CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 441
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 26
celebrada el miércoles, 1 de marzo de 1995



ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a que solicite de la Unión Europea la
modificación del funcionamiento del instrumento financiero de orientación
de la pesca (IJJFOP) para evitar discriminaciones en dicho sector.

Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). (BOCG serie D, número
154, de 31-10-94. Número de expediente 161/000316). (Página 13450)
--Relativa a las medidas a adoptar en favor del sector productor del
tomate en España, como compensación a los negativos efectos que para el
mismo pueden derivarse como consecuencia del Tratado Euro-Magrebí.

Presentado por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 178,
de 2-1-95. Número de expediente 161/000365). (Página 13454)
--Relativa a la objeción de la cuota asignada en el seno de la
Organización de Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO) para la pesca del
fletán negro. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV). (BOCG
serie D, número 191, de 17-2-95. Número de expediente 161/000393).

(Página 13460)

Página 13450



--Relativa a la inclusión de diversos términos municipales de la
provincia de Soria entre los beneficiarios de las ayudas contempladas en
el Real Decreto-ley 6/1994, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes para
reparar los daños producidos por la sequía. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 172, de 19-12-94. Número de
expediente 161/000341). (Página 13464)
Comparecencia del señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
(Atienza Serna), para informar:
--Sobre el contenido agrario de las negociaciones para la ampliación de
la Comunidad Europea (CE). A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 213/000233). (Página 13468)
--Sobre el acuerdo de precios comunitarios de los productos agrarios para
la campaña 1994-1995. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 213/000372). (Página 13468)
--Sobre el desarrollo del Real Decreto-ley 6/1994, de 27 de mayo, por el
que se adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por
la sequía. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 213/000373). (Página 13468)
--De la estrategia que va a seguir el Gobierno en el sector de los
aceites y grasas de origen vegetal. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 213/000399). (Página 13468)
--Sobre la reasignación de las cantidades de referencia procedentes de la
reserva nacional y de la situación por la que atraviesa el sector lácteo.

A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000385). (Página 13469)
--Sobre las actuaciones del Gobierno, dentro del ámbito de sus
competencias, en relación a la situación del sector pesquero en la
cornisa cantábrica, con especial referencia a Asturias. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000429).

(Página 13496)
--Explicar el alcance de los acuerdos adoptados en la reunión del 23 de
septiembre de 1994 en el área de la Organización de las Pesquerías del
Atlántico Noroccidental, «Northwest Atlantic Fisheries Organization»
(NAFO) para la pesca española. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 213/000437). (Página 13497)
--Explicar la postura española ante el anuncio de la Unión Europea (UE)
de no prohibir las redes de enmalle a la deriva hasta el año 1998. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000441). (Página 13497)



Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se inicia la sesión.

Antes de entrar en el debate de las proposiciones no de ley, quiero
indicar a la Comisión que, a solicitud de distintos grupos, vamos a
proceder a modificar el orden de los puntos a tratar esta mañana en el
sentido de que, en primer lugar, se verá la proposición que figura con el
punto número 1; en segundo lugar, se tramitará la del Grupo Popular,
relativa al sector del tomate; en tercer lugar la de la NAFO y, en cuarto
lugar, la de la sequía. También comunico a los comisionados que las
votaciones de estas proposiciones no de ley se celebrarán al final de su
debate no antes de las doce y media, alrededor de la una o la una menos
cuarto.




DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE SOLICITE DE LA UNION EUROPEA LA
MODIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO DEL INSTRUMENTO FINANCIERO DE ORIENTACION
DE LA PESCA (IFOP), PARA EVITAR DISCRIMINACIONES EN DICHO SECTOR.

PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000316.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al debate de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), por la que se insta al Gobierno
a que solicite de la Unión Europea la modificación del Instrumento
Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), para evitar
discriminaciones en dicho sector.

Para defender la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, el Grupo
Parlamentario Vasco ha presentado esta proposición no de ley con la
finalidad de realizar una corrección de metodología respecto a la
consideración de la política estructural pesquera en lo que atañe a sus
ayudas a las diferentes regiones que configuran la Unión Europea. A
nuestro juicio, se está produciendo una disfunción



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en cuanto a la catalogación de las ayudas, por lo que pretendemos que
haya el mayor consenso posible entre los diferentes grupos parlamentarios
a la hora de dar un tratamiento homogéneo a las diferentes regiones
españolas y, en definitiva, de la Unión Europea.

Señor Presidente, los problemas derivados del necesario ajuste
estructural de la flota, con graves problemas en materia de recursos y la
caída de los precios debido a importaciones masivas, son los que originan
que el sector pesquero primario en su actividad, y centralizado en unas
zonas concretas españolas, atraviese momentos de extrema dificultad. Si
nos fijamos concretamente en el caso español, la gravedad de la situación
se agudiza si tenemos en cuenta que el sector se halla en un período
transitorio durante el cual persisten una serie de discriminaciones
respecto de otras flotas comunitarias. La política europea de estructuras
pesqueras y ayudas al sector ha resultado cambiante en breve período de
tiempo, tratando de buscar soluciones a los graves problemas del sector
para racionalizarlo, pero en nuestra opinión, señor Presidente, en las
diferentes reformas llevadas a cabo siempre se ha adolecido, y se adolece
aún, de un error de planteamiento.

Cuando la Unión Europea diseña una nueva estrategia de fondos
estructurales, fundamentalmente con los acuerdos de Edimburgo, surge un
nuevo fondo estructural que es el relativo a la pesca. No tenía encaje
propiamente dicho en el marco de los fondos diseñados en el Tratado de
Roma e incluso en los que tienen continuidad de acuerdo con la
modificación del Acta Unica y del Tratado de Maastricht y, por tanto, no
puede situarse dentro de los fondos europeos de orientación y garantía,
por lo que se crea, con carácter complementario, este nuevo fondo
estructural para la pesca.

Señor Presidente, haciendo una pormenorización a título indicativo,
podemos ver cómo en este nuevo fondo estructural hay ayudas, en primer
lugar, para la realización de un ajuste del esfuerzo pesquero, tanto
mediante la retirada definitiva a un tercer país, el desguace,
hundimiento de buques, etcétera. En segundo lugar, está la subpolítica,
dentro de la política general de estructuras, de la renovación y de la
modernización de las flotas pesqueras. En tercer lugar, las inversiones
en sectores de la acuicultura, el acondicionamiento de franjas costeras,
el acondicionamiento de zonas marítimas, el equipamiento de puertos
pesqueros, las ayudas para la transformación y comercialización, la
promoción y búsqueda de nuevos mercados, etcétera. Y dentro de la
política regional diseñada por la Unión Europea, no en lo que depende de
la comisaría de pesca sino de la comisaría de desarrollo regional,
tenemos la iniciativa comunitaria de pesca, que de lo que trata, en
definitiva, es de incentivar, coadyuvar, promover y mejorar la situación
económica de regiones altamente deprimidas dependientes de la pesca.

Pues bien, señor Presidente, a la hora de diseñar las medidas de apoyo y
la consiguiente contribución financiera a todas estas áreas de la
política estructural, en nuestra opinión, para justificar un nivel
diferente de ayudas al sector, se toma como base las condiciones
socioeconómicas de las diferentes regiones que conforman la Unión
Europea. Así, al crearse este nuevo fondo estructural complementario con
motivo de la reforma de los reglamentos comunitarios, a nuestro juicio,
señorías, se ha perdido una nueva oportunidad para corregir este problema
de la indicación de los criterios socioeconómicos que se utilizan para la
catalogación y calificación de las diferentes regiones.

Entendemos que si se crea un instrumento para apoyar la reestructuración
del sector pesquero en la Unión Europea, tiene difícil justificación
política que en su desarrollo se distinga, de cara a fijar los diferentes
niveles de ayuda, y consiguientemente los mínimos de aportación de los
beneficiarios de las ayudas a las diferentes regiones, tomando como base
parámetros generales, como puede ser el producto interior bruto por
habitante de la región en cuestión. A nuestro juicio, debería tenerse en
cuenta a estos efectos la situación concreta del sector en cada región
determinada, independientemente de la ordenación general de la economía
de cada región.

Señor Presidente, entendemos que la distinción de las regiones entre uno
u otro objetivo basada en el criterio general de la renta per cápita, en
cuanto se refiere a la estructura y a la situación del sector pesquero,
es injusta, puesto que se tiene en cuenta la situación general de una
zona de la Unión Europea, en este caso española, y no la específica de
una actividad como la pesca, que se desarrolla en semejantes y análogas
condiciones socioeconómicas. Así, el sector pesquero vasco está
padeciendo la misma situación que el sector pesquero asturiano o el
gallego, puesto que la situación de crisis estructural es la misma, y
vemos que, a la hora de justificar las ayudas, se da un tratamiento
financiero diferente. Por ello, señorías, defendemos que, a la hora de
distribuir los fondos pesqueros, se debe atender al criterio de la
situación socioeconómica en la que se encuentra el sector pesquero
dependiente altamente de la actividad de la pesca. Esta discriminación en
el trato entre regiones está perjudicando la percepción de las ayudas a
sectores pesqueros como el balear, catalán y vasco, en su conjunto, sobre
todo a la hora de la construcción y modernización de buques, para lo que
el nivel de ayudas es diferente.

Señor Presidente, en definitiva, lo que pretendemos es intentar alcanzar
un consenso parlamentario a nivel español, para que el Gobierno central
pueda defender ante la Unión Europea que, a la hora de la determinación
de los criterios de calificación de las ayudas a las diferentes regiones
en el ámbito de la pesca, se tenga en consideración, de alguna manera,
como índice corrector, la situación estructural y económica del sector
pesquero en aquellas zonas que dependen fundamentalmente de la actividad
pesquera.

Pretendemos que, en primer lugar, las Cortes y, en segundo lugar, el
Gobierno tengan esta sensibilidad y puedan plantear que, para posteriores
ocasiones, se tengan en cuenta criterios socioeconómicos, correctores, a
la hora de la calificación de las ayudas. Eso es lo que pretendemos,
señor Presidente, con la presente proposición no de ley, porque, a la
hora de desarrollar una actividad pesquera, de trabajar en la mar, la
situación de la naturaleza, la situación de los recursos en nada
distingue si un barco tiene su base en Avilés, en el País Vasco, en Vigo,
en un puerto catalán o



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en un puerto balear. Pretendemos que se tienda a esa homogeneización con
la sensibilidad de esta Cámara y del Gobierno, para que se puedan
establecer índices correctores de cara al futuro, que es cuando se va a
modificar, a modular y a corregir este diseño de la política estructural.

Sabemos que hay un horizonte temporal de este fondo estructural de la
pesca y, por tanto, va a ser difícil hacerlo mientras esté aprobado dicho
fondo, pero como ese fondo termina en los años 1998 ó 1999, de cara al
futuro podríamos modular el establecimiento de estos índices de
corrección a la hora de la calificación de las ayudas a las diferentes
regiones europeas.

Este es el espíritu de la proposición no de ley con el cual pretendemos
alcanzar el consenso entre los diferentes grupos políticos y que el
Gobierno pueda tener un apoyo parlamentario a la hora de defender tales
cuestiones en el ámbito europeo.




El señor PRESIDENTE: No se han presentado a la proposición no de ley.

¿Grupos que quieran intervenir? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Mantilla.




El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Señor Presidente, la proposición no de ley
que nos presenta el Grupo Vasco (PNV) tiene aspectos que deberían ser
apoyados por los demás grupos parlamentarios.

El señor Gatzagaetxebarría ha expuesto que por el sistema de calificación
que tiene en estos momentos el Ifop, pudiera ser que algunas regiones se
consideren discriminadas o perjudicadas en comparación con otras. Sin
embargo, en su proposición no de ley hay dos puntos que pueden ser
antagónicos. En uno de ellos se entiende que la actual financiación del
Ifop a las regiones --en este caso, para España-- de 178.334 millones sea
distribuida equitativa u homogéneamente en todas las regiones que
conforman España y cualquier otra nación que pertenezca a la Unión
Europea. Esto supondría una insolidaridad con el resto de las regiones
que en estos momentos se ven favorecidas porque los parámetros de reparto
podrán ser buenos o malos, pero ésos son los parámetros de reparto. El
señor Gatzagaetxebarría pretende que esos parámetros socioeconómicos,
como él los llama, puedan ser establecidos de forma distinta. Es posible
que así lo sea. Eso podía ser extensible también a los fondos de
desarrollo sectorial en España, pero ello podría suponer que regiones que
ahora atraviesan una grave crisis en el sector pesquero, se viesen
perjudicadas en detrimento de otras regiones que tienen otras
posibilidades económicas que no tienen estas regiones del Objetivo 1.

Está claro que en estos parámetros socioeconómicos intervienen una serie
de componentes: el producto interior bruto de cada una de la regiones, la
renta «per capita», etcétera. Pero el señor Gatzagaetxebarría se olvida
de otros parámetros que son tremendamente importantes. Galicia, Asturias,
Cantabria, Andalucía, por ejemplo, han visto minorado considerablemente
su esfuerzo pesquero, lo cual lleva consigo un paro acuciante en el
sector pesquero y en sectores afines, como pueden ser la conserva o los
propios astilleros. Lo que hay que analizar en estas regiones es la
capacidad de absorber la mano de obra sobrante en el sector pesquero y en
sectores afines en otros sectores, como pueden ser la industria o los
servicios.

Estas regiones del Objetivo 1 lo tienen muy difícil. De ahí que el Grupo
Parlamentario Popular no podamos ser insolidarios en este momento con las
regiones de Objetivo 1, no podamos apoyar la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Sin embargo, pensamos que sería
defendible si, por su parte, aceptase una enmienda --que propondríamos en
estos momentos--, en el sentido de que el Gobierno español instase a la
Unión Europea a incrementar los fondos necesarios en el Ifop para que
estas regiones, que en estos momentos no están clasificadas como de
Objetivo 1, pudieran ser también objeto de reparto. Está claro que si
mantienen los 178.334 millones de pesetas, ese reparto iría en perjuicio
--decíamos-- de regiones que nosotros consideramos que en estos momentos
están mucho más necesitadas de fondos que otras.

Por tanto, repito que nosotros estaríamos dispuestos a apoyar que se
instase al Gobierno para que ante la Unión Europea se consiguiesen los
fondos supletorios del Ifop, para que estas regiones, en concreto
Cantabria, Baleares y Cataluña, pudieran también ser objeto de este
reparto.

En caso contrario, el Grupo Popular se va a abstener en esta proposición.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, la proposición no de ley que
nos presenta el Grupo Vasco (PNV) es bastante confusa en los términos en
que finalmente está redactada porque pone en cuestión la propia
virtualidad de las regiones del Objetivo 1. Si no existe trato
diferencial para regiones de la Unión Europea que tienen una situación
socioeconómica más deteriorada que el conjunto de la Unión Europea, y eso
está cuantitativamente tasado, no tienen sentido las políticas de ayuda
que la Unión Europea destina a esas regiones más pobres, porque en el
momento en que esas ayudas sean universales y se destinen al conjunto de
las regiones, dejan de tener sentido, según nuestro criterio, puesto que
se convierten en políticas de otro tipo, no en políticas de ayuda a las
regiones más pobres.

Consideramos que es confuso el intento que hace esta proposición no de
ley de meter con calzador a determinadas regiones españolas, que tienen
importantísimos problemas pesqueros, en unos tipos de ayuda que no están
pensados para ellas. La idea que se debería proponer es que se crearan
otras ayudas de tipo universal, pero no consideramos que lo que se deba
hacer sea desvirtuar, de alguna forma, el sentido de las ayudas que se
destinan a las regiones más pobres de Europa, porque los criterios
cuantitativos que se aplican en la Unión Europea no incluyen a regiones
como el País Vasco.

En consecuencia, mi Grupo Parlamentario no puede apoyar esta propuesta
porque considera que no se deben



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utilizar esas argumentaciones para incluir regiones que no entran en
estos criterios. En este sentido, anunciamos que nuestro Grupo se va a
abstener en la propuesta presentada.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.




El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV) trae hoy una proposición no de ley en el sentido de que las ayudas
públicas con financiación europea, a través del Ifop, para los proyectos
de mejora estructurados al sector pesquero, tengan en toda la Unión
Europea los mismos niveles de apoyo público que se conceden a las
regiones de Objetivo 1. La igualdad de los problemas del sector pesquero
así lo aconseja, ya que en el mar no se dan desigualdades físicas o
socioeconómicas que se dan en áreas geográficas terrestres.

En todo caso, a efectos de necesidades de mejora estructural, estas
necesidades son idénticas en todos los sectores del país.

Por ello, y por no existir correspondencia entre el grado de desarrollo
regional y el desarrollo homogéneo de todos estos sectores, apoyaríamos
una solicitud al Gobierno para que todo el sector pesquero tenga
garantizados los mismos niveles de apoyo público para su
reestructuración.

Como la petición de renegociación del Tratado de la Unión Europea en
cuanto a las ayudas significaría cuestionar los acuerdos de Edimburgo,
donde España obtuvo un importante porcentaje de los fondos estructurales
más los de cohesión, nuestra idea de igualdad de las ayudas pasa porque
las mejoras estructurales de todo el sector pesquero provengan del
compromiso del Gobierno de garantizar esta igualdad, complementando las
diferencias que surgen de la discriminación de los fondos del Ifop en las
comunidades autónomas del Estado español, y suponemos que también
respecto a otras regiones europeas con altos niveles de renta «per
capita».

Por esto, nuestro Grupo apoyaría una redacción del primer punto que,
salvando el espíritu de la proposición no de ley del Partido Nacionalista
Vasco, no arriesgue lo logrado en Edimburgo, que diría: El Congreso de
los Diputados insta al Gobierno a que promueva las medidas necesarias
dirigidas a la homogeneización de las ayudas estructurales pesqueras en
las diferentes comunidades autónomas.

Respecto al segundo apartado, estaríamos de acuerdo con sus previsiones
de futuro.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, el señor Mardones tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: El Grupo Parlamentario proponente, el Partido
Nacionalista Vasco, ha hecho una positiva aportación al debate en cuanto
a que países como España tienen que llevar adelante la modificación de
los criterios en el seno de la Unión Europea.

Entre el pragmatismo positivo para España de los fondos estructurales
obtenidos en Edimburgo, junto al criterio no tan claro hoy día de mezclar
los criterios de reparto de fondos estructurales generados, por un lado,
por la definición de regiones europeas de Objetivo número 1 y, por otro
lado, por las ayudas a sectores genéricamente contemplados, la realidad
cierta es que en este momento en la Unión Europea no hay un criterio
homogeneizador de estos dos diferentes criterios de reparto: por sectores
estructurales --en este caso, pesca-- por ubicación territorial, con una
clasificación, como es la de las regiones Objetivo número 1, es decir la
regionalización en una palabra, de las inversiones y de las ayudas de los
fondos estructurales.

El Grupo de Coalición Canaria, ante esta iniciativa del Grupo Vasco, por
solidaridad y realismo con lo obtenido por España, está de acuerdo con lo
manifestado por el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
porque nos parece que racionaliza esta distribución.

No ponemos objeción alguna a la preeminencia del punto segundo que trae
esta iniciativa del Grupo Parlamentario Vasco: que se atienda
exclusivamente a criterios socioeconómicos del sector pesquero. Eso es
fundamental, porque es el sector que está en crisis, y, dentro de la
Unión Europea, es el sector pesquero español el que en mayor crisis está
porque nosotros nos vemos obligados ahora a una reducción de capturas por
las artes de pesca. Hemos discutido en esta Comisión y en la Cámara la
cuestión relativa al enmalle, a las distintas artes de pesca, etcétera;
los pescadores franceses y de otros países de la Unión Europea están
haciendo caso omiso y España se ve penalizada y se autopenaliza por una
observancia rigurosa de lo que estamos todos apoyando política, técnica y
económicamente.

Con la propuesta del Grupo Parlamentario Catalán respecto al número 1, si
lo acepta el Grupo Parlamentario Vasco, se salva esa regionalización de
las inversiones, respetando también que las preferencias de las regiones
de Objetivo número 1 estén dirigidas precisamente al sector pesquero. Si
esto se acepta respecto al número 1, votaríamos a favor la proposición no
de ley, puesto que el número 2 lo apoyamos de entrada. Si hay votación
separada y es posible, señor Presidente, votaríamos también a favor este
segundo punto.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, el señor Moragues
tiene la palabra.




El señor MORAGUES GOMILA: El debate de la proposición no de ley que
presenta hoy el Partido Nacionalista Vasco, en mi opinión, no corresponde
a esta Comisión. Se ha demostrado, a través de la intervención de todos
los grupos, que lo que se pone en duda no es la aplicación del Ifop y de
las medidas complementarias, sino los criterios por los cuales se tienen
que aplicar los distintos programas o proyectos objeto de los fondos
estructurales europeos.

Si algunos grupos de la Cámara, que lo han expresado así, creen que la
aplicación de los fondos estructurales en Europa no se está desarrollando
según criterios que tengan en cuenta las necesidades que cada uno de los
grupos defiende, ése es un debate que se puede plantear en otras
Comisiones, como es la de Economía, la Mixta, etcétera, porque todo lo
que se ha dicho en defensa de la necesidad de modificar la aplicación del
Ifop para los temas pesqueros



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puede ser utilizado exactamente igual para cualquier otro programa o
proyecto de ayudas correspondiente a otros sectores. Las opiniones que se
utilizan aquí para modificar la aplicación del Ifop según los criterios
de los fondos estructurales pueden servir exactamente igual para
modificar esos criterios en cualquier programa o proyecto de ayuda a la
agricultura. Yo entiendo que el debate de fondo no corresponde a esta
Comisión, aunque siempre es interesante entender las razones por las
cuales se presentan los temas aquí.

La intervención del portavoz del PNV ha dejado medianamente clara cuál es
la filosofía de la proposición no de ley que presenta: dar un tratamiento
homogéneo a situaciones heterogéneas. Esto precisamente es contradictorio
con la política y con la filosofía de los fondos estructurales de la
Unión Europea. Cuando la Unión Europea fija los criterios por los cuales
se han de aplicar los fondos estructurales deja claro que hay que tener
una atención preferente a acciones tendentes a reducir las diferencias de
renta.

Si este criterio hasta ahora aplicado, que todo el mundo ha defendido
hasta la fecha, ya no es correcto, efectivamente se puede abrir un debate
para intentar ver cuáles han de ser los criterios a partir de ahora. Pero
plantearlo en estos momentos frente al Ifop, cuando precisamente la
inclusión de la pesca en los fondos estructurales da los primeros pasos,
al Grupo Socialista le parece un tanto exagerado. Nosotros entendemos que
todas las obras humanas y las decisiones políticas son mejorables, pero
que en estos momentos no se puede poner en duda una política común que ha
proporcionado grandes beneficios para España porque determinadas
comunidades autónomas crean que salen perjudicadas por la aplicación de
este instrumento financiero; instrumento financiero que, por otro lado,
no prejuzga que las posibles discriminaciones que en su aplicación se
pueden producir sean compensadas por esfuerzos financieros que puedan
realizar los correspondientes gobiernos de las comunidades autónomas
interesadas. Si el sector pesquero de cualquier comunidad autónoma se
siente discriminado y requiere mayor atención financiera, esto es
fácilmente compensable, como he dicho antes, por un mayor esfuerzo de las
propias autoridades de las comunidades autónomas.

La aplicación del instrumento financiero lo único que hace es limitar la
participación de los fondos europeos con los mismos criterios que el
resto de los fondos estructurales. Al Grupo Socialista, señorías, le
parece un avance sustancial que en la pesca por primera vez, a partir del
año 1993, sean objeto de aplicación y de distribución las ayudas y los
fondos, que se han aumentado sustancialmente, con los mismos criterios
con que lo han hecho los diferentes fondos estructurales que hasta la
fecha la Unión Europea ha puesto a disposición de los distintos Estados
miembros.

Sin estar cerrado, por supuesto, a discutir cualquier texto alternativo
que pueda posibilitar un consenso, pero también dejando claro que no
estamos de acuerdo con la filosofía que denota la presentación de la
proposición no de ley, en principio vamos a votar en contra.




El señor PRESIDENTE: El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra,
brevemente, para comentar la propuesta de modificación que se le ha
formulado.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Después de haber oído a los
diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, mi Grupo está de
acuerdo en estudiar los planteamientos que se han realizado.

El Grupo Socialista ha comentado que no coincide con la parte resolutiva,
fundamentalmente con el punto primero; los Grupos Parlamentarios Popular
y Catalán han solicitado una redacción distinta; y el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida ha mantenido una postura de abstención.

Yo solicitaría, señor Presidente, un tiempo para examinar con mayor
profundidad las diferentes propuestas que me han hecho los portavoces de
los grupos parlamentarios al efecto de llegar a un acuerdo. Rogaría, por
lo tanto, que la votación fuera al final de la mañana.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, señor Gatzagaetxebarría, el
Presidente había anunciado ya que la votación se produciría entre las
doce y media y la una, y en este sentido, antes de la votación se puede
expresar exactamente en los términos en que se formula la votación.




--RELATIVA A LAS MEDIDAS A ADOPTAR EN FAVOR DEL SECTOR PRODUCTOR DEL
TOMATE EN ESPAÑA, COMO COMPENSACION A LOS NEGATIVOS EFECTOS QUE PARA EL
MISMO PUEDEN DERIVARSE COMO CONSECUENCIA DEL TRATADO EURO-MAGREBI.

PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/000365.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, si les parece, a debatir la
segunda de las proposiciones no de ley, que figura en el orden del día
con el número 3, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a las medidas
a adoptar en favor del sector productor del tomate en España, como
compensación a los efectos negativos que para el mismo pueden derivarse
como consecuencia del Tratado Euro-Magrebí.

El propio Grupo Parlamentario Popular ha formulado una enmienda a su
proposición, que ruego defiendan en el mismo momento.

Para su defensa, el señor Pascual Monzo tiene la palabra.




El señor PASCUAL MONZO: Señorías, cuando estamos hablando de la
producción de tomate, no en balde no hablamos de una hortaliza más, sino
de la hortaliza, con diferencia, más importante de la producción
española.

El tomate en fresco supone 2,7 millones de kilos de producción en España
y esto significa el 36 por ciento de la producción total de hortalizas
españolas.




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Con el Tratado del GATT, el sector de frutas y hortalizas, al igual que
otros sectores, tiene que disminuir sus exportaciones en un 36 por ciento
en las subvenciones a la restitución y en un 21 por ciento en el volumen,
asimismo como la protección en frontera.

Esto le va a suponer a las hortalizas y, en concreto, al sector del
tomate, una saturación de los mercados europeos, si añadimos esto a los
tratados preferenciales, y va a producir una merma de renta
importantísima en los agricultores europeos, principalmente en los
agricultores-productores de tomates españoles.

A la finalización del GATT, el señor Ministro de Asuntos Exteriores, el
señor Solana, nos vendió como un gran éxito de la diplomacia española que
para tres hortalizas españolas --pepino, berenjena y tomate-- se iba a
ampliar el período de precios de referencia a partir del 1 de enero de
1994 y que se iba a implantar a partir de ese momento. En concreto, el
tomate, con unos precios de referencia de 920 ecus por tonelada. No se
consiguió que se pusiera en funcionamiento el 1 de enero de 1994 y parece
ser que iba a ser posible el 1 de enero de 1995. Pero el 31 de octubre de
1994 en la Conferencia económica de Casablanca, en la reunión que mantuvo
el Presidente del Gobierno, Felipe González, con el Rey Hassan, las
manifestaciones públicas que se hicieron fueron que el Presidente del
Gobierno y el Ministro de Asuntos Exteriores se comprometían ante Hassan
a defender y acelerar los intereses agrarios marroquíes ante la Unión
Europea. Así mostraba nuestro Presidente del Gobierno su interés por la
defensa de los intereses agrarios marroquíes.

El resultado se vio poco tiempo después, en diciembre del mismo año, con
la oferta de la Unión Europea a Marruecos de un contingente de
importaciones de tomate procedente de Marruecos de 130.000 toneladas, con
derecho arancelario cero, cuando el contingente entonces era de 96.000
toneladas durante un período de cinco meses --desde el 1 de noviembre al
31 de marzo--, que precisamente coincide con las exportaciones de
provincias productoras españolas muy importantes y que afecta, por lo
tanto, de manera profunda a Canarias, Almería, Murcia, Alicante o
Valencia. El precio de entrada no eran los 920 ecus por tonelada, sino
560 ecus. El gran éxito que nos vendió el señor Ministro Solana se quedó
difuminado y, a fin de cuentas, ha sido un caramelo que ha pasado por los
agricultores españoles pero que no lo han podido saborear. Marruecos
rechazó en un primer momento esta oferta de acuerdo, pero, en enero de
1995, cuando se le aplicó el precio de referencia pocos días de 920 ecus
por tonelada y cayeron en penalizaciones muy duras, efectivamente no
tuvieron más remedio que aceptar el acuerdo ofrecido por la Unión
Europea, con la condición de revisar este acuerdo para el próximo año.

La situación de Marruecos, señorías, siempre ha sido muy bien considerada
por parte de la Comunidad Económica Europea. Constantemente ha sido
compensada con los avatares que ésta ha sufrido. En cuanto a los
calendarios con derecho aduanero cero, que en un principio se aplicaban a
Marruecos desde el 21 de diciembre al 31 de marzo, a partir del Acta
Unica Europea, del 1 de enero de 1993, con adelanto al período de
adhesión de España, se amplió a dos meses más y pasó del 21 de diciembre
al 15 de noviembre y se retrasó del 31 de marzo al 30 de abril. Desde
enero de 1995 ha quedado definitivamente desde el 1 de noviembre hasta el
31 de marzo. Se ha eliminado el mes de abril, porque como SS. SS. deben
de saber, ya empiezan a entrar los intereses tomateros procedentes de
Francia y Holanda, y eso les perjudica.

En 1988 se le compensó también a Marruecos con un nuevo protocolo como
compensación por la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea.

No en balde, señorías, la exportación del tomate marroquí a la Unión
Europea desde 1988 a 1993 se ha más que duplicado pues ha aumentado el
211 por ciento y, además, el 90 por ciento de sus exportaciones coinciden
con los cinco meses, período que tienen actualmente en vigor.

Señorías, quiero recalcarles también otros ejemplos análogos a la
petición de nuestra proposición no de ley: cómo, cuando un sector se
siente perjudicado, la Comunidad Económica Europea le compensa. Por el
adelanto del período de adhesión por el Acta Unica Europea, de 1 de enero
de 1993, se compensó a los agricultores-productores de fruta y hortalizas
de Grecia, de Italia y de Francia, por el perjuicio que ello les
ocasionaba, con el Reglamento comunitario 3.816/92 por el que la
Comunidad Económica Europea ponía a disposición 100 millones de ecus y el
resto de los tres países 25 millones de ecus --en total, 20.000 millones
de pesetas-- para ayudas estructurales y ayudas a la renta a los
agricultores afectados. Actualmente también, señorías, Estados Unidos
está pidiendo compensaciones comerciales a la Unión Europea por la
ampliación a 15 países. También quiero recordarles, señorías, que el
tomate es uno de los seis productores hortofrutícolas españoles que sigue
con la espada de Damocles de los MCI, los montantes complementarios de
los intercambios.

Señorías, esta proposición no de ley se justifica en que estamos de
acuerdo en que hay que ser solidarios con terceros países y, sobre todo,
con el Magreb --y en este caso con Marruecos--, pero a lo que nos
oponemos tajantemente, y lo repetimos una vez más, es a que esta
solidaridad tenga que recaer sólo en las espaldas de los mismos
agricultores, en los productores de frutas y hortalizas, y, sobre todo,
en los productores de tomate, que son los que en mayor grado están
soportando estas medidas.

El Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno en esta proposición no
de ley a que exija a la Unión Europea las siguientes compensaciones en
favor de los agricultores españoles productores de tomate, que
contrarreste las negativas consecuencias realizadas al amparo del Tratado
Euro-Magrebí. Se concreta en dos puntos. Primero, que haya una
compensación para los agricultores afectados por la disminución de la
protección en frontera, con la alarmante reducción del precio de entrada
para el tomate marroquí, mediante la aplicación del sistema de medidas
compensatorias de renta aplicado en la reforma de la PAC, de 1992, a los
cultivos herbáceos.

Les vuelvo a recordar que el precio de referencia de 920 ecus por
tonelada se ha reducido a 560 ecus. La discriminación hacia los
agricultores productores de tomate se



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constata fehacientemente. Por otro lado, si no se cumple esto, se vulnera
el principio de solidaridad financiera pues si se han aplicado las
pérdidas de renta en unos sectores como los productos continentales con
ayudas a la renta directamente, en este sector hay que hacerlo de forma
análoga.

Seria dificultad, serias las excusas que pone Bruselas por la falta de
catastro y la falta de conocimiento de las parcelas y de los productores,
pero en Bruselas hay cabezas pensantes que a veces descubren cosas que
son difíciles de descubrir. Yo creo que si piensan un poco en favor de
los agricultores españoles no les pasará nada y podremos llegar a
solucionar el problema.

El segundo punto es la ampliación del período actual de intervención en
el tomate todo el año, o sea del 1 de enero al 31 de diciembre de cada
año, ante la posibilidad del hundimiento de los precios percibidos por
los agricultores. Actualmente, este período es desde el 11 de junio al 30
de noviembre; precisamente, coincide con el período en que están en plena
producción el resto de países productores de tomate de la Unión Europea.

España, como país miembro --ya llevamos bastantes años--, debe intentar
adaptar la normativa europea a nuestras características climatológicas y
a los intereses españoles.

Por último, señorías, defendiendo la enmienda que el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado a nuestra proposición no de ley, pedimos, en un
tercer punto, el establecimiento inmediato de licencias de importación
para el tomate y el calabacín procedentes de Marruecos que acceden a los
mercados de la Unión Europea. Esto lo hacemos a pesar de la oposición
constatada de la Comisión Europea, y así lo refleja la carta enviada por
el Director General de Agricultura de la Comisión, Guy Legras, al
Embajador marroquí ante la Unión Europea, de fecha 11 de enero de 1995,
en la que, en el punto 3, dice: Os confirmo que la Comisión no tiene la
intención de recurrir a la instauración de un régimen de licencias de
importación en la medida en que el Reino de Marruecos mantenga su
compromiso de no sobrepasar el límite de una cantidad global de 130.000
toneladas durante el período comprendido entre el 1 de noviembre y el 31
de marzo y, por tanto, que las cantidades mensuales, teniendo en cuenta
la flexibilidad del 10 por ciento, no sean sobrepasadas.

Señorías, el pasado domingo, 26 de febrero de 1995, en el «Diario de
Levante», venía ya una nota de prensa que decía que Marruecos introduce
tomate en la Unión Europea oculto en partidas de naranja. La Federación
de Exportadores de Productos Hortofrutícolas --Fedex-- ha denunciado que
Marruecos está exportando a la Unión Europea más tomates de los
permitidos a través de métodos ilegales, incluso ocultándolos entre
partidas de naranjas. Un grupo de investigadores privados contratados por
exportadores de las islas ha conseguido pruebas que demuestran que se
están burlando los controles en las aduanas comunitarias, mezclando los
tomates con cargamentos de naranjas para sobrepasar las cuotas que la
Unión Europea les ha asignado con este producto. Señorías, en este
momento se hace totalmente imprescindible controlar las exportaciones de
tomate procedente de Marruecos y la única forma de hacerlo es a través de
las licencias de importación, y el sector así lo ha demandado
públicamente.

Por último, quiero dejar constancia de la oposición del Grupo
Parlamentario Popular al punto 5 de esa misma carta del Director General
de Agricultura de la Comisión, en el que se dice: Respecto al artículo 7,
el objetivo de la Unión Europea es llegar a un nuevo acuerdo con el Reino
de Marruecos que debería entrar en vigor el 1 de enero de 1996 y que
sustituirá al acuerdo actualmente en vigor. Para asegurar que el régimen
preferencial a la importación previsto para los tomates y los calabacines
se pueda mantener tal cual, es necesario prever su inclusión en el nuevo
acuerdo por concluir. Y añade: Puedo confirmaros que es intención de la
Unión Europea --y esto ha sido precisado en el mandato que el Consejo de
la Unión ha dado a la Comisión-- mantener en el nuevo acuerdo a negociar
todas las medidas en favor de las exportaciones de los productos
agrícolas marroquíes contenidas en el acuerdo de cooperación, el
protocolo adicional y el Reglamento 1764/1992, sobre política
mediterránea renovada. Además, está previsto tener en cuenta a nivel
comunitario de forma apropiada las ventajas resultantes del régimen
bilateral aplicado para Francia, así como una mejora progresiva del
régimen comunitario para un cierto número de productos importantes para
Marruecos en cuanto a exportación.

Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular rechaza totalmente la
negociación de un nuevo acuerdo para el próximo año y, sobre todo,
queremos dejar constancia ante el Director General de Agricultura de la
Comisión de nuestra protesta por el excesivo interés en la defensa de los
intereses agrarios de Marruecos en detrimento de los intereses agrarios
de los agricultores españoles.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir en este debate?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, la señora Rivadulla tiene la palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: Con ocasión de la moción consecuencia de la
interpelación urgente que Coalición Canaria presentó al Pleno el día 14
de diciembre de 1994, tuvimos ocasión de discutir acaloradamente no con
el interlocutor que hubiésemos querido, el Ministro de Agricultura, Luis
Atienza, sino con el de Asuntos Exteriores, Javier Solana. En este debate
parlamentario los distintos grupos hicimos saber al Ministro de Asuntos
Exteriores que la felicitación tan amplia que se hacía por el acuerdo
euromagrebí olvidaba el incumplimiento por parte del Ministerio y del
Gobierno de compromisos que se habían adquirido reiteradamente en esta
Cámara con los distintos grupos parlamentarios en cuanto a que por fin
acabaría la discriminación hacia las producciones hortofrutícolas
españolas.

El Ministro Solana se felicitaba por el amplio acuerdo obtenido con el
Reino de Marruecos y de la importancia que eso tenía a efectos del
equilibrio en la comunidad internacional. Nosotros no podemos por menos
que estar a favor de esa postura general, pero entendiendo que la
colaboración con el Magreb, que se debe extender y ampliar,



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no debe ser a costa de las producciones de los países más débiles y que
todavía están menos protegidos en la Unión Europea en relación a los
productos agropecuarios.

Efectivamente, en el acuerdo se establece un precio de entrada para los
tomates muy por debajo del que recogía el acuerdo del GATT,
concretamente, un 60 por ciento por debajo --se pasa de 960 ecus a 560--,
y nosotros pensamos que eso --ya lo dijimos en su momento, como también
lo hicieron saber las organizaciones agrarias-- iría en perjuicio de las
producciones españolas. Si a ello añadimos la dificultad para controlar
el fraude que se produce en los precios de entrada, veremos que la
proposición que nos presenta el Grupo Popular es digna de ser apoyada por
cuanto no nos cabe la menor duda de que este acuerdo, en lo que afecta a
estas producciones, va a ser lesivo para los intereses españoles.

Pienso que este tema lo debatimos bastante a fondo y sólo diré, en nombre
del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que vamos
a aprobar esta proposición no de ley y que entendemos que la solidaridad
con los países del Magreb debe ser compartida --ya que se trata de un
acuerdo euromagrebí, no de España-Marruecos-- por la totalidad de los
países que conforman la Unión Europea, sobre todo teniendo en cuenta que
el coste no debe recaer sobre los productos mediterráneos, lo que afecta
fundamentalmente a producciones españolas, sino que la carga debe ser
compartida por los otros productos de los que Marruecos es deficitario y
en lo que, sin embargo, no se ha hecho ningún tipo de concesión.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
el señor Vidal tiene la palabra.




