CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 446
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 35
celebrada el martes, 7 de marzo de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia (Suárez
Pertierra), para informar sobre la política del Gobierno en torno a la
participación, evaluación y gobierno de los centros docentes y su
compatibilidad con los recientes recortes presupuestarios. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente 213/000529.)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días.

Comenzamos la sesión de hoy, que tiene un único punto en el orden del
día: la comparecencia del señor Ministro de Educación y Ciencia --que ya
está entre nosotros y a quien saludamos-- para informar sobre la política
del Gobierno en torno a la participación, evaluación y gobierno de los
centros docentes y su compatibilidad con los recientes recortes
presupuestarios. La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Ministro.

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El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra): Señor
Presidente, señorías, muy buenos días.

En el mes de enero del pasado curso 1994/1995 el Ministerio de Educación
y Ciencia presentó una publicación titulada «Centros educativos y calidad
de la enseñanza», en la que se exponían las principales líneas de
actuación que la Administración consideraba básicas para seguir
progresando en la mejora de la calidad de la educación.

Las iniciativas recogidas en este documento suponían el desarrollo del
Título IV de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, dedicado
en su totalidad a la calidad de la enseñanza, y se referían a los ámbitos
que allí se identificaban como esferas fundamentales de intervención que,
como es lógico, coinciden con las que habitualmente señalan los
organismos educativos internacionales como factores que determinan la
calidad de los centros docentes.

El documento presentaba medidas de actuación en cuatro grandes líneas: la
autonomía y organización de los centros, la dirección y los órganos de
gobierno de los mismos, la política de profesorado y los temas
relacionados con la evaluación y la inspección. Asimismo, como referentes
o indicadores en la dirección de mejora de la calidad de la enseñanza, se
situaban la educación en valores y la igualdad de oportunidades, ya que
estos rasgos del funcionamiento del sistema educativo constituyen para el
Ministerio de Educación y Ciencia elementos clave de la orientación de su
política educativa.

La autonomía de los centros en relación a su organización y a la
definición de su oferta educativa se ha revelado como una de las claves
en la mejora de la calidad de la enseñanza, ya que permite una respuesta
ajustada a las demandas específicas del entorno social en que se
encuentra ubicado el centro y, por otra parte, favorece la asunción por
la comunidad educativa de sus responsabilidades, con la madurez que ello
supone para una institución.

La LOGSE ha permitido avanzar notablemente en la autonomía curricular,
siendo, en cambio, preciso progresar en el ámbito de la gestión, tanto de
los recursos humanos como materiales y en las decisiones sobre la
organización de centro. Este mayor grado de autonomía debe ir acompañado,
no obstante, de la puesta en marcha de mecanismos que garanticen, a su
vez, un aumento de la participación y la corresponsabilidad de los
diferentes sectores (profesores, padres y alumnos) y un mayor control
social sobre su funcionamiento. La participación de la comunidad
educativa constituye así el punto de equilibrio de la autonomía del
centro.

Asimismo, siendo fundamental la participación de los distintos sectores
en la vida del centro educativo, el correcto funcionamiento de éstos
requiere, además, la consolidación de equipos directivos cohesionados y
responsables, capaces de ejercer un liderazgo tanto en el terreno
pedagógico como en el terreno institucional.

El sistema de elección establecido por la LODE ha permitido consolidar un
modelo participativo que ha puesto de manifiesto la estrecha relación
entre participación de la comunidad educativa, ejercicio de la dirección
y calidad de los centros docentes. No obstante, la experiencia de estos
años de funcionamiento del sistema educativo, de acuerdo con la LODE y
con su desarrollo normativo posterior, ha permitido constatar que es
necesario garantizar que los profesores que lleguen a ejercer la función
directiva tengan una preparación adecuada para la responsabilidad que
deben desempeñar.

Igualmente se ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar la figura
del Director por otras dos vías complementarias: el aumento de sus
competencias, con el apoyo decidido de la Administración y la
incentivación de su tarea mediante perspectivas de desarrollo profesional
y, en su caso, económicas.

El documento al que me he referido en un principio abordaba, en tercer
lugar, las perspectivas profesionales de los docentes como otro factor de
cuya importancia todos somos conscientes. Las mejoras que han venido
introduciéndose en las condiciones de los profesores para llevar a cabo
su tarea tienen que consolidarse y es preciso abrir nuevas vías que
sirvan de estímulo para la formación permanente y el desarrollo
profesional. Entre las líneas de actuación en este ámbito se proponían
medidas relacionadas con las ofertas de formación, organizadas no sólo
desde los centros de profesores y de recursos sino también desde la
Universidad, se proponía la convocatoria de licencias por estudio con
características especiales o se proponía la identificación y homologación
de lo que debían ser considerados méritos en las diversas convocatorias
de la administración, por citar únicamente algunas de estas medidas.

Finalmente, el Ministerio planteaba en el texto que salió a debate la
reflexión acerca de la evaluación del sistema educativo y de la
inspección como una pieza clave de esta tarea. Si algún tema resulta en
este momento importante en el análisis de las instituciones y de los
servicios públicos, creo sinceramente, y estoy seguro de que SS. SS.

comparten este convencimiento conmigo, que es el de los procedimientos y
los criterios que han de utilizarse para llevar a cabo una evaluación que
nos permita saber no sólo si los objetivos que nos planteábamos están
siendo alcanzados sino también, y lo que es más impórtante, cuáles son
las actuaciones que deben llevarse a cabo para mejorar en este caso el
sistema educativo.

Las propuestas de mi Departamento en este campo apuntaban a la necesidad
de evaluar los distintos elementos del sistema, los centros, el
profesorado y la propia administración, con una doble finalidad: obtener
una información que les sirviera a cada uno de estos sectores para
reconducir su actuación, si fuera necesario, para también para ofrecer
esta información a la comunidad educativa, y en especial a los padres,
con el fin de que un mejor conocimiento de los centros docentes
permitiera elegir entre ellos con más criterio.

El Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, creado a partir de la
LOGSE es, sin duda, una pieza clave para esta tarea, como lo son los
procedimientos de evaluación de centros y de valoración de la tarea del
docente que ya están llevándose a cabo. Pero el conjunto quedaría
claramente incompleto sin asegurar el funcionamiento eficaz de los
servicios de la inspección técnica. Por ello, la propuesta del Ministerio
incluía medidas tendentes a garantizar la



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continuidad de la función inspectora en la que debe primar, sobre todo,
la capacidad de supervisión y dinamización de la comunidad escolar.

El debate que a lo largo del segundo y tercer trimestres del curso pasado
ha tenido lugar sobre el documento «Centros educativos y calidad de la
enseñanza» ha despertado indudablemente el interés de los distintos
colectivos de la comunidad educativa, como pone de manifiesto el gran
número de aportaciones, tanto personales como institucionales, que nos ha
llegado en este período y que han permitido elaborar el documento de
síntesis de debate que se presentó a finales del pasado mes de enero.

En este documento se recogen las numerosas opiniones recibidas que
permiten observar los distintos puntos de vista que, en ocasiones, se
tienen sobre un mismo tema desde los diversos sectores que componen la
comunidad escolar. Esta confluencia de puntos de vista le ha servido al
Ministerio de Educación y Ciencia para sopesar sus propuestas iniciales y
aquilatarlas en un proceso que, sin duda, ha supuesto una mejora de las
medidas propuestas. De entre ellas, había algunas que, como ya se
señalaba en el documento, podían ponerse en marcha inmediatamente y otras
que exigían importantes cambios normativos.

Por lo que se refiere al primer grupo, quisiera destacar, aunque sea
brevemente, algunas que me parecen de especial relevancia.

El plan de apertura de los centros comenzó a funcionar a comienzos de
este curso con un número de centros implicados superior a los 900 y un
presupuesto de aproximadamente 2.000 millones de pesetas. Asimismo, en el
mes de enero se hizo pública la convocatoria de licencias por estudio,
con la novedad que los profesores que las disfruten recibirán el cien por
cien de su retribución, tal y como nos habíamos comprometido.

A lo largo del mes de febrero se han firmado todos los convenios con las
universidades que permitirán la incorporación de profesores de enseñanzas
anteriores a la Universidad, a los departamentos universitarios, tanto
por la vía de profesores asociados como por la vía de profesor
colaborador. Estos convenios incluyen asimismo proyectos de colaboración
entre departamentos universitarios y departamentos de enseñanza
secundaria para llevar a cabo investigaciones de interés común o
actividades de formación.

Estas iniciativas, así como algunas otras a las que no debo referirme
para no prolongar excesivamente mi exposición, cubren, como decía
anteriormente, una parte de las medidas que se recogían en el «Libro de
calidad». No obstante, quedaban pendientes otras actuaciones que exigían
modificaciones legislativas de más calado, que, como SS. SS. recordarán,
me comprometí a llevar a cabo durante el presente curso en mi
comparecencia del mes de septiembre pasado ante esta Comisión, en la que
expuse las líneas maestras del curso escolar 1994-1995.

En aquel momento me refería a la necesidad de tomar medidas en el campo
de la dirección, de la evaluación y de la inspección. El compromiso que
en aquel momento adquirí ha tomado cuerpo precisamente en el anteproyecto
de la ley de la participación, la evaluación y el gobierno de los centros
docentes, acerca del cual se ha solicitado esta comparecencia.

Como SS. SS. saben, el anteproyecto de ley está organizado en cuatro
títulos, relativos a la participación, los órganos de gobierno de los
centros públicos, la evaluación y la inspección, cuyas principales
novedades paso a comentar a continuación a SS. SS.

Por lo que se refiere al primero de ellos, y tal como se ha destacado al
comienzo de esta intervención, los centros docentes han venido gozando de
una autonomía progresivamente mayor que, sin embargo, se ha mostrado, en
mi opinión, insuficiente. Los equipos directivos han puesto de
manifiesto, en numerosas ocasiones, la limitación de las competencias que
quedan en manos de los centros frente a aquellas gestionadas directamente
por las administraciones educativas.

Los aspectos que quedan regulados en este primer título de la ley tienen
precisamente como objetivo ampliar el campo de la autonomía en lo que se
refiere a su oferta educativa y a la gestión de los recursos económicos,
humanos y materiales.

En la ley se insta a los centros escolares a incorporar en su proyecto
educativo la oferta propia que responda a las peculiaridades del entorno
en el que se encuentran y a las necesidades sociales específicas que se
hayan detectado. Esta oferta propia debe ser un elemento que ayude a
tomar la decisión de elección de los centros educativos por parte de los
padres o, en su caso, de los propios alumnos.

Por último, en lo que se refiere a este primer título, se delegan
competencias relacionadas con la gestión de los recursos en la dirección
del centro. Esa delegación tendrá igualmente que desarrollarse en
posteriores normas para asegurar un uso responsable de la misma.

En relación al Título II, de los órganos de gobierno de los centros
docentes públicos, la ley consagra, una vez más, el principio de
participación de la comunidad educativa en el centro y establece las
competencias del claustro y del consejo escolar como órganos de gobierno
de los centros docentes en la misma línea que lo hacía la LODE. En esta
línea de adecuación a la nueva concepción del sistema educativo, y dada
la importancia de la vinculación de las enseñanzas de formación
profesional con el mundo del trabajo, la ley abre la posibilidad de que a
los consejos escolares de los centros que impartan estas enseñanzas se
incorpore un representante del mundo de la empresa.

Por lo que se refiere a la dirección, y este es uno de los puntos
centrales del proyecto, el consejo escolar seguirá siendo el responsable
de la elección de los directores. No obstante, resulta ineludible avanzar
en la vía de una mayor preparación para el desempeño de la función
directiva. Por ello, la ley presenta iniciativas dirigidas a asegurar que
el profesorado que quiera ejercer la dirección cuente con la adecuada
preparación y la incentivación suficiente.

El modelo que se propone consolida la vía de la participación en la
elección del director, manteniendo esta competencia en el consejo
escolar, ya que ello permite profundizar en la línea de la
corresponsabilidad en una decisión tan importante como ésta para el
gobierno de los centros y para la implicación de todos los sectores de la
comunidad



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educativa en el apoyo a esta figura y en la supervisión de la misma.

El cambio que la ley introduce no cuestiona, pues, este principio de
participación sino que se refiere a medidas dirigidas a conseguir una
mayor preparación de los candidatos.

El procedimiento que se ha considerado más adecuado para conseguir este
objetivo es exigir mayores méritos a los futuros directores mediante un
sistema de acreditación de aquellos profesores que quieran ser candidatos
a la elección por el consejo escolar.

La ley establece determinados requisitos que deberían reunir los
profesores para ser acreditados y que se refieren a la experiencia
anterior, positivamente valorada, en el ejercicio de cargos directivos y
en tareas de gestión y administración de los centros, así como a la
formación específica con que cuenten en este campo.

La mayor preparación o las mayores exigencias deben también ir
acompañadas de una incentivación para llevar a cabo esta tarea, y en este
sentido la ley prevé varias medidas: la ampliación de las competencias de
los directores de los centros con el fin de posibilitar un auténtico
liderazgo, el acceso a las actividades de formación permanente que
favorezcan la actualización de esta función y la mejora de sus
retribuciones, tanto durante el ejercicio del cargo como durante el resto
de su actividad profesional, siempre que hayan obtenido una valoración
positiva y dependiendo, por otra parte, de los años de duración de su
mandato.

En relación precisamente con este último punto el anteproyecto de ley
presenta otra novedad al prolongar el mandato de los órganos
unipersonales de gobierno hasta cinco años, ya que se considera que la
puesta en marcha de proyectos en los centros exige un período de tiempo
mayor al de tres años que hasta este momento estaba establecido.

El Título III tiene como objeto la evaluación, que es un elemento que,
sin duda, está adquiriendo una importancia creciente en relación con la
calidad de la enseñanza. La inclusión de un título sobre la evaluación en
el proyecto de ley responde, por ello, a la conveniencia de establecer
mecanismos para la evaluación del funcionamiento de los diferentes
elementos del sistema.

En la LOGSE se recoge la importancia de la evaluación del sistema
educativo, la orientación que debe tomar y las funciones que debe
realizar. Se establece en esa Ley la obligatoriedad para las
administraciones educativas, cada una en el ámbito de sus competencias,
de evaluar el sistema educativo y se crea, por último, el Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación, órgano en el que participan todas las
comunidades autónomas con competencias plenas en materia educativa.

El texto del anteproyecto de ley supone seguir el avance en la misma
dirección, por lo que no modifica en este caso la legislación anterior.

Así, se incluye una nueva alusión al citado instituto y a las referencias
de la LOGSE al sistema educativo se añaden otras que conciernen a
diferentes aspectos parciales del sistema. Concretamente se menciona la
evaluación de los centros educativos, de la labor docente y de la función
directiva. Estas referencias permiten dar una cobertura legal necesaria a
las iniciativas que en este campo pretenden tomarse e ir introduciendo en
el funcionamiento del sistema educativo una cultura de la evaluación
necesaria para mejorar su calidad. Tiene particular importancia la
inclusión de la evaluación de la función pública docente y, sobre todo,
de las consecuencias que deba tener para el desarrollo profesional de los
profesores y las profesoras de la enseñanza pública. Se indica en este
sentido que las perspectivas profesionales de los docentes han de estar
asociadas a los resultados de dicha evaluación y, en definitiva, a su
buena práctica profesional.

Se establece en el anteproyecto, por último, la obligación para las
administraciones educativas de hacer públicos periódicamente los
resultados de las evaluaciones que se realicen del sistema educativo, de
los centros docentes y de la propia gestión de las administraciones
educativas.

Paso finalmente a referirme a la nueva ordenación de la inspección que se
recoge en el Título IV y que exige para su comprensión un breve repaso de
la normativa anterior, que SS. SS. me permitirán.

