CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 454
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN
Sesión núm. 41
celebrada el miércoles, 15 de marzo de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Director General del Patrimonio del Estado
(Vázquez de Parga y Pardo), para:
--Dar a conocer su opinión y medidas adoptadas en relación con la venta
de Elosúa al Grupo Italiano Ferruzzi, así como del conjunto de
operaciones financieras de este Grupo en España, actividades relacionadas
con las mismas y condiciones en que se llevaron a cabo las distintas
operaciones del Grupo Ferruzzi en relación con Elosúa. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000378).

(Página 13830)
--Informar de las actuaciones realizadas respecto de la Empresa Hilaturas
y Tejidos Andaluces, S. A. (HYTASA), actualmente Textil Sevillana, MTT,
Intelhorce y Bodegas Internacionales desde su venta. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/000943).

(Página 13838)
--Dar cuenta de las previsiones de la citada Dirección General acerca del
futuro de la empresa General Textil (antigua Intelhorce). A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001183).

(Página 13838)

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Comparecencia del señor Presidente del Instituto Nacional de Estadística,
INE (Quevedo Quevedo), para informar sobre la fiabilidad de los datos de
la Encuesta de Población Activa (EPA) a nivel nacional y en relación con
la Encuesta de Fuerzas de Trabajo de la Unión Europea (UE). A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/001274).

(Página 13855)
Comparecencia del señor Director General de Seguros (Fernández Toraño),
para informar de las razones de la intervención sobre la Mutualidad de la
Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (ENDESA). A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001218). (Página 13867)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días. Se abre la sesión de la Comisión de
Economía para analizar el orden del día, que SS. SS. conocen y que se
compone de tres puntos básicos: en primer lugar, la comparecencia del
Director General del Patrimonio del Estado; posteriormente, el Presidente
del Instituto Nacional de Estadística y, a última hora de la mañana, el
Director General de Seguros. La comparecencia del Director General del
Patrimonio está dividida en dos partes, una relacionada con el tema
Ferruzzi-Elosúa y la segunda compuesta por dos puntos, que trataremos en
una misma intervención, relacionada con empresas varias de Andalucía.

Señor Romero, tiene la palabra.




El señor ROMERO RUIZ: Para una cuestión de orden sobre el desarrollo de
la sesión. Nuestro Grupo plantea un debate sobre el tema de Intelhorce, y
hay otro punto que habla de Hytasa y de Bodegas que lo desarrollaría el
señor Alcaraz. Como en esa primera comparecencia hay una alusión a las
tres empresas, se podría sacar Intelhorce y tratarla en una comparecencia
específica, tal como aparece al final del orden del día, en el que hay un
primer punto, como usted bien ha dicho, de Elosúa, un segundo punto de
Hytasa, Intelhorce y Bodegas y un tercer punto de Intelhorce. Se puede
sacar Intelhorce del segundo punto y tratarlo con el tercero para que se
vea de manera específica, dejando en el otro punto Hytasa y Bodegas
Internacionales.




El señor PRESIDENTE: Señor Romero, en principio, la Presidencia había
previsto hacer en un único punto toda la problématica de Intelhorce y
Textil, que es lo que ha configurado el orden del día, en la medida en
que, si no hubiese sido de esta forma la previsión, quizá no se hubiese
incluido la comparecencia de los señores Presidente del Instituto
Nacional de Estadística y Director General de Seguros, por efectos de
economía procesal. Podemos hacerlo en un mismo bloque y SS. SS. se
reparten las intervenciones, pero haríamos un único turno global de los
dos puntos al respecto. Era lo que habían previsto la Mesa y los
portavoces, en base, fundamentalmente, a que había un nexo de unión entre
las dos peticiones de comparecencia del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. La antigua General Textil (Intelhorce),
era el elemento común que podría dar cobertura a todo.

De todas formas, señor Romero, en un único turno SS. SS. pueden hacer el
doble debate, en primer lugar, la intervención del señor Romero y,
posteriormente, la del señor Alcaraz, pero, repito, en un único turno.

Ese es el procedimiento que vamos a seguir.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO
(VAZQUEZ DE PARGA Y PARDO) PARA:



--DAR A CONOCER SU OPINION Y MEDIDAS ADOPTADAS EN RELACION CON LA VENTA
DE ELOSUA AL GRUPO ITALIANO FERRUZZI, ASI COMO DEL CONJUNTO DE
OPERACIONES FINANCIERAS DE ESTE GRUPO EN ESPAÑA, ACTIVIDADES RELACIONADAS
CON LAS MISMAS Y CONDICIONES EN QUE SE LLEVARON A CABO LAS DISTINTAS
OPERACIONES DEL GRUPO FERRUZZI EN RELACION CON ELOSUA. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Núm. de expediente 212/000378.)



El señor PRESIDENTE: Así pues, en primer lugar vamos a producir la
intervención del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya ante el Director General del Patrimonio, para que éste, a su
vez, dé su opinión y medidas adoptadas en relación con la venta de Elosúa
al grupo italiano Ferrruzzi, tal y como aparece en el orden del día.

Para fijar la posición del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Andréu.




El señor ANDREU ANDREU: El tenor exacto de la comparecencia por la que se
solicita la opinión y las medidas adoptadas en relación con la venta de
Elosúa por parte de la Dirección General del Patrimonio, fundamentalmente
como representante del patrimonio del Estado que existía dentro de la
empresa Elosúa, yo creo que requiere



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una mínima descripción de hechos, aunque ya son suficientemente
conocidos, hechos que vienen a consolidar, en cierta medida, la
responsabilidad que ha tenido el Gobierno en el desenvolvimiento de la
operación de la compra de Elosúa por parte de Ferruzzi, a pesar de los
esfuerzos que en principio se hicieron para que existiera un gran grupo
aceitero español y para que el control de la producción y el mercado
aceitero hubiera quedado en manos españolas.

En esa mínima descripción de hechos, como bien sabrá el Director General
del Patrimonio, se dio en el año 1984 un crédito de 4.500 millones de
pesetas al cero por ciento por parte del Banco de Crédito Agrícola para
conseguir que Elosúa adquiriese la empresa Carbonell. Este crédito tenía
algunas condiciones, entre otras que no se pudiera producir la venta
antes de que el crédito fuera restituido, y en cuanto lo fue, en el año
1989, ya un sector de la familia Elosúa vendió un 30 por ciento a la
aceitera Ferruzzi, con lo cual dicha aceitera tiene entrada en el grupo
accionarial de Elosúa, pero a pesar de ello no pertenece al consejo de
administración.

Con posterioridad, en junio de 1991, Koipe realiza una OPA que hubiera
sido positivo que se hubiera terminado por sustanciar, ya que existía un
pacto de sindicación entre los accionistas españoles --Mercasa más lo que
quedaba de la familia Elosúa-- que no permitía que hubieran vendido sus
acciones; por consiguiente, si la OPA se hubiera sustanciado, no habría
sido posible que hubiera caído en manos de Ferruzzi esta operación. Sin
embargo, la OPA, por instrucciones del Ministerio de Hacienda, no se
realizó y, a pesar de ello, el Ministerio de Hacienda, y concretamente la
Dirección General del Patrimonio, impone que entre como consejero
delegado de Elosúa don Mariano Reiñal, que venía de Koipe, y, por tanto,
aun no teniendo Koipe la mayoría accionarial, por una concesión, a
nuestro juicio inexplicable, por parte de la Dirección General del
Patrimonio, se produce la dirección de Elosúa por parte de la empresa
Koipe.

Yo creo que un primer hecho que todavía no ha quedado clarificado y que
sería interesante clarificar se refiere a cuáles son los motivos que
puede tener la Dirección General del Patrimonio para que, aun no teniendo
la mayoría accionarial, Ferruzzi, a través de Koipe, ostente el poder en
esta empresa.

Esta operación por parte de Ferruzzi de hacerse con el poder de Elosúa se
termina de consolidar a finales de 1993 y principios de 1994, cuando
compra el último paquete accionarial que tenía don Mariano Elosúa, que en
su momento había sido consejero delegado, y a través del Banco de
Luxemburgo se hace con el 20 por ciento aproximadamente que dicho señor
tenía.

Este mero relato de los hechos indica que un importante esfuerzo
financiero de la que en ese momento era banca pública, el Banco de
Crédito Agrícola, no se ve compensado de ninguna manera en sus frutos. Al
final, ese gran intento de tener un grupo aceitero español importante,
que hubiera irrumpido en el mercado aceitero mundial y que hubiera roto
la hegemonía italiana, fracasa de una forma no comprensible, porque,
teniendo la sartén por el mango, es la propia Dirección General del
Patrimonio quien regala la posibilidad al grupo Ferruzzi de que, al
final, se haga cargo de este previsto grupo aceitero y termine con una
dominación absoluta del mercado aceitero mundial.

Todo esto ha dado lugar a muchísimas especulaciones, porque desde ningún
punto de vista fue comprensible aquella actuación del Director General
del Patrimonio, incluso que el tema haya terminado en los juzgados, que
estén ahora mismo en curso investigaciones sobre cómo se pudo producir
esa concesión de derechos a Ferruzzi y cómo fue extraordinariamente
pasiva la Dirección General del Patrimonio.

Pero, aparte del tema judicial, que seguirá su curso y que no tiene nada
que ver con el político, nosotros quisiéramos oír alguna explicación
solvente de los hechos por parte de la Dirección General del Patrimonio,
bien es cierto que ya a toro pasado y cuando, por desgracia, aquel
proyecto de tener un grupo aceitero español importante en el mercado
internacional ha sido un completo fracaso.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Director
General del Patrimonio. Posteriormente, fijarán su posición los grupos
parlamentarios que deseen hacerlo.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): La solicitud de comparecencia referida a este punto, tal como
reza la convocatoria, es para dar a conocer su opinión y medidas
adoptadas en relación con la venta de Elosúa al grupo italiano Ferruzzi,
así como del conjunto de las operaciones financieras de este grupo en
España, actividades relacionadas con las mismas y condiciones en que se
llevaron a cabo las distintas operaciones del grupo Ferruzzi en relación
con Elosúa.

De todos los temas que se mencionan en el enunciado me voy a referir
exclusivamente, por ser el único del que la Dirección General del
Patrimonio tuvo conocimiento, a la venta de Elosúa al grupo italiano
Ferruzzi y las medidas adoptadas en relación a esta venta.

En cuanto a mi opinión sobre la venta de Elosúa al grupo Ferruzzi, les
diré que, como español y como responsable del grupo de empresas del
Patrimonio del Estado, me hubiera gustado más que la mayoría del capital
de Elosúa hubiera seguido en manos españolas, teniendo un gran grupo
aceitero con dimensión internacional de capital nacional. Lo que ocurre
es que no podemos confundir los deseos con las realidades en una cuestión
como ésta, en la que el Estado se limitó siempre a tener una
participación minoritaria en la sociedad para apoyar que la mayoría fuera
de capital español. Nunca se planteó que el Estado como tal pudiera tener
mayoría. De ahí que el margen de actuación fuera siempre limitado y, al
final, otros socios minoritarios, y más concretamente la propia familia
Elosúa, vendieran en distintas fases y períodos de tiempo su
participación al socio extranjero que estaba dispuesto a pagar mucho
dinero.

No voy a volver a repetir con detalle la relación de hechos desde que el
Estado empezó a participar en la empresa



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Elosúa. Dos miembros del Gobierno han expuesto ya en esta Comisión de
Economía cómo han sido los hechos y cuál ha sido, en todo momento, la
política seguida. Primero fue el Ministro de Economía y Hacienda, en su
comparecencia del 22 de febrero de 1994, y después, el 25 de mayo, el
Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación. Posteriormente, y en
respuesta a la moción aprobada por esta Comisión de Economía en su sesión
del 14 de junio, el Gobierno procedió a informar también a la Cámara de
la incidencia que sobre el sector aceitero tiene el hecho de que el grupo
Ferruzzi hubiera tomado una participación mayoritaria en Elosúa.

A la vista de toda esta información de la que disponen SS. SS., sólo me
queda exponer el único tema puntual acaecido con posterioridad a las
intervenciones mencionadas, cual es el relativo a la fusión entre Koipe y
Elosúa.

En cuanto a la fusión Koipe-Elosúa, tras la decisión adoptada por los
consejos de administración de ambas sociedades el año pasado, la política
adoptada por el grupo público, que tenía una participación en torno al 37
por ciento en Elosúa, fue aceptar los hechos y admitir dicha fusión tras
garantizarse que los intereses patrimoniales del Estado no quedaran
lesionados si en algún momento futuro quisiera salirse, vendiendo su
participación en la empresa resultante de la fusión. Como socio
minoritario en Elosúa, desde el punto de vista patrimonial resulta mucho
más interesante la fusión, pasando a ser accionista de la matriz del
grupo resultante.

En concreto, esta posición se materializó en un acuerdo de accionistas
firmado en julio de 1994 por los accionistas del grupo público Koipe y el
grupo Eridania Beghin Say, que, como saben, estaba participada en su día
por el grupo Ferruzzi, por el cual se constataba que este último grupo
había procedido a adquirir el 20 por ciento del paquete que aún estaba en
manos de la familia a la cual se ha referido el señor Diputado, con lo
que su posición en Elosúa --la del grupo Eridania Beghin Say-- pasaba a
ser mayoritaria.

Con objeto de reforzar las sociedades, y aceptando el hecho de que el
grupo Eridania Beghin Say era mayoritario ya de facto tanto en Koipe como
en Elosúa, los accionistas del grupo público aceptaban la fusión como el
elemento más coherente dentro de esta mayoría por parte del grupo
Eridania en orden a conseguir una mayor eficacia por las economías de
escala que representa un grupo ya fusionado de estas características y
que llevaría al fortalecimiento de ambas empresas.

También se establecía que será necesario el voto afirmativo de los
representantes del grupo público en el consejo de administración para
todas las decisiones de carácter estratégico, así como todas aquellas que
afectan a una serie de aspectos importantes en relación con la sociedad.

Por último, y en caso de que los accionistas del grupo público
decidieran, dentro de un plazo de tiempo fijado, salir de la sociedad
dejando de ser accionistas, el grupo Eridania Beghin Say se comprometía a
adquirir estos paquetes a un precio prefijado, ejercitando la opción de
venta que en dicho acuerdo se concedía. En este sentido, la opción que se
le ofrece al grupo público es una opción de carácter unilateral y
voluntario, la recíproca no es cierta; sólo el grupo público puede, si
quiere, vender, al precio prefijado, las acciones, en todo o en parte,
que hoy tiene en la fusión que se ha producido entre Koipe y Elosúa.

La participación del Estado hoy en Koipe, después de la fusión --empresa
que tiene el cien por cien de Elosúa--, alcanza el 21 por ciento,
fundamentalmente a través de Tabacalera, y ésta dentro de Food Premier, y
en menor medida a través del grupo de Alimentos y Aceites, cuya
participación es sólo financiera. De este modo, si tras un año y medio de
funcionamiento como sociedad fusionada, estas empresas del grupo
Patrimonio decidieran dejar de ser accionistas de Koipe, podrían
ejercitar su opción de venta, adquiriendo el grupo Eridania Beghin Say,
como socio mayoritario de Koipe, el paquete ofertado.

En este sentido, la Dirección General del Patrimonio --como le decía a lo
largo de la intervención--, en primer lugar, nunca ha sido accionista
directo de Elosúa; la Dirección del Patrimonio --usted lo sabe mucho
mejor que yo-- ha tenido la participación a través de empresas, en su día
Mercasa y después Alimentos y Aceites. Y, posteriormente, Alimentos y
Aceites con Tabacalera, a través de la empresa Food Premier. En ningún
caso --como le decía en la exposición-- la vocación del Estado era ser
empresario aceitero; sí que tenía una vocación de querer propiciar que un
grupo aceitero fuerte se quedara en manos españolas. Es más, en el
momento en que los representantes del grupo Ferruzzi o de Eridania Beghin
Say pudieron hacerse con la última participación que tenía la familia
Elosúa de consejeros empresariales a través del Banco de Luxemburgo de
ese 20 por ciento que quedaba, le ofrecieron al sector público la
posibilidad de mantener las proporciones entre el grupo público y la
multinacional referida, le ofrecieron ese 10 por ciento adicional.

Dentro del Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación se analizó esa proposición y,
paralelamente, se establecieron gestiones con una serie de grupos
privados para ver si ellos, juntamente con la participación del Estado,
podían estar interesados en mantener esa españolidad que siempre habíamos
pretendido conseguir y que se llegara a que un grupo privado, junto con
la participación del sector público, pudiera tener una responsabilidad,
en este caso ya participada al 50 por ciento con la multinacional, no
sólo en el paquete accionarial, sino en la gestión de la propia empresa.

Todas las negociaciones y conversaciones que se tuvieron en su momento
fueron infructuosas. Como --le repito-- no había vocación en el sector
público de ser empresario del sector aceitero, se optó por hacer frente a
esa realidad que se planteaba y llegar a la solución final y definitiva,
que era la de --como le he dicho resumidamente-- asegurar la recuperación
del patrimonio invertido durante todo el proceso --además, durante todo
el proceso no ha habido desinversión ninguna hasta el momento presente
por el grupo público-- y conservar la opción de venta durante un período
razonable. En el supuesto de que esta fusión, como todos esperamos,
genere beneficios tanto para la empresa multinacional en este momento
mayoritaria, como para todo el sector aceitero español, la opción no se
ejercerá, y en el caso contrario, le repito, quedan



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aseguradas patrimonialmente las inversiones que el sector público, a
través de sus empresas participadas, ha realizado en este proceso.

Por último, quiero decir que también durante este período, y mientras el
grupo público, en su conjunto, sigamos teniendo una participación
superior al 15 por ciento, que es lo que se contempla en el acuerdo de
intenciones, se señalan una serie de medidas en las cuales, aunque somos
minoritarios, el grupo público puede tener la posibilidad de veto de
determinadas decisiones; en definitiva, tendrían que conseguir la
voluntad de acuerdo por parte del grupo público para tomar aquellas
decisiones de carácter estratégico importante.




El señor PRESIDENTE: Además del Grupo Federal de Izquierda Unida, ¿algún
grupo parlamentario desea fijar su posición? (Pausa.) Por un máximo de
diez minutos, tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: El señor Director General del Patrimonio ha
obviado hablar de los precedentes de esta situación y se ha referido
únicamente a las últimas actuaciones, con el argumento de que este tema
se ha planteado ya con anterioridad en la comparecencia del Ministro de
Economía. Yo no voy a ser especialmente insistente en este hecho, porque,
entre otras cosas, sería injusto, a juicio de mi Grupo Parlamentario, que
de las responsabilidades del anterior Director General del Patrimonio,
señor Alcaide, y del Presidente de Tabacalera, señor Calvillo (en los
cuales vemos actuaciones extraordinariamente opacas), fuera usted el que
tuviera que responder. Por eso, nos hubiera gustado que, en su momento,
la comisión de investigación, sobre la que se debatió en el Pleno del
Congreso de los Diputados, hubiera sido aprobada por el conjunto de los
grupos parlamentarios, y se hubieran podido conocer los argumentos del
señor Calvillo o del señor Alcaide para explicarnos el papel que tanto
Tabacalera como la Dirección General del Patrimonio jugaron cuando se
produjo la cesión de la dirección de Elosúa a Koipe.

Pero repito que todo esto no es algo que nosotros pongamos en su debe,
sino que es algo que nosotros consideramos que está en el debe de
gestores anteriores, tanto de la Dirección General del Patrimonio como de
Tabacalera, y que, en cualquier caso, nos parecería extraordinariamente
importante conocer, para dilucidar si realmente hubo o no fenómenos
corruptos en esta operación, y para tener una opinión formada, tanto mi
Grupo Parlamentario como el conjunto de la Cámara y el conjunto de la
opinión pública, que desde luego se queda, como con tantas cosas, con la
incógnita de si hubo actuaciones irregulares o corruptas o no las hubo, y
eso siempre es interesante dirimirlo.

Entrando en aspectos a los que usted se ha querido referir, a mí me llama
poderosamente la atención que este Gobierno --porque no hay que olvidar
que es un Gobierno que tiene continuidad a lo largo de varias
legislaturas, presidido siempre por el mismo Presidente, el señor
González; por tanto, hay una unidad de acción-- se plantee, como un hecho
necesario, el conseguir la españolidad del grupo aceitero, que luego se
renuncie a ella, y que este tema se dirima diciendo: no hay vocación por
parte del sector público de ser empresario aceitero. Sinceramente, no me
parece una explicación solvente. Se hizo el esfuerzo de la naturaleza de
dar un crédito de 4.500 millones de pesetas, en su momento, al interés
del cero por ciento, y luego se dejó tranquilamente que un grupo
extranjero se hiciera con el control de un grupo aceitero; esto quiere
decir que, o estaba equivocado en ese momento el Gobierno con el tema de
la españolidad, o está equivocado ahora. En uno de los dos momentos ha
estado equivocado, y, desde luego, ha sido un esfuerzo económico que se
ha pagado con el conjunto del esfuerzo de los españoles y alguien debería
responder políticamente por ello. Alguien debería decir: señores, yo soy
culpable políticamente de que esta situación se haya producido y, por
tanto, tengo la responsabilidad política de esto. Pero nadie responde de
ello, sino que se solventa la situación diciendo: en un momento dato
apostamos por la españolidad del grupo y ahora no tenemos vocación de que
el sector público sea un empresario aceitero. Lo cual, en este caso
concreto y dadas las circunstancias que se daban, equivalía a que un
grupo aceitero extranjero, italiano concretamente, se hiciera cargo de
esto.

Nosotros consideramos que esto tiene repercusiones, y repercusiones
importantes y graves. Que no exista un grupo aceitero español hegemónico
en el mercado aceitero creo que tiene unas consecuencias malas para la
producción aceitera española y la comercialización de los productos
aceiteros; tiene muy malas repercusiones. La Dirección General del
Patrimonio usted dice que no está directamente afectada; yo pienso que
sí, que tiene responsabilidad directa tanto en Tabacalera, en Mercasa,
como en su día en aceites; la Dirección General del Patrimonio tiene
responsabilidad en todo este tipo de empresas cuyo patrimonio es público.

Por tanto, creemos que hay una responsabilidad directa, a pesar del
argumento que usted nos ha explicitado.

Si la Dirección General del Patrimonio no sirve para llevar unas
políticas económicas concretas y unas políticas de mercado concretas de
nuestro país, sinceramente no sabemos para qué sirve. No creo que esté
simplemente por el gusto y el placer de decir que el Estado español tiene
un patrimonio tal y este patrimonio se enumera, se evalúa y al final del
año se sabe el patrimonio que hay. No, me imagino que servirá para tener
políticas económicas determinadas y concretamente en los sectores
agrícola y aceitero para tener políticas económicas determinadas que
vayan en bien de los productos españoles y que éstos se puedan
comercializar.

Nosotros, sin entrar en las posibles corrupciones --que ahora no
enjuicio, entre otras cosas porque no hemos tenido la posibilidad de, con
esa comisión de investigación, tener los datos necesarios para poder
emitir un dictamen--, entendemos que no cabe duda de que existen
sospechas e indicios de que han existido o han podido existir actuaciones
irregulares. Dejando al margen esto, nosotros criticamos vivamente que la
Dirección General del Patrimonio parece que actúa sin una línea política
determinada,



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sin unos objetivos políticos determinados y que esto significa que, de
alguna manera, esfuerzos económicos que ha realizado el conjunto del
Estado, ya sea, en su momento, a través de banca pública y luego de la
Dirección General del Patrimonio, se quedan absolutamente perdidos.

Nosotros, no directamente usted pero sí en cuanto que usted representa
aquí al Gobierno, creemos que estas responsabilidades deberían ser
depuradas y deberían ser reconocidas por parte del Gobierno como una mala
política de Patrimonio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, el señor Ramírez tiene la
palabra.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, señor Director General del
Patrimonio, usted no me ha convencido en absoluto con lo que ha dicho ni
ha aportado nada nuevo en relación al viejo tema Elosúa-Ferruzzi y
pérdida del control de la mayor aceitera española por parte del capital
español.

Mi Grupo Parlamentario y yo personalmente llevamos tres años sobre esta
cuestión: comparecencias de Ministros, interpelaciones, peticiones de
comisiones de investigación... Hemos intentado hacer todo lo que ha sido
posible parlamentariamente para aclarar este confuso, oscuro y nada claro
proceso en relación al viaje que realiza la empresa Elosúa, Aceites
Carbonell, Koipe, para terminar donde estamos, en que la mayor aceitera
española es propiedad del capital italiano, que controla, a través de
ella, el sector estratégico español de grasas vegetales, concretamente de
aceite de oliva.

No voy a reproducir los debates, están en los «Diarios de Sesiones».

Intentamos finalmente en junio de 1994, a la vista de todo este proceso,
que el Parlamento aprobara una comisión de investigación. El Grupo
Socialista se opuso y allá sus responsabilidades. Usted no ha venido a
añadir nada; al revés, creo que ha venido a confundir aún más las
cuestiones y, por tanto, voy a intentar, en marzo de 1995, algún tipo de
aclaraciones a la vista de sus manifestaciones.

Señor Director General del Patrimonio, ¿cuál ha sido el norte de su
organismo que en principio indica las acciones que en manos españolas
había en Elosúa, hasta lograr el 51 por ciento, se enfrenta a la
participación de Koipe, que sorpresivamente ha participado en Elosúa, se
enroca --por utilizar una expresión gráfica-- incluso ordenando al
Presidente de Mercasa que comprara en Bolsa acciones particulares de
Elosúa de cualquier forma, hasta el punto de que el Tribunal de Cuentas
llama la atención sobre cómo actúa el presidente de Mercasa en Bolsa --y
ahí está el informe del Tribunal de Cuentas que no me dejará mentir y que
acusa de que así no se puede actuar-- y ustedes autorizan --y digo
ustedes refiriéndome a la Dirección General del Patrimonio, estuviera
dirigida por quien lo estuviera--. Y desde esa posición de fuerza, señor
Director General del Patrimonio, cuando se presenta la OPA hostil de
1992, inexplicablemente se acepta llegar a un compromiso de participación
en el consejo de administración de Koipe y se le entrega la dirección. A
un socio minoritario se le entrega la dirección de la empresa. Desde
entonces, señor Director General del Patrimonio, empieza la
descapitalización de Elosúa, el cierre de líneas de actuaciones y la
pérdida de empleo, de lo que supongo que ahora nos podrá informar, porque
es un dato que le pregunto. Desde 1992, Elosúa, ¿qué actuaciones
comerciales cierra, qué sectores cierra y cuántas personas pierde? ¿Cómo
es la cuenta de resultados? Esto le interesará al Patrimonio en tanto en
cuanto representa el 37 por ciento del capital de Elosúa.

También necesitamos conocer por qué en febrero de 1994 el Ministro de
Economía, señor Solbes, en esta Comisión, dice textualmente que es
partidario de la existencia de dos grandes empresas españolas en el
sector del aceite, en febrero de 1994, para en junio de 1994 el Gobierno
español dar el plácet a la pretensión de Koipe de absorber Elosúa. ¿Cómo
puede cambiarse de criterio en cuatro meses, señor Director General del
Patrimonio? ¿Cómo puede el Ministro de Economía afirmar solemnemente en
esta Comisión --no creo que sea necesario releer el párrafo exacto, lo
conoce S. S.-- que es partidario de la existencia de dos empresas y en
junio da el visto bueno? Y ya tenemos una empresa única dirigida por
nuestros competidores, por aquellos que nos compran el aceite sin
envasar, a granel, por aquellos que controlan el mercado norteamericano,
el mercado expansivo de exportación más importante en este momento y que
controlan la distribución en el resto de Europa.

Lo hemos hecho, lo hemos entregado tranquilamente, a pesar de que cuatro
meses antes el Ministerio de Economía decía que no; un Ministro de
Economía al que se llama la atención, porque se le dice en esta Comisión,
en su comparecencia de febrero de 1994, que el diecinueve y pico por
ciento que estaba en manos aún particulares de la familia Elosúa se
estaba intentando vender; y dice que no le constaba. Y qué casualidad, ya
se había hecho la venta a través del Banco de Luxemburgo. ¿Qué criterio
de defensa del interés patrimonial que tiene la Dirección General del
Patrimonio se había hecho en relación a ese intento de venta que nosotros
conocíamos, que le denunciamos y que el Ministro no conocía?
Pero es más, señor Director general del Patrimonio, una vez adquirido ese
último paquete que sitúa a Koipe en la posición privilegiada del 57 por
ciento, nos dicen que hay una oferta de reequilibrar las posiciones y de
igualar la situación en Elosúa al 50 por ciento. ¿Por qué no se ha
ejercitado esa opción? Usted dice que se ha contactado con los sectores;
yo he hablado con los sectores y ellos no tienen noticia de esa oferta.

Le ruego que en este momento haga público las personas, instituciones y
empresas españolas a las que se les ofreció, porque la información de
este Diputado no coincide con la que ha expuesto usted aquí esta mañana.

El sector no tenía conocimiento de esa apertura que ustedes dicen de
invitarles a comprar el paquete accionarial de Koipe que nos permita
situarnos, sector público, sector privado, en un 50 por ciento de Elosúa.

No nos consta y, por tanto, ruego que conste, a través de su información,
a qué entidades, personas, empresas, fechas, a las que se les ofreció esa
participación; si no, sigo creyendo



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que no se ha defendido nuestra participación, no se reequilibró acceder
al 50 por ciento del capital de Elosúa, lo que suponía --parafraseando al
autor-- la crónica de una muerte anunciada de la aceitera Elosúa en manos
de la multinacional Ferruzzi.

Y, ¿eso qué ha producido, señor Director general del Patrimonio? Pues
fíjese en lo que acaba de pasar en el mes anterior: la desestabilización
del mercado del aceite de oliva. En el momento en que no controlamos
nuestra grasa vegetal, de la que somos primeros productores y primeros
consumidores mundiales, fíjese lo que hacen con el aceite de oliva: con
la colaboración, impagable, de la Secretaría General de Alimentación del
Ministerio de Agricultura, hemos logrado que el aceite de oliva alcance
el precio de 600 pesetas. Y fíjese su repercusión en el IPC que acabamos
de conocer.

Además, ese control que tenemos sobre nuestro aceite de oliva, sobre
nuestra producción y comercialización, nos impide en este momento tener
el más mínimo protagonismo en el futuro de esa grasa vegetal,
protagonismo que está llamado --según dicen-- a importantes consecuencias
comerciales, pero en las que le aseguro, señor Director General del
Patrimonio, que no vamos a participar, porque no controlamos ni el
envasado ni la distribución.

Para resumir, ustedes tienen que explicar cómo hemos pasado de regalar a
la familia Elosúa 4.500 millones de pesetas a no haber tenido ningún
elemento que salvaguardar a aquella inversión. ¿Dónde está el contrato?
¿Cómo se entregó ese dinero? ¿Qué condiciones existían o se establecían
si se iban del sector aceitero? No hubo ninguna garantía. Se fueron
cuando quisieron.

