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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 443, de 07/03/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 443
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 18
celebrada el martes, 7 de marzo de 1995
ORDEN DEL DIA:
Elección de Vicepresidente Segundo de la Mesa de la Comisión. (Número de
expediente 41/000026). (Página 13540)
Comparecencia de la señora Directora General del Instituto Nacional de la
Salud, INSALUD (Martínez Aguayo), para:
--Explicar las razones por las cuales están en juego el sistema de
protección social y sanitaria, así como sus proyectos relativos a la
flexibilidad de la política de personal. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001224). (Página 13540)
--Informar sobre el cumplimiento de la proposición no de ley aprobada el
15 de junio de 1994, relativa al acceso al título de especialista del
colectivo de médicos ayudantes de equipo médico y quirúrgico, así como el
Real Decreto 1776/1994, de 5 de agosto, la Orden de 14 de diciembre de
1994 y la Circular enviada el 27 de diciembre de 1994 por la Dirección
General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad y Consumo. A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente
212/001341). (Página 13548)
--Informar sobre la situación del Hospital Doce de Octubre y, en
particular del tratamiento que se da a la documentación clínica. A
petición propia. (Número de expediente 212/001355). (Página 13553)
Comparecencia de la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Amador Millán,
para informar sobre las condiciones en que se ejerce la custodia de la
documentación clínica de los pacientes del Instituto Nacional de la Salud
(INSALUD), así como sobre los hechos sucedidos en el Hospital Doce de
Octubre tras la desaparición de la Unidad de Arritmias. A solicitud del
Grupo Parlamentario Popular (número de expediente 213/000517), y del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC (número de expediente 213/000519). Esta
comparecencia ha sido cumplimentada por la señora Directora General del
Instituto Nacional de la Salud (INSALUD). (Página 13553)
Se abre la sesión a las diez y veinte minutos de la mañana.
--ELECCION DE VICEPRESIDENTE SEGUNDO DE LA MESA DE LA COMISION. (Número
de expediente 41/000026.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la
Comisión correspondiente al día de hoy.
El primer punto del orden del día es la elección del Vicepresidente
segundo de la Mesa de la Comisión, al haberse producido la renuncia de la
persona que ocupaba hasta ahora este puesto, doña Pilar Novoa Carcacia,
Diputada por Orense, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista.
La portavoz del Grupo Socialista, en este caso doña Pilar Novoa, desea
hacer la propuesta de la persona que va a ocupar esta Vicepresidencia.
La señora NOVOA CARCACIA: El Grupo Parlamentario Socialista propone a
doña María Francisca Vicente García para tal cargo.
La señora PRESIDENTA: Señorías, deseo trasladarles el deseo de la Mesa en
el sentido de que, dado que la sustitución de la Vicepresidenta segunda
es consecuencia de un acuerdo previo, si SS. SS. están de acuerdo
obviaríamos el trámite de votar con papeleta. ¿Aceptan esta propuesta?
(Asentimiento.)
Habiendo sido aceptada, queda hecha la sustitución y, por tanto, el
nombramiento por unanimidad de doña Francisca Vicente como Vicepresidenta
segunda de esta Mesa.
La señora Vicente puede pasar a ocupar su puesto en la Mesa.
Como ya llevamos un poquito de retraso, no le dejamos decir unas palabras
a la señora Vicente. Suponemos que está encantada de acompañarnos en la
Mesa y de haber sido elegida por unanimidad de los miembros de la
Comisión. Bienvenida a la Mesa.
COMPARECENCIA DE LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD
(INSALUD) (MARTINEZ AGUAYO), PARA:
--EXPLICAR LAS RAZONES POR LAS CUALES ESTA EN JUEGO EL SISTEMA DE
PROTECCION SOCIAL Y SANITARIA, ASI COMO SUS PROYECTOS RELATIVOS A LA
FLEXIBILIDAD DE LA POLITICA DE PERSONAL. A SOLICITUD DEL GP IU-IC.
(Número de expediente 212/001224.)
La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: Celebración de
comparecencias.
Se encuentra entre nosotros, para responder a todas las comparecencias
que constan en el orden del día, la señora directora general del
Instituto Nacional de la Salud, doña Carmen Martínez Aguayo, a quien
damos la bienvenida a esta Comisión.
La primera comparecencia del orden del día es la correspondiente a la
señora directora general del Insalud para explicar las razones por las
cuales está en juego el sistema de protección social y sanitario, así
como sus proyectos relativos a la flexibilidad de la política de
personal. Esta solicitud de comparecencia ha sido realizada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
¿Desea intervenir la señora Maestro para centrar los motivos de la
comparecencia?
La señora MAESTRO MARIN: Sí, señora Presidenta.
Aunque se trata de una comparecencia que fue solicitada hace ya algún
tiempo, supongo que la señora directora general del Insalud recordará que
tiene relación con unas declaraciones hechas por ella en unas jornadas
sobre aseguradoras privadas.
A mí me sorprende una vez más el hecho de que altos cargos del Ministerio
de Sanidad no se cansen de afirmar en el Parlamento su voluntad de
mantener íntegro el sistema sanitario público en su carácter actual, así
como una política de personal sobre la cual no se ha anunciado ningún
tipo de modificación, aunque está pendiente el estatuto marco, y que sin
embargo en un escenario como es el de las aseguradoras privadas --supongo
que, si me permite la broma, contagiada por el público que pudiera estar
oyendo sus manifestaciones-- se aluda a las dificultades del sistema
sanitario, del envejecimiento de la población, de las dificultades
financieras, etcétera, y se hable de la posibilidad de introducir pagos
complementarios (afirmación realizada por el señor Almunia, portavoz del
Grupo Socialista)
y de la necesidad de, en coherencia con medidas de competitividad,
etcétera, del sistema sanitario público, trasladar al sistema sanitario
políticas de flexibilización en materia de personal. Esas han sido las
razones por las cuales hemos solicitado esta comparecencia.
Aunque supongo que la señora directora general del Insalud reafirmará
manifestaciones hechas en defensa del sistema sanitario público, mi Grupo
Parlamentario se muestra inquieto por las tendencias que se intensifican
en determinados ámbitos y que parecen apuntar todas ellas en una misma
dirección, que no es otra que introducir medidas de competitividad que
caminan hacia criterios progresivos de privatización del sistema
sanitario público.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora directora general del
Insalud.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSALUD (Martínez Aguayo): Buenos días,
señorías.
En primer lugar, quiero manifestar mi sorpresa ante la solicitud del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para comparecer en esta
Comisión con el fin de explicar las razones por las que, a mi juicio,
está en juego el sistema de protección social y sanitario en la
actualidad, en base a determinados aspectos de la política de personal. Y
digo sorpresa porque nunca, y lo afirmo con rotundidad, me he expresado
en los términos manifestados en la petición.
En las jornadas a las que hace referencia la Diputada, en absoluto del
contexto de la conversación se podrían sacar las conclusiones que, de
alguna manera, se afirman en la comparecencia. Pero ya que me brindan la
oportunidad de expresar mis ideas al respecto, voy a hacerlo.
Es frecuente que alguien plantee en foros públicos el debate sobre un
posible escenario futuro en el que las prestaciones sociales sanitarias
pudieran reducirse porque su elevado coste las convirtiera en
económicamente insostenibles. Cuando he tenido que pronunciarme sobre
ello, siempre he utilizado el mismo argumento que, por supuesto, coincide
plenamente con la concepción que el Gobierno tiene de la política
sanitaria y que ya han tenido ocasión de oír en esta Cámara a la titular
del Departamento en reiteradas ocasiones. Aun pareciendo simplista, yo
sintetizaría dicha concepción en la siguiente frase: el Sistema Nacional
de Salud, universal y gratuito, es una conquista social irrenunciable.
Una conquista que se debe cuidar, proteger, fortalecer y mejorar en todas
sus deficiencias.
Esas afirmaciones no son, ni mucho menos, palabras huecas, sino que están
respaldadas por los hechos.
El esfuerzo realizado en la asignación de recursos públicos al sector
sanitario en estos últimos años se traduce en un importante incremento de
participación del mismo en relación con el PIB, que pasó del 5,68 por
ciento en 1985 a aproximadamente el 6,66 en el año 1991. La magnitud de
este cambio relativo es la mayor de las registradas en el conjunto de los
países de la Unión Europea y creo que expresa de forma tajante la
intención y el esfuerzo realizado para mantenerlo.
La consolidación del Sistema Nacional de Salud es una constante en los
grandes objetivos sanitarios y el Insalud ha contribuido en su ámbito
competencial, y seguirá contribuyendo, para hacerlo realidad.
Los sistemas sanitarios en general, desde hace dos décadas, se encuentran
con una serie de problemas que no son producto de opciones ideológicas
sino de múltiples factores externos que inciden de manera importante en
él, así como de una serie de características propias que los convierten
en uno de los sectores más complejos. Los cambios demográficos, los
avances científico-tecnológicos, la modificación en los patrones de
morbilidad y mortalidad, la aparición de nuevas patologías, los cambios
en la concepción ideológica de la salud y la incorporación del indicador
salud percibida como elemento fundamental en manos del usuario, etcétera.
Todos estos factores han propiciado un crecimiento muy importante de la
utilización de los servicios sanitarios y, consecuentemente, de los
presupuestos dedicados a salud. Los servicios sanitarios se han
convertido así en objeto de preocupación creciente en todos los países de
nuestro entorno, no sólo por el incremento del gasto referido sino por la
sensación de que ese crecimiento exponencial no tenga límite por sí
mismo.
Por todo ello, los Gobiernos, según su orientación y en mayor o menor
medida, han planteado estrategias para solventar estas dificultades que
pivotan sobre las siguientes líneas de actuación, al margen de las
posibilidades y de las peculiaridades propias de cada uno de los países:
Separar las responsabilidades entre financiación y prestación de
servicios, definir y dar a conocer las prestaciones y mejorar la gestión
para incrementar la calidad y eficiencia de los servicios.
Como saben, desde hace tres años en nuestro país se lleva trabajando
exhaustivamente sobre estos aspectos para garantizar una sanidad
universal y gratuita.
Las Cortes Generales aprobaron, en abril de 1992, el Programa de
Convergencia, conteniendo una serie de medidas organizativas,
presupuestarias y de gestión que propiciaban no el recorte, sino el rigor
en el gasto. Los Reales Decretos 858/1992 y 1415/1994 han establecido la
línea divisoria entre financiador y proveedor.
La reciente publicación del Real Decreto sobre Ordenación de Prestaciones
Sanitarias ha determinado qué podemos y debemos esperar todos los
ciudadanos del mismo.
Queda, por último, hacer referencia al tercer gran objetivo, que por otra
parte da contenido a la Institución a la que represento, siendo como es
el mayor proveedor de servicios: la mejora de la gestión que permita una
mejor calidad de los servicios a un coste razonable, requisito
imprescindible para la consolidación financiera del Sistema Nacional de
Salud.
La necesidad de controlar el gasto sanitario no debe confundirse con
reducción o recorte. Se trata de ajustar los recursos posibles a las
necesidades sanitarias; en definitiva, establecer el equilibrio óptimo
entre los ciudadanos que son a la vez contribuyentes y usuarios. Sería
absurdo no reconocer que tenemos la responsabilidad de racionalizar el
gasto, puesto que en ningún país, y en el nuestro
tampoco, los recursos son ilimitados. Estamos, por tanto, realizando un
esfuerzo de prioridad que permita garantizar los objetivos fundamentales
del Sistema, mejorando la eficiencia y preservando la solidaridad. Se
adoptaron instrumentos de gestión nuevos más acordes con la situación de
nuestros centros sanitarios. Así surgió el plan de gestión del Insalud y
su instrumento nuclear, el contrato-programa. Esta fórmula contractual,
iniciado en 1993, establece un primer pacto entre el financiador,
Ministerio de Sanidad y Consumo, y el proveedor, Instituto Nacional de la
Salud, para posteriormente desarrollar el mismo proceso negociador entre
la dirección corporativa y cada uno de los centros directivos del
Insalud, como he explicado ante esta Cámara en numerosas ocasiones.
El contrato-programa se ha implantado como fórmula definitiva,
incorporando importantes cambios. Cualitativamente relaciona los
objetivos asistenciales con la actividad a desarrollar y el coste
necesario para ello, permitiendo un ajuste progresivo de dicha actividad
a la vocación, acreditación y necesidades sanitarias de los centros.
Cuantitativamente permite una mayor adecuación de la actividad a los
objetivos y una disminución progresiva de la desviación presupuestaria.
En cuanto al sistema elegido para desarrollar el contrato-programa, «el
pacto» ha ido generando un cambio cultural entre todos los implicados
--Administración, gestores y profesionales-- pudiendo así adquirir cada
uno de ellos progresivamente mayores cuotas de responsabilidad.
A lo largo de este período podemos afirmar que los resultados obtenidos
son satisfactorios, resultados que, con respecto al año 1993, tuve
ocasión de repasar en esta Comisión hace unos meses y que, al margen de
las discrepancias lógicas entre grupos, son objetivables. La obtención de
los mismos no es producto de la casualidad ni del acierto puntual, sino
consecuencia de la implantación de medidas sólidas que van cambiando la
cultura existente, como voy diciendo, entre todos los protagonistas del
sistema. Estas medidas poseen la cualidad del no retorno, por lo que su
efecto más positivo no es el resultado obtenido hasta ahora sino el
establecimiento de un escenario que, en sí mismo, obligue a seguir
marcando líneas de mejora que profundicen en la consolidación, medidas
con las que hemos mejorado el procedimiento de gestión.
Para avanzar en este camino, es necesario el entendimiento con los
agentes sociales, haciéndoles partícipes en todo caso de las medidas de
gestión que se enmarquen en el seno de unas políticas de personal que
consideren a los recursos humanos como un factor clave, tal y como se
contempla en el acuerdo Administración-sindicatos para el período
1995-1997, sobre condiciones de trabajo en la función pública, aprobada
por acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de septiembre de 1994, y que
adaptado a las características específicas del sector sanitario
constituye la base del modelo de función pública en el que se incluyan
las medidas de gestión en materia de personal que adopte el Instituto
Nacional de la Salud.
El nuevo marco que resulte del proceso de negociación en curso ha de
posibilitar, según establece el acuerdo mencionado, una mayor
productividad de los recursos existentes, pudiendo ser preciso establecer
unas reglas de funcionamiento más flexibles, distintas a las actuales.
Para ello hay que contar forzosamente con la participación efectiva de
los profesionales, que deben ser plenamente incorporados a este nuevo
diseño de modelo organizativo, vinculados a los objetivos generales de la
Institución.
En mi anterior comparecencia en esta misma Comisión decía que nuestro
modelo organizativo actual, con respecto a los profesionales, presenta
una serie de deficiencias que comprometen las propuestas de mejora
recogidas en los objetivos generales. La ausencia de una adecuada
relación entre la cantidad y calidad de trabajo y el puesto desempeñado,
el escaso protagonismo de los profesionales en la toma de decisiones
organizativas, relacionadas con los procesos asistenciales, figuran como
las más significativas. Todo esto nos ha llevado a la convicción de que
la mejora de estos y otros aspectos identificados como críticos pasa por
la puesta en marcha de un proceso de descentralización de la gestión que
permita lograr una participación efectiva de los profesionales en la
gestión de los recursos y, consecuentemente, un mayor sentido de
pertenencia. Para ello resulta absolutamente necesario establecer la
adecuada armonía entre las metas personales de cada uno de nuestros
profesionales y los objetivos de la Institución. Asimismo, encontrar
fórmulas que permitan incrementar la sensación de responsabilidad
personal en los resultados obtenidos. En definitiva, como digo, implantar
mecanismos de participación real.
Son éstos los grandes objetivos que el Insalud se ha propuesto y que, de
alguna manera, encajarían en lo que el Grupo parlamentario solicitante
cita como «proyectos relativos a la flexibilidad en la política de
personal». El instrumento para llevar adelante estos proyectos está
vigente, es la utilización de la dirección participativa que determina el
contrato-programa, que permitirá descentralizar la gestión, como digo, en
un espacio más operativo de la estructura sanitaria.
No voy a extenderme más, porque el hacerlo supondría reiterar lo que ya
dije en mi comparecencia anterior. El turno de palabra que ahora se
inicia permitirá que incidan en aquellos aspectos que, en su opinión, no
hayan sido recogidos en mi intervención, sobre los que gustosamente me
expresaré.
Muchas gracias por su atención.
La señora PRESIDENTA: Además del Grupo solicitante de la comparecencia,
¿qué otros grupos desean intervenir? (Pausa.)
