CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 430
NO PERMANENTE SOBRE LA FINANCIACION
DE LOS PARTIDOS POLITICOS
PRESIDENTE: DON LUIS MARDONES SEVILLA
Sesión núm. 20
celebrada el viernes, 24 de febrero de 1995



ORDEN DEL DIA:
Comparecencias acordadas por la Comisión para informar sobre temas objeto
de la misma, de los siguientes señores:
--De don Francisco Fernández Marugán, responsable de finanzas del Partido
Socialista Obrero Español, PSOE. (Número de expediente 219/000779.)
--De don Joaquín Llach, responsable de finanzas del PSC. (Número de
expediente 219/000780.)
--De don Alvaro de Lapuerta Quintero, responsable de finanzas del Partido
Popular. (Número de expediente 219/000781.)
--De don Mariano Santiso, responsable de finanzas de Izquierda Unida
(IU). (Número de expediente 219/000782.)
--De don Salvador Goya Roset, responsable de finanzas de IC. (Número de
expediente 219/000783.)

Página 13078



--De don Ramón Camp y Batalla, responsable de finanzas del CDC. (Número
de expediente 219/000784.)
--De don Joaquín Carrera i Martín, responsable de finanzas de UDC.

(Número de expediente 219/000785.)
--De don José María Zalbidagoitia, responsable de finanzas del Partido
Nacionalista Vasco (PNV). (Número de expediente 219/000786.)
--De don Rafael Gurrea Induarin, Secretario General-responsable de
finanzas de UPN. (Número de expediente 219/000787.)
--De don Miguel Angel Sánchez Martín, responsable de finanzas de CC.

(Número de expediente 219/000788.)
--Del responsable de finanzas de HB. (Número de expediente 219/000789.)
--De don David García de Enterría, responsable de finanzas de ERC.

(Número de expediente 219/000790.)
--De don Miguel Angel Biel Sacaría, responsable de finanzas del PAR.

(Número de expediente 219/000791.)
--De don Angel Larrañaga Bolinaga, responsable de finanzas de EA-EE.

(Número de expediente 219/000792.)
--De don Rafael Ferraro Sebastián, responsable de finanzas de Unión
Valenciana (UV). (Número de expediente 219/000793.)



Se abre la sesión a las diez de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Se abre esta sesión de la Comisión no Permanente
sobre la Financiación de los Partidos Políticos, con la nueva faceta de
su consideración de Comisión de estudio.

Quiero agradecer aquí la presencia de los señores citados, responsables
de finanzas de las fuerzas políticas convocadas en esta mañana y dar la
bienvenida a los que son compañeros parlamentarios con el mismo afecto. A
los que han venido en representación de los partidos quiero agradecerles
también, de una manera especial, su colaboración con esta Comisión.

Antes de comenzar, quiero señalarles que esta Comisión ha aceptado la
oferta de la Presidencia, por lo que el sistema de trabajo va a ser que
la Presidencia cederá la palabra a cada uno de los responsables de
finanzas según la representación política que ostentan en la Cámara, de
mayor a menor. Dispondrán de un plazo prudencial de quince minutos; si lo
prefieren alargar, está a su disposición --esta Comisión es de trabajo y
de estudio y por tanto tiene el horario abierto-- y utilizarán los turnos
que estimen pertinentes. Solamente quiero hacerles un ruego: dado que
esta Comisión, al ser abierta, es pública, para los medios informativos,
les agradecería que, para colaborar con los servicios de la Cámara de
taquigrafía y estenotipia y evitar embarullar cuando haya intervenciones
en la segunda fase de coloquio, se identifiquen plenamente a efectos de
quedar reflejados en el «Diario de Sesiones». Los miembros de la Comisión
podrán intervenir en cualquier momento para preguntar al respecto.

Saben ustedes que se trata de elaborar en el futuro un proyecto de nueva
ley de financiación de partidos políticos. La aportación que ustedes
pueden hacer es muy valiosa para esta Comisión en el sentido de que
denuncien, detecten, comenten o critiquen todos aquellos aspectos de las
actuales leyes, tanto de financiación de partidos políticos como
electorales, que están correlacionadas con ellas, que les generan
dificultades de contabilidad financiera, de gestión, etcétera. Por tanto,
entraríamos también en observaciones sobre las auditorías que las
distintas fuerzas políticas reciben del Tribunal de Cuentas en relación
precisamente con las leyes de financiación.

Voy a pedirle al señor letrado que, para identificación nominativa, haga
una referencia para ver las personas que asisten y que son de fuera y
tener constancia de su presencia.




El señor LETRADO: Don Francisco Fernández Marugán, responsable de
Finanzas del PSOE; don Joaquín Llach, responsable de Finanzas del PSC;
don Alvaro Lapuerta, responsable de finanzas del Partido Popular; don
Mariano Santiso, responsable de finanzas de Izquierda Unida; don Salvador
Goya Roset, responsable de finanzas de Iniciativa per Catalunya; don
Ramón Camp i Batalla, responsable de finanzas de Convergència Democrática
de Catalunya; don Joaquín Carrera i Martín, responsable de finanzas de
Unió Democrática de Catalunya --que no está--, y don José María
Zalbidagoitia, responsable de finanzas del PNV.




El señor PRESIDENTE: Sin más preámbulo, paso a ceder la palabra al
responsable de finanzas del Partido Socialista Obrero Español, nuestro
compañero don Francisco Fernández Marugán.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PSOE (Fernández Marugán): En los
últimos años, la financiación de los partidos políticos viene siendo
objeto de un fuerte debate en España y en Europa. Habría que decir



Página 13079



que, en torno a él, a lo largo de un breve espacio de tiempo, se ha
producido un cambio vertiginoso de opiniones. Cada vez es mayor el número
de ciudadanos que manifiestan su adhesión hacia los sistemas de
financiación que, de una manera transparente, desvinculan los intereses
de las formaciones políticas de los intereses particulares y que reclaman
que las formaciones políticas expliciten con nitidez el origen y la
aplicación de los fondos que manejamos.

En España, con el deseo de adecuar nuestra legislación, existe el
compromiso de promulgar una nueva regulación que sea fruto de un acuerdo
interpartidario. A esta Comisión, a la cual personalmente me honro en
asistir y agradezco mucho que se me haya invitado, como al resto de los
administradores de las fuerzas políticas que estamos aquí, le corresponde
llevar a cabo un trabajo que puede ser muy importante, que puede hacer
una aportación significativa al análisis de la situación actual y a la
modificación de la legislación existente.

Son muchos los problemas que se pueden plantear y que me imagino que a lo
largo de la mañana de hoy saldrán aquí. Yo me voy a referir a tres temas
importantes que me preocupan y que voy a enunciar en primer lugar y luego
voy a tratar de desarrollar con algún detalle. El primero es el de la
modalidad de financiación, el segundo el de los mecanismos de control y
de transparencia y el tercer tema es el viejo problema del endeudamiento
de las formaciones políticas.

¿Qué decir de las modalidades de financiación? Personal y políticamente
creo que, a la hora de abordar esta cuestión, deberíamos preguntarnos
quién es el protagonista del proceso democrático, puesto que, según sea
uno u otro, debería ser el titular de la financiación. Hay sistemas
políticos donde el protagonista del proceso democrático es el candidato y
hay sistemas políticos donde el protagonista del sistema parlamentario
son los grupos políticos, los partidos políticos, las formaciones
políticas. En la Europa continental todos sabemos que los partidos
políticos tienen un papel esencial, fundamental, en el sistema político,
y por tanto en la Europa continental se ha hecho a los partidos políticos
los depositarios de los mecanismos de financiación.

Además, el constituirlos como depositarios del sistema de financiación es
perfectamente compatible con la construcción del Estado social de
Derecho, donde los partidos políticos constituyen una pieza encargada de
defender los intereses generales. Eso ocurre en el Derecho comparado, en
la legislación española: el artículo 6 de la Constitución de 1978
atribuye un papel importante a las formaciones políticas en la formación
de la voluntad global. Desde la perspectiva del Partido Socialista,
entendemos que debemos auspiciar un sistema de financiación de las
organizaciones políticas donde el carácter público de la subvención y de
la aportación financiera sea un elemento fundamental.

Pero ello no es óbice para que un sistema apoyado esencialmente en
subvenciones públicas no sea compatible con las aportaciones de carácter
privado. Eso se haría también al amparo de los mecanismos que permiten la
participación de los ciudadanos en la vida de las organizaciones
políticas. Por tanto, nosotros creemos que hay que abrir un ámbito en
favor de la financiación privada que posibilite aportaciones de personas
físicas a la financiación de los partidos políticos. Esas aportaciones
han de estar sometidas al principio de publicidad y deben cumplir
determinadas limitaciones cuantitativas si se las incentiva, como me
parece lógico, fiscalmente. Por tanto, sistema mayoritariamente de
subvención pública, apertura de un ámbito a la financiación privada de
personas físicas limitadas en cantidad, transparentes, conocidas,
públicas, deducibles de la cuota del Impuesto que grava la Renta de las
Personas Físicas.

El segundo de los problemas a los cuales me refería anteriormente es el
mecanismo de transparencia y de control. La transparencia es la clave de
bóveda del edificio que debemos construir y, por tanto, el Tribunal de
Cuentas tiene que ser la institución que, dependiendo del Parlamento,
esté encargada de fiscalizar toda la actividad financiera de las
formaciones políticas, debiendo estar suficientemente dotada para poder
cumplir tan importante función.

Los partidos políticos han de actuar proporcionándole al Tribunal la
máxima información posible sobre sus actividades. Ahí radica la
credibilidad de todos, puesto que la sociedad ni admite ahora ni va a
admitir en el futuro que se vuelvan a producir una serie de situaciones
similares a la que hemos padecido a lo largo de los últimos años.

Transparencia, pues, en la utilización de todos los fondos recibidos. Eso
plantea, en mi opinión, una doble exigencia: la primera, la necesidad de
disponer de un código, de un instrumento técnico, de un plan contable que
de manera homogénea fije qué información hemos de suministrar desde las
formaciones políticas al Tribunal de Cuentas. La segunda, el ámbito
territorial que habría de suministrarla. Sería bueno que se aprobara un
plan de cuentas que tomara en consideración la realidad específica de los
partidos políticos, que reflejara con precisión las obligaciones
contables de los mismos, que abarcara todos los ingresos y todos los
gastos que realizamos, y que dicho plan fuera de obligado cumplimiento
para todos aquellos que estamos --valga la redundancia-- obligados a
rendir cuentas al Tribunal de Cuentas.

También habríamos de ponernos de acuerdo sobre el ámbito territorial que
tiene que hacer dicha rendición. Hablando de los partidos políticos
podríamos preguntarnos cuál es el ámbito territorial que tiene que rendir
las cuentas. ¿De qué ámbito estamos hablando? ¿De la sede central? ¿De la
sede central y de los grupos parlamentarios de ámbito nacional? ¿De la
sede central, de los grupos parlamentarios de ámbito regional y de las
estructuras regionales? ¿De la sede central, de los ámbitos
parlamentarios de ámbito nacional, de las estructuras regionales y de las
de los grupos parlamentarios de las asambleas legislativas?
Creo que éste es un tema importante que debería definirse con precisión,
porque no les oculto, señor Presidente, señores Diputados, que al menos
mi organización política tiene en este momento más de 4.000 sedes
locales, cuyas características sociológicas son muy diversas, en las que
la mayor parte de la actividad es netamente política y con escaso peso
económico. No les oculto que consolidar una información económica que
levante la estructura de ingresos



Página 13080



y de gastos desde el ámbito local al comarcal, al provincial, al regional
o al estatal es un esfuerzo de organización que tiene poca comparación
con el que hacen no ya formaciones políticas, sino el resto de
estructuras complejas de esta sociedad.

Nosotros le proporcionamos al Tribunal de Cuentas información cuantiosa
de nuestra sede central, de los grupos parlamentarios del Congreso y del
Senado, de las sedes regionales y de los grupos parlamentarios de
comunidades autónomas y de las sedes provinciales. Y no tengo
inconveniente en reconocer delante de todos ustedes que la unidad
administrativa más importante de la Comisión Ejecutiva Federal del
Partido Socialista es hoy la Secretaría de Administración y Finanzas. Lo
es porque tiene que vehiculizar este volumen de información, pero tengo
que señalar que me gustaría que esta circunstancia y este hecho fueran
una circunstancia y un hecho que cumpliéramos todos por igual, sobre
todo, aquellos que tenemos una estructura similar en el territorio
nacional.

En relación con los gastos electorales, quiero decir que somos
partidarios de su limitación; que nuestra experiencia nos señala que se
pueden ganar elecciones en España sin hacer campañas costosas; que el
esfuerzo de los partidos políticos ha de ser el de dinamizar sus propias
organizaciones; que en esa dirección habrá que trabajar de ahora en
adelante y que seguramente tendremos que desandar algunas de las
experiencias que llevamos a cabo a lo largo de la década de los ochenta.

En ese sentido, la abundante información política que hoy proporcionan
los medios de comunicación social y, sobre todo, los canales de
televisión hace que los medios más tradicionales, el acto público
tradicional, tenga que ser objeto de una seria modificación.

El tercero de los problemas que quería plantear hace referencia a algunas
cuestiones que son importantes. Es el problema de la deuda de los
partidos políticos. La vieja Ley de 1987 y la que quizá pueda aprobarse a
lo largo de 1995 parten de algunos elementos comunes que voy a enunciar
muy brevemente, pero que son, en mi opinión, datos de la realidad. El
primer elemento común es la reducida capacidad de autofinanciación de las
organizaciones políticas. El segundo elemento común es el grado de
endeudamiento de las mismas. En relación con el primero, creo que es
mucho lo que puede conseguirse, pero también considero que los avances en
favor de la autofinanciación de las formaciones políticas van a requerir
un período relativamente dilatado de tiempo.

En cuanto al endeudamiento parto de la constatación de varios hechos. En
primer lugar, que es elevado. En segundo lugar, que, en mi opinión,
adquiere una magnitud en este momento relativamente parecida a la que
adquiría en 1987. Las formaciones políticas en España acumulan una fuerte
deuda en el período anterior a 1987 y desde esa fecha hasta ahora la
soportan. El origen de ese proceso de acumulación de deuda está, en mi
opinión, en el mismo proceso de consolidación de la democracia y de las
formas de organización política que tenemos y, en segundo lugar, en la
reiteración prácticamente anual de los procesos electorales que se han
producido entre nosotros desde 1975 hasta la actualidad.

Considero que el volumen de endeudamiento en este momento ha tocado
techo, pero que en algunos casos ha ido reduciéndose: en el caso de la
formación política que yo represento aquí hoy día esa reducción, esta
reducción se inicia a partir de 1991. ¿Por qué se realiza esa reducción
de la deuda de las formaciones políticas? Yo creo que por dos hechos, que
no voy a dejar de ocultar y de señalar aquí. En primer lugar, por la
mejora de los mecanismos de financiación de los procesos electorales; por
la mejora, por el control y por la reducción del gasto electoral. En
segundo lugar, por una toma de conciencia que se produce en las propias
organizaciones políticas, que han adquirido una mentalización creciente
en el sentido de evitar el amontonamiento de deuda que se había producido
desde el inicio de la democracia hasta 1987.

Es aquí donde, entre la situación de 1987 y la de 1995, se produce, señor
Presidente, un elemento de diferenciación. Quienes auspiciaron, quienes
aprobamos --yo era parlamentario en 1987, como S. S.-- la primera Ley de
Financiación de Partidos Políticos, en 1987, tratamos de resolver la
financiación que se destinaba al funcionamiento ordinario de los partidos
políticos.

Mi valoración no es negativa sobre esa legislación. Si tuviera que
establecer una comparación, un elemento diferencial entre los mecanismos
y los sistemas de financiación anteriores a la Ley de 1987 y los que ha
auspiciado la Ley de 1987, tendría que decir que, gracias a esa norma,
perfeccionable sin lugar a dudas, se ha regulado de forma muy
significativa la financiación de los partidos políticos y, año tras año,
los mecanismos se van perfeccionando. Pero no es menos cierto que también
sería capaz de detectar algunas limitaciones. Una de ellas --no la única,
pero sí muy importante-- es la que llevó al legislador de aquel entonces
a no tomar en consideración el problema de la liquidación de la deuda
acumulada hasta la promulgación de esa norma.

Al ignorar el peso del pasado, podría parecer que quienes aprobamos
aquella ley pensábamos que el endeudamiento entonces existente no se iba
a pagar nunca. Al no hacer frente al peso del pasado, lo que hizo la Ley
de 1987 fue regular el futuro que se le venía por delante. Lo hizo desde
una perspectiva financiera con un planteamiento globalmente razonable,
que ha tratado de garantizar la suficiencia económica a las formaciones
políticas.

Yo creo que los hechos han ido en otra dirección y que ese pensamiento,
que bien pudieron tener --yo no digo que lo tuvieran, pero las
consecuencias fueron ésas-- los legisladores de 1987 de que la deuda no
constituía un problema y que lo que había que abordar era los problemas
que surgieran a partir de esa fecha, los hechos en esta sociedad miran en
otra dirección. Hoy nadie puede pensar que la deuda no va a pagarse; la
deuda va a pagarse. Hoy lo que se puede discutir es cómo se paga esa
deuda. Esta es la parte que a mí me parece importante, en la que yo, con
mi experiencia de administrador, puedo ilustrar a esta Comisión a la hora
de hacer un dictamen tan importante como el que tienen ustedes por
delante.

¿Cómo abordar este problema? ¿Cómo han de actuar los protagonistas de
esta situación? Los primeros protagonistas



Página 13081



son, sin lugar a duda, los partidos políticos; que no pueden mirar hacia
el otro lado, que han de resolver el problema del pasado sin hipotecar el
futuro, conscientes de que esta sociedad de hoy día no admite ni el
despilfarro, ni la opacidad, ni la acumulación permanente y sistemática
de deuda, ni la anulación de esa deuda por decisión política.

El segundo de los protagonistas de este proceso es el propio sistema
financiero, en honor al cual hay que decir que no han hecho
planteamientos de exigibilidad en el pago de la deuda, procediendo
prudentemente a la cobertura de los riesgos que tienen contraídos con
nuestras instituciones, con los partidos políticos, pero que ese prudente
comportamiento limita también la cuantía de las reclamaciones que puedan
formular.

