CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 431
P R E S U P U E S T O S
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 26
celebrada el lunes, 27 de febrero de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Secretario General para la Seguridad Social (Jiménez
Fernández), para dar cuenta de la ejecución del presupuesto de la Sección
60, Seguridad Social, a 31 de diciembre de 1994, previa remisión de
informe. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/001315). (Página 13112)
--Del señor Subsecretario de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
(Llardén Carratalá), para dar cuenta de la ejecución del presupuesto de
la Sección 17 del citado Ministerio a 31 de diciembre de 1994, previa
remisión de informe. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número
de expediente 212/001317). (Página 13122)
Rectificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley
sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 3.000.000.000
de pesetas, para satisfacer la contribución española al Centro Europeo de
Investigación Nuclear (CERN), correspondiente al ejercicio 1994. (BOCG
serie A, número 97-1, de 3-1-95. Número de expediente 121/000082).

(Página 13132)

Página 13112



Dictamen, a la vista del informe emitido por la Ponencia, del proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de
3.000.000.000 de pesetas, para satisfacer la contribución española al
Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) correspondiente al
ejercicio 1994. (BOCG serie A, número 97-1, de 3-1-95. Número de
expediente 121/000082). (Página 13133)
Comparecencias (continuación):
--Del señor Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social (Navarro López),
para dar cuenta de la ejecución del presupuesto de la Sección 19, del
citado Ministerio, a 31 de diciembre de 1994, previa remisión de informe.

A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/001316). (Página 13133)



Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.




COMPARECENCIAS:



--DEL SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL PARA QUE DE CUENTA DE
LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA SECCION 60, SEGURIDAD SOCIAL, A
31/12/94, PREVIA REMISION DE INFORME. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR. (Número de expediente 212/001315.)



El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, comenzamos la sesión de
comparecencias con la del Secretario General de la Seguridad Social,
solicitada por el Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: En primer lugar, quiero agradecer la presencia
del señor Secretario General para la Seguridad Social y decir muy
brevemente que hemos hecho un análisis de la documentación remitida por
la Secretaría General al Grupo Parlamentario que represento. Encontramos
una introducción muy corta, leve, poco pormenorizada, y nos gustaría una
mayor aclaración sobre algunas partidas de las que gestiona dentro de
este sistema único de la Seguridad Social: las prestaciones y toda la
gestión relativa al Instituto Nacional de la Seguridad Social y a la
Tesorería General.

No obstante, como el presupuesto se refiere a todos los recursos que
integran ese sistema único de la Seguridad Social, incluido el Insalud y
el Inserso, aunque la competencia de esa gestión recaiga funcionalmente
en otros ministerios diferenciados, nos reiteraríamos en cuestiones que
hemos ido formulando a lo largo de las distintas comparecencias del
Secretario General en relación a ese déficit que se viene produciendo en
cada uno de los ejercicios dentro de la caja única que integra el sistema
único de la Seguridad Social.

Por lo tanto, es preceptivo que hablemos de ese déficit, que debemos
atribuir a la gestión del Insalud y de otras instituciones sanitarias
como las mutuas patronales. Respecto de ese déficit, tan importante para
nosotros, sobre el que en algún momento han recaído algunas afirmaciones
por parte de representantes del Gobierno respecto a que el sistema de
pensiones podría tener ciertas dificultades, gracias a Dios superadas hoy
por esa ponencia aprobada por todos los grupos, con un consenso por el
que hay que que felicitar a todos al haber llegado a esa contribución
para garantizar el sosiego de los pensionistas, respecto de ese déficit,
repito, quiero decir que en determinadas ocasiones ha habido
manifestaciones públicas del señor Ministro de Hacienda y del Secretario
de Estado del mismo Ministerio, señores Solbes y Pastor, que han hecho
dudar de la viabilidad de los recursos del sistema de la Seguridad
Social.

Así pues, en relación a los balances presentados y que figuran en el
informe, nos gustaría hacer una serie de preguntas concretas. Respecto a
los balances de 1992 y 1993, si éstos reflejan con exactitud y de modo
definitivo el déficit de la asistencia sanitaria. ¿Se podría decir lo
mismo del ejercicio presente al que ahora estamos dando cumplimiento en
esta comparecencia, es decir, de 1994?
En relación a los préstamos de los ejercicios 1992, 1993 y 1994, deudas
anteriores a 1991, ¿cuál es el calendario definitivo de financiación del
préstamo de 561.122 millones de pesetas? Si como consecuencia de la
pregunta que acabo de formular se presenta un momento de falta de
liquidez en el servicio común, que es la Tesorería General de la
Seguridad Social, ¿se ha tenido que recurrir a préstamos de entidades
bancarias? ¿A qué entidades se ha tenido que recurrir? ¿Cuántas veces?
¿Por qué cuantías?
En el concepto de las transferencias corrientes, los 247.963 millones de
pesetas de ingresos en más, provenientes del Estado, ¿se han destinado a
déficit de sanidad de las comunidades autónomas? ¿Me podría indicar las
cantidades correspondientes a las distintas comunidades autónomas? Esa
transferencia, ¿se ha efectuado vía ampliación de créditos?
Siguiendo ya con el análisis del informe, nos gustaría hacer una breve
mención al apartado 2.4 del mismo en relación a los gastos de personal.

En dicho informe se especifica la austeridad en esos gastos de gestión,
que no llegan al uno por ciento del presupuesto de los recursos de la
Seguridad Social. Pues bien, a mí me produce sorpresa que, después de dos
años de congelación retributiva de los funcionarios, este año se haya
llegado a un grado de ejecución



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del 96,4 por ciento. Ahí sí me gustaría especificar una serie de
preguntas: si es que hay menos funcionarios; si es que tienen una menor
retribución; qué ha sucedido en este capítulo, puesto que de todos es
conocido que en las entidades gestoras de la Seguridad Social se ha
sufrido una merma importante en retribuciones, sobre todo en lo que
respecta a las distintas direcciones provinciales, tanto del INSS como de
la Tesorería, supuesto que no ocurre en cuanto a los funcionarios
integrados en el cuerpo A en los correspondientes servicios centrales.

Quiero reiterar que en abril de 1988 se publicaron las famosas relaciones
de puestos de trabajo con carácter provisional y que después de 1989 se
ha venido produciendo con insistencia el anuncio trimestral de que se
iban a revisar finalmente esas relaciones de puestos de trabajo, cosa que
no ha sucedido, pero sí sucedió, en parte, en mayo de 1993 respecto de
los cuerpos B, C y D. ¿Qué sucede con los niveles superiores al 24 de los
funcionarios integrados en el cuerpo A respecto de las direcciones
provinciales?
Voy a seguir con una serie de cuestiones que se refieren al apartado 3 de
los presupuestos de recursos. Voy a preguntar sobre algunos capítulos en
los que se produce un determinado aumento para que, si puede, nos detalle
a qué se debe: aumento de tasas y otros ingresos; aumento de ingresos
patrimoniales; aumento de recursos por enajenaciones de inversiones
reales, y a qué inversiones se refiere este capítulo.

También quiero poner de manifiesto que, aunque haya supuesto un deterioro
en el ingreso de las cotizaciones --y luego preguntaré si los datos que
constan en el informe son los definitivos--, aunque haya menguado ese
ingreso previsto en las cotizaciones de la Seguridad Social, nos
congratulamos de que se deben a una moderación salarial, que
evidentemente redunda en beneficio de la economía.

Una serie de preguntas que me gustaría hacer en materia de prestaciones
son: la contención en el crecimiento de las pensiones de invalidez, ¿en
qué regímenes se ha notado más? ¿Tienen un carácter uniforme o revisten
alguna diferencia por dichos regímenes? ¿Dónde está operando un mayor
crecimiento en las pensiones no contributivas? ¿Tiene relación con esa
evolución decreciente de las pensiones asistenciales? ¿Me podría
facilitar los datos por comunidades autónomas?
Este capítulo de las pensiones hemos de reconocer que aumentará
progresivamente año a año; eso ya está previsto en los presupuestos. Pero
me gustaría hacer una pequeña frivolidad, señor Jiménez. Usted sigue
mandando sus cartitas a todos los pensionistas de los distintos regímenes
de la Seguridad Social, y quizá mi Grupo le agradecería ahora que hiciera
una nueva carta diciendo que por consenso de todos los grupos tienen esas
pensiones garantizadas.

En el apartado 2.2 se hace un análisis de la evolución favorable de la
ILT, de lo cual nos congratulamos. Ha habido un remanente positivo de
32.705 millones. Quiero resaltar que ha existido un avance importante de
la participación empresarial en la gestión de esa ILT, y poner el énfasis
en decir que quizá sea poco conocida, que debería ser más difundida la
Orden Ministerial de 18 de enero de 1993, que desarrolla esa posibilidad
de colaboración de las empresas con la gestión de la ILT.

En cuanto a la invalidez provisional, hoy ya felizmente desaparecida
después de haber sido llevaba a cabo la reforma de incapacidad laboral en
la ley de medidas administrativas, fiscales y de orden social, quiero
incidir en que todavía hay que tener un mayor control del fraude en ese
ámbito y solicitar información sobre en qué comunidades autónomas se
sigue dando una mayor incidencia en relación a esta invalidez
provisional.

Si de eso pasamos al análisis pormenorizado de los distintos capítulos
que integran el presente informa, me gustaría que se nos detallaran, con
carácter concreto, determinadas partidas, relativas tanto al Instituto
Nacional de la Seguridad Social como a la Tesorería General de la
Seguridad Social. ¿Cómo se consignan en esa ejecución provisional de los
presupuestos del año 1994 las cantidades relativas a las prestaciones
indebidamente percibidas por beneficiarios del sistema de la Seguridad
Social? ¿Cómo cantidades ya devueltas, o figuran en un capítulo aparte
como ingresos que se devengarán con posterioridad? Porque esto afecta a
todas las pensiones (pensiones de invalidez, de jubilación, de viudedad)
y puede suponer un capítulo importante a lo largo del ejercicio.

En materia de recaudación, creo que procedería, no sólo tipificar, dentro
de los presupuestos, la figura por ingresos de cuotas sociales, y luego
especificar las que se ingresan por la vía de apremio, creo que
procedería que distintas partidas, que también suponen unas cantidades
importantes en relación al ingreso a la Tesorería de la Seguridad Social,
se consignaran de forma diferenciada; entre ellas, todos esos créditos
incobrables por empresas desaparecidas que las unidades de recaudación
ejecutiva creadas por la Tesorería General de la Seguridad Social datan a
las direcciones provinciales. Porque, el configurar que la vía ejecutiva
ha recaudado este año 110.473 millones de pesetas es un dato efectivo y
real, pero quizá lo que interesaría a mi Grupo es saber a cuánto
ascendería lo que se hubiera tenido que recaudar en período de apremio.

¿A qué volumen ascienden todos los expedientes que tienen encomendados en
este momento para el cobro en esa vía, en ese procedimiento ejecutivo,
las distintas unidades de recaudación ejecutiva que configuran la
Tesorería General de la Seguridad Social?
Quisiéramos que especificara también las distintas condonaciones que, en
un momento dado, se llevan a cabo por la Tesorería General o, en su caso,
según la competencia atribuida por el propio Ministerio o Consejo de
Ministros, respecto de aquellas empresas que se hallan incursas en un
procedimiento concursal, ya sea de suspensión de pagos o quiebra, aunque
desgraciadamente supongo que se presupone la desaparición de la empresa.

Tampoco figura nada en relación a cantidades objeto de aplazamiento, ya
ordinario o extraordinario, solicitados por distintas empresas que tienen
problemas de liquidez de tesorería y que, jurídicamente, se las computa
como si se hallaran al corriente de pago. ¿A qué cuantía ascienden dichos
aplazamientos?
Para terminar esta primera intervención queremos reiterar nuestra
solicitud de la deuda histórica. Yo he visto publicado



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que el Director General de la Tesorería de la Seguridad Social ha
reconocido que esa deuda histórica puede ascender a un billón de pesetas.

Nosotros quisiéramos solicitar que nos diera la deuda de la
Administración central, local y de organismos autónomos, pero sobre todo
de empresas públicas, a 31 de diciembre del presente año.

Y, finalmente, queremos conocer, aunque ya ha sido formulado como
pregunta escrita al Ministerio, la cuantía del aplazamiento que ha sido
objeto de tratamiento en la disposición adicional trigésima de la Ley de
Presupuestos del Estado para 1995, ya que, además, desde nuestro punto de
vista, un aplazamiento a diez años, condonación de recargos y tres años
de carencia, podría suponer para otras entidades un agravio comparativo.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
Por el orden que me ha formulado las preguntas, y esperando no olvidarme
ninguna, quiero señalar que, sobre el Insalud, hay una comparecencia
demandada en esta Comisión que acude mañana. Sabe muy bien S. S. que yo
no conozco las respuestas a las preguntas sobre el Insalud; yo conozco la
cantidad global, pero sabe que a partir de la reforma de la Ley de
Presupuestos del año 1989, incluso el proyecto de presupuestos del
Instituto Nacional de la Salud lo realiza el Ministerio de Economía y
Hacienda, ya no lo realizamos en el ámbito de la gestión económica del
Sistema; se integra, pero ya no lo realizamos. Esto está motivado
esencialmente porque, ya hablando del presupuesto de 1995, el 80 por
ciento se financia fuera de cotizaciones sociales. Consiguientemente,
quien más financia es el que lleva toda la dirección de modificaciones y
de la gestión, las negociaciones con comunidades autónomas las realiza el
Ministerio de Sanidad, y el Ministerio de Economía y Hacienda en el área
del Instituto Nacional de la Salud. Por consiguiente, en todo lo referido
al Instituto Nacional de la Salud siento manifestarle que no tengo ni
toda la información, ni además le podría contestar, y que espero que
mañana el representante del Insalud, que comparece ante esta Comisión,
pueda responder perfectamente a sus preguntas.

Respecto a los balances de los años 1992, 1993 y 1994, sabe S. S. que,
junto con los presupuestos de cada año, se presentan las cuentas de la
Seguridad Social, globalmente consideradas, integradas y agregadas, y
también de todas las entidades que gestionan la Seguridad Social, sean
entidades gestoras o sean incluso mutuas de accidentes y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social. Pues bien, todas reflejan fielmente
la contabilidad, como no podría ser de otra manera, y también conoce S.

S. que la contabilidad la lleva directamente la Intervención General de
la Seguridad Social por delegación de la Intervención General del Estado.

No es una competencia, incluso, de las entidades gestoras, sino una
competencia de la Intervención, una de cuyas funciones es llevar la
contabilidad. Pero sin duda se reflejan todas las cuentas y todos los
préstamos, como no podía ser menos; todos los elementos, todas las
modificaciones patrimoniales de cualquier naturaleza tienen que quedar
reflejadas en las cuentas y, consiguientemente, en el balance.

¿Cuándo cancelará el Ministerio de Economía y Hacienda esos 560.000
millones, que evidentemente están en el activo por lo que debe el
Ministerio de Economía y Hacienda a la Seguridad Social, por esos 560.000
millones, y en el pasivo por lo que tiene que devolver? Eso para nosotros
es neutral. Ya le he dicho que figura, lógicamente, en el activo y en el
pasivo, y lo aclaro por si hubiera alguna duda, porque cuando se conceden
esos préstamos, en la misma Ley de Presupuestos se señala que se
cancelarán cuando el Ministerio de Economía y Hacienda haga las
transferencias correspondientes, vía capítulo IV, a la Seguridad Social.

Por ello, tanto financiera como patrimonialmente es de plena neutralidad
para la economía de la Seguridad Social.

Tendría que ser el Ministerio de Economía y Hacienda el que dijera cuándo
liquidará esa deuda recíproca y ese activo recíproco. Pero, insisto, es
neutral a efectos del sistema, tanto patrimonial como desde el punto de
vista de ingresos y gastos.

Es verdad que nosotros tenemos una póliza de crédito en torno a unos
100.000 millones de pesetas con instituciones financieras, pero no la
utilizamos constantemente. ¿Para qué la tenemos? Porque la mayor parte
del año no la utilizamos; generalmente la usamos en los momentos de
crestas de demandas de liquidez financiera. La Seguridad Social recauda
por doceavas partes, pero paga, no por doceavas partes, sino que en el
mes de junio abona dos pagas en pensiones y en el mes de diciembre otras
dos, la normal y la ordinaria. Consiguientemente, se nos puede originar,
en términos de quince o veinte días, una demanda de medios financieros
para pagar, pero concretamente después, en los meses siguientes, podemos
tener remanente. Por ejemplo, en el año 1994 fueron utilizados a finales
de diciembre, y después se devolvieron a la cuenta corriente a abonar,
para no estar devengando intereses.

Por consiguiente, la póliza de crédito con instituciones financieras es
un «pool» bancario. Todos los bancos del país que quieren, y son muchos
(le puedo citar que está el Banco Bilbao Vizcaya, el Banco Hispano
Americano, Argentaria, la Caixa), participan en ese «pool» y se lo
distribuyen, como hacen en esas operaciones habitualmente dentro de las
instituciones financieras. Pero insisto que es más tener una reserva para
afrontar demandas puntuales de recursos financieros de quince días, o
menos de quince días incluso, pero que no es una insuficiencia de medios
considerados anualmente. En el momento actual (a febrero de 1995) no
estamos utilizando nada de la póliza de crédito. Sí lo hicimos a final de
año y lo hemos recompuesto en el mes de enero.

El gasto de personal viene motivado por varias razones. Es cierto que,
como recuerda S. S., en los años 1993 y 1994 hubo una congelación
salarial de todos los funcionarios del Estado --y ahí ha tenido su
incidencia--, y es cierto también, como sabe S. S., que no se han
incrementado los efectivos de las principales entidades gestoras,
consiguientemente, las amortizaciones por jubilaciones de



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plantilla no se van reponiendo. Esa es la circunstancia que especialmente
motiva un menor gasto.

También es verdad que este menor número de efectivos ha sido compensado,
fundamentalmente, por una informatización importante en la gestión de la
Seguridad Social. Por ponerle un ejemplo --me parece que S. S. lo
conoce--, todo lo que hemos ido incluyendo de captación o lectura óptica
en el centro de control de recaudación, que ya son todos los regímenes
especiales, más unas diez provincias, son funciones que los grabadores
que estaban en provincias no tienen que realizar. Estos grabadores, que
teníamos en orden de 900, son los que se van distribuyendo a otras
funciones, porque la mecanización del sistema hace que en determinados
procesos administrativos no se necesite tanto personal, y eso hace que
también sea más económica la gestión y los gastos de funcionamiento del
sistema de Seguridad Social.

En la referencia que ha hecho a los directores provinciales, y que yo
añadiría a los subdirectores provinciales también, estoy plenamente de
acuerdo. Le puedo decir que la gestión de la Seguridad Social,
concretamente por la función de ellos --por tanto, no es apropiarme de
algo que no me corresponde--, es, en mi opinión, extraordinariamente
positiva. Los directores y subdirectores provinciales, es decir, el área
periférica de la Seguridad Social está mal retribuida. Por tanto, tengo
que decirle que es una demanda que necesariamente habría que contemplar
dentro de esa austeridad y dentro de lo que muchas veces se reclama,
incluso desde su Grupo, de que no se incrementen los gastos de personal.

Yo creo que hay que hacer una excepción con los directores provinciales y
con los responsables del área periférica, que están aportando una gestión
extraordinariamente positiva, máxime cuando así se reconoce por los
interlocutores sociales, empresarios y sindicatos, que felicitan a estos
funcionarios por la gestión realizada. Por consiguiente, creo que el
retribuir mejor a los responsables periféricos de la Seguridad Social es
una cuestión que se debería contemplar aisladamente dentro de esa
austeridad que se reclama por todos en los gastos de personal. Es verdad
que la RPT, la relación de puestos de trabajo, está muy congelada desde
hace mucho tiempo y se está pidiendo a la Seguridad Social un doble
esfuerzo: una mejor gestión y una contención en los gastos de
funcionamiento. Especialmente me estoy refiriendo al INSS, a la
Tesorería, al ISM y al Inserso. Por lo tanto, coincido en que debería
hacerse una excepción, dentro de lo que es esa demanda generalizada de
todos los grupos políticos y de todas las opiniones que inciden sobre los
gastos de gestión de personal, con el personal de la Seguridad Social,
para retribuirles mejor e incentivarles económicamente.

El presupuesto de ingresos presenta unas características en «Otros
ingresos», especialmente en el capítulo III. ¿A qué se debe? A que ahí se
están imputando todo lo que son ingresos provenientes de las URE
correspondientes a recargos de mora, intereses, prestación por servicios
y también la parte concertada con el Insalud. Sabe S. S. que hay
instituciones privadas, semipúblicas, como es concretamente Muface o el
antiguo Munpal, pero especialmente Muface, que conciertan la asistencia
sanitaria a funcionarios con el Insalud, y esto va al capítulo III. Por
tanto, esta partida recoge los ingresos por servicios prestados, por
conciertos con el Instituto Nacional de la Salud, los ingresos
provenientes de los recargos por mora y los intereses de todas las
cantidades recogidas por las unidades de recaudación ejecutiva. De esos
110.000 millones de pesetas que han recaudado las URE, no todo va a la
partida de cotizaciones, sólo una parte va a este concepto.

Respecto al capítulo de ingresos patrimoniales, hay pequeños ingresos por
obligaciones correspondientes a hace 20 ó 30 años que todavía devengan
interés. Sabe S. S. que tenemos una cartera de valores y esos ingresos
van modificándose en función de los intereses. Hay algunas cuantías por
pequeñas realizaciones patrimoniales por edificios o terrenos que no son
utilizables por la Seguridad Social, incluso hay algunas provenientes del
Insalud y del Inserso, que es concretamente lo que se recoge en esas
partidas.

Es verdad que este año tenemos menos ingresos por cotizaciones sociales.

Afortunadamente, lo que se nos ha producido en el año 1994 ha sido un
importante menor gasto del previsto --y excluyo el área sanitaria--, de
tal forma que lo que es la gestión del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, de la Tesorería, del Inserso, del Instituto Social de la Marina,
en definitiva, todas las entidades excepto el Insalud y las mutuas
--ahora me referiré a las mutuas--, se ha realizado ejecutando el
presupuesto en un 99 por ciento. No hay ni una entidad de las que he
citado que haya excedido la cantidad presupuestada, lo que es una buena
noticia en cuanto al rigor de la gestión. Es cierto que incluso el
presupuesto del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el que se
recoge el gasto en pensiones, que refleja casi seis billones, 5,8
billones, se ha ejecutado en el 99,95 por ciento.

Y tengo que hacer, si me permiten SS. SS., una mención respecto a la
calidad y al rigor de los funcionarios que han hecho estas estimaciones,
que se hacen con una anticipación de un año y medio y en las que operan
tanto el número de pensiones como la pensión media y el efecto de
sustitución. Pues bien, la cantidad presupuestada en pensiones solamente
ha excedido 4.000 millones; es decir, hemos tenido un remanente de 4.000
millones y estamos hablando de cerca de seis billones de pesetas. Creo
que es una magnífica realización. Y lo mismo puedo decir por lo que se
refiere a la realización de la incapacidad laboral transitoria.

Afortunadamente, por programas de gestión, por programas de conciertos
con las instituciones sanitarias y también porque hay un incremento de
colaboración en la gestión por parte de las empresas, se ha llegado a una
realización del gasto de 32.000 millones menos de lo previsto.

Desde el punto de vista del gasto, la verdad es que es un presupuesto
extraordinariamente riguroso --y estoy excluyendo el área sanitaria, que
no me compete--, que no hay ni una pesetas más de lo fijado y que ha
permitido que el presupuesto global de la Seguridad Social crezca menos
que el PIB; me refiero al presupuesto homogéneo. Hay un crecimiento del
7,7, pero si restamos los 140.000 millones de la gestión sanitaria para
hacer frente a gastos de ejercicios anteriores, prácticamente el
crecimiento es inferior a ese 5,8 por ciento que ha crecido el PIB. Por
primera vez,



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el gasto de la Seguridad Social se ha atenuado, ha ido en consonancia con
el PIB y ligeramente por debajo en unas décimas. Pero donde hemos tenido
este año la diferencia importante ha sido, como decía S. S., en las
cotizaciones, debido a que cuando se hizo el presupuesto, el crecimiento
medio en convenio cuantificado era de un 6 por ciento, y hemos terminado
con un crecimiento medio en convenio, en diciembre de 1994, del 3,5 por
ciento. Esto es muy bueno para la economía, para la inflación, para la
competitividad, pero, evidentemente, tiene su incidencia en las bases
medias de cotización, por lo que hay 2 ó 2,5 puntos menos de cotización,
en cierta manera compensados también por un crecimiento del número de
afiliados, en torno a 198.000 más afiliados en diciembre de 1994 respecto
a diciembre de 1993, y por ese crecimiento de las URE a 110.000 millones,
cuando teníamos previstos solamente 96.000 en el objetivo de 1994. Sin
embargo, la resultante entre menores retribuciones salariales, el efecto
sobre las bases de cotización, y el efecto positivo de mayor crecimiento
de afiliados y de URE produce una menor cotización.

Hay que decir, para que se sitúe este menor crecimiento de las
cotizaciones, que en su día tendrá su reflejo en el campo de las
prestaciones económicas --al tener menos cotización, tendrá menos base
reguladora--, pero nunca se produce dentro del mismo ejercicio económico.

Por tanto, creo que, hasta desde ese punto de vista, se podría decir que
tendrá su incidencia en los próximos ejercicios económicos, atenuando la
presión de las propias prestaciones económicas. Sin embargo, así ha sido
y así queda reflejado en 1994.

Quiero señalar, no obstante, que la diferencia entre ingresos y gastos de
1994 que, como recordará S. S., el año pasado se situó en 260.000
millones, casi se ha reducido en el 75 por ciento; este año se queda
reducido a una diferencia entre ingresos y gastos, motivada por esta
reducción en cotizaciones, a 71.000 millones de pesetas. Creo que, dentro
de un ejercicio que recoge la crisis y su salida, sinceramente, es un
buen resultado, especialmente, por el rigor en la gestión de la vertiente
del gasto.