La Ley 30/84, de Reforma de la Función Pública, modificada por la Ley
23/88, transformó sustancialmente la estructura de la inspección
educativa que hasta entonces estaba constituida por funcionarios de los
cuerpos de inspectores de enseñanza primera y de enseñanza media. La
inspección que a partir de esas modificaciones se constituyó, y que es la
actualmente vigente, se caracteriza, a diferencia de la anterior, se
diría que por tres rasgos básicos. En primer lugar, por el hecho de que a
ella puede accederse desde los distintos cuerpos docentes. Además, y como
SS. SS. saben, se trata de una estructura integrada que engloba los
distintos niveles educativos. Por último, el acceso a esta estructura se
realiza mediante un concurso de méritos, tras el cual el inspector ejerce
su función durante tres años, se somete a una evaluación y, si el
resultado es positivo, puede continuar ejerciendo su función durante tres
años más, tras los cuales se realiza una nueva evaluación que, en caso de
ser positiva, permite al inspector continuar indefinidamente en su
puesto.

El modelo de inspección que la Ley presenta mantiene las dos primeras
características --acceso desde todos los cuerpos y estructura
integrada--, pero modifica el tercer aspecto, relativo al procedimiento
de acceso y a las condiciones de permanencia en la función. La inspección
se perfila en la ley como la etapa final de una vía de desarrollo
profesional de los docentes vinculada a la gestión y organización de los
centros de enseñanza.

En este sentido, se establece el carácter prioritario que debe tener la
valoración de la experiencia anterior en el ejercicio de cargos
directivos y, en su caso, la condición de catedrático de los aspirantes.

Además, con el fin de asegurar la estabilidad en el ejercicio de la
función --algo que resulta beneficioso para el sistema educativo y para
los propios inspectores desde el punto de vista profesional-- se crea la
categoría de Inspector de Educación, fórmula abierta por la Ley 30/84
para la organización de la función pública. A esta categoría pueden
acceder, mediante concurso-oposición, los profesores de los cuerpos
docentes no universitarios que cumplan determinadas condiciones. En



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concreto, tener titulación universitaria superior y una antigüedad mínima
de diez años.

La categoría de Inspector de Educación da la posibilidad de continuar
definitivamente en la labor de inspección, cumpliéndose con ello el
requisito de estabilidad de las funciones de la inspección,
imprescindibles para la evaluación del sistema educativo.

Junto con estas medidas, referidas a los núcleos básicos de los factores
de calidad, el anteproyecto de ley introduce una novedad sobre la que
quisiera hacer especial hincapié por enmarcarse dentro del ámbito de la
igualdad de oportunidades, que constituye, como he comentado al comienzo
de mi intervención, una de las prioridades más importantes de las
políticas del Departamento que dirijo.

El Ministerio de Educación y Ciencia considera necesario facilitar la
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales,
incluyendo en esta expresión también a quienes pertenecen a grupos
sociales o culturales desfavorecidos o que requieren un apoyo específico.

Para ello se establece en el anteproyecto de ley la obligatoriedad para
los centros sostenidos con fondos públicos --tanto centros públicos como
centros concertados-- de la escolarización de estos niños y jóvenes,
habilitando a la administración educativa para que organice esta
escolarización, asegurando un equilibrio en el conjunto de la zona
escolar.

Esta medida se completa, por otra parte, con la ampliación de la oferta
de segundo ciclo de educación infantil, por tratarse de una etapa clave
para intentar compensar las posibles dificultades de estos colectivos de
alumnos y alumnas. La ampliación se llevará a cabo a través del
establecimiento de sistemas de financiación con corporaciones locales,
otras administraciones públicas y entidades privadas, titulares de
centros concertados sin fines de lucro.

Por último, en las disposiciones adicionales se desarrolla y aplica a los
centros concertados lo establecido en la presente ley para los centros
públicos, ya que todos los centros sostenidos con fondos públicos deben
ser de igual modo partícipes de las medidas que favorecen la calidad de
la enseñanza y deben someterse a mecanismos equivalentes de control
social.

Las iniciativas que el anteproyecto de ley recoge tienen repercusión en
el conjunto del sistema educativo, por lo que a lo largo de todo el
articulado la ley delimita y afianza las competencias básicas e impulsa
las de las administraciones educativas de las comunidades autónomas con
competencias plenas en educación. A ellas y al Ministerio de Educación y
Ciencia reconoce, y en su caso atribuye, el proyecto de ley tanto
competencias como responsabilidades, no sólo en los factores cruciales
para la mejora de la calidad de la enseñanza sino también en la
reglamentación estatutaria y en la organización de la vida y de la
autonomía de los centros, de la evaluación y de la inspección.

Estas son las razones del anteproyecto de ley y éstas las fórmulas que el
Ministerio de Educación propone para alcanzar sus objetivos. Se trata de
una iniciativa legislativa, sin duda de gran trascendencia, que incide
fundamentalmente en el ámbito de las relaciones institucionales sin
introducir cambios sustanciales por lo que respecta a los recursos.

Por ello, no deja de sorprenderme la formulación mediante la cual se
expresa la petición de esta comparecencia, en la que se hace especial
hincapié en los costes económicos de la ley y en su compatibilidad con la
realidad de los presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia.

En primer lugar, como he manifestado ya en repetidas ocasiones, la
reforma es una prioridad para el Ministerio de Educación y para el
Gobierno y, por tanto, los presupuestos que finalmente se han autorizado
al Ministerio aseguran los capítulos fundamentales que es preciso poner
en marcha para continuar con la implantación de las nuevas enseñanzas y
con las iniciativas que, como es el caso de esta ley, permiten llevarlas
a cabo con un adecuado nivel de calidad.

Pero es que, por otra parte, este anteproyecto de ley no establece apenas
compromisos económicos de carácter específico. Por ello, llevar el foco
de atención de lo que este anteproyecto de ley supone hacia el tema
económico constituye un error de comprensión de las intenciones que han
llevado al Gobierno a tomar esta iniciativa, intenciones que, al
finalizar mi intervención, quisiera, una vez más, destacar.

Esta ley manifiesta la voluntad política del Gobierno y del Ministerio de
Educación de acometer importantes reformas que resultan ineludibles para
continuar en la línea de mejora de la calidad de la enseñanza que las
anteriores leyes socialistas iniciaron y, por ello, estamos seguros de
que contará con un amplio apoyo de la mayoría de los sectores de la
comunidad educativa que van a ser sus principales beneficiaros.




El señor PRESIDENTE: Además del Grupo solicitante de la comparecencia,
¿qué otros grupos desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ollero.




El señor OLLERO TASSARA: Ante todo, la bienvenida, en nombre del Grupo
Popular, al señor Ministro. En efecto, ha sido nuestro Grupo el que ha
suscitado esta comparecencia en vista de que el Ministro en esta ocasión
no había solicitado, por propia iniciativa, como nos parecía correcto,
comparecer aquí, ya que era claramente su voluntad abrir un debate
público sobre un anteproyecto de ley, y mi Grupo entiende que los debates
públicos deben tener en esa casa precisamente su centro de atención. No
parece correcto el intentar dilatar, hasta que se convierta un
anteproyecto que se quiere abrir a debate público formalmente en
proyecto, su presencia en esta casa. Por eso hemos querido que esté hoy
aquí, porque entendemos que los representantes de los ciudadanos son los
primeros que deben ser oídos ante cualquier iniciativa, sobre todo cuando
--insisto, como ya el Ministro ha demostrado-- se quiere realmente pulsar
cuáles son las opiniones al respecto.

A juicio de nuestro Grupo, este anteproyecto demuestra la falta de una
auténtica política educativa en el Gobierno socialista. Por una parte,
por falta de continuidad, pues lo poco que se innova, que ya lo ha
señalado el señor Ministro



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en este anteproyecto, son fundamentalmente vueltas sobre los propios
pasos, rectificaciones de iniciativas anteriores fracasadas, y que están
perfectamente plasmadas en la Ley 30/1984, a la que ya se ha aludido, en
la LODE, etcétera; figuras como la de la Inspección o la de los
directores escolares son especialmente elocuentes al respecto.

Nos llama la atención, por otra parte, que, dentro de ese proceso de
vuelta sobre los propios pasos, se insista en marginar medidas tan
elementales como la gratuidad de la enseñanza en el período infantil, que
es precisamente donde la desigualdad social, no nos cansaremos de
decirlo, es más acusada. Eso desmiente lo que acaba de decir el señor
Ministro al final de que se pueda hacer un anteproyecto de este tipo sin
pensar en el dinero. Yo me imagino que será por falta de dinero, y no por
falta de sensibilidad social, por lo que el equipo del Ministerio margina
una modificación de la LODE que permita que, sin esperar a que empiece
una etapa formalmente obligatoria, sin embargo la gratuidad, que se
preocupa fundamentalmente de la desigualdad y no de otros aspectos,
pudiera entrar en juego.

Observamos, junto a esa falta de continuidad, una clara tendencia a la
improvisación. El señor Ministro ha aludido a la famosa setenta y siete
medida. Me reconocerá que en este anteproyecto no hay setenta y siete
medidas, ni por asomo; por tanto, o algunas de aquéllas no eran medidas
sino puro humo, o bien no ha habido manera de concretarlas de una manera
práctica.

Por otra parte, no hay demasiada congruencia muchas veces entre lo que
dice el anteproyecto y lo que se decía en aquellas setenta y siete
medidas. Por ejemplo, sobre el famoso proyecto educativo en la setenta y
siete medidas había una pura referencia ocasional, que más bien servía de
excusa para una medida oportunista: la posibilidad de que un grupo de
profesores que compartan un llamado proyecto educativo copen, saltándose
los concursos, un centro de nueva creación. Ahora, sin embargo, se
convierte en algo así como el bálsamo de Fierabrás, que cualquiera de los
aspectos abordados por el proyecto encuentran en el proyecto educativo su
punto de referencia, lo cual quiere decir que el Ministerio está
inventando su modelo educativo prácticamente cada semana, puesto que
entre dos documentos, que en teoría deberían marcar una continuidad, se
observan saltos tan poco disimulados.

En tercer lugar, junto a la falta de continuidad y la clara tendencia a
la improvisación se detenta algo también preocupante y es un oportunismo
que hace que fórmulas discutibles, que tienen aspectos positivos o
negativos, se conviertan en claramente sospechosas en la medida en que se
las pretende llevar a la práctica con más preocupación por consolidar
situaciones pasadas, por consolidar el territorio ocupado, para
entendernos, que por diseñar con mayor racionalidad el futuro.

Determinadas fórmulas que hay aquí sobre la dirección escolar, por
ejemplo, son discutibles y plausibles, y podríamos hablar mucho de ellas,
pero cuando se las acompaña de un sistema, como el que ahora veremos,
resultando que todo lo que hasta ahora ha ocurrido, a veces incluso de
modo claramente negativo, reconocido como negativo por el propio
Ministerio, se convierte ahora en mérito y se integra en el sistema,
surge la sospecha de si de lo que se trata es más bien de consolidar esas
corruptelas más bien que de definir un futuro más racional.

Por último, dentro de esta introducción, señalaría también la clara huida
de la profesionalidad en la función pública docente y la sintomática y
durísima lucha con el Derecho administrativo que mantiene este
Ministerio, que está inventando continuamente nuevos conceptos (yo creo
quizá el Ministro debería haber sido un catedrático de Derecho
administrativo para ser más respetuoso con estas categorías). Primero, el
de condición, cosa realmente inédita; ahora, el de categoría, en vez del
de Cuerpo, que es lo que se está diseñando, y todo eso para ocultar unas
intenciones que, por otra parte, son evidentes y quizás también,
defensivamente, para evitar un alud de recursos, como otras muchas
medidas de este Ministerio han acabado provocando.

Pasando ya a analizar de manera más detallada algunos aspectos del
anteproyecto, en primer lugar nuestro Grupo se felicita de la gran
aceptación que una propuesta que incluimos en el documento de educación
de nuestro último Congreso sobre la existencia de proyectos educativos en
los centros estatales haya tenido tanto éxito. Se ve que nosotros no sólo
tenemos un programa sino programa y medio, también el medio que nos
copian ustedes, y bienvenido sea porque así harán algo de provecho.

(Risas.) Nos parece francamente bien que hayan descubierto el proyecto
educativo que hace ya años teníamos en nuestro programa.

Yo insistiría, sin embargo, en la necesidad de ser coherentes (como es
una fórmula prestada se entiende la incoherencia, pero debe usted
profundizar en ella para llegar a ser coherentes): si hay proyecto
educativo, tiene que haber también libertad de elección por parte de los
alumnos. Ya se lo dije ante el Pleno, señor Ministro, y se lo repito
ahora: si hay un proyecto educativo usted no puede, por zonificación
pura, imponer un proyecto educativo a un alumno, proyecto educativo que
indudablemente estará referido a todo un contexto pedagógico. Usted y yo
sabemos que la pedagogía tiene un trasfondo valorativo inevitable, o sea
lo de la «wertfreiheit», si me permite la pedantería, ya que usted
también estuvo en Munich, ya sabe S. S. que eso pasó a mejor vida y no se
lo cree nadie.

Hay, por otra parte, un curioso asomo de complejo de culpabilidad en el
señor Ministro, que cuando presentó este anteproyecto, sin duda con gran
énfasis, aludió a este punto, y digo con gran énfasis porque casi todos
los titulares de los periódicos recogían precisamente sus manifestaciones
sobre la posibilidad de un mayor ámbito de elección de los centros
escolares, del que no he detectado ni rastro en el articulado. Por tanto,
parece que ahí se notaba un cierto complejo de culpabilidad y un afán de
tranquilizar, pero, a no ser que me indique ahora en qué artículo se
recoge eso, no hemos visto que haya ninguna referencia a esa presunta
flexibilización de la libertad de elección de los centros.

Ustedes también asumen algo que venimos pidiendo hace tiempo, pero de una
manera reducida: asumen la necesidad de revisar el sistema de acceso a
los centros, y en concreto establecen la continuidad entre la etapa
infantil,



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preobligatoria, y la enseñanza primaria, pero sólo para alumnos con
necesidades especiales. Una vez más, para ustedes la libertad es algo que
se concede, no que se reconoce, y que se concede como indemnización.

Solamente aquellos alumnos que sufren determinadas situaciones de
desventaja podrán ejercer la libertad. Esto es una cosa un poco chocante
que demuestra esa curiosa dificultad que tienen ustedes para reconocer
las libertades sin mayor crispación.

Le insisto en lo ya dicho: no cabe una razonable distinción entre ideario
y proyecto educativo. Ustedes ya quisieron distinguir, cuando estaban en
la etapa en que entendían que el ideario de un centro era
inconstitucional (peregrina idea que llevaron al Tribunal Constitucional
y que sufrió allí el varapalo merecido), entre ideario y carácter del
centro, admitiendo el carácter y rechazando el ideario. El Tribunal
Constitucional les dejó bien claro que no había diferencia alguna entre
una cosa y otra y ahora ustedes ponen en marcha esto del proyecto, que
tampoco tiene diferencia ninguna con el carácter. Carácter al que, por
cierto, aluden ustedes en el proyecto de carta de derechos y deberes de
los estudiantes y que demuestra que estamos, en el fondo, siempre
hablando de las mismas cuestiones.

