en ese pacto de 1989, de lucha contra el terrorismo en
coordinación con la Ertzaina y, por tanto, estableciendo los controles
que consideren oportuno establecer según su responsabilidad.
Le diré más y termino, señoría. El modelo policial, ya sea en el País
Vasco, en Cataluña o donde sea, es un modelo que se establece para servir
al conjunto de los ciudadanos; no es un modelo que se alarga, se encoge o
se estira como el chicle en función de intereses de partido, de una
administración o de otra. Es un modelo que tiene que servir eficazmente a
todos los ciudadanos y no podemos permitirnos en la lucha contra el
terrorismo ni en ningún otro tipo de delito, derrochar recursos humanos y
materiales que son escasos y muy necesarios para acabar finalmente con
todo tipo de delincuencia.
El señor PRESIDENTE: La señora secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Veo que
inicialmente usted ha hecho una mención al Ministro señor Belloch y
siento que el Partido Popular siga sin perdonarnos que el señor Roldán
haya sido puesto a disposición de la autoridad judicial; lo siento. No
quiero entrar en polémica porque ha sido usted el que ha retomado este
tema; creo que permanentemente ustedes tienen que criticar lo que hace el
Gobierno, están en su derecho --yo no lo comparto--, pero la propia
trayectoria del Partido Popular y los pronunciamientos hechos en relación
al señor Roldán les dejan en evidencia. Por tanto no comparto la mención
que hace del señor Belloch; lo único que pasa es que ustedes no le
perdonan que haya tenido éxito.
En segundo lugar, de su intervención me sorprende que S. S., a quien
tengo por una persona que conoce perfectamente el ordenamiento jurídico,
ignore cuál es la normativa vigente en materia de controles policiales y
se deje llevar por noticias aparecidas en los medios de comunicación que
ni siquiera S. S. se toma la molestia de contrastar.
Sé que conoce perfectamente la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado y la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, y también sé que
usted conoce perfectamente que los controles policiales nunca pueden ser
decididos por una autoridad política; se toman precisamente por los
mandos policiales. Por tanto, quien diga que hay una comunicación mía del
mes de agosto, que me la enseñe y que me la enseñe por escrito. No vale
con decirlo, porque yo no lo he firmado y, además, por otra parte, no
podría firmarlo.
Para tranquilidad de S. S. le diré que no es verdad. Tan es así, que le
voy a leer la relación de los controles realizados por la Policía y la
Guardia Civil en el País Vasco en los últimos años, para que usted lo
vea. En el año 1988, 4.948; en 1989, 3.944; en 1990, 3.703; en 1991,
2.908; en 1992, 4.474; en 1993, 7.639, y en 1994, pese a haber esa
pretendida instrucción o circular mía, 5.024; es decir, muy superior a la
de los años anteriores, salvo 1993. Tengo que decir, porque sé que usted
se alegra conmigo, que gracias a los controles policiales que se han
hecho, tanto la Policía como la Guardia Civil están teniendo un gran
éxito en la lucha antiterrorista en el País Vasco.
Sin embargo, efectivamente, yo no me voy a apropiar partidistamente, como
pretenden hacerlo ustedes, de los éxitos de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado, que son de todos los ciudadanos. Como consecuencia
de esos 5.024 controles --curioso el número si existiera una orden mía en
sentido contrario-- se han dado grandes éxitos de Policía y de Guardia
Civil en el País Vasco.
Le guste o no le guste a S. S., hemos dicho hasta la saciedad en el
Ministerio de Justicia e Interior que la lucha contra el terrorismo es
una lucha de todos los partidos democráticos, que no puede hacerse nada
fuera del marco de los Pactos de Ajuria Enea y de los Pactos de Madrid.
Nosotros no negociamos bilateralmente porque no tenemos nada que
negociar. Contra el terrorismo no podemos tener ninguna fisura los
partidos democráticos, y no me parece bien que se quieran utilizar
determinados planteamientos desde una posición yo diría partidista. Por
tanto, no hay ningún tipo de pacto con partidos políticos porque sabemos
que la lucha contra el terrorismo es una lucha de todos; vamos a ganar al
terrorismo y le vamos a ganar a todos.
Quiero decir, una vez más, que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado, con un gran sentido común, con
una gran profesionalidad, no en una mesa de despacho --vuelvo a repetir--
sino sobre el terreno, realizando esos 5.024 controles del año 1994, pese
a esa pretendida orden mía, están teniendo grandes éxitos en la lucha
contra el terrorismo y lo que hay que hacer entre todos es seguir
apoyando, no sembrando márgenes de duda al respecto. El apoyo a los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado tiene que se total. Nunca
políticamente se va a decir cuándo procede un control policial porque eso
lo han de hacer los propios mandos policiales. Yo sé que usted conoce
perfectamente los textos de las dos leyes que he citado y, por tanto, el
planteamiento que ha hecho sólo puedo entenderlo desde la óptica, a que
últimamente nos tiene acostumbrado el Partido Popular, que es incapaz de
reconocer un éxito, un éxito como el del señor Belloch, y los éxitos que
estamos teniendo todos, no sólo el Gobierno, en la lucha contra el
terrorismo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor PEON TORRE: Señor Presidente, quiero solicitar el amparo de esa
Presidencia para que se me conteste a las preguntas que constan en el
orden del día, porque no ha acabado de contestar señor Presidente, a lo
que le he pedido y que incluso figuraba en la exposición que ilustraba la
pregunta. Además, creo que habrá entendido perfectamente la señora
Secretaria de Estado a qué me refería. En este momento en el País Vasco,
y con todos los acuerdos que pueda tener el consejero de Interior del
Gobierno Vasco con el Ministro de Justicia e Interior del Gobierno
central, ¿cuál es la autoridad competente para determinar el
establecimiento de controles en el ámbito de la Comunidad Autónoma Vasca?
No me ha contestado. Le ruego que me conteste textualmente.
El señor PRESIDENTE: Señoría, el trámite de preguntas está claramente
tasado, como a nadie se le oculta, y la presidencia de la Comisión de
Justicia, al igual que cualquier otra presidencia de Comisión, no tiene
facultades para indicar en qué sentido tiene que expresarse tanto quien
pregunta como quien responde. Eso forma parte de las responsabilidades
políticas que cada uno ejerce con arreglo a su libre albedrío. Yo no
tengo facultad alguna para indicarle en qué términos debe contestar la
señora Secretaria de Estado. Por tanto, no ha lugar a esas preguntas, sin
perjuicio de que S. S. ya ha dado a entender, y le he dado oportunidad
para ello, que se declaraba disconforme con la respuesta que ha obtenido.
Antes de continuar con el examen del orden del día, permítanme SS. SS.
una brevísima cuestión incidental. El Grupo Popular ha solicitado el
aplazamiento de las preguntas que suscriben las Diputadas doña Soledad
Becerril Bustamante y doña Luisa Fernanda Rudi Ubeda, que figuran en el
orden del día con los números 6 y 10, respectivamente. Como ello
constituye una alteración del orden del día, la Presidencia debe contar
con la Comisión. Ustedes saben que, de aprobarse este cambio del orden
del día, quedarán aplazadas a una sesión en la que puedan volver a ser
incluidas; de no aceptarse quedarán decaídas. Por tanto, me dirijo a los
señores portavoces para que me indiquen si podemos modificar el orden del
día en el sentido solicitado por el Grupo Popular. (Asentimiento.)
De acuerdo. No habiendo objeción, queda alterado el orden del día. Las
dos preguntas mencionadas se aplazan para aquella sesión en la que
expresamente se incluyan.
--PROPOSICION NO DE LEY POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CLAUSURAR LAS
INSTALACIONES PERMANENTES PARA LA ESCUCHA Y GRABACION DE LAS
COMUNICACIONES ENTRE LOS RECLUSOS Y SUS ABOGADOS O VISITAS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000379.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Diego López Garrido para que
pueda defender su proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a
clausurar las instalaciones permanentes para la escucha y grabación de
las comunicaciones entre los reclusos y sus abogados o visitas.
El señor LOPEZ GARRIDO: Ante todo, mi agradecimiento por la generosidad
en cuanto al cambio en el orden del día del punto que voy a defender en
este momento. También mi agradecimiento a la comprensión de los demás
comisionados.
Nuestra proposición no de ley parte de la existencia todavía en los
centros penitenciarios españoles de instalaciones permanentes para la
escucha y la grabación de comunicaciones entre los reclusos y sus
abogados y visitas. Instalaciones permanentes de escuchas. Quiero
enfatizar la expresión «permanentes», no instalaciones esporádicas.
Instalaciones permanentes que dan lugar a una vulneración (si hay una
interpretación en un sentido garantista de nuestra Constitución) de los
artículos 18 y 25 de nuestra Constitución.
El artículo 18.3 de nuestra Constitución dice que se garantiza el secreto
de las comunicaciones. Después, habla de una protección especial para las
postales telegráficas y telefónicas. Lo cierto es que el artículo 18.3
habla del secreto de todas las comunicaciones, salvo una resolución
judicial. Por otra parte, el artículo 251, que se refiere a las
finalidades de las penas y los derechos, por tanto, de quienes están en
prisión, no exceptúa para estos presos el goce del derecho que está
establecido en el artículo 18.3. Las penas privativas de libertad
limitan, evidentemente, algún derecho como es el de la libertad de
circulación, pero no otros. Así, el artículo 25.2, concretamente, dice
que el condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma
gozará de los derechos fundamentales de este capítulo. Por tanto, también
del derecho a la comunicación. Solamente excepciona el artículo 25 los
derechos que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo
condenatorio y también por el sentido de la pena y la Ley Penitenciaria.
Desde luego, no hay en la Ley Penitenciaria ninguna limitación a este
respecto. La Ley General Penitenciaria dice expresamente que las
comunicaciones de los
internos con los abogados tienen que celebrarse en determinados
departamentos, que no pueden ser suspendidas o intervenidas, salvo por
orden de la autoridad judicial, cosa que ha sido claramente confirmada
por el Tribunal Constitucional en reciente sentencia.
En consecuencia, ante la situación de la existencia de instalaciones
permanente de escucha y el hecho de que eso conculca nuestra legalidad
constitucional, los jueces de vigilancia, en concreto los de Madrid,
ordenaron la clausura, el levantamiento o la inutilización de esos
sistemas. Sin embargo, la Administración penitenciaria, hasta lo que
nosotros sabemos, no ha ejecutado esta disposición de los jueces de
vigilancia penitenciaria, no ha desmantelado estos sistemas. Con ello, no
solamente se vulneran los derechos de los condenados a penas de prisión
contenidos en los artículos 18.3 y 25 de la Constitución, sino que,
además, hay que decir que se trata de una ignorancia de la capacidad de
control de la Administración sobre la legalidad de la actuación
administrativa que tienen los tribunales. Y específicamente los jueces de
vigilancia penitenciaria tienen una capacidad de control sobre la
Administración penitenciaria y tienen, además, la potestad de amparar los
derechos fundamentales de los internos en los establecimientos
penitenciarios.
Por esta razón nuestro Grupo ha presentado esta proposición no de ley que
defiendo en este momento, que insta al Gobierno a que se cumplan
estrictamente los mandatos y resoluciones judiciales, en especial los
emanados de los juzgados de vigilancia penitenciaria, para el
aseguramiento y protección de los derechos fundamentales de los internos
en establecimientos penitenciarios.
En segundo lugar, ya más en concreto en relación con el objeto que ha
desencadenado la presentación de esta proposición no de ley, se insta al
Gobierno a clausurar o inutilizar los sistemas permanentes de escucha y
grabación que existen en los centros penitenciarios españoles y que
pueden ser utilizados para la intervención ilegal de las comunicaciones
de los reclusos y sus abogados.
El señor PRESIDENTE: A la Presidencia no le consta la presentación de
enmiendas por parte de ningún grupo parlamentario.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Tiene la palabra don Ignacio Gil Lázaro, por el Grupo Popular.
El señor GIL LAZARO: El Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la
proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, habida cuenta de que la misma
coincide sustancialmente con el planteamiento de fondo que hemos venido
sosteniendo al respecto, tal y como hemos dejado constancia en diversas
sesiones tanto del Pleno como de esta Comisión, y porque, además, existe
una clara posición fijada ya por los tribunales y que bajo ningún aspecto
es posible desconocer, por más que la Administración haya acreditado una
notable resistencia a la misma.
Creemos que es oportuno que esta Cámara adopte una resolución política
que, en su más estricto sentido, suponga una defensa del principio de
legalidad, y en apoyo sustancial, además, de la tarea que corresponde
desempeñar a los órganos jurisdiccionales en la garantía efectiva de
dicho principio frente a posibles actuaciones administrativas que orillan
la dimensión básica de aquél. Desde esta consideración, el voto favorable
de mi Grupo no solamente significa nuestro apoyo al desarrollo en
términos generales de lo dicho por la sección quinta de la Audiencia de
Madrid, en cuanto a la necesidad de clausura, levantamiento o
inutilización de los sistemas permanentes y ocultos de grabación de
conversaciones en los locutorios de los centros penitenciarios, por más
que esa resolución venga referida exclusivamente al centro de
Alcalá-Meco, sino que significa también la expresión de nuestra
reafirmación en lo que son las funciones que corresponden al juez de
vigilancia penitenciaria como garantía de la aplicación de ese principio
de legalidad, porque, frente a la tesis de la Administración de que el
juez de vigilancia es incompetente para dar órdenes a aquélla sobre los
aspectos materiales de las cárceles, la Audiencia ha puesto de manifiesto
que sería vaciar de contenido las facultades del juez de vigilancia si,
cuando la vulneración de un derecho fundamental se produce a través de un
elemento material, no pudiera acordar aquél la suspensión, inutilización
o corrección del mismo.
El eje central de la cuestión es claro, porque, como recuerda la propia
Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, la Administración no puede
invocar el ejercicio de ninguna facultad en apoyo del actual sistema de
grabación, ya que, si se cumple la legalidad, ninguna utilidad tiene un
sistema oculto y, si no se cumple la legalidad, el sistema resulta útil,
pero queda situado en la ilegalidad y cabe expresar aquí nuevamente el
reiterado criterio de mi Grupo respecto del inorillable atenimiento pleno
a la legalidad en todo empeño concerniente a la prevención, persecución y
averiguación del delito, porque sólo en el marco cierto de la ley se
puede coronar el fin último de la eficacia, en concordancia con las
exigencias de lo que significa, y es el Estado de Derecho y las tareas
inherentes a la defensa del mismo.
Coincidimos igualmente en la invocación hecha por la Audiencia cuando se
refiere a estos sistemas como apariencia de resultar necesarios, puesto
que los imperativos jurídicos referentes a las formalidades exigibles
para la ejecución de un proceso de intervención de las comunicaciones y
las ventajas materiales que para el desarrollo del mismo ofrece desde un
punto de vista espacial la privación de libertad del sujeto afectado no
avalan, en modo alguno, el carácter imprescindible de estas instalaciones
fijas, tal y como, en sentido contrario al de la Audiencia, quiere
sostener la Administración.