Es cierto --lo tengo aquí apuntado-- que el menor ingreso por salarios
también ha tenido una gran incidencia en los gastos de funcionamiento,
como, por ejemplo, del INSS sobre la Tesorería, gastos de funcionamiento
que sobrepasan el 0,8 por ciento, en el caso de la gestión del Instituto
Nacional de la Seguridad Social y, concretamente, en la Tesorería, en
relación con los recursos que gestiona o con las cotizaciones que
recauda, puesto que recauda las cotizaciones por desempleo, la formación
profesional, el fondo de garantía salarial, etcétera, es una gestión de
menos del 1 por ciento.

Siento no poderle dar --se lo remitiré por escrito-- la evolución
distribuida de las pensiones no contributivas. Si no me falla la memoria,
le señalaré que de las 280.000 pensiones no contributivas, algo más de
70.000 corresponden a perceptores de los antiguos subsidios FAS que se
han pasado a prestaciones no contributivas. Una cifra menor --no recuerdo
cuál-- provienen de la Ley de Integración Social del Minusválido --la
Lismi--, pero se está produciendo un traspaso importante, sobre todo en
los perceptores del subsidio FAS, que es uno de los objetivos que
intentaba conseguir la Ley de pensiones no contributivas, con la
finalidad de que, teniendo en cuenta que la cuantía de las pensiones no
contributivas es mayor que las prestaciones FAS y Lismi están congeladas
para favorecer ese traspaso, en consideración a que las PNC --pensiones
no contributivas-- protegen mejor que los antiguos subsidios, ayudar a
ese traspaso y, sinceramente, que se vaya depurando si los antiguos
perceptores cumplen los requisitos en función de la legislación derogada
pero vigente para los que tenían ya ese subsidio FAS. Remitiré a esta
Comisión la distribución por comunidades autónomas.

Estoy encantado (porque creo que es cumplir con una función excepcional
de tranquilidad), de poder transmitir a todos y cada uno de los
pensionistas que estén serenos, porque se ha producido un consenso de
todos los grupos políticos y no solamente de los que han asistido a la
reunión de Toledo, en relación con el futuro del sistema de pensiones. Lo
único que S. S. me permitirá decir es que, cuando yo he dirigido una
carta por primera vez en este año, por aquello del pacto con los
pensionistas (si no, las cartas las dirige solamente el director general
de la entidad, no por ser una carta, sino por ser una resolución, contra
la que se puede obviamente recurrir), para no producir ningún coste
adicional, aprovecho el envío a cada uno de los pensionistas de la
notificación de la cuantía de pensión. Si se produjese una circunstancia
que espero no se vaya a producir con generalidad hasta la nueva
regularización de pensiones, sería interesante que lo hiciese el
secretario general o lo hiciese quien lo hiciese, a los pensionistas de
España se les dijese que ahora está más consolidado incluso su futuro,
porque se han puesto de acuerdo todos los grupos políticos para mantener
la estabilidad de ese sistema de pensiones, garantizando el poder
adquisitivo y garantizando no sólo para los pensionistas, sino para las
jóvenes generaciones, el reconocimiento de los derechos o las
expectativas de derechos cuando lleguen a pensionistas. Creo que nos
debemos felicitar por esta circunstancia y comunicarles, tanto a los
activos como a los pasivos, esa tranquilidad cara al futuro.

Sobre la gestión empresarial es cierto que cuando dictamos y modificamos,
en la Orden de 18 de enero de 1993, desde la secretaría general, fue con
esa finalidad: favorecer la mayor participación de las empresas en la
gestión de la ILT. Puedo decirle que, a enero de 1995, tenemos más de 400
empresas que se han acogido a esa gestión; gestión que en su momento se
puso en duda, porque no comporta la gestión sanitaria, sino solamente la
gestión económica, pero que, afortunadamente, frente a esa iniciativa,
llevada a cabo desde el ministerio, se está produciendo una reacción
positiva. El menor gasto de la incapacidad laboral transitoria una de las
causas es ésa, y otras son medidas que pasan por los convenios que se han
firmado con el área sanitaria, en el sentido de colaborar estrechamente,
tanto el INSS como el Insalud, para tener información y actuar sobre las
áreas donde se producía una mayor incidencia en el gasto de ILT. También
se han tomado medidas, por ejemplo en autónomos, que como sabe S. S.,
están obligados



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a que, cuando tengan un proceso largo de la antigua incapacidad laboral
transitoria, deben comunicar a la Seguridad Social la persona que ponen
al frente del negocio y, por consiguiente, si lo han dado de alta. Como
el banco de datos de afiliación se lleva estrictamente a tiempo real, al
día, se puede controlar si, concretamente, el autónomo va a cerrar el
negocio porque no está al frente del mismo o ha puesto una persona al
frente de dicho negocio. Sin embargo, quiero decirle que esa medida
redujo bastante en alguna provincia las situaciones de ILT de este
colectivo. Por tanto, es un conjunto de medidas que ha ido incidiendo
positivamente.

En invalidez provisional, le puedo decir que a 31 de diciembre de 1994,
teníamos un número de procesos de 96.629. De ese total, corresponde a
Cataluña, 27.042 procesos; a Andalucía, 24.312; a la Comunidad
Valenciana, 12.626, y a Madrid, 6.075. Son las cifras más
características. Hay una disminución importante en esas cuatro
comunidades. Se observará que Madrid, a pesar de tener población muy
parecida, dista enormemente de tener unos procesos de invalidez
provisional como los de las tres primeras citadas.

He de señalar que estamos también en conversaciones con el área sanitaria
de estas comunidades, con la finalidad de acelerar o revisar los procesos
de invalidez provisional; invalidez provisional que ya no permite generar
nuevos procesos a partir de enero de 1995, porque se modificó con la Ley
de acompañamiento de los Presupuestos, aunque se recogen aquellos que
concretamente ya estaban en invalidez provisional y que mantienen su
derecho hasta la extinción de esa situación. Espero que en 1995 empiece a
notarse, como en la ILT, una reducción importante en el gasto de
invalidez provisional.

Los pagos indebidos o devoluciones van y deben ir hacia un menor gasto de
pensiones. Por tanto, es ahí donde se deben contabilizar y es ahí donde
lo hacemos. En algún momento se contabilizaban en los ingresos, porque
era una exigencia de la intervención, hace ya algún tiempo; hemos ido
situándolos en las normas de contabilidad en menor reducción de gastos,
porque supone un menor gasto en cuanto a desembolso por pensiones.

Los ingresos por vía de apremio están en el Capítulo 3 del presupuesto de
ingresos --si he entendido bien la pregunta--, pero en el presupuesto no
tenemos, aunque sí en la contabilidad, todo lo relativo a créditos
incobrables. Es decir, en el presupuesto se imputan aquellas cosas que se
han ejecutado o realizado, pero todo lo que sean créditos incobrables no
deben estar en el presupuesto porque nos suponen unos ingresos.

Sabe S. S. que en el presupuesto de gastos rige el principio de devengo y
en el presupuesto de ingresos rige en Seguridad Social el principio del
cobro. No podría ser de otra forma, porque llegaríamos a presupuestos
extraordinariamente excedentarios, con mucho remanente y, por
consiguiente, habría una gran disparidad en lo que sería después el
presupuesto final monetario, y habría dificultades para abordar los pagos
si se hiciese de esa forma. Por tanto, eso puede quedar recogido en la
contabilidad financiera o administrativa, pero no en lo que es la
imputación presupuestaria. Tampoco va en ese esquema todo lo que sea
aplazamientos o concretamente de otras deudas, sean históricas o no; esto
tiene que quedar recogido en contabilidad, pero no en presupuestos. Por
poner un ejemplo --y es una información que le remitiré con precisión por
escrito--, a 31 de diciembre de 1994 tenemos aplazamientos en torno a
220.000 ó 230.000 millones.

Quiero señalar que los aplazamientos tienen normalmente garantía
hipotecaria y aval bancario. Por tanto, en el reglamento de recaudación
no figura como deuda a la Seguridad Social porque se van abonando. Lo que
sí se abona a los presupuestos ordinarios son las cuotas de los recuadros
de amortización; todo lo que se cobra en ese año por aplazamientos se
ingresa y figura en el presupuesto correspondiente de cotizaciones
sociales, pero no las cantidades que en los próximos años nos van a
abonar. Evidentemente, y así lo hemos puesto en la orden de contabilidad
y de cierre de 1994, sí figura en la contabilidad y, por tanto, en el
activo de la Seguridad Social.

La deuda histórica no la recuerdo, pero, si me permite se la remitiré,
aunque yo creo que la hemos remitido algunas veces a esta Cámara a
petición del Grupo Popular, me parece, pero sin duda la actualizaremos.

En cuanto a las deudas con la Administración central y local y
especialmente con las empresas (lo confirmaré con los datos que tengo en
la oficina provenientes de la Tesorería General), en empresas públicas
prácticamente lo tenemos todo aplazado; por tanto, conceptualmente como
deuda no tendremos nada. En la Administración central tampoco se producen
deudas, lo que se puede producir es que a finales del ejercicio, en
noviembre o diciembre, pueda quedar algún mes sin abonar que rápidamente
abonan con los presupuestos del ejercicio siguiente, en enero o febrero.

Las administraciones locales sí nos pueden deber dinero, pero sabe S. S.

que tenemos un proceso de compensación de las cantidades que el Estado
transfiere a la Administración local, a los ayuntamientos. Nosotros
hacemos una retención en el origen de esas cantidades --estamos
autorizados a ello-- sobre deudas ciertas de la Administración local.

En cuanto a los aplazamientos que corresponden a la disposición adicional
de la Ley de Presupuestos que, además, creo ha sido contestada una
pregunta oral por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y tenemos que
contestar a una pregunta escrita, me parece --y tengo que poner la cifra
aproximada-- que está en torno a los 100.000 millones de pesetas, pero
corresponden, y hay que decirlo --así reza en la propia ley--, a
instituciones sanitarias sin ánimo de lucro. ¿Qué se ha hecho? Se les ha
dado una posibilidad de pagar esa cuantía de deudas a la Seguridad Social
(por poner un ejemplo, están incluidos ahí la Clínica Concepción o el
Hospital de San Pablo, etcétera, pero han de tener la condición de ser
sin ánimo de lucro) con un aplazamiento a diez años con tres de carencia,
y efectivamente hay una condonación de recargos. Posiblemente no hubiera
sido necesario ponerlo en la Ley. Sabe S. S. que se tiene facultad para
la condonación de recargos, pero desde la Seguridad Social hemos querido
explicitar en la Ley que debía conllevar la condonación de recargos para
hacerlo



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viable. Es una especie de proceso de reconversión de las instituciones
hospitalarias sin ánimo de lucro que prestan sus servicios a la Seguridad
Social lo que ha motivado que se afrontase así, y me parece que esta
Cámara lo ha aprobado por unanimidad. En cualquier caso, el dato cierto
lo contestaremos en breve a la pregunta que el Grupo Popular --me
parece-- ha planteado.

No sé si me he olvidado alguna cosa más. Si es así, en la segunda
intervención lo podría aclarar.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra para un segundo y último turno la
señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Quiero agradecerle al señor Secretario General
para la Seguridad Social el tono y los términos de sus respuestas y
lamentar, dicho con todo respeto, que no nos pueda ampliar los datos
solicitados en relación a la deuda sanitaria, puesto que, si bien es
cierto que usted o la secretaría no tienen la competencia en la gestión
tanto del Insalud como del Inserso, sí nos parece sumamente importante el
déficit que se viene acumulando año tras año por la sanidad pública, y en
este caso lamentamos que no pueda ilustrarnos un poco más con los datos.

Después de la aprobación de la ponencia para el análisis de los problemas
estructurales de la Seguridad Social, para ejercicios futuros ya se va a
deslindar, siguiendo la norma primera de la mencionada ponencia, la
financiación en relación a la naturaleza contributiva o no de las
distintas prestaciones reconocidas en el sistema único de la Seguridad
Social y las de carácter universal, como es el caso de la sanidad
pública, pero queremos poner de manifiesto con muchísimo énfasis que la
quiebra dentro de este sistema único de la Seguridad Social, no se da,
por supuesto, en las pensiones, sino en la asistencia pública sanitaria,
sólo para evitar que en un futuro nadie pueda utilizar en términos
propios la solución de los problemas que se puedan derivar del
reconocimiento de las pensiones por parte del Estado, que no del
Gobierno. Ya he dicho antes que era una frivolidad el escrito a los
distintos pensionistas, pero en este momento usted aquí representa al
Gobierno, y nosotros tenemos que decir que reiteramos nuestra posición de
que las pensiones se abonan por el Estado y no por el Gobierno de turno y
poner de nuevo el énfasis en ese consenso en la aprobación de dicha
ponencia.

En relación a cuándo se cancelarán las deudas por parte del Ministerio de
Economía y Hacienda, en cuanto a las mutuas, deudas que tienen en este
caso el Ministerio de Trabajo y la Secretaría General para la Seguridad
Social, nos gustaría un poco más de precisión. Ustedes tienen esa póliza
de crédito, y debido al déficit del que hemos estado hablando se han
producido a veces préstamos de entidades bancarias teniendo que pagar un
interés que, si fuera satisfecho dicho déficit por el Ministerio de
Economía y Hacienda, no se produciría.

En cuanto al tema de personal al que hemos aludido antes, no sólo son mal
retribuidos los directores provinciales y subdirectores provinciales,
sino también en general el cuerpo técnico, siempre que esté ubicado en
las provincias y no en servicios centrales del INSS y la Tesorería, y
también los letrados. Tengo que recordar que tanto los técnicos como los
letrados acceden a ese cuerpo en virtud de un título superior y por una
oposición libre, ya de por sí complicada, pues quiero recordar que el
cuerpo técnico tiene unos 225 temas, es decir, que no se trata de un
trámite cualquiera, y en general han sido relativamente olvidados por la
gestión de personal de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Simplemente quiero reiterar que quizá el escaso conocimiento de la orden
ministerial que regula la colaboración en la gestión de la ILT --400
empresas a nivel nacional es muy poca cosa-- impide que pudiera suponer
una mayor reducción en el coste de la ILT, porque yo he comprobado ese
escaso conocimiento por parte de las empresas. También hay que seguir con
el tema de la evolución y el control del fraude en esa invalidez
provisional que, como usted nos ha aclarado, afecta básicamente a cuatro
comunidades autónomas, y a dos con marcada diferencia, como son la
catalana y la andaluza.

Para terminar, simplemente quiero decir que somos conscientes de que
determinadas partidas quizás no sean objeto de tratamiento dentro del
presupuesto de la Seguridad Social, pero sí podrían ser detalladas, en
virtud de alguna nota complementaria, puesto que decir sólo los ingresos
en virtud de ingresos por la vía ejecutiva, después de haber costado
aproximadamente 6.000 millones de pesetas, implantar y asumir por parte
de la Tesorería general de la Seguridad Social el procedimiento de
apremio, entenderíamos que una mayor claridad en todos los datos
relativos tanto a las condonaciones (que he mencionado y que usted, por
cierto, no me ha aclarado) como a los aplazamientos concedidos por la
Tesorería General de la Seguridad Social, sería clarificador para ese
control presupuestario. Quiero solicitar una aclaración en relación a si
esa deuda sanitaria a la que he hecho antes mención, de instituciones sin
ánimo de lucro evidentemente, incluye también la deuda global de la Cruz
Roja que mantiene con la Seguridad Social, y si en esos aplazamientos,
como usted ha especificado, que están en este momento en un montante
alrededor de 230.000 millones de pesetas, pudiera especificarse la parte
correspondiente a la deuda de empresas públicas.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario General tiene la palabra.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA SEGURIDAD SOCIAL (Jiménez Fernández):
En el área sanitaria no podría manifestar más de lo que he dicho, pero en
cuanto a la referencia a la ponencia, y no por contradecir, sino casi por
reforzar lo manifestado por S. S., hay que aclarar una cuestión que creo
conviene precisar. A partir del año 1989 por Ley --lo digo porque hay
confusión, aunque no me refiero a S. S.-- ya está separada la fuente de
financiación según la naturaleza de las prestaciones. Es decir, el Estado
cuando transfiere a la Seguridad Social no por déficit (que yo creo es
otra cuestión que conviene subrayar), sino porque se ha articulado así la
financiación, y dice tal cuantía para complemento de mínimos, 200.000
millones no se puede dedicar ni una peseta a esa cuantía a



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fines diferentes. Cuando dice, 2 billones y pico para el Insalud, no
puede dedicarse ni una peseta a fines diferentes. Nos podría faltar
dinero en otra, pero no podríamos detraer para nada. Lo que ocurre cuando
dice financio con 144.000 millones las prestaciones no contributivas. Es
decir, actualmente ya no hay ninguna aportación del Estado para fines
generales, ni las cotizaciones se pueden dedicar para financiar
concretamente la asistencia sanitaria más allá de lo que figura en el
artículo 12 de la Ley de Presupuestos de este año o artículo 11 de las
leyes de presupuestos anteriores. Actualmente ya el punto primero está
cumplido plenamente; lo que yo creo señala el punto primero es que se
debe avanzar más en ese camino, y concretamente ahí estamos de acuerdo,
pero quiero señalar que la separación, el deslinde financiero de la
fuente de financiación en relación con la naturaleza de las prestaciones,
está desde el año 1989, que fue una reforma de la estructura financiera
de la Seguridad Social de gran importancia, aunque pasó un poco
desapercibida. Coincido plenamente, desde luego, en que en las pensiones
no hay absolutamente ninguna idea de quiebra; por tanto, refuerzo la
afirmación que también dice S. S. No digo yo que haya quiebra en la
asistencia sanitaria, lo que ocurre es que a partir de la reforma del año
1989, las leyes de presupuestos disponen que la asistencia sanitaria se
financie con ingresos provenientes de los impuestos, es decir,
transferencias del Estado a la Seguridad Social. Por tanto, en una forma
de financiarla como se financia la educación, la cultura, la defensa,
etcétera. Otra cuestión que se podrá discutir es si el gasto sanitario es
proporcionar o no a las capacidades del presupuesto de ingresos del
Estado, pero concretamente, en mi opinión, no hay afortunadamente ahí
ningún elemento que pudiera ser de inestabilidad o quiebra financiera.

Tampoco lo ha dicho S. S.

El abono de las pensiones, se hace, en principio, evidentemente a través
de las instituciones de la Tesorería, que es caja única, y se hace de
acuerdo con la norma de Ley de Presupuestos que aprueba esta Cámara; por
tanto, de acuerdo con las instrucciones aprobadas en esta Cámara.

Evidentemente, el Gobierno que gobierna será el que lleve el proyecto de
presupuestos, pero es importante subrayar que quien realmente financia el
sistema de pensiones es el conjunto de los ciudadanos con sus
cotizaciones sociales. Eso se debería aplicar, para no personalizar,
también cuando haya discusiones --especialmente no me refiero de tono
profesoral o de distintas opiniones--, con mucho dogmatismo, debería
situarse que el gran dominio, el gran poder para el abono de las
pensiones, por decirlo así, la gran decisión reside en la población con
su financiación y, evidentemente, con su demanda sobre protección social,
presente o futura.

La póliza de crédito que tenemos en el conjunto del sistema con el «pool»
de bancos, prácticamente, como le decía, es para evitar que se nos
produzcan en esos momentos de tensión financiera, que se concreta
especialmente en los meses de junio y diciembre, y esa póliza de crédito
cuando no se nos produce esa tensión, la dejamos de utilizar.

Por otro lado, es verdad, y me perdonará S. S., no lo hago con carácter
de una demanda superior, pero como Secretario General de la Seguridad
Social, que ya llevo muchos años, ¿cómo no voy a decir que todos y cada
uno de los funcionarios de la Seguridad Social deberían cobrar mucho más
de lo que cobran? No solamente los letrados, a los que hemos corregido
provisionalmente con un incremento de la productividad, no solamente los
directores y subdirectores provinciales, sino todos los funcionarios que
están obteniendo unos resultados de gestión excepcionalmente positivos.

Lo cierto es que muchas veces, como es lógico, mis anhelos y los anhelos
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quedan enmarcados dentro de
lo que son políticas de contención del gasto en materia de personal para
el conjunto de los funcionarios. Insisto, no solamente los subdirectores
y directores, sino todos los funcionarios de la Seguridad Social en mi
opinión deberían cobrar más y se les debería actualizar sus
retribuciones, pero sabe S. S. que no depende de mi secretaría general,
curiosamente no tengo ninguna competencia en esa materia, porque así está
estructurado en los organigramas, pero creo que eso excede incluso al
propio ministerio y es una política general en materia de Función
Pública.

En cuanto a la Orden de 18 de enero de 1993, diré a S. S. que
concretamente, como es habitual, conversamos y discutimos con la
organización patronal, la CEOE, que evidentemente se encargó de
difundirlo, aparte de que se publique la Orden Ministerial
correspondiente. Pero incluso yo creo que no hay escasez de
conocimientos, porque hay algunas empresas --y yo he recibido algún
escrito-- que lo están difundiendo. Son empresas donde a su vez otras
empresas hacen un reaseguro con ellas; por tanto, creo que tienen
conocimiento de ello. Lo que yo creo es que están viendo cómo va
evolucionando la ILT, y en la medida que evoluciona la ILT en sentido
decreciente, les va a resultar posiblemente más atractivo gestionar o
colaborar en la gestión teniendo en cuenta que se les produce la
correspondiente reducción de las cotizaciones sociales por la parte que
ellos gestionan. Sinceramente creo que se verá por ahí, pero si hubiera
alguna situación de esta naturaleza, nosotros nos vamos a encargar de
poner en conocimiento, a través de la relación que la Tesorería tiene con
las empresas, que tienen esa posibilidad de colaboración en la gestión de
la incapacidad laboral temporal en este momento. Creo que es un buen
camino a seguir y que se debe promover. Seguiremos insistiendo y
concretamente intentando firmar convenios con las principales comunidades
autónomas donde la invalidez provisional, aunque ya está felizmente
superada, queda un residuo importante. Puedo decirle que tenemos
conversaciones en concreto y en ese sentido con tres comunidades: la
Generalidad de Cataluña, Valencia y Andalucía. Quiero señalarle que
incluso estos datos los facilitamos trimestralmente a los consejos del
Instituto Nacional de la Seguridad Social y del INS. Los interlocutores
sociales hacen un seguimiento muy pormenorizado de la gestión tanto del
INS como de la Tesorería y en los boletines figuran todas las cuestiones
de datados y no datados. Por tanto, si es necesario dar más publicidad a
una información que hacemos pública los interlocutores sociales,
empresarios y sindicatos, por mi parte procuraré que así sea.




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Con la expresión «condonación» se podría pensar que se pueden condonar
deudas a la Seguridad Social. Si no es por ley no se puede condonar; por
tanto, tendría que ser esta Cámara la que condonase las deudas a la
Seguridad Social. Lo que sí ocurre es que, a partir de una determinada
reforma, de hace unos años, la Seguridad Social se persona en los
procedimientos concursales y puede ir a la quita. La quita es pública,
evidentemente, es el concurso de acreedores. Se podría sacar el dato de
la Tesorería de cuánto se ha hecho de quita hasta el momento presente en
los distintos procedimientos concursales. Generalmente, seguimos un
criterio (porque suele haber también deudas en el área de Hacienda
Pública) y actuamos conjuntamente la Hacienda Pública y la Seguridad
Social para hacer una quita homogénea. En realidad, son datos publicados,
están los concursos de acreedores y, si es necesario, lo publicaremos en
los boletines de información de la Tesorería General que facilitamos.

En una disposición adicional de la Ley de acompañamiento figura una
medida de aplazamiento de las deudas de las instituciones sanitarias sin
ánimo de lucro y, naturalmente, también se incluye a la Cruz Roja.

La información que señalaba le puedo remitir sobre las deudas, sin ningún
problema la explicitaremos en lo que corresponda a las empresas públicas.




El señor PRESIDENTE: Termina la intervención del secretario general en lo
que se refiere a la demanda de comparecencia planteada por el Grupo
Parlamentario Popular.

¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra para fijación de posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Trujillo.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Buenos días, señor Secretario General de la
Seguridad Social. Le damos la bienvenida a la Comisión, como siempre que
comparece usted en la misma.

Quiero señalar por parte de nuestro grupo lo siguiente. Usted comparecía
en septiembre del año pasado para darnos la ejecución del presupuesto del
sistema de la Seguridad Social a 31 de agosto del mismo año. En aquel
entonces, en su intervención se marcaban de manera clara una serie de
tendencias en cuanto a la ejecución presupuestaria, incluso en cuanto al
posible resultado neto del incremento de cotizantes que nosotros
valorábamos con una aseveración de moderado optimismo en cuanto a la
evolución del sistema.

En cualquier caso, en aquel momento el Grupo Popular manifestaba una
serie de dudas en cuanto a esas previsiones y tendencias que usted
marcaba en la ejecución presupuestaria, que, sobre todo, se centraban en
la duda de si en el año 1994 nuestra economía iba a ser capaz de crear
empleo y, sobre todo, si al final del ejercicio íbamos a ser capaces de
tener un saldo neto de incremento de cotizantes.

Pues bien, nuestro grupo quiere mostrar la satisfacción de que se hayan
cumplido, según resaltan los datos de esta liquidación provisional del
ejercicio, esas previsiones, esas tendencias que se manifestaban en la
comparecencia que usted hacía por cuanto el informe ha venido a confirmar
el incremento neto al sistema en una cifra en torno a 197.000 cotizantes.