El señor VIDAL I SARDO: Voy a fijar con brevedad la posición de nuestro
Grupo respecto a la proposición no de ley de medidas en favor del sector
productor del tomate extratemprano para compensarlo de los efectos
negativos que puedan derivarse como consecuencia de las preferencias que
concede el tratado euromagrebí a este país.

Nuestro Grupo reitera la posición que hemos expuesto en otros debates y
que se sustenta en el hecho de que ya existen compensaciones en el
sector, no sé si suficientes, bajo la única línea posible admitida por la
Unión Europea, que es la de ayudas a la reestructuración del sector, a la
investigación para mejora de calidades y métodos de cultivo, etcétera.

A juicio de nuestro Grupo Parlamentario, lo más efectivo para obtener el
objetivo de la proposición no de ley y, por tanto, proteger el sector del
tomate --la proposición no de ley en principio no lo contemplaba, pero
luego se le ha añadido como punto número 3--, es la exigencia a la Unión
Europea de un más estricto control en el cumplimiento de los contingentes
y calendarios de importación concedidos a Marruecos y, a la vez, el
compromiso firme de no renegociarlos en un plazo de cuatro años desde la
vigencia del actual tratado. Como esta posición de nuestro Grupo
Parlamentario en parte queda reflejada en esta enmienda de adición del
Grupo Popular, pediríamos la votación separada de este punto.




El señor PRESIDENTE: En nombre de Coalición Canaria, el señor Mardones
tiene la palabra.




El señor MARDONES SEVILLA: Coalición Canaria sigue una línea de
complementariedad de los argumentos que ha expuesto la portavoz del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que
comparto plenamente, y lo hace desde el punto de vista de la sensibilidad
del sector productor de tomate que existe en nuestra Comunidad Autónoma;
no en balde Canarias prácticamente encabeza, por comunidades autónomas y
territorios del Estado español, la producción y exportación del tomate
hacia mercados de la Unión Europea, compartiendo también esta
preocupación con provincias como Almería, Murcia o Alicante.

Pues bien, la realidad es que, desde que se ha firmado ese acuerdo en el
marco del GATT y se extendió en el Tratado de la Unión Europea con
Marruecos, el sector productor de tomate en España sigue sin tener unas
garantías frente a los efectos distorsionadores del cupo del tomate
marroquí, sobre el cual nosotros seguimos sin ver garantías de control.

Esto quiere decir que el sector tomatero productor y exportador español
sigue siendo vulnerable, y esto nos lleva a apoyar plenamente la
iniciativa del Grupo Parlamentario Popular con esta proposición no de
ley.

En primer lugar, porque no acaba de estar claro que por las autoridades
competentes españolas en frontera se puedan llevar a cabo los controles
rigurosos a los que verbalmente se han comprometido responsables
españoles, pero, además, porque lo que en ningún caso se puede controlar
--porque por lo menos a los responsables españoles de la Administración
los podemos controlar desde la Cámara, exigiendo su presencia aquí y
respuesta a sus conductas--, y no seamos ilusos ni utópicos, es que
Marruecos mantenga su compromiso con respecto al contingente. Y aquí está
uno de los puntos de mayor vulnerabilidad: no existe control alguno de
esta Cámara sobre Marruecos, y dejarlo, como en la carta oficial de la
Unión Europea decía, «que en la medida en que Marruecos mantenga su
compromiso»... largo me lo fiáis. Pero, sobre todo, a quien se le fía
poca credibilidad tiene en la experiencia histórica, en estos aspectos y
en otros, que no quiero traer a colación aquí porque entraríamos más en
el campo de las relaciones diplomáticas y políticas.

Por tanto, respecto a la protección de estos agricultores del sector del
tomate español, nosotros compartimos que sea un principio de solidaridad
en la compensación de todos los otros países productores y consumidores
de tomate en el área de la Unión Europea. Porque si se sigue aplicando a
España un criterio restrictivo --fijándonos, por ejemplo en el primer
punto, el calendario-- resulta que los agricultores holandeses de tomate
en invernadero siguen tan tranquilos y no se consideran sometidos a una
cláusula de solidaridad dentro de la política agrícola común en la Unión
Europea.

Además, en lo que se firmó con Marruecos lo que a mí me produce más
inquietud no es el tema de las 230.000 toneladas métricas anuales sino el
de la reducción, tan significativa,



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de los 920 ecus tonelada a los 500 ecus por tonelada.

Si no existe control en frontera y si, además, esto se ha dejado
supeditado a que Marruecos mantenga su compromiso, resulta que se va a
producir un doble fraude. Por un lado, lesivo para los intereses de la
Unión Europea, porque si van a entrar más de 130.000 toneladas, aun con
el margen de tolerancia del 10 por ciento, resulta que se producirá un
fraude en la cuota de ecus por tonelada. Porque tomate que debería estar
ya en otra fiscalidad va a seguir entrando a 560 ecus por tonelada. Es
decir, las toneladas extras son fraudulentas. Doble fraude: a la Unión
Europea en su recaudación y al agricultor español, en este caso, que es
el más perjudicado por la cuestión de los calendarios.

Nos hubiera parecido que esta proposición no de ley, tal como la vimos en
el momento de su presentación por el Grupo Popular quedaba incompleta,
porque le faltaba lo que ahora han corregido, por la vía de esta nueva
enmienda, los controles en frontera, exigiendo el régimen de licencias de
importación.

Sobre este aspecto, en primer lugar (y sabiendo las dificultades de
aceptación del régimen de licencias de importación que esto puede tener
en el seno de las autoridades agrarias y demás relacionadas en el seno de
la Unión Europea, sin perjuicio de apoyar este tema por la gravedad que
entraña la falta de control en frontera por los aspectos fraudulentos del
régimen de licencia de importación) empezaríamos por la exigencia a las
autoridades aduaneras españolas de que en correspondencia con las
restantes autoridades comunitarias, pero sobre todo para el consumo
español, tengan el máximo celo en vigilar los desembarcos de los
productos hortofrutícolas procedentes de Marruecos. Porque si no se llega
a establecer, o si no se acepta, un régimen de licencias de importación,
lo que sí hay que exigir a nuestra Administración es extremar el celo de
las autoridades aduaneras, pero, al mismo tiempo, y en el seno de la
Unión Europea, exigir a los demás países --pero con el mismo espíritu de
rigor con que se están aplicando los acuerdos de Schengen-- rigor en la
entrada de personas procedentes de terceros países y, sobre todo, de esta
zona. Es decir, tiene que haber un rigor. Aquí no caben dos varas de
medir, porque se están lesionando, no intereses puramente laborales
españoles, sino que se están agravando todos los problemas internos que
tenemos dentro de España, de tipo socioeconómico, de paro, etcétera, y de
falta de productividad en el sector.

Por estas razones, y termino aquí, señor Presidente, dada la sensibilidad
que este tema ha levantado en Canarias, con las propuestas hechas desde
la propia fecha de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y
Marruecos y con todas las dudas que allí se han suscitado, desde luego no
me sirve de excusa, como se ha hecho por algún responsable español, es
decir: es que en Canarias han aumentado ustedes la superficie y la
cantidad de producción del tomate. Mire usted, si incluso vamos a tener
que reducir nuestra tasa de productividad en productos agrícolas, estamos
haciendo una política agraria verdaderamente equivocada. No se están
cubriendo con las expectativas de producción del tomate de exportación de
Canarias una serie de demandas en mercados europeos, en los cuales sus
autoridades, al menos, tienen que responder con el principio de
solidaridad.

Repito, señor Presidente, que apoyaremos esta proposición con la enmienda
incluida. Nada más.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la
señora Pelayo.




La señora PELAYO DUQUE: Tengo que comenzar la fijación de la posición de
mi Grupo respecto a la proposición no de ley que ha presentado el Grupo
Popular con una serie de reflexiones.

Como saben SS. SS., esta proposición se presenta el 22 de diciembre del
año 1994. En aquellos momentos estábamos debatiendo en la Cámara otra
iniciativa de otro partido en relación también con la defensa --o la
supuesta defensa-- de la producción española de tomate.

La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular contiene dos
peticiones. Como ha expuesto claramente su defensor en el día de hoy, la
primera es la petición --según se explicita en el preámbulo de la
proposición-- por la vía de una exigencia a la Unión Europea, de una
compensación para los agricultores semejante a la que se establece para
los cultivos herbáceos, y la segunda la ampliación del actual período de
intervención a todo el año en el tomate, o sea del 1 de enero al 31 de
diciembre. A continuación, por la vía de una enmienda que, por supuesto,
cambia todo el sentido de esta proposición --enmienda que se presentó
ayer-- se pide que se establezca el régimen de licencias para el tomate.

La segunda reflexión que me sugiere la presentación de esta proposición,
y además de la fecha en la que se produce, es la sospecha de que se haga
por la proximidad con las elecciones municipales y autonómicas. ¿Por qué?
Porque, señorías, el día 22 de diciembre todavía no estaba aprobado, no
estaba definitivamente firmado, el acuerdo, mediante canje de notas,
entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos en relación con esta
materia. El día 22 de diciembre todavía no se había firmado. Es más, casi
se firma un mes después por parte de Marruecos, por cuanto, como saben
SS. SS., Marruecos aceptó este canje de notas el 12 de enero de este año.

Además, la proposición intenta plantear un debate que nuestro Grupo
rechaza. Nuestro Grupo lo rechaza desde la responsabilidad y llama a la
responsabilidad al resto de los grupos. No se puede estar sembrando
tempestades en materias muy delicadas, no sólo para la defensa de la
producción sino también para los intereses nacionales en su globalidad. Y
me da la impresión de que algunas actitudes, de algunos políticos, en esa
tendencia o en ese camino del «todo vale», no tienen en cuenta que la
defensa del interés nacional, la defensa de los productores, se puede
hacer perfectamente sin necesidad de originar agravios comparativos en
relación con las producciones de terceros países.

Yo rogaría a todos los representantes de los partidos políticos presentes
en esta Cámara que, desde la responsabilidad, aparquemos de una vez por
todas esa estrategia del agravio comparativo y del maltrato --supuesto
maltrato--



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que por parte de la Unión Europea se está llevando a cabo en relación con
las producciones propias. Porque, señorías, me da la impresión de que un
simple análisis de sentido común no acepta sino que rechaza de plano el
que alguien pueda creer sinceramente que la Unión Europea no defiende sus
producciones sino que está por regalar generosamente situaciones de
competitividad en favor de países terceros.

Aquí ha habido, señoras y señores Diputados, un acuerdo, que es el de la
Ronda Uruguay, en que se obliga a modificar no sólo la organización de
mercados de frutas y hortalizas sino también anteriores acuerdos
suscritos por la Unión Europea. Y en virtud de esos anteriores acuerdos
es como se propone el acuerdo con Marruecos por parte de la Comunidad
Europea.

Hay que decirlo todo, y hay que decir que, efectivamente, había unas
corrientes tradicionales de exportación de países terceros que la Ronda
Uruguay no margina ni rechaza en absoluto, sino todo lo contrario: el
artículo 25 del anterior acuerdo con Marruecos obligaba a la Unión
Europea, y así se establece en el acuerdo, señorías, que si se firmaban
nuevos acuerdos posteriores (y la Ronda Uruguay es un acuerdo posterior)
que modificaran esas corrientes tradicionales de exportación, la Unión
Europea, la Comunidad Europea vendría obligada a establecer normas o
acuerdos que restablecieran las corrientes tradicionales de exportación.

Y eso es así. Estamos en un Estado de Derecho y estamos además en unos
mecanismos de negociación en los que nuestro país es uno más de los
países que intervienen en esa negociación.

El pretender la defensa a ultranza, como pretende alguna de SS. SS., de
algunas de las producciones españolas a mí me da la impresión (si se me
permite la broma) de que aquí ocurre como con la tomatina, por cuanto
estamos hablando del tomate. La tomatina saben SS. SS. que es un
alcaloide que se encuentra en las partes verdes y que se degrada cuando
madura. A mí me da la impresión de que, a medida que vamos madurando en
el debate, alguien se está degradando en ese debate, porque yo creo que
en lugar de intentar ayudar a los productores lo que se les está haciendo
es un grave perjuicio.

A los productores hay que hablarles de la realidad del país y de cómo
funcionan las instancias europeas, y en primer lugar habría que empezar a
hablar por el tema de la productividad, y hay que hablarles de todas las
ayudas que se han establecido. Nosotros estamos por la defensa de las
producciones nacionales. ¡Faltaría más! No creo que haya ningún partido
político que esté en contra de la defensa de ninguna producción agrícola
española; no hay ni un solo partido político. Otra cosa es que se
defienda desde la irresponsabilidad de quien no tiene que gobernar o se
defienda desde la irresponsabilidad de que todo vale.

Nosotros pensamos que los acuerdos suscritos con Marruecos por parte de
la Comunidad Europea no sólo establecen un contingente, que es positivo
para la protección de las producciones españolas, sino también, como
conocen SS. SS., establecen unos precios de entrada. Es más, se amplía la
posibilidad (y eso lo saben SS. SS.) de que si hay aumento o incremento
de consumo en la Unión Europea, ése sea cubierto básicamente por
producción europea y, en concreto, por producción española en cuanto al
tomate.

Además, hay otras ventajas que yo no quiero ocultar y que quería volver a
sacar a relucir otra vez, por cuanto creo que el «Diario de Sesiones» de
esta Comisión se va a leer en determinados sectores y me gustaría que
también supieran que el Grupo Socialista no sólo está por la defensa del
sector productor tomatero español sino que también está por la defensa
cabal, eficaz, de esas producciones, por la vía de cómo se tiene que
defender esas producciones realmente y no desde el verbalismo. Ventajas
como el precio de entrada en los meses de enero, febrero y marzo que no
tenía antes el tomate.

Pero es que, además, en la propuesta del Partido Popular de exigir (esos
son los términos en los que se plantea) a la Unión Europea el que se
establezcan ayudas para el tomate como las que se establecen para los
cultivos de base, a mí me da la impresión de que ignoran cuáles son los
mecanismos con los que funcionan unas y otras producciones. Yo creo que
habría que establecer (y efectivamente hay que hacerlo) ayudas a la
producción del sector tomatero, que puede ir por la mejora de la
productividad, por ejemplo, donde todavía nos quedan unos márgenes
importantísimos, en la línea de lo que se ha aprobado en el Decreto 2306,
de 2 de diciembre de 1994, donde se establece un programa de
reestructuración del sector productor del tomate en España para consumo
en fresco, en el que hay una serie de importantísimas ayudas de las que
se puede beneficiar el sector productor. Saben además SS. SS. que la
Ronda Uruguay, la del GATT, impone una reducción de apoyo interno a la
agricultura. No podemos pedir cosas que son absolutamente contradictorias
con los acuerdos que se han venido firmando por la Unión Europea.

Por otro lado, se incide en algo que es lo que viene haciendo ya el
Gobierno desde el año pasado, y es ampliar la protección, la ampliación
del calendario de intervención, que saben SS. SS. que no depende sólo de
las autoridades nacionales sino que implica la reforma del reglamento
base en una organización común de mercado, que es el de frutas y
hortalizas, por lo que tal modificación debe ser acordada conjuntamente
con el resto de los países miembros de la Unión Europea. El Grupo Popular
sabe que la ampliación del período de intervención en el tomate está
siendo solicitada por España reiteradamente y que, por tanto, está dentro
de la defensa que de la producción del tomate viene haciendo el Gobierno
español ante las instancias europeas. Además, sabe S. S. que en el mes de
julio ya se presentó una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo,
que lleva el nombre de «Evolución y futuro de la política comunitaria en
el sector de las frutas y hortalizas», en esta línea.

Por tanto, la segunda parte de la proposición, el segundo «petitus», en
lo que ya se viene haciendo y, por ello, nos parece inoportuno, como no
sea intentar obviar una realidad, que es la de que el Gobierno de la
nación está llevándolo a cabo y se ha comprometido públicamente en la
consecución de ese objetivo para la defensa eficaz y real de la
producción del tomate comunitario.




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Por último, el tema de las licencias. Saben SS. SS. que el acuerdo entró
en vigor a partir del 12 de enero de este año. Saben SS. SS. que el
acuerdo, mediante canje de notas de la Comunidad Europea y Marruecos,
establece en el número 4 que el Reino de Marruecos se compromete a que
las exportaciones totales de tomate y calabacines a la Comunidad Europea
durante los períodos considerados (es decir, durante los períodos en que
están contingentados, cosa que antes no sucedía) no sobrepasen las
cantidades convenidas. Para ello, dice el acuerdo, se notificará a los
servicios de la Comisión de las Comunidades Europeas por parte del Reino
de Marruecos todos los martes, en el caso de los tomates, y todos los
meses, en el caso de los calabacines, las cantidades exportadas durante
la semana o el mes anterior. Los servicios de la Comisión (también lo
dice el acuerdo) se reservan el derecho de establecer un régimen de
licencias de importación para garantizar la correcta aplicación de dichos
acuerdos.

Por tanto, el establecimiento del régimen de licencias de importación es
para cuando se acredite que, efectivamente, el sistema previsto en el
apartado 1.º del número 4 del canje de notas no funciona, y a nosotros
nos parece precipitado e improvisada la enmienda de adición que ha
presentado el Grupo Popular en este momento para el tema del
establecimiento del régimen de licencia.

Nosotros estamos por el control y el cumplimiento exacto y puntual de los
acuerdos contenidos en ese canje de notas y estamos dispuestos a apoyar
cualquier iniciativa que tenga por objeto ese control. Y si se demuestra,
pero hay que demostrarlo, que efectivamente el control es insuficiente,
estaremos por la defensa del establecimiento de un régimen de licencias,
pero no antes.

Por eso es por lo que, señor Presidente --y acabo--, nuestro Grupo va a
votar negativamente la propuesta del Partido Popular y solicitamos del
resto de los Grupos que, en atención a las consideraciones que hemos
expuesto en el día de hoy, nos apoyen en esta propuesta. (El señor
Pascual Monzo pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Pascual, sabe que no hay posibilidad de
réplica en este turno de debate, que están muy tasados. Creo que,
lógicamente, por parte de los distintos Grupos se han expuesto sus
posiciones, que en algunos casos no han sido coincidentes, pero creo que
no ha habido lugar a alusiones que impliquen algún juicio de valor ni a
su Grupo ni a la persona. Gracias.




--RELATIVA A LA OBJECION DE LA CUOTA ASIGNADA EN EL SENO DE LA
ORGANIZACION DE PESQUERIAS DEL ATLANTICO NORTE (NAFO) PARA LA PESCA DEL
FLETAN NEGRO. PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO, PNV. (Número de expediente
161/000393.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir la tercera de las
proposiciones no de Ley, que es la del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
relativa a la objeción de la cuota asignada en el seno de la NAFO para la
pesca del fletán negro.

Para defenderla, el señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: El Grupo Parlamentario Vasco ha
presentado esta proposición no de ley con la finalidad de seguir con el
planteamiento político que ya manifestó esta Cámara el pasado 16 de
noviembre de 1994 al aprobar una proposición no de ley, transada entre
los diferentes grupos parlamentarios, también sobre el fletán negro.

Entonces señor Presidente, la situación política era del siguiente tenor:
la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO) había
establecido por primera vez un TAC, un total admisible de capturas, sobre
una especie asociada al bacalao que es el fletán negro. Tradicionalmente,
esta especie no había sido sujeta a TAC y, por primera vez, se establece
un total admisible de capturas sobre dicha especie. Se acuerda un TAC de
27.000 toneladas, a repartir entre las partes contratantes de la
Organización Internacional de Pesquerías del Atlántico Noroccidental.

El Congreso de los Diputados analiza tal cuestión y acuerda que el
Gobierno español defienda, en el ámbito de la Unión Europea, la
presentación del instrumento jurídico y material de la objeción, por
parte de la Comisión Europea, como parte contratante de la NAFO. Se
define tal posición política, pero la Comisión Europea no sabía tal
planteamiento y la Comisión Europea, a juicio de este Grupo
Parlamentario, y estimamos que coincidiremos con otros, no defiende
adecuadamente los intereses pesqueros de España y Portugal y no presenta
el instrumento de objeción que supone el rechazo y la posibilidad de
establecer otro TAC distinto. En definitiva, el plazo de objeción pasa y
la Unión Europea asume el acuerdo adoptado en el ámbito de los órganos de
dirección de la NAFO.

A continuación, señor Presidente, a finales del mes de enero, nuevamente
los órganos de dirección de la NAFO acuerdan ya la distribución, el
reparto, el desarrollo de las 27.000 toneladas del TAC y ahí es cuando se
establece una cuota para la Unión Europea de únicamente 3.400 toneladas
de las 27.000.

Señor Presidente, creo que este tema importante, políticamente, porque
están prevaleciendo los intereses canadienses en el ámbito de la NAFO y
están prevaleciendo por una consideración de orden técnico y por una
consideración de orden político.

El primer lugar, lo que la Organización Pesquerías del Atlántico Noroeste
regula es la actividad pesquera en el ámbito de las aguas que exceden de
las 200 millas canadienses, partes contratantes que se han creado un
organismo internacional pesquero. Pero Canadá sigue manteniendo una
reivindicación histórica, no sustentada en el Derecho Internacional
Marítimo, y menos en la Convención sobre el Derecho del Mar, de que puede
exceder su jurisdicción en cuanto a la zona exclusiva de pesca más allá
de las 200 millas. Y es ahí, donde Canadá



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como parte contratante, igual que el resto de los países, en teoría, en
la práctica está adquiriendo una preponderancia en el seno de la NAFO por
la sencilla razón de que entiende que su jurisdicción ha de exceder las
200 millas y, en segundo lugar, porque está manteniendo un despliegue de
medios económicos, materiales y de personal, a la hora de la realización
de los diferentes estudios, distinto al de las restantes partes
contratantes, como puede ser Dinamarca, Rusia, Cuba, etcétera y, sobre
todo, la Unión Europea.

La especie asociada al bacalao, que es el fletán negro (se diferencia del
bacalao en que es una especie que no puede ser objeto de salazón sino
únicamente de congelación, a diferencia del bacalao que puede ser objeto
de salazón y de congelación) es pescada por flota española bacaladera y
por la flota española arrastrera o congeladora. Esta flota arrastrera o
congeladora es aquella que fue expulsada de las aguas de Namibia, en base
a la independencia de este país, el cual, en el ejercicio de su
soberanía, extendió sus aguas jurisdiccionales hasta las 200 millas.

Ese es el contexto donde se producen estas decisiones que hemos de
valorar y considerar en la realidad de que al día de hoy se encuentran
cerrados para la flota española el caladero 3 MO de la NAFO, el caladero
3 L para la pesca del bacalao (ambos con un TAC cero en el año 1995) y
únicamente tenemos un TAC, muy reducido respecto a años anteriores, en la
subzona del caladero denominado 3 M, de la NAFO. Hay una contingentación
de cuota de bacalao, pero la consideración que se hace del fletán, como
especie asociada, es de que existe un TAC único para toda la zona de la
NAFO. Es decir, el TAC no viene contingentado entre las diferentes
subzonas de la NAFO. Es aquí donde nosotros, señor Presidente, tenemos
que defender los intereses pesqueros europeos, en este caso los intereses
pesqueros españoles, y a lo que a nuestro juicio, debe realizar la Unión
Europea es la objeción, no ya del TAC, porque no se objetó políticamente
por mantener una relación de amistad con Canadá, sino de su distribución.

Nosotros de ninguna manera veíamos esa situación porque, usted lo sabe,
señor Presidente, los canadienses han venido a esta Cámara, se han
reunido con los grupos parlamentarios hace tres años y mantienen una
situación política de animadversión hacia la flota pesquera española y
hacia la portuguesa y fue una oportunidad perdida de no llevar a la
práctica, por parte de la Comisión, la materialización del acuerdo
parlamentario adoptado por esta Comisión el 17 de noviembre de 1994. Lo
que sí puede realizar la Comisión Europea es la objeción de la
distribución del TAC de las 27.000 toneladas.

En este momento, después de la presentación de esta proposición no de
ley, es cuando el Gobierno --el Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación-- ha anunciado que España ha solicitado la objeción a la
Unión Europea. Según la información de este Grupo Parlamentario, todos
los países de la Unión han solicitado esa objeción y, el mismo viernes,
Alemania, que era el único país que todavía tenía dudas y ciertas
suspicacias sobre la presentación de la objeción, la ha solicitado
también. Y en este momento procesal del día de hoy, señor Presidente, la
Comisión Europea ha adoptado el compromiso de la presentación de la
objeción, mediante el procedimiento de urgencia, por la vía escrita.

Por tanto, todos esos acontecimientos, posteriores a la presentación de
esta proposición no de ley que ahora estamos debatiendo, están dando la
razón a esta Cámara, están dando la razón a la iniciativa aprobada ya el
pasado mes de noviembre y a la que, en su caso, podamos aprobar el día de
hoy de que es necesaria esa objeción.

Hay otra consideración importante que es necesario realizar: la de que la
NAFO como organización pesquera internacional está habilitando a las
partes contratantes a que puedan utilizar el instrumento de la objeción,
que en definitiva supone el rechazar el acuerdo adoptado, para que la
parte contratante, en el caso español la Unión Europea, en representación
de todos los países de la Unión pudiera establecer un TAC distinto o una
distribución del TAC, que es lo que en este caso corresponde, distinta de
la acordada.

Por ello, señor Presidente, está originando enormes controversias
políticas. Se está acusando a la Unión Europea, y por inducción a España
y a Portugal, de lesionar gravemente los intereses de Canadá ¿Por qué?
Porque Canadá, como decía al principio de mi exposición, está defendiendo
su jurisdicción económica exclusiva de pesca sobre la zona más allá de
las 200 millas, que es lo que, en definitiva, está poniendo en tela de
juicio el funcionamiento de la NAFO.

Para la Unión Europea no es fácil, cada vez que se adoptan acuerdos de
contingentación que suponen una reducción o una discriminación reductora
de las capacidades de pesca europea, utilizan el instrumento de la
objeción. Pero sí como lo planteamos en el punto tercero de nuestra
proposición no de ley: es importante que haya estudios de investigación,
campañas de evaluación de la biomasa, del recurso existente en las zonas
de la NAFO que exceden las 200 millas de Canadá.

¿Por qué digo esto, señor Presidente? Lo digo porque en este momento
Canadá es el único país, de las diferentes partes contratantes, que está
poniendo medios materiales, medios económicos, medios personales para
realizar campañas de evaluación de la biomasa del recurso en las
diferentes especies asociadas al bacalao, las especies planas como la
platija, el mendo o la limanda, y la Unión Europea y otros países, como
Rusia, no están poniendo sus medios materiales. ¿Qué es lo que pasa al
final, señor Presidente? Que a la hora de la reunión de los órganos de
dirección de la NAFO se están guiando por la información que aporta una
de las partes contratantes que es Canadá.

Por ello, creo yo que la Unión Europea y el Gobierno español (que tiene
medios: el Instituto Español de Oceonografía, el Instituto de
Investigación Marina de Vigo, el Instituto de Investigación y Tecnología
Pesquera del País Vasco, que han solido intervenir puntualmente, con
gente especializada y en coordinación como



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representación española en estudios científicos) debieran realizar
campañas de contraste de la biomasa en aguas de la NAFO diferentes a la
que realiza Canadá y que, en definitiva, ello podría servir de soporte
más homogéneo y de mejor información a la hora de la adopción de los
acuerdos de contingentación de acceso a los recursos que se adoptan en
los órganos de dirección de la NAFO. Eso es lo que estamos planteando,
señor Presidente.

También queríamos añadir, en este punto tercero, que ha habido un pequeño
olvido de este Grupo Parlamentario: que los estudios de investigación no
se refieran sólo al fletán o a las especies planas sino también al
bacalao. Por tanto, en el texto de la proposición donde dice «fletán
negro», introduciríamos bacalao y demás especies planas, como son la
limanda, la platija y el mendo. Ese es el carácter que queremos dar a
nuestra proposición no de ley.

Termino, señor Presidente, diciendo que en el último punto planteamos la
necesidad de solicitar un acuerdo pesquero con Namibia, lo que es urgente
porque importante la flota arrastrera congeladora española, como los 40
buques que fueron expulsados en su día de Namibia, han tenido que ir a
faenar a aguas de la NAFO, cuando no era su caladero natural. Eso está
originando un grave problema a la Administración pesquera española, que
no sabe cómo solucionarlo si no es a través de una reestructuración
integral de la flota pesquera española que ahí faena, bien la bacaladera
o la arrastrera-congeladora. En definitiva, una solución importante para
el sector pesquero español arrastrero-congelador sería que pudieran
volver a aguas de Namibia. Para ello hace falta que la Unión Europea dé
prioridad y preferencia a la suscripción del acuerdo con Namibia.




El señor PRESIDENTE: Grupos que quieren intervenir. (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor
Mantilla.




El señor MANTILLA RODRIGUEZ: La propuesta del Grupo Parlamentario Vasco
ha sido muy oportuna en el tiempo. Tanto es así, que el Grupo
Parlamentario Popular había redactado una propuesta con fecha anterior,
aunque la entrada en la Mesa de la Comisión ha sido posterior, y de ahí
que se esté debatiendo en este momento la presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco.

Todos estamos de acuerdo en la situación que tenemos con Canadá. El señor
Gatzagaetxebarría ha agotado casi todos los planteamientos que podíamos
tener los demás grupos. Todos estamos de acuerdo con esta situación, que
se puede resumir en una frase drástica y es que Canadá nos quiere echar
de sus caladeros. Esa es la triste historia y lo está intentando por
todos los medios a su alcance, legales, ilegales, lícitos o ilícitos.

Primero ha sido la flota del bacalao la que ha sufrido estos graves
perjuicios y ahora es el fletán negro. Han sido los pescadores españoles,
fundamentalmente gallegos, los primeros, y prácticamente los únicos,
junto con Portugal, que estaban capturando este tipo de pescado, el cual
tiene sus curiosidades. Le llaman pescado bíblico porque tiene la virtud
de poder venderse de tres maneras: bien como rollos de calamar, bien como
bacalao o bien como lenguado. Es un pescado que tiene altísima
rentabilidad. Se está vendiendo incluso más caro que la merluza y en
estos momentos hay 38 grandes barcos congeladores españoles faenando en
ese caladero.

Decía el señor Gatzagaetxebarría que es cierto que no sólo tenían la
desgracia de haber sido expulsados de Namibia, donde disponían de un
caladero casi natural, sino que se encuentran con que los quieren echar
de ahí, fuera de las 200 millas, donde no tiene competencias Canadá y,
además, no están reconocidas por la ONU. Por eso decíamos que los medios
pueden ser legales o ilegales, porque, según la última propuesta, hay
serios temores de que los canadienses pretendan incautar o secuestrar,
aunque sería un acto de piratería, algún barco pesquero que esté faenando
fuera de las 200 millas. Ese es el tema y al final haremos un comentario
al respecto.

La flota dedicada al fletán negro estaba pescando del orden de las 45.000
toneladas anuales. En estos momentos se pretendía reducir a 3.400, junto
con Portugal. Es decir, Canadá, que nunca ha pescado este tipo de pescado
--valga la redundancia--, quiere multiplicar su capacidad de pesca por
tres, en tanto pretende reducir la capacidad de pesca de los españoles
por trece y no por tres, como dice S. S. en su proposición no de ley.

Decía el señor Gatzagaetxebarría que en este momento la Unión Europea ya
está concienciada para objetar el nuevo reparto, aceptado en su día por
Canadá con apoyos de otras naciones, de 27.000 toneladas, y sabemos que
está en vías de aprobación. La cantidad que se le va a adjudicar a la
Unión Europea para capturar en la NAFO van a ser 18.630 toneladas,
cantidad que van a capturar España y Portugal. Por muy beneficioso que
sea el reparto para los españoles, supongamos el 75 por ciento, supone
reducir a más de la tercera parte el esfuerzo pesquero que teníamos en
aquellas aguas. Por tanto, debemos congratularnos todos los grupos
políticos que estábamos totalmente convencidos de que el reparto de ese
TAC fue erróneamente aprobado y fijado por Canadá de haber concienciado a
la Unión Europea y que esté siendo objetado.

Hay otros temas que queríamos dejar plasmados y que son bastante
coincidentes con lo expuesto por el señor Gatzagaetxebarría. El primero
de ellos es que hacen falta datos científicos fiables que permitan poner
al descubierto las verdaderas pretensiones de Canadá. Por ello, es
urgente la realización de una campaña de investigación y pesca
experimental, dirigida principalmente al fletán y a las especies planas
localizadas en el caladero, como la platija, el mendo y la limanda,
actualmente prohibidas por la NAFO, a iniciativa de Canadá, en la que se
ha constatado una fuerte recuperación por parte de la flota española y
comunitaria de cara a las próximas reuniones científicas de la Comisión a
celebrar en los próximos meses de junio y septiembre del presente año.

Por otra parte, ante las informaciones que nos llegan sobre la
preparación por parte de Canadá de apresamientos de la flota pesquera en
aguas internacionales de NAFO, así



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como la petición del Ministro de Pesca canadiense de un plan de salida de
NAFO de toda la flota comunitaria dedicada al fletán negro, es necesario
estar vigilantes y solicitar el apoyo y protección adecuados a nuestra
flota en el área NAFO a partir de este mismo momento.

En tal sentido, sería conveniente que por parte del Gobierno se convocase
con carácter urgente al representante de Canadá en España con el fin de
esclarecer las intenciones de Canadá al respecto y dejar muy clara la
oposición de España a cualquier acción canadiense fuera de las 200
millas, contrarias al Decreto Internacional.

Por último, teniendo en cuenta que la gravedad de la situación actual que
se vive en los caladeros de NAFO viene ya de la fijación del nivel del
TAC, no vetado en su día por la Unión Europea, de 27.000 toneladas, el
sector pesquero reitera la conveniencia de estudiar con carácter de
urgencia las vías de solución alternativas que tiene la flota congeladora
española para resarcirse de las escasas posibilidades que le serán
asignadas, aun con la objeción de la Unión Europea ya efectuada.

Por tanto, señor Presidente, la posición del Grupo Parlamentario Popular
no puede ser más que para apoyar la proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Vasco.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vidal, en nombre del Grupo
Catalán.




El señor VIDAL I SARDO: Sólo para anunciar el voto favorable del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) a los cuatro apartados de la proposición no
de ley del Grupo Vasco (PNV) para que la Unión Europea objete el reparto
de la cuota asignada en el seno de la NAFO del fletán negro. Esto es así
porque reduce drásticamente las capturas realizadas tradicionalmente por
nuestro país, así como las cuotas que se conceden al conjunto de la Unión
Europea. Y, a la vez, para que se impulse la concertación de nuevos
acuerdos pesqueros con países de Africa, entre ellos Namibia.




El señor PRESIDENTE: En nombre del grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Moragues.




El señor MORAGUES GOMILA: A lo largo del debate de la proposición no de
ley que presenta el Partido Nacionalista Vasco hemos repetido el que ya
se suscitó en esta Cámara el 16 de noviembre sobre el tema de la objeción
al TAC. Esto no era objeto, a mi entender, de las propuestas que el Grupo
Nacionalista Vasco presentaba en su proposición no de ley.

En cuanto a la objeción del TAC y a la fijación de las 27.000 toneladas
de pesca del fletán que se hizo por parte de la NAFO, y concretamente a
instancia de Canadá, ya el Gobierno español presentó la objeción ante las
autoridades comunitarias para que éstas objetaran el TAC. Hay que
lamentar también que terminaran sin demasiado éxito.

El TAC fijado por la NAFO, y esto es un dato que deben tener claro SS.

SS., no ha sido objeto de ningún tipo de objeción por parte de la Unión
Europea y, por tanto, es un TAC fijo que afecta a la propia Comunidad
Europea. Como he dicho, esto no era objeto de las propuestas que
presentaba el Grupo Nacionalista Vasco, pero sí ha surgido a lo largo de
este debate y creo que vale la pena fijar la situación. El TAC no es
objetado por la Unión Europea y esto podemos lamentarlo todos los grupos
de la Cámara porque no es una situación favorable a los intereses
pesqueros españoles.

Dicho esto, quiero hacer referencia al primer punto de la propuesta que
nos presenta el Grupo Vasco (PNV). (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Moragues. Señorías, ruego
silencio.




El señor MORAGUES GOMILA: En referencia a la objeción del reparto de la
cuota de 3.400 toneladas que definitivamente la NAFO ha considerado
oportuna para las flotas pesqueras de la Unión Europea, en su reunión del
30 de enero y el 1.º de febrero, esa objeción ya se ha presentado. Por
tanto, entendemos que no es necesario reiterar que se solicite y se
defienda la objeción por parte de la Unión Europea, porque ésta sí ha
sido presentada por la Unión Europea, que ya tomó la decisión de objetar
el reparto de la cuota de la cantidad asignada como TAC a las flotas
comunitarias, por considerar absolutamente injusto este reparto. Téngase
en cuenta que las 3.400 toneladas adjudicadas a las flotas comunitarias
representa solamente el 12,5 por ciento del TAC cuando el nivel de
capturas de las flotas comunitarias superaba el 75 por ciento.

Por tanto, no solamente ha objetado el reparto de las cantidades
asignadas sino que ha decidido la adopción de una cuota autónoma, que
respetará solamente en la medida cautelar adoptada en primera instancia.

Es decir, el TAC de 27.000 toneladas.

En consecuencia, anuncio a SS. SS. que el grupo Socialista no apoyará
este primer punto, primero porque las 3.400 toneladas asignadas ya han
sido objeto de objeción --valga la redundancia--, y también porque la
Unión Europea se ha autopropuesto una cuota autónoma que oscila entre las
18 y las 19.000 toneladas para las flotas pesqueras europeas, de acuerdo
con los porcentajes de pesca que tradicionalmente abstenían dichas flotas
pesqueras europeas del caladero de la NAFO.

En cuanto a los puntos 2.º, 3.º y 4.º de la proposición no de ley sí
vamos a apoyarlos, primero porque entendemos que la puesta en práctica de
medidas de asistencia, apoyo y protección a la flota pesquera española
que faena en aguas de la NAFO es algo deseable, habida cuenta de la
actitud de animadversión que Canadá tiene hacia las flotas españolas, que
incluso prohíbe, como saben SS. SS., tocar puerto por parte de ningún
buque español ni en las costas europeas. Por tanto, nos parece correcta
la preocupación de los grupos parlamentarios por dotar de una cierta
cobertura de asistencia, apoyo y protección a nuestra flota pesquera en
aguas de la NAFO.