Además, sobre todo ello sigue planeando también el riesgo señalado por
jueces y abogados cuando advierten que lo perverso de esas instalaciones
de grabación se encuentra igualmente en su falta de control objetivo; de
manera que no hay garantías de que el sistema sólo pueda ser usado cuando
está permitido hacerlo, como tampoco posibilita comprobar que no han sido
utilizados ilegalmente.
Cierto es que al resultado de la iniciativa que en estos momentos
debatimos, y que va a ser apoyada por nuestro Grupo, habrá que sumar la
adopción, en el futuro, de otras de valor más sustancial, por cuanto
afectan a reformas de nuestro ordenamiento jurídico, reformas que se
concretan, entre otras, en la confusa excepción contenida en el artículo
50.2 de la Ley General Penitenciaria y que mi Grupo probablemente
planteará muy pronto.
Cierto es también que, tras los acontecimientos que han afectado a los
centros penitenciarios de Alcalá-Meco, Avila y Salamanca y después del
claro pronunciamiento del Tribunal Constitucional en reciente sentencia,
urge establecer un criterio definitivo que permita saber en qué centros
penitenciarios existen estos sistemas y proceder a la clausura de los
mismos, como se ha hecho en los enunciados, porque, en definitiva,
mientras no sea así, continuará abierta una peligrosa fisura en el
blindaje de los derechos fundamentales que afectan al derecho a la
intimidad, al derecho al secreto de las comunicaciones y al derecho a la
defensa, y la simple apreciación de una posibilidad de obtención ilegal
de información, que menoscaba el equipaje básico de esos derechos es
causa bastante para servir los medios necesarios que eviten la efectiva
constatación de aquella hipótesis.
La apreciación de la legalidad no puede ser nunca un valor coyuntural,
definido por interpretaciones o intereses ajenos al espíritu y a la letra
de la norma, ni cabe aceptar deflaciones de esa exigencia de legalidad
por mor de una mera teoría del resultado, porque, de ser así, se
relativiza el imperativo jurídico hasta la desvirtuación de convertirlo
en un elástico acomodado a la conveniencia de quienes tienen sobre sí la
obligación de cumplir y hacer cumplir las leyes, en función precisamente
de la tarea ejecutiva que ostentan.
Aceptando como cierta esta consideración, no cabe esgrimir argumento
alguno que trate aún de dar continuidad a la presencia de unos mecanismos
permanentes de grabación que, con ese carácter de fijeza, no guardan
correlación con la naturaleza de bien jurídico protegido que nuestra
Constitución afirma al dotar de carácter fundamental a un conjunto de
derechos que son inherentes a la doble concepción de la persona como
individuo y como ciudadano.
Por eso, limitar cualquier tentativa de actuación arbitraria de la
Administración en detrimento de aquellos derechos es, sin duda, abonar el
camino de perfeccionamiento democrático y estar más cerca de esa sociedad
democrática avanzada, cuya consecución es fin último de nuestro sistema
constitucional y en cuya procura se encontrará, siempre y sin condiciones
previas, al Grupo Parlamentario Popular, entre otras cosas porque,
respecto del asunto que nos ocupa y en el contexto de lo que estamos
hablando, nosotros seguimos diciendo que las garantías individuales y el
ejercicio de la función ejecutiva deben estar siempre sometidos al
absoluto respeto a la ley, que es el requisito indispensable para hacer
efectivo el debido equilibrio entre las demandas propias de la libertad y
la seguridad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rodríguez Zapatero, por
parte del Grupo Socialista.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Para fijar la posición del Grupo Socialista,
que no va a ser favorable a la proposición del Grupo de Izquierda Unida,
seguramente motivada en su momento por un fallo de la Audiencia
Provincial de Madrid, que posteriormente ha sido revocado por una
reciente sentencia del Tribunal Supremo, si bien no es la cuestión de
fondo que se plantea en estos momentos.
En primer lugar, quisiera matizar cuál es la situación real, que se ha
invocado de forma parcial, quizá sin concretar, que se produce después de
dos pronunciamientos de jueces de vigilancia penitenciaria.
Concretamente, los relativos al centro penitenciario de Alcalá-Meco, auto
de 10 de mayo de 1994 del juez de vigilancia número 3 de Madrid, y a los
centros penitenciarios de Salamanca y Brieva, en Avila, auto de 11 de
enero de 1995, del juez de vigilancia número 1 de Castilla y León, con
sede en Valladolid.
Una vez que se producen estos autos --remitiré únicamente la información
sobre el centro penitenciario de Alcalá-Meco--, la Administración
penitenciaria, al tener conocimiento del mismo por la Audiencia
Provincial de Madrid, por resolución del recurso de reforma que ante ese
pronunciamiento inicial del juez de vigilancia penitenciaria se había
producido, inicia el procedimiento para que, al amparo del artículo 10.1
de la Ley Orgánica 2/1987, de 10 de mayo, de conflictos jurisdiccionales,
a través del Delegado del Gobierno en Madrid, formulase el requerimiento
de inhibición al juez de vigilancia, que fue inadmitido, pasando a
formularse el correspondiente conflicto ante el Tribunal de Conflictos de
Jurisdicción, planteado formalmente y que está pendiente de resolución.
Al mismo tiempo --y es importante subrayar este dato--, la Secretaría de
Estado de Instituciones Penitenciarias, a través de la Dirección General
de Instituciones Penitencias, cursó instrucciones al director del centro
penitenciario de Alcalá-Meco a fin de que no se utilizasen los mecanismos
estáticos de intervención de las comunicaciones hasta tanto no quedara
resuelto el conflicto.
Suscitado el conflicto de jurisdicción, además, el juez de vigilancia,
por providencia de fecha 5 de enero de 1995, acordó suspender la
ejecución de la medida de clausura del sistema permanente de grabación y
ordenó, como medida cautelar y con carácter provisional, el precinto
provisional de los aparatos del sistema de grabación, lo que se llevó a
efecto el 13 de enero de 1995 en presencia del director del centro,
quedando lacrados los sistemas, cuya llave quedó en custodia del juez de
vigilancia penitenciaria.
Por tanto, conviene precisar, en primer lugar, que la Administración
penitenciaria ha cumplido lo acordado en su momento en primer instancia
por el juez de vigilancia y, posteriormente, por la Audiencia competente
y, en el legítimo uso de los derechos que el ordenamiento jurídico
confiere, ha establecido un recurso al amparo de la Ley de Conflictos
Jurisdiccionales.
Por no cargar excesivamente el relato de los hechos, las mismas
actuaciones se han llevado a cabo por lo que afecta a la resolución del
juez de vigilancia penitenciaria con sede en Valladolid.
Conviene también hacer un breve repaso porque tengo la impresión de que
se ha podido producir alguna confusión, al menos yo me he quedado con
alguna confusión interpretativa, de cuál es en rigor el sistema de
posible control de las comunicaciones de los internos, por tanto de las
personas que están privadas de libertad, condenadas por delito. Creo, e
intentaré demostrarlo al final, que no estamos en un debate de garantías,
que no estamos en un debate de presuntos recortes de derechos
fundamentales, sino simplemente en un debate de dar o no eficacia al
ejecutivo, a la Administración, para cumplir una parte importante de sus
fines.
Es verdad, y sería absurdo reiterarlo, que los derechos fundamentales y
libertades públicas amparan a todos los ciudadanos, incluso, como es
conocido y se ha dicho aquí, a las personas que están privadas de
libertad, pero conviene precisar que el sistema de posible intervención o
suspensión de las comunicaciones de las personas privadas de libertad
tiene alguna excepción, sin duda importante, que se ha omitido aquí.
El artículo 25 de la Constitución establece ciertamente que el condenado
a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los
derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que vean
expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el
sentido de la pena y la Ley general penitenciaria. Así termina el
párrafo.
La Ley General Penitenciaria, que tiene el carácter de Orgánica, en su
artículo 51, regula la materia de comunicaciones y visitas; establece
cuál es el régimen jurídico de las mismas. Yo creo que está claro que no
hay ninguna posibilidad interpretativa, ya que hay un régimen jurídico
distinto y, por cierto, sustancialmente distinto, en tanto en cuanto,
como establece el punto 5 de ese artículo 51, las comunicaciones orales y
escritas previstas en este artículo podrán ser suspendidas o intervenidas
motivadamente por el director del establecimiento, dando cuenta a la
autoridad judicial competente. Es seguramente la única excepción que
conoce el ordenamiento jurídico con carácter general que permite que el
director de un centro penitenciario, ante una información que pueda
resultar importante para la seguridad, para prever la comisión de un
delito, para profundizar en la investigación de un delito, pueda mediante
resolución motivada, ordenar la intervención de la comunicación, dando
cuenta inmediatamente al juez de vigilancia penitenciaria, en un control
«a posteriori».
El régimen es distinto en lo que atañe a la comunicación con abogados y
figuras asimiladas que ejercen un ministerio amparado por el secreto
profesional. Así, la intervención ha de ser siempre ordenada por el juez
de vigilancia penitenciaria. Por tanto, conviene recordar este régimen
perfectamente establecido en nuestro ordenamiento jurídico.
Dicho lo anterior, quería añadir a continuación que el debate de esta
proposición no plantea un problema de si hay o no garantías suficientes
al haber un sistema de escuchas y grabación permanente; en el fondo,
aunque quizás sea, desde el punto de vista jurídico y en los tiempos que
corren, más simpático mantener esta posición, no nos vamos a engañar;
todos sabemos que estamos en una loca carrera para restar poder al
Gobierno, al poder ejecutivo, y hacer una presunción de que la
utilización de los instrumentos que el ordenamiento jurídico pone en
manos del ejecutivo pueden ser vías casi seguras para la comisión de
actos ilegales y para la vulneración de derechos fundamentales y
libertades públicas.
Señorías, si es verdad --como todos creo que razonablemente podemos
admitir-- que puede ser frecuente la necesidad de la intervención de este
tipo de comunicaciones a las personas que están privadas de libertad; si
el régimen jurídico es claro: autorización previa, en el caso de los
abogados, del juez de vigilancia penitenciaria o resolución motivada del
director del establecimiento, con comunicación inmediata al juez de
vigilancia penitenciaria, qué problema de fondo puede haber, desde el
punto de vista de las garantías y del control jurisdiccional, que está
asegurado, para tener la prevención, la sospecha, la intuición de que un
sistema permanente, que a mí no se me ocurre pensar que pudiera haber
otra fórmula realmente eficaz, porque, en un momento dado, se puede
plantear la necesidad urgente y seguramente, desde el punto de vista
material o físico, sería difícil de revelar.
Yo creo que todos hemos oído estos días y desde hace unos meses las cosas
que se decían en una comunicación intervenida y ahora, plenamente
convalidada por el Tribunal Supremo, entre un preso terrorista y una
persona que era abogado, aunque no ejercía de abogado en ese momento, y
ésa es la motivación de la resolución; y todos hemos visto que, sin duda,
esa intervención de la comunicación, a lo mejor, sin un sistema
permanente de escucha o grabación, no se hubiera podido realizar con la
eficacia con que se hizo y con la trascendencia que esa comunicación,
como seguramente otras muchas, tendría para la seguridad del Estado.
Desde luego, presumir que un director de un establecimiento, que los
funcionarios de los establecimientos penitenciarios, porque haya un
sistema permanente que permita, conforme a los cauces que el ordenamiento
jurídico establece, esa intervención, yo creo que es una mala presunción
que seguramente hace cundir una sospecha inicial y previa sobre
funcionarios públicos que están ejercitando su función, que tienen, entre
otras cosas, la función de garantizar el orden y de colaborar con la
Justicia en la prevención de posibles comisiones de delitos. Y, señorías,
yo creo que es bastante evidente que, con el régimen del ordenamiento
jurídico que en estos momentos está vigente y que he intentado
interpretar, no hay que aventurar que eso pueda ser una vulneración o una
posible y fácil vía para restar derechos y libertades públicas a las
personas que están privadas de ellos.
Además, creo que --como inicialmente señalaba y he expuesto-- la cuestión
está sometida a un conflicto de jurisdicción, seguramente en un debate
que tendrá una dimensión jurídica. Desde luego, la posición del Grupo
Socialista, igual que la de otros Grupos, ha de ser igualmente
respetable, al margen de cuál sea la decisión jurisdiccional en última
instancia; pero nosotros entendemos que este sistema de escucha
permanente es eficaz para la Administración que ha de ejercerlo. En todo
caso, hubiera sistema
permanente o no fuera permanente, tendría que ejercerlo con el respeto al
ordenamiento jurídico y con el control previo y posterior, en función de
los casos, del poder judicial y de los jueces de vigilancia
penitenciaria, y recuerdo a SS. SS. que la administración penitenciaria,
que el poder ejecutivo, tiene, porque así se lo atribuye la Ley Orgánica
General Penitenciaria, la competencia de la organización y dirección de
los centros penitenciarios y la obligación, lógicamente, de intentar
evitar posibles situaciones.
Desde esa perspectiva, creo, sinceramente, que estaríamos, en todo caso,
el poder legislativo, haciendo un pronunciamiento que corresponde en este
momento, planteado el debate, al poder jurisdiccional, por la vía de la
Ley de Conflictos Jurisdiccionales, y que, en nuestra posición
--esperemos cuál sea la resolución--, sinceramente creemos que no hay el
más mínimo riesgo para una posible vulneración o para abrir el camino a
una vulneración de las garantías de los derechos y libertades
fundamentales de las personales privadas de libertad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Diego López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, voy a referirme, naturalmente,
a las palabras pronunciadas por el señor Rodríguez Zapatero en contra de
esta proposición no de ley, en una detenida intervención que, como todas
las suyas, intenta estar fundamentada con argumentos, y que yo siempre he
valorado, aunque, en este caso, creo que no son argumentos suficientes
como para destruir los que hemos expuesto en defensa de nuestra
proposición no de ley. Porque hay dos elementos esenciales sobre los que
el señor Rodríguez Zapatero ha construido su oposición a esta proposición
no de ley que son absolutamente rechazables, desde nuestro punto de
vista, en la cuestión que nos ocupa.
El primero, que hay un conflicto jurisdiccional pendiente, que, por
tanto, estaríamos a resultas de una pura decisión vamos a llamarle
técnica, una decisión resultado de un conflicto jurisdiccional.
Efectivamente, existe una serie de autos sometidos a conflicto
jurisdiccional. Nosotros no hemos planteado esto desde el punto de vista
técnico, sino como toma de posición política respecto de una situación
que existe en estos momentos en centros penitenciarios españoles.
La segunda columna vertebral de su intervención ha sido la de considerar
que no estamos ante un debate de garantías, sino ante un debate sobre la
eficacia de unos determinados sistemas de escucha, frente --imaginemos--
a la presunta criminalidad. Yo creo que no es una argumentación feliz
contraponer las garantías a la eficacia. El pensar que una proposición no
de ley que se plantea como defensa de unas garantías de derechos de los
condenados a prisión en este caso es la expresión de una estrategia de
carrera loca --como he escuchado-- al restar poder al Gobierno, a mí me
parece que no es un planteamiento adecuado el contraponer la defensa de
los derechos fundamentales a restar poder a un Gobierno o a restar
eficacia a un Gobierno, porque entramos en una dialéctica perversa de la
seguridad o la libertad. Lo que está claro es que la garantía de los
derechos fundamentales en un sistema democrático no significa restar
eficacia a un Gobierno ni restar poder a un Gobierno. Esa contraposición
no me parece que sea políticamente adecuada. Desde nuestro punto de
vista, no nos parece política ni jurídicamente adecuada.