Cuando se detecta la presencia de Koipe se organiza la gran conmoción:
Mercasa compra, el señor Prieto compra, se va a la Bolsa --se le llama
desde entonces el tiburón de la Bolsa; adquirió fama de cómo se tenía que
comprar, incluso contraviniendo las instrucciones del Tribunal de
Cuentas--. Logramos sindicar el 51 por ciento, ¿para qué?, ¿para nada?
Para nada, porque inmediatamente se le entrega la dirección de Elosúa.

Desde entonces, se descapitaliza la empresa.

Infórmenos. ¿Cuántos puestos de trabajo pierde Elosúa?, ¿cuántas
secciones de trabajo pierde? Tendrá, como yo tengo, la auditoría de 1992.

Podemos ponerla sobre la mesa para demostrar cómo, desde que Koipe se
hace cargo de Elosúa, Elosúa desaparece.

Y cuando alertamos en febrero de 1994 que faltaba la última operación, la
compra del 19 y pico por ciento, que estaba en manos aún de la familia
Elosúa, a través del Banco de Luxemburgo, y que iba a crear un control y
un monopolio, el señor Ministro de Economía y Hacienda nos dice: No, no;
nosotros somos partidarios y defenderemos la existencia de dos empresas.

Para, en junio, acabar en manos de la multinacional italiana.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Voy a terminar, señor Presidente.

¿Usted cree que eso es defender nuestros intereses? ¿Usted cree que,
cuando se hace --dicen-- la teórica oferta de poder equilibrar hasta el
50 por ciento de nuestra participación en el Consejo de Administración y
en la nacionalidad de Elosúa, se ha ejecutado y se ha llevado a efecto
esa búsqueda de socios españoles para equilibrar e igualar esa situación?
Repito, yo estoy en contacto con el sector, señor Director General del
Patrimonio, y al sector no le consta esa búsqueda de socios para esta
aventura. Y el final es que hemos dejado de controlar el único sector
estratégico que tiene la agricultura española.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Moreno.




El señor MORENO MONROVE: Señor Presidente, quiero comenzar mi
intervención agradeciendo la comparecencia en esta Comisión del Director
General del Patrimonio del Estado.

Señor Director General, yo creo que, efectivamente, usted no puede
convencer a quien viene a priori absolutamente predispuesto a no ser
convencido, a repetir una y otra vez argumentaciones que se han realizado
en este Parlamento en el último año de manera reiterativa y a continuar
en una línea de lanzamiento de una sospecha generalizada sobre la
intervención del sector público en el desarrollo empresarial de la
compañía Elosúa y posteriormente del Grupo Koipe-Ferruzzi. Es lamentable,
por tanto, por muchas explicaciones que se den, por mucha información que
se produzca en sede parlamentaria, tener que escuchar argumentos
repetidos, una y otra vez, que no añaden nada, a diferencia de lo que los
representantes de la oposición están diciendo, independientemente de que
el volumen de información esté suficientemente contrastado desde la
actuación del sector público.

Esta comparecencia, por tanto, es una comparecencia más --probablemente
no será la última-- respecto de una evolución empresarial que hoy es la
que es, que usted ha explicado satisfactoriamente según mi Grupo, y que
se inicia hace ya varios años, justamente con una intervención que
arranca de la toma de participación del sector público en el sector
aceitero, para incidir en una problemática muy concreta, que es la de que
el buque insignia entonces, el grupo Carbonell, entra en crisis y el
Gobierno, en aquel momento, a través de las correspondientes
instituciones públicas, toma posiciones, en este caso de apoyo
financiero, para intervenir, con ánimo de españolidad, con el deseo y la
voluntad de mantener la españolidad del sector aceitero español, en que
ocurrieran los acontecimientos de acuerdo con el objetivo estratégico que
el Gobierno español tiene respecto del sector aceitero.

Por tanto, mi Grupo fijará su posición, brevemente, a partir de toda la
información que ha sido evacuada en sede parlamentaria y que obra en
nuestro poder y de la que nos ha suministrado en esta comparecencia el
Director General del Patrimonio.

Nuestro Grupo asumió el interés de la oposición en conocer un informe
exhaustivo del Gobierno sobre la influencia



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que para el sector del aceite de oliva tenía la fusión Koipe-Elosúa y
contribuyó con sus votos a aprobar una parte de la moción que presentó el
Grupo Parlamentario Popular, en junio de 1994, para que se produjera un
informe detallado y completo sobre estas consecuencias. Se produjo tal
informe, al cual no he visto que se haga ninguna referencia, siendo, por
otra parte, motivo fundamental de esta comparecencia, desde mi punto de
vista, y nos parece, en primer lugar, clarificador; en segundo lugar, nos
parece tranquilizador; en tercer lugar nos parece esperanzador y, en
cuarto lugar, nos parece positivo. El Grupo Parlamentario Socialista
quiere hacer suyas algunas de las conclusiones relevantes del mismo. Así,
dejamos constancia en esta Comisión de que el peso del grupo Koipe más
Elosúa representa aproximadamente el 12,5 por ciento en las exportaciones
de envasado de aceite de oliva español, con tendencia decreciente desde
el año 1990, mostrando que el sector de envasado de aceite de oliva tiene
un 87 por ciento en manos no de este grupo y fundamentalmente de pequeñas
y medianas empresas exportadoras que han ido creciendo
ininterrumpidamente a lo largo de los últimos años como consecuencia
sobre todo de los incentivos al consumo y a la producción que se han
establecido en sede comunitaria.

Además de esto, el peso relativo de Koipe más Elosúa en este momento,
desde el punto de vista de las ventas de envasado, en España es sólo del
36 por ciento, lo cual supone que hay un 64 por ciento también de
envasadores pequeños y medianos que ocupan una gran parte del mercado
nacional; ello indica a todas luces que no hay una tendencia a la
concentración del mercado, sino más bien todo lo contrario, porque el
peso relativo de una y otra cifra que he ofrecido muestra una tendencia
decreciente de este grupo y crecimiento del conjunto de envasadores
pequeños y medianos, en primer lugar.

Segundo, la producción de aceite de oliva --y esto me interesa mucho
resaltarlo como posición del Grupo Socialista--, entendiendo como tal las
explotaciones olivareras y las primeras industrias de extracción, las
almazaras, está prácticamente en manos españolas. Luego cualquier intento
de trasladar como si el sector aceitero fuera sólo los envasadores y sólo
Koipe no es más que falsear de una manera grotesca la realidad del
sector, que es mucho más amplio, que está compuesto de industrias de
primer nivel, de segundo, de tercero y, finalmente, envasadores. El peso
relativo de este grupo es el que es y no otro.

En tercer lugar --y en esto creo que coincidiremos todos--, el sector
envasador necesita un altísimo grado de capitalización que permita la
renovación de algunos equipamientos y el reforzamiento de marcas. Todo el
mundo sabe, y también los representantes de la oposición, que esto
necesita de políticas de marketing muy fuertes, de políticas de
introducción en los mercados internacionales, de reforzamiento de marcas
y de esfuerzos en los mercados internacionales. Es fundamental, por
tanto, la existencia de empresas sólidas financieramente y sólidas
comercialmente.

Por otra parte, las industrias de envasado y comercialización final de
aceite de oliva, con independencia de la mayor o menor participación de
capital europeo o no nacional, están ubicadas en nuestro país, disponen
de instalaciones y marcas nacionales, están íntimamente ligadas a la
producción y sin posibilidad alguna, como ocurre en otros sectores, de
trasladar su actividad a otros países en función de condiciones que
pudieran ser en otros sectores más o menos ventajosas relacionadas con
costes de producción y mano de obra.

A modo de conclusiones que el propio Gobierno extrae, me parece que esto
es sustancial, esencial, para comprender la evolución del sector, la
situación actual del sector y cómo ha quedado después de la tan traída y
llevada fusión de Koipe y Elosúa.

Finalmente, y aunque sea repetir algunos de nuestros argumentos en el
trámite de moción e interpelaciones y comparecencias previas de los
últimos 12 meses, he de decir, especialmente al señor Andreu, que él ha
hablado como si fuese el Gobierno el que vendió a Ferruzzi. Por tanto,
trasladando una imagen absolutamente distorsionada de la realidad. El
Gobierno nunca ha vendido una sola acción, nunca. El sector público tomó
posiciones en el sector de aceite de oliva comprando para defender por
una parte la españolidad y, por otra, para defender su posición
estratégica en este sector. Siempre comprando hasta llegar a tener un 37
por ciento de Elosúa y en este momento, como consecuencia de la fusión,
tener un 20 por ciento aproximadamente del conjunto del grupo con una
serie de derechos en la gestión del grupo que permite incidir sobre
cuestiones estratégicas.

El sector público nunca vendió una sola acción y ha sido la libre
decisión fundamentalmente de la familia Elosúa y, por tanto, la libre
venta, el intercambio de acciones entre privados, lo que ha llevado a la
evolución, probablemente no deseable, de que hoy finalmente haya mayoría
de capital no nacional. Pero ha sido la libre venta y el libre
intercambio de acciones entre accionistas privados lo que ha llevado a la
situación actual, que, por otra parte, no es en absoluto desmerecedora de
ninguno de los elementos que se pudiera pensar que inciden negativamente
en el sector del aceite de oliva.




El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Moreno.




El señor MORENO MONROVE: Esta es la posición de nuestro Grupo, que espero
y confío en que, por ser clarificadora desde el punto de vista de la
realidad, primero, y, segundo, por no seguir sembrando ninguna duda más
respecto de esas palabras que a los dos grupos que han intervenido les
interesa ir poniendo sobre la mesa en todas las comisiones y en todos los
actos parlamentarios, permita que lo que hoy es una realidad
tranquilizadora y esperanzadora para el sector aceitero en su conjunto
pueda seguir evolucionando favorablemente. Se trata de un sector que
tiene tremenda importancia estratégica en el campo andaluz y desde el
punto de vista social y económico, especialmente en algunas zonas como en
Andalucía, que, como saben todas SS. SS., concentra gran parte de la
producción de este sector. (El señor Andreu Andreu pide la palabra.)



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El señor PRESIDENTE: ¿Señor Andreu?



El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, ha habido una alusión directa.




El señor PRESIDENTE: Muy brevemente le doy la palabra por alusiones antes
de dar la palabra al señor Director General.




El señor ANDREU ANDREU: Quiero aclarar, señor Presidente, que si algo he
dejado claro en mi intervención es que la situación irregular a juicio de
mi Grupo Parlamentario se produce precisamente porque el Gobierno,
después de haber invertido hasta el punto de llegar al 37 por ciento,
después de eso y sin vender ni una sola acción, deja que Koipe se haga
con el liderazgo y se haga dueño de la situación. Esa es precisamente la
irregularidad, no la que plantea el señor Moreno, la que pone en mi boca
el señor Moreno, sino que, siendo dueño mayoritario el Gobierno y
Patrimonio y teniendo la posibilidad de controlar el futuro de esta
empresa aceitera, deja que Koipe se haga con el liderazgo, se haga el
dueño y pueda decidir las políticas. Ahí nosotros vemos situaciones
irregulares que deberían ser aclaradas en sede parlamentaria con los
responsables que en ese momento estuvieron. Desgraciadamente, hasta el
momento, el Grupo Socialista no ha tenido sensibilidad para aclararlo.

Pero ésa es la irregularidad importante y no la que ha tergiversado el
señor Moreno, quizá porque no ha estado suficientemente atento a lo que
desde mi Grupo Parlamentario se decía. (El señor Moreno Monrove pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Moreno, para concluir este
debate cruzado.




El señor MORENO MONROVE: Yo sí he estado tremendamente atento. El señor
Andreu se ha ocupado de mencionar durante su intervención, y constará en
el «Diario de Sesiones», muchas veces la palabra corrupción y la palabra
irregularidad. A esto he tratado de responder y, desde luego, no me voy a
callar.

El Gobierno no ha hecho lo que dice el señor Andreu que ha hecho para
entregar a Ferruzzi nada. El sector público ha llegado a tener el 37 por
ciento del capital de una empresa compartiendo la gestión con un grupo
llamado Koipe, gestión compartida con presidente del sector público, y
una parte importante de ese capital seguía estando en manos de la familia
Elosúa, que tenía un 20 por ciento. Es la familia Elosúa --por tanto,
accionistas privados-- la que ha conformado la nueva mayoría existente en
esa empresa. De ninguna de las maneras ha sido la intervención del sector
público la que ha propiciado esa nueva mayoría.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Director
General del Patrimonio.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): Quiero agradecer la intervención de los tres Diputados en este
tema y especialmente el señor Moreno porque me libera de toda una serie
de cuestiones de carácter técnico desde el punto de vista del sector
agrícola, etcétera, ya que desde luego es más normal que sea el
Ministerio especializado en el sector el que pudiera dar contestaciones
en ese sentido. Lógicamente, la Dirección General del Patrimonio asume
las responsabilidades desde la parcela que le corresponde, pero
indudablemente no puede ser especialista en temas como la problemática
del sector aceitero y demás.

Yo la verdad es que había preparado mi intervención partiendo, como les
decía, de las intervenciones que habían tenido las mayores autoridades de
los Ministerios tanto de Economía y Hacienda como de Agricultura en
comparecencias relativamente recientes tratando de dar respuesta a todas
las inquietudes que habían expresado los distintos grupos parlamentarios.

Yo entendía que mi comparecencia de hoy debía estar centrada en
suministrarles a SS. SS. aquella información que sucedía en el tiempo a
las comparecencias de ambos Ministros. En ese sentido mi intervención se
ha centrado en decirles cuáles han sido las vicisitudes finales, cuál es
la situación accionarial actual y cuáles han sido los elementos que han
condicionado esta toma de decisiones y este abandono de un proyecto del
sector público, que en principio estaba encaminado a mantener la
españolidad de una empresa, en donde --reitero-- nunca hemos sido
mayoritarios, nunca hemos vendido una sola acción y donde seguimos
manteniendo en este momento en la sociedad fusionada la participación que
en su día adquirimos. Y sí que tuvimos claro que la situación anterior
estaba dando lugar a que el deterioro de Elosúa cada vez fuera mayor, por
lo cual ninguno de los accionistas que en ese momento participaba --y
nunca mayoritariamente sino minoritariamente con el 37 por ciento--
estaban conformes con la dinámica que se estaba produciendo en Elosúa.

Había que salir de ese atolladero en que se encontraba metido, repito,
por parte del grupo Ferruzzi se mantuvo la lealtad de su compromiso de
conservar la participación paritaria con el sector público español.

Lo que todo el mundo conoce también es que el grupo Ferruzzi y el grupo
público compraron las acciones a unos precios elevados. Entonces, en este
sentido, en esta estrategia le matizo lo que le decía antes sobre el
grupo público en general. La Dirección General del Patrimonio
directamente nunca ha tenido participación en empresas aceiteras, siempre
ha sido a través de empresas participadas por la Dirección del
Patrimonio, y en ese sentido no quiero decir que no sea responsabilidad
de la Dirección del Patrimonio contemplar un poco el paquete accionarial,
pero la Dirección del Patrimonio no ha sido nunca accionista directo de
ninguna empresa aceitera. Por eso digo que dado ese estado de impasse y
de ineficiencia que se estaba produciendo, en esa fase con la que yo tuve
contacto --una participación del 37 por ciento por parte de Koipe, otro
37 por ciento por parte del sector público, a su vez diseminado: el 20
por ciento en manos de consejeros empresariales y un 5 por ciento
aproximadamente en manos del BBV; ésa era la situación de carácter
final-- al llegar a esta situación de falta de eficacia, es cuando nos
reunimos los dos accionistas más importantes de Elosúa y tomamos en



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ese momento la decisión de ver si dentro del ámbito nacional podían
existir inversores que estuvieran dispuestos a participar financieramente
en la toma de una participación que, unida a la del grupo público,
permitiera mantener la nacionalidad de Elosúa. (El señor Vicepresidente,
Andreu Andreu, ocupa la Presidencia.)
Señor Ramírez, usted conoce desde luego muchísimo mejor que yo cuál es la
atomización del sector aceitero y cuáles son las posibilidades
financieras que el sector aceitero tiene para hacer frente a una
inversión del calado y de la categoría relativa que pudiera tener el
tratar, junto con el grupo público, de tener una mayoría en Elosúa.

Entonces, indudablemente, las gestiones se encaminaron --y por eso no me
sorprende que no tenga usted información por parte del sector-- a grupos
financieros que tuvieran interés en participar en un grupo español del
sector aceitero, porque se conocía y se sabía que no había grupos
nacionales del sector con capacidad y potencialidad suficiente para ello
y ahí se encaminaron las gestiones. No le voy a dar nombres, porque, al
final, como no fraguaron en nada, no me parece procedente que le diga qué
grupos financieros estuvieron en contacto con las diferentes empresas y
con la Dirección del Patrimonio para poder llegar a aglutinar ese
objetivo que se pretendía conseguir. Al no poderlo conseguir --vuelvo a
reiterar--, se optó por entender que la mayor eficacia, las mayores
sinergias, las mayores economías de escala se conseguían para todos los
accionistas por la fusión de Koipe y Elosúa, se mantenía la participación
del Estado, esta vez producto del canje de acciones, reducidas al 21 por
ciento, y se preservaba la recuperación del patrimonio invertido mediante
esa opción de venta que le da el grupo Eridania Beghin Say, y durante la
permanencia se mantiene toda una serie de facultades al grupo mayoritario
--en este caso, al grupo público-- para que determinadas decisiones
estratégicas tengan que contar con el consenso del grupo público.

Nada más.




--PARA QUE INFORME DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS RESPECTO DE LA EMPRESA
HILATURAS Y TEJIDOS ANDALUCES, S. A. (HYTASA), ACTUALMENTE TEXTIL
SEVILLANA (MTT), INTELHORCE Y BODEGAS INTERNACIONALES DESDE SU VENTA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/000943.)



--PARA DAR CUENTA DE LAS PREVISIONES DE LA CITADA DIRECCION GENERAL
ACERCA DEL FUTURO DE LA EMPRESA GENERAL TEXTIL (ANTIGUA INTELHORCE). A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 212/001183.)



El señor VICEPRESIDENTE (Andreu Andreu): Para el siguiente punto del
orden del día, que según la decisión que se tomó al principio de la
sesión de la Comisión van a llevar conjuntamente el señor Romero y el
señor Alcaraz, de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra, en primer lugar, el señor Romero para luego continuar el señor
Alcaraz y seguir el trámite normal dentro de una comparecencia.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Director General del Patrimonio, cuando en
1957 se decidió descentralizar el sector textil en España, que estaba muy
concentrado en Cataluña, se creó Intelhorce. En estos 38 años, como si de
un Guadiana se tratase, han ido dándose privatizaciones, vuelta al sector
público, reprivatizaciones, etcétera. En 1972 el INI opta por la
privatización al grupo catalán Castell. En 1980 la gestión privada
presenta varios fracasos y deudas y se le acusa desde los sectores de la
sociedad malagueña y, en general, de haber puesto en peligro el futuro y
la viabilidad de Intelhorce dado los intereses que este grupo mantenía
con la industria textil catalana. Se vuelve a nacionalizar y se integra
en el Patrimonio del Estado. En 1989 llega una nueva privatización.

Intelhorce se vende a la familia italiana de Orefici, a sus sociedades
Benorbe y Benservice (esta mañana, señor Director General, es una mañana
de italianos, me lo acaba de comentar un paisano de Málaga que asiste a
esta comparecencia). En 1992, ante el despropósito, los desvíos de fondos
públicos y demás desastres, vuelve de nuevo al Estado. En 1994 el
Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea sentencia que las
ayudas que dio el Estado a la empresa desde 1986 hasta 1989 son
incompatibles, y obliga a devolver 4.400 millones de pesetas.

Está claro que el Ministerio de Economía y Hacienda y la Dirección
General del Patrimonio del Estado presentan a partir de ahí una querella.

Anteriormente se había presentado por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya una denuncia al Fiscal de la Audiencia Provincial de Málaga, al
señor Jiménez Villarejo, más tarde se presenta otra denuncia en un
juzgado de guardia por parte de Comisiones Obreras y recientemente una
querella criminal de la Unión General de Trabajadores. No se tuvo en
cuenta en aquella fecha y creemos y aseguramos que el Fiscal General del
Estado mandó archivar esa denuncia ya en aquella época, con lo que estaba
pasando en Intelhorce por la gestión de Orefici y de su administrador. En
esa línea, el Ministro de Economía y Hacienda, don Carlos Solchaga, haría
llegar al Fiscal General del Estado que se paralizara esa denuncia y no
se investigara en aquella época, cuando podríamos haber evitado todo el
desaguisado posterior y que no hubiera avanzado tanto el desastre de la
gestión. En estos días, directivos de Improasa, Orefici, su administrador
y abogado que le asesoró en esta época, el señor Muñiz, están en
Alhaurín, que se empieza ya a conocer popularmente como Alhaurín-Meco o
Meco II, relacionados con lo que significa Patrimonio del Estado y estas
privatizaciones.

¿Cómo han podido ocurrir estos hechos, señor Director General? El
sacrificio de la plantilla en todo este proceso ha sido enorme. De los
más de 3.000 trabajadores con los que llegó a contar, en este último
capítulo había 1.677 trabajadores y se ha pasado a 730, con una
suspensión de pagos



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que ustedes han colocado sobre la mesa. De no encontrar un comprador,
asistiremos estos días a la muerte de la fábrica, al final de una agonía
que se produce, señorías, en Málaga, con un 37 por ciento de paro, con
175.000 personas desempleadas, de acuerdo con la encuesta de población
activa (EPA) --son datos oficiales-- del último trimestre del año 1994,
siendo una provincia con un escasísimo tejido industrial.

Por lo tanto, aquí hay dos directores generales, el señor Zambrana y el
señor don Luis Alcaide, su antecesor, que encargaron en esa época a
Improasa la elaboración de un informe para analizar qué posibilidades
había de viabilidad para la privatización de Intelhorce. Parece ser que
el informe estudió más de cien ofertas, de las cuales sólo quedaron dos,
y la del italiano Orefici fue la que, asesorado en su compra por el
abogado don José Manuel Muñiz, obtuvo la adjudicación.

Cuando los italianos se hacen cargo de la empresa, Intelhorce facturaba
unos 7.000 millones de pesetas. Tenía un patrimonio de 12.445 millones de
pesetas, una plantilla fija de 1.677 trabajadores y un capital social de
21.500 millones de pesetas. El Estado valoró la empresa en 2.000 millones
de pesetas, pagaderos en tres plazos por las sociedades Benorbe y
Benservice, con un capital de 10 millones una y de 9 millones otra, con
sede en Gibraltar. En el Consejo de Ministros pesó un dato que era falso,
y luego se demostró, que era el respaldo y el aval del grupo Benetton a
la familia Orefici. Los compradores no abonaron ni un duro de los 2.000
millones. Presentaron avales con fondos del propio Estado, que aportó
para reflotar la empresa 5.869 millones de pesetas. Es decir, que
avalaron la operación con dinero público, que dispararon siempre y en
todo momento con pólvora ajena. Según la querella de los sindicatos,
sobre todo la de UGT, los compradores han podido desviar fondos por valor
de 7.000 ó 9.000 millones de pesetas. No se abonaron cotizaciones a la
Seguridad Social por importe de varios millones y otros tributos a las
instituciones públicas del Estado. Se robó género y material que salía en
camiones. Hoy, señorías, se están pidiendo responsabilidades penales por
malversación, por estafa, etcétera. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Para terminar esta primera exposición, le voy a formular algunas
preguntas. Primera: ¿Por qué se dio el visto bueno al informe de Improasa
y se descartaron otras ofertas? Segunda pregunta: ¿Qué comprobación se
hizo sobre la solvencia de estos «piratas» con sede en Gibraltar, sin
ninguna experiencia industrial? Tercera: ¿Por qué no se pide a nuestra
Embajada en Italia o por otros medios que se acredite qué grado de
relación tenía Benetton con la familia Orefici y con las sociedades
Benorbe y Benservice? Cuarta: ¿Por qué en estas condiciones el señor
Alcaide eleva la decisión, a través de Solchaga, al Consejo de Ministros?
Quinta: ¿Qué dato y qué colaboración van a prestar al juez de Málaga que
está desarrollando la propia querella que Patrimonio del Estado ha puesto
para depurar las responsabilidades? Los trabajadores se han sacrificado,
han cumplido todos los compromisos, incluida la baja de la mitad de la
plantilla. La Administración es responsable de lo que ha sucedido, y no
se llevó a cabo una modernización adecuada de las instalaciones. Además,
se puso en manos de gente que la han llevado al desastre.

Ahora --y termino--, hay un cuaderno de intenciones de la Junta de
Andalucía, elaborado con los responsables y representantes de los
trabajadores para garantizar la viabilidad y el futuro de la empresa. La
Junta está actuando con sensibilidad en este tema y nosotros lo
reconocemos. Ustedes quieren sacudirse las pulgas, echar el cerrojo y
salir corriendo. La gente de Málaga se piensa que hay una «mano negra»
que actúa contra los intereses legítimos de Málaga, pero ahora, de manera
más material y palpable, aparecen manos que han robado a la empresa, que
ya no son negras, que son manos concretas que están depurando
responsabilidades judiciales sobre su actuación. ¿Qué salidas ve? ¿Qué
bajas se están proponiendo en la plantilla? ¿Qué garantías se ofrecen
para cualquier comprador? Es decir, ¿qué mensaje de esperanza de futuro
de actividad industrial tiene Intelhorce en Málaga en este momento, tal y
como están las conversaciones, con el papel que desempeña la Junta de
Andalucía, con su decisión y con todo lo que ha pasado? Ustedes contraen
una gran responsabilidad en todo este proceso que ha ido degenerando
hasta dejar la empresa en una situación al borde de su muerte como
factoría industrial.




El señor PRESIDENTE: Para formular la segunda parte del conjunto de la
intervención, por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Director del Patrimonio, quisiera agregar
a la panoplia de empresas que han surgido hoy aquí otras dos: Bodegas
Internacionales y Textil Sevillana, la antigua Hytasa, temas muy análogos
con respecto a la política que está desarrollando Patrimonio respecto a
Intelhorce o a la venta de Elosúa al grupo italiano Ferruzzi, lo que hace
ver que, en general, la política de la Dirección General del Patrimonio
en estos últimos 13 años es cuando menos exótica, en absoluto explicada,
y que está conduciendo a una grave desindustrialización y a un empleo
extraordinariamente irregular en muchos casos --ya se está viendo en el
tema de Intelhorce y creo que está suficientemente demostrado, al menos
por opacidad, en el tema de Elosúa-- del dinero público.

En el tema Hytasa, la actual Textil Sevillana (MTT), se trata de un
debate que en el Parlamento de Andalucía se arrastra, por así decirlo,
desde 1982, mientras la empresa, a través de sucesivas regulaciones de
empleo, se ve reducida y prácticamente abocada al cierre. En estos
momentos tiene una deuda de diez mil y pico millones de pesetas. Dentro
de esa deuda, hay una de 4.987 millones con Patrimonio que no puede
constar como subvención, puesto que la Unión Europea no lo permitiría.

Queremos saber cuál es la posición de Patrimonio respecto del futuro de
Hytasa y respecto del control exhaustivo de todos los medios públicos
aportados y con consecuencias batante graves en estos momentos en que
nadie sabe por dónde puede salir la empresa. Queremos conocer la posición
concreta a esta hora de Patrimonio del Estado.




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Con respecto a Bodegas Internacionales, si hubiera sucedido ahora el tema
hubiera sido un auténtico escándalo. Sucedió realmente en 1983, a través
de la reprivatización de Rumasa, realizada con la Dirección del
Patrimonio. Nos encontramos con que una empresa cuyo inmovilizado era de
1.600 millones de pesetas se vendió al señor Eguizábal por 400 millones,
tomando como justificación el fin social. Este fin social en absoluto se
ha cumplido, puesto que actualmente de 472 trabajadores quedan 19. La
empresa se ha liquidado pasando a Paternina, Sociedad Anónima, y se ha
interpuesto querellas por parte de los trabajadores, tanto a Patrimonio
cuanto al señor Eguizábal. Queremos saber, aparte de la opinión general
del señor Director General del Patrimonio, si al no haberse cumplido el
fin social se piensa o no interponer querellas por parte de Patrimonio o
qué actuaciones de todo tipo va a realizar, habida cuenta de cómo se
efectuó la compra --escandalosamente, a nuestro juicio-- y qué
consecuencias ha tenido.

Le ruego, por tanto, que nos explique la situación sobre estas dos
empresas que pueden entrar ahora, por razones incluso judiciales, en una
situación análoga a la que actualmente está atravesando la sufrida
empresa Intelhorce. Por lo tanto, le ruego que pormenorice esta
situación, porque estamos en un momento bastante grave en Andalucía con
respecto a empresas que han sido santo y seña, que han sido emblemáticas
en muchos aspectos.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Director
General del Patrimonio.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): En principio, y aunque de todos es conocido, pienso que es bueno
hacer un poco de historia en la misma medida que la ha hecho el Diputado
señor Romero, tanto en el tema de Intelhorce como en el tema de Bodegas
Internacionales y de Hytasa.

Centrándome en principio en el tema de Intelhorce y reiterando lo que ya
se ha dicho, esta sociedad fue constituida mediante autorización
concedida por decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros, de 29
de marzo de 1957, ubicándola en el ámbito del Instituto Nacional de
Industria. En 1072 fue privatizada, situación que se mantuvo hasta 1980,
en que a causa de su difícil situación económica volvió a la esfera
pública mediante acuerdo del Consejo de Ministros, de 31 de julio de
1980, siendo adscrita entonces a la Dirección General del Patrimonio del
Estado. En igual fecha se incorporó también Hilaturas Gossypium, S. A.,
filial por entonces de Intelhorce, que posteriormente fue reprivatizada
en 1986. La actividad básica de Intelhorce consiste en la producción y
venta de hilados y tejidos y la confección de productos de algodón y sus
mezclas contando con un centro único productivo localizado en el
municipio de Málaga. Desde el inicio de su actividad los resultados
económicos de Intelhorce fueron francamente deficitarios. Ya he señalado
que, privatizada en 1972, su grave situación económica determinó la
vuelta a la esfera pública en 1980. Centrándonos en su época más
reciente, basta decir que durante el período 1982-1988 la media de los
resultados de explotación fue de menos 1.970 millones, con unas pérdidas
anuales en torno a los 2.300 millones; concretamente 16.340 millones de
pérdidas en todo el período. Estos resultados adversos junto con las
inversiones en activos fijos industriales, que ascendieron a la cantidad
de 7.185 millones de pesetas, los costes de reducción de plantilla --se
pasa de una plantilla de 2.721 personas en 1980 a 1.677 en 1989-- y el
saneamiento financiero supusieron para el Estado la necesidad de allegar
recursos mediante sucesivas ampliaciones de capital que a 31 de diciembre
de 1988 totalizaban 23.500 millones de pesetas.