En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señora Directora General del Insalud, en primer
lugar decir que si usted no ha dicho lo que la prensa reflejó,
lógicamente debería usted pedir la rectificación correspondiente, porque
es un elemento de algo que está de moda, de alarma social, el que se
atribuya a determinados altos cargos de la Administración
afirmaciones que, si no son ciertas, evidentemente deben ser
rectificadas.
En cualquier caso, creo que es oportuno señalar, en función de la
amplitud de los temas abarcados en su respuesta, la preocupación del
Grupo de Izquierda Unida por las decisiones que se van tomando dentro de
la gestión de la Sanidad pública, que en mi opinión tienen un reflejo
ideológico fundamental. En mi modesta opinión, todo el caldo de cultivo
de opiniones que se crean desde sectores bien identificados, hablando de
las dificultades financieras y económicas de todo el programa de
aseguramiento social, no solamente del sistema sanitario, tienen un
origen ideológico definido, tienen unos intereses bien claros. Además,
quisiera decir que desgraciadamente se van cumpliendo sus objetivos; es
decir, desgraciadamente se va creando dentro de la Administración y en la
opinión pública general la sensación de que el sistema de aseguramiento,
el nivel de conquistas sociales, como usted bien decía, que han supuesto
el Estado del bienestar, está en crisis y que hay que hacer frente a
tiempos en que ese tipo de necesidades sociales, cubiertas desde el
Estado, pueden dejar de serlo. Insisto en que desgraciadamente no
solamente tienen origen ideológico e intereses bien definidos, sino que,
además, están logrando sus objetivos. Uno de ellos es que el Ministerio
de Sanidad, que gobierna el Grupo Socialista, define que la sanidad debe
ser universal y gratuita pero no necesariamente pública, porque ustedes
han aceptado la lógica de la privatización en la gestión de los servicios
sanitarios, es decir, han aceptado la lógica del funcionamiento
empresarial de una sanidad privada, que todavía está por demostrar en
algún lugar del mundo que haya aumentado la calidad en la prestación de
los servicios o que haya disminuido el gasto.
Sin embargo, ustedes aceptan, acríticamente y contra toda evidencia
aportada por la realidad, que la competitividad, que la descentralización
presupuestaria, que la gestión privada de la sanidad pública es más
eficaz y más eficiente que la que la propia Administración puede
garantizar. No solamente es que en otros países se demuestra lo
contrario, sino que usted conocerá tan bien como yo un sorprendente
informe del Tribunal de Cuentas en el que se acusa al Ministerio de
Sanidad haber violado la Ley de Contratos del Estado, en una
investigación bien acotada en la que exclusivamente se analiza la
adquisición de prótesis para diferentes intervenciones quirúrgicas y se
analiza que en el período estudiado, entre el año 1990 y 1994, el 73 por
ciento de las adquisiciones se hicieron por adjudicación directa, sin que
mediara concurso público alguno. Eso ha dado como consecuencia cosas tan
espectaculares --que usted conocerá-- como que dos hospitales de Madrid,
a la hora de adquirir un mismo generador para marcapasos, uno pague más
del triple que el otro por el mismo tipo de generador. Además --y es lo
que me interesa destacar, porque pone de manifiesto la esencia de la
gestión privada de la sanidad pública--, en el informe del Tribunal de
Cuentas se expone cómo ha incrementado, de un año para otro, después de
la toma de decisiones de descentralización presupuestaria --como usted
llama, creo, de una manera curiosa, al aumento de la participación de los
profesionales, es decir, cuando hay mayor descentralización en la toma de
decisiones--, hasta en un treinta por ciento la indicación de compra de
prótesis, sin que a cualquier persona sensata se le pueda ocurrir que el
estado de salud de la población haya modificado sus necesidades de un año
para otro para incrementar en tal volumen la adquisición de prótesis. Lo
que ha aumentado es el origen de una financiación añadida para
determinados bolsillos privados que participan, ahora sí, en la toma de
decisiones y, usted sabe tan bien como yo, en los programas de
optimización; es decir, diferentes nombres de programas para disminuir
las listas de espera han traído como consecuencia un incremento en la
indicación de intervenciones llamadas de cirugía menor o poco complicadas
y de indicación más que dudosa, que nos sitúan progresivamente en el
ámbito de las tasas de intervención quirúrgica de la sanidad privada que,
como usted sabe, son mucho más altas que en la sanidad pública y que
tienen su origen no en diferentes necesidades de la población de las
personas que están cubiertas por aseguradoras privadas, sino por
diferentes criterios de financiación. Esto es, no solamente se disminuye
la calidad, sino que a la larga se incrementa el gasto. Aparte de que
difícilmente se puede justificar la adecuación del contrato-programa a
las necesidades de salud de la población, en ausencia, una vez más --y
siento ser reiterativa, pero mientras eso no esté sobre la mesa tendré
que señalar que no hay criterio de racionalidad en la gestión, en la
planificación de servicios que pueda ser esgrimida por parte de las
autoridades sanitarias--, de un plan integrado de salud. Es decir, los
objetivos asistenciales se identifican en función de lógicas históricas,
de actuaciones previas, no de intervención sobre la salud de la
población. El sistema sanitario se justifica a sí mismo, no en función de
la población a la que en teoría debe atender, además de que este
contrato-programa y esta descentralización presupuestaria implica otro
aspecto de falta de racionalidad en la gestión, como es la fragmentación
del sistema sanitario, es decir, la disminución en los niveles de
coordinación entre la atención primaria especializada tanto intra como
extrahospitalaria.
En cuanto a la política de personal, he de decir que no deduzco de sus
palabras que haya modificaciones importantes en los criterios con
respecto al carácter de trabajadores públicos de los trabajadores
sanitarios. Sin embargo, es cierto que esa reforma de las condiciones
laborales no se está introduciendo por la vía de la modificación de
estatutos, sino por la vía de la práctica, en la medida en que cada año
es mayor el porcentaje de trabajadores sanitarios con contratos
temporales, en situación de interinidad; situación, creo que estará usted
de acuerdo conmigo, que no solamente supone una disminución de derechos
laborales con respecto a los trabajadores sanitarios, sino que introduce
un problema real de calidad de la atención sanitaria, en la que la
relación no solamente médico-paciente, sino trabajador sanitario-paciente
pasa por criterios de relación personal, de estabilidad y de experiencia
en el puesto de trabajo.
Por otro lado, siento que esa descentralización en la gestión
presupuestaria y esa mayor participación --que no
es mayor participación en la toma de decisiones, sino fundamentalmente en
la administración de los recursos sanitarios-- no se haya planteado a
través de la potenciación de los mecanismos existentes de los órganos de
participación, tanto de los consejos de salud como de los órganos de
participación hospitalaria, y muy significativamente ante el retraso --es
algo también histórico en esta Comisión-- de la puesta en marcha del
famoso consejo asesor, del consejo interterritorial. Además, tampoco se
ha puesto de manifiesto a través de avances en algo en lo que yo creo que
todos los grupos estamos de acuerdo, que es la necesidad de implementar
la carrera profesional como mecanismo objetivo, como mecanismo
transparente de adecuar las retribuciones a la calidad, al compromiso, a
los conocimientos, etcétera; no se ha hecho de una manera --insisto--
transparente y con posibilidades de control, lo que desde luego va en
dirección contraria de eso que usted llama mecanismos de participación de
los profesionales en la toma de decisiones y que suponen avances en algo
que yo creo que tiene poco que ver con la calidad de la atención, que es
el pago por acto médico o el pago por atención sanitaria, que se realiza
al margen de controles de calidad, cuando el control que se hace es
fundamentalmente presupuestario y, por tanto, de carácter cuantitativo a
la hora de analizar la intervención de los servicios sanitarios.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Después de seguir atentamente la
intervención de la directora general del Insalud, desde el Grupo
parlamentario Vasco podemos decir que tenemos una coincidencia bastante
consensuada en las líneas generales que ha expuesto la máxima responsable
política del Insalud.
Decía la directora general que la introducción de mecanismos de
competitividad en el sistema sanitario público se manifestaba también en
la opción, por parte de la Administración de los contratos-programa. Este
Grupo parlamentario está de acuerdo, en líneas generales, con la
introducción de mecanismos de competitividad. Creemos que el sistema
sanitario público está en estos momentos garantizando la universalidad,
la gratuidad, pero juntamente con ello es necesaria la existencia de
mecanismos de competitividad, de mecanismos que tiendan a hacer más
efectiva, más eficaz, la prestación de la asistencia sanitaria. Hay unas
rigideces en el sistema que es necesario abordar con rigor, con seriedad
y con valentía, porque existen diferentes «status» heredados del pasado,
regímenes estatutarios funcionariales, laborales de interinaje, etcétera.
Efectivamente la asistencia sanitaria pública a nuestro juicio está
garantizada y somos defensores a ultranza de la misma, pero ha de ir
adecuándose la prestación de la asistencia sanitaria a la dinámica que en
la realidad social los ciudadanos demandan. Por tanto, asistencia
sanitaria pública, sí; la garantía del sistema público de salud, también,
pero asimismo la adecuación de ese sistema público a las necesidades
actuales de la sociedad. Ello exige el tener que abordar determinadas
cuestiones, como decía, con valentía y que podamos cuestionarnos
determinadas rigideces que hay en el sistema sanitario público, lo cual
no quiere decir privatización, que es diferente, que es hacer dejación de
las funciones que la Constitución ha dado a los poderes públicos
españoles, a la Administración central y a las comunidades autónomas, a
la hora de la prestación de un servicio público, y transferir la
competencia que se tiene a otros operadores. Eso, no, porque
evidentemente sería inconstitucional, pero sí buscar mecanismos eficaces
y de flexibilidad que hagan más cercana al ciudadano, con mayor
competitividad y eficacia, la prestación de la asistencia sanitaria.
Nuestro Grupo parlamentario está de acuerdo con la línea general que se
sigue por parte del Instituto Nacional de Salud y de las comunidades
autónomas que han adoptado este modelo de gestión competitiva, lo que no
quiere decir de transferencia de la función que la Constitución ha dado
de prestar asistencia sanitaria a operadores privados. En eso creo que
estamos todos de acuerdo, pero sí hay que utilizar otra serie de
mecanismos que superen las rigideces que hasta ahora tiene el sistema
sanitario público.
A nuestro Grupo parlamentario, además de oportuno, le parece adecuado el
introducir mecanismos de competitividad en los que haya una mayor
participación de los gestores y por parte de los profesionales de la
sanidad, porque eso en definitiva lo que hace es que sean corresponsables
a la hora de la prestación de determinados servicios públicos. Es un
sistema que va a ser eficaz, que va a dar sus resultados, que el
ciudadano lo va a notar, en el que no exista una única dirección
centralizada y con rigideces de diferentes regímenes en el ámbito
sanitario público.
Sí estaría de acuerdo en que quizás sea necesario abordar con rapidez una
ordenación general de la política de personal. Por lo tanto no debemos
tener miedo a examinar criterios de flexibilidad que sean objeto de
debate, porque tenemos el acuerdo político de que el sistema público de
salud se debe mantener y lo que tenemos que abordar a continuación, en
segundo lugar, es qué mecanismos debemos pactar políticamente para que
ese sistema universal, público y gratuito sea lo más eficaz posible.
La vía que se sigue --usted lo decía a renglón seguido-- de los
contratos-programas está resultando eficaz y válida no sólo en el ámbito
de la sanidad, sino en el de la gestión de las telecomunicaciones, de la
televisión y de la radiodifusión. Ello, ¿qué supone? Que haya una
responsabilidad compartida no sólo de la Administración central o de las
comunidades autónomas a la hora de la presupuestación y del control del
gasto, sino también por cada uno de los centros de imputación de gastos,
como pueden ser los hospitales, que saben cuál es el esquema financiero
del que disponen cada año y que han de actuar, a la hora de la gestión de
los servicios públicos, sobre la base de ese nivel de vinculación
financiera y de obligaciones que el contrato-programa establece. Como
instrumento de gestión de determinados servicios públicos nos parece que
es oportuno y nosotros lo defendemos y nos felicitamos de que la
directora general del Insalud apueste, desde el año 1993, por la
utilización de los contratos-programa, porque nos parece
una vía eficaz y válida para la gestión de la prestación de la asistencia
sanitaria.
Por último quería hacer referencia también, señora Presidenta, a un tema
sobre el que se ha manifestado la señora directora general, que es el del
ámbito de protección. En los últimos años ha habido un aumento
considerable del gasto público, lo cual es bueno, pero también es
necesaria la racionalización de ese gasto porque, como se decía, los
recursos son limitados. Se avanza en la tecnología sanitaria, que cada
vez es más cara; el índice de vida de las personas cada vez es mayor;
surgen nuevas enfermedades, y todo ello hace que sea necesaria una
reflexión sobre la racionalización del gasto sanitario y la eficacia que
a la hora de la prestación de los servicios sanitarios ha de darse al
ciudadano. Por ello, el que se vaya a un modelo como el que se pactó en
el Consejo interterritorial, y que ha tenido reflejo recientemente en el
Real-Decreto 63/1995, regulador de las prestaciones, nos parece oportuno.
En definitiva, eso va a suponer una mayor garantía para el ciudadano, sin
perjuicio de que ese modelo por el que se ha optado, de limitación de las
prestaciones, pueda ser dinámico y flexible, de forma que puedan
incorporarse otra serie de servicios en función de nuevas patologías o de
nuevas tecnologías que vayan surgiendo para hacer frente a las mismas.
Los expertos sanitarios de diferentes administraciones públicas del mundo
occidental están de acuerdo en que es necesario caminar hacia una
ordenación del sistema, bien de una forma positiva, delimitando cuál es
el ámbito protector, o negativa, delimitando qué es lo que queda fuera.
Es indiferente. En España se ha optado por el sistema positivo, de
determinar el ámbito de protección y, por lo tanto, nos parece adecuado,
juntamente con otra serie de actuaciones en materia de farmacia y de
tender a una reordenación y racionalización del gasto.
Termino, señora Presidenta, diciendo que nosotros estamos de acuerdo, en
líneas generales, con el planteamiento que se ha hecho por parte de la
directora general del Insalud, y creemos que los sistemas de gestión de
los servicios públicos sanitarios a través de los contratos-programa y la
introducción de mecanismos de competitividad y asunción de
responsabilidades por parte de los profesionales son buenos. Creemos
también que es la línea a seguir para la prestación, eso sí, con toda
garantía, como establece la Constitución, de un servicio público
universal y gratuito, que, a nuestro juicio, va a resultar más
eficazmente prestado a través de estos mecanismos.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: Bienvenida, señora directora general
del Insalud.
He estado oyendo sus explicaciones sobre cómo funciona la sanidad en
otros países, a lo que siempre se hace referencia cada vez que se pide
una comparecencia o se habla del sistema sanitario español y de sus
deficiencias, y suenan bastante bien, pero lo que necesita la sanidad
española no es autocomplacencias, sino simplemente actuaciones
necesarias, sin abandonar la acción, con una eficacia que muchas veces
echamos de menos.
Parece ser que usted no dijo lo que dicen que dijo, pero son las propias
palabras de los responsables económicos del Gobierno las que ponen en
duda, de vez en cuando, el sistema de protección social y sanitaria de
España, y cada día lo complica más una gestión descoordinada y, permítame
la expresión, que en algunos casos podría calificarse de parcheo, porque
se tapa una gotera y se abre una vía de agua. Así no es posible abordar
con realismo el mandato constitucional y el compromiso político de la
protección social y sanitaria.
Si contemplamos en estos días el resultado de la rocambolesca aventura
del «Medicamentazo», un Decreto que con nocturnidad y electoralismo
sorprendió a los confusos votantes con la retirada de casi 1.700
especialidades farmacéuticas, veremos que no ha tenido el efecto-ahorro
que el Gobierno esperaba y que ha sido técnicamente ineficaz, según datos
facilitados por el propio Gobierno hace pocos días, y que muchos de los
planteamientos han venido a crear en realidad esa vía de agua donde
parecía que se estaba poniendo un parche. Ustedes han tenido un criterio
economicista y no de servicio en cuanto a la protección social y
sanitaria del ciudadano, y han reconocido ahora que la medida ha sido
prácticamente inútil desde el punto de vista económico y sólo ha hecho
daño a los beneficiarios, tal como les advirtió en su día el Grupo
Popular.
En muchos de estos casos las medidas rayan casi en la inhumanidad, por
ejemplo las peripecias por las que ha de pasar una persona colectomizada
para desplazarse con el fin de poder obtener las bolsas, y eso lo sabe
bien el personal médico y sanitario que tiene relación con estas
personas, cuando luego la autorización para la adquisición de esos medios
no la hace la persona que debía hacerla, sino otras que no son siempre
las indicadas. Eso les consta y, si no, les debería constar.