Aquí estamos, sin duda, ante un debate sobre garantías de derechos
fundamentales, porque estamos ante la vulneración de derechos como
consecuencia de la existencia de instalaciones permanentes. Yo he
enfatizado en mi intervención el que estamos intentando que no existan
instalaciones permanentes para la escucha y grabación de las
comunicaciones. En ocasiones puede ser necesario, con el cumplimiento de
lo establecido en la Ley General Penitenciaria y en la Constitución, el
que haya una escucha, una grabación de comunicaciones entre un recluso,
incluso entre un recluso y un visitante, que aparentemente no tiene por
qué suponerse que vaya a establecer una conspiración con ese recluso para
cometer un delito, pero podría haber una sospecha fundada, y en ese caso
el artículo 51.5 --citado por el señor Rodríguez Zapatero-- de la Ley
General Penitenciaria permite que haya una suspensión de la comunicación
oral y escrita, en el sentido de que esos derechos estarían suspendidos,
aunque se dé cuenta a la autoridad judicial. Evidentemente, ese artículo
está pensado con carácter excepcional, no con carácter permanente. Lo que
es contrario a los derechos fundamentales es el presumir siempre que va a
haber normalmente la comisión de delitos por el ejercicio de un derecho
fundamental, que es la comunicación entre personas, salvo en las
ocasiones en que se piense que no estamos ante esa situación y, por
tanto, no habrá grabación.
Yo creo que hay que ir a lo contrario. Lo que hay que presumir es que
cuando se ejercitan derechos fundamentales, en este caso comunicaciones
orales entre reclusos y visitas (porque el caso de los abogados,
evidentemente, es aparte; es claro que se reconoce que las relaciones del
abogado y el recluso son absolutamente sagradas, tienen una especial
importancia, y al menos sí se reconoce que tienen que tener un
tratamiento aparte), tiene que haber una libertad de comunicación y no se
puede presumir que el ejercicio del derecho fundamental va a producir la
preparación o la ocultación de delitos, porque el ejercicio de derechos
fundamentales nunca debe presumirse que va a conducir a eso.
Por eso es por lo que no vemos que haya ningún tipo de oposición desde el
punto de vista de nuestra proposición no de ley a lo que dice el artículo
51.5 de la Ley General Penitenciaria, que plantea la suspensión de la
intervención de esas comunicaciones orales, la grabación a la escucha,
con carácter naturalmente excepcional. Creo que debe entenderse así, que
con carácter excepcional puede el director del centro penitenciario
intervenir, suspender, dando cuenta a la autoridad judicial.
Por ello es por lo que nosotros mantenemos que nuestra proposición no de
ley está plenamente ajustada a lo que señala nuestro ordenamiento
jurídico, y que unas instalaciones permanentes de escucha y grabación son
--si se nos permite-- la tentación constante de intervenir sin garantías,
porque en la práctica no hay garantías de que se utilicen
bien o mal, torticeramente o no, esos sistemas. Por tanto, no es un
sistema que nos parezca adecuado desde el punto de vista del estricto
cumplimiento de las garantías constitucionales que deben extremarse en el
caso de los condenados a prisión, que tienen ya muy limitados sus
derechos fundamentales como para que se limiten aún más con este tipo de
sistemas permanentes de escucha y grabación. (El señor Rodríguez Zapatero
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: El señor Rodríguez Zapatero tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Brevemente, si es posible.
El señor PRESIDENTE: Tengo la impresión de que sí, pero sea usted breve.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muy breve.
Simplemente para intentar refutar algunas de las cosas que ha dicho el
señor López Garrido, porque ha intentado situar el debate en un terreno
--hábilmente, sin duda-- que yo creo que precisamente es en el que no se
sitúa la proposición no de ley.
He dicho inicialmente que éste no es un debate entre garantía o eficacia
ni es un debate entre seguridad o libertad, sino, en todo caso, entre
competencia de la Administración, y, por tanto, del poder ejecutivo, o
no, e intentar dar eficacia.
De lo que se trata simplemente es de decir si esta fórmula del sistema
permanente de escucha y grabación es eficaz, porque va a ser difícil. Yo
creo que si esto acabara en el Tribunal Constitucional, el
pronunciamiento no sería favorable a las tesis del Grupo de Izquierda
Unida.
Hay jurisprudencia ya del Tribunal Constitucional. Yo le voy a invocar al
señor López Garrido dos sentencias para que las repase, que seguramente
le podrán acercar algo más a nuestra posición: la sentencia de 20 de mayo
de 1994 y la sentencia 199, de 1987. El Tribunal Constitucional ha dicho
textualmente que la existencia de medios o mecanismos de potencial uso
ilegal no requieren su destrucción o desaparición, sino la exigencia de
utilización legal. Referidas las dos a cuestiones de derechos
fundamentales. Yo creo que ese es el problema. Hay un sistema permanente
de escucha y grabación. Sea permanente o no, no afecta para que se pueda
activar de manera ilegal o no. Se activa de manera legal si se cumplen
las previsiones de la Ley Penitenciaria. Por cierto, yo creo que ningún
director de establecimiento ni ningún funcionario de prisiones tendría la
tentación de activarlo si fuera de manera ilegal, porque incurriría en
una grave responsabilidad, seguramente de carácter criminal, por
violación de un derecho fundamental.
Por tanto, no estamos en un debate garantista, no estamos en un debate
sobre el fondo de los derechos fundamentales, sino simplemente sobre si
la Administración puede --nosotros entendemos que sí-- establecer ese
sistema para que sea más eficaz.
Frente a la idea de una tentación constante, que decía el señor López
Garrido, hay que poner en contraposición --aquí sí, no entre garantías y
eficacia entre poder judicial o poder ejecutivo-- la idea de un exceso de
sospecha. Hay que presumir que los funcionarios públicos cumplen con sus
tareas conforme al ordenamiento jurídico y en el respeto de los derechos
fundamentales. Cuando así no lo hacen, tienen lógicamente la sanción
oportuna por vía del control jurisdiccional.
Por eso decía que si fuera un debate de garantías es normal que hubiera
un debate apasionado. El Grupo Socialista estaría en primera línea si
fuera un debate de garantías.
Creemos que la Ley Penitenciaria es progresista, todos la hemos elogiado,
y creemos sinceramente que este sistema permanente de potencial escucha y
grabación, porque quede claro que no se trata de que siempre se esté
escuchando y grabando, es un sistema que respeta esencialmente la Ley
Penitenciaria y la Constitución. Su mal uso es lo que sería la
vulneración. Es como aquellas personas que como portan armas de fuego y
por la tentación de portarlas pudiera pensarse que pueden suponer una
vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. (El señor
Gil Lázaro pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Le voy a dar la palabra, pero estén atentos,
señorías, porque se le ha escapado el turno.
El señor GIL LAZARO: Simplemente para hacer una precisión y que conste a
efectos del «Diario de Sesiones».
Señor Presidente, cuando mi Grupo anuncia que va a apoyar esta
proposición no es en función de ningún estado de sospecha sobre ninguna
autoridad o funcionario, sino simplemente un deseo de contribuir a un
mejoramiento técnico de nuestro ordenamiento y, desde luego, del propio
funcionamiento de la Administración.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a votar la proposición no de ley.
¿Tienen la bondad los grupos de indicarme qué sustituciones se van a
producir?
El señor GIL LAZARO: Por el Grupo Popular, el señor Subirón sustituirá al
señor Cotoner, el señor Izquierdo al señor Pillado, el señor Fernández
Díaz al señor Trillo, el señor Burgos al señor Alvarez-Cascos, el señor
Puche al señor Jordano, el señor Ricoma al señor Padilla, el señor
Landeta al señor Sanz y el señor Murcia al señor González.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea notificar sustituciones?
(Pausa.)
Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: La señora Aguilar es sustituida por la señora
Urán.
El señor PRESIDENTE: ¿Por el Grupo Socialista?
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Son varias las sustituciones, señor
Presidente. La señora Alberdi sustituye al señor Valls, el señor Amate al
señor Barrero, el señor
Marcos Merino a la señora Pelayo, el señor Santos Jurado al señor
Navarrete, el señor Dávila al señor Redondo, y el señor Asunción al señor
Piquer Jiménez.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la proposición no de
ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al examen de las preguntas orales formuladas, para lo que invito
a la Secretaria de Estado de Interior a ocupar una plaza en esta mesa,
con el fin de que conteste las preguntas. (El señor Gil Lázaro pide la
palabra.)
El señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Para una cuestión de orden, señor Presidente.
Quería, si fuera posible, acogerme a la amabilidad de la Presidencia para
aplazar la tramitación de la pregunta número 8, al momento en que
sustanciemos las de las señoras Rudi y Becerril, referentes a este mismo
tema.
El señor PRESIDENTE: Eso supone un cambio del orden del día. ¿Hay
oposición? (Denegaciones.)
No habiendo oposición, se accede y queda postergada esta pregunta número
ocho para otra sesión de la Comisión.
PREGUNTAS (Continuación):
--VALORACION DE LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRESENCIA
POLICIAL PARA LA CIUDAD DE LAS PALMAS DESDE EL 1 DE ENERO DE 1995.
FORMULADA POR LA SEÑORA BARRIOS CURBELO, DEL GRUPO POPULAR. (Número de
expediente 181/001304.)
El señor PRESIDENTE: Agradeciendo de nuevo no sólo la presencia de la
Secretaria de Estado de Interior, sino la amabilidad que ha tenido de
suspender su comparecencia para dar lugar a otro debate, doy la palabra a
la señora Barrios Curbelo, para que formule su pregunta sobre valoración
de la aplicación y cumplimiento del Plan de presencia policial para la
ciudad de Las Palmas desde el 1 de enero de 1995.
La señora BARRIOS CURBELO: Señora Robles, ¿qué valoración hace usted de
la aplicación y cumplimiento del Plan de presencia policial en la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria desde enero de 1995, sobre todo teniendo en
cuenta que en dicha ciudad se redujeron los efectivos de la Brigada de
Seguridad Ciudadana en un 15,5 por ciento --unos 60 miembros--, que se
redujeron sus equipos de vehículos Zeta de nueve a seis, que desde 1992 a
1994 se redujeron los componentes de los radiopatrullas, ahora
denominados grupos de atención al ciudadano en un 59,8 por ciento y
teniendo en cuenta especialmente que aunque este Plan de presencia
policial se ha aplicado a las once ciudades más importantes en número de
habitantes, la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria está situada en el
séptimo lugar por el número de habitantes --más de 360.000--, pero en esa
relación ocupa el octavo lugar en base a la relación funcionarios de
seguridad-habitantes y el número uno en la relación delitos-habitantes?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de
Interior.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Me va a
permitir S. S. que haga una reflexión inicial, que no vale solamente para
Las Palmas, sino para el resto de las ciudades en que se aplica el Plan
de presencia policial.
Sé que conocen la filosofía del plan y no quiero ser reiterativa, pero lo
cierto es que este Plan de presencia policial partía de una concepción
que para nosotros era fundamental: el concepto de seguridad ciudadana,
entendido no en el sentido tradicional de orden público, sino en un
sentido mucho más amplio, como todo aquello que permite el desarrollo de
la vida normal en las ciudades. Es evidente que el aspecto delincuencial
tiene mucha importancia para nosotros, pero también todo aquello que
incide en la convivencia diaria, como es el alumbrado, las basuras, todo
eso que finalmente hace que la vida en las ciudades sea más agradable.
Digo esto porque cuando nosotros pusimos en marcha este Plan de presencia
policial lo hicimos tomando como base una serie de estudios estadísticos
que nos decían que a la gente le preocupa tanto el aspecto delincuencial
como esos aspectos a los que me vengo refiriendo. El plan, en la medida
en que entendía que la seguridad ciudadana no era solamente lo relativo a
hechos delictivos, ha querido partir de un aspecto que nos parece muy
importante: la coordinación con otras administraciones, fundamentalmente
los ayuntamientos y las policías locales y dar el mayor marco posible de
participación a las asociaciones de vecinos, porque pensamos que desde
esta perspectiva participativa, tanto de ayuntamientos, de comunidades
autónomas, como de vecinos, es como podemos mejorar cada día la calidad
de vida en nuestras ciudades.
Explico esto porque es verdad que en los últimos años ha habido una
disminución importante de la delincuencia en España; yo puedo decir
cuando voy a las reuniones de la Unión Europea que España y Portugal son
los países que tienen un menor número de delincuentes en relación con el
resto de Europa. Siendo eso así, nosotros comprobamos, por las distintas
encuestas que hicimos, que existe un sentimiento ciudadano de
inseguridad. Por tanto, la delincuencia tiene un aspecto objetivo y un
aspecto subjetivo: la sensación de inseguridad que pueden tener los
ciudadanos, y llegamos a la conclusión de que, efectivamente, los
ciudadanos tenían una sensación de inseguridad. Por eso, nos parecía que
este Plan de presencia policial tenía que incidir en el aspecto objetivo
contribuir a disminuir la delincuencia, pero, sobre todo, dar una mayor
tranquilidad al
ciudadano, que la gente pudiera pasear por la calle sabiendo que tiene
más policía cerca, incidiendo en esos aspectos que decía que son
importantes, como pueden ser el alumbrado, la mendicidad, los ruidos, la
vida nocturna, etcétera.
Todo el proceso previo de elaboración del plan ha sido muy importante en
mi opinión, porque se ha trabajado con los ayuntamientos y con
asociaciones de vecinos. Yo tengo que dar las gracias públicamente a
todos los ayuntamientos de las once ciudades --lo que dicho muchas
veces-- que, con independencia del partido político que estuviera en el
Gobierno municipal, han entendido que la seguridad ciudadana es algo que
no se puede utilizar partidistamente, sino que se tiene que utilizar
desde una perspectiva de Estado. Yo quiero dar las gracias nuevamente a
los once alcaldes, a los once equipos municipales que han colaborado en
este Plan de presencia policial y que han hecho que la policía local esté
colaborando con la Policía Nacional.
Hay que decir --y recojo aquí una noticia de Europa Press-- que la
confederación estatal de asociaciones de vecinos, en una noticia
publicada el día 2 del presente mes, hace una valoración positiva del
plan con carácter general.
Dice: Las asociaciones de vecinos expresan su satisfacción por el éxito
del plan, que aumenta el número de policías en la calle en las once
grandes ciudades, que se ha puesto en marcha a partir de enero de este
año y pese al poco tiempo transcurrido. Los vecinos --insisto porque eso
me parece muy importante-- dicen que en ciudades como Madrid y Barcelona
los actos delictivos se han reducido en un 14 por ciento desde enero.