Tras un intento fallido en 1987, en 1988 la Dirección General de
Patrimonio se plantea la posibilidad de proceder a la venta de Intelhorce
ante la falta de carácter estratégico del sector en el que desarrolla su
actividad. Para ello se encomienda a la empresa pública Improasa, con
experiencia en la privatización de otras empresas públicas, que lleve a
cabo las gestiones para la búsqueda y selección de un comprador.

Siguiendo la práctica habitual en los procesos de este tipo, Improasa
procedió a elaborar el cuaderno de promoción y entregarlo a más de cien
empresas y grupos presumiblemente interesados en la compra. De estas cien
empresas y grupos mostraron interés en la adquisición de Intelhorce doce
de ellas, a las que se envió el correspondiente cuaderno de ventas, con
el matiz de confidencialidad.

En junio de 1988, tras el estudio del cuaderno de ventas, presentaron
oferta inicial tres grupos: Dolfus Meig et Cie, DMC, Benorbe S. A. e
Hilaturas Gossypium. Como es también práctica habitual, estas ofertas
iniciales fueron objeto de los correspondientes turnos individuales de
aclaraciones, consultas y negociación que culminaron con la presentación
en junio de 1989 de dos ofertas definitivas: Benorbe S. A. e Hilaturas
Gossypium, si bien esta última no llegó a formalizar la fianza.

Con esto quiero aclarar algo que la prensa ha manejado, si había una, dos
o tres ofertas. Analizo el proceso y en mi comparecencia ante el Senado
hablé de estas tres ofertas, que fueron las tres ofertas finales que
llegaron. En el curso de las conversaciones la empresa alemana que he
citado DMC., retiró su oferta y quedaron en última instancia sólo Benorbe
S. A. e Hilaturas Gossypium. Para contrastar la seriedad de las ofertas,
la propia Improasa pidió una fianza de 100 millones de pesetas. Esa
fianza sólo fue aportada por Benorbe, por lo cual, sin perjuicio de que
las dos últimas ofertas se analizaron se podría decir, y se dijo en un
comunicado de prensa por parte del Ministerio de Economía y Hacienda, que
había una sola oferta. Repito, éste ha sido el proceso que creo aclara
cúal es la divergencia que puede surgir entre si al final quedan tres
ofertas, dos o una. Quedaron tres, una se retiró en el curso de las
aclaraciones y conversaciones con Improasa, y las otras dos se
mantuvieron, sin perjuicio de que cuando Improasa, previamente al proceso
de privatización, exigió una fianza de seriedad de 100 millones de
pesetas, Hilaturas Gossypium no las presentó, y, sin embargo, su oferta
todavía se siguió analizando sobre la mesa. De estas dos ofertas
definitivas la Dirección General del Patrimonio estimó, siguiendo el
criterio de Improasa, que la más ventajosa para los intereses



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públicos y de la propia empresa era la presentada por Benorbe S. A., por
lo que procedió a elevar al Consejo de Ministros el preceptivo acuerdo
autorizando la enajenación a Benorbe S. A y Benservice de la totalidad
del capital social de Intelhorce. Tras la preceptiva autorización del
Consejo de Ministros se procedió a otorgar la correspondiente escritura
de compraventa el 4 de agosto de 1989.

Efectuada la venta, Intelhorce S. A., denominada ahora General Textil de
España por el cambio de su razón social operado por los compradores, se
ve sumida en una evolución negativa como consecuencia fundamental de dos
hechos: la crisis del sector textil, que continúa agudizándose durante
1989-1990, y la falta de apoyo del grupo Benetton con el que parece
contaban los compradores y que finalmente no llega a materializarse,
impidiendo con ello el desarrollo del plan industrial y comercial que
tenían previsto, basado en el apoyo de este grupo. Ello propició la
paralización casi absoluta de la sociedad, que en 1990 acumulaba unas
pérdidas de 3.461 millones.

Esta grave situación económica propició una pérdida de confianza por
parte de suministradores y entidades de crédito, lo que unido al
creciente malestar social de la plantilla generado por las dificultades y
retrasos en el pago de la nómina colocó a la empresa en una situación
límite a finales de 1991 y principio de 1992. Esta situación límite dio
lugar a algunas iniciativas parlamentarias, entre ellas, a la
presentación por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya de una proposición no de ley que fue aprobada por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios de la Comisión de Economía el 18 de
febrero de 1992. El texto literal aprobado fue el siguiente: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno para que en el plazo de tres meses
adopte las medidas oportunas para la normalización de la actividad
empresarial en la empresa Intelhorce y permita sentar las bases para su
eficaz funcionamiento.

En virtud de esta proposición no de ley, la Dirección General del
Patrimonio encomendó a Improasa el estudio y adopción de las medidas más
idóneas para su cumplimiento. Tras el oportuno de la situación en ese
momento de Intelhorce, Improasa procedió a realizar las siguientes
actuaciones. Dar su apoyo económico a la reducción de plantilla que
habían acordado empresa y trabajadores en el marco de un plan de
viabilidad elaborado por una empresa consultora, Interdoxa, al considerar
que dicha reducción era una medida previa y necesaria para la
normalización de la sociedad. En cumplimiento de ese acuerdo, durante el
mes de abril de 1992 se produce una reducción de plantilla de 742
personas, 621 por bajas incentivadas y 121 por prejubilaciones, cuyo
coste es asumido, dada la situación económica de la empresa, por
Improasa, que aportó los fondos para las bajas voluntarias --4,025
millones--, y la Junta de Andalucía, que se hizo cargo del relativo a las
jubilaciones anticipadas --1.200 millones de pesetas de los 1.267 que
supusieron estas jubilaciones.

En segundo lugar, hacerse cargo de la gestión. Improasa se hizo cargo de
la gestión de la sociedad. A fin de hacer frente, como he señalado, al
coste de las bajas voluntarias y dotar a la empresa de unos fondos
mínimos necesarios para el reinicio de la actividad paralizada durante el
proceso de negociación, Improasa aporta a la sociedad Intelhorce 5.000
millones de pesetas, haciéndose cargo de la gestión de la misma.

Intelhorce pasa, pues, a estar gestionada de nuevo por la Dirección
General de Patrimonio, a través de Improasa, por dos hechos
fundamentales: el cumplimiento de una proposición no de ley aprobada por
unanimidad de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Economía,
Hacienda y Comercio del Congreso de los Diputados y como contrapartida y
garantía del correcto empleo de los fondos, 5.000 millones, que en
cumplimiento de dicha proposición no de ley son aportados a la empresa
para acometer una medida acordada por la empresa y los trabajadores y
considerada por todos (Dirección General del Patrimonio del Estado, Junta
de Andalucía, empresa y trabajadores), previa e imprescindible para
cualquier normalización de la actividad de la empresa.

En tercer lugar, se renueva la composición del consejo de administración
y se nombran nuevos gestores, y se analiza el plan de viabilidad acordado
previamente entre empresa y trabajadores. El nuevo equipo gestor inició
de forma inmediata el estudio y análisis de este plan de viabilidad
acordado entre los anteriores gestores privados y los trabajadores. El
análisis detallado de ese plan, unido al conocimiento de las principales
magnitudes económicas de la empresa, puso pronto de relieve la, valga la
expresión, inviabilidad técnica y económica del mismo. Desde el punto de
vista técnico era imposible acometer, en una de las peores crisis por las
que ha atravesado el sector textil, un incremento de las ventas, como el
que preveía el plan, de un 110,67 por ciento en un año, de 1991 a 1992,
con incremento en algunas áreas del 250 por ciento. Desde el punto de
vista económico, el plan pretendía obtener más de 3.200 millones mediante
préstamos hipotecarios sobre bienes de la sociedad y créditos bancarios
por importe de 2.000 millones. La realidad comprobada era, sin embargo,
muy distinta. La práctica totalidad de los bienes de la empresa estaban
hipotecados una o dos veces o embargados por débitos a la Hacienda
pública o Seguridad Social y las fuentes de financiación bancarias
estaban agotadas, dado el endeudamiento financiero con ellas. A ello
había que sumar otro hecho cuyas consecuencias empezaron a notarse tras
la reestructuración. Esta, al no tener en cuenta las diferentes áreas de
trabajo, supuso en la práctica una paralización de la actividad, debido a
lo indiscriminado de la reducción de plantilla.

La evolución de las ventas puso de relieve lo erróneo de las previsiones
sobre las que estaba elaborado el plan de viabilidad. Las ventas de 1992
no sólo no se incrementaron sino que apenas llegaron al 41 por ciento de
las de 1991. Concretamente, 1.640 millones de pesetas frente a los 3.900
millones de pesetas de 1991 y los 8.000 que estaban contemplados en el
plan de viabilidad. A ello había que añadir que durante los tres años,
1989-1991, en que la empresa había permanecido en manos de Benorbe, S.

A., el deterioro de su situación había sido brutal. Para no cansar a SS.

SS. con demasiadas cifras, debo decir solamente que durante esos tres
años las pérdidas fueron de 2.145, 3.462 y 7.361 millones,
respectivamente. En esos años apenas se



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realizaron inversiones industriales, se produjo una gran pérdida de
confianza de los clientes, se acometieron políticas de precios erróneas y
se careció de una adecuada política de gestión de compras. Ello hizo que
la cartera de pedidos y la credibilidad de la empresa descendiesen a
niveles realmente preocupantes.

Constatada la imposibilidad de poner en marcha el aludido plan de
viabilidad, Improasa acometió las dos únicas actuaciones que eran
posibles en ese momento. La primera, intentar conseguir una disminución
de las pérdidas, objetivo que en parte se consigue, ya que las pérdidas
de explotación de 1993 fueron de 2.027 millones, frente a los 4.333 de
1992 y los 6.338 de 1991. Las pérdidas totales --hay diferencia entre lo
que son pérdidas de explotación y pérdidas totales de la empresa, al
incrementar las pérdidas extraordinarias y los gastos financieros no
afectos a la explotación--, los resultados negativos totales fueron en
1993 de 5.665 millones de pesetas, frente a los 11.281 de 1992 y los
7.361 de 1991. En 1994 las pérdidas de explotación son de 1.917 millones
y las pérdidas totales de 2.968, todo ello antes de auditoría. El segundo
aspecto fue iniciar el estudio de viabilidad futura. Para ello se procede
a encargar una auditoría global de Intelhorce a uno de los mejores
consultores a nivel mundial de empresas textiles, que fue la entidad
Werner International.

Como he señalado, desestimado el plan de viabilidad como marco futuro de
actuación, se encargó a la auditoría textil Werner International, de
reconocido prestigio en todo el mundo, la evaluación de la situación
técnica de la empresa, las perspectivas de evolución a medio plazo y una
prospectiva de desarrollo de la sociedad, en el caso de adoptar una
moderada política expansiva. Son los denominados informes Werner 1, 2 y
3, a los que me voy a referir a continuación.

En el primero de los antedichos informes, de fecha octubre de 1993,
denominado «Auditoría técnica financiera y administrativa», se hace una
evaluación de la situación que presentaba la empresa. Las conclusiones de
dicho informe eran ciertamente desoladoras. En ninguna de sus previsiones
Werner llega a expectativas de un umbral de rentabilidad, ni siquiera
aplicando sus parámetros de productividad. Esto era debido a profundas
causas: desorientación empresarial --falta de un producto y mercado
definidos sobre los que se debería actuar--; equipo industrial necesitado
de determinadas inversiones, aunque de importe no elevado; plantilla
excesiva con escasa productividad, y salarios por encima de los del
sector, concluyendo Werner que la situación de GTE es única, por lo
deficiente, entre todas las conocidas por la consultora.

Una vez evaluada la situación de la empresa, se le pidió a la consultora
un segundo informe en el que, sobre las expectativas comerciales de la
empresa a dos años vista, debería proponer las medidas de
reestructuración precisas que permitieran alcanzar el umbral de
rentabilidad. Para una facturación de 3.500 millones de pesetas, con un
nuevo mix de productos, lo que suponía un incremento del 75 por ciento
sobre los 2.000 millones de aquel momento en facturación, el resultado de
explotación presentaba una pérdida de 847 millones de pesetas, y ello
después de un proceso de saneamiento financiero, ajuste de plantilla en
300 puestos de trabajo, mediante una selección individualizada según test
de aptitud y actitud, y renegociación de condiciones laborales y
salariales que conllevarían incrementos de productividad del orden del 50
por ciento en el general de la fábrica. En este segundo informe Werner
concluye que la fábrica no es rentable, aunque esté organizada y sea
operativa a niveles mundiales de primera clase. Cito textualmente,
capítulo II, página 24.

Tan negativas conclusiones, así como la mejora del mercado textil,
llevaron a la dirección de GTE a plantear un tercer informe a la misma
consultora en la que, aprovechando la mejor coyuntura y optimizando todas
las perspectivas comerciales del momento, se hiciera una prospectiva de
las potencialidades de la empresa y los resultados alcanzables. El
resumen de dicho informe, presentado en los últimos días del mes de julio
pasado, es igualmente negativo. Para una facturación de 5.000 millones de
pesetas, frente a los 3.200 millones de ese ejercicio, la pérdida
prevista es de 381 millones en un escenario de producción y comercial
perfecto. No hay saldo ni reprocesamiento de producto, no hay absentismo
ni problemas técnicos de maquinaria, etcétera. Para alcanzar este
escenario vuelven a reproducirse las mismas exigencias que en el informe
anterior: moderadas inversiones, centradas en acabados por 800 millones
de pesetas en una primera fase; reducción de plantilla en 270
trabajadores seleccionados según test de aptitud y actitud y profundo
readiestramiento del personal que se mantenga, negociación de nuevas
condiciones laborales --en términos comerciales, la empresa tiene que
comenzar de nuevo definiendo producto y mercado-- y aportación de 6.500
millones de pesetas para el saneamiento de 16.700 millones de deudas
acumuladas.

La rotundidad de los informes Werner sobre la inviabilidad de GTE, la
imposibilidad de otorgar ayudas públicas, sobre todo tras la sentencia
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 14 de septiembre
de 1994, que considera incompatibles con los tratados comunitarios parte
de la ampliación de capital realizada en la empresa en el momento
inmediatamente anterior a la venta y la falta de tesorería suficiente
obligaron a los gestores de la empresa a presentar, el 7 de octubre de
1994, solicitud de suspensión de pagos, solicitud aceptada a trámite
mediante providencia de 10 de octubre del Juzgado de Primera Instancia
número 13 de los de Málaga.

Antes de pasar a exponer las actuaciones posteriores a la presentación de
la suspensión de pagos, quiero resaltar que tras la asunción de la
gestión por Improasa, ésta constató la existencia de hechos realizados
por los anteriores gestores privados que podrían ser constitutivos de
presuntas actuaciones perseguibles en vía judicial, ante lo cual se
decidió iniciar una investigación, con cuyos resultados la Dirección
General del Patrimonio del Estado procedió a formular, con fecha 4 de
julio de 1994, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Igual
denuncia fue formulada por Improasa y por la propia Intelhorce el día 8
de julio del mismo año.

Retomando la exposición descriptiva anterior continuaré señalando que
tras la presentación de la suspensión



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de pagos, por las razones expuestas, se inician negociaciones entre la
Dirección General del Patrimonio, la Junta de Andalucía y el Comité de
empresa, tendentes a la búsqueda de posibles soluciones, con tres
objetivos: solución al problema laboral, mantenimiento de la actividad
textil en Málaga y mantenimiento del mayor nivel de empleo posible. En el
curso de estas negociaciones y a propuesta de los propios trabajadores se
encarga a Werner International un nuevo informe sobre hipótesis
suministradas por los trabajadores, concluyendo la firma auditora que ni
con esas hipótesis la empresa alcanza el nivel de rentabilidad. Las
pérdidas se reducían a doscientos y pico millones de pesetas y lo que sí
aparecía, al cabo de dos años, era un cash-flow ligeramente positivo,
también en condiciones ideales. Estas reuniones se siguen celebrando
periódicamente, a la vez que los interventores judiciales de la
suspensión comienzan a desarrollar su trabajo. A primeros de enero de
1995, ante la imposibilidad de hacer frente al pago de la nómina y a fin
de no incurrir en posible responsabilidad por ello, la sociedad presenta
ante la autoridad laboral correspondiente un expediente de suspensión
temporal de empleo de la práctica totalidad de la plantilla, con
excepción del personal necesario para el mantenimiento de instalaciones.

En resumen, el inmediato futuro de General Textil de España, S. A.,
vendrá determinado --entiendo yo-- por dos aspectos fundamentales. Uno,
por la tramitación judicial de la suspensión de pagos, según la
calificación de insolvencia provisional o definitiva que de la situación
económica de la empresa haga la autoridad judicial; y dos, por encontrar
la mejor solución posible entre las distintas partes implicadas en la
resolución planteada por la problemática de Intelhorce.

Desde el mes de octubre de 1994 está abierta una mesa de negociación
--como decía antes-- donde junto al Comité de empresa y los sindicatos
participan las consejerías de Trabajo, Asuntos Sociales e Industria de la
Junta de Andalucía, la Dirección General del Patrimonio y la propia
Improasa. Desde el inicio de estas conversaciones el hilo conductor de
las mismas ha sido buscar la fórmula que permita sincronizar, con el
menor impacto posible sobre el empleo, la liquidación de GTE con la
aparición de un modelo alternativo de gestión, preferentemente encarnado
en una sociedad solvente y con experiencia en el sector, que permita
mantener actividad en Málaga, en base a los activos industriales de
Intelhorce, y en el que pudiera integrarse una parte significativa de la
plantilla actual de GTE. Los contactos para la búsqueda de algún
comprador, que inicialmente fueron asumidos por Improasa, pasaron, por
acuerdo de la Mesa tripartita, a ser desarrollados por la Junta de
Andalucía a través de su Consejería de Industria. En paralelo, la
consultora Werner International fue invitada por la Mesa a formular un
nuevo ejercicio de prospectiva, al que me he referido antes, en base a
hipótesis de empleo, inversiones, jornada y productividad, proporcionadas
por el Comité de empresa. A pesar de lo inverosímil de algunas de estas
hipótesis, una vez modelizadas por la consultora, los resultados
obtenidos seguían corroborando el diagnóstico inicial: GTE, con base a su
estructura actual, es económica y financieramente inviable, no llegando a
alcanzar, bajo ninguna hipótesis, umbrales de rentabilidad. Esta
conclusión sugiere, por tanto, que cualquier sociedad que se haga cargo
de los activos debe elaborar un plan que esté sustancialmente alejado de
las líneas estructurales a través de las que se ha venido desarrollando,
hasta ahora, la actuación de GTE. Los trabajadores y el Comité de empresa
rechazaron una alternativa industrial propuesta por una empresa solvente
y con experiencia, porque sus planteamientos en términos de empleo y de
actividad no satisfacían las expectativas de los trabajadores. En este
momento, al parecer con ciertas dificultades, la Junta de Andalucía tiene
abiertas conversaciones con otra sociedad de confección.

Por tanto, los datos de que dispongo en estos momentos no me permiten
concretar más sobre el futuro inmediato de la fábrica y la plantilla. La
Dirección General del Patrimonio ha realizado un esfuerzo para alargar
este período de conversaciones, pero la tesorería de una sociedad que se
encuentra en suspensión de pagos desde hace casi seis meses está a punto
de agotarse, sin que puedan inyectarse recursos públicos para mantener su
actividad. Por tanto, la solución tiene que concretarse urgentemente. En
todo caso, quiero recordar que la Dirección General del Patrimonio no ha
escatimado esfuerzos, ni los va a escatimar, para buscar una solución que
compatibilice, en la medida de lo posible, los intereses de los
trabajadores con las exigentes restricciones legales y financieras que
afronta la empresa, que está dispuesta a estudiar cualquier fórmula que
se le plantee y que hará, en este marco que he descrito, todo lo posible
para apoyar una solución viable, cuyas dificultades de todo orden no
puedo, sin embargo, dejar de transmitir a SS. SS.

Paso, a continuación, a hablarles sobre Hytasa. Sobre esta empresa se me
solicita que informe de las actuaciones realizadas desde su venta. El
proceso de reprivatización de Hytasa, cuya incorporación al sector
público se había producido en 1982, previa incautación por Real Decreto
de 1980, se inicia en 1988. Tras la remisión del cuaderno de promoción a
160 posibles interesados e intermediarios financieros y del cuaderno de
venta a 13 realmente interesados, quedaron finalmente dos oferentes, cuya
oferta resumen fue la siguiente: la oferta seleccionada ofrecía un precio
de 100 millones y la no seleccionada de 200 millones. El saneamiento
previo por el Estado de la oferta seleccionada era de 4.300 millones y de
la no seleccionada de 4.800 millones, y la aportación por el comprador,
vía ampliaciones de capital, en la oferta seleccionada era de 3.700
millones mientras que en la no seleccionada era de 3.400 millones, y la
plantilla final, compromiso de ambas ofertas, en la seleccionada era de
720 y en la no seleccionada de 750 personas. En base a estos datos fue
seleccionada la oferta presentada por Hilaturas Gossypium, S. A., e
Industrias Textiles del Guadiana (Integusa) por implicar una mayor
aportación de recursos, una mayor ampliación de capital, y exigir un
menor saneamiento previo por el Estado. Las otras magnitudes, como he
dicho, eran sensiblemente coincidentes, aunque en el precio se podría
hablar de que una era el doble que



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la otra, pero, como ven, son cantidades relativamente pequeñas.

Seleccionado el comprador y previamente a la confirmación de la selección
con el otorgamiento de la escritura pública de compra-venta, se llevó a
cabo una negociación a tres bandas: Dirección General del Patrimonio,
Consorcio comprador y Comité de empresa, a fin de respaldar las
condiciones de la adjudicación. Finalmente se alcanzó un acuerdo,
recogido en acta de 17 de julio de 1990, en el que todas las partes
aceptan las condiciones de venta. La venta se formalizó finalmente el 25
de julio siguiente. Entre las condiciones impuestas figuró una según la
cual los compradores se comprometen expresamente a no efectuar ni
presentar expedientes de regulación legal de empleo durante el plazo de
tres años. Producida la reprivatización, lo cierto es que la gestión
privada no enderezó los resultados negativos que venían registrándose,
como se aprecia en el siguiente tren de pérdidas de explotación,
excluidos los gastos financieros. En 1986 hubo 154 millones de pérdidas;
en 1987 hubo 10 millones de beneficio; en 1988 las pérdidas fueron de 725
millones; en 1989 hubo 1.335 millones de pérdidas; en el 1990 fueron
2.289; en 1991 fueron 2.032; en 1992 fueron 1.948; en 1993 fueron 2.851,
y en 1994 fueron 2.141 millones. Todas estas cifras --repito-- fueron de
pérdidas y, en todo caso, la cifra de 1994 es provisional porque está
pendiente de auditoría.

Esta escalada de pérdidas y la profunda crisis del sector debido a la
entrada masiva de productos de algodón del Tercer Mundo y a la caída del
consumo interno, que se agudiza en 1991 y 1992, colocan a la empresa en
este último año en una situación económica difícil. Ante ello, con fecha
28 de febrero de 1992 se procedió a adquirir un 30 por ciento del capital
social por un precio de 972 millones de pesetas, precio que no alcanzaba
el valor teórico de la acción, como inyección financiera para evitar una
inminente crisis empresarial. Dicha toma de participación se efectuó a
través de la sociedad instrumental de la Dirección General del
Patrimonio, Improasa, y sin asumir la gestión social que continúa a cargo
del accionista mayoritario que por entonces era Integusa. A pesar de esta
inyección financiera, la situación económica de la empresa continuó
deteriorándose, por lo que se procedió a negociar una nueva actuación,
esta vez con la participación de la Junta de Andalucía, con el compromiso
de la empresa de presentar un nuevo plan de viabilidad ajustado a las
nuevas circunstancias que atravesaba la empresa. Mientras tanto, por
parte de Improasa se procedió a la compra de activos inmobiliarios
ociosos por 170 millones de pesetas y a otorgar créditos hipotecarios por
un importe de 130 millones de pesetas. Por su parte, la Junta de
Andalucía otorgó aval a un préstamo de Integusa para que ésta a su vez
otorgara otro a MTT, por importe de 300 millones de pesetas, con
pignoración en garantía de la participación de MTT en una sociedad filial
desmontadora de algodón, Mediterráneo Algodón, S. A.

Presentado el plan en las primeras semanas de 1993, fue redactado
definitivamente en junio siguiente. Dicho plan, dividido en tres fases
semestrales, contaba con las siguientes previsiones: reducción de
plantilla, 338 trabajadores, importe de la reducción, 2.250 millones de
pesetas; inversiones en activos materiales, 1.934 millones, fondo de
maniobra, 1.750 millones; total, 5.934 millones de pesetas. Este plan se
financiaba con préstamos hipotecarios sobre los terrenos de la factoría
en Sevilla y con 1.100 millones aportados por la Junta de Andalucía, 800
millones para jubilaciones anticipadas y 300 millones para determinadas
inversiones. Además, otros aspectos importantes debían ser objeto de
negociación entre la empresa y las secciones sindicales tales como
flexibilidad horaria y de jornada, polivalencia funcional, nuevo sistema
de incentivos, etcétera. Sin embargo, la ejecución del plan de viabilidad
no fue satisfactoria y los resultados alcanzados no se correspondieron
con los esperados en su fase inicial, al no alcanzarse las nuevas
condiciones de producción ni obtenerse el cambio comercial que la empresa
necesitaba. Ello obligó a ampliar las ayudas previstas en el mismo en
otros 2.000 millones de pesetas adicionales que también resultaron
insuficientes. A lo largo de 1984 Improasa ha procedido a negociar con el
Banco de Crédito Agrícola y el Banco de Crédito Industrial los créditos
que con garantía hipotecaria concedieron a MTT por importe de 750
millones y 1.000 millones de pesetas, respectivamente, en los últimos
meses de 1990. A tenor de dichas negociaciones, Improasa ha procedido a
asumir las deudas de MTT previa cesión de los activos hipotecados y a
renegociar las condiciones financieras. El total asumido por Improasa ha
sido de 760 millones por las operaciones con el BCA con transferencias de
los activos inmobiliarios hipotecados en El Arahal, Utrera, Carmona y
Escacena, y a 1.425 millones de pesetas por las operaciones con el BCI
posteriormente asumidas por el BEX, concesión del remate efectuado por
dicho banco en el curso de la ejecución del artículo 131 de la Ley
Hipotecaria. Con este panorama concluyo la exposición de Hytasa y paso al
último punto de la comparecencia relativo a Bodegas Internacionales.

Bodegas Internacionales, S. A., era una de las 35 empresas que el 23 de
febrero de 1983, fecha de la expropiación de Rumasa como todos conocen,
constituía la denominada división de Vinos de Jerez del grupo Rumasa.

Visa era una compañía de tamaño medio productora y distribuidora de jerez
y brandy participada minoritariamente por Rumasa desde su creación y de
forma mayoritaria, el 80 por ciento, a finales de 1982. Al 23 de febrero
de 1983 el patrimonio neto ascendía a 882,5 millones de pesetas, con unos
resultados negativos acumulados de 2.163 millones de pesetas y unas
deudas a largo y a corto plazo de 4.419 millones de pesetas. Teniendo en
cuenta estos datos, la sociedad fue valorada a efectos de justiprecio en
cero pesetas por acción. Producida la expropiación, se constató que la
denominada división de Vinos de Jerez estaba constituida por un
conglomerado de treinta y cinco empresas de las que sólo 15 tenían una
cierta entidad. Estas quince estaban todas ellas afectadas por la
profunda crisis que estaba atravesando el sector, motivada por unos
niveles de oferta superiores a la demanda, con la consiguiente caída de
los precios. Esa circunstancia y la deficiente estructura de la división
propiciaron el que se iniciara durante el período de gestión pública un
proceso de reestructuración tendente



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a superar la excesiva interrelación entre compañías, la escasez de marcas
con buena implantación en el mercado y el sobredimensionamiento de
plantillas y las deficientes estructuras financieras. Esta
reestructuración, aprobada el 27 de enero de 1984, supuso la fusión
jurídica de sociedades y el traspaso de activos entre ellas para dejar
como operativas seis unidades empresariales y dotar, en definitiva, a las
empresas resultantes de la adecuada estructura económica financiera. El
detalle de esta reestructuración fue examinado, comprobado y aceptado por
el Tribunal de Cuentas en su informe del 1.º de febrero de 1989, «BOE»
número 27. Efectuada esta reestructuración, se iniciaron las actuaciones
de venta. Para conseguir el mejor precio y condiciones se optó por una
estrategia de venta consistente en no poner ningún tipo de restricciones
a los posibles compradores y, en consecuencia, admitir tanto ofertas
singulares para una empresa como conjuntas para varias, con excepción de
Williams and Humbert, cuya privatización se pospone a otro momento.

Partiendo de esta premisa se inicia el proceso de venta de cinco
sociedades, Díez Mérito, S. A.; Bodegas Internacionales, S. A.; Garvey,
S. A.; Fernando A. de Terry, S. A., y Palomino y Vergara, S. A. Para la
realización de la venta se contó con el asesoramiento y colaboración del
First Boston como agente exclusivo para las negociaciones y búsqueda de
compradores. A partir de 1985 el First Boston contactó con 134
potenciales compradores de diecisiete países, de los cuales a 107 se les
enviaron datos denominados resúmenes ejecutivos y a 55 interesados se les
entregó, previo acuerdo de confidencialidad, los cuadernos de venta.

Quiero resumir un poco para no hacerme demasiado prolijo en el proceso y
decir que para Bodegas Internacionales hubo en principio 55 interesados,
si bien sólo siete formularon oferta. De estos siete dos eran singulares,
es decir, sólo respecto de Bodegas Internacionales, y cinco conjuntas,
esto es, para Bodegas Internacionales y al menos otra sociedad. Las
individuales fueron de don Luis León Rupp y del grupo comercial Bardoy, y
las conjuntas fueron de don Marcos Eguizábal para Bodegas Internacionales
y Díez Mérito, de Antonio Barbadillo, S. A., para Bodegas Internacionales
y Díez Mérito, Comercial Bardoy, que se repetía aquí, para Bodegas
Internacionales y Palomino y Vergara, y para Barko-Marken-Import-Alemana,
que ofrece comprar Fernando A. de Terry, Bodegas Internacionales y Díez
Mérito, y, por último, Manuel Gil Delgado ofrece comprar las cinco
sociedades antes citadas. Efectuada la selección de las ofertas, el First
Boston recomendó a la comisión asesora la adjudicación de Bodegas
Internacionales y Díez Mérito al grupo de Eguizábal el 10 de junio de
1985. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada por el Gobierno al
considerar improcedente la admisión como miembro de la oferta de cuatro
directivos responsables de la división de Vinos de Jerez dada su
vinculación con la administración del grupo Rumasa. En consecuencia, la
Dirección General del Patrimonio se dirigió por escrito a todas las
sociedades y personas, con excepción de los cuatro citados, que habían
presentado ofertas inicialmente para que si lo deseaban formularan nuevas
ofertas. No reproduzco los datos porque prácticamente son los mismos
grupos los que se vuelven a interesar mejorando parcialmente las ofertas.