En cuanto al punto 3.º, entendiendo que la realización de estudios es
algo que se viene produciendo con regularidad desde hace mucho tiempo en
aguas de la NAFO, también



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la vamos a apoyar. Pero quería dejar claro que desde el año 1987 el buque
de investigación «Cornide Saavedra» viene haciendo campañas permanentes
de estudio e investigación de la situación de las pesquerías de la NAFO,
que observadores a bordo van dando permanentemente datos al Instituto
Español de Oceanografía y que se está llevando a cabo, conjuntamente con
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (se acaba de realizar
recientemente, en enero y febrero), una campaña de selectividad sobre el
fletán y está prevista una campaña sobre la biomasa reproductora del
fletán para octubre, además de una serie de campañas, conjuntamente con
Canadá, sobre otras especies planas, como son la limanda, la platija y el
mendo. Es decir, los estudios científicos se están realizando
permanentemente desde el año 1987. No en balde el descubrimiento de las
pesquerías de fletán negro en aguas de la NAFO fueron posibles gracias a
las investigaciones y los estudios que el Instituto Español de
Oceanografía está realizando con sus propios medios en las pesquerías de
la NAFO.

En última instancia, también vamos a apoyar la necesidad de concertar un
acuerdo pesquero por parte de la Unión Europea con Namibia, toda vez que
la presencia de las embarcaciones pesqueras en Namibia por parte de
España son objeto de acuerdos bilaterales y, naturalmente, que estos
acuerdos, en lugar de bilaterales España y Namibia, sean de la Unión
Europea con Namibia siempre resultará ventajoso para las finanzas del
sector pesquero español .




--RELATIVA A LA INCLUSION DE DIVERSOS TERMINOS MUNICIPALES DE LA
PROVINCIA DE SORIA ENTRE LOS BENEFICIARIOS DE LAS AYUDAS CONTEMPLADAS EN
EL REAL DECRETO-LEY 6/1994, DE 27 DE MAYO, SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA
REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LA SEQUIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000341.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la cuarta de las proposiciones no
de ley, que es la relativa a la conclusión de diversos términos
municipales de la provincia de Soria entre los beneficiarios de las
ayudas contempladas en el Real Decreto-ley 6/1994, de 27 de mayo, sobre
medidas urgentes para reparar los daños producidos por la sequía.

Para defenderla, el señor Martínez Izquierdo tiene la palabra.




El señor MARTINEZ IZQUIERDO: Señor Presidente, señorías, lamentablemente
vamos a debatir una proposición no de ley presentada a primeros de
noviembre, con lo cual pierde la relación causa-efecto que pretendía esta
iniciativa, sobre todo si consideramos que fue motivada por una respuesta
dada por el Gobierno a este Diputado en contestación a una pregunta por
escrito de fecha primeros de julio (en Soria se cosecha en agosto). La
citada respuesta, que se produjo en agosto de 1994, nos dejó, no sólo a
este diputado sino a asociaciones y a agricultores, totalmente
insatisfechos, porque no se ajustaba a la realidad de los hechos, como
voy a intentar ahora demostrar.

De todas maneras, pienso que estamos todavía a tiempo de reconsiderar el
contenido de esta proposición y poder compensar así a los agricultores
sorianos afectados por la sequía del año 1994 con los beneficios y ayudas
del Real Decreto-ley 6/1994, de 27 de mayo, como sería de justicia, a la
vez que así evitábamos el agravio comparativo con otras regiones de
España.

Asimismo pido al Gobierno que para años venideros, cuando se hable de
sequía en España, se tengan muy en cuenta estas comarcas y municipios
sorianos, así como otras comarcas y municipios de Castilla y León que por
muy diversas causas son muy especiales, y no voy a entrar aquí en qué
causas especiales motivan esta sequía.

Entrando en el fondo de la proposición no de ley, tengo que decir que,
como todos sabemos, el año 1994 gran parte de la geografía española
sufrió una importante sequía que afectó de manera especialmente negativa
a buen número de agricultores cuyas cosechas sufrieron una fuerte
disminución si las comparamos con un año normal. El Gobierno, consciente
de esa sequía que arruinó a la economía familiar de numerosos pequeños
agricultores, elaboró un proyecto de Real Decreto-ley que fue
posteriormente aprobado en esta Cámara de manera unánime.

De las normas de desarrollo del posterior Real Decreto 6/1994, de 27 de
mayo, elaboradas por el Gobierno, se establecieron los términos
municipales que quedaban incluidos dentro de lo que podrían recibir las
pertinentes ayudas y beneficios establecidos en dicho Real Decreto.

De manera totalmente inexplicable, como he dicho antes, tanto para los
agricultores y ganaderos de ciertos municipios sorianos como para los
técnicos y organizaciones agrarias de esta provincia, ellos no fueron
incluidos entre los que tenían derecho a la percepción de ayudas, que,
recuerdo, son: condonación en el pago de las cuotas y recargos del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la cuota de jornadas teóricas de la
Seguridad Social, moratorias en el pago de las tarifas de utilización de
agua, diversas ayudas en forma de bonificaciones de los tipos de interés
en los préstamos que se conceden a los damnificados, etcétera.

Ninguna de las comarcas sorianas fue incluida, vuelvo a repetir, a pesar
de haber padecido fuertemente esta sequía, como lo prueba el hecho de que
varios municipios sufrieron mermas en su cosecha superiores al 50 por
ciento de años normales. Por ejemplo, según datos de fuentes de total
solvencia que obran en mi poder, los rendimientos medios obtenidos en las
cosechas de cereales, trigo y cebada han alcanzado únicamente las
siguientes cifras, y voy a nombrar tres comarcas sorianas en las cuales,
sobre todo una, la zona de las Vicarías, o de Arcos de Jalón, se ve
claramente que no sólo fue el 50 por ciento sino menos de la tercera
parte de cosecha. Fuentelmonge, por ejemplo, obtuvo 638 kilos/hectárea;
Chércoles, 1.025; Santa María de Huerta, 1.080; Arcos de Jalón, 1.300;
Monteagudo, 635;



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Torlengua, 1.025; Almaluez, 621. Esto es la comarca de las Vicarías.

Otra comarca que estaba en el límite es la de Tiermes, pegando a Segovia,
en la que Montejo de Tiermes estaba en 2.300, Fresno de Caracena en 1.400
y Carrascosa de Abajo en 1.500.

Hay otra comarca muy significativa, porque estos días ha tenido bastante
actualidad por una serie de manifestaciones, en las cuales gente de Soria
bajó en manifestación a Murcia y ciertas personas se lo están tomando a
broma. Pero puede que no sea broma. Esta comarca soriana es la afectada
por estos vuelos --han aparecido en los medios de comunicación-- de
ciertos aparatos, que según los agricultores y ganaderos ven volar en
Soria en los meses de mayo, y que ellos dicen que para combatir el
granizo, están originando unas disminuciones considerables en las
cosechas todos los años. Me refiero a la comarca de Agreda, Castilruiz y
Gómara. Son zonas con unas previsiones muy superiores a los 3.000 kilos
por hectárea y en las que estos años, como se comprueba por los mismos
datos, Agreda obtuvo 1.420 kilos/hectárea, Castilruiz 1.600, Matalebreras
1.300, etcétera.

Por todas estas circunstancias este Diputado, con fecha 27 de julio de
1994, formuló una pregunta al Ministerio de Agricultura sobre cuáles eran
los motivos por los que todos estos municipios de la provincia de Soria
no habían sido considerados como afectados por la sequía y,
consecuentemente, no pudieron acogerse a los beneficios y ayudas
acordadas en el Real Decreto-ley 6/94, a la vez que se solicitaba la
reconsideración de tal postura por creer que era de justicia que se
aplicaran las ayudas a estos municipios sorianos.

En la contestación facilitada por el Gobierno, con fecha 18 de octubre de
1994, sorprendentemente se me manifestaba que los rendimientos fijados
por dicho Real Decreto-ley y por Orden Ministerial de 7 de julio de 1994
que lo desarrolla no apuntaban los límites fijados para tener acceso a
las ayudas establecidas.

Estima este Diputado que o bien no se pidió a los técnicos agrarios de
Soria que evalúan los daños ocasionados por la sequía de 1994 en esta
provincia, o bien sus informes no fueron tenidos en cuenta por el propio
gabinete del MAPA. Y quiero resaltar que es el MAPA el responsable y que
con el Director Provincial de dicho organismo en la provincia de Soria me
une una gran amistad, aparte de que en un debate se lo expliqué muy
claramente. Yo soy Presidente de una comisión de obras en la Diputación
Provincial, donde se llevan planes provinciales, y cuando no se concede
una obra en diputación el responsable soy yo, porque normalmente se tiene
que conceder por la necesidad, no por la insistencia o no de otras
manifestaciones al intentar justificar la no concesión de esta ayuda. El
MAPA es el responsable y yo sé que el Director Provincial de Agricultura
de Soria dio los informes del MAPA, y vuelvo a repetir que el MAPA es el
responsable, como anteriormente fue responsable en otro tipo de ayudas al
cultivo del girasol en esa misma comarca, que se vio muy afectada y que,
por fin, se pudo resolver. Todos los expertos agrarios de Soria conocían
perfectamente, como es público y notorio en esta provincia, los daños que
han sufrido estos municipios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
proposición no de ley: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que urgentemente proceda a incluir los términos municipales de la
provincia de Soria que se han visto afectados por la sequía entre los que
tienen derecho a la percepción de las ayudas establecidas en el Real
Decreto-ley 6/1994, de 27 de mayo, para reparar los daños producidos por
dicha sequía padecida en la primavera de 1994.»
Espero el voto unánime de todos los grupos, y más tratándose de una de
las provincias más deprimidas del territorio español.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene la palabra la
señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Solamente quiero decir que nuestro Grupo va a
apoyar esta proposición no de ley.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se ha pronunciado en los últimos
debates sobre los reales decretos de sequía en el sentido de manifestar
la necesidad de que haya una ley que regule estas situaciones de daños
catastróficos, de tal manera que no nos veamos obligados, año tras año, a
publicar reales decretos con carácter urgente que palíen la sequía,
inundaciones u otro tipo de situaciones. Si esta ley existiera, se
trataría --en la medida que en las distintas comarcas o poblaciones se
van produciendo estas situaciones-- de aplicar el contenido de la misma.

Si, como ha expresado el representante del Grupo Popular, efectivamente
se han producido rendimientos por debajo del 50 por ciento de los
obtenidos en un año normal, pensamos que deben habilitarse los mecanismos
legales para que este Real Decreto de 1994 se haga extensible a estas
zonas de Soria.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Alvarez, en nombre del
Grupo Socialista.




La señora ALVAREZ GAYOL: El Diputado del Grupo Popular decía que no se
explicaba por qué en determinados municipios y zonas de Soria no se había
aplicado el Real Decreto-ley 6/1994. Yo creo que este tema conviene
dejarlo suficientemente claro.

El 27 de mayo de 1994 el Gobierno aprueba el Real Decreto-ley 6/1994, de
medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía. Se
publica en el «BOE» el 28 de mayo, al día siguiente. En su artículo 5.º,
Ayudas, dice lo siguiente: «Por el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en colaboración» (repito, en colaboración) «con las
comunidades autónomas correspondientes... se delimitarán las acciones
específicas que podrán ser objeto de apoyo y se establecerán las
características y requisitos de los titulares beneficiarios...» Y
continúan los puntos suspensivos. El Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación --repito-- en



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colaboración con las comunidades autónomas correspondientes. Después de
39 días o, si quieren, casi seis semanas después, o un poco más de un mes
después, el «BOE» publica la Orden del 7 de julio de 1994 --recuerde que
son 39 días-- por la que se determinan los ámbitos territoriales
afectados por la sequía, en secano --que es el caso--, en regadío, en
ganadería, etcétera, y se establecen los criterios para la aplicación de
las ayudas previstas en el Real Decreto-ley 6/1994 que también ha
mencionado el señor Efrén Martínez.

En el Anexo I de esta Orden Ministerial se especifica el ámbito
territorial con pérdida media de la cosecha en los últimos cultivos, que
es el caso. También hace referencia a los aprovechamientos ganaderos
--que no es el caso-- superiores al 50 por ciento de la producción
normal. Están incluidas en esta Orden diez comunidades autónomas, desde
Andalucía hasta Baleares, pasando por Navarra, La Rioja, Cataluña y
otras. No me voy a referir al Anexo II sino sólo a éste en concreto. No
figura la Comunidad Autónoma de Castilla y León para nada; se supone que
lógicamente tenía que haber colaborado con el MAPA, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y, sin embargo, no lo hizo.

El Grupo Parlamentario Popular aparece por primera vez --y lo ha dicho el
señor Martínez Izquierdo-- planteando la sequía en varios municipios de
la provincia de Soria el 5 de agosto y creo que no es totalmente cierto
que se coseche en agosto, más bien se cosecha en julio. Lo digo por un
comunicado de ASAJA, que lo tengo aquí y se lo puedo enseñar al señor
Martínez Izquierdo, en el que se dice que a mediados de julio ya se
estaba cosechando. El señor Martínez Izquierdo registra una pregunta por
la que desea recibir respuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación por escrito. En esta fecha ya habían pasado 67 días, o más
de nueve semanas y media, en las que, como sabe el señor Martínez
Izquierdo, da tiempo a construir un amor y a deshacerlo; es decir, más o
menos dos meses desde la publicación del Real Decreto-ley y 26 días o
cuatro semanas, o casi un mes, desde que se publicó la Orden donde venían
los ámbitos territoriales, etcétera.

El 29 de noviembre se presentan ante esta Cámara --y estoy de acuerdo con
el señor Martínez Izquierdo en el sentido de que se ha perdido la
relación causa-efecto-- se presenta la proposición no de ley que esta
Comisión tramita hoy, pero se presenta el 29 de noviembre. En ella se
insta al Gobierno, como se ha dicho, a que urgentemente proceda a incluir
los términos municipales de la provincia de Soria que se han visto
afectados por la sequía para que perciban las ayudas establecidas en el
Real Decreto-ley.

Lo primero que destacaría el Grupo Socialista, si leen la proposición no
de ley, es la vaguedad y/o falta de definición de la proposición, tanto
en lo que se refiere a las pérdidas reales ocasionadas como al ámbito
afectado. De pérdidas no consta nada; de términos municipales, ¿a qué se
refieren? ¿A todos los de la provincia de Soria? ¿A todos los términos
municipales de la zona Este y Sureste que citan en el fundamento de la
proposición no de ley? ¿A los once términos municipales que especifican
también en el fundamento de los que ha hablado don Efrén Martínez o a los
etcéteras que incluyen ustedes en el fundamento? En definitiva, ¿a qué se
están refiriendo?
Nuestro grupo considera que debería ser rechazada esta proposición no de
ley, por las siguientes razones: primero, era necesario o deber de la
Comunidad Autónoma de Castilla y León conocer la situación de las
cosechas de esa zona y coordinar con el MAPA su delimitación para que se
vieran incluidas en la orden. La Comunidad Autónoma de Castilla y León
dispuso de 39 días, como el resto de las comunidades, y no hizo uso de
ellos. Las razones objetivas son desconocidas, mientras no expliquen aquí
por qué la Comunidad de Castilla y León no se puso en contacto y coordinó
con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y expuso los
problemas que podía tener la provincia de Soria, algunos términos
municipales, comarcas o zonas.

El segundo elemento por el que creemos que no debemos apoyarla es porque,
como ustedes saben, un Real Decreto-ley --y me voy a referir a la
propuesta que ha hecho la Diputada de Izquierda Unida-- como el 6/1994
responde a una necesidad singular, urgente y puntual que un Gobierno como
el que poseemos tiene que resolver, y así lo hizo con el Real Decreto.

Tercero, la orden derivada del Real Decreto-ley 6/1994 no puede estar
permanentemente variando y prolongándose a sí misma.

Termino planteando en esta parte las que estimo acciones positivas y
coincido en una parte con lo que plantea el Diputado don Efrén Martínez.

Primero, nosotros somos sensibles a que hay determinadas zonas, términos
municipales, que se han visto afectados en la provincia de Soria; creemos
que estas contingencias específicas, que no puede recoger el Real
Decreto-ley por lo que he dicho anteriormente, pueden ser tenidas en
cuenta por otros medios, como pueden ser los seguros agrarios.

Segundo, ustedes saben que los precios de los cereales se han mantenido a
un nivel aceptable y que se han percibido ayudas por cultivos herbáceos
previstos en la política agraria comunitaria. Usted sabe que el director
provincial del MAPA en Soria consiguió uno de los mejores planes de
regionalización, que abarca 2.800 kilos por hectáreas, así como el seguro
integral de cereales de invierno. Todo ello ha podido compensar posibles
pérdidas. Pero, en el caso de que no lo haya hecho, el Ministro de
Economía, señor Solbes, ante la Comisión de la Unión Europea informó de
los fondos estructurales que iba a recibir... (Rumores.) El señor
PRESIDENTE: Un momento, señora Alvarez.

Ruego silencio, señorías. Es difícil seguir el debate.




La señora ALVAREZ GAYOL: Gracias, señor Presidente.

... los nuevos fondos, de los cuales la comunidad autónoma de Castilla y
León va a recibir una cantidad significativa: 2.850 millones de ecus. Y
de cara a las próximas --que estoy de acuerdo en que tendríamos que
tenerlo en cuenta-- sería muy positivo que se pusiera a trabajar la
Comunidad Autónoma de Castilla y León, porque bien por desconocimiento,
bien por falta de trabajo, etcétera,



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no ha sabido hacerlo en el pasado. Recomendamos a la Junta de Castilla y
León que trabaje en esta línea, que se ponga de acuerdo con el MAPA para
la próxima campaña.

Por todo ello, termino diciendo que vamos a votar en contra de la
proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Izquierdo. Le
ruego que sea breve.




El señor MARTINEZ IZQUIERDO: No suelo ser breve, pero qué le vamos a
hacer.




El señor PRESIDENTE: Inténtelo.




El señor MARTINEZ IZQUIERDO: Solamente voy a precisar dos datos, porque
no vamos a entrar de lleno en la cuestión, pues ya lo debatimos en Soria
con el director provincial.

Primero, es claro que en Soria se cosecha a últimos de julio y,
normalmente, agosto. La entrada de la pregunta en la Cámara tiene fecha 5
de agosto --todos sabemos cómo funciona todo en el Congreso de los
Diputados-- y la pregunta se hizo el 15 de julio, aproximadamente.

Segundo, en la proposición no de ley se determinan clarísimamente los
municipios para los que se pedían estas indemnizaciones. Allá el Partido
Socialista con su responsabilidad en este sentido.

La contestación a la pregunta dice claramente --no lo que ha dicho la
señora Diputada-- que ningún municipio de la provincia de Soria estaba
afectado por la sequía. Se ha demostrado claramente que sí estaban
afectados.




El señor PRESIDENTE: La señora Alvarez tiene la palabra.




La señora ALVAREZ GAYOL: Según lo procedente de ASAJA del 15 de julio, en
el segundo párrafo de la exposición, se plantea que, una vez iniciada la
campaña de recolección, los rendimientos medios de la provincia... Es
decir, que ya se había iniciado, por lo que no es en agosto, sino en
julio.

Segundo tema. Usted plantea que especifican las zonas y los términos
municipales: Agreda, Castilruiz, Fuentelmonge, Almaluez, Torralba,
Monteagudo, Santa María de Huera, Arcos de Jalón, Fresno, Montejo de
Tiermes, Carrascosa, etcétera. Eso viene en el fundamento. Sinceramente,
cuando leo etcétera, puedo pensar que son todos los términos, todos los
municipios de Soria o puedo pensar que se refieren en concreto a éstos.

Por último, le repito lo que usted ha dicho.




El señor PRESIDENTE: Señora Alvarez, termine, por favor.




La señora ALVAREZ GAYOL: Termino con el tema del Ministerio.

Es la Comunidad de Castilla-La Mancha... (Risas.), de Castilla y León,
perdón por la equivocación. La Comunidad de Castilla-La Mancha sí lo
pidió; está incluida entre las comunidades que sí lo solicitó. Es la
Comunidad de Castilla y León la que tiene la responsabilidad de saber qué
está pasando. Además, tiene la responsabilidad de saberlo previamente, de
ponerse en contacto con el MAPA y de llegar a un acuerdo sobre qué zonas.

Lo que pasa es que no lo hizo. Esa es la responsabilidad que tiene e
insto a la Comunidad de Castilla y León a que en el futuro se ponga a
trabajar en ese tema y consigamos arreglar el problema del que todos
estamos preocupados.

Termino con una cosa que se me ha olvidado de Izquierda Unida, que es la
propuesta...




El señor PRESIDENTE: Señora Alvarez, ya ha consumido su tiempo.

Pasamos a continuación a la votación de las distintas proposiciones no de
ley que se han presentado esta mañana.

Por parte de varios grupos se ha hecho llegar a la Mesa una enmienda
transaccional a la primera del Grupo Parlamentario Vasco, relativa a la
modificación del reglamento de ordenación pesquera, el IFOP, que creo que
cuenta con el acuerdo de todos los grupos para poder ser tramitada. La
enmienda es transaccional, y, si se acepta por todos los grupos, se puede
tramitar.

¿Hay inconveniente por parte de algún grupo de que se acepte la enmienda?
(Pausa.) Leo la transacción: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que solicite a la Unión Europea que, en la determinación
futura de la política de ayudas estructurales pesqueras, cualquier
posible discriminación atiende exclusivamente a criterios socioeconómicos
del sector pesquero y de las zonas altamente dependientes de la pesca.»
¿Hay acuerdo por parte de todos los Grupos? (Asentimiento.)
Pasamos a la votación de esta enmienda transaccional a la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Vasco.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), relativa a la modificación del
IFOP.

A continuación pasamos a la votación de la relativa al sector productor
de tomate, del Grupo Parlamentario Popular, a la que parece ser que
también se ha presentado una enmienda transaccional.

Tiene la palabra la señora Pelayo.




La señora PELAYO DUQUE: Estamos en el intento de negociar una
transaccional a la enmienda de adición, que sustituiría, por supuesto, a
todo el texto de la proposición presentada por el Grupo Popular, que
diría lo siguiente: «El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
solicite el establecimiento inmediato del régimen de licencias de
importación para el tomate y el calabacín que accede a los mercados de la
Unión Europea procedente de Marruecos cuando existan claros indicios de
incumplimiento de los términos acordados.»



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Esta sería la propuesta que ya hemos planteado a algunos Grupos y que
están dispuestos a apoyarla, pero nos falta la manifestación de voluntad
del Grupo proponente, del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Debe ser el Grupo Popular el que acepte o no la
inclusión de esta enmienda.

Si les parece, mientras deciden sobre este asunto, continuamos con la
votación de las dos siguientes proposiciones y al final, si hiciera
falta, lo pospondríamos unos minutos, pero, en todo caso, les ruego la
máxima brevedad en la tramitación de este asunto.

Así, pues, pasamos a continuación a la votación de la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) relativa a la objeción de la
cuota en el fletán negro. (El señor Moragues Gomila pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Moragues.




El señor MORAGUES GOMILA: Solicito la votación del primer punto separada
del resto de las propuestas.




El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Como no se han incorporado enmiendas se
puede plantear la votación por separado. (El señor Gatzagaetxebarría
Bastida pide la palabra.)
El señor Gatzagaetxebarría, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV), tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Solamente quiero recordarle que en mi
intervención había hecho referencia a un olvido técnico, que era que en
el punto tercero no había incluido el bacalao y pido que se incluya. Sólo
es recordar eso. Creo que había quedado claro, pero, por si acaso, lo
reitero.




El señor PRESIDENTE: Por los servicios de la Cámara se toma nota de este
error técnico.

Votamos, pues, el primer punto de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), relativo a la solicitud de la objeción del
TAC.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, siete;
abstenciones, 22.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

A continuación pasamos a la votación de los restantes puntos que figuran
con los números 2, 3 y 4 de esa proposición.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados por unanimidad.

Pasamos a continuación a la proposición no de ley relativa a la inclusión
de diversos términos municipales de la provincia de Soria en el Real
Decreto sobre la sequía.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Si les parece, suspendemos la sesión por espacio de dos minutos a la
espera de la confirmación de la enmienda transaccional de la proposición
no de ley sobre el tomate. (Pausa.)
Se procede a la votación de la proposición en los términos en que la ha
planteado el Grupo Parlamentario Popular, incluida, lógicamente, la
propia enmienda que este Grupo había presentado.

¿Se vota conjuntamente la proposición no de ley? (Asentimiento.)
Procedemos a su votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.

Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde, en esta misma sala.




Era la una y veinticinco minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION
(ATIENZA SERNA), PARA INFORMAR:



--SOBRE EL CONTENIDO AGRARIO DE LAS NEGOCIACIONES PARA LA AMPLIACION DE
LA COMUNIDAD EUROPEA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 213/000233.)



--SOBRE EL ACUERDO DE PRECIOS COMUNITARIOS DE LOS PRODUCTOS AGRARIOS PARA
LA CAMPAÑA 1994-1995. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 213/000372.)



-- SOBRE EL DESARROLLO DEL REAL DECRETO LEY 6/1994, DE 27 DE MAYO, POR EL
QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA REPARAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR
LA SEQUIA. A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
213/000373.)



--SOBRE LA ESTRATEGIA QUE VA A SEGUIR EL GOBIERNO EN EL SECTOR DE LOS
ACEITES Y GRASAS DE ORIGEN VEGETAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000399.)



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--SOBRE LA REASIGNACION DE LAS CANTIDADES DE REFERENCIA PROCEDENTES DE LA
RESERVA NACIONAL Y DE LA SITUACION POR LA QUE ATRAVIESA EL SECTOR LACTEO.

A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000385.)



El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.

Se reanuda la sesión.

Continúa la sesión esta tarde con la comparecencia del señor Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, a quien agradecemos nuevamente su
presencia en la Comisión, para debatir los distintos puntos que figuran
en el orden del día.

Por acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces, vamos a celebrar la
sesión en dos partes, la primera dedicada a los temas específicamente
agrícolas o agrarios y la segunda a los temas pesqueros. Si bien la
petición de comparecencia tiene un carácter puntual, se puede hacer,
tanto por parte del señor Ministro como por parte de los portavoces, un
consideración más general de los distintos temas; con ello también nos
ahorramos parte del trámite.

Voy a dar la palabra al señor Ministro para que nos informe de los
distintos temas comprendidos en la primera parte, para los que ha
solicitado la comparecencia el Grupo Popular.

El señor Ministro tiene la palabra.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas gracias, señor Presidente.

Paso al primer punto de esta comparecencia, referente al contenido
agrario de las negociaciones para la ampliación de la Comunidad Europea,
que, como todos ustedes saben, finalizaron el 12 de abril de 1994,
celebrándose las últimas sesiones de la Conferencia de Adhesión de
Austria, Suecia, Finlandia y Noruega, aunque finalmente Noruega quedó al
margen de la adhesión por decisión adoptada por referéndum en noviembre
de 1994.

Para dar una primera idea de lo que el capítulo agrario supuso en las
negociaciones de ampliación, debemos hacer una reflexión inicial sobre
las características generales de la agricultura de los tres nuevos
Estados miembros. Hay que decir que ninguno de los países adherentes
tiene una clara vocación agrícola, aunque eso no impidió que este
capítulo fuese uno de los que más tiempo ocupó durante el proceso
negociador. Eso se debió a que sus agricultores contaban con niveles de
protección muy superiores a los otorgados por la política agrícola común,
lo que, indudablemente, complicó el desarrollo del proceso, niveles de
protección suma de unos precios en general más altos que los precios
comunitarios y un complejo sistema de ayudas que hacían más ostensibles
todavía las diferencias de apoyo existentes. Estas diferencias atribuían
gran importancia al procedimiento de aproximación de precios y ayudas
para estos países candidatos y, por tanto, a la fórmula de transición que
se adoptase.

Sí me gustaría dar algunas cifras sobre lo que representa la agricultura
en cada uno de estos tres países que se han integrado en la Unión
Europea. Por lo que se refiere a Austria, tanto su población activa
agraria, que representa algo menos del seis por ciento, como la
contribución del sector agrario al PIB, inferior al tres por ciento,
corresponden aproximadamente a la media comunitaria. Los objetivos de la
política agrícola austriaca eran muy similares a los de la política
agrícola común, quizá dando una mayor importancia a los aspectos
regionales y medioambientales. El sistema de apoyo a la agricultura era
relativamente similar, con pagos compensatorios similares a los del
sistema comunitario, aunque las condiciones para su concesión eran más
amplias y los montantes más elevados. La producción agraria estaba
básicamente orientada hacia el mercado interior, quizá con la excepción
de una pequeña exportación en el sector lácteo, referente
fundamentalmente a quesos, siendo éste su principal sector productivo,
con una estructura de explotaciones pequeñas y productividad inferior a
la comunitaria. El sector de carne de vacuno es el segundo en
importancia, siendo muy excedentario, con un grado de abastecimiento del
140 por ciento.

Por lo que a frutas y hortalizas se refiere, su producción es
relativamente reducida --representa el dos por ciento de la producción
comunitaria de frutas-- y este sector se encontraba protegido mediante un
complejo sistema de tres fases que regulaba las importaciones en función
de que existiese o no producción nacional. Aunque las limitaciones que
este sistema introducía no perjudicaban esencialmente a las exportaciones
españolas a Austria, el 70 por ciento de los cuales eran hasta ahora
cítricos, de los que España no tenía producción, su desmantelamiento
podrá, sin duda, aumentar nuestras exportaciones de otras frutas y
hortalizas.

En lo que se refiere a nuestro comercio exterior con Austria, presenta en
los últimos años un saldo positivo en torno a los 9.000 y 10.000 millones
de pesetas, siendo las principales exportaciones las frutas y hortalizas,
tanto frescas como transformadas.

En cuanto a Finlandia, se trata de un país con una gran tradición
agrícola y forestal, que cuenta con un ocho por ciento de la población
activa dedicada a la agricultura; su situación nórdica y su clima ártico
supone, junto con los costes de transporte, dadas las largas distancias
existentes entre las zonas de producción y las de consumo, importantes
limitaciones a su producción.

En Finlandia, la aplicación de la PAC va a implicar importantes cambios
en su agricultura, como un descenso de precios que pueden llegar a
alcanzar el 40 por ciento. Hay que destacar, en el caso finlandés, la
importancia de su producción y de su exportación forestal, puesto que la
misma representa el 35 por ciento del total de sus exportaciones.

En Suecia, la agricultura tiene muy poca importancia, ya que la
superficie agraria útil apenas representa el 9 por ciento del total --el
60 por ciento es superficie forestal--, y en la agricultura trabaja el
1,9 por ciento de la población activa sueca. El sector agrario contribuye
al PIB, aproximadamente, con el 1,2 por ciento. Por tanto, es un sector



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agrario con un peso muy inferior al de la media comunitaria. Dentro de
este sector agrario, la producción de madera tiene un peso considerable
en la economía y supone en torno al 30 por ciento de los beneficios de
las explotaciones agrarias.

En cuanto a los sectores, el principal es el lácteo, que representa el 38
por ciento del valor de la producción agraria, seguido del vacuno con el
14 por ciento.

Nuestro comercio exterior con Suecia arroja un saldo positivo superior a
9.000 millones de pesetas, siendo también en este caso los principales
productos exportados las frutas y las hortalizas, tanto frescas como
transformadas. Nuestras importaciones casi exclusivamente de madera
aserrada representan el 84 por ciento de nuestras importaciones totales
del sector agrario de Suecia.

Esta era la situación de partida de los tres nuevos países miembros. En
estas condiciones de superior nivel de apoyo a los países adherentes y,
por otro lado, siendo las primeras negociaciones que se producían una vez
constituido el mercado único, se iniciaron las negociaciones para el
ingreso en La Unión, con excepción de Suecia que rápidamente aceptó la
plena integración en la política agrícola común desde el primer momento y
el alineamiento inmediato de precios. Los otros dos países plantearon un
modelo de transición de carácter tradicional, como el que se aplicó en su
momento en el caso de la integración española, esto es una aproximación
gradual de los niveles de precios y el mantenimiento de la apertura de
los mercados. Este modelo hubiera supuesto el mantenimiento de controles
en frontera, condición indispensable para la gestión de estos mecanismos,
los montantes compensatorios de adhesión que SS. SS. recordarán y los
montantes complementarios de intercambios que se aplicaron en el período
transitorio español.

El mantenimiento de estos mecanismos de control en frontera hubiese
supuesto una alteración de los precios básicos del mercado único y, por
tanto, la posición de la Unión Europea fue siempre que era irrenunciable
la solución desde el primer día de la adhesión de todos los principios de
la política agrícola común, el alineamiento inmediato de los niveles de
precios sin ningún mecanismo de control en frontera y con la consiguiente
apertura inmediata de los mercados de los nuevos Estados miembros al
envío de mercancías. La única medida de restricción eventual de los
movimientos de estas mercancías era la aceptación de una cláusula de
salvaguardia para casos de distorsiones graves del mercado, sometida a
importantes restricciones, porque era la Comisión la que tenía que
adaptar las decisiones correspondientes.

En esta opción de la Unión Europea, apoyada por España desde el primer
momento por los beneficios que aporta a nuestros intereses, y para
compensar las pérdidas de ingresos de los agricultores de los nuevos
socios como consecuencia de este alineamiento inmediato de los precios y
de la adopción de los mecanismos previstos en las diferentes
organizaciones comunes de mercado, dadas las importantes diferencias en
los niveles de apoyo, se ha previsto un sistema regresivo de ayudas
financiadas, fundamentalmente, con cargo a los presupuestos nacionales de
cada uno de los países adherentes.

Quiero señalar que la ampliación no supondrá ninguna carga para el
presupuesto comunitario, ya que la cofinanciación parcial que realiza la
Unión Europea de estas medidas nacionales transitorias y regresivas
procede de las aportaciones que ellos mismos realizan. La concesión de
estas ayudas deberá ser aprobada por la Comisión y para ello deberá
existir una diferencia de nivel de sostenimiento antes y después de la
adhesión suficientemente significativa, superior al 10 por ciento.

Este sistema de transición supone la apertura inmediata de unos mercados
con alto poder adquisitivo, lo que crea expectativas muy favorables para
nuestras exportaciones a estos países. Debe señalarse también que estos
países se convierten en contribuyentes netos del presupuesto de la Unión
Europea y, por tanto, la cofinanciación de estas ayudas nacionales en
absoluto supone un detrimento de la capacidad financiera para el resto de
la política agrícola común.

En términos generales, creo que el acuerdo de adhesión alcanzado puede
ser considerado positivo para los intereses españoles por cuanto supone
la integración en la Unión Europea de unas agriculturas no directamente
competitivas con la nuestra y una mayor facilidad de acceso a unos
mercados con alto poder adquisitivo, un importante incentivo para las
exportaciones de nuestro sector agrario.

Por otro lado, las modificaciones introducidas en los tratados, en lo que
se refiere al proceso de adopción de decisiones, así como el conocido
compromiso de Ioaunina, conceden la garantía suficiente para la defensa
de estos intereses en el marco de la nueva Unión Europea.

En lo que se refiere al segundo punto de la petición de comparecencia
sobre el acuerdo de precios comunitarios de los productos agrarios para
la campaña 1994-1995, entiendo que las circunstancias actuales en las que
nos encontramos, habiendo presentado la Comisión en el último Consejo de
Ministros sus propuestas de precios para la próxima campaña 1995-1996,
aconsejan que me centre en informar a SS. SS. sobre las propuestas que la
Comisión nos hace para la próxima campaña, aunque también aprovecho la
ocasión para hacer algunos comentarios sobre la campaña 1994-1995, que
fueron aprobados en el Consejo de Ministros de Agricultura los días 18 y
19 de julio de 1994. En aquella ocasión se trató de una propuesta de la
Comisión de carácter continuista, ya que, además de la pérdida de
trascendencia que tenían las decisiones adoptadas en el marco de la
reforma de la política agrícola común, la proximidad de otras reformas
que están y siguen pendientes hizo, en palabras del entonces Comisario de
Agricultura, que no se introdujeran grandes modificaciones en la
reglamentación a la espera de la aprobación de esas reformas.

Sí destacaría, como resultado de aquel paquete de precios, la
consolidación con carácter definitivo del incremento de la cuota láctea
para España, que hasta entonces tenía un carácter provisional y el
incremento de 25.000 cabezas de las cuotas de primas para los terneros
machos, en un contexto en el que se redujeron para la práctica totalidad
de los países miembros de la Unión Europea.

En cuanto al trigo duro, se consiguió un incremento de 20.000 hectáreas
en la superficie máxima para las zonas



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tradicionales que pueden optar al suplemento del pago compensatorio y se
consiguió una modificación de la OCM de los forrajes de secados que yo
creo que no solamente permite consolidar el importante crecimiento que se
había producido en el sector a lo largo de los últimos años, sino
también, a juicio del propio sector, un incremento importante todavía
para el futuro en términos de ayudas perfectamente competitivo.

Con posterioridad hemos tenido, como seguramente SS. SS. conocen, algunas
discusiones con la Comisión Europea, a raíz de una propuesta de la
Comisión de Carácter técnico, que pretendía establecer unos nuevos
requisitos en términos sobre todo de porcentaje de humedad para nuestras
producciones, que fueron considerados por la delegación española como una
ruptura del compromiso político que se había adoptado en aquel paquete de
precios. Ha sido retirado por la comisión y, por tanto, ha desaparecido
como amenaza. Se ha consolidado la aprobación de aquella reforma de la
OCM de forrajes de secados en condiciones razonablemente satisfactorias
para nuestro sector.

Por otro lado, se estableció un compromiso para la aprobación de una OCM
de la patata antes del 31 de junio de 1995, compromiso que, a la fecha de
hoy, todavía no se ha sustanciado, pero que sigue siendo una
reivindicación española.

En lo que se refiere a la próxima campaña, 1995-1996, la Comisión Europea
nos ha presentado su propuesta de precios y medidas conexas, cuyo primer
debate en profundidad tendrá lugar en la reunión del Consejo que se
celebrará los días 27 y 28 del presente mes de marzo.

Es importante recordar que esta campaña de 1995-1996 es la última de
transición de la reforma de la política agrícola común y que, por tanto,
en ella se alcanzará la velocidad crucero. Además de esta circunstancia
existen otras que también dotan de un cierto grado de singularidad a la
discusión, como son el tratarse de la primera propuesta de precios en la
Unión Europea a 15 y coincidir con la entrada en vigor de los acuerdos de
la Ronda Uruguay del GATT, cuyos mecanismos de aplicación ya fueron
aprobados en el Consejo de diciembre de 1994. No se oculta, sin embargo,
que las negociaciones del paquete de precios han perdido la trascendencia
económica y política que para el sector agrario representaban antes de la
reforma de la política agrícola común.

En cuanto a la orientación general de la propuesta, se nos presenta un
paquete de precios de carácter continuista, influido por las reformas
pendientes y por encontrarnos al final del período transitorio de
implantación de las reformas.

Los datos presupuestarios presentados permiten deducir que el ahorro de
recursos no debe ser en sí una prioridad, aun cuando, desde nuestro punto
de vista, debe tenerse en el horizonte la necesidad de hacer frente a los
costes de las reformas pendientes de los productos mediterráneos, vino,
frutas y hortalizas y arroz, con una línea directriz para el ejercicio de
1995 de 37.994 mecus, lo que supone un incremento de 1.497 mecus respecto
del ejercicio anterior, de los cuales 950 son debidos a la ampliación de
la Unión Europea; las estimaciones presupuestarias sobre necesidades para
el Feoga conceden un margen en la propuesta de la Comisión, respecto a la
línea directriz del orden de 1.000 millones de ecus.

Por ello, algunas de las medidas propuestas en este paquete de precios no
parecen justificadas, ni desde un punto de vista técnico de la evolución
de los mercados, ni impuestas por la presión del marco financiero.