Ellos mencionan precisamente Las Palmas, donde dicen que la disminución
ha alcanzado un 19 por ciento. Luego le diré que no es un 19, sino un 21,
pero tampoco me importa demasiado. Esta confederación estatal de
asociaciones de vecinos valora positivamente el plan, ya que mejora la
seguridad ciudadana y la calidad del servicio policial. Según la encuesta
realizada por la confederación en las once grandes ciudades, la
disminución de la delincuencia se ha notado tanto en el tráfico de drogas
como en robos a domicilio, atracos y otros delitos menores. Los vecinos
destacan, por último, que se ha reducido el sentimiento de inseguridad
ciudadana.
Por tanto, el balance tiene que ser positivo. Sin embargo, sería absurdo
por mi parte ser triunfalista, por una sencilla razón. Primero, porque
llevamos solamente dos meses y medio de aplicación del plan. Segundo,
porque en la seguridad ciudadana nunca podremos llegar al cien por cien.
Entre todos tenemos que colaborar para que las condiciones de vida en
nuestra ciudad sean cada día mejores. Insisto en que éste es un trabajo
de todos. Por eso quiero repetir la gran colaboración que hemos
encontrado en todos los ayuntamientos.
Vamos a seguir trabajando en esta línea, en la promulgación de una nueva
instrucción sobre las juntas locales de seguridad. Para nosotros las
juntas locales de seguridad son un marco muy importante de participación,
de coordinación, de Policía Nacional y de policía local y, sobre todo,
queremos seguir trabajando en contacto con las asociaciones de vecinos.
Los vecinos son los que mejor nos pueden dar el pulso de lo que realmente
está ocurriendo. En función de eso, debemos seguir trabajando todos
conjuntamente porque, pese a que los resultados obtenidos en dos meses y
medio son buenos, hay que seguir trabajando. Me niego a hacer ningún
planteamiento triunfalista sobre este tema.
Con carácter general, a nivel de toda España --y así me evitan sus
compañeros tener que dar posteriormente datos generales--, diré que el
número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que está en este
momento dedicado en toda España a funciones directas de atención al
ciudadano, en el conjunto de las once grandes ciudades, ha pasado de los
2.238 que había anteriormente a un total de 4.081, a lo que si se suman
los 457 que están en las salas del 091, el total del personal que está
destinado sólo a este plan de presencia policial en las once grandes
ciudades es de 4.538. Insisto, a esto hay que añadir en las distintas
ciudades la colaboración que nos han prestado los ayuntamientos por medio
de la policía local, que luego tendré oportunidad de detallar con más
cuidado. Repito que han colaborado en este plan los once ayuntamientos,
con independencia del partido político que haya estado en el gobierno
municipal, lo cual es un gesto de la responsabilidad de todos los
alcaldes. Por otro lado, también ha aumentado de una forma muy
considerable, en 906, el número de vehículos Zeta operativos a lo largo
de todo el mes de enero, en toda España.
Hechas estas consideraciones generales, en el sentido de que llevamos
simplemente dos meses y medio, que hay que agradecer la colaboración de
todas las policías locales y que me niego a cualquier tipo de
triunfalismo, porque creo que éste es un trabajo que hemos de hacer entre
todos y que hemos de mejorarlo cada día más, le voy a dar los datos y la
valoración que hacemos en relación con Las Palmas. Si comparamos el
período de tiempo del año 1995 con 1994, diremos que, frente a un
personal que estaba destinado al equivalente a esta presencia policial en
el año 1994, de 113 funcionarios hemos pasado a 149; el número de coches
Zeta que había, en igual período, era de 32 en 1994 y en el momento
actual es de 40. En cuanto a las patrullas a pie, se ha pasado de no
haber ninguna a 18. Este es un gran esfuerzo que se ha hecho, porque este
Plan de presencia policial, en la medida en que lo que pretendemos es una
labor fundamentalmente de prevención, va encaminado a que la policía esté
más cerca de los ciudadanos y el que las patrullas vayan a pie hace que
se consiga ese mayor acercamiento.
Por lo demás, debemos decir que en el tiempo de respuesta del 091, que
estaba siendo de cinco minutos, se ha reducido a 3,9 en Las Palmas. Es
muy importante que los ciudadanos perciban que ha disminuido el tiempo en
la contestación a las llamadas al 091.
En cuanto a los hechos delictivos, en concreto, en el año 1994 se habían
cometido en la ciudad de Las Palmas 1.732, y en igual período de tiempo
de este año 1995 se han cometido 1.356. Eso quiere decir que ha habido
una disminución. Las asociaciones de vecinos decían el 19 por ciento. Yo
le puedo decir --y eso que no me gustan mucho
los números, porque a veces fallan-- que ha sido del 21,71 por ciento.
Como datos peculiares de Las Palmas, reconociendo que Las Palmas es una
ciudad con una gran conflictividad y con el compromiso de seguir
trabajando, fundamentalmente en colaboración con la policía local, hay
que decir que se ha reforzado la presencia de los funcionarios que se
destinan sólo a esto con los funcionarios de la unidad de intervención
policial, que se ha reforzado con 28 funcionarios más. Además, se han
colocado furgonetas en los barrios periféricos.
Como hechos que hay que resaltar, porque me parecen importantes, hay que
decir que, comparando este período de tiempo del año 1995 con el año
1994, los datos que tenemos es que en la ciudad de Las Palmas el número
de robos con tirón ha disminuido en un 26 por ciento y los robos con
intimidación en un 56. En estos dos meses y medio, debemos ser realistas
aunque es poco tiempo para hacer un balance, la primera aproximación es
positiva. Hay un hecho incontrovertible: hay más policía en la calle, y
eso se demuestra con los números que le he dado. En segundo lugar, los
ciudadanos, que son quienes nos tienen que importar a todos, valoran
positivamente este hecho objetivo de la presencia policial. Por otro
lado, ha habido esa disminución que le he dicho, que las asociaciones de
vecinos sitúan en un 19 por ciento. Yo no he hecho los números, pero
usted los puede hacer. Hemos pasado de 1.732, el año pasado, a 1.356.
Las perspectivas son buenas y vamos a seguir trabajando, considerando que
en seguridad ciudadana nunca podremos decir que hemos llegado al cien por
cien. Los ciudadanos tienen derecho a exigirnos mejor calidad de vida.
Vamos a seguir trabajando en la línea que mencionaba antes, en la
seguridad ciudadana, no solamente en el aspecto delincuencial, sino en
otros aspectos que también nos preocupan. Sabe S. S. perfectamente que el
Ministerio está trabajando en cuestiones tales como la cultura del ocio;
la vida nocturna, que muchas veces comporta el que se genere una
sensación de inseguridad, porque se bebe más alcohol, porque la gente
conduce de noche, etcétera. En todo eso, que son competencias múltiples,
no solamente de la Administración central, sino también de la
Administración local, hay que seguir trabajando. Incluso me atrevería a
pedir en este Parlamento que igual que se ha hecho en otros planes, como
en el Plan de seguridad vial, que ha sido un esfuerzo de todos para
conseguir que cada día se reduzca más el número de muertos por accidentes
de tráfico, fuéramos capaces en esta Cámara de impulsar algún tipo de
plan que permitiera entre todos mejorar las condiciones de vida de
nuestros ciudadanos.
Concluyo ya, porque me he extendido. Creo que el balance es positivo. Dos
meses y medio de tiempo no nos sirven, ni lo vamos a hacer nunca, para
hacer un análisis triunfalista, y no dude de que vamos a seguir poniendo
todo nuestro esfuerzo por mejorar la situación.
El señor PRESIDENTE: ¿La señora Diputada desea hacer uso de la palabra?
La señora BARRIOS CURBELO: Sí, señor Presidente.
Muchísimas gracias, señora Secretaria. Le recordaremos el compromiso de
intentar que la seguridad ciudadana y la convivencia sean mucho mejores
en Las Palmas de Gran Canaria.
De la respuesta que me ha dado, señora Robles, he extraído la conclusión
de que usted está medianamente satisfecha y que valora positivamente la
aplicación del denominado plan de presencia policial en Las Palmas.
Considera que se ha reducido la delincuencia en un 19 o en un 21 por
ciento, según las cifras que usted barajó.
Los que vivimos en Las Palmas de Gran Canaria, así como los turistas,
llevamos muchos años sufriendo la inseguridad ciudadana, sufriendo la
comisión de delitos, sobre todo de pequeños delitos, en esta ciudad.
Siento muchísimo decírselo, no sé qué asociaciones de vecinos han
valorado positivamente el plan de presencia policial, pero le puedo
asegurar que yo, que vivo allí desde hace muchos años, y la mayoría de
los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, no coincidimos con usted ni
en la valoración, ni en el grado de satisfacción, ni en los números, ni
en los resultados. Le voy a decir por qué.
Efectivamente, usted da unos datos de enero de 1994 y de enero de 1995,
pero no de febrero de 1994 y febrero de 1995. Se los voy a dar yo. En
febrero de 1994 se cometieron en Las Palmas de Gran Canaria 1.477
delitos, y en febrero de 1995, 1.446. Como S. S. comprenderá, la
reducción no es de un 19 ni de un 21 por ciento. Ni siquiera es de un dos
por ciento. Sin embargo, el mes de febrero se lo ha saltado.
Voy a exponerle aquí una serie de consideraciones y de números. Le pido,
señora Robles, que sea valiente y que intente convencer a su Gobierno de
que Las Palmas de Gran Canaria, por las condiciones geográficas sociales
y económicas, necesita un tratamiento más peculiar y una atención más
especial.
Tal como usted recogía, el objetivo de este plan de presencia policial
era aumentar el nivel de seguridad ciudadana. Intentaban conseguirlo
incrementando la presencia policial en la calle y reduciendo el tiempo
que se tarda en responder a las llamadas urgentes al 091. Pretendían
aumentar el nivel de seguridad ciudadana en base a cuatro incrementos: de
las motos Zeta; de los automóviles Zeta; de los efectivos de los grupos
de atención al ciudadano, en un 60 por ciento; y del número de patrullas
peatonales en los cascos antiguos y en las zonas comerciales. El número
de motos Zeta no se ha incrementado. Efectivamente, los autos Zeta se han
aumentado en seis. No conozco el número de 40. Solamente sé que se ha
aumentado en seis y que uno de ellos no está operativo porque es el que
utiliza el jefe superior de Policía.
Respecto al número de patrullas peatonales, le puedo asegurar que
nosotros no las vemos ni en el casco antiguo ni en las zonas comerciales
ni en ninguna otra zona en la ciudad de Las Palmas, a no ser que, debido
a que la mayoría de los vehículos están averiados, decidan hacer el
recorrido a pie las parejas de Policía. Pero allí, desde luego, no se
ven.
En cuanto a ampliar en un 60 por ciento el número de efectivos de los
grupos de atención al ciudadano, le quiero dar una serie de números y me
dirá usted si estoy equivocada, pero creo que estoy en lo cierto. La
plantilla de funcionarios de los Cuerpos de Seguridad en Las Palmas de
Gran Canaria asciende a 898 personas, de las cuales no se han cubierto
--es decir, están vacantes-- 241. No están cubiertas 16 plazas de
inspector jefe; no están cubiertas 26 plazas de inspectores; no están
cubiertas 42 plazas de subinspectores; no están cubiertas 76 plazas de
oficiales y no están cubiertas 81 plazas de policías. En consecuencia
contamos en este momento con 657 miembros, de los cuales sólo 326 --así
también lo recoge el Plan de presencia judicial-- pertenecen a la Brigada
de Seguridad Ciudadana. Según estudios especializados sobre las
condiciones de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, el número de
habitantes y los delitos, debería contar como mínimo con 500 efectivos.
Nosotros consideramos que lo que ustedes han hecho con el Plan de
presencia policial es enmendar el error que cometieron con la circular
83/1992. Recordará S. S. que en ella ustedes crearon los grupos de
prevención de la delincuencia. Lo que hicieron, por lo menos en Las
Palmas, fue traspasar el 59,8 por ciento de los componentes de las
radiopatrullas, ahora denominados grupos de atención al ciudadano, a los
grupos de prevención de la delincuencia.
Desde el año 1992 estamos sufriendo en Las Palmas de Gran Canaria --se lo
puedo asegurar-- ese error, que más lo denominaría yo un horror, porque
cada día hay más delitos, cada día hay más inseguridad ciudadana. Lo
lógico es que si en el año 1992 se creó por medio de esa circular el
grupo de prevención de la delincuencia, para nutrirlo se incorporaran
nuevos efectivos, no que se desvistieran las radiopatrullas para vestir
este nuevo grupo. Pero ahora lo que me llama la atención, señora
Secretaria, es que en lugar de decir ustedes: nos hemos equivocado, hemos
intentado parchear una situación, por lo menos en Las Palmas, a bombo y
platillo, en noviembre pasado y ante los medios de comunicación, ustedes
presentan el denominado Plan de libertad y seguridad ciudadana, que se
compone a su vez de dos: el Plan de presencia policial y el Plan de
instauración de juicios rápidos.
Lo que verdaderamente han hecho ustedes con este plan es volver a la
situación anterior, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria. Si antes,
en 1992, redujeron en un 59,8 por ciento los componentes del grupo de
radiopatrullas, actualmente denominado de atención al ciudadano, lo que
han hecho ustedes ahora es nutrirlo de nuevo en el mismo número, en el 60
por ciento.
Por eso los ciudadanos canarios consideramos que la efectividad de este
Plan de presencia policial en Las Palmas ha sido nula. Analice usted los
datos de febrero: 30 delitos menos. Verdaderamente, no está teniendo la
efectividad que se esperaba. Incluso ahora, después de haber llevado a
cabo este trasvase, en Las Palmas de Gran Canaria durante la noche y
festivos sólo queda un grupo de atención al ciudadano, al igual que
existía anteriormente y con el mismo número de efectivos. Ustedes mismos,
en el Plan de presencia policial recogían que producía una gran alarma
social que en la noche o en los festivos existiera un mínimo número de
efectivos. En Las Palmas eso se está produciendo.
Es posible, como usted dice, que haya una mayor respuesta a las demandas
ciudadanas a través del 091 o que se produzca un mayor acercamiento al
ciudadano, pero estamos seguros de que estamos sufriendo, en base a este
trasvase que se ha acometido ahora, un incremento de la inseguridad
ciudadana por la falta de los grupos de prevención de la delincuencia. No
podemos olvidar que para eliminar los delitos las medidas tienen que
tener no sólo un carácter represivo, sino también preventivo, y ustedes
en este momento han eliminado todo el carácter preventivo.
A todo esto hay que añadir que 150 efectivos han solicitado destino en la
Península. Sabe usted que el grave problema que tenemos en Canarias, en
base a la lejanía, es que los efectivos con sus exiguos sueldos no pueden
hacer frente a una vida tan cara como la de Canarias y en cuanto pueden
piden el traslado a la Península. En este momento tienen autorizados
dichos destinos 150 efectivos, con los cuales usted no va a poder contar
para seguir trasvasando de un grupo a otro.