Acabado ese proceso el First Boston, invocando los objetivos principales
asignados a su actuación por la Dirección General del Patrimonio del
Estado, así como al aspecto laboral, recomendó que las acciones de las
compañías Díez Mérito y Bodegas Internacionales fueran adjudicadas a don
Marcos Eguizábal por las siguientes razones: Desde el punto de vista
comercial considera que tanto Marcos Eguizábal como Barbadillo consignan
para ambas compañías expertos en management del sector, por lo que ambas
ofertas son similares en cuanto a la capacidad de uno y otro ofertante
para potenciar y hacer viables no sólo las empresas sino el sector en su
conjunto.

Desde el punto de vista del valor económico, la oferta del señor
Eguizábal es mejor, superior en 171 millones a la de Barbadillo, S. A., y
en 686,9 millones a la de Comercial Bardoy. En estas cifras se entiende
todo lo que es el proceso de saneamiento que se le exige a Rumasa como
previo a la privatización.

Por último, la oferta del señor Eguizábal es la única que no exige
refinanciaciones de pasivo subvencionadas por el Estado.

Visto el parecer favorable de la Comisión asesora del Gobierno para la
reprivatización de empresas expropiadas de Rumasa, el Consejo de
Ministros, con fecha 31 de julio de 1985, autorizó la enajenación directa
a don Marcos Eguizábal Ramírez del cien por cien de las acciones
representativas del capital social de Díez Mérito, S. A., y Bodegas
Internacionales, por el precio de 400 millones de pesetas.

Con fecha 12 de septiembre de 1985 se formalizó el contrato de fijación
de condiciones de venta ante agente de cambio y bolsa, compareciendo la
parte compradora, don Marcos Eguizábal, la parte vendedora, Rumasa, S.

A., y el Estado español representado por Patrimonio del Estado.

Además del pago del precio, el comprador asumía las siguientes
obligaciones: mantener durante cuatro años la titularidad de las
acciones, no paralizar la actividad social durante los citados cuatro
años y remitir, a requerimiento tanto de Rumasa como de la Dirección
General de Patrimonio, durante esos cuatro años la auditoría anual. Todas
esas obligaciones fueron cumplidas por el comprador.

Señalar finalmente --y con esto concluyo-- que el proceso de
reprivatización de Bodegas Internacionales, al igual que la totalidad del
proceso de reprivatización de Rumasa, fue objeto de fiscalización
singular y específica por parte del Tribunal de Cuentas, cuyo informe fue
aprobado por resolución de 16 de diciembre de 1988 de la Comisión Mixta
para las Relaciones con dicho Tribunal y publicado en el «Boletín Oficial
del Estado número 27», de primero de febrero de 1989. Dicho informe
contiene un apartado específico de fiscalización del proceso de
reprivatización de la división de vinos de Jerez y en el que, respecto de
la reprivatización de Bodegas Internacionales, S. A., indica textualmente
que se puede señalar que la parte compradora ha pagado el precio y ha
cumplido el resto de las obligaciones asumidas, resaltando las fuertes
inversiones realizadas con posterioridad a la reprivatización.




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El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar la posición, además del
Grupo de Izquierda Unida? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Romero, por un tiempo máximo
de diez minutos.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Director General, usted ha hecho de notario
al relatar una serie de datos en un informe largo sobre la situación de
Intelhorce y una cronología histórica de lo que ha venido sucediendo,
pero en política hay que profundizar en estos hechos, en las decisiones
que se toman y que han producido y han dado lugar a estos resultados.

También en el terreno penal, no ya en el terreno político, se están
depurando las irregularidades que hay detrás de esos números que usted ha
relatado aquí en la Comisión de Economía, Hacienda y Comercio. Sin
embargo, usted no me ha contestado a ninguna de las preguntas que le
formulé al presentar y al intervenir en el inicio de su comparecencia. Se
las repito, con el objeto de que pueda contestarme. Ha venido usted con
un informe preparado por sus servicios, se ha limitado a leerlo, pero no
me ha contestado a preguntas muy concretas.

¿Por qué se dio el visto bueno al informe de Improasa y se descartaron
otras posibilidades? ¿Qué comprobación se hace sobre la solvencia de
estos «piratas» --decía yo-- con sede en Gibraltar, sin ninguna
experiencia industrial, como luego se demostró cuando accedieron a la
gestión de la empresa? ¿Por qué no se pidió a nuestra Embajada en Italia
o por otros medios que se acreditara qué grado de relación tenían con
Benetton, cuando luego se demostró que sólo tenían alguna franquicia para
algunas tiendas, pero que no le avalaba con ninguna red general, con
ningún patrimonio, con ninguna vinculación jurídica ni, mucho menos, con
ningún respaldo económico este grupo italiano y europeo tan importante
como es Benetton? ¿Por qué en estas condiciones el señor Alcaide eleva la
decisión, a través del señor Solchaga, al Consejo de Ministros para
acordar y privatizar sin comprobar la viabilidad? Independientemente de
que al final sólo quedara una fianza, sólo quedara una oferta, no se
puede entregar un patrimonio industrial, una factoría como Intelhorce,
con la historia que tenía detrás, con más de 1.600 trabajadores, a los
primeros indocumentados que pasan por la esquina. Habría sido necesario
hacer las comprobaciones adecuadas y haber esperado algún tiempo para
encontrar otra salida y para saber si al final de todos los informes y
cuadernos de venta hubo poca oferta en el terreno de los plazos que
ustedes habían propuesto. Por lo tanto, usted me debe contestar a estas
preguntas.

Tampoco se ha despejado el futuro. Usted ha dejado sobre la mesa, por un
lado, que está en manos de la decisión final que se adopte en el campo
judicial sobre la suspensión de pagos y, por otro, en la búsqueda de un
comprador solvente, en lo que está desarrollando su trabajo la Consejería
de Industria de la Junta de Andalucía y que hasta ahora había venido
desarrollando Improasa.

¿Se puede estar esperando a que se prescinda de toda la plantilla, a que
se cierre la actividad textil en Málaga, para hacer después qué con el
patrimonio, con las instalaciones, con los trabajadores, con su futuro y
su actividad industrial?
Señor Director General, el que hayamos llegado a esta situación, el que
no haya viabilidad, no se puede imputar a los trabajadores. Usted ha
citado una serie de informes: Werner-1, Werner-2, Werner-3, Werner-4,
hasta Werner 5, para plantear en todos ellos que se ha carecido de
estrategia empresarial, que no se han hecho modernizaciones adecuadas en
su tiempo, que no se han estudiado los mercados, que ha influido la
crisis general del sector textil, que había escasa productividad, cuando
los sacrificios de los trabajadores han sido enormes. Se aceptó el cuarto
turno, se hicieron las bajas incentivadas, las prejubilaciones y se hizo
un enorme esfuerzo para sacar la factoría adelante, pero usted pasa de
puntillas en su contestación sobre la última gestión de los italianos,
que ha sido desastrosa, que nos ha colocado a los pies de los caballos y
que ha dejado a los trabajadores y a la actividad industrial de
Intelhorce en una situación muy difícil y para la que debemos encontrar
una salida que no sea el cerrojo, el cierre, el echar las cadenas a la
industria, porque se hace en un territorio, repito, que tiene un paro
enorme y con muy escaso tejido industrial; no se hace en el planeta Marte
ni en otros lugares. Porque aquí se ha hablado del dinero público que nos
ha costado hacer frente a las pérdidas de Intelhorce durante este tiempo
en sus diferentes aspectos, pero no se habla de lo que ha costado al
erario público la reconversión industrial en otras zonas del país, que
han sido decenas de miles de millones de pesetas. Yo creo que algún día
habrá que emitir un informe que equilibre las cosas, porque se quiere dar
la impresión a la opinión pública, a través de los medios de
comunicación, que hay datos, que se leen como el que no quiere la cosa,
pero que determinan que el Estado ha invertido una serie de miles de
millones y que no se puede seguir así cuando hay pérdidas.

Ahí hay un informe final que plantea que sí puede haber con un cierre
anual, en el mejor de los casos, 200 ó 300 millones de pérdidas, se
debería hacer un esfuerzo incluso en esas condiciones para mantener la
actividad industrial, porque mantener una actividad industrial en los
tiempos que corren con unas pérdidas tan escasas significa tener una
dimensión social en Intelhorce muy importante. En ese caso los
sacrificios, la mecanización, los esfuerzos que haya que hacer, el
cumplimiento de los compromisos que se contrajeron no han sido cumplidos,
como lo ha denunciado el comité de empresa. Si los trabajadores han
rechazado una oferta es porque la misma liquidaba la factoría y ponía en
peligro prácticamente el futuro de la plantilla; no ya en una parte
mínima, que se puede ver y para lo que están abiertos a la negociación.

Yo lo que quiero plantearle, señor Director General, es que, al margen de
lo que usted ha leído, diga a la opinión pública, y sobre todo a la gente
de Málaga, qué va a pasar exactamente y qué colaboración están ustedes
prestando a la justicia en Málaga después de la querella que han
presentado con todos estos datos para que se depuren responsabilidades,
pero sobre todo qué esperanzas hay de cara al futuro, qué posibilidades
reales existen de que Intelhorce siga abierta. Usted ha dado dos y las
dos tienen un futuro



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bastante negro por delante: un comprador solvente, y a ver en qué
condiciones se hace cargo, y que de momento no aparece, y otra, la
suspensión de pagos, que significa la liquidación de la empresa, que es
lo que ustedes han colocado sobre la mesa.

¿Sería usted más preciso y dar algún calendario concreto? Porque, repito,
en más de una ocasión --y termino--, el tema de Interlhorce ha venido a
la Cámara; en más de una ocasión, no ahora; no en este momento, sino en
muchos momentos.

Usted ha citado una proposición no de ley, pero incluso en la época de
Unión de Centro Democrático aquí se formularon interpelaciones por parte
del Diputado comunista en aquella época don Tomás García y por otros
Diputados del Grupo Socialista que hoy asisten a esta Comisión, así como
por otros miembros de la Cámara que abordaron este tema. El tema de
Intelhorce es un culebrón con muchos capítulos, con un resultado
desastroso y penoso para el futuro de la industria malagueña y andaluza.

Por eso no nos resignamos a perder esta factoría y deberíamos seguir
haciendo un esfuerzo, aunque sólo sea, señor Director General, por las
responsabilidades históricas que se ha asumido, por esas privatizaciones
mal hechas a gente que no ha garantizado nada, que no ha sido investigada
previamente. Todo ello nos debe llevar a no ir al juzgado a una
suspensión de pagos que cierre la factoría, sino a esperar el tiempo
necesario que permita --como han planteado los sindicatos-- que la
actividad pueda seguir existiendo y que no se hunda o se anule
definitivamente, porque es muy negativo, para Málaga y para Andalucía,
que ese final esté ahí planteado ya, no sobrevolando, no en hipótesis,
sino sobre la mesa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Director General del Patrimonio, a estas
alturas --y creo que no exageramos porque estamos hablando de la
trayectoria desde 1982 a esta parte--, con independencia del tiempo que
lleve usted como Director General del Patrimonio, se puede hablar de que
la política del Patrimonio General del Estado ha sido absolutamente
lamentable, con consecuencias jurídicas desde el plano de lo civil y de
lo penal que ahora estamos empezando a vivir en el tema de Intelhorce y
próximamente en el tema de Bodegas Internacionales, que involucran --ya
lo hemos visto en el caso de Intelhorce y hay una querella directamente
planteada-- al responsable del Patrimonio del Estado en el caso de
Bodegas Internacionales. Son una serie de temas que van a ir ahora
estallando en cadena y que van a afectar, desde un principio también, al
proceso de reprivatización de Rumasa, como es el caso, muy citado en esta
comparecencia, de Bodegas Internacionales.

De otra parte, Patrimonio ha estado en el seno de una política económica
que partía de la base de que no es posible ni necesaria una política
industrial, pero sí ha participado en el negativo de la foto en una
política sistemática de desindustrialización. Ese ha sido el papel de
Patrimonio en el seno de un Ministerio de Economía en relación con un
Ministerio de Industria que, con respecto a Andalucía, está teniendo
consecuencias de desindustrialización tremendas. También se está haciendo
una política en el sentido de quitar competidores de en medio, en nombre
de una concepción global del mercado que vende cuotas de mercado en el
terreno textil o en el terreno vitivinícola, como estamos viendo en estos
dos casos concretos de Hytasa y de Bodegas Internacionales. Patrimonio ha
jugado un papel opaco, presuntamente irregular, como estamos viendo en el
caso de Intelhorce y veremos posiblemente dentro de muy poco en el de
Bodegas Internacionales, y presuntamente también con respecto a personas
en este caso que han cometido hechos delictivos.

En ese sentido se han liquidado propiedades, a nuestro juicio, a bajo
precio --presuntamente así consta en las querellas-- o se han transferido
grandes cantidades de dinero, sin control posterior, sin planes de futuro
y sin recabar actualmente la necesidad de esas devoluciones. En este
sentido quiero que me aclare la posición de la Dirección General del
Patrimonio con respecto a la situación actual de Hytasa, MTT, y qué tipo
de devolución va a proceder respecto a esos préstamos de dinero público,
que no se han empleado adecuadamente y que pueden ascender a cerca de
5.000 millones de pesetas. Esto de una parte. Y si de otra parte la
ampliación de capital a la que se comprometieron los señores de Integusa
fundamentalmente, de 3.700 millones de pesetas, se ha producido o no.

Estamos asistiendo a un proceso de desindustrialización calculada que
tiene, a veces, una variante, una matriz en su funcionamiento. Por
ejemplo, se coge una empresa en mal estado --podría ser el caso de
Hytasa-- y aparece un consulting que es contratado para llevar la gestión
y que cobra grandes cantidades, grandes honorarios. Posteriormente se
fragmenta la empresa para pagar deudas, terrenos en el caso de Hytasa,
unos que se han vendido a Alcampo, otros que usted ha citado aquí y, al
mismo tiempo, los mismos propietarios crean una especie de archipiélago
de empresas, como Lienzo de los Gazules u otro dedicado a elementos
sanitarios, a los que presuntamente pueden haberse transferido cantidades
de las que iban dirigidas como préstamos a Hytasa, actual MTT. En este
proceso se descapitaliza, se desangra la empresa a la que se pretendía
ayudar desde un principio --en este caso Hytasa-- que está a las puertas
de un cierre, porque no se ve una viabilidad. Usted ha citado aquí
cantidades de pérdidas, desde 1.300 millones en el año 1989 a 2.141 en el
año 1994 --esta cifra es provisional, aunque consolidada--; sin embargo,
se confirma la pérdida de 2.850 millones en el año 1993.

Voy a sintetizar mucho la situación de Hytasa para ver si usted la
comparte y le ruego que me aclare estos términos que le estoy
preguntando. ¿Qué se va a hacer con el dinero prestado por Patrimonio del
Estado a los señores de Integusa o a otros accionistas de la empresa MTT,
antigua Hytasa? No sé si han cumplido el compromiso de la ampliación de
capital en 3.700 millones de pesetas. Desde luego no cumplieron los
compromisos tripartitos que se firmaron aquí en Madrid, que usted ha
citado. Quisiera saber si efectivamente se plantea en estos momentos
segregar



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en tres partes la empresa MTT, lo cual sería enfocar ya la recta de la
eutanasia activa; sí parece que hacen falta, en plazo inmediato, 2.000
millones de pesetas para fondo de maniobra y seguir funcionando, sin lo
cual habrá que pagar las máquinas, y si la deuda global, señor Director
General del Patrimonio, es de 10.100 millones de pesetas,
fundamentalmente contraída con entidades públicas, como el ICO, el
Ayuntamiento de Sevilla, deudas de la Seguridad Social y Hacienda --que
asciende a más de 2.000 millones de pesetas-- y la deuda con Patrimonio
de cerca de 5.000 millones de pesetas.

Señor Director General del Patrimonio, yo le pregunto también si es
cierto que se intenta una especie de quita y que Patrimonio condonaría el
cien por cien del dinero que ha prestado, puesto que no son subvenciones
--la Unión Europea no las admite como tales--, ¿cómo se piensa pagar el
dinero que se le adeuda a la Seguridad Social y a Hacienda? ¿Cuál es el
futuro real de MTT, antigua Hytasa, en su opinión? Nos gustaría saber si
se va a proceder a la condonación, a la liquidación, a la quita del cien
por cien de esa deuda de 10.105 millones que tiene actualmente y en
función de qué conceptos y qué tipo de auditorías se han hecho. Nosotros
estamos pretendiendo un control exhaustivo de todos los medios públicos y
por ello queremos saber cuál es el futuro de Hytasa en esta situación, en
opinión de uno de los accionistas fundamentales, a través de Improsa. Le
ruego que pormenorice esta opinión, porque, si no, va a quedar una sombra
sobre el tapete de que no hay salida y de que se va a condonar esto, de
que ustedes no actúan o actúan desde la sistemática de la
desindustrialización o la opacidad más completa.

Respecto al tema de Bodegas Internacionales --voy a ser breve, señor
Presidente--, en función de las querellas que se han presentado, el valor
real de la empresa, antes de venderse por 400 millones al señor
Eguizábal, era de 10.600 millones de pesetas; por lo tanto, hubo una
valoración muy a la baja y una venta realizada teniendo en cuenta un fin
social que después, a nuestro juicio, en absoluto se ha cumplido, y ya
empieza la cadena de las reprivatizaciones de Rumasa que van llegando a
los juzgados, y ya veremos cómo se desarrollan las querellas
interpuestas. En todo caso, de los 472 trabajadores se pasa a 30 en una
escala intermedia y actualmente sólo quedan 19. Por lo tanto, no se
cumple el fin social que en este sentido parece que no tenía un
calendario establecido respecto a otros temas que estaban ya acordados.

Estos trabajadores, además, ya no trabajan para Bodegas Internacionales,
sino que están trabajando con Paternina, S. A., lo que pone de manifiesto
mi comentario anterior en el sentido de quitar de en medio competidores,
de vender cuotas de mercado, fundamentalmente procedente del sector
textil o vitivinícola andaluz, en la dirección de un genocidio
industrial, y apunto aquí el tema de Intelhorce y otros que nos llevaría
a enumerar una lista interminable y que siempre afectan a la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

Realmente no queda nada en estos momentos de Bodegas Internacionales; se
ha liquidado todo el patrimonio y se ha perdido la producción, porque de
tres millones de cajas anuales se ha pasado a 100.000 cajas anuales de
producción, homologando lo que podría ser en estos momentos,
teóricamente, Bodegas Internacionales, y yo le pregunto, señor Director
General, si no se ha cumplido el fin social, si hay cuestiones bastante
sospechosas en este camino que yo siempre he sintetizado mucho, y que
usted, en plan notarial, también ha sintetizado, pero sin atender a la
valoración de las distintas escalas de las distintas etapas, ¿qué va a
hacer Patrimonio? ¿Se va a querellar, en función de que no se ha cumplido
el fin social de una serie de elementos que estaban previstos desde el
principio? ¿Qué postura va a adoptar Patrimonio? ¿Va a pasar a través del
silencio, silencio que ya es imposible, teniendo en cuenta las querellas
que ya se han interpuesto? ¿Cuál es la posición real y la valoración que
hace de todo el proceso el señor Director general actual del Patrimonio
del Estado?



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor
Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Señor Director General, en primer lugar,
agradecerle su presencia en esta Cámara, en nombre de nuestro Grupo, y
además vivamente, puesto que está usted haciendo un esfuerzo importante a
tenor de las informaciones que se están vertiendo por su persona en esta
Cámara, y recordarle nuestra conversación en nuestra reunión de
septiembre de 1994 en la Dirección General del Patrimonio, donde, después
de la misma, a altas horas ya de la tarde --eran las cuatro--, hablábamos
de que usted acabaría viniendo al Parlamento a comparecer por el tema
Intelhorce, y creo que no es la primera vez, puesto que ha estado en el
Senado, y creo que tampoco será la última.

Yo creo, señor Director, como así le llaman los compañeros suyos del
Departamento --por cortesía, yo me voy a referir de esa manera a usted;
por cortesía y también por cariño--, que debe usted darle importancia a
esta comparecencia --creo que se la ha dado--, la importancia que tiene,
pero me parece, señor Director, que no ha valorado usted en buena medida
la responsabilidad que usted tiene en esta comparecencia.

Señor Director, en el Parlamento reside la soberanía popular y de la
soberanía popular emanan los tres poderes del Estado: el judicial, el
ejecutivo y el legislativo. No estamos en el Parlamento simplemente en el
ámbito de lo político (como muchas veces se dice, para desgracia de
todos, con un tono despectivo), sino que también estamos en el Parlamento
en el ámbito del poder legislativo. Le digo esto, señor Director, porque
usted --según entiendo yo-- debe estar en este Parlamento y en esta
comparecencia en función de la altísima responsabilidad que tiene con el
Estado. Usted es un alto funcionario de la Administración del Estado,
usted ha sido nombrado por un Gobierno de modo legítimo y el Gobierno ha
salido de modo legítimo de las urnas. Hasta ahí la actuación del actual
Gobierno. Usted debe venir a este Parlamento a responder a las preguntas
que se le hacen, entiendo yo, desde la responsabilidad de ser un alto
funcionario del Estado, un servidor del Estado, y olvidarse de quién le
nombró y, por lo tanto, no intentar, con la explicación que nos ha dado,
defender lo que no se puede defender.




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Digo esto, señor Director, para que usted despeje cualquier temor y
responda con claridad y con precisión a las preguntas que le vamos a
formular.

Ha dicho el Director General del Patrimonio del Estado, al final, que se
llegó a una sola oferta para la venta de Intelhorce en 1989. Del estudio
de todo el proceso, señor Director General, puede deducirse que el
Gobierno --hablemos en este caso del Gobierno-- conduce la adjudicación
de la oferta a las sociedades Benorbe y Benservice. Yo intentaré
demostrarlo con afirmaciones --que luego usted puede desmentir, si no las
comparte-- y con preguntas que seguidamente le voy a hacer.

En abril de 1989 recibió el Gobierno de España una carta de la Comisión
Europea anunciándole que se había iniciado un expediente comunitario por
las ayudas ilegales concedidas a Intelhorce. Le recuerdo al Director que
el Tratado de Roma es ley en España y que la llegada de esa carta al
Gobierno obligaba a nuestro Gobierno a realizar una serie de cuestiones.

La primera pregunta que le hago es: ¿por qué, cuando se recibe la carta
de la Comisión Europea no se detiene el proceso de venta de Intelhorce,
por cuanto se estaba estudiando por la Comisión Comunitaria la posible
ilegalidad de las ayudas dadas desde 1986 a 1989 por el Gobierno español
a la factoría, a la compañía Intelhorce? Ustedes sabían ya que para
privatizar Intelhorce tenían que aplicarle nuevas ayudas; sin embargo, a
pesar de la advertencia de la Comisión Europea, continúan ustedes con el
proceso de privatización de Intelhorce.

Según establece el artículo 93, apartado 3, del Tratado de Roma, tenían
ustedes la obligación --le vuelvo a repetir que esto es ley en España--
de informar a la Comisión Europea de la privatización de Intelhorce y de
que se le iban a dar nuevas ayudas. Precisamente por esto, el Gobierno de
España fue condenado en firme por el Tribunal Superior de Luxemburgo a
recuperar esas ayudas, y precisamente por esto, señor Director, la
obligación que tiene el Gobierno, el Patrimonio del Estado, de recuperar
esas ayudas ha llevado, entre otras cosas, a la quiebra o a la presumible
quiebra de Intelhorce. Por lo tanto, repito, ¿por qué no se detuvo el
proceso de venta cuando llegó la advertencia comunitaria? Se siguió, se
vendió, se fijó el precio de Intelhorce en 2.000 millones de pesetas y
los compradores de Intelhorce no pagaron. ¿Por qué, cuando se incumplió
el primer día, al primer segundo, el pago del primer plazo de la venta de
Intelhorce, no denunciaron ustedes el contrato y en ese momento les
pidieron a los gestores privados de Intelhorce daños y perjuicios?
¿Es cierto que el 28 de octubre de 1991 tuvo entrada en la Dirección
General del Patrimonio un escrito de las sociedades Benorbe y Benservice,
adjudicatarias de Intelhorce, en el que denunciaban la nulidad del
contrato de compraventa, efectuada entre el Gobierno de España y sus
sociedades en agosto de 1989, por no haberles advertido en la escritura
de compraventa del expediente comunitario que se seguía en la Comisión
Europea?
Señor Director general del Patrimonio del Estado, ¿por qué no se hizo
constar en la escritura de compraventa que la ayuda que el Gobierno daba
por la privatización de Intelhorce podría ser objeto de una sanción
comunitaria y ser obligado a revertir de nuevo al Tesoro público?
Ustedes parecían tener todas las garantías y el precio de compra fue
avalado por una compañía de seguros, como exigió el Gobierno y el
Patrimonio del Estado. ¿Por qué el Gobierno no estudió el expediente de
contratación de dicho aval, en el que se establecían una serie de
contragarantías que implicaban los activos de Intelhorce; no solamente
los activos de Intelhorce, sino los 5.869 millones de pesetas del Tesoro
público, dinero de todos los españoles, para precisamente avalar esos
2.000 millones de pesetas?
Ha hablado usted de que se quedó solamente una oferta y de que por las
sociedades de Benorbe y Benservice fue depositado un aval de 100 millones
de pesetas. Sabe el Director General que dicho aval de la compañía de
seguros Fianzas y Créditos estaba igualmente contraavalado como
contragarantía con el producto de los 5.869 millones de pesetas que el
Estado habría de insuflar a Intelhorce en el momento de su venta.

Pero no queda aquí la cosa, señor Director. Los compradores de Intelhorce
disponen inmediatamente de 1.800 millones de pesetas. El Patrimonio del
Estado, mediante cheque número 5.854.043, nominativo a General Textil
España y librado por el Banco de España, endosa dicho cheque a la
compañía de seguros Fianzas y Créditos, para contraavalar el aval que
ustedes exigían a las sociedades Benorbe y Benservice. Pero no termina
aquí la cosa. Este dinero de todos los españoles fue invertido en letras
del Tesoro, para que los intereses del presunto --hablamos ahora de
presunto-- desfalco, o monumental chapuza los pagáramos todos los
españoles. De estos 1.800 millones de pesetas del Tesoro público, 1.595
sirvieron, con los intereses que generaría el haberlos invertido en
letras del Tesoro, para avalar los 2.000 millones; 200 fueron la comisión
de la aseguradora y cinco millones hubo de gastos.

Señor Director, ¿es razonable que se pueda vender nada al precio de 2.000
millones de pesetas y encima darle 5.869 millones? ¿Es acaso el Gobierno
de España el único Gobierno en el mundo que da duros a cuatro pesetas?



El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: La Comisión Europea dice al Gobierno que el
Gobierno de España, en la venta de Intelhorce, ha actuado contra las más
elementales normas de la prudencia comercial. Ustedes, además, dejan en
el contrato de compra-venta los intereses de los 5.869 millones de
pesetas de libre disposición de los compradores y, cuando aplazan el pago
de los 2.000 millones de pesetas --y la Ley del Patrimonio del Estado
establece que en los casos de aplazamiento de pago se cobrarán los
intereses que correspondan según el valor del dinero--, ustedes
determinan que el aplazamiento del pago de la venta de Intelhorce será
sin intereses.

En cuanto al informe de Improasa, sabían ustedes perfectamente que nunca
ha estado detrás de estas sociedades el Grupo Bennetton. Por tanto, no
vengan a decirnos ahora lo contrario. Y si no lo sabían, ¿cómo es posible
que un



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Gobierno serio se fíe de la palabra de una serie de personas
absolutamente insolventes, a tenor del capital social de sus sociedades,
y ni siquiera investigue el expediente de contratación del aval? El
Registro Mercantil es una oficina pública, y si está a disposición
nuestra y de todos los ciudadanos también lo está para el Gobierno. Hoy,
señor Director, está en la cárcel la persona responsable de la redacción
de dicho informe.

Cuando se renacionalizó Intelhorce, Improasa volvió a comprar la sociedad
por el precio de una peseta, pero no se contentaron con ello, felicitaron
al administrador único de dicha sociedad, y así consta en el acta, y
además le dieron un cargo, le nombraron nuevo Presidente del Consejo de
Administración.

A estas alturas, y dado que la justificación del Gobierno --no de
Patrimonio del Estado, porque yo entiendo que debe ser algo más serio--
es que se han invertido en Intelhorce más de 50.000 millones de pesetas
para llegar a la conclusión de que esta factoría es inviable, ¿están en
condiciones el Gobierno y Patrimonio del Estado de garantizar a los
españoles la justificación de hasta el último céntimo de esos 50.000
millones de pesetas?
¿De quién es hora General Textil España? Porque no solamente está
presentada en los tribunales la denuncia por Patrimonio del Estado, sino
que, como muy bien ha dicho el señor Romero, hay una denuncia presentada
por la Unión General de Trabajadores, hay una denuncia inicial del
sindicato Comisiones Obreras, hay una denuncia de un particular
malagueño, hay un contencioso-administrativo por los antiguos
propietarios de Intelhorce sobre la titularidad de las acciones de
Intelhorce, porque ellos entienden que no es Improasa el dueño de dichas
acciones, hay una denuncia de la Tesorería General de la Seguridad
Social, y las que vendrán. Vamos a dejar que los tribunales decidan en el
futuro las responsabilidades individuales que se derivan de este caso,
pero a estas alturas su papel, el papel del Director General del
Patrimonio del Estado, por la responsabilidad que tiene en las tareas del
Estado, es aclarar en esta Comisión todo lo que ha pasado. Las
responsabilidades individuales ya se determinarán, señor Director.




El señor PRESIDENTE. Concluya, señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Termino ya, señor Presidente.

Hay que darle futuro a Intelhorce, y yo me pregunto --y es la última
pregunta que le hago al señor Director--: ¿cuál es el futuro de
Intelhorce, cuando pende sobre esta compañía, sobre la industria textil
malagueña, la sentencia comunitaria que obliga al Estado a recuperar esos
4.200 millones de pesetas y además el principal acreedor de Intelhorce es
el propio Estado? Estamos al final de un proceso que podrá calificarse de
una monumental chapuza, yo lo califico --los tribunales dirán en su
momento lo que tengan que decir--, de un monumental despilfarro del
dinero de todos los españoles, y desde luego nadie en Málaga ni en España
entera podrá hurtarse a saber y a decir que el resultado de todo esto ha
sido la gravísima incompetencia de un Gobierno que, donde mete la mano, o
alguien se lleva el dinero o destruye lo que toca.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Sanjuán.




El señor SANJUAN DE LA ROCHA: En primer lugar, agradezco, como lo han
hecho todos los anteriores intervinientes, la información que el Director
General del Patrimonio ha ofrecido a esta Comisión sobre cuestiones
diferentes que además tienen orígenes también distintos, aun cuando
aparezca una problemática común, quizá con la excepción de Bodegas
Internacionales, donde la problemática ciertamente puede ser bastante
diferente.