Por lo tanto, señor Presidente, si queremos pasar definitivamente esta
etapa de la vida política española, habremos de plantearnos ahora lo que
no se plantearon los legisladores de 1987, y deberíamos --pienso yo-- ser
capaces de plantearnos el problema del endeudamiento acumulado por las
formaciones políticas, actuando de tal manera que podamos reducirlo en un
espacio de tiempo razonable. Creo que intentarlo es un objeto loable,
francamente loable. Pienso que a todos los demócratas nos interesa tener
partidos políticos sólidos, financieramente independientes, austeros en
su funcionamiento y dotados de la máxima transparencia posible. Para
ello, hay que proporcionarles los recursos suficientes, ya que es un
hecho comprensible el que la asunción de la liquidación de la deuda
histórica constituya una detracción de tal magnitud que al llevarla a
cabo en las circunstancias actuales pudiera poner en peligro el
equilibrio financiero de estas instituciones. Hacer frente al problema de
la deuda acumulada requiere efectuar un planteamiento complejo que actúe
en varias direcciones.

A título personal, aportaré cuatro ideas en esta cuestión. En primer
lugar, creo que hay que comprometer a los partidos políticos para que
destinen una parte importante de la subvención que reciban a pagar la
deuda acumulada. El compromiso de las formaciones políticas ha de ser
explícito y público, debiendo informar anualmente de su cumplimiento en
el momento de la realización presupuestaria a sus órganos de control
interno y a los órganos de control externo.

En segundo lugar, debería establecerse la libertad de negociación entre
los partidos políticos y las instituciones con las que tienen contraída
la deuda. Eso obliga a establecer una fecha de referencia. Se podrá
establecer la negociación en la deuda contraída hasta el año 1987, 1991,
1992 ó 1993. Pienso que hay que establecer un límite temporal. Los
resultados obtenidos de esa negociación por parte de las formaciones
políticas no deberían ser considerados como donaciones por parte del
prestamista. Es más, creo que, bien definido el panorama, estos últimos
preferirán cobrar aquella parte que el prestatario pueda pagar y dar por
finalizada una situación como la que vivimos en estos momentos, en la que
la deuda se contabiliza pero ni se paga ni se cobra.

Las formaciones políticas deberían disponer de un período moderado de
tiempo para efectuar su respectivo plan de refinanciación. Ese plan de
refinanciación debería fijarse durante un período máximo de tiempo que
quizás fuera bueno que pensara la Cámara si lo incorpora a la próxima ley
de financiación de partidos políticos. Dicho plan debe ser público e
informarse del grado de su cumplimiento al Tribunal de Cuentas.

La tercera de las ideas que merece la pena que ustedes recojan es la de
aumentar la subvención ordinaria que reciben los partidos políticos.

Durante muchos años será éste el recurso más cierto de todos cuantos
puedan obtener. Es bueno que auspiciemos la financiación privada, pero
hay que ser consciente de que crecerá lentamente. Habrá de ser por la vía
de la subvención pública por donde deban allegarse nuevos recursos que,
claro está, habrán de estar sometidos a un riguroso y completo control de
fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas.

La cuarta idea de la que les quiero hablar es que considero que una vez
producido el saneamiento y la liquidación de la deuda acumulada, las
formaciones políticas no pueden volver a contraer riesgos vivos con el
sistema financiero en la magnitud con que lo han venido haciendo hasta el
presente. Por tanto, tal vez sea bueno que pensemos si cabe la
posibilidad de fijar un techo máximo de endeudamiento que vendría
reflejado como un porcentaje de la subvención ordinaria a percibir por
parte de los partidos políticos y, desde luego, en el cual no deberían
incluirse aquellos créditos electorales afectados a la subvención
electoral.

Señor Presidente, señores Diputados, hablar de democracia es hablar de un
régimen en el que se garantizan las libertades públicas, en el que
existen mecanismos que facilitan la participación política, donde hay
instituciones representativas que expresan la voluntad de los ciudadanos
y en el que periódicamente tienen lugar elecciones libres en las que se
enfrentan distintos partidos políticos en la búsqueda del voto. En este
régimen político los partidos juegan un papel fundamental. Se encuentran
en el centro del proceso electoral, de la gestión política y de la
elaboración y de la definición de las posiciones públicas. Constituyen,
por tanto, el basamento sobre el que se construye un régimen democrático.

Pero creo que son algo más. Los partidos políticos son factores
esenciales para el mantenimiento del sistema y para su legitimación, y lo
son desde una perspectiva dinámica, puesto que se ven día a día influidos
por cambios sociales, por cambios económicos y por cambios culturales a
los cuales adaptan sus principios y su práctica política.

El tema que hoy nos trae aquí es un buen ejemplo de ello. Los partidos
políticos en España nacen a la vida pública en difíciles circunstancias y
emergen sin una norma reguladora de cuestiones vitales para su
funcionamiento. Es más, en el ámbito de la financiación, tardamos 10 años
en disponer de una ley que dijera cómo había que financiar los partidos
políticos y para qué era esa ley. El gap entre la ley y la realidad en
nuestro caso sí es profundamente significativo. Ahora bien, de todos es
conocido que la democracia es el único sistema capaz de perfeccionar y de
corregir situaciones anómalas. Ahora tenemos por delante la posibilidad
de buscar y de conseguir entre todos un conjunto



Página 13082



de disposiciones que señalen cómo debemos proceder financieramente. A eso
hemos venido nosotros aquí.

Yo he querido personalmente plantear algunas cuestiones que pueden ser
útiles y que quizás ayuden a SS. SS. en el importante trabajo que les ha
encomendado la Cámara. Créanme si les digo que ante el reto que tenemos
planteado, por encima de los aciertos y de los errores que han podido
existir en unos y otros, nuestro trabajo consiste en detectar los
problemas y en aportar las mejores soluciones posibles para resolverlos.

La financiación de los partidos políticos tiene que dejar de constituir
un problema y una preocupación para los españoles. Deseoso de ello, he
aportado algunas ideas para su consideración. Les agradezco enormemente
la atención con la que me han escuchado y confío muy seriamente en el
éxito de los trabajos de esta Comisión.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Marugán.

La Presidencia ha decidido que si algún miembro de la Comisión quiere
formular alguna pregunta, lo haga ahora o al final, cuando haya acabado
la ronda de intervenciones.

Tiene la palabra, por el Partido Socialista de Cataluña, su
representante.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PSC (don Joaquín Llach): Muchas
gracias, señor Presidente.

En primer lugar, creo que puedo hablar en nombre de todos los compañeros
secretarios de finanzas de otras formaciones políticas al agradecerles
que nos hayan convocado, porque a veces me da la impresión de que a quien
menos se escucha en estos temas es a los que modestamente podemos aportar
mayor experiencia. En este sentido, creo que la Comisión hoy ha acertado
al convocarnos a todos los responsables de finanzas de las formaciones
políticas.

Quisiera hablar con la mayor sinceridad posible, sin complejos ni
prejuicios de ningún tipo. Voy a hablar aquí a tumba abierta, que creo
que es lo que se nos pide, porque la Comisión ha de hacer un trabajo
importantísimo para el futuro de nuestro sistema. Por tanto, quisiera
aportar todas aquellas experiencias y sugerencias que a mi modesto
entender puedan serles útiles para el trabajo que tienen encomendado.

Mi intervención aquí va a seguir la máxima romana tan famosa que decía
«primun vivere, deinde philosophari». Voy a filosofar muy poco, voy a
intentar situar el tema desde mi modesta forma de verlo, pero sobre todo
voy a intentar dar algunas recetas, algunas sugerencias que puedan
ayudarles. Son recetas y sugerencias que no tienen por qué agotar las que
den otros y, en cualquier caso, como lo único que pretendo es que se
solucione el problema, si otros compañeros lo pueden solucionar mejor que
yo, perfecto. Como decía al principio, lo único que me interesa es que
este problema, que quizá sea en este momento el más delicado de los que
tenemos planteados, pueda solucionarse de una forma razonable y adecuada.

Lo primero que deberíamos tener entre todos, sobre todo la Comisión, es
coraje político para afrontar este problema. Mi compañero y amigo
Fernández Marugán ha dicho que quizás en 1987 no se abordó adecuadamente
el tema del endeudamiento que existía en aquel momento. Yo creo que no se
abordó seguramente por falta de coraje político. Temo mucho que hoy nos
pueda pasar lo mismo. La necesidad de información y presión de todos los
sectores de la sociedad sobre este tema puede hacer que falte el
suficiente coraje y valentía para abordarlo hasta el fondo, por muy
impopular que sea, por muchos costes políticos que pueda representar. Yo
entiendo que son costes políticos coyunturales, pero estratégicamente es
un problema de primera magnitud que hay que solucionar.

Lo primero que debería tener esta Comisión, y supongo que habrá
reflexionado profundamente sobre ello, es el coraje político suficiente
para tomar todas aquellas medidas que solucionen casi diría
definitivamente el tema, casi definitivamente.

El primer problema a abordar es el del endeudamiento histórico. Yo
quisiera romper una lanza en favor de la Ley de 1987, sin la cual hoy no
sé dónde estaríamos. Seguramente tiene sus deficiencias, pero también es
cierto que se hizo 10 años después del advenimiento de la democracia; que
las formaciones políticas tuvieron que pasar una travesía del desierto
larguísima, de 10 años, con ocho elecciones --en este caso nuestra
Constitución es implacable-- y un referéndum en ese período; sin ninguna
infraestructura de organización, porque se tuvo que partir prácticamente
de cero en todas las formaciones políticas, y sin una ley de
financiamiento adecuada, con lo cual en 1987 la situación de todas las
formaciones políticas, porque aquí sí que no había excepciones, era de
absoluta angustia y ahogo financiero. Yo creo precisamente que la Ley de
1987, quizá con algunas deficiencias, lo que cortó de cuajo fue la
sangría que se iba produciendo y casi estaría por asegurar --yo
desconozco la situación financiera de otros partidos políticos-- que a
partir de 1987 más bien lo que se ha podido hacer ha sido ir reduciendo
módicamente la deuda pero en cambio no ir aumentando el endeudamiento,
dejando aparte las provisiones de intereses que se han ido acumulando por
falta de pago de la misma. Pero yo creo que en cuanto al principal de los
compromisos adquiridos con las entidades financieras más bien lo que se
ha hecho es reducir.

Yo diría que este tema del endeudamiento histórico es el primero que se
debería abordar. Si no solucionamos este problema, dentro de poco
volveremos a estar en las mismas, porque ésta es una carga demasiado
pesada como para que pueda permitir a las formaciones políticas abordar
el futuro con absoluta tranquilidad. Y ¿como se debería hacer esto? Como
sea, es decir, cualquier medida que lo solucione, como ya he dicho antes,
para mí sería aceptable. Yo propondría algunas. Por ejemplo, nosotros
tenemos voluntad de pagar. Yo hablo por lo que hace referencia, como es
lógico, a mi formación política. Hace pocos días he tenido una
conversación con el Tribunal de Cuentas y he dicho: Yo quiero pagar, pero
yo puedo pagar hasta aquí. Si usted me obliga a pagar más allá, no puedo,
entre otras cosas



Página 13083



es porque casi afecta al 25 por ciento de la subvención pública. Si
ustedes me permiten renegociar la deuda con las entidades a las cuales yo
debo dinero de forma que la pueda pagar, yo la pagaré. Si ustedes me
dicen, no, no puede porque esto ya serían donativos encubiertos, pues
estaremos como estábamos, es decir, yo provisiono cada año el balance, no
pago y ellos no cobran y también provisionan la deuda, con lo cual se
origina un círculo vicioso, se van acumulando año tras año los intereses
de demora, la pelota se va haciendo mayor y esto, al final, termina
siendo una bola de nieve que ya no es posible de parar por nadie.

Por tanto, la primera medida para mí sería dar libertad a las formaciones
políticas, como tiene cualquier ciudadano y cualquier empresa por otro
lado en esta sociedad, de cuando tiene una deuda, ir a la entidad donde
la debe y decir: Yo puedo pagar hasta aquí, a ver si llegamos a un
acuerdo sobre cómo pagamos, de qué manera, cuánto y en cuánto tiempo. Una
vez llegado a un acuerdo con las entidades financieras, yo creo que lo
que se deberían arbitrar son sistemas de financiación con créditos
blandos y a largo plazo, de forma que el pago de esta deuda no supusiera
otra vez un ahogo para las formaciones políticas.

Otra medida que se podría tomar, sobre la que yo personalmente he estado
hablando y negociando con alguna entidad financiera, que es una idea muy
imaginativa y que supongo que sorprenderá, pero también se podría
arbitrar, sería autorizar a las entidades financieras a que hicieran una
emisión de deuda subordinada para cada formación política que les debiera
dinero. ¿Subordinada a qué? Como entendemos que no podría ser subordinada
a las subvenciones públicas, porque con éstas las formaciones políticas
deberían abordar su ordinario, debería ser subordinada a los ingresos de
donaciones privadas que se pudieran recibir a partir de una adecuada
formulación de una nueva ley, lo cual querría decir dos cosas: primero,
que las formaciones políticas asumen su pasado, quieren pagarlo; segundo,
que las entidades financieras sacan del pozo de los fallidos o de los
impagados unos préstamos que ya no piensan normalmente volver a cobrar, y
tercero, que podríamos dirigirnos a nuestros simpatizantes y amigos
diciéndoles que todos los donativos que hagan a la formación política no
servirían para nuevos gastos electorales, no servirían para nuevos gastos
ordinarios, sino para ir cada vez disminuyendo el endeudamiento histórico
que hemos ido acumulando durante los años de la transición, y yo quisiera
que esto quedara muy claro.

Otra solución quizá sería que el Estado democrático se pudiera plantear
también, toda vez que los partidos son la columna vertebral del sistema
--si los partidos son débiles, el sistema democrático será débil, y si
los partidos están en estos momentos en una situación delicada, el Estado
democrático, nos guste o no, estará también en una situación delicada--,
conceder a las formaciones políticas ayudas que pudieran paliar, digamos,
el tránsito democrático, el período de 1977 a 1987. ¿Cómo? A lo mejor por
un tanto por voto, por un tanto por Diputado. Serían fórmulas a estudiar
de forma que las formaciones políticas pudieran recibir ayudas del
Estado, que en definitiva, teniendo en cuenta las que se dan a veces
incluso a empresas privadas y a empresas públicas, casi resultarían
irrisorias comparadas con algunas magnitudes que se están barajando en
estos momentos. Tengan SS. SS. en cuenta que la subvención a los partidos
políticos en estos momentos no representa más allá del 0,03 y pico por
ciento de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, desde este
punto de vista no sería partidario obviamente de una amnistía --creo que
la sociedad no lo aceptaría, no es éste el tema--, pero sí de que el
Estado de alguna forma ayudara a reparar los cuantiosos dispendios que
los partidos políticos que nacían prácticamente de cero tuvieron que
soportar durante un período en que no tuvieron suficiente financiación.

Y una vez solucionado el tema del endeudamiento histórico, que para mí es
básico, primordial y prioritario, ya debería abordarse el futuro de la
nueva ley. Para mí la nueva ley debería descansar en dos pilares básicos:
la financiación pública y la privada, sin lugar a dudas, las dos; la
pública, aumentándola convenientemente, me atrevería a decir casi un 50
por ciento de lo que se está en estos momentos financiando. Es decir, la
financiación ordinaria de los partidos políticos está en 9.200 millones
de pesetas, de todas las formaciones políticas en estos momentos. Subir
de 9.200 a 12.500 millones de pesetas representaría una cantidad que se
podría soportar perfectamente, y creo que deberíamos ser lo
suficientemente valientes para hacer pedagogía con nuestra sociedad. No
me costaría nada defender estas actitudes delante de quien fuera porque
entiendo que, aun así, continúa siendo un porcentaje relativamente ínfimo
para lo que nos jugamos todos en ello. Por tanto, desde este punto de
vista yo creo que la subvención pública se debería aumentar como mínimo
en un 50 por ciento y luego ir claramente a regular la financiación
privada. ¿En qué sentido?
Para mí debería haber unos límites, que ya los fijaría el legislador, y,
a partir de ahí, transparencia absoluta: registro de donantes, y cuando
digo donantes me refiero a empresas, a personas físicas y jurídicas
obviamente. Las personas físicas, ¿cómo? La experiencia me demuestra que
es muy difícil en estos momentos, y no sólo hablo de formaciones
políticas sino incluso de sindicatos o de asociaciones, porque no tenemos
una cultura en estos momentos sobre la aportación privada que nos
garantice que pueda llegar a ser relevante, y, por tanto, creo que se la
ha de estimular suficientemente. Para que la financiación privada no sea
un eufemismo como ha sido hasta ahora, porque si los compañeros que me
acompañan son sinceros, y lo son, reconocerán que no hemos tenido
subvención privada, en ninguna de las contabilidades que yo he podido
observar que se han presentado al Tribunal de Cuentas casi ninguno de
nosotros tenemos subvenciones privadas, son dificilísimas de conseguir, e
incluso diría más, dentro de las propias formaciones las cuotas que se
perciben de los propios militantes y afiliados son unas cuotas que no
superan ni el 10 por ciento de los recursos que tenemos y, por tanto,
cuesta incluso entre los propios afiliados obtener suficiente
financiación, como decía, para que la financiación privada no sea un
eufemismo, yo creo que la única forma de estimular las posibles
donaciones privadas de personas físicas sería a



Página 13084



base de regularlas fiscalmente. Yo creo --y lo digo con toda crudeza--
que si no hay deducción de la cuota, no va a haber financiación y
donativos privados suficientes. Si se deduce de la base imponible, estoy
absolutamente convencido de que nos quedaremos donde estábamos. Creo que
la única manera de estimular a nuestros afiliados y simpatizantes para
que donaran alguna cantidad a sus partidos sería deduciendo de la cuota
una cantidad --la que se fije, la que fuera-- y así sabrían que de esta
manera podrían corresponder a sus simpatías políticas. Si se realiza esta
deducción de la base imponible, no cabe duda que será una ayuda, pero
pienso que volverá a ser un fracaso.

En cuanto a las personas jurídicas, es exactamente igual. Nos
equivocaríamos mucho si prohibiéramos las donaciones de las empresas.

¿Por qué? Porque volvería a ser la antesala de futuras corrupciones, nos
guste o no reconocerlo. Si las criminalizamos, habrá irregularidades
jurídicas dentro de poco. Yo creo que lo que tenemos que hacer es
intentar, de una vez por todas, que la sociedad vea que no tropezamos
siempre con la misma piedra. En estos momentos creo que tenemos una
última oportunidad de credibilidad ante la sociedad y no podemos fallar,
y la única forma de no fallar es que el legislador haga lo que tiene que
hacer. En este caso concreto --aunque mi forma de pensar difiere de la de
algunos compañeros míos, pero ya he dicho que aquí hablaré con toda
sinceridad-- creo que nos equivocaríamos mucho si prohibiéramos que las
empresas pudieran aportar su grano de arena a la consolidación del
sistema. ¿Qué quiere decir que las empresas puedan aportar? Debe existir
un registro de donantes, con transparencia total y con desgravaciones
fiscales suficientes para que las empresas se vieran suficientemente
estimuladas.

