Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 437, de 28/02/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 437
POLITICA SOCIAL Y DE EMPLEO
PRESIDENTE: DON LUIS MARTINEZ NOVAL
Sesión núm. 23
celebrada el martes, 28 de febrero de 1995
ORDEN DEL DIA:
Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, de la
proposición de ley sobre límites del dominio sobre inmuebles para hacer
efectivo el derecho fundamental de residencia y de circulación de los
minusválidos. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie
B, número 57-1. Número de expediente 122/000046). (Página 13324)
Comparecencia de la señora Directora General del Instituto de la Juventud
(Escapa Garrachón), para explicar los criterios generales de la política
de esa Dirección General. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 212/000855). (Página 13333)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
--PROPOSICION DE LEY SOBRE LIMITES DEL DOMINIO SOBRE INMUEBLES PARA HACER
EFECTIVO EL DERECHO FUNDAMENTAL DE RESIDENCIA Y DE CIRCULACION DE LOS
MINUSVALIDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 122/000046.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día. Debate y aprobación, en su caso, con
competencia legislativa plena, de la proposición de ley sobre límites del
dominio sobre inmuebles para hacer efectivo el derecho fundamental de
residencia y de circulación de los minusválidos, del Grupo Parlamentario
Popular.
Es mi decisión, creo que de acuerdo con todos los portavoces que tienen
enmiendas vivas, proceder a una sola intervención en defensa de todas las
enmiendas por parte de cada uno de los portavoces de los grupos, a la vez
que también les comunico que la votación de las enmiendas se producirá al
final del debate y discusión de las mismas.
Para la defensa de sus enmiendas números 1 y 2, en nombre del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Son dos enmiendas, éstas, señor Presidente, de
muy depurada naturaleza técnico-jurídica, que se explican con su propia
justificación, por lo que las doy por defendidas en sus propios términos,
señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Catalán (Convengència y Unió),
números 21 a 25. Tiene la palabra el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Quisiera introducir la defensa de mis
enmiendas, con una pequeña reflexión, en el sentido amplio de lo que ha
sido la política de protección del colectivo de minusválidos en nuestro
país. La mejora de la calidad de vida de la población y especialmente de
este colectivo de personas con movilidad reducida ha sido uno de los
objetivos que se han marcado las administraciones en estos últimos años,
dando con ello cumplimiento al principio constitucional de ese llamado
principio de igualdad, del que no debemos separar ni alejar nuestras
políticas. El desarrollo de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
minusválidos, ampara todas estas mejoras que hemos ido introduciendo.
Nuestro Grupo Parlamentario siempre ha considerado que en la aplicación y
desarrollo de esta ley, la famosa LISMI, había que mantener unos
criterios de máxima amplitud, de máxima generosidad, para afrontar los
graves problemas y las necesidades de este sector de población. En este
sentido, a partir de la lectura de la proposición de ley que se debate
hoy, en la elaboración de nuestras enmiendas hemos querido tener en
cuenta que la supresión de barreras arquitectónicas tiene una importancia
primordial para la vida y la completa integración de este colectivo en la
sociedad. Este primer esfuerzo normativo sobre eliminación de barreras
que tenemos aquí (que no es el primero, puesto que hemos hecho otros, así
como alguna otra modificación en la Ley de Propiedad Horizontal y algunas
leyes en este sentido en algunas comunidades autónomas) nos parece
importante.
En esa línea hemos hecho nuestras enmiendas, para facilitar en todo lo
posible la eliminación de estos impedimentos que tienen estos colectivos
para su integración social de una manera natural. En este contexto, se
hace verdaderamente difícil imponer criterios restrictivos y limitativos
para procurar el uso legítimo, no abusivo, del derecho de propiedad sobre
inmuebles urbanos, toda vez que nos encontramos frente al siguiente
binomio. Por un lado, la promoción de la integración social y mejora de
la calidad de vida de los minusválidos mediante la introducción de
instrumentos de solidaridad, como es facilitar la movilidad de este
colectivo, y, por otro, la modificación de un elemento común de la
propiedad o del inmueble, la cual, una vez efectuada no impide el
ejercicio del derecho legítimo de uso pleno, sino todo lo contrario, para
toda la comunidad, para todos los usuarios del edificio o de los
edificios modificados.
Nuestras concretas enmiendas, las enmiendas números 21, 22 y 23,
pretendían introducir un matiz importante con el término «usuario» como
elemento de derecho a disfrutar de los beneficios que la Ley prevé, pero,
en el momento de estudiar las enmiendas, hemos visto que coincidimos en
parte, por lo menos en la parte que afecta a las nuestras, con las
enmiendas 11, 13 y 14 del Partido Socialista Obrero Español, y ello me
permite en este acto retirar las enmiendas mencionadas, es decir, las
números 21, 22 y 23.
Teníamos una enmienda, la número 24, con la que pretendíamos llevar a la
Administración pública la petición de autorización para las obras cuando
éstas fueran denegadas. Pero, ante los serios reparos que nos han puesto
algunas personas a las que pretendíamos proteger, en concreto de ASPAYM,
hemos pensado que tienen razón porque abríamos una vía nueva --la vía de
la Administración--, sustrayendo, probablemente de una manera no
correcta, a la vía civil la posibilidad del recurso. Por eso, retiramos
también la enmienda número 24.
Nos queda, finalmente, la enmienda número 25, que, como SS. SS. verán, es
una enmienda de criterios estrictamente autonómicos. Nosotros creemos que
el proyecto no deja a salvo las transferencias y las facultades que
tienen, por lo menos algunas comunidades, para actuar en este terreno y
nos parece primordial mantener la cautela que mi enmienda número 25
indica para no lesionar los derechos de las administraciones autonómicas
en defensa del mismo colectivo. Por esta razón, la única enmienda que
mantengo en este acto, señor Presidente es la enmienda número 25 para su
votación en su momento.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas números 3 a 8, en
nombre del Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra la señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Las enmiendas que ha presentado nuestro Grupo a
esta proposición de ley van en el sentido de dejar claro por nuestra
parte que en esta proposición no estamos defendiendo derechos
fundamentales de las personas sino que estamos defendiendo unos derechos
que tienen estas personas como cualquier otro ciudadano a la hora de
poder acceder a su vivienda. Los derechos fundamentales están recogidos
en el artículo 19, y quedan precisamente defendidos para los minusválidos
estos artículos porque es el de libre elección de residencia y de libre
circulación por el territorio nacional. Consideramos que esta proposición
de ley va dirigida más bien a la política de integración que está
prevista en el artículo 49 de la Constitución. De ahí las dos primeras
enmiendas que plantea nuestro Grupo a esta proposición, la enmienda
número 3 y la número 4, que van a modificar el título de la proposición
de ley y el artículo 1, apartado 1 de este mismo texto.
En el artículo 2 nos planteamos que hay que adecuar su redacción a las
modificaciones que ya se han producido en la LAU y, además, hacerlo
extensivo a la convivencia de las personas, independientemente de la
orientación sexual, y que se pueda acreditar por cualquier trámite
admitido en Derecho, puesto que en estos momentos existe la imposibilidad
de hacerlo por medio del Registro Civil.
Como es lógico, ampliamos el número de familiares minusválidos que
conviven con el titular hasta los términos establecidos en la propia LAU.
Hay un apartado en el que creemos que la proposición de ley es bastante
restrictiva cuando habla del respeto a las características
arquitectónicas y lo modificamos en el sentido de que sean
«razonablemente respetuosas» con estas características, porque si se
tuvieran que respetar totalmente, consideramos que podría ser, en
principio, ilusorio plantear esta proposición de ley.
El resto de las enmiendas van en el sentido de que los procedimientos
judiciales sean lo más breves posible, en el caso de que se tenga que
llegar a ellos, y que, además, el minusválido se vea perfectamente
defendido, así como la propia comunidad de propietarios.
Nuestra última enmienda sólo pretende precisar la imposibilidad de que
por realizar obras se puedan hacer aumentos económicos para los titulares
o para los arrendatarios de las fincas.
Señorías, en principio, si hay planteamientos, como parece ser que es
así, de transaccionales con el Partido Socialista, estaríamos dispuestos
a retirar nuestra enmienda número 3, la número 4 y dejaríamos viva la
número 6, a la espera de la transaccional que, parece ser, nos puede
ofrecer el Partido Socialista, y la número ocho.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán, ¿tiene usted algo que añadir en
relación con la enmienda número siete?
La señora URAN GONZALEZ: Sí, señor Presidente. Hay una enmienda
transaccional a la número siete.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de sus enmiendas números 9 a 20,
excepto la 18, que ha sido retirada en Ponencia, tiene la palabra en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista la señora Fernández.
La señora FERNANDEZ SANZ: En esta intervención global que nos ha pedido
el señor Presidente, a esta Diputada le gustaría empezar reconociendo al
Partido Popular la iniciativa de presentar esta proposición de ley.
Cuando el 20 de septiembre en un Pleno de la Cámara tomamos en
consideración el proyecto, los tres grupos políticos que intervinimos,
Convergència i Unió, Izquierda Unida y el Partido Socialista, vimos que,
a pesar de tener deficiencias técnicas, como expresamos los tres grupos,
merecía la pena tomar en consideración este texto legal, porque la Ley de
Propiedad Horizontal en su modificación de 1990 habla de un quórum de la
comunidad de vecinos para poder realizar unas obras de acceso al inmueble
por parte de la persona minusválida, y con este proyecto de ley damos un
salto importante mediante el cual prevalece el derecho de la persona
discapacitada en las actuaciones que tienen que ver con la eliminación de
barreras arquitectónicas, y, a la vez, era reciente la aprobación de la
Ley de Arrendamientos Urbanos, que resolvía de forma clara y rotunda el
problema para los inquilinos, pero lo dejaba sin resolver en los accesos
al inmueble y en los locales de negocio, en los locales de trabajo. Por
tanto, junto con la prevalencia del derecho de la persona discapacitada
en este proyecto de ley, nos encontramos con que se amplían las
posibilidades de actuación, los ámbitos de protección de las personas con
algún tipo de discapacidad.
El Grupo Socialista había comentado ya el día 20 de septiembre en el
Pleno que iba a presentar enmiendas buscando una mejora técnica de la
proposición que nos presentaba el Partido Popular. Hemos presentado once
enmiendas, una de ellas ha sido retirada, como ha dicho el Presidente, en
la Ponencia la pasada semana porque, al final, las enmiendas números 18 y
19 decían lo mismo; fue un error nuestro presentar dos redacciones para
un mismo contenido. La mayor parte de las enmiendas que presentó el Grupo
Socialista pretenden la mejora técnica, empleando, por ejemplo, como
términos más adecuados: barreras arquitectónicas, propietarios o fincas
urbanas. La mayor parte de nuestras enmiendas presentan mejoras técnicas
y, desde luego, una, la 1 bis, lo que sería artículo 1, artículo 1 bis y
artículo 2, pretende dejar en cada apartado y en cada artículo los
ámbitos definidos y no estarlos mezclando constantemente.
Nuestras enmiendas también pretenden ampliar los sujetos de protección.
La proposición de ley que nos presenta el Partido Popular se refiere a
las personas minusválidas y a los lugares donde se mueven, a los lugares
donde habitan. Las enmiendas del Partido Socialista también se dirigen a
las personas mayores de 70 años y, de forma clara, con discapacidad de
tipo auditivo, eliminando barreras de comunicación, y se refieren también
a la realidad laboral, a la condición de trabajador de la persona con
alguna discapacidad. Por tanto, ampliamos los sujetos a proteger.
Otras enmiendas nuestras se dirigen a la ampliación de los ámbitos de
aplicación de la ley. No sólo hablamos del acceso a la vivienda, sino que
hablamos de los lugares de
trabajo y hablamos, como decía anteriormente, de las barreras de
comunicación y no sólo de las barreras arquitectónicas.
Algunas de nuestras enmiendas también van dirigidas a simplificar los
requisitos que tienen que aportar las personas con discapacidad. En
definitiva, van a dejar bien claro que sólo se les debe solicitar a las
personas con discapacidad el certificado de minusvalía, la condición de
usuario y la necesidad de la obra y el proyecto. A la vez, pretendemos
simplificar el procedimiento jurídico a elegir en el caso de que no haya
acuerdo entre la comunidad o mancomunidad y la persona con discapacidad,
eligiendo el procedimiento más rápido y eficaz y recurriendo en la
jurisdicción civil al juicio civil como sistema menos costoso e, insisto,
más rápido y, por tanto, más favorable para los ciudadanos.
Vistas las enmiendas que presentan otros grupos, queremos presentar ante
las enmiendas de Izquierda Unida dos propuestas: una, la de aceptar a
Izquierda Unida la parte de su enmienda 6 que se dirige al artículo 2,
letra b). En concreto, lo que dice es lo siguiente: «... siempre que las
obras no afecten a la estructura o fábrica del edifico, que no menoscaben
la resistencia de los materiales empleados en la construcción y que sean
razonablemente compatibles con las características arquitectónicas e
históricas del edificio». Es una redacción muy similar al texto del
Partido Popular, pero yo creo que es una redacción un poco más medida y
un poco más favorable en cuanto a sus precisiones que la del Partido
Popular. Quisiéramos incorporar en nuestras enmiendas este párrafo y, a
la vez, ofrecer a la enmienda número 7, también del Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, un párrafo segundo en ese
artículo 5 que sería añadir lo siguiente: las sentencias dictadas en
estos juicios verbales serán recurribles conforme al régimen establecido
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, con la única salvedad de que el
recurso de apelación se interpondrá en un solo efecto. Este es un texto
alternativo a la propuesta de Izquierda Unida.
A la vez, como ha dicho el representante de Convergència i Unió, nosotros
estaríamos dispuestos a retirar nuestra enmienda número 20 dirigida a la
disposición final, presentando una transacción a la enmienda 25 de
Convergència i Unió. El texto sería: La presente ley se dicta al amparo
del artículo 149.1.8.º de la Constitución, y será de aplicación en
defecto de las normas dictadas por las comunidades autónomas en el
ejercicio de sus competencias en materia de Derecho Civil, foral o
especial, de conformidad con lo establecido en los Estatutos de
Autonomía.
El señor PRESIDENTE: Para manifestar la posición del Grupo Parlamentario
proponente respecto de las enmiendas, en nombre el Grupo Popular, tiene
la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Permítame que, antes de estudiar las
enmiendas, aunque no hay un turno de congratulación, como muy bien
conocemos, quiera que nos felicitemos todos porque, por fin, esta ley tan
necesaria se esté debatiendo hoy en esta Comisión de la Cámara.
Las enmiendas que el PNV ha presentado, creemos que mejoran el texto y
ambas son aceptadas en su integridad.
Respecto a las enmiendas que el Grupo de Izquierda Unida nos ha
presentado, vamos a aceptar varias de ellas, con algunas matizaciones que
nosotros creemos que clarifican más los términos en los cuales han sido
presentadas. Voy a enumerar las enmiendas afectadas. En cuanto a la
enmienda número 5, proponemos, para aclarar mejor la fórmula, lo
siguiente: Ustedes dicen que, después de «viviendas o locales de
negociosÉ», se añada «Éo inmuebles en régimen de propiedad horizontal
donde se encuentreÉ». Nosotros creemos que quedaría mucho más clarificado
decir, incluyendo previo al párrafo que ustedes nos dicen: «Écomprendidos
los inmuebles en régimen de propiedad horizontal donde se encuentre».
Creemos que esto clarifica y ajusta el texto que ustedes nos ofrecen.
Creemos, de todas formas, que es dudoso decir «donde se encuentre». No
aclara mucho pero, en cualquier caso, si ustedes quieren que eso
permanezca, nosotros no tendríamos inconveniente en que así constara.
En cuanto a la enmienda número 6, al artículo 2.º, creemos oportuno
añadir al final del segundo párrafo del apartado a): «que con él convivan
de forma permanente». El texto que ustedes proponen en este punto,
completando sólo en parte el nuestro, dice: «Igual derecho tendrá el
titular de la vivienda cuando la minusvalía la sufra su cónyuge o persona
que con él conviva por análoga relación de afectividad, con independencia
de su orientación sexual, o los familiares que con él convivan». Creemos
que añadir «de forma permanente» también especifica, clarifica y quita
probables ambigüedades que puedan, a la hora de ser interpretada la ley,
llevar a determinadas confusiones.
Con respecto al apartado b), en el que ustedes proponen sustituir que
«respeten las características arquitectónicas o históricas del edificio»,
por que «sean razonablemente compatibles con las características
arquitectónicas e históricas del edificio», nosotros creemos que lo que
hace es más bien introducir una confusión, porque ¿qué es lo razonable?
Podría darse una interpretación muy diversa por los técnicos,
probablemente, y creemos que decir «respeten» clarificaría más dentro del
lenguaje y de los aspectos técnicos de la edificación. Esperamos ver si
les parece adecuado pero, en cualquier caso, también estaríamos
dispuestos a aceptarlo.
Con relación a la enmienda número 8, de Izquierda Unida, a nuestro juicio
la nueva redacción incluye un mayor número de palabras que en principio
no parece que mejoran el texto, salvo la parte referida explícitamente a
las cuotas o participación de los gastos comunes, por lo cual le
ofrecemos una enmienda transaccional que quedaría de la siguiente forma:
«Las obras de adecuación realizadas quedarán, en todo caso, en beneficio
de la propiedad de la finca y no autorizarán la elevación de la renta, ni
incremento de la participación en los gastos comunes, ni serán causa de
resolución del arrendamiento». Por tanto, es incluir la petición que
ustedes hacían sobre el no incremento
de la participación en los gastos comunes. Creemos que queda así bastante
más claro.
Respecto a las otras enmiendas de Izquierda Unida, la número 3, al título
de la proposición, nosotros creemos que es una formulación más
paternalista que liberadora.
El señor PRESIDENTE: Señora García Alcañiz, perdóneme: la enmienda número
3 ha sido retirada, así como la 4. Quedan vivas las números 5, 6, 7 y 8.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Bien, pues estas enmiendas son las que
acabo de explicar que han sido aceptadas con las matizaciones que
acabamos de mencionar. Probablemente a la única que no he hecho
referencia es a la número 7.
Sobre la enmienda número 7, al artículo 5.º, nosotros no entendemos por
qué quieren eliminar, en la última parte, la referencia a la Ley de
Protección Jurisdiccional; creemos que no es en absoluto incompatible,
sino que deja un cauce más para las personas que puedan verse afectadas
en el cumplimiento de sus derechos. En cualquier caso, si las otras
enmiendas han sido retiradas, el resto que he explicitado han sido
aceptadas por el Grupo Popular.
Respecto a las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió, yo quiero
señalar la buena voluntad de ese Grupo al aceptar y atender, como hemos
hecho, creo yo el resto de los grupos, las sugerencias de asociaciones
como la sociedad Aspaym, que nos han comunicado, asimismo, sus
impresiones respecto a las modificaciones. Hay que señalar también que
esta ley vino a la Cámara en la anterior legislatura, a propuesta de unas
asociaciones (creo que es una buena iniciativa); la asociación la mandó a
todos los grupos parlamentarios y nosotros la incluimos como una
propuesta nuestra, con unas modificaciones de tipo técnico, y así la
presentamos. No corrió muy buena suerte en aquel momento; sin embargo,
hay que felicitarnos todos y felicitar la iniciativa de Aspaym, a través
del señor Anguita, que nos hizo llegar sus inquietudes y nos puso de
manifiesto unos derechos y unas necesidades que afectaban, de forma muy
importante, a un grupo muy considerable de espa ñoles.
Dicho esto con respecto a las enmiendas de CIU, quiero señalar únicamente
lo que respecta a su enmienda número 25.
El señor PRESIDENTE: Que es la única viva, por otra parte.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Es la única viva, por otra parte, sí.
Yo entiendo la inquietud del señor Hinojosa, puesto que así nos lo
manifestó, en cuanto a los posibles, podríamos decir, choques o roces con
competencias autonómicas. Así lo dijo el día que vimos esta ley en el
Pleno. El señalaba en aquel momento que podría colisionar con
determinados artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Yo con
muchísimo gusto he estudiado este Estatuto, y él lo habrá visto también,
en los artículos 8.º y 9.º, punto 25, y en nada, absolutamente en nada,
colisiona esta ley con aspectos competenciales autonómicos.
No obstante, si me permite (y aunque como todos los textos éste es
mejorable), nosotros creemos que el texto de esta proposición de ley ha
tratado y trata de ser absolutamente respetuoso en el sistema de reparto
competencial que rige en estos momentos en España. El artículo 2.º 2
establece lo siguiente, y lo leo, señor Presidente, porque voy a incluir
algo más para ver si se nos acepta esta transaccional dirigida al Grupo
de Convergència i Unió: «El cumplimiento de las condiciones señaladas»
(se entiende, para tener derecho a promover las obras de adecuación de
las viviendas) «se acreditará mediante las correspondientes
certificaciones oficiales del Registro Civil o de la autoridad
administrativa competente». Aquí quisiera añadir: «de la Comunidad
Autónoma correspondiente». Continúa el artículo: «La certificación de la
condición de minusválido será extendida por la autoridad administrativa
competente de la correspondiente Comunidad AutónomaÉ que habrá de
informar favorablemente sobre la necesidad de las obras y el proyecto
para su realización». Con esto se respeta plenamente, no sólo el Estatuto
de Autonomía de Cataluña en los artículos que señaló el señor Hinojosa,
el 8 y 9, punto 25, sino que, a nuestro juicio, se respetan todos los
estatutos autonómicos vigentes en este momento en el Estado español a que
se refieren, en este caso concreto, los dos artículos.
Lo que no se establece en esta ley es un procedimiento especial para cada
caso concreto, técnica que reprocha, creemos, la doctrina y la conducta
coherente que regula el régimen de la actividad administrativa. Es
consecuencia, los actos administrativos de la comunidad autónoma
competente se regulan, tanto en su producción como en las condiciones de
su impugnación, por la legalidad aplicable con carácter general. Lo mismo
sucede con alguna otra enmienda que ha sido retirada y no ha lugar, por
lo tanto, a hacer matizaciones al respecto. Creemos que con señalar,
aunque sea reincidente, la autoridad administrativa competente de la
comunidad autónoma correspondiente, quedaría perfectamente clarificado y
creo que daríamos total satisfacción al Grupo de Convergència por la
inquietud que pudiera manifestar en este sentido.
Finalmente, señor Presidente, paso a las enmiendas del Grupo Socialista.