Antes de comentar a SS. SS. los elementos fundamentales de esta
propuesta, quiero señalar que, en el primer debate del Consejo del pasado
día 21 de febrero, tuve oportunidad de anunciar, como condición previa,
que no vamos a poder dar nuestra aprobación al presente paquete de
precios y medidas conexas si no se materializa paralelamente el
compromiso de reforma de la OCM de algodón, en el sentido de asegurar una
gestión equitativa de la cantidad máxima garantizada entre los distintos
estados miembros productores.

Por lo que se refiere al sector de los cereales, al tratarse de uno de
los sectores reformados, los precios ya habían sido establecidos en la
reforma de la política agrícola común. El descenso de los precios de
cereales y de los costes financieros, así como la bajada de los tipos de
interés ha hecho que la Comisión proponga reducir el importe de los
incrementos mensuales en un 10 por ciento. La Comisión considera que las
actuales circunstancias de equilibrio del mercado no hacen necesario
aplicar el régimen de intervención desde el principio de la campaña y
propone aplazar dos meses la apertura de la intervención.

Este retraso en la apertura de la intervención lleva también a reducir de
siete a cinco el número de incrementos mensuales. Además, la entrada en
vigor de los acuerdos del GATT ha hecho que la Comisión proponga la
supresión del precio indicativo.

En lo que se refiere al arroz, se suprime el precio indicativo y la
Comisión, como en otros sectores, propone el mantenimiento provisional de
los precios para la campaña 1995-1996, pudiendo modificarse la propuesta
de acuerdo con los resultados que se produzcan en la reforma del sector,
reforma del sector para la que la Comisión se ha comprometido a presentar
una propuesta antes del día 30 de abril. Argumentándolo con las mismas
razones que para los cereales, se propone reducir el importe de los
incrementos mensuales en un 5 por ciento.

En lo que se refiere al azúcar, se propone mantener los precios. Por otra
parte la bajada de los tipos de interés justifica, a juicio de la
Comisión, un descenso en el importe de los reembolsos mensuales de
almacenamiento.

En el aceite de oliva se mantienen los mismos precios de la campaña
anterior. Aquí debo señalar que España y Portugal completan su
integración en la OCM igualando el nivel de ayuda a la producción con el
del resto de los países. Este equiparamiento de ayudas provoca en nuestro
país un incremento en su cuantía para esta próxima campaña del 10,22 por
ciento. Por lo que a la ayuda del consumo se refiere, la Comisión propone
mantener el mismo nivel que la campaña pasada.

Para el algodón, la Comisión propone la congelación de precios del actual
sistema, hasta que se produzca la reforma de la OCM. Como ya he tenido la
oportunidad de indicar,



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la delegación española manifestó que no podría dar su aprobación a este
paquete si en el mismo no se incluye la gestión equitativa de la cantidad
máxima garantizada de algodón. Quiero recordar que existía el compromiso
de la Comisión de presentar dicha propuesta antes del 31 de diciembre de
1994 y, aunque hemos concedido un margen de confianza a la Comisión en
atención a los cambios producidos en su seno, creemos que ha llegado el
momento de efectuar ya esta propuesta, que debe ser tramitada junto con
el resto del paquete de precios.

En las frutas, hortalizas y vino, sectores pendientes de reforma, la
Comisión propone el mantenimiento del «statu quo» actual, en tanto no se
produzca la aprobación de las nuevas OCM. En ambos casos, nuestra
preocupación en estos momentos se centra más en el resultado de estas
reformas que en el contenido del paquete de precios, aunque tenemos
alguna petición en lo que se refiere a frutas y hortalizas, como la
igualación de los precios de las satsumas y de las clementinas a los de
la mandarina común, en la que vamos a continuar insistiendo; ha sido una
reivindicación permanente y que ha quedado permanentemente aplazada para
esta reforma de la OCM de frutas y hortalizas.

En lo que se refiere a la leche y productos lácteos se propone una
reducción del 2 por ciento del precio de intervención de la mantequilla y
una modificación del sistema de intervención para la leche desnatada en
polvo, que pretende fijar el precio de compra en función del contenido
proteico del producto. El resto de los sectores no presenta grandes
novedades, tratándose, en general, de mantener la situación de la campaña
pasada.

Como ven, se trata en general de una propuesta continuista, aunque
contiene algunos aspectos a los que voy a referirme y en los que habrá
que profundizar. Así, por ejemplo, en el caso de los cereales, ni el
descenso en los incrementos mensuales, ni el retraso de la apertura de la
intervención parecen justificados. El mantenimiento del período de
intervención no origina ninguna consecuencia negativa, desde el punto de
vista financiero, para el Feoga, y contribuye al sostenimiento de los
precios del mercado a principios de la campaña. Así he tenido oportunidad
de manifestarlo ya en la reunión del Consejo y esperamos lograr una
solución satisfactoria al respecto. También hemos insistido en una vieja
petición española como es la excepción en la aplicación de la
penalización a la cebada con peso específico entre 62 y 64 kilos por
hectolitro.

En cuanto al aceite de oliva, y por lo que a la ayuda de consumo se
refiere, quiero señalar que nuestra opinión, y así lo manifesté en la
reunión del Consejo del pasado día 20, la experiencia en esta campaña
muestra claramente que la decisión adoptada el pasado año de realizar la
transferencia tan brusca en la ayuda al consumo, a la ayuda de la
producción, pudo ser precipitada, por lo que sería conveniente
reconsiderar esta decisión, incrementando la cuantía de la ayuda al
consumo.

Las propuestas de reducción del precio de intervención de la mantequilla
y la modificación del sistema de intervención para la leche desnatada en
polvo tampoco parecen justificadas, por lo que deberán ser objeto de
debate.

Este es el resumen que quería presentarles de la propuesta de precios y
medidas conexas para la campaña 1995-1996. Los detalles concretos pueden
consultarse en el documento de la Comisión que les ha sido distribuido.

Con ello paso al siguiente punto de la comparecencia que se refiere al
desarrollo del Real Decreto-ley 6/1994, de 27 de mayo, por el que se
adoptan medidas urgentes para reparar los efectos producidos por la
sequía.

No voy a extenderme a las condiciones que afectaron, desde el punto de
vista climatológico, a las producciones de secano en una parte importante
del país, a las producciones de regadío y al abastecimiento de agua,
fundamentalmente para la ganadería extensiva, que generaron disminuciones
en los rendimientos y disminuciones en las dotaciones de riego, o
restricciones exclusivamente para los leñosos, o cambios en el patrón de
cultivos, desde cultivos con mayor consumo de agua o cultivos con menor
cultivo de agua. Por otro lado, disminución también en las necesidades de
mano de obra eventual relacionadas con las actividades agrarias.

El efecto de la sequía sobre las explotaciones agrarias se traduce en una
merma de ingresos de la que se deriva una merma también en las rentas.

Quiero insistir en que la merma de ingresos no siempre es proporcional a
la merma en los rendimientos derivados de la sequía, puesto que los
ingresos son el resultado de multiplicar las cantidades producidas por
los precios a los que se han podido comercializar esas producciones y a
los que hay que añadir las ayudas directas que se perciben para
compensar, en algunos casos, los descensos de precios. Por tanto, en
términos de evolución de los ingresos, hay que analizar no sólo la
disminución de los rendimientos, sino el incremento en los precios que en
parte generan las propias condiciones de sequía y otros factores. A eso
hay que añadirle también las ayudas directas que, vinculadas a la
actividad productiva, pero no a los rendimientos, reciben las
explotaciones agrarias.

Sea dicho esto sólo para evitar que se utilicen cifras o interpretaciones
sobre evolución de los ingresos, identificando ingresos con rentas, y que
no se tenga en cuenta una medición precisa de la evolución de las rentas
de los diferentes sectores. Por otro lado, el paso de ingresos a rentas
hay que realizarlo en función del coeficiente que, para el conjunto del
sector, se sitúa en torno al 50 por ciento como renta en relación con los
ingresos. A efectos fiscales la media de los coeficientes aplicados del
30 por ciento quizá podamos decir que se encuentre entre el 30 y el 50
por ciento.

Ante este problema de la reducción de los ingresos de las exportaciones a
causa de la sequía, la estrategia ha sido, por un lado, reducir los
flujos de gasto de las explotaciones y, por otro lado, aumentar los
ingresos alternativos a los ordinarios. En lo que se refiere a la
reducción de los flujos de gasto, se produjeron, como consecuencia de la
aplicación del Decreto-ley, condonaciones del Impuesto de Bienes
Inmuebles de naturaleza rústica por un importe total de 9.250 millones de
pesetas, y una condonación también de la cuota por jornadas teóricas del
Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, relativa a las
explotaciones ubicadas



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en las zonas afectadas, por un importe de 6.880 millones de pesetas. Por
otro lado, en la reducción del flujo de gastos, un aplazamiento de las
tarifas de utilización del agua y de los cánones de riego por un importe
de 13.682 millones de pesetas.

La generación de ingresos alternativos a los ordinarios derivados de la
actividad agraria se ha producido por la aplicación de los instrumentos
de políticas agrarias siguientes: las indemnizaciones previstas en el
seguro integral de cerales que han ascendido a 8.400 millones de pesetas,
compensatorias de rentas en circunstancias de sequía, las ayudas
previstas en la PAC, en particular las ayudas de superficie basadas en
rendimientos históricos y, por tanto, independientes de la producción
obtenida un año dado, tanto en secano como en regadío (estas ayudas de
superficie y primas agrarias han ascendido a 400.000 millones de pesetas,
exactamente 398.790 millones de pesetas), y unos créditos bonificados por
un importe total de 90.000 millones de pesetas a un tipo de interés entre
el 3,75 y el 6,75 por ciento. En definitiva, se trata de una compensación
muy notable excepto para aquellos cultivos que no han tenido ni fuertes
incrementos de precios, ni forman parte de la política agrícola común
reformada.

Quiero decir con ello que la sequía ha tenido un impacto notable que ha
supuesto la disminución de producciones en volumen, una pérdida de la
posición de mercado de nuestras producciones, unas dificultades de
abastecimiento de la industria transformadora y unas tensiones en los
mercados de consumo. Pero desde el punto de vista de las rentas de los
agricultores nunca se había dispuesto de un conjunto de mecanismos de
apoyo de ayudas directas vinculadas a la reforma de la política agrícola
común, que no tienen relación directa con las cantidades producidas, más
los sistemas compensatorios del seguro integral, más las condonaciones
fiscales y más los préstamos a bajo tipo de interés de tanta intensidad.

Los indicadores de evolución de la renta en las comunidades autónomas más
afectadas por la sequía, los indicadores de evolución de la renta agraria
en el conjunto del territorio y otros indicadores sobre inversión en
maquinaria y otras decisiones de inversión por parte de los agricultores
a lo largo de 1994, nos permiten concluir que se ha paliado notablemente
el impacto de la sequía de 1994 sobre la renta de los agricultores.

En lo que se refiere al empleo alternativo al agrario, lo que se produjo
como consecuencia del Decreto-ley es un incremento en las dotaciones del
per para generar jornales que sustituyeran a los jornales en las
actividades agrarias y una disminución de las exigencias en materia de
número de peonadas para tener derecho a las prestaciones del subsidio
agrario. Estas son las decisiones adoptadas hasta ahora en lo que se
refiere a la sequía de 1994.

En relación con el presente año, hay que comenzar por señalar que nos
encontramos inmersos en un ciclo seco que dura ya cuatro años y que el
impacto económico del problema no puede evaluarse a estas fechas con
precisión, toda vez que cabe esperar que las condiciones meteorológicas
de la primavera aporten agua para permitir ciertos niveles de producción,
lo que ayudaría a paliar los efectos desfavorables de la sequía.

Contando con la valiosa cooperación de las comunidades autónomas y de las
organizaciones profesionales agrarias, se está procediendo a la adopción
de un conjunto de medidas que forman parte de una estrategia de actuación
articulada en tres ejes. Por un lado, ahorrar agua, sustituyendo cultivos
muy consumidores por otros de bajo consumo o ampliando la superficie de
regadío que se pueda acoger al barbecho de carácter voluntario,
compensado con ayuda por hectárea, en el marco de la reforma de la
política agrícola común; con el agua existente atender prioritariamente
el riego de cultivos leñosos, dado su carácter permanente y de patrimonio
a preservar frente a la temporalidad de los cultivos herbáceos; y
aprovechar al máximo las ayudas que se deriven de la aplicación de los
reglamentos comunitarios, en los cultivos herbáceos en particular, con
objeto de que se tengan en cuenta los trasvases de superficie de cultivo
que se derivan de las decisiones de los agricultores para adaptarse a las
condiciones de la sequía, hemos iniciado contactos con la Comisión
Europea a fin de concienciar a dicha institución de la gravedad del
problema existente. En este contexto hay que enmarcar la visita del
Comisario de Agricultura y de desarrollo rural, señor Fischler, a las
zonas afectas.

Otras acciones en fase de estudio en estos momentos son las tendentes a
mejorar el abastecimiento de agua y piensos a la ganadería. En el primer
caso, mediante la concesión de ayudas para el establecimiento de puntos
de suministro de agua, así como para el transporte de la misma, y, en el
segundo, se ha sometido a la consideración de la Comisión Europea la
solicitud de traslado a España de cereales/pienso en poder de los
organismos de intervención de otros estados miembros para su distribución
en la ganadería española.

Lo más importante es que se está trabajando en la elaboración de un
programa de mejora de infraestructura de las zonas regables afectadas
que, con independencia de permitir un empleo más eficaz del agua de riego
en años venideros, persigue también compensar las pérdidas de jornales
que supondrá la reducción de la producción de cultivos habitualmente
generadores de mano de obra.

Por ello, el borrador del plan nacional de modernización de regadíos
prioriza y refuerza un conjunto de medidas tendentes a modernizar y
consolidar los regadíos existentes, a fin de racionalizar el uso del agua
y garantizar su utilización más eficaz, evitando pérdidas, sin perjuicio
de llevar a cabo aquellas nuevas transformaciones que se consideren
necesarias para un eficiente aprovechamiento de los recursos y una mejor
vertebración del territorio.

Quiero insistir, aunque no lo he comentado, en que, en función de la
evolución de la climatología a lo largo de las próximas semanas y del
impacto que se pueda estimar definitivo de la sequía sobre nuestras
producciones, que solamente se puede determinar entrada la primavera, el
Gobierno adoptará las medidas complementarias que considere en su momento
necesarias para paliar el impacto sobre la renta de las explotaciones
agrarias.

Con ello paso al siguiente punto de la comparecencia, para informar de la
estrategia que va a seguir el Gobierno en el sector de aceites y grasas
de origen vegetal.




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Para contestar adecuadamente a esta solicitud creo que hay que
diferenciar entre los aceites de semillas y el aceite de oliva. En lo que
se refiere al aceite de semillas, quizá es obvio decir que el mercado
comunitario está totalmente liberalizado respecto a las importaciones de
semillas oleaginosas y de aceites vegetales, siendo nulos los derechos de
aduana aplicables a las importaciones de semillas y oscilando los
derechos a las importaciones de aceites vegetales entre el 10 y el 15 por
ciento. Estos últimos serán reducidos progresivamente un 36 por ciento
para implementar los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT.

Las producciones de aceites vegetales a partir de semillas producidas en
España están sujetas a las restricciones de superficies de cultivos
oleaginosos derivados del Acuerdo de Blair House entre la Unión Europea y
Estados Unidos, que han sido incorporadas tanto a los Acuerdos del GATT
como a la normativa comunitaria.

A partir de la campaña 1995-1996 en la Comunidad existe una superficie
máxima garantizada de 5.128.000 hectáreas para los cultivos oleaginosos,
siendo la superficie de referencia española de 1.168.000 hectáreas. Debe
señalarse que esta superficie de referencia española es ligeramente
superior a la superficie histórica de cultivo que era de 1.103.000
hectáreas.

La superación de la superficie máxima garantizada comunitaria supone una
penalización de las ayudas aplicable únicamente en los países que superen
sus superficies de referencia respectivas. España ha tomado medidas de
tipo técnico-agronómico para conseguir una superficie de cultivo próxima
a su superficie de referencia y evitar así las penalizaciones. No
obstante el esfuerzo de contención del cultivo en la precampaña
1994-1995, esencialmente en el girasol, es preciso que los agricultores
adecuen sus planes de siembra ya que será preciso disminuir la superficie
también en la próxima campaña 1995-1996.

En lo que se refiere al aceite de oliva, es preciso recordar que, como el
resto de los productos agrícolas que forman parte de una organización
común del mercado, está sometido a las reglas de la política comunitaria.

En consecuencia, las líneas generales de la política del sector, así como
las relativas a la gestión de los mercados de aceite de oliva, y en
concreto las compras de aceite por parte de los organismos de
intervención y las ventas de los mismos para contribuir a una mejor
regulación del mercado, son competencia de la Comisión Europea, que tiene
en cuenta la opinión de los Estados miembros a través del Comité de
Gestión Sectorial que se reúne periódicamente en Bruselas.

Dicho esto, es conveniente analizar y distinguir cómo se planteó la
regulación de la campaña oleícola 1994-1995 y cómo se está ahora
realizando la gestión de la misma.

En la propuesta de precios para la campaña oleícola 1994-1995 la Comisión
pretendía trasladar la totalidad de la ayuda al consumo de aceite de
oliva, que perciben las industrias de envasado autorizadas, a la ayuda a
la producción, que se paga a los productores olivareros. Para mantener la
neutralidad del sistema los precios de intervención que abonan los
organismos públicos por el aceite que le ofrecen a los productores, se
reduciría en la cuantía en la que se incrementaba la ayuda a los
productores. La postura del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación fue, como es bien sabido, el mantenimiento del esquema de
ayudas preexistentes o, en su caso, el traslado paulatino en varias
etapas de la ayuda al consumo a la ayuda a la producción, posición que no
fue seguida por la mayoría de los países productores de aceite de oliva.

Finalmente, se acordó la continuidad de la ayuda al consumo de aceite de
oliva en un valor de 10 ecus por cada 100 kilos, que va a mantener el
interés por el envasado de aceites vírgenes por parte de las almazaras,
cooperativas e industriales que habían iniciado ya la comercialización al
público de una parte de su producción. Asimismo, el control de la ayuda
garantiza el seguimiento tanto cualitativo como cuantitativo de los
aceites al consumo. Como resumen, 30 ecus por cada 100 kilos de la ayuda
al consumo se trasladaban a la ayuda a la producción y los precios de
intervención se disminuían en esa misma cuantía.

Para posibilitar el cambio ordenado del sistema y evitar perturbaciones
en el mercado, se adoptaron medidas de transición por parte de la
Comunidad Europea, que consistieron en que la ayuda antigua al consumo se
prorrogó hasta el 1 de noviembre de 1994 para permitir a los productores
la comercialización ordenada en el tiempo y a los precios antiguos de la
cosecha 1993-1994. Por otro lado, para satisfacer las necesidades de la
demanda en el período diciembre 1994-enero 1995, en espera de la llegada
al mercado de los nuevos aceites de la campaña actual y situar los
precios en origen en torno a los nuevos valores establecidos, inferiores
a los precedentes, la Comisión Europea procedió a la venta de las
existencias de aceite de oliva en poder de los organismos de intervención
comunitarios, unas 80.000 toneladas, de las que 30.000 fueron vendidas
por el SENPA, organismo de intervención español.

Sin perjuicio de estos planteamientos y actuaciones, conforme avanzaba la
campaña, las estimaciones de cosecha en la Comunidad se veían reducidas
en algún país productor, como España, en tanto que Grecia confirmaba su
buena producción. La última estimación disponible de producción del
aceite de oliva se sitúa en 1.322.000 toneladas, sólo ligeramente
inferior a la cantidad máxima garantizada comunitaria que es de 1.350.000
toneladas.

A finales de diciembre de 1994 los mercados comunitarios de aceite de
oliva en origen experimentan movimientos alcistas y se arbitran medidas
por parte de la Unión Europea para una mejor regulación de los mismos,
entre las que podemos citar la anticipación del calendario de entrada en
la Comunidad del aceite de contingente tunecino, que se beneficia de una
exacción reguladora reducida de 7,8 ecus por quintal; en los meses de
enero y de febrero se pueden conceder certificados por 7.000 toneladas
mes, y en los meses siguientes los certificados pueden llegar a 10.000
toneladas mes, hasta totalizar las 46.000 toneladas del contingente. Por
otro lado, se adopta un uso flexible de la exacción reguladora aplicable
a la generalidad de las importaciones de aceite de oliva en la Comunidad.

La exacción en vigor al inicio de la campaña era de 83,32 ecus por
quintal, teniendo en cuenta ya los cambios acaecidos en el



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sistema agromonetario, lo que imposibilitaba en la práctica las
importaciones.

La Comisión Europea ha procedido a rebajas sucesivas en la cuantía de la
exacción, que en la actualidad es de 59 ecus por quintal, lo que va a
posibilitar la importación en la Comunidad del importante excedente
exportable de Turquía de esta campaña y cantidades del resto de los
países del Mediterráneo. En este sentido quiero señalar que la fijación
de exacciones reguladoras del día 17 de febrero, en las que se estableció
dicha exacción de 60 ecus por cada 100 kilos, se autorizaron certificados
de importación de la Unión Europea por un total de 1.100 toneladas. En la
fijación del día 24 de febrero, en la que se rebajó la exacción a 59 ecus
por cada 100 kilos, se autorizaron certificados de importación por un
total de 2.600 toneladas, de las cuales 305 se presentaron en España, por
lo que es de suponer que la importación se realice para el mercado
español. En la próxima fijación de exacciones que se celebrará, como
todos los viernes, el día 3 de marzo, es de esperar que se autoricen
nuevos certificados de importación.

Por lo que se refiere más concretamente a la situación española, las
disponibilidades para la campaña se cifran en unas 650.000 toneladas, que
permiten un consumo interno de unas 410.000 y unas exportaciones próximas
a las 180.000. En este supuesto el remanente de enlace de la campaña al
31 de octubre de 1995 sería de unas 60.000 toneladas.

En definitiva, si bien la producción española de aceite en la actual
campaña, 478.500 toneladas, es inferior en un 21 por ciento a la media
del período 1989-1992, a causa de los efectos que la sequía ha originado
en las producciones olivareras, el nivel de la misma más el «stock» de
enlace de campañas existente y las normales importaciones previstas
permiten afirmar con toda seguridad que nos encontramos ante una campaña
con un balance de disponibilidades salidas aceptable en términos
globales, dentro de una tónica de firmeza de precios de mercado.

Lógicamente, la situación sería más cómoda si se dispusiera de
importantes «stocks» públicos de intervención, pero las bajas cosechas de
las últimas campañas, el excelente comportamiento del consumo del aceite
de oliva en la Comunidad y el importante incremento de exportaciones a
terceros países han hecho que no exista aceite de oliva en poder de los
organismos de intervención, ya que en este sector nunca se ha procedido
por parte de la Comunidad a exportaciones de saldo de «stocks» públicos.

Pero no quiero terminar estas referencias a la situación española sin
resaltar que, con independencia de las importaciones realizadas bajo el
régimen normal, se continúan importando en España cantidades elevadas de
aceite de oliva bajo el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo.

Durante la campaña actual se espera que estas importaciones alcancen
alrededor de 30.000 toneladas, cantidad semejante a la importada en la
campaña anterior, y estas importaciones están permitiendo consolidar
niveles de exportación importantes, sin que ello merme las
disponibilidades internas de aceite de oliva.

Por último, quiero informarles que en el Consejo de Ministros de
Agricultura de los días 20 y 21 de febrero de este año manifesté mi
preocupación por los niveles de precios que registran los mercados
comunitarios de aceite de oliva. En la situación del mercado están
influyendo el cambio sustancial en el sistema de ayudas y precios
comunitarios introducidos en la actual campaña, la no existencia de
«stocks» en los organismos de intervención y un volumen de cosecha medio
y corto en la Comunidad. La delegación española propuso tomar medidas
para agilizar y posibilitar la llegada efectiva a la Comunidad de aceite
procedente de terceros países y entre ellas la adecuación del nivel de la
exacción reguladora aplicable a las importaciones y el incremento de la
ayuda al consumo en la actual campaña 1994-1995, posibilidad que está
contemplada en la regulación actual de la OCM.

Con ello paso al último punto de la comparecencia en los temas agrarios,
que se refiere a la reasignación de las cantidades de referencia
procedentes de la reserva nacional y a la situación por la que atraviesa
el sector lácteo.

La reasignación de las cantidades de referencia se está llevando a cabo
de acuerdo con las normas establecidas en el Real Decreto 2.230/94, de 18
de noviembre, que contempla los requisitos que deben cumplir los
ganaderos para poder recibir cuotas suplementarias de esta procedencia,
que en resumen son: tener cuota asignada y hallarse ejerciendo la
actividad; ser agricultor a título principal; no haberse acogido a planes
de abandono ni haber efectuado transferencias de cuota a otros ganaderos
y haber producido en el período 1993-1994 más del 85 por ciento de su
cuota, salvo excepciones. A su vez, las solicitudes de los ganaderos que
cumplan estos requisitos serán clasificadas de acuerdo con un baremo de
puntuación que no voy a exponerles porque lo conocen. Las asignaciones se
efectuarán en función del total de puntos alcanzados y por orden de mayor
a menor puntuación.

En el caso de que las cantidades solicitadas superen las disponibilidades
de la reserva nacional, que ascienden a 350.000 toneladas, de las cuales
150.000 son de venta directa, se aplicará un límite máximo de asignación
en función de un porcentaje inversamente proporcional a la cuota
individual del solicitante. Si en la aplicación de estos porcentajes las
asignaciones resultantes fueran superiores a las disponibilidades de la
reserva nacional, dichos porcentajes se ajustarían proporcionalmente.

Esto es lo que se prevé en el Decreto mencionado.

Los expedientes de solicitudes se han presentado en las comunidades
autónomas en las que se halla la explotación para su estudio y
calificación, después de lo cual se remitieron a la Dirección General de
Producciones y Mercados Ganaderos del Ministerio que está en proceso de
efectuar la asignación de las cuotas suplementarias de acuerdo con las
normas señaladas.

El proceso de reasignación, no se les escapa, es complejo por el número
de ganaderos que participan en el mismo y por la variada casuística que
presentan. Se prevé que en la primera quincena de marzo se comunicará a
los interesados las cuotas suplementarias, las cuales serán de aplicación
en el presente período de producción 1994-1995. En este momento todas las
comunidades autónomas han remitido los datos informatizados de los
expedientes,



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hallándose en trámite de depuración y cruce con la base general de datos
del Ministerio.

El número total de ganaderos que han solicitado la reserva es de 58.313,
de los cuales reúnen los requisitos establecidos, de acuerdo con la
depuración realizada por las comunidades autónomas, 47.975, y la cuota
total solicitada es de 1.410.282 toneladas.

Por otro lado, la ampliación de la cuota global de España en 600.000
toneladas y las medidas previstas en el Plan de Reordenación de la Leche
y Productos Lácteos en materia de abandonos voluntarios e indemnización
de la producción de leche, ha permitido la implantación del régimen de
cuotas sin traumas para nuestros ganaderos, así como el cumplimiento de
nuestras obligaciones reglamentarias ante la Unión Europea. Con ello el
sector lácteo se sitúa dentro de la normalidad legal, condición
indispensable para poder evolucionar, dentro del marco de la política
agrícola común, hacia los objetivos de competitividad que exigen el
mercado único y los compromisos en el seno del GATT. El período 1993-1994
ha sido el primero en el que se aplica de manera efectiva el régimen de
cuotas, con el consiguiente cobro de la tasa a los ganaderos que hubieran
comercializado leche y productos lácteos por encima de su cuota
individual.

Hay que señalar que el ganadero dispone de una serie de instrumentos
establecidos en la normativa que permiten planificar su producción dentro
del debido cumplimiento del régimen de cuotas, aumentar con carácter
definitivo su cuota individual, adquiriendo mediante transferencias
cuotas de otros ganaderos, aumentar su cuota de forma temporal, mediante
cesiones de los ganaderos que no vayan a utilizar la totalidad de su
propia cuota dentro del período, compensar dentro de ciertos límites las
cantidades de leche y productos lácteos que hubieran vendido por encima
de su cuota con las cuotas sobrantes de otros ganaderos cuyas ventas
hubieran sido inferiores a las mismas y con las cuotas existentes en la
reserva nacional, y, por otro lado, la posibilidad de trasvasar la cuota
de venta directa a cuota de venta a industrias.

Todos estos mecanismos hacen más flexible el régimen de cuotas y merced a
ellos la liquidación de la tasa para el período 1993-1994 ha resultado
francamente positiva, como lo refleja el hecho de que el excedente neto,
después de la compensación efectuada entre los ganaderos que han
sobrepasado su producción y los ganaderos que no han llegado a cubrir la
totalidad de su cuota, se haya situado en el 0,6 por ciento de la cuota
global asignada a España y que, por tanto, el número de ganaderos
afectados por la aplicación de esta supertasa se haya reducido a una
cifra en torno a los 950 de un total de 134.418 ganaderos que han
declarado sus entregas de leche y productos lácteos a los compradores.

Teniendo en cuenta los resultados del período 1993-1994, cabe pensar que
para el actual período 1994-1995 los resultados serán aún más favorables,
al contar los ganaderos con la asignación de las cuotas suplementarias de
la reserva nacional, en la que se tengan en cuenta 150.000 toneladas de
venta directa, que serán trasvasadas a venta a industrias, derivándose de
ello un incremento por esta cantidad de la cuota global de España de
entrega a compradores, a industrias, que pasará de 5.200.000 a 5.350.000
toneladas.

A favor de este pronóstico de desarrollo y finalización normal de la
campaña juega el pleno funcionamiento de las transferencias que tenderá a
equilibrar cuota y producción en las explotaciones, así como el mayor
conocimiento por parte de los ganaderos de todos los mecanismos de
flexibilidad del régimen de cuotas. En el mismo sentido actuará el plan
de abandono contemplado en los Presupuestos Generales del Estado para
1995, con una dotación de 500 millones de pesetas, con fines de
reestructuración de la producción lechera y de facilitar el acceso de los
jóvenes a esta actividad. Este plan tendrá una duración de siete años y
se prevé ponerlo en marcha antes del verano.

Al tener fines de reestructuración, no supone pérdida de cuota para
España, sino que la cuota rescatada a los ganaderos que voluntariamente
decidan abandonar la actividad, recaerá sobre aquellos que reúnan los
requisitos para su reasignación. Por este procedimiento, por los
mecanismos de cesión temporal y de transferencias de cuotas entre
ganaderos, se facilitará la evolución de las estructuras compatible con
la aplicación del régimen de cuotas.

Se prevé que las comunidades autónomas que lo deseen puedan participar en
la cofinanciación del mismo, teniéndose en cuenta las necesidades de
reestructuración del sector lácteo en su territorio geográfico.

Para finalizar este apartado de la situación del sector, hay que
manifestar la buena marcha del mismo, evidenciada por la evolución de los
precios de la leche pagados al productor. Este precio medio, que se
hallaba alrededor de las 36 pesetas/litro en los años 1991 y 1992, empezó
a subir en el año 1993, especialmente en el último trimestre del año, en
el que alcanzó la cifra de 42 pesetas/kilo, continuando la subida en
1994, que se cerró con un precio medio de 44,4 pesetas/kilo. Este aumento
de los precios tiene diversos motivos, entre los que figura los efectos
de la aplicación del régimen de cuotas, que va a contribuir eficazmente a
una racionalización de las recogidas de la leche, con la disminución de
los costes por la participación de muchos intermediarios en este proceso.

Con esto, doy por terminada la información referente a las
comparecencias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro, por sus informaciones.

En nombre del Grupo peticionario de la comparecencia, tiene la palabra
don Miguel Ramírez.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Señor Presidente, como se habrá podido
comprobar, la mayoría de las cuestiones que han sido objeto de
explicación por parte del señor Ministro son antiguas, que han perdido la
actualidad en el mes de marzo de 1995, habida cuenta de que el señor
Ministro de Agricultura lleva cinco meses sin comparecer ante la Comisión
de Agricultura del Congreso de los Diputados. Es obvio que cuestiones que
en su momento tenían importancia, ahora no la tienen, porque el paso del
tiempo ha dejado prácticamente anulado aquel interés.




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Hay circunstancias, por el contrario, que cobran cada vez más interés.

Voy a intentar, señor Presidente, de acuerdo con lo que habíamos tratado
en la Mesa de la Comisión, hacer un planteamiento de carácter general,
con específicas menciones de algunas cuestiones que han sido objeto
también de tratamiento por parte del señor Ministro.

Señor Ministro, en este momento, en marzo de 1995, el asunto más
angustioso que afecta a la agricultura española es la sequía; una sequía,
que será la cuarta que sufrimos, que ha producido unas mermas importantes
en la producción final agraria de las regiones afectadas, señor Ministro,
no global española, como ha intentado, de alguna forma, explicar a la
hora de hacer el análisis de la misma.

Organizaciones no gubernamentales, organizaciones agrarias han coincidido
en que la sequía de los años 1992, 1993 y 1994 han producido en las
comarcas en donde se ha repetido, desgraciadamente, este fenómeno daños
superiores a 870.000 millones de pesetas y que, por tanto, han generado
una pérdida de rentas no basada en precisos especulativos de mercado,
sino a precios de intervención de los productos no obtenidos: 870.000
millones de pesetas. Y las medidas paliativas aprobadas por la
administración socialista ha supuesto, en el mejor de los casos, unas
ayudas al sector de 42.300 millones de pesetas, el 4,86 por ciento de los
daños producidos.

Podemos desglosar, año a año y ayuda por ayuda, señor Ministro, si quiere
y es necesario que conste en el «Diario de Sesiones». Tomemos, por
ejemplo, el año 1994: la exención del IBI y las jornadas teóricas, 11.000
millones de pesetas; las bonificaciones de intereses, 5.400 millones de
pesetas; las bonificaciones de intereses de ejercicios pasados, 4.130
millones de pesetas; ayudas a la ganadería extensiva, 500 millones de
pesetas. Total, 21.030 millones de pesetas para unos daños en 1994
superiores a 300.000 millones de pesetas.

No vale decir, señor Ministro, que había unas políticas comunitarias que
tienen unas ayudas directas. Digamos qué precio hubieran adquirido los
productos agrarios si no hubiera existido ese tipo de ayudas directas y
estuviéramos en el sistema anterior de 1992. Digamos esos precios y, por
tanto, habríamos estado hablando, quizás, de cereales de 28 y 30 pesetas
al agricultor y hubiéramos estado hablando de una serie de productos, por
lo que nos vale esa cuestión, señor Ministro.

Nos enfrentamos en 1995 con la sequía actual, que viene a sumarse a las
antiguas sequías y que ha dejado la situación, en cuanto a dotaciones de
agua, a sequedad de los territorios agrarios, a la capacidad de
producción, en unas circunstancias dramáticas.

Frente a esta situación, señor Ministro, usted monta una visita turística
del señor Comisario de Agricultura de la Unión Europea, cuyo recorrido y
las circunstancias que se han producido nos recordaban las imágenes del
«Bienvenido Mr. Marshall», gran película de la historia cinematográfica
española, aunque ahora, con el transcurso del tiempo, en vez de
automóviles negros, la tecnología era el helicóptero. Pero,
practicamente, el escenario era el mismo: la llegada, el saludo a la
gente y la sensación de fracaso de aquellos que habían asistido a las
reuniones.

El señor Comisario lo ha dicho taxativamente: No va a haber ayudas
directas a la agricultura y ganadería españolas con cargo a fondos
comunitarios. Es decir, que si Portugal, en 1992, obtiene un reglamento
específico para paliar los efectos de la sequía en la agricultura y
ganadería portuguesa --Reglamento 3.311--, en donde se establecen ayudas
directas (42.000 pesetas/hectárea de trigo blando, que hubiera tenido una
merma de más de 1.000 en la producción; 32.000 pesetas/hectárea de
cebada, que hubiera tenido una merma de más de 850 kilos; ayudas al
centeno, ayudas a la vaca, unidad ganadera, ayudas a la unidad de oveja o
cabra); en definitiva, si Portugal obtiene unas ayudas y, además, otro
reglamento que autoriza y ordena la movilización de cereales en posesión
de los organismos de intervención comunitarios --uno de ellos, el
español-- para atender la demanda de la ganadería, la incapacidad del
Gobierno español ha provocado que el señor Comisario nos diga que ya no
va a haber ayudas directas y, por consiguiente, que se busquen otro tipo
de ayudas porque nosotros no podemos ser tratados exactamente igual que
los portugueses. Producido el «Bienvenido Mr. Marshall», la visita, la
sensación de fracaso, aquí no se va a volver a hablar de estas ayudas
directas.

Señor Ministro, tenemos que volver a hablar de las ayudas directas de los
fondos comunitarios a la agricultura y ganadería españolas, porque por lo
actuado en los años anteriores, los 870.000 millones de pesetas de daños
producidos, paliados por 42.300 millones de pesetas, no creemos que
podamos estar en disposición de repetir en 1995.

En consecuencia, para la sequía de este año --de la que hay que hablar ya
como de las cosechas vitivinícolas-- lo primero que se tiene que hacer es
convocar la mesa de sequía. Ustedes no sé por qué están rehuyendo llamar
a las organizaciones agrarias, llamar a las comunidades autónomas, llamar
a las cooperativas y constituir la institución representativa y con
participación de intereses, que es la mesa de sequía. Nos dicen que se
debe a un asunto de representatividad de determinadas organizaciones.

Creo, señor Ministro, que sería absurdo que a estas alturas
circunstancias de representatividad y de no reconocer unas organizaciones
a otras, estuvieran parando la constitución de la mesa de la sequía.

Segundo, y no menos importante, señor Ministro. Tenemos que plantear
oficialmente ante las instituciones comunitarias que se nos apruebe un
reglamento específico para España, como el 3.311, del que en su momento
disfrutó la agricultura portuguesa. Y ese reglamento tiene que prever
elementos positivos de ayuda directa a nuestra agricultura y a nuestra
ganadería, amén de otras medidas, como no sanción por el rebasamiento de
superficies y una serie de cuestiones que competen a las instituciones
comunitarias a la hora de articular la política agraria aplicable en
España. Nuestra responsabilidad no se agota exclusivamente en la
obtención de ese urgente reglamento comunitario, sino que, además, tienen
que venir acompañadas por normas y medidas españolas que favorezcan y que
permitan enfrentarnos a la gravísima situación en la que se está
desenvolviendo la agricultura de la mitad meridional de nuestro
territorio, así como de las Islas Canarias.




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Señor Ministro, el Gobierno tiene que comprometerse a aprobar
definitivamente una ley de sequía que arbitre y ponga en marcha
automáticamente medidas nacionales en cuanto se superen objetivamente
determinados estándares o niveles que se establecieran en la ley y en su
desarrollo. No podemos estar discutiendo si las comarcas de una provincia
han alcanzado el 50 por ciento o no lo han alcanzado. Son cuestiones que
exteriorizan la vida política, la vida administrativa de los órganos que
están obligados a aplicar la política agraria.