Después de escucharla, me pregunto: De todos los productos que me está
vendiendo, ¿con qué me debo quedar, señora Secretaria? ¿Con todos estos
años anteriores de desastrosa organización de la seguridad ciudadana en
Las Palmas de Gran Canaria, o, según usted vende, con estos dos meses de
maravillosa organización que tienen ahora, que yo no comparto? Hay
solamente una reducción de 30 delitos en el mes de febrero y todo ello
incrementando los vehículos --ocho según usted, seis según yo-- y
haciendo un trasvase de funcionarios, ¿Por qué no analizan mejor los
problemas de Canarias e intentan abonar un plus de residencia a dichos
funcionarios para así cubrir todas las vacantes y eliminar o reducir al
máximo las solicitudes de destino a la Península? Para tener éxito se
precisan efectivos suficientes no sólo en los grupos de atención al
ciudadano, que no existen, sino también en los grupos de prevención de la
delincuencia.
Lo cierto es, señora Robles, que su Gobierno tiene olvidados los
problemas de Canarias. Canarias no está situada en el lugar que le
corresponde, en el lugar que se merece. Hay una iniciativa de un
compañero suyo del Grupo Socialista que pretende situar a Gran Canaria y
al resto de las Islas Canarias en el noroeste de Africa. Con esa
iniciativa no se logrará que Canarias esté en su lugar. Canarias estará
en el lugar que le corresponde cuando ustedes analicen sus
peculiaridades, la lejanía, la insularidad, y solventen sus problemas y
sus necesidades adecuadamente.
El Plan de libertad y seguridad ciudadana --así se llama...
El señor PRESIDENTE: Debe ir terminando, señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Termino rápidamente.
Se compone de dos planes: el Plan de presencia policial --que, según mis
datos, no funciona ni va a funcionar--, y
el Plan de instauración de juicios rápidos. Esta Diputada estaba delante
cuando el año pasado el Ministro de Justicia se comprometió formalmente a
que el día 1 de enero de 1995 se iban a aplicar los juicios rápidos en
Las Palmas de Gran Canaria. No se han aplicado.
Escuche, por último, esta frase en relación con estos planes: Los dos
planes están diseñados para responder con eficacia a esa necesidad
integral que se hace patente en todas las grandes ciudades, porque una
justicia ágil refuerza los efectos preventivos de la seguridad y una
policía eficaz refuerza la capacidad ejemplarizante de la justicia. Esto,
señora Secretaria, lo ha dicho su Directora General de Política Interior,
doña Concepción Sáenz, en una conferencia el 1 de marzo. En las Palmas de
Gran Canaria ni están instaurados los juicios rápidos ni está funcionando
el Plan de presencia policial, por los datos que le he dado y se ha
comprobado por los datos de febrero.
Los canarios estamos cumpliendo con nuestras obligaciones, estamos
abonando impuestos, estamos cumpliendo igual que el resto de los
españoles. Lo único que le pedimos es que también ustedes cumplan con su
obligación. Su obligación es eliminar la inseguridad ciudadana. Usted,
sin embargo, ha conseguido que Las Palmas de Gran Canaria, señora
Secretaria, tenga el índice más alto de delincuencia de toda España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Me
permitirá que le haga una corrección. Se ha equivocado usted al hacer la
exposición. Hablaba de que el Plan de presencia policial no contemplaba
aspectos preventivos. Todo lo contrario. He dicho que la razón de ser del
Plan de presencia policial es potenciar fundamentalmente la prevención
para evitar que se cometan hechos delictivos. Ya he dicho que para mí tan
importante como el hecho objetivo de que haya delitos es la sensación
psicológica de inseguridad que los ciudadanos pueden tener.
Por tanto, permítame que la corrija en ese sentido. La esencia del Plan
de presencia policial es precisamente la prevención. Los números que he
dado son incontestables. Usted me dice que el plan ha sido un fracaso,
que no comparte en absoluto nada de lo que yo he dicho. Precisamente al
principio he manifestado que creo que la seguridad ciudadana no se puede
ni se debe utilizar partidistamente por nadie, porque es algo que los
ciudadanos tienen derecho a exigirnos a todos. Por eso, cuando yo hacía
una inicial valoración del plan recogía una noticia de prensa, de Europa
Press, sobre la confederación estatal de asociaciones de vecinos. Esta
confederación --a mí me importa mucho lo que los ciudadanos digan--
señalaba que, durante estos dos meses y medio el plan había sido
absolutamente positivo. Fíjese, hablaban de Madrid, Barcelona y de las
Palmas. Los vecinos, no yo, hablaban de una disminución del 19 por
ciento. Esta, como digo, es una noticia del 2 de marzo. Eso querrá decir
algo. Si nuestros ciudadanos, por algunos cauces que se han querido dar,
hablan de esa disminución del 19 por ciento, de un mayor acercamiento de
la policía a los ciudadanos y a la sociedad, será por algo.
No hay por qué ser tan derrotistas. El plan está ahí. Hay más policías en
la calle. Vamos a intentar cada día trabajar más, pero lo que no podemos
cambiar, ni usted ni yo, es la opinión de los ciudadanos y esa opinión me
la hicieron llegar a mí por escrito diciendo que estaban muy contentos
con el plan y, además, lo han recogido los medios de comunicación. En ese
sentido, tengo que decirle que discrepo de usted.
Efectivamente, la función preventiva se está cumpliendo. Hay más policía
en la calle y los ciudadanos --no yo-- dicen que han percibido en Las
Palmas una disminución muy importante, sobre todo, como le he dicho, en
los robos con tirón y con intimidación.
Le he dicho también que me parecía absurdo ser triunfalista en cualquier
tipo de planteamiento. Hay que seguir trabajando entre todos. Yo no vengo
aquí a vender nada, porque no es mi obligación. Mi obligación, y por lo
que a mí me pagan, es por conseguir que los ciudadanos tengan cada día
mejores condiciones de vida. No dude de que yo de siempre he sido muy
respetuosa, porque quiero corresponder a aquello por lo que se me paga.
Yo no vengo a vender nada. Pretendo hacerlo lo mejor posible y dar unos
buenos resultados y, de momento, me satisface que la confederación
estatal de asociaciones de vecinos haya valorado positivamente el plan.
No le puedo decir nada más.
--VALORACION DE LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRESENCIA
POLICIAL PARA LA CIUDAD DE BARCELONA DESDE EL 1-1-95. FORMULADA POR EL
SEÑOR FERNANDEZ DIAZ (GP). (Número de expediente 181/001306.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jorge Fernández Díaz, sobre
valoración de la aplicación y cumplimiento del Plan de presencia policial
para la ciudad de Barcelona, desde el 1 de enero de 1995.
Tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Quiero dar las gracias también a la señora
Secretaria de Estado por su comparecencia ante esta Comisión.
Para intentar evitar el «bis in idem», las reiteraciones, doy por
supuesto que la señora Secretaria de Estado conoce perfectamente el
contenido de mi pregunta y, con la venia del Presidente, simplemente
quiero decir que dado que la señora Secretaria de Estado está utilizando
como argumento de autoridad la opinión de la confederación estatal de
asociaciones de vecinos y que me consta, sin perjuicio de que su
jurisdicción se extiende a todo el territorio nacional, que conoce la
ciudad de Barcelona de manera especial, tengo que decirle que todos los
vecinos de Barcelona sabemos que las asociaciones de vecinos de Barcelona
dejaron, en la práctica, de actuar de una manera pública desde el año
1979, cuando el señor Narcís Serra
pasó a ser alcalde de Barcelona. Precisamente uno de sus máximos
dirigentes --y lo digo con respeto, afecto y consideración hacia su
persona, el señor Lluis Reverter-- pasó inmediatamente a hacerse cargo de
responsabilidades, primero, en el ámbito local desde el Ayuntamiento de
Barcelona; después, a nivel nacional, en el ámbito del Ministerio de
Defensa y, posteriormente, en la Vicepresidencia del Gobierno. Hoy en día
las asociaciones de vecinos de Barcelona no tienen presencia pública, por
lo menos si la valoramos desde la perspectiva de su presencia en los
medios de comunicación acreditando una actividad pública. Lo digo
simplemente en el terreno de la discrepancia cordial, pero clara, con un
elemento de valoración y de autoridad, desde el punto de vista del juicio
que a la opinión pública le merece la puesta en práctica de este plan, en
lo que hace referencia a la ciudad de Barcelona, que es a lo que se
contrae exclusivamente el contenido de mi pregunta.
En relación con el Plan de presencia policial, es evidente que mi Grupo
Parlamentario valoró positivamente dicho plan en lo que se refiere a la
exposición de motivos y a la consecución de unos objetivos concretos que,
en la medida en que sean cuantificables --como decía Lord Kelvin--,
escapan de las discusiones bizantinas para ir a lo concreto.
Se concretaban esos objetivos en la potenciación de la presencia policial
en la calle y en la disminución del tiempo de respuesta a las llamadas
urgentes al 091. Es evidente que son susceptibles de una medición muy
concreta.
Ese plan se extendía a esas once ciudades, a las que ya hemos hecho
referencia, y, en cuanto a la ciudad de Barcelona, pasaba de un
diagnóstico previo de esa situación estableciendo, por ejemplo, como
datos de partida, el que el total de funcionarios policiales había pasado
de 2.665, en el año 1992, a 2.111, en el año 1994, con una disminución de
más de un 20 por ciento de funcionarios policiales, que se elevaba al 55
por ciento cuando hacíamos referencia a los funcionarios destinados
precisamente a esa actividad que ahora pretende potenciar el plan, que es
presencia policial en la calle a través de los radiopatrullas o los
grupos de atención al ciudadano, que habían pasado de 759, en el año
1992, a 341, en el año 1994. En los vehículos Zeta de 34, en el año 1992,
se había pasado a 19, en el año 1994, con una disminución de casi el 50
por ciento.
Es evidente que si a esos datos le sumamos el que Barcelona, por razones
obvias, es la segunda capital de España en lo que hace referencia al
volumen de delitos, en el primer semestre de 1994 esa cifra de delitos se
elevaba a 31.680, se colegía claramente la importancia de este Plan de
presencia policial en la ciudad de Barcelona.
No tendría sentido que a 16 de marzo, a los dos meses y medio de entrada
en vigor del plan ya le pidiéramos una evaluación integral. Hemos pedido
lógicamente su comparecencia para que nos haga referencia a una primera
evaluación y que, por otra parte, dé respuesta a si se han asumido o no
los compromisos que para esta fecha son exigibles. Entendemos que para
esta fecha es exigible el cumplimiento de las previsiones que se
contemplaban en el plan para la primera fase; es decir, para entrar en
vigor con fecha primero de enero de 1995. Parece razonable que a 16 de
marzo de 1995 le digamos: Lo que estaba previsto que se cumpliera con
fecha primero de enero, ¿cómo está? Le recuerdo --digo le recuerdo
porque, sin duda, lo sabe muy bien la señora Secretaria de Estado-- que
estaba previsto, en cuanto a primera fase, que los efectivos de los
grupos de atención al ciudadano pasaran de los 341 que había a 512; por
tanto, con un incremento porcentual del 50,1, en cifras absolutas, de
171. En lo que hace referencia a la disminución del tiempo de respuesta a
las llamadas urgentes al 091, que el tiempo que existía en el año 1994,
de 10 minutos de promedio, se redujera en 1,3, de tal suerte que pasara a
una previsión temporal de respuesta a esas llamadas de 6 minutos 45
segundos. Sí le pediría a la señora Secretaria que me conteste
concretamente.
Hago gracia en esta primera intervención de otros aspectos colaterales
también a la seguridad, y sobre todo a ese concepto de seguridad integral
al que ha aludido la señora Secretaria de Estado, concepto que yo
comparto porque es evidente que la seguridad no es sólo el marco en el
que deben desarrollarse las libertades y los derechos de los ciudadanos,
sin perjuicio de que es condición previa para que los derechos de los
ciudadanos puedan ejercitarse con absoluta libertad que se dé un marco
global de seguridad. Yo comparto ese concepto de seguridad integral y a
los efectos de coadyuvar al cumplimiento y a la consecución de una
seguridad integral, en la línea del objetivo que perseguía el Plan de
presencia policial, sería bueno que tuviéramos presentes algunas de las
reivindicaciones que, entre otras cosas, sabe S. S. que está planteando
el Ayuntamiento de Barcelona.
Puesto que usted ha aludido --y con razón-- a la colaboración, con
independencia de la adscripción política de los primeros ediles de las
ciudades en donde se ha puesto en marcha este Plan Belloch --como se le
conoce en terminología periodística--, le quiero recordar a la señora
Secretaria de Estado que hay unas reivindicaciones muy claras del
Ayuntamiento de Barcelona en relación con esta labor preventiva de los
Cuerpos de Seguridad del Estado y que hay peticiones que parecen
razonables. Por ejemplo --con esto concluyo en esta primera
intervención--, usted sabe que si estamos hablando de lo importante que
es reducir los tiempos de respuesta a las llamadas urgentes del 091,
parece razonable que ustedes instaran a la Compañía Telefónica Nacional
de España a suscribir convenios que permitieran que esas llamadas fueran
gratuitas. Eso parece bastante razonable porque, exceptuando --si me
permite la redundancia-- las excepciones que confirman la regla general,
nadie llama al 091 por amor al arte; llama cuando considera que está en
una situación de necesidad. Parece razonable --insisto-- que esas
llamadas, que es cierto que es importante que se reduzca su tiempo de
respuesta policial, sean gratuitas. Podríamos hablar del 091, pero
también de otros servicios de urgencia, como el 092, 080, 081 y la
posibilidad de su impresión digital. Lo digo a título de ejemplo porque,
en todo caso, me reservo, con la venia de la Presidencia, en una segunda
intervención y en función de la respuesta de la señora Secretaria de
Estado, ampliar esta intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): De
entrada, me va a permitir que discrepe de la primera afirmación que ha
hecho su señoría.
Por suerte o por desgracia, Barcelona es la ciudad de España que más y
mejor conozco porque es donde vivo. Además, en todo el tema relativo a la
seguridad ciudadana llevo muchos años teniendo participación en
Barcelona, desde otras responsabilidades, y puedo decir que contribuí de
una forma muy importante a que en esta ciudad se estén celebrando los
juicios rápidos en la forma en que perfectamente conoce su señoría.
Precisamente porque conozco muy bien esa ciudad no puedo compartir la
aseveración que usted ha hecho de que las asociaciones de vecinos no
existen en Barcelona. Sabe usted que eso no es verdad. Sabe que,
felizmente, en Barcelona está el consejo de seguridad urbana, que está
siendo copiado por muchas otras ciudades y que es un modelo de los cauces
participativos, entre otros, de las asociaciones de vecinos. Tengo que
decirle, porque yo he estado en ese consejo de seguridad urbana, que
miembros muy cualificados de su Partido están colaborando y participando
de una forma muy constructiva. En ese sentido quiero decir que ahí están
representadas las asociaciones de vecinos en Cataluña, con un papel muy
importante.