Tengo que felicitar y felicitarnos de nuevo por el cambio de actitud de
la señora Fernández, pero sería injusto no señalar que si esta ley no
llegó antes a ser debatida en esta Comisión, en la Cámara, fue por la
absoluta oposición del Grupo Socialista, que se negó sistemáticamente no
sólo a que nos pusiéramos de acuerdo o no sobre unos determinados
aspectos, sino a discutir sobre este punto.
La primera de las enmiendas del Grupo Socialista es a la exposición de
motivos. Permítame, señora Fernández, que le diga que entonces usted
ocupaba el alto cargo de ministro del Gobierno de todos los españoles y
no tuvo a bien tener en consideración el escrito, que este Grupo presentó
y que tienen todos los grupos, con papel en blanco, en el que se
estudiaba de forma monográfica, mediante los distintos trabajos
parlamentarios, la necesidad de que existiera esta Ley. Siempre hay que
felicitarse cuando el cambio de conducta es a mejor y nosotros nos
felicitamos de
que así lo haya hecho el Partido Socialista. ¿Por qué recuerdo esto,
señora Fernández? Pues por algo muy importante, porque su enmienda a la
exposición de motivos --y, sin duda alguna, por lo que usted ha
expresado, no dudo de su buena voluntad-- no creemos, en absoluto, que
signifique una mejora técnica. Creemos que induce a una tremenda
confusión y que todo este trabajo monográfico sobre todo lo que habían
debatido estas Cortes en la pasada legislatura y en tiempos anteriores,
constituye, como así consta en el preámbulo de la Ley, la parte de la
exposición de motivos y la justificación de la necesidad de la existencia
de ley. Creemos que el lenguaje que usted utiliza en esta exposición es
poco claro, es farragoso y, si me permite, en algunos casos realmente
mezcla un lenguaje político con un lenguaje jurídico que en nada va a
esclarecer la norma.
Creemos que, al mismo tiempo, es, como decía, una actitud paternalista y
liberadora. La modificación que usted introduce parte, a nuestro juicio,
de una óptica equivocada. La minusvalía incide en el ejercicio de unos
derechos fundamentales de residencia y circulación, artíc ulo 19 de la
Constitución. El artículo 9.º 2 obliga a los poderes públicos a remover
los obstáculos que impidan que la libertad y la igualdad de los
individuos sean reales y efectivos en relación con los artículos 10, de
libertad, y 14, de igualdad.
Por lo tanto, no se trata sólo de procurar una mejora en las condiciones
de vida de los minusválidos, según el artículo 49, con carácter más o
menos graciable y posibilista, sino que se trata de garantizar el
ejercicio del contenido social, artículo 53.1 de la Constitución, de los
derechos fundamentales, artículos 14 a 29, y también según el artículo
53.2 de la Constitución, de residencia y circulación, como el artículo
19, mediante el acceso expedito a sus viviendas.
Por estas razones, creemos, señora Diputada, que no ha lugar. Ahora bien,
si lo que quiere es que exista un reconocimiento de una labor ejercida
durante tiempos anteriores, no hay ningún inconveniente. Creo que esta
Ley debe salir de todos los grupos a instancias de un grupo de españoles
necesitados y, por lo tanto, no queremos tener ninguna paternidad sobre
la misma, sólo el empeño, la constancia de este Grupo Parlamentario y de
esta Diputada por atender a algo que, simplemente, responde a Derecho.
La enmienda número 10, al título de la Ley, tendría la misma
justificación. Fíjese, señora Fernández, usted dice que tiene --y yo lo
creo-- una buena voluntad, igual que el resto de los grupos, pero, ¿cree,
de verdad, que es mejor el texto que nos proponen, que hasta tiene una
mala construcción en castellano? Dice así: «Límite del dominio sobre
inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad.» Señora Fernández, las personas con discapacidad no tienen
barreras arquitectónicas; son los obstáculos los que hay que eliminar.
Por lo tanto, no es ninguna mejora técnica. Quizá es el prurito de tener
la autoría. Yo se la doy, pero no compliquemos el texto. Si quiere, le
regalamos la autoría, pero no compliquemos un texto, porque en nada
clarifica, en nada mejora, induce a la confusión e incluso, desde el
punto de vista del lenguaje, es absolutamente inadecuado.
Cambia aquí «minusválidos» por «discapacidad». Nosotros hemos utilizado
la terminología que emplea la Organización Mundial de la Salud que, por
otra parte, usted recoge en una de las publicaciones de su Ministerio, en
la página 9, donde vienen las diferentes denominaciones de deficiencia,
discapacidad o minusvalía. Es decir, usted recoge la definición de la
Organización Mundial de la Salud, donde minusvalía es un término, un
concepto más amplio. Si usted quiere, lo aceptamos, pero realmente ni
mejora ni conduce absolutamente a nada. Usted sabe que «discapacidad» es
un término más restringido, según su propia definición y es de su
conocimiento, puesto que en algunos de los textos que supongo que conoce
así está claramente expresado.
Respecto a la enmienda número 11, del Partido Socialista, creemos que no
mejora nada, sino que lo que hace es confundir. Utilizan aquí lo que
usted ha puesto como ejemplo de mejora técnica. Usted sustituye «fincas
urbanas» por «vivienda», y, ¿qué hacemos si es una finca rústica? Creo
que el castellano es absolutamente rico en palabras y que la sustitución
de «finca urbana» por «vivienda» no mejora el texto en absoluto. Es
complicar absoluta e innecesariamente.
Habla usted de «usuarios». Señora Fernández, como sabe muy bien, la
palabra «usuario» no es congruente con la redacción de este artículo 1.º
2, ya que a continuación se enumeran los distintos tipos posibles de
titularidad de la vivienda o local de negocio. Es en el artículo 2.º1.a)
de la proposición de ley donde se enumeran los restantes usuarios con
derecho a la protección legal por razón de su minusvalía que,
naturalmente, no son todos los posibles usuarios. La palabra «usuario»,
como usted conoce, tiene mayor extensión que el concepto de titular, ya
que aquélla puede eludir a cualquier persona que circunstancialmente
pernocte algunos días en la vivienda: algún amigo minusválido, algún
pariente que venga a visitarle o que pase simplemente unos días de
vacaciones en la casa. El empleo de la palabra «usuario» daría lugar a
confusiones en la denominación del título habilitante del que solicita
las obras. El empleo de la palabra «usuario» desconoce los derechos del
titular de la vivienda o local de negocio, única persona que tiene
relación jurídica con la propiedad o con los restantes propietarios del
inmueble. Esta titularidad es la única condición que, sin lugar a
confusiones, legitima para solicitar la realización de las obras a que se
refiere la proposición de ley. El citado titular cuando acoge en su hogar
a personas minusválidas que constituyen su familia, puede solicitar las
reformas en beneficio de dichos minusválidos, como señala el artículo
2.º1.a) de la proposición. Es por esta vía de acogimiento familiar por
donde puede ampliarse la protección a los minusválidos, pero sin recurrir
a un lenguaje absolutamente confuso que no conduce a nada.
En cualquier caso, hemos ofrecido a Izquierda Unida una transaccional que
ustedes también aceptan. Es decir, el apartado 2 dice: «A los efectos de
esta Ley se consideraÉ», y usted dice «usuario» y nosotros
«beneficiario». Esta parte ya está incluida en la que hemos aceptado de
Izquierda Unida, es decir, que puedan ser titulares de forma permanente y
que tengan una relación de afectividad con
independencia de su orientación sexual. Esto está ya recogido en la
enmienda de Izquierda Unida.
Respecto a la última parte, señora Diputada, acabamos de aprobar la Ley
de Arrendamientos Urbanos. Es el artículo 25 de la nueva Ley de
Arrendamientos Urbanos, y se lo digo porque usted habla de precipitación
cuando este trabajo estaba hecho en el año 1991. En el proyecto de la
anterior legislatura, que decayó por la disolución de las Cortes, era el
24. Usted habla aquí del 24, pero en estos momentos es el 25. Creemos que
es absolutamente innecesario y que es introducir de nuevo un parcheo en
una Ley que acabamos de aprobar. Por lo tanto, nos parece que de nuevo no
mejora, en absoluto, el texto propuesto.
La enmienda número 12 del Grupo Socialista tiene también una expresión
inadecuada e impropia de lo que, a nuestro juicio, debe ser el objeto de
la ley, y las argumentaciones que podríamos esgrimir son las mismas que
hemos dado ya a las enmiendas a la exposición de motivos, en las cuales
creo que ya hemos explicitado bastante. En el párrafo 3 usted dice,
señora Fernández, que quiere aumentar el número de personas
beneficiarias. Si hacemos una ley para un grupo determinado de personas,
¿por qué dice usted que a las personas mayores de setenta años? ¿Por qué
no a los de sesenta y cinco si están mal? ¿Qué motivos hay para
discriminar por razón de edad? No tiene justificación alguna, en
absoluto, ateniéndonos al artículo clarísimo de nuestra Constitución. Es
decir, no podemos conocer argumentos «ad hominen» que no clarifican en
absoluto. Si tiene sesenta años o si tiene setenta y cinco y tiene una
minusvalía probada, tiene perfecto derecho en razón de su minusvalía,
pero no en razón de la edad, porque no nos conduce a ninguna parte.
¿Cuáles son los criterios para fijar setenta años, señora Fernández? No
se justifica. Yo creo que no es serio, que es introducir un elemento
distorsionador que no conduce a ninguna parte, que no beneficia. Yo creo
en su buena voluntad de ampliar el espectro, pero vamos a procurar llevar
a cabo más acciones preventivas para que tengamos menor número de
minusválidos, pero todo aquel que lo necesite no tiene por qué tener
setenta años cumplidos. Si tiene cincuenta, como si tiene sesenta y
cinco, como si tiene ochenta años. No somos quién, creo, para
justificarlo y discriminar en razón de la edad a este grupo de personas.
La enmienda número 13 sigue, igualmente, sin mejorar en absoluto. En
cuanto a la enmienda número 14, me gustaría ver cuáles son los aspectos
de mejora técnica, sinceramente. Usted mezcla aquí dos realidades,
persona y trabajador. ¿Quiere usted decirme que los trabajadores no son
personas y no están incluidos en esta terminología? Yo creo que no ha
querido decir eso, pero de esa enmienda podía desprenderse esta
interpretación. Por tanto, tampoco clarifica en absoluto.
En la enmienda número 15 hay dos apartados. Por una parte, usted sostiene
la ampliación del plazo a sesenta días, y creemos que empeora el texto,
que el plazo de treinta días es suficientemente amplio para que se pueda
recabar lo que se pide en este artículo de la ley. Yo le ofrecería una
transaccional en la parte final de este texto, que creo que en este caso,
y lo reconozco con muchísimo gusto, puede mejorar. Nosotros creemos que
el párrafo que usted incluye al final del artículo 4 está mal
intercalado, ya que el párrafo siguiente se mantiene en «Transcurrido
dicho plazoÉ», el cual se refería, evidentemente, al plazo para comunicar
la autorización o denegación de las obras solicitadas, y ahora puede
malinterpretarse aplicándolo a la comunicación de la conformidad o no con
las soluciones alternativas. Creemos que el nuevo párrafo de la enmienda
va mejor al final del artículo 4, y estamos dispuestos a aceptárselo con
una variación, que en vez de decir «En este último supuesto», nosotros
pondríamos, si usted nos lo acepta: «Si se proponen soluciones
alternativas, el solicitante deberá comunicar su conformidad o
disconformidad con anterioridad al ejercicio de las acciones previstas en
el artículo siguiente». Por tanto, con esta modificación que le sugerimos
como transaccional incluiríamos este texto, que en ese sentido y con esa
salvedad sí clarificaría este primer párrafo del artículo 4.
La enmienda 16 creemos que pierde claridad técnica, y desde luego no
tiene ningún rigor normativo. Vuelve usted a utilizar aquí la palabra
«usuario» y lo de «finca urbana»., que creemos que no conduce a
clarificar, sino a ensombrecer y a dejar una ley poco adecuada.
En cuanto a la enmienda 17, hemos aceptado la enmienda 2 del Partido
Nacionalista Vasco, que nos parece francamente buena, y hemos presentado
una transaccional a la enmienda número 8 de Izquierda Unida, por lo cual,
aceptadas éstas, son mucho más lógicas y con mayor rigor normativo.
La enmienda 18 la ha retirado usted. La enmienda número 19 creemos que es
un error de óptica, que es innecesario que haga alusión a la modificación
de las obras en el interior de las viviendas. Creo que está claramente
explicitado en el artículo 25 de la nueva Ley de Arrendamientos Urbanos y
que no procede, por tanto, la aceptación de esta enmienda.
La enmienda número 20, de adición de una disposición final, creemos que
debe igualmente rechazarse.
El señor PRESIDENTE: Señora García-Alcañiz, la 20 está retirada.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Pues coincidimos, al menos previamente,
en la inadecuación de la misma.
Finalmente, en cuanto a la otra enmienda, que hace referencia a las
comunidades autónomas, hemos hecho la oferta de una transaccional al
Grupo Catalán y creemos que quedaría mejor redactada en esos términos.
El señor PRESIDENTE: En turno de réplica, tiene la palabra la señora
Fernández Sanz.
La señora FERNANDEZ SANZ: La señora García-Alcañiz, portavoz del Partido
Popular, ha iniciado su intervención con unos comentarios acerca de la
posición del Grupo Socialista en textos legales, en proposiciones de ley
o no de ley, que afectan al colectivo de los minusválidos. La Cámara nos
ha presentado en fechas recientes un documento
donde recoge, ante estos temas, diferentes posiciones de los grupos, y
ahí está la posición de diferentes miembros del Grupo Socialista en unos
y en otros temas, favorables a buscar salidas. Sobre todo, señora
García-Alcañiz, usted recurre con frecuencia a un par de manifestaciones
específicas en esta materia en el pasado reciente, y cuando yo he querido
indagar e investigar he visto que usted se está refiriendo en todo
momento a la ponencia que en la legislatura pasada se hizo como balance
de diez años de desarrollo de la Lismi, y yo quisiera recordarle que hubo
consenso y unanimidad de todos los grupos, aunque es cierto que usted
mantuvo hasta el último momento discrepancias en un par de temas. De
todas formas, cuando se hizo un balance en esta Cámara, en la anterior
legislatura, de diez años de desarrollo de la Lismi, insisto, hubo
consenso, hubo acuerdo, y se dibujaron por el conjunto de los grupos
políticos unas prioridades y unos objetivos que ahora se reflejan en las
iniciativas de los diferentes grupos en esta legislatura presentando
antes o después, proyectos de un tipo o de otro. Me gustaría recordar
eso, porque es muy importante, y lo es para el colectivo de los
minusválidos.
Usted habla también de que ha trabajado esta ley con diferentes
colectivos de minusválidos. Déjeme decir, como lo han hecho otros grupos
políticos, que también el Grupo Socialista se ha reunido con las
organizaciones de minusválidos, con varias, y sobre todo con su
Confederación de Minusválidos Físicos. Todavía ayer por la tarde
trabajamos con los últimos textos, con el conjunto de las enmiendas,
recibiendo el apoyo de la Cofemfe a nuestras enmiendas a esta proposición
y sugiriéndonos incluso algunos temas que terminaremos de estudiar en el
trámite del Senado.
Junto con las matizaciones que hace a cada una de las enmiendas, a cada
uno de los artículos, usted hace una primera reflexión acerca del título,
de la exposición de motivos y, en definitiva, de su artículo 1 en su
apartado 1, y yo quiero sumarme a lo que han dicho otros grupos
políticos, y sobre todo la representante de Izquierda Unida, que es lo
que yo personalmente le dije el 20 de septiembre cuando tomamos en
consideración esta ley, señora García-Alcañiz. No estamos hablando de
derechos fundamentales en esta ley, no estamos hablando del artículo 19
de la Constitución, no estamos hablando de la residencia y de la
movilidad por el país o por otros países de las personas con discapacidad
o de las personas con minusvalía. Estamos hablando de los principios
rectores de la política social y de la política económica para conseguir
la integración de las personas con discapacidad. Estamos hablando del
Título III de nuestra Constitución. Estamos hablando de la Lismi. Estamos
hablando de esa ley marco, columna vertebral de la integración total,
laboral y social, de las personas con discapacidad. Por eso, el empleo
del término «barreras arquitectónicas», y por eso, también, el empleo del
concepto «personas con discapacidad» porque es el término que han
reivindicado ante Naciones Unidas, ante la Comunidad Europea, ante el
Consejo de Europa, ante todos los organismos internacionales las personas
minusválidas. Aquí no hay que ir a más, sino a aceptar lo que se va
asumiendo por organismos internacionales, fruto de la reivindicación del
colectivo afectado. Por eso nuestra enmienda al título, nuestra enmienda
a la exposición de motivos y nuestra enmienda al apartado 1, del artículo
1.º
Todo gira en torno a que estamos en el marco constitucional de la
política social y económica al tratar esta ley, estamos en el marco de la
Lismi y, por tanto, de la movilidad y de las barreras arquitectónicas.
Estamos superando, en un caso, y complementando o equiparando, en otro,
la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Arrendamientos Urbanos. Y con
esta tercera ley que dibuja, y creo que de una manera completa, unos
ámbitos de protección en este campo, ampliándolos, estamos mejorando unos
procedimientos, prevaleciendo sus derechos por encima de todo, los
derechos de las personas con discapacidad. Esto es lo que me parece más
importante de su intervención.
Cuando vamos a los apartados 1 y 2, del artículo 1.º o vamos al artículo
1.º bis, o incluso al artículo 2.º, nuestras enmiendas son, sobre todo,
técnicas, señora Diputada, intentando dejar las cosas claras en cada
párrafo y en cada artículo y no mezclando constantemente en los
diferentes artículos los ámbitos de aplicación o los sujetos a los que se
aplica, etcétera. Por ejemplo, en el apartado 2 del artículo 1.º, decimos
dónde se aplica la ley, y ya no volvemos a ello en ningún otro momento
del texto. Me parece que eso es lo riguroso, no sé si política o
jurídicamente, pero sí técnicamente.
Cuando reflejamos el apartado 3, estamos diciendo: ¡Atención!, la LAU lo
deja claro para una serie de colectivos, y nosotros como hemos ampliado
los colectivos, lo trasladamos aquí.
Pregunta usted en otro momento por qué personas mayores de 70 años y por
qué no de 65 o de otra edad. Por algo tan sencillo como que así se está
funcionando en organismos internacionales, en la Comunidad Europea, en
este país y en esta Cámara cuando hablamos de determinadas prestaciones a
determinados colectivos. Cuando aplicamos políticas gerontológicas,
políticas geriátricas, en función de la calidad de vida, en función de la
salud de las personas es a partir de los 70 años cuando se está empezando
a establecer el marco de unas determinadas prestaciones. No es algo que
yo me invente, es algo que está funcionando ya en el desarrollo de
determinadas prestaciones o, incluso, de normas.
Puesto que ya he empezado diciendo que el apartado 2 del artículo 1.º
habla de dónde, en el artículo 1.º bis dejamos bien claro en su primer
párrafo, con nuestra enmienda, quiénes pueden hacer las obras y, en el
segundo párrafo, los nuevos colectivos, trabajadores y personas mayores
de 70 años a los que ampliamos el ámbito de aplicación de esta norma. En
nuestra enmienda 13 al artículo 2.º dejamos claro quiénes son las
personas que pueden realizar las obras, qué tipo de discapacidad deben
tener y qué tipo de condiciones de obra a realizar. Es decir, nuestros
artículos 1.º, 1.º bis y 2.º, como le he dicho antes, intentan la mejora
técnica de ampliar los colectivos a los que les afecte esta norma y
pretende dejar en cada artículo y en cada párrafo las cosas perfectamente
definidas y no estar
mezclando constantemente las definiciones a lo largo de los diferentes
artículos.
En el artículo 2.º nos dice que su propuesta es mejor, incluso propone
una transacción a Convergència i Unió. Sabe de sobra, señora
García-Alcañiz, que lo que ha escrito en el apartado 2 de su artículo 2.º
no es correcto. Usted dice que la certificación de la condición de
minusválido es extendida por la autoridad administrativa correspondiente
de cada comunidad autónoma, y añade que en el caso de Ceuta y Melilla es
el ayuntamiento, y sabe que técnica, jurídica y competencialmente esto no
es así.
En cuanto a las enmiendas 14 y 15 no voy a insistir en las mejoras
técnicas y en la simplificación que plantea, igual que en la 16 al
recurrir al sistema de jurisdicción civil y al trámite de juicio verbal
como el más breve, el más eficaz y el más útil. No quiero redundar en los
temas.
En relación a la enmienda número 20 a la disposición final, que hemos
retirado, hemos presentado una transacción para dejar bien claro que esta
ley la desarrollamos al amparo del artículo 149 de la Constitución.
Dejamos bien claro que en materia de patrimonio arquitectónico, control y
calidad en la edificación, esas competencias están ya transferidas a la
comunidad autónoma. Hacemos esta transacción para recoger el espíritu que
Convergència i Unió nos quería presentar en su enmienda 25.
El señor PRESIDENTE: Señora Fernández Sanz, para hacerlo después de la
misma manera con el resto de los grupos, le pido aclaración sobre si
acepta la transaccional que ha propuesto la señora García-Alcañiz a la
enmienda número 15.
La señora FERNANDEZ SANZ: Disculpe señor Presidente, no la aceptamos.
Nuestra redacción nos parece más correcta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora García-Alcañiz.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Creo en buena voluntad y en la buena
intención de la señora Fernández, según dice, en cuanto a conseguir la
mejora técnica, pero, de verdad, no lo consigue ni por asomo. Le he
puesto un ejemplo de su mejora técnica, el cual se ha quedado en
apreciaciones absolutamente genéricas, cargadas de un paternalismo que a
estas alturas del siglo me parece improcedente como poco, señora
Fernández.
Se trata de unos derechos con los que todos los grupos, afortunadamente,
incluido el suyo, estamos de acuerdo, pero no me siga manteniendo esa
postura que no es la adecuada, ni debiera ser la mantenida por una
persona como usted --con el aprecio personal que la tengo-- hacia este
grupo de españoles o hacia cualquier otro.