A partir de aquí más que apelar a la buena voluntad en cuanto a la
disminución de gastos electorales, lo que yo haría sería prohibiciones de
determinados gastos electorales, porque las apelaciones a la buena
voluntad son difíciles, porque todos sabemos lo que es una campaña
electoral, en que la vorágine del nerviosismo nos invade de vez en
cuando, y es muy difícil apelar a la buena voluntad y en este tema los
secretarios de finanzas normalmente poco pintamos. Cuando se han de hacer
determinados actos o anuncios, si se toma la decisión política, el
problema que tiene el secretario de finanzas es para pararlos. Por tanto,
creo que lo que se tiene que hacer es reducir los gastos prohibiendo
determinados gastos, y a partir de ahí ya no se podrán hacer. ¿Y qué se
puede prohibir? Muchas cosas, desde pancartas, banderolas, vallas,
anuncios en la prensa, etcétera. Se podría establecer que los anuncios en
la prensa solamente se hicieran el primer día de campaña y el último. Se
podrían fomentar los debates en los medios de comunicación públicos. Si
no se hace así, estaremos como estamos.

Me quiero referir a un tema concreto. El legislador cuando hace una ley
de limitación de gastos electorales ésta debería ser una ley que se
pudiera cumplir, porque, por ejemplo, ahora vamos a tener unas elecciones
municipales y la Ley de limitación de gastos electorales --sólo hablo de
Cataluña-- casi nos obliga a hacer sólo mailing, y lo comprenderán
enseguida. Cataluña es una Comunidad Autónoma que tiene 900 municipios.

Las mayores formaciones políticas iremos a las elecciones en unos 600
municipios. Aparte de estos 600 municipios, hay casi un centenar de
localidades que tienen más de 10.000 habitantes. Son 600 elecciones
municipales, no es sólo una, ya que cada localidad tiene su alcalde, su
candidato, la foto, el programa, el díptico, tiene que explicar qué va a
hacer en aquella población, etcétera. Solamente hacer un díptico con la
cara del candidato y con su programa, aunque sea para 300 habitantes,
vale 300.000 pesetas. Si multiplicamos esto por 600 municipios, verán el
resultado, y, sin embargo, tenemos un límite electoral de 140 millones de
pesetas, límite del que no nos podemos pasar. ¿Qué quiere decir esto? Que
a lo mejor habrá otras comunidades autónomas que tendrán 25, 100 ó 150
municipios, pero en Cataluña esto es absolutamente inviable. Los
equilibrios que hemos de hacer los secretarios de finanzas para no pasar
el límite electoral son casi imposibles. ¿Qué hemos de hacer entonces?
Como en el mailing no hay límite electoral, haremos solamente
mailing.¿Qué pasa? Que en mailing nos gastamos lo que no nos debiéramos
gastar, porque si en mailing nos gastamos 150 millones de pesetas,
sabemos que sólo cobraremos 77 millones, y como aquí no hay límite, en
eso estamos. Creo que también ha de haber un cierto sentido común en
legislar limitaciones que luego se puedan cumplir, porque si no se
cumplen, volvemos a las andadas. En este sentido creo que, en primer
lugar, habría que prohibir los gastos electorales y, en segundo lugar,
fijar una limitación que se pueda cumplir. Más que apelaciones a la
austeridad, yo creo que facilitaría mucho la labor de los secretarios de
finanzas si las prohibiciones fueran claras y concretas. Que se nos diga
en qué se puede gastar y en qué no, y que no haya dudas de en qué no se
puede gastar.

Hay un tema importante que ha mencionado mi compañero Fernández Marugán y
es que exista un plan de contabilidad homogéneo y común para todos.

Nosotros tenemos una agrupación local en 200 poblaciones. Tenemos una
estructura comarcal, formada por 26 federaciones, y en estos momentos
está integrada la contabilidad de dichas federaciones. Pero no es posible
llegar a los más recónditos pueblos de Cataluña porque no podemos tener
un terminal y un experto contable, ya que normalmente son personas
voluntarias que no tienen ni idea de lo que es la contabilidad, que
trabajan voluntariamente por un ideal político. Por tanto, no podemos
actuar como una entidad bancaria, donde todos son profesionales, en todas
nuestras organizaciones. Esta tarea es muy ardua y creo que no somos
capaces de acometerla. Además, esto representaría un dispendio brutal en
organización y en informatización, y tampoco sé si somos capaces de
hacerlo.

Quisiera en este momento trasladar una duda profunda que tengo desde que
estoy al frente de las finanzas de mi Partido, donde llevo 7 u 8 años. La
fiscalización del Tribunal de Cuentas se debe estrictamente a que los
partidos políticos reciben subvenciones del dinero público. La
fiscalización del Tribunal de Cuentas, ¿ha de ir más allá del dinero
público que reciben las formaciones políticas? Si no



Página 13085



ha de ir más allá, me gustaría saber hasta dónde y cómo ha de llegar. En
este sentido tengo profundas dudas sobre si la fiscalización del Tribunal
de Cuentas debiera ir más allá de los dineros públicos que recibimos.

Otra cosa sería que fiscalizáramos ingresos, en el sentido de que
cumplieran la legalidad vigente, pero en lo que es la fiscalización en
cuanto a la estructura contable yo tengo serias dudas --y lo digo con
absoluta sinceridad-- de que el Tribunal de Cuentas deba llegar más allá.

Otra cosa es que nosotros, como es lógico, aceptaremos lo que se decida y
colaboraremos con el Tribunal de Cuentas como hemos hecho desde siempre.

Estas dudas que tengo, creo que también las tiene el Tribunal de Cuentas.

En este sentido se debería profundizar bastante para saber hasta dónde ha
de llegar la fiscalización, como decía el compañero y amigo Fernández
Marugán. ¿Ha de ser la sede central? ¿Ha de ser la sede central más las
regionales o en Cataluña las comarcales? ¿Se ha de llegar hasta las
agrupaciones locales si se puede? Y, si es que se ha de llegar, ¿qué
medios se nos dan para poderlo hacer? Porque es evidente que hay
formaciones políticas, por ejemplo las de ámbito estatal, que será muy
difícil que puedan llegar a informatizar tres mil o cuatro mil
agrupaciones locales.

Finalmente, ya para terminar, yo diría que una vez solucionada la
financiación, sí que se debería ser implacable en cuanto a su control. En
este sentido, creo que no podemos fallar y, por tanto, todas las medidas
que se pudieran tomar serían buenas.

Seguramente no estaría de más que en las campañas electorales el control
se pudiera hacer desde la Junta Electoral dentro de las propias sedes de
los partidos políticos. A mí me daría igual tenerlos allí y que
fiscalizaran, siempre y cuando hubiera una regulación clara e igual para
todos.

Lo único que puedo añadir es desear mucha suerte y mucho éxito a la
Comisión, porque la necesitamos todos. En realidad, tal como he dicho
antes, del éxito y de la suerte que tenga esta Comisión, yo diría que
casi depende la viabilidad del sistema democrático en los próximos años.

Por tanto, muchas gracias y mucho éxito.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Joaquín Llach.

Antes de ceder la palabra a don Alvaro Lapuerta, esta Presidencia quiere
dar una explicación de por qué han sido citados todos ustedes en bloque,
tal como acordó la Comisión, y se está demostrando el acierto de esta
idea, rompiendo las citaciones en horarios determinados, aunque esto les
obligue a ustedes a estar más horas en esta sala. Era para producir un
enriquecimiento informativo mutuo de las ideas que cada uno de ustedes
está expresando aquí, porque creo que éste es un problema de fondo muy
grave y tenemos que solucionarlo entre todos y la aportación de ustedes,
escuchándose unos a otros, puede contribuir a ello.

Sin más, cedo la palabra a don Alvaro Lapuerta Quintero, responsable de
finanzas del Partido Popular.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARTIDO POPULAR (Lapuerta Quintero):
Yo no tenía pensado hacer una lección inicial de lo que opino sobre
financiación y, por tanto, no la he preparado. Venía más bien a aportar
mi experiencia en los dos años que llevo como responsable de las finanzas
de mi partido, transmitir los fallos que había visto y mantener un
diálogo --había entendido yo-- con los demás representantes de los
partidos políticos que fuera enriquecedor para ustedes. Pero el señor
Fernández Marugán ha hecho una exposición importante y yo voy a intentar
simplemente apostillar algunas de sus afirmaciones.

Ha examinado tres puntos: la modalidad de financiación, el control y la
amortización de las deudas históricas. Respecto a la modalidad de la
financiación, es indudable que tal como están es este momento los
partidos políticos en España la ayuda pública es absolutamente
imprescindible; si no, los partidos no podrían funcionar. Sé que es un
tema discutido e incluso se habla de la naturaleza jurídica de los
partidos políticos para ver si es posible o no esa subvención del Estado,
pero tal como ahora funcionan, en un momento aún de rodaje de nuestra
democracia, la financiación pública es imprescindible.

Esta financiación pública no debe suprimir la financiación privada, que
tiene que ser un complemento que naturalmente tiene que ir creciendo con
el tiempo hasta convertirse en una parte importante de la financiación.

Precisamente esta financiación privada es la que está menos estudiada y
menos desarrollada en las leyes de financiación de los partidos
políticos. Indudablemente cabe la cuota de los afiliados (en nuestro
partido supone ya una partida importante), pero se está consumiendo
provincialmente, por lo que a la financiación nacional no llegan estas
cantidades, se gastan en las distintas provincias.

Luego viene el capítulo de las donaciones. Como todos ustedes saben,
existen dos formas de controlar estas donaciones. El momento electoral
tiene un tope máximo de un millón de pesetas y es necesario la
identificación del donante. En época no electoral, cuando va destinada al
mantenimiento del partido político, las donaciones teóricamente tienen un
límite objetivo, los diez millones por persona, pero como caben las
donaciones anónimas, aunque exista una cuenta para donaciones, una
persona puede hacer un donativo superior a los diez millones con tal de
que divida sus aportaciones en varias entregas.

Me parece que este sistema falta claramente a un principio de
transparencia. Soy partidario de que se admitan las donaciones, pero
siempre sabiendo quién es el donante; es decir, con identificación de la
persona física e incluso de la persona jurídica que realiza la donación.

Este tema de que las personas jurídicas puedan efectuar donaciones a los
partidos políticos ha sido uno de los temas más debatidos en la
experiencia internacional. Ultimamente se ha tratado en Francia, en
Alemania, en Inglaterra, y han terminado dejándolo prácticamente como
estaba, porque hay que decir que estas cosas son muy difíciles de tocar.

Indudablemente no existe, a mi juicio, ningún inconveniente, con tal de
que se ponga un límite objetivo y subjetivo a esta donación. El límite
objetivo sería decir una cuantía. Por ejemplo --no pretendo dar una
solución--, en España una cuantía aceptable sería cinco millones de
pesetas, o el



Página 13086



límite actual. El límite subjetivo tendría un doble sentido. Como para
fomentar esa donación tendríamos que darle un tratamiento fiscal adecuado
en las personas físicas, en el Impuesto sobre la Renta tendría que tener
un tratamiento semejante a las donaciones que se efectúan a fundaciones:
sería un tanto por ciento que se deduciría en la cuota. Pero también
tiene que tener otra limitación subjetiva, y es que no pueda deducirse
más que una parte en proporción a lo que se ha declarado en la renta. Esa
sería mi limitación subjetiva. También sería subjetiva respecto a las
personas jurídicas, y habría de suprimirse la posibilidad de donaciones
de aquellas empresas que contrataran con la Administración pública. A
éstas les estaría vedado el que dieran cualquier tipo de donación. El
objetivo es fijar un límite igual (por mí no habría ningún inconveniente
en que fuese el mismo) a la persona física y a la persona jurídica.

El registro, el mismo que actualmente existe en época electoral, es
decir, tendría que hacerse a través de una cuenta especial, sólo de
donaciones, aunque luego pasase a un solo banco y se hiciese
sencillamente con la identificación del NIF de la empresa o del sujeto
que lo hiciera.

Hasta ahora, en el segundo problema, que es el de la consolidación de
todas las cuentas, el del control, nosotros hemos tenido las mismas
dificultades que los demás. Llegamos a más. Empieza con juntas locales,
para pasar luego a provinciales, a regionales, y todo esto tiene que
consolidarse en una cuenta nacional. También allí tendrán que
consolidarse las cuentas de los grupos parlamentarios. Puedo decir cómo
he intentado hacer esto a través de las distintas inspecciones que ya ha
realizado el Tribunal de Cuentas, la última la del año 1993, es decir,
que estamos prácticamente al día. No hay más remedio que ir a cada
provincia para llevar la contabilidad. En un principio, pensé que, a
través de un plan de contabilidad y poniendo unas terminales en todas las
provincias, se podía llevar a cabo, pero se tropieza con las mismas
dificultades que han señalado mis compañeros que han intervenido antes
que yo, que no hay gente preparada en los sitios, que no saben llevar
estos programas, que ofrece mayores dificultades. Entonces, lo que he
hecho es centralizarlo en Madrid, de suerte que empleados nuestros
expertos con contabilidad se trasladan periódicamente a todas las
provincias españolas y allí, «in situ», realizan la contabilidad con los
datos que les dan, dejan una copia en la provincia y se traen otra
directamente, que es la que pretendo consolidar mensualmente y, al final,
anualmente. El procedimiento me ha dado bastante buen resultado. Esto no
obsta para que fuera muy conveniente complementar este sistema con lo que
pretendía el señor Marugán, que es establecer un plan de contabilidad
uniforme que permitiera fijar datos comparativos y estudios a la fecha.

Es evidente que todo este sistema de financiación de los partidos
políticos debe ir acompañado de una máxima transparencia. Yo he insistido
antes en el aspecto de las donaciones, pero tiene que ir, como es
natural, a todos los supuestos. Pretendo que se me dé prácticamente todos
los días información sobre la situación bancaria en cada momento.

Indudablemente, éste es el último punto. Tenemos una pequeña deuda
histórica, quizás más pequeña que la de otros partidos políticos, pero
que estoy amortizando. Concretamente, según los datos que he
proporcionado al Tribunal de Cuentas, este año pasado he amortizado más
de 800 millones de capital y 300 y pico millones de intereses.

Hay otro problema paralelo a éste, que es el de las campañas electorales.

Me parece prudente establecer límites, con tal de que sean pactados
mediante un consenso, porque a veces se tienen intereses contrapuestos a
la hora de fijar estos límites. Lo cierto es que uno de los defectos que
tienen nuestras normas en materia de financiación de los partidos
políticos, y afecta igual al mantenimiento que a las campañas
electorales, es que no existe un régimen sancionador, y una norma
prohibitiva que no va acompañada de la sanción correspondiente es una
norma inútil. No vamos a pretender que no exista más sanción que la del
delito electoral, porque esto sería una barbaridad. Hay infracciones,
como por ejemplo pasarse en el límite que se haya puesto en materia de
prensa o de vallas exteriores, que tienen que tener inmediatamente una
sanción que haga que los partidos políticos cuenten bien lo que gastan en
cada una de las partidas.

Quería apuntar otra cosa que me ha llamado la atención y cuya solución no
he estudiado. En las elecciones al Senado vemos que se presenta una lista
de partidos políticos que hace que la papeleta del Senado tenga casi la
forma de un rollo de papel higiénico, porque hay que ir viendo todos
estos partidos. Son partidos absolutamente desconocidos y que no tienen
ninguna posibilidad de salir. Creo que podríamos evitar a la
Administración unos gastos de financiación de partidos que son
prácticamente inexistentes. Todos podemos pensar algunos casos --no
quiero señalar-- en los que ha habido unos abusos, incluso ha habido uno
que ha dado lugar a un delito, porque se presentaban prácticamente una
señora y dos empleados en la totalidad de España. Naturalmente, tiene
derecho al «mailing», que lo paga la Administración, el Estado. En ese
«mailing» se puede hacer la propaganda de un producto de belleza, y esto
es muy peligroso. En muchos países se establecen, sin que esto afecte
para nada a la libertad de expresión, unos límites para que los partidos
políticos garanticen una cierta presencia donde comparezcan. Así
evitaríamos, mediante un aval o similar, que el Estado gaste en el
«mailing» de estos partidos inexistentes que todos sabemos cuáles son.

Por último, respecto a las deudas históricas, que es el tercer tema que
ha apuntado mi compañero el señor Fernández Marugán, también pienso que
debería tomarse una postura a este respecto. No es que a mi partido le
afecte más que a los demás, sino posiblemente menos, y prueba de ello es
que en este momento, de acuerdo con los datos que he proporcionado al
Tribunal de Cuentas, estoy pagando esta deuda. De todas maneras, es
verdad que con anterioridad al año 1987 existió un poco de desorden en
esta materia.

La situación es aún más clara que lo que ha dicho el señor Fernández
Marugán, porque casi todos los bancos tienen estas cantidades en
suspenso. El estar en suspenso, como todos ustedes saben, significa que
ya ha sido provisionado por el banco y, al final, se convierte en un
simple asiento de contabilidad, es decir, en un lado está la dotación



Página 13087



que ha hecho el banco y en el otro la deuda histórica que existe. Es más,
algunas de estas deudas el banco no las comunicó al Tribunal de Cuentas,
cuando se circularizó, porque las daba por perdidas. Vale la pena que
estudien el problema de prescripción y que le den una solución
definitiva.

Como no tenía preparada una intervención, me he limitado a contar mi
experiencia, pero, como es natural, hay experiencias anecdóticas que
pueden enriquecerles y en el diálogo que mantengamos, estoy a su
disposición.




El señor PRESIDENTE: A este respecto le digo que la Presidencia --lo
pensaba decir al final de la sesión-- les pide que, en un plazo
prudencial de una semana como máximo, hicieran llegar a la Comisión
cualquier propuesta o iniciativa que no hayan podido exponer en la sesión
de hoy, bien por no haberla traído en su documentación o bien porque les
haya motivado a esa idea las intervenciones de cualquiera de los
asistentes en este enriquecimiento al que yo me refería. Por tanto,
anuncio aquí que podrán hacer llegar a la Comisión su propuesta por
escrito de modificaciones legales al ordenamiento actual.