Hecha esta observación, yo también le voy a dar --y no quisiera ser
reiterativa-- los datos que usted me pedía. El total de personas que
forma los grupos de atención ciudadana y grupos de prevención de
delincuencia que están en este momento en Barcelona es de 984, frente a
los 804 que había en 1994; en el número de vehículos Zeta se ha pasado de
258 a 294; en motos se ha pasado de 20 a 28; el tiempo de respuestas del
091, sobre el que usted me preguntaba, ha disminuido en este momento de
diez minutos a siete. Sabe perfectamente que la ciudad, para ser más
operativos, se ha dividido en 44 sectores y que hay una gran colaboración
con la policía local, de tal manera que hay un trabajo conjunto
importante en el marco de presencia policial. Le diría que el número de
atracos a bancos en la ciudad de Barcelona ha disminuido en un 14,2 por
ciento; los atracos a establecimientos, en un 14,8 por ciento; los robos
de coches, en un 25 por ciento; los robos con violencia en las calles, el
48 por ciento, y ese dato se ha puesto de manifiesto en una reunión que
he tenido con asociaciones de comerciantes de Barcelona que, pese a lo
que usted dice, sí existen y tienen voz y opinión.
Creo, además, que Barcelona es una ciudad privilegiada, porque los
juicios rápidos llevan dos años en funcionamiento y con absoluta
normalidad en cuanto a su celebración. Por tanto, junto a esa disminución
de la delincuencia, que yo creo que es objetiva, se da el hecho de que
las personas que cometen hechos delictivos sean enjuiciadas en una marco
de 15 ó 20 días.
Le diría, sin hacer triunfalismos, que Barcelona, desde el punto de vista
de la presencia de policía en la calle, es de los sitios más
privilegiados de Europa. Le puedo decir que en Barcelona en este momento
hay una media de 4,5 policías por mil habitantes, me parece que hay que
reconocerlo así, dando también las gracias al Ayuntamiento de Barcelona
por la colaboración que ha prestado. Ese incremento se ha producido, la
disminución de la delincuencia es la que he dicho antes con esos datos y
creo que Barcelona está sirviendo de modelo para muchas otras ciudades,
para aquellos mecanismos participativos que están establecidos, como es
el Consejo de seguridad urbana, en el que --insisto-- su Partido tiene
una intervención muy positiva, que yo también agradezco. Creo que el
modelo de Barcelona, en cuanto a canales institucionales de
participación, nos convence y vamos a intentar que se siga en otras
ciudades.
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Díaz.
El señor FERNANDEZ DIAZ: Sin duda comparto la opinión de la señora
Secretaria de Estado en cuanto a que el Consejo de seguridad urbana de
Barcelona es una iniciativa digna de reconocimiento y digna también de
imitación en otras ciudades, sin perjuicio de la autonomía local. Por
supuesto, me consta muy directamente la aportación y la participación de
representantes de mi Partido en ese Consejo de seguridad urbana. En todo
caso, como no quiero debatir sobre otra cuestión, mantengo lo dicho.
Evidentemente, la opinión de S. S. es tan respetable como la mía, o la
mía tan respetable como la de S. S., y me quedo con lo que he dicho: que
difícilmente se puede sostener a estas alturas que el Plan de presencia
policial ya es un éxito en Barcelona --entre otras cosas porque a los dos
meses y medio sería como mínimo aventurado--, que es un éxito y que la
ciudadanía, que los barceloneses --ahora sí que estamos hablando no a
nivel provincial sino local-- nos sentimos dichosos del nivel de
seguridad ciudadana. No voy a hacer sangre, entre otras cosas porque
determinadas responsabilidades casi imprimen carácter, pero creo que el
triunfalismo en esta materia, y en lo que hace referencia a nuestra
ciudad, dista de ajustarse a la realidad.
En todo caso, siguiendo con la brillantez de la iniciativa y de los
trabajos que realiza el Consejo de seguridad urbana, usted sabe que hay
determinados planteamientos y reiteración de peticiones que se formulan
en el mismo que tienen su responsabilidad de respuesta en el ámbito del
Ministerio del Interior, y, por tanto, en el ámbito de la Secretaría de
Estado que usted dirige, señora Robles, y que sin duda serían, en cuanto
a que se consiguiera una respuesta favorable a esas peticiones, muy
coadyuvantes, en sentido positivo, a la mejora de la seguridad ciudadana
de Barcelona. Por ejemplo, la finalización de las obras en las comisarías
zonales de Barcelona, hablo de Barcelona ciudad; la comisaría zonal de
Sants-Montjuïc, Eixample y Nou Barris, por ejemplo; es un tema que está
en el ámbito de su competencia. Si se finalizan las obras de esas
comisarías zonales, estoy seguro que incrementaremos las presencia
policial en las calles de Barcelona y contribuiremos, sobre todo desde el
punto de vista de la prevención, a la disminución de la delincuencia
común, que es uno de los objetivos que persigue fundamentalmente el plan
de presencia
policial. En ese sentido quisiera que me informara sobre la construcción
de las comisarías de barrio en el distrito de Las Corts, que sin duda S.
S. conoce muy bien, o sobre cuál es la posición del Ministerio del
Interior en relación con una petición y un debate ciudadano. Estoy
hablando ahora del plan de presencia policial en la ciudad de Barcelona.
Usted sabe que hay un debate ciudadano, que se va a incrementar en la
proximidad de las elecciones locales del 28 de mayo, en relación con el
restablecimiento de determinadas figuras que tradicionalmente habían
tenido una gran presencia en la ciudad de Barcelona. Me estoy refiriendo
a los serenos y los vigilantes. ¿Cuál es la opinión del Ministerio del
Interior en relación con el restablecimiento de las figuras de los
serenos y vigilantes, que algunas fuerzas políticas han planteado ya en
el Consejo de seguridad urbana? Por lo menos la fuerza política a la que
yo represento en este momento y en este acto procesal ha planteado en el
Consejo de seguridad urbana el restablecimiento de esas figuras, sobre
las que se puede opinar, pero que han merecido, en todo caso, algunos
juicios negativos, cuando no despectivos, de algunas autoridades del
Ayuntamiento de Barcelona, no me atrevo a decir que del Ministerio del
Interior.
Por último, ya lo he manifestado anteriormente, creo que directamente
relacionado con la consecución del objetivo de la reducción del
tiempo-respuesta de las llamadas urgentes al 091 está el que se inste, a
través de la Compañía Telefónica y mediante convenios o cualquier otra
fórmula jurídica que consideren oportunos, a que dichas llamadas sean
gratuitas. Eso sí que sería dar un servicio al ciudadano. No parece
razonable que una persona tenga que pagar por una llamada al 091. Y no
quiero recordar aquí debates parlamentarios donde se aludía al costo del
091, siendo así que normalmente, salvo que sean los policías los que
llamen a través de ese número, es una llamada que va por cuenta del
ciudadano.
Estos temas que he apuntado se han planteado en el Consejo de seguridad
urbana. Lo digo porque yo comparto con usted, señora Robles, la bondad de
esa iniciativa del Consejo de seguridad urbana de la ciudad de Barcelona,
pero no podemos --y sobre todo no deben ustedes desde el Ministerio del
Interior-- estar a las maduras y no estar a las duras, es decir, valorar
positivamente esas iniciativas, valorar positivamente la colaboración que
institucionalmente produce el Ayuntamiento de Barcelona y otras
instituciones --usted alude, por ejemplo, a las asociaciones de vecinos y
yo tengo un juicio más descriptible, desde el punto de vista valorativo,
de su actividad en este caso concreto del que tiene S. S.--, tomarlo sólo
para lo que nos interesa y no para lo que no nos interesa.
Si da una respuesta favorable a estas peticiones que se han planteado en
el seno del Consejo de seguridad urbana, estoy seguro que en una próxima
comparecencia de la señora Secretaria de Estado ante esta Comisión de
Justicia e Interior la valoración del impacto que en relación con la
consecución de los objetivos previstos en el plan de presencia policial
en la ciudad de Barcelona tenga en el transcurso de próximas semanas o
unos próximos meses, podrá ser más positiva. En todo caso, le reitero la
voluntad de colaboración de mi Grupo Parlamentario y también de mi
Partido en este Consejo de seguridad urbana para coadyuvar conjuntamente
a la consecución de ese objetivo.
Termino simplemente diciendo que no quiero perderme en las cifras, pero
usted ha aludido, señora Secretaria de Estado, a que de diez minutos
hemos pasado a siete minutos. Aquí hay una pequeña falta. El programa
previsto en la primera fase decía que íbamos a pasar a 6,45 minutos, por
lo que van quince segundos por encima del tiempo previsto.
Lo que no ha quedado claro, y le rogaría que me lo contestara si es
posible porque con estos bailes de estadísticas me pierdo, es lo
siguiente. El proyecto en la primera fase, en cuanto a efectivos en los
grupos de atención al ciudadano, consistía en incrementarlos en 171,
pasando de 341, que había en el momento de elaboración del plan, a 512
para el primero de enero. No sé si usted lo ha dicho. Si ha sido así no
me he enterado y le rogaría que lo repitiera. Si no lo ha dicho, le
pediría que lo vuelva a decir para que las series estadísticas fueran
homogéneas y me permitieran hacer comparaciones.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Interior.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Creo que
en mi intervención, y sobre todo en la exposición previa, he dicho que me
negaba en rotundo a ser triunfalista en el planteamiento del plan de
presencia policial. A la afirmación de S. S. de que yo había sido
triunfalista, tengo que contestar que no es mi intención ni lo va a ser
nunca. En la seguridad ciudadana nunca podemos ser triunfalistas porque
nunca alcanzaremos el máximo que los ciudadanos tienen derecho a
exigirnos. En ese sentido no me tome usted por triunfalista, porque no lo
voy a ser nunca.
Usted habla, en cuanto a las llamadas al 091, de que nos hemos desviado
quince segundos. La verdad es que nos hemos salido un poco del margen,
pero intentaremos que esos quince segundos disminuyan. Le voy a decir una
cosa con relación a las llamadas del 091 en este plan de presencia
policial, y eso no sólo sirve para Barcelona sino para toda España. Yo
creo que se ha conseguido, y es un esfuerzo de hace muchos años de
gobierno socialista, no solamente de la actuación del plan, se ha
conseguido que la policía esté cada día más cerca del ciudadano. Hemos
pasado de un país en que la policía era puramente el enemigo, el
represor, a ser la policía amiga y que la gente quiera más policía en la
calle. En cuanto a las llamadas al 091, que tanto le preocupan a usted y
que yo comparto, debo decir que precisamente este plan a lo que ha
contribuido es a ese mayor acercamiento de la policía a la sociedad. Me
comentaban el otro día los jefes superiores de policía, en una reunión
que tenemos periódicamente para seguir el cumplimiento del plan, que ese
acercamiento de la policía a los ciudadanos ha hecho que se hayan
disparado las llamadas al 091, porque la gente muchas veces llama a ese
número, aunque no sea nada más que para pedir información. ¿Por qué?
Porque hemos conseguido que, de alguna manera, la
policía cada día esté más cerca de los ciudadanos. Yo creo que ése es un
éxito, que es un éxito de todos. Yo reconozco --y lo he dicho en
público-- que su Partido en la ciudad de Barcelona ha hecho un esfuerzo
importante precisamente en materia de seguridad ciudadana. Yo creo que
ésa es la línea, creo que no se puede hacer una utilización partidista
del tema de seguridad ciudadana y en ese sentido yo alabo su
responsabilidad.
En cuanto a los números, lo que yo he hecho ha sido unir los números del
grupo de atención ciudadana y del grupo de prevención de delincuencia, y
le puedo decir que, efectivamente, se ha pasado de 804, sumando los dos,
a 984, y en concreto en la ciudad de Barcelona el cumplimiento previsto
es el 100,6 por ciento, es decir, se han incrementado en un 0,6 por
ciento --ya sé que es poco, pero también los 15 segundos que usted decía
son pocos-- el número de personas que íbamos a destinar a este plan.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Popular me ha indicado que en la anterior
solicitud de aplazamiento que ha formulado el señor Gil Lázaro ha
olvidado incluir la pregunta número 9, suscrita por don Julio Padilla
Carballada. Por tanto, aclaro a SS. SS. que hay que incluir estas
preguntas entre las que han quedado aplazadas.
--VALORACION DE LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRESENCIA
POLICIAL PARA LA CIUDAD DE MALAGA DESDE EL 1 DE ENERO DE 1995. FORMULADA
POR EL SEÑOR SOUVIRON GARCIA (GP). (Número de expediente 181/001310.)
El señor PRESIDENTE: Doy la palabra ahora a don Federico Javier Souvirón
García para que formule su pregunta, que figura en el orden del día con
el número 11, sobre valoración de la aplicación y cumplimiento del plan
de presencia policial para la ciudad de Málaga desde el 1 de enero de
1995.
El señor SOUVIRON GARCIA: El Ministerio de Interior, al reconocer la
necesidad de establecer, entre las grandes ciudades de España, un plan de
seguridad ciudadana en Málaga, la verdad es que acertó plenamente. El
diagnóstico no admitía la más mínima duda. Según el último informe
oficial de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga, basado en
las denuncias tramitadas en sus juzgados, durante el año anterior se
había producido una media de diez robos a la hora, cifra significativa
sobre todo si tenemos en cuenta que no todos los delitos se denuncian.
Por cierto, y hablando de la Fiscalía, yo animaría al Gobierno y a la
Secretaría de Interior a que los datos de la memoria del Fiscal General
del Estado en estos temas fueran iguales y coincidieran con los que
facilita el Gobierno, porque en la memoria de la Fiscalía se observa que
esta coincidencia no se produce y que siempre son inferiores los datos
del Gobierno.
El 77 por ciento de los comerciantes del centro histórico de Málaga
consideran que la presencia policial es escasa o nula y denuncian la
falta de protección de sus locales durante la noche, que es el momento en
que se producen precisamente más incidencias y más situaciones
delictivas, circunstancia que, por otra parte, podemos trasladar
perfectamente a las barriadas periféricas de la ciudad. Los ciudadanos
conviven día a día con la mendicidad, que en ocasiones llega a ser
coactiva cuando deriva del consumo de drogas y de la venta ilegal de
tabaco de contrabando, sin que las autoridades reaccionen ante el peligro
de que la red de venta de tabaco pueda encontrar en el futuro mayor
rentabilidad económica en la venta de sustancias estupefacientes, como ha
ocurrido en otros lugares.
Este es el escenario, a grandes rasgos, en el que se pone en práctica el
plan de presencia policial el 1 de enero de 1995 y es sobre este
escenario sobre el que pregunto a la señora Secretaria de Estado de
Interior cómo valora el desarrollo del plan de presencia policial en
Málaga.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Interior tiene la
palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández):
Efectivamente, cuando Málaga se incluye en el plan de presencia policial
es porque somos conscientes de que es una de las ciudades en las que hay
esa sensación psicológica de una inseguridad, sobre todo, como usted muy
bien decía, en el ámbito de los comerciantes; eso lo habíamos contrastado
también en las encuestas y en los estudios que habíamos hecho.