Objetivemos las medidas a través de una ley de sequía, hablemos de los
destinos de los recursos hidráulicos, hablemos de la mejora y
perfeccionamiento de los sistemas de riego. ¿Usted recuerda, señor
Ministro, las veces que en los Presupuestos Generales del Estado mi Grupo
Parlamentario ha solicitado mayores asignaciones económicas para la
mejora, transformación y modernización de los sistemas de riego? ¿Quiere
que hagamos historia de los últimos seis o siete años de debates
presupuestarios? ¿Las veces que el Grupo Popular ha pedido más dinero en
esa partida y las veces que sistemáticamente se ha opuesto el Grupo
Socialista y ha dicho que era innecesario, que no hacía falta, que se
estaba haciendo un magnífica política de mejora y de modernización de los
regadíos y ahora resulta, señor Ministro, que tenemos regadíos en España
con un grado de efectividad del 0,2? Eso significa que cada 10 metros
cúbicos que se desembalsan solamente llegan dos a las parcelas de riego y
se pierden ocho. Y ahora todos, en un momento de sequía, estamos
acordándonos de que tenemos que realizar esas mejoras.

Señor Ministro, tras los cuatro años de sequía, tras los tres años de
aplicación de la reforma de la política agraria común, ¿en qué momentos
estamos? Estamos en que el año pasado, gracias a los «cálculos» --entre
comillas-- hechos por su Ministerio, nos han faltado 500.000 hectáreas de
secano para alcanzar la cifra máxima garantizada a España. ¡500.000
hectáreas! ¿Sabe lo que significa? 1.250.000 toneladas de cereales no
producidos, más de 10.000 millones de pesetas perdidos en ayudas
directas.

Pero, en paralelo, esos cálculos así realizados habían provocado el
establecimiento de barbechos obligatorios fuera de la realidad en
determinadas regiones, habían provocado índices de regionalización
alejados de la realidad: ese 1.250.000 toneladas que no hemos producido,
y sanciones por rebasar alguna superficie de regadío. ¡500.000 hectáreas,
señor Ministro, nos han faltado! Tengo aquí los datos de un informe de su
propio Ministerio, por si le interesa conocerlo.

Además, la superficie de siembra ya de este año nos indica que nos vamos
a quedar por debajo de esas 500.000 hectáreas. Las cifras del Ministerio
de Agricultura nos dicen que no vamos a alcanzar ni esas 500.000
hectáreas. Pero, en paralelo, tendremos sanciones y tendremos índices de
rendimientos comarcales absolutamente alejados de la realidad.

Creo, señor Ministro, que después de esta experiencia de los años de
aplicación de la sequía, etcétera, sería muy conveniente rectificar.

Aprovechando esta reflexión que se va a realizar en el seno de la Unión
Europea para celebrar el tercer año de aplicación de la reforma, es el
momento de que su Ministerio plantee seriamente las cuestiones que están
distorsionando la aplicación de la política agraria común en España,
entre ellas el que dejemos de sembrar 500.000 hectáreas de secano y que
estemos rebasando la superficie de riego en algunas comunidades
autónomas, precisamente las más pobres, señor Ministro. Están rebasando
la superficie de riego las más pobres: Andalucía, Castilla-La Mancha,
Castilla y León. Entre las tres son las responsables de rebasar la
superficie de riego. A ellas van a ir las sanciones, a los agricultores
de esas zonas, porque, además, no tenían otra alternativa, no tenían agua
y tenían que recurrir a los cultivos refugio, aquellos que se producen al
final de la temporada y que son demandantes de menos agua. Pero teníamos
las limitaciones, no sé por quién, aceptadas. Por supuesto, el Grupo
Popular jamás aceptó esas limitaciones y esas superficies y hemos dicho
aquí constantemente que estaban equivocadas. La realidad nos está dando
la razón.

Señor Ministro, en 1995, fruto de la estrategia seguida por la defensa de
nuestros intereses en el seno de la Unión Europea por parte del Gobierno
socialista, estamos ante una situación de desabastecimiento como jamás
habíamos alcanzado en 40 años. Estamos importando cereales, leche, aceite
de oliva, girasol, vino y patatas. No hay de nada. Este es el resultado
de su magnífica política agraria. Las importaciones, el desabastecimiento
y, por qué no decirlo, declaraciones inoportunas de responsables de su
Ministerio creando alarma social. No hemos alcanzado las 600 pesetas.

Tiene razón, señor Ministro: 595 pesetas las botellas de aceite de oliva
en los supermercados de Madrid. Mientras, señor Ministro, hemos tenido
una estrategia con relación al aceite de oliva que le recordaba el otro
día en el Pleno de la Cámara el Diputado del Grupo Popular por la
provincia de Córdoba, el señor Jordana. Mientras, hemos estado como
testigos, como convidados de piedra ante el diseño de la política agraria
comunitaria en el aceite de oliva.

Nos dijeron cuándo teníamos que vender las reservas del Forppa. Ustedes
no tuvieron capacidad para decir: tenemos una cosecha corta, porque las
subastas se hicieron en noviembre; no podemos sacar toda la cantidad que
nos queda --la exigua cantidad que nos queda-- de aceite de oliva. En el
Senpa no la podemos sacar de golpe. Ustedes no se movilizaron cuando
detectaron que los licitadores iban 50 pesetas/kilo por encima del precio
de licitación. Ustedes no advirtieron ninguna maniobra de acaparamiento y
de manipulación del sector y no suspendieron la licitación. Ustedes no
vieron en el Registro de la Propiedad Mercantil que una única empresa, a
través de sus filiales, estaba quedándose con más del 50 por ciento del
aceite de licitación del Senpa. Y no reaccionaron, señor Ministro. Y toda
esta operación ha permitido que alguien se haga mucho más rico gracias a
la especulación.

Por cierto, señor Ministro, ¿recuerda usted el debate que tuvimos en el
Pleno de la Cámara sobre las circunstancias que habían concurrido en el
caso de Elosúa y la asunción de esa empresa por parte de la multinacional
Ferruzzi? ¿Recuerda usted, señor Ministro, que por unanimidad



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de la Cámara, por 300 votos a favor, usted se comprometió a remitir a
esta Cámara, en el plazo máximo de 15 días, un informe sobre la
situación? El informe no ha llegado, señor Ministro. No ha llegado. (Un
señor Diputado del Grupo Popular: Ya llegará.) ¿Y sabe cuándo se aprobó
eso, señor Ministro? Se aprobó el 14 de junio. Estamos en marzo y el
mandato era de 15 días. Ustedes no han considerado oportuno cumplir un
mandato del Pleno de la Cámara que analizara qué circunstancias estaban
concurriendo en el sector y cómo iba a discurrir la presencia de una
multinacional que aglutinaba más del 50 por ciento del aceite de oliva.

No ha llegado y, por tanto, algo tendríamos que saber. Así es el grado de
cumplimiento de los mandatos de la Cámara por parte de su Ministerio.

Poco más, señor Ministro, porque creo que lo más importante está dicho:
sequía, desabastecimiento; nos marcan la política y la estrategia desde
fuera.

Finalmente, la reasignación de la reserva de leche. Usted ha pasado como
que no tiene importancia que el sector le haya demandado 1.400.000
toneladas de leche. ¿Usted sabe lo que significa eso, señor Ministro? Eso
significa infinidad, cerca de 50.000 explotaciones agrarias que quieren
supervivir, que quieren seguir siendo ganaderos, que quieren seguir
generando riqueza, que quieren producir más y que están mal calculadas
las bases que se utilizaron para el establecimiento de la cuota española.

Lo están diciendo todos los agentes sociales que están en el sector --la
industria, los sindicatos, las asociaciones de ganaderos--: «Necesitamos
más cuota.»
No podemos aceptar, señor Ministro, la situación en la que ha quedado la
ganadería española productora de leche. No podemos cruzarnos de brazos e
importar más de 1.700.000 toneladas de leche; no podemos ser los grandes
compradores, los grandes eliminadores de los excedentes comunitarios. ¿Se
ha dado usted cuenta, señor Ministro, de que la estrategia del Grupo
Socialista ha provocado que seamos 40 millones de consumidores en estos
momentos para los grandes excedentes comunitarios? Nos venden los
cereales, nos venden la leche, nos venden el vino, nos venden lo que
quieren. Somos 40 millones de consumidores y, aun así, anuncia como una
gran panacea que tiene 500 millones de pesetas para seguir matando vacas.

Eso acaba de decirnos, la gran panacea: Tengo 500 millones de pesetas más
en el presupuesto para hacer una nueva reserva nacional y que la gente
siga matando vacas. ¡Sí, señor! La creación de reserva nacional se hace a
través de sacrificio y se paga la compensación económica para el señor
que desaparece. Ese es su gran logro. Le han pedido en paralelo 1.400.000
toneladas de leche, señor Ministro, y usted no plantea ningún problema.

Simplemente se dedica a traernos al Comisario de Agricultura, a pasearlo
con los cielos españoles, a hacer 40 años después una reproducción de las
imágenes de «Bienvenido Mr. Marshall», y aquí nos hemos quedado todos muy
tranquilos y, mientras, seguiremos comprando los productos que nos
quieran vender las agriculturas al norte de la Comunidad.

No hemos hablado del vino ni de las frutas y hortalizas. Señor Ministro,
solamente quiero recordarle que hay dos mandatos parlamentarios: uno
nacional, de esta Casa. ¡Claro que si lo cumple como el mandato relativo
a que había que traer aquí un informe sobre la situación del aceite de
oliva, que ya tenía que estar aquí, lo celebraremos! Hay un mandato del
Parlamento español obligándole a hacer determinada estrategia respecto a
la reforma de la OCM del vino y, recientemente, y gracias a la
coordinación de un parlamentario del Grupo Parlamentario Popular español,
don Miguel Arias, el Parlamento Europeo se ha pronunciado también sobre
el contenido mínimo de la reforma de la OCM de frutas y hortalizas.

Supongo, señor Ministro, que cumpliendo esos dos mandatos parlamentarios,
intentaremos defender esos importantes y vitales sectores productivos. En
el resto de los sectores productivos que hemos intentado analizar, señor
Ministro, su fracaso es notorio.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir, aparte del que ha
pedido la comparecencia? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Rivadulla tiene la
palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Ministro, me voy a referir brevemente a
la ampliación de la Unión Europea.

Es cierto, como ha dicho usted, que hay un aspecto positivo, el de la
ampliación de mercados, pero no reflejaría globalmente la situación, por
las implicaciones que puede tener, obviar que con la integración de
Austria, Finlandia y Suecia el centro de gravedad de las decisiones
europeas se desplaza, una vez más, hacia el norte y que el Consejo de
Ministros, el Comité de gestión y el Parlamento Europeo pueden verse
influidos --y, además, de hecho, así va a suceder-- por la opinión y por
la postura activa o pasiva de estos tres países. Nos preocupa la
incidencia que pueda tener --me extraña que no lo haya comentado-- la
postura de estos países con respecto a la reforma de las OCM, que queda
todavía por hacer.

En el caso del vino, por ejemplo, los países nórdicos no están en
absoluto implicados y pueden tener legislaciones sobre salud o impuestos
que comporten una menor sensibilidad en la Unión Europea en relación con
esta reforma. Por otra parte, nuestras producciones a algunos les puede
parecer exóticas. Teniendo en cuenta lo que significa la agricultura para
estos tres países y si, además, son contribuyentes netos, puede ser que
no vean muy bien la necesidad de cumplir de la misma manera las reformas
que se han producido con los productos continentales. En este sentido,
quiero llamarle la atención porque hay aspectos positivos, pero
deberíamos también analizar esa otra vertiente. Esto será preocupante con
la OCM del vino. Aprovechando su presencia en esta Comisión, quiero
preguntarle y que diga públicamente si todavía está en disposición
objetiva y subjetiva de defender los planteamientos de la mesa del vino y
si en estas negociaciones que hay entre ministros en el momento actual su
postura es la que ha venido manteniendo hasta ahora y la que tiene
mandatada por parte de este Parlamento en distintas ocasiones e
iniciativas parlamentarias.




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Estimamos que éste no es el momento de entrar a analizar la reforma de
estas OCM, pero lo que está claro es que la Unión Europea intenta hacer
ahorros en aquel tipo de producciones que representarían un 3 por ciento
del ahorro, cuando resulta que en otro tipo de organizaciones se ha
experimentado un incremento brutal desde 1992 hasta 1995.

En ese sentido, señor Ministro, el Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya aprovecha su presencia para exigir
transparencia en las negociaciones que usted está llevando a cabo en
relación con la reforma de la OCM del vino y que no se dé un paso atrás
en lo que tiene mandatado por parte de este Parlamento.

Nosotros somos conscientes de que el debate sobre la sequía es mucho más
amplio que el que se pueda producir en esta Comisión de Agricultura.

Pensamos que ha habido un alto nivel de improvisación de ir gestionando
las consecuencias de la coyuntura continuamente y que el debate del Plan
Hidrológico Nacional debería estar ya planteado a nivel nacional. Las
infraestructuras de regadío, todo lo que ayude a reforzar las medidas de
ahorro y reutilización del agua, deberían ser tenidas mucho más en
consideración por su Ministerio y esperamos que se tenga en cuenta en
este programa que usted anuncia de regadíos y que parece ser que está
llevando a cabo la Secretaría de Estructuras Agrarias. En ese sentido
quisiera preguntarle qué justificación dio exactamente el Comisario
europeo para que la Unión Europea no concediera las ayudas a España que
en su momento recibió Portugal.

Nosotros pensamos que, efectivamente, se van a producir pérdidas de
ingresos, pérdidas de renta, pero nos preocupa mucho la falta de
modulación que hay en las ayudas. Usted mismo ha dicho que habrá
explotaciones cuya renta no se resienta tanto por cuanto reciben ayudas
por superficie, independientemente de la producción, pero hay
explotaciones familiares, de cultivos de horticultura, que se están
viendo afectadas por sequía y que, sin embargo, están recibiendo las
ayudas sin ningún tipo de modulación.

Es el momento de empezar a hablar de un reparto social del agua. El
Gobierno puede hacerlo a través de la normativa que se establece en la
Ley de Aguas. Por otro lado, ese reparto indiscriminado del agua, con
independencia de cómo se han visto afectadas las rentas de las distintas
explotaciones y familias que se dedican a la agricultura, nos parece
absolutamente injusto porque habrá explotaciones para las que la sequía
representará un 10 por ciento menos de los ingresos, pero habrá otras en
las que la sequía representará el cien por cien de lo que pensaban
extraer de las explotaciones en un año. Es por eso que esas dos medidas
las consideramos fundamentales: la modulación en las ayudas y, por otra
parte, que se empiece a hablar de reparto social del agua.

En relación con el aceite de oliva la verdad es que es pasmosa la
situación. Se anunció que la ayuda a la producción iba a ser neutra, se
sabía que eso podía tener una cierta incidencia y se sabía que este año
posiblemente habría una menor producción derivada de la sequía. Encuentro
una gran irresponsabilidad por parte de la Secretaria General de la
Alimentación las declaraciones que hizo en el sentido de que el precio se
podría situar en las 600 pesetas, y a los dos días en las grandes
superficies se incrementó el precio en un 140 por ciento, y en algunos
supermercados un 200 por ciento. Me parece también pasmoso que el
Gobierno no viera las maniobras especulativas que se estaban gestando y
no adoptara ninguna medida para intentar controlar la situación. Pensamos
que es peligrosísimo adoptar medidas como éstas en un momento en que el
aceite de oliva puede tener una gran salida en los mercados europeos, en
un momento en que se ha conseguido recuperar su imagen por lo benéfico
que resulta para la salud, para el colesterol, en un momento en que los
hábitos de consumo del aceite de oliva parece que se están consolidando.

Si este año se vuelven a producir estas medidas, serán realmente
perjudiciales.

En relación con la reasignación de la cuota láctea, por parte de las
organizaciones agrarias se dice que toda la normativa, que todos los
decretos han venido con mucho retraso, que se ha tenido muy poco respeto
hacia los ganaderos, porque no han podido planificar sus producciones;
que si se reasigna antes de final de la campaña podrá servir para los que
se hubieran pasado, pero que, en principio, para los que hayan ido
ajustando sus producciones a la cuota que tenían hasta ahora, este mes
que les va a quedar podrán llegar con dificultades a producir la cuota
que tenían asignada más la que se les pueda reasignar. La verdad es que,
dándole vueltas al tema, no entiendo cómo no se previó la solicitud de
trasvase de las 150.000 toneladas que había de venta directa a venta
industria, con lo cual nos hubiésemos podido ahorrar el tema de la
supertasa, que ahora se habla de que serán 29.000 toneladas y hasta ahora
eran de 50.000. Me gustaría que me dijera dónde estamos, si en las 29.000
o en las 50.000.

En relación con el tema de la ampliación de la cuota, de la misma manera
que el representante del Grupo Popular le ha recriminado --cariñosamente,
espero-- el hecho de un incumplimiento, yo también quisiera decirle que
en la Comisión de Agricultura se aprobó por unanimidad, hace unos meses,
una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno para que, una
vez que se había consolidado la ampliación de la cuota láctea a España,
se solicitase a la Unión Europea una nueva ampliación que ajustase las
cantidades de referencia a las necesidades reales de producción. Por otra
parte, que se constituyese una mesa de seguimiento y control de
aplicación del sistema de cuotas. Esto se aprobó, repito, en la Comisión
de Agricultura hace ya meses. De la misma manera, se hablaba de que se
ajustasen los contenidos de materia grasa. Quisiera preguntarle qué ha
hecho el Gobierno en relación con esa proposición no de ley, en la que se
instaba al Gobierno a que solicitase a la Unión Europea una ampliación de
las cuotas que se ajustase más a lo que estamos viendo ahora, señor
Ministro, al hecho de que, en realidad, los ganaderos están pidiendo
cuota por importe de 1.000.000 de toneladas más.

Por mi parte nada más. Espero que sea tan amable de contestar a las
preguntas concretas que le he formulado.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Vidal.




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El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Catalán (Convergència i Unió) le
agradece, señor Ministro, su comparecencia y su amplia y pedagógica, como
siempre, intervención, que nos ha permitido conocer las actuaciones de su
Ministerio, especialmente en aquellas decisiones y situaciones que son de
interés desde su última comparecencia hace poco más de cuatro meses.

Nosotros coincidimos con anteriores intervinientes en que el problema más
grave con el que nosotros, ustedes y el conjunto del país, debemos
enfrentarnos es el de la persistencia de la sequía, que afecta a buena
parte del territorio nacional, pero muy significativamente a su mitad
sur. Ya lo ha desarrollado en su intervención y lo trató también en su
anterior comparecencia, con la diferencia de que entonces se tenía la
esperanza de que las lluvias otoñales rompieran un ciclo de cuatro años
de sequía extrema. Ahora los daños ya son difícilmente recuperables y
precisan compromisos concretos, por supuesto soluciones de emergencia,
pero también otras de más envergadura, desarrollando y completando las
resoluciones adoptadas en el debate sobre el estado de la Nación.

Cabría analizar la idoneidad, la suficiencia o no de las ayudas, que se
creían coyunturales en su momento, aportadas sobre la base de créditos
bonificados, que hemos aprobado casi anualmente estos últimos cuatro
años. Para compensar los daños ciertos acumulados en períodos largos de
sequía, tal vez cabría estudiar otros procedimientos de ayudas directas,
todo lo controladas y justificadas que se exija, y que nuestro Grupo en
este momento no se atreve a cuantificar. Por supuesto que hay que
implicar en estas líneas de ayudas a la Unión Europea y a su Comisario de
Agricultura, señor Franz Fischler, que según parece ha visitado las zonas
más afectadas sin que haya comprometido en firme ninguna ayuda. Si no es
así, agradecería, señor Ministro, que me rectificara.

Aquí tendrá, señor Ministro, todo el apoyo de nuestro Grupo Parlamentario
para conseguir de la Unión Europea un trato solidario que, al parecer, sí
se ha producido automáticamente para reparar los daños de las
inundaciones en la Europa central. Pienso, señorías, que podría ser un
error, para apoyar nuestras justas reivindicaciones de petición de ayuda
a Europa, utilizar terminología como sequía estructural o sequía
endémica, porque podría ser contraproducente y porque provocaría
desequilibrios y descensos en los actuales niveles de ayudas globales,
entre otros, a cultivos herbáceos. Otra cosa es que se utilicen estos
conceptos como argumento para justificar planificaciones hidrológicas y
trasvases como soluciones más duraderas para las zonas afectadas por la
sequía.

Nuestro Grupo, señor Ministro, no le recrimina el haber hecho
declaraciones optimistas respecto al incremento de la renta agraria en
1994 coincidiendo con la sequía que padecemos y con la necesidad de
cubrir nuestro déficit de cereales, producido por causa de la sequía, con
un descenso generalizado de la producción agraria. Los libros cantan,
como dicen en nuestra tierra, y sus cifras son reales. Efectivamente, la
renta ha crecido en un 9 por ciento respecto a 1993, y sumado al descenso
de un 2,7 por ciento de los ocupados agrarios, da un incremento de renta
percibido por los agricultores de un 12 por ciento. Sin embargo, el hecho
de que el incremento de la renta sea debido en buena parte al aumento de
las subvenciones procedentes de la Unión Europea, por devaluación de la
peseta respecto al ecu, y teniendo en cuenta que a pesar de este
incremento de renta no disminuye el endeudamiento del sector, que
acumulado en los últimos cinco años se halla alrededor del 35 por ciento,
tranquiliza muy poco respecto al futuro del sector agrario de prolongarse
esta situación.

Lo importante sería conocer si el señor Ministro considera que la cifra
de 1.050.000 ocupados agrarios es suficiente para que el sector realice
aquella doble función de equilibrio territorial, del mundo rural y de la
agricultura competitiva en parámetros europeos, en la que todos los
grupos de esta Cámara coincidimos. Entendemos que, precisamente, para que
se garantice esta doble función el Congreso está inmerso en una gran
actividad legislativa para establecer un marco fiscal y legislativo que
corrija déficit estructurales. Estamos tramitando la ley de modernización
de explotaciones agrarias, en la que esperamos llegar a un amplio
consenso, y se ha aprobado la de interprofesionales recientemente.

Respecto a esta última no basta, a nuestro juicio, la ley. Creemos que
debe ser impulsada, desde el desarrollo reglamentario, la constitución de
las citadas interprofesionales, para lo que me permito urgirle, señor
Ministro, porque observo sectores tan sensibles, como el de la leche, que
usted ha citado, en el que continúan enfrentados los sectores
industriales y los de la producción. Queda pendiente la solución de la
representatividad para integrarse en las interprofesionales, sin la que
éstas dejarían de realizar la función que todos esperamos de que sus
acuerdos sirvan para hacer el conjunto de sectores de la agricultura más
competitivo.

Respecto al sector de la leche, señor Ministro, conoce usted la
preocupación de nuestro Grupo por saber cómo se hará efectivo el reparto
de la reserva nacional. Los criterios y prioridades están establecidos,
pero estamos a la espera de sus resultados reales, que usted se ha
comprometido a comunicar durante el presente mes de marzo. Las zonas que
han realizado un gran esfuerzo en la retirada definitiva de la producción
lechera son especialmente sensibles este reparto de la reserva de la
cuota nacional. A este respecto, le recuerdo el compromiso reiterado del
Ministerio por su predecesor, señor Albero, y por usted mismo, de
efectuar este reparto al menos en un 30 por ciento del total, en función
de las aportaciones de las retiradas de cada una de las comunidades
autónomas. Por otra parte, habiéndose confirmado la puesta en marcha de
un nuevo plan de abandono de 50.000 toneladas de leche, le pregunto si
usted descarta que esto podría de alguna forma interferir en el proceso
en que está inmerso el sector productor de leche y si este plan significa
también que el Ministerio descarta seguir insistiendo en la petición a la
Unión Europea de un nuevo complemento de cuota nacional, especialmente
cuando los excedentes europeos de leche en polvo y mantequilla se está
demostrando que están en este momento bajo mínimos, y mientras el nuevo
gran mercado potencial, el de los países del Este, de consumo de leche
haría que España pudiera alcanzar un equilibrio producción-consumo



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que no perjudicaría en nada la política europea del sector; se trataría
de que la Unión Europea cediera la cuota nacional que nos negó durante la
negociación del tratado de adhesión.

Conectando con la sequía, permítame que le manifieste nuestra
preocupación por el tema de los incendios forestales, porque el período
de máximo riesgo podría adelantarse unos meses y hemos tenido noticia de
las previsiones de Icona. Los fondos que se prevén, sumados a los 9.000
millones de los fondos de cohesión, nos parecerían correctos, pero que
tal como todos aceptamos en el debate del pasado verano, siempre hemos
reconocido que serán insuficientes los medios que se destinen para la
extinción. A este respecto le recuerdo su compromiso y en aquel momento
también del Ministro de Defensa, compareciente en esta Comisión, de
estudiar una sugerencia de este Grupo Parlamentario en el sentido de
aprovechar el material del Ejército del Aire previamente adaptado para
actuar en la lucha contra los incendios forestales.

Permítame, señor Ministro, que haga una referencia al sector de frutas,
especialmente de manzanas y peras, en el sentido de trasladarle su
preocupación ante los rumores de importaciones de terceros países, que se
juzgan desde todas las ópticas innecesarios y contraproducentes, puesto
que se ha logrado la suficiencia en el abastecimiento del mercado con
equilibrio de producción y precios y con reservas suficientes para
finalizar la presente campaña en condiciones satisfactorias. ¿Puede
hacernos usted alguna valoración al respecto?
Referente al capítulo autonómico, quiero agradecerle el esfuerzo y la
decisión con que va cumpliendo con las transferencias previstas, no
solamente de aquellas puramente administrativas y de gestión
descentralizada, sino también en aquellas que permitirán a las
comunidades autonómicas realizar una política agraria propia, acorde con
sus especificidades agrarias. Quedan, no obstante, pendientes algunas
resoluciones de su Ministerio que son esperadas desde hace tiempo y que
tienen congeladas normativas de las comunidades autónomas para
desarrollarlas. A título de ejemplo le citaré el decreto de
transferencias del Servicio Nacional de Productos Agrarios para la
gestión de las ayudas, la inspección y el control de éstas, la
intervención de los mercados ganaderos y la delimitación de las
competencias entre las de las comunidades autónomas y las que se reserva
la Administración central.

Voy a finalizar con lo que pudiera parecer un tema menor, aunque sólo lo
es porque no significa ningún coste a su Ministerio, pero sí que en
determinadas zonas tiene una importancia grande, según como se mire, en
el conjunto de la política agraria del país. Quiero recordarle que han
sido transferidas desde hace tiempo las competencias en producción y
sanidad animal, pero dentro de este amplio apartado hay aspectos como los
libros genealógicos, el registro de productores de diferentes especies y
razas, lo que se reguló en 1992, así como el reconocimiento de las
asociaciones de criadores. Pero falta regular la normativa de las razas
caninas, que crea conflictos en estos momentos entre asociaciones e
impide la regulación final por parte de las comunidades autónomas. El
Ministerio conoce esta problemática y por ello le hago la siguiente
pregunta. ¿Cuándo se va a efectuar la publicación de esta normativa para
el libro genealógico de las razas caninas?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, por el
Grupo Vasco.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Queríamos agradecer al señor Ministro
la explicación generalizada que sobre cada uno de los ámbitos planteados
por el Grupo Popular ha expuesto.

Queríamos empezar manifestando que apreciamos que tenemos una valoración
semejante en lo que se refiere al ámbito de la ampliación de la Unión
Europea con los países nórdicos. Nos parece que puede ser positivo, sin
perjuicio de que haya flujos, bien en el ámbito de la importación, bien
en el de la exportación, diferentes entre la agricultura española y la de
estos países nórdicos.

Señor Presidente, coincido con una afirmación que se ha realizado por
parte del señor Ministro de que en este momento, quizá más que la
determinación de los precios y la política del país, lo importante es la
política que se va a llevar a cabo en relación con la reforma de
organizaciones comunes de mercado pendientes. Ese es el tema importante.

Está pendiente el tema de la organización común de mercado de frutas y
hortalizas, pero sí quería incidir sobre esta cuestión --y enlazo con lo
que los otros portavoces han dicho-- para que en la medida de lo posible
se nos informara sobre el estado actual de la propuesta sobre la puesta
en marcha de los posibles fondos de operaciones con una capacidad de
retirada a un 20 por ciento de producción, que está circulando por ahí,
sobre la influencia que esta nueva organización común de mercado va a
tener en cuanto a la normalización que sirva de marco de referencia a las
frutas y hortalizas, el ámbito de acción o de libertad que va a tener la
industria transformadora, tendiendo, por lo que se prevé, a limitar y
eliminar contingentaciones y creando un marco específico para la
industria. Por ello, desde la agricultura española creo que también
debemos defender la salvaguarda y la especificidad del principio de
preferencia comunitaria. Creo que he tenido información de que se está
incidiendo por parte de otros países en este tema y sobre el cálculo de
la determinación del precio de entrada de referencia para los productores
hortofrutícolas. Juntamente con ello, señor Ministro, nos encontramos con
que en España hay poca cultura de organizaciones de productores. Por ello
le planteo las políticas a seguir, las medidas a llevar a cabo para este
impulso de las organizaciones de productores. Se ha aprobado la ley de
organizaciones interprofesionales agroalimentarias, que es importante y
que puede dar un impulso, una mayor fuerza a la política que se está
realizando por parte del Ministerio en materia de ordenación del sector
económico agrario.

También quería que me informara sobre la existencia de una controversia
sobre la obligatoriedad en cuanto a la financiación de los fondos de
operaciones de las organizaciones comunes de mercado en el ámbito
hortofrutícola, y de cómo va a ser esa financiación. ¿Va a ser
exclusivamente



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el Feoga o va a ser también, como se plantea con el tema del vino, por
una parte financiación de la Unión Europea y por otra financiación por
las autoridades de las administraciones de cada uno de los Estados en
materia agrícola o en su caso regionales. Quería que incidiera sobre esa
cuestión.

Me gustaría referirme a otra organización común de mercado pendiente a la
que creo que no ha hecho referencia, que es la relativa al azúcar. Creo
que logramos un consenso importante cuando se aprobó una proposición no
de ley en la Cámara, en la medida en que vamos a defender la existencia
de cuotas de producción estatales, a diferencia de una cuota de
producción de carácter europeo que, en definitiva, estaría liberalizando
el mercado y que al final pudiera suponer la asignación de la cuota al
mejor postor, en vez de intentar proteger y tutelar de alguna manera una
agricultura con un carácter que tienda a tener un margen tuitivo del
pequeño agricultor español. Creo que aquí tenemos un nivel elevado de
consenso y me gustaría conocer por parte del señor Ministro el estado de
la cuestión y cómo está en la Unión Europea.

Hacía referencia usted, cuando hablaba de las oleaginosas, a la reducción
del ámbito del cultivo, al ámbito de tierras susceptibles de plantaciones
de oleaginosas a 5.200.000 hectáreas. Efectivamente es así, y yo quisiera
preguntar al señor Ministro sobre lo siguiente. Creo que el Ministerio de
Agricultura tiene sintonía con ello, pero vemos que en el Gobierno quizá
haya una cierta descoordinación con el fomento de cultivos agrarios con
una finalidad industrial. Esta Cámara aprobó por unanimidad de los grupos
parlamentarios el fomento de cultivos agrarios con una finalidad
industrial, porque ello permite que los agricultores españoles,
juntamente con el cumplimiento de la política agraria comunitaria de
retirada de tierras, del set aside, puedan complementar las ayudas que se
dan con el cultivo que vaya no a una finalidad alimentaria, de posible
origen de excedentes en el mercado alimentario, sino a una finalidad
industrial. Ahí lo que hace falta, y me consta que en el Ministerio hay
conciencia de ello, es impulsar una modificación de la Ley de impuestos
especiales, dirigida a otorgar una bonificación a aquellos biocarburantes
de origen agrícola. Se va a cumplir el próximo mes de mayo un año desde
que se aprobó en la Cámara, el compromiso del Gobierno, y ahí consta la
resolución parlamentaria aprobada por el Pleno, es el proceder de oficio
a una modificación de la Ley de impuestos especiales respecto a los
cultivos agrícolas, siempre que no haya habido una armonización, tal como
era el proyecto de la Comisaría de la Fiscalidad cuando estaba la señora
Scrivener, con la aprobación de esa directiva. Entiendo, y usted me
corregirá si estoy equivocado, que esa directiva no se ha aprobado y, por
tanto, estamos en trance de cumplir el año y de que el Gobierno inicie,
de oficio, el mecanismo, en base a la directiva, de solicitar
autorización y a través de silencio administrativo que se autorice para
fomentar el cultivo de productos agrícolas con una finalidad industrial.

Por ello, me gustaría conocer, señor Ministro, el estado de la cuestión
en este momento por parte del Gobierno y las posibilidades de proceder a
esa modificación presentando un texto en la Cámara.

Usted también hacía referencia, tangencialmente, al tema del compromiso
que se adoptó, creo que en junio del año pasado, de la puesta en marcha
de una organización común de mercado respecto a la patata. También quiero
recordarle que hay una iniciativa, aprobada por unanimidad en esta
Cámara, donde se instaba al Gobierno a la defensa de tal cuestión.

Efectivamente, se han realizado gestiones al respecto y sabe usted, señor
Ministro, que la patata es uno de los productos agrícolas con una demanda
más inelástica, especialmente en los tramos de precios bajos, debido a
que el consumo no responde favorablemente al descenso de sus precios. En
definitiva, y diciéndolo de forma más clara: el consumidor español no
deja de consumir patatas, independientemente de que el precio sea más
bajo o más alto. De hecho en estos momentos yo he podido constatar como
consumidor de patatas que incluso nos encontramos con precios superiores
a 100 pesetas. Por ello, señor Ministro, visto el avance y el desarrollo
que la agricultura de la patata tiene Holanda, es necesario tender hacia
un sistema de cuotas de producción regionalizables. Yo creo que éste es
un planteamiento sensato, como el que se ha defendido en el tema de la
leche y del azúcar, y quisiera conocer en qué situación se encuentra la
cuestión. Anteriormente se manifestó en otros debates que había una
posición contraria por parte de otros países nórdicos y me gustaría que
me informara sobre esta negociación política de la puesta en marcha de
una OCM, pero una OCM verdaderamente reguladora, no una OCM muy light que
fuera únicamente a establecer mecanismos de normalización.

Señor Ministro, por último, me referiré a la situación de la agricultura
de montaña. Vista la aplicación durante estos años de la reforma de la
política agrícola comunitaria, me pregunto si no es necesaria una
modificación o, entre comillas, «una reforma de la reforma». Desde el
Grupo Parlamentario Vasco haríamos las siguientes reflexiones. Se está
constatando como una aplicación compleja y pesada la reforma de la
política agraria comunitaria. Siendo el objetivo de la nueva normativa de
la PAC garantizar la eficacia y la equidad del apoyo institucional,
estimamos que es preciso introducir más libertad de administración y
gestión para cada uno de los Estados. Las modalidades de gestión de los
derechos de prima deben evolucionar en el marco de los montantes y
límites individuales fijados para una mayor flexibilidad, y los planes de
regionalización de los pagos compensatorios a los cultivos herbáceos
deben concebirse desde una mayor responsabilidad por parte de cada uno de
los Estados miembros a nivel territorial, de forma que procedería un
acuerdo con su organización correspondiente que tuviera en cuenta las
especificidades agronómicas y regionales de cada uno de los Estados
miembros.

Por ello, nosotros le plantearíamos, señor Ministro, las siguientes
cuestiones. En primer lugar, hay que caminar, en la medida de lo posible,
hacia una simplificación de la normativa europea sustituyendo las
detalladas condiciones actuales de los reglamentos por unas directrices
más generales. En segundo lugar, hay que hacer una regionalización de los
pagos compensatorios y las cuotas de producción en base a programas
elaborados a nivel regional, de carácter plurianual y plurisectorial,
aprobados por el Comité europeo



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específico en cada una de las materias. En tercer lugar, que los pagos
compensatorios y los niveles de producción, previstos dentro de cada
programa regional, se condicionaran dentro de las directrices europeas en
base a principios de política agraria en la medida de lo posible de cada
región. Y, en último lugar, y con ello finalizo, señor Presidente, hay
que tender a la creación de una reserva europea de cuotas de pagos
compensatorios y producción que tuviera en cuenta la posición específica
de las zonas desfavorecidas y de agricultura de montaña. Me gustaría
conocer una valoración, ahora o con posterioridad, sobre tales cuestiones
que atañen a la agricultura española.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.




El señor MARDONES SEVILLA: Yo al señor Ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en primer lugar, quiero agradecerle la información que nos
ha dado en su comparecencia en la Cámara. Con los aspectos específicos
que plantea mi Grupo Parlamentario, circunscritos al área de las
producciones agrarias del Archipiélago Canario, no voy a molestar en la
Comisión al señor Ministro, dada la especificidad de nuestro libro. Pero
sí quiero comenzar reconociendo al Ministro y a su Departamento la
generosa posición que ha adoptado a finales del año pasado y primeros de
éste en la comisión bilateral Gobierno central-Gobierno autónomo de
Canarias para las transferencias que quedaban pendientes de su
Departamento al ámbito del Gobierno de Canarias y, concretamente, de la
Consejería de Agricultura. Prácticamente el Departamento de Agricultura
tiene transferido a nuestro Gobierno autónomo el mayor bloque posible de
competencias. Por eso, yo quiero expresarle aquí, señor Ministro, el
reconocimiento en nombre de Coalición Canaria con nuestra gratitud.

En segundo lugar, no voy a entrar en el tema del tomate porque lo
compartimos con otros comparecientes, pero dado que esta preocupación
frente al tomate marroquí se comparte también con otros grupos políticos
y que las producciones canarias sufren los mismos avatares, con mayor o
menor cuantificación por su producción, que las de Almería, Murcia,
Alicante, etcétera, sí quiero pedirle, señor Ministro, porque
prácticamente el Departamento de Agricultura se va a transformar para la
agricultura de Canarias en nuestro abogado defensor ante las insistencias
comunitarias, y también frente a las instancias de sus colegas, señor
Borrell, en el Ministerio de Transporte, con el tema de la subvención al
transporte de mercancías, y el señor Gómez-Navarro, en el Ministerio de
Comercio, con el tema del régimen específico de abastecimiento de
Canarias.

Quiero pedirle su máximo apoyo, señor Ministro, tanto en la regulación
del contencioso planteado en este momento con las autorizaciones del
régimen específico de abastecimientos, sobre todo en lo que es cuestión
primordial, que son los productos agroalimentarios, que entran de
importación en el Archipiélago Canario, como también, señor Ministro, en
el tema recurrente que, según las noticias que tenemos en las últimas
semanas, nos vuelve a llenar de preocupación, por la posición de los
países productores de plátano del Caribe, del área dólar, impulsados
también por multinacionales norteamericanas, para seguir, erre que erre,
a través de la cabeza de puente alemana, tratando de presionar para que
la Unión Europea flexibilice --como ellos dicen-- las contingentaciones
actuales. Como el tema de las licencias de importación de plátanos está
también en el área del Ministerio de Comercio, quiero pedirle aquí su
apoyo, señor Ministro, que además fue fehaciente en su última visita al
Archipiélago Canario, que fue muy positiva y clarificadora al menos de la
posición de su Departamento, que es al que nosotros recurrimos, para que
se mantengan los acuerdos que se tomaron con respecto al mercado
comunitario del plátano procedente del área dólar. Pero como precisamente
estamos en un momento de recalentamiento de este problema, al estar el
marco alemán en los valores en que está como divisa especulativa, frente
al descenso del valor dólar, esto puede llegar a agravar más las
tensiones y presiones del mercado comunitario de demanda de plátano del
área dolar, sobre todo con la facilidad que tendría ahora el marco alemán
para adquirir estas importaciones. Como el tema de la OCM del plátano el
Gobierno canario, como usted bien conoce a través del Consejero, lo
mantiene y está desarrollando la política concordante con los criterios
generales de política agraria española entre su Departamento y la
Consejería de Agricultura, solamente me cabe volver a recabar su apoyo,
señor Ministro, para que se mantenga el marco en que se definió la
política de protección al plátano procedente de Canarias y producido
allí.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Señor Ministro, como sabe, este debate de hoy
es entre los grupos y el compareciente, es decir, entre los grupos y
usted. No es un debate entre grupos. Lo que ocurre es que no puedo evitar
oír a los demás grupos. Y le voy a explicar a usted, no a los demás
grupos, alguna cosa porque el debate lo voy a tener con usted.