Qué hablarle, por ejemplo, del famoso catálogo de prestaciones, que son
sólo un paso más en el recorte de prestaciones sanitarias, muy hábilmente
presentado a la sociedad para que parezca un incremento de prestaciones
que en realidad es falso, porque todo lo excluido, salvo el cambio de
sexo --que no es un asunto baladí, pero que en buen número de casos es el
chocolate del loro--, ya lo estaba y no se prestaba desde la Seguridad
Social.
En el catálogo de las nuevas prestaciones, los logros son tales como, por
ejemplo, la asistencia psiquiátrica, que todos sabemos que se atendía de
una forma u otra por el Estado; los enfermos psiquiátricos estaban
atendidos. Respecto a la asistencia bucal, se presta el tratamiento
agudo, sacar una muela; eso ya se hacía. Sobre las exploraciones a
embarazadas y tratamiento con hierro y calcio, ya se hace durante todo el
embarazo.
La señora PRESIDENTA: Perdone un momento, señora Fernández de Capel, le
recuerdo que la comparecencia no se refiere meonográficamente al catálogo
de prestaciones. Quiero recordarle que no se salga demasiado del tema.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: No me salgo del tema, señora
Presidenta, porque creo que las prestaciones sociales entran dentro de la
protección social y sanitaria de todas todas. Gracias por su aclaración.
Sobre las medidas preventivas para niños, se trata de un brindis al sol
cuando no se especifican edades, no se habla de prevención y no hay una
partida presupuestaria para personal ni para tecnología que en muchas
ocasiones no posee la Seguridad Social. ¿Cómo va a hacerse, por ejemplo,
en un caso como el de los higienistas dentales? Ya nos estamos metiendo
en temas de personal y la Seguridad Social está acometiendo por personas
no cualificadas la función que debería hacerse por los higienistas
dentales.
Al margen de la propaganda, de la que su Gobierno es maestro, esto cierra
al sistema para dos cosas. Impide las nuevas incorporaciones de
tratamiento y de diagnóstico, que necesitarían de un real decreto, en el
caso de que mañana pudiera abordarse una terapia nueva para el sida o
para el cáncer; esto quedaría sin cobertura hasta que apareciera en el
Boletín Oficial un real decreto. Usted ha hablado de los problemas que
pueden suponer los avances científicos. Los avances científicos y los
cambios en las iniciativas científicas quedarían sin cobertura tal y como
está diseñado ahora mismo.
Otro de los efectos es que las indicaciones de tratamiento o las
exploraciones muchas veces son decisiones administrativas y no médicas.
Este es un asunto muy grave y, a este respecto, quiero hacer hincapié en
ese dudoso y casi peligroso informe de indicadores de calidad en la
prescripción farmacológica, elaborado por unos medios que no son los
adecuados, por administrativos, que violan derechos sagrados. Le hablo de
derechos sagrados --el fin nunca puede justificar los medios, aunque hoy
se habla de ello en la casa en otro ámbito-- como injerencia en la
relación secreta médico-enfermo. No se puede entrar en la calidad de un
diagnóstico a través de las recetas que hace determinado señor. Esa es
una injerencia inadmisible desde el punto de vista de los profesionales.
Todas estas cuestiones vienen siendo admitidas por algunas comunidades
autónomas a las que el Ministerio les hace el trabajo sucio, lo que es
profundamente injusto para el ciudadano.
Podría seguir pero, por no extenderme en este aspecto, quiero incidir en
que la cobertura sanitaria la ponen en peligro el despilfarro, la mala
gestión, una legislación inadecuada y, tal como ha sido ratificado por el
informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de noviembre de 1994, la
corrupción, cuando desde la propia Administración se ha violado la Ley de
Contratos del Estado durante más de cuatro años.
En cuanto a la política de personal, estamos a falta del Estatuto marco,
que nunca deberá hacerse sin respetar derechos adquiridos como promoción
y otra serie de cosas dentro de la política de personal. Esta política de
personal no existe cuando se vulneran derechos y se pasa por delante de
profesionales de prestigio, en todos los ámbitos, a los fieles políticos,
sin ver la vulneración de derechos adquiridos por terceros, se hacen
traslados dudosos o concursos discutibles. Ustedes confunden esa política
de personal con políticas para personas; a veces, sólo falta citar en las
normas a esas personas. Mientras no se despoliticen las funciones de la
administración y de la gestión de la Sanidad pública, no se conseguirá la
selección por mérito y capacidad de los mejores profesionales, en
detrimento del sistema. Esa docilidad se premia y estamos viendo cómo,
desde el sistema, una de las pautas para acceder al reciclaje está siendo
en algunos ámbitos el no recetar; el que receta menos tiene capacidad
para asistir a cursos de reciclaje.
Para qué le voy a decir el desánimo del personal de la Administración
sanitaria. Estamos en marzo y todavía no hay viabilidad para el seguro de
responsabilidad civil, que tanto preocupa a los profesionales del sistema
sanitario. Quisiera que la señora Directora General del Insalud nos
respondiera qué pasa con el seguro de responsabilidad civil. En diciembre
se me decía que estaba ya hecho, ratificado y superratificado, aunque
nunca lo hemos visto ratificado. Estamos en marzo y, a cuatro meses del
año, todavía no existe el seguro de responsabilidad civil. Para qué
hablar, señora Directora General, del desánimo de todos los que somos
profesionales de la Sanidad.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Sabaté Ibarz.
El señor SABATE IBARZ: Voy a ser muy breve porque creo que la Directora
General ya ha aclarado la confusión que podría existir y con seguridad ha
disipado las dudas sobre esas supuestas declaraciones.
Lo que importa son los hechos, no una interpretación extensiva sobre las
citadas supuestas declaraciones. Los hechos demuestran que no sólo no
disminuyen los servicios y las prestaciones sanitarias, sino que aumentan
y que la percepción de los ciudadanos es notable en cuanto a la calidad
de los servicios que se les ofrece, tal como ya tuvimos ocasión de
comentar en esta misma Comisión hace algunas semanas, cuando analizamos
la última encuesta que se había realizado, una encuesta amplia que
demostraba nuestras afirmaciones. Por otra parte, también se han mezclado
otras cuestiones relativas a la gestión, que creemos que tienen poco que
ver con la comparecencia solicitada.
Creo que ese afán de la representante de Izquierda Unida por desplazarnos
hacia la derecha va a resultar vano porque, a lo largo de estos años, ya
hubiéramos podido privatizar la Sanidad y todas esas catástrofes que se
nos anuncian de cuando en cuando, y no lo hemos hecho. Creo que ese afán
va a resultar vano simplemente porque no queremos, no tenemos esas
intenciones, por lo que va a ser bastante difícil.
Creo que el sistema público está asegurado mientras nuestro Grupo tenga
la confianza de los ciudadanos. Lo hemos demostrado y lo vamos a
continuar demostrando, espero que todavía durante bastante más tiempo. El
incremento en la asignación de recursos públicos ha sido constante, el
nivel de las prestaciones bueno y los ciudadanos lo perciben de esta
manera.
Claro que hay que realizar reformas. Nosotros damos apoyo a la política
del Gobierno en materia de Sanidad y a la política de la señora Directora
General, que está haciendo posible precisamente asegurar ese carácter
público
del sistema, con el necesario rigor y la contención del gasto, que
permita afrontar la cada vez mayor demanda de servicios sanitarios con
recursos limitados, como ya se ha señalado aquí por parte de otros
intervinientes.
Finalmente, ha habido una intervención de la representante del Grupo
Popular que, aprovechando el momento, ha realizado una serie de denuncias
sobre la gestión, la administración, la legislación, ha hablado de
corrupción y, además, sin aportar ninguna alternativa, como siempre.
Quien no propone alternativas no va a merecer el apoyo de los ciudadanos
cuando se les solicite, como también ha sido habitual. Simplemente hago
esa consideración por si puede servir de algo.
La señora PRESIDENTA: Para responder a esta comparecencia en los términos
en los que está formulada, tiene la palabra la señora Martínez Aguayo.
Quiero decirle que, al hilo de esta comparecencia, se le han formulado
preguntas y temas que tienen que ver, en concreto, con las conclusiones
del informe del Tribunal de Cuentas. Les recuerdo que en esta Comisión
está pendiente una solicitud de comparecencia para tratar este tema de
manera monográfica. Sobre otros temas que han salido aquí, muy
colaterales a la comparecencia, no está obligada a responder, señora
Martínez Aguayo.
Cuando quiera, tiene la palabra.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Martínez
Aguayo): Yo no tengo la costumbre de rectificar las informaciones que
salen en la prensa con respecto a lo que digo o dejo de decir, porque si
me dedicara a rectificar todas aquellas informaciones que no obedecen a
la verdad, probablemente me dedicara sólo a esto y no a mi trabajo, que
es dirigir el Insalud, al margen de que la prensa haga lógicamente su
valoración que, en este caso, desde luego, como he dicho, no obedece a la
verdad. A lo mejor tiene usted razón y lo debería hacer para que hubiera
más claridad, pero no acostumbro a hacerlo porque entiendo que tampoco
tiene mayor importancia.
Yo creo que el que desde el Insalud se plantee claramente una línea de
trabajo que permita que los profesionales sanitarios se conviertan en
auténticos protagonistas del sistema, que realmente participen en la toma
de decisiones y en la gestión, no es más que poner en la práctica lo que
es una realidad, por mucho que queramos evadirla o esquivarla. En una
organización como la nuestra, que está constituida fundamentalmente, en
su núcleo básico de trabajo, por profesionales altamente cualificados, no
se puede entender que se puedan obtener mejoras en los términos que se
quieran plantear, mejoras de cara a la calidad del servicio que se
presta, de cara a la atención a los ciudadanos, mejoras en cuanto a la
racionalidad y la utilización más eficiente de los recursos que se ponen
a disposición del sistema, si no es con una participación efectiva y
clara de los profesionales, de tal manera que desarrollar esta línea para
nosotros es altamente prioritario, porque pensamos que se ha perdido la
comunicación y un grado de vinculación de los profesionales con los
objetivos que tenemos la obligación de recuperar. Creemos que el
contrato-programa y el proyecto que le planteo de descentralización de la
gestión, que a lo mejor es un nombre demasiado rimbombante para lo que
pretende, que es esta participación efectiva en el marco de la legalidad
vigente, son objetivos prioritarios.
En ningún caso está planteada en la política del Insalud privatización
alguna; está planteado, en la lógica de la separación de la financiación
y la provisión, trabajar, como les digo, centrándonos en el uso racional
de nuestros recursos y en las mejoras de gestión que tengamos que ir
introduciendo.
No obstante, sí quiero comentarle, porque no me puedo resistir a hacerlo,
que a lo largo del tiempo yo creo que hay evidencias suficientemente
contrastadas de que se puede trabajar y se está trabajando en
colaboración con entidades privadas que prestan servicios, con la
política de conciertos que venimos teniendo desde hace años, a plena
satisfacción, y yo creo que hay que evitar fantasmas en este tiempo.
Nadie pretende privatizar la sanidad, pero no veo por qué razón no
podemos seguir trabajando complementariamente, en el marco de la Ley
General de Sanidad, puesto que además yo creo que es bueno para todos,
fundamentalmente para los ciudadanos.
Evidentemente, el sistema tiene importantes rigideces, como ha planteado
el portavoz del PNV, y es importantísimo que vayamos avanzando, en la
medida de lo posible, por la vía de mejorar, de dar flexibilidad en el
marco que tenemos. Creo que lo que nos permite el contrato-programa y
esta línea de trabajo es suficientemente importante, porque dentro de
esta autonomía de los profesionales permitirá, a lo mejor, algunas
flexibilidades en horarios y en turnos que será importante agotar, más
allá de que sea necesario en otro momento plantearse cambios
estructurales más profundos.
Comparto plenamente la afirmación que hace la representante del Partido
Popular de que el despilfarro no es bueno y no nos conduce más que a una
mayor insolidaridad o a elementos muy negativos, en contra de la
obligación del sistema. El despilfarro es un lujo, es un desastre que no
nos podemos permitir bajo ningún concepto, y todas las medidas tendentes
a la racionalidad del gasto, en las que venimos empeñados desde hace
tiempo, son absolutamente irrenunciables. Todas las medidas que S. S. ha
enunciado van en esa línea, honestamente así lo opino, tanto los
diferentes cambios que se hicieron con la Ley del Medicamento, que no
hizo más que sustituir medicamentos que no tenían probada eficacia
terapéutica, como la ordenación que permite el catálogo de las
prestaciones van en este sentido.
Siempre comparo el Sistema Nacional de Salud con otros países porque me
siento muy orgullosa de los resultados de la comparación, y muchas veces
nos comportamos como si tuviéramos algo que ocultar o no pudiéramos
hinchar pecho ante lo que tenemos por delante, cuando con nuestro sistema
sanitario tenemos probados motivos para estar orgullosos de lo que
hacemos, cómo lo hacemos, con qué resultados y cómo están funcionando las
cosas. Creo honradamente que las cosas que hacemos no están vulnerando
ningún derecho constitucional, el «derecho sagrado»
al que usted se refiere me imagino que es un coloquialismo sobre ello, y
pienso que las cosas están planteadas en los términos de la más absoluta
legalidad.
La señora MAESTRO MARTIN: Solicito un pequeñísimo turno por alusiones del
señor representante del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, tiene la palabra, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Brevísimamente, para afirmar sinceramente que
en general, y muy especialmente en ámbitos sanitarios, mi deseo no es
oportunista ni electoralista en relación con la actuación del Grupo
Socialista. Ya quisiera yo que sus aliados fueran otros, pero en muchas
ocasiones sus aliados hablan con mayor claridad, como en este caso el
representante del PNV, de las tendencias generales de la política
sanitaria en hechos, no en palabras, que el Ministerio de Sanidad. Esto
ha supuesto un cambio sustancial del discurso del Partido Socialista en
estos últimos años, y en concreto supone, en lo que estamos hablando, en
cuanto a la participación de los profesionales, un reduccionismo
biologicista a la hora de interpretar la salud y la enfermedad que no
solamente actúa en detrimento de aspectos sociales, psicológicos,
etcétera, que tienen que ver con un funcionamiento más colectivo de la
sanidad y no solamente del protagonismo de los médicos, sino en un
incremento innecesario del gasto sanitario derivado de la introducción de
nuevas tecnologías, que no tiene que ver con necesidades de salud, sino
con una lógica interna del sistema.
La señora PRESIDENTA: Constato, no obstante, que su intervención ha ido
mucho más allá que la mera alusión.
--INFORMAR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA PROPOSICION NO DE LEY APROBADA EL
15-6-94, RELATIVA AL ACCESO AL TITULO DE ESPECIALISTA DEL COLECTIVO DE
MEDICOS AYUDANTES DE EQUIPO MEDICO Y QUIRURGICO, ASI COMO EL REAL DECRETO
1776/1994, DE 5 DE AGOSTO, LA ORDEN DE 14-12-94, Y LA CIRCULAR ENVIADA EL
27-12-94 POR LA DIRECCION GENERAL DE ORDENACION PROFESIONAL DEL
MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
212/001341.)
La señora PRESIDENTA: Finalizada esta primera comparecencia, pasamos a la
segunda, también solicitada por el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Comparecencia de la Directora General del
Insalud para informar sobre el cumplimiento de la proposición no de ley
aprobada en esta Comisión el 15 de junio de 1994, relativa al acceso al
título de especialista del colectivo de médicos ayudantes de equipo
médico y quirúrgico, así como para informar también del Real Decreto
1776/94, de 5 de agosto, la Orden de 14-12-94, y la circular enviada el
27-12-94 por la Dirección General de Ordenación Profesional del
Ministerio de Sanidad y Consumo. Evidentemente, todas estas órdenes y
decretos hacen referencia a un mismo tema, el desarrollo de la aprobación
en esta Comisión de la proposición no de ley a que he hecho referencia en
primer lugar.
Para informar, puesto que están claramente formulados los términos de la
comparecencia, tiene la palabra la señora Martínez Aguayo.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Martínez
Aguayo): Antes de pasar a informar de las medidas concretas que el
Insalud piensa adoptar para llevar a la práctica la proposición que ha
sido mencionada, motivo de esta comparecencia, creo necesario hacer una
breve referencia al Real Decreto 858/1992, de 10 de julio, por el que se
determina la estructura básica del Ministerio de Sanidad y Consumo. En su
artículo 10 es donde se establecen las funciones de la Dirección General
de Ordenación Profesional, dentro de las cuales se reconoce a la misma la
capacidad para establecer medidas que afecten con carácter general a
todos los profesionales del Sistema Nacional de Salud.