Le voy a volver a dar los números, aunque tal vez les aburran un poco; ya
sé que no son muy significativos, pero ésa sí que es una realidad
incontrastable. En Málaga, en concreto, en el personal destinado
solamente a este plan se ha pasado de 223 a 259; el número de vehículos
Zeta ha pasado de 35 a 40. En Málaga se ha hecho un esfuerzo muy
importante, porque así lo veían sobre todo asociaciones de vecinos y
demás, en un mayor acercamiento físico, por decirlo de alguna manera, de
la policía a los ciudadanos, y por eso se ha hecho un esfuerzo muy
importante, sobre todo en el tema de motos y en el tema de patrullas a
pie. En cuanto a las motos, se ha pasado de 5 a 16, y patrullas a pie,
que no había destinadas específicamente a este plan, hay en este momento
14. En cuanto a la respuesta del 091 se ha pasado de 8 a 6 minutos.
Lógicamente cada gobernador civil, cada jefe superior de policía, y cada
comisario han visto las particularidades de cada una de las ciudades. En
Málaga ha habido un contacto y un trabajo muy serio con el Ayuntamiento,
y como fruto de la reflexión que han hecho tanto el Gobernador Civil como
el Ayuntamiento, se ha decidido dividir la ciudad en once sectores y que
este incremento de patrullas a pie tuviera un contacto directo con los
ciudadanos entrando en los comercios muchas veces a saludar y decir:
hola, buenos días, por decirlo de alguna manera.
La valoración que a mí me llega de la ciudad de Málaga es muy positiva,
porque se ha producido --y yo creo que esto hay que reconocerlo-- un
mayor acercamiento sobre todo al sector del comerciante, al sector del
comerciante que no tenía tanto la impresión de que la policía estaba
cerca. En estos dos meses y medio la consigna que se está dando desde el
Gobierno Civil es que haya ese acercamiento físico real, sobre todo en la
zona centro de Málaga.
Por tanto, yo hago la misma valoración que he hecho en los casos
anteriores y que no quisiera repetir. No podemos ser triunfalistas en un
plazo de dos meses y medio. Hay una realidad objetiva, que es que ha
habido un incremento en los números que he dicho; que en Málaga, para ser
más operativos, ha existido esta división en once sectores y que se ha
hecho un hincapié especial en todo lo relativo en patrullas a pie y
patrullas en moto para que existiera precisamente ese mayor acercamiento
a los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Souviron.
El señor SOUVIRON GARCIA: La verdad es que a mí que vivo en Málaga
--desde el martes estoy aquí, pero vivo en Málaga-- me da la impresión,
señora Secretaria de Estado, de que usted confunde la realidad con el
deseo, y desde luego los deseos nosotros los compartimos; las realidades
ya no tanto. La sensación que a mí se me transmite en Málaga es que la
falta de seguridad que se ha venido acrecentando entre los ciudadanos en
los últimos años no ha disminuido. Hasta ahora el plan de seguridad
ciudadana --el plan Belloch, como se conoce, señora Secretaria de Estado
de Interior-- nos da la impresión de que en Málaga se ha concretado en
dos cosas: en primer lugar, en una campaña propagandística de lanzamiento
y, en segundo lugar, en recientes manifestaciones de autoridades
implicadas en el plan, mostrando su satisfacción, pero nada más. No nos
da la impresión de que haya pasado nada más. Por acudir al refranero,
mucho ruido y pocas nueces, señora Secretaria de Estado de Interior.
Frente a las autocomplacientes manifestaciones de las autoridades
policiales implicadas en el plan, hay también otras opiniones; opiniones
de personas que están a pie de obra, como por ejemplo, los sindicatos
policiales, y en esto coinciden todos. Yo, por no referirme a todos y
cada uno de ellos, voy a tomar las manifestaciones realizadas por uno de
ellos, en concreto por el Secretario General del Sindicato Profesional de
Policía Uniformada, que textualmente dijo: El plan de seguridad es una
mentira, porque no se pueden multiplicar los policías ni se han puesto
los medios para su ejecución. Algo deben saber estos señores cuando ya
digo que están a pie de obra. La verdad es que si nos preguntamos por qué
hasta este momento el plan de seguridad ciudadana en Málaga no es cierto,
tendremos que decir que es porque en lo que se refiere al aumento del
número de funcionarios en realidad no se ha producido tal. Por ejemplo,
hay 25 funcionarios que han pasado a la segunda actividad y que, por
tanto, han dejado de prestar servicios directamente y no se han cubierto
esas plazas.
Lo que sí se ha producido, como decía antes mi compañera, al igual que en
Las Palmas de Gran Canaria, es una redistribución de funciones. Pues
bueno, quienes antes patrullaban en furgón ahora lo hacen a pie, pero no
hay, ni muchísimo menos, más funcionarios. Por otra parte, en Málaga
normalmente vivimos el desplazamiento de efectivos de la policía a otros
lugares cuando es necesario. En este momento, por ejemplo, cien
funcionarios se encuentran en Sevilla y en el pasado mes de febrero dos
secciones y seis vehículos fueron trasladados a Santa Cruz de Tenerife
con motivo de los carnavales. La verdad es que Málaga, por sus
circunstancias --usted lo ha reconocido--, por su sentido turístico,
necesita un tratamiento especial y quizá hay otros sitios más tranquilos
desde donde podrían desplazarse estos funcionarios.
En cuanto a medios materiales, sí hay cinco coches nuevos, usted lo ha
dicho. Uno de ellos está asignado al jefe de la brigada de seguridad
ciudadana; otros están siendo utilizados por otros jefes policiales, y en
realidad no patrullan de noche. Pero es que además esto no aumenta el
número de los vehículos existentes, porque hay muchos que ya no se
encuentran en condiciones de patrullar y hay muchos que por el problema
de suministro que tiene el Cuerpo Nacional de Policía en Málaga, dado que
las empresas suministradoras, por las deudas contraídas, ya ni siquiera
suministran los elementos necesarios, están siendo utilizados para cubrir
las averías de otros automóviles. La realidad es que tenemos en la calle
menos coches Zeta patrullando que en el año 1992; luego no se ha
producido un incremento ni muchísimo menos.
La coordinación entre los diferentes cuerpos policiales tampoco es un
ejemplo. Usted se refería a los acuerdos con el Ayuntamiento de Málaga.
Efectivamente se ha firmado un protocolo entre el Gobierno Civil y el
Ayuntamiento de Málaga, protocolo que no se cumple en los propios
términos en que dichos acuerdos fueron fijados. En los años 1982, 1983 y
1984 había una mayor coordinación, cuando un miembro de la policía local
y un miembro de la Guardia Civil estaban presentes continuamente en la
sala del 091 y, a través de ahí, se ejercía la coordinación. Yo no sé si
ése es el mejor sistema, no sé si a ustedes les parece que es el mejor.
Si no es así, creemos que debían arbitrar alguno que facilitara esta
coordinación.
En último lugar, lo que también hay, y esto es una cosa clara, es una
falta de motivación por parte de los funcionarios; falta de motivación
que hace más difícil que se cumpla el plan en sus propios términos. La
verdad es que, cuando se producen concentraciones en las que se unen
todos los sindicatos policiales representativos del sector, los
comisarios, los inspectores, los policías de la escala básica bajo una
pancarta que dice: «Dignidad profesional, ya», es muy difícil que
cualquier plan prospere si no existe esa motivación. Lo que se dice por
parte de todos los sindicatos es que no se ha cumplido el acuerdo marco
firmado en el Ministerio en 1992 y que lógicamente estos incumplimientos
demuestran una falta de seriedad que tiene a los funcionarios
desmotivados y con pocas ganas de ejercer su trabajo adecuadamente, sin
perjuicio de que lo hagan con todas sus fuerzas, que muchas veces no
sabemos de dónde las sacan. Los funcionarios hacen su trabajo como
pueden. Lo único que pasa es que con más motivación, como son humanos, lo
harían todavía mejor.
Usted ha dicho antes que la vigilancia y la prevención es obra de todos.
La verdad es que es así, pero, sobre todo, es obra de los que gobiernan.
Nosotros estamos aquí para
ejercer el control, y, entonces, lo que le decimos, dado que solamente
han transcurrido dos meses y que comprendemos que esto tiene que mejorar,
es que el panorama que se nos presenta no es precisamente esperanzador.
Nosotros hacemos un acto de esperanza; desde luego anunciamos que vamos a
controlar el tema porque es muy importante para Málaga, pero,
desgraciadamente, desde Málaga, la impresión que tenemos es la que le he
expuesto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Yo creo
que S. S. en su intervención se ha quedado en algunos aspectos con
noticias de hace tiempo y felizmente superadas. Usted habla del
acuerdo-marco de 1992, habla de manifestaciones de sindicatos...Yo creo,
porque sé que en su Grupo suelen leer los medios de comunicación, que se
habrá enterado perfectamente que se ha llegado a un acuerdo con los
sindicatos policiales; que se ha publicado recientemente un acuerdo del
Consejo de Ministros en el «Boletín Oficial del Estado» y que ha dejado
sin efecto el acuerdo-marco de 1992.
Yo tengo que decirle, porque lo vivo, porque lo sé y porque estoy con
ellos, que los funcionarios de policía están absolutamente motivados. Por
tanto, sacar de contexto una reivindicación salarial existente un
determinado momento, en un marco de negociaciones en el que se
encontraban los sindicatos, cuando esas negociaciones han terminado y,
además, se ha llegado a un acuerdo con ellos, es un hecho que demuestra
que se han quedado un poco pasados en el tiempo. En cualquier caso quiero
aclarar que eso está totalmente superado, que se ha firmado un acuerdo
con los sindicatos policiales y que los policías están trabajando con
absoluta dedicación, no solamente en el plan de presencia policial, sino
en todo lo que son sus cometidos.
Usted me dice que vive en Málaga y que en Málaga el plan no funciona. Yo,
que vivo en Barcelona, conozco la realidad de Barcelona, pero no conozco
tan bien como usted la realidad de Málaga. Pero usted no me puede
generalizar. Hábleme de un sector de la población de Málaga que le ha
hecho llegar a usted las conclusiones de que el plan no funciona. Yo
tengo que decirle que hace 15 días estuve en Sevilla con vecinos de toda
Andalucía, y estaban también los vecinos de Málaga. ¿Y sabe qué me
dijeron, algunos de ellos frotándose las manos, sin duda,
irresponsablemente? ¿Sabe qué pasa? --me decían--. Que como nos hemos
quedado sin delincuencia en Málaga, con eso de que tenemos tanta policía
en la calle, se están yendo a Torremolinos. ¡Vaya con los de
Torremolinos! Eso me lo decían los ciudadanos de Málaga. Por tanto, se
supone que tenemos interlocutores distintos. Está bien que haya
interlocutores distintos, pero no me hable usted en nombre de todos los
ciudadanos de Málaga.
Sigo diciendo, con independencia de que siempre queramos ir a mejor, que
hay una realidad y hay un incremento en los números. Y ese incremento de
los números es así, tenga la generosidad de reconocerlo, si tampoco pasa
nada. Yo estoy diciendo que es un éxito de todos, no es solamente un
éxito del Gobierno, es un éxito de todos los que colaboran y, por qué no,
de ustedes que, no siempre, pero en el caso de la seguridad ciudadana,
según la experiencia que yo tengo, sobre todo a nivel municipal, suelen
tener una política bastante constructiva. Por eso digo que es una
excepción, porque en el marco de la política general ustedes no suelen
hacer una política constructiva, y me perdonarán que se lo diga.
Por tanto, sigo insistiendo, quizá los interlocutores que usted tiene no
coinciden con los que tengo yo, por lo menos en el caso de la ciudad de
Málaga.
--VALORACION DE LA APLICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE PRESENCIA
POLICIAL PARA LA CIUDAD DE VALLADOLID DESDE EL DIA 1 DE ENERO DE 1995.
FORMULADA POR EL SEÑOR BURGOS GALLEGO (GP). (Número de expediente
181/001344.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Tomás Burgos Gallego para
formular su pregunta sobre valoración de la aplicación y cumplimiento del
plan de presencia policial para la ciudad de Valladolid desde el día 1 de
enero de 1995.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora Secretaria de Estado, la política
constructiva quienes al final la tienen que valorar son los ciudadanos.
Por tanto, no podemos estar de acuerdo con usted cuando precisamente la
intención de voto del Partido Popular crece sin parar.
En todo caso, lo que sí parece evidente es que en esto de la delincuencia
no hay estadísticas que valgan. Cada uno de los atentados, de las
agresiones que sufren los ciudadanos en nuestras calles es un mundo de
sufrimiento. A mí me resulta especialmente desagradable hablar de números
o de cifras cuando nos estamos refiriendo a la delincuencia o a la
inseguridad ciudadana.
Nosotros lo que le queremos pedir, fundamentalmente yo como representante
de los ciudadanos de Valladolid en este caso, es que usted nos haga una
evaluación de cuál ha sido el grado de cumplimiento de muchos de los
compromisos que se adquirieron en su momento cuando se presentó el plan
de presencia policial. No quiero que me hable usted de mejora de las
estadísticas, sobre todo cuando en las estadísticas no nos vamos a poner
de acuerdo, ni fundamentalmente se ponen de acuerdo las cifras que
suministra habitualmente el Ministerio del Interior con las que
suministra, por ejemplo, la Fiscalía General del Estado, que en absoluto
entiende que, por ejemplo, en la provincia de Valladolid o en la capital
de la provincia, se haya producido en estos últimos años un descenso
significativo de las agresiones o de los problemas de seguridad ciudadana
que sufren cada uno de los vallisoletanos, sino más bien todo lo
contrario y que precisamente el grado de diligencias abiertas, por
ejemplo en relación con los delitos de hurto o con los delitos de robo
con violencia o intimidación ha aumentado notablemente. Yo creo que este
tipo de
delitos son los que causan en la población un mayor sentimiento de
inseguridad.
Con respecto a estas cuestiones me gustaría que me precisara exactamente
su valoración sobre el grado de aplicación de este plan en lo que se
refiere a la reorganización de los efectivos policiales que velan por la
seguridad ciudadana en la ciudad de Valladolid, sobre la incorporación de
nuevos efectivos, si eso se ha producido; sobre la incorporación de
nuevos vehículos o de nuevas dotaciones materiales de las que estamos muy
faltos en esa ciudad, y, sobre todo, sobre algunos aspectos que considero
extraordinariamente relevantes para nuestra capital, como, por ejemplo,
la implantación de nuevas comisarías de distrito o la puesta en
funcionamiento de los juicios rápidos. Yo creo que, por encima de esa
guerra de cifras y de estadísticas que considero absolutamente
improcedentes como justificación de una política, hay que ir a las
realizaciones concretas y, sobre todo, a los compromisos que ustedes
adquirieron cuando se puso en marcha este plan, que creo que son objeto
en estos momentos de la valoración de todos nosotros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Al hilo de
su intervención, cuando hablaba de las estadísticas, de las memorias de
la Fiscalía, tengo que decirle --y era algo que tenía apuntado aquí para
contestar a uno de sus compañeros que le ha precedido en el uso de la
palabra--, aunque obviamente yo sé que ustedes saben perfectamente esto y
a mí no me gustaría venir a dar lecciones a este foro, que no tienen
absolutamente nada que ver los criterios que se utilizan en la
estadística judicial con los criterios que se utilizan en la estadística
policial. Yo no sé si usted conoce el mundo de los juzgados y de las
fiscalías, supongo que sí, pero yo que lo conozco mucho por razones
evidentes sé que la estadística judicial no tiene absolutamente nada que
ver con la estadística policial. Por tanto, en la estadística judicial,
cuando se incoan diligencias previas, no quiere decir siempre que haya un
hecho delictivo; mientras que la estadística policial es porque ha habido
un hecho delictivo concreto.