El señor PRESIDENTE: Señor Torres, el debate es con el señor Ministro.




El señor TORRES SAHUQUILLO: El debate lo voy a tener con el Ministro,
señor Presidente, y le voy a explicar alguna cosa.

Llevo casi nueve años en esta Comisión (El señor Madero Jarabo: Tres
trienios)... Efectivamente, ya casi tres trienios. He conocido cuatro
Ministros de Agricultura del Gobierno socialista en esta Comisión. En
todas las ocasiones, sin ninguna excepción, ha habido un grupo
parlamentario que ha anunciado grandes catástrofes para la agricultura,
la ganadería, la pesca, y las ha anunciado con todos los Ministros.

Debo reconocer que al principio de llegar aquí alguna vez me produjo
preocupación y dije: A ver cuándo llega la



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catástrofe. Han pasado nueve años y no he visto ninguna catástrofe. Qué
le vamos a hacer, señor Atienza, sigue siendo un mal Ministro para ese
Grupo. Pero, no se preocupe, todos los que vengan detrás, si son del
mismo signo político que lo es usted, lo serán igualmente. Por eso, no se
alarme. Aunque me imagino que ya tiene experiencia suficiente de las
cosas que oye. Porque cuando se hacen las cosas, se hacen mal, y cuando
no se hacen, se hacen mal porque no se hacen. Trae usted aquí al
Comisario de Agricultura de la Comunidad Europea, y cuando no lo trae le
dicen que tienen que venir los comisarios a España a ver «in situ» qué es
lo que pasa, que no vienen, que el Gobierno no se preocupa. Porque no es
usted sólo, es el Gobierno entero el que lo hace mal para este Grupo,
para el Grupo al que me estoy refiriendo. Y cuando lo trae, dice que lo
trae de visita turística y que le recuerda a la película de míster
Marshal. Y se me ha ocurrido decir que las intervenciones que hace el
Grupo Parlamentario Popular me recuerdan la película de la invasión de la
marabunta, porque parece que vamos a ser invadidos permanentemente y
nunca ocurre.

Hizo bien en traer al Comisario de Agricultura, creo que hizo bien en
llevarle a las zonas más sensibles afectadas por la sequía y creo que
debe seguir haciéndolo en el futuro, porque no hay mejor conocimiento de
los problemas reales de la gente que las visitas adonde esa gente vive y
adonde esa gente tiene problemas. Por tanto, confío que será positiva la
visita del comisario.

Es muy difícil el tema del agua en este país. Yo me atrevo a preguntar:
¿es posible un gran acuerdo sobre el agua en España? La respuesta que me
doy a mí mismo es que, al menos, es muy difícil. ¿Y sabe por qué, entre
otras cosas, es muy difícil? Porque hay partidos políticos que dicen una
cosa en Zaragoza y otra en Valencia, por ejemplo. En el fondo, el
problema es así. Es muy difícil porque hay quien dice aquí una cosa, en
Zamora otra, en Málaga otra y en León otra bien distinta. Así es muy
difícil llegar a un pacto, y nos hace falta. (El señor Gayarre Bermejo:
Díselo al Presidente.) Es verdad que la sequía nos está castigando
duramente, y es verdad que entre todos tendremos que poner medidas para
conseguir un ahorro importante de agua, sin que eso signifique, sino todo
lo contrario, ningún problema para la agricultura o para la ganadería.

Digo eso porque en la última campaña electoral de 1993, el Partido
Popular se manifiesta en Zaragoza públicamente en contra de los trasvases
del Ebro y, al día siguiente --no esperaron ni veinticuatro horas--, en
Valencia dicen públicamente: Si ganamos, trasvasaremos más de 4.000
hectómetros cúbicos del Ebro a Valencia. Así no es posible. (El señor
Gayarre Bermejo: Os copian a vosotros.) Nos tenemos que poner de acuerdo
y procurar decir lo mismo en todos los sitios, porque si no es imposible.

Entrando en la cuestión, señor Ministro, vistas las intervenciones, los
demás grupos también le plantean problemas, le hacen preguntas, le
plantean inquietudes, dan su opinión sobre las cosas, lo hacen con
bastante moderación, inquietos, como todos los grupos, por las cosas que
a ellos les preocupan, pero no es el estilo de este grupo del que le
estoy hablando. Es bueno que los grupos parlamentarios expongan cuáles
son sus preocupaciones y que le digan al Ministro de Agricultura, aunque
a los tres antecesores suyos no les haya tocado --a lo mejor usted tiene
suerte un día y le toca--, lo que les parece que hace bien. Señor
Ministro, nos parece que esto está bien, pero que esto otro no nos gusta.

En ese debate sí se puede entrar y se pueden valorar las cosas.

Hay algunas cifras que, quizá porque su intervención era sobre cinco
puntos, no ha podido dar o no ha querido dar en la primera intervención.

Me parece que es importante que se tengan en cuenta a la hora de hablar
de la sequía, porque es el tema fundamental de estas comparecencias de
hoy y al que voy a dedicar un poco más de tiempo, aunque intentaré ser
breve.

Con el Decreto 6/1994 voy a hablar de lo que supone las ayudas reales a
la agricultura en el trienio 1992-94. En el artículo 2 del Decreto-ley,
el que habla de las obras para la construcción de puntos de suministro de
agua a la ganadería extensiva, se han invertido 2.200 millones de
pesetas, algunos todavía pendientes de invertir. (El señor Gayarre
Bermejo: Eso no sirve para nada.) En la moratoria en el pago de la tarifa
de utilización del agua y del canon de regulación, es decir de riego,
correspondiente a 1994, supone 5.300 millones de pesetas de minoración de
gastos a los agricultores, pero es que en el trienio son 13.682. En las
condonaciones del IBI y de las cuotas de las jornadas teóricas de la
Seguridad Social, en el conjunto de los tres años son 33.322 millones de
pesetas los que se evitan de gastos a los agricultores. En los créditos
bonificados se han solicitado un total de 89.000 millones,
aproximadamente. Quiero recordar que los tipos de interés que se ofrecen
son del 3,75 o del 3,65, en función de que se sea agricultor a título
principal o de qué comunidad autónoma se sea. En las ayudas directas de
la PAC, el 70 por ciento del total de los tres años han ido precisamente
a las regiones que han tenido sequía. En total en los tres años, 925.000
millones de pesetas.

Estas cosas cuando se desconocen o cuando se quieren desconocer lo que
pasa es que no se quiere hablar de la realidad. Se quiere hablar de lo
que uno cree que puede desgastar más al contrario, pero no de la
realidad, porque si hablamos de la realidad tendremos que tener en cuenta
lo siguiente. Siempre hemos estado preocupados como grupo de hablar más
de rentas que de ingresos. Usted ha hecho bien en decirlo hoy porque es
la primera vez, quiero recordar, que un compareciente lo dice. Nosotros
siempre hemos tenido mucho interés en hablar de rentas agrarias porque
son las que nos preocupan, son las que posibilitan que los agricultores y
los ganaderos puedan subsistir o no. No tanto los ingresos, sino las
rentas agrarias es lo que nos interesa. Cuando hemos hablado, por
ejemplo, de seguros agrarios siempre lo hemos hecho de las rentas
agrarias y ahora también. Por tanto, la conclusión a la que hay que
llegar es que las rentas, no los ingresos, en las comarcas con mayores
problemas de sequía, que lo son y no los podemos ni queremos ignorar, las
rentas agrarias no se han visto sensiblemente disminuidas gracias a las
medidas que se han tomado por el Gobierno, por el Ministro de
Agricultura, este señor que está aquí que, según ustedes, lo hacen



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tan mal. (El señor Gayarre Bermejo: Eso no es verdad.) El Ministro lo
puede decir...




El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Torres. Creo que la misión del
Presidente es moderar el debate e intervenir lo menos posible. Intento no
hacerlo en ningún caso, pero ruego a los señores Diputados que faciliten
esta tarea del Presidente no forzando a que intervenga para llamarles al
orden.

Continúe, señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Gracias, señor Presidente.

Lo que quiero decir es que el Gobierno, y en concreto el Ministro de
Agricultura, se ha tomado bastante en serio el problema de la sequía, no
sólo en el año 1994, sino en los anteriores en 1992 y también en 1993.

Yo espero que al final ustedes, señor Atienza, sepan rezar mejor, porque
la verdad es que eso parece que lo hacen ustedes muy mal, y al final,
sabiendo rezar mejor, tengamos agua, llueva. Yo no sé qué pueden hacer
ustedes, pero hagan ustedes un cursillo acelerado a ver si conseguimos al
menos que llueva esta primavera. Si llueve esta primavera muchos
problemas se habrán podido paliar en parte y otros no porque vienen de
atrás, pero, evidentemente, si llueve esta primavera, quizá en la próxima
cosecha las cosas nos vayan mejor.

Si no es así, yo le insto, señor Atienza, en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista, a que sigan ustedes tomando medidas como las
que están tomando en pro del sector agrario, y, naturalmente, si fuera
más grave todavía la situación de la que lo es hoy, mi Grupo estaría
siempre dispuesto y abierto a tomar mayores medidas, más importantes o de
otro tipo, de tal manera que al final los productores agrarios no se
vieran en graves dificultades, porque de eso se trata. Así que veamos si
tenemos todos más suerte y llueve.

En cualquier caso, señor Ministro, yo lo que le quiero decir es que siga
usted trabajando como lo hace, y no se preocupe de que le digan que no
viene mucho a la Comisión, porque los que dicen eso también olvidan que
está usted todas las semanas en el Pleno de esta misma casa, del
Congreso; que acude usted con frecuencia a la Comisión Mixta de las
Comunidades Europeas, que habla de temas agrarios, ganaderos, pesqueros,
y que acude usted también al Senado, que, por cierto, no sé si se olvidan
SS. SS. de que es una Cámara de representación que junto con el Congreso
forma las Cortes Generales de este país, a las que usted tiene obligación
de acudir, y acude.

En la visita que hizo el Comisario de Agricultura se comprometió a
establecer programas de ayudas para la mejora de regadíos y para el
ahorro del agua. A mí me parece que es muy importante eso, y en un debate
que tuvimos no hace mucho también lo recalqué. Yo creo que es muy
importante, señor Ministro, conseguir ahorros reales, de verdad, ahorros
de agua. Para eso hacen falta inversiones; es necesario dinero, pero,
fíjese, no el que proponen algunos grupos en los Presupuestos, porque son
falsos, porque no existen esos dineros, sino dineros de verdad.

Yo oí en las declaraciones que hizo el Comisario que ese compromiso se lo
llevaba a Bruselas. Yo espero que ese compromiso lo cumpla, estoy seguro
que usted lo va a defender, y espero, por tanto, ver pronto programas de
mejora de regadíos y de ahorro del agua.

Terminando, señor Ministro, respecto al tema de la leche, al Grupo
Parlamentario Socialista le parece que siendo ésta la primera campaña en
la que se ha implantado la tasa suplementaria, al menos por los datos que
tenemos, nos parece que este asunto ha funcionado bastante bien, que está
funcionando bastante bien, y no está creando los problemas que los
agoreros de siempre decían que iban a crear, porque estos debates han
sido mucho más recientes. Parece que la implantación de la tasa
suplementaria en el sector lechero iba a crear todos los problemas del
mundo. A la vista de los resultados, no es así; los ganaderos que van a
tener que pagar realmente una tasa van a ser menos del 1 por ciento del
total de ganaderos que han declarado entregas de leche. Por tanto, a mí
me parece que está bien, siendo, repito, el primer año que se produce.

Terminando, señor Ministro (porque creo que es usted quien debe dar más
explicaciones a los grupos sobre las preguntas que le han hecho), yo
quería preguntarle, porque le confieso que no sé si usted lo ha dicho o
no en su intervención, por el tema de la OCM de la patata. También es una
vieja aspiración de este Parlamento. Hay acuerdos al respecto, como usted
sabe; también conoce mi Grupo y conozco yo personalmente que el Gobierno
ha hecho gestiones en la Comunidad Económica Europea, y parece, por las
informaciones que tenemos, que es posible que haya pronto un informe o
algo que haga posible una OCM de la patata. Yo se lo pregunto porque
realmente le confieso que en esto no tengo toda la información. Me
gustaría que nos ampliara algo sobre el asunto.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las informaciones y preguntas
formuladas, tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Quiero, en primer lugar, hacer una referencia al comentario del señor
Ramírez en cuanto al informe prometido sobre la empresa Elosúa. Tengo
conmigo la remisión que se realizó del informe el 14 de julio a la
Secretaría General de Relaciones con las Cortes. Por tanto, descontando
que desde el mes de julio se lo haya dejado usted en el casillero o que
alguien se lo haya cogido de él, es necesario hacer un seguimiento de
cuál ha sido el proceso que ha tenido el informe y por el cual no ha
llegado a S. S., pero tengo constancia de que el informe se ha remitido
por lo menos a la Secretaría General de Relaciones con las Cortes.

Desconozco si ha tenido entrada en la Cámara.

Sí que me gustaría entrar de lleno en el tema de la sequía, para ver si
de una vez ya empezamos a manejar las cifras con un cierto rigor.

Son absolutamente falsas las cifras que ha manejado sobre la pérdida de
ingresos, mucho menos la pérdida de rentas, como consecuencia de la
sequía a lo largo de los últimos



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años. Solamente le voy a dar algunos datos. Podríamos hablar en términos
de producción final agraria y de regiones más afectadas a lo largo de
estos años por la sequía en Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha,
Murcia y la Comunidad Valenciana, por citar solamente las zonas que en el
año 1994 han tenido una sequía más intensa.

La producción final agraria ascendió a un billón 850.000 millones de
pesetas en este año. Si lo comparamos con el año 1991, que fue de un
billón 849.000 millones de pesetas, mil millones de pesetas menos,
cogiendo el año 1991 como año previo a los años de sequía y el año 1994.

Pero eso en términos de producción final agraria, porque es cierto que
desde entonces se ha producido un incremento de las ayudas directas de
tal envergadura que distorsionan completamente la comparación de las
producciones finales agrarias del año 1991 y del año 1994, porque en
general las ayudas directas tendían a compensar una reducción de los
precios. Pero para hacerlo en términos de renta agraria, comparando la
renta agraria, y para no cometer el error de utilizar un año de
referencia que puede haber sido anómalo, cogiendo el trienio 1989-1991,
cogiendo la media de ese trienio y comparándolo con la renta agraria de
esas comunidades autónomas en 1994, que es el tercer año de sequía y, por
tanto, con una influencia en la renta agraria de esas comunidades
autónomas notable, observamos que para Andalucía la renta agraria 1994
sobre la renta media del trienio 1989-1991 ha aumentado, en pesetas
corrientes, un 36,2 por ciento, que deflactada, quitándole la inflación,
en términos reales, ha aumentado un 14,7 por ciento; en Castilla-La
Mancha, la renta agraria ha aumentado un 53,3 por ciento en 1994, repito,
sobre el trienio 1989-1991, antes del ciclo de sequía; si descontamos la
inflación ha aumentado un 31,8 por ciento; y para Extremadura, que son
las tres comunidades más afectadas por la sequía, la renta agraria ha
aumentado en ese período un 57,5 por ciento (no por ocupado; estoy
hablando de la renta agraria total, para que nadie se llame a engaño,
porque, si lo hacemos por ocupado, las cifras serían mucho más altas como
consecuencia de la disminución de la población ocupada en agricultura),
que deflactado, descontada la inflación, significa un incremento real del
36 por ciento.

Eso no quiere decir que no se haya producido un efecto de la sequía en
términos de actividad agraria, en términos de producción en volumen.

Solamente el año 1994 con respecto a 1993 ha disminuido, para el conjunto
de España, un 4,3 por ciento; para estas comunidades autónomas a las que
me estoy refiriendo, más. Indudablemente, no quiero en absoluto
menospreciar el impacto que esa disminución en volumen tiene sobre las
actividades de transformación y de comercialización de esas producciones.

Pero lo que sí quiero decir es que nunca en la historia de la agricultura
española ésta ha contado con tantos mecanismos de apoyo para paliar una
sequía de esta intensidad como en este año 1994, nunca en la historia y
que está muy en relación con la propia reforma de la política agrícola
común que ha hecho que una parte creciente, sobre todo en estas
comunidades autónomas, de las rentas de los agricultores proviene de las
ayudas directas que no están directamente vinculadas a que sea un año
bueno o malo. Esta es la suerte que tiene en estos momentos la actividad
agraria para los cultivos reformados, que una parte muy importante de su
renta ya no depende de la evolución climatológica, sino que están
establecidas por hectárea o por cabeza de ganado. Y, efectivamente, en
estas comunidades la renta agraria procedente de las subvenciones
representa el 32 por ciento en Andalucía, el 49,3 por ciento en
Castilla-La Mancha y el 37 por ciento en Extremadura, lo que quiere decir
que tenemos que situar el impacto de la sequía sobre las rentas de los
agricultores en sus justos términos, porque si el problema es el impacto
de la sequía sobre la producción en ese caso la respuesta tiene que ser
de regulación hidráulica, de modernización de regadíos y de mejora en la
regulación hidrológica. Si la respuesta es en términos de renta de los
agricultores, nadie podrá negar que la evolución de la renta agraria de
estas comunidades autónomas que han sido las más afectadas por la sequía
se ha visto notablemente paliada, como nunca, por la evolución de los
precios y de las ayudas directas.

Por tanto, dejemos de hacer demagogia. Yo soy el primero que ha planteado
reivindicaciones en la Unión Europea --digo el primero de los que estamos
aquí seguramente, porque ha habido otros Ministros que habían planteado
esa reivindicación-- y tenemos que seguir para que la Unión Europea se
dote de mecanismos de apoyo para situaciones de catástrofe o de evolución
climatológica particularmente desfavorable. No ha habido consenso
suficiente en el marco de la Unión Europea, pero lo que está claro es que
el impacto de la sequía sobre las rentas del sector agrario ahora no
tienen nada que ver con el impacto de la sequía antes de la reforma de la
política agrícola común.

Quería también hacer una referencia a la visita del Comisario, la no
existencia de ayudas directas, sobre el carácter turístico de la visita
del Comisario. Me gustaría que no hiciera usted turismo en esas
condiciones, no le deseo que realice nunca ningún viaje turístico en esas
condiciones. El señor Comisario, que se levantó a las seis de la mañana
para hacer la visita a España, se reunió con la conferencia sectorial y,
por tanto, escuchó a la totalidad de los consejeros de agricultura de las
comunidades autónomas en la conferencia sectorial de agricultura. Se
reunió con los representantes de las organizaciones profesionales
agrarias y se reunió con todos los presidentes y responsables de
agricultura de cada una de las comunidades autónomas más afectadas por la
sequía. Por tanto, recogió las sensibilidades y las opiniones de un
abanico muy amplio, además de proporcionar a todos los Consejeros de
agricultura la oportunidad de plantearle al Comisario sus preocupaciones
no sólo sobre el tema de la sequía, sino sobre otros aspectos, y salió la
OCM de la patata y la reforma del vino, la reforma de frutas y hortalizas
y salieron prácticamente todos los temas que en estos momentos preocupan
a los diferentes responsables de agricultura de todas las comunidades
autónomas.

Quiero decir también que a lo largo de ese viaje también he podido
constatar el peligro de la argumentación que su Grupo y usted
personalmente ha planteado en diferentes



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ocasiones y a la que se ha referido el representante de Convergència i
Unió, y es esa declaración de España como lugar de sequía estructural.

Porque ¿cuál es la respuesta que proporcionan a ese argumento? Pues
dicen: Si su sequía es estructural, si usted no tiene agua de forma
permanente para esos regadíos que está declarando, quiere decir que me
está usted declarando secano como regadío. Esa es la respuesta que yo he
tenido ya en diferentes ocasiones y en diferentes foros y, por tanto, es
una respuesta que se vuelve como un «boomerang» para los intereses de la
agricultura española y le pido, por favor, que deje de argumentarla, se
lo pido por favor, deje de argumentarla porque se vuelve en contra de los
intereses de la agricultura española.

Quiero también hacer una referencia al tema de las ayudas directas. Es
cierto que hay diferentes alternativas para plantear mecanismos de apoyo
de la Unión Europea a las rentas. Indudablemente, los 400.000 millones de
pesetas de ayudas por hectáreas o de primas por cabeza de ganado
significan una ayuda directa que protegen al agricultor de una parte del
impacto de la sequía. Pero quiero recordar que el reglamento portugués se
aprobó antes de la reforma con carácter muy restrictivo, si usted ha
leído la letra pequeña y de hecho no tuvo prácticamente aplicación. No
consumió sus créditos presupuestarios, tuvo que ser renovado al año
siguiente y no tuvo prácticamente ninguna aplicación, entre otras cosas
porque eran deducibles ya entonces de las ayudas de la reforma de la
política agrícola común. Por tanto, esas mismas medidas aplicadas a las
condiciones de la agricultura española en estos momentos no nos
resolverían ningún problema y, sin embargo, hay otras decisiones en el
marco de la reglamentación existente que pueden contribuir a paliar
notablemente el impacto de la sequía sobre las zonas de regadío; por
ejemplo, la flexibilización de las superficies de base derivadas del
traslado de cultivos como consecuencia de la propia sequía. Este es un
elemento que no es un reglamento específico como usted se empeña en
solicitar, pero que puede ser más eficaz, de hecho lo está siendo, para
los agricultores que un reglamento específico que no ha tenido
prácticamente ninguna utilidad en el caso portugués.

Hay otros elementos que hemos tenido oportunidad de plantear durante la
visita, como es la modernización de regadíos --luego haré algunos
comentarios adicionales sobre la posibilidad de que planteemos a la Unión
Europea un programa operativo para la modernización de nuestros regadíos
que pueda tener una cofinanciación con fondos comunitarios--, como
también la posibilidad de que se pueda resolver el problema que se
plantea para algunas de nuestras industrias agroalimentarias, como
consecuencia de la escasez de materias primas para sus tareas de
transformación. Estoy pensando en la industria del arroz, por ejemplo, o
en la del pienso. En esa línea estamos trabajando.

Sobre el tema del regadío, quiero decir que, efectivamente, va a haber
que poner más fondos. Quiero decir que las infraestructuras agrarias y
modernización de regadíos son unas competencias que también se
transfirieron a las comunidades autónomas y, por tanto, todo lo que
realice el Ministerio o el Gobierno de apoyo a las comunidades autónomas
no deja de ser un apoyo a las comunidades autónomas en el ejercicio de
sus competencias, pero en absoluto suponen una asunción ni de
competencias ni de responsabilidad. Pero, en cualquier caso, estamos
elaborando un borrador de plan de modernización de regadíos que
someteremos a debate con las comunidades autónomas y con las
organizaciones agrarias, con vistas a elaborar un programa operativo que
pueda tener una financiación comunitaria.

Pero en esto también comparto alguna de las opiniones expresadas por el
representante del Grupo Socialista. El problema del agua en España se
resolverá, y lo comparto plenamente, en el momento que algunos partidos
dejen de decir una cosa en un sitio y otra en otro. Eso es tan claro como
las propias declaraciones del Presidente de su Partido en las que decía
que España tenía una parte húmeda. (El señor Gayarre Bermejo: ¿Y el
Borrell qué dice cantidad de veces?)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Ministro.

Señor Gayarre, le llamo al orden por segunda vez.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
No puedo olvidar, aunque no lo he traído conmigo, el recorte de las
declaraciones del Presidente de su Grupo, que, según he tenido
oportunidad de contrastar --y espero que sea verdad, porque me lo dijeron
los responsables de la revista--, fueron realizadas por escrito y, por
tanto, no mal transcritas por el periodista, en las que decía que España
tenía una parte húmeda y una parte seca y que lo que la naturaleza había
hecho el hombre no debía modificarlo. Creo que con algunas referencias
bíblicas muy mal tomadas. Yo creo que eso que ha representado la posición
del Presidente de su Grupo y está publicado en la revista, creo recordar,
«Ecología y Sociedad» refleja bien que ustedes hacen el discurso que
convenga a las circunstancias, se apuntan a todas las reivindicaciones,
aunque sean en sí mismas contradictorias.

Sobre el tratamiento de la sequía, en la última conferencia sectorial se
adoptó la decisión de constituir un grupo de trabajo entre el Ministerio
y las Comunidades autónomas, para hacer el seguimiento de las medidas que
se estaban adoptando y de las que se podrían adoptar para responder a la
evolución de la situación de la sequía a lo largo de las próximas
semanas, y, por otro lado, se vienen manteniendo reuniones con las
organizaciones agrarias para ir adoptando todas las decisiones que sean
necesarias para responder al problema de la sequía.

Las decisiones sobre la elevación del porcentaje de barbecho voluntario o
sobre la flexibilización en materia de qué superficies se podía sembrar
cultivos oleaginosos, etcétera, se han adoptado después de haber sido
debatidas con las organizaciones agrarias y con las comunidades
autónomas.

Sobre la ley de sequía, la verdad es que es un asunto que nunca he
llegado a entender muy bien, porque la sequía se presenta con
características muy dispares de unos años a



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otros, con características completamente dispares y, además, sobre la
base de una regulación comunitaria que está permanentemente cambiando.

Por tanto, difícilmente puede elaborarse una legislación que establezca
mecanismos automáticos de determinación de medidas cuando la regulación
básica de esos mercados es una regulación de carácter comunitario que
está cambiando permanentemente, y ello nos obligaría a estar
permanentemente cambiando esa legislación en la discusión parlamentaria o
a tener una estructura muy rígida a la hora de atender una problemática
que representa una casuística muy amplia y que en cada temporada se
presenta con diferentes características.

Sobre las distorsiones en la comarcalización en la superficie de base,
comparto algunas de las inquietudes que se plantean. Yo he tenido
oportunidad de exponer en la conferencia sectorial la necesidad de que
hagamos una reflexión serena sobre el plan de regionalización. Ello
genera --a nadie se le escapa-- unas tensiones de carácter territorial
que debemos intentar evitar entre todos, pero no tiene sentido que
algunas comunidades autónomas no lleguen por mucho a cubrir su superficie
de base en el secano y otras se vean permanentemente amenazadas por una
penalización, que en los dos años que llevamos transcurridos, hemos
conseguido negociar que no se no se aplicase de hecho. Pero es cierto que
esa amenaza ha estado permanentemente latiendo sobre las producciones de
cereales de secano de algunas comunidades autónomas. Es necesario hacer
una reflexión muy serena, porque quizás se produce un cierto
desequilibrio en cuanto a la superficie de regadío y la de secano.

Me habla después de algunos puntos sobre el fracaso de la política. Yo
espero que todos los fracasos que se tengan representen incrementos en la
renta agraria, a pesar de tener años de sequía como los que hemos tenido
en los dos últimos años. Quiero recordarle que en 1993 se produjo un
incremento en la renta agraria por ocupado del 21 por ciento, y en 1994
--con eso corrijo cariñosamente los datos al Diputado Torres, que tenía
algunos datos menos actualizados-- se ha producido un incremento de la
renta agraria por ocupado, en términos reales, siempre descontada la
inflación, del 13,2 por ciento. Han sido dos buenos años, a pesar de la
sequía. Ello quiere decir que la reforma de la política agrícola común,
que ustedes no apoyaron --en eso tiene toda la razón--, ha sido muy
beneficiosa para nuestra agricultura; nos ha permitido un incremento muy
importante de las rentas agrarias desde su aplicación; nos ha permitido
pasar a ser el tercer principal beneficiario de los fondos del
Feoga-Garantía y que el Feoga-Garantía se constituya como el principal
instrumento para la captación de fondos comunitarios para la economía
española. Estos son algunos datos que, como sucede en la reforma de los
cultivos herbáceos o en la de la reforma de la política agrícola común,
en la aplicación de las cuotas, etcétera, ustedes siempre están a la
contra, pero juego intentan subirse al carro cuando ven que los
resultados contradicen sus agoreros pronósticos e incluso algunos
representantes de comunidades autónomas se apresuran a hacer valer a los
diferentes agricultores que son ellos los que conceden esas ayudas de la
reforma de la política agrícola común, cuya reforma, en su momento, no
compartieron y criticaron duramente.

Sobre las importaciones y si ahora importamos de todo (cereales, leche,
vino, aceite de oliva, etcétera), no voy a entrar en un debate sobre si
importamos más de esto o de lo otro; está mezclando churras con merinas,
porque las importaciones de aceite de oliva, entre otras cosas, sirven
para mantener el ritmo de exportación, lo que quiere decir que son, desde
ese punto de vista, importaciones buenas, porque nos permiten mantener
las posiciones en los mercados de exportación, a pesar de las reducciones
de producción derivadas de la sequía. Por tanto, no todo tiene esa
lectura negativa que hace ver. En cualquier caso, si habla de
importaciones, habría que hablar del conjunto de la balanza
agroalimentaria, y la realidad es que la balanza agroalimentaria este año
1994 ha mejorado respecto del año anterior, y que, en su conjunto, la
balanza agroalimentaria desde el ingreso en la Unión Europea ha sido más
favorable que en el período anterior; ésa es la realidad y, en
consecuencia, no cabe hacer de nuevo esa lectura catastrofista que no se
corresponde en absoluto con la realidad.

Sobre la cuota láctea, la realidad es que estamos en un contexto en el
que el debate que se plantea sobre la leche en el ámbito comunitario es
un debate entre quienes defienden el mantenimiento de las cuotas y los
que desean que se reduzcan, algunos países han expuesto el deseo de que
se reduzcan las cuotas y, por tanto, ése es un contexto difícil para
conseguir una reivindicación de incremento de la cuota, porque el
contexto se enmarca en un debate con presión de algunos países para que
se produzca una reducción de la cuota. ¿Con qué argumento? Con el
argumento de que ellos quieren defender un precio más favorable para sus
ganaderos y prefieren que hayan menos producción mejor remunerada que más
producción peor remunerada. Este es un debate en el que un país, que ha
conseguido consolidar el año pasado 600.000 toneladas de cuota
adicionales, se encuentra con dificultades para plantear una
reivindicación de incremento adicional de cuota. Porque es cierto que
podemos utilizar el argumento del autoabastecimiento, pero se nos vuelve
en contra con otras producciones, en el vino, en las frutas y hortalizas
o en otros muchos sectores. Por tanto, hay que manejarlo con prudencia.

No es posible reivindicar el autoabastecimiento para los productos de los
que uno es deficitario y, sin embargo, la colocación en los mercados de
los demás de los productos de los que uno es excedentario. Hay que
hacerlo, por lo menos, con una cierta prudencia.

Sobre las reformas de las organizaciones comunes de mercado pendientes
--y con eso respondo a algunas de las preocupaciones que se habían
expresado por parte de diferentes portavoces--, quiero decir que, en lo
que se refiere al vino, no se ha producido ningún avance ni a nivel
técnico ni a nivel político y, por consiguiente, nos encontramos en el
mismo punto. Podría haber comparecido hace un mes o hace unos meses y
habría dicho exactamente lo mismo: no se ha producido ningún avance. He
tenido oportunidad de comparecer sobre el asunto del vino en diversas
ocasiones, en esta Cámara, en la Comisión de Agricultura;



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en la Comisión de Agricultura del Senado, en la Comisión Mixta,
diferentes preguntas, en varias interpelaciones, para decir
sustancialmente lo mismo en todas y cada una de las comparecencias,
porque no se ha producido avance alguno y las posiciones españolas siguen
siendo las mismas.

En lo que se refiere a frutas y hortalizas, quiero también decir que nos
se ha presentado la propuesta de la Comisión; que la propuesta está
siendo elaborada con un cierto retraso, por razones de carácter interno
de los servicios de la Comisión y que, por tanto, todo lo que se puede
decir sobre el contenido de esta propuesta más allá de lo que se contiene
en el documento de reflexión presentado el año pasado, son puras
especulaciones. Por consiguiente, la posición española también está
expresada con claridad en el memorándum que presentamos en el mes de
enero, después de recoger, por supuesto, la opinión del Parlamento, la
opinión de las comunidades autónomas y la de las organizaciones agrarias.

Sobre algunas de las cuestiones concretas que se han planteado acerca de
la financiación del fondo de operaciones para las organizaciones de
productores, está claro que la parte del fondo que se destine a medidas
de regulación del mercado tienen que ser financiadas íntegramente por el
Feoga-Garantía, como se hace para otros sectores.

La aportación pública se calcula tradicionalmente en función de la cifra
de negocios de las diferentes organizaciones de productores, pero es
difícil establecer en estos momentos con qué porcentaje. Por supuesto,
quiero destacar, porque coincidía con las posiciones que expresaba la
Cámara de las líneas básicas de ese memorándum, el hecho de que es
fundamental defender el mantenimiento de la preferencia comunitaria y la
necesidad de la normalización. En este sentido hemos pedido la creación
de una agencia comunitaria para que se responsabilice del cumplimiento de
las normas.

La señora Rivadulla hacía una reflexión sobre si no hemos perdido algo
como consecuencia de la ampliación en lo que se refiere a los debates
sobre la política agrícola común en el Consejo de Ministros comunitario.

Sí, tengo que reconocer que hemos perdido sensibilidad mediterránea, sin
ninguna duda, en la medida en que los países que se han incorporado
tienen, como ya he comentado antes, una estructura agraria muy diferente
de la mediterránea, un peso de la agricultura diferente, una problemática
y una sensibilidad muy distintas. Está claro que ha aumentado el número
de voces que se expresan en el Consejo de Ministros sin sensibilidad
mediterránea.

Por eso, cuando se discutía el Tratado de Adhesión, eran importantes
algunos de los debates sobre las minorías de bloqueo en el Consejo de
Ministros, era importante el compromiso de Ioannina que en su momento se
adoptó para defender sustancialmente la capacidad de condicionar las
decisiones en el Consejo de Ministros que teníamos antes de la adhesión.

Pero eso no impide que en ese ámbito en el que la Comunidad ha perdido
sensibilidad mediterránea sea necesario reforzar la colaboración y la
cooperación con los países comunitarios que tienen esa vocación
mediterránea, íntegra o parcial. Y estoy incluyendo la vocación
mediterránea de Francia. Parece que es inevitable que reforcemos esa
cooperación con ese conjunto de países que tienen parcial o íntegramente
esa vocación mediterránea y, por tanto, esa mayor sensibilidad
mediterránea.

En lo que se refiere a la mesa del vino, ya he dicho que se mantienen las
mismas posiciones. La justificación por parte del Comisario para la no
concesión de ayudas directas se deriva fundamentalmente de que no existe
una base legal comunitaria para la adopción de esas medidas. Se aprobó el
reglamento específico para Portugal en 1992, pero con carácter muy
restrictivo, que no resolvería en su momento en absoluto nuestro
problema, porque posteriormente se ha aprobado la reforma de la política
agrícola común que permite canalizar 400.000 millones de pesetas no
afectados por la evolución climatológica. Eso siempre representa un
umbral de sostenimiento, sobre todo para aquellas producciones que tienen
un mecanismo de apoyo por hectárea o por cabeza de ganado. Esa es su
argumentación. No quiere decir que esa posición no pueda en alguna medida
flexibilizarse.

Comparto plenamente lo que dice la Diputada sobre los criterios sociales
en el reparto del agua disponible y, por tanto, que es nuestro deber
estudiar el marco jurídico existente para ver en qué medida es aplicable
eso. Yo creo que es un criterio que se ha tenido en cuenta en esas
decisiones sobre el reparto de un recurso escaso como es el del agua.

Sobre la modulación de las ayudas, no existe en estos momentos una base
comunitaria en lo que se refiere a las ayudas de la reforma de la
política agrícola común, lo que no quiere decir que en el futuro no se
pueda plantear una política de modulación de las ayudas en el marco de la
reforma de la reforma cuando se realice. Pero en estos momentos todavía
no hemos alcanzado la velocidad de crucero de esa reforma y estamos
todavía en una fase muy incipiente de esa reflexión.

Sobre el aceite de oliva, es cierto que yo me opuse al cambio de la ayuda
al consumo o a la ayuda a la producción, que me quedé solo en esa
defensa, que el resto de los productores de aceite de oliva comunitarios
no mantuvieron esa postura, en parte porque no habían tenido un
desarrollo del envasado de sus cooperativas y de sus almazaras, como el
caso español, y no aprovechaban en la misma medida la ayuda al consumo
que la ayuda a la producción. La ayuda a la producción estaba muy
vinculada a la actividad productiva, mientras que la ayuda al consumo era
España el país que mejor la estaba aprovechando. Ni Italia ni Grecia
sostuvieron esa posición, sino, al contrario, en parte quizá por falta de
sensibilidad respecto de las consecuencias que podía tener y por una
visión de corto plazo sobre cómo conseguir captar más recursos para su
propio sector de aceite de oliva. La verdad es que mi posición se quedó
en solitario y por eso al final limité mis objetivos a conseguir que
quedase una parte de ayuda al consumo y que no desapareciese
completamente, como proponía la Comisión. Eso no quiere decir que no
piense que ese salto ha sido demasiado brusco y que renuncie a seguir
planteando que la ayuda al consumo debiera crecer.

En cualquier caso, en aquel momento ya tuve oportunidad de avisar del
riesgo de distorsiones en el proceso de cambio, a pesar de que estábamos
en julio y, por tanto, era



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todavía aventurado decir en qué medida la sequía podía traducirse en una
disminución de la producción del 20 por ciento, como de hecho ha ocurrido
en el caso español. Se adoptaron medidas de enlace para resolver el
riesgo de distorsión del mercado en el período de noviembre, diciembre,
enero.

A posteriori, en tanto que esas medidas se adoptaron y que de alguna
forma consiguieron corregir o retrasar la distorsión del mercado hasta
finales de diciembre y el mes de enero, es muy fácil decir que no se
deberían haber sacado todos los stocks disponibles en aquel momento y
haber guardado algo para el mes de enero para poder regularizar mejor el
mercado. La realidad es que en su momento los servicios técnicos de la
Comisión consideraron que era la mejor forma para regular el enlace de
una campaña a otra y las últimas estimaciones sobre esta campaña han dado
cifras por debajo de las que se habían manejado en momentos anteriores.

Se han comentado las declaraciones de la Secretaría General de
Alimentación. No voy a entrar en su contenido. Sí creo que el movimiento
de precios se había empezado a producir en el mes de diciembre y se había
sustanciado notablemente en las primeras semanas de enero, antes de esas
declaraciones. Por tanto, en absoluto se puede utilizar como chivo
expiatorio de una evolución del mercado que, como todos los gráficos
pueden constatar, se estaba produciendo mucho antes de que se realizasen
esas declaraciones. En absoluto tiene sentido hacer caer la
responsabilidad sobre el pregonero de unas tensiones que se estaban
produciendo en el mercado con antelación a esas declaraciones. Sí es
cierto que se produjo, por su repercusión en los medios de comunicación,
un acaparamiento de aceite de oliva en algunos domicilios que se ha
normalizado posteriormente. No es más que una distorsión de carácter
temporal que en absoluto modifica la tensión de fondo del mercado.