Por tanto, y como bien explicita la petición de comparecencia, la
Dirección General del Insalud, al igual que los restantes servicios
regionales de salud de aquellas comunidades autónomas con competencias
transferidas en asistencia sanitaria, deberá adoptar las normas que
emanen de la citada Dirección General en cuantos asuntos afecten a los
profesionales de nuestro Instituto. Hecha esta salvedad, pasaré a
explicar cuáles son las medidas que el Insalud ha adoptado.
Como saben SS. SS., la situación de los médicos ayudantes de equipo
quirúrgico, figura que aparece recogida por primera vez en el Estatuto
Jurídico del Personal Médico de la Seguridad Social, promulgado en 1966,
ha ido sufriendo modificaciones a lo largo de estos años como
consecuencia de la evolución de la propia asistencia sanitaria, habiendo
quedado situado dicho colectivo en una cierta ambigüedad, tanto laboral
como administrativa.
La publicación del Real Decreto 1776/1994, de 5 de agosto, por el que se
regula el acceso a la titulación de médico especialista a determinados
licenciados en medicina y cirugía, abre una posible vía para regular la
situación de estos profesionales, que, en lo que al Insalud se refiere,
afecta a ciento cincuenta facultativos. (La señora Vicepresidenta, De
Vicente García, ocupa la Presidencia.) Dicho Real Decreto viene a paliar,
a través de un procedimiento excepcional, la situación de determinados
licenciados que desarrollaron sus programas de formación en diversas
especialidades con anterioridad a la publicación del Real Decreto que
establecía el sistema para la formación médica especializada.
La Orden Ministerial de 14 de diciembre de 1994 que regula el
procedimiento de acceso al título de médico especialista establece que
los licenciados podrán solicitar al
Ministerio de Educación y Ciencia la verificación de su expediente para
poder obtener el título de médico especialista.
Uno de los requisitos que deberán incorporar a la solicitud es la
presentación de un certificado del representante de la Administración
pública o de la institución sanitaria concertada con ella, de la que en
la actualidad depende el centro en el que se haya llevado a cabo la
formación especializada, en el que se haga constar el tiempo de servicios
prestados, así como la tutela formativa realizada durante el mismo.
A este respecto la Dirección General de Ordenación Profesional remitió el
pasado 27 de diciembre, tanto al Insalud, como le digo, como a las
comunidades autónomas, una nota en la que se indicaba que en la relación
de estos profesionales con las instituciones sanitarias subyace una
relación de aprendizaje que confiere carácter formativo a su actividad
profesional. Como consecuencia de la misma, el Insalud, en el ánimo de
respetar las recomendaciones emitidas en aras de solucionar la situación
de este colectivo, ha remitido a todas sus direcciones provinciales un
modelo de certificado a emitir por las mismas ante las peticiones que
hagan los médicos de este colectivo que lo soliciten. En dicho
certificado quedan reflejados el tiempo de servicios prestados, la
especialidad en la que ejercieron los mismos, así como que dicha
actividad fue desempeñada bajo la tutela, supervisión y jerarquía de un
jefe de servicio o de equipo de la especialidad correspondiente. En este
sentido y hasta el momento la Dirección General del Insalud está
realizando las certificaciones de los servicios prestados hasta tanto la
Dirección General de Ordenación Profesional arbitre medidas específicas
referidas a otros colectivos, medidas que la Dirección General del
Insalud desarrollará en el tiempo y forma que se les determine.
La señora VICEPRESIDENTA (Vicente García): ¿Grupos que desean intervenir
en este punto? (Pausa.)
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señora Directora General, el motivo de
solicitar esta comparecencia desde luego no se refiere a la falta de
agilidad por parte del Ministerio de Sanidad o del Insalud a la hora de
intentar poner en marcha el espíritu que presidía la proposición no de
ley aprobada por unanimidad en esta Comisión, presentada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y que fue el
resultado de la aceptación de una enmienda transaccional del Grupo
Socialista que decía en concreto: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a adoptar las medidas necesarias para definir, mediante la
normativa correspondiente, los mecanismos necesarios para el
reconocimiento de actividad profesional de los médicos ayudantes de
equipo médico y quirúrgico como períodos formativos para el acceso al
título de especialistas. Es decir, el espíritu, la voluntad del Congreso
de los Diputados partía de la consideración como evidente de que el
período de prestación de servicios de este colectivo había tenido
carácter formativo en los años en los que se produjo.
Insistir una vez más en que la voluntad de regular, de sacar de la
ambigüedad, como la propia señora Directora General ha definido, a este
colectivo no pasa, para el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, por el
cuestionamiento del Real Decreto de 1984 por el cual se define la vía MIR
como la vía para el acceso a la obtención del título de médico
especialista, sin embargo, no se puede obviar ni ignorar que hay
colectivos profesionales existentes con anterioridad a la formulación de
este Real Decreto que tienen su situación sin regular. Por tanto, estamos
hablando de un colectivo muy delimitado, son 240 personas que llevan como
mínimo once años, en ocasiones mucho más, prestando sus servicios en la
sanidad pública en puestos para los cuales han sido contratados como
especialistas durante once años. Es decir, en cualquier caso, el período
formativo mínimo de estos profesionales es de once años.
Evidentemente, el Real Decreto, la Orden Ministerial, la circular parecen
constatar la voluntad tanto del Ministerio de Sanidad como del Insalud de
solventar este problema. Creo que si los interesados quieren solucionar
este tema, la envergadura del colectivo debería ser de interés también
para las autoridades sanitarias y dejara de rodar esta pelota que parece
encaminarse hacia una solución pero que, en definitiva, todavía no se
vislumbra.
Los requisitos establecidos para la obtención del título de especialista
aparecen claramente definidos en la Orden de 14 de diciembre de 1994. El
Insalud emite un modelo de certificado dirigido a las direcciones
provinciales. El problema es que hasta la fecha --y esto tiene fecha de
diciembre-- no se ha expresado en la práctica y en la constatación
concreta de cada dirección provincial la voluntad política del Congreso
de los Diputados, la voluntad política del Ministerio de Sanidad y la
voluntad política del Insalud de asumirlo por cuanto hay enormes
reticencias y enormes divergencias para que por parte de los organismos
competentes --es decir, tanto la Administración pública como el jefe de
la unidad o servicio como el director o gerente del centro-- se haga un
certificado en el que conste que realmente estas plazas han sido de
carácter formativo durante el tiempo mínimo, insisto, de once años. (La
señora Presidenta ocupa la Presidencia.)
La solicitud de comparecencia no se refiere a lo pasado, que desde luego
en este caso es una actividad normativa que parece suficiente, el
problema es cómo piensa garantizar el Insalud que esto culmine con la
obtención de los certificados y con los requisitos establecidos en un
plazo mínimo, dado que es evidente que se ha constatado el carácter
formativo de las plazas, e insisto en que es un colectivo homogéneo y
bien delimitado en el cual lo único que debería garantizarse es que no
fuera opinable, no fuera arbitraria la capacidad de decisión final sobre
los organismos correspondientes, que son los que tienen que emitir los
certificados con respecto al tiempo de formación, al tiempo de prestación
de servicios y a las retribuciones.
Por eso mi pregunta, señora Directora General, es: ¿Cómo piensa
garantizar el Insalud, a partir de este momento y con toda esta normativa
encima de la mesa, que un
proceso que está claramente definido culmine en un plazo breve con el
acceso de este colectivo al título de especialista? Insisto en que son
240 personas, de los que la mayor parte ha tenido contratos en
administraciones del Insalud no transferido y que hasta el momento, desde
la emisión de todas estas normativas, no han visto culminadas sus
demandas de acceso al título de especialista.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència
i Unió, el señor Cardona tiene la palabra.
El señor CARDONA I VILA: Señora Presidenta, agradecer la comparecencia y
las explicaciones que nos está dando la Directora General del Insalud.
Tal como se ha relatado, la proposición no de ley que esta Comisión
aprobó por unanimidad a propuesta del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, y que después fue modificada
mediante una enmienda transaccional del Grupo Socialista, evidentemente
busca la solución para poder dar el título a estos licenciados que
formaban parte de los equipos jerarquizados.
Desde nuestro punto de vista, el Real Decreto 1776/94, de 5 de agosto,
entendemos que no es consecuencia del acuerdo de esta Comisión, puesto
que no prevé los mecanismos suficientes para resolver la situación del
grupo afectado, por lo que es necesario articular nuevos mecanismos que
solucionen esta problemática. Tanto es así que lo manifestamos con
ocasión de una comparecencia del señor Temes, creo que con ocasión de su
toma de posesión como Subsecretario del Ministerio, y él precisamente nos
contestó que seguirían intentando solucionar los problemas que afectan a
distintos colectivos en función de la experiencia que este Real Decreto
podría representar. Es decir, ir solucionando por colectivos los
problemas, porque a veces no tienen ni el mismo origen ni la misma causa
y, por tanto, no pueden tener la misma solución concreta, por lo que
nosotros entendemos en este sentido que el Real Decreto 1776 no es la
forma, la manera o el medio por el que el propio Ministerio entiende que
ha de dar cumplimiento al acuerdo que se aprobó en esta Comisión el 15 de
junio de 1994.
La Orden del 14 de diciembre de 1994 desarrolla el Real Decreto 1776/94
con la intención de poder solucionar este problema; entendemos que la
redacción del mismo tiene precisamente esa intención de ampliar en lo
posible el número de licenciados que pudieran acceder a la formación
médica especializada y la consiguiente obtención del título de médico
especialista. Sin embargo, por las noticias que tenemos de los propios
interesados sobre cómo se van desarrollando las cosas, hemos de poner de
manifiesto que se encuentran con verdaderas dificultades en el
cumplimiento de los requisitos que esta orden establece, sobre todo en lo
referente a la Comisión Nacional de Especialidades y lo que también
podría ser una nueva reedición de las diferencias que sobre el tema se ha
podido observar en relación a los dos Ministerios afectados, el de
Sanidad y Consumo y el de Educación y Ciencia.
Por todo ello, preguntamos --y desearíamos que la señora Directora
General del Insalud nos respondiera-- si piensa dar cumplimiento a la
proposición no de ley que aprobamos en su día, esperando la ley de
ordenación de las profesiones sanitarias o existe otra vía diferente que
pudiera solucionar este problema en un plazo más corto, puesto que la
entrada en vigor de la ley de ordenación de profesiones sanitarias puede
alargarse más en el tiempo.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora Directora General, el tema que hoy nos
trae aquí y nos ocupa nuevamente es un asunto extremadamente recurrente,
tanto en esta Cámara como en el Senado. Hay que recordar que son ya
muchas las ocasiones en que ambas Cámaras han instado a la administración
sanitaria para que resolviera de forma definitiva y sin ambigüedades esta
cuestión.
Tengo que recordar que desde febrero de 1990 hasta que esta Cámara tuvo
la ocasión de aprobar la proposición no de ley, a instancias del Grupo de
Izquierda Unida, se ha tratado el tema en ocho ocasiones y ambas Cámaras
se han manifestado en este sentido, instando al Gobierno reiteradamente a
que resolviera esta cuestión. Ustedes han contado con la unanimidad de
todos los grupos a la hora de apoyar cualquier solución definitiva y, sin
embargo, no sé si por incapacidad jurídica, por pereza intelectual, por
ineficacia administrativa o por parálisis política, no vemos que al día
de hoy se haya podido garantizar de forma definitiva la solución de estos
problemas. No voy a insistir en los argumentos que ya se han puesto de
manifiesto aquí, pero sí quiero decir que el mecanismo utilizado --ya sea
por la vía del Real Decreto, ya por la Orden que lo desarrolla-- a
nuestro Grupo tampoco le parece garantía suficiente para que todos y cada
uno de los profesionales afectados por esta cuestión, que son 150 al día
de hoy --eran 2.000 cuando empezó el proceso de negociación y cuando
estas Cámaras empezaron a instar a la administración--, vean resuelta su
situación.
Ustedes han dejado pasar el tiempo, han hecho dejación importante de sus
responsabilidades; ya he dicho que profesionalmente sólo sobreviven el
diez por ciento de aquellos que en su momento estaban en esa situación.
Yo creo que ustedes, que tenían la obligación moral y política de
solucionar, con carácter excepcional, la situación de estos profesionales
que prestaban y prestan sus servicios lealmente a un sistema sanitario
desde finales de los setenta y principios de los años ochenta y que
fueron precisamente contratados por esa administración para solucionar
unos graves problemas de asistencia sanitaria que existían entonces,
debido a la carencia de especialistas que pudieran cubrir aquellos
puestos de trabajo, han hecho un flaco favor a esos profesionales y al
conjunto del sistema. Me gustaría preguntarle en esta Comisión cuántos
profesionales con dedicación, con ilusión y con vocación han conseguido
ustedes expulsar del sistema sanitario por no haber resuelto
definitivamente al día de hoy esta cuestión.
Ustedes han hecho alarde de todo tipo de filigranas para eludir una
resolución de este problema. Ustedes, en primer lugar, utilizaron la
coartada de la normativa europea para establecer dificultades objetivas a
la hora de establecer una normativa específica que dieran pronto
resultado. Esa coartada está totalmente desmontada por los propios
profesionales que argumentaron constantemente a favor de sus
reivindicaciones. Luego establecieron un real decreto que no fueron ni
siquiera capaces de mantener ante la presión de los propios médicos
internos residentes y tuvieron que retirar en su momento. Echaron mano
después del argumento de la necesidad de una ley de ordenación de las
profesiones sanitarias, a la que, por cierto, remitían prácticamente
todos los conflictos y contenciosos profesionales abiertos en nuestra
sanidad y, por lo tanto, no conseguían resolver ninguno de ellos. Y,
ahora, nuevamente traen a colación un real decreto que, como digo, sigue
sin darnos las garantías suficientes para la resolución del problema.
Es cierto que en las direcciones provinciales no se percibe que haya una
voluntad real de llegar a todos estos profesionales a los que concierne
el problema. Es cierto que usted no nos ha dado aquí hoy estadísticas
sobre el número de profesionales que ya se han acogido o que ya han
rellenado este certificado o que ya disponen del argumento normativo y
jurídico que les permite acceder a esa especialidad y nos gustaría
conocer esos datos, puesto que si ya son sólo 150 y prácticamente un
número importante de ellos no han tenido todavía acceso por
desconocimiento, por inviabilidad o por obstaculación de las autoridades
sanitarias provinciales a ese certificado, el número al que al final
podríamos llegar sería absolutamente insignificante.
A nuestro Grupo le preocupan varias cosas. En primer lugar, cómo
garantizar la estabilidad de todos los profesionales que se vieron
sometidos a esta problemática. Quiero recordar aquí que el Insalud es
probablemente la única empresa del país que se permite tener unas
interinidades de estas características de tan larga duración y que eso
tiene, desde nuestro punto de vista, una justificación muy concreta, que
no es la de dar satisfacción a los profesionales ni siquiera a las
necesidades del sistema, sino que es darles a ustedes un margen de
maniobra para actuar con discrecionalidad en la movilidad de los propios
profesionales, haciendo un flaco favor a la estabilidad en el empleo y a
la seguridad asistencial en nuestros hospitales y centros sanitarios.
En segundo lugar, también nos preocupa el respeto a los derechos
adquiridos, que para nuestro Grupo son absolutamente justificables,
absolutamente sostenibles. Me estoy refiriendo, fundamentalmente, a todos
aquellos que trabajaban con anterioridad a la promulgación del Real
Decreto 127/84, para los que entendíamos que tenía que haber, sin ninguna
limitación, un acceso prácticamente directo e inmediato al título de
especialista.