Pasando a los directores escolares --asunto al que se ha referido el
señor Ministro--, nuestro Grupo detecta una confusa mezcla de criterios a
la hora de abordar esta cuestión. Hay dos modelos claros a la hora de
establecer la dirección de un centro y en el Derecho comparado es fácil
detectar uno u otro. En el caso español, además, había un modelo que al
comenzar los gobiernos socialistas se erradicó, que era el de la
existencia de un cuerpo específico de directores y, por otra parte, se
puso en marcha un modelo participativo. Sin duda, ambos modelos tendrán
sus argumentos a favor o en contra. La verdad es que nosotros
constatamos, en general, que el modelo participativo no experimenta
particular rechazo; lo que experimenta rechazo son determinadas versiones
de ese modelo que, dada la política socialista, se han ido llevando a la
práctica. El Ministerio ha deteriorado, interesadamente o no, no entro en
eso, esa vía participativa; ha provocado una situación en que las
designaciones a dedo (numerosísimas, como sabe el señor Ministro) se han
convertido en el símbolo del fracaso de una política --insisto, del
fracaso de una política--, no de un sistema. Cabe perfectamente mantener
un sistema participativo sin esas corruptelas que el Ministerio ha
generado y que ha terminado en esa curiosa situación en la que
«resignadamente» se veía obligado, con todas las comillas que queramos, a
nombrar a dedo a centenares de directores. Ahora se pretende un curioso
híbrido que va a tener pintorescas consecuencias. Por ejemplo, se
pretende que el consejo escolar, que es un órgano participativo y que,
por tanto, fundamentalmente lo que debe constatar es la existencia de una
relación de confianza entre el director y la comunidad escolar, se
convierta en un órgano competente para evaluar méritos. No tiene nada que
ver una cosa con otra. O sea, una cosa es detectar y contribuir a
establecer una relación de confianza entre los miembros de un colectivo
del tipo que sea y algo muy distinto es ser competente para juzgar
méritos y para evaluarlos. En concreto, se decía en las 77 medidas que el
consejo escolar iba a conocer méritos; ahora se nos dice que los va a
considerar. Los va a evaluar, no nos engañemos. Un órgano participativo
no tiene ningún tipo de ciencia infusa que le permita evaluar nada. Eso
es pura demagogia y ustedes se están oponiendo a esa demagogia en otros
ámbitos. Ustedes rechazan aquí las sugerencias que se hacen para que, por
ejemplo, miembros de centrales sindicales estén en los órganos que van a
evaluar el acceso al profesorado universitario, y me parece muy bien. Lo
que no entiendo es la incoherencia que supone el que ahora aquí, sin
embargo, sí que admitan que un órgano participativo se convierta en
evaluador. Con lo cual conseguirán que sea más difícil todavía la
existencia de candidatos, puesto que el candidato que no resulte elegido
se entenderá que es un demérito, puesto que no se han evaluado
positivamente sus méritos, mientras que en un órgano participativo el no
ser elegido es algo que no tiene mayor importancia y que va en el juego y
precisamente es uno de sus alicientes.

Por otra parte, resulta contradictorio esta mezcla, teniendo en cuenta
que ustedes han hecho un amago de rectificación también, en la medida que
ya no hablan de las atribuciones del consejo escolar al que se referían
en la LODE sino que pasan a hablar de competencias. Curiosamente, las 17
atribuciones se quedan reducidas a 11 competencias, con lo cual ustedes
están despejando el campo de una serie de elementos que se habían
sustraído a los competentes, que eran los profesores, y se habían
integrado en el ámbito participativo de manera evidentemente desacertada.

Pero, volviendo a lo que le dije al principio, señor Ministro, esa
fórmula, que ya en sí es abigarrada y confusa y que evidentemente llevará
a efectos perversos, en el sentido técnico del término, rezuma a la vez
oportunismo en la medida en que se plantea como fórmula retroactiva,
porque ahora va a resultar que para ver si alguien está acreditado o no
para ser director lo importante no va a ser, lo que es lógico dentro del
modelo participativo, el que tenga o no la confianza de la comunidad
escolar sino el que haya tenido antes la confianza del Ministerio, porque
uno analiza los méritos que ustedes establecen para estar acreditado para
ser director, y son todos méritos vinculados a la digitalina, a la
designación directa. Todos esos señores que ustedes han nombrado a dedo
durante años, que han sido el símbolo del fracaso de la política
socialista en este aspecto, eso se convierte en mérito. Esos señores,
ahora, van a preceder a alguno que tenga la mayoría absoluta de la
comunidad escolar. Se puede dar el caso de que un docente cuente con la
confianza de la comunidad escolar con mayoría absoluta y no se pueda
presentar por no estar acreditado, por no haber tenido el dedo del
Ministerio a su lado en los años anteriores. Eso se deriva de este papel,
señor Ministro, y eso es un disparate. Usted antepone la confianza que
haya merecido alguien al Ministerio a la confianza que merece a esa
comunidad escolar, siendo así que acaba de decir que mantiene el esquema
participativo. No es verdad; lo truca usted poniendo como condición que
tenga la confianza del Ministerio o la haya tenido, porque pretende
perpetuar esto para el futuro, en esa estrategia de



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territorio ocupado que, evidentemente, no duraría ni dos días en cuanto
que haya un cambio de Gobierno, como usted fácilmente podrá adivinar. No
nos parece lógico que alguien que pueda tener la mayoría absoluta de la
comunidad escolar se vea marginado por no tener la confianza de
Ministerio, y esto nos parece un despropósito, al igual que --como ya he
dicho-- el convertir en mérito lo que era simplemente símbolo elocuente
de un fracaso.

Nuestro Grupo piensa que estamos en condiciones todavía de brindar una
nueva oportunidad al modelo participativo, liberándolo de una serie de
corruptelas totalmente gratuitas y que no tienen por qué acompañar
necesariamente a ese sistema. Para eso es necesario --y por ahí debería
ir su empeño, señor Ministro-- evitar toda designación directa. Esa sería
la vía participativa de verdad. Por tanto, donde se decía que, a falta de
mayoría absoluta de un candidato, designación directa, había que decir
que a falta de mayoría absoluta, el más votado, porque al fin y al cabo
es el que suscita de una manera más clara el apoyo dentro de la comunidad
escolar. Y a falta de candidato expreso, parece más razonable, dentro de
un esquema participativo --cosa que se hace, por otra parte, en el ámbito
docente, como el señor Ministro bien sabe--, que se consideren elegibles
a todos los profesores miembros del consejo escolar, que están ahí porque
han sido elegidos ya; por tanto, han demostrado que cuentan con la
confianza por lo menos de parte de la comunidad escolar. Bastaría con
eso, evitando toda designación directa. Incluso si en el caso de un
centro de nueva creación se considera inevitable una elección provisional
o un nombramiento provisional, señor Ministro lo lógico es que sea por un
año. Es puro oportunismo que usted haga un nombramiento provisional por
tres años. En un año la comunidad escolar se habrá puesto en marcha y
estará en condiciones perfectamente de dar paso al modelo participativo.

Aquí se ve que se aprovecha cualquier resquicio para acabar en un
nombramiento digital.

Por supuesto que, partiendo de ese modelo participativo, consideramos
imprescindible un apoyo formativo, sin duda ninguna. Eso nos parece
adecuado, pero no consideramos que haga falta esta acreditación tan
original que ustedes plantean aquí, que en el fondo lo que diseña es un
clientelismo de circuito cerrado. El artículo 39.2.a) es un poema sobre
el particular. La condición de catedrático, el haber sido designado a
dedo; todo eso se convierte en mérito de un sistema que termina en la
inspección como el no va más, el colofón de lo que ha sido
fundamentalmente una tarea para ganarse la confianza de quien manda y no
de los compañeros en el ámbito educativo.

Por último, resulta enigmático en este aspecto el alcance que piensan dar
ustedes a esa nueva composición de los consejos escolares, en la que se
pasa de la existencia de un número determinado de vocales a unos tercios.

Sería interesante que al menos se expusieran aquí los criterios
previsibles en el territorio competencia del Ministerio, porque la verdad
es que resulta un tanto confusa esa situación.

Dentro de este apartado del contenido del anteproyecto y pasando a un
último aspecto, del que también se ha ocupado el señor Ministro, aludiría
a la inspección. En la inspección se da una vez más lo que hemos
señalado: un deterioro de la profesionalidad y, como consecuencia, una
repercusión inevitable en la calidad de la enseñanza, que está vinculada
a que sean criterios profesionales, de mérito y de capacidad los
decisivos a la hora de cubrir determinados puestos, sobre todo de la
relevancia de la inspección. Ustedes aquí, como ya he dicho, inventan la
categoría. Primero pasaron del Cuerpo de inspectores a la función
inspectora y ahora convierten la inspección en una categoría ante su
imposible reciclaje mediante una incorporación (incorporación viene de
cuerpo) y ustedes lo que quieren es incorporar a los que han nombrado de
manera atípica y poco presentable durante estos años. Pero si crean un
cuerpo los recursos serían por centenares. Crean esta categoría
administrativa, blanda e inédita a la vez, para intentar ahí conseguir su
objetivo.

Por otra parte, esa categoría coexiste con el Cuerpo; en la disposición
adicional segunda se sigue hablando de que el Cuerpo creado por la Ley
30/1984, refundiendo los anteriores, sigue existiendo, con lo cual la
situación sigue siendo enormemente confusa y, una vez más, la sospecha de
oportunismo es inevitable. Se está consolidando categóricamente, por esa
vía de la categoría, a quienes se encuentren en condiciones, se dice, de
ser incluidos, mientras que el artículo 38, cuando habla ya de ese
concurso-oposición, no habla de condiciones sino de requisitos. Ustedes
convierten unas condiciones, unas condiciones de hecho que ustedes mismos
han provocado, igualándolas con unos requisitos de derecho que van a
exigir al que quiera tener esa categoría. Aquí hay clarísimamente una
operación muy poco presentable, insisto, de reciclaje, y en nombre de
tantos profesionales que a nuestro Grupo le han dado claridad que si han
accedido a la inspección por una vía es porque no había otra y que ellos
están dispuestos en todo momento a demostrar su mérito y su capacidad,
precisamente por la profesionalidad de esas personas rechazamos
abiertamente esta fórmula que lo que pretende es convertir de hecho lo
que hasta ahora ha sido una prolongación indefinida en la función de
determinadas personas de confianza del Ministerio y convertirlo, ya, en
una incorporación inconfesada definitiva. No olvidemos que con este
anteproyecto ni siquiera se exigirán esos seis años de permanencia para
que se convierta en indefinida la actividad en la función inspectora,
sino que ahora, ya de una manera definitiva, quedarían incorporados.

Resulta --reconózcalo, señor Ministro-- enormemente curioso que unas
personas que han sido seleccionadas partiendo del criterio de que la
función inspectora era absolutamente equivalente con la docente y que, en
consecuencia, debería ser desempeñada de un modo provisional alternando
con períodos de docencia, a esas personas seleccionadas con ese criterio
ahora se las pretende incorporar inconfesadamente en un inconfesado
Cuerpo de inspección para, de una manera definitiva, dedicarse
exclusivamente a ser inspectores al margen de la docencia. Hay ahí una
clarísima incongruencia que sólo se explica, insisto, por este curioso
clientelismo en circuito cerrado que en el fondo viene a ser lo más
consistente de este anteproyecto.

Para terminar, señor Ministro, permítame que le diga, en nombre de mi
Grupo, que nos sorprende su sorpresa.




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Nos sorprende que le sorprenda que nuestro Grupo esté preocupado por los
aspectos presupuestarios en un momento en que se ha producido un recorte
de 30.000 millones dentro del presupuesto del Ministerio, en un momento
en el que ya es un clamor popular, clamor popular que se ha traducido en
firmas y que está en esta casa ya también, porque los ciudadanos
españoles tienen muy claro que no se puede hablar en serio de calidad de
enseñanza sin compromisos de financiación. No se puede hacer política
educativa con palabras, señor Ministro, hay que hacerlo, en primer lugar,
con medidas concretas y bien atinadas que no haya que corregir a los dos
días, que tengan una cierta coherencia entre sí y que no supongan los
saltos que aquí hemos denunciado. Pero también con números, con números
que tienen que ir cantando realmente la auténtica voluntad política de
llevarlo a la práctica.

Usted mismo, en el Senado, no hace mucho reconoció que el recorte
presupuestario que ha sufrido su Ministerio tiene entidad, dijo en
concreto. La preocupación de mi Grupo se centra en que nos diga aquí cuál
es la entidad del recorte, cuál es su identidad, es decir, en qué
consiste, a qué va a afectar, porque desde su Ministerio se ha puesto en
marcha toda una operación de propaganda destinada a convencer sobre qué
cuestiones no va a repercutir el recorte presupuestario. Muy bien, es un
argumento a contrario, que dirían los clásicos. Ahora bien, le
agradecería que nos diera aquí un argumento positivo. Díganos a qué va a
efectuar el recorte presupuestario y todo el mundo se quedará tranquilo
porque, si no, por la vía de la exclusión tendríamos que repasar partida
por partida todos los presupuestos para, al final, saber a qué va a
afectar. Vamos a ahorrar tiempo y diga usted sencillamente: he pensado
que esos 30.000 millones van a salir de aquí, de aquí y de aquí. Porque
usted dice que no va a afectar a prioridades. Sin embargo, se ha dicho
desde el Ministerio que va a afectar a inversiones. En consecuencia, ¿qué
ocurre, señor Ministro? ¿Que sus inversiones no son prioritarias?
¿Ustedes no invierten en lo prioritario? Eso sí que es curioso. ¿Ustedes
invierten el dinero que les sobra en objetivos que no son prioritarios?
Cualquiera pensaría que las inversiones tienen un carácter prioritario y
van a los objetivos prioritarios. Por tanto, un recorte en inversiones es
un recorte en objetivos prioritarios. Díganos cuáles y déjese de jugar al
ratón y al gato. Vamos a dar la cara claramente y a decir: esto es así y
esto es lo que hay. Porque esto es lo que la gente está esperando, que
usted aclare esa situación y deje de dar esos mensajes etéreos en un
momento, por ejemplo, en el que usted dice que el recorte no va a afectar
a las universidades, y hoy mismo vemos publicado que hay universidades
que no pueden cumplir las leyes que aprobamos en este Parlamento porque
no tienen dinero, por ejemplo en el tema de los jubilados prematuros que
esta Cámara ha querido que se conviertan en eméritos; todos. Eso ha
querido esta Cámara en contra de la voluntad de su Grupo, pero esta
Cámara ha querido eso, y para eso hace falta dinero que usted no da. O,
por ejemplo, la afirmación en determinada comunidad autónoma de que será
en la secundaria y no en la Universidad donde afecte el recorte,
etcétera. Toda una serie de circunloquios que hacen que a la hora de la
verdad el ciudadano esté preocupado.

Usted dice que los 30.000 millones se solucionan con un mayor esfuerzo en
la gestión. Por mucho esfuerzo que usted ponga en la gestión, si usted
recorta las inversiones éstas no se sustituyen. Las inversiones no se
pueden sustituir por gestión y eso lo sabe cualquiera. Hasta
presupuestariamente están en capítulos distintos. Por tanto, difícilmente
va usted a conseguirlo. Aclare, por favor, dónde van a estar esos
recortes, porque si no, lo de las prioridades se convierte en un
misterio. Es curioso que, tras años de recortes presupuestarios, un año
tras otro, resulte que una partida como la de publicidad y propaganda
--que así se llama, publicidad y propaganda-- según los últimos datos,
por ejemplo en 1993, donde hubo recorte presupuestario, resulta que esa
partida acabó teniendo un incremento en pleno recorte presupuestario del
35,6 por ciento respecto al crédito inicial. Hubo una modificación que la
elevó en un 18 por ciento y, no contento con eso, al final se gastó el
doble de esta modificación, el 36 por ciento más. Quisiéramos saber
cuáles son sus prioridades aparte de la propaganda y quisiéramos que
dejara claro que a los objetivos de calidad de enseñanza que nos
preocupan aquí no va a afectar en absoluto el recorte presupuestario.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la
palabra el señor González de Txábarri.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: En primer lugar, he de reconocer
que con otros ojos y con otro espíritu hemos leído este anteproyecto de
ley sobre la participación, evaluación y el gobierno de los centros
docentes. Me ha parecido interesante la intervención del señor Ollero
para completar distintas perspectivas de análisis de este proyecto de
ley.

En primer lugar, quisiera agradecer la comparecencia al señor Ministro en
nombre del Grupo Vasco. También le agradecemos que centre este debate en
la calidad educativa. De otra forma nos iría en el país si la atención de
los ciudadanos, como dice el señor Ollero, estuviera hoy en esta sala y
no en alguna otra de esta Cámara. Digamos que desde lo que son
perspectivas de futuro la calidad educativa nos tiene que preocupar
suficientemente, porque significa apostar por lo importante dentro de una
sociedad, olvidándose de otras discusiones estériles. Por tanto,
entendemos que esta iniciativa del Ministerio de Educación es altamente
reconfortante dentro del ambiente político que estamos viviendo en el
Estado en los últimos meses.