Sin más, cedo la palabra al señor Santiso, en representación del Grupo de
Izquierda Unida.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DE IZQUIERDA UNIDA (IU) (don Mariano
Santiso): Muchas gracias por esta comparecencia, que creo que puede ser
muy útil en un futuro para una nueva ley de financiación de partidos
políticos que dé respuesta a las inquietudes que se han creado en la
sociedad por los distintos casos que están ya publicados, algunos incluso
en vías judiciales, que creo que nos deberían hacer reflexionar a todos.

Creo que el principio fundamental de la financiación de los partidos
políticos pasa, como ya se ha dicho por algunos intervinientes, por la
transparencia, tanto de sus ingresos como de sus gastos, con un apartado
especial para lo que son los gastos electorales o campañas electorales.

En primer lugar, creo que todos los partidos políticos tenemos que
hacernos una fuerte autocrítica en el sentido de que durante años nos
hemos embarcado en una carrera desenfrenada de gastos, olvidándonos de un
principio económico elemental que es que nadie, ninguna entidad debe
gastar más de lo que va a ingresar si quiere mantener una situación
estable en sus finanzas, en su propia vida como institución.

Nuestra opinión, a grandes rasgos, y acompañaré también algunas
experiencias personales en este trayecto de administración de Izquierda
Unida, es la siguiente. Primero, pensamos a «grosso modo» que el volumen
de recursos actual que se destina a los partidos políticos sería
suficiente en su conjunto si se reajustaran mucho más lo que son gastos
electorales y se trasvasaran a gastos ordinarios. Pensamos que las
campañas electorales son, en definitiva, momentos puntuales de la
actividad de los partidos políticos y que precisamente éstos, si quieren
tener presencia en la sociedad, tienen que desarrollar otra serie de
actividades en el día a día que son mucho más útiles para la propia
función de los partidos políticos y, en realidad, no hay que olvidar que
un partido político también está en campaña electoral todos los días. Por
eso es muy difícil después delimitar períodos de campaña electoral,
porque en todos los partidos las actividades que realizamos tres meses
antes de la campaña se enfocan, lógicamente, en una preparación de ese
momento electoral puntual. Por tanto, resulta difícil establecer
fronteras en el gasto electoral y creo que en eso nos estamos
autoengañando todos. Probablemente, por eso sería más razonable
incrementar la subvención ordinaria, pública por supuesto, para que los
partidos puedan, entre otras cosas, responder a esta transparencia,
porque si tuviéramos la posibilidad de llegar hasta el último rincón
donde hay una agrupación, en este caso de Izquierda Unida o de otros
partidos, necesitaríamos un ejército de contables mayor incluso que el de
las personas que están en política. Y voy a poner un ejemplo: Izquierda
Unida en Castilla-León tiene, en este momento, del orden de dos o tres
liberados políticos a tiempo total, mientras que hay diez provincias y,
por tanto, hay también más de 150 agrupaciones locales. Es difícil, por
tanto, conseguir el poder seguir desde abajo, desde el principio, todo
tipo de pequeños ingresos, que además son cosas muy pequeñas. Voy a poner
un ejemplo: las casetas que se ponen en las fiestas locales para recaudar
fondos para la agrupación local, la venta de mecheros o de determinadas
cosas, que incluso tienen un dudoso tratamiento tanto fiscal como
contable; son pequeños ingresos de los partidos, pero es muy difícil
llegar hasta el último nivel de ingresos. Por tanto, apostamos claramente
por la financiación pública, como bien se decía, por el papel que deben
jugar los partidos políticos en esta sociedad, acompañándola, por
supuesto, de la transparencia.

Hay también muchas zonas de duda, porque el propio Tribunal de Cuentas va
evolucionando en sus criterios de fiscalización de los partidos y nos
encontramos con algunas contradicciones entre los criterios del tribunal
y los de algunas instituciones. Hablo, por ejemplo, de los ingresos que
los partidos tenemos en los parlamentos autonómicos o incluso en los
municipios donde hay discusiones legales y jurídicas sobre si son o no
finalistas en muchos casos y, por tanto, si hay que incorporarlos o no a
la contabilidad de los partidos políticos. Y ahí, en muchos casos, cada
institución se encierra en que tiene la razón y, por tanto, las
subvenciones que recibe un grupo municipal son absolutamente finalistas y
para justificar ante el ayuntamiento. En definitiva, si está justificada
ante el ayuntamiento respectivo también lo deberá estar ante el Tribunal
de Cuentas que fiscaliza a los ayuntamientos. Este es otro de los
elementos que complica bastante la consolidación de las cuentas de los
partidos políticos y que creo debería despejarse de una vez por todas.

Lo mismo sucede, en muchos casos, con la financiación a los grupos
parlamentarios, tanto autonómicos o incluso, por elevación, al grupo
parlamentario del Congreso. Al mismo tiempo, hay que establecer unas
normas sobre las donaciones que realizan en muchos casos los diputados,
en sus distintos ámbitos, y los concejales a su propio partido, y sería
muy útil lo que se ha dicho antes: un plan de cuentas



Página 13088



específico para los partidos que contemplara estas cosas, que además son
reales y suceden día a día.

Apostamos por esta vía pública de financiación, acompañándola de que los
créditos, tanto electorales como en algún momento a los partidos, fueran
a través o bien de avales públicos, avales del Estado, o bien de la
utilización de la banda pública o del grupo Argentaria, por ejemplo, que
está ahí y que curiosamente, en este momento, no entra ya en la
financiación de partidos políticos, mientras que hay que recurrir
sistemáticamente a la financiación de las entidades bancarias privadas.

Lo que más me preocupa del tema de financiación de partidos políticos es
la igualdad de posibilidades de concurrencia a unas elecciones o a la
vida política. Me parece que aquí sí hay un problema serio, porque la vía
de financiación, por ejemplo, ordinaria, fundamental para un partido de
ámbito estatal, son unas subvenciones originadas a través de unas
elecciones generales donde, por ejemplo, las fuerzas como la nuestra, la
tercera fuerza política, es doblemente penalizada. Se la penaliza
previamente en las subvenciones a recibir para ir a unas elecciones
generales o, por ejemplo, en el «mailing» último, que se ha pagado en
diferente cuantía en función del porcentaje de votos obtenidos mientras
que el coste, esto es lógico, es el mismo. Si hay que enviar una carta,
un sobre y una propaganda, como mínimo el coste es igual. Pero, a su vez,
cuando se distribuyen después las subvenciones mensuales ordinarias, que
son la base fundamental de la financiación a nivel estatal, se vuelve a
penalizar, a Izquierda Unida en este caso, porque se tiene en cuenta un
criterio mixto que incluye la imputación de escaños. Por tanto, una
formación política que tiene dos millones y medio de votos recibe casi el
mismo trato que otra formación política como puede ser Convergència i
Unió, que al tener diecisiete escaños también, tiene un millón menos de
votos y, sin embargo, recibe un trato financiero similar que una fuerza
que tiene que entrar en todo el ámbito estatal.

Es otra reflexión que quiero dejar sobre la mesa, porque entiendo que se
hayan instrumentado mecanismos para impedir lo que decía el responsable
de finanzas del Partido Popular (que esto se convierta en una especie de
financiación que pueda hacer aparecer partidos ficticios para acceder a
ella), pero también creo que, una vez realizadas las elecciones, el trato
debe ser igualitario y en función de los votos que cada fuerza política
parlamentaria tiene en ese momento. No tiene ningún sentido esa doble
corrección y tratamiento a las distintas fuerzas políticas. Por suerte,
digamos, el discurso político, la práctica política hace variar las
correlaciones de fuerzas, pero si estuviéramos hablando de empresas, en
términos económicos, estaríamos manteniendo siempre a los que ya están,
porque son los que tienen más dinero público, más financiación pública en
relación a lo que ya tienen y, por tanto, resulta muy difícil para una
fuerza política irrumpir en la vida política. Creo que eso no es justo y
no es lo que plantea la Constitución: la igualdad de oportunidades de
todos ante un proceso electoral o ante la participación en la vida
política. Por tanto, es una reflexión que hay que hacer en profundidad,
salvo que, al final, queramos quedarnos sólo con dos partidos políticos y
que nunca más, en este país, vuelvan a aparecer nuevas fuerzas políticas.

Entendiendo también --insisto-- que debe haber elementos correctores que
impidan que se creen determinadas expectativas que favorezcan la
multiplicación de partidos cuyo objetivo base fuera acceder a la
subvención pública.

En cuanto al tema del gasto electoral, me parece muy bien que se limite
la colocación o la utilización de determinados soportes publicitarios o
de otros medios, porque creo que el trabajo fundamental de un partido
político está en el día a día y no en los últimos veinte días de campaña.

Ahora bien, me gustaría que se discutiese en todo caso, y no se vayan a
reducir aquellos elementos que son más baratos y que permiten a los
partidos más pequeños acceder, precisamente, a su presencia. Nosotros,
lógicamente, tenemos que recurrir mucho más a los carteles, a los
dípticos, a las pancartas que a grandes elementos a los que su precio nos
hace imposible acceder. Creo que es un elemento que hay que tener en
cuenta antes de limitarlo.

La contabilidad electoral tiene serias deficiencias que hacen
prácticamente imposible cumplir al cien por cien la Ley Electoral. Primer
elemento, la financiación. Podríamos encontrarnos en un supuesto que no
está fuera de la realidad. Ahora mismo, para financiar una campaña
electoral hay que recurrir exclusivamente a la banca privada, y podríamos
encontrarnos con que la banca privada, por razones políticas o de
empresa, decide que a determinado partido no le da ni un duro. Esta es
una situación real. Hay determinados bancos --y me parece muy bien porque
para eso son privados y tienen libertad de elegir sus clientes-- que, por
ejemplo, a Izquierda Unida no le dan un duro, pero no porque tengamos
mucha deuda, no porque no paguemos, ni mucho menos (es más, no tenemos ni
deuda histórica en este momento), sino porque no se sienten afines o no
tienen ningún interés en que Izquierda Unida ascienda como fuerza
política porque lógicamente tenemos intereses absolutamente
contrapuestos. Por reducción al absurdo, podría llegar un día en que
ningún banco quisiera financiar a una fuerza política por el simple hecho
de que es de izquierdas. ¿Qué haríamos en ese momento? ¿Quedaría en
desigualdad ante la ley? ¿Qué mecanismos hay en previsión de situaciones
de este tenor que se podrían dar? Por eso, apostamos para que o bien se
fijen unos baremos en función de la representación que hay o algo
similar, o bien la banca pública participe en esta financiación, con
criterios razonables de poder recuperar esos préstamos. Al mismo tiempo,
me parece absurdo que la banca pública esté perdiendo en este momento los
cuantiosos beneficios que puede obtener de los partidos políticos, por lo
menos en nuestro caso. Pagamos religiosamente todos nuestros créditos y
está obteniendo beneficios del 15 ó 16 por ciento, en cantidades de
inversiones de campaña de 700 u 800 millones de pesetas. Me parece
absurdo que la banca pública, en este momento, no pueda acceder a un
mercado y participar en esos beneficios que se quedan en el ámbito de lo
privado. Curiosamente, algún alto responsable de la banca pública me
decía que sí, que él estaría encantado de que Argentaria participara en
esto, porque, además, lo tenía muy claro en el caso de Izquierda Unida,
pero una disposición



Página 13089



aprobada, en este caso, en el Banco Exterior de España le impedía
participar en la financiación a los partidos políticos, a pesar de que
hace algunos años Caja Postal sí financió algunos partidos, en concreto
al Partido Socialista Obrero Español, en una campaña, si no recuerdo mal,
municipal. Por tanto, es otro elemento que dejo como argumento importante
sobre el que reflexionar para garantizar esta posibilidad de igualdad de
condiciones a la hora de presentarse a unas elecciones.

Otros defectos de la Ley Electoral que hay que corregir. Primero, es muy
difícil de delimitar cuándo empieza el período electoral a efectos de
contabilidad electoral; y segundo, resulta bastante difícil, durante una
campaña electoral, convencer al Tribunal de Cuentas de que una gran parte
de los gastos ordinarios que se producen en una formación política
durante el período electoral son realmente electorales. ¿Qué partido
político, durante los meses que dura una campaña, no está volcado en esa
campaña electoral? Es absurdo que tengamos que recurrir a alquilar una
sede diferente, a contratar diferente personal, y, sin embargo, no
podamos descargarnos durante el período electoral de una parte de esos
gastos, cuando todo el mundo sabe, y es obvio, que el 90 por ciento de
los trabajadores de un partido político, incluso sus locales, durante ese
período están a disposición de la campaña electoral. Es otra cosa en la
que a veces el Tribunal de Cuentas cae en planteamientos absolutamente
reglamentistas --diría--, pero también con muchas dudas, porque luego
cambia de criterio muchas veces y cuando le haces una pregunta tampoco la
quiere responder; no se compromete en una respuesta concreta sobre cómo
fiscalizar o cómo hacer algunos apuntes contables, y son cosas de sentido
común que además disminuirían el gasto. ¿Por qué Izquierda Unida va a
tener que alquilar una sede fuera de Izquierda Unida si le es útil la que
tiene y la puede utilizar? ¿Por qué no va a poder descargar el alquiler,
en este caso, de una sede durante la campaña electoral si la está
utilizando para la campaña electoral? Establézcase un porcentaje, el 70 o
el 80 por ciento. Es decir, son problemas prácticos en los que nadie
reflexiona.

Continúo. Se obliga a cerrar las cuentas electorales en un tiempo
determinado. Esto es muy gracioso, porque lógicamente, primero, uno puede
establecer períodos de pago con los proveedores, porque no solamente se
financia uno a través de los bancos, sino que, en función de los períodos
de pago de las subvenciones públicas, uno puede pactar con un proveedor
que una parte de su factura se va a pagar a continuación de que el Estado
nos haga los ingresos que correspondan por las elecciones y,
curiosamente, como ese período, lógicamente, es muy largo, están cerradas
las cuentas electorales, con lo cual el Tribunal de Cuentas te puede
decir: es que van ustedes a cobrar... Yo digo: sí, pero es que también
voy a cobrar fuera de plazo su propia subvención. Lógicamente la
subvención por gastos electorales debería cobrarse en la cuenta
electoral, y para mí las cuentas electorales no deberían cerrarse hasta
un período prudencial de un mes aproximadamente después de cobrar la
última peseta de las subvenciones recibidas del Estado. Eso además nos
permitiría, en todo caso, tener en una sola contabilidad toda la
evolución del gasto electoral, el cobro de subvenciones, etcétera. Es
absurdo que uno tenga que hacer la previsión de ingresos como
contrapartida de la contabilidad electoral y, sin embargo, luego cuando
quiere regularizar el ingreso del Estado de ese gasto electoral, resulta
que la cuenta electoral la tiene cerrada por ley. Esto mismo se produce
sobre otro concepto muy importante y que tiene un gran peso en una
campaña electoral, que son los gastos financieros. Si aplicamos la ley,
resulta que una de las interpretaciones que ha hecho el Tribunal de
Cuentas es que los gastos financieros los computa solamente durante el
período electoral; es decir, uno pide un crédito de 500 millones de
pesetas, por poner un ejemplo, y te computan como gastos financieros,
según su criterio, solamente el período de tres o cuatro meses que está
abierta la cuenta electoral y que es período electoral. Esto es absurdo,
porque lógicamente las pólizas de crédito van también acompañadas de
plazos similares al previsible cobro de las subvenciones electorales,
porque van fundamentalmente soportados los créditos contra los ingresos
electorales. Este es otro absurdo, porque lo lógico es hacer la previsión
en base al tiempo que va a tardar el Estado en devolver el dinero a los
partidos políticos.

Acabo de ver el informe del Tribunal de Cuentas sobre Izquierda Unida y,
curiosamente, por ejemplo, la inversión en «mailing», no la considera
como gastos financieros imputables al «mailing» cuando eso forma parte
del gasto, y en este caso del «mailing». ¿Por qué tiene que ser solamente
gasto general? Estamos hablando de cantidades muy importantes, un soporte
de «mailing» universal como el último puede estar en 370 millones como
poco, y lógicamente tiene unos costes financieros muy altos que forman
parte del gasto electoral. Hay situaciones realmente absurdas, y el
Tribunal de Cuentas no tiene criterio propio; entramos en un peloteo
entre la Junta Electoral Central y el Ministerio del Interior y al final
no se resuelve.

Otro ejemplo de situación absurda. Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya se presenta a las elecciones generales como coalición entre
Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida y, por tanto, es un ente
jurídico único. Pues bien, al Tribunal de Cuentas le ha apetecido decir
que somos dos; la Junta Electoral nos ha dado la razón, pero como
inicialmente el Tribunal de Cuentas tomó por su cuenta y riesgo el
criterio de que éramos dos entidades separadas, a pesar de existir
escrituras y toda la contabilidad conjunta, dice: es que no lo he
auditado porque son dos entidades. Pues no, señor, hay una resolución de
la junta donde dice que somos una sola entidad. Esto nos está suponiendo
haber dejado de cobrar todavía y seguir peleándonos por casi 100 millones
de pesetas, simplemente porque a unos señores se les ha ocurrido la
brillante idea de que son dos entidades separadas, y a pesar de haber una
resolución a favor entramos en un círculo vicioso donde la junta
pregunta: ¿ustedes han auditado IU-IC? Y dicen: no, hemos auditado IU.

Ah, pues entonces no se puede pagar, y vuelves a reclamar.

Este tipo de temas crean serias dificultades, lógicamente provocan unos
gastos financieros considerables y distorsiones a partidos como el
nuestro. Por tanto, yo creo que hay bastantes temas que corregir, que en
términos de



Página 13090



trabajo se podrían resolver con un plan contable, como se decía antes,
que se basara en los casos que se pueden dar o que se están dando y que
pueda corregir estos planteamientos.

Una última reflexión. También sería conveniente --y no afecta
directamente a la ley pero pudiera afectar-- regular mejor el Registro de
partidos políticos y el período de vida de los partidos registrados en
él, pues al paso que vamos puede llegar un momento que no haya ninguna
sigla libre porque hay 500 partidos políticos inscritos y la mayoría de
ellos sin vida. Habría que establecer normas que permitieran ir depurando
ese Registro de inscripción de partidos políticos, porque, además, sería
útil después también para su propia fiscalización. Quizá la fórmula de
fiscalizar los partidos políticos, la exigencia de que todos los partidos
políticos inscritos en el Registro estén fiscalizados, podría conseguir
la autodepuración de toda una amalgama de siglas de partidos registrados
que incluso en algunos casos están inscritos simplemente para preservar
siglas similares. Por tanto, yo creo que es otro tema que habría que
tocar conjuntamente.