Esto viene a confirmar otros datos con relación al saldo del ejercicio
1994; datos que han confirmado tanto los informes de empleo, respecto al
paro registrado, como también los datos recientemente publicados del INE
con relación a la encuesta de población activa en materia de empleo que,
por cierto, convendría señalar que después de 12 trimestres de descenso
continuado del empleo, el último trimestre se ha saldado con un
crecimiento positivo del 0,4. Sorprende incluso la valoración que han
hecho algunos medios de comunicación respecto a este dato --yo creo que
valoración totalmente errónea-- por cuanto viene a confirmar de manera
clara que ese dato del último trimestre es la recuperación de la economía
española en estos momentos, ligándolo con un factor claro que hemos
señalado muchas veces, que es el crecimiento del producto económico en
torno al 2,5 por ciento para conseguir creación de empleo. Por tanto,
éste es el dato más positivo de la previsión de liquidación que usted nos
señala; esa tendencia que nos señalaba ya en el mes de septiembre, pese a
las dudas manifestadas por el propio Partido Popular, creo que, entre
otras cuestiones, por intentar estar permanentemente negando la realidad.

No nos olvidemos, porque aunque sea una obviedad a veces conviene
recordarla en debates como éste, que en un sistema de reparto, como es el
sistema de la Seguridad Social española, es necesario garantizar un
continuado incremento de los empleados y cotizantes para, en definitiva,
garantizar los recursos suficientes para las prestaciones.

Dicho esto a modo de introducción y como valoración general en cuanto a
lo que era su anterior comparecencia y ésta que ya liquida
definitivamente el ejercicio, quiero hacer una breve valoración, si me
permite, señor Presidente, a nivel global, de algunos datos más concretos
que nos ha presentado el secretario general, dejando a un lado,
obviamente, disquisiciones sobre retribuciones del personal que se han
planteado en el día de hoy y que pueden ser más propias de un debate de
una mesa de negociación sindical que de lo que debe ser el debate y
valoración a nivel parlamentario de un presupuesto como el de la
Seguridad Social.

Quisiera resaltar el cumplimiento de dos previsiones que ya nos hacía el
Secretario General en septiembre que son muy importantes: por una parte,
el déficit que se prevía y que básicamente se iba a situar en la
prestación de invalidez provisional. Quisiera resaltarlo por cuanto estas
previsiones que se cumplen con esta rigurosidad, como resaltaba el propio
secretario general esta mañana en su comparecencia, son muy meritorios
porque señalar en septiembre que el déficit en una prestación económica
concreta va a estar entre 17.000 y 20.000 millones y que, al final esté
en esa cifra, o señalar que el presupuesto de previsión de liquidación de
las pensiones contributivas solamente va a tener una desviación, en este
caso de saldo positivo, de 4.000 millones, dice mucho de la rigurosidad
con que la Seguridad Social hace sus previsiones presupuestarias.




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Como señalaba el secretario general, el déficit que se iba a producir en
esta prestación probablemente iba a quedar compensado con los excedentes
en gastos corrientes y en otras prestaciones económicas. Al final, el
déficit, que está un poco por encima de los 70.000 millones, hay que
compararlo en sus justos términos con lo que era el déficit de 265.000
millones, que arrastrábamos del año 1993. Por tanto, el esfuerzo de
equilibrio que se hace entre ingresos y recursos es absolutamente loable
y, desde luego, cumple las previsiones presupuestarias del organismo.

Por otra parte --y también se preveía--, aunque, como es normal, en los
meses de septiembre a diciembre se iba a reducir el número de cotizantes,
íbamos a terminar con un saldo neto en cuanto a afiliados cotizantes.

Efectivamente, el dato final de previsión de liquidación, que comentaba
en un principio como dato más positivo y más relevante, viene a confirmar
esa tendencia positiva, en general, de la economía española a lo largo de
1994.

También es cierto --y lo ha dejado claro el Secretario General de la
Seguridad Social-- que se produce una serie de desviaciones ya no en
cuanto al sistema en general, sino en concreto en la parte relacionada
con la asistencia sanitaria. Obviamente, no voy a profundizar en este
debate por cuanto lo vamos a tener de manera singularizada con el
responsable del Insalud. En cualquier caso, quiero recordar algunos
elementos con relación a esta materia. En primer lugar --ya lo señalaba
el secretario general--, no se puede hablar de quiebra del sistema; otra
cosa es si nuestro sistema impositivo es capaz de soportar las cargas que
tiene el mismo. En segundo lugar, convendría recordar las importantes
medidas que, con relación a la asistencia sanitaria, adoptábamos a lo
largo de 1994, desde el punto de vista presupuestario, sumando los gastos
ordinarios del Plan de saneamiento, que rondaba alrededor de 140.000
millones de pesetas, así como las deudas de ejercicios anteriores. A
pesar de ese esfuerzo hemos sido conscientes, creo que prácticamente la
totalidad de los grupos, de que el sistema de asistencia sanitaria
requiere un mayor esfuerzo, una mayor concreción y un mayor rigor en
cuanto al ajuste de los recursos y las prestaciones que desarrolla. De
ahí que en septiembre del año pasado --todos lo recordarán-- en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera hubo un acuerdo, en cuanto a la
financiación del modelo sanitario, que luego hemos ido concretando en la
Ley de Presupuestos para 1995 con un incremento importante de las
aportaciones del Estado al sistema sanitario. Dicho esto respecto a la
sanidad, que es donde se produce la desviación, he de señalar y recalcar
la ejecución, en términos de rigurosidad extrema, que tanto a nivel de
entidades gestoras como de prestaciones económicas nos señala este
presupuesto y, cómo no, el balance de esta mejora entre activos y pasivos
que se produce entre el incremento del número de pensiones con relación
al número neto de afiliados cotizantes, que en este caso segundo es
superior, lo cual es también una noticia positiva para el conjunto de la
evaluación del sistema.

También hay que resaltar --y es probable que la tendencia sea claramente
a mejorar-- la gestión de dos prestaciones que siempre han sido objeto de
debate como la incapacidad laboral transitoria y la invalidez
provisional, que arrojan en su conjunto un saldo satisfactorio en cuanto
a la previsión de liquidación de este ejercicio, pero que sin duda con
las medidas que hemos acordado en la ley de acompañamiento a los
presupuestos, con esa nueva figura de incapacidad temporal, su gasto se
irá ajustando en unos términos de rigurosidad aún mayor que los que
presenta este ya positivo ejercicio de 1994. Esto en cuanto a la
vertiente de gastos. En cuanto a la vertiente de recursos --y ya se ha
señalado claramente tanto por el Secretario General como por la portavoz
del Partido Popular--, el dato más significativo es que aunque se
incrementa en un 4,8 por ciento, con relación al año pasado, el volumen
de recursos de las cotizaciones, en la previsión presupuestaria se prevé
una caída de la liquidación con respecto a la recaudación por
cotizaciones, y esto tiene un efecto causal muy importante con relación a
la subida media salarial pactada en los convenios. Me congratulo de que
también el Grupo Popular se alegre de que esta caída, al estar ligada de
manera muy directa a esta causa, produzca una valoración positiva por los
efectos generales que tiene en la economía una tendencia de acuerdo de
contención del gasto de salarios por parte de los agentes sociales.

En definitiva, parece obvio que el sistema va cumpliendo sus funciones de
manera satisfactoria con una economía de gestión --y no nos cansamos de
recordarla-- digna de encomio. Ello no significa que tengamos que estar
analizando permanentemente su evolución, los posibles déficit y
deficiencias estructurales que puede presentar y las posibles
desviaciones, por cuanto las soluciones técnicas que se puedan estar
dando en cada momento podrían no ser las adecuadas para otras coyunturas
económicas. Pero, como digo, el sistema va cumpliendo claramente sus
funciones de manera satisfactoria. Y todavía más satisfactorios son, al
menos en el cortísimo plazo de este ejercicio en el que ya nos
encontramos, las previsiones económicas y de creación de empleo que tiene
nuestra economía en esta fase de recuperación que indicarán, con toda
probabilidad, que al final de este ejercicio estaremos en una situación
mejor que la que nos presenta la previsión de liquidación del ejercicio
pasado.

Termino, señor Presidente, con una reflexión y, a la vez, una
recomendación a la señora portavoz del Grupo Popular de la que también
quiero que tome nota el Secretario General de la Seguridad Social. Como
ustedes saben, las aportaciones del Estado al sistema, lógicas, por otra
parte, por cuanto que se han ido universalizando una serie de
prestaciones muy importantes, tienen dos limitaciones: una es la
capacidad de captación de recursos de nuestro sistema impositivo y, otra,
la consecución de un objetivo comúnmente aceptado que es la reducción del
déficit público. Hemos conseguido y avanzado en un acuerdo de pensiones,
pero obviamente queda por ver --desde luego los socialistas estamos
deseosos de verlo-- si es posible un acuerdo en materia fiscal. Por
tanto, hasta que no se produzca este segundo elemento, que es muy
importante para nosotros, le haría esta pequeña recomendación de que no
corra usted tanto haciendo alardes en relación al acuerdo de pensiones,
en definitiva del gasto, y vamos a ver qué



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ocurre con los recursos en materia fiscal, pues como digo es una materia
tremendamente importante para garantizar, en un futuro, de manera
satisfactoria, las prestaciones a nuestros ciudadanos.

Muchas gracias, señor Secretario General.




El señor PRESIDENTE: Me indica el Secretario General que como no se ha
formulado ninguna pregunta simplemente da por recibida la posición del
Grupo Parlamentario Socialista.

La Comisión reanudará sus debates esta tarde, a las cuatro y media, con
la comparecencia del Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas,
Transporte y Medio Ambiente.

Recordarán SS. SS. que estaba previsto que al final de la sesión
deliberáramos sobre el proyecto de ley del crédito extraordinario de
3.000 millones de pesetas para el Centro de Investigación Nuclear, el
CERN. Algún grupo me ha indicado que convendría que lo hiciéramos entre
la comparecencia del Subsecretario del Ministerio de Obras Públicas y la
comparecencia del Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social. La Presidencia no tiene ningún inconveniente, pero como en este
momento faltan algunos grupos no lo decidiremos hasta contar con la
aquiescencia de, al menos, un número mayor de grupos de los que ahora
están presentes. Por tanto, reanudamos la sesión esta tarde a las cuatro
y media.




Era la una y treinta minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




--DEL SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE,
LLARDEN CARRATALA, PARA QUE DE CUENTA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE
LA SECCION 17 DEL CITADO MINISTERIO A 31-12-94, PREVIA REMISION DE
INFORME. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de
expediente 212/001317.)



El señor VICEPRESIDENTE: (García Ronda): Se reanuda la sesión.

Vamos a continuar con las comparecencias de esta Comisión de
Presupuestos. Está con nosotros el Subsecretario de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, señor Llardén Carratalá.

Tiene la palabra el señor Subsecretario.




El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá): Muchas gracias, señor Presidente.

Señoras y señores Diputados, a petición del Grupo Popular comparezco, en
representación del Ministerio de Obras Públicas, para hacer un resumen
del cierre del ejercicio presupuestario de 1994. Tal y como ya indiqué en
una anterior comparecencia en esta Comisión, hemos intentado --y creo que
debe haber llegado la documentación-- hacer llegar a los miembros de la
Comisión la documentación del Ministerio que recoge la totalidad de los
datos del cierre. Entiendo que ha llegado, ¿verdad? (Asentimiento.)
Entonces, en aras a la brevedad, lo que haré será no extenderme en
demasía en el comentario, dejándolo evidentemente para las preguntas.

Haré un breve resumen de los principales elementos que configuran este
cierre del ejercicio presupuestario de 1994.

El presupuesto inicial del Ministerio fue de un billón 272.924 millones.

A esto hay que añadir a lo largo del año modificaciones presupuestarias
por valor de 76.692 millones de pesetas, lo cual arroja un presupuesto
final, créditos finales a 31 de diciembre de 1994, de un billón 349.616
millones de pesetas.

Es necesario hacer dos consideraciones sobre esta modificación de
créditos. En primer lugar, explicar que la modificación de créditos del
presupuesto del Ministerio a lo largo del año 1994 --tema que había sido
objeto de alguna anterior comparecencia mía como subsecretario, en la
medida en que la Comisión expresaba su preocupación por cómo evolucionaba
el crédito desde principios de año hasta el final-- ha sido, como digo,
en números redondos, de unos 76.000 millones de pesetas, que es un 60 por
ciento inferior a las modificaciones del año 1993. Es decir, las
modificaciones que ha tenido el Ministerio a lo largo del ejercicio son,
tanto en valor absoluto como en valor relativo, muy inferiores a las que
habíamos tenido a lo largo del año 1993. La explicación se debe
básicamente a la no aplicación del entonces artículo 10 de la Ley
presupuestaria, que obligaba a un tope en las obligaciones reconocidas.

El segundo elemento a destacar es que, si comparamos el presupuesto
inicial del Ministerio con las obligaciones reconocidas a final de
ejercicio, encontramos que la tasa de ejecución así medida ha sido del
99,71 por ciento. Es decir, el Ministerio ha reconocido obligaciones
prácticamente por la totalidad de lo que era su crédito inicial, lo cual,
en principio, entendemos que está en la filosofía de la Ley General
Presupuestaria, cuando ésta obliga al Gobierno a no reconocer
obligaciones durante el ejercicio por importe superior a los créditos
iniciales, pero evidentemente tampoco a quedarse muy por debajo de estos
créditos.

Si entramos en un rápido detalle de cuáles han sido estas modificaciones
presupuestarias que por importe de 76.000 millones de pesetas hemos
tenido a lo largo del año 1994, podríamos entender que las principales
son las siguientes. De los 76.000 millones de pesetas una gran parte,
53.000 millones de pesetas, son con carácter de incorporaciones; éstos
son los expedientes normales que al finalizar el ejercicio quedan
forzosamente en trámite en las oficinas del Ministerio o de la
Intervención del Estado y que son incorporadas de oficio al presupuesto
del año siguiente. Además de estos, para ser exactos, 53.084 millones de
pesetas, encontramos 10.975 millones de pesetas que lo son por el
concepto de créditos extraordinarios. Estos créditos extraordinarios
fundamentalmente se deben a la tramitación de los cierres de los
ejercicios de la empresa pública



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FEVE de los años 1989 a 1990. El Parlamento aprobó el 14 de abril del año
1994 la Ley número 5 que estipulaba la existencia de un crédito
extraordinario para el cierre de estos dos ejercicios por valor de 10.475
millones de pesetas. Por tanto, estos créditos extraordinarios son
perfectamente conocidos y avalados por el Parlamento, y debo decir
incluso que habían sido ya precedidos en el ejercicio, creo recordar,
anterior de un anticipo de tesorería al objeto de ponerlos ya en régimen
de funcionamiento.

Tenemos, por tanto, que 53.000 millones se explican por incorporaciones;
10.000, casi 11.000 millones, por créditos extraordinarios, y tenemos,
además, 3.853 millones que se explican como una transferencia de crédito
de la Sección 31 del Presupuesto a la Sección 17 para compensar a la
Compañía Trasmediterránea el déficit de explotación del servicio
correspondiente al ejercicio de 1990. Es, por tanto, una partida
conceptualmente similar a la del crédito extraordinario de FEVE,
únicamente que en este caso no modifica el Presupuesto del Estado, puesto
que ya estaba contemplado en los Presupuestos Generales del Estado y
únicamente a lo largo del año se ha procedido a la correspondiente
transferencia de crédito de una Sección a otra.

Tenemos también, con un cierto volumen, un crédito ampliable de 2.663
millones de pesetas para la subvención al tráfico aéreo regular entre la
Península y Archipiélago Canario. Son créditos que ya estaban en el
Presupuesto del Ministerio, que a principios de año los aprueba el
Parlamento con carácter de ampliables, en la medida que es difícil
determinar con exactitud el importe de los mismos, ya que son fruto de un
derecho subjetivo, es decir, de unos pasajeros que viajen o no, y en el
caso concreto del año 1994 ha sido necesario ampliarlos en 2.663 millones
de pesetas.

Tenemos también, ya para finalizar, un crédito, ampliable también, de
Seguridad Social, por valor de 2.957 millones de pesetas, que es
únicamente debido a que en los cálculos de Seguridad Social del personal
laboral del Ministerio se detectó la necesidad de ampliar este crédito,
en la medida en que los efectivos tenían un determinado coste superior al
inicialmente previsto. Cabe decir, no obstante, como información
adicional, que este crédito ampliable después no ha sido necesario
ejecutarlo en su totalidad. Fue una precaución que el Ministerio de
Hacienda adoptó.

Finalmente tenemos, en números redondos, unos 1.300 millones que se
originan como generación de crédito; es decir, créditos que se generan en
una determinada partida y que se amplían en otra partida. Todo ello, por
tanto, nos da un total de unos 76.000 millones de pesetas, cantidad, como
digo, relativamente inferior o muy inferior a la que teníamos en el
ejercicio del año 1993.

En cuanto a los créditos finales, como digo, han quedado en un billón
350.000 millones de pesetas. En números redondos son un 8.1 por ciento
superiores a los créditos finales del año 1993. Y simplemente para
conocer la estructura interna del presupuesto del Ministerio, recordar
que las inversiones reales representan el 55 por ciento de esta cifra y
las transferencias de capital el 15 por ciento. Por tanto, el 70 por
ciento del presupuesto del Ministerio va a parar a inversiones, sean
directas del Ministerio, sea vía transferencia, y que las transferencias
corrientes a ente público básicamente representan aproximadamente un 24
por ciento del presupuesto, de forma que los gastos del personal y el
resto de partidas del Ministerio escasamente llegan al 6 por ciento.

Si seguimos el análisis por capítulos --repito que no voy a entrar ahora
en detalle, al margen de que después se me hagan preguntas que así lo
recomienden--, en el Capítulo I el grado de ejecución ha sido
relativamente similar al que se ha obtenido en ejercicios anteriores. El
Ministerio ejecuta todo su Capítulo I, y si hay alguna parte que queda
por ejecutar es pura y simplemente porque al final el ritmo de
jubilaciones o de bajas del Ministerio ha sido algo superior y, por lo
tanto, ha dejado una parte de capítulo sin necesidad de ejecutar.

En el capítulo de Seguridad Social cabe decir, en la medida en que antes
he referido que teníamos una ampliación del crédito, que el Ministerio
está totalmente al corriente de sus pagos de Seguridad Social. Por lo
tanto no hay ahí ninguna deuda atrasada.

En el Capítulo II quiero hacer constar que la suma de los capítulos I y
II del año 1994, con relación al año 1993, nos da un dato importante, que
es que se ha producido un decremento; es decir, los capítulos I y II del
Ministerio han bajado, en cuanto a su obligación reconocida, su ejecución
real con respecto al año 1993 en un 2,3 por ciento; para ser exactos, en
valor absoluto en 1.507 millones de pesetas. Esto es fruto pura y
simplemente de la política de austeridad general del Gobierno y concreta
del Ministerio sobre lo que son gastos de funcionamiento.

Los capítulos II, VIII y IX no tienen prácticamente relevancia en nuestro
Ministerio y además se cumplen de una forma absolutamente normal.

Sí quiero hacer una referencia explícita a los capítulos IV VI y VII. En
cuanto al índice de ejecución del Capítulo IV, ha sido muy similar al del
año 1993 y prácticamente no hay comentarios importantes que hacer. En el
Capítulo VI tenemos, por una parte, un grado de ejecución muy alto y, sin
embargo, un 1 por ciento menos que en el año 1993 --estamos hablando de
1994--. Ello es debido fundamentalmente, por una parte, a que el crédito
inicial del Ministerio --y el final en definitiva-- fue bastante superior
al del año 1993 y, por lo tanto, la maquinaria del Ministerio estaba ya
cerca de su tope de posibilidades de ejecutar presupuesto, pero, sobre
todo, por un motivo que viene derivado de la aplicación del artículo 10
de la Ley General Presupuestaria, y es que el Ministerio, como bien saben
las señoras y señores Diputados, tiene un tope de obligaciones
reconocidas, marcado por el Ministerio de Hacienda a final del año, que
viene derivado de la existencia de dicho artículo 10. Quiere decir, por
lo tanto, que nosotros en concreto en el año 1994 hemos ejecutado
prácticamente nuestro presupuesto hasta el tope, sin pasarnos como es
lógico ni en una peseta, pero tampoco sin quedarnos cortos. Como decía,
si comparamos el grado real de ejecución en obligaciones reconocidas
respecto del presupuesto inicial, que es lo que vigila el artículo 10, lo
hemos cumplido prácticamente en un 99,9 por ciento.

En el Capítulo VII, en transferencias a entes públicos prácticamente se
ha seguido la misma tónica y, por lo



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tanto, en resumen, diría --repito que estoy a disposición de los
Diputados para las preguntas que estimen oportuno hacerme-- que se ha
ejecutado el presupuesto del Ministerio de una forma, entendemos,
absolutamente correcta y razonable. Se ha alcanzado un límite del 99,71
por ciento en cuanto a las obligaciones reconocidas en relación con el
crédito inicial. Se ha conseguido un grado de compromiso también del
noventa y nueve y pico respecto del presupuesto final y un límite de
obligaciones reconocidas que ha alcanzado el 94 por ciento, exactamente
el 93,9 por ciento, derivado directamente de la existencia de un tope, en
aplicación del artículo 10, que no permitía al Ministerio ir más allá en
cuanto a su reconocimiento de obligaciones.

Evidentemente en la documentación que el Ministerio ha suministrado a los
señores Diputados se encuentra muchísima información por capítulos, por
programas, por direcciones generales que estaríamos, en algunos casos, en
disposición, yo mismo, de aclarar aquí y, en otros, quizá de pedir los
datos pertinentes.

Si le parece al señor Presidente, creo que con esto doy una primera
visión de conjunto y me someto, por descontado, a todas las aclaraciones,
críticas, etcétera, que quieran hacerme.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Llardén.

Por parte del Grupo que ha pedido la comparecencia, el Popular, tiene la
palabra el señor Posada.




El señor POSADA MORENO: Quiero empezar mi intervención agradeciendo al
señor Subsecretario su presencia aquí, su exposición, que yo creo que ha
sido clara, y la información que ha facilitado.

Comenzando por esa información que ha facilitado, yo tengo que decir que,
en efecto, en la documentación que hemos recibido hay una información muy
amplia sobre el desarrollo presupuestario del año. Sin embargo --esto es
lo que quiero señalar--, faltan algunos aspectos de dicha información que
no considero que sean difíciles de proporcionar a los Diputados de la
Comisión y que facilitarían mucho la tarea. Por ejemplo, seguimos sin
conocer las actuaciones en los servicios que son organismos autónomos.

Están las confederaciones hidrográficas, el CEDEX, el Centro Nacional de
Información Geográfica, el Centro Español de Meteorología y una serie de
programas que están en el anexo del desarrollo orgánico como, por
ejemplo, el 521.A, de ordenación y explotación de los servicios de
comunicaciones postales y telegráficas, que es de 167.000 millones de
pesetas y que, como corresponde a un organismo autónomo, no está
contemplado aquí. Hay otros programas, como el 511.C, de 5.000 millones,
de estudios y servicios y de asistencia técnica a las obras públicas, o
el de meteorología, 551.D, etcétera, programas del Ministerio que todos
ellos suman del orden de 190.000 millones. Es conveniente tener esa
información.

Un segundo punto --referente a la información-- sería el conocer (porque
facilitaría mucho para poder juzgar la labor del Ministerio, que debo
decir que, en conjunto, parece bien desarrollada en el año), a nivel de
subconcepto, en los capítulos I, II, III, IV, VII, VIII y IX, es decir,
una información de tres dígitos, y en el VI a nivel de proyecto. Yo
comprendo que pedirle al Ministerio que lo hiciera para proporcionárselo
a los Diputados del Congreso, para que conocieran la realización, sería
un trabajo adicional importante, pero es que ese trabajo está hecho, el
Ministerio lo tiene porque ha agrupado estos datos sobre la base de esos
subconceptos. El conocer a fondo eso es lo que permite evaluar la
actuación del Ministerio.

Voy a entrar ya por capítulos, en un rápido repaso de lo que nos parece
que ha sido la actuación del Ministerio durante este año. En el Capítulo
I sorprenden un poco algunas variaciones que no se explican muy bien por
qué se producen. Hay un aumento de crédito, en el Capítulo I, del 6 por
ciento, por una incorporación que ha habido. De todas formas, los
créditos finales son superiores, me parece que en 3.000 millones, a los
iniciales. Sin embargo, en el presupuesto general de 1995 la subida
prevista fue sólo del 1,62 por ciento, más baja que la previsión de la
subida del IPC, cuando precisamente en el año 1994 no había ninguna
subida en las remuneraciones, y los créditos iniciales han sido
modificados en 3.228 millones de pesetas. Esto, por lo menos, sorprende.

Por otra parte, hay algunas disminuciones, por ejemplo en el capítulo de
recursos hidráulicos, de 283 millones y, sin embargo, en el programa de
conservación de carreteras se produce una subida de un 17 por ciento; es
decir, se pasa de 8.660 millones en 1993 a 10.124 millones. Es una subida
muy fuerte en conservación de carreteras que no se explica muy bien,
porque en este concepto la inversión en 1994 ha sido incluso algo
inferior a la del año 1993. Entonces, parece que esta situación es un
poco anómala, ya que con más personal se invierte menos.

Como a mí me gusta o pretendo ser ecuánime, creo que esa frase que decía
el Subsecretario de que el Capítulo I y el Capítulo II de 1994, con
respecto a 1993, suponen un descenso de un 2,3 por ciento, es algo digno
de alabanza, algo que hemos pedido y reiterado presupuesto tras
presupuesto, por lo menos desde el año 1991 en que yo intervengo en estos
presupuestos en el Senado.

Lo hemos dicho una y otra vez y siempre se contestaba que era imposible,
que estábamos al límite. No estábamos al límite, y prueba de ello es que
se ha podido conseguir. Pero, reconociendo esto, hay que dar una imagen
real de lo que puede hacerse, porque el Capítulo II en el Presupuesto
inicial de 1994 era de 11.000 millones de pesetas, lo cual --ya lo dije
entonces-- parecía asombroso que hubiera habido una disminución tan
bárbara con respecto al año 1993. ¿Qué ha pasado? Que ha sido modificado
en 4.332 millones, es decir, un 37 por ciento más. Sin embargo, reconozco
que el conjunto de 1994, es decir los 15.000 millones, es menos que en
1993. Ahora bien, creo que hay que presupuestar con cabeza y con
seguridad y no pretender hacer cosas imposibles, como en efecto se vio
luego. Por tanto, reconociendo esta política de austeridad, hay que
hacerla con claridad y no pretender unos objetivos que son imposibles de
alcanzar.