Me dice usted: Dibuja usted unos hábitos de protección. ¿Pero, señora
Fernández, qué léxico es ése? (La señora Fernández Sanz: Ambitos, no
hábitos.) Responde a unos derechos contemplados en la Constitución que,
dice muy bien, fue consecuencia de esa ponencia en la que todos
intervinimos. No estamos haciendo balance del cumplimiento de lo que
hicimos en aquella ponencia, pero es lo cierto que este trabajo, con un
estudio monográfico hecho por gente que estaba muy interesada en estos
temas, recoge las intervenciones de todos los grupos parlamentarios y
propone unas soluciones a las que usted se negó sistemáticamente. Y como
tenían mayoría absoluta, no pudieron contemplarse. Como consecuencia de
esto, el Grupo Parlamentario Popular presenta en el registro de esta
Cámara, en junio de 1992, y como votos particulares, este mismo trabajo
con las argumentaciones correspondientes. Bien es cierto que agua pasada
no mueve molino, pero estamos en el momento de hacer las cosas lo mejor
posible. No tengo, créame, ningún interés personal en mantener esta ley
porque sí. Usted lo sabe muy bien. Yo estoy en disposición de que lo
hagamos todo lo mejor posible.
Creo, con toda sinceridad, señora Fernández, que no mejora técnicamente
nada. Son sus enmiendas, pero deje usted las otras, porque lo que está
haciendo es complicar la ley e introducir un lenguaje farragoso, Se queda
usted tan contenta porque cambiemos vivienda por finca urbana, porque
cambiemos minusválidos por deficientes. Responden, como le he dicho, a
los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Si usted quiere
modificarlo ahora --creo que es más restrictivo--, no habría, como le he
dicho, inconveniente en que se pusiera «deficientes» en vez de
«minusválidos».
No responde tampoco, por tanto, a unos criterios determinados Cocemfe o
de Aspaym o de cualquier otra asociación. Responde a los criterios y a
los conceptos de la Organización Mundial de la Salud a este respecto. Por
tanto, somos respetuosos con esos conceptos mientras no sean cambiados.
Yo creo, de verdad, sinceramente, señora Fernández, que no mejora en
absoluto, sino que complica.
Usted me ha hecho una última alusión a los ayuntamientos de Ceuta y
Melilla. Olvida usted la circunstancia particular de estas dos ciudades.
Hasta hace muy poco no hemos aprobado en esta Cámara un estatuto de
autonomía, pero está perfectamente clarificado --y lo reitero de nuevo
para que sea aceptada la propuesta que hemos hecho al Grupo Catalán-- al
introducir la autoridad administrativa competente de la comunidad
autónoma correspondiente. En modo alguno hay ninguna lesión de ningún
estatuto de autonomía y corresponde, evidentemente, al cumplimiento del
artículo 149.3 de nuestra Constitución.
Me va a permitir que lea el artículo 2, señor Presidente, para ver si la
señora Fernández se percata de su claridad y lo acepta. Me parecía
importante que así lo hiciera. Dice «El cumplimiento de las condiciones
señaladas se acreditará mediante las correspondientes certificaciones
oficiales del Registro Civil o de la autoridad administrativa competente
de la Comunidad Autónoma correspondiente. La certificación de la
condición de minusválido será extendida (repetimos de nuevo)» «por la
autoridad administrativa competente de la correspondiente Comunidad
Autónoma o, en el caso de Ceuta y Melilla, del Ayuntamiento»
(recientemente hemos aprobado los estatutos para estas dos ciudades, que
tienen una singularidad con respecto al resto de las ciudades españolas),
«que habrán de informar favorablemente
sobre la necesidad de las obras y el proyecto para su realización.»
Señora Fernández, yo creo que las argumentaciones son sólidas, son
evidentes, porque la claridad legislativa está en sí misma y yo creo que
lo otro es una manera de complicar. Sinceramente se lo digo, creo que no
suponen una mejora. La nacionalidad y el buen sentido común que tenga
usted a la hora de tomar las decisiones se lo agradecerán todas las
personas afectadas por no tener después complicaciones al no hacer la ley
más farragosa sino inteligible, evitando así confusión en cualquier
momento a la hora de interpretarla.
El señor PRESIDENTE: Para manifestar su aceptación o rechazo de enmiendas
transaccionales y también, por supuesto, para cualquier otra
consideración que juzgue conveniente, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Hinojosa. Le recuerdo que
hay dos transaccionales a su enmienda número 25.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Respecto a las enmiendas de los demás Grupos,
nada que decir, porque pienso que lo que prevalece es la voluntad de
hacer un texto que sea útil. Dependiendo de los orígenes, de dónde nos
hayan llegado las peticiones, de los diálogos mantenidos últimamente,
etcétera, hay diferentes matices, pero el fondo de las diferencias creo
que es muy pequeño. Por tanto, mi criterio es que saldrá un texto útil,
bien valorado por las personas a las que va dirigida la ley y nada que
decir respecto a las demás enmiendas.
Agradezco al Grupo Popular la enmienda «en voce» que nos presenta. Créame
que les agradezco de verdad el esfuerzo que me consta que ustedes han
hecho para ofrecer esta enmienda transaccional. Pero yo prefiero aceptar
la que me ofrece el Grupo Socialista, porque su redacción me parece muy
ajustada a los criterios que me han llevado a mantener la enmienda número
25, que naturalmente tendré que retirar para que se vote la transacción
del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: La señora Urán, en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.
La señora URAN GONZALEZ: Aceptamos las enmiendas transaccionales del
Grupo Socialista a la enmienda número 6, que afecta la inclusión del
párrafo, y a la enmienda número 7. Vamos a aceptar la enmienda que nos
plantea el Grupo Popular a la número 8 en aras de ver la posibilidad de
que también sea aceptada por el Grupo Socialista, dejando claro que
nuestra intención es que esta enmienda no suponga un aumento de las
rentas y de los gastos de la comunidad.
Por tanto, vamos a retirar todas las enmiendas, las números 5, 6, 7 y 8,
en aras de aceptar las transaccionales que se nos han presentado.
Nuestro grupo va a votar favorablemente las enmiendas del Grupo
Socialista, porque, además, partimos del mismo principio de considerar
que es una modificación legislativa que va a permitir que los
minusválidos tengan un mejor acceso y una mejor calidad de vida tanto en
sus viviendas como en su lugar de trabajo y porque creemos que las
enmiendas del Grupo Socialista amplían la proposición de ley.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán, le pido un último esfuerzo. Hay dos
enmiendas transaccionales a su enmienda 6, una del Grupo Socialista y
otra del Grupo Parlamentario Popular. Así creo haber entendido la
intervención tanto a la señora Fernández como de la señora Alcañiz.
A su enmienda número 6 hay dos transaccionales. ¿Son compatibles?
La señora URAN GONZALEZ: Aceptamos la transaccional del Grupo Socialista,
porque la que nos ha planteado el Grupo Popular no me ha quedado
excesivamente clara. Además, al retirar el resto del artículo modificaría
la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Creo haber entendido también, señora Urán, que la
señora García-Alcañiz ofrecía una enmienda transaccional a la número 5
suya.
La señora URAN GONZALEZ: Pero la retiramos; no aceptamos la transaccional
y está retirada.
El señor PRESIDENTE: ¿Está retirada la enmienda número 5?
La señora URAN GONZALEZ: Retiramos la enmienda número 5, la número 6
porque aceptamos la transaccional que nos plantea el Grupo Socialista, la
número 7 y la número 8 porque aceptamos la transaccional que nos plantea
el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: El señor Olabarría tiene la palabra en nombre del
Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
El señor OLABARRIA MUÑOZ: A los siguientes efectos, señor Presidente:
para retirar la enmienda número 2, a pesar de la receptividad, que
nosotros agradecemos y que ha demostrado con tanta generosidad la señora
portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y mantener la número 1, señor
Presidente.
No comprendemos cómo no ha sido objeto de una consideración más detenida
por los grupos parlamentarios que no optan por su aceptación, puesto que
lo único que pretende la enmienda número 1 de mi Grupo Parlamentario es
dar consistencia y congruencia interna al artículo 4 de la proposición,
indicando que la oposición no razonada o comunicada fuera de plazo
carecerá de eficacia y no impedirá la realización de las obras. ¿Por qué
también la no razonada? Sencillamente porque el primer párrafo del
artículo 4 exige que la oposición sea razonada. Si éste es un
requerimiento expreso, formal, de la primera parte del artículo 4, la
negativa, el no cumplimiento de ese expreso requerimiento formal tiene
que provocar algún vicio en esta petición. Y ese vicio no puede ser otro
más que no impedir
la realización de las obras que se ejecuten para la adecuación por causa
de la minusvalía, en su caso.
Señor Presidente, con esta somera explicación doy por concluida esta
intervención.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de las enmiendas y de
las transaccionales.
En primer lugar, enmienda número 1, del Grupo Vasco (PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Las enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya han
sido retiradas, por lo que votamos las transaccionales con sus enmiendas
números 6 y 7.
La señora GARCIA-ALCAÑIZ CALVO: Señor Presidente, nosotros a la enmienda
número 8 de Izquierda Unida hemos ofrecido una transaccional; por lo
tanto pediríamos votación separada de esa enmienda.
El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas transaccionales del Grupo
Socialista con las números 6 y 7 de Izquierda Unida. ¿Se pueden votar
conjuntamente? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas dichas enmiendas transaccionales.
Votamos la enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular con la
número 8 de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 19; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda transaccional.
Votamos la transaccional del Grupo Socialista con la enmienda 25 del
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda transaccional.
Votamos las enmiendas 9 a 19 del Grupo Socialista, con la excepción de la
18 y 20, que estaban retiradas en Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas dichas enmiendas.
Votamos el texto del dictamen con las enmiendas incorporadas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobado el texto del dictamen,
una vez incorporadas las enmiendas.
Señorías, con esto acabamos el trámite del punto número 1.º del orden del
día.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA
JUVENTUD:
--PARA EXPLICAR LOS CRITERIOS GENERALES DE LA POLITICA DE ESA DIRECCION
GENERAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 212/000855.)
El señor PRESIDENTE: Procedemos a tratar el 2.º punto del orden del día:
comparecencia de la Directora General del Instituto de la Juventud para
explicar los criterios generales de la política de esa Dirección General,
que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a utilizar el procedimiento habitual en la Comisión. Comenzará con
el uso de la palabra la señora Directora General, a continuación
intervendrá el Grupo que ha solicitado la comparecencia y posteriormente
el resto de grupos, de menor a mayor.
Tiene la palabra la señora Directora General de la Juventud.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Escapa
Garrachón): Señoras y señores Diputados, comparezco ante esta Comisión
para exponer los objetivos de la política de juventud a lo que dirigimos
nuestra actuación, así como las líneas básicas que venimos desarrollando
desde el Instituto de la Juventud. Es una ocasión para trasladar a SS.
SS. algunos datos procedentes de nuestras últimas investigaciones acerca
de la situación que viven los y las jóvenes, así como de explicarles qué
es lo que estamos haciendo desde el Instituto de la Juventud para abordar
la problemática y necesidades de la juventud española como una
contribución de la acción pública en el conjunto de las administraciones
y en permanente colaboración con los consejos de juventud y las
organizaciones del mundo asociativo juvenil.
Para contextualizar nuestros objetivos y actuaciones sería conveniente
empezar por señalar las características de los y las jóvenes que viven en
España hoy, cuáles son sus expectativas, sus deseos, sus demandas y cómo
prevemos que va a evolucionar, también en términos generales, esta
promoción de jóvenes en los próximos años en el cambio del siglo.
Me permitirán que les dé una simple referencia sociológica que apunta al
futuro para ilustrar la necesaria contextualización de nuestras
actuaciones.
Saben que, por razones del retraso de la edad de emancipación desde hace
ya una década, venimos considerando población joven a la que se encuentra
entre los 15 y los 29 años. Los propios jóvenes consideran que se empieza
a ser joven y se deja de serlo aproximadamente en estos límites de edad.
A partir de los últimos estudios que hemos realizado en el Instituto de
la Juventud y teniendo en cuenta las investigaciones de otras
instituciones, públicas y privadas, sabemos que en la actualidad estamos
en un proceso de transición desde el punto de vista demográfico en lo que
concierne a la generación joven. La generación del «baby-boom», los
nacidos entre principios del año sesenta y mediados de los setenta, que
en 1991 llegaron a ser 10 millones de ciudadanos, se trasladan hacia
edades más adultas, de manera que hoy, en el año 1995, los más jóvenes,
quienes tienen ahora de 15 a 19 años, forman parte de las primeras
promociones nacidas en los años del inicio del desplome demográfico. Por
consiguiente, cuantitativamente son menos y aportan características algo
diferentes respecto a la generación de los años ochenta. Son más activos
y tienen mayor convicción en sus posibilidades de intervención y
reivindicación.
Precisamente en el Plan de Juventud hemos empezado por señalar las
características de esta generación mixta, compuesta de jóvenes mayores de
20 años pertenecientes al «baby-boom» y menores de esa edad que aportan
elementos innovadores y hemos identificado, a partir de nuestras
investigaciones, las utopías o ideales que en este momento interesan a la
juventud y, tras ella, a toda la sociedad en un mundo interrelacionado en
el que las aspiraciones ciudadanas y sobre todo de la juventud se sitúan
más allá de las fronteras nacionales.
Estos ideales son fundamentalmente tres: un mundo en paz, un medio
ambiente habitable y una vida digna para todos y todas, con independencia
de su sexo, etnia, ideas, cultura, capacidad personal y lugar del planeta
donde se viva.
En consecuencia, en estas ideas-marco debemos contribuir a la confluencia
del interés de la juventud por ciertas causas colectivas con el interés
general de la sociedad. La paz y el rechazo de la violencia, la
solidaridad hacia personas y colectivos en dificultad, la ayuda a los
países en desarrollo; la preservación del medio ambiente, la igualdad de
oportunidades de mujeres y de hombres y las prácticas de vida saludable.
Además, respecto de este colectivo de jóvenes españoles de hoy, a quienes
dirigimos nuestra acción política, toda la sociedad tiene el deber de
transmitirles los valores que fundamentan la democracia, tales como la
libertad, la solidaridad, la tolerancia y la responsabilidad, así como
proporcionarles los medios y los cauces que les faciliten una mayor
presencia y participación en la sociedad.
Estas consideraciones pueden encontrarlas en el Plan de Juventud que fue
aprobado en diciembre pasado por el Consejo de Ministros y al que me
referiré posteriormente. El Plan, obviamente, está a disposición de todos
y todas ustedes.
Como saben, el Instituto de la Juventud, conocido en el ámbito juvenil y
en medios administrativos por las siglas Injuve, es un organismo
dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales cuya estructura actual
responde a la práctica finalización del traspaso de funciones y servicios
en materia de juventud a las comunidades autónomas, de manera que los
objetivos y cometidos que corresponden actualmente al Instituto de la
Juventud lo son como resultado de ese proceso de transferencias.
Precisamente por ello, en todas y cada una de las comunidades existe un
organismo de juventud con diversas denominaciones y adscripciones
administrativas. Con todos ellos se relaciona y coopera el Instituto, a
través de las reuniones de la Mesa de Directores Generales de Juventud,
de las que ya se han celebrado 34 ediciones.
Los Reales Decretos 727/88 y 791/88, por los que se crea el Ministerio de
Asuntos Sociales y se establece su estructura orgánica, adscriben el
Instituto de la Juventud a este ministerio. Actualmente prestan sus
servicios en el Instituto de la Juventud 261 personas, de las cuales 181
son funcionarios y 80 son laborales fijos.
En cuanto al presupuesto de gastos, el Instituto de la Juventud dispone
este año para la consecución de sus objetivos de 3.427 millones de
pesetas.
La estructura orgánica básica del Instituto de la Juventud se compone de
dos subdirecciones generales: una se ocupa de la cooperación
internacional y de las relaciones con las comunidades autónomas, la
Federación Española de Municipios y Provincias y el movimiento asociativo
juvenil en el ámbito estatal, así como de la gestión de las subvenciones;
la otra se ocupa de la elaboración de las investigaciones, de la
formación, la documentación y la información, así como del desarrollo de
los programas y actividades de acción directa o producto de acuerdo de
colaboración con diversas instituciones. De todo ello pasaré a darles
cuenta a continuación.
Además, como organismo autónomo que es, el Instituto de la Juventud
cuenta con una Secretaría General, con rango de subdirección, que se
ocupa de la gestión económico-financiera y de personal, así como de la
elaboración del anteproyecto de presupuestos y de todo lo relacionado con
el régimen interior y asuntos generales del organismo.
Los fines marcados para el organismo se contienen en los Reales Decretos
565/85 (estructura orgánica del Ministerio de Cultura) y 791/88, que
desarrolla la estructura orgánica inicial del Ministerio de Asuntos
Sociales, y son los siguientes: La ejecución de la política del
Departamento respecto de la juventud, en colaboración con los
departamentos ministeriales y las administraciones públicas cuyas
actividades inciden sobre este sector de población, la promoción de la
comunidad cultural entre la juventud española, el fomento del
asociacionismo juvenil y su participación en movimientos asociativos
internacionales, el desarrollo y coordinación de un sistema de
información y documentación de la juventud y el fomento de las relaciones
y de la cooperación internacional en materia de juventud.
En lo que se refiere a la coordinación interministerial de la política de
juventud, la Administración General del Estado en España dispone, desde
hace nueve años, de un órgano colegiado que es la Comisión
Interministerial para la Juventud y la Infancia, que fue creada por Real
Decreto
658/86, modificado por el 1.018/89. La Comisión Interministerial está
presidida por la Ministra de Asuntos Sociales y tiene como funciones
primordiales proponer al Gobierno los programas de política para la
juventud que articulen los factores económicos, sociales, políticos y
culturales que inciden en el proceso de inserción de los jóvenes en la
vida social activa y cuantos programas de política para la infancia
conduzcan a la mejora de sus condiciones de vida; estudiar los problemas
de la juventud y de la infancia, así como la propuesta de programas y
medidas que contribuyan a resolverlos; coordinar las actuaciones de los
distintos departamentos ministeriales relacionados específicamente con la
juventud y la infancia; atender los planteamientos e iniciativas
formulados por el Consejo de la Juventud; ejecutar iniciativas
conducentes al mejor cumplimiento de sus funciones y realizar las tareas
que le sean encomendadas por el Gobierno de la nación. La Comisión
funciona en Pleno y en Secretariado de Coordinación. Además, la Comisión
se dota de grupos de trabajo para la elaboración del Plan o para su
seguimiento y evaluación. Precisamente ha sido esta comisión, cuya
secretaría radica en el Injuve, el órgano que se ha ocupado de elaborar
el nuevo Plan de Juventud, dentro del cual se insertan todas las
actuaciones que el conjunto del Gobierno desarrolla en favor de la
juventud española y, por consiguiente, todas las actuaciones del
Instituto de la Juventud que les detallaré más adelante.
El nuevo plan es producto de un proceso que se inició hace poco más de un
año y en el que han participado todos los ministerios (más de 40
direcciones generales y organismos autónomos), los organismos de juventud
de las comunidades autónomas, el Departamento de Juventud de la
Federación Española de Municipios y Provincias y el Consejo de la
Juventud de España.
El Plan pretende, a partir de los datos de que disponemos, procedentes de
nuestras investigaciones, dar respuesta a los requerimientos y
necesidades más acuciantes de la juventud; consolidar y promover entre la
juventud los valores de la democracia y los valores que generan los
nuevos tiempos, como la libertad, la igualdad de oportunidades, la
responsabilidad, el espíritu emprendedor, la moral del esfuerzo personal
y, sobre todo, la tolerancia y la solidaridad; fomentar la autonomía
personal y la integración social de la gente joven incrementando su
formación, posibilitando el crecimiento del empleo juvenil y facilitando
el acceso a la vivienda, así como mejorar la participación de la juventud
en la sociedad para hacer posible su mayor protagonismo.
Para dar respuesta a este conjunto de ideas y de motivaciones, el Plan
fija cinco objetivos para el lapso temporal que abarca y que coinciden
con las cinco áreas del Plan. En primer lugar, favorecer la autonomía
personal de los y las jóvenes mediante su integración social y laboral y
el acceso a la vivienda; en segundo lugar, fomentar entre los y las
jóvenes la solidaridad, la tolerancia y propiciar la igualdad de
oportunidades; en tercer lugar, promover entre la juventud hábitos de
salud y prevención de los riesgos a los que está expuesta; en cuarto
lugar, promover la mejora en la calidad de vida de los jóvenes a través
del consumo responsable, el uso formativo del ocio y del tiempo libre y
la práctica deportiva, todo ello desde un enfoque respetuoso con los
factores medioambientales y, en quinto lugar, posibilitar la
participación social y política de la juventud.
En cada una de las cinco áreas que tienden a la consecución de estos
objetivos se han identificado una serie de medidas interministeriales,
hasta un total de 35. Cada medida se compone de un conjunto abierto de
actuaciones de todos los ministerios, que en este momento son 263. En
muchas actuaciones participa más de un ministerio. El plan no supone
incremento del gasto sino que se financia con cargo a los presupuestos
ordinarios de cada Departamento.
Este Plan apunta a una acción concertada de todas las administraciones y
del conjunto de las organizaciones sociales para actuar conjuntamente en
favor de los y las jóvenes. Por eso, sus principales características son
que se trata de un plan abierto, participativo y coordinado.
Para la elaboración de este nuevo plan nos hemos inspirado en la
experiencia del anterior Plan integral de juventud, cuya evaluación se
presentó el 14 de enero de 1994 al Consejo de Ministros; en los nuevos
datos obtenidos de las investigaciones realizadas por el Instituto de la
Juventud; en el programa de Gobierno, en lo que atañe a la juventud, y
las conclusiones de la Comisión de Juventud del Senado, que fueron
aprobadas por todos los grupos, y finalmente en los planes de juventud de
las comunidades autónomas, de todas aquellas que tienen plan, que son
ocho, de varios municipios y de algunos países latinoamericanos.
El Instituto de la Juventud tiene encomendada la función de impulso,
coordinación y evaluación del Plan de Juventud a través de la Secretaría
de la Comisión Interministerial, así como el apoyo administrativo a los
trabajos de la misma y de las distintas mesas.
Como quizá sepan, el próximo día 13 la Ministra de Asuntos Sociales
presentará el Plan ante el Senado. Me remito a lo que les decía
anteriormente en cuanto a que el Plan está a su disposición y esperamos
contar con la colaboración de quienes crean poder hacer aportaciones
útiles en favor de la mejora de las condiciones de vida de nuestros y
nuestras jóvenes.