Por último, en cuanto a la deuda histórica. Esto me produce una
preocupación bastante importante, porque Izquierda Unida, y dentro de
ella los partidos políticos existentes antes ya de su fundación,
lógicamente sufrió las mismas dificultades o mayores, al ser más pequeño,
que el resto de partidos políticos que concurrían en aquel momento a las
elecciones. Puedo informar que el Partido Comunista de España, antes de
la creación de Izquierda Unida, tuvo muchas dificultades en las campañas
de 1985 y 1986 por sus propios resultados, que lógicamente provocaron
cierto problema financiero. El Partido Comunista de España lo que ha
hecho ha sido, en primer lugar, vender su sede --creo recordar que se
vendió en torno a 1.200 millones-- e ir liquidando una a una las deudas
que tenía. No descarto que haya que estudiar los problemas existentes con
la deuda histórica, pero hagamos una reflexión. Insisto, hemos sufrido en
nuestra carne la venta de patrimonio y todo tipo de reducciones de
personal (pasar, como tuvo en su momento el Partido Comunista, de 160
trabajadores a 18 ó 20 después de una regulación de empleo que tuvimos
que hacer entonces) y habría que tener en cuenta estas cosas y hacer un
reconocimiento de que yo creo que el problema es que los partidos se
embarcaron, en algunos casos, en operaciones que no tenían ningún soporte
en términos económicos y en términos simplemente de competencia
comercial. Ahí la banca también tiene una gran responsabilidad, porque
cuando nosotros hablamos con los bancos lo hacemos en términos iguales a
los que podría hablar cualquier cliente con un banco, y nos exigen los
mismos avales, las mismas garantías, las mismas previsiones de ingresos
en función de las elecciones. Podríamos caer en algo muy difícil de
controlar, porque si el riesgo final asumible lo evalúa simplemente un
banco en función de mis simpatías como banquero con un determinado
partido puedo tener más o omenos manga ancha con ese partido.

Hay una operación que todo el mundo conoce --yo quiero ser muy claro--, y
es la operación Roca. ¿Con qué informes se soportó la financiación de dos
mil y pico millones de pesetas de una operación que creo no dio ni un
duro después? Pues alguien tendrá que pagar también las consecuencias, de
este tipo de cosas, que, además, están en la opinión pública. Nadie
descubre nada. A unos partidos se nos mira con lupa, e insisto, puede
llegar un momento en que, como ideológicamente tenemos no sí si la suerte
--yo creo que sí-- de ser de izquierdas, no son precisamente los bancos
nuestros mejores amigos. A pesar de eso, tengo que decir que Izquierda
Unida es bien recibida en todos los bancos, pero fundamentalmente por una
cosa: porque es una buen cliente que paga. Entonces nos gustaría que a
los demás, como mínimo, se les exigiera lo mismo; es decir, que paguen
igual que tenemos que pagar nosotros.

Termino con un par de datos. Izquierda Unida tuvo su nivel máximo de
deuda --y hablo en grandes números-- después de las elecciones generales
de 1993, lógicamente, después de abordar una campaña, deuda que se
situaba aproximadamente en uno 1.250 millones de pesetas. Según mi
criterio, en esa campaña nos gastamos un poco más de la cuenta por muchas
razones, lo que lógicamente nos produjo dificultades. Sin embargo, al día
de hoy estamos en una deuda de aproximadamente 750 millones, de los
cuales el Estado, en nuestra opinión, nos debe todavía 150 millones, e
Izquierda Unida se fija el objetivo de tener deuda cero en un período de
tres años. Pero ¿qué estamos haciendo para eso? Lógicamente, gastar menos
de lo que ingresamos, dedicar el 30 por ciento mensual, como mínimo, a
amortizar deuda y poder situarnos también en que cada campaña electoral
se tiene que autofinanciar y no pasarse ni una peseta del gasto
previsible en cuanto a campaña electoral.

Sobre esto mismo de la campaña electoral y de los ingresos, también hay
otros factores para reflexionar sobre ellos. Quien tiene la potestad de
adelantar las elecciones generales es el Gobierno; por tanto, también es
verdad que un partido político puede tener dificultades, porque si hace
su previsión de tesorería y su trabajo lo orienta a un período de cuatro
años, en función de unas elecciones, puede ocurrir que todos esos planes
de tesorería e ingresos se vengan abajo porque hay un adelanto electoral.

Si los resultados son iguales o mejores, más o menos no sucede nada, pero
también puede suceder que los resultados sean peores, y sin embargo es un
elemento que no controla el partido político, salvo que esté en el
Gobierno. Es otro elemento de reflexión que, en todo caso, apuntaré por
escrito, pero yo tengo mi idea, muy personal, de que a lo mejor habría
que reflexionar para que, en el caso de que algún partido disminuyera por
adelanto de elecciones --que, insisto, que no está en su poder
controlar--, si tienen un resultado inferior, mantenerle hasta el período
previsto por la ley la subvención que tenía. Si tiene iguales o mejores
resultados, por supuesto lo que le corresponda. ¿Por qué? Porque si
queremos hacer un trabajo serio desde administración y de finanzas,
lógicamente hay que tener unos criterios razonables, medibles y
pensables, que permitan negociar con los bancos en buenas condiciones y
con criterios rigurosos y serios.

Creo que hay más cosas que decir, pero quisiera insistir en lo de la
transparencia; insistir en que la base fundamental



Página 13091



de las finanzas es algo tan simple para cualquier economista como gastar
lo mismo o menos de lo que se ingresa, sobre todo si se tiene deuda.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Santiso. Paso la palabra a don
Salvador Goya, en la responsabilidad de finanzas de Iniciativa per
Catalunya.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DE INICIATIVA PER CATALUNYA (Goya
Roset): Reiterar lo que han dicho quienes me han precedido en el uso de
la palabra. Quisiera agradecer a esta Comisión que nos dé la oportunidad
de expresar algunas opiniones, que seguramente podrán ser de alguna
utilidad para el trabajo que van a realizar.

La intervención que ha hecho Mariano Santiso me va a ahorrar decir
algunas cosas a mí, con lo que no voy a cansarles demasiado, porque
comparto en gran parte los criterios concretos que él ha estado
explicando.

De todas maneras, quisiéramos trasladar a esta Comisión desde Iniciativa
por Cataluña algunas reflexiones, sobre todo algunos criterios en torno a
qué entendemos por financiación de partidos políticos.

Creemos que hay dos criterios básicos, que ya han reiterado con
anterioridad algunos de los que me han precedido, que son la
transparencia y la austeridad. La dificultad está en que habrá que
practicarlas y, en consecuencia, no sólo es suficiente con enunciarlas.

Nosotros creemos que el sistema de financiación de los partidos políticos
es un elemento fundamental para garantizar la eficacia del sistema
democrático. Para ello, es preciso establecer garantías y medios
necesarios para que el sistema de financiación de los partidos políticos
no incorpore elementos de distorsión entre la voluntad popular y el
ejercicio del poder político, y entendemos que se distorsionaría
efectivamente la voluntad popular si los partidos debieran responder no
sólo a las exigencias políticas de sus electores sino también a las de
sus eventuales patrocinadores.

En consecuencia, se formula atribuyendo a los partidos políticos el
relevante papel constitucional que nuestro sistema democrático contempla
para ellos, y derivando de dicho principio, la consecuencia de que la
financiación debe corresponder esencialmente al Estado, como medio de
garantizar la independencia y la eficacia del sistema.

Por ello, entendemos que se deben introducir procedimientos para que los
partidos obtengan de forma regular la financiación suficiente y,
correlativamente, enriquecer los sistemas de control y un sistema
punitivo que disuada a quienes vulneren el ordenamiento establecido en
garantía de todos los ciudadanos.

En el tema del financiamiento, creemos que hay dos capítulos
fundamentales. Por una parte, el funcionamiento ordinario de los partidos
que, sin extenderme, todos entendemos que es la financiación de los
gastos corrientes y de gestión de la entidad política de los partidos
(personal, mantenimiento e instalaciones, etcétera), y, en consecuencia,
en función de ello y de este funcionamiento ordinario, nosotros
entendemos que los recursos económicos de los partidos debieran estar
constituidos desde dos fuentes: una, los recursos procedentes de la
financiación pública, en los que deben jugar fundamentalmente las
subvenciones estatales anuales, reguladas por la Ley; las subvenciones
estatales a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales, en los
términos previstos en los Reglamentos del Congreso y del Senado y las
subvenciones a los grupos parlamentarios de las Asambleas autonómicas. En
el otro capítulo, el de los recursos procedentes de la financiación
privada, contemplaríamos las cuotas y aportaciones de los afiliados y
simpatizantes, los productos de las actividades propias del partido
político y los rendimientos procedentes de su patrimonio en el caso de
que los hubiera.

Pero, al hablar de las fuentes de financiación, quisiéramos hacer mención
a algunos temas y aportar algunas ideas. En el tema de la financiación
pública, en la que estamos de acuerdo con el sistema de representación
que se entrega por las subvenciones a la representación en el Congreso de
los Diputados y de las Asambleas autonómicas; en el tema de las
subvenciones, que se dan de forma no condicionada a los partidos
políticos, entendemos que debieran concentrarse fundamentalmente en el
tema del número de votos obtenido por cada partido que ha obtenido
representación parlamentaria.

Al mismo tiempo, creemos que un elemento, que debiera aparecer como una
novedad, a nuestro juicio, para atender los gastos de funcionamiento
ordinario, es que el Estado debiera otorgar a los partidos políticos que
lo soliciten líneas de crédito en las siguientes condiciones: Un plazo de
amortización máximo de cuatro años; el interés legal que esté fijado por
el Banco de España; una cuantía que en ningún caso supere la posibilidad
de aplicar la tasa del 25 por ciento de los ingresos ordinarios del
partido; y una forma de pago y garantías que deben cobrarse a través de
la financiación pública prevista, mediante compensación.

En el tema de la financiación privada, tenemos una postura muy clara.

Nosotros entendemos que los partidos no podrán recibir dinero a título de
préstamo, bajo ningún concepto, procedente de personas físicas, jurídicas
ni siquiera de entidades de crédito. Entendemos que los partidos
políticos no podrán recibir aportaciones anónimas bajo ningún concepto y
que no pueden o no deben recibir aportaciones de personas jurídicas. En
el caso de las aportaciones procedentes de las personas físicas
debidamente identificadas, nosotros entendemos que debe fijarse el límite
máximo de un millón de pesetas/año, procedentes de la misma persona
física.

En el tema de la transparencia y del control, quisiéramos aportar la
propuesta de que, dependientes del Ministerio del Interior, se abrieran
los siguientes registros públicos: un registro de proveedores; un
registro de cuentas bancarias y un registro de aportaciones privadas, y
que debiera ser obligatoria la inscripción de todos los datos en cada uno
de estos registros.

Algunas observaciones adicionales. Con el actual modelo de financiación
debieran mejorar sustancialmente los recursos de los grupos
parlamentarios, en particular los de las Cortes Generales, que están muy
por debajo de los que se otorgan en algunas comunidades autónomas, y,
evidentemente,



Página 13092



los de los parlamentarios tratados individualmente. Debería garantizarse,
sobre todo, a nuestro juicio y esto redundaría en una reducción del
gasto, un mejor y un mayor acceso de los partidos políticos a los medios
públicos de comunicación, no sólo en períodos de campaña electoral sino
durante todo el año. Entendemos que esta medida permitiría una
información mucho más intensa de las diferentes propuestas y redundaría
en una reducción del gasto a realizar en las campañas electorales,
Entrando en el tema de las campañas electorales, nosotros entendemos que
debiera haber cuatro criterios básicos en este sentido: el primero, es
que compartimos el criterio y estamos de acuerdo en el financiamiento
público del «mailing» o envío de publicidad directa a los electores, como
un instrumento de información. En segundo lugar, como una medida concreta
de reducir sustancialmente el gasto público, propondríamos que el límite
máximo del gasto de una campaña electoral debiera ser el de la subvención
prevista, marcado por una encuesta realizada por el CIS, como organismo
oficial, y con un margen máximo de oscilación en torno al 10 por ciento
de esta propuesta; tercero, que la financiación de la campaña electoral
debiera también venir por la vía de una línea de crédito otorgada por el
Estado; y, cuarto, garantizar, por supuesto, uno de los grandes problemas
que se presentan en las campañas electorales, que es una mejor
disponibilidad de los medios públicos de comunicación para la información
de los partidos.

Entendemos que la aplicación de estos criterios evitaría radicalmente el
innecesario y abultado endeudamiento de algunos partidos, como es de
público conocimiento y la mercantilización de las campañas electorales.

Estas propuestas las hacemos desde el momento en que Iniciativa por
Cataluña ha aplicado los dos primeros criterios que he mencionado: el de
financiamiento público del «mailing» y el límite máximo durante las
campañas de 1992, 1993 y 1994, lo que nos ha permitido demostrar que se
puede realizar una campaña austera, informar a la ciudadanía y evitar el
endeudamiento que se produce en los partidos. Eso explica que seguramente
seamos una fuerza política con un muy bajo nivel de deuda, ninguna de
ellas morosa. La deuda de Iniciativa por Cataluña, a 1.o de enero de
1995, es de 24.040.000 pesetas. Entendemos que ello es producto de esta
práctica de una austeridad en la gestión ordinaria y de que a la hora del
tratamiento de la deuda histórica, que aquí se ha hecho anteriormente,
quien tenía la deuda histórica, que era el Partido Socialista Unificado
de Cataluña, procedió a vender el patrimonio histórico-artístico que
tenía para poder cancelarla. En consecuencia, no comparto aquellos
criterios de cierta amnistía encubierta para una deuda histórica cuando
algunos hemos abordado esta deuda de forma transparente.

Sin agregar nada más, les agradezco que me hayan escuchado y, en todo
caso, estoy después abierto al diálogo.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a don Salvador Goya, y le reitero
el ofrecimiento para que mande a la Comisión los documentos, escritos de
sugerencias, reflexiones o iniciativas.

Doy la palabra al responsable de finanzas de Convergencia Democrática de
Cataluña, don Ramón Camp.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DE CONVERGENCIA DEMOCRATICA DE CATALUÑA
(Camp i Batalla): Muchas gracias, señor Presidente.

También sumarme a la felicitación por la celebración de esta propia
sesión, porque, en la medida que se pueden ir conociendo las aportaciones
de los comparecientes, creo será de utilidad para el trabajo encomendado
a la misma.

La urgencia y necesidad de una nueva ley de financiación de los partidos
políticos creo que en este momento es un hecho acreditado y aceptado por
todos. El mismo Congreso de los Diputados, en fecha reciente, ha tomado
una resolución en esta línea y es necesario que esta nueva ley reguladora
de la financiación de los partidos políticos tenga luz verde y exista lo
más pronto posible.

Nuestra formación política entiende que el mantenimiento del sistema
mixto de financiación de los partidos políticos es una necesidad y habría
de realizarse a base de la financiación pública, que es conocida, pero
compartida con un mayor protagonismo de la financiación privada. Este
sistema mixto que actualmente existe, pero con limitaciones, como se ha
podido ver en las diversas intervenciones que se han efectuado, creemos
debe mantenerse, pero con este elemento de mayor protagonismo de la
financiación privada.

En cuanto a las aportaciones públicas, creemos que deben continuar, tanto
para las campañas electorales --cuya finalidad las justifica de forma muy
directa--, como para el funcionamiento ordinario de los partidos --en
parte--, así como para la organización y funcionamiento delos grupos
parlamentarios. La financiación pública en estos momentos creemos tiene
unos estándares correctos y no plateamos tampoco excesivas
modificaciones; o en todo caso sería un tema a estudiar de forma mucho
más profunda que la planteada hoy aquí.

De todas formas, hemos creído que las mayores aportaciones individuales
se han de canalizar fundamentalmente para el funcionamiento ordinario de
los partidos políticos. Aquí sí, esta mayor presencia de la aportación
privada ciudadana para el funcionamiento ordinario de los partidos
políticos, llevaría consigo una mayor corresponsabilización de la
ciudadanía con el funcionamiento delos mismos y, por consiguiente, una
línea de futuro, que creemos es la línea por la que se ha de trabajar. En
la nueva regulación se ha de encontrar una llave que abra un
funcionamiento correcto, claro y transparente, de estas aportaciones, que
sirva para dejar a la financiación de los partidos políticos orientada de
una forma tranquilizadora y, como decía antes, clara y transparente cara
al futuro.

Por consiguiente, se ha de producir, creemos, una liberalización de las
aportaciones con publicidad y transparencia, pero ello ha de darse a
través de la creación de un registro. Esto ha salido también hoy aquí y
es una pieza compensatoria de la propia liberalización de las
aportaciones. Sí a las aportaciones privadas de forma general, pero
estableciendo un registro de aportaciones en el que se deje



Página 13093



constancia de las mismas y que asegure esa transparencia que antes
comentábamos.

Este mayor peso, este mayor protagonismo de las aportaciones privadas
también requiere que se produzcan una serie de variaciones que nos
parecen absolutamente lógicas. Alguna de ellas ha salido hoy aquí
también, como el tema de las donaciones que se pueden hacer a los
partidos políticos que tengan el mismo tratamiento que se da a las
fundaciones, ¿por qué no va a tener el mismo tratamiento que las
fundaciones? ¿Es que la función social de los partidos políticos es
distinta a la que pueden desarrollar las fundaciones? Es distinta en
cuanto al objeto, pero en cuanto a finalidad última obviamente tendrían
una fuerte coincidencia. De la misma forma que en las cuotas de los
afiliados se debe dar también un tratamiento fiscal distinto al que ha
tenido hasta ahora. El artículo 6.o de la Constitución da una primacía
muy importante a los partidos políticos en el funcionamiento del sistema
democrático, de la misma forma que en el artículo 7.o, por ejemplo, lo
hace a los sindicatos. Una regulación parecida a la que tienen las cuotas
sindicales en cuanto a su posible desgravación fiscal, sería oportuno
también establecerla para las cuotas de los militantes a nivel de partido
político.

Ciertamente, en la legislación actual existen lagunas distorsionadoras.