En tercer lugar, también nos preocupa el acceso al título de especialista
de aquellos maequis que lo fueron con posterioridad a 1984. Es cierto que
para entonces ya existía una normativa concreta, una ley de
especialidades --precisamente del año 1984--, que éste era un hecho
previo a la contratación y que, por lo tanto, todos aquellos que
comenzaron a desarrollar su labor en esas plazas en los años 1986, 1987 y
siguientes no podían, de alguna manera, mantener el argumento de que sus
derechos habían sido vulnerados. Pero estos argumentos tampoco pueden
servir de justificación a la administración en el sentido de que siguiera
contratando a estas personas, siguiera realizando este tipo de
contrataciones administrativas para estas plazas con la voluntad
manifiesta, con la voluntad ya adquirida y constatable, de dejarlos en la
calle en cuanto no fueran necesarios para el propio sistema. A nuestro
Grupo le parece que el tiempo trabajado, el tiempo pasado desempeñando
tareas de asistencia pública, contratados precisamente por la propia
Administración que les niega la titulación, tiene que valer para mucho
más, tiene que valer para bastante más que para cobrar el salario, por
otro lado bastante insuficiente, que estas personas han venido recibiendo
por el desempeño de sus tareas asistenciales. En la medida en la que no
haya una respuesta positiva al aspecto de la estabilidad en el empleo y
creo que a la supresión de este tipo de prácticas francamente
perturbadoras para el funcionamiento del sistema sanitario público,
mientras no haya un inmediato y garantizado acceso de los maequis
anteriores a 1984 y mientras no haya también la voluntad de dar una
salida a la situación delicada y problemática de aquellos que fueron
contratados, incluso con posterioridad a la Ley de Especialidades de
1984, mi Grupo Parlamentario, y creo que esta Cámara, no podrá estar
satisfecho con la solución que por parte de la Administración se ha
arbitrado.
En la medida en que esas tres cuestiones o esas tres garantías se nos
aseguren, en la medida en la que veamos que a lo largo de las próximas
semanas o de los próximos meses se ha dado solución a todos y cada uno de
esos aspectos, entenderemos que se ha cumplido la voluntad manifestada
reiteradamente por esta Cámara, y también por el Senado, en relación con
este problema.
Como creemos que lo que ha expuesto hoy aquí no nos da todavía esas
garantías, no estamos en condiciones de creer que el problema esté
resuelto y, ciertamente, después de tantos años no podemos seguir
dándoles más márgenes de confianza, le instamos a que nos amplíe mucho
más esa información, a que nos precise exactamente cuáles han sido las
actuaciones que han efectuado para dirigirse o contactar con aquellos
profesionales afectados por este problema. No basta, simplemente, con
poner a su disposición esos certificados, sino que deberían tener los
datos, deberían tener la información suficiente para dirigirse, si es
necesario, particularmente a cada una de esas 2.000 personas, de esos
2.000 profesionales que en su día en ese número, y ahora en un número
muchísimo más reducido, se vieron afectados por este problema. (El señor
Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: El señor Gatzagaetxebarría me pedía una pequeña
intervención para formular una pregunta que no había hecho anteriormente.
Por el Grupo Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Efectivamente, quería hacer una
consideración y una pregunta a la Directora General del Insalud porque,
como también ha planteado el portavoz que me ha precedido en el uso de la
palabra, hay determinados profesionales que han estado prestando
servicios dependientes de los poderes públicos sanitarios, ejerciendo
responsabilidades en diferentes especialidades y ustedes han aprobado el
Real Decreto 1.776/1994. Quería que me aclarara si tendrían cabida, si
tendrían encaje o calificación suficiente dentro de esa normativa todos
aquellos médicos que, al margen de ser ayudantes de equipos médicos y
quirúrgicos, han ejercido en otras especialidades y no tienen título
oficial Ðen definitiva, me estoy refiriendo a los mestosÐ, y si es
intención del Ministerio que pudiera servir de cobertura esta disposición
o, en su caso, sería necesaria la aprobación de una norma reglamentaria
distinta. Lo digo porque, cuando se debatió la proposición no de ley a
que ha hecho referencia la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, nuestro Grupo Parlamentario planteó también una enmienda, que
al final retiramos en aras al consenso, que hacía referencia no
únicamente al tema de los maequis, sino también al tema de los médicos
especialistas sin titulación oficial, que son los mestos. Por lo tanto,
queríamos conocer también la voluntad que existe por parte del Gobierno y
si podría tener encaje, porque no tenemos una interpretación armónica y
equitativa suficiente del Real Decreto y de la Orden de 27 de diciembre
de 1994. Nos gustaría conocer la opinión del Gobierno al respecto.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Novoa.
La señora NOVOA CARCACIA: Señora Directora General, quiero agradecer, en
primer lugar, su comparecencia e indicar que el tema que nos ocupa es de
gran interés para el Grupo Parlamentario Socialista, porque,
efectivamente, después de la aprobación del Real Decreto 127/1984, por el
que se implanta la vía MIR como única vía formativa médica especializada
y pese a los mecanismos transitorios que el referido Real Decreto
contemplaba, el tiempo nos ha ido demostrando que esos mecanismos
resultaron insuficientes y que determinados colectivos no encontraron
respuesta para la resolución de su situación; profesionales que habían
iniciado la acción formativa en instituciones sanitarias públicas o
concertadas con anterioridad a la entrada en vigor del referido Real
Decreto. Estas situaciones exigían ser resueltas, y esta Cámara así lo
entendió para distintos colectivos y en distintos momentos.
Por estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista está satisfecho por
la aprobación del Real Decreto 1.776/1994, de 5 de agosto, y la orden
ministerial que le desarrolla y que regula el procedimiento a seguir para
la obtención del título de médico especialista aquellos licenciados en
medicina y cirugía que habiendo accedido con anterioridad a la entrada en
vigor del Real Decreto 127/1994 a una plaza de especialista en formación,
acrediten los años de formación para la referida especialidad.
Al Grupo Parlamentario Socialista le preocupa el grado de eficacia del
Real Decreto y de la orden ministerial a la que nos venimos refiriendo, y
por ello hemos solicitado datos sobre expedientes presentados hasta el
momento actual en la Dirección General de Educación Superior del
Ministerio de Educación y Ciencia.
A este respecto, quiero decir que hasta el día de hoy se han recibido 860
expedientes, de los cuales se han informado positivamente 108 y
desestimado 2, si bien es cierto que son datos globales y que no
diferencian qué números de estos expedientes corresponderían a maequis.
Por otra parte, esta referencia al número de expedientes recibidos y la
situación de su evaluación tampoco nos permite en estos momentos valorar
ese nivel de eficacia, si bien entendemos que son un indicio.
Efectivamente, un colectivo que ha sido objeto de debate en esta Cámara
ha sido el de médicos ayudantes de equipo quirúrgico y que ha dado lugar
a un texto aprobado en esta Comisión por unanimidad de todos los grupos
parlamentarios. Al Grupo Parlamentario Socialista también le preocupa el
trato diferencial que pueda producirse en las acreditaciones según
territorios; preocupación a la que ya ha hecho referencia la señora
Maestro, pero que considero que va más allá de la propia Dirección
General del Insalud en tanto que están implicados también los servicios
nacionales de salud.
Si bien el Grupo Parlamentario Socialista confía en que el Real Decreto
1.776/1994 y la Orden Ministerial que lo desarrolla resuelva todas estas
situaciones, también es cierto que, en caso que el tiempo nos demostrara
que ese nivel de eficacia no se alcanza, sería el propio Grupo
Parlamentario Socialista el que en su momento instara al Gobierno para
que se procediera a un desarrollo específico para resolver la situación
concreta de los médicos ayudantes de equipo quirúrgico. También a esta
portavoz le consta que ésa es la voluntad del propio Ministerio de
Sanidad. No obstante, considero que debemos dar un tiempo prudencial e
inicialmente creer en la eficacia de las normas a las que en estos
momentos estamos haciendo referencia.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las intervenciones de SS. SS.,
tiene la palabra la señora Directora General del Insalud.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (Martínez
Aguayo): Creo que en mi comparecencia les he explicado con claridad las
medidas que se han adoptado. Se han dado instrucciones claras a todas las
direcciones provinciales y se ha hecho un modelo homogéneo de
certificación, que evidentemente es a petición de los interesados, que
son 150, como les he explicado, en el territorio del Insalud, y ya les
mandaré con mucho gusto los datos de las personas que lo han ido
solicitando.
No corresponde al Insalud el reconocimiento del título, corresponde a la
voluntad expresada en el Decreto del Ministerio de Sanidad y del
Ministerio de Educación y por eso hacía al principio de mi intervención
la delimitación de las competencias del Insalud.
Les puedo garantizar que en las instituciones dependientes de la
Dirección General del Insalud se hará, como no podía ser de otra manera,
lo que, en el ejercicio de su función, los diferentes responsables
podrían eludir: la certificación que corresponde a estas personas. Les
digo que es un modelo homogéneo para evitar expresamente las diferencias,
pero en el ámbito del Insalud-Gestión directa, que ésa es nuestra
obligación. En el modelo se hace referencia efectivamente a los maequis
--que es la pregunta que me hacían-- pero creo que es el colectivo en el
que habría más problemas de interpretación. Yo creo que el certificado va
a satisfacer las necesidades del Real Decreto y que el Ministerio de
Educación y del Ministerio de Sanidad así lo tienen reflejado. En
cualquier caso, si hay alguna dificultad, con mucho gusto trataremos de
solucionarla, pero creo que las medidas que en este momento toma la
Dirección General del Insalud son las oportunas y garantizan que estos
títulos, estas acreditaciones, estas certificaciones estén a disposición
de los interesados en el momento en que lo soliciten.
En cuanto al tema de los mestos, no le puedo contestar. Las instrucciones
que hemos recibido hacen referencia en concreto a los maequis. Cualquier
certificación sobre tiempos de servicios prestados, características de la
prestación o modo de acceso que se pida a la Dirección General estará a
disposición de cualquiera que lo solicite. Creo que probablemente se
aplicará este Decreto a estos colectivos, pero no conozco la voluntad de
la Dirección General a este respecto para poder contestar en este
momento.
La señora PRESIDENTA: Gracias a la Directora General del Insalud, doña
Carmen Martínez Aguayo.
Antes de continuar la sesión con las siguientes comparecencias, vamos a
suspender por cinco minutos. (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Las dos siguientes comparecencias del orden del día se refieren a un
mismo tema. Con posterioridad a la confección del orden del día se
solicitó por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida la misma
comparecencia. Las tres solicitudes de la misma comparecencia, a petición
del Gobierno, a petición del Grupo Parlamentario Popular y a petición del
Grupo Federal de Izquierda Unida, aunque no conste en el texto del orden
del día de hoy, van a ser agrupadas y tratadas en una única intervención.
Una comparecencia se refería a la señora Ministra y la otra a la señora
Directora General del Insalud. Dado que venía la señora Directora General
del Insalud y le era cercano el tema que nos ocupa, por acuerdo de la
Mesa va a responder a las tres comparecencias agrupadamente la señora
Directora General del Insalud. La solicitud de comparecencia a petición
del Gobierno hace referencia a la situación del hospital Doce de Octubre
y, en particular, al tratamiento que se da a la documentación clínica, a
lo que añaden, tanto el Grupo Parlamentario Popular como Izquierda Unida,
las condiciones en que se ejerce la custodia de la documentación clínica
de los pacientes del Instituto Nacional de la Salud de manera general y,
específicamente, del hospital Doce de Octubre. Como he dicho, van a ser
agrupadas en una única intervención, por lo que esta Presidencia, como en
otras ocasiones, flexibilizará los tiempos de intervención de los
distintos grupos marcados en el Reglamento, aunque eso no significa que
los vayamos a multiplicar por tres. Lo aviso porque cada vez que lo
hacemos prácticamente se multiplica por tres el tiempo.
--INFORMAR SOBRE LA SITUACION DEL HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE Y, EN
PARTICULAR, DEL TRATAMIENTO QUE SE DA A LA DOCUMENTACION CLINICA. A
SOLICITUD DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001355.)
--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA INFORMAR
SOBRE LAS CONDICIONES EN QUE SE EJERCE LA CUSTODIA DE LA DOCUMENTACION
CLINICA DE LOS PACIENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD),
ASI COMO SOBRE LOS HECHOS SUCEDIDOS EN EL HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE TRAS
LA DESAPARICION DE LA UNIDAD DE ARRITMIAS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR (número de expediente 213/000517) Y DEL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IU-IC (número de expediente 213/000519).
La señora PRESIDENTA: Sin más, damos la palabra a la señora Directora
General del Insalud.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSALUD (Martínez Aguayo): Señorías, la
comparecencia fue solicitada el día 26 de enero pasado. Cito la fecha
para enmarcar temporalmente la causa por la que se pidió la misma, que
fue tres días después de que apareciera un primer artículo en un diario
de alcance nacional, cuyo título cito textualmente: «Procesados ex
responsables del 12 de Octubre por extraviar 800 historiales de enfermos
con muerte súbita. Centenares de pacientes aquejados de graves problemas
de corazón quedaron completamente desasistidos.» En los días siguientes,
y hasta mediados de febrero, fueron apareciendo informaciones
relacionadas con el mismo asunto, siendo necesario reseñar que tanto los
titulares referidos como las reiteradas informaciones posteriores hacen
referencia a un proceso judicial en curso, sin que el mismo se haya
resuelto. Conviene, por tanto, no perder de vista que la información
aparecida corresponde a unos supuestos hechos, denunciados en un
contencioso civil, sin que de ello se pueda en ningún momento presumir
que, tal como se presentan, coincidan realmente con lo ocurrido.
Nuestra petición de comparecencia se realizó por dos razones
fundamentales. En primer lugar, para clarificar los hechos, ajustándolos
a la realidad, dada la escasa, por no decir nula, coincidencia entre lo
publicado y lo sucedido.
En segundo lugar, para disipar las dudas que se suscitaron con la lectura
de una información de este tipo, como se demostró con la inmediata
petición de comparecencia de la titular del Departamento, realizada por
los grupos Popular e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, para
informar sobre este asunto. Espero, por tanto, que mi intervención sirva
para hacer desaparecer todas las posibles incertidumbres que la lectura
de lo publicado haya podido generar, afirmando, desde ya, que la
situación en el hospital Doce de Octubre es de normalidad, que se atiende
con eficacia y calidad a la población que precisa sus servicios y que la
documentación clínica de los pacientes del centro se custodia de manera
rigurosa, no existiendo más extravíos que los inevitables
estadísticamente en un centro que mueve más de 1.700 historias clínicas
diarias. Afirmado esto, quiero decir también que serán los tribunales
quienes diriman el grado de responsabilidad en que hayan incurrido los
demandados, cuya actuación, a nuestro juicio, no supuso influencia
negativa alguna sobre los pacientes. En mi comparecencia expondré la
situación y hechos producidos que, como SS. SS. podrán observar, son muy
diferentes a las noticias aparecidas en el diario de alcance nacional.
Del contenido de la denuncia se desprenden dos temas diferenciados,
aunque profundamente relacionados entre sí. Por un lado, el traslado
físico de la Unidad de Arritmias, del Servicio de Cardiología, de un área
a otra del hospital Doce de Octubre --esto ha sido mal llamado
desmantelamiento de la unidad-- y el hipotético extravío de un número de
historias, concretamente ochocientas, como consecuencia del mismo. Es
necesario, para comprender y clarificar esa reubicación de la Unidad de
Arritmias, conocer la génesis de la misma, es decir, cómo surge y se va
consolidando esta actividad en el hospital al que nos referimos.
A mediados de la década de los ochenta es cuando se inicia en nuestro
país el desarrollo de la electrofisiología cardiaca como una actividad
que despierta grandes expectativas en la especialidad de cardiología. El
Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones
sanitarias del Sistema Nacional de Salud, regula en su disposición
adicional primera la incorporación de nuevas técnicas o procedimientos
diagnósticos y terapéuticos en el Sistema Nacional de Salud. Qué duda
cabe que esto facilitará que la incorporación de las mismas se realice
cuando esté asegurada su seguridad, eficacia y eficiencia y también
cuando exista una dotación de recursos adecuados, así como una estructura
orgánica y funcional que lo garantice y que sin duda alguna es necesaria.
Pero éste no ha sido el procedimiento mediante el que se han incorporado
a nuestro sistema las nuevas tecnologías y procedimientos diagnósticos y
terapéuticos. Hasta la aprobación de este Real Decreto no ha existido un
sistema reglado, con una metodología expresa, que permitiese valorar el
momento idóneo o la pertinencia de incorporar o no las tecnologías que
iban apareciendo. En nuestro sistema sanitario esta incorporación ha
partido, en muchos casos, de la iniciativa de un servicio determinado,
incluso de un profesional determinado. Si la experiencia se desarrollaba
favorablemente, y tras un intervalo de tiempo mayor o menor, la nueva
tecnología quedaba incorporada a la estructura asistencial de manera
formal, procediéndose a su dotación más o menos completa tanto en
recursos humanos como materiales. La situación que se planteó en el
hospital Doce de Octubre respecto a la Unidad de Arritmias es un claro
ejemplo de este modelo de adopción de nuevas tecnologías que a veces
conduce a situaciones generadoras de problemas cuya solución no siempre
es fácil.