En el Capítulo IV ha habido una subida importante con respecto al año
1993, y si se ve dónde está la subida llegamos



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al verdadero pozo sin fondo que son las transferencias a Renfe y a Feve,
por déficit de explotación, que han aumentado en 1994, con respecto a
1993, en 35.000 millones de pesetas. Hay ciertamente 10.000 millones,
como ha dicho el Subsecretario, que provienen de los déficit de los años
1989 y 1990, pero sigue habiendo 25.000 millones más, es decir, un
incremento muy fuerte de un año sobre otro. Ciertamente esto tiene que
tener un reflejo presupuestario, pues el presupuesto no hace más que
responder a la realidad, pero al estudiar el presupuesto hay que hacer
una llamada a la realidad, ya que esto no puede seguir así, porque esos
esfuerzos de que hablábamos antes, que yo reconozco, que además son
buenos ante los ciudadanos, de reducir el Capítulo I y el Capítulo II, se
pierden, no sirven para nada, no disminuye el déficit público, si los
aumentos del déficit de las empresas públicas se comen todo el ahorro de
la Administración central.

Quería referirme ahora a los programas de subvención y apoyo al
transporte marítimo, que han pasado de 728 a 6.800 millones; es un
crédito ampliable. Nosotros insistimos --lo hemos dicho al presentar el
presupuesto y lo repetimos otra vez-- en que no tiene razón de ser, que
es un poco engañarse a sí mismos decir que, como no sabemos lo que va a
ser, vamos a poner una cantidad simplemente indicativa. Pero indicativa
sabiendo que aumenta luego 6.000 millones, cuando hemos puesto 700, no es
indicativa; es simplemente casar el presupuesto, y luego hay que dar unos
créditos de modificación. ¿Qué ha pasado en el año 1995? Que hemos puesto
menos, mucho menos, que lo que se ha gastado en 1994. ¿Se puede pensar
que eso va a ocurrir así? No; probablemente en 1995 gastaremos igual o
más que en 1994, y no es buena técnica presupuestaria disminuir tanto esa
cantidad. De todas formas, aquí hay una cosa que llama un poco la
atención, que es que el de 1994, con respecto al de 1993, ha subido una
proporción muy importante, cerca de 2.500 millones. Yo preguntaría al
señor Subsecretario: ¿se ha debido a que han aumentado mucho los
pasajeros, o es que ha habido una subida de tarifas desproporcionada que
ha hecho que el gasto sea mucho mayor? Si ha sido por el aumento de
pasajeros, bien, es lógico; si no ha sido así...

En la subvención de apoyo al transporte aéreo, sin embargo, hay una
disminución en 1994 con respecto a 1993, lo cual resulta un poco
sorprendente. También habría que saber si han disminuido los pasajeros o
las tarifas. El final es que aquí aparece entre subsectores la
transferencia de 55.000 millones de la Secretaría General de
Comunicaciones al Organismo autónomo Correos y Telégrafos. Es una partida
que ha subido, más que ha subido se ha doblado, porque eran 22.000
millones en 1993. Según decía antes, como no tenemos conocimiento de lo
que ha pasado en ese Organismo Autónomo, porque no conocemos ese programa
al que yo hacía referencia, no sabemos para qué ha sido, pero supongo que
ha sido para cubrir el déficit de explotación. ¿Ha sido ése su destino o
se ha empleado en otra cosa? Sería interesante conocerlo.

Llegando al Capítulo VI, como ha dicho el Subsecretario, ha habido una
ejecución bastante satisfactoria. Ahora bien, nos encontramos con el
enorme problema del año 1995. Se han producido unos remanentes, o dejado
de disponer de 10.000 millones, y no hay obligaciones reconocidas en
63.000 millones. Esto nos plantea la reducción de 1995, el recorte
presupuestario, qué parte va a incorporarse, qué parte no va a
incorporarse, con lo cual es dinero presupuestario que pierde el
Ministerio.

Para terminar --si me lo permite el señor Presidente-- mi intervención,
haré una breve reflexión, porque ése es el tema más preocupante, por lo
menos para el Grupo Popular, aunque yo creo que para todos los Diputados.

Dentro del Capítulo VI ha habido ciertamente muy buenas actuaciones, como
siempre en Carreteras, que ha tenido una actuación magnífica tanto en
conservación como en ejecución, aunque hay algo que me llama un poco la
atención y es que han disminuido, en la variación de créditos, del orden
de 8.000 millones las infraestructuras ferroviarias y de 28.000 millones
los destinados a carreteras. De todas formas, Carreteras, que es la que
gasta más, lo ha gastado bien, pero no debe ocultarnos que hay algunos
otros programas de magnitud que no han actuado o no han funcionado de la
misma forma.

Por ejemplo, el grado de cumplimiento de protección y mejora del medio
ambiente es de del 86 por ciento. En una área tan prioritaria, como
mínimo hay que darle un calificativo de regular, y luego hay otros
programas, como el 515-B, Explotación del sistema de circulación aérea,
en el cual se ha dispuesto del 67 por ciento y se ha reconocido sólo el
34 por ciento, es decir, se han dejado de reconocer 620 millones de los
1.000 que debe tener. Hay también una serie de programas, como Apoyo a la
aviación general y deportiva, Apoyo al Plan nacional de servicios de
infraestructuras aeronáuticas y Regulación y normativa técnica, que son
importantes, así como el Programa 521-B, Ordenación de las
telecomunicaciones, gestión y administración del espacio radioeléctrico,
en que se han reconocido obligaciones sólo por el 61 por ciento. Es
decir, no son programas de mucha magnitud, pero hay fallos.

Entrando ya en el Capítulo VII, del 431-A, Promoción y acceso a la
vivienda, que se ha reconocido el 91 por ciento, querría que me aclarara,
si me lo puede contestar el Subsecretario ahora, si no por escrito, el
concepto 782, que es Subsidiación de interés de préstamos, que son 60.000
millones, el más importante. ¿Cómo ha ido, qué se ha conseguido en ese
programa?
En el Programa de protección y mejora del medio ambiente, en el Capítulo
VII, otra vez sólo se ha reconocido el 44 por ciento. Ciertamente, me
gustaría saber dónde ha fallado: ¿en las transferencias a Comunidades
Autónomas, que son 382 millones; en el Plan de residuos sólidos urbanos y
las empresas acogidas al Plan de residuos sólidos urbanos, o en las
empresas acogidas al Plan de residuos industriales, que son 1.530
millones, que es donde yo creo que ha estado el fallo?
Finalmente, para terminar en este Capítulo VII, el programa 513-C, de
Ordenación e inspección del transporte terrestre, con un plan de ayudas
para las empresas privadas de 3.995 millones, se ha reconocido sólo el 70
por ciento. Hay un retraso que perjudica a las empresas que piden ayudas.




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¿Qué ha ocurrido? ¿Se han sacado tarde los planes? ¿No se han podido
adjudicar?
Con esto acabo lo que es la visión de 1994, y quiero terminar mostrando
nuestra enorme preocupación por cómo se plantea 1995 por ese recorte
presupuestario que se ha anunciado, que creo que no tiene por qué tener
la enorme magnitud de la que a veces se ha hablado, que rompa la
estructura del Ministerio, pero que indudablemente es una preocupación
para todos, para constructores, para las Comunidades Autónomas que ven
las obras que pueden o no retrasarse y para los Diputados que en el
último Pleno preguntaron y otra vez, desde todos los grupos, por obras
concretas. Hay ahí algo que hemos repetido mucho aquí año tras año, que
es una senda de inversión necesaria para llevar a cabo el Plan Director
de Infraestructuras. Recuerdo que en el Pleno reconocí que el presupuesto
de 1995 estaba dentro de esa senda, en su parte inferior, pero dentro de
esa senda que permitía llevar a cabo el Plan Director de
Infraestructuras. Si ahora se produce esta reducción, si esta reducción
tiene excesiva magnitud, no saldremos de esa senda que asegura el Plan
Director de Infraestructuras.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para responder a la intervención
y dar satisfacción, en la medida de lo posible, a las interrogantes del
señor Posada, tiene la palabra de nuevo el señor Subsecretario de Obras
Públicas.




El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá): Agradezco al portavoz del Grupo Popular su muy
documentada intervención y voy a intentar aclarar algunas de las
cuestiones que plantea. La verdad es que, a veces, es más cómodo para el
compareciente intervenciones muy genéricas y muy ideológicas, que son
fáciles de despachar, que intervenciones muy detalladas.

En primer lugar, tiene razón: en la documentación que he enviado a la
Comisión de Presupuestos del Congreso sólo se hace referencia al
Ministerio en tanto que Administración Central. Por tanto, admito y estoy
absolutamente de acuerdo en que para una mejor comprensión del trabajo
que ha hecho el Ministerio en el año 1994 deberíamos ver no sólo lo que
es Administración Central propiamente dicha sino, también, los organismos
autónomos y los entes públicos. El hecho de que no les haya mandado esta
segunda información ha sido por un motivo de tipo llamémosle formal, y es
que los organismos autónomos y los entes públicos cierran cuentas a 31 de
marzo de 1995. Por tanto, no disponemos aún en el Ministerio --ni
podríamos disponer en principio-- de esta documentación. Tan pronto esté
en nuestro poder, estoy a disposición de esta Comisión para comparecer y
complementar la información del Ministerio con la información de los
organismos autónomos, puesto que efectivamente, sobre todo en algunos
casos, sin tener lo que ha hecho el organismo autónomo se pierde la
referencia al conjunto de la política. El caso de Correos, que el señor
Posada citaba, es un caso claro. Pero, como digo, no tenemos aún la
documentación. Cierto es que los organismos pueden aprobarlas en sus
juntas generales hasta el 30 de junio, pero en el momento en que tengamos
las cuentas estaríamos en condiciones de dar la información correcta.

El señor Posada decía que la labor global del Ministerio le parecía bien
desarrollada, pero que encontraba que faltaba algo más de precisión en lo
que era el cumplimiento de los capítulos I y II por subconceptos, y en el
Capítulo VI en cuanto lo que eran los proyectos. Evidentemente, algunas
de estas cuestiones no son vinculantes en los Presupuestos, por eso
quizás no se ha dado la información, pero estamos en condiciones de
elaborarla y hacerla llegar a la Comisión, si así se estima oportuno. No
habría inconveniente alguno.

Posteriormente, el portavoz del Grupo Popular hace una serie de críticas
por capítulos. Voy a intentar aclarar algunas de estas cuestiones porque
merecen explicación. En el Capítulo VI nota el portavoz del Grupo Popular
un incremento del 6 por ciento, que no responde a la filosofía inicial
del presupuesto. Efectivamente, hay dos motivos que explican esto. Uno lo
había citado al principio, el otro no. Por una parte ha sido un crédito
ampliable en materia de Seguridad Social para personal laboral, del que
nos dotó el Ministerio de Hacienda en mitad del ejercicio. Eso explicaría
una buena parte de la diferencia. El otro es un tema que arrastramos con
los peones camineros. Se trata de unas sentencias de la Magistratura de
Trabajo. Es una historia larguísima que viene del pasado. Son una serie
de sentencias sobre unos pluses. En fin, un tema francamente abstruso.

Periódicamente el Ministerio recibe una sentencia firme de la
Magistratura, que cumplimos en sus propios términos. Por ello, tenemos
que pedir formalmente al Ministerio de Hacienda que nos dote de esa
cantidad. Creo que el señor Posada conoce un poco el problema. Aunque a
veces es previsible que durante el ejercicio pueda llegar una de estas
sentencias, tampoco tenemos ningún elemento formal que nos permita
ponerlo en el presupuesto. Dicho al revés, si lo pusiéramos sin tener la
sentencia, el Ministerio de Hacienda nos diría, lógicamente, que eso no
consta en el presupuesto.

En el Capítulo II, el señor Posada recogía la disminución que hemos hecho
de gastos de funcionamiento. Celebro que estemos de acuerdo. Es cierto
que se está haciendo una política de contención del gasto. Me critica, y
tengo que reconocer que con una cierta razón, que probablemente el
crédito final del ejercicio ha sido inferior al del año 1993, pero que
quizá lo podíamos haber puesto al principio y no generar durante el año
unas modificaciones por valor de 4.000 millones de pesetas. En parte,
algunas de estas modificaciones son forzadas por la mecánica
presupuestaria, otras probablemente no. Estoy de acuerdo en que,
efectivamente, el crédito final ha sido el que más o menos pensábamos en
el Ministerio que íbamos a necesitar, y algo inferior, por descontado,
del de 1993. Estamos haciendo, no obstante, un esfuerzo de
presupuestación lo más realista posible para evitar movimientos a lo
largo del año que no llevan a ningún sitio.

En el caso del Capítulo IV, voy a aclarar algunas de las cantidades a las
que se ha referido el portavoz del Grupo Popular. Efectivamente, el
incremento en la transferencia a Renfe es fruto, como él mismo ha
supuesto, de una política



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de transparencia presupuestaria que intenta asignar, en las
transferencias a la empresa pública Renfe, la totalidad de los costes o
de las inversiones que el Ministerio --en definitiva el Parlamento al
votar el presupuesto-- cree que Renfe debe de tener. Prácticamente creo
que estamos en estos momentos al 100 por cien de lo que debería de ser.

Esta práctica presupuestaria no se siguió en el pasado siempre a lo largo
de diferentes años por distintos motivos. No existía un contrato-programa
--yo diría que ésta es la razón fundamental-- que formalizara muy
claramente las obligaciones del prestatario del servicio, Renfe, con
respecto a la Administración Central. Ello conllevaba unas fortísimas
discusiones presupuestarias al inicio de cada ejercicio, que se solían
saldar con un presupuesto aprobado por el Parlamento inferior en la
práctica al que después la empresa, a pesar de la política de rigor en la
contención de gastos, necesitaba. Esto ha sido modificado. Nos ha ayudado
muchísimo poder disponer de un contrato-programa que nos da a nosotros
mismos, como Ministerio, frente a la empresa pública y frente al
Ministerio de Hacienda, un punto de referencia objetivo. Es por ello que,
efectivamente, la transferencia se ha incrementado, lo cual no quiere
decir que la gestión sea peor. Al contrario, la gestión probablemente es
mucho más rigurosa por parte de la empresa, pero lo que se refleja en el
presupuesto es también mucho más la realidad de lo que era anteriormente.

En el caso de la subvención al transporte marítimo no es que haya
existido una gran diferencia ni en precios ni en pasaje, sino que, como
bien conoce el señor Diputado, el Ministerio ejecuta este presupuesto en
base a la presentación de unos billetes que las propias empresas le
facturan. Este ritmo está un poco en manos de las propias empresas. Se
hace siempre, por tanto, a toro pasado --si me permite la expresión-- y,
por tanto, las cifras no siempre son fáciles de calcular. En el pasado se
llevaba un gran retraso, de más de un año, debido no tanto a la
burocracia de la Administración como a las propias compañías, que
generaban el tráfico de estos billetes con un retraso bastante importante
sobre el momento en el cual fueron emitidos. Esto lo hemos ido
regularizando y por eso en el año 1994, en el fondo, lo que se produce es
una recuperación de parte del tiempo perdido y, por lo tanto, la
cantidad, que es real, es mayor que la que habitualmente teníamos. No es
ajeno a este incremento la voluntad que ha tenido el Ministerio de que
las deudas que pudiera tener con respecto a las compañías aéreas,
especialmente la Compañía Iberia, estuvieran saldadas lo antes posible,
para colaborar, en la medida en que pudiéramos, a que su situación
económica no se viera empeorada por este motivo. Por ello, hemos dado un
trámite administrativo interno lo más rápido posible a lo que la propia
empresa nos presentaba.

Por lo que se refiere al transporte terrestre, al que el señor Diputado
también ha hecho mención en el capítulo VII, efectivamente hay un grado
de ejecución menor, pero esto se debe, como él bien suponía, a las
subvenciones que van dirigidas a los transportistas individuales --para
entendernos, los camioneros-- en el plan de ayudas a toda la reforma del
sector. El hecho de que el grado de ejecución sea inferior --no el
presupuesto sino el grado de ejecución-- se debe, pura y simplemente, a
que hay una serie de trámites de tipo administrativo para otorgar
definitivamente estas subvenciones, fundamentalmente que los interesados
presenten ante la Administración un conjunto de cuestiones de todo tipo,
Seguridad Social, etcétera. El hecho de que los beneficiarios de este
tipo de ayudas sean, en gran mayoría, no empresas sino personas
individuales, hace que estos trámites se alarguen por su parte mucho más
que lo que probablemente lo serían si fueran empresas muy organizadas y,
por lo tanto, hay un retraso en la ejecución, pero no quiere decir que
ellos pierdan la ayuda, sino que esta ayuda se les dará en el momento que
presenten ante la Administración todo lo que ésta requiere para conceder
las subvenciones con toda propiedad. También quiero aclarar que, en este
caso, no se trata de que por parte de la Administración se aplique una
exagerada política de rigor, sino que a ello estamos obligados, entre
otras cosas, por la propia Intervención General del Estado, como
consecuencia de las medidas que tomó hace un cierto tiempo en cuanto al
mayor rigor en el otorgamiento de subvenciones. Por lo tanto, el
Ministerio sigue unos trámites relativamente rígidos y establecidos.

En el caso de Correos, el señor Posada señala con acierto que la
transferencia se ha incrementado notablemente. El motivo fundamental ha
sido dotar a Correos de una transferencia que permitiera equilibrar
financieramente sus cuentas en el año 1994, debido a que el ritmo de
actividad económica del ejercicio fue inferior al que inicialmente había
previsto el ente público de Correos y, por lo tanto, sus ingresos, que
derivan directamente de la cantidad de cartas que vehicula o de paquetes
que reparte, eran inferiores a los inicialmente previstos.

En cuanto al capítulo VI, el señor Posada comentaba también algunas
cuestiones relativas al tema del recorte. Efectivamente, el presupuesto
se ejecuta en su conjunto --y en concreto en el capítulo VI, como él
mismo decía-- de forma satisfactoria, pero sigue quedando una cantidad no
reconocida de unos 60.000 millones de pesetas, que es la que estaba
pendiente de incorporar al ejercicio del año 1995; ésta es la cantidad
que se ha visto «grosso modo» afectada por el recorte. Aquí yo le planteo
al Presidente de la Comisión una cuestión casi de orden, de
funcionamiento. No tengo ningún inconveniente en entrar en detalle sobre
esta cuestión, pero como se nos comunicó una solicitud de comparecencia
ante esta misma Comisión, sobre este tema, por el Grupo de Izquierda
Unida, creo recordar, puedo informar yo ahora aquí o bien dejar este
tema, que es un tema importante, por descontado, para tratarlo más
detalladamente en el momento de la comparecencia.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Llardén, parece más
oportuno dejarlo para el momento de la comparecencia solicitada.




El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá): Sobre el resto, hay algunas cuestiones relativas al
grado de ejecución del programa de medio ambiente y también el de
telecomunicaciones y de explotación



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aérea. En los tres casos la explicación es la siguiente. Por lo que se
refiere a medio ambiente, efectivamente el grado de ejecución es quizá
algo inferior, aunque debo de aclarar que el presupuesto se ha
incrementado muchísimo, en un 29,8 por ciento, casi en un 30 por ciento.

Ello quiere decir que el gasto, en valor absoluto, ha sido mucho mayor.

Es cierto que a lo mejor la máquina administrativa no ha sido capaz de
ejecutar la totalidad del nuevo presupuesto. Por lo tanto, hay una
aparente paradoja entre que ha habido un grado de ejecución, en tanto por
ciento, algo menor que el del ejercicio anterior, aunque el gasto real ha
sido mayor que el del ejercicio anterior.

En el caso del programa de telecomunicaciones, la explicación fundamental
es que este programa estaba presupuestado siguiendo una cierta secuela de
lo que era el año anterior, en el cual había finalizado el Programa Star,
y su desaparición hace que parte del esfuerzo presupuestario que se tenía
previsto no ha sido necesario ni ha sido posible realizar porque ya no
existía el programa de referencia. En cambio, en el caso del sistema de
circulación aérea, la explicación es de otro tipo. Realmente la
consolidación del ente público AENA como organismo autónomo ha hecho que
una parte importante de cuestiones que se soportaban en el presupuesto
del Estado, a través de la Dirección General de Aviación Civil, que era
la que explotaba este programa, se han ido pasando paulatinamente al ente
público. Por lo tanto, se siguen realizando las actuaciones, pero ya no
con cargo al presupuesto del Estado. Esto es lo que explica que si bien
el presupuesto inicial recogía una cifra, al final haya sido inferior.

En lo que se refiere a vivienda, no le puedo facilitar en este momento la
información de los intereses, pero se la haré llegar al señor Posada en
el momento oportuno.

Finalmente, de todas las preguntas que él me había hecho, quedaba el tema
del recorte como preocupación. En una próxima comparecencia podría yo
ampliar la información, aunque ahora sí podría decir, en una frase, que
el impacto del recorte en el presupuesto del Ministerio, respecto al que
se han barajado cifras muy diferentes, sinceramente no creo que sea
fundamental y espero que los programas previstos para el año 1995 se
puedan desarrollar con toda normalidad, aunque es cierto que el
Ministerio va a tener un presupuesto algo menor del que inicialmente
habíamos previsto.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Llardén.

(El señor Posada Moreno pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Posada, a efectos de solicitar alguna
aclaración concreta, si es que lo estima pertinente.




El señor POSADA MORENO: Señor Presidente, solamente para agradecer las
contestaciones del Subsecretario y aceptar la interpretación del
Presidente para que en una próxima convocatoria se nos amplíe la
información sobre el recorte, puesto que queda claro que para todos es
ahora mismo el problema más importante.

Unicamente queríamos hacer notar al Subsecretario que toda la labor
presupuestaria que se lleve a cabo, todo el rigor que se aplique, si esos
déficit de empresas públicas, de organismos autónomos de los que hemos
hablado, no se controlan con un rigor mucho mayor, los esfuerzos que se
hacen en los demás campos quedan al final completamente inútiles por este
déficit enorme de empresas públicas y organismos autónomos.




El señor PRESIDENTE (García Ronda): A efectos de un breve turno del resto
de los grupos parlamentarios, ¿quiénes quieren tomar la palabra?
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a ser muy breve, señor Presidente.

La verdad es que la información que se nos ha suministrado por parte del
Ministerio es bastante exhaustiva, programa a programa. Solamente me
gustaría solicitar una serie de datos, cuando puedan estar a mano del
propio Ministerio, y después recabar las razones en cuatro temas
concretos de la propia evolución presupuestaria.

El tema de los organismos autónomos aquí está recogido a nivel de
transferencias --organismos autónomos tanto administrativos como
comerciales, como los entes públicos-- y espero que podamos tener la
información cuando se produzca el cierre en cada uno de ellos.

Tengo que reconocer que las modificaciones presupuestarias de este
Ministerio se han contenido en una cifra bastante importante; la
modificación presupuestaria está alrededor del 5 por ciento. De todas
formas me gustaría hacerle dos preguntas sobre el tema de las
modificaciones de crédito, que afectan aproximadamente a unos 62.000
millones de pesetas: la posibilidad de tener acceso --al igual que otros
Ministerios nos lo han aportado-- a la distribución de estas
modificaciones de crédito, entendiendo la clase de la modificación, es
decir, lo que son ampliaciones de crédito, lo que son incorporaciones de
crédito, lo que son transferencias de crédito, nuevas generaciones de
crédito, suplementos o variación, de tal forma que pudiéramos conocer qué
evolución han tenido, o bien por capítulos, o bien por programas, como a
ustedes les sea más fácil.

En cuanto a las modificaciones, solamente dos preguntas dirigidas a unas
minoraciones de crédito, sobre todo en dos programas. El Programa 431 A,
lo que es promoción, administración, rehabilitación y acceso a la
vivienda, en el capítulo VII tiene una reducción de 1.950 millones de
pesetas. Es un volumen importante si lo comparamos con la cifra original
de la previsión. El propio presupuesto de ese Programa 431 A tenía un
volumen para este capítulo VII muy alto; la cifra no es que sea en
cuantía muy importante, pero son 1.950 millones los que se han reducido.

Luego, en los capítulos VIII y IX, hay una reducción de 290 millones de
pesetas. La verdad es que la cifra es pequeña, pero quisiera saber qué
parte pertenece al capítulo VIII y cuál al capítulo IX.

En cuanto a la infraestructura del transporte ferroviario, en el capítulo
VI hay una minoración de 8.949 millones de pesetas. La verdad es que
luego en el capítulo VII hay un



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incremento de 9.000 millones, por lo que se decide reducir la inversión
propia y paralelamente se va a actuar a nivel inversor desde otros
agentes; previsiblemente sea eso. Si es así, no habría ningún problema.

En todo caso, me gustaría saber a qué obedece ese movimiento.

En cuanto a la actuación por artículos, es verdad que a la hora de
movernos en la evolución del presupuesto, en los grandes capítulos hay
una ejecución importante o alta, pero sobre todo en el capítulo de
inversión, a nivel de obligación reconocida, el capítulo VI tiene una
diferencia importante. Es verdad que la cifra comparada con el año
anterior --obligación reconocida, insisto; me estoy refiriendo solamente
a obligación reconocida-- es superior a la del año 1993, unos 30.000
millones de pesetas más. Sin embargo, si la comparamos con los créditos
finales del año 1994 la distancia es de unos 60.000 millones de pesetas.

La verdad es que vienen a cuadrar las cifras con eso que llaman el
reajuste, el recorte, la no ejecución o el aplazamiento de la ejecución
de unos 54.000 millones de pesetas de esos 150.000, pero me gustaría
conocer a qué se debe esta contención de la obligación reconocida.