Es verdad, señor Presidente, que también a nosotros se nos hizo más
apetecible, si cabe, el libro de las 77 medidas; es verdad que es más
reconfortante, que tiene aspectos que no están recogidos en este
anteproyecto y que estamos todavía a tiempo de poder proponer su
inclusión en el mismo. Pero también es verdad que, olvidándose de estas
discusiones estériles, el propio anteproyecto recoge las medidas
sustanciales que están en este documento de las 77 medidas y que realiza
propuestas legislativas y normativas importantes de cara a conseguir este
objetivo de ir



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superando la calidad de enseñanza, que es, desde nuestra perspectiva, lo
que nos debería preocupar en principio, es decir, si somos capaces de
tramitar en esta Cámara un proyecto de ley que establezca normas y
medidas suficientes para que la calidad de enseñanza pueda aumentar
pertinentemente en las escuelas y centros educativos del Estado. Ese es
nuestro reto y desde esa perspectiva hemos leído, señor Presidente, en el
Grupo Vasco este anteproyecto de ley.

Tampoco compartimos el criterio de que para cualquier incidencia en
calidad de enseñanza hace falta más dinero. Nosotros entendemos que hace
falta hacer mejor las cosas y que es posible hacer mejor las cosas
incluso con los mismos recursos financieros que en este momento tiene el
Ministerio de Educación y Ciencia. Y aunque es verdad que esa serie de
recortes que ha padecido el Ministerio inciden en objetivos prioritarios
--en eso compartimos el criterio del portavoz del Grupo Popular--,
también lo es que existen una serie de medidas y de principios que deben
conducir a hacer mejor las cosas y que eso, indudablemente, no tiene por
qué llevar a que deban existir mayores recursos.

Por ello, entendemos nosotros, señor Presidente, señor Ministro, que
deberíamos, a estas alturas y cuando han pasado ya prácticamente doce
años de Gobierno socialista, superar discusiones estériles y centrar la
discusión en lo que son los objetivos prioritarios del anteproyecto de
ley, que nos parecen sumamente importantes: la participación, evaluación
y gobierno de los centros docentes. Nosotros estamos de acuerdo con este
objetivo que propone el Ministerio de Educación y Ciencia; entendemos que
se satisfacen aspectos reiteradamente expuestos también por el Grupo
Vasco y no tenemos rubor en afirmar que nos satisface la orientación de
la reforma, es decir, que vamos a bueno y no a malo, sin entrar en otra
serie de consideraciones.

Nos gustaría, señor Presidente, que este anteproyecto de ley que está
todavía en discusión en algunos órganos del Estado incluyese una serie de
consideraciones que para nosotros son importantes. Entendemos que, en lo
que es la superación de discusiones estériles, debería haber llegado el
momento, por ejemplo, de que el anteproyecto de ley no vaya hablando en
sus consideraciones generales de centros públicos y después se haga la
extensión de estos criterios a los centros de iniciativa social. Ha dicho
el señor Ministro que el control social debe ser el mismo para ambos
tipos de centros. Si eso es así --y nosotros podemos compartir ese
criterio, aunque con matices--, sería más normal y, a estas alturas de la
discusión, sería más razonable que el anteproyecto hablase de centros
educativos genéricamente y que se especificara que aquellos centros
públicos que están financiados por el Ministerio de Educación y Ciencia,
por las comunidades autónomas respectivas, y aquellos centros de
iniciativa social que están concertados, deberán acogerse a estos
criterios de participación, evaluación y gobierno docente. No compartimos
el criterio de que se haga una ley para los centros públicos y luego
exista un artículo que generalice estos criterios de calidad de enseñanza
a los demás centros que están concertados con el Ministerio de Educación
y Ciencia o con las comunidades autónomas, en su caso. Entendemos que
este tipo de discusiones estériles deben ir superándose y debemos estar
dispuestos a centrar la discusión en aquellos aspectos que son
importantes.

Nosotros esperábamos que el anteproyecto de ley fuera más valiente de
cara a plasmar las 77 medidas recogidas. La propuesta de actuación que se
centraba en aquel documento y en el libro que editó el Ministerio de
Educación y Ciencia recogía aspectos relevantes que deberían recogerse
también a lo largo de la discusión de la propuesta de actuación que se
realizara con el objetivo genérico antes descrito. Es verdad que existen
algunas medidas en ese documento que no tienen por qué pasarse a un
proyecto de ley, no tienen ese tipo de consideración, porque indican más
de una política educativa que otra cosa, pero, a estas alturas del
debate, podría legislarse en relación a algunos aspectos que motivasen un
cambio más profundo en el funcionamiento de los centros. Aun entendiendo
que estamos de acuerdo con la orientación de la reforma, también
indicaríamos que la consideramos una tímida aplicación de las propuestas
contenidas en aquel documento publicado por el Ministerio de Educación y
Ciencia.

¿Que nos gustaría que se reformase más fondo? Nos gustaría --como conocen
SS. SS. porque lo hemos reiterado muchas veces ante esta Comisión y en la
Cámara-- que se potenciara más la autonomía de los centros, tanto de los
públicos como de los de iniciativa social, limitándose la administración
educativa a establecer unos mínimos, y cuantos más mínimos mejor,
teniendo en cuenta la realidad del Estado de las autonomías y, por tanto,
la existencia de las comunidades autónomas que tienen competencias
educativas exclusivas en estas materias. Que la autonomía pedagógica
supusiera que cada centro tenga la posibilidad de definir una parte de su
currículum, de sus objetivos educativos y de sus metodologías didácticas.

Da a veces la impresión, señor Ministro, de que los que redactan estos
proyectos de ley son los clásicos inspectores de educación de la vieja
escuela que están preocupados por el color de las paredes. No creemos que
ése deba ser el espíritu de una reforma. Hay que tener menos miedo a la
iniciativa social, menos miedo a la sociedad. Es verdad que deben existir
unos parámetros de control social, que compartimos, pero echamos en falta
otros de mayor libertad y de mayor autonomía. También en el ámbito de la
autonomía organizativa, para que el centro educativo defina su modelo de
organización, sus órganos de gobierno y la representación de cada sector
en los mismos y sus propias normas de funcionamiento.

Asimismo, en lo referido a autonomía económico-financiera, para que se
posibilite a los centros --insisto, tanto públicos como de iniciativa
social-- la confección y ejecución de presupuestos propios --con las
reformas que allí se recogen difícilmente se puede entrar a hacer este
tipo de consideraciones--, para que los presupuestos propios de cada
centro estén adecuados a sus necesidades y no impuestos en partidas que
la Administración prevé muy cerradas, abriendo y posibilitando, además,
otras vías de financiación distintas a las provenientes de la
administración educativa, incluyendo el cobro de cuotas limitadas.




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Entendemos que, dado que se va a actualizar esta serie de principios y de
consideraciones, también deberían realizarse a lo largo y ancho de este
debate.

A nosotros nos gustaría, señor Ministro, que, al igual que si
estuviésemos hablando de centros educativos y superásemos la discusión de
si son públicos o privados o de iniciativa social o quién es el titular
que está detrás de cada centro educativo, de la misma manera se
posibilitase una discusión en la que el centro fuese la calidad educativa
y aquellas medidas que inciden en esa calidad.

Igualmente, creemos que hay que profundizar más en la autonomía de la
gestión de personal en los propios centros educativos, eliminar las
trabas que estableció la LODE para los centros de iniciativa social,
devolver a los titulares las competencias arrancadas en aquella Ley y
dotar a los centros públicos de la capacidad para definir sus plantillas
y los perfiles profesionales de cada puesto, haciéndoles partícipes
directos y significativos del proceso de selección, posibilitando una
dependencia directa y sin intermediarios del profesor o trabajador
respecto al propio centro docente y quedándose la Administración en un
plano más alejado.

Nos gustaría por ello, señor Ministro, que, cuando se hable de la
administración educativa, el centro de esa administración educativa fuese
el centro educativo. Cuando hablamos en educación de lo que es la
administración educativa, estamos hablando demasiadas veces del
ministerio correspondiente o del departamento de educación de cada
comunidad autónoma. En esta discusión, ese objeto, ese centro de la
discusión de lo que es la administración educativa, debe desplazarse
significativamente hacia los centros educativos que deben adquirir un
protagonismo mayor.

Dentro de este concepto de calidad, señor Ministro, desde el Grupo Vasco
debemos insistir aún más para que el Ministerio llegue a un cumplimiento
legal del Estatuto de Autonomía Vasco que, en leyes como la LODE, se ha
ido socavando sistemáticamente con este tipo de leyes orgánicas y de
decretos de desarrollo. Hubo un acuerdo que promovió que tanto el
Gobierno vasco como el Ministerio de Educación que usted preside
retiraran una veintena de recursos que estaban en el Tribunal
Constitucional, pero entendemos que, dentro de ese espíritu, hay que
aprovechar esta discusión para que aspectos muy reglamentistas de la
LODE, que invaden competencias de las comunidades autónomas con
competencias exclusivas en educación, puedan ser revisados.

Con relación a aspectos más concretos del anteproyecto, quisiera hacer
tres consideraciones brevemente, señor Presidente.

En primer lugar, una de ámbito competencial, matizando que habría que
hacer un estudio detallado sobre la incidencia de este anteproyecto en la
Ley de la Escuela Pública Vasca, en la de Cuerpos Docentes que el
Parlamento vasco ha aprobado recientemente con una amplia mayoría en
aquella Cámara.

En la dirección de los centros, estamos de acuerdo con las medidas que se
proponen, porque se profundizan aspectos de retribución y consolidación
del complemento retributivo, la acreditación para el ejercicio de la
dirección, pero entendemos que todavía se es restrictivo en los
requisitos para ser director. Intentaremos proponer algunas
modificaciones en el sentido de que, aun considerando que el director sea
elegido preferentemente de entre los profesores del centro, no se cierre
la posibilidad de que sea profesor o director en otro centro. Hay que
posibilitar a los directores que dejan su puesto con valoración positiva
que puedan elegir centro distinto del que han sido directores.

Respecto a la modificación de la LODE para centros concentrados en lo
referente a la dirección, quisiéramos subrayar que la modificación no es
suficientemente sustantiva. Siguiendo con el criterio anteriormente
expuesto, entendemos que sería necesario plantear la modificación del
sistema de elección.

En tercer lugar, quisiéramos que se pudieran matizar aquellos aspectos de
este anteproyecto que tengan carácter de ley orgánica básica, que es un
aspecto sustancial. No vayamos a hacer ahora una ley orgánica que vuelva
a invadir competencias de las comunidades autónomas con competencia
exclusiva en materia educativa.

Y para terminar, en relación a la autonomía de los centros, quisiera
hacer un par de matizaciones. Una primera, en relación a los horarios de
los programas escolares. Con las medidas que se recogen en el
anteproyecto no hay margen para opciones propias de cada centro en la
enseñanza primaria y muy poco en la ESO y que la uniformidad se impone al
final, vía fijación de programas escolares. Entendemos que es un criterio
que habría que matizar más En el Grupo Vasco defendemos, en la educación
infantil y primaria, la determinación de los elementos culturales básicos
y los aprendizajes relativos a la expresión oral, a la escritura, a la
lectura y al cálculo aritmético, y dejar un tiempo suficiente semanal
para libre disposición del centro escolar. No encontramos lugar para que
esta filosofía se pueda aplicar. Este mismo criterio habría de mantenerse
en la educación secundaria obligatoria donde la optatividad de materias
conlleva un mayor número de horas a disposición del centro. Pero el
problema radica, señor Ministro, al determinar la plantilla de profesores
de los centros. Si esa plantilla se determina de acuerdo con un horario
semanal cerrado, todos los centros tienen idéntica plantilla y llegamos a
un absurdo cuando estamos hablando de autonomía de los centros.

Un avance en este tema podría ser que el consejo escolar, el órgano de
máxima representación del centro, pueda fijar el proyecto educativo del
centro para varios años, en el que se determinen, además de aspectos
pedagógicos, el diseño de la plantilla de personal para desarrollar dicho
proyecto educativo. La Administración llevará a cabo las dotaciones de
personal correspondiente, de acuerdo con el diseño de plantilla elaborado
por el centro y posibilitará la participación del centro en la elección
de las dotaciones de personal previsto en la plantilla elaborada por el
mismo centro.

Esta propuesta supone que el centro escolar sea en gran medida el
protagonista de su propio devenir, en el sentido que he indicado antes,
que, cuando hablamos de la administración educativa, debe nuclearse
básicamente en torno



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al propio centro, porque es él el responsable de su buena o mala gestión.

Así volvería al principio, indicando, señor Ministro, que hay cosas que
se pueden hacer mejor y que este anteproyecto de ley está centrado en esa
perspectiva de que en la comunidad educativa, desde el Ministerio a las
comunidades autónomas a los propios centros escolares, sean públicos o de
iniciativa social, hay cosas que se pueden hacer mejor y que este debate
puede coadyuvar a que podamos hacer las cosas mejor en educación. En ese
empeño estamos, señor Ministro.

Quiero ofrecerle nuestra colaboración para que este debate sea lo más
rico y lo más variado posible, dentro de un Estado que es también
pluricultural y plurilingüístico y que estas consideraciones deberían
tomarse en cuenta a la hora de enfocar un debate de este nivel.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: En primer lugar, quisiera dar la bienvenida al
Ministro de Educación a la Comisión para exponernos el contenido del
anteproyecto de ley de participación, evaluación y gobierno de los
centros docentes y decirle, igual que hacía hace un momento el portavoz
del Grupo Parlamentario Vasco, que la lectura que hacemos desde el Grupo
Socialista es en positivo, con espíritu abierto a los planteamientos que
se puedan producir, y que de hecho se producirán, a lo largo del trámite
parlamentario que tenga que sufrir este ahora anteproyecto y dentro de no
muchos días, proyecto de ley. Por lo tanto, nuestra lectura no tiene nada
que ver con la lectura que ha hecho el portavoz del Grupo Popular que es
una lectura en negativo, como siempre, una lectura tenebrosa, a través de
la cual y de forma habitual confunde su realidad con la realidad.

Nosotros vamos a huir de ese tipo de lecturas.

Para situar de qué estamos hablando, no es ocioso recordar algunas cosas
y centrar, desde mi punto de vista, el tema objeto de debate en esta
comisión.

La Ley Orgánica 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, la
Logse, perseguía y persigue, puesto que está en fase de aplicación, tres
objetivos para nosotros muy claros. En primer lugar, la ampliación de la
enseñanza obligatoria hasta los 16 años; en segundo lugar, la
reestructuración de todas las enseñanzas anteriores a los estudios
universitarios y de forma muy especial las enseñanzas de formación
profesional y como tercer objetivo, mejorar la calidad de la educación.

En relación con este último objetivo, lo ha dicho el Ministro en su
exposición, yo quisiera recalcarlo, existe en la Logse todo un Título, el
Título IV, donde se señalan una serie de factores a los que los poderes
públicos, dice textualmente la Ley, deberán prestar una atención
prioritaria en orden a mejorar la calidad de la enseñanza. Y se citan los
siguientes: la cualificación y formación del profesorado, la programación
docente; los recursos educativos, la función directiva, la innovación y
la investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la
inspección educativa y la evaluación del sistema educativo.

Teniendo en cuenta esto, para nosotros ésta y no otra fue la finalidad
que persiguió en su día y que ha producido, entre otras cosas, este
anteproyecto de ley del que estamos hablando, insisto, ésta y no otra era
la finalidad que perseguía el documento titulado «Centros educativos y
calidad de la enseñanza. Una propuesta de actuación», que hace algo más
de un año --quiero recordárselo al portavoz del Grupo Popular-- fue
presentado por el Ministro de Educación en esta Comisión y posteriormente
fue sometido a un debate público en el que participó un gran número de
personas y colectivos relacionados con la educación. Han participado
profesores a título individual, padres y madres de alumnos a título
individual, asociaciones de padres, asociaciones de alumnos, sindicatos
de profesores, consejos escolares, claustros de profesores, etcétera.

Como consecuencia de esta participación, se han producido abundantes
diría yo abundantísimas propuestas, también muchas sugerencias críticas,
como se reconoce en la síntesis del debate que publica el Ministerio de
Educación y Ciencia en un libro que titula «Centros educativos y calidad
de la enseñanza», a todas y cada una de las 77 medidas que el documento
proponía como otras tantas actuaciones a llevar a cabo en los centros
escolares para, a través de ellas, mejorar la calidad de nuestro sistema
educativo.