Pero, además, el Instituto de la Juventud, como organismo de la
Administración, desarrolla una serie de funciones, programas y
actividades que se ubican en los tres objetivos de legislatura que señaló
la Ministra de Asuntos Sociales el 24 de noviembre del pasado año ante
esta Cámara. Funciones, programas y actividades que se sitúan también,
lógicamente, en el marco del conjunto del Plan de Juventud, a la vez que
tratan de dar respuesta a los fines institucionales que le fija la
normativa a la que me he referido anteriormente.
En primer lugar, el Instituto de la Juventud se ocupa de coordinar la
acción interministerial para el desarrollo de la política integral de
juventud y lleva a cabo programas, muchos de ellos con carácter piloto,
para estimular la participación social, económica y cultural de la
juventud, en el ámbito del empleo y del acceso a la vivienda, y con la
pretensión de fomentar entre los y las jóvenes la solidaridad, la
tolerancia, la igualdad de oportunidades y de trato, el respeto al medio
ambiente y el voluntariado. En segundo
lugar, el Instituto de la Juventud promueve y coordina la cooperación
internacional en materia de juventud, con instituciones internacionales
de juventud y con organismos de juventud de otros países, especialmente
de Europa y de Iberoamérica. En tercer lugar, el Instituto de la Juventud
fomenta el asociacionismo juvenil de ámbito estatal y tiene una relación
permanente con el Consejo de la Juventud de España. En cuarto lugar, el
Instituto de la Juventud mantiene un observatorio de estudios, análisis y
diagnóstico permanente sobre la situación de la juventud española,
facilitando servicios especializados de formación y documentación a
comunidades y ayuntamientos, asociaciones juveniles, medios de
comunicación y otras entidades. Finalmente, el Injuve pretende
posibilitar que la juventud disponga de información que le permita
acceder, en las mejores condiciones, a las oportunidades que tenga a su
alcance, mediante un sistema coordinado de servicios de información a la
juventud.
Todos estos cometidos los realiza en obligada y permanente colaboración
con los organismos de juventud de las comunidades autónomas y con el
Consejo de la Juventud de España.
Empezaré por hacer una descripción breve de programas y actividades que
estamos desarrollando o pensamos realizar directamente en el marco de los
objetivos del Plan, para pasar a continuación a exponerles nuestras
tareas en el ámbito internacional, en el apoyo al asociacionismo juvenil,
en los estudios y la formación y en la información dirigida a jóvenes.
En lo que se refiere al empleo, nuestra capacidad de incidir directamente
sobre la disminución del desempleo juvenil es muy pequeña, obviamente.
Sin embargo, en esa función de apoyar experiencias que puedan señalar
vías innovadoras hemos emprendido algunas experiencias y algunas
iniciativas.
Mediante la firma, el 21 de septiembre de 1994, de un convenio de
colaboración entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la entidad Seniors
Españoles para la Cooperación Técnica (SECOT), se puso en marcha un
proyecto de colaboración entre ambas instituciones en materia de
asesoramiento para jóvenes emprendedores, menores de 30 años, que deseen
crear una empresa, cooperativa o que estén necesitados de asesoramiento
técnico para su mejor desarrollo. Con este acuerdo, al tiempo que se
ayuda a jóvenes emprendedores, se fomenta la solidaridad
intergeneracional.
Este asesoramiento es prestado por los socios de SECOT, personas
jubiladas o prejubiladas, en calidad de profesionales o expertos que
actúan gratuitamente en 12 comunidades autónomas.
Por otra parte, vamos a iniciar una experiencia de convocatoria de
proyectos empresariales y de autoempleo, en colaboración con el
Ministerio de Industria, que permitirá dotar con una bolsa de asistencia
técnica a los proyectos que sean seleccionados, para que sirva de ejemplo
y estímulo a los muchos jóvenes que desean iniciarse en el trabajo
autónomo o en la experiencia empresarial.
Otros proyectos de fomento de la ocupación que hemos iniciado y que
esperamos poder desarrollar durante este año son los siguientes:
La participación de los y las jóvenes en la recuperación del patrimonio
cultural, para lo que hemos entrado en contacto con los Ministerios de
Obras Públicas y de Cultura, para dar forma a un proyecto de intervención
que propicie la inserción profesional de los y las jóvenes, a través de
la recuperación del patrimonio cultural español en algunos de los
trazados del Plan de Carreteras 1993-1995.
También vamos a lanzar un proyecto piloto de apoyo a grupos juveniles del
medio rural que elaboren y desarrollen propuestas de promoción de su
entorno.
Otra actuación prevista es el proyecto de bolsas de empleo juvenil en
colaboración con las comunidades autónomas, a través de los organismos de
juventud. La creación de estas bolsas de empleo juvenil pueden permitir
un mayor acercamiento y garantía de ofertas de empleo a la población
joven demandante.
Finalmente, en el ámbito de la formación, el pasado año organizamos un
curso de 100 horas para personas que trabajan en los Centros de
Información de Comunidades Autónomas y de la Federación Española de
Municipios sobre técnicas de orientación sociolaboral, que ha dado como
resultado la puesta en marcha este año de 10 proyectos que tutelaremos
con el apoyo de un equipo técnico.
Además tenemos previsto iniciar este año un módulo de formación para
jóvenes empresarios.
En lo que se refiere a la vivienda, nuestra pretensión es, en primera
instancia, sensibilizar a los promotores públicos y privados sobre la
necesidad de facilitar el acceso de los y las jóvenes a la vivienda y,
por consiguiente, la importancia que tiene para la juventud el que se
promueva no sólo la construcción de viviendas para la venta sino de
viviendas y residencias en alquiler dirigidas a este colectivo.
Las características del parque de viviendas en nuestro país, la enraizada
cultura de la propiedad, por contraste con los países de nuestro entorno,
hace que la oferta de viviendas accesibles para los y las jóvenes sea muy
limitada y de coste alto para la precaria economía juvenil. Todo ello
perjudica seriamente la emancipación de nuestra juventud. De ahí la
importancia que tiene que desde la Administración General del Estado, a
través de los planes de vivienda, hasta los ayuntamientos, actúen de
manera decidida en proyectos que incentiven la promoción pública y la
iniciativa privada para poner a disposición de los y las jóvenes un
número suficiente de viviendas en alquiler que nos equipare con la
realidad de países cercanos.
Por nuestra parte, desde el Instituto de la Juventud estamos organizando
foros de sensibilización dirigidos a promotores públicos y privados, como
el que celebramos no hace aún tres meses con profesionales y
representantes de instituciones dedicados a la construcción de viviendas
y cuyas conclusiones hemos puesto a disposición de la Dirección General
de la Vivienda para que se estudie su posible inclusión en el nuevo plan
de viviendas que se está ya elaborando.
Además, estamos apoyando una experiencia que está dando buen resultado en
la Comunidad de Madrid, como es la bolsa de vivienda joven en alquiler.
Este programa pone a disposición de los jóvenes demandantes de vivienda y
de los propietarios dos seguros de garantía contra
impagos y multirriesgos. Este aval es tan apreciado por los propietarios
que permite abaratar las rentas en torno a un 20 por ciento. Este año el
programa se va a iniciar en doce comunidades, con cuyos organismos de
juventud estamos gestionando la firma de un convenio de colaboración en
este sentido. Esperamos que, en breve, los resultados obtenidos en la
Comunidad de Madrid se multipliquen en estas comunidades.
También en vivienda tenemos otra actuación, iniciada con ocasión del plan
anterior, que consiste en la construcción de viviendas para estudiantes
desplazados. Se trata de actuaciones conjuntas entre ayuntamientos,
rectorados de universidades, organismos de juventud de comunidades
autónomas y el Instituto de la Juventud en las que cada institución
aporta suelo, financiación o gestión. Hay diez convenios firmados por un
importe total de 1.800 millones de pesetas. El año pasado se concluyeron
dos promociones en Barcelona, en Cerdanyola del Vallés, y en Madrid,
Getafe, con un total de 780 plazas. La previsión total de plazas es de
3.500 aproximadamente. En abril finalizarán las obras de Granada y en
verano las de Salamanca y Valladolid. El resto está en distintas fases de
elaboración de proyecto y de iniciación de obras.
En lo que se refiere al fomento de la educación para la salud estamos
colaborando con los Ministerios de Educación y Ciencia y de Sanidad y
Consumo en la promoción de actuaciones que contribuyan al desarrollo de
hábitos de vida saludable. Al amparo del convenio se establecen una serie
de programas a realizar: Desarrollo de proyectos de educación
afectivo-sexual en centros educativos ubicados en territorio MEC,
dirigidos a la prevención de embarazos no deseados, enfermedades de
transmisión sexual y sida y actuaciones dirigidas a la prevención del
alcoholismo en el ámbito escolar.
Además, en cuanto a la prevención del sida y de las enfermedades de
transmisión sexual, durante el segundo semestre de 1994, con motivo del
«Programa de prevención del sida entre los jóvenes europeos»,
desarrollado bajo los auspicios de la Comisión de las Comunidades
Europeas, hemos realizado una serie de acciones consistentes en la
realización y distribución del pasaporte europeo y de materiales
divulgativos, así como la formación de agentes intermediarios mediante
sesiones informativas y la elaboración de un manual para la correcta
utilización de los materiales divulgativos.
Precisamente en el aspecto formativo este año hemos previsto un curso
dirigido a mediadores juveniles, responsables de asociaciones de ámbito
estatal, personas que trabajan en los centros de información de las
comunidades autónomas y ayuntamientos, sobre prevención y promoción de la
salud.
En lo que se refiere a programas de prevención del racismo y de la
intolerancia, la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de
Europa, celebrada en Viena durante el mes de octubre de 1993, decidió la
realización de un plan de acción general del Consejo de Europa destinado
a reforzar la coexistencia democrática y a prevenir y combatir la
intolerancia y la discriminación. Surge así la Campaña Europea de la
juventud contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la
intolerancia que se desarrollará durante este año 1995. En cada país un
comité nacional es el responsable de lanzar, promover y coordinar la
campaña. El Ministerio de Asuntos Sociales, a través del Instituto de la
Juventud, ha trabajado durante 1994 en la composición del comité español
que coordinará la Campaña en nuestro país, compuesto por asociaciones
juveniles, de inmigrantes, minorías étnicas y solidaridad, por
Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y cinco
ministerios. El Comité de Honor lo preside el Presidente del Gobierno.
El desarrollo de la campaña prevé un elenco de iniciativas y actividades
entre las que les cito algunas: semana intercultural, carreras populares,
encuentros de Cabueñes, trenes europeos de la juventud, Semana europea en
Estrasburgo, conciertos, noche de los cristales rotos, fiesta de Europa
por la tolerancia, campaña publicitaria, partidos de fútbol y baloncesto
por la tolerancia, y algunas otras cuyo calendario está cerrándose en
estos días.
En esta misma línea de prevención del racismo y la intolerancia, en
octubre del pasado año firmó la Ministra de Asuntos Sociales un Convenio
con el Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad Complutense de
Madrid para la realización de un proyecto de prevención del racismo y la
intolerancia entre los jóvenes de 15 a 19 años. El programa parte de un
curso de postgrado, diseñado por la Universidad Complutense y recogido
por el Ministerio de Educación y Ciencia como formación permanente del
profesorado, destinado a los profesores que trabajarán con jóvenes
estudiantes de centros seleccionados de la Comunidad de Madrid que serán
los agentes del programa.
También en prevención tenemos previsto iniciar este año una acción
concertada con la Dirección General de Tráfico, de educación vial para
asociaciones juveniles de ámbito estatal como contribución a la
prevención de los accidentes de tráfico entre los y las jóvenes.
Además, en este campo de la prevención de otros riesgos queremos
propiciar estudios y seminarios para trabajar sobre varios temas, tales
como la incidencia que tendrá el cambio de la edad de responsabilidad
penal, sobre el perfil que asocia a los jóvenes con la violencia y sobre
la mejora de la imagen de los jóvenes en los medios de comunicación, como
un procedimiento de concienciación ciudadana hacia los problemas de la
juventud y como prevención de la marginación.
En lo que se refiere al Programa Juventud y Medio Ambiente, saben ustedes
que es un programa clásico del Instituto de la Juventud. Nuestra
intención es que cada vez más se constituya en un programa que sirva para
informar y formar a mediadores que habrán de trabajar posteriormente con
chicos y chicas para una mayor sensibilización de la población joven
sobre la realidad de nuestro patrimonio ambiental, así como facilitar
vías de participación e implicación directa en la defensa del medio. Se
trata pues de potenciar la formación y también la ocupación profesional
en tareas ligadas a este fin.
Desde 1983, este Programa, que se realiza en colaboración con la
Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, el Icona y el Inem,
así como con los organismos de
juventud de las comunidades autónomas, viene desarrollando una serie de
actividades que se concretan en: Conoce nuestros Parques Nacionales y
espacios naturales, nuestros ríos, nuestras cañadas y nuestro patrimonio
natural; y en campos de trabajo del Servicio Voluntario de las
comunidades autónomas. Estos últimos se trata de un conjunto de
actividades convocadas por asociaciones del Servicio Voluntario
Internacional y gestionadas a través de los servicios de juventud de las
comunidades autónomas, coordinadas por el Injuve. Mediante esta
cooperación con el Servicio Voluntario Internacional son muchos ya los
jóvenes españoles que han tomado parte en diferentes programas de campos
de trabajo internacionales. Este programa movilizó durante el pasado año
a casi 3.000 jóvenes. Como innovación en este programa de Juventud y
Medio Ambiente tenemos previsto establecer una mesa de expertos que nos
ayude a elaborar un material didáctico para la formación de jóvenes en la
gestión medioambiental.
Otro de los programas clásicos del Instituto es el de Juventud y Cultura,
que permite formar y promocionar jóvenes valores en el mundo de las artes
y de la investigación científica. En la actualidad el Programa aborda
cuatro áreas: artes plásticas, música, teatro e investigación científica.
En artes plásticas se desarrollan actividades de arte contemporáneo
dirigidas en dos líneas: la promoción y difusión del arte joven español y
la incorporación a la circulación artística internacional de esos jóvenes
a través de talleres y exposiciones en los países de la Unión Europea. En
este área de artes plásticas, se realizan las exposiciones
«Confrontaciones», la «Muestra de arte joven», la muestra de fotografía
«Imágenes jóvenes», que itinera por las comunidades autónomas, y la
participación en la exposición que organiza la Fundación
Germinations-Europa.
Este año, además, tenemos prevista la creación de un centro de jóvenes
creadores, en colaboración con el Ministerio de Cultura, que asegure un
espacio estable donde los jóvenes creadores puedan exponer sus obras.
En cuanto al área de música tratamos de favorecer la formación, la
promoción y el apoyo a la profesionalización progresiva de los jóvenes
músicos españoles. En este área de música vamos a organizar un festival
de música de las comunidades de España, y estamos viendo la posibilidad
de hacer un campo de composición e interpretación de música
contemporánea. Ambas iniciativas se hacen en colaboración con el
Ministerio de Cultura.
En cuanto al teatro, tenemos intención de recuperar este año el concurso
de textos teatrales «Marqués de Bradomín».
Finalmente, en lo que se refiere a la investigación científica,
convocaremos junto con el MEC, el VIII Certamen de Jóvenes Investigadores
y el Congreso posterior. La participación creciente en este Certamen pone
de manifiesto el interés mayor que nuestra juventud presta a este ámbito
de la investigación científica. En 1994 participaron 97 grupos con 314
participantes.
Para acabar este apartado de los programas me referiré, también en breves
palabras, al de Turismo Juvenil que, como quizá sepan, desarrollamos a
través de las oficinas de turismo TIVE en colaboración con las
comunidades autónomas. Se trata de un servicio que los organismos de
juventud de las comunidades y del Estado prestamos a nuestros jóvenes con
el objetivo de facilitar su movilidad y el conocimiento de otras
realidades dentro de nuestro país o más allá de nuestras fronteras. Dado
que el turismo juvenil es uno de los medios más eficaces y atractivos
para facilitar el conocimiento, la comprensión y la cooperación nacional
e internacional entre los jóvenes, ponemos a disposición de los menores
de treinta años la red de oficinas de turismo TIVE, compuesta por 42
oficinas repartidas por el territorio nacional; 24 de estas oficinas
asociadas a la red TIVE dependen de sus respectivas comunidades autónomas
y 18 del Instituto de la Juventud.
En estas 42 oficinas que actualmente constituyen la red TIVE cualquier
joven menor de 30 años, puede conseguir asesoramiento en la planificación
de sus viajes, información sobre turismo, y también ofertas para aquellos
jóvenes que estén en posesión de algunos de los carnés que expide TIVE en
su calidad de miembro de las organizaciones internacionales siguientes:
Federación de Organizaciones Internacionales de Viajes para Jóvenes
(FIYTO) y Conferencia Internacional de Viajes para Estudiantes (ISTC).
Con estas organizaciones internacionales y otras sin ánimo de lucro que
están especializadas en la promoción de programas de turismo para jóvenes
mantiene TIVE una relación de colaboración permanente. Los servicios y
productos turísticos que pueden obtenerse en las oficinas TIVE son tales
como: servicios de alojamiento y transporte (tren, avión, autobús);
cursos de idiomas en el extranjero; carnés internacionales de estudiante,
de alberguista, etcétera, y programa de turismo social, destinado a hacer
llegar a los jóvenes menos favorecidos económicamente una serie de
servicios turísticos, así como intercambiar experiencias entre jóvenes de
distintas procedencias españolas y de centros de enseñanza marroquíes.
Durante 1994 hicieron uso de los servicios de las oficinas TIVE un total
de unos 300.000 usuarios jóvenes, aproximadamente.
El carné joven Euro 26 es también producto de la cooperación con las
Comunidades Autónomas y se coordina desde el Injuve con validez para 22
países europeos, con la finalidad de proporcionar a los jóvenes españoles
entre 14 y 26 años descuentos en bienes y servicios. El Injuve es
organismo promotor y fundador de la Asociación Europea de Carnés Jóvenes
y actualmente somos miembro de su Consejo de Administración.
Pasando a otro ámbito de trabajo muy importante del Injuve, me referiré a
la Cooperación Internacional. Es ésta una competencia del Injuve que es
preciso atender con el rigor y la responsabilidad que requieren la
colaboración institucional con organismos internacionales de juventud y
con los servicios de juventud de la Administración en otros países.
El Injuve, obviamente, forma parte de foros internacionales que se ocupan
de temas relacionados con la juventud: Centro de Desarrollo Social de
Naciones Unidas, Centro Europeo de la Juventud y Comité Director Europeo
para la Cooperación Intergubernamental en materia de juventud (ambos del
Consejo de Europa), Grupo «ad hoc»
Juventud del Consejo de la Unión Europea y la Organización Iberoamericana
de Juventud. Además, desarrolla actividades bilaterales con organismos de
juventud de otros países, al amparo de convenios internacionales de
cooperación, fundamentalmente para propiciar el intercambio de expertos y
responsables del mundo asociativo juvenil. Actualmente funcionan 6
convenios bilaterales con Alemania, Francia, Italia, Portugal y Bélgica
(comunidades flamenca y francesa), así como dos acuerdos específicos de
intercambio con Finlandia y Grecia. En 1994 se realizaron 132 programas
de intercambio con una participación de 802 expertos y dirigentes
juveniles.
Por otra parte, el Injuve desarrolla programas específicos que
contribuyen a fomentar el conocimiento de la realidad de otros países. De
ellos destacaré el programa comunitario «La juventud con Europa» y el de
«Jóvenes Cooperantes».
En lo que se refiere al programa «La juventud con Europa», cuya tercera
fase para el período 1995-1999 acaba de ser aprobada por el Consejo de
Ministros de la Unión Europea, tiene como objetivo el fortalecimiento de
la conciencia europea entre la juventud, mediante el fomento de los
intercambios dentro de los países de la Unión. En España, el Injuve es la
Agencia Nacional de Coordinación, contando con la estrecha colaboración
de las comunidades autónomas y con la participación del Consejo de la
Juventud de España.
Al amparo de este programa comunitario se subvencionan los gastos de
viaje al país de acogida, así como el desarrollo del programa previsto.
La Comunidad aporta hasta un 75 por ciento de subvención para los gastos
previstos. Las subvenciones o ayudas se conceden prioritariamente a
proyectos que estén concebidos específicamente para jóvenes procedentes
de medios desfavorecidos, que reúnan a jóvenes de diferentes orígenes
sociales, económicos y culturales, provenientes de regiones de la
Comunidad en las que haya pocas ocasiones de intercambios o de zonas
lingüísticas restringidas. Los intercambios pueden ser organizados por
asociaciones juveniles y entidades de ámbito estatal, regional o
nacional, y por grupos de jóvenes no asociados. En 1994 se presentaron
335 proyectos de los que 231 fueron evaluados favorablemente, y el número
de jóvenes españoles participantes ha sido de 3.578.
En cuanto al programa «Jóvenes Cooperantes», el Instituto de la Juventud,
con la colaboración del Instituto Nacional de Empleo (Inem) y de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) ha llevado a cabo ya
cinco ediciones de dicho programa. Los objetivos del mismo se orientan a
difundir entre la juventud española los fines y propósitos de la
cooperación al desarrollo, propiciando la creación, en el seno de la
misma, de un espacio joven a través del cual canalizar los valores de
solidaridad con los países en vías de desarrollo, presentes en gran
medida en los y las jóvenes españoles.
Los ámbitos de actuación de los y las jóvenes cooperantes y, por tanto,
del programa, cubren un amplio espectro de lo que se entiende por
cooperación. Los sectores en los que se registra una mayor presencia son:
salud, educación, marginación, agropecuario, microempresas, medio
ambiente, forestal, mejora del hábitat, de la vivienda y del equipamiento
social, desarrollo rural integral, restauración del patrimonio artístico,
etcétera. Los candidatos seleccionados, jóvenes menores de 30 años,
realizan un curso de formación inicial, con una duración aproximadamente
de 50 horas, cuya finalidad es dotarles de los conocimientos e
instrumentos necesarios para el desarrollo de su labor. Cumplida la fase
de formación inicial, los candidatos viajan a sus países de destino para
desarrollar un período de formación práctica en América Latina.
En la edición de 1994 el número de proyectos fue de 43, de los cuales 38
son proyectos de la cooperación gubernamental oficial española, y 5 están
destinándose al apoyo técnico a centros de la tercera edad para españoles
residentes en América Latina. El total de países en los que se presta la
cooperación a través de este programa es de 18. En Centroamérica y Caribe
ha sido en Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Méjico,
Nicaragua, Panamá y República Dominicana; en el área Andina, Bolivia,
Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela y, en el Cono Sur, Argentina, Chile,
Paraguay y Uruguay.