Empezando por Bodegas Internacionales, es una empresa privatizada dentro
de todo el proceso de privatización de las empresas de Rumasa. La
información que ha ofrecido el Director General del Patrimonio, a mi
juicio, es más que suficiente respecto de la forma en que se realiza la
privatización. No cabe hablar de más valor cuando hay auditores de todo
tipo que intervienen en la adjudicación de esta empresa y en las
valoraciones de la misma y determinan cuál es el valor de una empresa que
pierde dinero, y sobre todo yo diría respecto de este caso una cosa que
tendríamos que tener bien presente y que sin duda no se produce en el
supuesto de Intelhorce pero sí en el supuesto de la privatización de
Bodegas Internacionales, y es que se cumplen las condiciones durante el
período de tiempo en que se pueden poner condiciones a la hora de
privatizar una empresa. Transcurrido ese período de tiempo, dentro de una
economía libre, como en la que estamos, no se pueden seguir poniendo
condiciones a aquellas personas que han comprado y no se puede evitar que
esas personas que compraron, transcurridos cuatro o cinco años, que
fueron los que se le pusieron como condición para mantener la empresa y
el empleo, quieran vendérsela quizá a otra persona. Podrá no gustarnos,
pero es el sistema de funcionamiento que establece la economía dentro del
sistema económico que tenemos en España y, en definitiva, en todo el
mundo occidental.

Tema Hytasa. Hytasa es una empresa textil sevillana, que era privada y se
decreta en 1980 que vuelva a entrar en el sector público, lo que no se
produce hasta 1982. Las explicaciones que ha dado el Director General del
Patrimonio, acorde con lo que se le ha pedido, que es que explique cuál
es la situación actual de la empresa Hytasa con relación a las ayudas que
ha venido recibiendo del Patrimonio del Estado, me parece que han sido
dadas con una absoluta exhaustividad. Lo que ocurre es que, por el
conjunto de las intervenciones, yo veo que algunas veces se pide la
responsabilidad de una cosa y de la contraria. Se responsabiliza al
Patrimonio porque no ayuda lo suficiente y se le responsabiliza porque
ayuda demasiado y porque después no se garantizan suficientemente las
ayudas que está dando a empresas que claramente se sabe que son
deficitarias, al tiempo que se le exige que siga prestando ayudas y se le
recrimina que lo esté haciendo sin conocer que la Comunidad Económica
Europea impide las subvenciones en estos momentos a empresas privadas por
parte de la Administración



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del Estado. Esto es un poco todo el quid de la cuestión y todo lo que se
visualiza en el conjunto de las intervenciones que yo, tanto al señor
Alcaraz de una parte como al señor Izquierdo, les he oído hacer respecto
de las ayudas que se reciben del Estado y respecto de las
responsabilidades que tiene la Dirección General del Patrimonio dando
ayudas a empresas sin conocer --y es ley en España-- que la Comunidad
Económica Europea imposibilita dar esas ayudas.

Dicho esto, entro en el tema de Intelhorce, que me parece que es, de
alguna manera, la razón fundamental de la petición de comparecencia del
Director General del Patrimonio. Ciertamente, el Director General del
Patrimonio ha hecho de notario de una relación de errores y de horrores,
ha hecho la relación y la historia turbulenta de una sociedad que desde
el primer momento, a mi juicio, es una sociedad inviable. Es la impresión
que tiene este Diputado, que viene haciendo el seguimiento de la empresa
Intelhorce desde 1968 ó 1969, que ha estado ayudando a los trabajadores
de Intelhorce a permanecer en Intelhorce, interviniendo continuamente en
las sucesivas crisis que se han ido produciendo en esta empresa, fruto de
su inviabilidad. Se señala, efectivamente, que desde 1957 a 1972 está en
manos del INI, con pérdidas año tras año; en 1972 se privatiza al Grupo
Castell, y la privatización termina en 1980 con la quiebra del Grupo
Castell.

Yo querría que en el tema de Intelhorce se hiciera muy poca demagogia,
porque estamos hablando de personas, de trabajadores que hay detrás de
esa factoría en una situación realmente angustiosa, y además con una
historia de angustia desde prácticamente la creación de la factoría,
porque todavía hay algunos que siguen desde los primeros años en la
misma. Y la quiebra del Grupo Castell no se produce porque se intente
favorecer al sector textil catalán, nada más lejos de la realidad. La
quiebra del Grupo Castell y la necesidad de que nuevamente entre en el
sector público, en el Patrimonio del Estado, en 1980, significó también
la quiebra del Banco de Madrid. De tal manera que pongamos las cosas en
su contexto real. Era una empresa que no supo gestionar la iniciativa
privada desde 1972 a 1980 y que llevó incluso a quiebras de grupos
industriales poderosos y fuertes en ese momento. En 1980 nuevamente pasa
al sector público, y las pérdidas desde entonces en el sector público han
sido tan cuantiosas como eran en el sector privado, señor Izquierdo, no
más cuantiosas; a lo mejor, a veces, hasta menos. Se inicia nuevamente
todo un estudio, un proceso para ver si se puede poner en valor o en
rentabilidad la factoría de Intelhorce. Yo diría que lleva un año en que
es necesario privatizar Intelhorce, sencillamente porque la Comunidad
Económica Europea va a imposibilitar que desde la Administración del
Estado se sigan dando fondos a Intelhorce, y se inicia el proceso de
privatización nuevamente de la factoría de Intelhorce, hoy General Textil
Española. Es verdad que hay que decirle una cosa a Patrimonio: no parece
que fuera precisamente un acierto la elección de Benorbe y Benservice en
la privatización realizada; un acierto desde luego no fue. Podrá decir el
Director General del Patrimonio --en cuanto que era el representante
también en el momento en que se realizó-- que no había más empresas que
éstas y que, al final, sólo quedó esta empresa. No es cierto, como ha
dicho el señor Izquierdo, que la Comunidad Económica Europea criticara la
adjudicación a estas empresas. La Comunidad Económica Europea en su
sentencia dice que la empresa fue adjudicada al mejor postor. Bien es
verdad que dice que se han puesto, a la hora de realizar la
privatización, determinadas condiciones por el Reino de España a las
personas o a las entidades que han comprado que no deberían haberse
puesto. Bien es verdad que, para poder realizar la privatización, la
Dirección General del Patrimonio tuvo nuevamente, una vez más, que sanear
la empresa, una empresa que siempre ha dado pérdidas; y no se hable de
que tenía un capital de 21.000 millones de pesetas y que se vende por
2.000. No hagamos demagogia. No es verdad. Se amplía el capital hasta
21.000 millones de pesetas para poder conjugar las pérdidas; tiene un
capital social de 21.000 millones de pesetas precisamente para poder
evitar las pérdidas que tiene esta sociedad. Su capital es prácticamente
cero, es una empresa con pérdidas continuas, y nadie compra empresas
normalmente --salvo sinvergüenzas como los de Benservice y Benorbe
quizás-- con pérdidas.

Nos encontramos con una situación y, desde luego, con unos empresarios
que, a mi juicio, no lo son ni lo fueron en su momento, en la que
nuevamente, producto de una proposición no de ley, el Patrimonio del
Estado, a través de Improasa, tiene que hacerse cargo en 1992 de la
empresa.

Yo aplaudo la decisión del Patrimonio, que no hace más que cumplir un
mandato de este Parlamento de hacerse cargo nuevamente de la gestión de
Intelhorce, y aplaudo que, desde luego, hayan puesto las denuncias y las
querellas penales y que hayan suministrado toda la documentación de sus
auditorías al juzgado para que éste pueda investigar la gestión,
absolutamente negativa y nefasta, realizada por Benservice y Benorbe y
por su gestores en Intelhorce; es más, pediría al Director General del
Patrimonio que, a través de la Abogacía del Estado, se personaran en el
juzgado. No basta con denunciar, persónense también en el sumario para
exigir las responsabilidades hasta el final a estas personas que, desde
luego, han defraudado la confianza de todos.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Sanjuán.




El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Termino con unas reflexiones de futuro. El
Director General del Patrimonio nos ha hablado de que una consultora, la
Werner, ha hecho uno, dos, tres, cuatro, no sé cuántos informes, y que en
todos ellos se demuestra la falta de viabilidad de la empresa. Hay un
problema industrial en Málaga, pero, sobre todo, la aceptación de estos
informes Werner y el quedarnos ahí provoca un importante problema social
en Málaga e incluso un problema psicológico. Es decir, la sociedad de
Málaga está acostumbrada a ver Intelhorce, sabe que Intelhorce nace con
un determinado sentido, que es la empresa textil de Málaga, aun cuando
ahora haya otras que tienen mayor número de trabajadores que la propia
Intelhorce. Pero, ¿cómo vamos a resolver el problema social de los



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760 trabajadores? ¿Indemnizándolos una vez más? ¿Dándoles bajas
incentivadas? ¿Gastándose la Dirección General del Patrimonio 7.000,
8.000, 9.000 millones de pesetas para liquidar la empresa? ¿O podemos
buscar soluciones más imaginativas, soluciones nuevas? Algo de esto ha
apuntado el Director General del Patrimonio, algo de esto quieren y
pueden ustedes hacer conjuntamente con la Junta de Andalucía, pueden y
deben ustedes hacer con los sindicatos. Intelhorce, como es hoy y como ha
sido durante todos estos años, nunca ha sido viable, y yo se lo vengo
diciendo a los sindicatos; a veces ganándome sus iras, desde hace mucho
tiempo, que la empresa como estaba no era viable, que era necesario darle
una estructura interna diferente de la que tenía, que no existen empresas
en el mundo como Intelhorce, con tejeduría, con hilaturas, con acabados,
con confección, con mezclas, no existe eso ya en el mundo, no hay
posibilidades ni tiene viabilidad económica ni rentabilidad ninguna. Por
consiguiente, pidan informes sobre si es posible que se cree en
Intelhorce, en sus 200.000 metros cuadrados, en las naves industriales
que existen, una empresa dedicada a acabados con su personal; si es
posible una empresa dedicada a hilaturas. Pidan informes a Werner para
eso. Si es posible para tejeduría otra empresa; si es posible para
confección otra empresa. Recoloquen, a través del readiestramiento, a los
trabajadores. Gástense el dinero en eso. Instrumentalicen y utilicen
también los terrenos importantes que tiene Intelhorce para, a lo mejor,
propiciar la realización o el establecimiento de nuevas empresas en esos
terrenos, ayudando a esas empresas nuevas y, sobre todo, propiciando que
recoloquen a trabajadores de Intelhorce que salgan del sector textil
hacia otros sectores quizás con más viabilidad y más futuro. Esto es lo
que yo solicitaría del Director General del Patrimonio que se hiciera en
el caso de Intelhorce, y que ayudáramos todos, los parlamentarios, las
centrales sindicales, los partidos políticos, la sociedad en general de
Málaga, desde luego la Junta de Andalucía y la Administración del Estado,
a través del Patrimonio, que tiene la responsabilidad, a olvidar la
historia de Intelhorce para empezar historias nuevas, que me parece que
serían mucho más beneficiosas, mucho más útiles y mucho menos frustrantes
para los trabajadores y para la sociedad de Málaga.




El señor PRESIDENTE: Por alusiones y muy brevemente, tiene la palabra el
señor Izquierdo.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Muy brevemente, señor Presidente.

Señor Sanjuán, usted ha intentado hacer los deberes o los ha hecho, y se
ha leído el debate parlamentario que yo tuve con el Ministro de Economía
y Hacienda, el 2 de noviembre, sobre Intelhorce. El Ministro decía que en
algunos de los considerandos de la sentencia comunitaria se establecía
que había sido vendida al mejor postor. No, señor Sanjuán, porque el
Ministro no tiene por qué estar bien informado siempre ni tiene por qué
tener razón. Hay que leer la sentencia, la cual yo me he leído después. Y
la sentencia no dice eso; la Comisión Europea y el Tribunal de Luxemburgo
no dicen eso. Lo dice el Gobierno de España en su recurso. Y todos los
puntos, uno por uno, alegados por el Gobierno de España en su recurso
fueron rechazados por la Comisión Europea. Por tanto, nunca establece la
Comisión Europea que Intelhorce fue vendida al mejor postor. Lo dice el
Gobierno, y eso fue rechazado, como otras muchas cosas, por la Comisión
Europea.

Termino, señor Presidente, Habla usted de demagogia --y he sido aludido
dos veces--. Yo le diré...




El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, la demagogia no ha sido referida
concretamente a nadie. Por ese tema no le puedo dar la palabra por
alusiones; por el anterior, sí.




El señor IZQUIERDO JUAREZ: Bien. Hablaba de las pérdidas de Intelhorce y
de que había sido el proceso correcto de adjudicación.

Yo le voy a decir una cosa, señor Sanjuán, a ver si a usted le parece
demagogia. Hytasa fue vendida, como se ha dicho aquí, a dos empresas. En
el capital mayoritario de una de las empresas a las que fue vendida
Hytasa participaba el ex-Consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía y
miembro del Partido Socialista y un ex-Consejero de Industria de la
propia Junta de Andalucía. ¿Eso le parece al señor Sanjuán demagogia? (El
señor Alcaraz Masats pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Señor
Alcaraz, ¿a efecto de qué pide la palabra?



El señor ALCARAZ MASATS: Por alusiones, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: No ha sido aludido, señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor Presidente: cuando ha dicho que yo
pido dinero para Hytasa y después digo que da demasiado dinero.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, no ha oído en ningún momento esta
Presidencia citar a su señoría.




El señor ALCARAZ MASATS: Pues yo le digo que sí, con mi nombre concreto,
no como otras veces se equivoca el Presidente; con mi nombre real.




El señor PRESIDENTE: En caso de duda, le concedo la palabra durante un
minuto.




El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señor Presidente, porque es
verdad que así ha ocurrido.

A lo largo de la historia de Hytasa, desde 1982 a esta parte de la
historia parlamentaria, fundamentalmente, ha habido una gran lucha por
mantener a Hytasa en el sector público y para que haya ayuda del sector
público para la economía productiva de Hytasa y el mantenimiento de los
puestos de trabajo.

Nosotros hemos pedido ese dinero, que ahora no estamos pidiendo. No se
nos puede decir que pedimos el dinero



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y, después, no pidamos cuentas del control público con respecto a los
objetivos de ese dinero, que es lo que nos planteaba el señor Sanjuán.

Ese dinero se ha empleado fatalmente, y no sólo teniendo en cuenta las
privatizaciones que se han hecho, que hemos criticado paso a paso, sino
teniendo en cuenta que, incluso ahora, de cara --se dice, y se dice
demagógicamente-- a preservar el futuro de la empresa, se pide incluso la
condonación, el perdón de esos 5.000 millones de pesetas que ha prestado
Patrimonio del Estado. Eso es lo que estamos criticando, señor Sanjuán.

Hemos luchado por el mantenimiento de Hytasa en el sector público y por
la buena gestión de Hytasa. Ninguna de las dos cosas se ha conseguido
realmente. Y cuando Improasa adquiere de nuevo una gran parte de las
acciones, es cuando Hytasa está en un proceso de eutanasia, que parece
que se intenta culminar en estos momentos o se intenta presionar, a
partir de esta posibilidad, con una quita del 100 por cien de esa deuda
de 10.000 millones de pesetas. Intento que el señor Director General del
Patrimonio me aclare si es así o no.




El señor PRESIDENTE: Por último, para cerrar este turno cruzado de
portavoces parlamentarios, tiene la palabra el señor Sanjuán.




El señor SANJUAN DE LA ROCHA: Señor Presidente, con mucha brevedad.

Respecto del señor Alcaraz y en cuanto a lo que dice ahora, estoy
absolutamente de acuerdo con él; es decir, si hay ayudas públicas,
naturalmente, tienen que tener su control. Desde ese punto de vista, no
hay nada que se oponga a lo que yo he dicho con referencia a lo que dice
S. S. en este momento.

Con relación al señor Izquierdo, tengo que decirle que no he tenido la
satisfacción de leer su intervención. Lo único que ocurre es que yo sí me
he leído la sentencia; y como me he leído la sentencia y la tengo aquí, a
mano, le voy a leer ese párrafo del considerando número 28. En el sexto
considerando de la parte cuarta de la decisión 92/317, y en el sexto
considerando de la parte quinta de la decisión 92/321, la Comisión
precisa, respecto a las condiciones de venta de las empresas Hytasa e
Intelhorce, que «la empresa fue adjudicada al mejor postor». «Sin
embargo, este hecho no basta para garantizar que no exista ningún
elemento de ayuda estatal en la venta de la empresa...», punto 2. Punto
3, «para llegar a esta conclusión, debe probarse que la venta tuvo
lugar...» Es decir, lo que yo le he dicho es exactamente lo que dice la
sentencia respecto de las decisiones acordadas por la Comisión Europea,
no respecto de lo que dice el Gobierno español. Porque, después, en el
apartado 29, dice: «Dado que el Reino de España no ha negado esta última
afirmación, procede desestimar su alegación a este respecto», que es la
alegación de que era necesario dar las ayudas para poder vender la
empresa.

Como verá usted, señor Izquierdo, yo no tengo que leerme sus
intervenciones, porque acostumbro a leerme los papeles, y me los he leído
directamente.




El señor PRESIDENTE: Para terminar esta comparecencia, tiene la palabra
el señor Director General del Patrimonio.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): Tratando de resumir todas las intervenciones que se han hecho, me
es difícil poder dar contestación a todas globalmente.

Quiero hacer una reconsideración de carácter general a SS. SS. respecto
de lo que implica un proceso de privatización. Con la poca experiencia
que tengo hasta este momento, distinguiría dos aspectos fundamentales,
que son: empresas a privatizar, que podríamos llamar la joya de la
Corona, en cuyo caso no hay problema, ya que cotizan en Bolsa, el mercado
responde a ellas, los demandantes o los distintos oferentes, según se
mire, las ambicionan; y la problemática totalmente distinta que desde la
perspectiva del sector público entraña tener que hacer frente a
privatización de empresas que, todas ellas --las tres que estamos
analizando--, tienen la misma connotación: son empresas que están
inmersas en un tren de pérdidas. Patrimonialmente, en un momento dado,
una empresa puede valer lo que valga, pero el precio que se pueda pagar
por ella está en relación con las expectativas que hay que obtener
rentabilidad y beneficios. En este sentido, cuando hablamos de precio de
las empresas y de decisiones a tomar en un momento dado para una
privatización, en todas ellas estamos analizando no un precio de venta,
sino, previamente, lo que exige el futuro comprador para que se saneen
esas empresas y se haga un esfuerzo financiero previo, de ampliaciones de
capital o de saneamientos de pasivo, para, después, ir a la fórmula de
ver, en esa situación, qué precio se paga por ella.

Concretamente les tengo que decir que, en el caso de Intelhorce, la
oferta de Gossypium pedía, en vez de los 5.869 millones de pesetas de
saneamiento previo por ampliación de capital del Estado, 10.141 millones
de pesetas, no mantenía la plantilla y no hacía aportación de ampliación
de capital de ningún tipo. En este escenario, la foto fija de la toma de
una decisión de privatización a efectos de los responsables que tienen
que tomarla, no puede estar condicionada por el futuro que haya podido
producirse respecto de la adjudicación. Hay que separar bien el momento
de la toma de la decisión, con todas las garantías que hasta ese momento
se podrían tener en mano del que tiene que tomar la decisión, del de la
mala gestión o, todavía peor, la gestión desleal que hayan podido llevar
a cabo después aquellos que han resultado adjudicatarios de la empresa.

Yo no estaba en ese momento en la responsabilidad que tengo actualmente,
pero estoy viviendo el momento de ver qué salida encontramos para
Intelhorce respecto al futuro, y estoy viviendo el drama y la pesadumbre
de ver en qué medida todos los elementos que pueden condicionar una
solución óptima, no pueden, a su vez, el día de mañana, verse
condicionados por entender que el Estado ha regalado unas instalaciones
industriales para que se mantenga actividad, que, de alguna manera, ha
favorecido un proceso a gente que, después, no ha dado la talla
suficiente



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como para poder dar respuesta a lo que todos nos planteamos con auténtica
sensibilidad: encontrar una solución viable y de futuro. Porque cuando
pretendemos voluntarismo, como en el caso de Intelhorce, a lo largo de 38
años de conocer perfectamente que esa empresa no era viable y que por
presiones lógicas y razonables, por solucionar problemas importantes
hemos tenido que seguir manteniendo una situación en el sector público,
en el sector privado y demás, es por lo que estos aspectos hay que
ponderarlos en toda su dimensión para saber contrabalancear los aspectos
positivos y negativos que decisiones como éstas llevan consigo.

En la posición que nosotros nos encontrábamos en esta última fase era
claro que teníamos que acudir a una consultoría especializada en el
sector textil, por los elementos ya de por sí totalmente negativos que en
ese momento se planteaban en Intelhorce respecto de su situación
patrimonial, de su situación de la cuenta de resultados, de la posible
sentencia y condena, como así ha sido, de la Comunidad Económica Europea.

Y había otra pata, y es que siempre se nos podría achacar que no íbamos a
ser unos buenos gestores industriales en el sector textil. Tendríamos que
tener el refrendo de alguien que nos dijera que esa sociedad u otra que
la pudiera sustituir tuviera una viabilidad.

Los distintos ensayos y documentos de Werner International tienen como
fundamento el poder colegir, al final, que sea lo que sea lo que se haga
en la actual estructura de General Textil de España, esa empresa no es
industrialmente viable, y, por tanto, estamos en lo que yo les comentaba
a SS. SS., que cualquier proyecto de futuro tiene que partir de unas
premisas totalmente distintas a las actuales. Empeñarnos en seguir
manteniendo esta concentración de acabado, tejeduría, hilatura y demás,
como ya nos han dicho, no es factible, y cualquier inversor que admita
incluso el proyecto Werner en sus condiciones actuales, está abocado a lo
que el mismo Werner le dice: esta empresa, en estas condiciones, no es
rentable.

¿Cuál ha sido nuestro esfuerzo en ese sentido? Dedicarnos a buscar entre
empresas solventes industriales textiles, sin poner condiciones de ningún
tipo, en principio, asumiendo todo el proceso de reestructuración que
haya que hacer con las limitaciones y con las dificultades que estamos
sufriendo en este momento, para poder encontrar algo que dé salida y
continuidad a la problemática social y laboral, que es la mayor que tiene
la Dirección General de Patrimonio sobre la mesa, enmarcada en la
posibilidad de un nuevo proyecto de la actividad textil en Málaga que
pueda ser abordado por quienes realmente pueden responder a una situación
de este tipo, que deben ser aquellos empresarios textiles que conocen
cuáles son sus productos, su mercado, su posibilidad y la manera en que
se pueden especializar aprovechando las actuales instalaciones
industriales que General Textil de España puede tener.

Respecto a los aspectos que me han planteado desde el punto de vista de
la toma de decisiones, yo sí le digo, señor Izquierdo, que los
compradores sabían que se había iniciado un expediente por parte de la
Comunidad Económica Europea sobre las ayudas prestadas a General Textil
de España. Esto no va en contra de que un expediente iniciado después
llegue a su final en el sentido de decir que las ayudas, a pesar de ser
ayudas de Estado, sean, por sus circunstancias, compatibles con el
artículo 93 del Tratado de la Comunidad Económica Europea. Y en este
sentido sí que le digo que los nuevos empresarios conocían esa espada de
Damocles, y en la propia resolución del Consejo de Ministros en donde se
acuerda la venta a Benorbe y Benservice se dice textualmente que de esta
decisión se dará cuenta a la comisión de la Comunidad Económica Europea.

Estos aspectos han sido conocidos, han sido plasmados, y lo que sí hemos
conocido a posteriori (que usted en este momento hace uso de ello) es que
los fondos que fueron aportados para el saneamiento previo de la
ampliación de capital por exigencias del comprador, después se desviaron
de sus fines auténticos. Pero esto lo hemos conocido una vez que nos
hemos podido meter de nuevo en la gestión de la empresa. Inclusive en el
momento de la privatización, la ampliación de capital que se hace se
somete a determinadas restricciones que desde un punto de vista
jurídico-mercantil podrían ser cuestionadas, porque, de alguna manera, si
una empresa se encuentra con un capital de 5.869 millones de pesetas con
anterioridad a su proceso de venta, indudablemente las disposiciones de
la Dirección General de Patrimonio en el proceso de compra-venta, de
alguna manera están limitando lo que ya es patrimonio de la sociedad y de
los nuevos accionistas. En ese momento nosotros sí que teníamos una
fianza de 100 millones de pesetas de Finanzas y Crédito, que incluso es
anterior a los 5.869 millones de pesetas, y después, justo en el momento
de la privatización, Finanzas y Crédito avala los 2.000 millones de
pesetas a nombre de Benorbe y Benservice, e incluso se dice que se
desembolsa el 25 por ciento de los 2.000 millones de pesetas de
ampliación de capital a los cuales también se comprometía Benorbe y
Benservice. Ahora lo sabemos, usted lo sabe y lo sé yo también, pero,
¿por qué lo sabemos ahora? Porque nos hemos podido meter en la empresa y
conocer que aquellos fondos fueron efectivamente contraavalados con las
disponibilidades financieras producto de la ampliación de capital, pero
hasta entonces no había ningún signo externo que pudiera dejar reconducir
estos hechos.

En general, yo diría --es mi opinión y mi valoración-- que el proceso de
privatización es bueno en cuanto a los elementos de razonabilidad que en
ese momento tenía la Dirección General de Patrimonio a través del informe
que le había hecho Improasa, en el que, en las conclusiones, alude a
Benetton en multitud de expresiones y dice que es la mejor de las ofertas
alcanzadas al compararla con las demás. En el proceso posterior, en la
toma de decisión de esa adjudicación, no me pongo en la esfera de pensar
cómo podríamos haber dicho que no se lo dábamos a Benservice y que fuera
a Hilatura Grossypium, pongo por caso, que ofrecía una peseta por la
compra de la sociedad, perdía una ampliación de capital previa por
importe de 10.141 millones de pesetas y encima reestructuración de
plantilla y ninguna ampliación más de capital.

Yo creo que, en ese escenario y con esas connotaciones, la decisión que
se tomó fue acertada. A toro pasado sabemos lo demás, y por eso lo hemos
puesto en conocimiento del Fiscal General del Estado en denuncia, que ha
sido la



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primera y está dando lugar a todos los hechos que en este momento están
encaminando la vía judicial. Se ha prestado, como no podía ser de otra
manera, toda la colaboración que ha sido requerida por el Juzgado número
11 de Málaga para aquellas aclaraciones que considere pertinentes
respecto de lo que la Dirección General de Patrimonio pueda aportar.

También quiero decirles que es verdad que hemos tenido más de un año y
pico que reelaborar pruebas contables (que todas SS. SS. conocen que son
muy complejas) para poder analizar más de 80.000 movimientos contables y
llevar la documentación suficiente para que se depuren las
responsabilidades hasta donde tengan que llegar, con todas las
consecuencias y con toda la colaboración, porque el Ministerio de
Economía y Hacienda, en ese sentido, es el primer preocupado porque estos
aspectos se lleven a efecto.

Respecto del futuro, ya les dije en qué situación nos hallamos, en tratar
de encontrar y compatibilizar el elemento de la problemática social y
laboral con la problemática, desde un planteamiento distinto, de en qué
medida se puede regenerar el tejido industrial textil en Málaga; todo
ello con la colaboración de la Consejería de Industria de la Junta de
Andalucía, que es un elemento fundamental para no pensar que la ineptitud
puede estar sólo de parte de la Dirección General del Patrimonio, y no
pensar en la mala voluntad, que sería ir contra toda lógica, de que
pudiéramos torpedear cualquier proyecto. Tenemos que estar abiertos a
cualquier proyecto. Está claro que la mayor responsabilidad del tema
Intelhorce la tiene la Dirección General de Patrimonio y, en este sentido
tengo que agradecer la colaboración que tanto la Junta de Andalucía como
el propio Comité de Empresa y los trabajadores están prestando. Pero
tenemos que encontrar una solución que no sea voluntarista, que sea
realista, viable, creíble y que tenga proyección de futuro, porque, si
no, el día de mañana estaremos aquí otra vez, y en este caso achacando ya
a la persona que les habla la irracionalidad de haber tenido que tomar
una decisión que «a priori» se sabía que no iba a comportar una
proyección de futuro con carácter auténticamente realista y viable.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Director General.




El señor DIRECTOR GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO (Vázquez de Parga y
Pardo): Para concluir, tengo que hacer referencia obligada a los temas de
Hytasa y Bodegas Internacionales.

Sobre el asunto de Hytasa quiero hacerles ver lo siguiente. En este
momento, en la composición accionarial Patrimonio del Estado tiene un 30
por ciento, por tanto, es accionista minoritario, e Integusa es el
accionista mayoritario, con el sesenta y tantos por ciento, y luego hay
una pequeña cantidad de autocartera. Ese 30 por ciento, como les expliqué
a SS. SS., fue para solventar una situación de dificultades por las que
estaba atravesando Hytasa, y se compró a un precio superior al valor
teórico, precisamente para tratar, desde el punto de vista financiero y
funcional, de aportar fondos a Hytasa.

Los préstamos de dinero público que han fluido a la empresa han estado
encaminados, fundamentalmente, a tratar de hacer viable aquel proyecto
del que les hablé de junio de 1993. Pero el Estado era accionista
minoritario y, al mismo tiempo, se le pedían unas cantidades de dinero
público para ayuda a través de pagarés hipotecarios. En primer lugar, los
pagarés hipotecarios se han puesto a precio de mercado, para que no se
hable de ayudas; se ha puesto un dinero público ahí, pero a precio de
mercado, de coste de ese pasivo que asume Hytasa. En segundo lugar, para
que ese pasivo fuera aplicado a la finalidad que se destinaba, ha sido
vigilado, en todo momento, por los consejeros que Improasa, como
partícipe en ese 30 por ciento, tiene en la compañía.

Respecto a si se ha producido ampliación de capital, señor Alcaraz, se ha
producido parcialmente, pero hay desembolsos de dividendos pasivos
pendientes. En este momento la Junta de Andalucía está tratando de
encontrar una solución en colaboración y en negociación con quien tiene
la gestión y la mayoría del capital, que es Integusa. Estos son los que
están tratando de encontrar soluciones a una situación que,
indudablemente, es problemática y, desde esta perspectiva, la posición
del Patrimonio de Estado, desde su consideración de accionista
minoritario, será analizar en qué medida ese proyecto es viable, tiene
sentido, puede tener el respaldo de los trabajadores y puede tener, si
los costes están repartidos entre todos, un cierto sentido el proceder,
una vez más, a echar una mano a la situación de Hytasa.