En el capítulo VII hay una reducción, sobre el año 1993, de obligación
reconocida. El año pasado se tuvo una obligación de 212.000 millones y
este año 196.000 millones. También es verdad que en origen los créditos
finales del año 1994 son menores que los del año 1993.

Estas eran, por tanto, solamente sobre los capítulos VI y VII, las
precisiones que yo quería obtener del señor Subsecretario.

Por último, en cuanto a las obligaciones reconocidas, voy a dirigirme a
tres o cuatro programas muy concretos, por el peso que tienen. En el
mismo Programa de rehabilitación y acceso a la vivienda, los capítulos
VIII y IX tienen un grado de obligación reconocida bastante reducido;
sobre todo el capítulo VIII --el IX no tiene esa realidad-- tiene una
obligación reconocida bastante distante con la realidad con las demás. ¿A
qué obedece esa evolución de obligación reconocida tan reducida en
comparación con lo que son los demás capítulos?
En el mismo Programa 432 A, que hace referencia a la ordenación y fomento
de la edificación, evoluciona exactamente igual, en cifras muy pequeñas,
la obligación reconocida, tanto en el capítulo VI como en el VII. Todo lo
que es la Dirección General de la Vivienda y Arquitectura, el Programa
432 A, tiene un crédito final en el año 1994 de 2.300 millones y una
obligación reconocida de 1.100, menos del 50 por ciento. En el capítulo
VII, de 1.100 millones a 406, menos del 50 por ciento. ¿A qué se debe esa
obligación reconocida tan baja en este Programa de ordenación y fomento
de la edificación?
Igual pasa con la protección y mejora del medio ambiente, en el Programa
443 D, capítulo VI, que hay una distancia importante entre la inversión
de crédito final, inclusive en comparación con el año pasado, y una
actuación de obligación reconocida bastante contenida.

Estas serían las preguntas, junto con los programas dirigidos a la
planificación y concertación territorial, todo lo que es ordenación
territorial, que también tiene una evolución este Programa, en concreto
el 511 E, una obligación reconocida bastante corta con relación al año
anterior; no en relación, en este caso, al crédito final, sino con el año
pasado. En el año 1993, todos los capítulos (capítulo I, capítulo II,
capítulo VII: todos) tenían una obligación reconocida mayor a este año.

Me imagino que la planificación y la concertación territorial urbana está
supeditada a muchas actuaciones que no son solamente de la propia
Administración. Igual pasa con los capítulos II y VI, del mismo programa,
en la página siguiente. Termino, señor Presidente, con el mismo Programa
en la página que se refiere los capítulos II y VI, en que la obligación
reconocida está en 271 millones de pesetas en el año 1994, de una
previsión de 571.

En suma, todas las preguntas van dirigidas a la evolución que han tenido
los capítulos VI y VII en algunos casos, en otros casos el VIII, que en
obligaciones reconocidas dista bastante de la realidad de previsión
inicial.

En todo caso, como el señor Presidente ha hablado de que lo que puede ser
la información sobre el recorte o reajuste se va a hacer en otro momento
posterior, si pudiéramos tener para ese momento, igual que ahora se nos
ha aportado, una documentación previa, la comparecencia podía ser mucho
más rápida.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra, por el Grupo
Socialista, el señor Jerez.




El señor JEREZ COLINO: En principio, el reconocimiento del Grupo
Socialista al Ministerio por la ejecución del presupuesto de 1994. No
cabe duda de que es un Ministerio que tiene una peculiaridad, y es que
los capítulos I y II suman algo más del 5 por ciento, mientras que las
inversiones están alrededor del 60 por ciento, lo que indica que las
posibilidades y la capacidad de gestión deben ser muy altas y, por tanto,
junto con el reconocimiento de la buena gestión del año 1994, sería bueno
que el Subsecretario expresara a su Ministerio, colaboradores y
funcionarios, ese reconocimiento que se hace desde el Grupo Socialista.

Decir también que, a la vez que se produce una inversión en mucho nivel,
coinciden dos elementos que pudieran ser contradictorios en el ejercicio
de 1994: por un lado, las inversiones son récord en este ejercicio 1994
y, por otro, existe en los capítulos I y II una disminución, lo que
indica también un esfuerzo especial en este ejercicio, que intenta ir por
la situación de austeridad pedida desde todos los puntos y, a la vez,
aumentando la eficacia, puesto que al ser un año récord indica que ha
habido más trabajo, por decirlo de alguna forma, dentro de la propia
gestión del Ministerio.

Como por parte de todos los grupos se han hecho ya muchas preguntas, yo
quisiera añadir sólo algunas que han sido objeto de preocupación durante
bastante tiempo. No sé si el señor Subsecretario tendrá la documentación
a mano, pero imagino que, como ha sido elemento de muchos movimientos
internos y de muchas preguntas, tendrá posibilidad de responder.

Me estoy refiriendo a tres preguntas en concreto. En primer lugar, cuál
es la situación de la licitación en 1994 y



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su grado de cumplimiento respecto a los objetivos trazados por el propio
Departamento. Este ha sido normalmente un caballo de batalla durante
todos los ejercicios y creo que desde el Grupo Socialista es interesante
que se haga para conocer cómo se ha producido este grado de licitación.

Hemos asistido durante muchos ejercicios al pago de las expropiaciones
como una reivindicación que se hacía al Ministro y a los distintos cargos
que han comparecido, y en estos momentos no debemos dejarlo en el olvido
sino preguntar desde mi Grupo cómo va en el ejercicio 1994 el pago de las
expropiaciones.

Por último, hemos escuchado también en muchos momentos las quejas de
empresarios de la construcción respecto a la demora en el pago de sus
certificaciones, que en muchos casos suponía, no cabe duda, gastos
financieros a las empresas. Evidentemente, al retrasarse más de lo debido
ello suponía a veces dificultades a la hora de hacer la revisión final de
sus ejercicios.

Por eso también quería preguntar cómo se encuentra en estos momentos el
pago de atrasos a empresarios, la situación actual de los pagos y cuál es
el tiempo que media desde que se extiende la certificación, si es que eso
es posible, hasta que los empresarios tienen en su poder el pago de esas
certificaciones. Creo que han sido tres elementos muy debatidos y sería
interesante que en estos momentos nos los aclarara.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el Ilmo. señor
Subsecretario de Obras Públicas.




El señor SUBSECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y MEDIO AMBIENTE
(Llardén Carratalá): Intentaré contestar con celeridad las cuestiones que
me han planteado, primero el Diputado señor Ríos, por Izquierda Unida, y
después el Diputado señor Jerez, por el Grupo Socialista.

Yendo por orden, contestaré en primer lugar a los temas que me planteaba
el señor Ríos. Ya había comentado al contestar a don Jesús Posada,
portavoz del Partido Popular, que esta información de organismos
autónomos vendrá en el momento en que formalmente el Ministerio disponga
de ella. No hay inconveniente en hacerla llegar y comentarla en la
Cámara.

Ya había contestado en parte al tema de las modificaciones, pero lo
amplío sin ningún problema. De las modificaciones del Ministerio, he
dicho que eran 76.000 millones, muy inferiores a las del año 1993 --no he
dado antes la cifra, la doy ahora--, que fueron de 183.000 millones de
pesetas; o sea, que hemos bajado de 183.000 a 76.000 millones.

Efectivamente, las modificaciones pueden ser por varias razones. Pueden
ser por incorporaciones. En este caso concreto son 53.084 millones de
pesetas, que serían los expedientes normales que en el momento de
finalizar el ejercicio quedan, como si fuera una foto fija, interrumpidos
en el Ministerio y se incorporan al ejercicio siguiente.

Lo pueden ser también por créditos extraordinarios o suplementos de
créditos: créditos extraordinarios cuando no exista partida en el
presupuesto o suplemento de crédito si ya tenemos partida en el
presupuesto.

Pues bien, bajo este epígrafe conceptual encontraríamos en el año 1994
créditos extraordinarios por valor de 10.975 millones de pesetas, de los
cuales el 99 por ciento se explica por FEVE. Es decir, el cierre de los
ejercicios de FEVE de los años 1989 y 1990 que, como conoce el señor
Diputado, va siempre con retraso en la medida en que tiene que ser
auditado, posteriormente va al Tribunal de Cuentas y a la Intervención
General del Estado y hasta que los tres organismos no determinan el
cierre contable no procede el Ministerio a finalizar el pago formal.

Estos nueve créditos extraordinarios fueron aprobados por el propio
Parlamento, como es lógico.

Tenemos también en este caso una transferencia de crédito interna dentro
del presupuesto. Por tanto, no es ni una ampliación ni un suplemento ni
una incorporación. Es cambio de partida de la Sección 31 a la Sección 17
en el caso de la transferencia que se hace cada año a la Compañía
Trasmediterránea, que en el año 1994 fue por valor de 3.853 millones de
pesetas, para hacer frente a los compromisos del contrato que tiene
firmado el Estado con la Compañía en la medida en que ésta ejecuta, como
bien conoce usted, una serie de servicios de carácter público. En este
caso, por razones de tipo presupuestario que incluso se me escapan, esto
es inicialmente presupuestado por Hacienda en la Sección 31 y, a lo largo
del ejercicio, se transfiere al presupuesto del Ministerio.

Nos encontramos después fundamentalmente con una ampliación de crédito
por Seguridad Social de 2.957 millones de pesetas y 2.663 millones de
pesetas por subvención al tráfico aéreo, al cual antes hemos hecho
referencia al contestar las preguntas del Grupo Popular.

También me preguntaba el Diputado de Izquierda Unida, señor Ríos, por
generación de crédito. Por este concepto hemos modificado presupuesto por
un valor total de 1.300 millones de pesetas. Todo lo que he dicho,
sumado, aproximadamente da los 76.000 millones. Puede faltar alguna
pequeña partida, pero ésos son los principales conceptos que explican los
76.000 millones que, como digo, son muy inferiores a los 183.000 del año
1993.

Me planteaba también algunas diferencias en menos en el presupuesto del
Programa 431 A, en temas de vivienda, de subvenciones, en los capítulos
7, 8 y 9. La explicación, al margen de que busquemos el detalle, que yo
no tengo en este momento, es que son programas de subvención a terceros,
a familias, etcétera, que siguen un ritmo que no controla exactamente el
Ministerio, ya que dependen de las calificaciones de las comunidades
autónomas, de los trámites bancarios, etcétera, y el Ministerio va
suministrando estos créditos en función de cómo llega en la
documentación. Por tanto, el hecho de que a veces se vaya algo más lento
o algo más rápido no es tanto un fenómeno de fondo como una cuestión
burocrática administrativa.

En el caso del capítulo 6, de infraestructura ferroviaria, me señalaba
una disminución de 8.900 millones de pesetas, que él mismo dice que muy
probablemente debe haber ido a ejercerse por parte de un ente público.

Este ha sido el motivo, efectivamente. Se transfirió del programa del
Ministerio



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al programa de Renfe y, por tanto, se transformó en una subvención de
capital. Fundamentalmente porque el año 1992, si no me equivoco, fue el
momento en que se dividió, si se me permite la expresión, como el Tratado
de Tordesillas, la infraestructura que hacía el Ministerio y la
infraestructura que hacía Renfe. Hay aún flecos pendientes y a lo largo
del año 1994 se entendió que una parte de este esfuerzo de
infraestructura correspondía aún a Renfe y, por tanto, se transfirió a
Renfe el dinero preciso para hacer frente a esta cuestión.

El programa, por tanto, no ha disminuido en el fondo su cantidad;
simplemente, se ha ejercitado por parte de un agente diferente, como
usted bien suponía.

Me decía que en el capítulo 6, si bien el grado de cumplimiento de los
OCAP podía parecer correcto, era inferior al de los créditos finales. Ya
he comentado al principio, en mi respuesta al portavoz del Partido
Popular, que el entonces artículo 10 de la Ley General Presupuestaria
exige a la Administración que las obligaciones reconocidas al final del
ejercicio no sean superiores a los créditos iniciales. El Ministerio en
su conjunto se ha adaptado, yo casi diría milimétricamente, a este
mandato legal, de forma que las obligaciones reconocidas al final del
ejercicio fueron de un billón 258.000 millones, a comparar con el crédito
inicial, que era un billón 261.000 millones; es decir, prácticamente
hemos cuadrado al 99,8 por ciento.

Esto es lo que explica que, efectivamente, comparándolo con el crédito
final, sí que hay una cierta diferencia. La respuesta es que nos hemos
atenido al tope legal y aunque hubiéramos querido hacer más no hubiéramos
podido. En todo caso, la diferencia está, efectivamente, en el remanente
que ha sido objeto de recorte en el ejercicio de 1995, al cual ya me ha
indicado el Presidente que nos referiremos en otra comparecencia que su
propio Grupo tiene pedida.

Me hacía algunas referencias también al programa de rehabilitación de
vivienda, al que en parte he contestado. También en los temas de vivienda
básicamente hay una actuación mediante subvenciones a terceros o
intervenciones a través de ayuntamientos o comunidades autónomas, o del
propio Ministerio de Cultura, lo cual hace que muchas veces el grado de
ejecución sea inferior al grado de compromiso, derivado de cuestiones más
de funcionamiento administrativo, no imputable, ni para bien ni para mal,
al propio Ministerio, sino a terceros. No obstante, intentaría darle
alguna información más detallada sobre estas partidas.

Respecto al tema del presupuesto para medio ambiente ya he explicado que
el grado de ejecución --algo más bajo que el del año 1993-- se explica,
en parte, porque realmente ha gastado más dinero, ya que ha tenido mucho
más presupuesto. Es decir, se ha expandido el presupuesto en medio
ambiente y no se ha ejecutado al cien por cien porque el incremento había
sido muy elevado, casi un 30 por ciento.

Finalmente, en cuanto al programa de planificación, los créditos
iniciales de dicho programa no se han ejecutado al cien por cien. La
respuesta fundamental es que, dentro del programa de austeridad del
Ministerio --al que antes hemos hecho referencia en relación a los
capítulos 1 y 2--, una parte importante de estos trabajos que se
subcontrataban se han encargado a personal del propio Ministerio, lo cual
nos ha permitido un cierto ahorro en materia de créditos, y tambièn es
cierto que la finalización de algunos importantes trabajos, como, por
ejemplo, el Plan Director de Infraestructuras, que está ya analizando la
Comisión de Infraestructuras, hace que una parte del volumen de estudios
que se necesitaban no haya sido necesario para el año 1994. Posiblemente,
señor Ríos, habré olvidado responder a alguna cuestión, pero creo que he
recogido las preguntas fundamentales.

Paso a comentar las consideraciones que ha hecho el portavoz del Grupo
Socialista, el Diputado señor Jerez. Los capítulos 1 y 2 han quedado
perfectamente explicados, así como todo lo relativo a las inversiones. Se
refería S. S. a tres cuestiones que concretamente han sido objeto de
debate, si no tanto en esta Comisión sí en la de Infraestructuras cada
vez que algún miembro del Ministerio o yo personalmente hemos
comparecido. Voy a intentar dar a S. S. la información concreta y
escueta.

Para el año 1994 la licitación total del Ministerio, sin organismos
autónomos, ha sido de 791.000 millones de pesetas. Esta es una licitación
récord. Es el año que el Ministerio de Obras Públicas más ha licitado en
toda su historia, por encima de los años 1989 y 1990, que fueron los de
mayor licitación. Solicitaba S. S. conocer el grado de cumplimiento.

Tengo que decirle que la licitación objetivo del Ministerio --es un
objetivo interno, no presupuestario, evidentemente, como el señor Jerez
bien señalaba-- era de 780.000 millones; por tanto, ha sido incluso un
poco superior a la que habíamos previsto. Si SS. SS., más adelante, lo
estimaran oportuno les haría llegar una información más detallada por
centros directivos para que conocieran cómo ha ido esta licitación. Una
gran parte, lógicamente, se explica por la Dirección General de
Carreteras. Ha sido una licitación récord y el Ministerio ha obtenido,
por tanto, un grado de licitación que debe pensarse que es el que liga
realmente con el presupuesto del año 1995, ya que, en término medio, lo
que licitamos en un año es lo que se contrata y se empieza a ejecutar a
partir del siguiente año.

Como dato complementario --el otro día lo comentaba precisamente con los
medios de comunicación-- hay que entender que una variable que hasta
cierto punto liga con esta cifra de licitación es la cartera de pedidos
que el sector tiene con el Ministerio. Pues bien, a 31 de diciembre del
año 1993 la cartera de pedidos que el sector tenía con el Ministerio era,
en números redondos, de 695.000 millones de pesetas y la cartera de
pedidos que el sector tenía con el Ministerio a 31 de diciembre de 1994
era de 835.000 millones de pesetas. Es decir, que la cartera se ha
incrementado en este lapso de tiempo en unos 135.000 o 140.000 millones
de pesetas.

En cuanto a la cifra pagada por expropiaciones, en el ejercicio del año
1994 se habían previsto en el presupuesto --era la primera vez que
teníamos una partida presupuestaria-- 51.000 millones de pesetas y hemos
terminado realizando 60.000 millones de pesetas. Cabe decir, por lo
tanto, que en este momento no hay ninguna deuda histórica aplazada en el
pago de expropiaciones, simplemente se va



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pagando al mismo ritmo que el trámite legal impone a la expropiación, lo
cual quiera decir que no es que se pague al día siguiente sino que hay
que hacer --como los Diputados bien conocen-- una serie de trámites
legales de acuerdo con la Ley de Expropiación Forzosa, pero en cuanto el
proceso administrativo y legal está determinado el Ministerio paga
inmediatamente.

Para el año 1995 tenemos una previsión de unos 47.000 millones, algo
menor, porque entendemos que va a haber menos expropiaciones que obliguen
a este pago. Por lo tanto, señor Diputado, vamos absolutamente al día en
el pago de expropiaciones.

En el pago de incidencias con constructoras, derivadas de modificaciones
de contrato o de obras complementarias, todo lo que sea un modificación
de la obra, en el año 1994 se tenía prevista en presupuesto una cantidad
de 90.000 millones para pago de incidencias y se han pagado 102.000
millones de pesetas. Ello quiere decir también que no mantenemos con el
sector ninguna deuda viva, es decir, que se van pagando las incidencias
en la medida --los franceses dirían «au fur et à mesure»-- que van
llegando, vamos pagando la incidencia de acuerdo con los trámites
normales.

Cuando hablamos de que pagamos incidencias queremos decir que en todo
momento tenemos en el Ministerio un saldo vivo de expedientes pendientes
de aprobación, desde el punto de vista administrativo. Como saben SS. SS,
la aprobación sigue una serie de trámites, como el informe técnico, el
informe económico, el informe de la Intervención del Estado, etcétera. A
31 de diciembre --y éste es un dato importante-- cuando hicimos el
balance del Ministerio teníamos expedientes de incidencias pendientes de
aprobación por valor de unos 68.000 millones de pesetas, para ser exactos
eran 68.131 millones, y el saldo vivo de anticipos que el Ministerio
había dado al sector (saben que en el momento en el que se firma un
contrato el contratista tiene derecho por ley a un determinado tanto por
ciento de adelanto para acopio de materiales, maquinaria, etcétera) era
de 83.579 millones. Es decir, que estamos manteniendo a lo largo del año
1994 lo que fue el objetivo del Ministerio de que en todo momento el
saldo de anticipo al sector fuera igual o incluso mayor a la «deuda»,
entre comillas, que el sector en cada momento puede mantener. No es que
sea deuda sino la deuda flotante que toda actividad comercial genera.

Ello quiere decir, por lo tanto, que con el sector no tenemos ninguna
deuda histórica aplazada y que el Ministerio va pagando de forma
absolutamente correcta.

Ligando con lo anteriormente expuesto, la tercera y última pregunta
formulada a S. S. relativa al plazo de pago de certificaciones, tengo que
decirle que el tiempo que transcurre entre que un ingeniero a pie de obra
certifica que se ha hecho un determinado trabajo y la Dirección General
del Tesoro da un talón o el comprobante para ir al Banco de España es de
61 días. Esto ha ocurrido en el año 1994, en media ponderada. Hay que
compararlos con los 70 días del año 1993 y los 90 días del año 1992 y,
por descontado, con los muchos días --en algunos casos son meses-- que
otras administraciones, por desgracia, utilizan. Por consiguiente, en
este momento el Ministerio está pagando absolutamente en términos
correctos al sector en lo que son las certificaciones de la obra
contratada y, en lo que son las incidencias, las está liquidando,
administrativamente hablando, en un tiempo medio en dinero inferior al
del propio anticipo que en cada momento el Ministerio da. Ello quiere
decir --si me permiten la expresión-- que en términos bancarios el papel
del Ministerio se cotiza bien y los bancos lo admiten fácilmente, sin
certificaciones del Ministerio, como instrumento de cambio.

Creo que he contestado a la mayor parte de las cuestiones que me había
planteado el portavoz del Grupo Socialista.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para un brevísimo turno con el
fin de aclarar alguna cuestión, si SS. SS. así lo estiman, tiene la
palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Solamente me voy a referir a una cuestión sobre
el Programa 432 A, relativo a la ordenación y fomento de la edificación,
yo le he preguntado, no por las transferencias de capital, sino la propia
inversión. En cuanto a la inversión yo le he dicho que este Programa está
a menos del 50 por ciento de los créditos iniciales. En todo caso, si en
este momento no tiene la información, nos la puede facilitar por escrito.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
Llardén.




El señor SUBSECRETARIO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES Y
MEDIO AMBIENTE (Llardén Carratalá): En este momento no tengo el dato
concreto. Tiene razón S. S., me hacía referencia a 1.100 millones y no
tengo la nota aquí, pero intentaré darle la información exacta de por qué
en este programa concreto, en el capítulo 6, ha existido esta diferencia.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Gracias, señor Llardén. Termina
su comparecencia en este punto número 2 del orden del día.

Señorías, vamos a suspender la sesión hasta las 18 horas 15 minutos, en
que trataremos los puntos 4 y 5, con sus correspondientes votaciones,
para pasar después al punto número 3 del orden del día.




Se reanuda la sesión.




--RATIFICAR LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY SOBRE
CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 3.000.000.000 DE
PESETAS, PARA SATISFACER LA CONTRIBUCION ESPAÑOLA AL CENTRO EUROPEO DE
INVESTIGACION NUCLEAR (CERN) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1994. (Número
de expediente 121/000082.)



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El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señoras y señores Diputados, se
reanuda la sesión con la ratificación de la Ponencia designada para
informar el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario
por importe de 3.000.000.000 de pesetas, para satisfacer la contribución
española al Centro Europeo de Investigación Nuclear correspondiente al
ejercicio 1994.

¿Se ratifica la Ponencia? (Asentimiento.)
Por unanimidad, se ratifica la Ponencia.




--DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, EL PROYECTO
DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE
3.000.000.000 DE PESETAS, PARA SATISFACER LA CONTRIBUCION ESPAÑOLA AL
CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACION NUCLEAR (CERN) CORRESPONDIENTE AL
EJERCICIO 1994. (Número de expediente 121/000082.)



El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): A continuación pasamos a la
votación correspondiente al informe emitido por la Ponencia, a fin de
dictaminar el proyecto de ley sobre concesión del crédito mencionado
anteriormente.




Efectuada la votación, dijo:



El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por unanimidad, queda aprobado el
informe de la Ponencia de dicho proyecto de ley.




COMPARECENCIAS (CONTINUACION):



--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (NAVARRO LOPEZ),
PARA QUE DE CUENTA DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE LA SECCION 19 DEL
CITADO MINISTERIO A 31-12-94, PREVIA REMISION DE INFORME. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001316.)



El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Pasamos al punto número 3 del
orden del día, que es la comparecencia del señor Subsecretario de Trabajo
y Seguridad Social.

Tiene la palabra el señor Navarro López, Subsecretario de Trabajo y
Seguridad Social, a efectos de la comparecencia solicitada por el Grupo
Parlamentario Popular.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Señor Presidente, señorías, hace aproximadamente cinco meses, exactamente
el pasado 3 de octubre, comparecía en esta Cámara y ante esta Comisión
para informar de la ejecución del presupuesto a 30 de junio, tal y como
fue solicitado por el Grupo Parlamentario Popular. Hoy lo hago a
solicitud del mismo Grupo y para el mismo tema, si bien la referencia de
la ejecución presupuestaria abarca todo el año 1994, lo que me permite un
análisis algo más exhaustivo. Entonces expresé, y nadie adujo opinión
contraria, que un compromiso del crédito y unas obligaciones reconocidas
sobre el crédito actualizado a dicha fecha del 46,8 y 45,4 por cien,
respectivamente, eran cifras más que aceptables, especialmente si se
considera que, tradicionalmente, durante la segunda parte del año es
cuando se produce un mayor volumen de realizaciones. Pues bien, con datos
a 31 de diciembre, puedo afirmar que los pronósticos que entonces
expresaban los datos disponibles han evolucionado en la línea programada,
de modo que, sin duda alguna, pueden ser calificados de francamente
positivos, tanto en su versión orgánica como económica y funcional. A
todo ello dedicaré el grueso de mi intervención ante esta Comisión, pero
antes me van a permitir SS. SS. una breve explicación sobre el informe
que, precediendo a mi comparecencia, fue remitido por mi Departamento el
pasado día 20 a esta Comisión.

El informe sobre evaluación de la ejecución del presupuesto de la
totalidad de la Sección 19, a 31 de diciembre de 1994, tiene un carácter
provisional y de avance de resultados, en la medida en que la obligación
legal de remitir las cuentas a la Intervención General de la
Administración del Estado, para su posterior rendición al Tribunal de
Cuentas, es antes del 1 de abril del año siguiente al que se refiere. En
consecuencia con lo anterior, el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, sus organismos autónomos y ente público preparan la documentación
que da soporte para la rendición de las cuentas en función de los límites
legales de temporalidad establecidos. De ahí el carácter de avance y
provisionalidad que tiene el informe remitido, que, no obstante la
premura, supone un esfuerzo para dar satisfacción a la petición de la
Comisión, de modo que los datos facilitados pueden considerarse
fidedignos en un nivel que prácticamente hará coincidir los mismos con
los de la liquidación definitiva del presupuesto.