Quiero hacer una referencia también en este apartado a la Organización
Iberoamericana de Juventud, que es el organismo intergubernamental de
cooperación multilateral sobre políticas y programas dirigidos a la
juventud en Iberoamérica. Agrupa a 22 países del área iberoamericana y
fue constituida formalmente con ocasión de la Conferencia de Ministros de
Juventud de Iberoamérica, celebrada en 1992 en Sevilla, a iniciativa del
Ministerio de Asuntos Sociales, a través del Instituto de la Juventud,
con carácter de entidad asociada a la Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. La Tercera
Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en
Salvador de Bahía en julio de 1993, resolvió encargar a la organización
Iberoamericana de Juventud el diseño de un programa regional de acciones
para el desarrollo de la juventud en América Latina, denominado Pradjal;
y la Cuarta Cumbre de Cartagena de Indias de 1994 aprobó dicho programa,
encargando asimismo a la OIJ su ejecución.
Vinculado a este mundo de la cooperación citaré el Centro
Eurolatinoamericano de Juventud (Ceulaj), que es una instalación del
Ministerio de Asuntos Sociales que gestiona el Instituto de la Juventud,
situado en Mollina (Málaga), donde se desarrollan diversas actividades
para el acercamiento, el conocimiento y la cooperación juvenil entre
América Latina y Europa. Es, al tiempo, un lugar de encuentro de dos
mundos y una instalación donde desarrollamos buena parte de nuestra
programación. Sirva de orientación que el pasado año se celebraron en el
Ceulaj 140 actividades, no solamente nuestras sino también de comunidades
autónomas, de ayuntamientos, de asociaciones juveniles y de otras
entidades vinculadas al mundo joven. Algunas de estas actividades
organizadas por el Injuve fueron las siguientes: cinco encuentros del
Programa de Turismo Social, con un total de 464 participantes jóvenes de
distintas procedencias españolas y de centros de enseñanza marroquíes.
Curso intensivo de lengua y cultura española para dirigentes juveniles
europeos, organizado en
colaboración con el Centro Europeo de la Juventud, para representantes de
organizaciones juveniles internacionales no gubernamentales y de consejos
de juventud de países miembros del Consejo de Europa. Jornadas sobre
voluntariado y juventud para analizar aspectos específicos relacionados
con el voluntariado juvenil y su relación con la Administración. VI
Encuentros Estatales de Centros de Información Juvenil, organizados con
la colaboración de los centros coordinadores de las comunidades autónomas
y la Federación Española de Municipios y Provincias, donde unos 200
profesionales y expertos cambiaron experiencias y reflexionaron sobre el
trabajo diario de los centros de información juvenil. IV Foro de Vivienda
Joven, al que me he referido anteriormente, así como un curso de
formación de técnicos de juventud de organismos en América Latina.
Paso ahora a presentarles otra línea importante del Instituto, que tiene
por objeto fomentar la participación de los y las jóvenes en diferentes
ámbitos de la sociedad, promover el asociacionismo juvenil y apoyar las
actividades de las asociaciones juveniles de ámbito estatal y de las
entidades que prestan servicios a la juventud. Antes, sin embargo, me
referiré a la convocatoria de subvenciones del Ministerio con cargo a la
asignación tributaria del IRPF, que afecta a programas de juventud. La
Orden del Ministerio de Asuntos Sociales de 27 de enero de este año, por
la que se convocan ayudas y subvenciones para la realización de programas
de cooperación y voluntariado sociales con cargo a la asignación
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, recoge,
entre otros, los programas para jóvenes centrados en los ámbitos
siguientes: programas de formación ocupacional y apoyo al empleo,
dirigidos a facilitar la inserción en el mercado de trabajo de los y las
jóvenes con mayores dificultades para lograr su autonomía personal;
programas de prevención y educación para la salud dirigidos a promover
entre la juventud hábitos de vida saludables y a la prevención de
riesgos, así como programas de integración social de jóvenes procedentes
de sectores socialmente desfavorecidos. El año pasado se financiaron con
cargo a esta asignación 46 programas de 28 entidades, por un importe de
961 millones de pesetas. Por su parte, el Instituto de la Juventud
realiza todos los años una convocatoria de subvenciones destinadas a
asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la
juventud, considerando prioritarios los programas que comporten
actividades de información y asesoramiento en materia de empleo juvenil,
adquisición de hábitos de vida saludable, mejora del medio ambiente,
educación para la paz y cooperación al desarrollo, voluntariado, igualdad
de oportunidades de las mujeres jóvenes, ocio y cultura.
En la consideración de los programas, además de valorar la adecuación de
éstos a las prioridades establecidas, se tienen especialmente en cuenta
aquellos programas que van dirigidos a jóvenes pertenecientes a grupos
sociales desfavorecidos y en situación de marginación o alto riesgo
social, así como aquellos que incluyen actividades de sensibilización
contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia e
insolidaridad social. Durante 1994 se subvencionaron 112 programas
correspondientes a 41 asociaciones u organizaciones juveniles y 16
programas de nueve entidades prestadoras de servicios a la juventud, por
un importe total de 243 millones de pesetas.
Además, en lo que se refiere a la información y al asesoramiento técnico,
durante 1994 se trabajó en las siguientes líneas: asesoramiento técnico a
las iniciativas y proyectos de las asociaciones juveniles. Orientación y
apoyo técnico en la elaboración de proyectos, ejecución de actividades,
evaluación y realización de memorias y justificación del gasto de los
programas financiados por el Instituto. Información a las asociaciones
juveniles sobre temas referidos a asociacionismo juvenil, programas del
Instituto de la Juventud, recursos económicos, técnicos, sociales,
etcétera, destinados al movimiento asociativo juvenil. Orientación,
información y asesoramiento técnico sobre asociacionismo juvenil de
ámbito estatal en España, a solicitudes formuladas por jóvenes que desean
formalizar una asociación juvenil, representantes de organismos juveniles
públicos, así como a personas, asociaciones, organizaciones y entidades
públicas y privadas.
También quiero hablar del Consejo de la Juventud de España, que
constituye la plataforma interasociativa de más amplia y plural
representación juvenil existente en nuestro país. Esta entidad, que
funciona de modo totalmente independiente de la Administración, viene
siendo el interlocutor principal con que cuenta el Ministerio de Asuntos
Sociales, y más concretamente el Injuve, en las materias que afectan al
asociacionismo juvenil y a los y a las jóvenes en general. Actualmente
está integrado por 28 organizaciones miembros de pleno derecho, 18
consejos de juventud, 22 entidades observadoras y tres entidades
colaboradoras.
Durante 1994 el Consejo de la Juventud de España colaboró con el
Instituto de la Juventud en la elaboración del Plan de la Juventud
1994-97 y en la organización y desarrollo de diversos programas y
actividades. Asimismo su opinión ha sido tenida en cuenta por el
Instituto en el programa de subvenciones, tanto en la elaboración de
prioridades como en su concesión. El Instituto de la Juventud facilita
apoyo económico al Consejo de la Juventud de España tanto para el
mantenimiento y funcionamiento como para la realización de programas. En
1994 la ayuda recibida ha sido de 11 millones de pesetas.
Finalmente, en lo que se refiere al fomento del asociacionismo, el
Instituto de la Juventud pone a disposición del movimiento asociativo
juvenil de ámbito estatal un Hotel de Asociaciones Juveniles con el
objetivo de facilitar una sede provisional a las asociaciones juveniles
de ámbito estatal que no disponen de sede en la primera fase de su
desarrollo, ofreciendo así un primer lugar para sus reuniones. El Hotel
dispone de unas normas de uso que regulan la concesión, duración y
obligaciones de la condición de asociación usuaria del Hotel. En la
actualidad hay nueve asociaciones juveniles de ámbito estatal que tienen
su sede provisional en el Hotel.
Para acabar con esta comparecencia, voy a referirme a otra vertiente de
trabajo del Instituto de la Juventud, que es la que se agrupa en lo que
nosotros conocemos como el Centro de estudios, formación e información de
Juventud.
Estamos trabajando desde hace unos meses en la puesta a punto de este
centro, integrando funciones. En él se desarrollan las actividades
correspondientes a los programas de formación de mediadores, estudios y
documentación e información juvenil.
El Programa de formación externa del Instituto se compone de un conjunto
de cursos que se ofertan a los mediadores, profesionales y responsables
de las organizaciones juveniles. El contenido de esos cursos responde a
las necesidades de formación previstas en el Plan de juventud, a las
demandas de las asociaciones y a entidades prestadoras de servicios a los
jóvenes y a la preocupación existente por problemas que actualmente
tienen planteados los jóvenes. El pasado año se hicieron 11 cursos en
nuestra aula de formación, con una participación de 220 alumnos,
responsables de organizaciones juveniles o de departamentos de juventud
de comunidades autónomas y ayuntamientos. Los asuntos tratados cubrieron
desde temas como la solidaridad y la tolerancia, hasta los concernientes
a la gestión de asociaciones o a la formación de informadores juveniles.
Este año prevemos desarrollar 20 cursos, que abarcan módulos dirigidos a
la formación de formadores, a la salud y a la calidad de vida, a la
gestión de proyectos europeos, ambientadores sociolaborales y a personal
de centros de información a la juventud.
En el área formativa organizaremos una nueva edición de Cabueñes en el
mes de julio. Estos encuentros constituyen una actividad de carácter
formativo, abierta a la participación de los/las jóvenes españoles y que
se plantea como una oportunidad para propiciar un mayor conocimiento y
cooperación entre el movimiento asociativo juvenil. El pasado año se
dieron cita en Cabueñes casi 800 jóvenes que asistieron a 25 cursos y 9
talleres. Este año lo dedicaremos monográficamente a la Europa de los
jóvenes y a la lucha contra el racismo y la intolerancia. Además de
Cabueñes desarrollaremos en el Centro Eurolatinoamericano de Juventud,
durante julio y agosto, una universidad joven de verano donde se tratarán
otros aspectos formativos.
Una de las funciones esenciales del Injuve es el desarrollo de estudios e
investigaciones sobre la población juvenil, sus características,
problemas y necesidades. Durante 1994 se pusieron en marcha las
siguientes investigaciones: «La solidaridad de la juventud 1994»,
«Calidad de vida de los jóvenes españoles 1994», «Violencia y juventud»,
«Accidentes de tráfico y juventud», «Juventud y empleo juvenil en el
medio ambiente: realidad y futuro», «Bandas urbanas 1994». La edición de
estos estudios se irá produciendo en los próximos meses y estará a
disposición de todos y todas ustedes. También quiero que sepan que
disponemos de un banco de datos de documentación especializada en asuntos
de juventud, con unos 5.000 registros que están a disposición de
investigadores, entidades de juventud, medios de comunicación y de todo
aquel que tenga interés en estas materias. Para 1995 vamos a abordar el
trabajo de campo del informe de la juventud de España, que será editado
en 1996. Es una encuesta de envergadura que permite actualizar cada
cuatro años la visión panorámica sobre las características y condiciones
de la vida de la juventud española. En este ámbito de investigación,
tenemos previsto organizar para el otoño un congreso europeo de
investigadores de juventud.
El último aspecto que voy a tocar de los muchos que les he resaltado es
el de la información juvenil. En una sociedad desarrollada, y por
consiguiente compleja, la información es un instrumento imprescindible
para conocer las oportunidades que como ciudadanos se tienen al alcance.
Esto precisamente pretende este programa: acercar a la juventud las
oportunidades que pueden interesarles. En España hay ya diseminados en
todo el territorio más de 1.300 centros, oficinas o puntos de información
juvenil, que suministran a la gente joven información y, en algunos
casos, orientación sobre diversos aspectos que pueden interesarle como
becas, ayudas, cursos, convocatorias, premios, oposiciones, actividades,
enseñanza, etcétera. La existencia de estos centros responde a las
recomendaciones del Consejo de Europa y a las disposiciones de las
comunidades autónomas con cuyos organismos de juventud mantiene el
Instituto de la Juventud un contacto permanente a través de la Comisión
coordinadora de centros de información. Los centros y puntos de
información juvenil son un servicio a la juventud que prestan la
totalidad de las comunidades autónomas, muchos ayuntamientos y algunas
asociaciones y entidades de juventud. Con objeto de apoyar la actividad
de estos centros de información, el Instituto realiza una función de
difusión informativa de publicaciones, documentación y diverso material
divulgativo. Para ello disponemos de un banco de datos especializado,
donde se hace el vaciado diario de numerosos materiales y soportes
informativos de una gran diversidad, tales como prensa diaria, revistas
especializadas, boletines oficiales, folletos, etcétera. Además
elaboramos dos publicaciones informativas: el boletín «Guía de
información juvenil», publicación quincenal que contiene información
sobre actividades, enseñanza, cursos, becas, premios, trabajo y
oposiciones; se envía de forma gratuita a centros de información y
asociaciones y entidades de juventud. En 1994 se publicaron 23 números y
2 separatas sobre «El carnet joven Euro-26» y el Directorio de centros de
información juvenil». La revista «Injuve», que en 1994 inició una segunda
etapa con la publicación de los tres primeros números, incluye en sus
páginas información de actualidad, experiencias, programas de juventud,
entrevistas y otras secciones de interés. Se distribuye gratuitamente a
comunidades autónomas, ayuntamientos, asociaciones y entidades
relacionadas con el mundo juvenil. Además, colaboramos con entidades y
medios de comunicación que nos lo solicitan. Así, durante 1994, se ha
remitido un total de 770 listados de convocatorias e información a
emisoras de radio, asociaciones y consejos de la juventud regionales,
universidades y ayuntamientos.
Una vertiente muy importante de la información juvenil es la extensión
más allá de nuestras fronteras. Por ello, el Instituto de la Juventud es
promotor de la Asociación europea par la información y el asesoramiento
de los jóvenes (ERYICA); asociación internacional con sede permanente en
París, cuyo objetivo es la cooperación europea en el campo de la
información y el asesoramiento. Forman parte de ella 19 países europeos
representados por 26 entidades.
Actualmente el Instituto de la Juventud ostenta la presidencia de esta
asociación. A finales de septiembre organizaremos una universidad
internacional de ERYICA, con participación de representantes de todos los
países miembros. También en este contexto europeo de información estamos
participando en la base de datos Eurodesk. Se trata de una base de datos
europea en fase de creación, a la que se ha adherido el Injuve en el
último trimestre de 1994, que tiene por objeto la información sobre la
Unión Europea dirigida a los jóvenes y a quienes trabajan con ellos.
Para acabar quiero insistir en lo que les decía al comienzo, que todas
estas funciones, programas y actividades del Instituto de la Juventud se
enmarcan en el plan de juventud 1994/1997. Como ven, hacemos muchas
cosas. El Ministerio de Asuntos Asociales, a través del Instituto de la
Juventud, dentro de sus posibilidades presupuestarias, propicia y
desarrolla estas actividades e iniciativas que, si bien no pretenden dar
respuesta suficiente, desde el punto de vista cuantitativo, a los grandes
problemas y necesidades que tienen los y las jóvenes, pueden servir de
ejemplo y estímulo a otras administraciones y entidades públicas y
privadas que dispongan de recursos destinados a la juventud.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Señora Directora General, yo soy de los
convencidos de que los problemas de la juventud merecen un tratamiento
mucho más pormenorizado por parte de las administraciones públicas y, en
concreto, por parte del Congreso de los Diputados. Por ello me felicito
de que tengamos la oportunidad de discutir hoy aquí sobre las políticas
de juventud, o dirigidas a los jóvenes, que se realizan en nuestro país.
Los problemas que existen son muchos --no los inventamos nosotros--,
están perfectamente analizados, perfectamente reiterados a lo largo de
los últimos años. Pero a mí me preocupa que este sector afectado como
ninguno, no solamente en su condición de ciudadanos, por la crisis
económica, sino afectado también en su condición de jóvenes, encuentre
unas propuestas tan poco originales, tan poco novedosas como las que
usted nos ha esbozado hoy aquí. La verdad es que, oyéndola, nosotros
tenemos que reiterar que el tema de la juventud probablemente constituya
uno de los mayores ejemplos de cómo su discurso político se ha quedado
desfasado, se ha quedado antiguo y no está a la altura de las
circunstancias que exige la situación de nuestro país y, en concreto, de
las generaciones más jóvenes de nuestro país. Usted nos ha hecho una
enumeración de una serie de tópicos, una serie de reiteraciones que
venimos escuchando los que de alguna manera hemos estado vinculados a la
política de juventud en este país a lo largo de más de una década, en la
que se han reiterado las mismas vaguedades, se han reiterado los mismos
análisis. Nunca más medios se han dedicado, probablemente, por parte de
las administraciones públicas a los jóvenes y nunca con peores resultados
que los que tenemos la ocasión de poner de manifiesto, día a día, ante
esa misma juventud.
Yo creo que en lugar de hacer usted un ejercicio de honradez intelectual
y de haber puesto de manifiesto la larga lista de insuficiencias y de
problemas que siguen teniendo los jóvenes de nuestro país, nos ha hecho
hoy un discurso administrativo, un discurso burocrático y un discurso
profundamente insustancial, además de aburrido, si se me permite. Su
política de juventud creo que no ha evolucionado en los últimos diez
años. Ustedes, no solamente en materia de juventud sino en otras muchas,
cuando no saben exactamente qué hacer se dedican a hacer planes para todo
y absolutamente para todos los gustos, pero planes que yo creo que sólo
son tales en su calificación o en su presentación pública porque carecen
de lo más elemental que debería tener cualquier plan, que son los
mecanismos mínimos de evaluación de sus resultados. Lo que ustedes llaman
plan habitualmente no es más que un catálogo de prestaciones, un catálogo
de propuestas, una declaración de intenciones reiterada una vez más con
distintas fórmulas a lo largo de los años, pero sin que exista ninguna
cuantificación sobre los medios puestos a disposición de esas medidas,
donde no existe ningún objetivo marcado a priori que podamos evaluar
posteriormente, y donde se reiteran las mismas propuestas de
sensibilizar, de promover, de afirmar, de insertar, de concienciar,
etcétera, que, como digo, se vienen reiterando a lo largo de ya más de
una década.
A mí me gustaría saber, señora Directora General, y como usted presenta
las medidas de política de juventud como consecuencia de la evolución de
la Administración a lo largo de estos años y como consecuencia del
análisis del primer plan de juventud, dónde está la evaluación de las
medidas de ese primer plan que ustedes han realizado en la
Administración. ¿Cómo podemos saber, antes de poner en marcha un segundo
plan, cuáles han sido los resultados concretos de las medidas que
contenía el primero, de las medidas que ustedes han estado tomando a lo
largo de los últimos diez años? ¿En qué han mejorado las condiciones de
vida de los jóvenes españoles como resultado de su política en esta
década y específicamente como resultado de las medidas que
pretendidamente contenía --y luego podemos analizarlo mucho más en
profundidad-- el primer plan de juventud? Yo creo que su acción no tiene
pies ni cabeza, no existe un discurso coherente en materia de política de
juventud, y simplemente se autojustifican ustedes con un discurso que
--como usted misma reiteraba hace un momento-- se basa en que hacen
muchas cosas sin preguntarse siquiera si están sirviendo para algo, si
están consumiendo recursos que perfectamente podrían dedicarse y
organizarse de otra manera, y si realmente los jóvenes de este país están
viendo mejoradas sus condiciones de vida. Creo que son ustedes incapaces
de cambiar las pautas de su política, lo que explica gran parte de los
fracasos que en materia de política de juventud se vienen produciendo en
nuestro país.
Yo me preguntaba cuáles son las mejoras en estos últimos años. Si tuviera
que mantener una postura, en representación de mi Grupo Parlamentario,
sobre la presentación de nuevos planes diría, sinceramente, que si los
resultados
van a ser los mismos que el plan anterior, o si van a conducir a
situaciones similares a las que tenemos en este momento, olvídense
ustedes de los planes, por favor, no nos sigan presentando más, porque
ciertamente no podemos estar en absoluto satisfechos con lo que se está
produciendo.
La tasa de desempleo juvenil en nuestro país es la mayor de la OCDE. En
estos últimos cuatro años si algo ha aumentado no ha sido el empleo, sino
las condiciones de precariedad y de temporalidad que sufren los jóvenes
españoles. En estos últimos años la dependencia de los jóvenes con
respecto a su familia, y así lo ponen de manifiesto todos los estudios,
ha aumentado en lugar de disminuir. En estos últimos años, desde 1988
para acá, los jóvenes que viven de sus propios ingresos han disminuido en
más de seis puntos con respecto a lo que pasaba en ese año 1988. Se han
disparado los problemas de consumo de alcohol, de consumo de drogas. Ocho
de cada 10 jóvenes nos dicen que conocen un alcohólico en su entorno, y
eso es absolutamente injustificado e injustificable. Tenemos la mayor
tasa de sida de todo nuestro entorno, y al mismo tiempo que se habla de
la promoción de hábitos saludables en nuestro país. Tenemos que
prácticamente un tercio de los muertos por accidente son jóvenes menores
de 25 años. Desgraciadamente tuve la ocasión el otro día de comprobar
personalmente que el 85 por ciento de los ingresados en los centros de
parapléjicos son menores de 25 años, fruto precisamente de esos
accidentes. El incremento de embarazos en adolescentes, por ejemplo, se
ha multiplicado en más del 200 por ciento en los años de vigencia de su
anterior plan. Desgraciadamente, como ponía de manifiesto un sociólogo en
sus comparecencias en la Comisión de Juventud del Sedado, hasta las
compañías de seguros están en estos momentos ofreciendo primas más caras
a los jóvenes asumiendo como factor de riesgo, a la hora de encarecer
esas primas de seguros, el mero hecho de ser joven, el mero hecho de
tener entre 20 y 24 años.
Ante esta situación me gustaría preguntarle si puede presentarnos algún
logro en materia de política de juventud, con todas esas propuestas y
muchas más, hasta 244, que presentaron ustedes hace tan sólo unos cuatro
meses. Yo creo que no han podido ustedes conseguir siquiera reducir
ninguna de estas tasas, ninguno de estos termómetros de cuál es la
temperatura social que en estos momentos está padeciendo la juventud en
nuestro país.