Respecto del tema de Bodegas Internacionales, lo único que le puedo decir
es lo que le dije anteriormente, y es que a una empresa que se la
privatiza no se la puede estar condicionando al futuro «sine die». Se
fija un plazo de cuatro años donde el Estado se preserva las garantías
que entiende que son necesarias para que el nuevo comprador cumpla con
una serie de requisitos. Una vez que ha transcurrido, y ya con creces, el
plazo de los cuatro años, habrá que pedir responsabilidades a quien
corresponda en el terreno que sea. Pero si ya se ha desprendido de sus
acciones, si se ha visto que las auditorías se han presentado, que el
dinero se ha pagado y que las acciones se han mantenido, el hecho de la
fusión posterior, que es lo único que conozco, con Federico Paternina y
las actuaciones que en aras de la libertad un empresario puede hacer, si
son legales, dentro de su autonomía de voluntad, es algo que escapa a la
responsabilidad de la Dirección del Patrimonio, que demasiado tiene con
lo que tiene para que vayamos a extrapolar el tema hasta el infinito.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADISTICA (INE) PARA INFORMAR SOBRE LA FIABILIDAD DE LOS DATOS DE LA
ENCUESTA DE POBLACION ACTIVA (EPA) A NIVEL NACIONAL Y EN RELACION CON LA
ENCUESTA DE FUERZAS DE TRABAJO DE LA UNION EUROPEA (EU). A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001274.)



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El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del orden del día vamos a dar
paso a la comparecencia del señor Presidente del INE.

A pesar del retraso, me van a permitir SS. SS. que suspenda la Comisión
durante cinco minutos.




Se reanuda la sesión.




El señor PRESIDENTE: Al señor Presidente del Instituto Nacional de
Estadística le quiero pedir disculpas por el retraso que llevamos, en
relación a la hora que había sido citado, dada la complejidad del tema
anterior y la extensión de las intervenciones.

La comparecencia del señor Presidente del INE ha sido solicitada por el
Grupo Parlamentario Popular para informar acerca de la fiabilidad de los
datos de la encuesta de población activa.

Para formular brevemente los términos de la petición de comparecencia,
tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muchas gracias al señor Presidente del
Instituto Nacional de Estadística por estar presente en esta
comparecencia. Procuraré ser breve, como pide el Presidente de la
Comisión.

Nuestro Grupo solicitó esta comparecencia hace un par de meses, a raíz
del cuestionamiento público de los datos obtenidos por la encuesta de
población activa elaborada por el Instituto Nacional de Estadística.

Desde fuentes gubernamentales se cuestionó la fiabilidad de la encuesta;
tanto se cuestionó que el propio Instituto Nacional de Estadística
elaboró una nota de prensa donde realzó su independencia y donde
manifestaba la necesidad de no injerencia del Gobierno en la obligada
independencia de una oficina central de estadística. Injerencia --como
decía la nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística-- que no
tendría precedentes en países democráticos. También en esta nota de
prensa, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, el propio
Instituto decía que era imposible cambiar dicha encuesta --la encuesta de
población activa-- que obedecía, en su contenido, a un reglamento de la
Unión Europea vinculante para todos los países miembros. Esas son las
palabras textuales de la nota.

En esta primera intervención lo que voy a hacer es ir solicitando algunas
aclaraciones sobre la metodología, homologación de los datos, capacidad
de comparación con otro tipo de registros administrativos, etcétera.

Nos pareció conveniente pedir la comparecencia del señor Presidente del
Instituto Nacional de Estadística, porque es éste el mejor lugar para
racionalizar el debate de las estadísticas. Unas buenas estadísticas son
el único camino para diseñar el futuro. No se puede orientar ese futuro
sin conocer el presente, y las estadísticas bien elaboradas, repito, son
las que nos dan un conocimiento exhaustivo del presente. No pueden ser
usadas --como nosotros entendemos que se hizo en aquellos momentos-- como
números abstractos, manejables según lo necesita el discurso político.

Yo entiendo que la explicación del cuestionamiento que en esos momentos
se produjo iba más allá de la fiabilidad técnica de la elaboración de la
encuesta de población activa, y respondía más a una necesidad que tenía
el Gobierno de llevar a la opinión pública un mensaje en que el empleo
mejoraba a consecuencia de la reforma del mercado laboral, y con
crecimientos del producto interior bruto un poco menores. Se había
crecido un dos por ciento, se había reformado el mercado de trabajo
--insuficientemente, por cierto-- y, sin embargo, no disminuía el
desempleo. Y como eso no gustaba --entendemos nosotros-- se manejaron
datos de las retenciones, datos del paro registrado en las oficinas del
Inem, datos de adscripción a la Seguridad Social o datos de la
contabilidad nacional, como se hizo en algún artículo. Y todo ello, a
nuestro juicio, para enmascarar un problema, el dramático problema del
paro, con el que no se puede jugar. Detrás de cada parado hay un drama
humano y no se puede jugar con las cifras. Por eso creímos que era bueno
solicitar esta comparecencia, que era bueno que usted viniera y nos
explicara las deficiencias que tiene la EPA y algunos otros aspectos que
ahora iré señalando.

Para empezar , le quiero preguntar si entiende usted que la EPA es la
única manera correcta de medir el desempleo; si es la única que está
homologada internacionalmente; si es cierto --como nosotros pensamos--
que está elaborada con los criterios emanados de la decimotercera
conferencia de estadísticos del trabajo; si, efectivamente, los datos de
la EPA son los únicos sobre empleo o paro que nos reconoce la Unión
Europea, y después me referiré a ello. Nosotros entendemos que en la
forma de medir el paro hay unas irracionalidades importantes, como
señalar tasas, tomando, por un lado, datos de la EPA sobre población
activa y, por otro lado, datos de registros administrativos, como es el
paro registrado en las oficinas del Inem. De hecho, en 1994, la EPA nació
como consecuencia de la no fiabilidad de los registros administrativos.

Un escrito muy bueno escrito por Florentina Alvarez decía que la
insuficiente información estadística procedente de registros
administrativos fue una de las causas que aconsejaron la implantación de
una encuesta de actividad.

Nosotros entendemos que el paro medido por la EPA es incluso menor que el
paro entendido sociológicamente. La EPA no sólo hace una pregunta --y
luego usted nos ilustrará más sobre el particular--, sino que a lo largo
del cuestionario, con muchas preguntas, la EPA lo que va es a medir si en
la semana de referencia una persona ha trabajado una hora, por lo cual ha
tenido una remuneración. Y se entiende que una persona que ha trabajado
una hora, con una remuneración, puede, a la vez, tener sensación de estar
en una situación de paro, sociológicamente hablando.

Otra de las cuestiones que quiero que nos aclare es que nosotros creemos
que la EPA, a lo largo de su historia, no ha tenido modificación alguna
que haga pensar que el número de parados se puede haber movido, en un
cierto momento, hacia arriba o hacia abajo. De hecho, si algo hay que
pensar es en las modificaciones que a lo largo de los años ha tenido la
EPA. Primero, en 1980, se elevó la tasa de población activa de los 14 a
los 16 años, y, por tanto, tendría que haber habido una disminución del
paro. Después, en 1987, la metodología de la EPA cierra aún más el



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concepto de parado, porque hasta ese año 1987 sí se recogía algún otro
tipo de parados, como personas que tenían un trabajo a tiempo parcial
pero que estaban buscando otro empleo, ésos se consideraban parados, pero
desde 1987 ya no es así, desde 1987 se mide una sola hora de trabajo con
remuneración en la semana de referencia.

También nos gustaría que nos explicara si son comparativos los datos de
la EPA con los datos de otros registros administrativos. En primer lugar,
los datos de las oficinas del Inem, el paro registrado. Nosotros
entendemos que no. Al comparar lo que se entiende por paro en la EPA y lo
que se entiende por paro en las oficinas del Inem vemos que es distinto.

Las cláusulas tercera y cuarta de exclusión de paro que estipula el Inem
eliminan trabajadores que demandan un empleo de características
especiales o trabajadores agrarios beneficiados con el subsidio agrícola.

Además, nosotros entendemos que lo del paro registrado no es una buena
medida, porque depende también de las posibilidades que esas oficinas
tienen de proporcionar empleo. Si los ciudadanos creyeran que estando
inscritos en las oficinas del Inem iban a tener un trabajo asegurado,
probablemente el paro registrado aumentaría mucho más.

Otra consideración sobre la que quiero que usted me dé su opinión es la
de las retenciones, ya que eso es lo que produjo el revuelo en aquel
entonces por las manifestaciones del señor Martínez Robles. Ya sé que el
INE se manifestó diciendo que las rotaciones hacían difícil medir ambas
cifras, incluso don José Aranda, Director General de Estadísticas de
Población y Hogares, en la polémica que mantuvo con Miguel Boyer, decía
que en cuanto al 27 por ciento de personas cuyos ingresos están sometidos
a retención con rentas muy inferiores al salario mínimo este efecto de
las rotaciones en un mismo puesto de trabajo puede ser importantísimo.

Entendemos que no son comparables, pero nos gustaría saber su opinión. En
las retenciones no sólo está el efecto de rotación, sino que también hay
autónomos apuntados, hay personas cuyos ingresos están siendo sometidos a
retención y no que no están trabajando efectivamente.

También me gustaría que nos diera su opinión sobre la comparación de los
datos de activos con los inscritos en los registros de la Seguridad
Social. Personalmente entiendo que el registro de la Seguridad Social no
es fiable. No hace más de un año la propia Seguridad Social ni siquiera
tenía el NIF de los afiliados --ellos funcionan con el número de
afiliación-- y era imposible sacar un listado válido, aparte de que la
Seguridad Social, como usted conocerá muy bien --y quiero también que me
dé su opinión-- tiene problemas, de autónomos que no trabajan, de número
de inscritos cuyo patrono es el Inem, etcétera. Bien es verdad que de
aquí hoy saldrá que lo importante en las series estadísticas es la
evolución, no tanto los números absolutos, pero es básico plantearnos si
creemos en las variaciones, que es otra de las preguntas que le quería
hacer.

Yo he hecho un pequeño cuadro sobre las tendencias del paro registrado y
de la encuesta de población activa. Hasta julio de 1991 las dos eran
prácticamente equivalentes, incluso en febrero de 1988 el paro registrado
fue superior al paro encuestado. Es a partir de julio de 1991 cuando se
dispara el paro encuestado y se mantiene el paro registrado. Yo no
encuentro explicación alguna a eso. También me gustaría que usted me
diera su opinión.

También querría saber la opinión que le merece la polémica, que a buen
seguro conocerá, entre el señor Boyer y don José Aranda, porque ahí hay
datos que son importantes.




El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte, le ruego vaya concluyendo.

Este primer turno es básicamente para fijar los términos de la petición
de comparecencia. No es que el Presidente tenga manía con los tiempos, no
es ningún maniático de nada; simplemente es que los artículos 202 y 203
del Reglamento fijan que las comparecencias comienzan habitualmente, como
en el resto de las Comisiones, con la intervención del señor
compareciente. En esta Comisión, desde hace tiempo, se utiliza
graciablemente un turno para fijar los términos de la comparecencia, que,
como S. S. recordará, son los que están escritos en la petición de la
misma. No aproveche usted que el Pisuerga pasa por Valladolid para que el
señor Quevedo hable de lo divino y de lo humano.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: No lo pretendía, señor Presidente, ni
mucho menos.




El señor PRESIDENTE: Se lo digo cariñosamente, porque sabe que nos
conocemos y sabe que es el criterio habitual de esta Comisión, a pesar de
que el Presidente hoy no se encuentre en sus debidas condiciones físicas
como consecuencia de un resfriado. Lo digo para que quede constancia en
acta y no de otras cosas. (Risas.)



El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: No se preocupe, señor Presidente, yo iba
concluyendo ya, pero sí creía importante fijar lo que nosotros nos
estamos cuestionando con esta comparecencia.

Por último --y con esto acabo-- nos gustaría que nos hablara un poco no
sólo de qué entiende usted por parado sino también por población activa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Presidente del Instituto
Nacional de Estadística, señor Quevedo.




El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) (Quevedo
Quevedo): Señorías, quiero manifestar con mis primeras palabras que me
congratulo de encontrarme en esta Comisión para responder a las
comparecencias y explicar uno de los trabajos que tanto la legislación
estadística española como la comunitaria le ha encargado al INE en
relación con el mercado de trabajo y para estudiar variables tan
importantes como el empleo, el paro y las condiciones socioeconómicas en
que se desenvuelven las personas y las familias españolas en relación con
la actividad económica. Sin embargo, ante la intervención del señor
Martínez-Pujalte, quiero salir ya al paso de una afirmación que ha
indicado al principio de su intervención, y es que desde fuentes
gubernamentales



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ha habido alguna presión --ha dicho exactamente--, se ha cuestionado la
fiabilidad de la EPA.

Como responsable del Instituto Nacional de Estadística y en principio
como máximo representante del sistema estadístico español, tengo que
declarar en el ámbito de esta Comisión que yo no he recibido ningún
mandato en esta línea o con esta orientación sino todo lo contrario. Yo
dependo del Ministro de Economía y Hacienda y en relación a este tema
concreto y en general para todas las estadísticas del sistema, al cual le
corresponde fundamentalmente la elaboración y su valoración estadística,
el mandato recibido es que si era necesario aplicar más recursos, tanto
humanos como financiero-económicos, que se aplicaran para garantizar la
fiabilidad de los datos que se le facilitan a la sociedad española --no
sólo al Gobierno--, y por tanto a todos los agentes económicos, y que en
el más breve plazo posible se subsanaran las limitaciones que pudiera
haber por falta de recursos. Yo puedo decir --y a lo largo de mi
intervención trataré de incidir en esta idea-- que siempre es un objetivo
del Instituto Nacional de Estadística y en general de los servicios
estadísticos que dependan de la Administración general del Estado, en
cualquier país, de acuerdo evidentemente con los recursos disponibles,
perfeccionar permanente y constantemente los trabajos estadísticos que se
están realizando, porque cualquier estadística tiene siempre sus
limitaciones. Partamos de este principio. Las estadísticas que se
facilitan, todas, tienen sus limitaciones en función del proceso
metodológico en el cual están enmarcadas. En este sentido, yo plantearía
una queja a todos los agentes socioeconómicos, porque, a veces, en la
utilización de estadísticas, no tienen en cuenta la metodología con la
que luego se dan los resultados, se quedan sólo con los resultados y los
desligan de esa metodología. Por eso me alegro de que S. S. me haya
pedido que hable también de la metodología, porque ésta condiciona luego
los resultados. Este es uno de los problemas ante el que a veces el INE
tiene que saltar, y, en efecto, cuando bien desde áreas gubernamentales o
desde cualquier otra área de la sociedad española se ha hecho una
interpretación de los trabajos que ha realizado el INE o cualquier otro
servicio estadístico del Estado, el INE ha tratado no de entrar en
controversia sino de avisar a los agentes socioeconómicos de que quizás
se está haciendo una mala interpretación, una mala utilización de la
información disponible en la medida en que no se ha tenido en cuenta esa
metodología y el proceso para llegar a esos resultados.

Hecha esta observación general, yo voy a pretender en mi intervención,
que tampoco quiero que sea muy larga, contestar a todos los
planteamientos que usted ha realizado, y en todo caso luego en el debate,
si hay algo que yo me haya dejado, estoy a su disposición, como
naturalmente lo estoy a partir de hoy, igual que anteriormente, para que
usted o los colaboradores que quieran sepan que en el Instituto Nacional
de Estadística estamos abiertos a cualquier demanda de información en
cualquier sentido. Desgraciadamente mis comparecencias aquí son escasas,
pero en las intervenciones que hago en relación con las estadísticas
españolas y con el sistema estadístico español, más bien de lo que me
quejo en estos momentos es de que en el sistema estadístico español,
donde evidentemente tenemos lagunas de información, sin embargo las
estadísticas disponibles se están usando poquísimo en nuestro país, en
todos los ámbitos, en la ciencia, en la investigación, en la sociología o
en la economía. Yo les podría dar datos puntuales sobre lo poco que se
usan y lo poco que se demandan las publicaciones y los trabajos, que
cuestan mucho al país, porque como ustedes saben la estadística es muy
cara. Este es un problema que me produce una gran preocupación en estos
momentos. Me preocupa más la poca utilización que se está haciendo de las
estadísticas españolas disponibles que las posibles lagunas que existen
en el sistema. Y esta afirmación la hago con toda la responsabilidad.

Entrando en las cuestiones de fondo que ha planteado S. S. puedo decirle
que, como saben los miembros de esta Comisión, la encuesta de población
activa consiste en una investigación por muestreo que realiza el
Instituto Nacional de Estadística desde el año 1964. Por lo tanto,
tenemos una gran experiencia no sólo en la elaboración de estas
estadísticas, sino también en el posible análisis crítico y las
limitaciones de los resultados de dicha encuesta. Esta encuesta se
realiza, además, en el marco de la estadística mundial, yo diría que al
máximo nivel. La EPA española está en el ámbito de la EPA análoga del
sistema estadístico americano y del sistema estadístico canadiense. En el
mundo de la estadística internacional se considera que estas tres
encuestas de población para estudiar el mercado de trabajo con las
mejores, desde el punto de vista estrictamente estadístico --después
hablaremos de los posibles problemas de sus resultados--, en cuanto a su
planteamiento como un proyecto estadístico de los mejores del mundo de la
estadística.

Partiendo de esta base, ustedes saben también que esta encuesta se
realiza por entrevista personal aproximadamente a unos 60.000 hogares
españoles, dentro de un marco de muestra real de unos 64.000, pero
verdaderamente llegamos a unos 60.000 hogares a lo largo de la serie
histórica. El cuestionario y la metodología, como ha dicho S. S., ha
sufrido una serie de cambios, a veces sustanciales, con respecto a
algunas de las variables que van anejas a las grandes variables del
mercado de trabajo, pero esta encuesta siempre ha estado en el ámbito de
las definiciones que han establecido las normas internacionales y
especialmente la Organización Internacional del Trabajo. Les recuerdo que
estas normas han sido aprobadas en las distintas conferencias por los
representantes españoles, tanto gubernamentales como agentes sociales que
se encuentran en esa conferencia. La última disposición sobre esta
encuesta data del año 1982. El INE inmediatamente se adaptó a esta nueva
disposición de actualización en su momento. La siguiente transformación
se realizó con motivo de la entrada de España en la Comunidad Europea en
el año 1986. La última data de 1992, con motivo de la aplicación de un
reglamento sobre la encuesta que en la Unión Europea se denomina encuesta
de fuerza de trabajo --en la terminología española es la EPA-- y que
nosotros hemos integrado en nuestra EPA, porque la encuesta española es
más ambiciosa, más amplia que la encuesta de fuerza de



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trabajo comunitaria, que sólo nos exige que la hagamos una vez al año, en
el segundo trimestre, de tal forma que el cuestionario de esa encuesta
comunitaria nosotros lo integramos en el cuestionario de la encuesta EPA.

Después le explicaré cómo facilitamos los datos.

En este sentido --ciñéndome al tema central de esta comparecencia que me
han demandado--, ¿cuál es la fiabilidad de la EPA? Resumiendo mucho la
cuestión les diré que hay dos factores esenciales que condicionan esa
posible falta de fiabilidad y son los siguientes: el diseño muestral de
la encuesta y los trabajos de campo, es decir, el control y la
supervisión de la recogida de la información. Creo que ahí están los dos
elementos clave para analizar --simplificando mucho el tema-- esta
cuestión sobre la fiabilidad. El diseño muestral de la encuesta --la
mayoría de ustedes lo saben-- es un muestreo bietápico, estratificado,
por el que, en definitiva, primero se hace una selección de las viviendas
que ocupan las familias y a continuación, una vez que se ha elegido esas
viviendas, se entrevista a todas y cada una de las personas que
constituyen ese hogar o familia. Normalmente no se entrevista
personalmente a todos y cada uno de los miembros de la familia, sino que
un elemento de la familia facilita la información sobre los restantes
miembros, y este aspecto también en algunos momentos ha tenido críticas
--desde el punto de vista metodológico-- por si esto pudiera afectar a
los resultados de la encuesta. Yo puedo adelantarles ya que en todos los
trabajos y estudios que hemos hecho en España, así como en otros países
que realizan esta encuesta con nosotros, no hemos detectado problemas
importantes que afectaran a los resultados porque un miembro de la
familia dé información sobre el resto de la familia.

El segundo factor que he mencionado se refiere a los trabajos de campo,
el control y la supervisión del trabajo en la recogida de datos. La
entrevista personal la realizan encuestadores del INE que previamente han
sido entrenados y cuyo trabajo, a su vez, es supervisado por inspectores
de entrevistas, de tal forma que disponemos de un inspector por cada
agente encuestador. Este es un coeficiente de los más altos en todos los
trabajos relacionados con encuestas de este tipo en la estadística
internacional. A su vez, todo ese equipo a nivel de una provincia, está
inspeccionado full time por un estadístico técnico diplomado, también
especializado en esta encuesta. Desde el punto de vista del capital
humano, de los recursos humanos que destinamos a esa fase de la recogida
de la información, que es importantísima y que condiciona luego los
resultados de la encuesta y el tratamiento de esta información, no puedo
quejarme de los recursos que tenemos asignados a esa encuesta, porque
están dentro de los factores y de los coeficientes normales de los
mejores países que elaboran esta encuesta.

Además de este control existe lo que nosotros llamamos el control de
calidad, que consiste en que a los quince días un equipo de encuestadores
superespecializados, que parten de los servicios centrales --no están
comprometidos en el área de la provincia--, va y repite un determinado
porcentaje de esas entrevistas, concretamente a unos 2.500 hogares, para
comprobar la calidad y veracidad de la información recibida.

Trimestralmente publicamos en dos títulos, principales resultados y
resultados detallados, toda esta actuación, los resultados de esa
encuesta, y anualmente se realiza una publicación titulada «La evaluación
de calidad de los datos de la encuesta EPA», en la que se recogen, hasta
a nivel de provincia, los errores de cobertura, los errores de contenido
y los errores de muestreo. Estos últimos errores nos permiten construir
intervalos de confianza que luego nos facilitan el cálculo de estimadores
de las distintas variables --las más importantes-- para garantizar esa
fiabilidad y calidad de la encuesta. Me excuso por facilitar estos datos
de carácter técnico, que voy ya a obviar ya que están en las
publicaciones del Instituto.

Otro de los elementos que quiero hacerles llegar a SS. SS. es la
transparencia con la que trabajamos en esta encuesta, el importante
número de publicaciones sobre todos los aspectos de la encuesta. En
cuanto al aspecto metodológico, desde el inicio de la encuesta, hay unas
seis o siete publicaciones, explicando toda la metodología, las
incidencias anuales de los problemas que se plantean en el momento de la
recogida de la información. Me gustaría que otros trabajos estadísticos
del Instituto facilitaran esta cantidad de información al usuario en
todos los aspectos. A su vez no sólo facilitamos el uso de la
información, sino que también propiciamos que se nos haga la crítica, al
tiempo que señalamos las limitaciones que existen en esa información que
facilitamos al usuario para que éste pueda hacer un buen uso de la misma.

En este sentido yo tengo que volverme a quejar del poco uso, de la poca
lectura que se hace toda esta metodología, y, sin embargo, de las
críticas, las consecuencias y los análisis que se hacen de los
resultados, separando los resultados que se dan de las limitaciones
metodológicas que están señaladas en estas publicaciones.

Naturalmente, respecto a los resultados, saben que tenemos establecido un
calendario trimestral, que se da por intervalos, un día preciso del año
en que se da la información del trimestre que ha pasado, normalmente con
un mes y medio de desfase con respecto al trimestre de referencia. En
este sentido, esta política que llevamos no sólo para la EPA sino en
general para estadísticas coyunturales va en la línea de reforzar la
independencia e incrementar si es posible la credibilidad de los agentes
socioeconómicos en las estadísticas oficiales que se le ofrecen, porque
en el mes de enero nos comprometemos en cerca de veinte estadísticas
coyunturales a decir qué día del mes se publican esos indicadores
económicos, lo que es un gran reto para la institución que presido y que
sólo dos o tres países en el mundo internacional de la estadística
realizan. Varios países lo hacen con un mes, con dos, con tres, y
respecto a determinadas estadísticas, pero sólo el sistema americano, el
canadiense y el español asumen este compromiso global, de momento --creo
conocer bien el mundo de la estadística internacional por los muchos años
que llevo en él--, asumen este reto tan tremendo e importante. Yo puedo
garantizar que algunas de nuestras estadísticas cuestan, implican, uno o
dos días antes, un tremendo esfuerzo personal de los funcionarios del
INE, que se vuelcan, a veces trabajando en jornadas especiales de noche,
porque a veces falla



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todo el proceso de elaboración del dato, por respetar la fecha del
calendario, fecha que llevamos respetando ya siete, ocho o nueve años, al
cien por cien, con alguna excepción, es decir, al 99 por ciento, si
ustedes quieren.




El señor PRESIDENTE: Señor Quevedo, le rogaría que se atuviera un poco a
la cuestión, dados los problemas que tenemos de tiempo, ya que todavía
falta por comparecer, a lo largo de esta sesión, el Director General de
Seguros, y se refiera fundamentalmente no al funcionamiento global del
Instituto Nacional de Estadística, que estamos encantados de escucharle,
sino al tema en cuestión que es la encuesta de población activa.




El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (INE) (Quevedo
Quevedo): Me excuso, señor Presidente, pero es una oportunidad única y
quiero aprovecharla.

Respecto a la EPA éstas son las circunstancias.

Respecto a la encuesta de fuerza de trabajo, también en relación con las
medidas europeas, evidentemente, la encuesta de fuerza de trabajo se hace
de acuerdo con el reglamento. Ya he dicho que esta encuesta se integra
dentro de la EPA; el cuestionario es único, ya que sólo hay pequeñas
diferencias, y los resultados que se llevan a través de la encuesta de
fuerza de trabajo, y sólo en el segundo trimestre del año, son
coincidentes, salvo pequeñas diferencias que no llegan a dos o tres mil
personas en unos y otros resultados. Sí he de decir que las definiciones
que también respeta la encuesta de fuerza de trabajo son las mismas de
OTI. En este sentido, no hay ningún problema. Yo tengo aquí una serie de
resultados, pero, debido a la premura de tiempo, no quisiera marearles
con cifras, y prefiero centrarme en la parte conceptual y metodológica;
ya volveríamos luego sobre ello.

Dicho esto, ¿cómo contrastar, fuera ya de la metodología propia de estas
encuestas, su fiabilidad? Un método inmediato, lo ha apuntado S. S., es
contrastar con otras fuentes de información disponibles en el sistema
estadístico español, que además son abundantísimas; es decir, hay
muchísimas otras fuentes de información que dan datos, no completos, es
decir, los datos completos los da la EPA para el conjunto del mercado de
trabajo, pero aspectos importantes del mercado de trabajo se dan en otras
muchísimas fuentes de información, afortunadamente. Por otro lado, aquí
se plantea el problema de las disparidades que hay entre los resultados
de esas fuentes de información con los resultados de la EPA, en las
variables que son comparables, o se pueden buscar mecanismos de ajuste
para hacerlas comparables. Aquí se plantean problemas interpretación y
problemas metodológicos en cuanto a hacerlas comparables.

Evidentemente, partiendo de la EPA como elemento de referencia, en la
EPA, como ustedes saben, el número de ocupados --nos referimos a la
variable ocupación-- es el resultado medio en el trimestre; por lo tanto
tendríamos que comparar con otras fuentes de información que nos dieran
información «trimestralizada», difícil comparación, con lo cual tenemos
que pasar a sistemas «anualizados», o a sistemas «mensualizados», que
plantea también problemas de ajuste --anticipo que salvables--, muchos de
ellos solamente por esta cuestión. Por otro lado, hay que ver muy bien la
definición de la EPA y cuáles son las definiciones de esas variables en
las otras fuentes de información para tratar de hacerlas homogéneas. En
este sentido, recuerdo que en la EPA no se utiliza, no se incluye, sí se
excluye, las familias que se encuentran en viviendas colectivas, aunque
podríamos decir que eso sería residual.

De otra parte, en la EPA se registra un puesto de trabajo una sola vez;
es decir, si ese puesto de trabajo se ocupa a lo largo del año varias
veces, cosa que ocurre en otras fuentes de información, es otro problema
que hay que ajustar. Por ejemplo, rápidamente, si un puesto de trabajo es
desempeñado a lo largo del año o a lo largo del trimestre una vez al mes
por distintas personas, otra fuente de información contaría tres veces
ese puesto de trabajo. La EPA lo cuenta una sola vez, y así podríamos
poner muchos ejemplos de la necesidad de ese ajuste.

Brevísimamente, haré comparación de la EPA con la última --empezaré al
revés, por la más actual-- explotación estadística, que se ha hecho para
un solo año --importantísimo, una explotación estadística, no es una
estadística, no es una encuesta-- de las declaraciones anuales de la
Administración tributaria y sólo para el año 1992, que es lo que se ha
puesto más de relieve últimamente en los medios de comunicación. Aquí hay
un problema de base, ya que no se puede calcular en esa explotación cuál
es el empleo medio anual, pero haciendo las salvedades y los ajustes
necesarios, se puede llegar a una cierta aproximación. Insisto en esta
idea de la aproximación; una cosa es la aproximación y otra es la
comparación homogénea de unas estadísticas o de unas variables de las
distintas fuentes estadísticas.

Naturalmente, esta explotación tiene, como otras muchas fuentes a las que
me voy a referir a continuación, el problema de ser un registro y de los
cambios legislativos, cuando se establezca una serie, que afectan a los
registros, saltando los problemas, en el caso de esta declaración
tributaria, del fraude tributario, de falseamiento de la información en
esa fuente de información, la falta de respuesta, etcétera. Es decir, hay
una serie de cuestiones en las que hay que ajustar esos resultados para
hacerlas homogéneas con los datos de la EPA. A pesar de todo, han salido
unos resultados, y se ha tratado de comparar esta explotación estadística
--insisto, sólo para el año 1992-- con los resultados de la EPA, para
decir que la ocupación en la EPA está subestimada desde el punto de vista
de esta comparación. Yo, que admito ya de entrada que hay una
subestimación en la EPA, pero porque la propia EPA permite, a través del
análisis estadístico propio de la encuesta, que haya una subestimación,
lo que no puedo admitir son las cifras, los resultados, las
cuantificaciones que se han dado, sobre todo las consecuencias de que si
hay --salgo al paso de esta idea que se ha extendido mucho en los medios
de comunicación-- una subestimación en la ocupación, automáticamente
disminuyamos, hay una sobreestimación en el paro, mantengamos el total de
población activa; hemos ajustado la ocupación, hemos ajustado el paro, y
todos en este país



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felices, todos, al menos los que hacen este tipo de reflexión. Esto no
es, no digo científico, es que no resiste el más mínimo planteamiento
técnico absolutamente de nadie que esté relacionado con el mercado de
trabajo, en absoluto. No hay nadie. Sin embargo, en los medios de
comunicación, especialmente en uno, se han vertido este tipo de
interpretaciones, y el Instituto Nacional de Estadística tuvo que salir
al paso --yo lo digo así-- de la barbaridad técnica que supone hacer este
tipo de razonamientos. En ese medio de comunicación se dijo que había
1.500.000 ocupados que faltaban en la EPA y que sobraban parados que
están en la EPA. Salgo al paso de esta barbaridad estadística, por darle
algún nombre.