Ha salido aquí --y lo tenía en mis notas para comentarlo-- la necesidad
de que en esa futura reforma se establezca un específico sistema de
contabilidad. Ello ciertamente sería de gran ayuda y evitaría muchos
quebraderos de cabeza que en estos momentos se dan. Uno de ellos, que
antes también se ha citado aquí, ha sido el ámbito territorial en la
rendición de cuentas. Este elemento ha supuesto un esfuerzo organizativo
muy importante para nuestro partido político; hoy podemos decir que está
en un nivel de orden aceptable, pero sin llegar a la acción más y más
localizada en el territorio, puesto que ello, como se ha comentado
también, es de gran complejidad. Nosotros tenemos en este momento toda la
contabilidad centralizada pero hecha a nivel de comarca. Hay 41 comarcas
en nuestro ámbito territorial, de las cuales se lleva una contabilidad
perfectamente engranada, siguiendo las directrices dadas en su día por el
Tribunal de Cuentas. A nivel estrictamente local, con 612 delegaciones ya
ven ustedes la complejidad que ello conllevaría, puesto que en muchas de
ellas es un número tan reducido que no es operativo. Por consiguiente,
habría de establecerse un sistema de responsabilidad de garantía a nivel
territorial suficiente, que se entendiera que ya hay una supervisión, una
tutela en ese nivel territorial y que ese nivel territorial lo diésemos
como bueno, porque la última expresión de acción en el territorio es
prácticamente imposible llegar a ella.

En la legislación actual, como decíamos, existen algunas lagunas
importantes y una de ellas es, por ejemplo, en el propio artículo 2.º de
la Ley de Financiación de Partidos Políticos cuando se habla de las
cuotas y aportaciones de sus afiliados. El concepto de aportaciones es un
concepto que ha tenido diversas interpretaciones y que siempre nos ha
creado dudas en cuanto a la interpretación final que se le da. Por
ejemplo, en este momento tenemos un sistema de aportaciones sobre el que
consultamos en su día al Tribunal de Cuentas. No hemos recibido respuesta
y lo tenemos congelado. Nos parece un sistema interesante para poner en
práctica de forma general. Se trata de bonos referenciados a aportaciones
de militantes. A través del sistema financiero bancario, de entidades
concretas, se ponen unos bonos a disposición de los militantes, que tras
acudir a las sucursales establecidas y acreditar su condición, hacen la
aportación correspondiente. El tratamiento que se da a esta aportación no
ha quedado claro. Sin un mecanismo claro y transparente, en el que se
compruebe la condición de militante del que se hace la aportación, a
través de la entidad financiera, no se llega a poder consolidar estos
asientos.

Hay otro concepto poco claro en la normativa actual, entre otros, que es
el artículo 4, cuando dice que las aportaciones de personas anónimas no
podrán aceptarse cuando la cuantía total de las recibidas en el ejercicio
económico anual sobrepase el cinco por ciento de la cantidad asignada en
los presupuestos generales del Estado en ese ejercicio para atender la
subvención pública a los partidos políticos prevista en el artículo
anterior. El cinco por ciento ¿de qué? ¿El cinco por ciento de la
cantidad que se prevé para el partido político o un cinco por ciento
global de todos los partidos políticos? Es una duda que surge y bueno
sería, en próximas reformas, poder aclararla.

Cierre de cuentas electorales. Ciertamente, como se comentaba aquí, se
está dando una circunstancia que nos parece totalmente irracional.

Tradicionalmente, parte de la financiación de nuestras campañas se hacía
a base de pactar con los proveedores unos plazos de pago, ellos
soportaban una parte de la financiación de estas campañas y pactábamos
los plazos de pago. Ahora no. El Tribunal de Cuentas, como se ha
explicado, establece 90 días para el cierre de las cuentas, con lo cual
obliga a buscar crédito al sistema financiero, con los costes financieros
que ello comporta. Se da la paradoja de que las subvenciones públicas
llegan fuera de los plazos establecidos. Antes se ha expuesto un sistema
que me parece muy lógico; alguno se ha de encontrar para superar estas
disfunciones.

Se da otra disfunción en este momento. Se fijó una limitación del gasto
en las campañas electorales, que también se ha citado aquí. Se puede dar
la paradoja de que la subvención que se pueda obtener por resultado
electoral sea superior a la fijación del gasto autorizado. Se da en este
momento; haciendo números se ve enseguida. Ciertamente es una situación
que no nos parece que sea la más adecuada. Es una contradicción que
habría que estudiar.

Se ha hablado aquí también de sistemas de control. El Tribunal de Cuentas
debería tener alguna función más de las que en este momento realiza. En
este momento tiene una función fiscalizadora, inspectora a posteriori.

Nosotros creemos que el Tribunal de Cuentas habría de hacer también
informes previos, como hace la Inspección de Hacienda, que sirvieran para
orientar la acción del propio partido político. Un ejemplo para ilustrar
lo que estoy diciendo es una consulta que se hizo en su momento sobre una
petición de ayuda a militantes y a simpatizantes en la última campaña
electoral en dos actos muy masivos. Pusimos unas grandes huchas y pedimos
que quien quisiera hiciera



Página 13094



aportaciones en unos sobres que se repartieron. Consultamos al Tribunal
de Cuentas qué se habría de hacer con estas aportaciones. La respuesta
fue que tenía una función inspectora y no previa, y ahí quedó todo,
congelado en una cuenta, esperando saber exactamente qué hacer. Es una
experiencia que nos puede incitar a buscar mecanismos de cómo orientarlo
de cara al futuro. También sería bueno recordar al Tribunal de Cuentas la
necesidad de que cumpla los plazos, que sus informes se emitan dentro de
los plazos establecidos, puesto que ello ayudaría a orientar el trabajo y
la contabilidad de los partidos políticos en sus siguientes ejercicios
contables.

Finalmente, un tema que ha salido también en la reunión, el
endeudamiento. Nosotros no tenemos endeudamiento histórico. La Comisión
creo que conoce, a través de la documentación remitida por el Banco de
España, los niveles de endeudamiento actuales de los diversos partidos
políticos. En nuestro caso, el endeudamiento actual está absolutamente
controlado y lo tenemos dentro del esquema financiero propio para atender
las amortizaciones, por lo que no nos suscita especial preocupación. Por
supuesto, endeudamiento histórico ninguno, porque no tenemos, y el actual
tampoco porque lo tenemos dentro de un esquema financiero controlado.

Esto es todo. Me pongo a disposición de los comisionados. Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el responsable de finanzas del
Partido Nacionalista Vasco, don José María Zalbidagoitia.




El RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARTIDO NACIONALISTA VASCO (PNV) (José
María Zalbidagoitia): En primer lugar, quisiera explicarles que llevo la
responsabilidad de las finanzas del Partido Nacionalista Vasco (PNV)
desde que, más o menos, hubo que poner en práctica las medidas de tipo
contable que suponía la aplicación que nos trae hoy a la reunión. Yo
entonces profesionalmente me dedicaba a actividades relacionadas con el
comercio exterior, a las cuales hoy en día me sigo dedicando. Tengo una
visión bastante práctica, desde el otro lado de la barrera, de las
repercusiones que puede tener este tipo de legislación.

Desde la primera lectura de la ley intenté entrar en contacto con los
responsables de distintos partidos políticos para hacerles ver la
necesidad de que se cambiara. Estoy hablando del año 1988. La ley, a mi
modesto entender, presentaba grandes problemas de aplicación y, a su vez,
no tenía en cuenta la situación histórica de la cual partíamos algunos
partidos políticos. En concreto, el Partido Nacionalista Vasco, que
dentro de poco cumplirá 100 años de vida, había sufrido unos procesos de
expropiación y confiscación de los bienes por todos conocidos. Así como a
los sindicatos se les ha reconocido el derecho de devolución y
compensación, todavía éste es un tema que los partidos políticos tenemos
pendiente y no se ha recogido. Por otra parte, acabábamos de sufrir un
proceso de escisión en el partido y la ley tampoco contemplaba los
procesos de escisión. Nos encontrábamos y nos encontramos en una
situación en que está siendo discutida en los tribunales la titularidad
de bienes puestos a nuestro nombre y éstos no se habían pronunciado y en
muchos casos ni se están pronunciando.

La ley contemplaba también unos derechos de subvención. Al Partido
Nacionalista le podían corresponder del orden de 100 millones de pesetas.

Si esta ley había que entenderla con un criterio muy amplio en cuanto a
obligaciones contables, podía ser más cara la salsa que la perdiz. Los
100 millones que nos podían corresponder por aplicación de esta ley nos
iban a exigir organizar una estructura administrativa a la que tendríamos
que dedicar una parte muy importante de la subvención.

Asimismo, esta ley contemplaba toda una serie de plazos del Tribunal de
Cuentas en los que tenía que actuar y en los que podía pedir
documentación. El tiempo los ha ido dilatando y se ha ido desarrollando
lo que esta ley no tiene: un reglamento. A mi entender esta ley tenía
muchas contradicciones, no contemplaba muchos aspectos, y teníamos que
haber tenido un reglamento con normas contables, con determinados
criterios. Y ¿qué ha ido pasando? Que en función de los hechos
imprevistos hemos tenido que ir aprendiendo y usando el reglamento en lo
que el día a día nos iba presentando.

Por otra parte, hoy en día --y estamos en el año 1995-- se nos están
revisando las cuentas de los años 1990, 1991 y 1992. Ustedes me dirán.

Entre lo que nosotros sabíamos sobre los criterios de inspección del
Tribunal de Cuentas, los criterios que teníamos que cumplir, y lo que hoy
día estamos viendo realmente hay un desfase muy importante. Hablando de
ámbitos de aplicación, nosotros, en la zona de donde yo vengo, competimos
en todas las elecciones con una agrupación que no tiene ninguna
obligación de rendir cuentas con respecto a este ley; a todos los efectos
estamos compitiendo en todas las elecciones con ellos.

Hay otros temas que son importantes, que se están viendo en algunos
tribunales, y cada día tenemos noticias contradictorias. ¿El partido
político es o no un consumidor final de IVA? ¿El partido político tiene o
no derecho a devoluciones de IVA? Piensen una cosa: si nos eximen del IVA
ya nos están abaratando un 15 por ciento las campañas electorales; no sé
si recientemente es un 16 por ciento. Todos estos imprevistos en la ley o
que el legislador no contempló --no se veían--, nos han complicado más
cuando se ha utilizado esta ley y el Tribunal de Cuentas como un
instrumento de lucha política, con lo cual ha puesto más de manifiesto
las contradicciones, gracias a lo cual yo espero que esta Comisión haga
una legislación que nos permita a todos andar más cerca de la legalidad
de lo que lo ha hecho la anterior.

Hacer una nueva ley es complicado porque los intereses son muy
contrapuestos. Habrá grandes partidos y pequeños partidos; habrá partidos
que tienen un ámbito de aplicación muy extenso y otros partidos que
tengamos un ámbito de aplicación muy restringida. Será muy difícil hacer
una legislación que pueda ser medianamente razonable y medianamente
válida para todos los intereses que están en juego, pero debiéramos
intentar hacer una ley lo suficientemente amplia que no nos haga estar al
poco tiempo discutiendo si es adecuada o no.




Página 13095



Respecto a la limitación o no de gastos electorales de los partidos,
vayamos a la empresa privada. Una empresa con una gran difusión, con una
gran potencialidad, difícilmente va a limitar sus gastos de marketing o
de publicidad a los de una empresa pequeña. No sé cómo puede compensar
esto. También la fijación de unos límites electorales hace que en algunos
casos, dependiendo de los ámbitos de aplicación o de cómo actuemos,
tengamos problemas importantes para salvarla. Imaginemos un partido que
se presenta en todas las provincias que va a hacer un spot publicitario.

Lo puede diluir más cuando el ámbito electoral es grande. Pero ese mismo
spot publicitario cuesta lo mismo para un partido que se presenta en un
ámbito muy pequeño y, sin embargo, los gastos electorales se le reducen
mucho. Por otra parte, la reducción de gastos electorales puede traer
otros problemas, por ejemplo, que los campos de imagen los estemos
enfocando al control del medio de difusión. Imaginemos el caso extremo de
que los partidos no podemos gastar nada en campañas electorales. Supongo
que todos los partidos intentaríamos hacernos con los diferentes medios
de comunicación para que la opinión pública recibiera nuestras ideas como
buenas. Otro caso extremo. Imagínense ustedes que no puedo gastar más que
para unos anuncios en la prensa. ¿Qué es mejor, invertir una cantidad
determinada en esa prensa con anuncios o que unos periodistas con imagen,
con credibilidad, hagan una serie de artículos y emitan una serie de
opiniones que son beneficiosas para mis ideas?
Todo esto hace necesario que se cambie la ley. Yo pediría una ley que
fuese tan amplia y plural como es la sociedad, que se pueda ir adaptando
periódicamente porque es posible que una vez hecha veamos que tiene
muchas deficiencias, y que permita avanzar a los partidos dentro de la
realidad social que hoy en día existe en el país. Por otra parte, yo creo
que debemos prestarle mucha atención. Una parte importante de la
financiación de los partidos políticos debe venir de la sociedad civil,
que a los partidos políticos nos mantengan los afiliados y los que creen
en nuestras ideologías, que en definitiva son los que hacen que
comuniquemos una serie de mensajes que harán que la gente nos apoye.

Por último, sólo tengo que añadir que desde hace tiempo veníamos
trabajando en un proyecto de ley para aportarlo a la sociedad y a esta
Cámara. Traemos a esta Comisión un proyecto de ley que tenemos redactado
y que intenta ser muy amplio y no poner puertas al campo. Posiblemente
ustedes, que son mucho más expertos, le verán muchas deficiencias, pero
intentamos ser muy amplios y muy plurales, como es la sociedad.




El señor PRESIDENTE: Señor Zalbidagoitia, esta Mesa ha recibido su
borrador de proyecto de ley como documentación de trabajo.

Paso a dar la palabra a los miembros de la Comisión que estimen
pertinente realizar preguntas a los comparecientes. Empezamos también de
mayor a menor.

Tiene la palabra el representante del Partido Socialista, don Fernando
Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Seré muy breve, señor Presidente. Quiero decir
simplemente que las intervenciones han sido de enorme interés. Yo creo en
la voluntad política, por lo menos del Grupo al que represento, lo que se
pretende es que sirvan para llegar a unas bases de acuerdo suficientes
que permitan renovar la financiación de los partidos políticos y que, en
definitiva, contribuirán a la perfección del funcionamiento del sistema
democrático, puesto que lo que nuestra Constitución hoy marca son los
partidos políticos para este funcionamiento del sistema democrático.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Del Burgo, del Grupo
Popular.




El señor DEL BURGO TAJADURA: También muy brevemente intervengo para decir
que creo que esta sesión ha sido muy útil, muy instructiva para los
miembros de la Comisión y que, desde luego, hemos podido constatar cuáles
son los problemas más importantes que afectan al desarrollo futuro de la
nueva ley de financiación de los partidos políticos. No estoy muy seguro
de si hay unanimidad porque no sé si el representante del Partido
Nacionalista Vasco en su proyecto va por esta dirección, porque ha
hablado de las aportaciones de los militantes como base fundamental de la
realización del partido. No sé si lo ha dicho en esos términos, pero creo
que hay una unanimidad en que hay que mantener y perfeccionar las
subvenciones públicas que son imprescindibles para el funcionamiento de
los partidos. Quizá la discusión más importante pueda estar en cuanto a
la determinación del dilema aportaciones de personas físicas-aportaciones
de personas jurídicas. En este sentido la intervención del representante
del Partido Popular trata --por la limitación clara que establece y
propone en cuanto a la cuantía-- de evitar que las aportaciones privadas,
especialmente de personas jurídicas, sean una tapadera de corrupción.

Creo que este tema habrá que meditarlo muy profundamente, pero la idea
puede ser interesante. Entre la posición extrema de Izquierda Unida de
decir que no haya ningún tipo de aportación privada y la posición
maximalista de decir libertad absoluta de aportación privada, tal vez
haya que buscar un equilibrio.

Desde el punto de vista político lo que me parece más notable --y lo
tengo que decir-- es la aportación del representante del Grupo
Socialista. No me refiero a los problemas que ha planteado respecto a la
ley de financiación, sino al endeudamiento histórico. Habrá que estudiar
ciertamente muy a fondo lo que han propuesto el señor Fernández Marugán y
el representante del Partido Socialista de Cataluña. Me temo que en ese
sentido tendremos que ser muy cuidadosos, porque entre alguien que ha
administrado con rigor y con austeridad sus recursos, que ha gastado lo
suficiente y lo que podía, a alguien que se ha montado en una estructura
faraónica que lógicamente es incapaz de afrontar y además tiene que
soportar la llamada deuda histórica, si al final se busca una solución
que podría calificarse de amnistía encubierta, la verdad es que
estaríamos vulnerando con toda claridad las reglas del mercado político.




Página 13096



Este tema --y lo anuncio desde ahora-- va a ser de profunda discusión.

Tengo que agradecer que el representante del Grupo Socialista se haya
expresado con absoluta sinceridad. Probablemente lo ha hecho desde la
responsabilidad que tiene en un partido político con un nivel de
endeudamiento verdaderamente excesivo, hasta el punto de que tal vez con
ese nivel de endeudamiento una empresa privada no estaría en condiciones
de seguir adelante. Bien es verdad que los partidos políticos tienen otra
función, que no son entidades de lucro, que forman parte de instrumentos
esenciales de la democracia, como dice la propia Constitución, pero ello
no autoriza a mantener una posición de privilegio sobre la base de una
actuación que evidentemente ha podido vulnerar las reglas del mercado
desde el punto de vista de la competencia. Es posible que alguien no se
haya sujetado a los gastos electorales, a los criterios de sabia
administración. He oído aquí que hay 4.000 sedes del Partido Socialista,
es decir, 4.000 casas del pueblo que son sedes que tienen una cierta
entidad, que tienen funcionarios liberados, que tienen una multiplicidad
determinada. Yo no soy quién para criticar lo que hace un partido
político, pero sí si se trata de trasladar al conjunto de la sociedad las
consecuencias de una mala gestión. Advierto que la posición del Partido
Popular será la de tratar de buscar todo tipo de soluciones. Algunas de
las manifestaciones que aquí se han hecho podrían representar una
amnistía encubierta que yo creo que la sociedad española no me parece que
esté dispuesta aceptar en este momento.

Esto es todo lo que yo puedo decir, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tiene la palabra don Felipe Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASSATS: Yo también voy a ser breve en la jornada final
de esta Comisión exótica de investigación y estudio. Y digo exótica por
los resultados a los que estamos llegando y por el devenir mismo de la
Comisión. Como diría el general Sáenz de Santamaría: fuera toda
hipocresía, según las últimas declaraciones que ha realizado.