La evaluación del primer plan integral --como consecuencia de esto mismo
que le estoy diciendo-- fue francamente desastrosa. El análisis de los
documentos a los que hemos tenido ocasión de asomarnos en estos últimos
días dejan bien claro el fracaso que supuso el primer plan de juventud,
un primer plan que no llegó a ver la luz en un número muy importante de
medidas que, sin embargo, usted nos ha querido recalcar hoy aquí tal vez
para autojustificar precisamente ese fracaso. Ustedes no pudieron poner
en marcha siquiera medidas como las de apoyo a los jóvenes emprendedores
precisamente por los recortes presupuestarios; no pudieron poner en
marcha otras muchas propuestas, hasta casi 20, que contenía aquel plan
inicial, y ni siquiera han cumplido muchas de las especificaciones que
contenía aquel plan. Ya no hablo de medidas como la organización de
cursillos o la organización de espectáculos y festejos, sino de
iniciativas legislativas como, por ejemplo, la ley del servicio civil,
que era una de las propuestas del plan integral y que, por supuesto, no
ha visto la luz.
Pero su obsesión por demostrarnos que están haciendo muchas cosas, y que
están generando muchas propuestas en materia de política de juventud, les
lleva en este segundo plan, por ejemplo, a presentarnos como propuestas
en materia de política juvenil cosas tan peregrinas como el fomento del
comercio exterior, que claro que tiene traducción en la política para los
jóvenes, y para los ancianos y para todos los estratos sociales de
cualquier país; o la existencia de un curso de posgrado en
administraciones públicas. ¿Qué pasa, que es una medida de fomento de la
política juvenil un curso de posgrado en administraciones públicas y no
lo es, por ejemplo, en medicina, en economía o en tantas y tantas
carreras? A mí me parece que por esta vía ustedes nos presentarán muchos
planes, una enumeración mucho más compleja de la que usted ha hecho hoy
aquí, pero nada de todo eso está suponiendo realmente una mejora de las
condiciones de vida de los jóvenes. Tenemos medidas de prevención del
dopping en el deporte, que sin duda tiene un efecto muy positivo en la
calidad de vida de nuestros jóvenes; de asesoramiento de técnicos en
televisión para la educación no sexista, que sin duda es una de las
preocupaciones fundamentales de nuestros jóvenes; el campeonato estatal
de seguridad vial en ciclomotor, que también creo que puede tener un
efecto tremendamente positivo en la calidad de vida de nuestros jóvenes.
Enumerando solamente algunos de los aspectos que se ponen en evidencia de
esta propuesta que ustedes hacen, me parece absolutamente injustificado
que se pueda presentar como tal plan o como tal proyecto, con un discurso
coherente, con un discurso sólido en materia de política de juventud, lo
que no es más que una enumeración de propuestas que ha sido yo creo que
muy mal acogida por las asociaciones juveniles, reiteradamente criticada
por las más representativas de carácter social y, sobre todo, de carácter
político.
En el anterior plan, además, se fijaban --y ésta es también una muestra
de su fracaso-- compromisos de colaboración entre las administraciones
públicas. Yo recuerdo que en ese primer plan había medidas que venían,
por ejemplo, del Ministerio responsable, pero también había medidas que
comprometían la actuación de las comunidades autónomas y de las
corporaciones locales, y se citaba la exigencia de esa colaboración. En
ninguna de las medidas de este segundo plan aparecen ya por ningún lado
ni las comunidades autónomas ni las corporaciones locales. Y hablando con
algunos de los directores generales de juventud de comunidades autónomas,
que conozco, ponen de manifiesto que fue imposible mantener un nivel de
coordinación y de trabajo en conjunto porque el primer plan, igual que el
segundo, no tenía ninguna vocación de confiar en las comunidades
autónomas o en las corporaciones locales, sino que estaba marcado por el
dirigismo y por un concepto absolutamente bastardo de la actuación
pública.
Me gustaría saber exactamente cuáles han sido las recomendaciones
contenidas en el informe de la Comisión Especial
de Juventud del Senado que ha recogido este plan, porque me da la
sensación de que no tiene mucho sentido tener trabajando a un colectivo
muy importante de personas que han comparecido en esta Cámara, a un
colectivo importante de profesionales en materia de juventud, de forma
simultánea o incluso posteriormente a las propuestas que ustedes han ido
realizando en materia de juventud con este plan o con algunas de las
propuestas que usted nos ha citado hoy aquí. ¿Cómo se pueden asumir las
recomendaciones del Senado en materia de juventud si el plan ya estaba
prácticamente culminado antes de que se elaborara el informe de la
Ponencia del Senado? Creo que casi es tomar el pelo a las instituciones
pretender que ese trabajo haya podido servir para algo, y espero que al
menos el que nosotros podamos hacer sirva para algo más.
Hay algo que me preocupa muchísimo, no sólo de los textos que se manejan
en el Ministerio en materia de política de juventud, sino también de su
intervención aquí. Yo no he podido encontrar en el plan ni en su
intervención más que meras anécdotas en relación con la situación de la
juventud rural en nuestro país. No hay ninguna medida concreta en el plan
que se refiera a los jóvenes del mundo rural. Me parece absolutamente
injustificable esa falta de sensibilidad, esa falta de compromiso con
estos jóvenes, esa falta de apoyo a un sector que tiene en estos momentos
especiales dificultades de acceso a la igualdad de oportunidades en
materias como la información, la cultura, el ocio o el deporte, por no
hablar de las cuestiones de empleo o de vivienda. Creo que es un elemento
muy significativo de que para ustedes la única medida en materia de
política de juventud rural es precisamente la eliminación de la juventud
rural, aunque sólo sea por inanición presupuestaria o administrativa.
Sobre el Consejo de la Juventud de España, que usted ha citado como parte
de los proyectos que se desarrollan, a mí me gustaría conocer su opinión,
sobre todo sus intenciones, teniendo en cuenta la larga experiencia que
algunos de nosotros hemos tenido en estas iniciativas. ¿Cuál va a ser la
intención de la Administración, por ejemplo, ante la próxima convocatoria
de la asamblea general de ese Consejo de la Juventud de España? ¿Van
ustedes a repetir el bochornoso espectáculo, que se ha reiterado en más
de una asamblea, de compraventa de votos para la elección de los
representantes juveniles en este consejo, pretendidamente representativo
de la juventud española, el espectáculo del intervencionismo de la
Administración, el espectáculo casi de coacción a algunas asociaciones a
la hora de la elección de sus representantes, o van a mantener ustedes
por primera vez en su historia una adecuada, desde nuestro punto de
vista, posición de neutralidad en este tema? ¿Quiere explicarme usted qué
intenciones tiene su Dirección General con respecto a la aprobación
definitiva del reglamento de este consejo, que se le hizo llegar, según
tengo conocimiento, hace ya tiempo y que forma parte de las atribuciones
que esa Dirección General tiene en relación con el funcionamiento de
dicho órgano de participación.
Mi Grupo también quisiera conocer su opinión como responsable de la
política de juventud del Ministerio, por tanto del Gobierno, en relación
con algunas manifestaciones, aparecidas hace muy pocas fechas en medios
de comunicación, conocidas por todas las asociaciones y por todos los que
están en el movimiento juvenil, que han causado estupor y la natural
preocupación no ya entre quienes no hemos confiado nunca en su política,
sino incluso entre los que alguna vez pusieron en ella algún conato de
esperanza. Creo que algunos compañeros de su partido están haciendo muy
poco por alegrarles la vida o por hacerles más fácil su ya complicado
trabajo. Me gustaría conocer su opinión, primero, sobre las
manifestaciones de su compañero de partido, de su compañero de
Administración, en relación con el debate sobre la legalización del
hachís; si comparte usted los criterios sobre la oportunidad de reabrir
ese debate, incluso si comparte usted, como Directora General, el
criterio de legalizar las pretendidamente llamadas drogas blandas en
nuestro país. En segundo lugar, querría saber cuál es exactamente su
opinión con respecto a lo que el otro día manifestaba también su ínclito
compañero de partido en relación con la conveniencia de dictar leyes
represivas para luchar contra los desmanes de los jóvenes en nuestro
país. El señor López Riaño decía el otro día, participando en unas
jornadas del Ministerio del Interior, ante numerosos representantes de
organizaciones juveniles, que el Gobierno no debería tener miedo a dictar
leyes de policía para recuperar los valores ciudadanos de respeto mutuo
que han sido arrasados por la denominada «movida» que protagonizan los
jóvenes habitualmente, leyes de policía que los ciudadanos consideran
represoras por recuerdo de la dictadura, pero que en realidad nos
distinguen del Tercer Mundo y nos distinguen del subdesarrollo. Creo que
lo que nos debería distinguir del Tercer Mundo sería no tener este tipo
de políticos que han manifestado una cierta paranoia represiva y, desde
luego, una actitud muy poco comprensiva hacia los problemas de los
jóvenes. Esto, al final, lo que genera es una ausencia de directrices y
de mensajes homogéneos por parte de su Administración y de los
responsables que trabajan directamente en problemas vinculados con los
jóvenes; esto genera una situación de confusión cuando no de franco
estupor, como ya decía antes, absolutamente injustificable. Quiero
conocer expresamente cuál es su opinión sobre esta cuestión y si los
jóvenes pueden esperar también, como una de esas medidas del plan
integral de juventud, esas leyes policiales, que creo que es de las
propuestas más novedosas que hemos oído en los últimos años en materia de
políticas destinadas a los jóvenes.
Hay otros muchos temas que usted ha querido tocar. Por ejemplo, me
gustaría hacer una referencia a algunas de las actividades que ustedes
están desarrollando en materia de discusión o sobre esos foros de
sensibilización --como a ustedes les gusta denominar-- en relación con
los problemas de los jóvenes. Normalmente esos foros de sensibilización
sólo sensibilizan a la gente de su partido, porque parece ser que son los
únicos participantes o los únicos que tienen algún tipo de derecho
reconocido a participar en los mismos. Ustedes no pueden evitar seguir
manteniendo un concepto absolutamente sectario --y en eso sí hay una
política muy continuista con respecto a sus antecesores--, y en su
diccionario particular del quehacer político no parece
que aparezcan palabras tan interesantes como son la pluralidad, la
diversidad o el contraste de opiniones. Eso ha sido una constante que
algunos esperábamos que pudiera cambiar incluso en relación con la nueva
situación política y con una cierta demanda por parte de la sociedad y de
los grupos juveniles de mayor apertura y de mayor sensibilidad.
A mí me gustaría conocer exactamente cuál es su idea de la diversidad o
de la pluralidad a la hora de convocar esos foros juveniles, porque, por
ejemplo, ustedes, en uno de esos foros tan participativos y tan plurales
como el que tienen previsto para el 24 de marzo --«Los jóvenes ante los
medios de comunicación»-- resulta que los invitados a hablar sobre los
jóvenes y los medios de comunicación son el Delegado del Plan Nacional
sobre Droga, miembro del Gobierno socialista; la Directora General de
Política Interior, miembro del Gobierno socialista; el Director General
del Servicio Militar, miembro del Gobierno socialista; el Director
General de Tráfico, miembro del Gobierno socialista; doña Francisca
Sauquillo, destacada Senadora del Partido Socialista, y doña Victoria
Camps, Senadora también, creo, del Partido Socialista. Sin duda esto
constituye una importante idea de pluralidad no sólo política sino
incluso administrativa, porque por lo visto el resto de las comunidades
autónomas, de las corporaciones locales, de las administraciones que
trabajan en juventud, incluso el resto de asociaciones, de colectivos o
de grupos que podrían sin duda opinar sobre los jóvenes ante los medios
de comunicación o incluso los propios medios de comunicación que sin duda
tendrían algo que decir sobre los jóvenes ante los medios de
comunicación, no son invitados a participar en estos foros.
En definitiva, de lo que se trata con su política, con sus programas, con
sus planes, con sus actividades, es de utilizar los altavoces de la
Administración como mero instrumento de propaganda de lanzamiento de sus
consignas, de lanzamiento de sus políticas de pegatina, como se han
calificado más de una vez, con muy poco fondo, con muy poca capacidad de
influencia de verdad en la resolución de los problemas de los jóvenes.
A mí me gustaría conocer algunos aspectos también en relación con el
contenido de esa campaña contra el racismo, la intolerancia, el
antisemitismo, la xenofobia y no sabemos cuántas cosas más; un tipo de
campaña entre cuyos componentes más fundamentales usted ha citado los
trenes europeos de la juventud, los partidos de fútbol, una noche de
cristales rotos --espero que no se rompa ninguno--, fiestas, etcétera,
pero muy pocas actuaciones de verdad --y tengo que decirlo con toda
sinceridad y creo que muchas señorías compartirán mi opinión--, que
realmente puedan influir en el componente intelectual, en el componente
ético y en el componente moral que sin duda hay detrás de ese tipo de
comportamientos intolerantes.
A mí me parece que están ustedes equivocando absolutamente el rumbo y me
gustaría conocer su opinión, primero, sobre la forma de financiación de
esa campaña contra el racismo que cuenta con 300 millones de pesetas. Me
gustaría conocer si ustedes han recibido fondos de la Unión Europea para
desarrollar esa campaña, si ustedes han colaborado en el diseño de esa
campaña o si simplemente, como suele suceder con todos los programas
europeos que se realizan en España, ustedes se suben al carro de lo que
se dice en la Comisión, por parte de los responsables europeos, en estas
materias y no realizan ustedes ninguna aportación fundamental al diseño y
a la puesta en marcha de esas medidas. Si desde luego es sí, si ustedes
no tienen más que aportar a una campaña contra la intolerancia y contra
el racismo que la organización de trenes y la rotura de cristales, no me
parece a mí demasiado contenido el que estamos en condiciones de aportar
a la política de juventud europea.
Por no alargarme mucho más, señor Presidente, haré un par de menciones a
dos o tres de los temas que también ha citado la Directora General.
El primero sobre el llamado Centro Eurolatinoamericano de Juventud que,
desde nuestro punto de vista y desde el punto de vista de numerosas
asociaciones, constituye un auténtico despropósito. Constituye un ejemplo
de política un tanto oscurantista, de política un tanto cuestionable a la
hora de un correcto control, una correcta ejecución del gasto en su
departamento. A mí me gustaría conocer, puesto que ustedes han sustraído
ese dato de los Presupuestos Generales del Estado, cuál es el coste anual
de ese Centro Eurolatinoamericano de Juventud y cuál es el personal que
trabaja habitualmente en el mismo, y que me conteste a una pregunta muy
concreta, y es si hay personas que están trabajando en ese centro fuera
de convenio, con contratos distintos a los de administrativos habituales,
a los de funcionarios habituales, qué personal se halla contratado
laboralmente y quién fuera de convenio. Quisiera que me dijera si a usted
le parece que el coste de mantenimiento está justificado y sobre todo si
la pluralidad de las actuaciones que se desarrollan en ese centro es otro
ejemplo de pluralidad, otro ejemplo de diversidad en la utilización de
los recursos de la Administración para todos los jóvenes y no sólo para
los de algún signo político.
No voy a reiterar las críticas que desde hace ya muchísimos años se
vienen haciendo al funcionamiento de Cabueñes. Yo creo que se explica por
sí mismo que cada vez tienen menos eco los debates que allí se realizan y
la ausencia absolutamente significativa de gran parte del arco asociativo
que existe en nuestro país.
Sí quiero hacer una última referencia al tema del turismo juvenil. A mí
me gustaría conocer exactamente cuáles son las razones por las que en
este país el Ministerio de Asuntos Sociales o el Injuve tiene que tener
oficinas propias de turismo juvenil. ¿Están ustedes haciendo negocio con
el turismo de los jóvenes? Porque si no al menos desde el punto de vista
de los que creemos en la iniciativa social y en la iniciativa privada en
que las administraciones deben dedicarse a lo que deben dedicarse, sería
mucho más eficaz la firma de convenios o de acuerdos entre la
Administración y las agencias de viajes y las compañías privadas que
trabajan en estos sectores para dar la cobertura adecuada a esas
necesidades y a esas demandas que compartimos de que los jóvenes puedan
tener acceso a viajes, para conocer otras culturas y otros ámbitos
geográficos. Pero de eso a que se mantengan dieciocho oficinas de turismo
a cargo de los presupuestos de la política de juventud, o a que esas
oficinas sigan sin ser transferidas a las comunidades autónomas cuando
ése es un aspecto absolutamente reclamado y evidente y cuando no hay
ninguna justificación para que el Injuve o el Ministerio siga reteniendo
ese tipo de oficinas, salvo quizá la de que le aporte cuantiosos
beneficios económicos, va un abismo. Por ello me gustaría conocer
exactamente las razones por las que esa política se sigue manteniendo en
este sentido, esa política se sigue realizando e incluso con la opinión
contraria, como digo, de las comunidades autónomas y de las
organizaciones juveniles.
No voy a reiterar muchas más críticas en relación con los temas que usted
ha ido desgranando. Creo que se explica por sí mismo ese afán por
expresar la política de juventud como un cajón de sastre donde cabe desde
la vacunación contra la hepatitis B hasta la puesta en marcha de
proyectos tan sui generis como los del campeonato de seguridad vial en
ciclomotor. Pero si realmente se coordinara la política de juventud entre
los ministerios de este Gobierno, si realmente se creyera en una política
coordinada, en una política sólida y en una política coherente, si todos
los ministerios actuaran eficazmente con las competencias que les
corresponden en materia de juventud, si todos dispusieran de las
asignaciones económicas y presupuestarias necesarias para poner en marcha
estas medidas y si todos realmente dispusieran de la sensibilidad social
y política oportuna para hacer frente a todos esos problemas y a muchos
más que no hemos citado, entonces, ¿para qué queremos el Injuve? ¿Qué
funciones puede seguir desarrollando el Instituto de la Juventud que no
puedan ser desarrolladas por todos los ministerios? ¿Qué funciones puede
desarrollar el Injuve que a estas alturas del proceso de transferencia no
pueden realizar mucho mejor y más eficazmente las comunidades autónomas?
¿Qué funciones están haciendo ustedes en estos momentos que sólo puedan
hacer ustedes y que no convenga que hagan otras administraciones? Si
usted entiende que para la coordinación de la acción de todos los
ministerios en materia de política de juventud es imprescindible la
existencia de una Dirección General como la suya, ¿cómo es posible que
tengan ustedes el presupuesto que tienen, cómo es posible que tengan el
rango que tienen, cómo es posible que tengan la poca personalidad
política para imponer muchos de los criterios de política de juventud a
sus compañeros de Administración, a sus compañeros de Partido, cómo es
posible que no hayan conseguido acometer ningún proyecto que haya tenido
realmente una traducción de eficacia, una traducción de ventajas
objetivas en la calidad de vida de nuestros jóvenes, sino todo lo
contrario? No podemos ser optimistas porque cuando, como está ocurriendo
en nuestro país, todo el mundo se encuentra con competencias o con
posibilidades de acometer actuaciones en una materia tan difusa como la
juventud, al final se consumen los recursos, se actúa sin control, sin
evaluación, sin conocer exactamente los objetivos que se pretenden ni los
resultados que se consiguen, se actúa, como lo hacen ustedes, sin saber
de dónde vienen, sin saber adónde van y, por tanto, sin conocer
exactamente dónde están, y no se ven resultados por ninguna parte. Esa
generación de jóvenes españoles, esos más de nueve millones de jóvenes,
la generación más numerosa de la historia, como tantas veces se nos ha
oído repetir, espera de su actuación política muchísimo más de lo que
ustedes han sido capaces de generar hasta este momento, y si entre todos
no somos capaces de modificar sustancialmente los criterios de actuación
en materia de política de juventud, esa generación no nos lo perdonará, y
probablemente no se lo perdonará a ustedes, como no se lo está perdonando
ya electoralmente desde hace muchos años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Urán, por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Inciativa per Catalunya.
La señora URAN GONZALEZ: Intentaré ser lo más breve posible, dada la hora
que es.
El señor PRESIDENTE: Se lo agradecería enormemente, señora Urán.
La señora URAN GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, voy ha a hacer una crítica a la elaboración del segundo
plan integral de la juventud. Consideramos, primero, que no se ha tenido
en cuenta el grado de cumplimiento del primer plan integral y que, por
tanto, se ha hecho un plan que ha carecido de esa valoración, necesaria
para poder marcarse unos objetivos reales y prioritarios dentro de esa
realidad, y que ha carecido de participación de los jóvenes para poder
expresar cuáles son sus verdaderas inquietudes y sus necesidades. Por
tanto, quede constancia de nuestra severa crítica, que nos han hecho
llegar nuestros jóvenes, que sí participan e intentan impregnar toda la
actuación política con sus inquietudes y sus experiencias.
Nosotros consideramos que de los objetivos que usted nos ha marcado aquí
hay una cosa que a los jóvenes les sigue preocupando además del mundo en
paz, del respeto al medio ambiente, de la solidaridad, de estar en contra
del racismo y de la xenofobia, que son valores que nuestros jóvenes
tienen y que hay que seguir fomentando; nuestros jóvenes demuestran una
preocupación grande sobre el empleo y su autonomía personal. Ustedes, en
su intervención, en cuanto a fomento de la ocupación, hablan sólo de la
recuperación del patrimonio cultural, del apoyo a los jóvenes del medio
rural, sin especificar más, de las bolsas de empleo juvenil, y, sobre
todo, de proyectos de colaboración con empresas para asesoramiento en
creación de cooperativas, en el autoempleo. No es solamente el autoempleo
lo que inquieta a nuestros jóvenes, sino las condiciones del mercado
laboral y su situación en esas condiciones del mercado laboral. ¿Qué
política va a hacer el Instituto de la Juventud en cuanto a la reforma
que se ha establecido en el mercado laboral, que está precarizando mucho
más todavía a nuestros jóvenes?
También ha hablado del problema de la vivienda, que es otro de los
problemas que inquieta a nuestros jóvenes a la hora de pretender
independizarse, y ha hablado de sensibilizar.
En el presupuesto de 1994 había un programa para fomentar la vivienda a
través de convenios con los ayuntamientos. En 1995 han renunciado a ese
plan, aludiendo, según la comparecencia del Subsecretario del Ministerio
de Asuntos Sociales, a que no había demanda de los jóvenes para este tipo
de programas, cuando ahora nos vienen a decir que sí la hay, porque
quieren establecer convenios al menos con doce comunidades autónomas para
el plan de viviendas en alquiler, como ocurre en la Comunidad Autónoma de
Madrid, y también nos hablan de convenios con las universidades para los
estudiantes que residen fuera de sus provincias. Creo que habría que
continuar con ese tipo de programas y con su financiación, porque ése sí
es un grave problema para nuestros jóvenes y no basta sólo con la
sensibilización de los promotores de viviendas, sino que necesitamos
tener planes de vivienda que permitan el acceso de estos jóvenes a la
vivienda. Ustedes, este año, con la poca financiación que tenían, han
renunciado a ello totalmente.