El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señor Quevedo.




El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, INE (Quevedo
Quevedo): Respecto a la estadística de la afiliación a la Seguridad
Social, no insisto en el tema, hay problemas análogos, aunque distintos.

En efecto, la Seguridad Social es otro registro, hay que ajustar los
problemas de ese registro para poder comparar los resultados finales de
la Seguridad Social con la EPA. Aquí el grado de diferencia es muy
inferior, respecto a la EPA.

Con relación al paro registrado, que quizás es el elemento clave en estas
comparaciones, creo que se ha escrito tanto que no puedo añadir nada
nuevo a lo que ya se ha dicho en los medios de comunicación, en todos los
documentos técnicos y en las propias publicaciones del INE. Unicamente
voy a hacer un flas muy sencillo: Las últimas cifras de los demandantes
de empleo que llegan al paro registrado --mes más o menos-- son del orden
de 4.500.000. Yo me voy a fijar sólo en este dato para hacer llegar a SS.

SS. la reflexión: 4.500.000 demandantes de empleo inscritos en el paro
registrado. Las últimas cifras de paro que se dan, un mes con otro, son
del orden de 2.600.000. Las últimas cifras de paro que da la EPA son de
3.600.000 ó 3.700.000. Esto da un diferencia entre paro registrado y paro
EPA de 1.100.000. ¿Cómo explicar esta diferencia?
Hay una explicación inmediata en función de la definición o la
conceptualización de la variable paro. La variable paro, en la EPA, de
acuerdo con todas las organizaciones estadísticas, las organizaciones
internacionales y la OIT, tiene tres condicionantes: el señor que no
trabaja, el señor que busca empleo y el señor que está disponible para
trabajar inmediatamente. Con estos datos, nosotros sacamos 3.700.000, y
salgo al paso --porque no me va a dar tiempo a más-- diciendo que en la
serie histórica, que prácticamente no ha cambiado, se mantiene desde el
año 1964 un orden de magnitud según las circunstancias de la economía
española, con unos porcentajes de relación de este par con la población
activa que van variando de forma aceptable.

¿Por qué esta diferencia? Voy a decirle ya de entrada que podemos
justificar inmediatamente una diferencia de 700.000 a 800.000 de ese
1.100.000. Estudiantes: el paro registrado elimina a los estudiantes que
reúnen las condiciones de paro, la EPA los incluye; ahí tienen ustedes
cerca de 400.000 personas más. Jubilados y pensionistas: en la EPA
nosotros registramos alrededor de 80.000, y el paro registrado los
elimina porque no los considera en su definición. Todo el personal de
Seguridad Social de los servicios agrarios supone una magnitud del orden
de 300.000 que el paro registrado no los considera parados y la
definición de OIT-EPA sí. Ahí tienen ustedes alrededor de 750.000/800.000
personas, con lo cual la diferencia ya queda acotada a 300.000 ó 350.000
entre el paro registrado y el paro EPA, solamente por estos tres
colectivos. Si hacemos el ajuste más refinado, lo que incluye el paro
registrado y lo que incluye y no incluye la EPA, yo les aseguro que
serían unos órdenes de magnitud asumibles estadísticamente, sin duda
alguna, en cualquier país.

No me entretengo más con el tema del paro registrado, únicamente decirle,
sin embargo, que si nosotros comparamos --y me refiero a lo que decía S.

S. de la evolución-- la evolución de las demandas de empleo inscrito con
el paro registrado, es exactamente la misma en estas dos series
históricas, y últimamente se han alargado --estoy de acuerdo con usted--,
en estos últimos años, desde 1991. ¿Es que la encuesta, las definiciones,
los procedimientos de la encuesta, han variado? Yo diría que no, todo lo
contrario, se han perfeccionado los instrumentos para registrar esta
variable en la EPA. ¿Cuál es la explicación entonces? La explicación que
yo le puedo dar a vuelapluma, por el factor tiempo, en forma telegráfica,
es la siguiente:
La explosión de la entrada en el mercado de trabajo de la mujer, desde
hace diez o quince años para acá. Yo diría que ése es el primer factor
que está explicando la situación y que se registra totalmente en la EPA,
no llegando sin embargo, por una serie de condicionantes, al paro
registrado. El segundo factor es la generación nacida en los años
setenta, que ha dado unas cohortes que ahora empiezan a disminuir y que
han incidido en estos últimos años en la estadística de población. En
tercer lugar, el freno de la emigración española; y, en cuarto lugar, los
retornos, que también, afortunadamente, empiezan ahora a reducirse. Esto
explica las altas tasas de paro en España en la serie histórica, que se
consolida.

Para acabar, no me voy a referir a otras fuentes demográficas que son
propias del Instituto. Yo no tengo problemas con el paro registrado, con
los retenedores y con la Seguridad Social, que son fuentes estadísticas
externas al Instituto. El Instituto ha elaborado un censo de población en
el año 1991. Ha elaborado una encuesta sociodemográfica en 1991, una
muestra con 160.000 entrevistas; es decir, unas encuestas de potencia
increíble en el mundo de la estadística; ha elaborado, en el año 1990, y
lo sigue haciendo de forma continua, una encuesta de presupuestos
familiares donde se preguntan datos, en este caso fundamentalmente, sobre
la ocupación. Hay problemas entre estas fuentes estadísticas elaboradas
por el propio instituto, entre la cifra más alta o más baja de ocupación
y de paro, se explican siempre metodológicamente y hacemos ajustes
metodológicos de por qué la ocupación en la EPA es más baja o más alta
que en esta otra fuente de ocupación, y lo mismo con el paro.




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Le puedo decir que el censo de población da menos ocupación, a la misma
fecha, evidentemente, que la EPA y da más paro que la EPA, repito, el
censo de población de 1992, que se ha hecho exhaustivamente. Por primera
vez en este siglo en España se ha hecho una exploración exhaustiva, a
demanda de nuestras Comunidades Autónomas, que necesitaban un gran
detalle de información. Sin embargo, en la encuesta sociodemográfica es
mayor la ocupación y es mayor el paro. ¿Por qué? Por el procedimiento de
obtener los datos y por las definiciones implícitas en esa encuesta
distinta.

Finalmente, otro trabajo, pero ése ya no es una encuesta, y aquí pido
mayor reserva. La contabilidad nacional de España, desde el año 1986,
está publicando, en términos de ocupación, una ocupación en el sistema
estadístico español mayor que la EPA; en estos momentos, para el año
1993, del orden de medio millón más de personas ocupadas en el sistema
económico español que lo que da la EPA. Por tanto, la EPA tiene una
subestimación, si quieren, a través de estos contrastes exteriores, pero
es que en la EPA, por su propia metodología, desde el año 1990 ó 1991,
nosotros somos conscientes de esta subestimación, y por eso la hemos
asumido en términos de la contabilidad nacional y no dentro del sistema
de elaboración de la EPA, porque metodológicamente no podíamos reformarla
hasta que tuviéramos los datos del censo de población de 1991, que los
hemos tenido en esa exploración exhaustiva a finales del año 1994. Por
eso, en el año 1995 vamos estableciendo una serie de mejoras y de
actualizaciones del trabajo de la EPA, que van a ir justamente a tratar
de minimizar esa subestimación de la ocupación, pero que no tiene nada
que ver con las cifras de paro, que se obtienen de otra forma,
directamente; una subestimación de la ocupación no hay que trasladarla a
una sobreestimación del paro, aunque pudiera haber otra sobreestimación
del paro por otras circunstancias.

Para terminar, simplemente quiero decir, señor Presidente, que en estos
momentos las mejoras que se están haciendo de cara al futuro son una
renovación del seccionado de las encuestas apoyada en la información que
nos ha facilitado el censo de población. Estamos actualizando cada
trimestre una sexta parte de las secciones y, además, en el próximo
trimestre iniciamos ya la captura de datos a través de ordenadores
portátiles. Esto no ha sido una improvisación, hicimos un ensayo piloto
en el año 1991, de acuerdo con Eurostat --fue exitoso y podríamos haberlo
hecho inmediatamente-- lo que pasa es que no hemos tenido en este tiempo
los instrumentos adecuados. Es decir, los ordenadores portátiles
existentes en esos momentos en el mercado no nos permitían inmediatamente
introducir esta mejora tecnológica, hasta este año que ya la tecnología
nos ha facilitado los ordenadores portátiles adecuados.

Para acabar, en relación con las acciones que hemos hecho en el mundo
internacional y es otro mensaje que quiero dejar bien claro aquí, somos
conscientes los estadísticos y no en el caso sólo de España, sino en
general en nuestras reuniones en la Unión Europea y, últimamente, hace
una semana, en la Comisión de Estadística de Naciones Unidas, de que
actualmente nuestras definiciones estadísticas, en relación con el
mercado de trabajo, son insuficientes. No están satisfaciendo la
necesidad de información, una adecuación a lo que ha cambiado el mercado
de trabajo en todos los países. Nosotros lo hemos detectado más en el
caso de España, porque ha sido un problema más acuciante por la alta tasa
de paro estructural que hemos tenido históricamente. En la Unión Europea,
a demanda de España, en marzo del año pasado hemos pedido la creación de
un grupo especial para tratar de mejorar y reestructurar las definiciones
estadísticas de todo el mercado de trabajo. Esto lo ha acogido la Unión
Europea, se ha trasladado a la OIT, hemos tenido reuniones, se han
acordado ya unas primeras orientaciones y unas posibles definiciones, y
aunque en octubre de este año en la OIT estaban resistentes a este
planteamiento, no querían cambiar, les hemos forzado a cambiar el
conjunto de los países y se va a tratar de ver si podemos mejorar las
definiciones.

Hay un dato, señores --y con esto sí acabo, de verdad--, de paro
sociológico. El Instituto Nacional de Estadística (y en esta línea
estamos trabajando a nivel internacional para que se acepte este
planteamiento de la EPA española) lleva años trabajando en él y está
tratando de establecer una batería de definiciones en relación con el
hecho sociológico del paro. En efecto, en el mercado español, de
3.700.000 parados, con esa definición del paro podríamos pasar de los 4
millones posiblemente, y lo mismo nos podemos quedar en dos millones.

Esta es la definición. Hay una situación de subjetivismo en las personas
cuando acudimos a ellas para poderlas definir como parados. Les voy a dar
un dato: en el cuestionario no hay ni una palabra que hable de empleo ni
de paro; es decir, a las personas se les pide, con unos criterios
totalmente subjetivos, la información, y es luego el estadístico el que
lo clasifica en ocupado o paro. Por tanto, no es la persona la que va
sesgada diciendo me van a colocar, con los problemas que todos conocemos.

No, señores, el estadístico hace una serie de preguntas objetivas, con
unos criterios que hemos acordado en el mundo internacional de la
estadística, define a un señor si es parado y publica trimestralmente.

Fíjense ustedes que el dato que damos está publicado trimestralmente y no
se hace eco prácticamente ningún medio de comunicación. A mí me extraña
mucho más que incluso hasta los medios gubernamentales y naturalmente los
analistas no resalten muchísimo más este tipo de información que da la
EPA. A los 3.700.000 parados que da la EPA, una vez clasificados como
parados, les hacemos una serie de preguntas a continuación y resulta que
de esos 3.700.000 alrededor del 72 por ciento, que son 2.600.000, si se
le ofrece un trabajo que implique cambio de residencia, dicen que no
quieren el trabajo. Ahí tienen ustedes otra definición de paro
sociológico o como ustedes quieran llamarlo. Si a esos 3.700.000 se les
pregunta si aceptarían un trabajo algo inferior a lo que ellos estiman
que serían sus ingresos normales, resulta que casi el 42 por ciento dicen
que tampoco aceptarían ese trabajo, eso son millón y medio. Tercera
pregunta: preguntamos si aceptarían un empleo de categoría inmediatamente
inferior a la que ellos creen que les corresponde, un 36 por ciento,
1.300.000, nos dice que no aceptan el trabajo. Finalmente, les
preguntamos: y si les ofrecen a ustedes



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un trabajo que implique cambio de oficio, el 28 por ciento dice que
tampoco aceptan el trabajo, que es alrededor de un millón. Además
trimestralmente esto va cambiando de forma que según la situación
económica del país, las exigencias para admitir un trabajo suben o bajan,
cosa importantísima desde el punto de vista de una posible definición del
paro sociológico.

Quiero acabar ya mi intervención. He abusado de la bondad de la
Presidencia y de ustedes, pero naturalmente es una oportunidad única para
el Presidente del INE poder llegar a ustedes con estos temas. Me gustaría
decirles muchas más cosas.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.

También a nosotros nos gustaría escucharle si tuviéramos tiempo
suficiente para oír todas sus profundas intervenciones.

¿Algún grupo parlamentario desea intervenir después de la extensa
intervención del señor Quevedo? (Pausa.)
Ruego administren su tiempo, dado los temas pendientes y lo avanzado de
la hora. En primer lugar, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Seré brevísimo pues ya es muy tarde.

En primer lugar, quiero agradecer la intervención del señor Presidente
del INE, porque creo ha clarificado muchas cuestiones que estaban en
entredicho y ha dejado bien sentado cuál es la posición estadística de
España en el contexto internacional en un tema tan delicado como el
empleo y el paro.

Usted hablaba de lagunas en la encuesta de población activa y decía que
estaban estudiando destinar más recursos a ello. Luego no se ha referido
con extensión a las lagunas; tampoco creo que sea necesario, pero sí me
gustaría preguntarle: ¿usted cree que las lagunas de la EPA modifican la
tendencia que han tenido los datos de la encuesta, o las lagunas de la
EPA hacen dudar de los datos? Al final, hablaba de cuál es la definición
de parado. Podemos hablar de varias definiciones de parado, como el otro
día hubo un político en mi Comunidad que decía: estamos en el 10 por
ciento de paro. Son 400.000 parados de 4 millones de habitantes en la
Comunidad Valenciana, el 10 por ciento. Es sencillísimo modificar los
datos. Con los datos que hay ahora mismo, ¿el 24 por ciento que recoge la
EPA usted lo daría por cierto? ¿Lo daría como homologable con los datos
europeos cuando hablan del diez y pico o el once por ciento de media en
la Comunidad Europea? ¿Podemos estar hablando de esos datos? Estamos
hablando de algo muy importante, incluso se ha hablado de que puede ser
uno de los criterios de convergencia; son todos criterios políticos, pero
se podría hablar de eso.

También se ha hablado de homologar los distintos registros
administrativos, y yo quisiera que usted dejara bien claro que la EPA no
sólo recoge la parte limpia de la economía, sino también toda la economía
sumergida. Es decir, cuando estamos hablando de paro, estamos hablando de
paro realmente. Me alegra mucho oírle decir que son una barbaridad las
conclusiones que se obtuvieron por algunos medios de comunicación y yo no
sé si intencionadamente por algún miembro del Gobierno, creo que no,
cuando sacaron la comparación con los retenidos. Evidentemente me alegra
mucho oírselo, y creo que ha estado muy acertado. Es una barbaridad
hablar sólo de población parada y población ocupada, también hay
inactivos y me parece que en eso ha dejado bien claro la posición exacta
y técnica.

Antes le he preguntado por la población activa, y me refería a esto,
porque nuestra población activa sigue siendo baja respecto a Europa.

Usted ha hablado de la incorporación de la mujer, pero seguimos teniendo
una población activa baja; es decir, al hablar de paro, si se incorpora
más gente al mundo laboral, a lo mejor la tasa aumentaba. Quizá esa no
incorporación al mundo laboral también hace referencia a la situación
económica. Si la situación económica fuera de más optimismo, de mejores
expectativas, se incorporaría más gente y la tasa de paro aumentaría. Es
subjetivo, lo comprendo, pero también por ello me he referido a la
población activa.

Ustedes realizan una encuesta de evaluación. No ha dado ningún dato. Me
gustaría conocer algún dato breve sobre si la evaluación dice que la
encuesta de población activa es buena.

No me quiero alargar más, porque es muy tarde. Sin embargo, quiero acabar
diciendo que dudar de las estadísticas es negar, de algún modo, la
realidad. No se puede ajustar la situación a las necesidades reales; la
situación es la que es, y la situación la reflejan las estadísticas.

Me parece perversa la polémica levantada acerca de si eran fiables o no
fiables los datos. Creo que a raíz de su intervención de hoy, esa
polémica se debería acabar; se debería acabar lo de que cuando no me
gustan los datos, no valen. Los datos son los que son y, a partir de ahí,
es cuando tenemos que trabajar.

Me parece que su intervención de hoy es muy afortunada y con ella se
debería cerrar el debate público sobre los datos de la EPA.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, quiero agradecer al señor
Quevedo su comparecencia, la profesionalidad y la fe con que defiende el
trabajo del Instituto Nacional de Estadística, en el que nosotros
creemos.

Es cierto que los datos de las estadísticas, lógicamente, son para
someterse a distintas interpretaciones políticas. Es un error que se
politicen los métodos de elaboración de cada estadística, que es,
desgraciadamente, a donde hemos llegado al final. Hemos oído a ministros
que pretenden explicarnos que los métodos de elaboración de la EPA o los
métodos de elaboración del IPC, etcétera, no son los correctos. Este,
realmente, es uno de tantos dislates a los que últimamente hemos llegado.

Nosotros, sinceramente, señor Quevedo, valoramos el trabajo que hace la
EPA, siendo conscientes de que es un instrumento estadístico más, junto
con otros; que todos tienen



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que valorarse adecuadamente; que todos tienen sus limitaciones, pero que
todos ellos contribuyen a darnos una imagen lo más aproximada y lo más
real posible de nuestro país. Esto es lo que hace falta y lo que se
necesita.

Desde esta perspectiva, el trabajo del Instituto Nacional de Estadística
a nosotros nos parece muy profesional y, por ello, le ruego transmita
usted la felicitación a todos los funcionarios de su organismo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Noval.




El señor MARTINEZ NOVAL: Muchas gracias, y gracias, señor Quevedo, por su
comparecencia.

Tengo que empezar por decirle que, seguramente, estará de acuerdo conmigo
y en eso tiene usted bastante más experiencia que yo por razón de su
profesión y no sólo del cargo que ocupa en estos momentos, que cuando de
las estadísticas se pretende hacer una interpretación política o se
pretende dar a los resultados de esas estadísticas un sesgo político, sin
ninguna duda hay que observar las manifestaciones que presuntamente se
hacen y con la pretensión de un ropaje científico y riguroso deben ser
escuchadas y analizadas con un profundo escepticismo. Es con el que lo
hago yo en este momento, después de escuchar algunas manifestaciones de
portavoces de grupos parlamentarios y, sobre todo, después de haber
asistido durante muchos años a manifestaciones de responsables políticos,
de portavoces en materia de empleo, de responsables de organizaciones que
integran agentes económicos y sociales, etcétera.

Lo primero que salta a la vista --y creo que, además, es un hecho
incontrovertible-- es que en este mundo de la interpretación política de
los resultados de una estadística relativa al mercado de trabajo no opera
la propiedad simétrica; este mundo, señor Quevedo, es profundamente
asimétrico. Un ejemplo: cuando los datos de paro registrado estuvieron
por encima de los datos de paro de la encuesta de población activa, lo
bueno eran los datos de paro registrado y lo malo eran los datos de la
encuesta de población activa. Eso está en las hemerotecas; yo lo recuerdo
perfectamente y está en las hemerotecas. A la altura del año 1988, lo
malo era la encuesta de población activa y hoy se menosprecian los datos
del paro registrado en beneficio de los datos de la encuesta de población
activa, exclusivamente porque estos últimos dan un resultado que a
algunos les proporciona mejores argumentos para su batalla y para el
debate político.

En segundo lugar, es también asimétrico completamente --y ésa sí es una
cuestión peculiar española-- el modo de entender algunos elementos que
inciden, en nuestro país de modo muy importante, en la evolución mensual
o trimestral de las cifras, cuales son las cuestiones estacionales. Lo
normal es que una persona que en nuestro país siga con atención las
cifras de empleo y desempleo y su evolución escuche que cuando hay una
reducción del paro o un aumento del empleo ello sea debido a factores
estacionales, pero simétricamente no escuche lo mismo cuando hay un
aumento del paro. Por ejemplo, en el mes de noviembre o en el de
diciembre hay una reducción del empleo y no se escucha el mismo argumento
de que esa evolución, ese cambio, esas alteraciones son debidas a
factores estacionales. Eso quizá, señor Quevedo, sea debido a que por
parte de los organismos que en nuestro país publican esas cifras no se ha
consolidado la costumbre de darlas a conocer a la opinión pública
depuradas de factores estacionales.

Sigo las cifras, por ejemplo, del desempleo británico, que, por cierto,
no proceden de un encuesta de población activa, proceden de las oficinas
de la Secretaría de Empleo, y todos los medios de comunicación dan a
conocer la cifra ajustada. Ajustada ¿de qué? De variaciones estacionales.

Del mismo modo, en el caso francés las cifras se dan también a la opinión
pública corregidas de variaciones estacionales. Esa podría ser una vía
para que no se produjera la asimetría a que me refiero en los argumentos
de algunos portavoces o líderes políticos cuando se aproximan al problema
del desempleo.

La asimetría, señor Quevedo, es también en algunos casos hilarante. Yo he
oído decir a un responsable político hace muy pocos días que la reducción
del paro registrado reflejaba una mayor desconfianza de los españoles en
el Instituto Nacional de Empleo y sus posibilidades de intermediar en el
mercado de trabajo. Cuando se produzca un incremento del paro en lugar de
una reducción espero escuchar al mismo responsable político que se ha
producido un aumento de la confianza de los españoles en la capacidad de
intermediación del Inem; pero no lo voy a escuchar, señor Quevedo.

Estamos en ese mundo plenamente asimétrico a que me refería que me lleva
a valorar todas las afirmaciones que sobre esta materia se hacen con
cierto escepticismo.

Por todo lo que aquí se ha comentado no deberíamos rechazar por falta de
rigor y con actitud acrítica lo que estamos observando y a lo que estamos
asistiendo. Hay un problema con el censo del año 1991, problema que
resulta hasta incomprensible, porque el censo da menos ocupación y más
paro que los valores normales de la encuesta, pero a su vez el propio
instituto reconoce que la ocupación de la encuesta está subestimada. La
coherencia de esa realidad es difícilmente alcanzable. De cualquier
manera, creo que usted ha demostrado que el instituto hace esas pruebas
de coherencia con datos que van apareciendo en el censo de retenidos de
la Hacienda Pública, en el de afiliación a la Seguridad Social, incluso
en el de otros medios con criterios distintos, como puede ser la encuesta
de coyuntura laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y me
parece que ofrece plenas garantías que usted, como responsable del
Instituto, nos informe de que en el propio Instituto esas cifras y esos
datos, cuando preocupan en relación con la incoherencia que muestran con
respecto a los de la encuesta de población activa, conducen a la
investigación, al análisis y a las conclusiones que puedan mejorar la
encuesta de población activa.

De todo esto, señor Presidente del INE, me quedo con una conclusión, en
la que usted fue muy firme, y es la de que la encuesta de población
activa subestima la ocupación en nuestro país y la subestima además en
una cifra que se puede situar en el entorno de las 500.000 personas.




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Estoy de acuerdo con usted en que de ahí no se puede concluir alegremente
que eso significa 500.000 parados menos, no estoy en esa posición, pero
sí me quedo con esa afirmación que tiene suma importancia: que la
encuesta de población activa, por razones que sería largo probablemente
para usted relatar, subestima la ocupación en nuestro país. (Los ruidos
debidos a las obras en el edificio impiden oír al orador.)



El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si podemos seguir escuchando las
intervenciones.

Le doy la palabra al señor Quevedo, rogándole también, como
anteriormente... Los ruidos no dependen del Presidente.

Tiene la palabra el señor Quevedo.




El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (Quevedo
Quevedo): Señor Presidente, procuraré ser breve pero sí quiero contestar
a las nuevas preguntas o a las matizaciones que me han hecho. Estoy
encantado de dedicar el tiempo suficiente y, además, tengo explicaciones
para todo lo que me han pedido. (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Estoy convencido, señor Quevedo, que habiendo en
esta Comisión en estos momentos un presidente de la Comisión de Empleo y
un portavoz también en materia de empleo, estarían encantados de tener
una comparecencia monográfica específica sobre la problemática del empleo
en la Comisión de Política Social y Empleo, en la que seguramente le
harán comparecer.




El señor PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA (Quevedo
Quevedo): Procuraré ser breve e iré a lo que yo estime que es más
importante que, a lo mejor, no coincide con sus preguntas o
puntualizaciones.

Señor Martínez-Pujalte, cuando hablaba de las lagunas me refería a las
lagunas en general del sistema estadístico español, pero, evidentemente,
también hay lagunas en la EPA. Por ejemplo, en estos momentos estamos
presionando a los organismos internacionales para que lleguemos a una
definición homogénea, coordinada y consensuada del subempleo. Es un tema
fundamental. En cuanto al paro, vamos a ver si establecemos una batería
de definiciones dentro de ese marco tan general de la definición actual
de OIT. España ofrece estas cuatro o cinco que tiene ya rodadas desde
hace años. Algunos países nos apoyan. Concretamente, puedo informar que
Holanda ya ha establecido en su sistema estadístico nacional una serie de
definiciones al margen de la OIT. En España les puedo decir que yo,
personalmente, no me he atrevido en el ámbito actual de la situación
española a pretender, fuera del ámbito internacional, establecer unas
definiciones estadísticas matizando todo esto. Esperemos que se
tranquilice un poco más el país y nos venga la demanda del exterior. Yo
estaría dispuesto a llegar a un acuerdo con los partidos, con todos los
agentes sociales para establecer una serie de baterías que son medibles
en el mercado de trabajo y que estamos en condiciones de ofrecer a la
sociedad española. En el ámbito internacional estamos en esa línea y a
eso me refería fundamentalmente en cuanto a las lagunas.

Me ha hecho una pregunta muy concreta: si el 24 por ciento que dice la
EPA es la verdad absoluta. Nunca. En estadística no hay verdades
absolutas, son verdades en términos, como usted sabe muy bien, de
probabilidad. En la medida que esa definición responde a esa metodología,
evidentemente la fiabilidad de la EPA es la que es. Hay una publicación
anual --que usted me pedía-- sobre la evaluación de la calidad y ahí
expresamos todos los años cuál es la calidad de los problemas, y hay otra
complementaria donde se ve toda la incidencia del trabajo de campo, y
cualquier analista, cualquier investigador puede él mismo calibrar y
personalizar.

Lo que sí quiero dejar claro es que en la Unión Europea la encuesta de
fuerza de trabajo, nuestra EPA, y sólo para el segundo trimestre del año,
es la cifra que se acepta como la verdadera o la más aproximada a esa
realidad en todos los Estados miembros, y ahora en los tres nuevos que
han entrado. Eso es así. Sin embargo --el señor Martínez Noval seguro que
lo sabe, no sé los demás--, mensualmente hay una cifra de tasa de paro en
la Unión Europea, que se calcula, en contra de todos los Institutos
Nacionales de Estadística de los Estados miembros, con una metodología
que no aceptamos, que no nos parece adecuada en la ortodoxia estadística.

Consiste en, tomando como elemento de referencia ese dato del segundo
trimestre de la encuesta de fuerza de trabajo, ajustar el dato mensual
del paro registrado, con toda la normativa «sui generis» de cada país,
que no coincide en los 15 Estados miembros, con el paro mensual
registrado y relacionarlo con un coeficiente corrector del paro
registrado en los tres meses anteriores y aplicárselo a esa cifra. Como
ven por este esquema, es un sistema alambicado, poco técnico y, desde
luego, no lo aceptamos los Estados miembros, pero la Comunidad lo está
publicando mensualmente y ése es la cifra de paro que utilizan. ¿Qué
quiere decir eso? Que el 23 y pico por ciento que tenemos en estos
momentos se reduce, y España está muy bien situada porque hacemos la
encuesta permanentemente a lo largo del año, por lo que tenemos cuatro,
con lo que estamos más actualizados que, por ejemplo, otros países que
sólo hacen el segundo trimestre y, además, trabajando con datos de hace
dos años. En estos momentos, la Comunidad está trabajando con datos del
año 1992 --es una vergüenza, pero así es--, cuando España está dando los
datos del trimestre anterior con un mes y medio. Hay otros países, como
Alemania, que están dando los datos con un año y medio de retraso a la
Comunidad en la estadística trimestral. Para que vean que muchas veces no
estamos tan mal. En este sentido, ese 23 y pico por ciento la Comunidad
lo reduce por este método --y es la cifra que ellos manejan para hacerla
comparable-- a alrededor de un 22 por ciento, o sea, lo baja un punto y
medio.

Respecto a los miembros del Gobierno, le digo que no. Los miembros del
Gobierno, a título personal, habrán hecho las observaciones que hayan
creído oportunas. A veces los medios de comunicación hacen algunas
interpretaciones



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--y el señor Martínez Noval tiene experiencia de ello-- y a lo mejor no
es exactamente lo dicho. Lo que les puedo decir es que, como Presidente
del INE, no he recibido absolutamente de ningún Ministro, no en esta
estadística, sino en cualquier otra, como en el IPC concretamente, con
motivo de las tarifas telefónicas --no me importa decirlo--,
absolutamente ningún mandato, ninguna demanda porque lo tendría que
trasladar inmediatamente a los órganos estadísticos que serían, no el
Presidente del INE, de acuerdo con la Ley del año 1989 que ustedes han
aprobado, sino que pasarían al Consejo Superior de Estadística y con esa
información, ahí se tomarían las decisiones y el Gobierno, finalmente,
decidiría. Eso no se ha dado. Por lo tanto, las estadísticas se están
haciendo de acuerdo con la metodología que la ortodoxia estadística ha
implantado, introduciendo las mejoras, porque el análisis y la
interpretación no sólo del INE, sino de toda esta fuente de información,
en este caso concreto de la EPA, nos están indicando que hay limitaciones
y que hay cosas que no están marchando bien en la EPA española. Eso es
todo lo que puedo decir respecto a esta situación.

Respecto a que la población activa es baja en España, evidentemente, y
tiene su explicación que, además, es histórica. La población activa quien
la mide es la EPA, no hay otra fuente de información a nivel agregado,
fíjese usted, si la Comunidad hace ese artilugio estadístico, considero
normal que el Ministerio de Trabajo --y lo digo con toda sinceridad--
relacione y acepte la población activa española de la EPA para establecer
una ratio. ¡Ojalá la Unión Europea hiciera esa metodología
infinitivamente superior, ortodoxa y aceptable! No veo ningún problema en
ello. Unicamente, quiero decirle que si es baja, es baja estructuralmente
--históricamente ha sido mucho más baja y afortunadamente las mujeres se
están incorporando-- porque el mercado de trabajo español nos permite
mantener, a pesar de lo baja que es, ese porcentaje. Pero si usted mira
países de economía análoga a la española, verá que están aproximadamente
igual. Sin embargo, si nos referimos sólo en términos del hombre y
dejamos de lado a la mujer, estamos exactamente igual que los países más
avanzados de la Unión Europea, en los mismos porcentajes. El problema que
se nos plantea respecto a esta situación, es que llevamos años tratando
de ver cómo subíamos nuestra población activa por ver, en términos
comparativos, si metodológicamente estamos cometiendo unos errores
brutales en las grandes cifras.