Por eso es muy peligroso, estoy de acuerdo con usted y lo he dicho al
principio de mi intervención, perdernos simplemente en las cifras y en
las estadísticas, porque no hay nada más fácil de manejar que las
estadísticas, incluida la intención de voto que usted dice del Partido
Popular. Dejemos que llegue el momento de las elecciones y ya veremos. No
hablemos, por tanto, de estadísticas y de números. Es la medida en que
retomo su intervención, dejemos también las estadísticas de la intención
de voto. Aun así, no le importe que le diga los números de Valladolid,
porque quizá es uno de los sitios donde el plan es mayor, desde el punto
de vista objetivo de la presencia policial, de las once ciudades. El
número de personal ha pasado de 170 a 237; los vehículos Zeta de 51 a 58;
las patrullas a pie de 21 a 30; el tiempo de las respuestas del 091 ha
descendido de seis a tres minutos y los hechos delictivos han bajado de
500 a 383, lo que implica --si los números no me fallan-- una disminución
del 23 por ciento. Puedo decir, no con triunfalismo sino simplemente con
realismo y por constatación de lo que dicen las asociaciones de vecinos
(como comprenderá, yo, que sigo muy de cerca este plan, no me reúno sólo
con quien se supone que me encantaría que me halagara los oídos sino, al
contrario, con quien es crítico, porque ésa es mi forma de trabajar; yo
creo que sólo mejoramos oyendo las críticas porque así sabemos dónde
están nuestros defectos) en concreto, los vecinos de la ciudad de
Valladolid, por lo menos los que han hablado conmigo, que a lo mejor no
coinciden con los que han hablado con usted, me hacen una valoración
francamente positiva del plan en esa ciudad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Ya me temía que iba a ser usted excesivamente
optimista y que se iba a perder en las grandes declaraciones y no iba a
entrar a valorarnos exactamente cuáles han sido las actuaciones concretas
que el Ministerio ha puesto en marcha, a lo largo de los últimos tiempos,
en la ciudad de Valladolid.
Probablemente Valladolid ha sido la ciudad más castigada en cuanto al
abandono de efectivos policiales en los últimos años. Valladolid ha
perdido prácticamente 150 ó 160 miembros de la Policía Nacional en los
últimos años. Me dice, además, que se ha producido un notable incremento
de la presencia de policías en la calle. Usted conoce perfectamente que
en Valladolid hay una unidad de intervención policial y que para tener
esos aumentos tan espectaculares ustedes valoran la incorporación de esta
unidad de intervención. Usted sabe que estas unidades de intervención no
están de forma permanente en las ciudades, y mucho menos en Valladolid, y
que su grado de movilidad es muy importante; usted debe conocer el número
de días al año que esas unidades pasan fuera de la ciudad. Por tanto, no
es admisible, en ningún caso, que ustedes utilicen, para engordar las
cifras y maquillarlas, unas unidades que no son estables en la capital de
provincia a la que yo me refiero.
Ustedes han puesto en marcha una serie de iniciativas en la provincia de
Valladolid, pero es bueno también echar la vista atrás y entender
exactamente qué es lo que está pasando en nuestra ciudad. Valladolid,
como digo, ha venido perdiendo una media de efectivos de 30 personas por
año en los últimos cinco años; hemos pasado de 1.025 efectivos policiales
a 870. Con su pretendido aumento ni siquiera vamos a poder recuperar las
cifras que teníamos en 1990. De los 86 integrantes del cuerpo que
causaron baja en los últimos años sólo se han ofertado diez vacantes.
Además, estas bajas se producen precisamente entre las escalas superiores
del Cuerpo Nacional de Policía, entre los inspectores, los subinspectores
y los oficiales. Desde 1993 han causado baja 41 miembros de estas escalas
y sólo se han cubierto cinco. ¿Cómo puede ser compatible esto con el
incremento de los servicios callejeros que ustedes pretenden
ofertar con el plan? Yo se lo voy a decir. Simple y llanamente, poniendo
en la calle a personal de los servicios administrativos del Cuerpo
Nacional de Policía que en la provincia de Valladolid tienen más de 45 ó
50 años en muchos casos, personal que se incorpora en estos momentos con
motivo de la rectificación de la edad en que se pueden desarrollar tareas
operativas tras la aprobación de la Ley de segunda actividad que se
produjo el año pasado. Es decir, están ustedes poniendo en la calle a un
personal que nosotros entendemos que no es el más cualificado para
garantizar una efectiva protección de los ciudadanos.
Tanto que habla de las asociaciones de vecinos entenderá que su principal
reivindicación en la capital de la provincia de Valladolid se refiera al
establecimiento de, al menos, dos comisarías de distrito en nuestra
ciudad, en dos barrios como Las Delicias y Parquesol, que por el número
de habitantes y por su especial configuración tienen un interés especial
en desarrollar una presencia policial activa. No se va a desarrollar
ninguna de estas iniciativas. Ustedes no van a poner en marcha ninguna
comisaría de distrito. Por tanto, en Valladolid no se va a cumplir uno de
los objetivos específicos y más relevantes, probablemente, que ustedes
tenían en su plan de presencia policial. Y estoy seguro que se lo han
dicho las asociaciones de vecinos, si es que usted se reúne realmente con
ellas y no con aquellos representantes que le busca el delegado del
Gobierno para que le halaguen sus oídos.
Otro de los aspectos que nos interesa especialmente es la coordinación
entre la Policía municipal y la Policía nacional, un dato muy relevante
del grado de improvisación con el que este proyecto se ha puesto en
marcha en Valladolid y del que, sin embargo, usted está tan satisfecha es
que ni siquiera los responsables de ambos cuerpos se han puesto de
acuerdo sobre cuál debe ser la coordinación de estos dos servicios. En un
primer momento se habló de distribuirse las áreas de la ciudad entre la
Policía municipal y la Policía nacional, sin duda haciendo gala de un
desconocimiento absoluto de cuáles son las competencias de cada uno de
los cuerpos. Afortunadamente, y después de haberlo anunciado
públicamente, rectificaron tanto el Delegado del Gobierno como el Alcalde
de Valladolid y nos hablaron de que finalmente conocían cuáles eran las
competencias de cada cuerpo y que no se podía hacer una estructuración
por áreas de cobertura y que en unas áreas determinadas de la ciudad sólo
interviniera la Policía municipal y en otras sólo la Policía nacional, lo
cual, además de ser una barbaridad, denota el grado de conocimiento que
tienen algunos responsables de lo que es el funcionamiento de los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado.
Respecto a la utilización conjunta de las salas de emergencia por parte
de los servicios del 091 y del 092, me gustaría saber si ya hay un
acuerdo sobre cómo se va a hacer esa actuación conjunta, porque siguen
sin estar de acuerdo sobre el mecanismo real de coordinación de las
actuaciones y funciones de ambos cuerpos. Al principio se nos dijo que
iba a haber policías municipales y policías nacionales mezclados en las
salas de ambos servicios y después se nos ha dicho que iba a haber un
solo servicio con policías de ambos cuerpos. En definitiva, siguen sin
ponerse de acuerdo sobre el grado de coordinación, y han pasado ya tres
meses desde que tenía que haber empezado a ser operativo ese mecanismo de
coordinación entre unos cuerpos y otros.
Respecto a los tiempos de respuesta del 091, que usted maneja, cuando los
ciudadanos lo oigan probablemente se sonrían. Es absolutamente inasumible
que, por ejemplo, en la ciudad de Valladolid, que tiene amplísimas zonas
sin cobertura policial de ningún tipo, pueda haber una respuesta del 091
en tres minutos. Probablemente es una cifra que usted maneja más con
espíritu cosmético que otra cosa, pero no tiene nada que ver con la
realidad de la respuesta policial, al menos en mi ciudad.
No quiero reiterar algo que los cuerpos de seguridad del Estado han
puesto de manifiesto en mi ciudad, y es la ausencia de cobertura de las
vacantes o el grado de envejecimiento del cuerpo porque no se van
incorporando promociones jóvenes. Aproximadamente el 50 por ciento de los
efectivos policiales en Valladolid tienen más de 45 ó 50 años, por lo que
entendemos que en muchos casos no es el personal más eficaz a la hora de
realizar patrullajes callejeros.
A nosotros nos preocupa especialmente el material del que no ha hecho la
más mínima mención. La Jefatura Provincial de Valladolid tiene 143
automóviles, de los cuales el 40 por ciento no está operativo en este
momento. Tenemos un grado de obsolescencia de nuestros vehículos
absolutamente incompatible con cualquier signo de eficacia o de avance en
las posibilidades de atención a los ciudadanos. La Jefatura Superior de
Policía solicitó 25 vehículos, de los cuales, según mis noticias, sólo
han aparecido cuatro, con lo cual y teniendo en cuenta que desde hace dos
años hemos perdido en Valladolid cuatro vehículos Zeta sólo en vehículos
y hemos pasado de diez a seis, comprenderá que no podemos ser muy
optimistas con respecto a esas posibilidades de atención de las que usted
nos hablaba.
Y para finalizar mi intervención, me gustaría conocer cuáles son las
previsiones exactas sobre la puesta en funcionamiento de los llamados
juicios rápidos. La verdad es que en Valladolid tenemos constancia de que
no existe ese acuerdo al no haberse llegado a una solución sobre esta
cuestión, que la Comisión provincial de policía judicial, de la que forma
parte, como usted conoce perfectamente, el Presidente de la Audiencia, el
Fiscal Jefe, el Juez Decano y los máximos responsables del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil, no ha avanzado, en absoluto,
en sus contactos con el Delegado del Gobierno y se nos anuncia que
Valladolid va a ser, sin ninguna duda, la última de todas estas capitales
en las que se van a poner en marcha los juicios rápidos, si es que eso se
produce finalmente. A mí me gustaría que nos confirmara usted si es
correcto lo que el Delegado del Gobierno nos comunicaba, hace tan sólo
unas pocas semanas, en el sentido de que esos juicios rápidos iban a
ponerse en marcha en Valladolid antes del verano, y si comparte el
criterio de que esos juicios rápidos, aunque no sean estrictamente del
ámbito de su competencia como responsable del Ministerio del Interior,
son una pieza fundamental para la eficacia de este plan de presencia
policial o del Plan general de libertad y seguridad. Es cierto que en
Valladolid existen muy notables carencias, en relación con las
posibilidades de los servicios judiciales, para poner en marcha este tipo
de juicios, pero eso, claro, hay que valorarlo antes de aprobar el plan o
antes de incluir a nuestra capital en este tipo de iniciativas, y sobre
todo antes de hacerlo público a través de los medios de comunicación.
Creo, en definitiva, para terminar, que hay muchos puntos oscuros y, con
independencia de ese optimismo que usted desborda, entiendo que ni el
tema de las comisarías de distrito ni el tema de los juicios rápidos, ni
el tema del aumento del material, ni el tema de la renovación de la
plantilla o de su aumento, que en absoluto se va producir en Valladolid,
o del envejecimiento del Cuerpo Nacional de Policía en nuestra capital
tenemos motivos para sentirnos optimistas, sino todo lo contrario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de
Interior.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Usted
decía en su intervención que no le convencían los números que yo le daba,
y efectivamente usted está en su derecho de decir que no le convencen los
números que yo le doy, sin embargo, son números que están absolutamente
cotejados y corroborados. Pero es que, claro, tampoco me convence a mí su
intervención, como tampoco me convence la del resto de los compañeros que
le han precedido en el uso de la palabra, porque resulta que para todos
ustedes su ciudad es donde ha habido un mayor número de policías que han
salido fuera. Ese mismo discurso lo han utilizado con respecto a Las
Palmas, Málaga, Valladolid, etcétera. Alguno de ustedes no responde a la
verdad, porque o es una ciudad o es la otra. Por tanto, si ustedes no se
creen los números que yo les digo, yo tampoco me puedo creer,
precisamente por sus propios discursos, las intervenciones que están
teniendo. Alguien bien el Diputado de Las Palmas, el Diputado de Málaga o
usted mismo, no dice la verdad en ese sentido. Algo pasa también en esta
materia. Yo le puedo decir, hecha esa observación, que la crítica que
ustedes hacen no es una crítica basada en hechos reales porque algo
falla, sino que es más bien la crítica por la crítica, cosa a la que,
como decía anteriormente, ya nos tienen acostumbrados y por tanto no me
sorprende.
Por lo que se refiere a la ciudad de Valladolid, usted ha hablado de la
colaboración de la Policía nacional con la Policía local y de que varias
veces se cambió de criterio. Mires usted, ninguna. Concretamente en el
Ayuntamiento de Valladolid, como en otros muchos, incluido algún
ayuntamiento de su partido --lo he dicho y lo diré ochenta mil veces
porque creo que las personas que anteponen la política de seguridad a
cualquier pronunciamiento partidista se merecen todos los respetos--, la
Policía local ha hecho un gran esfuerzo. Y en este momento, cada uno, en
sus respectivas emisoras, está viendo ya --y eso debería usted saberlo,
pues vive en Valladolid-- un intercambio de funcionarios en las
respectivas emisoras, en las salas operativas de ambos cuerpos. Eso es
así, y eso está funcionando así. Conviene que, a lo mejor, cuando usted
vaya a Valladolid se entere, sin más.
Por último, respecto a juicios rápidos, usted permanentemente ha hecho
mención a mi optimismo. Por supuesto, yo soy vitalmente optimista y en
este plan también lo soy. En los juicios rápidos no es que tenga
optimismo, es que tengo satisfacción, porque a nivel de todo el Estado,
en concreto en Barcelona, fui una de las impulsoras de experimentar los
juicios rápidos, que creo que son francamente positivos. Desde el
Ministerio de Justicia e Interior se están dando todos los medios para
que los juicios rápidos se pongan en funcionamiento, pero quienes tienen
la última palabra son precisamente los fiscales y los jueces y,
obviamente, como usted sabe, los jueces son independientes. Por tanto, si
en otras ciudades como Barcelona, Valencia o Madrid se hacen juicios
rápidos, pregunte usted a los jueces de Valladolid por qué no se hacen
allí juicios rápidos; pregúnteselo y a lo mejor le contestan ellos con
más conocimiento de causa que yo, que cuando estuve de juez en una ciudad
los puse en marcha y ahí están.
El señor PRESIDENTE: Antes de levantar la sesión, quiero dar las gracias
a doña Margarita Robles, quien añade a su deber de comparecencia ante
esta Comisión su plena disposición a someterse al control de SS. SS., que
es algo que le quiero agradecer.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.