Otra cosa que nos preocupa bastante es que se prevé un recorte en el
Ministerio de Asuntos Sociales y nos gustaría que nos explicara en qué va
a afectar este recorte presupuestario al Injuve y a qué proyectos va a
afectar.
Nos gustaría que nos explicara algunas cuestiones muy concretas. Se ha
hablado de los cursos Cabueñes, que son encuentros internacionales de la
juventud. Nos gustaría conocer qué orientaciones, qué directrices
políticas dan ustedes para que se organicen este tipo de cursos, cómo se
va a participar en este curso, tanto por parte de los oradores como de
los jóvenes.
También querríamos que nos explicara qué seguimiento hace el Injuve de
los convenios que firma, a través del Ministerio de Asuntos Sociales, con
la Federación de Municipios y Provincias. Nos ha llegado información de
que estos convenios no se están cumpliendo como debían y que, en
principio, no se están creando algunas oficinas de información de la
juventud que a través de estos convenios se tendrían que estar creando.
Nos gustaría que nos explicara qué seguimiento hacen ustedes de este tipo
de convenios.
Asimismo, nos gustaría que nos dijera qué grado de participación tiene y
cómo está participando el Injuve en el plan de desarrollo regional
juvenil de América Latina, así como que nos explicara el uso que se está
haciendo de las instalaciones, aparte de lo que ha podido apuntar aquí,
del Centro Eurolatinoamericano de la Juventud. Se puede pensar en crear
una universidad de verano, pero también nos gustaría saber qué uso se
está haciendo de esas instalaciones y qué costo tiene este centro.
Para terminar, nos gustaría que nos dijera claramente qué valoración se
hace desde el Injuve de los Consejos de la Juventud y de la participación
de los jóvenes en estos Consejos.
La situación de nuestros jóvenes es bastante precaria en cuanto al empleo
y usted no nos ha hablado para nada en esta comparecencia de qué medidas
va a adoptar el Injuve en cuanto a la reforma de la formación profesional
o en cuanto a la aplicación de la Logse, cosas que también nos gustaría
que nos indicara. Por nuestra parte, creemos que son necesarios los
planes de juventud, pero que, desde luego, estos planes tienen que tener
una incidencia mayor y mucho más clara. No se puede hacer un plan que,
según nuestra valoración, consiste en ir cogiendo propuestas de política
de juventud de los diferentes departamentos y ponerlas seguiditas en un
papel, sino que el Injuve debe tener un plan propio que incida
precisamente en las políticas de los ministerios, que tenga capacidad
para poder incidir realmente en estos ministerios y que no sea al
contrario.
Por nuestra parte, nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Rodríguez Ortega.
La señora RODRIGUEZ ORTEGA: En primer lugar deseo dar la bienvenida, en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a la Directora General de la
Juventud y, por supuesto, agradecerle toda la información que nos ha
facilitado en su intervención, una información muy completa, exhaustiva
en algunos puntos, que pone de manifiesto no solamente que hay muchos
programas iniciados, sino que se han conseguido algunos logros que
después pasaré a destacar.
Por supuesto, sí que quiero comunicarle que no coincidimos en absoluto
con el planteamiento que se ha hecho por parte del portavoz del Grupo
proponente de la comparecencia. Además, a mí me parece especialmente
arriesgado e irresponsable, me permito decir, que se hayan utilizado
fórmulas y calificaciones como década de vaguedades, dirigismo, discurso
aburrido, compraventa de votos, que me parecen ciertamente de una
absoluta falta de respeto a los jóvenes, a las organizaciones a las que
se había referido y que en nada contribuyen realmente a establecer entre
todos aportaciones, mejoras si es posible, a las iniciativas e
intervenciones que se están llevando a cabo por parte del Instituto de la
Juventud.
Y dicho esto, paso a destacar algunos aspectos que me han parecido
especialmente importantes y significativos de la intervención de la
Directora General.
Desde mi Grupo Parlamentario entendemos que hay un buen tratamiento
metodológico, una buena sistemática a la hora de planificar los programas
y las actuaciones que se llevan a cabo desde el Instituto de la Juventud.
Cuando estamos hablando de política de juventud, de un tema que afecta
horizontalmente a ministerios, del que tienen competencia no solamente la
Administración central, sino también las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, la única forma de conseguir, en nuestra opinión,
resultados eficaces y positivos es precisamente estableciendo políticas y
mecanismos de coordinación entre todas las administraciones,
organizaciones no gubernamentales, asociaciones juveniles que están
interesadas y que quieren trabajar en el tema de la juventud. Por tanto,
establecer convenios con otros ministerios, el ponerse de acuerdo para
políticas que afectan al empleo, a la educación, a la salud, a la
cultura, etcétera, me parece que es la mejor manera de trabajar, y ya se
han conseguido resultados positivos. Evidentemente, tenemos toda la
puesta en escena del primer plan integral de la juventud, que avala que
es una buena técnica de trabajo. Entendemos que el objetivo de estas
políticas es
llegar al mayor número de jóvenes, el objetivo óptimo, evidentemente,
sería llegar a esos casi diez millones de jóvenes. Esto se consigue
aunando esfuerzos y rentabilizando todos los recursos, humanos,
materiales y económicos. Por supuesto, en el tema de la juventud, lo
mismo que en otros muchos, hay que tender no a que todo venga dado y
hecho por parte de la Administración y de las instituciones, sino a
implicar, a hacer copartícipe también al colectivo de jóvenes al que van
dirigidas estas políticas, porque es la mejor manera de que se asuma
colectivamente este reto.
Yo entiendo que la juventud tiene problemas en estos momentos, pero más
que nunca está interesada en participar, a la hora de dar respuesta, de
resolver esas demandas y esos problemas que están teniendo. Si somos
capaces de encontrar los mecanismos suficientes y necesarios para
conseguir esa participación, deberíamos alegrarnos todos y deberíamos
hacer un esfuerzo, si no ya de reconocimiento de la realidad, que quizá
sea mucho pedir al Grupo Popular, debería ser un esfuerzo de generosidad
por parte del Grupo Popular, porque las políticas de colaboración
estarán, entiendo yo, si es que tienen planes de juventud, en las
comunidades gobernadas por el Partido Popular o ayuntamientos en los que
gobierna el Partido Popular. En este afán de descalificar cualquier
política, cualquier actuación que venga de la Administración, de
instituciones socialistas, el Grupo Popular pierde bastante el norte y
niega incluso esta capacidad de interés, de incidencia de otras
administraciones que no estén gobernadas por socialistas, sino por otros
partidos políticos.
Por tanto, entiendo que la metodología es acertada, es buena y ya está
dando resultados positivos y los seguirá dando en los próximos años.
Además, no debemos caer en el error de considerar que porque hay un
Instituto de la Juventud todos los problemas de la juventud estarán
resueltos y que además únicamente es competencia de este organismo el
hecho de resolverlos. El Instituto de la Juventud --y todos coincidimos
en esta valoración-- no puede resolver los problemas de empleo o los
problemas de vivienda o las dificultades y las expectativas que tienen
los jóvenes, pero sí puede contribuir a algo que me parece muy
importante, y que es un paso previo sin el cual no conseguiremos avances
positivos. Me refiero concretamente a la detección, al análisis de las
prioridades políticas, de las demandas, de las necesidades de este
colectivo para encajar lo que son políticas globales en un plan integral
y globalizado dirigido a la juventud, para conseguir un mayor nivel de
bienestar social.
Hay un segundo aspecto que también quisiéramos destacar desde mi Grupo
Parlamentario, y es la necesidad de llevar a cabo estudios,
investigaciones, análisis sociológicos para conocer de cerca lo que es la
realidad de la juventud española y saber qué hay que hacer en cada
momento. Desde el Instituto se vienen realizando unos informes acerca de
la situación de la juventud en España absolutamente acertados. Me parece
que el cuarto informe --si no ha salido está a punto de salir-- de la
juventud en 1995 nos sirve para acercarnos y para conocer de cerca cuál
es esta realidad y cuáles son las demandas de este colectivo.
Cuando analizamos realmente esas demandas, nos damos cuenta de que la
juventud de la década de los noventa es bastante más tolerante, más
solidaria, más pacifista y también tiene más ganas de participar en este
proceso de decisión de su propio futuro. Además, nos damos cuenta de que
sus reivindicaciones van en dos direcciones: por una parte, conseguir el
empleo, en la mayoría de los casos su primer empleo, con la importancia
que esto supone, y, por otra parte, conseguir una vivienda, que puedan o
bien comprarla o bien pagar un alquiler que puedan costearlo con el nivel
económico que tiene la juventud.
Antes decía que no solamente de la intervención de la Directora General
se desprende que hay muchos programas, muchas actuaciones en las
políticas de la juventud, en las que hay que hacer hincapié, sino que
también se ponían de manifiesto logros importantes. Los convenios que se
han firmado con distintas comunidades autónomas, en los que han
participado rectorados, para poner en marcha un parque municipal de
viviendas, bien para estudiantes que se desplazan de unas provincias a
otras, bien para jóvenes que desean residir en su municipio habitual, me
parece que es un logro importante, y hay ya un número interesante de
jóvenes que se está beneficiando de estos programas. ¿Que hay que seguir
avanzando en esa línea? Por supuesto, no todo está conseguido, pero ya
tenemos experiencia que nos deja ver que se han conseguido resultados
positivos.
Sobre el tema del empleo me parece que se ha hecho referencia a todos los
programas dirigidos al autoempleo de los jóvenes y a posibilitar un mayor
nivel de información, que es en muchos casos lo que están demandando y
abrir cauces y vías para que la experiencia de colectivos empresariales
pueda servir para estos jóvenes. Por supuesto, también me parece
importante que se siga haciendo hincapié en todos los programas que se
han puesto en marcha y que han facilitado la reforma del mercado laboral,
como son contratos de aprendizaje, como son contratos en práctica,
fórmulas que en definitiva van a capacitar a los jóvenes con la formación
que están necesitando.
La Directora General se ha referido a programas relacionados con Europa,
y no me voy a referir a ninguno de ellos, pero sí me parece que una labor
importantísima es la que se está llevando a cabo a través del programa de
jóvenes cooperantes, ayudando a países, sobre todo, de Latinoamérica y a
promocionar la situación de los jóvenes en estos países. Por supuesto,
también hay que seguir insistiendo en todos los programas de intercambio
con Europa, puesto que una de las notas que más destacan cuando nos
preguntamos por las características de los jóvenes de los noventa es que
son bastante más europeístas de lo que eran los jóvenes de etapas
anteriores. Por tanto, esa iniciativa también habrá que seguir
aprovechándola.
Desde mi punto de vista, entiendo que se han conseguido logros
importantes, y una muestra más de que se han conseguido estos logros es
el segundo plan integral para la juventud, que se acaba de aprobar.
Evidentemente, la aprobación de este segundo plan pone de manifiesto, por
una parte, que hay que hacer una evaluación positiva de los resultados de
este primer plan y, al mismo tiempo, pone de manifiesto una deficiencia:
no todos los aspectos se han
conseguido, ha habido parcelas del primer plan que no se han podido
consolidar y que necesitan de un apoyo para los próximos años 1995, 1996
y 1997 en este segundo plan integral para la juventud.
Yo entiendo que vamos a poder seguir contando con otras instituciones,
sobre todo con la participación y la colaboración de asociaciones
juveniles que, tengo que decirlo, para nada se sentirían identificadas
con un discurso pesimista, con un discurso catastrofista al que, por otra
parte, nos tiene acostumbrado el Grupo Popular, y que sí se sienten mucho
más identificadas con estas políticas de planificación que está llevando
a cabo el Ministerio y, sobre todo, la Dirección General de la Juventud.
Insisto en un último aspecto que sí me parece importante: de las
conclusiones que se aprobaron por parte de la Comisión especial de
Juventud, que ha estado trabajando en el Senado y que en mi opinión ha
hecho un trabajo importante, destacaría, sencillamente, dos: la primera
recomendación que hacía esta Comisión es que se sigan elaborando y que se
sigan poniendo en marcha y en práctica planes integrales para la
juventud. Esa recomendación se derivaba de aportaciones que se habían
venido haciendo por colectivos, por personas interesadas, entendidas en
este campo de la juventud. Hay un segundo aspecto que también me parece
preocupante, problemático en estos momentos, como es facilitar a los
jóvenes vías de ocio y de ocupación de tiempo libre alternativas. No
podemos pensar que el joven que dedica el 80 por ciento de su tiempo
libre a salir con sus amigos, a estar fuera de casa, que la salida que
debe tener ese joven sea acudir a «pubs», a bares nocturnos y dedicarse
al consumo del alcohol, con los riesgos que eso va a traer posteriormente
en accidentes de trabajo, en adquirir hábitos de vida poco saludables y
que le van a beneficiar muy poco para su propia formación individual y su
relación, su comunicación con los demás.
Por tanto, hay que seguir insistiendo en esa vía de prevención, no ya
solamente de represión, de la que ahora se asusta mucho el Partido
Popular. Yo creo que hay que saber encontrar un equilibrio, un justo
término medio entre prevención y represión, pero, evidentemente, todos
los programas que se pongan en marcha, junto con el Ministerio de
Educación, con el de Sanidad, en esa línea de prevención y de buscar
fórmulas de ocupación del tiempo libre y de ocio alternativo para los
jóvenes, serán bien acogidos y, por supuesto, tendrán efectos positivos.
Acabo, señor Presidente, diciendo que, con este segundo plan y con todos
los programas y las actuaciones que nos ha detallado pormenorizadamente
la Directora General, vamos a conseguir que los jóvenes participen
también en este avance de la sociedad y participen haciéndose eco de
estas pautas de comportamiento que se relacionan fundamentalmente con los
jóvenes, preocupaciones medioambientales, pacifistas, solidarias,
humanitarias, pero que coinciden en buena medida con lo que son los
planteamientos globales de los hombres y de las mujeres que queremos
seguir construyendo una sociedad más justa y con mayor nivel de bienestar
social también para los jóvenes.
Agradezco, de nuevo, la presencia de la Directora General y le animo a
que siga poniendo en marcha estos programas y estas políticas dirigidas a
la juventud.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Directora General.
La señora DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD (Escapa
Garrachón): Siento haber aburrido. Lo que pasa es que no sabía cómo
explicar en un rato todos y cada uno de los esfuerzos que se hacen desde
el Instituto y desde el Ministerio de Asuntos Sociales para favorecer o
mejorar la situación y los problemas, preocupaciones, anhelos de nuestros
jóvenes.
Agradezco la intervención de la portavoz del Grupo Socialista, porque en
parte ha contestado a algunas cosas que yo tenía apuntadas del porqué, el
para qué y la razón de ser del Instituto de la Juventud.
Yo no he traído los datos del primer Plan porque pensé que íbamos a
hablar del segundo Plan, dado que el primero es de la legislatura
anterior. No tengo los datos, pero no tengo inconveniente en hacerles
llegar los resultados de esa evaluación, que fue altamente positiva en el
nivel de realización de las actuaciones que estaban previstas en ese
primer Plan de Juventud. Como digo, pensé que veníamos a hablar del
segundo Plan, que ya está aprobado desde el año pasado y no tengo los
datos, pero se los haremos llegar con mucho gusto. Desde luego, somos los
primeros interesados en seguir y evaluar lo que diseñamos como políticas
prioritarias a realizar y, aunque nadie nos lo pidiera, sería
absolutamente incomprensible para nosotros mismos no intentar hacer las
cosas mejor, y eso se consigue revisando lo que todos y cada uno hacemos.
A partir de ahí hay una serie de diferencias del nuevo Plan respecto al
anterior y es que en este segundo hemos empezado por tratar de hacer la
percha general de todo aquello que deberían ser actuaciones políticas o
medidas a desarrollar desde los distintos ministerios, es decir por el
Gobierno, en políticas de juventud, sentándonos con todos y cada uno de
los ministerios sectoriales. A mí me gustaría poder decidir el empleo
juvenil, la salud y todo lo demás, pero lógicamente la estructura del
Gobierno está en ministerios sectoriales que llevan y diseñan las grandes
políticas y nuestro trabajo en lo que es la política de juventud.
Si apostamos por una política integral donde podamos hablar no sólo del
ocio y el tiempo libre de los jóvenes, sino también del empleo, de la
vivienda, de todo aquello que les preocupa y ocupa como problemas
actuales, de ir mejorando el sistema educativo y preventivo para evitar
que haya consecuencias negativas al desconocimiento, la falta de
formación e información sobre la realización de determinadas actividades,
yo creo que el trabajo que se puede hacer desde el Ministerio de Asuntos
Sociales, desde el Instituto de la Juventud es conocer a nivel de todo el
Estado. Hemos de realizar diversos estudios --a veces tan cuestionados y
criticados, pero que después graciosamente se utilizan por todos
ustedes-- para, por los resultados de esos estudios, después decir si
esto ha subido o ha bajado o ha dejado de subir o de bajar; así pues,
para algo
sirven, aunque sólo sea para que desde distintas ópticas o en cada
momento quien sea los utilice para decir cómo está la situación.
Para llevar a cabo la apuesta que ha hecho el Instituto de la Juventud
desde que está integrado en el Ministerio de Asuntos Sociales, no en esa
primera fase en la que estuvo en el Ministerio de Cultura con otras
funciones sino desde que está adscrito al Ministerio de Asuntos Sociales,
de hablar de política integral de juventud, hay que rentabilizar la
información y el conocimiento que tiene el Instituto de la Juventud,
especializada información sobre ese sector de población en toda España y,
a partir de ahí, provocar que en esas mesas de trabajo interministerial
todos y cada uno de los ministerios, dentro de sus grandes políticas
sectoriales, tengan en cuenta --de hecho ya lo tienen-- e incidan aún más
en esas previsiones que ya tienen los ministerios en cuanto a las
dificultades, problemas o inquietudes de la gente joven.
Yo no estoy de acuerdo cuando se habla de que siempre decimos lo mismo,
hacemos lo mismo, que este plan es igual que el anterior, desde el
momento que actualizamos continuamente esos datos que tenemos, no
solamente por nuestra relación con el Consejo de la Juventud de España.
Por cierto, cada vez que yo hablo del Consejo de la Juventud de España
hablo de una plataforma de asociaciones (antes he informado de cuántas
hay) entre las que se encuentra Nuevas Generaciones. Cuando cuento con el
Consejo, tanto para la concesión de subvenciones, la elaboración del Plan
de Juventud, el diseño de Cabueñes, las actividades del Ceulaj, etcétera,
continuamente estoy refiriéndome a todas y cada una de las entidades que
integran el Consejo de la Juventud de España, lógicamente con la
interlocución que periódicamente eligen los jóvenes de ese Consejo de la
Juventud, con la interlocución o la representación de todos y cada uno de
los que están ahí. En absoluto excluimos a nadie, ni desde el diseño de
las actuaciones de la casa ni en el trabajo del Plan Integral de
Juventud. Cuando antes hablaba de las novedades, no solamente hay esa
novedad de que hemos empezado diseñando las grandes líneas de actuación
política a partir de las cuales cada ministerio y nosotros mismos
deberíamos diseñar actuaciones concretas para desarrollar esas medidas,
sino que, además, en las mesas de trabajo del Plan han estado no
solamente los ministerios, sino las comunidades autónomas que han querido
--estaban invitadas las 17 comunidades autónomas--. En el anterior no sé
cómo se hizo, pero en lo que a mí respecta, en el segundo Plan de
Juventud, que es el que se ha coordinado en el tiempo que estoy, se ha
invitado a todas y cada una y ha habido mesas de trabajo. Antes hablaba
de las cinco áreas de trabajo del Plan. Desde luego, estoy de acuerdo con
la portavoz de Izquierda Unida en que no vamos a hablar sólo de valores,
sino que hablamos de lo que es la autonomía de los jóvenes en lo que se
refiere al empleo y a la vivienda y de la participación de los jóvenes en
la sociedad, en general. En todas esas mesas han estado todas las
comunidades autónomas que han querido estar. Ha habido mesas de trabajo
en las que han estado hasta nueve y diez comunidades autónomas, o sea, si
no han estado las diecisiete es porque no han querido, pero contábamos
con todas y cada una.
En cuanto a los planes de juventud de algunas comunidades autónomas, hay
ocho comunidades autónomas que tienen plan de juventud y yo no tengo la
culpa, entre comillas, de que ninguna de ellas esté gobernada por el
Partido Popular, pero hemos tenido en cuenta todos y cada uno de los
planes de juventud que existen hoy en España. En estas mesas de trabajo,
además, ha estado el Consejo de la Juventud de España y ha estado la
Federación Española de Municipios y Provincias porque, lógicamente,
también hay planes en los ayuntamientos y éstos tienen mucho que decir
sobre las políticas de juventud.
Sé que es tarde y voy a intentar avanzar. Desde luego, como podrá
comprobar cuando lo reciba, la evaluación del primer Plan ha sido
altamente positiva y muy pocas actuaciones, creo recordar que son nueve,
han quedado sin realizar. De todas formas, tendré mucho gusto en
enviárselo. También he hablado de la participación de comunidades y
asociaciones y de la propia Federación. Me ha preguntado S. S. si se han
tenido en cuenta o no las recomendaciones de la Comisión de la Juventud
del Senado. Dado que la finalización de los trabajos de la Comisión casi
ha coincidido con la de los del Plan, debo decirle que muchos problemas
se han compartido en ambos trabajos y que la Comisión ha tenido mucha
relación con el Instituto a la hora de poner en común cómo veíamos a los
jóvenes y qué se detectaba desde nuestros informes sociológicos y desde
nuestra relación con el movimiento asociativo juvenil. No es posible que
nadie hable ahora de otros problemas que no sean los que son y, aunque
haya coincidido casi en el tiempo la terminación de los trabajos de unos
y otros, eso no quiere decir que no se haya estado en contacto, que no se
recoja la práctica totalidad de todas las propuestas que hace la Comisión
de la Juventud del Senado. Además, como la intención de este Plan, que es
una novedad respecto al anterior, es que sea un Plan abierto, ya se están
constituyendo los grupos de trabajo para hacer el seguimiento de
actuaciones desde este momento y tener la posibilidad de proponer
actuaciones no recogidas en el momento del cierre del Plan y que demanden
los jóvenes, que están siempre presentes en todas las mesas de trabajo a
través del Consejo de la Juventud de España, que puedan tenerse en cuenta
por parte de los ministerios responsables en la ejecución de las
políticas sectoriales que afectan a la gente joven.