En todo caso, señorías, esa provisionalidad --y es algo que me interesa
resaltar ante ustedes de modo que les despeje cualquier prevención sobre
los datos-- se basa en información proporcionada por la contabilidad
presupuestaria.

Con el fin de dar una visión completa y a su vez relevante, al tiempo que
ayude a SS. SS. a comprender la situación real del Departamento desde un
punto de vista presupuestario y de ejecución, el análisis se estructura
básicamente en dos grandes apartados: en primer lugar, análisis de las
grandes cifras, centrando la atención en el desglose del presupuesto
consolidado del Departamento, desde una perspectiva económica y por
grandes áreas de actuación; en segundo lugar, análisis por centros
gestores (Ministerio, Inem, Fondo de Garantía Salarial, Instituto
Nacional de Fomento de la Economía Social, Instituto Nacional de
Seguridad e Higiene en el Trabajo y Consejo Económico y Social),
presentando la información en todos los casos desde la vertiente de
ingresos, salvo en el Ministerio, y de gastos. En este último caso se
observan, a su vez, desde



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una doble perspectiva, económica y funcional, delimitada esta última por
grandes áreas de actuación para descender, finalmente, a programas de
gasto.

Entrando en el análisis de las grandes cifras de forma somera, quiero
decir a SS. SS. que se observa que el crédito inicial asignado al
Departamento de Trabajo y Seguridad Social a 1 de enero, que era de 3
billones 451.157 millones de pesetas, se ha visto incrementado en 57.759
millones de pesetas a través de diferentes modificaciones presupuestarias
que han situado el crédito definitivo a 31 de diciembre en 3 billones
508.916 millones de pesetas. (El señor Vicepresidente, Ortiz González,
ocupa la Presidencia.)
A este respecto conviene recordar que a lo largo del ejercicio se han
aprobado un total de 111 expedientes de modificaciones presupuestarias,
que han afectado a un importe de 105.434 millones de pesetas, de los que
algo más de la mitad, un 54,8 por ciento, han incrementado realmente el
presupuesto.

Desde el punto de vista de la evolución de los créditos puede señalarse,
señorías, que esta variación, un 1,7 por ciento, tiene escasísima
significación. Incluso desde el punto de vista del impacto de estas
modificaciones de crédito sobre el déficit público tampoco puede decirse
que la evolución de los créditos de la Sección 19 haya contribuido
significativamente a una desviación respecto a las necesidades de
financiación del Estado.

En conclusión, señorías, puede afirmarse que las variaciones de crédito
existentes entre el inicial y el actualizado apenas modifican el mandato
original aprobado en Cortes Generales a través de la Ley de Presupuestos
para el año 1994 y, obviamente, en la parte que lo hacen es con el amparo
legal correspondiente. En todo caso, del aumento operado en el
presupuesto, 45.780 millones, el 79,3 por ciento del mismo ha sido
convalidado por esta Cámara.

Sentadas las bases anteriores, avanzo que el grado de la ejecución para
el Departamento ha alcanzado el 99 por ciento, lo que indica un alto
grado de realización y una gestión eficaz.

Las obligaciones reconocidas ascendieron a un importe de 3 billones
474.194 millones de pesetas.

Señor Presidente, señorías, después de esta visión global y rápida del
Departamento en su conjunto, me van a permitir que abuse de su tiempo y
su benevolencia para completar el análisis, en línea con mi exposición
inicial, con una visión pormenorizada de síntesis de todos y cada uno de
los centros gestores que conforman el Departamento.

Quiero recordarles, aunque SS. SS. lo conocen perfectamente, que estamos
hablando de la ejecución de un crédito que supone el 18,5 por ciento del
presupuesto del subsector Estado, más del 10 por ciento del total de los
Presupuestos Generales del Estado y el 4,5 por ciento del producto
interior bruto.

Entrando ya en el análisis de los centros, desde la perspectiva
económico-funcional y con referencia, en primer lugar, al Ministerio,
debo decirles que el Ministerio, con un presupuesto consolidado que
ascendía en enero a un billón 52.252 millones de pesetas, ha pasado a un
billón 56.274 millones como consecuencia de las modificaciones de crédito
aprobadas.

Desde el punto de vista de la ejecución cabe destacar que se han
reconocido obligaciones por el 99,5 por ciento del presupuesto, tal y
como cabía esperar de la evolución y dinámica de la gestión a lo largo
del ejercicio.

Unicamente destaca el bajo grado de ejecución de las operaciones de
capital, tanto en lo que se refiere al capítulo 6 como al 7. Aunque más
adelante volveré sobre las causas de esta menor ejecución, avanzo la
incidencia que en ello ha tenido el límite de reconocimiento de
obligaciones.

Los créditos para gastos de personal, capítulo 1, se han incrementado
globalmente en 387 millones de pesetas. Ese incremento se debe a la
transferencia de crédito recibida de la Sección 27, Ministerio de Asuntos
Sociales, como consecuencia de la integración de las estructuras
periféricas de ambos Ministerios y una ampliación por importe de 150
millones destinada a cubrir otras insuficiencias. La ejecución, en fin,
del capítulo 1 asciende al 96,9 por ciento del presupuesto, lo que da
idea de la correspondencia de los créditos con los efectivos de personal,
aunque haya pequeñas variaciones en la comparación por artículos y
conceptos.

En cuanto a gastos corrientes en bienes y servicios, capítulo 2, el
presupuesto se ha incrementado en 91 millones de pesetas como
consecuencia de la transferencia también de crédito recibida de la
sección 27, por la integración de las estructuras periféricas de los
Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y Asuntos Sociales, como he
dicho anteriormente, la incorporación por gastos comprometidos antes del
30 de noviembre de 1993 y otras.

El crédito final arroja un montante en el capítulo 2 del Ministerio de
5.644 millones y la ejecución asciende a 5.364 millones de pesetas, lo
que representa el 95 por ciento.

Las transferencias corrientes efectuadas a los organismos autónomos y
entes públicos adscritos al Departamento para financiar sus actividades
ascienden a 961.977 millones de pesetas y el nivel de ejecución
alcanzados es del 99,3 por ciento del total del crédito. El límite de
reconocimiento de obligaciones supuso la no disponibilidad de 6.820
millones que, de haberse podido aplicar, hubiera elevado las
realizaciones al 100 por ciento del crédito.

Debemos mencionar también que en las transferencias de capital internas,
con una dotación actualizada de 6.162 millones de pesetas, las
realizaciones fueron de 4.985 millones, que representan el 80,9 por
ciento, si bien sufrieron también una no disponibilidad de 1.025
millones, que de haberse podido realizar llegarían al 97,5 por ciento. La
realización de estos créditos, señorías, está en función de las
certificaciones de obra que aportan los organismos.

Para transferencias a la Seguridad Social el presupuesto final fue de
546.960 millones de pesetas para financiar sus distintas prestaciones. El
nivel de realización alcanzado es del 99 por ciento en correspondencia
con las previsiones.

El préstamo aprobado a favor de la Seguridad Social, por 345.000
millones, fue hecho efectivo en su totalidad, igualmente acorde con las
previsiones y por dozavas partes.




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Para las transferencias corrientes externas a entidades tanto públicas
como privadas, familias e instituciones sin fines de lucro, fue aprobado
un crédito global por importe de 129.972 millones de pesetas. El nivel de
realización se sitúa también, señorías, en el 97,6 por ciento.

Para inversiones reales la dotación inicialmente asignada, de 1.044
millones de pesetas, se vio incrementada en 349 millones como resultado
de diversas transferencias de crédito que ha sido financiadas con cargo a
créditos de la Sección 31 y otras, llegando a un total de 1.393 millones.

Aunque el nivel de realización alcanzado se sitúa por debajo del
deseable, el 80,5 por ciento respecto del presupuesto final, el grado de
compromiso alcanzado mejora sensiblemente la situación al llegar a 1.216
millones, y en ese caso 87,3 por ciento. El bajo nivel de realización, en
todo caso, vendría motivado por lo dilatado de los procesos de
contratación y ejecución de las obras y la tardía aprobación de las
generaciones y transferencias de crédito.

Para transferencias de capital externas, el presupuesto inicialmente
asignado de 834 millones de pesetas se ha visto disminuido hasta 306
millones, como consecuencia de distintas modificaciones de crédito.

La ejecución de estos créditos no se lleva a cabo tanto por vía de
reconocimiento de obligaciones como mediante transferencias a otros
Departamentos Ministeriales, que son quienes ejecutan las acciones
aprobadas por el Fondo Social Europeo. La ejecución en este caso se sitúa
en el 86,5 por ciento.

En lo que se refiere al Instituto Nacional de Empleo, en el análisis de
los ingresos del Inem debo mencionar, en primer lugar, que el porcentaje
de realización respecto de la previsión es muy alto, cercano al 100 por
ciento (99,5 por ciento).

Refiriéndonos a las partidas más representativas, nos encontramos con que
en las cotizaciones sociales (cuotas de desempleo y formación
profesional) la recaudación supera las previsiones en la primera cuota,
cuota de desempleo, con un 100,1 por ciento, y en la segunda se aproxima
a la media, el 97 por ciento, siendo la causa de su diferente
comportamiento la subida del 0,5 por ciento en el tipo de desempleo
recogida por una enmienda del Senado en la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1994, como conocen SS. SS., pero que no tuvo reflejo en
los estados numéricos del presupuesto. Su volumen conjunto alcanzó el
billón 305.011 millones de pesetas.

Los ingresos totales del organismo fueron 2 billones 341.710 millones de
pesetas.

En cuanto a gastos, la ejecución global resulta adecuada dadas las
diferentes dinámicas de funcionamiento de cada uno de los capítulos y
áreas de actuación. En efecto, las obligaciones reconocidas se sitúan en
el 98,9 por ciento, con 2 billones 329.787 millones. Por otra parte, si
no se hubiera aplicado el límite de reconocimiento de obligaciones, que
minoró en 7.845 millones la posibilidad de gasto, se hubiera podido
llegar al 99,3 por ciento de ejecución.

Las prestaciones por desempleo presentan una situación muy acorde con los
créditos aprobados, pues su ejecución se sitúa en el cien por cien, si
bien con porcentajes inferiores en los subsidios que, dada su escasa
cuantía, no repercuten en la ponderación total.

Las obligaciones reconocidas para prestaciones contributivas han sido de
960.947 millones; para subsidios, de 577.673 millones y, para cuotas de
desempleados, 477.675 millones. En total, 2 billones 16.295 millones de
pesetas. Es de destacar que ha sido necesario tramitar un suplemento de
crédito por importe de 45.780 millones de pesetas para situar los
créditos iniciales en el nivel de las prestaciones a atender. Al igual
que ocurre con las prestaciones a los desempleados, en las prestaciones y
cuotas derivadas de procesos de reconversión, la ejecución se sitúa en el
cien por cien del crédito, cifrado en 574 millones de pesetas.

En cuanto a escuelas taller y casas de oficios, la preparación y
aprobación de una nueva normativa racionalizadora de la gestión de este
programa ha ralentizado su ejecución llegándose, no obstante, al 94 por
ciento en el grado de ejecución. Dada la necesidad de asignar los
recursos a los proyectos socialmente más rentables, se ha optado,
señorías, por consolidar las escuelas ya en funcionamiento antes que por
comenzar gran número de nuevos proyectos.

Respecto de la formación profesional, el primer dato a destacar es la
evolución de sus créditos, que han pasado de 108.963 millones de pesetas
a 105.609 millones como consecuencia de dos expedientes de transferencia
de créditos al capítulo 2 --gastos corrientes en bienes y servicios--. Me
interesa destacar, señorías, este hecho, que puede hacer pensar en una
desviación de recursos desde las subvenciones y ayudas hacia el gasto
corriente improductivo. Esto debe ser matizado, ya que de los 3.354
millones que se han transferido, 3.166 corresponden a la realización de
gastos que con la normativa anterior al Real Decreto de 1993, que regula
el Plan de Formación e Inserción Profesional, se ejecutaban como
convenios de colaboración y que, tras la aprobación de la nueva
normativa, se realizan en el capítulo 2 con la aplicación de las normas
de contratos del Estado.

En lo que se refiere a la ejecución de los créditos, debe tenerse en
cuenta la normalidad del porcentaje del 90,5 por ciento, dada la especial
dinámica de funcionamiento de este área de actuación, con un gasto total
de 95.609 millones de pesetas.

Con cargo a este programa se pagan las subvenciones gestionadas por las
cinco comunidades autónomas que tienen transferida la gestión de la
formación profesional ocupacional, y se financia también el acuerdo
nacional para la formación continua, a través de la Forcem. Resulta
destacable el hecho de que el Inem gestiona directamente tan sólo el 30
por ciento de los créditos del programa, limitando su actuación en el
resto de los créditos a su traspaso a otras entidades.

De los créditos destinados a convenios de empleo y su evolución destaca
el incremento por modificaciones presupuestarias de los destinados a
convenios con corporaciones locales como consecuencia de generaciones por
90 millones de pesetas para financiar iniciativas comunitarias y
transferencias de 7.133 millones, cuyo objetivo ha sido mejorar la
ocupabilidad de desempleados contratados y, en general,



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mantener el nivel de actividad de años anteriores en el territorio
nacional. En su ejecución, puede comprobarse que se ha realizado la
práctica totalidad de los créditos, pues del total de 30.710 millones se
han contraído obligaciones por 29.710 millones, es decir, el 96,7 por
ciento.

En cuanto al fomento del empleo, y desde el punto de vista de la
evolución de los créditos, destaca la disminución de los destinados a
apoyo al empleo en actividades cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
por 7.853 millones de pesetas, que se han transferido para atenciones por
gastos ordinarios de funcionamiento y para convenios con corporaciones
locales.

En lo que se refiere a la ejecución presupuestaria, deben tenerse en
cuenta los siguientes factores: Para promoción del empleo autónomo e
integración laboral del minusválido en comunidades autónomas que tienen
asumida esa gestión se han reconocido obligaciones por el cien por cien
de los créditos distribuidos. Las subvenciones para apoyo al empleo y
creación de actividad muestran menor ejecución, si bien es de admitir, a
pesar de ello, un notable grado de obligaciones reconocidas: del 85,5 por
ciento a empresas privadas y del 80,2 por ciento en el caso de acciones
cofinanciadas, que ascienden a 5.914 y a 26.280 millones,
respectivamente. La subvención de cuotas de Seguridad Social por
capitalización de prestaciones por desempleo, con una ejecución del cien
por cien, cierra el ejercicio sin expedientes pendientes de resolución,
como había ocurrido otros años, y con un gasto total de 4.702 millones de
pesetas. Finalmente, en lo que se refiere a las bonificaciones de cuotas
empresariales a la Seguridad Social, la ejecución ha sido coincidente con
el crédito aprobado de 39.123 millones.

En lo que se refiere al Fondo de Garantía Salarial, en relación con sus
ingresos, destaca que la ejecución en el capítulo de cotizaciones
sociales es del cien por cien, con 63.407 millones.

Por lo que afecta al resto de los ingresos, puede hablarse de una baja
ejecución en tasas y otros ingresos, en el que se previeron 6.000
millones de reintegros de los que, por la especial posición del organismo
en el orden de prelación de acreedores, se han realizado 3.215 millones,
y en ingresos patrimoniales, que de 4.000 millones se han reconocido
derechos sólo por 87 millones debido a la imposibilidad de adquirir deuda
pública por tesorería insuficiente y su consiguiente rendimiento nulo.

Sin embargo, la ejecución supera la estimación inicial en lo que afecta a
activos financieros, con 25.602 millones frente a 9.019, en concepto de
remanente de tesorería.

En cuanto al presupuesto de gastos, destacaremos su alto grado de
realización, con unas obligaciones reconocidas del 98,1 por ciento, con
84.919 millones de pesetas frente a los 86.551 millones de pesetas.

En relación con el Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social,
por lo que afecta al presupuesto de ingresos, el realizado asciende a
2.314 millones de pesetas, que porcentualmente supone un 55,4 por ciento
de las previsiones.

Destacan las transferencias corrientes del Estado, con derechos
reconocidos por el cien por cien de lo autorizado, esto es, 1.924
millones.

Procede resaltar la baja ejecución de lo reintegros de préstamos al estar
ligados a las ayudas al mantenimiento del empleo en empresas con deudas
al antiguo Fondo Nacional de Protección al Trabajo previstas en
compensación de las deudas derivadas de préstamos concedidos por el
extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo, actuación que no se
ha llevado a cabo.

En el análisis de los gastos es evidente la diferente situación de los
distintos capítulos, y su diferente peso relativo incide necesariamente
en el comportamiento de las diferentes áreas que, ellas también,
presentan unos niveles de ejecución muy dispares.

De las distintas subvenciones y ayudas que ha gestionado el Infes durante
el pasado ejercicio, para no alargar demasiado este informe, solamente
quiero destacar lo siguiente: La necesidad, establecida por el artículo
81.6 de la Ley General Presupuestaria, de aprobar con carácter previo a
su ejecución las bases reguladoras de la concesión de las ayudas al
mantenimiento del empleo en empresas con deudas al extinto Fondo Nacional
de Protección al Trabajo, junto con las dificultades técnicas que se han
encontrado en la elaboración de dichas bases, ha pesado de forma decisiva
en la no ejecución de este concepto. Considerando que este crédito supone
el 66,2 por ciento de las subvenciones y ayudas, con 2.000 millones de
pesetas, su no ejecución desvirtúa los porcentajes del resto.

Recordarán SS. SS. que fue en esta Cámara, mediante la disposición
adicional decimotercera de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en la que se estableció la
cancelación de las deudas derivadas de préstamos concedidos a empresas
por el extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo existentes al 1
de enero de 1995, al considerar más adecuado para resolver los problemas
de este tipo de empresas la cancelación de esas deudas mediante una
disposición con rango de ley.

En lo que afecta al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el
Trabajo, a 31 de diciembre la previsión inicial de ingresos del citado
Instituto se ha incrementado en 105 millones de pesetas, derivadas de
reembolsos de la Comunidad Europea y remanentes de tesorería, pasando de
6.361 millones a 6.466 millones. De este montante, 6.253 millones son
aportaciones del Estado, esto es el 96,7 por ciento, de donde se deduce
su financiación casi totalmente estatal y que no merece mayor análisis.

La ejecución es del 75,0 por ciento con 4.797 millones.

En cuanto a los gastos, en coherencia con lo afirmado en ingresos, el
presupuesto inicialmente consignado se ha visto incrementado en 105
millones de pesetas como resultado de diversas modificaciones que lo
sitúan en 6.466 millones. La realización es de un 90,2 por ciento
respecto al presupuesto final.

En relación con el Consejo Económico y Social, señorías, paso revista al
único Ente Público adscrito al departamento y centro gestor de más
reciente creación. A 31 de diciembre la previsión de ingresos del Consejo
Económico y Social es de 798 millones de pesetas, y la ejecución
alcanzada es del 93,2 por ciento. Su financiación primordial, 94,6 por
ciento, son aportaciones del Estado, por lo que no



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merece más análisis. Desde la óptica del gasto, y en una visión general,
es de destacar que el presupuesto final, de 798 millones de pesetas, se
ha realizado en el 87 por ciento, con 694 millones de pesetas.

Me va a permitir, señor Presidente, que pase a formular unas conclusiones
como resumen final de mi intervención. No me resisto, si me lo permiten
SS. SS., para terminar, a mencionar las conclusiones que resumen a
grandes rasgos la ejecución del Presupuesto del departamento que me honro
representar: La primera conclusión es que el impacto de las
modificaciones presupuestarias sobre la asignación inicial de recursos
puede calificarse como irrelevante. La segunda que de la comparación de
obligaciones reconocidas y presupuesto actualizado para el conjunto del
departamento se deriva que el grado de ejecución es del 99 por ciento.

Nivel que convendrán conmigo SS. SS. expresa un alto grado de realización
si se considera que el presupuesto actualizado se situó en 3,5 billones
de pesetas. La tercera conclusión es, como dije al principio, la
contribución al cumplimiento de los objetivos acorde con los principios
que inspiran los Presupuestos Generales del Estado para 1994 y de modo
particular a los siguientes. El mantenimiento de los logros alcanzados en
materia de protección social en sus aspectos cualitativos y cuantitativos
cuyas atenciones han requerido incrementar las dotaciones aprobadas
pasando a 2 billones 764.000 millones frente a los 2 billones 711.000
millones iniciales y habiéndose realizado en este área de protección
social el 99,8 por ciento. La contención del crecimiento de las
retribuciones de personal frente a unas dotaciones iniciales ya ajustadas
de 84.033 millones, pues se han gastado 81.054 millones, el 96,4 por
ciento. El cumplimiento estricto de la limitación del reconocimiento de
obligaciones en los términos previstos por la Ley 21/1993 y acuerdo de
Consejo de Ministros de 5 de agosto de 1994.

Reitero, señorías, mis disculpas por lo tedioso y a veces farragoso que
resultan este tipo de exposiciones, pero comprenderán que para justificar
el destino final de 3,5 billones de pesetas tengo que recurrir, necesaria
y obligatoriamente a números, porcentajes, ratios y comparaciones. Siendo
consciente de ello, señorías, he renunciado de antemano a entretenerles
con mi exposición aunque espero, al menos, haberles interesado en el
tema. La verdad, señorías, es que me conformaría con no haberles
aburrido. Muchas gracias.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): En representación del Grupo
solicitante de la comparecencia tiene la palabra la señora Montseny. (El
señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.)



La señora MONTSENY MASIP: En primer lugar, quiero agradecer la presencia
del señor Subsecretario del Ministerio de Trabajo y agradecer su
exposición en la que nos ha dado constancia de las cifras que se vienen
barajando en la confección de esos presupuestos y que hoy da cumplimiento
del grado de ejecución provisional a fecha 31 de diciembre de 1994.

Quiero reconocer también el esfuerzo en relación a la documentación
aportada, donde se consignan con gran minuciosidad todas las partidas,
tanto del propio Ministerio como de los organismos autónomos de él
dependientes. No obstante, a pesar de esa pormenorización de las cifras,
el Grupo al que represento debe formularle algunas cuestiones, puesto que
lo que no haremos será entrar en la guerra de las cifras, aunque sí
quiero decirle que, si bien reconocemos el esfuerzo realizado en el grado
de ejecución provisional del presupuesto por parte del Ministerio,
observamos que sigue habiendo una cierta austeridad en lo relativo a la
gestión de personal, que puntualmente también se viene siguiendo en otros
ministerios, poniendo de manifiesto que esa austeridad no se formula a lo
largo de todo el presupuesto del Ministerio, sino que el Ministerio sufre
un incremento en una cuantía de unos 57.000 millones de pesetas.

Sorprende también a este Grupo Parlamentario las modificaciones que se
han venido produciendo a lo largo del ejercicio económico de 1994 y que
vienen detalladas en cuatro apartados en la confección del propio informe
como modificaciones que no incrementan ni disminuyen el presupuesto de
gastos --se han producido 53 transferencias, de las que 22 corresponden
al Ministerio--; modificaciones que incrementan o disminuyen el
presupuesto de gastos del departamento, pero que se compensan con otras
en sentido inverso; modificaciones que incrementan el presupuesto del
departamento pero que no suponen incremento en la necesidad de
financiación del Estado y, finalmente, modificaciones que sí suponen un
incremento en el presupuesto de gastos del departamento y una mayor
necesidad de financiación del Estado y que, si no me falla la memoria, a
lo largo del informe remitido. Se ve que corresponden a un incremento del
Inem.

Nuestro énfasis en el presente seguimiento de control presupuestario va a
ir más encaminado al esfuerzo que debería realizar el Ministerio en
cuanto a incentivar más las políticas que las políticas pasivas. Si
observamos el cuadro donde se estructura por áreas el grado de
presupuesto aprobado, vemos que para protección profesional destina unos
recursos, de un montante del 78,8 por ciento y a políticas activas
destina un 10,4 por ciento. En este terreno este país es el único de la
Unión Europea que no sigue el modelo del resto de los países que la
integran, puesto que casi todos los países destinan el doble a políticas
pasivas que a políticas activas. Nuestro porcentaje destinado a políticas
pasivas, es decir a la protección por desempleo, es casi siete veces
mayor que el destinado al fomento de políticas activas, que son, en
definitiva, las que generan empleo y las que pueden invertir la tendencia
en la evolución de las encuestas de población activa.

¿No podría preverse, señor Subsecretario, por parte del Ministerio,
incrementar esos recursos destinados a políticas activas en la cuantía
que se ahorre de los gastos por desempleo hasta el estricto cumplimiento
de la normativa vigente en materia de desempleo?
Si hacemos referencia a los organismos autónomos dependientes del
Ministerio en los que mi Grupo Parlamentario tiene un mayor grado de
preocupación, podríamos



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decir, como afirma el Secretario General de la Seguridad Social, que por
la tesorería, desde el punto de vista técnico, no existen razones para
que el Inem deje de funcionar con una gestión extrapresupuestaria, como
hasta el momento viene sucediendo.

¿Cómo va a normalizarse esta situación a fin de que el Inem desarrolle
una gestión presupuestaria ordinaria como el resto de los organismos
autónomos? Esta es una de las preguntas que nos gustaría que fueran
contestadas por el señor Subsecretario del Departamento.