Como SS. SS. recordarán, estas 77 medidas estaban agrupadas en seis
grandes bloques: la educación de valores, la igualdad de oportunidades y
compensación de las desigualdades, la autonomía y organización de los
centros, la dirección y gobierno de los centros, otras referidas al
profesorado y finalmente otro bloque de medidas referidas a la inspección
y la evaluación. Tras la consulta, como comentaba el Ministro en su
intervención, se han comenzado a poner en marcha aquellas propuestas que
podían serlo mediante medidas administrativas --las ha comentado el
Ministro y yo no voy a entrar en ellas--, pero hay otras que
evidentemente no pueden ser aplicadas si no es con medidas legislativas.

Este anteproyecto de ley del que estamos hablando recoge aquellas
propuestas, aquellas medidas que deben serlo necesariamente a través de
una ley, a través de una norma de carácter legal.

Ha habido un proceso muy claro y muy meditado para desarrollar el Título
IV de la Logse. Se puso a debate público un documento público de 77
medidas, debate que yo creo que ha sido amplio en el tiempo y profundo en
los contenidos. Las propuestas que vienen hoy a esta Cámara, con la
presentación que hace el Ministro, y que se contemplan en el anteproyecto
de ley son un conjunto de medidas muy meditadas y tienen continuidad con
la política educativa que ha venido siguiendo el Gobierno o los diversos
gobiernos a lo largo de los últimos años. Es, por lo tanto, una propuesta
coherente, no tiene nada que ver con la realidad a la que hacía
referencia el señor portavoz del Grupo Popular en su intervención.

El anteproyecto de ley, con cuyo contenido el Grupo Parlamentario
Socialista se siente plenamente identificado y estamos seguros que cuando
venga a la Cámara como proyecto de ley contará con amplios apoyos,
consideramos que va a servir para mejorar, cuando se transforme en ley,



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la calidad de nuestro sistema escolar, que yo creo que es un objetivo que
debemos perseguir todos, desde las diversas ópticas políticas.

Señor Presidente, no me extenderé mucho más pero sí quisiera manifestar
nuestra coincidencia, la del Grupo Parlamentario Socialista, con algunas
de las propuestas contenidas en el anteproyecto. Me referiré simplemente,
a título de ejemplo, a algunas de ellas, a las que yo considero más
importantes.

En primer lugar, la participación. Se potencia desde nuestro punto de
vista, la participación de la comunidad escolar en la gestión del centro,
como ya estaba regulado en leyes anteriores, por parte del consejo
escolar y por parte del claustro de profesores y se aumenta, según
nuestro criterio, la participación en actividades complementarias y
extraescolares a través de la incorporación a las mismas de la
administración local, la comunidad escolar y la sociedad en general, como
textualmente se dice en el anteproyecto.

En segundo lugar, creemos que se aumenta la autonomía de los centros por
una serie de medidas, fundamentalmente de dos. Una de ellas es la
elaboración del proyecto educativo y su publicidad, proyecto educativo
que, desde nuestro punto de vista, no debe ser confundido con el ideario,
tan querido por el señor Ollero y al que ha hecho referencia en su
intervención. Hay que diferenciar claramente el proyecto educativo que se
contempla en el anteproyecto de la referencia que hacía el señor Ollero
al ideario educativo.

Esta autonomía de los centros pensamos que se aumenta también a través de
la gestión autónoma de los recursos de la que aparecen dotados de una
forma clara y nítida los centros escolares en el anteproyecto de ley;
llega incluso a posibilitar a los centros escolares la obtención de
ingresos por el uso de sus instalaciones.

Estas dos medidas, la elaboración del proyecto educativo y la gestión
autónoma de los recursos, creemos que van a incidir de forma muy positiva
en la consolidación y en el incremento, si me lo permiten, de la
autonomía de los centros.

En tercer lugar, consideramos que se potencia el papel de los órganos de
gobierno de los centros públicos, tanto los colegiados como los
unipersonales. En el caso de los colegiados quisiera hacer una mención al
consejo escolar, consejo escolar al que se incorporan, en los centros de
formación profesional, por primera vez, representantes de las empresas.

Nos parece que es una buena medida, puesto que va a poner en contacto con
la realidad de una forma más fácil al centro educativo de formación
profesional con el entorno o con el mundo empresarial más cercano al
centro.

En cuanto a los órganos unipersonales, aparece una nueva regulación de lo
que va a ser el director de los centros escolares, con la idea muy clara
de mejorar el funcionamiento del centro. El director del centro escolar
para nosotros está muy claro que debe ser --así se contempla en el
anteproyecto de ley y viene, por lo tanto, a reafirmar lo que aparece
regulado en la LODE-- y tiene que seguir siendo elegido por el consejo
escolar. Pero para dotar al director del centro de una mayor capacidad,
hay que hacer algunas cosas nuevas, que es lo que se contempla en el
anteproyecto de ley y creemos que es positivo, como es una acreditación
previa para poder ser elegido director por parte del consejo escolar,
acreditación previa que se consigue a través de la experiencia docente, a
través de la experiencia en la gestión o a través de la valoración de la
docencia, a través de la valoración en la gestión y también a través de
la formación. Creemos que lo único que hace es añadir una serie de
cualidades a los futuros directores que va a hacer, cuando sean elegidos
por el consejo escolar, más fructífera su labor directiva en el centro
escolar. Queremos que el período por el que es elegido el director tenga
una mayor duración --según el anteproyecto se fija en cinco años-- que
debe redundar en el mejor funcionamiento y mejor organización de los
centros escolares. Y nos parece adecuado y conveniente que las personas
que ejercen la dirección de un centro escolar reciban una compensación
económica y profesional por llevar a cabo esta labor.

En cuarto lugar, en lo que se refiere a la evaluación, que abarcará a los
alumnos, al profesorado, a los centros, a los equipos directivos, a los
procesos educativos, a las administraciones educativas, consideramos muy
conveniente, como dice el anteproyecto, que se hagan públicos los
resultados, en lo que respecta a los centros y al sistema educativo.

Y, en quinto lugar, en la inspección educativa se definen, y estamos de
acuerdo con ello, claramente, por ley, cuáles son las funciones de la
inspección en relación con los centros y con el sistema educativo,
funciones de supervisión, de asesoramiento, de orientación, de
información, de evaluación. Creemos, además, que, tal como dice el
anteproyecto, estas funciones deben ser ejercidas, en caso de aprobarse
el proyecto de ley en sus términos, por funcionarios procedentes de los
cuerpos docentes, que, para acceder a ella, deberán reunir una serie de
requisitos que nos parecen esenciales y con los que estamos de acuerdo,
como es tener experiencia docente, ser licenciados universitarios y, como
mérito importante, se considerará la experiencia en la gestión en los
centros docentes, en cargos directivos de diverso nivel. Además,
consideramos también importante que la función inspectora sea ejercida de
forma estable. En los últimos años se han incorporado a la función
inspectora buenos profesionales, que han ejercido una buena labor, que se
han incorporado en las diversas comunidades autónomas y a través de los
concursos que han convocado las diversas comunidades autónomas; no se han
incorporado única y exclusivamente a través de los concursos convocados
por el Ministerio de Educación, sino de los convocados por el Ministerio
de Educación y por las diversas comunidades autónomas que tienen
competencias plenas en materia educativa. No ha habido ninguna cosa rara
por parte del Gobierno socialista, como indicaba el portavoz del Grupo
Popular, sino que lo mismo que él decía con respecto al Ministerio de
Educación puede decirlo --supongo-- con respecto al Gobierno de la Xunta
de Galicia --por poner un ejemplo-- o a cualquier otro.




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Se han incorporado buenos profesionales pero creemos que el nuevo modelo
que se fija en el anteproyecto de ley para la función inspectora es un
modelo adecuado, porque --insisto-- se define --como decía antes--
claramente cuáles son sus funciones, se mantiene que sean ejercidas por
funcionarios procedentes de los cuerpos docentes y se estabiliza su
función, cosa que consideramos muy importante.

Para terminar, dos cosas. La primera, leer, a modo de resumen, un párrafo
de la exposición de motivos del anteproyecto de ley, que en estos
momentos hago mío o hago que sea un texto asumido por el Grupo
Parlamentario Socialista, que creo que resume muy bien cuál es el
espíritu del anteproyecto de ley.

Comienzo la cita. Dice: Se justifica así la presente ley, que profundiza
la Ley de 1985 sobre el derecho a la educación en su concepción
participativa y completa la organización y funciones de los órganos de
gobierno de los centros financiados con fondos públicos para ajustarlas a
la Ley Orgánica de Orientación General del Sistema Educativo de 1990. En
plena coherencia con estas dos leyes, que han constituido anteriores y
destacados hitos de una misma política educativa, con miras a
armonizarlas y complementarlas, la presente ley obedece a una voluntad
ampliamente compartida en la sociedad española de reafirmar con garantías
efectivas el derecho a la educación para todos, sin discriminaciones, así
como también la autonomía de los centros docentes y la participación
responsable de quieres forman parte de la comunidad educativa,
estableciendo el marco organizativo que propicie los fines de reforma y
de mejora de la calidad de la enseñanza pretendidos con la nueva
ordenación de la Ley Orgánica 1/1990. El denominador común de los
propósitos que la animan, como lo fue también de las leyes anteriores, es
una educación de calidad, a la que tengan acceso todos los niños y
jóvenes españoles, sin distinción, y que les capacite para una
participación responsable e ilustrada en las tareas sociales, cívicas y
de trabajo que les correspondan en la vida adulta. Fin de la cita.

En segundo lugar, quiero anunciar la disposición plena del Grupo
Parlamentario Socialista para llegar a acuerdos con los diferentes grupos
parlamentarios en la tramitación del futuro proyecto de ley. Ese ha sido
siempre el espíritu del Grupo Parlamentario Socialista en la tramitación
de todas las leyes educativas aprobadas en los últimos años y queremos
que también lo sea con ésta. Este acuerdo evidentemente sólo será posible
si los diferentes grupos hacen públicas sus alternativas, en especial el
Grupo Parlamentario Popular, que o bien no sabe o bien no contesta sobre
temas cruciales que se contemplan en este proyecto de ley como en otros.

Desde luego, si dejamos al lado la demagogia y hacemos propuestas
concretas, estamos dispuestos en el trámite parlamentario para llegar a
aquellos acuerdos que hagan posible que esta ley salga con el mayor apoyo
de que seamos capaces en el trámite parlamentario, como --insisto-- se ha
hecho con todas y cada una de las leyes educativas que han pasado en los
últimos años por esta Comisión y por el Pleno de esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones de los diferentes
grupos, tiene la palabra de nuevo el señor Ministro.




El señor ministro de educacion y ciencia (Suárez Pertierra): Quisiera
aclarar, como entrada de esta segunda parte de mi intervención, que
agradezco al señor portavoz del Grupo Popular que haya solicitado mi
comparecencia para informar a esta Comisión acerca de las cuestiones que
constituyen el objeto de la misma.

Agradezco esta petición porque me da la oportunidad de ejercitar algo en
lo que creo profundamente, que es en la necesidad de tener a los señores
Diputados, en su representación popular, plenamente informados de todas y
cada una de las iniciativas del Departamento, especialmente de aquellas
que tienen más entidad e importancia.

Quisiera, sin embargo, decir a S. S. que este texto al que hoy hemos
tenido todos ocasión reiterada de aludir no abre ningún debate por sí
mismo; antes bien, cierra un debate abierto y que precisamente fue
iniciado en el Parlamento.

Desde esta perspectiva, señoría, agradeciendo de entrada la oportunidad
que me ofrece de exponer los criterios del Departamento en lo que se
refiere a la regulación de la participación y evaluación de gobierno de
los centros docentes, he de decir que el trámite seguido es justamente el
trámite adecuado.

Después de mantener durante todo un año abierto, a partir de su
presentación en esta Cámara, un debate sobre las llamadas setenta y siete
medidas de calidad, procede seguramente exponer las conclusiones del
debate a través de una iniciativa, que es necesario, primero, comentar en
el Gobierno; segundo, una vez aprobado de principio pasar a dictamen
preceptivo por parte del consejo escolar del Estado, que es donde se
encuentra en este momento y que constituye el órgano de participación en
estas tareas de la comunidad educativa, para que luego entre en su tiempo
oportuno a la discusión de estas Cámaras, donde sin duda será
enriquecido.

Por consiguiente, señoría, no creo que haya habido por mi parte ninguna
falta no ya formal sino al procedimiento debido hacia la obligada
atención a esta Comisión y a los representantes del pueblo español.

Repito, el anteproyecto de ley no abre por sí mismo un debate sino que
justamente lo cierra y lo somete a la labor parlamentaria.

Dicho esto, S. S. inicia su intervención con unas cuantas referencias de
conjunto que luego, al hablar en concreto, va justamente a especificar.

Sobre esa introducción, que S. S. ha llamado así, de conjunto, sólo
quisiera hacer dos referencias: una, que será recurrente a lo largo de
esta contestación por mi parte, y es que no me parece que, en relación
con las medidas de calidad sometidas a debate de la comunidad educativa y
a toda la sociedad española, este anteproyecto de ley presente ninguna
carencia o ninguna ausencia, si así quiere decirse.

He repetido siempre, en la presentación de las medidas de calidad y a lo
largo de mi intervención de hoy, cómo algunas de las medidas propuestas
requieren un cambio legislativo



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--ése está aquí--, algunas requieren unas disposiciones jurídicas de
rango menor a una norma de carácter legal y otras se arbitran a través de
simples instrumentos de gestión. Algunos ejemplos he citado en mi
intervención primera, cuestiones que estaban introducidas como medidas de
calidad y desde luego muy importantes, desde mi perspectiva, para
conseguir una mejor calidad de la enseñanza en nuestros centros
educativos, pero que, al no requerir rango legal, en el anteproyecto de
ley al que hoy hacemos referencia no están ciertamente incluidas. Medidas
de todo tipo. Medidas de mera gestión y ahí está la apertura de los
centros educativos en horario distinto al horario escolar; o medidas de
mucha entidad pero que solamente requieren simples instrucciones y, por
supuesto, la dotación económica, a la que creo que me he referido en mi
intervención; o medidas que se vierten, pongo por caso, en órdenes
ministeriales, como es la regulación del voluntariado en los centros
educativos.

Lo que se trae al cuerpo de lo que hoy es anteproyecto de ley son una
serie de instrumentos que requieren para su puesta en práctica una
modificación legal o que es bueno que estén en una norma con rango de ley
para que luego permitan poner en práctica determinadas medidas que van a
requerir ese apoyo legal de carácter superior. El primero de los
supuestos es el de la dirección y el de la inspección y el segundo hace
referencia a la regulación de la evaluación y al sentido de que se traiga
la evaluación precisamente al cuerpo de este proyecto de ley. Esta es la
primera cuestión. La segunda cuestión, en relación con la introducción
que hacía S. S. , es que ni me parece que el anteproyecto plantee ninguna
incongruencia --ahora lo explicaré--, ni veo por ninguna parte
improvisación en la propuesta de las medidas que aquí se contienen. Antes
bien, se trata de una reflexión largo tiempo realizada en el ámbito del
departamento, que creo sinceramente que responde a inquietudes que
existen hoy dentro de nuestra comunidad escolar y que, después de un
amplio debate, permiten su contraste y, en definitiva, permiten proponer
soluciones a los problemas que se tienen planteados. Señorías, no hay
aquí ninguna improvisación ni cambios semanales de políticas educativas
por parte de mi departamento o del Gobierno al que ahora estoy
representando.