Sobre el paso de entregas directas a entrega a industrias, quiero decir,
en primer lugar, que estamos en el segundo año de aplicación de las
cuotas y, en segundo lugar, que los propios productores tienen la
facultad de pedir el cambio de su cuota de entrega directa que tienen
asignada a industria. Por lo tanto, solamente hasta que no se tienen las
declaraciones de entrega directa de los productores no existe esa
capacidad para hacer la reasignación a industria, y eso es lo que se va a
realizar con motivo del reparto de la reserva nacional, que se enriquece
con estas 150.000 toneladas de cuota de entregas directas.

A la pregunta del Diputado señor Vidal respecto al diferente tratamiento
de las inundaciones en Europa central y de la sequía en España quiero
decir que a veces uno se sorprende del tratamiento que tienen en los
medios de comunicación algunas subvenciones concedidas a catástrofes en
algunos países por parte de la Comunidad, porque, si no me equivoco, la
cifra concedida por la Comunidad --puedo equivocarme en 100 millones de
pesetas, arriba o abajo-- se encuentra en torno a los 300 millones de
pesetas para todas las inundaciones, instrumentada a través de la Cruz
Roja; se trata de una ayuda, por tanto, absolutamente testimonial.

Estamos hablando de una Unión Europea que concede a España, en las zonas
afectadas por la sequía en el año 1994, 400.000 millones de pesetas; que
se gasta el Feoga-Garantía casi 900.000 millones de pesetas en ayudas
directas en España. Trescientos millones de pesetas para paliar el
impacto de las inundaciones es lo que se dice una medida con fortuna
desde el punto de vista de su repercusión en los medios de comunicación.

No ha habido ninguna otra medida porque no existe un marco comunitario
para conceder este tipo de ayudas.

Sobre la sequía estructural, ya lo he comentado. Comparto plenamente su
posición. Además, quiero insistir en que los datos que he comentado antes
sobre la evolución de la renta agraria en 1994 en las zonas afectadas por
la sequía son perfectamente coherentes con todos los datos de inversión
compra de maquinaria y consumo de «inputs» en las regiones afectadas por
la sequía a lo largo de 1994. No me he traído todos los datos, pero
podríamos hablar de incrementos superiores, en la compra de maquinaria en
el año 1994, al 20 por ciento y de incrementos en inversión también de
una importante cuantía; son perfectamente coherentes. Se ha producido, a
pesar de la sequía, una mejora en las rentas agrarias, que ya no se
refiere al conjunto del país, sino a las regiones más afectadas por la
sequía.

Es cierto que dentro de esas regiones habrá quien haya salido peor
tratado, sobre todo aquellos que no tenían ayudas directas vinculadas a
la reforma de la política agrícola común o aquellos que tenían algunos
cultivos de industriales u hortalizas que proporcionan una renta por
hectárea más alta de la que le proporciona la renta por hectárea más la
ayuda en los cultivos herbáceos. No se puede establecer una conclusión
que llegue a todos y cada uno de los agricultores, pero el trato global
para esas comunidades autónomas no deja lugar a dudas y la evolución de
la inversión y de las compras de maquinaria, etcétera, tampoco.

En las interprofesiones, yo creo que debemos hacer un esfuerzo para
desarrollar la ley con celeridad y para conseguir que se constituyan. Yo
sigo creyendo que se deben soslayar, por lo menos en una primera etapa,
los problemas de representatividad; que es necesario un esfuerzo de
consenso en todos aquellos que participan en las interprofesiones. Por
poner solamente un ejemplo de una interprofesión que surgió inicialmente
con una cierta conflictividad interna, como Intercitrus, a base de
reuniones y de discusiones han mejorado notablemente y se empiezan a
conseguir ya resultados en términos de regulación contractual, etcétera.

Yo creo que es necesario que echen a andar y que lo hagan sobre la base
de la mínima conflictividad de carácter jurídico o representativo, que
sea lo más amplia posible la capacidad de integrar opiniones, por lo
menos en una primera fase; luego la realidad va a ir decantando
representatividad, concediendo capacidad y quitando capacidad para
contraer compromisos.

Podríamos poner muchos ejemplos sobre la necesidad de que se estructuren
mejor las relaciones interprofesionales, podríamos hablar de la leche
pero podríamos hablar incluso de los cultivos oleaginosos y de las
penalizaciones derivadas de la evolución de los precios en los mercados
representativos.




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No tiene sentido que se establezcan penalizaciones como consecuencia de
que una relación ordenada, no desordenada, entre los productores y los
transformadores conduzca a que los precios sean superiores a los que se
podrían pactar y que, al final, el conjunto del sector salga perjudicado
por unas penalizaciones derivadas de esa evolución de los precios.

Sobre la cuota láctea, ya he comentado la cuota global. Se mantiene el
compromiso de reserva del 30 por ciento para los que abandonaron en cada
una de las comunidades autónomas, digamos que como compensación mínima
por su contribución a ese programa de abandono.

Y quiero aprovechar también para decir al señor Ramírez que un programa
de abandono voluntario no significa reestructura del sector agrario
matando vacas, porque la cuota que abandona voluntariamente un ganadero
se adjudica a otro. Por tanto, la disminución en el número de vacas se
derivará de las mejoras en el rendimiento por vaca, como consecuencia de
las mejoras genéticas, los tratamientos sanitarios, etcétera. Un programa
de abandono lo único que hace es contribuir a la reestructuración del
sector, un sector en el que hace un año teníamos 142.000 ganaderos, ahora
tenemos 134.000, y el tamaño medio del rebaño aumenta, y eso es bueno,
porque tenemos un tamaño medio muy pequeño, poco competitivo en términos
generales. Es necesario que se vaya produciendo de forma ordenada y de
forma voluntaria este proceso de reestructuración, ya sea porque se
realizan esos programas de abandono o ya sea porque se producen
transferencias de cuota entre unos ganaderos y otros.

Sobre los incendios y el material del Ejército, se utiliza en general
todo el material del Ejército que es utilizable. Estamos ahora realizando
trabajos de remotorización de algunos aviones de pistón que estaban
inutilizados por viejos, porque no reunían las condiciones muy exigentes
del Ejército a la hora de hacer volar sus propios aviones. Las
condiciones de algunas de las compañías privadas suelen ser menos
exigentes en términos de seguridad de esos aviones. Por otro lado, existe
el compromiso del Ministro de Defensa de prestar el máximo apoyo, pero es
cierto que este máximo apoyo del Ejército hay que tomarlo con una cierta
prudencia porque a veces no están suficientemente formados.

Las tareas de extinción son siempre tareas peligrosas y en muchas
ocasiones las labores que se les puede encomendar son solamente labores
de apoyo, para evitar que vuelva a surgir el incendio, etcétera. Labores
de logística pero no labores de extinción en el frente del fuego.

En materia de transferencias, se está dando un diálogo muy constructivo
con todas las comunidades autónomas. El Diputado Mardones ha comentado
que en el caso canario se había llegado ya a un acuerdo pleno para
culminar el proceso de transferencias a la Comunidad Autónoma de
Canarias. Estamos muy avanzados con todos. Estamos manteniendo
conversaciones también en lo que se refiere al Senpa, con diferentes
comunidades autónomas, en lo que se refiere a la gestión de las ayudas
directas de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional. Lo que
se refiere a la intervención de los mercados ofrece mayores dificultades,
porque ésa sí que es una intervención que tiene que tener un carácter
integrado. En las ayudas directas, la parte del Senpa que es gestión de
ayudas directas, es solamente una cuestión de discutir ya técnicamente
los medios que se asignan a esas funciones.

Sobre el libro genealógico de razas caninas, existe un borrador de la
normativa elaborado que, según me informan --la verdad es que lo
desconocía, me había llegado el ruido de los conflictos jurídicos entre
las diferentes asociaciones-- está un poco a la expectativa de que
sustancien algunos de los conflictos jurídicos que están en los
tribunales. Es un tema del que me voy a informar bien, porque no lo
conozco en profundidad.

Creo que he hablado ya de las reformas pendientes.

En lo que se refiere al azúcar yo creo que la propuesta de la Comisión
que está en estos momentos sobre la mesa mantiene el sistema de cuotas,
tal y como hasta ahora estaba vigente.

Nosotros tenemos algunas reivindicaciones sobre la prórroga de las ayudas
a las que nos autorizaba el Tratado de Adhesión.

Queremos que sea posible el mantenimiento de ayudas nacionales más allá
del 31 de diciembre de 1995, que era el plazo al que nos autorizaba el
Tratado de Adhesión. Tenemos otras reivindicaciones sobre la financiación
de los gastos de almacenamiento para la transferencia de cuota de un año
para otro. Tenemos también algunas reivindicaciones en materia de la caña
de azúcar, etcétera. Espero que no haya demasiadas dificultades para
encontrar una solución satisfactoria quizá en el próximo Consejo de
Ministros.

En lo que se refiere a los cultivos industriales, tengo el placer de
decirle que la Ley de medidas de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado establecía ya --no me gustaría equivocarme sobre el
tratamiento-- una exención fiscal de hasta el 90 por ciento de los
impuestos especiales para los combustibles y carburantes producidos a
partir de materia prima de origen vegetal, principalmente los cultivos de
oleaginosas, en plan experimental. El objetivo del Ministerio es que se
siembren en España 150.000 hectáreas de cultivos oleaginosos «non food»,
con derecho también a recibir las ayudas por retirada de tierras. En
estos momentos se están estableciendo los acuerdos entre las entidades
extractoras de aceite y las compañías petroleras para la conversión de
aceites en biocarburantes.

En lo que se refiere a la patata --tema también planteado por parte del
Diputado del Grupo Socialista--, el Gobierno español ha sido siempre el
más activo a la hora de reivindicar una OCM de la patata. Las
distorsiones que se han producido en el mercado entre 1992, por poner un
año en el que los precios estuvieron por los suelos, y de 1994, en el que
están por los cielos, no hacen más que avalar la necesidad de que la
Unión Europea se dote de una regulación para el sector. En estos momentos
no existe en el Consejo de Ministros un consenso muy amplio sobre las
características que debe tener una OCM que --en eso comparto su
inquietud-- tiene que tener un contenido. No puede ser una OCM que se
sustancie con algunas normas de comercialización y poco más. Existe el
compromiso de que se



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adopte una decisión y la Comisión debiera hacer la propuesta al respecto
antes del 1 de julio de 1995. No quiero renunciar al objetivo de que se
adopte para esa fecha, pero en cualquier caso, si no, será un tema que
retomará con particular interés la Presidencia española.

Sobre la reforma de la reforma hay algunos elementos que comparto y otros
de los que disiento. Comparto el objetivo de la simplificación de la
política agrícola común, de no llevar la normativa más alla de lo
imprescindible para la regulación del sector y hacerle la vida lo más
fácil posible a los agricultores. Hemos hecho algunas propuestas en este
sentido a la Comisión para la simplificación de la normativa. No comparto
plenamente lo que entiendo que está planteando S. S., que puede ser
interpretado como una PAC a la carta, es decir, una PAC «ad hoc» para
cada una de las regiones europeas. Ese riesgo de regionalización de la
política agrícola común, que va más allá de la nacionalización de la
política agrícola común, creo que es perjudicial para los intereses de la
agricultura española. Además, podría ponerle muchos ejemplos sobre los
que ni siquiera comparto el que se pueda producir una regionalización en
términos cuantitativos, un reparto regional estricto de cuotas o de
superficies de base, etcétera.

En lo que se refiere a la leche, el balance de la campaña 1993-1994 fue
razonablemente equilibrado, con una sobreproducción de sólo el 0,6 por
ciento, pero hubo más de 500.000 toneladas de sobreproducción y más de
500.000 toneladas de subproducción. Si no hubiese sido posible realizar
estas compensaciones, nos hubiésemos encontrado con que los ganaderos de
muchas comunidades autónomas hubiesen tenido que pagar miles de millones
de pesetas de tasa por la sobreproducción sin que se hubiesen podido
beneficiar de la subproducción de otros ganaderos y en otras comunidades
autónomas. Y lo que el Diputado señor Ramírez planteaba sobre el secano,
sobre el problema que se crea por el hecho de que la regionalización de
la superficie de secano, en la medida en que no hemos corregido las
distorsiones en la asignación de las superficies hace que no estemos
cubriendo las superficies de base en algunas comunidades autónomas y
estemos en el límite de superar permanentemente las superficies de base
en otras, se generalizaría para todos los sectores productivos. Creo que
para los intereses nacionales tener superficies de base nacionales y
tener cuotas nacionales permite realizar compensaciones y
reestructuraciones internas de las que sale beneficiado el sector agrario
en su conjunto. Ahora, en lo que se refiere a las zonas desfavorecidas y
de montaña, comparto su criterio.

Pienso que la Unión Europea debiera avanzar en mayor medida hacia un
tratamiento discriminatorio más favorable para las zonas de montaña y
desfavorecidas, en la aplicación de sus políticas con carácter general.

Al Diputado Mardones, que me había pedido que respondiese por lo menos
para que figure en el «Diario de Sesiones», quiero mostrarle mi
satisfacción por el acuerdo al que se llegó en materia de transferencias
que culmina el proceso. También decirle que el Ministerio mantiene la
sensibilidad en lo que se refiere a los problemas del sector agrario
canario, con discrepancias o controversias con otros ministerios, o con
debates sobre la suficiencia o la insuficiencia de algunas partidas
presupuestarias de otros ministerios y algunas otras decisiones.

Quiero también comentarle --aunque lo ha mencionado solamente de pasada--
que, a medida que se va avanzando en la campaña del tomate, empezamos a
tener más datos sobre cuál es el impacto del acuerdo que adoptó la Unión
Europea con Marruecos, que permite de nuevo rechazar los planteamientos
agoreros que se realizaron desde algunos sectores, porque en la tercera
semana de febrero --son los últimos datos de que dispongo-- la campaña
1994-1995 registra un incremento de las exportaciones españolas de tomate
respecto a las mismas fechas de la campaña anterior del 9,7 por ciento, y
una disminución de las exportaciones de tomate de Marruecos a la Unión
Europea del 18,4 por ciento. Creo que son datos suficientemente
reveladores de la evolución de un sector que no tenía razón cuando
planteaba sus quejas y sus reivindicaciones respecto de un acuerdo que se
está revelando como suficientemente satisfactorio. Tenía razón en lo que
se refiere a su preocupación sobre si el acuerdo se iba a respetar. La
realidad es que las cifras empiezan a mostrar que el acuerdo se está
respetando y que se está revelando, repito, como razonablemente
satisfactorio para los intereses del sector.

Sobre el plátano, quiero reiterarle lo que ya conoce, que la posición del
Gobierno español es muy firme en cuanto a no aceptar ninguna reforma de
la OCM del plátano, cualesquiera que sean las presiones que se realicen
para esa reforma. Tuve oportunidad de plantear, creo recordar que en el
mes de noviembre, en cuanto tuve el primer conocimiento de los
movimientos de las autoridades americanas de carácter comercial contra la
OCM del plátano, mi preocupación al Comisario de Agricultura, quien me
respondió hace solamente unas semanas reiterando la posición firme de la
Comisión Europea --que así se había manifestado a la Administración
americana-- en defensa de la OCM del plátano, una OCM que, además, había
sido refrendada por los acuerdos del GATT. Por tanto, era plenamente
compatible con los acuerdos del GATT y no hay ninguna razón para que esta
OCM sea objeto de revisión. Eso no quiere decir que no se vuelvan a
plantear batallas. La última que tuve oportunidad de librar se produjo
como consecuencia, precisamente, del acuerdo del Consejo de Ministros, en
diciembre, de aplicación de los acuerdos del GATT en el ámbito agrario,
puesto que hubo un intento de excluir el plátano del paquete agrario del
GATT; intento al que me negué, así como también a aprobar otras
decisiones de ese Consejo de Ministros, con lo que se consiguió que el
plátano formase parte íntegra de ese paquete.

Al Diputado señor Torres debo decirle que ya le he contestado cuando me
he referido a otros comentarios de otros diputados. Sí quiero decirle que
estamos elaborando un plan de modernización de regadíos --creo que lo he
comentado ya-- que vamos a someter a la Comisión Europea para su
cofinanciación, de acuerdo con las conversaciones que mantuve con el
Comisario en su visita a España.

Sobre el tema de la leche, también comparto el criterio de que el
resultado de la aplicación en términos de rentas del sector y en términos
de equilibrio entre las cuotas y la



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producción ha sido muy satisfactorio. La campaña 1993-1994 se ha cerrado
satisfactoriamente en términos de equilibrio entre la producción y las
cuotas, así como en lo que se refiere a las rentas del sector como
consecuencia de la mejora de los precios a que he hecho referencia en mi
intervención.

La campaña 1994-1995, de acuerdo con mis datos, no parece que vaya a
registrar tampoco un desequilibrio y, por tanto, no es previsible que se
cierre con distorsiones. Lo que espero es que, más allá del proceso
complejo de depuración de los listados de las solicitudes de asignación
de la reserva nacional, seamos capaces de realizar dicha asignación en
esta primera mitad del mes de marzo, de forma que los agricultores tengan
ya el dato de su cuota suplementaria. En cualquier caso, se aplicaría con
efectos para esta campaña.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramírez, muy brevemente,
por haber sido contradicho al aludir al tema de la sequía.




El señor RAMIREZ GONZALEZ: Simplemente, para aclarar algunas cuestiones
que han quedado dudosas por lo que ha dicho el señor Ministro.

Esta mañana pregunté a los servicios administrativos de la Comisión de
Agricultura si se había recibido el informe Elosúa. Me han dicho que no,
como podrá comprobar el señor Presidente. Antes de hacer esta afirmación
he comprobado esta mañana ese dato. Yo no tengo el informe del Gobierno
sobre Elosúa y los servicios administrativos de la Comisión me han dicho
que no se había recibido. Me remito a esa confirmación.

Señor Ministro, los pagos compensatorios de la reforma de la PAC se hacen
porque bajan los precios de garantía; repase lo que ha dicho. Usted ha
dicho que se hacen para paliar las deficiencias coyunturales de la sequía
y la bajada de producciones. Se hacen para paliar la bajada de precios.

Este año mismo tendremos la tercera bajada del precio de garantía y ése
es el destino de los fondos compensatorios. Por tanto, si con motivo de
la sequía se produce una destrucción en la producción, que todas las
organizaciones agrarias han valorado en los tres últimos años en 870.000
millones de pesetas, es un dinero que no ha entrado en el sector. Dígase
como se quiera. Por tanto, no haga esta entelequia de la renta del pago
compensatorio. Haga el supuesto de esa producción que falta debido a la
sequía más los pagos compensatorios y verá cómo falta renta.

Señor Ministro, adjetivar la visita del señor Comisario como turística no
es una expresión de este Diputado. Es de todos los agentes sociales.

Léase los medios de comunicación. De todos: cooperativas, sindicatos
agrarios, todos han dicho que es una visita turística, por lo que no ha
servido para nada, y a los resultados nos remitimos. Hay un reglamento
comunitario en favor de Portugal y el señor Comisario se despide diciendo
que no va a haber reglamento español.

Señor Atienza, la expresión sequía estructural la utilizó por primera vez
públicamente en España el ex Ministro señor Albero. Como creí que era de
las pocas cosas inteligentes que habían surgido de las filas socialistas,
la utilizo desde entonces. Repásese su primera comparecencia en esta
Cámara como Ministro de Agricultura. Habla de la necesidad de plantear la
sequía estructural como elemento condicionante del desarrollo agrícola y
ganadero español. Si ahora no vale lo que dijo el señor Albero, dígase.

Yo sigo creyendo que hay que alertar a la Comunidad Económica Europea
respecto a nuestras alteraciones climatológicas, que condicionan mucho
nuestras superficies.

Nosotros no nos opusimos a la reforma de la PAC, señor Ministro. Reléase
las comparecencias del señor Solbes y lo que dijimos nosotros. Decíamos
que las limitaciones que se estaban imponiendo, las superficies de base,
etc., iban a provocar lo que acaba de reconocer: 500.000 hectáreas de
desvío en cultivo de secano, y nos pasamos en superficie de regadío, etc.

Reléase aquellas comparecencias. No estábamos en contra. Efectivamente,
veíamos un peligro.

Señor Ministro, usted pregunta: ¿qué contenido puede tener la ley de
sequía española? Garantizar la bonificación y la exención de impuestos
territoriales cuando se alcancen determinadas mermas de rendimiento;
puramente legislación española, no hace falta pedir permiso a la Unión
Europea. Garantizar la bonificación o exención de las cotizaciones a la
Seguridad Social; elementos exclusivamente españoles, no hay que pedir
permiso a las instituciones comunitarias. Bonificar o eximir de los pagos
del canon de riego cuando no se produce el abastecimiento de agua,
competencia española. Garantizar préstamos sin interés. Garantizar ayudas
directas a la Administración española; no hay que pedir permiso. Eso
tiene que estar objetivado en una ley de sequía.

Usted acaba de utilizar el argumento respecto de la cuota de leche en
cuanto a nuestras reivindicaciones sobre el vino. Me da miedo oírle
utilizar ese argumento públicamente. ¿Es que se crea artificialmente
leche? No. Nosotros estamos en contra de la creación artificial de vino
en muchos países de la Comunidad Económica Europea, que son los que
distorsionan el mercado. Por tanto, la defensa de nuestros intereses es
ésa, pero si usted utiliza el mismo argumento para la leche que para
vino, le recuerdo que la leche no se fabrica artificialmente, y que
España tiene que reivindicar su mayor cuota de leche en función de
nuestras extraordinarias importaciones de leche que están distorsionando,
como acaba de comprobarse en las peticiones ante la reserva nacional,
porque hay 50.000 ganaderos españoles que apuestan por seguir en el
oficio. Efectivamente, antes he dicho sacrificio de vacas cuando quería
decir sacrificio de ganaderos. (La señora Rivadulla Gracia pide la
palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Rivadulla, la única contradicción que ha
habido en la intervención del señor Ministro ha sido con el señor
Ramírez. No obstante, tiene la palabra por un minuto para aclaraciones.




La señora RIVADULLA GRACIA: Quisiera hacer una aclaración en relación con
el tema de las rentas agrarias y con el hecho de que el señor Ministro
comparte



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nuestros puntos de vista sobre la modulación, pero dice que como la mayor
parte de las ayudas son directas por superficie o por cabeza de ganado y
vienen de la Unión Europea no podemos modular. Quisiera recordar al señor
Ministro que hay situaciones reguladas en los presupuestos del Estado que
se podrían modular y, sin embargo, observamos que por parte del
Ministerio de Agricultura no se modula, sino que se está saliendo del
espíritu que en teoría tendría que informar el proyecto de ley de
modernizaciones agrícolas.

Cuando usted habla de incremento de las rentas, siempre me da miedo,
puesto que se refiere a unos incrementos del 14,70 por ciento en
Andalucía, en Castilla-La Mancha, en Extremadura. ¿Qué rentas son las que
se han incrementado? ¿Qué tipo de explotaciones son las que han
incrementado sus rentas? ¿Qué tipo de titulares? Ahí es donde podríamos
tener una radiografía de cómo este incremento de renta incide en los que
realmente viven en el campo y para el campo y tienen voluntad de
continuar, porque si las ayudas vienen de forma indiscriminada y resulta
que los cultivos herbáceos se llevan 400.000 millones de pesetas y el que
más superficie tiene más recibe, está claro que vienen a contribuir a que
las explotaciones familiares agrarias no tengan la participación en la
renta que les correspondería y se lo están llevando fundamentalmente
abstencionistas.

El señor Ministro ha hablado del tema de ayudas a las cooperativas por el
déficit que tienen de materias primas. Nosotros también lo teníamos
previsto para exponerlo en esta intervención y quisiera que nos aclarase
de qué tipo de ayudas especiales se trata. De la misma manera le digo que
sería necesario arbitrarlas para los asalariados agrarios que se van a
quedar sin jornales como consecuencia de la sequía.

Por último, el señor Ministro ha hablado de que es mal momento para pedir
ampliación de cuota. Tendremos ocasión en otras iniciativas de hablar del
tema, pero hay algo que sí pueden ustedes solventar. Uno de los puntos de
la proposición no de ley consistía en la constitución de la mesa de
seguimiento para el control del reparto de cuotas. Este punto sí que está
dentro de sus competencias y espero que me diga qué es lo que se ha hecho
hasta el momento.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría Bastida,
por un minuto, porque tampoco ha habido contradicciones.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a aprovechar, señor Presidente,
para una cuestión de orden, porque este portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco tiene que marcharse.

En relación a las comparecencias que hay en materia de presca, ya hice
saber en la reunión de la Mesa con los portavoces que el tema relativo a
la ampliación de los acuerdos de la Unión Europea fue suficientemente
debatido el día 29 de diciembre en la Comisión Mixta y, por tanto,
nuestro Grupo Parlamentario ha solicitado la retirada de este punto.

Unicamente le pediría al Ministro que me contestara, y ya lo leeré en el
«Diario de Sesiones», al tema de cómo va el procedimiento graduado o en
escalera de la materialización de las listas de referencia que se
establecían en los acuerdos de integración pesquera de 31 de mayo, 30 de
junio, 30 de septiembre, hasta final de año. Cómo va ese proceso y si eso
va a ser el establecimiento de planes pesqueros «light».

Respecto a la siguiente comparecencia, creo, señor Presidente, que, como
manifestamos, está fuera de tiempo y vamos a empalmar con la campaña del
año que viene. También le pediría al señor Ministro que nos dijera las
medidas que se pretenden adoptar en la próxima reunión del comité
hispano-francés de pesquerías en relación a la campaña de la costera de
anchoa y que la misma pueda realizarse normalmente y, sobre todo, con el
cumplimiento de los acuerdos de mayo del año pasado, donde se establecen
las condiciones de pesca, entre el 19 de marzo y el 1 de junio, de no
poder utilizar artes pelágicas en esas fechas y descansar sábados y
domingos. España debe hacer cumplir a Francia esos aspectos porque si no
se puede volver a poner en peligro la normalidad pesquera en la zona del
Atlántico y del Cantábrico.

Daríamos por retiradas nuestras comparecencias siempre que el Ministro
hiciera estas aclaraciones en su turno de intervención.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, en la reunión de la Mesa, S. S.

formuló la petición en este sentido, sin incluirlo en el orden del día, a
los efectos de poder borrarlas del estadillo de trabajos de la Comisión,
y así se lo hicimos saber al señor Ministro.

Señor Ramírez, a los efectos de los servicios de la Comisión, se ha
producido como lo decía el señor Ramírez, pero tenga en cuenta también
que siendo una petición formal que se aprobó en el Pleno, es en Registro
General de la Cámara donde debe entrar este tipo de documentación. A la
Comisión solamente entra la documentación que ha entrado en el Registro
General de la Cámara. Digo esto a los efectos de garantizar el buen
funcionamiento de los servicios de la Comisión.

Tiene la palabra el señor Ministro brevísimamente para contestar a estas
preguntas.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Solamente para decirle al señor Ramírez que ahora ya tengo constancia de
que el documento ha entrado en el Congreso de los Diputados en fecha 19
de junio de 1994 y, por tanto, excluyendo que se lo hayan cogido del
casillero o lo haya olvidado allí, son los servicios de la Cámara los que
tendrán que aclararlo.

Por lo que se refiere a si los pagos compensatorios tienen relación o no
con la sequía, tengo que decirle que no se establecen para la sequía, se
establecen como pago compensatorio del precio. Lo que está claro es que
constituyen una indemnización de base que permite proteger esa parte de
la renta de los agricultores de las inclemencias del tiempo, por decirlo
en lenguaje vulgar. En ese sentido, la situación, antes de la reforma y
después de la reforma de la política agrícola común ha variado
sustancialmente.




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Porque antes de la reforma el ingreso y la renta estaban muy directamente
vinculados, al cien por cien, a la cantidad producida y al precio, y
ahora existe un porcentaje, que en el caso de estas regiones más
castigadas por la sequía se sitúa entre el 30 y el 50 por ciento de la
renta agraria, que ya no está sometido a las inclemencias del tiempo. Por
tanto, no podemos tratar la sequía con la misma medida con la que la
tratábamos en el año 1991 o 1981, por poner ejemplos. En estos momentos
existe un colchón de ayuda directa de renta por hectárea o por cabeza de
ganado que garantiza una compensación mínima a la que se añade la del
seguro integral de cereales de invierno, en su caso, y el resto de las
medidas de carácter fiscal o financiero que se han ido adoptando cada
año.

Sobre el carácter turístico o no de la visita, le diré que sólo el
programa elaborado y la oportunidad de que el Comisario conociese la
sensibilidad de todos los interlocutores, cualquiera que sea la
satisfacción que haya dado a los diferentes interlocutores en sus
respuestas, sólo la reunión del Comisario con la Conferencia Sectorial
justificaría su visita. Sólo la reunión del Comisario con los 17
consejeros de las comunidades autónomas justificaría sobradamente su
visita, desde el punto de vista de nuestra política agraria y desde el
punto de vista de nuestro Estado autonómico. También requiere un cierto
reconocimiento al Ministro el hecho de que, trayendo al Comisario en una
visita de carácter institucional, haya tenido a bien convocar la
Conferencia Sectorial para esa fecha, con el fin de dar oportunidad a
todos los consejeros de debatir con el Comisario problemas que les
preocupan en cada una de sus comunidades autónomas.

Dicho esto, sobre la sequía estructural ya he dicho lo que pienso,
independientemente de si la frase ha sido o no utilizada por alguno de
mis antecesores.

Sobre el debate de la reforma de la política agrícola común me voy a
preocupar de retomar sus opiniones para extraerle los párrafos más
jugosos sobre las posiciones adoptadas en su momento.

Sobre la posición del Gobierno en el tema del vino y de la
chaptalización, tampoco admite dudas en lo que se refiere a la
chaptalización, pero no invalida el argumento. El problema de la
chaptalización es un problema de mayores o menores excedentes a nivel
comunitario, pero no invalida el argumento de que nosotros tenemos, en
condiciones normales, una producción superior a nuestro consumo y que
tenemos que aspirar a colocarlo en los mercados comunitarios. La
colocación de esos excedentes en los mercados comunitarios sería más
fácil si no se utilizase la chaptalización, en eso coincidimos, pero no
invalida, en absoluto, el argumento de que en el vino tenemos un
porcentaje de autoabastecimiento superior al cien por cien y, por tanto,
tenemos que tener una vocación natural a colocar esos excedentes en los
mercados comunitarios y en mercados de terceros países.

Sobre la evolución de las rentas en las regiones de sequía, estoy
intentando reaccionar, en la medida en que me lo permiten mis servicios
técnicos y las disponibilidades estadísticas, a ese argumento al que
tengo que reconocer que es difícil oponerse: que la sequía se ha llevado
por delante 300.000 u 800.000 millones o cinco billones de pesetas. Yo lo
único que hago, en la medida en que me lo permiten mis servicios técnicos
y las estadísticas disponibles, es demostrar que la renta agraria es la
que es estadísticamente constatada (producciones, precios y ayudas
directas) descontados los «input», etcétera. Es la que es, y ha crecido
en su conjunto el 13,2 por ciento en términos reales en 1994. La
respuesta, cuando yo dije que, a pesar de la sequía, la renta agraria ha
crecido un 13,2 por ciento, se me dijo que es una medida nacional que
está ocultando que las regiones afectadas por la sequía han sido sobre
todo las regiones del sur. Y eso es cierto. Pero lo que estoy en
condiciones de demostrar hoy es que la evolución de la renta en esas
comunidades autónomas más afectadas por la sequía también ha sido
favorable respecto de un año normal o de un trienio previo a la sequía,
con un incremento en la venta real importante. Y en la medida que me lo
permitan, tanto la capacidad técnica de los servicios como la
disponibilidad estadística, podremos seguir avanzando en ese proceso y
sacar los datos por sectores de producción. Porque es cierto que no es lo
mismo hablar del vino, que ha tenido un incremento muy fuerte, o del
aceite de oliva, que de otros productos cuya evolución de los precios ha
sido más moderada, y no es lo mismo hablar del arroz o del algodón, que
han podido tener una pérdida de renta, que hablar de los sectores que se
han visto más favorecidos por las ayudas directas vinculadas a la reforma
de la PAC. Pero ése es un proceso posterior. Y no digo nada lo que sería
sacarlo por agricultor. Eso requeriría una disponibilidad estadística que
supera nuestra capacidad de tratamiento de la información, pero haremos
un esfuerzo para sacarlo.

Sobre la Mesa por el control de reparto de cuotas, que no sé si existe
con ese nombre, tengo que decir que sí existe una reunión de carácter
sectorial de los responsables del sector lácteo con las organizaciones
agrarias para debatir los aspectos relacionados con la normativa de
reasignación de la reserva nacional, etcétera.

No sé si me corresponde ahora comentar los temas del señor
Gatzagaetxebarría.




El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, yo creo que es mejor contestar
cuando se refiera a los temas de pesca.

Si les parece, suspendemos la sesión por espacio de dos minutos.




Se reanuda la sesión.




--SOBRE LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO DENTRO DEL AMBITO DE SUS
COMPETENCIAS, EN RELACION A LA SITUACION DEL SECTOR PESQUERO EN LA
CORNISA CANTABRICA, CON ESPECIAL REFERENCIA A ASTURIAS. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 213/000429.)



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--EXPLICAR EL ALCANCE DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNION DEL
23-09-94 EN EL AREA DE LA ORGANIZACION DE LAS PESQUERIAS DEL ATLANTICO
NOROCCIDENTAL, «NORTHWEST ATLANTIC FISHERIES ORGANIZATION» (NAFO) PARA LA
PESCA ESPAÑOLA, A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 213/000437.)



--EXPLICAR LA POSTURA ESPAÑOLA ANTE EL ANUNCIO DE LA UNION EUROPEA (UE)
DE NO PROHIBIR LAS REDES DE ENMALLE A LA DERIVA HASTA EL AÑO 1998. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 213/000441.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar la segunda parte de la
comparecencia dedicada a los temas pesqueros.

En principio, y como hemos comentado con anterioridad, se debían tramitar
cinco solicitudes de comparecencia, de las cuales el Grupo Parlamentario
Vasco ya retiró dos en la reunión de la Mesa, que hoy ha ratificado ante
esta Comisión. Por tanto, quedarían solamente las referidas al sector
pesquero en la cornisa Cantábrica, a la reunión de la NAFO, de septiembre
del año pasado, y la referida a la posición española respecto a la no
prohibición de las redes de enmalle hasta el año 1998.

Rogaría tanto al señor Ministro como a los portavoces la mayor brevedad
posible, dado que en estos temas se está trabajando en estos momentos en
la Ponencia constituida a los efectos de estudiar la situación del sector
pesquero nacional, cuyos trabajos se vienen ya realizando con intensidad
en los últimos días; Ponencia que es el marco más adecuado para debatir
en profundidad estos temas.

Tiene la palabra el señor Ministro para informar sobre los puntos en los
que se solicita la petición de comparecencia.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
Muchas de las respuestas que puedo dar en esta petición de comparecencia
han sido aportadas por el Secretario General de Pesca en su reciente
comparecencia en la Comisión. En cualquier caso, sí me gustaría hacer
algunas aportaciones tanto sobre la situación del sector pesquero en la
cornisa Cantábrica y, sobre todo, la conflictividad que se ha producido
en las relaciones pesqueras hispano-francesas a lo largo de las últimas
campañas, como, sobre todo, en lo que se refiere a la decisión en el seno
de NAFO del reparto de las cuotas de total admisible de capturas del
fletán, decisión que, como luego tendré oportunidad de comentar, la Unión
Europea ha objetado ya formalmente por un acuerdo del Consejo de
Ministros sustanciado en un procedimiento escrito, el pasado lunes. Por
tanto, en estos momentos ya disponemos de una fijación autónoma de TAC
que contradice el acuerdo de NAFO adoptado, que perjudicaba notablemente
los intereses españoles y también los portugueses.

En lo que se refiere a las relaciones pesqueras hispano-francesas, en la
medida en la que determinan el conflicto de la cornisa Cantábrica, quiero
decir que han estado marcadas por tres factores: una práctica
coincidencia de posiciones en lo que concierne a las grandes líneas de la
política común pesquera y, en especial, la importancia que debe dar la
Unión Europea a la política de acuerdos con países terceros; las
complicaciones siempre derivadas de la situación de vecindad y muy
especialmente de que un elevado número de barcos españoles llevan a cabo
sus actividades en aguas francesas y, por el contrario, es un número muy
reducido el de buques franceses que faenan en aguas españolas; y, en
tercer lugar, la aparición de distintos problemas pesqueros a nivel
bilateral y la decidida voluntad de ambos países de encontrar soluciones
a través de un reforzamiento de la cooperación bilateral y comunitaria.

En relación con los conflictos de la pesquería de la anchoa, se derivan
básicamente de un problema de cohabitación, tanto en el mar como en el
mercado. En efecto, existe una incompatibilidad entre el uso del arrastre
pelágico y el cerco y, por otra parte, se producen tensiones derivadas
del hecho de que la mayor parte de las capturas francesas de anchoa son
comercializadas en el mercado español.

Para resolver esta situación se puso en práctica en 1992 el primer
acuerdo sobre la anchoa, que fue posteriormente reconducido el 31 de mayo
de 1994. En el marco del mismo, España y Francia acordaron adoptar las
diferentes medidas para resolver los problemas de cohabitación que he
mencionado: medidas técnicas de conservación, veda temporal de la
actividad de pesca sobre la anchoa, del 1 de diciembre al 10 de enero;
medidas técnicas de regulación de la actividad pesquera, prohibición del
ejercicio de la pesca los sábados y domingos, prohibición de pesca con
arrastre pelágico entre el 20 de marzo y el 31 de mayo; y medidas de
control, comprometiéndose España y Francia a reforzar los medios de
control para asegurar el estricto cumplimiento de la reglamentación
comunitaria en vigor para las costeras de la anchoa y del bonito.

En lo que se refiere a medidas de comercialización, los sectores
pesqueros de ambos países deberán colaborar en el terreno de la
comercialización y regulación del mercado de la anchoa, especialmente en
la época en la que coincide la actividad pesquera de ambas flotas.

Al mismo tiempo, se realizaba un intercambio de cuotas, puesto que el
último que se había realizado hasta la decisión del pasado mes de
diciembre había sido en el año 1994, de intercambio de 6.000 toneladas de
anchoa como contrapartida de 720 toneladas de merluza, 400 de rape y 50
de merlán por parte francesa.

Con motivo del Consejo de Pesca de los días 19, 20 y 22 de diciembre, las
Delegaciones de España y Francia, en declaración conjunta, confirmaron su
voluntad de hacer todo lo posible para evitar que se vuelvan a producir
incidentes entre los pescadores de ambos países. Con este fin, se tomó la
decisión de crear un Comité franco-español de Pesca que, a nivel
administrativo y, cuando fuera necesario, en colaboración con los
correspondientes profesionales



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del sector, estudiara los temas de interés bilateral que afectan a estos
puntos que he mencionado: medidas técnicas de conservación; medidas de
regulación de la actividad pesquera; medidas de comercialización; y
medidas de control. Este Comité velará para que se tomen las decisiones
apropiadas a su debido tiempo.