¿Cuáles han sido los remanentes de tesorería en 1994? Hace varios años
que no se refleja en el presupuesto de ingresos del organismo. ¿Cuáles
son las razones del bajo grado de realización en las políticas activas?
Es decir, programas de fomento de empleo y formación ocupacional. ¿Cuál
es el grado de realización específica en los programas gestionados por
las comunidades autónomas? ¿Se recorresponde con el real o con el mero
acto de transferencia del crédito del Inem a las comunidades autónomas?
¿Cuál es, en definitiva, el grado de realización del Inem, gestión
directa y el de las mencionadas y referidas comunidades autónomas?
En la página 25, donde se plasman las modificaciones presupuestarias de
su departamento, se alude a una ampliación de crédito de 83.833 millones
para cancelar los saldos pendientes de los anticipos de fondos al Inem
destinados a acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. ¿Qué se
quiere decir con esta cifra y con esta afirmación? ¿Se refiere a un
período de cinco años? ¿Significa que están sin contabilizar en la
liquidación de estos ejercicios presupuestarios y, por ello, el
Ministerio de Economía y Hacienda no ha considerado conveniente, por el
momento, efectuar las correspondientes ampliaciones de crédito?
Como ya manifestara también el Secretario General de Empleo en la
comparecencia de los Presupuestos del pasado año y con precisión a
nuestras preguntas el pasado mes de junio, el Inem se encontraría a
partir de 1 de octubre de este año en condiciones de ofrecer mensualmente
los datos que permiten controlar el fraude por desempleo, así como la
reinserción del desempleo en el mercado de trabajo. ¿Podría indicar ya
durante este año cuántas ofertas de empleo se han efectuado sobre los
perceptores de prestaciones por desempleo y, en su caso, acciones
formativas y cuántas han sido rechazadas? ¿Qué ahorro ha supuesto, si
ello ha ocurrido, para el programa de desempleo?
Como establece la normativa vigente, la exigencia y verificación de la
renta es un requisito para adquirir el derecho al subsidio por desempleo,
tanto en el general como en el agrario. ¿En cuántas solicitudes se ha
comprobado el requisito durante 1994, a la vista de que en 1993 sólo se
efectuó en 4.466 casos, sobre un total de 1.100.000 beneficiarios del
subsidio?
Y, para terminar, señor Subsecretario, una pregunta relacionada con el
Fondo de Garantía Salarial. ¿A qué se debe que el remanente de tesorería
pase de 3.004 a 25.593 millones en el presupuesto de ingresos? ¿Cuáles
fueron los remanentes de tesorería en el ejercicio de 1993?



El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
Subsecretario de Trabajo para contestar a las manifestaciones hechas
anteriormente y para tratar de dar satisfacción, en la medida de lo
posible, a todas las preguntas que le han sido formuladas.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López): La
verdad es que ha hecho, señoría, un auténtico aluvión de preguntas, pero
gustosamente voy a intentar responder a lo que se me ha planteado.

Ha preguntado S. S. sobre la austeridad en el capítulo I. Ciertamente, la
austeridad en el capítulo I queremos que así sea. En las conclusiones de
este informe que he presentado se afirma un grado de ejecución del 96,4
por ciento exactamente. Realmente, estamos satisfechos de que el grado de
ejecución en ese capítulo vaya bajando de un año para otro --al igual que
sucede con el capítulo II--, porque eso responde a la línea de austeridad
que en la ejecución y aplicación del presupuesto se ha impuesto el
Gobierno. Naturalmente, eso no quiere decir que queramos descuidar los
problemas que afectan a los funcionarios, problemas retributivos de todo
tipo, que indudablemente los conocemos, nos llegan, los tratamos y los
estudiamos, pero en un contexto, como digo, de austeridad presupuestaria,
muchas veces no podemos dar la respuesta que desearíamos a esas
cuestiones que se plantean, que van más allá de lo que es la ejecución
normal del capítulo I. Tienen que ver con la necesidad de actualizar las
relaciones de puestos de trabajo de muchos funcionarios que son precisos,
a partir de determinados niveles sobre todo, para la buena ejecución y
para la gestión normal del departamento de Trabajo. Pero ese problema que
tenemos nosotros lo tienen otros departamentos de la Administración,
somos conscientes de que hay que hacer frente a esas situaciones y
estamos en ello, pero sin bajar la guardia en lo que es la austeridad
global en la gestión del capítulo I.

Decía S. S., en relación con otra cuestión que me ha planteado, que
sorprenden las modificaciones presupuestarias. Yo creo que en un
presupuesto consolidado de tres billones 500.000 millones de pesetas, no
debe sorprender que se hayan autorizado 111 modificaciones
presupuestarias, si tenemos en cuenta que al final de esas modificaciones
la realidad, como he dicho, es que en muy pequeña medida han supuesto
incremento en el presupuesto del Ministerio. Su señoría se ha referido
concretamente al suplemento de crédito autorizado al Inem, en torno a los
45.000 millones de pesetas, y a dos suplementos de crédito más
autorizados, uno al Fondo de Garantía Salarial, financiado en este caso
con remanente de tesorería, y otro suplemento autorizado también al Inem
y financiado con remanente de tesorería para poder hacer frente al pago
de las cuotas en los supuestos de capitalización de prestaciones por
desempleo. Yo creo que en ese contexto global, a pesar de lo llamativo,
desde el punto de vista numérico, del total de modificaciones, su
incidencia, como he dicho a lo largo de mi exposición, en términos de
presupuesto inicial ha sido mínima.




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Pide S. S. un mayor esfuerzo en políticas activas más que en pasivas.

Ciertamente, en alguna otra comparecencia mía ya hemos hablado de esto y
hemos dicho en ese sentido que la voluntad del Gobierno es ir, cada vez
en mayor medida, a un incremento de esas políticas activas. Se está
intentando hacer un gran esfuerzo en materia de formación profesional,
política activa por antonomasia; se está haciendo un esfuerzo importante
en materia de convenios del Inem con corporaciones locales, con otras
administraciones, etcétera; se está intentando hacer también un esfuerzo
importante en materia de fomento del empleo estable. Lo que pasa es que
esos esfuerzos que se intentan hacer desde el Gobierno --fomento en
materia de empleo estable, y ya me referí en mi comparecencia, me parece
que fue en octubre, en relación con la ejecución al primer semestre--,
que se corresponden con unas medidas de apoyo legal, dirigidas, como
digo, al fomento de la contratación estable, necesitan también la
respuesta de la sociedad y de los empresarios, de los inversores. Pero
somos conscientes de que efectivamente la tendencia debe ir, cada vez
más, a que el peso de las políticas pasivas, en relación con el montante
global del presupuesto del Ministerio, sea menor y que, por el contrario,
las políticas activas vayan ganando terreno.

Preguntaba también cómo se va a armonizar el Inem para que su gestión
presupuestariaÉ No he entendido muy bien qué es lo que aquí se me
planteaba --no sé qué es lo que ha dicho esta mañana el Secretario
General de la Seguridad Social-- y me va a disculpar S. S. Creo que la
gestión del Inem es enteramente presupuestaria. Si S. S. es tan amable,
en una intervención posterior, si lo cree oportuno, me aclara qué es lo
que planteaba, porque no lo he entendido. Creo que la gestión del Inem es
enteramente presupuestaria.

Remanente de tesorería. Yo he dicho al principio de mi intervención que
los datos que presentaba tienen un carácter provisional y de avance de
resultados, porque, como también he recordado, la obligación de rendir
cuentas es antes del 1 de abril, del año a que se refieran, a la
Intervención General del Estado y ésta al Tribunal de Cuentas. Hemos
hecho un esfuerzo --y también lo he dicho-- para poder presentar esta
información hoy, 27 de febrero, pero todavía no estamos en condiciones de
dar una respuesta sobre el montante de ese remanente de tesorería.

Se refería S. S., en relación con la página 25 del informe que había
distribuido, a la cancelación de anticipos. En este sentido le voy a
explicar brevemente cómo es el funcionamiento de esos anticipos de
operaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. El Fondo Social
Europeo, como es sabido, cofinancia, junto con el Estado español,
diversas acciones que se dotan en el presupuesto del Departamento de
Trabajo y Seguridad Social.

Por lo que hace referencia al Inem, según la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda reguladora de los flujos financieros entre las
Comunidades Europeas y la Administración pública --hablo de una Orden de
20 de julio de 1992--, existe un régimen especial de los fondos
procedentes del Fondo Social Europeo destinados al Inem que paso a
explicar brevemente.

En el presupuesto del Inem se consigna el importe cofinanciado que le
corresponde aportar al Estado español y el resto, es decir, el que tiene
que llegar de Bruselas del Fondo Social Europeo que aporta la Unión
Europea, lo anticipa el Tesoro al Inem, de acuerdo con lo dispuesto en el
plan de disposición de fondos del Estado, de forma que el Inem pueda
realizar todos los proyectos presupuestados y autorizados por la Comisión
Europea sin esperar a recibir los ingresos de Bruselas, que normalmente
se demoran hasta que los proyectos están finalizados y debidamente
justificados. Recuerdo a SS. SS. que la media de la vida de un proyecto
suele ser de tres a cuatro anualidades.

Al final de cada ejercicio, este mecanismo da lugar a un saldo pendiente
del Inem con el Tesoro que, según la Orden a la que me he referido
anteriormente, de 20 de julio de 1992, que regula los flujos financieros,
debe ser cancelado. Para ello la unidad administradora del Fondo Social
Europeo, de acuerdo con el anexo II de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1994, promovió un expediente de ampliación de crédito por
ese importe a que S. S. se refería de 83.833.142.000 pesetas, con el que
se pretendió cancelar los saldos pendientes de los anticipos concedidos
por el Tesoro al organismo en el período 1990-1994. No fue autorizado el
expediente, como ha recordado S. S., debido a las circunstancias
presupuestarias actuales y que no se le escapan a usted.

Cuando Bruselas envíe el saldo pendiente, una vez terminados los
proyectos y justificados los requisitos exigidos por la Comisión que
autoriza cada uno de ellos, se procederá a su ingreso en el Tesoro y así
se cancelará la deuda que el Inem mantiene con la Dirección General del
Tesoro. Es un sistema, si me permite S. S., ciertamente complicado, pero
es lo que hace posible que los proyectos los pueda ir gestionando el Inem
sin necesidad de esperar a que llegue la parte cofinanciada por el Fondo
Social Europeo. Eso tiene este otro inconveniente, y es que al final se
genera ese saldo y se hace necesaria la petición a Hacienda para
cancelarlo. Esa es la explicación que S. S. conocía --me va a permitir
que insista en ello-- y que motiva esa situación.

Ha entrado en una serie de consideraciones sobre el balance de lo que
puede haber sido la prevención del fraude, la lucha contra el fraude, en
materia de prestaciones por desempleo durante 1994. Me va a disculpar S.

S., pero no tengo datos todavía cerrados. Estamos preparando información.

Como sabe S. S., soy miembro de la Comisión que se ha creado para
prevenir el fraude en materia de prestaciones sociales, en materia
fiscal. Esta Comisión está presidida por el Secretario de Estado de
Hacienda y formamos parte de ella el Subsecretario de Sanidad, el de
Administraciones Públicas y yo mismo. Vamos a poner en marcha para este
año todo un paquete de medidas que se incluyen en ese informe que se
aprobó por el Gobierno. Como le he dicho, en relación con 1994 no tengo
información, pero en su momento se le facilitará.

Fogasa, remanente de tesorería. Por la misma razón que he indicado
anteriormente de cierre provisional y avance provisional de resultados,
no tengo información sobre el montante total del remanente de Fogasa en
este momento.




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Usted hablaba de la sorpresa que suponía el que de 3.000 millones, como
así era, previstos dentro de lo que era activos financieros en el
presupuesto, al final los ingresos hayan sido 25.000. Esto tiene que ver
con el propio funcionamiento de la cuenta de los flujos financieros entre
la Tesorería de la Seguridad Social y el propio Fondo de Garantía
Salarial.

Como S. S. sabe, la cuota empresarial del Fondo de Garantía Salarial la
recauda la Tesorería, la cual va haciendo entregas mensuales para hacer
frente a los pagos de la propia Tesorería. Al final de cada ejercicio eso
da un saldo. La situación en que nos encontramos es que los pagos del
Fogasa han aumentado considerablemente, puesto que lo que recauda
mensualmente la Tesorería en concepto de cuotas del Fondo de Garantía
--que está en torno a los 5.000 millones-- es inferior a las entregas que
la propia Tesorería hace al Fondo de Garantía, que en el pasado año han
estado en torno a los 7.000 millones. Lo que ha ocurrido es que la
recaudación por cuotas era inferior al saldo en favor del Fogasa y hemos
venido funcionando con ese saldo favorable, ya que las entregas tenían
que ir a más porque los pagos se han incrementado de modo considerable.

Si me lo permiten, les diré que las órdenes de pago del Fondo de Garantía
Salarial durante el pasado año, en comparación con 1993, se han
incrementado un 10,5 por ciento: es decir, de 73.911.883.000 pesetas se
ha pasado a 81.415 millones de pesetas. La entrada de expedientes,
también en términos comparativos, entre 1994 y 1993 ha supuesto lo
siguiente: En importes ha pasado de 81.329 millones a 93.292 millones,
con un incremento del 14,71 por ciento. El número de expedientes --éste
es un dato significativo-- se ha incrementado casi un 20 por ciento, el
19,28 por ciento, y el número de trabajadores beneficiarios de las
prestaciones ha crecido en un 7,76 por ciento.

¿Qué quiero decir con esto? Que ese saldo favorable que siempre tiene el
Fogasa con la Tesorería se va reduciendo progresivamente como
consecuencia de los mayores pagos que en términos mensuales superan la
cuantía que a su vez corresponde por la cotización en concepto de Fondo
de Garantía Salarial. De todas maneras no tengo aquí el dato de cierre
sobre el remanente en este momento, pero ésa es la razón. Hemos recibido
más y hemos tenido que hacer, como S. S. sabe, dos modificaciones
presupuestarias y un suplemento de crédito en el caso del Fondo de
Garantía Salarial para ampliar el crédito debido a prestaciones, dado que
con lo inicialmente previsto no era suficiente. Afortunadamente, ese
saldo en favor del Fondo de Garantía Salarial nos ha permitido atender
esos pagos.

Decía en mi anterior comparecencia que, en todo caso, el Fondo de
Garantía Salarial, aunque la crisis haya tocado fondo, se encuentra en
ese vagón de cola que hace que el Fogasa sea el último en notar la
mejoría y tiene que seguir haciendo esos pagos.

No tengo anotado nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para un turno de aclaraciones,
tiene la palabra de nuevo la señora Montseny.




La señora MONTSENY MASIP: Señor Presidente, ya muy brevemente, para
agradecer todas las aclaraciones efectuadas en Comisión por el señor
Subsecretario del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Deseo solicitar aclaración, si es que el señor Subsecretario puede
responder, sobre las políticas activas, de las que hemos tratado. Si
existiría por parte del Ministerio o, en su caso, del Gobierno, un
compromiso para ir adecuando todas esas medidas activas e ir
restringiendo esas medidas pasivas de forma similar al resto de los
países que integran la Unión Europea, puesto que el programa del PP --y
así lo expusimos cuando se produjo la reforma laboral-- sobre formación
profesional que nosotros creemos deseable sería una formación profesional
paritaria.

En relación al fondo de garantía salarial, le agradecería la remisión, en
cuanto tuviera conocimiento, de esos remanentes de tesorería para el
ejercicio de 1993, y dar las gracias también por esa remisión a la que se
ha comprometido el señor Subsecretario sobre la prevención del fraude en
materia de desempleo.




El señor VICEPRESIDENTE: Tiene de nuevo la palabra, para contestar a
estas solicitudes, el señor Navarro López.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Señor Presidente, señoría, aquí no estoy en condiciones de asumir ahora
ningún compromiso en relación con lo que ciertamente he anunciado, que es
un deseo del Gobierno de ir aumentando el peso, dentro del total de la
gestión presupuestaria, de las políticas activas en detrimento de las
pasivas. Lo que sí anuncio es la voluntad política de ir caminando en esa
dirección, y yo creo que eso es lo que está ocurriendo.

En relación con la solicitud de datos sobre remanentes de Tesorería de
Fogasa, daremos cumplimiento a ese compromiso.

En cuanto a los datos del resultado de la operación de prevención del
fraude del año 1994, cuando tengamos datos concretos, se los remitiré.




El señor VICEPRESIDENE: Para solicitar las aclaraciones que desee, tiene
la palabra, en primer lugar, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya, el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, seré muy breve, puesto que la
documentación que se nos ha aportado es bastante extensa y prolija, por
lo que podemos conocer bien la evolución del gasto en el propio
Ministerio.

Voy sólo a pedir información sobre las razones por las que algunas de las
políticas que en el Ministerio se sugerían no se han ejecutado al mismo
porcentaje, a la misma velocidad o con la misma intensidad que otras
políticas. En todo caso, he observado en este Ministerio una excesiva
concentración en centros de gestión más que en los programas
presupuestarios y, por tanto, en la objetivación de cada uno de los
programas. Se ha hecho más bien una liquidación



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de gestión funcional que de presupuestación. No podemos medir, por
consiguiente, los compromisos de objetivos. Pero no es ése el centro de
la intervención que quería hacer.

La mayoría de mis preguntas van dirigidas a algo que considero que en la
ejecución del presupuesto, comparando presupuesto final actualizado a 31
de diciembre y las obligaciones reconocidas, queda en un porcentaje
reducido, y, en concreto, dentro de los organismos autónomos, la gestión
del presupuesto del Instituto Nacional del Fomento de la Economía Social.

La gestión de este organismos autónomo está en un 45 por ciento,
aproximadamente, si comparamos los créditos definitivos con las
obligaciones reconocidas. La cuantía no es muy amplia, pero es de un
volumen importante, así como el objetivo que lleva consigo. Alrededor de
4.176 millones de pesetas sería el volumen a gestionar, los gastos
comprometidos de 1.900 millones y las obligaciones reconocidas, 1.800
millones; es decir, hay un porcentaje de gestión inferior al 45 por
ciento. Cuando lo comprobamos en el programa 322-C, que es una referencia
que se hace en la página 15 a la distribución, podemos ver en ese 45 por
ciento todo lo que es una de las políticas del desarrollo de la economía
social, con porcentajes todos ellos muy similares.

El programa 422-N, enseñanzas especiales, dentro de otras actuaciones que
tiene el propio Departamento, que también tiene una gestión, aunque de
muy pequeña cuantía, 384 millones de pesetas, pero que supone una gestión
del 59 por ciento. ¿A qué obedece esa gestión del 59 por ciento?
En cuanto al comentario sobre la clasificación del presupuesto al final
del ejercicio, choca, en comparación con los otros capítulos, tanto de
personal como de gasto corriente. La ejecución en el ejercicio, en cuanto
a inversiones y en cuanto a transferencias de capital, está en un 80 por
ciento, máxime cuando las transferencias de capital se reducen
drásticamente de la previsión inicial del presupuesto, que estaban en 850
millones y pasan a 326; y a pesar de haberlo reducido a 326 millones de
pesetas, tiene una ejecución del 81 por ciento.

En cuanto a las políticas activas, lo que pudiéramos llamar tres grandes
gestiones de presupuestos, el programa de apoyo a la creación de empleo,
que tenía unos créditos aprobados de unos 36.000 millones de pesetas,
tiene unos pagos propuestos de 5.000, distancia bastante diferente en
ejecución, según lo que pone la página 19 del documento que usted nos ha
entregado hoy. Luego, en la página 20 se explica y se matiza la gestión
de cada programa: la gestión de los programas de fomento y economía
social, los programas de la renta de subsistencia, etcétera, todos los
programas de apoyo a la creación de empleo. Los créditos propuestos
distan de los créditos aprobados, al igual que las ayudas de jubilación a
trabajadores de empresas en crisis, que no están acogidos a planes de
reconversión y al igual también que la formación profesional ocupacional,
que tenía unos créditos aprobados de 69.000 millones y unos pagos
propuestos de 39.000, distancia también importante. Este era el objetivo
fundamental.

En la página 21 se desarrollan cada uno de los programas, lo que es la
formación profesional, lo que es contratar a expertos docentes del fondo
social; en fin, todas y cada una de las actuaciones de la formación
profesional ocupacional.

En cuanto a las modificaciones de crédito, están bastante detalladas,
tanto en lo que son los capítulos como en la distribución por organismos,
separando Ministerio y distintos organismos. A mí me gustaría, si fuera
posible, que se hiciera igual por programas. Si no lo tienen hecho por
programas, no pasa nada, porque lo podemos ir sacando después. En las
cifras de los programas tenemos la diferencia entre el crédito inicial y
el final. Por tanto, podíamos sacar lo que ha sido modificación, pero no
en la misma distribución que tenemos.

Quisiera hacer un comentario sobre las modificaciones de crédito, porque
a mí me han chocado en comparación con otras. Las modificaciones de
crédito significan un incremento con los créditos del capítulo I. Después
me referiré a algunas de las razones, no por el volumen, porque tengo que
reconocer que el volumen de las modificaciones de crédito de personal es
pequeño, no supone una gran cantidad, pero sí por el motivo a que hace
referencia estas modificaciones de crédito. En el capítulo II, el
incremento es de 5.600 millones de pesetas --no hago referencia al
capítulo IV, que son transferencias, donde el volumen es bastante mayor,
pero me parece lógico en función de la gestión de cada uno de los
organismos--. El capítulo II, que ha sido una de las manifestaciones de
austeridad de la gestión, en este caso en concreto ha subido en la propia
evolución del Ministerio.

En cuanto al Fogasa, a mí me gustaría, aunque ha explicado bastante el
asunto de los remanentes de tesorería y al final no hayan podido quedar,
hay unos ingresos patrimoniales que se quedan reducidos, todo lo que son
intereses de depósito en una previsión inicial de 1.000, en 87 millones,
al final, de obligaciones de ingresos realizados, es decir, con una
gestión del 8 por ciento, y en cuanto a Astasa y otros ingresos, los
reintegros de una previsión de 6.000 millones, queda a la mitad, al 50
por ciento. Me gustaría conocer las razones de esa gestión en el capítulo
de ingresos por parte del Fogasa.

Por lo que respecta al Infes --en la página 82 nos dan los datos--, las
transferencias corrientes se han gestionado también en cuanto a pago, en
el resumen por capítulos, en un porcentaje inferior al 50 por ciento. Es
verdad que es una gestión no muy significativa en cifras, pero, en
comparación con el presupuesto inicial, bastante importante: es de más
1.500 millones de pesetas, es decir, 2.000 millones de pesetas de
diferencia si comparamos el presupuesto actualizado con las obligaciones
reconocidas. ¿A qué se debe en el Inces esta gestión tan reducida del
capítulo IV?
Termino con lo que decía sobre algunas transferencias de crédito, que le
he comentado que no por la cuantía, pero sí por el motivo. En concreto,
en la página 113, cuando habla de las transferencias de créditos, hay una
transferencia de 40 millones de pesetas cuyo objetivo es atender el
complemento de productividad de altos cargos. A uno le choca que esto se
produzca con una transferencia de créditos, si



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es que no estaba previsto originariamente. Varias de las modificaciones
de crédito son para adaptar las necesidades reales de gasto del capítulo
1; otra es para hacer frente a la insuficiencia en la dotación de la
asistencia económica extraordinaria a los trabajadores en un volumen
determinado, también de una cifra importante. Son unos mil millones de
pesetas. Para incrementar la dotación de altos cargos, 330 millones de
pesetas. Por otro lado, para el complemento de productividad. ¿A qué se
deben estas transferencias de créditos?
Por último, señor Presidente, las transferencias de créditos por
minoración al Ministerio de Educación y Ciencia para acciones
cofinanciadas con el Fondo Social Europeo que se recogen en la página
116, del documento que nos ha entregado, son un volumen muy importante,
tanto en la actuación de la Sección 18, en el programa 332A y conceptos
789, como en la otra actuación, que son 5.358 millones de pesetas. No sé
si obedece a un presupuesto siguiente o simplemente está compensado con
otro tipo de actuación. La verdad es que no lo he podido sacar de la
lectura de este documento.




El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Trujillo.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Subsecretario, nuestro grupo no va a
formular preguntas, por cuanto nos consideramos satisfechos tanto con la
documentación exhaustiva que nos ha enviado el señor Subsecretario como
por la prolija explicación que ha hecho a lo largo de la tarde
respondiendo a las preguntas de los distintos grupos y también ahondando
más, si cabe, en la propia ejecución presupuestaria del Departamento.

Son varias las formas que se pueden acometer a la hora de analizar la
ejecución presupuestaria de un departamento: podemos hacer una valoración
cuantitativa en cuanto al grado de ejecución presupuestaria; podemos
analizar también cuáles son las posibles desviaciones que se producen en
cuanto a lo que eran las previsiones iniciales del propio presupuesto, es
decir, analizar cuáles son las modificaciones que se producen, etcétera,
y, en tercer lugar, se puede hacer un análisis cualitativo de lo que son
los objetivos de las grandes áreas de actuación y de los distintos
programas. Las tres maneras de análisis, que no son excluyentes, sino
complementarias entre sí, las ha abordado de una manera rigurosa el
Subsecretario en la exposición que nos ha hecho esta tarde.

De cualquier forma que analicemos el presupuesto de este Departamento, se
puede llegar claramente a una conclusión, y es que la ejecución
presupuestaria del mismo, a lo largo de 1994, es tremendamente
satisfactoria.

Me va a permitir, señor Presidente, que haga una brevísima semblanza con
respecto a estos tres métodos de análisis con relación a este presupuesto
del Ministerio de Trabajo.

Como bien señalaba el señor Subsecretario, la ejecución total del
Departamento está en torno al 99 por ciento. Eso debemos ligarlo a lo que
es el límite de reconocimiento de obligaciones al que está sujeto, que,
sin lugar a dudas, lo que ha hecho es limitar la propia ejecución. Por lo
tanto, en términos reales estaríamos en una ejecución presupuestaria,
desde el punto de vista departamental por encima de este 99 por ciento.

En cuanto a las modificaciones, el primer impacto que nos puede producir
es el volumen cuantitativo de las mismas que alguien podría estar
pensando que es elevada para un presupuesto, tal como señalaba el señor
Subsecretario, de la cuantía de este Ministerio. No lo es. Pero si
analizamos, y en eso el informe es tremendamente exhaustivo, el contenido
de las modificaciones, podemos convenir que las mismas son fruto de la
lógica ejecución presupuestaria de un Departamento como éste y que no
alteran para nada el peso de las distintas áreas sobre los créditos que
tenía consignados el Departamento. Por lo tanto, y utilizando la
expresión valorativa que hacía el Subsecretario, podemos concluir que las
modificaciones son irrelevantes en cuanto a los objetivos presupuestarios
que se había marcado la Cámara al aprobar los presupuestos para este
Departamento.