Refería S. S. la incongruencia al proyecto educativo. He de confesar que
me ha asustado la afirmación de S. S.; si no me ha asustado, por lo menos
me inquieta. Cuando S. S. dice que hemos copiado, al establecer el
proyecto educativo, el programa del Partido Popular, confieso que me
inquieta, me incita a pensar que algo habré hecho mal, pero esta
inquietud luego se ha visto desaparecer en mi conciencia cuando me he
dado cuenta de que lo que está detrás de la afirmación de S. S. es una
especie de cambio de planteamiento estratégico. Ahora resulta que SS. SS.

no sólo tienen claros programas educativos --que, por cierto, mucha gente
no conoce--, sino que además la estrategia va ahora dirigida a demostrar
que todos, y en especial el Partido Socialista que sustenta al Gobierno,
hacen una copia real de esos programas. Por esto, me ha desaparecido la
inquietud. ¿No será que S. S. y el Grupo que representa están
confundiendo lo que significa ideario educativo con proyecto educativo?
¿No será quizás que SS. SS. no tienen en cuenta suficientemente que el
ideario educativo lo fija el titular del centro --evidentemente, de
acuerdo con los principios constitucionales, no podría ser de otra
manera--, que el proyecto educativo constituye las señas de identidad de
un centro educativo público y que es fijado con arreglo a los más caros a
nuestro proyecto criterios de participación? Porque S. S. sin duda conoce
que el proyecto educativo no lo fija el Ministerio, por hacer referencia
a la titularidad de los centros públicos o las administraciones
educativas, sino que lo fija justamente el consejo escolar, que antes y
hoy sigue siendo, con las mismas cotas de participación que le dio la
LODE, la reunión educativa para realizar actividades educativas de todos
los miembros de la comunidad escolar, profesores, padres y alumnos. Y
esta fijación de estas señas de identidad no sólo es perfectamente
legítima en el ámbito de los centros públicos, sino que, además, desde mi
perspectiva, es absolutamente buena y también diría que necesaria para
intentar mejorar la calidad de la enseñanza de nuestros centros docentes,
que no sólo tienen componentes de carácter didáctico o meramente
pedagógico. Y por si esto fuera poco, me parece que, además, hay que
decir que desarrolla criterios de participación de entidad importante y
que, tal como se presenta en el proyecto, incide justamente en criterios
de información a la sociedad o en criterios de transparencia que me
parece que no se pueden, en absoluto, minimizar.

Decía S. S. que se ha hecho la presentación pública del anteproyecto de
ley pivotando fundamentalmente sobre la idea del proyecto educativo.

Aunque no ha sido así en realidad, porque hay otras cuestiones
importantes que se implican en esta regulación, sí he de decir a S. S.

que se insistió en la presentación --sigo insistiendo en esta
comparecencia, y creo que debo hacerlo cuantas veces hable de éste hoy
por hoy anteproyecto de ley-- en la idea de hacer una escuela mejor, de
más calidad y más real en el sentido de más conectada con la sociedad y
que responda mejor a las demandas del entorno social. Y eso lo da
justamente, entre otras cosas, la idea del proyecto educativo que, si he
entendido bien a S. S., parece no haber visto --creo haberle entendido
así-- desarrollada en el proyecto. Por el contrario, ya lo indicaba el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, hay una afirmación, en sus
términos yo diría que rotunda, en el artículo 6, en sus dos números, que
se titula justamente proyecto educativo del anteproyecto de ley, que
además luego tiene otras disposiciones complementarias a lo largo del
texto del proyecto, como --por citar tan sólo un ejemplo de la misma
página en el borrador que yo estoy manejando-- es el caso del artículo 7
en su punto 3. Damos importancia, señoría --para finalizar este
apartado-- al proyecto educativo, porque nos parece una de las cuestiones
sustanciales para mejorar la calidad de la enseñanza, toda vez que acaba
revirtiendo en el ejercicio de la elección por parte de los padres y, en
su caso, de los estudiantes, del centro en el que quieren realizar sus
estudios.

Su señoría habla de determinadas cuestiones concretas en relación con la
dirección y con la inspección. Sienta



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S. S. la afirmación de que el sistema producirá efectos perversos --creo
que esta expresión es traducción fiel de las palabras del señor
portavoz--. Podíamos haber ido --no sé si S. S. lo pretendía o no-- a un
sistema que existe en otros países, incluso en países que pueden servir
de punto de referencia a nuestro sistema educativo, a la creación de un
cuerpo de directores. Es una discusión que siempre estuvo presente en la
comunidad educativa y que nunca aceptamos --y se discutió especialmente
con motivo de la elaboración de la Ley Orgánica del Derecho a la
Educación-- sobre la base de que eso suponía profesionalizar una función
que creíamos que debería estar más incardinada o directamente incardinada
en el ejercicio de la función docente. Por eso, el sistema para la
elección de director sigue manteniéndose. Y aquí sí que no hay --salvo lo
que voy a decir a continuación-- ningún cambio que pueda entenderse que
es sustancial. Lo que sí sucede es que pretendemos no una
profesionalización de la dirección, pero sí una mayor preparación o,
dicho gráficamente, como alguna vez se ha expuesto, que los mejores
profesores sean aquellos que ejerzan las labores de responsabilidad en la
dirección y el gobierno de los centros educativos, y para eso
incentivamos esa función. Pero no hay un cambio de sistema, antes bien,
la elección del director queda sometida al funcionamiento del Consejo
Escolar, como sucedía en la propia LODE, sobre la base de unas
acreditaciones previas en la que sólo de una manera muy interesada
--ahora lo aclararé-- puede decirse que interviene la Administración. En
este contexto hay que decir que el consejo escolar sigue ejerciendo las
funciones que tenía asignadas. El consejo escolar no evalúa, en términos
estrictos, en los términos en que se dice en el título correspondiente
del anteproyecto de ley que constituye la función de evaluar a los
futuros directores. El consejo escolar ahora sí va a tener oportunidad de
contrastar, llamémoslo así de una manera un poco elevada, los diferentes
programas de gobierno que los profesores acreditados defiendan ante el
propio consejo escolar para tener conciencia de qué es lo que están
comprometiendo con el ejercicio libre de su voto para el cargo de
director.

Por consiguiente, no hay ninguna conversión del consejo escolar, que es,
ciertamente, un órgano participativo, en un órgano que visa desde una
perspectiva técnica, diríamos así, las capacidades de los docentes para
poder ejercer la función de dirección. Se trata más bien de elevar el
propio contenido participativo del consejo escolar, que es lo que se
pretende en este proyecto.

En cuanto al sistema de acreditación, que es un sistema seguramente muy
medido, que a algunos puede parecer que es un sistema todavía no
suficientemente intenso para asegurar que el director elegido pueda
realizar correctamente sus funciones de administración, gestión y
gobierno, se basa en elección de consejo escolar, se basa en una
evaluación positiva, se basa en valoraciones positivas del ejercicio de
la función y, puesto que se trata de evaluaciones de carácter externo en
las que participan todos los sectores de la comunidad educativa y,
además, órganos técnicos, solamente se realizan en un sentido que no se
corresponde con la realidad; me parece que puede decirse que aquí se
aplica esa especie de gran dedo designador del Ministerio de Educación y
Ciencia que, desde luego, no se compagina con nuestros criterios al poner
en marcha y diseñar la reforma educativa.

Su señoría se refiere a la inspección desde diferentes perspectivas.

entiende que hemos diseñado la categoría de inspección y no el cuerpo de
inspección en función de planteamientos de clientelismo oportunista que,
he de decir, que en absoluto se corresponde con la realidad. Habría que
decir aquí que si diseñáramos un cuerpo de inspección, como parece
pretender su señoría, en cualquier caso habría que integrar en ese cuerpo
de inspección a aquellos inspectores que tuvieran definitivamente
obtenida su capacidad de ejercicio de la función inspectora. Si creáramos
un cuerpo habría que establecer sistemas de integración en ese cuerpo de
aquellos profesores que, ejerciendo la función de inspección, después de
pasar seis años y con dos evaluaciones positivas, tuvieran en este
momento acreditada la permanencia definitiva en su cargo. En cualquier
caso, lo que hacemos es no pasar al cuerpo de inspección, porque creemos
que no es necesario en absoluto, y sí utilizar uno de los elementos
técnicos, ciertamente novedosos, que aparecen plenamente definidos en la
Ley 30/1984, que es precisamente aquella norma jurídica que en su momento
dio una nueva regulación a la inspección. La categoría es una forma de
agrupación de carácter permanente como los cuerpos, una forma de
agrupación permanente novedosa y prevista en la Ley 30/1984, como decía,
y que, en mi opinión, se adapta perfectamente a la situación de una tarea
que se configura como la tarea superior de una carrera docente, que es lo
que pretendemos en este anteproyecto legal, y que sólo puede ser
desempeñada por funcionarios, lo decía el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, por funcionarios que pertenecen ya a otros
cuerpos docentes, con una larga experiencia, por consiguiente, en el
desarrollo de la función docente antes de integrarse en la realización de
la función inspectora; esta pertenencia activa y obligada de los
inspectores a los cuerpos docentes preuniversitarios permite mantener a
través de la categoría, entiendo yo, aquella incardinación en el mundo
docente que tan insistentemente había sido reclamada para la función
inspectora desde hace mucho tiempo. Se trata de reclutar para una
categoría, que es una categoría conceptualmente técnica, a funcionarios
que ya han ingresado en la función pública y que durante largos años han
desempeñado función docente en nuestros centros educativos.

Dirección, inspección, su señoría no se ha referido a la evaluación y,
por tanto, entiendo que le parece bien lo que decimos de la evaluación en
el anteproyecto de ley.

Finalmente, paso a explicar mi sorpresa por las referencias
presupuestarias de su señoría. No es una sorpresa, porque conozco las
inquietudes de su señoría, ni tendría sentido que lo fuera, que su
señoría se preocupe por la financiación de la educación y de la enseñanza
en todas sus etapas en España. Por supuesto, señoría, el primero que
mantiene esa preocupación ha de ser sin duda ninguna el Ministro del
ramo. Por consiguiente, aquí no hay ninguna sorpresa y comparto con su
señoría todas las preocupaciones que su señoría expresa.




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Mi sorpresa viene, señor portavoz, por ligar la idea del ajuste
presupuestario justamente a un proyecto de ley que creo que más bien
puede definirse como un proyecto que pretende determinar la relación
entre instituciones y no como un proyecto de específicos contenidos de
exigencia financiera para el presupuesto del Ministerio de Educación y
Ciencia. Pero conviene, puesto que su señoría lo pide, alguna referencia,
siquiera sea de no mucha intensidad, a la realidad presupuestaria hoy del
Ministerio de Educación y Ciencia. Por supuesto, señoría, que el ajuste
presupuestario tiene entidad, que asciende a esos 30.000 millones de
pesetas en los que dicho ajuste, no sin dificultades y trabajos,
finalmente ha quedado. También es verdad que yo parto de la idea de que
los presupuestos del Ministerio de Educación y Ciencia, como los
presupuestos de cualquier política sectorial y también los de las
políticas sociales tienen que ser solidarios con los problemas de la
economía de nuestro país, entre otras cosas porque si no resolvemos esos
problemas, no se van a poder hacer políticas sociales de carácter
avanzado y, entre ellas, las políticas educativas.

Ahora bien, lo que sí pretendo es, sin propaganda alguna, dejar las cosas
en su sitio. Señoría, esos 30.000 millones de pesetas, que diferencian el
presupuesto aprobado para 1995 y la actual situación todavía no
definitivamente consolidada, que es una cuestión a tener en cuenta puesto
que hemos establecido controles mensuales cuya existencia su señoría
conoce, se distribuye en dos ámbitos, el mayor de los cuales pertenece a
la categoría de lo que llamaríamos el ajuste presupuestario y el menor,
que asciende a unos 8.000 millones de pesetas, afecta a la categoría de
lo que llamaríamos el recorte presupuestario. Los 8.000 millones de
pesetas son obligaciones asumidas con cargo al presupuesto de 1994, no
incorporados los créditos correspondientes a esas obligaciones y que, por
consiguiente, hay que retribuir con cargo a los Presupuestos de 1995, que
puede entenderse, se entiende, que se minoran en esa cuantía. Los casi
22.000 millones de pesetas que llegan hasta la cifra global son una
cuestión provisional, uno, y dos, derivada del ajuste --no de un recorte
presupuestario-- a los límites de ejecución del presupuesto de 1994. Esa
cantidad se corresponde, señoría, con la parte del presupuesto de 1994 no
ejecutada por el Ministerio de Educación y Ciencia, aunque hay que decir
que la ejecución del presupuesto ha alcanzado un porcentaje, creo que muy
importante, del 98,5 por ciento creo recordar en este momento--, aunque
sea en términos aproximativos, que no lo son, pues creo que se
corresponden con la realidad.

Se trata, por consiguiente, señoría, más que de plantearse problemas,
puesto que viene bien para trabajar en contra del déficit público desde
los términos de las políticas sectoriales solidarias a las que antes me
refería, se trata de asegurar la ejecución al cien por cien del 98,5 del
presupuesto que queda, lo cual es un problema de gestión del que no le
quepa duda a S. S. de que me voy a ocupar de una forma muy prioritaria en
el ámbito del departamento.

Lo que constituye el que llamamos, en términos poco técnicos, pero sí
expresivos, recorte presupuestario, que asciende --como decía-- a unos
8.000 millones de pesetas y no a los más de 10.000 que se ha dicho,
aseguro a S. S. que al menos desde una perspectiva global, no va a
afectar a las políticas sustanciales del departamento. Es posible,
señoría que haya que deslizar algunas inversiones, las menos. No va a
desaparecer ninguna inversión. Es posible que alguna no podamos hacerla
al final de año. Se deslizarán las menos inversiones posibles y, desde
luego, señoría, aunque no puedo asegurarlo en este momento, procuraré que
no se deslice ninguna de estas inversiones. De momento, en el ámbito
universitario, que preocupa a S. S., ya le puedo garantizar que ninguna
de esas inversiones se va a deslizar, ni siquiera a deslizar, no es que
vayan a verse limitadas. Mi preocupación en este momento se dirige a
garantizar lo mismo en el ámbito de la educación anterior a la
universidad. Señoría, no me plantee en este contexto el problema al que
hacía referencia, sobre la dotación para los profesores eméritos como
consecuencia de la Ley aprobada en estas Cámaras, cuando esa cuantía
financiera, por una parte, ni estaba prevista en los presupuestos
primitivos para 1995, que SS. SS. han aprobado, ni cuando, por otra, el
precepto legal, cosa que no hay que perder de vista, hace una referencia
a que todo eso lo harán las universidades dentro de los créditos
presupuestarios que tienen asignados. Es una cuestión que pertenece, por
consiguiente, a otro contexto y en la que creo que no se pueden mezclar
las cosas.

Finalmente, en cuanto a los compromisos concretos de la ley --por si
antes no he sido suficientemente claro--, señoría, hay dos que tienen
pleno cobijo presupuestario, pero no hay más que dos compromisos
concretos y específicos de la ley: uno de ellos es el perfeccionamiento,
que con el juego de los plazos de la ley no será para el próximo año, de
una parte del complemento para los directores en el momento en que dejen
de serlo y a lo largo de toda su carrera, que tendrá el cobijo
presupuestario suficiente, y adquiero, por tanto, ese compromiso; y el
otro compromiso presupuestario de carácter específico hace referencia a
una disposición enormemente razonable, que es la prolongación de los
instrumentos de la jubilación anticipada que preveía la Logse y que, al
haber sido extendido el calendario de la Logse, no puede finalizar en
1997, como la Logse pretendía, sino en el momento de la conclusión del
calendario, que es lo que prevé --si mal no recuerdo-- la disposición
adicional primera de la ley.

Señoría, en algún momento de su intervención ha dicho que si ustedes
llegan al Gobierno, este sistema que ahora diseñamos no duraría ni un
minuto; creo que es lo que S. S. ha dicho. Por ello, vamos a decir a los
ciudadanos, vamos a seguir insistiéndoles a los ciudadanos y ciudadanas
españoles que es bueno que ustedes no ganen las próximas elecciones.