En 1985, un médico adjunto de medicina intensiva del hospital solicita un
permiso de seis meses para ampliar estudios en el extranjero en el campo
de la electrofisiología, pues se consideraron necesarios esta formación y
estos estudios para aplicarla. Posteriormente, este médico pone en marcha
un consulta monográfica, ubicándose físicamente en la citada Unidad de
Cuidados Intensivos. Durante los años posteriores se va consolidando esta
nueva actividad, hasta que en el año 1988 se reconoce oficialmente la
Unidad de Arritmias del hospital. En febrero de 1990 se incorpora
funcionalmente al Servicio de Cardiología, por entender que es en el seno
del mismo donde se deben realizar los estudios electrofisiológicos y
también por su estrecha relación con el Servicio de Cirugía Cardiaca. Se
produce igualmente, por estas fechas, el traslado físico de la unidad a
un pabellón anexo al edificio general. A propuesta del jefe de Servicio
de Cardiología, la dirección médica del hospital Doce de Octubre propone
como responsable de la Unidad de Arritmias al médico que la había
iniciado. Esta propuesta no se consolidó administrativamente al ser
denegada la solicitud, hecha desde el hospital, por la entonces Dirección
Territorial en junio de 1991. A partir de octubre de ese mismo año
comienzan a producirse conflictos, desavenencias y fricciones entre los
jefes de Servicio de Cardiología y Cirugía Cardiaca y el hasta entonces
responsable de la Unidad de Arritmias, cuya posición administrativa no
había sido consolidada. La situación es de progresivo enfrentamiento, con
la utilización de los procesos asistenciales como elemento de
confrontación, hasta el punto de que su jefe jerárquico propone la
sustitución del responsable de la unidad por considerar que la misma es
inoperante, dada la situación de conflicto, al parecer irresoluble, y
existir, por el contrario, unas necesidades asistenciales que debían ser
cubiertas.
No voy a detallar aquí, señorías, el cruce de acusaciones entre unos y
otros, porque supondría emitir juicios que no proceden, sin que los
mismos aporten además ningún aspecto positivo. La forma en que se creó la
unidad puede explicar algunas posturas personales, pero la razón de ser
de la unidad, su contenido, radica en complementar la actividad de los
servicios de cardiología y cirugía cardiaca. La dirección del centro se
vio inmersa, pues, en un conflicto interno de difícil solución, pero con
la responsabilidad de tener que reconducir el mismo, en aras de mantener
el adecuado nivel asistencial, no sólo de la propia Unidad de Arritmias
sino también de los servicios a los que daba apoyo. Respetando la
responsabilidad organizativa del jefe de servicio y tras varios intentos
fallidos de arbitrar soluciones prácticas, la dirección médica ratifica
ante la gerencia, por imperativos asistenciales, la propuesta del jefe de
Servicio de Cardiología de reincorporar al hasta entonces responsable de
la unidad a su puesto de trabajo original y
poner a otro facultativo al frente de esta unidad, por considerar ésta la
única solución viable al conflicto. Dicha propuesta forma parte de un
plan de reestructuración de todo el Servicio de Cardiología, en el que se
contempla también la necesidad de aproximar físicamente la Unidad de
Arritmias al Servicio por considerarlo más funcional. A principios de
julio, la dirección médica comunica por escrito al facultativo la
necesidad del traslado, petición que reitera el día 23 del mismo mes ante
la actitud de dificultades presentadas por el responsable hasta ese
momento. El día 28 de julio se empieza a hacer el traslado. El día 29 y
en presencia del citado facultativo se lleva a cabo el traslado de
diverso material y de la documentación clínica existente. Aseguro a sus
señorías que en ningún momento dicho traslado afectó de manera directa o
indirecta a los pacientes ni a la demanda asistencial y calidad de la
misma, ni tan siquiera a la documentación existente en la consulta de
arritmias, más aún, ni se extraviaron ni se perdieron.
Como saben sus señorías, la documentación clínica son todos aquellos
documentos donde se constata y queda reflejada cualquier tipo de relación
asistencial entre los profesionales y los usuarios, y comprende la
historia clínica, los estudios radiológicos y cualquier otro soporte de
información referido al proceso asistencial. La actividad hospitalaria
genera muy abundante cantidad de documentación escrita e iconográfica. El
envejecimiento de la población, el incremento de la frecuentación
hospitalaria en todos los grupos de edad, los reiterados ingresos que la
patología crónica origina y las múltiples técnicas empleadas dan lugar a
voluminosas historias clínicas cuyo almacenamiento provoca, a veces,
problemas logísticos de difícil solución y, casi siempre, de alto coste.
No olvidemos que la documentación clínica se utiliza no sólo en cada
revisión o ingreso del paciente, sino en trabajos de investigación
clínica y epidemiológica, que son el soporte del avance científico de la
medicina. El lugar natural de depósito y custodia de las historias
clínicas en los centros son los archivos, donde se ubican las mismas una
vez producida el alta del paciente, debiendo solicitarse al mismo,
siguiendo un procedimiento establecido, tantas veces cuantas sean
necesarias, su consulta. No existen, por tanto, historias clínicas
archivadas por los diferentes servicios, salvo imperiosa necesidad.
En lo que a la Unidad de Arritmias se refiere, el material documental
existente en la misma correspondía a documentación diversa, con un
sistema de clasificación muy peculiar, a través de diversos archivos y
carpetas, carentes en su mayoría de número y registro de admisión que,
con criterios organizativos, debería haber estado archivada en cada uno
de los expedientes y cuya identificación, catalogación y archivo han
resultado complejos. Por tanto, quiero insistir en que fue trasladada
documentación diversa, entre la que se encontraban ciertos estudios o
pruebas de pacientes pero ninguna historia clínica en sentido estricto,
documentación que se depositó de manera provisional en un espacio próximo
vacío, en espera de su posterior clasificación y archivo. Fue en este
período previo cuando el facultativo acudió con un notario al lugar
provisional de almacenamiento, que ciertamente no era el más adecuado, y
realizó diferentes tomas fotográficas, que desde entonces ilustran las
informaciones periodísticas que están en el origen de esta comparecencia
y de la duda de SS. SS.
En septiembre de 1993, el facultativo aludido, que había suspendido
voluntariamente su actividad asistencial, presentó una serie de demandas,
una de ellas en el Juzgado de Instrucción de lo Penal de Madrid, por
supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos, contra el
director gerente, la directora médico y el jefe de servicio, en la que se
hacía referencia al extravío de unas historias clínicas determinadas. El
día 21 de octubre del mismo año la gerencia del hospital aportó al
juzgado, ante su solicitud, la información documental sobre los pacientes
que, según la querella, se encontraba extraviada. El 12 de noviembre de
1993, en reunión conjunta de las partes litigantes, se revisa esta
documentación en el juzgado. Se echan en falta tres documentos clínicos
pertenecientes a tres pacientes, y de manera inmediata se localizan los
tres, dos directamente en el archivo del hospital, y el tercero había
sido enviado por el facultativo querellante a un centro extranjero, para
interconsulta, el cual se lo había devuelto directamente al interesado.
Por ir concluyendo, señorías, no se produjo ningún extravío ni pérdida
del material documental correspondiente a la actividad asistencial del
facultativo. Toda ella está identificada y registrada adecuadamente,
incluida la correspondiente a los pacientes citados en la querella, y por
tanto a disposición para ser utilizada en cualquier momento, de lo que se
deduce también que nunca se han presentado problemas asistenciales
relacionados con ello.
En este momento, la Unidad de Arritmias del hospital es una unidad de
referencia nacional --como ven, no se ha desmantelado--, con un alto
prestigio, como lo demuestra el hecho de que un 50 por ciento,
aproximadamente, de los pacientes que se atienden son remitidos de otras
provincias. Se ha duplicado el tiempo semanal de consulta y se ha
establecido un servicio regular de interconsulta, con cirugía cardiaca y
urgencias, para apoyo en la solución de problemas arrítmicos. Asimismo,
la concepción interdisciplinar de la actividad propia de la unidad
permite una relación fluida con el resto de los servicios. Respecto a los
procedimientos de electrofisiología invasiva, también se ha pasado a un
incremento de actividad importante durante el período analizado, desde el
año 1991 hasta 1994. Los datos aportados resultan clarificadores por sí
mismos, demostrando que la solución tomada en su día de separar a este
facultativo de la jefatura de la unidad, sirvió para zanjar el conflicto
y restablecer la actividad de la unidad.
Decía anteriormente que las historias clínicas, la documentación en su
conjunto es un motivo de preocupación constante, no sólo para las
gerencias, sino para todo el Insalud. Todos, administración, gestores y
profesionales, son conscientes de la importancia de la misma, porque no
es solamente un documento asistencial, sino que cumple también funciones
jurídico-legales, administrativas y epidemiológicas en diferentes textos
legales: la Ley General de Sanidad, la Ley del Medicamento y la Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, que regula el tratamiento informático
de las informaciones de carácter personal. De la interpretación de la
legislación vigente se desprende que tanto la propiedad en sentido
estricto como la propiedad intelectual de la misma, así como la tutela y
custodia, corresponden al centro sanitario, representado por su gerencia
y dirección en un sentido amplio.
Antes, y con carácter general, me he referido al concepto y contenido de
la documentación clínica, así como al incremento de su complejidad,
frecuencia e importancia de su utilización. El Servicio de Documentación
del hospital Doce de Octubre dispone de dos archivos para historias
clínicas, uno para el Hospital General y otro para el Materno-Infantil.
Asimismo cuenta con un archivo para estudios radiológicos. En total, unos
800 metros cuadrados aproximadamente, que traducidos en capacidad de
archivo alcanzan unos 4.000 metros lineales. En dichos locales se
encuentran archivadas más de 300.000 historias clínicas y, como decía
anteriormente, tienen un movimiento diario de alrededor de 1.700
historias. Las peticiones de documentación programadas se envían en las
24 horas siguientes y las urgentes de forma inmediata. Todos los
movimientos, sean de entrada o salida, quedan registrados
automáticamente. El archivo se encuentra en tránsito de gestión manual a
informatizada, manteniendo en la actualidad los dos sistemas en paralelo.
La salida de historias clínicas se produce, a petición de las unidades
asistenciales, en un impreso homogéneo para todo el hospital, debidamente
cumplimentado, que sirve de testigo en el lugar que ocupa la historia
habitualmente hasta la reubicación de la misma. Existe también una unidad
de codificación junto al archivo, cuyas pantallas están conectadas con
los servicios de admisión del hospital. La dotación de recursos humanos
asignada es de un facultativo especialista de área, cuatro diplomados y
cinco auxiliares de enfermería, siete administrativos, un celador y un
técnico de la función administrativa. El contenido del trabajo, en
definitiva las funciones que realizan estos profesionales dentro de la
unidad, es el de recepción, archivo y codificación, así como la gestión
de las peticiones, es decir, localización, registro, entrega y
reubicación.
Decía anteriormente que la guarda, custodia y archivo de las historias
forma parte de la gestión habitual de los centros, y por ello en los
mismos existen proyectos permanentes de mejora. En el hospital Doce de
Octubre en este momento se están desarrollando varios, entre los cuales
uno de los fundamentales es la normalización de la historia clínica. Este
proyecto, que se está desarrollando también en otros hospitales, lo hace
a través de la comisión de historias clínicas, habiéndose diseñado y
homogeneizado la documentación, estando ya en imprenta y siendo su
implantación un objetivo para este ejercicio. Asimismo, el Servicio de
Informática está diseñando un programa de gestión integral del archivo,
lo que junto al proyecto de archivo electrónico facilitará enormemente la
labor de la unidad.
En definitiva, señorías, y para no extenderme en exceso, la documentación
clínica y su gestión es un área de actividad permanente dentro de la
gestión de los centros. Como decía con anterioridad, las historias
clínicas son documentos de gran importancia, reguladas jurídicamente y
cuyo tratamiento se realiza desde la gerencia y la dirección médica de
los hospitales, en colaboración directa con los órganos de participación
del hospital, específicamente la comisión de historias clínicas, cuya
obligatoria constitución quedó reflejada en el Real Decreto 521/1987, de
15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre estructura,
organización y funcionamiento de los hospitales gestionados por el
Instituto Nacional de la Salud. Las referencias hechas a la
infraestructura, dotación y modo general de trabajo del servicio de
documentación del hospital Doce de Octubre pueden aplicarse, en líneas
generales, a los otros centros de nuestra organización. En suma,
señorías, la documentación clínica, su guarda y custodia y tratamiento,
está perfectamente encuadrada y constituye una de las áreas de actuación
permanente de la Dirección General y de las direcciones de cada uno de
los centros.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora Presidenta, la verdad es que el tema que
hoy nos convoca en esta Comisión es muy complejo, de una complejidad que
no cabría extraer de las explicaciones de la Directora General del
Insalud, que nos parece que ha navegado por encima de los problemas y no
nos ha clarificado muchas de las cuestiones que subyacen en toda la
problemática que se ha puesto en evidencia en los medios de comunicación.
Por eso trataré de ordenar un poco esta intervención, intentando
manifestar algunos de los criterios de mi Grupo Parlamentario sobre la
cuestión específica de la documentación clínica del Doce de Octubre,
sobre la situación de la Unidad de Arritmias de dicho hospital y, en
general, sobre el tratamiento que se hace en el Insalud sobre la custodia
y organización del sistema de documentación.
El Grupo Popular solicitó, en su día, una comparecencia al conocer por
los medios de comunicación una serie de hechos, básicamente el abandono
de unas 800 historias clínicas en circunstancias que cabe calificar de
manifiesta negligencia; una negligencia de la que cabrían derivarse
responsabilidades penales. Es cierto que está abierto un procedimiento
judicial sobre esta cuestión, pero no es cierto que solamente sea una
demanda civil. La señora Directora General del Insalud sabe perfectamente
que se ha abierto ya un proceso judicial que finalizó con una sentencia
favorable en el Juzgado número 9 de lo Social, que hay una querella
criminal en el Juzgado de Instrucción número 7 contra la dirección del
hospital y contra el ex jefe del Servicio de Cardiología del hospital
Doce de Octubre y que hay una demanda civil en el Juzgado número 46
contra esos encausados y contra el ex Director General del Insalud señor
Conde Olasagasti. Es decir, que estamos incursos en varios procesos
judiciales que afectan a este tema y que pueden dar una cierta idea de la
relevancia de la cuestión que estamos tratando.
Profundizando en este asunto, creo que se ponen de manifiesto evidencias
de una actuación francamente irregular, vergonzosa y sintomática de una
administración sanitaria que creo que últimamente naufraga de escándalo
en escándalo.
En esta administración hay personas --y trataré de demostrarlo a
continuación-- que no vacilan en saltarse la legalidad vigente para dar
satisfacción a sus caprichos o, lo que es peor, con tal de anteponer sus
intereses personales o profesionales a cualquier criterio de calidad
asistencial.
La inauguración oficial de la Unidad de Arritmias del hospital Doce de
Octubre, en septiembre del año 1988, da inicio a una serie de exitosos
trabajos, a una serie de realizaciones francamente positivas desde el
punto de vista de la investigación y desde el punto de vista asistencial,
como así reconocía la propia dirección del hospital en su momento,
precisamente apoyando con todas las posibilidades a su alcance la
creación y la consolidación de aquella unidad. Parece ser la causa
desencadenante de todo esto los celos profesionales, o la competencia en
ámbitos ajenos a la sanidad pública, entre profesionales que tenían
responsabilidades en los servicios del hospital Doce de Octubre.
Ciertamente, el primer motivo de preocupación que se nos planea es cómo
cuestiones ajenas a la sanidad pública pueden tener repercusiones tan
graves, tan negativas en el funcionamiento de nuestro servicio sanitario
público, ante la pasividad de la administración responsable, ante la
ausencia de iniciativa por parte de los gestores del hospital Doce de
Octubre, en primer lugar, y en segundo lugar de los responsables del
Insalud y del Ministerio de Sanidad cuya actuación fue recabada en
numerosas ocasiones. Estos, digamos, celos profesionales o esta actuación
que usted ha calificado de falta de entendimiento entre unos
profesionales y otros da lugar a que se produzca un cambio bastante
drástico en el funcionamiento de esa unidad hasta entonces muy exitoso. A
partir de ese momento se producen numerosas denuncias por parte del
facultativo al frente de la Unidad de Arritmias, denuncias que son
reiteradamente transmitidas a la dirección del hospital y que hacen
referencia, por ejemplo, a la no disposición de salas para la realización
de intervenciones; a que el propio laboratorio de electrofisiología no
contaba con los medios adecuados para una exitosa actuación; a las
pésimas condiciones en las que se tenían que realizar esos trabajos de
electrofisiología; a la duración del material que excedía con mucho lo
que podía considerarse tolerable o admisible desde un punto de vista
estrictamente tecnológico; a la imposibilidad de atender con la
tecnología apropiada a los pacientes que tenían que ser tratados o
atendidos en dicha Unidad de Arritmia.