En el plano de la investigación me van a permitir que haga un brevísimo
resumen del enfoque que yo veo de cara al devenir retrospectivo de esta
Comisión. Realmente no hemos investigado nada, por la estructura misma
del reglamento de las comisiones de investigación y quizás también por
nuestra falta de capacidad. No lo sé. Yo he tenido incluso que hacer un
poco de El Lute. Me he ido dos veces de la Comisión, la segunda vez me
fui acompañado por todos los miembros de la Comisión, excepto el
representante del Partido Popular, porque no había forma humana de
conseguir ningún tipo de clarificación. Y no sé el dictamen final cómo
será, pero, desde mi punto de vista, nosotros no podemos opinar
solventemente de los temas que hemos pretendido investigar.

En relación con el otro tema esta Comisión está siendo igual de exótica,
en el sentido de que antes de la comparecencia de los señores
representantes de los distintos partidos que hoy están aquí, ya tenemos
tres leyes sobre la mesa y sobre ellas ya saben la experiencia de los
distintos partidos. Tenemos la ley del Gobierno, la propuesta del Grupo
Catalán (Convergència i Unió) y hoy tenemos la propuesta del Partido
Nacionalista Vasco, por ello tiene un cierto grado de exotismo el
funcionamiento de esta Comisión.

Habría que sintetizar --como se ha dicho aquí-- sobre la aportación
pública y privada, y habrá que ponerse de acuerdo teniendo en cuenta el
tiempo político y legislativo en el que vivimos, que posiblemente no dure
más allá de un año, a menos que estudiemos a fondo la intervención del
señor Fernández Marugán, porque ésta puede ser también una causa de que
las Cortes no se disuelvan de manera urgente. Porque si un partido que va
a bajar hoy debe 10.000 millones de pesetas --como dijo el señor
Fernández Marugán en un momento determinado--, yo comprendo perfectamente
su angustia a la hora de hablar de la deuda histórica. Esta
comparecencia, al final, se ha convertido en la comparecencia del
endeudamiento y, dentro de este capítulo, singularmente de la deuda
histórica. Desde Izquierda Unida tenemos la angustia que tenía aquel
equipo de fútbol que viste de rojo, que su nombre quiere decir salud, el
Osasuna, que cuando se condonaron todas las deudas de los equipos de
primera división el Osasuna decía que no debía nada. Esto habrá que
estudiarlo desde un determinado prisma. Esta deuda histórica habrá que
analizarla desde una determinada óptica, porque nosotros somos el Osasuna
(Risas.) en este orden de cosas.

Aquí se ha hecho una división entre partidos que tienen una deuda
histórica fuerte (yo no sé si el señor Del Burgo ha hecho con permiso del
señor Rato o del señor Alvarez --Cascos-- esas declaraciones de que no se
estudie la condonación de la deuda histórica). Otros que no tenemos deuda
histórica, sí moderna (24 millones, Iniciativa per Catalunya, se nota
mucho que son catalanes y 750 millones Izquierda Unida) y algunos
partidos que no han hecho referencia a la deuda histórica. Yo creo que
ésta es la división real, a la hora de analizar las distintas
intervenciones. En todo caso, ha habido una intervención muy valiente
--hay que reconocerlo así--, la de los portavoces del Partido Socialista
Obrero Español y el Partido Socialista de Cataluña. El tono de la misma
ha sido adecuado pero, a nuestro juicio, en ese tono se trasluce una
cierta agonía que entendemos. Porque en función de cómo se perfila la
futura ley, teniendo en cuenta todas las aportaciones que así se han
hecho, no es pagable la deuda histórica de ciertos partidos, no se puede
pagar de ninguna manera: la del Partido Socialista Obrero Español,
incluso volviendo a obtener la mayoría absoluta, no se podría pagar. Yo
entiendo las intervenciones valientes que se han hecho, pero habrá que
analizarlas desde el punto de vista del Estado, de la sociedad, que en
estos momentos no entendería una subida del 50 por ciento de las
subvenciones públicas, en función de cómo está la primera división de los
partidos y teniendo en cuenta que se ha hecho frente o no a la deuda
histórica. Esta es la línea divisoria que nos separa hoy en la primera
división de las fuerzas políticas en este país.

Hoy terminamos aquí la Comisión centauro de investigación y estudio.

Habrá que ponerse de inmediato a analizar,



Página 13097



antes de que entre la cuarta ley, qué tipo de propuestas de financiación
de partidos, de fuerzas políticas, vamos a realizar y a ver si tenemos la
suficiente fuerza autocrítica para saber analizar la primera fase de
investigación de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra su comisionado, don Josep López
de Lerma i López.




El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Intervengo simplemente para agradecer
muy de veras la información que nos han facilitado todos los responsables
de finanzas. Creo que ha sido interesante. Yo al menos hago un balance
muy positivo de estas comparecencias. Creo --y así lo manifiesto-- que se
han hecho desde la más absoluta sinceridad por parte de todos ustedes.

Creo, además, que se ha puesto de manifiesto que hay puntos de partida
distintos porque hay realidades y pasados distintos en cada uno de los
grupos políticos que nos han acompañado en el día de hoy.

En definitiva, lo que se ha puesto de manifiesto de una manera muy
unánime ha sido la necesidad de ir rápidamente a una revisión del sistema
de financiación de los partidos políticos/sistema de financiación de las
campañas electorales. También se han puesto encima de la mesa, con
denominadores comunes muy amplios, una serie de deficiencias de las
actuales normas; una serie de paradojas entre lo que dice la norma y lo
que dice la realidad; los topes de gastos y los topes de financiación
pública de las campañas electorales y también, por qué no decirlo,
sonoros silencios del Tribunal de Cuentas en el momento de ser consultado
para contabilizar mucho mejor las finanzas de los partidos políticos.

No es hoy el día ni el marco más adecuado con el orden del día que
tenemos para explicar la posición final de nuestro Grupo Parlamentario,
pero es cierto que nosotros llevamos tiempo trabajando en este tema y,
por tanto, no se deben hacer imputaciones sobre si ya tenemos o no un
proyecto de ley sobre la financiación de los partidos políticos. Este es
un trabajo de campo --en el sentido electoral del término-- que llevamos
realizando desde hace tiempo porque nos preocupa --creo que la
preocupación es común-- y estamos en disposición de aportar a esta
Comisión y al Pleno de la Cámara nuestras sugerencias para una mejor
norma de financiación de los partidos políticos y de sus campañas
electorales. Ese es un acto de responsabilidad política, de
responsabilidad social y de responsabilidad ciudadana que no debería
pasar por ligeras imputaciones simplemente porque se ha visto un titular
en la prensa de esta mañana. En todo caso, sería una aportación a un
trabajo que debe ser común en esta Comisión y no un posicionamiento
puntual de nuestro Grupo Parlamentario.

Nada más, señor Presidente. Sólo quiero reiterar, sencilla pero
profundamente, nuestra gratitud por las aportaciones que han hecho todos
los comparecientes en una línea de responsabilidad política, de
responsabilidad pública, de austeridad, pero también de una apelación a
la corresponsabilidad de la sociedad.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, si quiere hacer uso de ella, el
representante del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor González de
Txabarri Miranda.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: Intervengo para agradecer
igualmente la comparecencia de los responsables de finanzas de los
diferentes partidos políticos. Desde el Grupo Vasco (PNV) hemos solido
indicar, en el desarrollo de los trabajos de esta Comisión, que quizá la
democracia debe un monumento a estas personas por asumir
responsabilidades del nivel y de los equilibrios como los que hemos
podido escuchar esta mañana.

Con relación a los contenidos que se han ido exponiendo, el Grupo Vasco
(PNV) ha podido ver en su justa crudeza la experiencia que cada partido
político desarrolla con relación a los trabajos de mantenimiento y
soporte económico de estas estructuras básicas en un sistema democrático.

Como no podía ser de otra manera, al señor Del Burgo le ha quedado la
duda de lo que pensaba el representante del Partido Nacionalista Vasco.

Como es bien conocido, el Partido Nacionalista Vasco es partidario de un
modelo de financiación mixto en cuanto al mantenimiento y soporte
económico de los partidos políticos y yo creo que la intervención del
señor Zalbidagoitia ha sido muy positiva, tal y como iba el orden de las
intervenciones esta mañana.

Hemos empezado por el extremo derecho (en este caso, izquierdo en la
Cámara) sobre algunos planteamientos de una fuerte subida en la
financiación pública, incluso se ha llegado a hablar de un 50 por ciento.

El Partido Nacionalista Vasco, que entiende que son posiciones legítimas
y que en algún caso las comparte, aunque no en esos montantes, ha querido
manifestar --y así lo ha hecho el señor Zalbidagoitia con toda
corrección-- que los partidos políticos están al servicio de una
militancia, están sustentados por esa militancia y que leyes como la Ley
de Mecenazgo, a la que ha hecho referencia el portavoz del Grupo Catalán,
el señor Camp, deben fomentar otra serie de consideraciones de cara a los
ciudadanos y a la militancia. El Grupo Nacional Vasco entiende que esas
consideraciones también son relevantes en cuanto a la financiación
privada y que debe existir una motivación fundamental para incentivar esa
participación de los ciudadanos y de los militantes en el sostenimiento
de los partidos políticos, aun manteniendo como postura la financiación
mixta de los partidos políticos.

En cuanto a la corrupción y a la financiación privada, me gustaría dejar
constancia de que, en nuestra opinión, el problema no está en la
transparencia o en el nivel de financiación privada que todos los
partidos políticos puedan mantener. Existen --y hoy mismo se ha dado
buena muestra-- distintas posibilidades de articular esa financiación
privada y de hacerlo con transparencia. En nuestra opinión, el tipo de
contratación pública, la elefantiasis que se ha generado en la actuación
de las administraciones públicas, es lo que genera los niveles de
corrupción. Estimamos que ahí debe existir un polo fundamental de control
de la actividad pública, cuyo eje no está en los partidos políticos, cuyo
eje no está en el Legislativo; ese eje está en el



Página 13098



Ejecutivo y en la ejecución de partidas de contratación pública que son
importantes para nosotros.

No quisiera dejar pasar la oportunidad de referirme no ya a la deuda
histórica, que en nuestro caso es una deuda controlada, sino a la
incautación de bienes de los partidos políticos e históricos y la
distinta consideración que ha tenido este tema en la Cámara en los
últimos años. Ahora que está de moda analizar para qué está y cuáles son
las funciones de la inmunidad parlamentaria, me permitirá, señor
Presidente, decir que estamos ante un Estado ladrón, ante un Estado que
se hizo con una serie de bienes cuya titularidad correspondía a partidos
históricos democráticos; un Estado que se niega sistemáticamente, a
partir de gobiernos de distinta titularidad, a revertir esos bienes a los
partidos históricos o a los titulares de aquellos bienes. Indudablemente
éste es un tema que esta democracia va a tener que poner en sus justos
términos, porque nos encontramos con que la no reversión de estos bienes
subvierte en sus justos términos la financiación de los partidos
políticos e históricos.

Se han hecho distintas iniciativas a partir del Gobierno socialista para
hacer las valoraciones de estos bienes. En el caso del Partido
Nacionalista Vasco, existe un estudio, hecho por la casa Galtier, una
casa reconocida a instancias del propio Ministerio de Justicia, que cifra
en 4.000 millones la deuda que este Estado, que califico por ello de
ladrón, mantiene con el Partido Nacionalista Vasco o con titulares de
partidos nacionalistas históricos. Esta discusión no se puede obviar,
señor Presidente, en esta Comisión. En esta Comisión existen partidos
democráticos históricos que mantienen una fuerte reyerta con el Estado
con relación a este tema.

Para finalizar, quiero manifestarle que el Partido Nacionalista Vasco
estaba asistiendo en la fase de estudio con sumo interés a los trabajos
de esta Comisión y que, en paralelo a los trabajos de la misma, hemos ido
trabajando esta proposición de ley orgánica sobre financiación de los
partidos políticos, la consiguiente reforma que habría que realizar, en
nuestra opinión, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o
en el Impuesto de Sociedades, en el caso de las personas jurídicas, y
también las reformas que, en opinión del Partido Nacionalista Vasco,
habría que realizar en la Ley Orgánica Electoral General para dar un
cuerpo articulado a la problemática que aquí se sostiene. Creo que es un
ejercicio de responsabilidad, como decía el señor López de Lerma,
manifestar con toda claridad en una Comisión de estudio el conjunto de
ideas que sostiene cada partido y someterlas a la consideración de los
demás grupos.




El señor PRESIDENTE: Les significo que esta fase, como he dicho al
principio y también para que lo sepa la señora Rahola que se ha
incorporado posteriormente, es de estudio y que el debate político es en
el seno de la Comisión, no ante los señores responsables de finanzas que
comparecen a título de expertos.

Le voy a ceder la palabra a la señora Rahola para que termine el turno, y
se la concederé posteriormente a los que tengan que hablar por alguna
alusión al respecto.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Ciertamente, me he incorporado tarde, pero
Esquerra Republicana va a estudiar con mucho detenimiento las
transcripciones de lo que han dicho los responsables de finanzas, porque
estamos probablemente ante unos de los puntales más importantes del
sistema de partidos y, por tanto, del sistema democrático. Valga esta
sesión como reconocimiento a estos hombres que, aunque, por suerte, no
están en el titular de Prensa --porque cuando lo están es precisamente
cuando nos preocupan--, en cambio, su función en el seno de los partidos
y, por tanto, en el sistema de partidos, en el sistema democrático, es de
una gran importancia.

Quisiera --y no puedo escaparme en este sentido-- hacer un pequeño
balance del momento en el que nos encontramos en esta Comisión. Alguna
vez algunos comisionados de esta Comisión --pocos, por desgracia-- nos
hemos quejado del sin sentido de la Comisión. En un símil teatral, había
siete autores en busca de autor y aquí a veces hay siete comisionados en
busca de sentido. Esta Comisión fracasó rotundamente en su fase de
investigación, no ha podido investigar ninguno de los casos que
teóricamente tenía que investigar, ha tenido obstáculos muy importantes,
a través de la legítima ley del voto mayoritario, pero, en todo caso, no
ha podido llegar al fondo de casos tan graves en la financiación
irregular, como es el «caso Filesa», y tampoco ha podido traer a los
comparecientes fundamentales para que estas investigaciones se pudieran
producir. En casos, como el de Javier de la Rosa, ni siquiera ha tenido
al compareciente.

Por tanto, en su fase de investigación esta Comisión va a cerrar en
falso; va a cerrar con el convencimiento por parte de algunos
comisionados de que ha sido una pequeña o una gran estafa, que no ha
servido absolutamente para nada y que, como repito, hemos estado jugando
a buscar sentido a una Comisión que sólo tenía sentido en el titular,
pero que no ha podido llenar de contenido en su fase de investigación.

Me preocuparía que en su fase de estudio ocurriera lo mismo y también
cayéramos en el sin sentido. Si esta Comisión tiene que estructurar,
delimitar y racionalizar una ley de financiación mucho más racional de la
que había, desde luego, no sería una buena noticia que algunos partidos
ya tuvieran la ley hecha y, sobre todo, sería una malísima noticia que la
ley se estuviera pactando fuera de la Comisión.

Tenemos que dar aportaciones a una futura ley de financiación --y ya se
oirá en boca de nuestro Secretario de organización esta tarde--, pero, en
todo caso, pediríamos que cualquier planteamiento para una futura ley de
financiación entrara en el seno de la Comisión para que en su fase de
estudio consiguiera tener algún sentido.

Aunque me he incorporado tarde, gracias a los buenos oficios de mi
compañero de Convergència, he podido conocer Ðy pido excusas si es
inexacto-- algunos de los puntos, sobre todo lo que ha planteado
Fernández Marugán, que son interesantes y que a mí personalmente me
preocupan, como el tema de la deuda histórica. Me sumo aquí al
planteamiento que ha hecho mi compañero del Partido Nacionalista Vasco.

Hay partidos que no estamos en deuda



Página 13099



con el Estado; el Estado está en deuda con nosotros. Hay partidos con los
que se tiene una deuda histórica, a través de nuestro patrimonio, que
nunca nos ha sido devuelta, que es de un capital muy importante y que no
nos ha permitido trabajar con el saneamiento y la tranquilidad económica
que nos tocaría. Quiero recordar que esta Cámara ha votado
permanentemente en contra de que la deuda histórica a los partidos
históricos fuera devuelta a través de su patrimonio. Hablando de deuda
histórica, situemos, primero, la cuestión en este punto. Esquerra
Republicana no tiene deuda histórica con el Estado. El Estado tiene una
deuda histórica con Esquerra Republicana, como la tiene con otros
partidos democráticos. Este Estado, en este punto, no estará cerrado
democráticamente hasta que no devuelva el patrimonio histórico que fue
expoliado a los partidos políticos democráticos en su momento.

Segundo punto. Quisiera preguntar --y supongo que va a ser de utilidad en
esta fase de respuesta de los diferentes responsables de finanzas--,
especialmente al responsable del Partido Socialista, Fernández Marugán,
si cuando se habla de la deuda histórica ustedes no están pidiendo una
amnistía. Hago una pregunta muy concreta: ¿Están pidiendo una amnistía a
la deuda histórica del Partido Socialista? Respóndame a esta pregunta.

Segundo punto: ¿Están pidiendo una asunción colectiva de su deuda
histórica? Si fuera éste el caso, añado que este Partido en concreto no
tiene voluntad alguna de asumir la mala gestión de un partido concreto,
el abuso en la gestión o la alegría en el gasto económico. La deuda
histórica del Partido Socialista, como de cualquier otro partido, es del
partido que ha hecho la mala gestión en su momento. Articulen ustedes el
mecanismo para ir pagando lentamente su deuda histórica o como puedan,
pero me parecería inconcebible, a pesar de que agradezco --si éste ha
sido el caso-- la sinceridad, que se estuviera planteando en esta
Comisión y, por tanto, se le estuviera planteando a la ciudadanía la
posibilidad de que se amnistiara o se intentara convertir en asunción
colectiva lo que es la deuda de un partido concreto.

Lo pido, sobre todo, para la clarificación en la Comisión. Si éste no es
el caso, nos quedaremos, sinceramente, muy tranquilos. En el caso de que
estén planteando realmente medidas para poder pagar esa deuda histórica,
¿qué medidas correctoras pondrían en la ley para que no recayera en los
demás su propia deuda o la de cualquier otro partido?
No tengo nada más que decir, excepto cerrar el balance final. Hay
miembros de esta Comisión --en el caso de esta comisionada es evidente--
que se sienten profundamente frustrados por la primera fase de la
Comisión, se sienten engañados y consideran que sólo tuvo, como mucho, un
resultado estético, pero, desde luego, no el resultado al que debía haber
llegado esta Comisión, que sería dar una respuesta política a grandes
preocupaciones, fundamentalmente al gran tema, Filesa. Esto no lo ha
podido hacer esta Comisión. Que quede para la pequeña historia. Esta
Comisión ha tenido una utilidad cero. Espero, sin embargo, que por la
buena voluntad de todos los partidos políticos sea de alguna utilidad en
su segunda fase. Ello pasaría por que la ley de financiación surgiera de
los trabajos que se hagan en la Comisión, de las aportaciones que los
responsables de finanzas de los diferentes partidos hagan en esta
Comisión y, por supuesto, de las aportaciones que haga cada partido a una
posible ley, pero que no se haga la ley antes de que la Comisión haya
trabajado, porque si no en la segunda fase, esta Comisión tampoco va a
tener ningún sentido.