La primera reunión se celebró ayer, día 28, en Madrid para tratar la
problemática de la anchoa. En la misma han participado, junto a la
Administración de España y Francia, 20 representantes del sector de cada
país. Asimismo, está prevista una segunda reunión que, en principio, está
programada para el día 17 de marzo en París, también con representantes
de las organizaciones profesionales.

Se trata, en definitiva, de conseguir un acercamiento de posiciones. Es
cierto que es difícil realizarlo en una primera reunión, pero se ha
producido un avance en el clima de diálogo entre las organizaciones
profesionales de un país y de otro. Yo espero que consigamos avanzar
también en la próxima reunión de París y que se puedan alcanzar algunos
acuerdos de cohabitación, sobre la base de los acuerdos adoptados en su
momento entre Francia y España. En esta declaración se confirma la
intención de renovar y, en lo posible, mejorar, dentro de una perspectiva
plurianual, y a partir de 1995, el acuerdo bilateral de 1992.

No voy a extenderme en el intercambio de anchoa, que se realizó en
diciembre para 1995. Sí quiero insistir, una vez más, en la gran
importancia que tienen para España las cuotas cedidas por Francia. Hay
que tomar esta decisión en el marco de un Consejo de Ministros de Pesca
en el que se fijaron las cuotas para 1995, en el que se redujeron las
cuotas de especies en las que, año tras año, estamos cortos de cuota y,
sin embargo, se incrementaron las cuotas de anchoa, una especie en la que
nunca hemos llegado a utilizar ni siquiera el 50 por ciento de nuestras
posibilidades de pesca autorizadas. Por tanto, se trataba de intercambiar
una cuota de anchoa, que no hemos llegado nunca a utilizar ni siquiera en
un 50 por ciento, por cuotas de especies en las que, año tras año,
llegamos a su agotamiento, como la merluza o el rape, o especies de las
que no disponemos, lo que nos permite una racionalización de la actividad
pesquera al evitar descartes de esas especies de carácter secundario que
se capturan al ir a coger otras de carácter principal.

En el caso del intercambio de la merluza, quiero decir que posibilita no
solamente las actividades pesqueras de la flota de los 300 que faena en
las aguas de los antiguos Diez, sino también de la flota de bajura de
palangreros menores de 100 toneladas y de pincho o caña.

En lo que se refiere a la problemática de las redes de enmalle a la
deriva, debe enmarcarse tanto en su dimensión comunitaria como bilateral.

En relación con el primer aspecto, quiero indicar que la Unión Europea
optó, en diciembre de 1991, por regular el uso de dicho arte y no por
prohibir la utilización del mismo, como reclamaba la Administración
española, estableciendo una derogación para unos buques franceses de dos
años, que ya ha expirado.

Hay que tener en cuenta que era España la única que en aquellas fechas
abogaba por la prohibición total y que no fue posible entonces obtener la
mayoría cualificada necesaria para alcanzar dicha prohibición. Por tanto,
a partir del 31 de diciembre de 1993, una vez que finalizó la derogación
temporal para algunos buques franceses, solamente se autoriza el uso de
redes de enmalle a la deriva de hasta 2,5 kilómetros de longitud.

La Comisión ha presentado una nueva propuesta de regulación de las redes
de enmalle a la deriva que prevé su progresiva desaparición, sin haber
conseguido obtener la mayoría cualificada necesaria todavía para su
aprobación. España no solamente apoya la propuesta de la Comisión, sino
que lo que defiende, en línea con la resolución adoptada por el
Parlamento Europeo, es la supresión definitiva y sin plazo transitorio de
las redes de enmalle a la deriva.

En lo que concierne a la dimensión bilateral, tanto en la costera del
bonito de 1993 como en la de 1994, se produjeron incidentes y conflictos
motivados, en buena parte, por el incumplimiento de las limitaciones de
longitud previstas en la normativa comunitaria, no sólo por buques
franceses, sino también por británicos e irlandeses. Por tanto, nuestra
línea de trabajo en esta materia va, por un lado, en la defensa del
Consejo de Ministros de la supresión definitiva de las redes de enmalle a
la deriva y, por otro, en la defensa de que los mecanismos de inspección
y de control sean lo suficientemente rigurosos como para que se garantice
el cumplimiento de la reglamentación en vigor por parte de los buques de
todos los países.

En cuanto a las perspectivas de las costeras, la costera de la anchoa de
1995 se iniciará el próximo día 20 de marzo. Se están concentrando las
primeras reuniones del Comité franco-español en los problemas de la
costera de la anchoa para evitar problemas de cohabitación, porque el
tema del bonito puede abordarse en discusiones posteriores. Entre los
asuntos que se han sometido a debate de este Comité franco-español y que
continuarán debatiéndose en la reunión de París, está acordar las normas
de cohabitación en el mar para paliar la incompatibilidad existente entre
las artes de arrastre pelágico francesas y las redes de cerco españolas
en lo que se refiere a la costera de la anchoa; acordar también las
normas de la cohabitación en lo que se refiere a la costera del bonito;
abordar los asuntos relacionados con la comercialización del pescado y
establecer un posible código de conducta en lo relativo a los usos y
costumbres marineras y al control.

En cuanto a la costera del bonito, debe tenerse en cuenta que no existe
en estos momentos la mayoría cualificada necesaria, como he comentado,
para aprobar la propuesta de la Comisión y, menos todavía, para proceder
a la prohibición inmediata del uso de las redes de enmalle a la deriva,
como defiende España. En cualquier caso, está previsto mantener, junto
con la Comisión y con los Estados miembros afectados, reuniones de los
responsables de control al objeto de asegurar el cumplimiento de la
normativa en vigor y procurar así evitar al máximo los posibles
conflictos.

En lo que se refiere a la decisión de NAFO, aunque la petición de
comparecencia se realizó en su momento sobre la base de la decisión de
septiembre de la fijación de un TAC para el fletán, especie que no tenía
hasta esa fecha total admisible de capturas con cuotas de capturas, la
información facilitada a finales de octubre en el Pleno del Congreso



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de los Diputados es totalmente válida. No obstante, si en aquella ocasión
hablábamos de un TAC para el fletán negro de 27.000 toneladas,
posteriormente tuvo lugar una reunión de NAFO en Bruselas, entre los días
30 de enero y 1 de febrero, al objeto de efectuar el reparto del citado
TAC entre las partes contratantes de dicha organización.

Quiero decir que la posición española en su momento sobre la fijación de
un TAC para el fletán, fue contraria. Yo personalmente defendí en el
Consejo de Ministros de pesca la objeción a la fijación de ese TAC de
27.000 toneladas, que no alcanzó la mayoría cualificada necesaria para
que se sustanciase ese objeción. Posteriormente se produjo una agresión
adicional en el seno de NAFO, dirigida fundamentalmente por Canadá --por
poner nombres también a las agresiones--, en la que se realizó un reparto
de la cuota de 27.000 toneladas completamente disparatado y alejado de
los criterios utilizados en las disposiciones de la ley internacional del
mar, la Convención Internacional de Derechos del Mar, y completamente
alejado de las capturas de referencia durante los últimos tres años.

El hecho de que se utilizase en esa distribución de las cuotas un
criterio que favorecía a los países costeros más allá de las 200 millas,
contravenía indudablemente la Convención de Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. Por otro lado, el hecho de que se utilizasen capturas de
referencia de hace diez años y se borrasen de los criterios de reparto
las dos últimas campañas para perjudicar notablemente a la flota
española, también a la portuguesa, pero sobre todo a la comunitaria que
es básicamente la flota española, constituía una agresión sin
precedentes, aunque esta expresión tal vez se queda corta porque ha
habido otras agresiones en lo que se refiere a Canadá que no han tenido
en el pasado suficiente respuesta, en mi opinión, por parte de la Unión
Europea.

Esa distribución en el seno de NAFO se adoptó, además, con una mayoría
muy justa en la que indudablemente se producía una situación
completamente disparatada, y es que cada parte contratante fuese
considerada como un voto, con lo cual la posición de la Unión Europea se
veía notablemente debilitada al contar con un solo voto frente a otras
partes contratantes cuyo voto también valía por uno. Digo Cuba, como
podría decir Japón, que captura muy poco fletán, o Rusia que no captura
apenas este pescado y otros países que no tenían prácticamente capturas
registradas de esa especie que, sin embargo, a efectos de voto, contaban
tanto como el conjunto de la Unión Europea. Eso, además, contradecía el
criterio que se había ido sosteniendo de adoptar las decisiones por una
amplia mayoría.

Desde que se adoptó esa decisión tuve la oportunidad de exponerle a la
Comisión la posición del Gobierno español en el sentido de que era
necesario presentar ante NAFO una objeción al reparto aprobado por esta
organización. Me reuní con la Comisaria de Pesca el día 10 de febrero, y
tengo que manifestar la satisfacción de haber encontrado una gran
receptividad por parte de la Comisaria, que propuso a la Comisión, y ésta
lo adoptó el día 21 de febrero, la propuesta de procedimiento de objeción
en NAFO. Personalmente tuve que realizar contactos con diferentes
delegaciones de los Estados miembros para garantizar una mayoría
cualificada en el seno del Consejo para esta objeción. Tuve la
oportunidad de culminar algunas de estas gestiones en el Consejo de
Ministros de Agricultura de los días 19 y 20, en reuniones de carácter
bilateral.

Tengo que manifestar mi satisfacción porque el Consejo de Ministros, por
procedimiento escrito, ha aprobado ya el pasado lunes, el día 27 de
febrero, la objeción de reparto del TAC de fletán, estableciendo
unilateralmente una cuota para la Unión Europea de 18.630 toneladas
frente a las --creo recordar, no tengo el dato en estos momentos-- 3.400
que se nos habían asignado en la decisión de NAFO, que ahora deberá ser
repartida entre los dos Estados miembros que están pescando, que son
España y Portugal.

En consecuencia, del mal, el menor, por no dar ninguna visión
triunfalista del problema. Es cierto que supone una reducción de nuestras
posibilidades de pesca respecto de lo que había sido el año pasado y el
anterior, derivado de la fijación de un TAC que nosotros no compartíamos,
sobre el que no existía base técnica y científica suficiente, pero
indudablemente esto hay que valorarlo como una respuesta unánime de la
Unión Europea, porque no ha habido ni un solo país que se haya opuesto a
la objeción; hubo una respuesta a Canadá que hay que valorar en sus
justos términos. Estamos hablando de un tema en el que solamente estaban
en juego los intereses de España y Portugal, pero estaban en juego
también algunos principios fundamentales de la política pesquera
comunitaria y, en particular, la defensa de los intereses de la flota
comunitaria ante terceros países. Por otro lado, los TAC de las otras
especies, como el bacalao y el pez plano, se encuentran en niveles
similares a los del año pasado.

Al objeto de contribuir a un mejor conocimiento de la situación de los
recursos en el caladero de NAFO, el Ministerio de Agricultura ha decidido
incrementar la labor de investigación que sistemáticamente se viene
llevando a cabo en este caladero desde hace más de una década. En este
sentido, el Instituto Español de Oceanografía y el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas acaban de firmar, el 10 de febrero de 1995,
un convenio específico de cooperación en el que se contempla un programa
dirigido a los tres tipos de especies objetivo de las pesquerías que se
vienen desarrollando en NAFO por la flota española: bacalao, peces planos
y fletán negro. En este sentido, están llevando a cabo las siguientes
acciones. Una campaña de investigación sobre un buque comercial de
selectividad de las artes de pesca en el fletán; esta campaña se ha
llevado a cabo en el área de NAFO durante los meses de enero y febrero.

En primavera se llevará a cabo en un buque de la flota una campaña en la
zona 3-M de NAFO para evaluar la existencia de peces planos y el
crecimiento de la platija americana. En el mes de julio, el buque de
investigación «Cornide de Saavedra» llevará a cabo la campaña habitual en
la zona 3-M de NAFO sobre el bacalao. En el otoño está prevista una
campaña con un buque comercial para evaluar y localizar la biomasa
reproductora del fletán en aguas profundas mediante artes de palangre de
fondo. Se va a participar en la campaña canadiense de fondo, en la
primavera de 1995, para contrastar los datos sobre peces planos, y el
programa de observadores a bordo de los buques españoles



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en el área de NAFO permite obtener una serie de conocimientos sobre el
estado de los recursos mediante muestreos de capturas de la flota
comercial, en recolección y elaboración de información estadística de
capturas y esfuerzo de pesca de todas las flotas españolas que faenan en
NAFO.

Yo espero que estos estudios de investigación refuercen la posición
mantenida por España sobre el estado de los stocks en NAFO que no
justifican la reducción del esfuerzo pesquero establecido para 1995. Sin
embargo, quiero decir también que es necesario que la actividad de la
flota española se ajuste a la cuota comunitaria establecida y, en un
momento posterior, a la cuota española que resulte del reparto
intracomunitario, y que la credibilidad por la solidez de la
argumentación que hemos manejado y que nos ha permitido conseguir el
apoyo del resto de la Unión Europea a esta objeción no puede verse
empañada por una decisión que no se refleje en el ajuste de la presencia
de nuestra flota en las aguas de NAFO, como consecuencia de una decisión
de cuotas que no hemos compartido desde sus comienzos, pero que es
necesario respetar si queremos mantener la credibilidad y la capacidad
para conseguir la solidaridad del resto de la Unión Europea en la defensa
de los intereses de nuestra flota ante terceros países.

Creo que con esto he respondido a todas las preguntas.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Mantilla.




El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Señor Presidente, señor Ministro, los dos
asuntos que han dado lugar a la solicitud de su comparecencia por el
Grupo Popular vienen siendo reiteradamente debatidos en esta Comisión e
incluso en el Pleno de la Cámara. Lamento disentir, una vez más, de sus
planteamientos, tanto en el tema de las redes de volantas a la deriva
como en el tema de NAFO. Usted considera que el comportamiento del
Gobierno español es el idóneo en ambos asuntos. Nosotros hemos presentado
varias preguntas y hemos hecho varios planteamientos, primero,
preocupados tremendamente por lo que pueda ocurrir en esta primavera y
verano con la costera del bonito. En el pasado año hubo gravísimos
incidentes. Aquí hay declaraciones de los pesqueros franceses, en las
cuales dicen que van a ir armados hasta los dientes y, por tanto, puede
ser preocupante la costera del bonito si los franceses siguen utilizando
esas redes de volanta a la deriva de 2,5 kilómetros o más de 2,5
kilómetros, porque la inspección que tienen estos barcos es muy relativa.

Decía también que había un período transitorio hasta el 31 de diciembre
de 1993, en el que los barcos franceses, ingleses e irlandeses tenían la
posibilidad de utilizar redes de hasta 5 kilómetros. El año pasado se
venía denunciando en reiteradas ocasiones que los barcos pertenecientes a
esos tres países utilizaban redes de 2,5, de 5 y hasta, incluso, de 20
kilómetros de longitud. Si hablamos del Mediterráneo, también está
ocurriendo lo mismo. Los italianos reconocen que 750 barcos han estado
utilizando redes de enmalle a la deriva de hasta 20 kilómetros de
longitud. No hace falta decir, una vez más, qué es lo que ocurre con
estas redes tan depredadoras; no solamente capturan el bonito, sino otras
especies, afines y no afines (delfines, tortugas, ballenas), y se puede
hablar de decenas de miles de peces o crustáceos que mueren en estas
redes.

Nosotros no podemos aprobar el comportamiento del Gobierno ni del
Ministerio que usted preside, porque no vemos demasiadas presiones,
demasiada energía en la defensa de esta prohibición. Hay que tener en
cuenta que los buques pesqueros españoles sí lo tienen prohibido. Una de
las armas que están aduciendo nuestros pescadores es que, en el supuesto
de que no se prohíban las redes de enmalle a la deriva a los pescadores
de otros países, las puedan utilizar ellos, o que puedan pedirlo ellos.

En el Grupo Popular, sin duda, no estamos por esa labor. Consideramos que
esas redes son depredadoras y no se deben utilizar.

El 6 de enero de 1994, este Diputado hizo una serie de preguntas
referentes a estas redes y al comportamiento que podía tener el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante la Unión Europea y,
de momento, no hemos tenido respuesta. Resumiendo, las preguntas, más
menos, eran las siguientes: ¿Por qué motivo no se consigue por el
Gobierno español ante la Unión Europea la prohibición total y absoluta de
la utilización de redes de enmalle a la deriva? En el supuesto de no
conseguirse, ¿por qué no se logra que estas redes solamente se utilicen
en las 12 millas en cada uno de los países? ¿Por qué no se amenaza a la
Unión Europea con que los pesqueros españoles, de no conseguir que
ingleses, franceses e irlandeses adopten estas medidas o de no conseguir
que se les prohíban estas redes, puedan utilizarlas? ¿Por qué el Gobierno
español no pone todas las trabas posibles --sabemos que no es fácil--
para impedir la comercialización en España de esos pescados capturados
con esas redes que, en definitiva, son de peor calidad y no sirven muchas
veces para conserva? Podemos tener problemas en algunos países, como en
Estados Unidos, por ejemplo, para la importación de conservas en las que
se puedan utilizar esos pescados. Y como última pregunta, ¿por qué a los
pescadores españoles, que están utilizando medios artesanos desde toda la
vida y que son perfectamente rentables, no se les compensa de alguna
manera, en detrimento de otros que están utilizando esas redes?
En cuanto al tema de NAFO, usted bien decía que por lo menos hemos
logrado parar el reparto que nos estaba intentando imponer Canadá. Usted
decía --utilizando sus propias palabras--: hablamos de un TAC de 27.000
toneladas. No es que hablemos de un TAC de 27.000 toneladas; nos
impusieron un TAC de 27.000 toneladas, democráticamente, es cierto,
puesto que Canadá tenía los votos suficientes para imponernos ese TAC.

Pero Canadá nos viene imponiendo ese TAC y otras muchas cosas desde 1980.

Usted decía que posiblemente la posición de la Unión Europea no fue lo
suficientemente enérgica ante Canadá. Es cierto que no fue lo
suficientemente enérgica, pero tampoco fue suficientemente enérgico el
Gobierno español, porque estamos hablando de 1980. Desde 1980 hasta
ahora, día a día, Canadá nos ha venido echando.




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Usted habla de bacalao, que la cuota o el TAC del bacalao es igual que el
del año pasado: prácticamente cero. Una pareja de bacaladeras
posiblemente sea capaz de agotar el TAC que nos concede Canadá: 4.000 y
pico toneladas vivas; haciendo la corrección de 1 por 3, prácticamente,
una pareja de bacaladeras sería capaz de consumir ese TAC que nos concede
Canadá. Yo le recuerdo, señor Ministro, que en 1980 había más de 30
parejas de bacaladeras faenando en caladeros de Canadá. Desde entonces,
Canadá ha venido y viene echándonos de ese caladero y, lógicamente, sus
productos vienen a España, directa o indirectamente, o bien vía Canadá o
bien vía incluso Portugal, como vino en otras ocasiones, y el Gobierno
español siempre aceptó las compras a Canadá, pese a que nos han venido
maltratando reiteradamente.

Es cierto que se ha logrado --eso hay que reconocérselo, sin duda, a
usted y a sus colaboradores-- que la Unión Europea haya objetado el
reparto que intentaba imponernos Canadá, las 3.400 toneladas de fletán
negro, y le recuerdo, señor Ministro, que hemos sido los españoles los
únicos que hemos trabajado esta especie posteriormente con Portugal. Es
una especie rentable que ha permitido a 38 buques expulsados de Namibia
--le recuerdo, señor Ministro, que todavía no han logrado ustedes un
acuerdo con Namibia-- faenar en este momento en el fletán negro, que es
una especie muy rentable desde el punto de vista económico, nos querían
dar 3.400 toneladas junto con Portugal. También es cierto que parece que
la Unión Europea nos va a adjudicar 18.630 toneladas, junto con Portugal.

En un reparto bastante optimista para España de 75/25, nos quedaremos,
más o menos, en 14.000 toneladas. Le recuerdo, señor Ministro, que
nuestra flota capturaba del orden de unas 45.000 toneladas. O sea, que
está más o menos dividiéndose por tres el esfuerzo pesquero que está
haciendo España o que pretende que haga España en aguas de la NAFO.

Como decía el otro, ¡Virgencita de Lourdes, que me quede como estoy! Eso
es cierto, peor no podíamos estar. Si nos quieren dar el 75 por ciento de
3.400 toneladas, imagínese usted para 38 buques congeladores qué podíamos
hacer. Yo creo en Canadá, nunca he confiado en Canadá. Mis experiencias
siempre me han demostrado que los canadienses han sido malos amigos
pesqueros, y les hemos enseñado a pescar, lo triste es que les hemos
enseñado a pescar, porque los españoles éramos los únicos que estábamos
en aguas del Canadá, primero dentro de las 12 millas, después dentro de
las 200 millas y después fuera de las 200 millas. En todas ellas nos
hemos defendido, porque sabemos pescar, cosa que ellos nunca supieron, y,
lógicamente, se han reservado sus mejores aguas para poder pescar.

Y como yo no creo en Canadá, tampoco creo en los TAC que sus científicos
nos quieren imponer. Por tanto, les hago las siguientes reflexiones en
nombre de Grupo Parlamentario Popular. Primera, que científicamente se
determinen los TAC que puede haber en la NAFO, referidas no solamente al
fletán, sino a otras especies que también son muy rentables
económicamente, como son la platija, el mendo y la limada. Canadá
considera que esos TAC tienen que ser cero en las especies planas. Sin
embargo, los indicios señalan que esas tres especies se están recuperando
y de momento nosotros no tenemos posibilidad ninguna de capturarlas.

En segundo lugar, y es preocupante, señor Ministro, Canadá nos está
amenazando con que puede apresar barcos fuera de las 200 millas, y
consideramos que eso es totalmente ilegal. Por tanto, le preguntamos qué
medidas va a adoptar el Gobierno español para que esos apresamientos no
se produzcan.

En tercer lugar, señor Ministro, partiendo de la base de esas 18.630
toneladas que nos adjudica en el reparto la Unión Europea en su 75 por
ciento, desde un punto de vista optimista, que reduce el esfuerzo
pesquero de nuestra flota de fletán negro en las aguas de la NAFO, que
lógicamente va a estar parada como mínimo la tercera parte del año, ¿qué
medidas va a adoptar el Gobierno o qué medidas va a adoptar la Unión
Europea para compensar de alguna manera esa parada que van a tener por
este reparto desgraciado después de haber asumido la fijación por parte
de Canadá de un TAC de 27.000 toneladas?



El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, la señora Rivadulla tiene la palabra.




La señora RIVADULLA GARCIA: Seré muy breve por lo avanzado de la hora.

Nuestro Grupo había pedido la comparecencia del Ministro para
manifestarle la preocupación de los pesqueros de la cornisa cantábrica,
en especial de Asturias, que, aunque no suenen tanto como los vascos,
están igualmente preocupados por la utilización de redes de enmalle a la
deriva. Es un tema del que hemos hablado profusamente en esta Comisión y
en Pleno. He escuchado atentamente la explicación del Ministro sobre las
reuniones, sobre todo con Francia, para procurar que la Pesca este año no
tenga la conflictividad de años anteriores. Es cierto que estos problemas
no se solventarán hasta que no haya una prohibición absoluta del uso de
redes de enmalle a la deriva. De cualquier manera, instaríamos al
Gobierno sobre todo a acentuar las medidas de control. El año pasado se
habló de la dificultad de controlar la longitud de las redes, se
establecieron medidas en el sentido de que un barco no pudiera llevar
redes de repuesto. Se había instado por este Parlamento para que estos
barcos de control tuvieran la capacidad de confiscar la carga que se
hubiese pescado con estas redes ilegales, si es que superaban en este
caso los 2,5 kilómetros. En fin, pedimos que en todo aquello que pueda
contribuir a la limitación de la pesca con estas redes el Gobierno no
ahorre esfuerzos. Por otra parte, manifiesta el sector en Asturias su
preocupación por la importación de pescado capturado con estas redes,
sobre todo en la Unión Europea, y que, por tanto, se extremen las medidas
de control sobre estas importaciones.

Quisiera finalmente hacerle dos preguntas muy concretas en relación con
las ayudas para desguace. Al parecer, por trabas burocráticas u otras,
estas ayudas no llegan como tienen que llegar por parte de la Unión
Europea, lo que, dada la situación en que se encuentra la flota, sobre



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todo de bajura, podría llevar a una reducción de la misma. Por otra
parte, qué medidas se están adoptando para la regeneración de los
caladeros, cómo considera el Ministro que está actuando y si las medidas
que están aplicando son las suficientes.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, la señora Gorostiaga
tiene la palabra.




La señora GOROSTIAGA SAIZ: En nombre del Grupo Socialista quiero
agradecer doblemente al señor Ministro su comparecencia, porque, como ha
sido puesto de manifiesto por todos los grupos, nos está aportando una
serie de datos sobre temas de los que venimos hablando reiteradamente en
el Congreso, en distintas comisiones y en Pleno, que son objeto además,
como el señor Presidente decía, de un estudio exhaustivo en la ponencia
de pesca que yo creo que dará unos resultados favorables para seguir
incidiendo en la mejora del sector pesquero. En segundo lugar,
compartimos con el señor Ministro y con el Gobierno la política decidida
en defensa del sector pesquero español que se ha manifestado en todas las
ocasiones en que han tenido que tomarse medidas, llevar a cabo
negociaciones o adoptar resoluciones al respecto.

Centrándonos en las comparecencias que se han mantenido para esta
Comisión, mi Grupo quiere hacer constar en lo relativo a la utilización
de las redes de enmalle a la deriva que en el seno de la política común
de pesca España ha manifestado abiertamente su postura a favor de la
prohibición de estas artes, que en este Parlamento se han adoptado
distintas iniciativas en este sentido, que esta postura que viene
planteándose en todos los consejos de ministros de Pesca de forma clara y
rotunda obtuvo un importante logro en el campo de la prohibición de la
pesca de bonito y túnidos en general con redes de enmalle a la deriva en
aguas bajo soberanía o jurisdicción de España y Portugal.

Con respecto a la NAFO, yo creo que hemos tenido ocasión en la Comisión
de Agricultura de esta mañana de tratar este tema en una proposición no
de ley. Ahora mismo el Ministro nos acaba de aportar una información
mucho más novedosa, más reciente, como es la objeción presentada respecto
a la clave de reparto y la propuesta de una cuota autónoma. En ese
sentido no tengo nada que añadir a la información que el señor Ministro
nos ha facilitado.

Finalmente, mi Grupo quiere animar al señor Ministro y al Gobierno a
seguir trabajando para que el sector pesquero español siga avanzando y
alcance las mayores y mejores cotas de progreso. Le animamos, por tanto,
a seguir incidiendo en estos temas para lograr, cuanto antes mejor, la
prohibición de las redes de enmalle a la deriva. Le instamos a vigilar
muy de cerca el proceso de integración de la flota pesquera en la
política pesquera común, que ha sido tan positiva para España, y además
creemos que se debe trabajar desde ahora --de hecho antes citada la
ponencia de pesca-- para, analizando la situación del sector y los
intereses españoles, trabajar, digo, en la revisión plena de la política
pesquera común que se prevé para el 2003.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro para contestar a
las preguntas formuladas.




El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Atienza Serna):
También voy a procurar no dejarme ninguna pregunta por responder,
sucintamente, dado lo avanzado de la hora.

Quiero decir que el objetivo fundamental del comité franco-español que se
ha constituido, que debe intentar reducir el grado de conflictividad que
se ha registrado en las últimas costeras de la anchoa y del bonito, es
por un lado garantizar el máximo respeto de la legalidad por parte de
todas las flotas y, por otro, adoptar unas normas de cohabitación entre
diferentes artes, normas que es posible conseguir y consensuar, y ése es
el esfuerzo que estamos haciendo. Pero quiero decir que, en absoluto,
esto supone una aceptación del statu quo en lo que se refiere a la
regulación sobre el uso de las redes de enmalle a la deriva.

Ahora, el señor Mantilla pregunta por qué no se consigue la prohibición
total. Pues se lo voy a decir muy claramente. Porque hay en estos
momentos trece países comunitarios contrarios la supresión de las redes
de enmalle a la deriva y porque, de los trece, hay, por lo menos que yo
sepa, ocho, quizá nueve, países que las utilizan --Italia las utiliza en
el Mediterráneo; Francia, Irlanda y el Reino Unido las utilizan en el
Atlántico; Suecia, Finlandia, Alemania y Dinamarca, no estoy muy seguro
de alguno de los nuevos; Suecia me parece que sí, Finlandia me parece que
también; Alemania, seguro, y Dinamarca las utiliza en el Báltico--. Por
tanto, son muchos los países que utilizan redes de enmalle a la deriva y,
por tanto, existe una oposición notable de esos países para posicionarse
a favor de la supresión de las redes de enmalle a la deriva. Pero quiero
decirle que eso en absoluto va a hacernos flaquear en esa petición,
porque ya en 1991, cuando se consiguió la reducción a 2,5 kilómetros,
estábamos aislados y, a pesar de todo, se consiguió, se consiguió una
limitación, a 2,5 kilómetros, a pesar de que era España la única que
estaba en cabeza haciendo la restricción de las redes de enmalle a la
deriva. Bien es cierto que hay algunos países que, al no utilizarlas, se
adaptan a la mayoría del Consejo sin ningún problema.

Sobre porqué no se restringe sólo a las 12 millas, es porque esos países
que están defendiendo que no se prohíban las redes de enmalle las
utilizan más allá de las 12 millas. Lo que está claro, donde se ha
reflejado recientemente la voluntad inequívoca española en lo que se
refiere al uso de redes de enmalle a la deriva es que en el acuerdo de
integración de la flota española en la política pesquera comunitaria
adoptado en diciembre se prorrogó o se mantuvo la disposición del Tratado
de Adhesión que decaía sobre la prohibición del uso de redes de enmalle a
la deriva en las aguas jurisdiccionales de España y Portugal en las 12
millas. Y eso lo hemos mantenido precisamente porque seguimos defendiendo
la prohibición total del uso de redes de enmalle a la deriva. No voy a
extenderme en los argumentos porque yo creo que hemos tenido oportunidad
de debatirlos y los compartimos.




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Sobre la amenaza con el uso, yo casi iría más lejos. No sé si no tenemos
que ir más allá de la amenaza, no estoy muy seguro, porque lo que está
claro es que no es sostenible de forma indefinida una prohibición del uso
de redes de enmalle a la deriva que coloca a nuestros pescadores en
inferioridad de condiciones respecto de las flotas de otros países, en
cuanto a capacidad de capturas y en cuanto a defensa de las posiciones en
el mercado. El problema que a nadie se le escapa es que ése es un tema
que divide a nuestra flota, por cofradías y geográficamente, y que es
necesario intentar buscar el máximo consenso, pero desde luego yo estoy
abierto, porque quizá tenga el sentimiento de que, si no, las cosas no se
van a mover suficientemente rápido hasta que la amenaza no sea algo más
que amenaza. Pero lo dejo sobre la mesa porque no quiero tampoco que
nadie piense que yo intento eludir el conflicto que se plantea generando
una división entre las flotas, porque ése es el riesgo, que generemos una
fuerte división y una fuerte conflictividad entre nuestra flota del
Cantábrico, porque mantiene posiciones discrepantes sobre esta materia.

Pero estoy abierto a discutirlo con las cofradías, con las asociaciones
profesionales, con una actitud muy abierta, porque, repito, estoy
preocupado porque las cosas no se mueven. Yo tengo que decir que en la
conversación con la Comisaria de Pesca, que sigue manteniendo también la
posición de la Comisión hacia la supresión total de redes de enmalle a la
deriva, ella era más optimista que yo. A ella le parecía observar que se
estaban moviendo algunas posiciones. Yo soy más pesimista, tengo que
confesarlo,
Sobre las trabas de comercialización tengo que decir que estamos en un
mercado único, en el que no caben más obstáculos a la libre circulación
que los que se derivan de las razones de carácter sanitario. Quizá hay
una línea que tenemos que investigar y desarrollar, que son las normas de
comercialización, la normalización y la extensión de esas normas. Esta es
una línea en la que estamos empezando a trabajar y en la que yo creo que
tenemos que avanzar más en el futuro, pero hay que hacerlo compatible con
el respeto de las normativas sobre el mercado único. Además de avanzar en
cuanto a esas normas de comercialización y ser muy exigentes en las
condiciones sanitarias de esas importaciones, yo creo que hay que avanzar
también en la promoción del consumo como empezamos a realizar el año
pasado con el bonito pescado con anzuelo.

Yo quiero decir sobre el tema de NAFO --y es una confesión que realizo
por primera vez-- que el no conseguir la objeción a la fijación de la
cuota de 27.000 toneladas ha sido mi mayor frustración en los debates de
los consejos de ministros comunitarios, y yo creo que teníamos argumentos
suficientes. Yo creo que nos dejaron aislados porque nadie se jugaba nada
y pesaban las relaciones bilaterales de cada uno de los países de
carácter global con Canadá. Nadie se jugaba nada en la decisión y todo el
mundo se calló, sin posicionarse, ni en favor ni en contra, pero sabiendo
que eso provocaba el decaimiento de la petición de objeción. Eso para mí
ha sido mi mayor sinsabor en esas negociaciones en los consejos de
ministros.

Comparto el criterio de que la actitud de Canadá respecto a la flota
comunitaria en general, no solamente respecto a la flota española, ha
sido un comportamiento muy agresivo y que además no ha respondido en
ninguna de las ocasiones en que la Unión Europea le ha tendido la mano
para entrar por una vía de mayor diálogo y de mayor cooperación. En ese
sentido, por tanto, yo valoro la decisión de objeción no solamente en
cuanto a que supone la defensa de una cuota más justa para la flota
comunitaria respecto de esa cuota global adoptada de 27.000 toneladas,
sino también porque considero que está bien que la Unión Europea haya
plantado cara a una actitud de Canadá que no ha sido en absoluto
colaboradora, ni siquiera mínimamente respetuosa para con la flota
comunitaria.

Quiero decir también que las importaciones españolas de Canadá son
ridículas, por tanto no son significativas para este debate, y que
seguramente la agresividad de Canadá está en relación con la crisis de su
propio sector pesquero. Tiene una parte importante de su flota parada,
cobrando subsidios.

Y en lo que se refiere a las alternativas para las flotas que se ven
afectadas por esta restricción en los caladeros de NAFO, quiero decir que
en lo que se refiere a la flota bacaladera se mantiene, ya que pesca no
solamente la cuota española de bacalao sino también la cuota comunitaria
de gallineta, que no se ha repartido entre Estados miembros, el fletán y
otras especies no sometidas a cuota como el egléfino u otros gádidos.

Y en lo que se refiere a la flota congeladora, es evidente que va a ser
necesario ajustar la capacidad de nuestra flota a la cuota que nos
asignará la Unión Europea, pero previsiblemente se va a producir un
descenso notable en nuestro potencial de capturas. No obstante, esta
flota dispone de algunas nuevas posibilidades que se han abierto
recientemente, como las que se derivan del acuerdo con Argentina, aunque
debe ser la iniciativa privada, las empresas, las que tienen que adoptar
las decisiones oportunas para constituir asociaciones temporales o
empresas mixtas contempladas en dicho acuerdo, que les permitan
aprovechar al máximo el potencial que nos ha abierto ese acuerdo con
Argentina, teniendo en cuenta que el caladero NAFO ha sido una solución
importante pero transitoria para la flota que tuvo que salir de Namibia.

Por tanto, hay que buscar otros caladeros con mayor estabilidad. Este es
uno de los que se han abierto recientemente.

Comparto plenamente la necesidad --por eso he expuesto el programa de
investigación del IEO, en colaboración en parte con el CSIC-- de dotarnos
de conocimiento científico sólido para reforzar no solamente las
argumentaciones españolas, sino las del conjunto de la Unión Europea a la
hora de afrontar esas decisiones sobre fijaciones de TAC o sobre
exclusión de pesca de determinadas especies.

Por supuesto, tanto la Unión Europea como España han hecho saber a Canadá
que sería inadmisible que se pudiera realizar la captura de un barco
fuera de sus 200 millas. En su momento, la Unión Europea expresó una
protesta formal y una no aceptación de la legislación comunitaria
canadiense, que pretendía ampliar su soberanía más allá de las 200
millas. Eso no ha sido reconocido ni por España ni por la Unión Europea.

Por tanto, se consideraría un acto contrario a la legislación
internacional tomar una decisión



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de ese tipo. Pero es cierto que existe un rumor, en los ámbitos
pesqueros, de que Canadá tiene la intención de capturar algún barco de la
Unión Europea fuera de esas 200 millas y que, entre otras cosas, la
fijación de ese TAC de 3.500 toneladas le permitía realizarlo de forma
más adelantada en el año, en la medida en que podía utilizar el argumento
del agotamiento de la cuota comunitaria en uno de estos primeros meses
del año.

La señora Rivadulla plantea el tema de las medidas de control. Creo que
las medidas de control que se adoptaron a mitad de la campaña de 1994
dieron como resultado un mejor grado de cumplimiento de la legalidad en
la segunda parte de la campaña, reconocido prácticamente por todo el
mundo. Se produjeron desvíos de embarcaciones a puerto y un respeto más
generalizado --no quiero decir absoluto-- de la reglamentación. De hecho,
la campaña mejoró. Y quiero decir que la campaña de 1994 hubiese sido una
buena campaña si no se hubiesen prolongado los paros tanto tiempo. Es
decir, para la flota que menos tiempo paró, para la flota más occidental,
fue una buena campaña; para la flota más oriental fue una campaña regular
porque paró muchos días, con argumentos profesionales y no profesionales,
creo yo. No quiero extenderme mucho más allá.

En lo que se refiere a las importaciones, ya he comentado la
imposibilidad de establecer restricciones a la importación que no se
realicen en el marco de la reglamentación comunitaria, en el marco del
mercado único. Por tanto, la imposibilidad de poner obstáculos o
prohibición de importaciones, cualesquiera que sean las artes con las que
se pescan, pero sí en lo que se refiere a condiciones --que ya he
comentado-- de carácter sanitario o al aprovechamiento de las medidas de
normalización y la extensión de norma. Es un tema, repito, que lo estamos
todavía estudiando y lo apunto nada más que como una línea de trabajo que
nos permita promocionar el consumo de nuestros atunes y bonitos
capturados con anzuelo.

En lo que se refiere a las ayudas para desguace, en estos momentos el
IFOP está regionalizado, está distribuido entre las comunidades autónomas
y, por la tanto, corresponde a las comunidades autónomas realizar la
tramitación, en el marco financiero asignado, de las decisiones de
desguace.

Sobre el tema de regionalización de caladeros, la verdad es que no vengo
preparado, no lo conozco demasiado bien. Creo que el Secretario General
de Pesca les informaría en su comparecencia reciente en la Comisión. En
cualquier caso, diré a los servicios que se pongan en contacto para
proporcionarle la información correspondiente.

Con esto termino. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Agotado el orden del día, quiero agradecer a SS. SS. la presencia hasta
estos momentos y al señor Ministro su detallada y cumplida información.

Como comentamos en la Mesa, la próxima reunión la fijaremos en función
del nuevo calendario que se asigne a la Comisión.

Se levante la sesión.




Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.