(Rumores.)
El señor González de Txábarri plantea también una cuestión de carácter
general que tiene que ver con la diferencia entre las medidas de calidad,
las 77 medidas en su momento presentadas, y los contenidos del
anteproyecto de ley motivo de la comparecencia. He de repetir a S. S. lo
que antes he indicado y a lo que S. S. también ha hecho referencia en su
intervención. El texto del anteproyecto puede tener contenidos más o
menos amplios. Yo he pretendido no sacralizar en normas con rango de ley
aquello



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que no fuera estrictamente necesario situar en este nivel normativo. Creo
que ésta es la buena técnica y creo también que es la buena política, sin
perjuicio de que, aunque no haya cambios --como antes he indicado, creo--
en el ámbito de la regulación de la evaluación, prevea que va a ser
necesario tener engarces legales para desarrollar un potente sistema de
evaluación como es el que pretendemos. Pero el anteproyecto pretende
profundizar en la autonomía de los centros, en la autonomía organizativa,
en la autonomía económica y en la autonomía de gestión. Es evidente que
en una norma con rango legal lo que se pretende es establecer los
criterios básicos o los criterios generales y que no pueden incluirse
elementos que son más bien propios de un desarrollo reglamentario. Yo
creo que esos elementos de carácter global que van a permitir ese mayor
grado de autonomía están aquí incluidos, como también creo, señoría, que
hay avance, desde la perspectiva de la autonomía en diferentes aspectos,
en relación con la regulación de los centros concertados. En cualquier
caso, agradezco la referencia que el señor portavoz ha hecho de que el
proyecto tienen buena orientación.

Es verdad que se trata pormenorizadamente evaluación, participación,
gobierno e inspección por lo que se refiere a centros públicos, y que se
trata a través de disposiciones complementarias a lo que es el cuerpo de
un proyecto de ley el caso de los centros concertados. Esto tiene que ver
con dos razones quizá discutibles. La primera de ellas es la
circunstancia de que en nuestra regulación, y en la medida en que no la
innovamos en este anteproyecto de ley, los centros concertados tienen
algunas especificidades y que sería difícil realizar un tratamiento
conjunto en todos sus extremos. En segundo lugar, hay una cuestión de
técnica jurídica. Mientras que respecto a los centros públicos sostenidos
con fondos públicos se hace una regulación de conjunto para sustituir un
título de otra ley, sin embargo, respecto a los centros concertados lo
único que se pretende es trasladar esos planteamientos que afectan a los
centros públicos en sentido estricto hacia todo el conjunto de los
centros sostenidos con fondos públicos. En cualquier caso, en este tema
se ha pretendido ser muy cuidadosos a la hora de redactar el proyecto,
como se ha pretendido poner mucho cuidado a la hora de determinar qué
aspectos, en su contenido y en su regulación concreta, son los declarados
básicos en la ley.

Su señoría ha planteado otras cuestiones sobre los directores de los
centros o incluso sobre cuestiones que yo creo que tienen que ver con la
regulación reglamentaria, pero, en cualquier caso, son cuestiones que
podrán ser tratadas, sin duda, en el trámite parlamentario. Sin embargo,
quiero hacer una referencia a dos que en concreto S. S. plantea. La
primera es que S. S. alude a la posibilidad de que pase a ser director de
un centro un profesor que lo es de otro centro. Esta es una cuestión que
no me resulta nueva hasta el extremo de que es una de las propuestas que
están incluidas en las 77 medidas sometidas a debate. No hemos visto una
acogida suficiente en el debate en el ámbito de la comunidad educativa
para incluir esta posibilidad en el proyecto de ley, si bien todo es, por
supuesto, discutible hasta la percepción que tenemos del propio debate y
la solución última que se dé al caso. Pero si no lo hemos introducido
habiendo previsto esta posibilidad, es justamente como resultado de los
informes y las sugerencias que se nos han hecho por diferentes ámbitos de
la comunidad educativa.

No me parece que haya problemas en lo que se refiere a la determinación
de los horarios, toda vez que no se tocan en el anteproyecto de ley los
planteamientos relativos a las enseñanzas mínimas, que son los
planteamientos de la Logse, que quedan plenamente vigentes con esta
regulación. En cualquier caso, es una cuestión que, como otras, tiene
cabida en normas reglamentarias o que será necesario estudiar. En todo
caso, señoría, estoy seguro de que la ley saldrá perfeccionada --si
finalmente se dictamina correctamente y el Gobierno la aprueba, que
espero que sí-- de las discusiones que en este Parlamento se realicen.

Agradezco al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista la lectura en
positivo que hace del proyecto de ley. Creo de verdad que responde a las
necesidades de la comunidad educativa en este momento. Seguramente no
habría nada mejor para finalizar mi intervención que la cita de la
exposición de motivos del anteproyecto que S. S. ha indicado. Por mi
parte y para finalizar, señor Presidente, solamente quiero indicar que si
hay algo que pretendo que defina esta nueva regulación de algunos
aspectos ligados a la calidad de la enseñanza, es justamente la
profundización en las reformas educativas que desde 1982 estamos
planteando, y todo ello desde la perspectiva de considerar esta
legislatura, como más de una vez he indicado, como la legislatura donde
es preciso profundizar en los aspectos ligados a la calidad de la
enseñanza. (El señor Ollero Tassara pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, ya sabe S. S. que no existe turno de
réplica, existe un turno excepcional por si alguna pregunta o cuestión no
hubiera sido respondida. Exclusivamente a estos efectos, pero no para
entrar en réplica, señor Ollero, tiene S. S. la palabra.




El señor OLLERO TASSARA: En efecto, hay alguna pregunta que no ha sido
respondida, y sobre todo hay bastantes argumentos que no han llegado a
aclararse, pero voy a procurar ser brevísimo.

En primer lugar, a nuestro Grupo le sorprende que el señor Ministro diga
que el anteproyecto cierra un debate, cuando está todavía por reunirse el
Consejo General del Estado, cuando está cayendo la que está cayendo por
parte de las centrales sindicales, cuando alguna dice que lo retire
porque no se ha empezado a discutir, y sobre todo no sé si se ha cerrado
el debate, pero no es una ovación cerrada lo que ha recibido el señor
Ministro hasta el momento; no sé si se hace ilusiones al respecto pero
uno está suficientemente al tanto. Un sindicato, UGT --no sé si le
suena--, por ejemplo, no parece que dé por cerrado el debate. Por eso
hemos querido traerlo aquí para un diálogo que para nosotros siempre es
fecundo, porque para nosotros cualquier diálogo en esta casa es siempre
fecundo, primero por convicción y segundo por los resultados, porque
vemos que acaban teniéndose en cuenta nuestros argumentos,



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aunque sea de manera inconfesada y tardía. Por otra parte, para este
Grupo es una satisfacción ver que no acaba refutándose ningún argumento.

Se dice que hablamos de manera negativa, pero no acaba de refutarse
ningún argumento en concreto, y no será por pereza, porque los que así
hablan no tienen fama de perezosos, sino quizá por pura imposibilidad.

Quiero entonces referirme a algunos aspectos concretos que creo que no
han sido suficientemente aclarados. En primer lugar, señor Ministro, en
cuanto al asunto del proyecto educativo no olvide usted algo elemental, y
es que, en efecto, una cosa es el ideario, que fija el titular del centro
--en eso estamos de acuerdo--, y otra cosa muy distinta es lo que el
Tribunal Constitucional establece, y es que cuando no hay ideario la
libertad de cátedra lleva a un mosaico de opciones que es donde se
entiende que se da el pluralismo. El proyecto educativo no es pluralista,
por definición, en el sentido interno me refiero, y usted incluso monta
un posible desembarco de profesores con un proyecto educativo unitario en
un centro. Usted tiene que dejar elegir a la gente ese centro o no,
porque ya no es el pluralismo ocasional que surge del ejercicio de la
libertad de cátedra de equis profesores, sino un proyecto educativo
monolítico, tan monolítico como para justificar saltarse el concurso y
copar un centro. Una de dos, o eso es una coartada para que usted coloque
a quien le parezca o eso tiene una consistencia propia; si la tiene,
exige elección. Es un dilema del que usted no se podrá escapar por mucha
poesía que le eche a esta cuestión.

Por otra parte, en cuanto a eso de que el ideario es algo a lo que el
portavoz popular tiene gran aprecio, le tienen gran aprecio infinidad de
altos cargos socialistas que mandan a sus hijos a centros con idearios,
como es sabido, y la última vez que se hizo un sondeo en el Gobierno sólo
tres ministros del Gobierno mandaban a sus hijos a centros estatales,
porque una cosa es predicar y otra dar trigo, o sea que aquí vamos a ver
quién es el que tiene el entusiasmo, porque es muy bonito hacer odas a
los centros estatales, pero luego, a la hora de la verdad, cada uno se
coloca donde puede.

Otra cuestión que no ha contestado, señor Ministro. No me ha explicado
por qué no extienden la posibilidad de una continuidad en el acceso a los
centros del período infantil y la primaria, por qué exige usted que el
alumno haya sido víctima de alguna desgracia para reconocerle una
libertad tan elemental. Ya se ve que funcionalmente es posible, puesto
que se reconoce a algunos. Pues reconózcaselo a todos, que no haga falta
ser damnificado por alguna plaga para que uno pueda ejercer una libertad
tan elemental.

Otro punto, señor Ministro. Con relación a los directores escolares,
usted ha dicho que cabría la posibilidad de hacer un cuerpo de
directores. Nuestro Grupo no lo defiende, quede claro. Ahora, lo que nos
parece absolutamente absurdo es un cuerpo inconfesado de directores, en
el que hay que hacer méritos con la Administración para luego uno poder
ser elegido por los propios compañeros o por los padres o alumnos. Eso es
totalmente absurdo y es lo que ustedes hacen. Es un cuerpo inconfesado.

Disposición adicional primera, en la que usted dice en concreto --y si
eso no es clientelismo a ver cómo me lo explica--: profesores que hayan
ejercido el cargo de director o jefe de estudios --a dedo jefe de
estudios siempre por parte del director, que a su vez ha sido nombrado a
dedo muchísimas veces-- durante un mínimo de cinco años a partir de 1980.

Todos éstos ya están acreditados. Explíqueme usted eso. Si usted no
hubiera puesto eso, yo podría entender que está diseñando un nuevo
modelo, discutible, pero esto «canta» de una manera escandalosa, señor
Ministro, y la gente no es tonta y se da cuenta de lo que hay detrás de
un tinglado de este calibre, es la pura realidad. Por tanto, aclare esa
situación porque no tiene ningún sentido que monte todo este jaleo.

No me ha contestado a algo muy elemental. ¿Cómo justifica usted que un
profesor que cuente con la mayoría absoluta de su centro no se pueda
presentar a director? Explíquemelo, dentro de un esquema que usted dice
que es el participativo. ¡Pues menos mal! A la hora de la verdad, la
Administración se reserva el derecho de veto simplemente por no haberlo
nombrado a dedo. Eso no es digerible, simplemente.

En cuanto al asunto de la inspección, ¿por qué no crea usted un cuerpo de
inspección? Ahora resulta que hay cantos a la estabilidad. Ustedes se
cargaron los cuerpos de inspección porque entendían que la función
inspectora no debería ser estable, está así puesto, lo escribieron
ustedes, lo defendieron ustedes con entusiasmo. Ahora cantan a la
estabilidad, que es lo que defendíamos nosotros, que no tenemos programas
pero defendemos cosas. Eso lo hemos defendido siempre, y le reto a que
encuentre un papel donde no digamos eso. Ahora ustedes cantan a la
estabilidad, y lo que «canta» es que, cantando ustedes a la estabilidad,
no hagan un cuerpo. ¿Por qué no hacen un cuerpo? Dice el señor Ministro:
porque no es necesario. Señor Ministro, porque no es presentable, porque
usted, después de haberse cargado los cuerpos de inspección, no puede
meter en un nuevo cuerpo de inspección a los que usted ha metido cuando
le ha dado la gana. Eso no es presentable y usted lo sabe, y lo sabe todo
el mundo, ésa es la cuestión. Haga usted un cuerpo de inspección, que
entren en él los que tengan que entrar, y todos esos señores que usted
había seleccionado bajo la condición de que estarían provisionalmente y
luego les ha dado una dimensión indefinida, y a algunos ni eso todavía,
hacen un simple concurso-oposición, demuestran su mérito y capacidad, y
adiós muy buenas, aquí no ha pasado nada. Ahora, lo que usted no puede
hacer es meter sus levas en un inconfesado cuerpo de inspectores. Eso no
es soportable y nadie lo va a soportar, señor Ministro, tenga esa
tranquilidad, pero no por el Gobierno que venga, sino porque eso es lo
que pide cualquier profesional que tenga la mínima dignidad de lo que es
su función, y entienden que eso es un símbolo de su política de estos
años, y con ese símbolo no están dispuestos a transigir.

Por último, señor Presidente, el aspecto presupuestario. Usted ha hecho
toda una disquisición muy original sobre recorte, ajuste, etcétera.

Dígame concretamente en qué no se va a gastar el dinero, porque usted me
dice: hay un recorte que es fruto de 8.000 millones que se habían
comprometido



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del año anterior y que, por tanto, hay que asumirlos ahora. Deslizan,
como usted dice --porque usted tiene deslices presupuestarios--, 8.000
millones para el año que viene. ¿Cuáles? Inevitablemente usted tiene que
gastar 8.000 millones en cosas del año pasado, luego no los tiene para
las de este año. Eso, según dice usted, se desliza. Dígame qué es lo que
se desliza. Yo quiero saber cuál es el alcance de sus «deslices», señor
Ministro, para ver en qué medida deja embarazado al Ministerio o no,
porque esto es un lío. Dígame en qué se desliza en concreto.

El ajuste es igual, dice usted que hay 20.000 millones que no han llegado
a ejecutarse. ¡Vaya gestión que tiene su Ministerio! 20.000 millones sin
ejecutar. Dígame en qué no se ejecutaron y yo tendré una idea de cuáles
son sus prioridades reales, porque lo que no se ejecutó el año pasado
tampoco se ejecutará este año. Ya tengo una pista. Lo que usted no puede
hacer a estas alturas, señor Ministro, cuando en habitaciones cercanas a
ésta se está hablando lo que se está hablando, es decir que usted
garantiza. Usted no garantiza nada, si usted no da datos, usted no
garantiza nada. Usted forma parte de un Gobierno que no tiene crédito
ninguno. La palabra de cualquier miembro de él no sirve para nada. Eso,
de este tabique hacia allá, está quedando en estos momentos tan claro
como la luz del día. Por tanto, ¿qué pretende usted, que crea en sus
palabras? Como persona, creeré siempre en su palabra, como Ministro,
jamás; pero no solamente yo, sino los ciudadanos, que es lo peor. Es un
Gobierno absolutamente desacreditado. Por tanto, dénos datos concretos;
de lo contrario no creeremos en usted, y a partir de este momento la
gente estará preocupadísima con sus «deslices», por saber dónde nos
pueden llevar.




El señor PRESIDENTE: Parece que esto ha suscitado nuevas peticiones de
turno.

Señor González de Txábarri, ruego también a S. S. que no establezcamos un
turno que no existe en el Reglamento, de debate entre los diferentes
grupos, aunque tal vez en esta Comisión se aprecia un intento de
relajamiento, a diferencia de otras comisiones en esta casa.

Tiene la palabra su señoría.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Yo estaba ya convencido de que en
esta Comisión había Reglamento, pero, bueno, oigo con satisfacción las
referencias que hace al mismo.

Intervendré brevemente, por una serie de aspectos que me interesa
subrayar y que no creo que el señor Ministro haya recogido
suficientemente. Son tres cuestiones. Primera, señor Ministro, el
componente plurilingüístico y pluricultural debe relacionarse con los
niveles de calidad, y ahí hay un aspecto que entendemos que no está
suficientemente recogido en ese anteproyecto de ley. Desde esa
perspectiva educativa vamos a ser capaces de reincorporar este debate que
entendemos que es fundamental en la actual consideración de lo que es el
Estado español. No podemos hablar de niveles de calidad hablando
precisamente de monocultura o de monolingüismo. Es un debate que
entendemos que hay que relacionarlo precisamente con los niveles de
calidad, igual que entendemos que pretender relacionar niveles de calidad
con titularidad de centros poco tiene que ver. Creo que éste es uno de
los debates que hay que dar por superados; porque uno sea o deje de ser
el titular del centro, poco va a aportar a lo que son niveles de calidad.