La primera cuestión que se nos suscita con carácter general es si usted
puede darnos explicación de por qué ante todas estas manifestaciones,
ante todas estas denuncias reiteradas a la dirección del hospital, no se
toma ninguna decisión sino, más bien todo lo contrario, se sigue
profundizando en la insuficiencia de medios, en la ausencia de tecnología
e incluso se le niega el personal básico y fundamental para la
realización de esas intervenciones. Todo esto se desarrolla a lo largo
del año 1991 y parte de 1992, como así se reconoce en algunos de los
documentos que obran en poder del Juzgado de lo Social número 9. Esto
contrasta, sin embargo, con la actitud siempre protagonista por parte de
la administración a la hora de apuntarse éxitos ajenos que si se realizan
por alguien es por profesionales cualificados en un ambiente que cabría
calificar de manifiestamente hostil. Así se produce que, ante esta
situación de falta de medios, el propio hospital convoca una rueda de
prensa en junio de 1990, intentando apuntarse un tanto profesional muy
notable, como reza la convocatoria de la citada rueda de prensa del
hospital: el primer caso en el mundo de cateterismo diagnóstico y
curación intraútero mediante estimulación programada de una taquicardia
fetal; rueda de prensa a la que, por supuesto, no se convoca al médico
responsable de este servicio y al autor de esta actuación asistencial
ante, como es lógico, la estupefacción de la mayoría de los profesionales
de dicho hospital. Se convoca esa rueda de prensa a la que asiste la
dirección del hospital que, ante la ausencia del profesional, explica a
los medios de comunicación las bondades de la administración sanitaria
socialista y lo extraordinariamente positivas que son algunas de sus
realizaciones. En esa misma rueda de prensa se produce la entrada del
profesional y, ante la sorpresa de los medios de comunicación, explica
que evidentemente esa realización se ha hecho sin la colaboración del
hospital, con una total falta de medios, sin ninguna ayuda de los
gestores o de la administración hospitalaria y denunciando, como digo, la
situación de algunos pacientes que tenían extraordinarios problemas para
mantener un nivel de asistencia mínimamente aceptable.
Como es evidente, y SS. SS. podrán darse cuenta, esto colma la paciencia
de los responsables sanitarios del hospital que, a partir de ese momento,
proceden a una persecución manifiesta del responsable de la Unidad de
Arritmias que provoca prácticamente el colapso definitivo de esa unidad,
y lo hacen al mismo tiempo que incurren en prácticas manifiestamente
irregulares que la señora Directora General del Insalud no ha querido
tocar aquí, pero que creo que entran dentro del ámbito de la competencia
política, entran dentro claramente del ámbito de la responsabilidad de
los gestores sanitarios del Insalud. Se solicita una comisión de
servicios para un médico procedente del hospital Hermanos Laguna, de
Alcorcón, para hacerse cargo de la jefatura de la Unidad de Arritmias del
Doce de Octubre, una jefatura que, pese a que la señora Directora General
del Insalud dice que nunca fue ocupada de forma orgánica por el doctor
Pailos, que es el responsable de esa unidad, todas las notificaciones
internas del hospital dirigidas a este doctor se comunican como tal jefe
de la Unidad de Arritmias a todos los efectos. Y su adscripción se
realiza no con criterio temporal o provisional, sino con carácter
definitivo. Aquí tengo notificación del hospital Doce de Octubre, firmada
por el director gerente, en la que dice que por necesidades funcionales y
asistenciales se le adscribe definitivamente al servicio de cardiología
como médico adjunto y responsable de la Unidad de Arritmias. Esa petición
de comisión de servicios se deniega por el hospital de procedencia del
médico solicitado, fundamentalmente por no estar en ningún caso
justificada dicha petición. El Ministerio de Sanidad desoye las denuncias
de este profesional, en el sentido de que proceda a salvaguardar sus
derechos frente a una actuación manifiestamente irregular y poco motivada
por parte de la dirección del hospital. Esa comisión de servicios se
deniega, bien fundamentada esa
denegación, y asistimos a continuación a un acto absolutamente irregular.
Me gustaría, por tanto, conocer la opinión concreta de la señora
Directora General por si ella misma está realizando este tipo de
actuaciones. Tenemos una Orden del 4 de mayo de 1992 tajante y categórica
del Director General del Insalud entonces, señor Conde Olasagasti, orden
que desde nuestro punto de vista es absolutamente irregular e
improcedente, pues supone una clara injerencia político-administrativa en
el funcionamiento de un hospital o en las competencias de las
delegaciones territoriales del Insalud, que son las únicas competentes
para efectuar los traslados por comisiones de servicios y que, además,
deben estar perfectamente motivados, como hemos dicho, y se ordena
inmediatamente el traslado, objetivando el hospital en su contestación
que ese traslado se realiza no por cuestiones asistenciales, sino
recibiendo órdenes directas del Director General del Insalud. Nos parece
que ésta es una de las prácticas irregulares y, tal vez, uno de los
puntos de inflexión del problema, porque a partir de aquí se afronta un
camino de muy difícil retroceso. Yo creo que se habla muy a las claras
del estilo y de las pautas de comportamiento de nuestros gestores
sanitarios y de unos criterios ciertamente autoritarios muy poco
compatibles con el normal funcionamiento de nuestras instituciones
sanitarias.
Tengo aquí las notificaciones de la petición inicial de la comisión de
servicios, cómo se deniega por el hospital, cómo inmediatamente el señor
Conde Olasagasti, Director General del Insalud, cursa una orden de
obligado cumplimiento para que esa comisión de servicios se realice con
criterios absolutamente inmediatos, incurriendo --yo creo que de forma
manifiesta-- en una clarísima injerencia político-administrativa. Se
procede al traslado en comisión de servicios y a partir de ese momento
entramos ya en una nueva fase del problema, en la que se realizan
requerimientos notariales, se produce ese traslado, al que hacía
referencia la Directora General, que no es tal traslado, porque
difícilmente se puede entender en un hospital público del Sistema
Nacional de Salud como traslado lo que es el descerrajamiento de una
puerta, el hundimiento de una puerta, la irrupción brusca en un servicio
de delicadas características, como se pueden imaginar que es una unidad
de arritmias, por parte del personal del hospital, se saca el mobiliario
y el material a los pasillos, se desparrama por los lugares colindantes y
se produce una increíble escena más propia de una película de la Alemania
nacional socialista que de un hospital público de los años noventa en
nuestro país.
Todo lo anteriormente señalado está perfectamente documentado en ese acta
notarial a que hacía referencia de pasada la Directora General del
Insalud. Y en el acta el notario constata que la puerta de entrada ha
sido forzada con algún instrumento, que hay una puerta apoyada en la
pared hecha astillas, que hay varias cajas de cartón, sillas de ruedas
amontonadas en absoluto desorden, historiales clínicos desparramados por
el suelo, existen en completo desorden cajas de cartón llenas de archivos
y fichas, frigoríficos, ordenadores y que en ningún caso pueden ser
utilizados los despachos a los que presumiblemente se da traslado al jefe
de la Unidad de Arritmias. Este acta notarial constata perfectamente que
no se produce tal traslado, sino una irrupción absolutamente intolerable
en el normal funcionamiento de una unidad de un servicio asistencial de
nuestra sanidad.
Pero no contentos con esta situación y puesto que el responsable de esa
unidad intenta reorganizar desde su nueva ubicación, entre comillas, ese
servicio, se vuelve a producir otra situación manifiestamente
intolerable, que es el impedimento físico de su entrada en los servicios
de la unidad a la que pertenece cambiando la cerradura, modificando el
acceso a las dependencias y trasladando todo el material disponible, de
carácter documental o de carácter tecnológico, no a una ubicación --como
dice la señora Directora General-- provisional, sino a las calderas del
propio hospital que en ningún caso se pueden considerar a ningún efecto
como un almacenamiento provisional. Esa documentación clínica se lleva a
un recinto hospitalario en el cual convive con gasoil, combustible y todo
tipo de materiales, por supuesto inflamables, pero en ningún caso
absolutamente asimilables a lo que es ni siquiera un almacenamiento
provisional de este tipo de documentación. El responsable de la unidad,
que carece en esos momentos de una ubicación física, tiene que comunicar
al hospital que para cualquier situación en relación con su persona le
encontrarán en la biblioteca del hospital. Pueden imaginarse, señorías,
esta situación hablando de investigadores de reconocido prestigio
internacional. Hasta 34 trabajos de ámbito nacional e internacional había
realizado esa unidad, durante su corto período de funcionamiento, con
médicos de un altísimo nivel que se ven absolutamente cuestionados en su
trabajo por la dirección hospitalaria, por los responsables del Insalud,
que se ven tratados de forma escandalosa, y haciendo gala esa misma
dirección de una prepotencia y de un autoritarismo absolutamente
incompatibles con un hospital moderno.
Ante nuevas denuncias de esta situación cursadas a diferentes
instituciones dependientes de la administración sanitaria pública, nos
gustaría conocer cuál es la respuesta, por ejemplo, del fondo de
investigaciones sanitarias al que afectaban, sin ninguna duda, al
abandono y el deterioro de un material multimillonario que había sido
abandonado por los gestores del hospital y que en su día fue adscrito al
responsable de la Unidad de Arritmias, material que no se puede adquirir
en España, que es de alta tecnología y que fue adquirido en los Estados
Unidos en uno de los viajes precisamente de ese responsable. Se envían
numerosos requerimientos y denuncias a la dirección de formación y
ordenación de la investigación del Ministerio de Sanidad, a la Junta
Técnico-Asistencial del hospital, y en ninguno de estos casos
--incluyendo dos denuncias al Ministerio de Sanidad y Consumo-- se recibe
ninguna comunicación y ninguna contestación por parte de los responsables
sanitarios. Se recurre, finalmente, al señor Presidente del Gobierno, don
Felipe González Márquez, con la misma respuesta. En definitiva, se
desoyen las peticiones, se desoyen los criterios de un profesional,
haciendo gala la Administración sanitaria en este tema de una falta de
sensibilidad absolutamente incompatible con el normal funcionamiento
y la defensa de los derechos del personal al servicio de la
Administración sanitaria española.
Al final, y después de todo este proceso, se decide abrir una
investigación que da lugar a un informe, solicitado por el propio jefe de
la Unidad de Arritmias, al que se le niega en reiteradas ocasiones, cuyas
conclusiones obras en poder de la Administración y no se hacen públicas a
requerimiento en reiteradas ocasiones de ese jefe de la Unidad de
Arritmias y de otras personas. Ese informe, finalmente, tiene que ser
requerido por el propio juzgado porque era favorable al denunciante y en
sus conclusiones se responsabilizaba de alguna manera a la propia
Administración, a la dirección del hospital de gran parte de los
problemas que se habían suscitado.
Como digo, ese informe...
La señora PRESIDENTA: Señor Burgos, le ruego concluya. Lleva consumidos
20 minutos.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy a intentar ir acabando.
El asunto es muy complejo y conviene que todos los temas se pongan encima
de la mesa, sobre todo cuando no vamos a tener derecho a réplica
posteriormente.
En todo caso, dicho informe sólo pudo conseguirse a instancia del Juzgado
de lo Social número 9 y en él, como digo, se ponen de manifiesto las
auténticas vertientes, las auténticas responsabilidades de cada uno en
este asunto. Pero ahí no acaba la cosa, porque no se produce solamente un
persecución, entre comillas o sin ellas, del propio jefe de la unidad,
sino que, por ejemplo, se expedientó al auxiliar administrativo que
trabajaba en esa unidad, se le quiso echar, lo que dio lugar a un pleito
en Magistratura de Trabajo que, finalmente, el trabajador ganó y fue
repuesto en su puesto de trabajo, y se marginó a la enfermera
trasladándola a una consulta que nada tenía que ver con el trabajo que
había realizado anteriormente. En definitiva, se realizó prácticamente
una táctica de tierra quemada, de desmantelamiento hasta los cimientos de
dicha unidad, tal y como se conocía y había sido puesta de manifiesto a
lo largo de su trabajo en los últimos años.
No es cierto, señora Directora General, que no se produjera una
repercusión en la atención asistencial de los enfermos que trataba dicha
unidad. Hasta cuatro enfermos o familiares de enfermos han comparecido en
el Juzgado de lo Social para reiterar sus denuncias en función del
tratamiento que recibieron, derivado de la situación de absoluto
descontrol y desorganización de esa unidad y de la falta de medios y de
las condiciones pésimas en las que se les prestaba dicha asistencia;
hasta cuatro pacientes que fueron los que solicitó la propia juez que se
personaron en dicho juzgado. A partir de ahí continúan los
acontecimientos y se abre por parte de la Administración sanitaria un
expediente administrativo contra el responsable porque no le habían
encontrado en la biblioteca, que es donde había manifestado que iba a
estar a partir de ese momento durante sus horas de trabajo en el
hospital. En definitiva, se le retiene la nómina durante varios meses,
cuando la propia sentencia en sus fundamentos jurídicos reconoce --y es
una sentencia judicial firme-- que el Insalud no le había sustituido de
sus funciones, que se le había relegado a un papel secundario y sin
contenido funcional real, no constaba ni se acreditaba que el instituto
demandado le hubiera comunicado formalmente cuáles eran sus nuevas
funciones y de quién debía recibir órdenes y no había ningún tipo de
documentación o de certificación que permitiera acreditar que dicho
responsable de la unidad estaba definitivamente sustituido de su puesto
de trabajo.
Creo que tal cúmulo de situaciones, tal perjuicio del bien público, tal
derroche de medios económicos, tal marginación de profesionales altamente
cualificados y reconocidos constituye ya de por sí un argumento
suficiente para exigir responsabilidades políticas por unas actuaciones
manifiestamente irregulares, por unas actuaciones que lesionan no sólo
los derechos básicos de los pacientes, sino las más elementales reglas de
convivencia en nuestros hospitales y en nuestros servicios de atención
pública. Por tanto, el extravío de esa documentación clínica no
constituye sólo un exponente de una actuación directiva, desde nuestro
punto de vista absolutamente injustificable y presuntamente delictiva, y
tampoco constituye un hecho aislado. Es más bien una situación derivada
de un estado de cosas, de una organización sanitaria deficiente, caótica
e insostenible. En estas condiciones creemos que resulta un auténtico
sarcasmo hablar de derechos de los pacientes a la confidencialidad de la
documentación o a la garantía en la continuidad de esa información
clínica como, por ejemplo, constante el recientemente aprobado catálogo
de prestaciones.
Ha manifestado algunas de las actuaciones que se están realizando en el
Doce de Octubre y en otros hospitales en materia de documentación
clínica, pero a mí me gustaría recordarle, por ejemplo, lo que no son
meras manifestaciones de carácter instrumental, sino lo que son las
conclusiones de las auditorías realizadas a un número muy importante de
hospitales del Sistema Nacional de Salud en relación precisamente con la
operatividad de los sistemas de documentación clínica, de archivo de
historias clínicas o de funcionamiento de las comisiones clínicas de
seguimiento de las historias clínicas.
La señora PRESIDENTA: Le ruego concluya.
El señor BURGOS GALLEGO: Voy a intentarlo.
Algunos de los aspectos que ponen de manifiesto, con carácter general,
esas auditorías son: la inadecuación de los espacios y de los sistemas de
organización, el desconocimiento absoluto de aperturas de historias
clínicas en los diferentes ámbitos del hospital, los archivos centrales
casi nunca saben con exactitud las historias que se abren en los
diferentes departamentos de cada hospital. Por ejemplo, en el Doce de
Octubre, en el Ramón y Cajal y en La Paz hasta el 35 por ciento de las
historias que se abren son desconocidas en los archivos centrales. Existe
una persistencia generalizada de archivos y fondos periféricos sin ningún
tipo de control y sin ningún tipo de conocimiento por la estructura
centralizada del hospital. No existe, en absoluto, un control en los
movimientos de las
historias clínicas en los centros. Hay una deficiente, irregular,
incomprensible o inexistente cumplimentación de las historias clínicas,
que alcanzan cifras espeluznantes, del orden del 60 por ciento de las
historias clínicas irregulares en algunos hospitales. Hay una ausencia
del preceptivo informe de alta, que tiene que estar obligadamente
contenido en todas las historias clínicas, por ejemplo, en el 12 por
ciento de las historias del Hospital San Carlos, en el 11 por ciento del
Ramón y Cajal, en el 24 por ciento del Doce de Octubre, y esa
inexistencia del informe de alta alcanza el cien por cien de las
historias clínicas en algunos servicios de estos hospitales. Como digo,
todas éstas son respuestas textuales contenidas en los informes de
auditoría de nuestros hospitales. Existe una clara impresión desfavorable
del nivel de calidad de nuestras historias clínicas. En el Ramón y Cajal,
por ejemplo, en el 43 por ciento de las historias clínicas se puede
considerar como muy deficiente la información allí contenida. Existe un
generalizado desorden documental, todo mezclado, sin ningún criterio
secuencial, que produce una fácil pérdida y un progresivo deterioro de
toda la información clínica. Infimo grado de calidad de las historias en
el Hospital San Carlos --situación lamentable--, pobre calidad del
material documental en el Ramón y Cajal --situación inapropiada--,
niveles de calidad y cumplimentación de la documentación muy deficientes
en el Hospital de La Paz. No se guardan las historias cuando fallecen los
pacientes, por ejemplo, en el Hospital Clínico de Valladolid y no
funcionan las comisiones de historias clínicas, que no se reúnen durante
años completos en una parte importante de los hospitales de nuestro
Sistema Nacional de Salud.