Quiero indicar aquí, aunque sea en treinta segundos, que estamos hablando
de una encuesta --no sé si les valdrá para otras interpretaciones
políticas-- sobre 20.000 familias mensuales, 60.000 familias al
trimestre, y de alguna forma, por algunos medios y algunos analistas se
pone en cuestión las grandes cifras de resultados de esta encuesta. Es
verdad, y lo hemos confirmado, que una de las variables tiene una cierta
subestimación. Y en el resto de las variables que llega hasta los niveles
que usted me pedía --y en esa publicación lo tiene-- sobre cuál es la
sensibilidad o cuáles son los errores de muestreo, a nivel de provincia,
hay cifras de paro que tienen errores del 20 por ciento, lo dice la
encuesta y está publicado. Luego hay que moverse en un margen de 20 más o
20 menos de las cifras que da la EPA como una cifra --digamos-- media. Si
nos elevamos a la ocupación a nivel nacional, el error es bajísimo, no
llega a medio punto. Si nos referimos al paro, según las comunidades y
según las provincias, en Andalucía el error es bajísimo, un dos y pico;
pero si nos vamos a la Rioja, el error sube al 8 --ya que el Presidente
es de allí--. Quiero decir que está en función del territorio, en función
del número de encuestas que se han realizado.

Deseo relacionar esto con que en el ambiente político y en muchos medios
de comunicación --no digo todos los días, pero una vez al mes por lo
menos-- se publican encuestas sobre 800 personas, 1.200 personas, 1.500,
2.000, estableciéndose estados de opinión sobre, yo diría, lo divino y lo
humano, a unos niveles territoriales increíbles y que todo el mundo
acepta como válido y se crea un estado de opinión sobre los resultados de
esas encuestas. Quisiera que las comparen ustedes con la EPA de 20.000
familias.

¿Es que los profesionales --y aquí agradezco de antemano el elogio que
trasladaré-- estamos fuera de este mundo, es que los profesionales
estadísticos oficiales de este país no sabemos nuestra profesión? Y esto
lo haría extensivo a profesionales de todo el mundo a los que se nos
ponen en cuarentena unas encuestas de esta potencia por interpretaciones
políticas.

No quiero entrar en este debate político, pero lo que no podemos es decir
a la opinión pública que en instituciones que trabajan con una
profesionalidad adecuada hay presiones para cambiar de metodología. Puedo
garantizar de mis predecesores en el cargo y de mi período de Presidencia
que no ha habido presiones. En algún período, y estoy hablando de hace
muchos años --tengo ya muchos años en el INE--, sí ha podido haber a lo
mejor alguna intención, pero nunca ha llegado al INE una presión para que
cambie sus metodologías, en el período histórico que yo conozco al menos.

No hablo de mi Presidencia, en la que por supuesto es así. Ahí sí puedo
afirmarlo porque soy el protagonista, pero, incluso en mi vida
profesional, no conozco un caso en el que se haya producido, lo cual no
quiere decir que en el pasado no haya habido intenciones, ésa es otra
historia.

Al señor Peralta, simplemente agradecerle la felicitación, que trasladaré
a los funcionarios. Estoy totalmente de acuerdo (creo que todos estamos
de acuerdo; lo ha dicho también el señor Martínez Noval y el señor
Martínez-Pujalte lo ha dado a entender) en que lo que no se puede es
politizar, y éste sí que es un ruego que haría, aunque entiendo que los
políticos no lo politizan. Otra cosa es que se hagan interpretaciones en
el juego político, que son honestas y válidas --ése es otro problema--, y
en ese sentido el señor Martínez Noval ha hecho una clasificación con la
que estoy totalmente de acuerdo en principio. Si yo estuviera en el otro
lado, a lo mejor haría una intervención distinta de la que estoy
efectuando ahora. Eso está dentro de las reglas del juego.

También estoy de acuerdo con el señor Martínez Noval en que la
interpretación política de los resultados de la EPA entra dentro del
juego político, no hay simetría. En la Comunidad Económica Europea está
ocurriendo lo



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mismo. La semana pasada vine de los Estados Unidos y la jefa de
estadística de USA hizo una intervención dramática en la Comisión de
Estadística porque en estos momentos se está haciendo allí una
politización de la interpretación de las estadísticas americanas. Habrán
leído en los medios de comunicación de hace dos o tres días que el
Director de la Reserva Federal ha puesto en cuarentena el IPC americano.

Fíjense cómo van también por ahí las cosas. Sé que en Inglaterra, en
tiempos de la señora Thatcher, la Oficina de Estadística perdió una gran
credibilidad. Se produjo un cambio totalmente estadístico, ortodoxo, pero
orientado --quizá con una finalidad política o así lo entendió la opinión
pública-- hacia el IPC y las estadísticas industriales inglesas. La
Oficina de Estadística inglesa ha tenido que contratar a un australiano,
como hombre neutral, para dirigir la Oficina durante dos o tres años,
para volver a recuperar en diez o quince años la credibilidad que había
perdido por este tipo de acciones. Por lo tanto, pido mucha prudencia
sobre este tema. Por lo tanto, deseo agradecer la intervención del señor
Martínez Noval por la interpretación que ha hecho sobre este asunto.

Unicamente me queda decirle que, en estos momentos, no sólo en España,
sino en la Unión Europea, uno de los mandatos que tiene el grupo de
trabajo de las estadísticas del mercado de trabajo es tratar de analizar,
coordinar y dar coherencia a las distintas fuentes estadísticas que
existen en los Estados miembros, a fin de que no se produzca este
desconcierto en la opinión pública y en los usuarios, que no sólo ocurre
en España, sino en prácticamente todos los países de la Unión Europea.

También quisiera matizar o rectificar una afirmación que ha hecho en el
sentido de que, tanto en el Reino Unido como en Francia, las estadísticas
están depuradas de factores estacionales mensuales. Es verdad, pero las
estadísticas del paro registrado, no de las EPA. Es decir, las encuestas
de fuerzas de trabajo en esos países se hacen trimestralmente y se sigue
la misma metodología que en España y los resultados se dan totalmente
homogéneos, como los estamos dando en España.

Estamos estudiando eliminar el factor estacional incluso a nivel
trimestral. Es más, en estos momentos --y espero no ser Presidente del
INE entonces-- se está tratando de mensualizar las encuestas de fuerzas
de trabajo en la Comunidad, con gran resistencia de los países que aún no
la tienen trimestralizada, con lo cual la polémica que tenemos en España
cada cuatro meses se trasladaría mensualmente con el paro registrado.

Unicamente me resta --y me despido ya de ustedes-- decirles que estoy
encantado de estar aquí, me gustaría volver a hablar de otros temas no
tan puntuales como los de la EPA, pues creo que es importante que los
políticos conozcan cómo está la información estadística en nuestro país,
los problemas que hay, los que nos van a venir en el futuro impuestos por
la Unión Europea, de una gran trascendencia socio-económica para nuestro
país. Con los recursos disponibles en estos momentos, el sistema
estadístico español está tratando de mejorar todas sus técnicas con la
finalidad de dar una mejor información a nuestro país y que las
decisiones se puedan fundamentar con la mejor información y que sea
comparable con la del resto de los países de la Comunidad.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Quevedo.




--COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS (FERNANDEZ TORAÑO)
PARA INFORMAR DE LAS RAZONES DE LA INTERVENCION SOBRE LA MUTUALIDAD DE LA
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD, S. A. (ENDESA). A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 212/001218.)



El señor PRESIDENTE: Comparece, por último, el señor Director General de
Seguros, a petición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, para informar de las razones de la intervención sobre la
mutualidad de la Empresa Nacional de Electricidad, S. A. (Endesa).

Antes de dar la palabra al señor Peralta quiero pedir disculpas al
Director General de Seguros por el retraso que hemos venido acumulando en
la Comisión, dado que comparece bastante más tarde de la hora en que
había sido citado.

Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Presidente, voy a procurar ser lo
más conciso y rápido posible.

Señor Fernández, gracias por su comparecencia.

A partir del último trimestre del año pasado los medios de comunicación
han venido haciéndose eco reiteradamente de la situación de la mutualidad
del Grupo Endesa y de la actuación de la Dirección General de Seguros en
relación con la misma. Se han producido muchas informaciones sobre este
tema, que le constan a usted perfectamente --además sé que anteriormente
estaba usted en la subdirección de la Inspección y, por tanto, conoce de
cerca esta temática--, pero las noticias que aparecían en los medios de
comunicación, lógicamente, han creado preocupación no sólo en los
trabajadores del Grupo de Empresa sino, en general, en todos aquellos que
nos preocupamos de los temas de protección social, que consideramos que
es un aspecto importantísimo para los trabajadores, que lo han creado los
trabajadores y que la importancia económica que han llegado a tener en
algún momento determinado ha sido una de las razones que ha justificado
la existencia de intervención y control de la Administración, atendiendo
a la finalidad de protección que tiene ese tipo de mecanismos, y nos
llama la atención cuando se está planteando un debate sobre la reforma de
la Seguridad Social escuchar a quienes dicen que los métodos adecuados
son los métodos mutualistas, cuando sin embargo se leen las noticias que
aparecen en los medios de comunicación y se comprueba que los métodos
mutualistas --los métodos



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privados como se ha llegado a decir-- plantean problemas que en ocasiones
pueden tener entidad.

Por ello, señor Fernández, nos parece oportuno saber exactamente cuál es
la intervención que se ha producido. Y digo intervención en sentido no
preciso, porque me consta que no ha habido una intervención como tal sino
la adopción de medidas cautelares. Por tanto, entiéndase que cuando digo
intervención es la actuación de la Dirección General de Seguros en
relación con la mutualidad de trabajadores de Endesa. Nos gustaría saber
cuáles han sido los motivos de esa actuación y si al día de hoy la
situación de esa mutualidad permite transmitir tranquilidad a los
trabajadores, a los afiliados a esa mutualidad, que yo creo que es a lo
que ellos aspiran, para lo que cotizan y lo que todos esperamos de los
mecanismos de protección existentes en un Estado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Director General de
Seguros.




El señor DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS (Fernández Toraño): Procuraré ser
breve.

Como todos ustedes saben, la Dirección General de Seguros tiene
encomendado el control de la actividad de todas las entidades y
sociedades que tienen que ver con el seguro --léase compañías
aseguradoras, entidades de previsión social o fondos y planes de
pensiones-- en la vertiente de la previsión social o de la cobertura de
riesgos sobre la vida humana.

En este contexto, la Dirección General de Seguros, a partir de la Ley
33/84, se hizo cargo del control de las entidades de previsión social que
hasta ese momento dependían, en cuanto a este control precisamente, del
Ministerio de Trabajo. Entre estas entidades estaba y está la Mutualidad
de Empleados y Trabajadores de Endesa --Empresa Nacional de
Electricidad--, cuya misión fundamental es dar cobertura a determinado
tipo de prestaciones relacionadas con la vida humana, sea jubilación,
orfandad, viudedad, defunción, etcétera.

Dentro de los métodos que tiene la Dirección General de Seguros para
controlar la actuación de las entidades está el control a través de la
información estadística que trimestralmente tienen que remitir las
entidades. Y dentro de estos controles, uno de los que se hacía preciso
verificar «in situ» fue precisamente el de la Mutualidad de Previsión
Social de Endesa, de la que íbamos conociendo la marcha de su actividad
precisamente por dos vías: una, porque en 1989 se había aprobado un plan
de viabilidad y otra porque, efectivamente, la entidad nos remitía
trimestralmente --con cierto retraso, pero lo hacía-- la documentación
que se requiere por las normas que desarrollan la Ley y el Reglamento de
Ordenación de los Seguros Privados.

En este orden de cosas, se programó una visita de inspección a la entidad
--la primera visita se inició el 14 de febrero de 1994-- y, tras una
serie de vicisitudes, fue cerrada, como actuación de la inspección, ante
la imposibilidad de obtener datos fiables por parte de la mutualidad para
poder verificar su situación y la fiabilidad de los datos que se estaban
presentando. Esto dio lugar a una resolución de 21 de junio de 1994, en
donde se establecía que no había resultado posible determinar la
situación patrimonial ni comprobar el grado de cumplimiento del plan de
viabilidad aprobado en febrero de 1989, y dada la situación de la
entidad, se decidió abrir expediente de medidas cautelares precisamente
para controlar lo mejor posible tanto la salud patrimonial de la entidad
como su gestión. En este expediente de medidas cautelares se adoptó la
prohibición de disponer de la totalidad de bienes inmuebles, valores
mobiliarios, cuentas corrientes y otros activos financieros de propiedad
de la sociedad, así como que, sin autorización previa, se hiciesen
inversiones o pagos distintos de los estrictamente ordinarios o se
adoptasen acuerdos que supusiesen la asunción de nuevas deudas.

Estas dos medidas tienen por finalidad, por una parte, evitar que la
entidad siguiese realizando cualquier tipo de disposición de bienes que,
de acuerdo con la Ley de Ordenación de Seguros Privados, una vez que se
ven afectos por medidas cautelares, en el supuesto de liquidación de una
entidad, determinarían que esos bienes quedarían afectos primordial y
fundamentalmente a la cobertura de los derechos de los asegurados por
razón de póliza o por razón de contrato, es decir, garantizar que esos
bienes iban en primer lugar a los asegurados y no a terceros
--proveedores, por ejemplo--, y en segundo lugar, garantizar que para
cualquier pago distinto del estrictamente ordinario, por razón de
nóminas, por razón de pago a los pensionistas, no se realizase algún tipo
de inversión que propiciase un empeoramiento de la situación patrimonial
de la sociedad.

En este orden de cosas, y una vez transcurrido un cierto lapsus de
tiempo, a los dos meses de terminar las actuaciones se inician en abril
nuevas actuaciones de inspección una vez que por la entidad se han
cerrado determinados balances de situación al cierre del ejercicio 1993.

Esto da lugar al acta de 1 de julio de 1994, en donde fundamentalmente, y
por referirme muy rápidamente a los puntos importantes, se hace
referencia a la estructura administrativa de la sociedad, a la
presentación o el cierre de cifras y de cuentas anuales, al plan de
viabilidad aprobado el 17 de febrero de 1989 al que ya me he referido y,
finalmente, a los programas de inversión fuera de España como
consecuencia de las provisiones técnicas de la entidad.

En cuanto a la estructura administrativa, se constata por parte de la
inspección que la entidad carece de una mínima estructura para gestionar
activos por valor de 53.000 millones de pesetas. De hecho, estas
carencias ya se habían puesto de manifiesto en algún informe de
auditoría, pero la inspección lo verifica «in situ».

Respecto de las cuentas anuales de la sociedad, la inspección trabajó
sobre balances cerrados por la entidad que sucesivamente se iban
presentando en el curso de la inspección, hasta el punto de que en un
primer momento, en mayo, se presentó un primer balance; más adelante se
presentó un segundo balance y, finalmente, se presentó, en curso de
alegaciones, un tercer balance que tampoco ha coincidido con el último
que se ha aprobado en la Asamblea de 29 de noviembre de 1994.




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En cuanto a la inversión de las provisiones técnicas, se constató por
parte de la inspección que un volumen importante de bienes de la entidad
no cumplían los requisitos de aptitud de cobertura de las provisiones
técnicas, de acuerdo con lo que establece el Reglamento de 1985 aplicable
a las entidades de previsión social.

Si nos centramos en el que quizás es el punto más importante de la
actuación de la inspección, que es el plan de viabilidad aprobado el 17
de febrero de 1989, estaba previsto que se desarrollase a lo largo de
veinte años, de modo que a finales del ejercicio 2007 se hubiera cubierto
el déficit existente en 1987 para hacer frente a los servicios pasados de
trabajadores de Endesa en agosto de 1987. Precisamente para cubrir ese
déficit, se estableció un plan a veinte años, que se tenía que revisar al
décimo año, en 1997, plan que se presentó ante la Dirección General de
Seguros y que fue aprobado --insisto-- en febrero de 1987 de acuerdo con
todos los datos que proporcionaba la mutualidad y una vez producidos los
acuerdos entre la parte social de la mutualidad y la propia empresa
Endesa.

Las conclusiones a que llegó la Inspección sobre el cumplimiento de este
plan de viabilidad fueron que no se habían cumplido las hipótesis, que se
estaba produciendo una desviación de esas hipótesis que podría poner en
peligro el cumplimiento del plan de viabilidad y, consecuentemente, que
en el año 2007 o mucho antes, en el año 1997, no hubiera existido una
desviación sustancial de los objetivos marcados dentro del propio plan de
viabilidad. En definitiva, éste sería el meollo de la actuación de la
inspección dentro de la mutualidad de Endesa.

Aparte, se constató también una política de inversiones que no era
precisamente la más adecuada para la naturaleza de la propia mutualidad y
para los riesgos que tenía que cubrir, como eran las inversiones en Cuba
en proyectos de construcción y explotación de complejos hoteleros.

Esta construcción de proyectos hoteleros hubiera requerido de 3.000 a
8.000 millones en un plazo superior --en un principio, del orden de 3.000
millones de pesetas--, de los cuales, al cierre del ejercicio de 1993, se
podía pensar que estaban invertidos unos 800 millones de pesetas.

Vista la falta de control que los gestores de la mutualidad realizaban de
la actividad, la Dirección General de Seguros, en la resolución de
octubre de 1994, decidió, por una parte, ratificar todas las medidas
cautelares que se habían tomado, en el sentido de prohibir la dispersión
de bienes y la realización de pagos o inversiones distintos de los
estrictamente ordinarios para garantizar la marcha diaria de la entidad
y, por otra, requirió a la mutualidad para que presentase, en el plazo de
seis meses, un nuevo plan de viabilidad, puesto que la propia Dirección
General de Seguros entendió que ese plan estaba agotado, no se estaban
cumpliendo las hipótesis y no llevaba a ninguna parte.

Entre tanto, se negoció con la propia mutualidad la gestión diaria y se
puso al frente de la misma a un profesional del sector, de seguros de
plena confianza de la Dirección General de Seguros, que garantizase que
precisamente la entidad iba a continuar su marcha ordinaria; que iba a
poner en orden la contabilidad; que iba a poner en orden la gestión y el
control de las inversiones y que iba a llevar a cabo el cierre de las
cuentas del ejercicio 1993, consecuentemente también las del ejercicio de
1994, y posiblemente de años sucesivos. En principio, era una solución de
emergencia en un plano estrictamente profesional.

Tengo que decir que la mutualidad sigue funcionando con entera
normalidad. Se están produciendo los pagos a pensionistas, a proveedores;
se están ingresando las cuotas regularmente y la mutualidad está
trabajando, a partir de noviembre de 1994, en elaborar el nuevo plan de
viabilidad, puestos de acuerdo previamente la parte social y la empresa.

Se han constituido ya grupos de trabajo y se está trabajando en un nuevo
plan de viabilidad que garantice definitivamente que el pago de las
pensiones de todos los trabajadores se va a hacer con absoluta
normalidad.

Tengo que decir que tengo plena confianza en todos los trabajos que se
están realizando. He detectado absoluta dedicación y preocupación en
todas las partes intervinientes. Hemos tenido una reunión, hace
aproximadamente un mes, para constatar que efectivamente se está
trabajando, y ellos tienen muy claro que les quedan dos meses para llegar
a un acuerdo. Una vez que se apruebe, posiblemente una parte importante
de la previsión vaya por un plan de pensiones y, otra, quede dentro de la
mutualidad para hacer frente a las deudas con los pasivos, que es la
parte más sencilla de controlar puesto que es una masa que ya está
constituida y que se puede administrar con mayor facilidad.

La impresión que tengo es que se está en el buen camino y que a través de
estas negociaciones se va a garantizar fundamentalmente la viabilidad de
la cobertura de las obligaciones de Endesa respecto a sus pasivos.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Gracias, señor Fernández, por su información que
nos permite constatar, en la línea de lo que yo afirmaba en mi primera
intervención, que los métodos mutualistas por sí no son garantía de
solvencia, de estabilidad, ni de seguridad en los sistemas de protección
social.

Ha puesto usted de manifiesto, señor Fernández, que una mutualidad
gestionada con arreglo a su normativa produce incumplimientos notables y
da lugar a una intervención de la Dirección General de Seguros de la
Administración Pública. Usted nos dice, por una parte, que la Dirección
General de Seguros se ve obligada a ratificar las medidas cautelares que
se habían adoptado inicialmente, pero, por otra, en algún medio se recoge
que Seguros ratifica que la Mutualidad de Endesa incurre en causa de
disolución. La situación era tan preocupante no sólo como para tomar
medidas cautelares, sino incluso para pensar en medidas tan graves como
ésa. Yo estoy convencido de que cuando la Dirección General de Seguros ha
actuado con medidas cautelares y, como usted ha dicho, mediante la
negociación con la Mutua para que se pusiera al frente de la misma una
persona técnica de confianza y se han descartado otras vías, quizá más
claras legalmente ante este tipo de causas, como podría ser la
intervención, la destitución,



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la disolución, etcétera, sin lugar a dudas habría razones de peso, que
incidirían en esa decisión.

Estos temas siempre son delicados, en primer lugar, porque hay un
colectivo de personas que tienen derecho a su protección, han contribuido
y hay que procurar que no sean defraudados. En el caso concreto de
Endesa, concurrían circunstancias peculiares que hacían el tema más
delicado, que por razones de tiempo no voy a entrar en ellas, pero en las
actas de la inspección recogían alguna de esas peculiaridades.

No voy a discutir ahora si la actuación de la Dirección General de
Seguros ha sido la más adecuada en función de todas esas peculiaridades.

Sí quisiera, señor Director General de Seguros, recibir la máxima
información con el mismo criterio con el que usted pide información a la
mutualidad, es decir, para garantizar la eficacia. Nosotros creemos que
estamos en presencia de una mutualidad que requiere la intervención de la
Administración pública para conseguir que realmente se garantice la
protección adecuada a los trabajadores. Por tanto, señor Fernández, le
pedimos información sobre cómo sigue la Administración en este tema como
garantía de que la finalidad última de protección a los trabajadores se
consigue. De los seis meses que había para elaborar ese plan de
viabilidad, tan sólo quedan dos, pero desearíamos que se llevara a cabo,
que se cumplieran los plazos, porque esta mutualidad --usted lo ha
dicho-- se caracterizaba por incumplir, como poco, los plazos. Nos
gustaría que hubiera un seguimiento muy cercano, muy sostenido de la
Administración, de tal manera que se cumpla la ley, se avance en la línea
de esas soluciones mucho más actualizadas y acordes con la realidad
económica y social de hoy día, como puedan ser los planes de pensiones,
etcétera, a los que usted ha hecho referencia. Desde luego, señor
Fernández, que los derechos, las expectativas, las contribuciones de los
trabajadores no se vean defraudados como consecuencia de unos métodos de
gestión que no son los adecuados, no a los tiempos, ni siquiera a las
normas que existían.

La Dirección General de Seguros en este tipo de actuaciones tiene que ser
particularmente vigilante y cuidadosa para evitar que se defrauden
intereses y derechos de los trabajadores.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Padrón.




El señor PADRON DELGADO: A esta hora de la tarde poco más se puede decir,
sino agradecer la información que nos ha facilitado el Director General
de Seguros sobre esta mutualidad. Celebramos que efectivamente existan
normas, tanto reglamentarias como legislativas, a través de la Ley de
Ordenación de Seguros Privados, de 21 de junio, que permiten este tipo de
actuaciones para, actuando adecuadamente, salvar los intereses de los
mutualistas de esta entidad de previsión.

El Director General de Seguros ha puesto de manifiesto una serie de
medidas cautelares y de sus palabras entendemos que, tanto en la
dirección como en la negociación que se está celebrando entre la parte
empresarial y social, se está intentando buscar un plan de viabilidad
para corregir los fallos que ha habido. El portavoz del Grupo Socialista
celebra y desea que efectivamente este plan de viabilidad se apruebe lo
más pronto posible para garantizar los derechos de los posibles futuros
pensionistas que, por una mala gestión --como aquí se ha puesto de
manifiesto--, se han podido poner en peligro mediante la continuidad de
la entidad de previsión social y, por tanto, así como que se garanticen
las pensiones tanto de jubilación como de invalidez y toda clase de
beneficios a que tienen derecho.

Creemos que será necesario que, una vez que se apruebe ese plan de
viabilidad, se pase la información correspondiente. También queremos
pedir al Director General de Seguros que se extreme el celo en las
inspecciones periódicas y que, a ser posible, se hagan «in situ» en este
tipo de entidades, porque en muchas ocasiones la mala gestión, en unos
casos con malicia y en otros por la incapacidad de sus gestores, pone en
peligro un sistema de previsión social como éste; en definitiva, nosotros
no estamos en contra de él si se gestiona y se lleva adecuadamente.

Repito que debe extremarse el celo por parte de la Dirección General en
las inspecciones y tomar a tiempo las medidas adecuadas para evitar males
mayores. En este caso no ha sido así, pero, como digo, se deben tomar
medidas cautelares por la Dirección General de Seguros.




El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor Director
General de Seguros.




El señor DIRECTOR GENERAL DE SEGUROS (Fernández Toraño): En relación con
la intervención del señor Paralta, me interesa matizar una cosa que es
capital, al menos para mí, que hace mucho tiempo que vengo trabajando en
la Dirección General de Seguros. El método mutualista es precisamente el
más antiguo que se conoce en cuanto a cobertura de riesgos de todo tipo
que afectan a la actividad humana; en este sentido, el sistema mutualista
es tan bueno como cualquier otro y se diferencia de los demás casi
exclusivamente en el sistema de gestión. En este momento existen --todos
las conocemos-- mutualidades importantísimas dentro de la actividad
aseguradora española, como puede ser la Mutualidad de Loreto, la
Mutualidad de Abogados, la de Arquitectos, la de Ingenieros Civiles,
Mapfre Mutualidad, Mutua Madrileña; mutualidades que son gestionadas
adecuadamente, su capitalización es adecuada y demuestran que este tipo
de instituciones puede funcionar perfectamente con una adecuada gestión.

Sinceramente, creo que aquí ha fallado la gestión y no otra cosa. Un plan
de viabilidad, un plan de cobertura de previsión es especialmente
complicado cuando se trabaja con hipótesis. Hay que ser especialmente
prudentes a la hora de establecer esas hipótesis y cuando se fijan y se
cierra el plan, ese plan está equilibrado. Luego, las variables que
influyen en ese plan se van modificando y variando a su vez, lo que
determina que pueda existir una desviación a la alza o a la baja en el
cumplimiento de estos planes.

Téngase en cuenta que las entidades de previsión social, y la Mutualidad
de Endesa era una de ellas, hasta la Ley de 1984 venían funcionando con
un sistema de reparto,



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no con un sistema de capitalización. Todas las mutualidades que llegaron
a la Dirección General de Seguros tuvieron que presentar un plan de
viabilidad por pasar del sistema de reparto al sistema de capitalización,
y todas las entidades que están bajo la tutela de la Dirección General de
Seguros tuvieron en su patrimonio un agujero, como consecuencia del nuevo
cálculo, en base a un sistema de capitalización. Este es el caso de la
entidad de previsión social de la Mutualidad de Endesa. ¿Qué es lo que ha
fallado? Ha fallado la gestión sistemáticamente, no ha fallado el sistema
en sí, y eso se detecta con inspecciones «in situ» un vez que se han
podido observar pequeñas irregularidades. A partir de esas actuaciones,
la Dirección General de Seguros establece las medidas necesarias, medidas
que han ido fundamentalmente por la vía de garantizar que esa gestión
inadecuada no va a seguir perjudicando la situación patrimonial de la
entidad y, por otro lado, se replantea de nuevo el plan de viabilidad.

Yo me temo que tanto en este como en otros casos, vamos a asistir a un
replanteamiento de los planes de viabilidad, porque, por ejemplo, la
variación de los tipos de interés automáticamente produce unas
minusvalías en los patrimonios de las sociedades, cuando intervienen o
cuando tienen invertido en títulos de renta fija, de una considerable
importancia; minusvalías que se corrigen a las veinticuatro horas de
pasar el 31 de diciembre en cuanto a los tipos de interés bajan y esa
cantidad tiene invertido en tipos superiores. Es decir, sistemáticamente
hay que controlar la ejecución de ese plan de viabilidad para que, al
final del período que se establece, se cubra de verdad.

En todos los acuerdos que existían al elaborar el plan de viabilidad de
1989, Endesa se hacía cargo, en términos generales, de los déficit que
pudieran producirse al final de cada uno de los períodos en función de la
variación de ese plan de viabilidad.

En estos momentos se está replanteando de una manera muy importante el
sistema de cobertura de activos y pasivos empleados en Endesa, y ello
determinará que posiblemente una parte vaya para un plan de pensiones. Un
plan de pensiones, en función de su rentabilidad y de su planteamiento,
de alguna manera también es un plan de viabilidad que tendrá que
cumplirse al final en cada una de las etapas y, fundamentalmente, en base
a una gestión adecuada siempre, porque --insisto-- creo que lo capital en
estos casos, como en otras mutualidades, es, por una parte, que los
gestores estén capacitados, y, por otra, que lleven una gestión prudente,
porque si están capacitados y no son prudentes, tampoco nos vale.

Yo les pasaré toda la información que sea precisa para garantizar, para
tranquilidad de todos ustedes, que se está cumpliendo. Insisto en que en
mis contactos periódicos con los representantes de la mutualidad, no
solamente se están cerrando las cuentas de 1994 en el plazo, cosa que en
otras ocasiones no podría suceder por falta de medios de la propia
mutualidad, sino que, además, se está trabajando muy en serio en la
elaboración de ese nuevo sistema de cobertura de previsión de los
trabajadores de Endesa. En la medida en que pueda proporcionarles
información, me tienen a su disposición.

Yo agradezco al señor Padrón los ánimos y prometo, como ha hecho la
Dirección General de Seguros sistemáticamente, no descuidar el control de
las entidades aseguradoras que tiene bajo su control, como ha venido
haciendo hasta este momento, bien por la vía de inspecciones, que siempre
son más complicadas (téngase en cuenta que la media de la actuación de
una inspección de la Dirección General de Seguros, hasta que luego sale
la resolución, oscila entre dos y tres meses) bien por la vía del
análisis de la documentación estadístico-contable que, regular y
periódicamente nos tienen que aportar las compañías y que es lo que
determina actuaciones puntuales por parte de la Dirección General de
Seguros.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General de Seguros.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.