Usted mismo ha afirmado, en tercer lugar, señor Ministro, que este
proyecto de ley pretende definir la relación entre las instituciones.

Indudablemente, desde esta perspectiva la consideración de las
comunidades autónomas con competencias exclusivas en materia de educación
es relevante, es pertinente y es fundamental. Desde esta perspectiva, es
bien cierto que el anteproyecto recoge una serie de medidas. Lo que desde
el Grupo Vasco quisiéramos manifestarle es que es una buena oportunidad
para retomar aspectos que desde la LODE no han quedado suficientemente
claros y que son motivo de conflicto entre las distintas administraciones
educativas.

Nosotros recogemos el guante, señor Presidente, que tanto el señor
Ministro como el portavoz del Grupo Socialista han lanzado de cara a que
este proyecto de ley pueda ser mejorado y retocado en esta Cámara.

Agradecemos el talante del Ministro, entendemos que ha sido ejemplar, no
tenemos nada que objetar al trámite que se ha seguido en el debate con
este anteproyecto. Nos queda, como última cuestión, conocer qué intención
tiene el Ministerio en cuanto a recoger ese tipo de medidas que no están
recogidas en el anteproyecto pero sí en ese libro de las 77 medidas.

Compartimos que como táctica y técnica jurídica es bueno no remitir a
normas legales todos los aspectos que están recogidos ahí, pero es
oportuno conocer las intenciones del Ministerio de cara a aspectos que
son sustanciales y que están recogidos en ese proyecto de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nieto.




El señor NIETO GONZALEZ: Brevemente, señor Presidente, y no tema, no voy
a insultar a nadie, en primer lugar, y no voy a abrir tampoco una
polémica falsa con nadie, ni voy a incurrir en planteamientos demagógicos
para que se me responda desde otros lares.

Simplemente quiero decir que para el Grupo Parlamentario Socialista el
contenido del en estos momentos anteproyecto de ley, futuro proyecto de
ley espero que dentro de poco tiempo, tiene que servir --y así lo
entendemos nosotros--, al menos con la redacción que tiene en estos
momentos, para consolidar y potenciar los derechos contemplados en la
LODE y en la LOGSE. Al mismo tiempo, tiene que servir para adaptar y
actualizar algunos contenidos de estas dos leyes a la nueva ordenación
del sistema educativo español. Es decir, que no debe interpretarse de
otra forma, sino en este doble sentido.

Lo que sí tenemos también muy claro, y quiero insistir en ello, es que
los contenidos de este proyecto de ley son los contenidos del Gobierno,
son por tanto los contenidos que apoya y hace suyos el Grupo
Parlamentario Socialista en lo referente al proyecto educativo, donde,
desde luego, nuestra concepción es absolutamente distinta, por lo que



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hemos visto, de la que tiene el Grupo Parlamentario Popular, al menos de
la que tiene el señor Ollero, no sé si todo el grupo Parlamentario
Popular. Lo que sí queremos es contrastar, insisto, nuestro proyecto
educativo, reflejado en el anteproyecto de ley, con el que tengan otros
grupos. Queremos saber primero qué plantean otros grupos. Queremos
debatir, contrastar esos proyectos y llegar, siempre que sea posible, a
un acuerdo, insisto, en lo referente al proyecto educativo, en lo
referente a la función inspectora, cómo debe organizarse, con qué
contenidos debe dotarse a la función inspectora, cómo debe organizarse
los profesores que ejerzan esa función inspectora, categoría, etcétera.

Queremos contrastar también nuestra posición respecto a la dirección de
los centros escolares con la que tengan otros grupos, debatirla,
contrastarla, repito, y siempre que sea posible llegar a acuerdos.

Insisto, nuestra posición es la que aparece en ese documento. Nos
gustaría conocer otras posiciones con claridad para saber a qué
atenernos. Lo que no podemos es hacer un debate etéreo, un debate
inexistente, un debate alrededor de planteamientos que no tienen nada que
ver con la realidad, que lo que se pretende, en muchas ocasiones, por
parte de algún grupo es debatir «su realidad», que no se sabe bien cuál
es, se debe debatir algo que sí es tangible, que es real, que es lo que
aparece en un documento escrito como es un anteproyecto de ley.

Creo que cuando se presenten las enmiendas podremos ver qué hay detrás de
las palabras que hoy expresaba el señor Ollero en relación con los
directores, en relación con los inspectores, en relación con el proyecto
educativo. En ese momento contrastaremos posturas y veremos hasta qué
punto es posible llegar a acuerdos con todos y cada uno de los grupos
parlamentarios. Insisto en que a nosotros nos gustaría que esto fuera
posible, siempre y cuando el proyecto de ley sirviese para consolidar,
repito, y con esto termino, y potenciar los derechos reconocidos en la
LODE y en la LOGSE, eso sí, adaptándolos y actualizándolos a la nueva
realidad que tiene nuestro sistema educativo.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE EDUCACION Y CIENCIA (Suárez Pertierra):
Brevemente, señorías. Creo que el señor Ollero me plantea no tanto
cuestiones a las que yo no he respondido en mi turno, sino cuestiones con
las que seguramente no se muestra de acuerdo. Voy a intentar referirme a
cada una de ellas.

Señor portavoz, ¿cómo voy a pretender yo decir que el debate está cerrado
cuando todavía las Cámaras no han convertido el proyecto de ley en una
ley formal? Es evidente que no me estoy refiriendo a esto. Lo que quiero
decir es que no pretendo abrir un debate: sí el trabajo parlamentario,
por supuesto, y antes el trabajo del Gobierno, pero no pretendo abrir un
debate con un proyecto de ley, sino que entiendo que el proyecto de ley
es el resultado y conclusión del debate abierto en su día y precisamente
aquí. En este sentido, hay que entender mi intervención y creo yo que a
S. S. no le costará mucho trabajo entenderla en estos términos. Aparte de
esto, le aseguro, señoría, que no pretendo ninguna ovación por mi trabajo
al frente del Ministerio de Educación y Ciencia. Sólo pretendo realizar
este trabajo lo mejor posible y con todo el esfuerzo del mundo.

El problema seguramente está en que posiblemente nos referimos a cosas
diferentes cuando hablamos de proyecto educativo. Porque yo no sé qué
tiene que ver proyecto educativo con limitación de libertad de cátedra,
con falta de pluralismo, con monolitismo en la definición del proyecto
educativo, etcétera. No son conceptos que, en absoluto, se convengan con
la idea de proyecto educativo, entendida como hay que entender la idea
del proyecto educativo y como la entiende el anteproyecto de ley. El
proyecto educativo no limita, en absoluto, la libertad de cátedra; aunque
quisiera no podría limitarla. De la misma forma habría que entender, en
términos de estricta constitucionalidad, que el ideario educativo no
puede limitar la libertad de cátedra (El señor Ollero Tassara hace signos
afirmativos.) en términos de estricta constitucionalidad. En cualquier
caso, señoría, estaría dispuesto a defenderlo. El proyecto educativo, en
cualquier caso, no limita ni puede ni quiere ni pretende limitar la
libertad de cátedra, como no pretende tocar para nada el pluralismo
dentro de los centros educativos. Aparte de que un grupo de profesores
--y creo que esto es bueno para la mejora de la calidad de la enseñanza--
pueda concursar con un proyecto educativo unitario, además de esto, el
proyecto educativo tiene que ser, por supuesto, aprobado por el consejo
escolar, que es el órgano donde participan y realizan su trabajo
educativo profesores, padres y alumnos, como sabe perfectamente S. S.

Señor Presidente, señorías, ya estoy viendo al señor Presidente del
Gobierno compareciendo, a petición del Grupo Popular, para explicar
cuáles de sus ministros llevan a sus hijos a la escuela pública o a la
escuela privada. Sobre este tema sólo quiero decir a S. S. dos cosas,
porque evidentemente hoy no puedo entrar en esta cuestión. Primero, hay
centros privados que no tienen ideario; segundo, me congratulo de ser uno
de los tres ministros que lleva a sus hijos a los centros públicos de
enseñanza.

Me plantea S. S. el problema de las referencias que figuran en el cuerpo
de la ley y en las disposiciones complementarias en relación a los
criterios que se siguen en la admisión de alumnos con necesidades
educativas especiales. ¿Por qué insistimos precisamente en ello? Se
podría haber optado por otro planteamiento, por ejemplo por un
planteamiento de extender la fase de la educación obligatoria. No creo
que en cualquier caso se pueda echar en cara a nuestro proyecto no
trabajar justamente en aquella idea que es, probablemente, la más querida
de la reforma educativa. Incidimos precisamente en estos ámbitos porque
creemos que, desde la óptica de la igualdad de oportunidades, es
precisamente en estos ámbitos en los que ahora podemos hacerlo y en los
que ahora justamente hay que incidir. De ahí la regulación que se
introduce en el cuerpo y las disposiciones complementarias de la ley.

No se trata de crear un cuerpo de directores inconfesado. Es que no
queremos, señoría, crear un cuerpo de directores;



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queremos que los directores de los centros estén perfectamente preparados
para el ejercicio de su función y, además, queremos que haya multitud de
candidatos con acreditación suficiente. Porque el problema, señorías, de
las designaciones, por una mayoría o por otra, de los directores de los
centros públicos no es un problema de designación por un sistema u otro
de mayorías, es un problema de que, hoy por hoy, hay ausencia de
candidatos para dirigir los centros públicos. No es un problema de
consejo escolar, o en este caso, ahora, de limitación de las capacidades
del consejo escolar; es un problema de uso de las capacidades que la ley
ofrece a los profesores para poder ser directores de los centros
públicos. Creemos que éste es un sistema --que evaluaremos, por
supuesto-- que puede dar un buen resultado. Ni cuerpo de profesores
formal ni cuerpo de profesores inconfesado; no pretendemos esto.

Trabajaría este Ministro, señoría, en contra de la idea de establecer un
cuerpo de profesores formalmente constituido o no. Y si lo
estableciéramos, habría que establecer igualmente sistema de integración
--me refiero ahora a la inspección; he tenido un salto dialéctico-- de
aquellos que realizan en estos momentos las funciones inspectoras.

Respecto al cuerpo de inspectores tampoco se constituirá formalmente.

Creo que ello se ha explicado suficientemente. Hay algunas consecuencias
que pueden ser muy semejantes en relación al cuerpo de inspección y a la
categoría de inspectores. Es verdad que la categoría de inspectores,
aunque nueva --como decía--, es una categoría perfectamente prevista en
la legalidad, que se ha utilizado en otros ámbitos de la función pública,
que se define justamente por acceder a ella desde otros cuerpos de la
Administración y no desde fuera de la Administración, y pensamos que
puede dar resultado, toda vez que creemos que (esto ya lo decía, entre
otras, la Ley General de Educación de 1970, en el sentido de exigir a los
inspectores que realicen funciones educativas con anterioridad) integrar
un cuerpo de inspectores desde la perspectiva de la previa pertenencia a
los cuerpos docentes y exigiendo el ejercicio de su función es bueno. Ya
me he referido anteriormente a las cuestiones relativas a la integración.

Quisiera llevar al ánimo de S. S. la más completa tranquilidad. El tiempo
de trabajo exigido, para mí y para mis colaboradores en el Ministerio de
Educación y Ciencia, no me deja tiempo para ningún desliz, señorías; se
lo aseguro. Ni deslices presupuestarios ni deslices de cualquier otro
tipo que a S. S. se le pudiera ocurrir. Este Ministerio no tiene,
señoría, deslices.

Podría repetir lo que S. S. dijo del presupuesto. Yo quiero una ejecución
del presupuesto de este año y supongo que el Subsecretario la habrá
detallado la semana pasada cuando ha comparecido en esta Comisión para
hablar de la ejecución de dicho presupuesto. En el año 1994 el
presupuesto ha ascendido al 98,5 por ciento. Tengo que decirle a S. S.

que ustedes, que pretenden realizar muy pronto labores de gobierno,
tienen que ir sabiendo ya que una ejecución presupuestaria de un
presupuesto, que asciende a más de un billón de pesetas, al 98,5 por
ciento es una ejecución presupuestaria excelente. (El señor Ollero
Tassara hace signos afirmativos.) Y no me ovacione, señoría. (Rumores.)
Esos son justamente los márgenes del ajuste presupuestario.

Tienen otra solución los 8.000 millones de pesetas que se deslizan por sí
mismos, y no por culpa de este Ministro, desde el año pasado, 1994, al
presupuesto de 1995. Por supuesto que van a corresponder a determinados
programas que están contenidos en el presupuesto de Educación y Ciencia.

Yo digo, señoría, que no serán programas prioritarios. Cuando todo ello
lo tengamos perfectamente establecido se lo diré a SS. SS. sin ningún
tipo de reparo. Por ejemplo, señoría, van a afectar --ya que antes ha
hecho referencia este epígrafe presupuestario-- al servicio de
publicaciones y propaganda, como S. S. gusta de decir, aparte de que lo
diga el presupuesto; van a afectar a determinados planes ciertamente
ambiciosos de informática del Departamento. Señoría, no van a afectar o
pretendo que no afecten (comprenda que este Ministerio, por mucho que o
tenga deslices, no lo puede asegurar a estas alturas del curso
presupuestario) para nada a las inversiones en todos los niveles
educativos, y si fuera necesario tendría que afectar a las inversiones,
aunque espero que no en mucho. En este momento, señoría, estoy en
condiciones de asegurar que no van a afectar a la inversión
universitaria, por si S. S. quiere utilizar este mero ejemplo.

Ya conozco la expresión, que yo creo que es una expresión general en la
utilización por parte de su formación política, pero no tan general en el
entendimiento de los ciudadanos, la expresión relativa al descrédito de
este Gobierno y de su Presidente. Para no entrar con otros instrumentos
de dialéctica política, señoría, yo creo que sólo debo decir que el
crédito se demuestra tomando iniciativas como ésta, tomando iniciativas
diferenciadas, tomando iniciativas distintas, que por consiguiente tienen
que ver con nuestras políticas, que son desarrollo de los compromisos que
hemos adquirido frente a los electores cuando nos han elegido y a los que
les vamos a proponer en su momento, cuando agotemos la legislatura, que
nos sigan dando su confianza para que podamos seguir profundizando en
estas tesis.

Yo creo --contestando al señor portavoz del Grupo parlamentario Vasco
(PNV)-- que es verdad que no están incluidos los aspectos relativos a
políticas plurilingüísticas o pluriculturales en el proyecto de ley, pero
el proyecto de ley parte del entendimiento de que no se ocupa en este
momento de estas cuestiones, si bien, en términos accesorios o
complementarios, puede haber algún tipo de incidencia en la cuestión. En
cualquier caso, yo creo que existe un sistema en la Comunidad Autónoma
del País Vasco que viene funcionando correctamente, que está plenamente
integrado en el ámbito escolar y en el ámbito cultural, de carácter más
general, y no me parece por lo menos que el proyecto plantee problemas o
carencias al desarrollo de esas circunstancias.

Los niveles de calidad no tienen que ver con la titularidad de los
centros. No; lo que sucede es que los centros concertados, que tienen
algunas especificidades, al aplicar determinados instrumentos de calidad,
al crear la Inspección, por ejemplo, es evidente que van a recibir un
control,



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como lo reciben todos los centros sostenidos con fondos públicos. Esto es
lo que pretende regular, con ese sistema al que antes me he referido, el
proyecto de ley.

Creo que es verdad que el texto es muy cuidadoso al determinar normas
básicas, por ejemplo, la regulación de determinados aspectos de la
inspección, y cuáles no lo son, pero es una cuestión que, sin perjuicio
se discutirá sin duda y se verá enriquecida en el trámite del Parlamento,
también tiene que pasar la discusión de la conferencia de Consejeros, que
creo reuniré la próxima semana, cuando esté dictaminado por el Consejo
Escolar del Estado.

Finalmente, tan sólo decir, señor Presidente, señorías, que comparto
plenamente el talante que ha expresado el señor portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Ese talante es el que tiene también el
Ministerio de Educación y Ciencia.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Concluido el debate de esta comparecencia, se levanta la sesión.




Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.