Todo esto no lo dice el Grupo Parlamentario Popular; lo dicen las
auditorías de los propios hospitales del Sistema Nacional de Salud.
Existe una insuficiente política de calidad, no existe una
informatización, un control, una gestión de esa documentación y hay una
situación absolutamente generalizada de caos en la custodia de la
documentación clínica. No le avanzo más que uno de los muchos escándalos
que su administración ha sido capaz de generar en los últimos años y que
tendrá cumplida petición de comparecencia, probablemente en fechas
próximas, en relación con la existencia de casi 20.000 historias clínicas
al margen de cualquier control o conocimiento de la documentación
contenida en dichas historias clínicas en un hospital concreto de la
ciudad de Madrid. No le avanzo más para no preocuparle en exceso, pero
entienda que el Grupo Parlamentario Popular conoce perfectamente cuál es
la situación real de nuestros hospitales en materia de documentación
clínica, que esta situación, puesta en evidencia por una cuestión muy
concreta en el hospital Doce de Octubre no es, ni mucho menos, una
actuación esporádica o una situación anecdótica, sino que responde a un
estado de descontrol, de caos y de despreocupación de la Administración
sanitaria.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señora Directora General, por su
comparecencia en relación con este tema.
No es voluntad del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya contribuir al desprestigio de la sanidad pública sino, muy al
contrario, entendemos que la puesta en evidencia de las insuficiencias
detectadas tiene como objetivo fundamental el que sean subsanadas, el que
su existencia sea asumida por parte de la Administración y que, por
tanto, puedan ponerse en marcha los mecanismos correspondientes para
solucionar los fallos existentes. Sin embargo, tengo que decirle, señora
Directora General del Insalud, que de la información aportada en su
comparecencia debería deducirse, si no existiera, otro tipo de
informaciones, una sensación de absoluta tranquilidad sobre algo que no
pasaría de ser un enfrentamiento de los que suceden a diario entre las
personas en la vida de los hospitales. Evidentemente esos enfrentamientos
existen, esos enfrentamientos pueden dificultar la relación entre las
personas y el funcionamiento en su caso de los servicios sanitarios, pero
es responsabilidad de la dirección del hospital, es responsabilidad de la
Dirección Territorial del Insalud y de la Dirección General del Insalud
no contribuir con sus actuaciones a incrementar las dificultades que se
pudieran estar produciendo y, sobre todo, las consecuencias que pudieran
tener en el desarrollo normal de los servicios y sus repercusiones sobre
la calidad de la actividad asistencial.
En primer lugar, no comparto la valoración según la cual la existencia
del catálogo de prestaciones sanitarias pueda ser sacada a colación a la
hora de decir que en el momento en que existiera este tipo de medidas
cautelares, a la hora de introducir una nueva actividad terapéutica o
diagnóstica en la sanidad pública, podrían haberse evitado los hechos que
nos ocupan. En segundo lugar, y según deduzco de la información dada, la
existencia de la Unidad de Arritmias y la necesidad de formación de un
profesional en electrofisiología están suficientemente garantizadas tanto
desde el punto de vista de los avances tecnológicos como de la calidad
del servicio en sus aspectos exclusivamente asistenciales. Es decir, que
en esta situación concreta se hubiera retrasado injustificadamente la
incorporación de una tecnología suficientemente contrastada y útil en la
sanidad pública. La verdad es que no entiendo muy bien la introducción
relativa al catálogo de prestaciones porque parece que en ningún momento
los hechos que nos ocupan tengan relación con una dudosa calidad de la
atención sanitaria prestada y protagonizada por el responsable de la
Unidad de Arritmias. En cualquier caso, sí parecen existir, a lo largo de
un período de años suficientemente importante, irregularidades
administrativas que han llevado a que al frente de una unidad esté una
persona sin el reconocimiento administrativo en firme, etcétera. Y lo que
parece deducirse sin ninguna duda de la información dada por los medios
de comunicación, que usted cuestiona pero sin que haya una información
adicional sobre los mismos hechos que permita ponerlo en duda, es que hay
una actuación autoritaria y arbitraria por parte de la dirección del
hospital que, lejos de circunscribirse a la persona responsable
de la Unidad de Arritmias, está interfiriendo notablemente el
funcionamiento del servicio y la utilización de los medios técnicos y de
documentación imprescindibles para un correcto funcionamiento de los
servicios.
Quiero decirle, señora Directora General, que numerosos portavoces del
Grupo Socialista --estos días más todavía-- vienen quejándose de la
judicialización de la vida social española. Yo no sé si eso es bueno o
malo. Lo que sé es que está favorecido por actuaciones, como la que usted
ha mostrado en la comparecencia, de negación de la realidad y, en
consecuencia, de una falta de intervención de las autoridades
administrativas para aclarar o poner fin a situaciones irregulares o de
una gravedad como la que se está poniendo de manifiesto, sin cuestionar
--insisto-- que el origen de los hechos sea un enfrentamiento personal
entre determinados responsables de diferentes unidades. Ahora bien, esa
situación no puede ser el origen de una cadena de decisiones tomadas por
parte de responsables a diferentes niveles, llegando a la intervención
del Director General del Insalud, que no hacen más que enmarañar la
situación e introducir dificultades adicionales al correcto
funcionamiento de la Administración. Es decir, la judicialización de
hechos como los que nos ocupan, cuyo resultado no conocemos, es el último
recurso con el que pueden contar los ciudadanos ante una actuación de la
Administración cuando se plantea como actuación pública la negación de
los hechos y, en consecuencia, la negativa a intervenir.
Por eso, señora Directora General del Insalud, le ruego en nombre de mi
Grupo Parlamentario que, independientemente de lo que las actuaciones
judiciales produzcan como sentencias en relación con las personas
procesadas por los hechos denunciados, en este y en otros casos no se
planteen situaciones a la defensiva injustificables cuando hay hechos
concretos suficientemente objetivos que señalan la negligencia o la
actuación arbitraria e injustificada, y desde luego irregular, por parte
de diferentes responsables administrativos.
La señora PRESIDENTA: Gracias doblemente, señora Maestro, por su
sorprendente brevedad, habida cuenta de la experiencia. Ha sido muy
amable.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora
Figueras.
La señora FIGUERAS I SIÑOL: El Grupo Socialista considera que las
explicaciones aportadas por la señora Directora General del Insalud son
plenamente satisfactorias.
Por lo que se refiere al traslado, en julio de 1992, de la Unidad de
Arritmias del hospital Doce de Octubre, los datos aportados demuestran
claramente el buen funcionamiento del servicio en la actualidad y prueban
que la solución adoptada por la dirección del centro para la resolución
del conflicto ha dado como resultado unos muy adecuados niveles de
rendimiento y de calidad del proceso asistencial. Deberíamos poder
confiar en que tras esta comparecencia no vuelva a ser utilizado este
tema, que obedece a un conflicto interno derivado de la particular y
peculiar actuación de un profesional, como motivo de confrontación
política. Creemos que no ha habido irresponsabilidad por parte del equipo
directivo del hospital Doce de Octubre; ya que se puso fin a una
situación en la que el profesional aludido utilizaba los procesos
asistenciales como elemento de confrontación con el resto de los
servicios de cardiología. Repito que, afortunadamente, ahora el servicio
funciona correctamente, realizándose las actuaciones hospitalarias como
consecuencia de una labor de equipo que debe siempre producirse. Sin
embargo, es especialmente significativo que las reclamaciones privadas de
un facultativo, que no comparte ni apoya el resto de profesionales de los
servicios aludidos, sea una causa que hace suya el Grupo Popular.
Lamentablemente asistimos de forma continua en esta Cámara, demasiado a
menudo diría yo, a la puesta en práctica por parte de algunos grupos de
una dinámica parlamentaria que se deriva, única y exclusivamente, de
informaciones sensacionalistas, mal elaboradas, sesgadas y a menudo
falsas, aparecidas en algunos medios de comunicación. Me refiero,
señorías, a que en cuanto aparece una noticia de este tipo tenemos aquí
una iniciativa parlamentaria sin antes contrastar la información. El caso
que nos ocupa es un ejemplo de la escasa, por no decir nula, coincidencia
entre lo publicado y lo sucedido.
Por lo que se refiere a la supuesta pérdida de historias clínicas, se ha
manifestado claramente que no ha habido tal extravío, que fue trasladada
cierta documentación, que no se trataba de historias clínicas y que,
posteriormente, fue clasificada y debidamente archivada. Que las
historias, la documentación clínica en su conjunto, por su importancia,
son un motivo de preocupación constante para el Insalud es algo patente,
como lo demuestran las actuaciones que se están llevando a cabo
permanentemente para mejorar su gestión y su tratamiento, a las que se ha
referido ampliamente la señora Directora General en su intervención.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Directora General del
Insalud, doña Carmen Martínez Aguayo.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSALUD (Martínez Aguayo): Me gustaría
muchísimo poder decir una cosa diferente a la que digo, pero no puedo
faltar a la verdad, y la verdad es que no se ha perdido ninguna historia
clínica en el hospital Doce de Octubre en relación con este proceso del
que hablamos. No hay ninguna pérdida de historia clínica y así hay que
decirlo, con claridad.
Mi reflexión en relación con el catálogo de prestaciones viene a cuento
de que yo creo que, a veces, el que las iniciativas sobre la introducción
de tecnologías se hagan a título individual propician una serie de
actitudes patrimonialistas que en nada favorecen el correcto
funcionamiento de una Unidad. En este sentido, me parecía que podría ser
el momento de resaltarlo.
Hay que decir con claridad que en el hospital Doce de Octubre no se ha
perdido ninguna historia clínica ni documentación de los 800 documentos
que había en la Unidad cuando se trasladó de sitio. Creo que trasladar la
unidad e introducir medidas para que esa Unidad funcione es un ejercicio
de responsabilidad. Mirándolo retrospectivamente o con la perspectiva del
tiempo, a lo mejor hay elementos
en el traslado que no deberían repetirse o que podrían hacerse de manera
diferente, pero creo que no minimizan ni deslegitiman la obligación de la
gerencia del hospital y del centro de poner en orden el funcionamiento de
un servicio; servicio que en el año 1991 había realizado tres
procedimientos de electrofisiología; en 1994, se han hecho 129. En 1991,
se habían hecho cero ablaciones, procedimiento básico para tratar las
arritmias; en 1994, se han hecho más de 76. En 1991, no se había
introducido ningún desfibrador automático, técnica que ya existía; en el
año 1994, se han puesto más de cinco; por no hablar de las interconsultas
y apoyo a otros servicios, inexistentes también en el momento en que
estaba la Unidad sometida al conflicto.
En ningún momento he puesto en duda, en mi exposición, la valía
profesional de ninguno de los implicados, simplemente he dicho que el
conflicto existente tenía repercusiones asistenciales; de ahí que se
justifique la importancia de la intervención. Creo que los datos de cómo
ha evolucionado el servicio hablan por sí solos de que la medida, sobre
cuya forma de actuación se puede comentar si fue más o menos precisa,
desde el punto de vista asistencial era correcta y, desde luego, no ha
producido ningún tipo de alteración; alteración que sí se estaba
produciendo porque evidentemente no se estaban dando los resultados que
podían obtenerse.
Creo que los gerentes y los directivos pueden dar órdenes, puesto que
tienen una responsabilidad en la tutela, en ejercer un control y en
ordenar cómo se trabaja con la documentación clínica, y en ningún caso
pueden permitir que eso se constituya en un elemento de discusión o de
confrontación en aras de unas supuestas mejoras, supuestos logros o
intenciones de mejora de cualquier facultativo. No es legítimo y debe ser
impedido.
También creo que es perfectamente legítimo que el Director General actúe
dando órdenes cuando le parezca necesario y oportuno. Hace un momento, en
la comparecencia que hemos tenido sobre los maequis, se me ha pedido que
dé ordenes, como lo he hecho, en el sentido de que se hagan determinados
certificados, que son ya responsabilidad y competencia de cada una de las
unidades, pero parece oportuno que se explicite o que se vaya en esa
línea. Creo que eso es legítimo y entra a formar parte de nuestras
obligaciones.
En su intervención, el representante del Partido Popular ha hecho una
presentación catastrofista, como acostumbra hacer en otras ocasiones
sobre otras intervenciones mías, que no obedece a la realidad. Pienso que
los avances que se han hecho en los últimos años en relación con el
archivo, control o tutela de historias clínicas es muy importante. Desde
luego, es un tema muy complicado, sobre el que toda las actuaciones son
pocas, en el que la dinámica de mejora es constante y que tiene
soluciones a veces difíciles y complejas, no sólo por el crecimiento del
archivo, que es importante saber cómo se maneja, sino también por lo que
está suponiendo el tener que avanzar en la informatización, mejoras en el
archivo y en la documentación, para permitir mayor agilidad en su
disponibilidad de cara a los profesionales. Desde luego, como le digo, no
comparto para nada que lo que usted describe sea la realidad de nuestros
centros. De ninguna manera es así.
Creo que se han proferido muchísimas acusaciones contra personas o
directivos a los que, en general, hay que estar agradecidos. Hay que
estar agradecimos a los profesionales de nuestro sistema que dedican un
tiempo de su vida profesional a aportar lo mejor de sí mismos para
intentar mejorar el funcionamiento de un servicio, aunque puedan cometer
errores. Creo que sobre este caso que nos ocupa y en sus aspectos
concretos, como le he dicho antes, hay un proceso judicial
--evidentemente, no es deseable que se judicialicen nuestras
intervenciones-- y se dará cumplida respuesta a lo que en su momento diga
la autoridad judicial.
Por nuestra parte, creo que lo que hizo el hospital Doce de Octubre, con
mejor o peor acierto, fue un acto de responsabilidad ante una unidad
asistencial que no estaba cumpliendo las características, obligaciones ni
las funciones para las que había sido creada. (El señor Burgos Gallego
solicita la palabra.)
La señora PRESIDENTA: ¿Para qué solicita la palabra, señor Burgos?
El señor BURGOS GALLEGO: Por alusiones de la portavoz del Grupo
Socialista, que se ha permitido hacer un juicio de intenciones sobre las
motivaciones que llevan a nuestro Grupo a solicitar determinadas
comparecencias.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señoría, pero quiero recordarle que son
habituales las alusiones de unos grupos a otros y S. S. no puede presumir
precisamente de lo contrario. No obstante, le ruego que no reabra el
debate. Tiene la palabra por un minuto.
El señor BURGOS GALLEGO: Simplemente quiero decir que mi Grupo
Parlamentario no solicitó esta comparecencia en base a recortes de prensa
sino en base a sentencias judiciales, a actas notariales y a una
documentación, que se acerca a los 800 folios, de todo tipo de
notificaciones, escritos, cartas dirigidas entre unas instituciones y
otras que avalan suficientemente la comparecencia. Con independencia de
que los juzgados quiten o den razones al final, en este caso la actuación
se ha caracterizado por ser un cúmulo de despropósitos. (La señora
Figueras solicita la palabra.) La señora PRESIDENTA: Señora Figueras,
ruego que no reabra el debate.
La señora FIGUERAS I SIÑOL: Solamente para decir que la comparecencia
está pedida justo al día siguiente en que aparece la noticia en la
prensa, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Cumplimentado el orden del día de la sesión de esta
Comisión correspondiente al día de hoy, agradecemos la presencia entre
nosotros de doña Carmen Martínez Aguayo, Directora General del Insalud, y
levantamos la sesión.
Era la una y diez minutos de la tarde.