A partir de ahí, no sé si están incluidas todas y cada una de las
propuestas de la Comisión de la Juventud, creo que sí, pero no hay ningún
problema en que, si alguna se hubiera quedado fuera, se tenga en cuenta
en las mesas de seguimiento del Plan, puesto que, como digo, en marzo ya
se van a reunir por primera vez los cinco grupos de trabajo.
En las actuaciones del Instituto no se excluye a nadie. Desde la oferta
de los programas, que hacemos en general, a la participación en estos
foros donde diseñamos las políticas y los programas de juventud, con o
sin los otros ministerios, no se excluye a nadie. Se ha puesto como
ejemplo un seminario que tenemos previsto realizar dentro de poco sobre
la imagen de los jóvenes en los medios de comunicación y tengo que decir
que la intención de ese programa es globalizar y no generalizar cuando se
habla de los
jóvenes. El alcohol es un problema de los jóvenes, los accidentes de
tráfico son un problema de los jóvenes, la seguridad es un problema de
los jóvenes y se quiere que, desde los responsables políticos de cada uno
de estos temas, que están hoy de actualidad y preocupan a la sociedad en
general y a los jóvenes en particular, se haga una exposición más global
de esos problemas, se cuantifique y se delimite hasta dónde los jóvenes
causan o son la gran parte de esos problemas que hoy se generaliza y se
adjudican, sin más, a la población juvenil. Y esas jornadas están
dirigidas a los medios de comunicación, con lo cual van a estar invitados
todos y cada uno de los medios de comunicación, independientemente de qué
tipo de medio estemos hablando. Hay otro tipo de jornadas, de
conferencias y seminarios, que van dirigidos a mediadores juveniles, a
jóvenes en general, asociados o no asociados, es decir, tenemos una gama
amplia de programas y de actividades que en cada momento se dirige a un
colectivo determinado. Y cuando hablo de un colectivo determinado es que
podemos decir: esto va dirigido a mediadores juveniles, esto a
responsables de políticas de juventud de ayuntamientos y de comunidades
autónomas, donde no se excluye a nadie.
¿Esto va dirigido a los jóvenes, en general, o al movimiento asociativo
en particular? Esa es la única delimitación de la selección o del público
al que dirigimos las actividades. Nunca, jamás se hace una selección de
otro tipo, porque aquí se ha insinuado que se excluye a algunos sectores
de población posiblemente en función de adscripciones políticas. Esto es
lo que he creído entender, a lo mejor me he equivocado.
Cuando se habla de que los propios jóvenes han criticado duramente el
Plan, no lo han asumido y no lo han querido, vuelvo a decir lo de antes.
La interlocución de los jóvenes es a través del Consejo de la Juventud de
España, donde también está Nuevas Generaciones. A partir de ahí, que
Nuevas Generaciones diga en un diario si está o no de acuerdo, que le
parezca electoralista o no el Plan de Juventud, es una apreciación y una
valoración de Nuevas Generaciones. No sé si incluso había alguna
declaración de un grupo de jóvenes de Izquierda Unida, pero
colectivamente se ha tenido en cuenta a los jóvenes y el Consejo de la
Juventud ha dado el visto bueno al Plan de Juventud que, desde luego, va
a ser, como digo, el referente. No vamos a hacer actuaciones por
hacerlas, ni nos las vamos a inventar, ni no sabemos por dónde venimos ni
a dónde vamos. Sí que sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y, desde
luego, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible.
Sobre medidas a jóvenes en el medio rural, hay muchas medidas que, aunque
no hablen de los jóvenes en el medio rural, afectan, interesan o van a
beneficiar a los jóvenes en el medio rural. Cuando se habla de la
información juvenil, del turismo juvenil y de otras muchas cosas, esos
programas están pensados para todos y cada uno de los jóvenes españoles.
No se excluye a unos de las zonas urbanas y a otros de las zonas rurales.
Estoy de acuerdo en que la situación geográfica incide en que los jóvenes
tengan mayor o menor oportunidad de acceder a los circuitos de
información y que hay que reforzar y hacer actuaciones específicas para
sectores en el medio rural, y de hecho, en el Plan se prevén algunas
sobre instalaciones agrarias, pero hay medidas generales que afectan a
todos y cada uno de los jóvenes. Se puede trabajar y ahondar; nunca se va
a hacer lo suficiente para todos y cada uno de los colectivos de jóvenes
que tienen dificultades específicas, que son bastantes, y uno de ellos
puede ser el de los jóvenes en el medio rural, pero estoy absolutamente
abierta, y el Plan también lo está, a que durante el tiempo que quede de
legislatura se sigan haciendo propuestas para poder actuar y mejorar la
situación de esos jóvenes.
Respecto al Consejo de la Juventud de España, no sé cómo se ha hecho en
otras ocasiones, porque no he estado, pero, desde luego, le puedo
garantizar que vamos a dejar absolutamenteÉ Me hace gracia porque le voy
a decir otra cosa que usted mismo ha dicho. Por un lado, dice que el
Instituto de la Juventud no intervendrá o va a intervenir, como ha hecho
en otras ocasiones, en decidir la Asamblea electoral del Consejo de la
Juventud, y acto seguido, dice: ¿Qué intervención va a hacer el Instituto
sobre el reglamento del Consejo de la Juventud de España? Ahí hay una
cuestión que está clara. Respecto a la Asamblea electoral del Consejo,
desde luego, el Instituto no tiene intención de intervenir para nada.
Creemos que son las asociaciones juveniles las que tienen que decidir
quiénes son sus representantes en cada período del mandato, que ahí
también estará Nuevas Generaciones, que tienen un espacio para discutir
una mejor o peor representación del Consejo.
El reglamento es verdad que es una asignatura pendiente del Consejo de la
Juventud de España, que durante este año se les ha pedido que hagan una
propuesta al Ministerio de Asuntos Sociales y al Instituto de la Juventud
para desarrollar la ley de creación del Consejo, a través de ese
reglamento que tendremos que publicar en su momento, pero el Consejo de
la Juventud de España nos ha pedido que dejemos que funcionen unas mesas
internas de trabajo dentro del Consejo para, a partir de ahí, hacer una
propuesta desde todas y cada una de las asociaciones juveniles que
integran esas mesas de trabajo. El Instituto a lo mejor podía haber
optado por hacer un diseño del reglamento y aplicarlo legalmente, pero
hemos creído más conveniente, en aras de esa participación de los jóvenes
en el diseño y resolución de su propia actividad dentro del Consejo, que
ellos terminen haciendo su propuesta. En estos meses va a haber una
Asamblea electoral. Dudo que antes de esa Asamblea electoral tengamos
ninguna propuesta al respecto, pero, desde luego, a la próxima permanente
y a la próxima presidencia del Consejo de la Juventud le seguiremos
pidiendo que sea una de sus actividades prioritarias, porque estamos a la
espera de esa propuesta del propio Consejo de la Juventud.
A las noticias o comentarios del señor López Riaño, yo, desde luego, no
voy a hacer comentarios sobre comentarios de prensa. Yo he estado en las
jornadas de convivencia ciudadana; no he estado cuando el señor López
Riaño ha dicho lo que después el representante de Nuevas Generaciones ha
dicho que el señor López Riaño ha dicho o, por lo menos, eso es lo que he
visto en prensa. No me siento capaz de opinar sobre opiniones recogidas
en medios de comunicación.
El Instituto no se propone intervenir en leyes represivas. El Instituto,
si tiene una razón de ser, entre otras muchas, es provocar, por un lado,
medidas de prevención, y evitar, por otro, que sucedan problemas o
consecuencias negativas de actuaciones de los jóvenes, que no son
queridas no solamente por la sociedad, sino por ellos mismos, desde
luego.
Respecto al Centro Eurolatinoamericano de Juventud, no ha sido
intencionado que desaparezca conceptualmente del presupuesto de 1995,
sino que, dado que es una instalación del propio Instituto de la
Juventud, se consideraba que no tenía que haber un concepto específico
para hablar del mantenimiento Ceulaj, y que los gastos del Ceulaj se
redistribuyeran en todos y cada uno de los conceptos presupuestarios
referidos a gastos de mantenimiento de la casa, personal de la casa y
todo lo relativo al Instituto. Cuando me pregunta sobre las personas que
están allí, hay personas que son funcionarios y personas que no lo son.
Desde luego, no están sin más y sin sujeción a tipo alguno de convenio,
sino que, en función del tipo de persona que es, está sujeta o no a un
tipo u otro de convenio. No hay nadie en el Instituto que esté trabajando
fuera del marco normativo laboral o por libre.
Sobre si se justifica o no el coste, en esta actividad, como en otras del
Instituto, lo que hacemos es ofrecer al movimiento asociativo juvenil, a
las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a otros organismos
nacionales e internacionales, la posibilidad de realización de
actividades eurolatinoamericanas en el Ceulaj. Nosotros también hacemos
parte de nuestra programación para aprovechar más y mejor esas
instalaciones. También allí el Consejo de la Juventud de España mantiene
reuniones con el Instituto, donde, además de las propuestas de sus
actividades, se habla de la actuación y de la actividad del Ceulaj, y
siempre buscando que ese centro, que es un centro magnífico y bien
dotado, cada vez se utilice más y se rentabilice al máximo. Yo creo que
el nivel de funcionamiento y de utilización hoy es bastante bueno.
Respecto a Cabueñes, le diré que cuando se hace Cabueñes se invita a todo
el movimiento asociativo juvenil. Que estén unas asociaciones sí y otra
no, para nada tiene que ver con que nosotros excluyamos a nadie en
Cabueñes. Y esto lo enlazo con una pregunta que hacía la portavoz del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que decía que cómo
elegíamos a los ponentes, cómo elegíamos a los asistentes. La
convocatoria de asistencia se abre en general, se pueden apuntar jóvenes
que están en los movimientos asociativos juveniles y no hacemos
distinciones. En cuanto a los ponentes, hay reuniones previas a Cabueñes,
donde nos sentamos con los que coorganizamos Cabueñes, es decir, el
Principado de Asturias, el Ayuntamiento de Gijón, el Consejo de la
Juventud de Asturias, el Consejo de la Juventud de España y el Instituto
de la Juventud. Hay unas primeras reuniones en las que se habla
globalmente de programación Cabueñes del año en que se esté, y después
hay un reparto, en el que el Instituto no hace uso de su posibilidad, ya
que financia en gran medida Cabueñes, de quedarse con la mayor parte de
los cursos, sino, al contrario, en la mayor parte de los cursos se deja
que el propio Consejo de la Juventud los diseñe, haga propuestas sobre
ponentes de esos cursos. El Instituto para nada, una vez que se diseña o
se decide la programación global, si son 25 cursos o 30, y se habla en
general sobre los temas que va a cubrir Cabueñes, a partir de ahí, si se
dice que 15, 10 ó 20 cursos son cursos organizados por el Consejo de la
Juventud o diseñados por el Consejo de Asturias o por el Principado de
Asturias, muy poquitos, quedan a elección del propio Instituto y,
lógicamente, los pocos que nosotros asumimos y coordinamos, aunque
pagamos la actividad, en esos sí que decidimos nosotros quiénes son los
ponentes, aunque la oferta de asistentes está abierta a los que lo
deseen.
Respecto a Tibet --y vuelvo otra vez a otro tema del portavoz del Grupo
Popular--, quiero decir que para nada que el Instituto tenga todavía
oficinas Tibet es porque sea un negocio, neguemos la existencia de las
comunidades autónomas y de sus competencias. Las oficinas Tibet surgen
como un programa del propio Instituto de la Juventud, lo cual ha
provocado que haya ayuntamientos y comunidades autónomas que han creado
más oficinas y oficinas propias, hay un producto Tibet, que es un
producto a negociar con el Instituto de la Juventud siempre, sea la
autonomía que sea, sea el ayuntamiento que sea, porque es un producto
consecuencia de convenios internacionales --tema que he citado esta
mañana--, de organismos internacionales de turismo, donde se puede
ofrecer unos productos diseñados a la medida de la gente joven. Eso
siempre va a venir a través del Instituto, porque, entre otras cosas, la
competencia de cooperación internacional o la representación
internacional en políticas de juventud las sigue teniendo el Instituto de
la Juventud dentro del Gobierno de España.
Otra cosa es que hablemos de las políticas en el interior. Todas y cada
una de las comunidades autónomas que han pedido la transferencia de la
oficina TIVE, si no la tienen ya, está en proceso de concesión. Me
gustaría conocer un solo caso en que se haya pendido la transferencia de
una oficina Tibet al Instituto de la Juventud y que éste esté negando esa
transferencia. Porque en cuanto insinúan mínimamente que quieren que se
les transfiera una oficina Tibet se les transfiere. Las que están sin
transferir es porque la comunidad autónoma no ha hecho ninguna
insinuación de que quiere que se les transfiera. A lo mejor el
procedimiento es que el Instituto opte por proceder a la transferencia
sin que lo pidan las comunidades autónomas; pero hoy por hoy se había
planteado que se les transfiera a aquellas comunidades autónomas que lo
quisieran. Las transferencias se prepararon en 1990, pero hace año y pico
se han vuelto a abrir. Concretamente recuerdo Canarias, que es una de las
primeras que hemos atendido. A partir de ahí hay comunidades que ya están
empezando a decir que les interesa. Esto se está trasladando ya al
Ministerio de Administraciones Públicas y a la mínima insinuación,
repito, se produce la transferencia de la oficina TIVE. Y desde luego,
tengo que decir que no es ni un negocio ni una intención del organismo de
suplantar las competencias de política de juventud de las comunidades
autónomas.
La portavoz del Grupo Socialista, al hablar de las funciones, ha
mencionado, desde la coordinación de esa política
interministerial, la de una política transversal para provocar que los
jóvenes de toda España tengan las mismas oportunidades y que no dependa
de la comunidad autónoma en que vivan, que tengan más actividad, o más o
menos programas pensados para ellos. Nosotros podemos incidir de alguna
forma animando, colaborando económicamente a que pongan en práctica la
realización de más programas para la gente joven que vive en esa
comunidad. Es interesante ver cómo están los jóvenes de España en función
de que vivan en una u otra comunidad y de la sensibilidad de cada uno de
los gobiernos autonómicos en políticas de juventud, que no es la misma en
todas las comunidades autónomas.
Por lo que se refiere a la portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tengo que decirle que, respecto al segundo plan, sí que se ha
hecho esa evaluación. Lo que ocurre es que, a lo mejor, no se han
incorporado actuaciones que ya estaban en el anterior plan. Lo que se ha
hecho ha sido revisar las actuaciones del primer plan y tratar de
repescar aquellas que se considerara que coincidían con lo que hoy se
detectaba como los principales problemas de la gente joven y las
principales actuaciones que hay que asumir en la política de juventud, no
solamente por el Instituto de la Juventud, sino por el Gobierno. Lo que
ocurre es que, a lo mejor, hay algunas que no hemos repetido, pero no
porque no se haya hecho una evaluación del primer plan de juventud.
Participación de los jóvenes. Lo he dicho hace un momento. Ha participado
en todas y cada una de las mesas el Consejo de la Juventud de España y ha
sido éste quien ha designado qué personas del Consejo, que representaban
asociaciones juveniles, iban a estar en todas y cada una de las mesas;
han estado antes, durante y están ahora en la conformación de los grupos
de trabajo de seguimiento del plan de juventud.
Estoy de acuerdo también en que el empleo y la vivienda son los
principales problemas de la gente joven. Yo creo y me parece que lo he
dicho en mi primera intervención, que la política de empleo y de
vivienda, en general, no son competencia del Ministerio de Asuntos
Sociales, ni del Instituto de la Juventud. Lo único que nosotros podemos
hacer es aprovechar las mesas interministeriales para animar, incidir y
hacer un poco de Pepito Grillo de los ministerios, llamando la atención
continuamente sobre aquellos problemas y carencias de la población
juvenil en España. Además de esto, contribuimos con proyectos pilotos,
que estamos detectando dentro y fuera de España, que aunque no resuelven
definitivamente el problema, contribuyen a poner un granito de arena para
mejorar la situación de los jóvenes respecto al empleo y la vivienda.
En el plan de vivienda, esos foros de sensibilización, que aparentemente
parece que no sirven para nada, sirven para que desde el sector privado o
público de la vivienda se saquen conclusiones sobre cúal es el modelo de
vivienda para jóvenes y cuáles son sus necesidades de vivienda. Después,
todas y cada una de esas conclusiones se trasladan tanto a la Dirección
General de Vivienda como a las comunidades autónomas, vía organismos de
juventud, para que se tengan en cuenta en el diseño de planes de
vivienda. Hay que recordar que el Plan de Vivienda que se diseña desde el
Ministerio de Obras Públicas, lo que hace es atender las peticiones
concretas de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Si los
ayuntamientos y las comunidades autónomas no piden un diseño a la medida
de viviendas, es difícil que desde el plan se pueda hacer mucho. Es
importante que el plan, dentro de su marco general, prevea algunos
incentivos para el acceso a la vivienda de los jóvenes.
Respecto a cómo va a afectar el recorte del Ministerio de Asuntos
Sociales, en principio no se habla de un recorte presupuestario, se habla
de una limitación del gasto. Si llegara a ser un recorte definitivo,
intentaríamos limitar aquellas partidas que no afecten directamente al
apoyo del movimiento asociativo juvenil, ni aquellos programas que
consideremos prioritarios, muy en la línea de lo que estamos hablando,
tanto de empleo, como vivienda, educación para la salud, prevención,
participación y calidad de vida.
Sobre Cabueñes, también lo he contestado antes. Respecto al convenio de
la FEMP está prevista una comisión mixta de seguimiento. Lo que se ha
hecho con la FEMP, cuando se firmó este convenio, fue pintar como grandes
líneas un abanico de programas, que es el que viene encuadrado dentro de
ese convenio, para que, después, los ayuntamientos que utilicen ese
convenio de FEMP y Ministerio de Asuntos Sociales propongan programas que
estén dentro de esa visión global de prioridades. Eso quiere decir que no
todos los programas que se recogen en el convenio de la FEMP son
programas a realizar en el territorio de los ayuntamientos, porque cada
ayuntamiento que ha acudido ha propuesto uno, dos, tres o cuatro y ha
servido más como referente amplio de posibles propuestas por parte de los
ayuntamientos, de políticas de juventud o actuaciones que mejoren la
situación de los jóvenes a nivel municipal.
Como decía, hay una comisión de seguimiento de ese convenio. La FEMP está
ahora en un período de trasladar al Instituto de la Juventud lo que es el
cumplimiento del convenio con la justificación de todos y cada uno de los
gastos, programas realizados y municipios donde se han realizado esos
programas. Es una información de la que ahora mismo no dispongo, pero que
nos harán llegar en estos días.
Por lo que se refiere al plan de actuación en América Latina que sale de
la Organización Iberoamericana de Juventud, no cabe duda que en España el
Ministerio de Asuntos Sociales y el Instituto de la Juventud han
contribuido de forma decisiva a que exista la Organización Iberoamericana
de Juventud. Hasta el año pasado hemos presidido esa organización y este
año ocupamos la Secretaría General por un mandato de dos años. Desde el
instituto, el Ministerio de Asuntos Sociales sigue apostando por esta
organización y por ese plan de actuación entre los años 1995 y 2000,
siendo hoy por hoy el gobierno iberoamericano que principalmente apoya la
existencia y la posible financiación de esta organización iberoamericana
cada vez más, sobre todo a partir del encargo que tienen de esta política
de juventud durante los cinco años muchos más organismos internacionales
y hasta hace poco con la Unión Europea. Desde España y Portugal hacemos
ese puente con la Unión Europea, para para que cada vez lleguen más
recursos a ese programa
de actuación en América Latina. Nosotros, en el Centro
Eurolatino-americano de Juventud asumiremos algunas de las actuaciones
que están previstas. Ahora se está haciendo el calendario de desarrollo
del plan; dicho plan se ha aprobado hace muy poco. No es ni más ni menos
que el gran marco de priorización de políticas de juventud en América
Latina, que necesita una concreción en programas y actuaciones a
desarrollar en los distintos países.
Respecto a la valoración de los consejos de juventud, del Instituto de la
Juventud, como todo, son mejorables. Posiblemente sean las asociaciones
juveniles y los propios jóvenes quienes deban discutir internamente el
modelo que quieren de Consejo de la Juventud de España; si es
participativo o no, si sirve o no. Volveríamos a lo de antes, el
Instituto no debería ser quien diseñe el modelo de Consejo de la
Juventud. Si no quedara más remedio y llegado el caso, a lo mejor nos
tocaría. Yo creo que no sería bueno, lo bueno sería que los propios
jóvenes y el movimiento asociativo juvenil, que participa en él,
discutieran internamente y decidieran cuál es el modelo mejor para esa
plataforma, que yo creo importante, muy importante, para el movimiento
juvenil asociado, y ese espacio que le damos dentro de la propia
Administración y concretamente en el diseño de políticas de juventud, se
aproveche más y mejor y puedan participar cada vez más los jóvenes en
todo aquello que les afecta.
Por último, agradecer a la portavoz del Grupo Socialista su intervención
que, como decía, me ha servido incluso para evitar ampliar yo la mía.
Desde luego vamos a seguir trabajando. Además creo que ahí tenemos todos
una responsabilidad importante, no solamente los medios de comunicación,
los padres, los sectores empresariales, sino los que ejercemos la
política o tenemos responsabilidades políticas de un tipo o de otro; creo
que tenemos todos una obligación con nuestros jóvenes, no solamente los
que hoy estamos en no sé qué sitio dedicándonos a no sé qué cosa, sino
desde los distintos aspectos del ejercicio de la política tenemos una
responsabilidad grave y seria para no trasladar a nuestros jóvenes
mensajes negativos, destructivos, totalmente desanimantes, desactivantes
de su posible participación y la posibilidad de cambiar las cosas que a
ellos les preocupan.
Cada uno tenemos una responsabilidad y debemos asumirla, pero es de todos
y cada uno de nosotros conseguir que la gente joven participe cada vez de
forma más activa en todo aquello que les ocupa, preocupa y darles una
salida no solamente a los problemas, sino también inquietudes, anhelos;
procurar que se sientan cada vez más partícipes de esta sociedad nuestra
y no solamente de esa que siempre hablamos de futuro para ellos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora directora general.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.