Quisiera decir, a modo de ejemplo cuantitativo significativo, como bien
señalaba el Subsecretario, que sólo tres modificaciones son las que
suponen incrementos de gastos que conllevan necesidad de financiación. Y
en cuanto a las distintas modificaciones, destacan esos tres suplementos
de créditos, el necesario para las prestaciones por desempleo de 45.000
millones. Si comparamos esta cifra con los casi dos billones de pesetas
que suponen las prestaciones por desempleo, tenemos unas cifras
absolutamente razonables en cuanto a necesidades de financiación del
sistema de las prestaciones que estamos obligados a conceder. Y luego los
4.000 millones del Fogasa y los 3.000 por las subvenciones de cuotas por
la capitalización.

En definitiva, el resultado era el que señalaba el informe, y el señor
Subsecretario, de un incremento con respecto al presupuesto inicial de
57.000 millones de pesetas que para tres billones y medio de pesetas es,
y vuelvo a tomar la valoración del Subsecretario, irrelevante.

Entrando, y ha habido algunas preguntas por parte de los anteriores
intervinientes sobre la ejecución de los distintos sectores, pero
entrando en la totalidad, también se sitúa, incluido el propio Infes, en
el 99 por ciento. Convendría resaltar, me imagino que lo hará el
Subsecretario como ha hecho anteriormente, pero quizás ahondando más en
la aclaración al señor Ríos, que en el Infes hay un fenómeno claramente
distorsionador, como es el hecho de haber cancelado en las leyes
recientemente aprobadas en esta Cámara en la discusión presupuestaria la
deuda del extinto Fondo Nacional de Protección al Trabajo. Por lo tanto,
parece obvio que en los presupuestos destinados a las mismas no hayan
sido ejecutados por esa cancelación de deuda, aprobada por nosotros.

Sí quiero señalar, y a ello se han referido los distintos portavoces que
me han precedido, la materia de políticas activas que ha gestionado el
Ministerio. Efectivamente, en cuanto a políticas activas, el grado de
ejecución baja un poco con relación a la totalidad del Departamento, pero
no nos olvidemos que cuando decimos baja un poco estamos en una cifra por
encima del 92 por ciento de ejecución.




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En conjunto, la valoración que debemos hacer, desde el punto de vista
cualitativo, es que esta ejecución cumple ampliamente los objetivos que
se marcaban inicialmente en el presupuesto del Departamento. En cualquier
caso, resultaría obvio, pero no por obvio me van a permitir que lo diga,
señalar que no son de manera exclusiva las políticas activas que
desarrolla el Ministerio de Trabajo las únicas que está desarrollando el
Gobierno en materia de empleo. Sobra señalar las medidas que hemos
aprobado en esta propia Cámara en materia de inversiones en
infraestructuras que se consideran básicas y estratégicas para el
desarrollo económico, etcétera. Por lo tanto, a la hora de hacer
mediciones comparativas con otros países de la Unión Europea, convendría
tener esto en cuenta, por cuanto podríamos estar haciendo un análisis no
correcto del todo. En cualquier caso, sí parece obvio, y nuestro grupo lo
apoya, que las políticas activas vayan creciendo en cuanto a su
comparación relativa con las políticas pasivas que se desarrollan desde
el propio Ministerio.

Sí quería hacer una reflexión desde nuestro Grupo con relación a un
programa concreto de las políticas activas y que está siendo motivo de
debate importante, no sólo en el conjunto de la economía española, sino
en otros países, y que ya acaparó en la anterior comparecencia del
Subsecretario una buena parte del debate. Me refiero al programa de apoyo
a la contratación indefinida. Si vemos la ejecución, y ya se ha analizado
por el propio Subsecretario, como digo, en la anterior comparecencia, el
programa sigue manifestando el temor que tienen los empleadores en
nuestro país, que no es un temor único nuestro, a estabilizar los
recursos humanos a su cargo.

Como digo, éste es un debate importante y se están produciendo multitud
de propuestas desde distintos frentes con respecto al mismo. Desde
nuestro Grupo abogamos por analizar con tranquilidad las causas que están
produciendo este fenómeno de exceso de rotación de la mano de obra en
nuestro país, porque incluso --permítanme la reflexión-- se está
produciendo un elemento tremendamente paradójico.

Todo el mundo, todos los grupos políticos, todos los agentes sociales
convienen en señalar la importancia que tienen los recursos humanos como
factor estratégico para la competitividad del conjunto del sistema
económico. Estamos incluso haciendo, también con el amplio consenso de
los grupos políticos y de todos los agentes sociales, una inversión
importante en la cualificación de esos recursos humanos y, sin embargo,
estos dos elementos casan poco luego con la realidad de las propias
relaciones laborales, donde, como digo, se está produciendo ese exceso de
rotación de la mano de obra, que no permite fijar en términos deseados la
estabilidad del propio empleo.

Bueno sería, señor Subsecretario, que desde el Ministerio se profundice
en el análisis de las causas que están motivando este anómalo
comportamiento por cuanto todo lo que avancemos en este sentido bien
recibido será por el conjunto de los trabajadores del país.

Concluyo, señor Presidente. Siempre que se produce un debate
presupuestario el mismo se plantea en términos desiguales. Si la
ejecución presupuestaria no es satisfactoria, se enfatiza de manera
importante en ese hecho, y cuando la ejecución presupuestaria es
adecuada, correcta y rigurosa, como el caso que nos ocupa, normalmente se
plantea con una cierta suavidad, si me permiten la expresión, incluso con
cierta modestia por parte de los propios sectores, como ha hecho el señor
Subsecretario esta tarde.

Yo le invito al señor Subsecretario a que manifieste y transmita con más
energía, e incluso con más satisfacción, la buena ejecución
presupuestaria de su Departamento. Yo creo que estamos en una situación
en la que necesitamos buenas noticias, como esta que recibimos esta tarde
de la ejecución presupuestaria de este Ministerio, ejecución
presupuestaria que está además en clara sintonía con la combinación de
dos objetivos trascendentales que se habían marcado el Gobierno y nuestro
Grupo Parlamentario para el Presupuesto de 1994 y que seguimos
manteniendo para el Ejercicio de 1995 y futuros, como son, por una parte,
realizar una ejecución presupuestaria tremendamente rigurosa que permita
el control del déficit público y, por otra, poner a disposición de la
economía en general aquellos elementos que conlleven una ayuda importante
para que el crecimiento económico que estamos experimentando comporte
también una mayor creación de empleo, en definitiva, intentar crear el
máximo empleo posible.

Como digo, ambos objetivos se están cumpliendo y sin querer restar
importancia a otros elementos o cuestiones de distinta naturaleza
política, que incluso están copando la práctica totalidad del debate
político hoy en día en nuestro país, convendría resaltar, y creo que es
necesario resaltarlo y transmitirlo, que la tarea de máxima prioridad es
el aprovechamiento de este ciclo económico de recuperación, teniendo como
objetivo conseguir el máximo nivel de empleo para subsanar o para
corregir el que es el principal problema de nuestra sociedad, que no es
otro que el desempleo. En ese sentido, señor Subsecretario, la ejecución
de su Departamento está en clara sintonía con esta prioridad, que es la
prioridad del Gobierno y la prioridad de nuestro Grupo Parlamentario.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para contestar a estas dos
intervenciones, tiene la palabra el señor Navarro López.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López): Voy
a contestar, en primer lugar, a las cuestiones que ha planteado el señor
Ríos, Diputado por Izquierda Unida. El preguntaba por las razones por las
que algunas políticas no se han ejecutado al mismo ritmo y se refería en
concreto al caso del Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social.

Yo creo que la baja gestión está suficientemente explicada en el amplio
informe que he remitido, que he recordado en mi intervención y a lo que
también se ha referido el señor Trujillo, representante del Grupo
Socialista. Esto tiene que ver fundamentalmente con la baja ejecución del
capítulo IV como consecuencia de la imposibilidad de llevar a cabo la
ejecución del programa de ayudas al mantenimiento del empleo en empresas
con deudas al Fondo Nacional de Protección al Trabajo, que se habían
previsto en compensación de las



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deudas derivadas de préstamos concedidos por el extinguido Fondo Nacional
de Protección al Trabajo.

Yo creo que SS. SS. recordarán cómo por imperativo del artículo 81.6 de
la ley General Presupuestaria se hacía preciso aprobar una norma con
rango de orden ministerial que permitiera articular ese tipo de ayudas
para cancelar lo que ciertamente era una deuda histórica, por llamarla de
alguna manera, de las cooperativas con el antiguo Fondo, y cómo
realmente, si no se daba ese paso --me parece que hubo un amplio
consenso--, las cooperativas, ese amplio sector de la economía social, no
encontrarían una solución viable a sus problemas.

Se buscó esa vía ante las dificultades técnicas y, también hay que
decirlo, ante las propias dificultades que el Ministerio, en concreto el
Instituto de Fomento de la Economía, encontró para que las dos
organizaciones representativas de la economía social se pusieran de
acuerdo en cuanto al propio crédito asignado y su distribución. Al hablar
de dificultades técnicas me refiero a la posibilidad de articular aquella
orden ministerial, para lo que al final la solución que se encontró, yo
creo que también con amplio consenso, fue resolver el problema a través
de una norma con rango de ley, que fue la disposición adicional
decimotercera de la Ley llamada de Acompañamiento a los Presupuestos de
1995, la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, en
la que, como SS. SS. recordarán, se establece la cancelación de las
deudas derivadas de préstamos a empresas concedidos por el extinguido
Fondo Nacional de Protección al Trabajo, deudas existentes a 1 de enero
de 1995. Se buscó esa vía y eso hizo que al no ser factible resolver el
problema por el procedimiento que inicialmente se había previsto en el
año 1994, fuera imposible llevar a cabo aquella operación, con lo que
evidentemente, teniendo en cuenta el peso que el capítulo IV tiene dentro
de la gestión total del Instituto de Fomento de la Economía Social, había
de traducirse en una baja ejecución, en torno a ese 45 por ciento de que
hablaba su señoría.

Respecto a la situación de las enseñanzas especiales, aclaro a S. S. que
en este momento el Ministerio, dentro del programa de enseñanzas
especiales, sólo gestiona la Escuela Social de Madrid, el resto de las
escuelas sociales, que es a las que se refiere el programa obviamente,
han sido transferidas a distintas comunidades autónomas y las diferentes
universidades al haberse integrado la enseñanza en la Universidad.

Quiero recordar que es un decreto de 1986 o de 1987 --me van a permitir
que la memoria me falle algo-- el que establecía la integración de las
escuelas sociales como enseñanzas universitarias. Ese proceso se
instrumentó a través de las distintas comunidades autónomas, con los
correspondientes traspasos, pero quedó pendiente el problema de la
Escuela Social de Madrid porque, desafortunadamente, en el año 1994
todavía no se ha llegado a un acuerdo con la Universidad Complutense, ni
tampoco con las otras dos universidades, la Politécnica y la Autónoma.

Después indicaré a S. S. que ya hemos llegado a un acuerdo y le explicaré
en qué términos. Lo que hacemos ahí es gestionar los capítulos I y II,
fundamentalmente en lo que se refiere al pago del profesorado y al
mantenimiento de la propia Escuela Social de Madrid. La ejecución que
aquí se refleja del 59 por ciento, según los datos que se recogen en el
cuadro 2, en la página 15 del informe, tiene que ver con la propia
evolución de esos gastos que se han producido en los capítulos I y II,
pero, para tranquilidad de SS. SS., aclaro que en ningún caso esa baja
ejecución ha supuesto que ningún profesor se quedara sin cobrar y que
ninguna de las atenciones derivadas del propio capítulo II se hayan
quedado sin atender.

En este momento hemos llegado a un convenio con la Universidad
Complutense y con la Comunidad Autónoma de Madrid para, a través del
Centro Ramón Carande, dependiente, como digo, de la Universidad
Complutense, integrar progresivamente la Escuela Social, con unos
compromisos que pasan por la construcción de un edificio en unos solares
que aporta no recuerdo si la Universidad o la Comunidad de Madrid, y las
aportaciones que se derivan de ese convenio y que iremos cumpliendo en la
medida de nuestras propias disponibilidades presupuestarias. Con esto
quiero decir que, afortunadamente, el problema de la Escuela Social de
Madrid está encauzado; a medio plazo podremos haber cumplido el
compromiso derivado de aquella norma que establecía el paso a la
Universidad de las escuelas sociales y ni en lo que a este año pasado se
refiere ni en el que estamos vamos a dejar de atender el cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la propia tutela, la gestión que el
Ministerio todavía realiza en relación con esa escuela.

En cuanto a la baja ejecución del capítulo 6, he intentado explicarlo
también. El capítulo 6 normalmente tiene una baja ejecución porque, como
usted sabe, los procesos de contratación son siempre lentos, y esto es
una constante, por lo menos en lo que al Ministerio de Trabajo se
refiere. A pesar de ese porcentaje de ejecución tan elevado --del 99 por
ciento-- que tenemos en términos globales, en materia del capítulo 6,
inversiones, como S. S. sabe, lo normal es que nos quedemos por debajo.

Si además tenemos en cuenta que el límite de reconocimiento de
obligaciones ha afectado a ese capítulo, el grado de ejecución también se
resiente de esa propia limitación. Yo decía, refiriéndome al Ministerio,
que el nivel de realización alcanzado se sitúa por debajo del deseable
--está en el 80,5 por ciento--, sin embargo añadía que, teniendo en
cuenta el límite de reconocimiento de obligaciones, que supuso una
minoración de 68 millones de pesetas, si no se hubiera producido esa
minoración, hubiéramos alcanzado un nivel de ejecución del 92,6 por
ciento. Esto es aplicable al resto de los organismos autónomos, teniendo
en cuenta que, como S. S. conoce perfectamente, el capítulo 6, de
inversiones, en los distintos organismos autónomos guarda una estrecha
relación con las transferencias de capital que el propio Ministerio de
Trabajo les hace. Como el límite de reconocimiento de obligaciones
también afecta a ese capítulo 7 del Ministerio, eso influye en la
ejecución del capítulo 6, de inversiones, de cada uno de los centros u
organismos que han de recibir, vía transferencia de capital, los créditos
correspondientes.

Apoyo a la creación de empleo. Al citar la página 19 de mi informe creo
que se está refiriendo a las subvenciones



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que se transfieren a las comunidades autónomas que tienen transferida esa
gestión en materia de programas de apoyo a la creación de empleo.

Evidentemente, cuando hablamos de 5.179 millones de pesetas como pagos
propuestos nos referimos a lo que corresponde a esas comunidades
autónomas. Si S. S. se molesta en examinar, dentro del anexo 3, las
subvenciones gestionadas --páginas 133 y siguientes--, podrá comprobar
cómo las cuantías que ahí se distribuyen son justo las que corresponden;
es decir, que los cinco mil y pico millones es lo que corresponde
conforme al acuerdo de Consejo de Ministros de junio de 1994 y orden de
27 de junio, que da cumplimiento a ese acuerdo. Eso se explica a lo largo
del informe.

Jubilaciones anticipadas, baja ejecución. Hay dos tipos de ayudas
equivalentes a la jubilación anticipada: la de trabajadores de empresas
acogidas a planes de reconversión, donde tenemos un grado de realización
del 97 por ciento, y ayudas destinadas a facilitar la jubilación de
trabajadores de empresas no acogidas a planes de reconversión, con un
grado de realización del 99,9 por ciento, por lo que me sorprende la
afirmación de S. S.

Baja ejecución en formación profesional. Yo no diría tanto; en mi informe
he dicho que estábamos en torno al 90,5 por ciento en formación
profesional, que me parece que es una ejecución bastante aceptable;
evidentemente por debajo de ese 99 por ciento, pero, desde mi punto de
vista, es un grado de ejecución razonable que no podríamos considerar
como bajo.

Modificación de créditos. Aquí --también lo explicamos en el informe-- lo
que ha ocurrido es que para formación profesional, capítulo 4, creo
recordar que había un crédito inicial de 108.000 millones de pesetas, que
se queda en 105.000, porque lo que hacemos es pasar al capítulo 2, para,
por esa vía, regularizar lo que antes era anómalo. Es decir, todo lo que
era la adquisición de material didáctico, los medios de apoyo para llevar
a cabo esa formación profesional, con anterioridad al decreto que regula
el plan FIP, el Real Decreto 361/1993, creo que es de mayo, iba por el
capítulo 4. Con posterioridad a ese decreto, todos esos gastos, que más
bien encajan en el capítulo 2, se llevan por esa vía, dando cumplimiento
a lo que prevé la Ley de Contratos del Estado, lo que obliga,
naturalmente, al Instituto Nacional de Empleo a hacer una transferencia,
una modificación presupuestaria para pasar del capítulo 4 al capítulo 2.

Fogasa: ingresos, intereses de depósitos, reintegro. Lo que pasa en el
presupuesto de ingresos de Fogasa es que en materia de reintegros siempre
hacemos unas previsiones, no diría que triunfalistas --nos situamos en
torno a los 5.000 ó 6.000 millones--, pero que no se cumplen, y no es por
mala gestión, sino por las propias dificultades inherentes a los procesos
de recuperación: dificultades y lentitud en los propios procedimientos,
que hacen que, ciertamente, en materia de recuperaciones el Fogasa, desde
hace tiempo, se quede siempre por debajo de las previsiones. Le puedo
indicar --no tengo aquí el dato comparativo-- que vamos rebajando las
previsiones de un año para otro para ajustarnos más a la realidad, pero
vemos que nos vamos a tener que ajustar incluso más. Esto en cuanto a
reintegros.

En cuanto a intereses de depósitos, se quedan en esa baja realización
--me parece que de ochenta y tantos millones de pesetas-- porque eso
tiene que ver con el capítulo 8 del presupuesto de ingresos y con las
posibles inversiones en deuda pública que el Fogasa normalmente hacía
cuando tenía remanentes de tesorería, digamos, liquidez de caja, para
poder invertir en deuda pública, lo que le generaba unos intereses y,
naturalmente, con eso subveníamos a una mejor financiación del propio
Fondo de Garantía Salarial. En este momento, y como decía anteriormente,
teniendo en cuenta que la evolución de las prestaciones --también lo he
dicho-- es al alza, todas las entregas que, vía tesorería de la Seguridad
Social, recibe el Fogasa hay que destinarlas al pago de prestaciones.

Consecuentemente, no hubo posibilidad de hacer, vía capítulo 8
--ingresos, activos--, inversión en deuda pública y, consecuentemente, no
se produjeron intereses de esos depósitos más que los normales que usted
ha visto, que tienen que ver con las cuentas corrientes normales del
Fondo de Garantía Salarial.

Sobre la baja gestión del capítulo 4, en el Infes, creo que he contestado
anteriormente. En cuanto a las modificaciones, le sorprendía a S. S. que
hubiera alguna de menor cuantía, que afecta al complemento de
productividad de altos cargos. Ciertamente, esto, que puede ser
sorprendente, tiene que ver con ese procedimiento en virtud del cual el
Ministerio de Economía y Hacienda establece los criterios de distribución
de la productividad. Hay unos créditos en el presupuesto y unos cupos. El
cupo que posteriormente nos fija el Ministerio de Hacienda no
necesariamente coincide con los créditos que inicialmente aparecen en el
presupuesto, y ello obliga --si el crédito se queda, como es el caso, por
debajo del cupo-- a hacer modificaciones presupuestarias internas para
ajustar el crédito al cupo y poder hacer frente a esos pagos, sean de
altos cargos o de otros funcionarios del departamento. De hecho, esas
modificaciones no solamente afectan a la productividad de altos cargos,
sino a otros funcionarios del departamento.

Sobre el programa de asistencia extraordinaria a trabajadores, preguntaba
S. S. por esa modificación que, con cargo a la Sección 31, recibimos por
importe de mil millones de pesetas más. También informé en mi anterior
comparecencia, en septiembre u octubre, sobre la ejecución del primer
semestre, en qué consiste ese programa. Incluso recordé que se regula;
las ayudas de ese programa están reguladas por una orden ministerial que
se publica anualmente en cumplimiento de las previsiones del artículo 81
de la Ley General Presupuestaria. Regula ayudas a trabajadores que se
encuentran en especial --permítaseme la expresión-- estado de necesidad,
como consecuencia de haber agotado sus percepciones. Normalmente, son
trabajadores de empresas en crisis, largas crisis, que les llevan a un
agotamiento de las prestaciones por desempleo, incluso fondos de
pensiones que se pueden constituir con aportaciones de los trabajadores
para hacer frente a prejubilaciones. Como no tenemos una normativa que
regule --a diferencia de lo que ocurría en la etapa en que se llevó a
cabo la reconversión industrial del año 1984-- esas situaciones,



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a través de ese programa, le puedo asegurar a S. S. --lo recuerdo,
además, perfectamente, porque los tuve que gestionar años pasados, siendo
Director General de Trabajo-- que solucionamos muchos problemas de
trabajadores de empresas en crisis a los que, por esa vía, se les pone
--para entendernos-- el contador a cero: reciben prestaciones por
desempleo, reciben ayudas para constituir esos fondos para esas
prejubilaciones, y en todo caso me remito al contenido de la orden de
marzo de 1994, que, al igual que todos los años, regula esas cuantías. La
mayor dotación tiene que ver con las insuficiencias que se habían
encontrado y la demanda creciente que durante el pasado año experimentó
la Dirección General de Trabajo, que es la que gestiona ese programa.

Transferencias al Ministerio de Educación y Ciencia. Es cierto que este
programa sorprende, pero es uno de esos programas instrumentales que este
año viene por la vía del capítulo 4, no del 7 de los Presupuestos de
1995. Funciona de la siguiente manera: son programas cofinanciados por el
Fondo Social Europeo. Cuando llega la financiación de Bruselas se produce
una generación de crédito en favor del Ministerio de Trabajo, el cual,
inmediatamente después, lo que hace es transferir al Ministerio
correspondiente --usted ponía el ejemplo del Ministerio de Educación y
Ciencia-- la cantidad correspondiente. Es ese Ministerio el que
cofinancia --la aportación del Estado la hace ese Ministerio-- y lo que
nosotros hacemos --permítaseme la expresión-- es vehiculizar esa
generación de crédito que ha llegado de Bruselas, vía Fondo Social
Europeo.

Finalmente, en relación con la intervención del señor Trujillo, he de
decir que le agradezco profundamente la valoración positiva que ha hecho
sobre la exposición y el informe que hemos distribuido, así como algún
comentario que ha hecho sobre el exceso de rotación del mercado de
trabajo y en la necesidad de profundizar en las causas. Estamos en ello.

Además, a raíz del debate sobre el estado de la Nación, la resolución que
en el mismo se aprobó va a permitir que, con los interlocutores sociales,
se pueda abrir un profundo debate, que desea fervientemente el Ministerio
de Trabajo y el Gobierno, para analizar las causas de esa excesiva
rotación y para buscar fórmulas que permitan fomentar de verdad la
contratación estable.

Por mi parte, nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Aunque no se me alcanza que pueda
quedar nada por tratar, no obstante, para alguna aclaración muy breve,
pueden usar de la palabra los señores Ríos y Trujillo.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a ser muy breve, señor Presidente.

Cuando hacía la pregunta relativa a los programas de apoyo a la creación
de empleo, en concreto al programa de la contratación indefinida de
empleo estable o el comentario sobre la formación profesional
ocupacional, iban dirigidos a que mientras en algunos de esos programas
el crédito aprobado se asemeja al crédito distribuido a las comunidades
autónomas, en otro no y además con un volumen importante. Por utilizar el
ejemplo del apoyo a la creación de empleo, a la promoción del empleo
autónomo, página 134, al que usted ha hecho referencia, el total del
crédito aprobado es de 949 millones de pesetas. La obligación reconocida
es 949 millones y los pagos propuestos la misma cantidad; es decir, cien
por cien de ejecución. El programa relativo a la contratación indefinida,
al empleo estable y a la creación de actividad en acciones cofinanciadas,
el crédito aprobado era de 32.779 millones y, sin embargo, los créditos
distribuidos 1.265. Es una gran diferencia la que hay entre una cifra y
otra. Y podíamos seguir igual con los diversos temas relativos a la
formación profesional, que también tienen grandes diferencias entre
créditos aprobados y créditos distribuidos. Esa era la diferencia que yo
veía, no en la ejecución, entendiendo créditos distribuidos y
obligaciones reconocidas, porque prácticamente todos los los programas
están liquidados.

Y, señor Presidente, finalmente, un comentario sobre la explicación que
ha dado. Lo de las gratificaciones, complementos o plus de productividad
es una cuantía razonable, pero se trata de 40 millones de pesetas --es
una cifra respetable-- para altos cargos y otros. En todo caso, si la
explicación es ésa, yo la acepto. Pero en la previsión del cálculo de las
partidas presupuestarias, que decimos que son indicativas, como tope
máximo, no son ni máximo, porque la evolución es bastante diferente. Como
la cifra es escasa, quería referirme solamente al motivo, más que a la
cuantía en sí del volumen total del presupuesto.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): ¿El señor Trujillo desea hacer
uso de la palabra? (Denegaciones.) Tiene la palabra de nuevo el señor
Navarro para una última aclaración.




El señor SUBSECRETARIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Navarro López):
Sobre el tema de la productividad, efectivamente, no merece la pena
incidir.

Si S. S. me lo admite, me remito, aunque lo he citado, a la orden de 27
de junio de 1994, que es la que, en aplicación del acuerdo del Consejo de
Ministros de 24 de junio de ese mismo año, distribuye las subvenciones y
ayudas por esos distintos programas a las distintas comunidades
autónomas. En el anexo que aprobó el Consejo de Ministros viene el
reparto de esas subvenciones. Me remito a esa orden ministerial.




El señor VICEPRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Navarro López.

Con esto termina la comparecencia del ilustrísimo señor Subsecretario de
Trabajo y Seguridad Social.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y cinco minutos de la noche.