Repito, el tema de la deuda histórica es fundamental. Intentemos
clarificar y saber exactamente de qué estamos hablando. Si estamos
hablando de amnistías o de asunciones colectivas, estaríamos ante un
planteamiento que algunos entenderíamos que sería grave.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández Marugán.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PSOE (Fernández Marugán): La verdad
es que todos y cada uno de los que nos hemos sentado en esta fila a lo
largo de la mañana de hoy hemos sido citados aquí en nuestra condición de
responsables de la administración de distintas formaciones políticas.

Algunos lo han dicho y lo han hecho, otros no lo hemos dicho, pero lo
hemos hecho. Hemos tratado de hacer una aportación positiva.

Al final de alguna de las intervenciones he oído que alguien calificaba
de exótica a esta Comisión. Al menos yo no pensaba venir a introducirme
en la vida interna de la Comisión. No es un problema que me corresponda
resolver a mí, aunque sea miembro del Parlamento. Ese es un problema que
les corresponde a ustedes y quizá debieran haberlo resuelto de otra
manera.

Hay una palabra de moda en la vida política española. Es una vieja
expresión, que dicen que data de Felipe II, que habla del sosiego. No
querríamos entrar en la vida de la Comisión. Veníamos a aportar lo poco o
lo mucho que supiéramos sobre nuestra propia realidad, pero nos
encontramos en otro ámbito. No querría --no me parece elegante pues soy
Diputado-- entrar en polémica con otros señores Diputados. Agradezco
algunas referencias personales, pero no dejo de señalar que las
referencias personales hacia mí podían no haberse producido porque creo
que mi intervención ha sido lo suficientemente clara como para no dar
origen a un debate entre un Diputado, que tiene un cierto privilegio, y
un administrador que viene a informar.

Con todos los respetos que me merece, la señora Rahola no ha estado
presente en mi intervención, lo cual le da menos autoridad a la hora de
hacer algún tipo de preguntas. Si usted hubiera tenido la delicadeza de
estar aquí a las diez de la mañana, seguramente sus múltiples ocupaciones
le han impedido hacerlo, sabría que yo no he pedido amnistía. He dicho
literalmente que la sociedad no admite ni el despilfarro, ni la opacidad,
ni la acumulación permanente de deuda, ni la anulación de la misma por
decisión política.

En cualquier caso, me gusta hablar de mercado, de cómo evolucionan las
organizaciones en la sociedad, cualquier tipo de organizaciones. Las
organizaciones nacen, se desarrollan, crecen y, al final, desaparecen.

Eso ocurre en las unidades empresariales y en las unidades políticas. Y
en ese decurso las hay que hasta cambian de



Página 13100



fondo de comercio, las hay que hasta cambian de denominación.

¿Hasta qué punto el mercado político español es un mercado donde hemos
podido ver esa evolución histórica? ¿Hasta qué punto hay en esta misma
sesión organizaciones que tenemos un viejo, un longevo pasado? Dos o
tres. Creo que la señora Rahola representa a una, el representante del
Partido Nacionalista Vasco también es de una organización antigua y el
Partido Socialista es una vetusta organización. Por tanto, hablo desde un
partido político y no desde una coalición, desde un partido político
viejo, que no quiere discutir ni de stock, ni de flujo, sino que quiere
discutir de un problema real de esta sociedad.

Podía haber hecho una intervención formal, pero no he querido. He querido
hacer una intervención de fondo. Es lo único que podía y quería hacer,
aquí. Hablo de una organización política, de un partido político y de un
problema de esta sociedad. Mi experiencia les puede servir a ustedes.

Cuando deje de estar aquí, en esta sesión, como administrador y, a lo
mejor, esté como Diputado, algunas de las cosas que ustedes han
respondido aquí inmediatamente, también podían tener mi respuesta; pero
creo que ese trabajo me puede corresponder a mí o a otros miembros de mi
Grupo Parlamentario. En cualquier caso, tendrá una respuesta cumplida y
brillante.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia está cediendo la palabra porque
quiere dar una igualdad de oportunidades pues comprende el trasfondo
político que tiene esta temática.

Esta Presidencia vuelve a reiterar, para que conste en el «Diario de
Sesiones», que estamos en fase de estudio. Agradezco estas aportaciones
que se han hecho, a los efectos de que si la Comisión lo estima, será en
su seno donde el debate político esté asumido por todos y cada uno de los
representantes políticos.




El señor ALCARAZ MASATS: Señor Presidente, para una cuestión de orden.

Vienen aquí representantes de fuerzas políticas a exponer opinión de sus
fuerzas políticas --dicen-- en un problema interno. Como mínimo hay aquí,
de media, diez periodistas. Luego, no nos equivoquemos, éste no es un
debate interno, Este es un debate político, pues estamos hablando con
representantes políticos que tienen una opinión política y comisionados
que tienen otra opinión política y aquí se han dicho cosas fuertes con
respecto a las cuales hay que tomar posición pública. No estamos en una
Comisión interna, secreta.




El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, para ordenar el debate...




El señor ALCARAZ MASATS: Déjeme que termine, porque estoy hablando en
este momento, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: No, tiene pedida la palabra el señor...




El señor ALCARAZ MASATS: Sí, pero es que no he terminado, señor
Presidente.

El tema de fondo es que no estamos en una Comisión secreta, interna. Lo
que se diga aquí es público y ejerce siempre como debate público.

Tengo que posicionarme ante opiniones muy fuertes que se han expresado
aquí, porque la gente mañana va a oír estos temas.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Alcaraz, ¿se va usted a posicionar?



El señor ALCARAZ MASATS: No, no.




El señor PRESIDENTE: Es que tienen que terminar los que tenían pedida la
palabra.




El señor ALCARAZ MASATS: La había pedido por una cuestión de orden, para
que se sepa, señor Presidente, que aquí no se puede cortar el debate
político.




El señor PRESIDENTE: Todos los miembros de la Comisión tienen su derecho
a hablar.

Después del señor Marugán, había solicitado la palabra don Joaquim Llach,
responsable de finanzas del Partido Socialista de Cataluña, PSC.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PSC (don Joaquín Llach): Yo no soy
parlamentario, ni vivo sólo de la política. Dedico mis horas libres,
todas las que tengo, a ayudar a mi Partido.

Desde este punto de vista, he venido aquí a hablar con toda la sinceridad
posible. He hablado a tumba abierta intentando aportar mi experiencia, ya
que llevo en este cargo ocho años largos, y son muy largos para un
secretario de finanzas, pueden estar ustedes seguros.

Queremos ver la luz en el túnel en el que nos encontramos en estos
momentos --creo que todos, unos más que otros--, pero en realidad quien
se encuentra en el túnel, como he dicho antes, es el propio sistema y nos
engañaríamos mucho si intentáramos sacar las cosas de quicio.

He venido aquí a hablar en plan casi corporativo con mis colegas de
finanzas de otros partidos porque el problema que me interesa resolver,
básicamente, es el de la financiación. He hablado de un endeudamiento
histórico que existe, que es conocido y que no vamos a ocultar, porque
ahí está. He hablado de cuándo se produjo exactamente este endeudamiento.

Al menos en lo que afecta a mi partido, fue hasta el año 1987 y, a partir
de ahí, lo que hemos hecho es reducir el principal, también con venta de
activos. En concreto, tuvimos que vender ocho o diez locales --no
recuerdo cuántos exactamente-- hace dos o tres años. Por tanto, todos
hemos hecho lo que hemos podido.

Puedo aceptar las lecciones de parlamentarismo, pero lo que no aceptaré
aquí, sinceramente, son lecciones de buen administrador, de nadie, entre
otras cosas porque creo que todos actuamos con la misma honradez y me
suenan bastante exóticas algunas afirmaciones.




Página 13101



Hablaré, como decía el señor Alcaraz, con la máxima con la que ha
empezado: fuera hipocresías. Hablemos sin hipocresías. La financiación de
los partidos políticos depende --por los datos que sabemos del Tribunal
de Cuentas, porque son los oficiales y hemos de entender que son los que
son y que no hay otros--, en un 99,9 por ciento, de la subvención
pública. Desearía que SS. SS. hicieran un ejercicio de sumas y restas
para que se pudiera determinar el nivel de buena o mala administración de
los partidos. Si descansa, prácticamente, casi en un cien por cien, en
las subvenciones públicas, porque ningún partido político ha declarado al
Tribunal de Cuentas que tiene subvenciones privadas de relevancia --y, si
no, que digan cuáles, porque en el Tribunal de Cuentas, al menos en los
informes de los que disponemos no constan--, hay unos partidos que en
vista de los resultados electorales han ingresado muchísimo más dinero
que otras formaciones políticas. Si ninguno de ellos manifiesta haber
recibido financiación privada y los gastos de administración y los gastos
electorales de estas formaciones políticas --a la vista de toda la
sociedad está-- son prácticamente los mismos, que me digan por qué regla
de tres el que ha ingresado más dinero debe más del doble del que ha
ingresado la mitad y, además, manifiesta no haber recibido subvención
privada. A ver cómo cuadran estas cifras. Si hemos de hablar de buena
administración, digámoslo, y si hemos de hacer un estudio de cómo se ha
ido produciendo este endeudamiento histórico, hagámoslo desde 1977 y
desde 1979, y veamos cada una de las formaciones políticas que desde
entonces existieron, algunas de las cuales se han ido transformando de
unas en otras hasta terminar en coaliciones, a ver cuántos de estos
endeudamientos se perdieron por el camino, y digámoslo. A lo que no estoy
dispuesto a admitir es que a nosotros se nos diga, quizá porque hemos
cometido la ingenuidad de intentar renegociar cada préstamo a su
vencimiento partiendo del anterior, que somos más manirrotos que otros
que probablemente los perdían por el camino. Por tanto, hablemos sin
hipocresías y si hemos de hacer una comisión de investigación de cómo se
ha ido acumulando el endeudamiento histórico y sobre el que se ha perdido
por el camino, hagámosla, yo estoy de acuerdo, y entonces veremos hasta
dónde llegamos unos y otros.

En cuanto a la pregunta concreta que ha hecho la señora Rahola de la
amnistía, no estamos dispuestos ni somos partidarios de una amnistía. Yo
he dado tres o cuatro medidas, algunas de las cuales son contradictorias
entre sí, porque yo no he venido aquí a pontificar, sino simplemente a
exponer algunas de las ideas que se me han ido ocurriendo, otras sobre
las que he ido consultando con agentes sociales para ver cómo se podría
hacer, y además he dicho que si hay otra mejor, estupendo, porque a mí lo
que me interesa en estos momentos es que se resuelva este problema. Yo
creo sinceramente que la sociedad no admitiría una amnistía financiera,
ni nosotros la admitimos ni la pedimos. Otra cosa es que se busquen
cauces y soluciones, pero que no pasen por una amnistía política.

En cualquier caso, y en esto haría hincapié, tal como ha empezado la
señora Rahola y tal como manifestaba anteriormente el señor Fernández
Marugán, sería bueno que si esta Comisión se encuentra en un estado
latente de frustración por la primera fase, hiciera los esfuerzos
necesarios para que esto no condicionara a la segunda, porque todo lo que
pueda haber de responsabilidades políticas por lo que ha pasado hasta
ahora me parece muy bien que se descifre y que cada cual aguante su
propia responsabilidad, pero yo con esto no tengo suficiente, y si
hubiera sido para esto yo no habría venido hoy, seguramente habría
mandado a alguien. Yo he venido aquí a aportar mi pequeño grano de arena
para que de esta Comisión salga una ley de financiación de partidos
políticos que realmente resuelva el problema, no he venido a polemizar
absolutamente con nadie ni tengo ganas de polemizar.

Yo insistiría en que, al margen de que cada cual hoy haga su exposición
política, muy legítimamente, a partir de ahí el trabajo sea un trabajo en
serio, muy poco politizado en el sentido peyorativo de la palabra, aunque
política es todo y esto está impregnado de política, pero sobre todo que
tenga en cuenta cuáles son las dificultades reales que tienen los
partidos, actuales, pasadas y futuras, y yo creo que ahí entra todo; que
se actúe sin hipocresías, que cada cual aguante sus propias
responsabilidades, y yo quizá diría que, al menos en lo que a mí respecta
y yo supongo que mis colegas de otros partidos, estamos a disposición de
esta Comisión para aportar, aunque sea por escrito o como se nos pida,
cuantas precisiones, sugerencias y consejos tengamos, porque alguno
podemos dar también, para que de ahí salga una futura ley que, como he
dicho antes, lo que haga sea consolidar la columna vertebral de la
democracia, que son los partidos políticos.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Llach, por su posición y
talante, agradeciéndole la información en nombre de la Comisión.

Habían solicitado la palabra los señores Alcaraz, Gimeno y López de
Lerma. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: Yo he estado antes desarrollando una cuestión de
orden. Simplemente quiero decirle desde el sosiego, señor Fernández
Marugán --pero no se confunda nunca sosiego con limitación de la libertad
de expresión--, que, cuando no se viene aquí a polemizar, no se puede
hacer una intervención donde, entre otras cosas, se dice: pensábamos que
el endeudamiento anterior a 1987 no se iba a pagar, ni se puede decir
aquí públicamente, ante un montón de periodistas, sin que nosotros
podamos expresar nuestra posición, que el sistema financiero no ha hecho
requerimientos de exigibilidad de la deuda histórica. Son cosas muy
fuertes las que aquí se han dicho, las he tomado textualmente y figurarán
en el «Diario de Sesiones», y ello significa que como mínimo el resto de
las fuerzas políticas tenemos que tomar una posición. Yo he tomado las
citas textuales, señor Fernández Marugán, y si usted cree que no las he
reproducido bien, lo podemos ver a través de la transcripción
correspondiente, pero las he tomado, repito, textualmente. Por tanto,
entiéndanme que no se trata de ningún afán de polemizar en el vacío, sino
que se han dicho aquí cosas a las que es preciso responder o



Página 13102



con respecto a las cuales es preciso tomar una posición, porque,
volviendo al segundo punto de la cuestión, no acepto ningún tipo de
victivismo, de que se ha venido aquí y no se acepta polemizar porque se
está en indefensión. Esta Comisión no está cerrada, no se trata de
recibir la información de ustedes y después nosotros reunirnos. Eso
hubiera sido posible en caso de que no fuese abierta, pero, al ser
abierta, naturalmente hay que tomar posición o después hacer una rueda de
prensa, lo cual sería ejercer una indefensión con respecto a ustedes al
hacer una rueda de prensa sin que estén ustedes. Por tanto, me parece que
estamos operando de la manera más igualitaria posible en este sentido.

Repito, ustedes han tomado posición, yo he tomado posición en dos minutos
y pico, no más, señor Fernández Marugán, y me parece que yo no he
intentado tampoco una polémica extraña.

Lo de exótica viene en el siguiente sentido. En el sentido de
investigación ya se ha dicho aquí suficiente. Es una Comisión de
investigación de la que se ha dado incluso una imagen extraña con
respecto al resto de las comisiones de investigación, y no voy a abundar
en el hecho de que no hemos podido llegar a conclusiones reales, a la vez
que en el tiempo judicial y político se estaban dando datos que no tenían
ningún impacto o intervención en la Comisión que nos reunía aquí.

En cuanto al segundo punto de estudio, exótica también en algún sentido,
señores portavoces del Partido Socialista Obrero Español y del Partido
Socialista de Cataluña. Se tiene que constituir una ponencia en la
Comisión Constitucional para ver el proyecto de ley de financiación de
partidos. Luego no está establecido qué tipo de negociación vamos a hacer
en esta ponencia que, según la resolución del Pleno, tiene que elaborar
una propuesta de contenido sobre la base del debate de los representantes
de las distintas fuerzas políticas, y aquí lo que aparece es un método
distinto al que se ha votado en el Pleno, que puede hacer que las dos
ponencias que se van a constituir --la de estudio en esta Comisión y la
ponencia de la Comisión ConstitucionalÐ tengan que realizar el mismo
trabajo. Luego habría que pensar cuál de las dos sobra en función de la
metodología nueva que se está estableciendo. Exótica en ese sentido
simplemente, señor Fernández Marugán, y no en otro.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Del conjunto de las intervenciones parece que yo
era el único que venía a esta Comisión hoy con la intencionalidad de
escuchar fundamentalmente a los administradores de los partidos
políticos. Yo entiendo que estén los medios de comunicación, pero también
creo que el protagonismo hoy les correspondía a los administradores de
los partidos políticos y no a los que nos hemos puesto hoy por primera
vez aquí arriba. En cualquier caso, me parece que el protagonismo les
correspondía y les corresponde a los administradores de los partidos, de
todas cuyas intervenciones creo que hemos deducido un conjunto de
problemas de distinta naturaleza, y creo que nuestro principal problema
político, sin perjuicio del debate, es que seamos capaces de encajar ese
conjunto de problemas, porque lo que me parecería una barbaridad política
sería que estuviéramos hablando de una ley de financiación de partidos
políticos para el futuro sin ser capaces de llegar a un acuerdo amplísimo
en esta Cámara con todas las fuerzas políticas, porque, si no somos
capaces de eso, entonces sí que me sentiría frustrado yo en esta
Comisión, porque aquí también discrepo.

Cada uno ha venido a esta Comisión, posiblemente, con una intención
distinta y con una opinión totalmente diferente. Yo creo que en esta
Comisión vamos a reflexionar sobre la fase de investigación, que ya hemos
reflexionado algo, pero lo que no se puede olvidar nunca --yo lo he dicho
en distintas ocasiones-- es que esta Comisión, en su fase de
investigación, está investigando a los partidos políticos, y ése es el
problema, el primer problema de fondo con que nos hemos encontrado en
términos reales. Claro que esta Comisión no es igual que las demás.

Afortunadamente no lo es, aunque las demás también tienen muchos
problemas en su análisis, en su experiencia, que empezamos a acumular y
que posiblemente nos llevará a una reflexión para ver lo que debe ser una
comisión de investigación. Porque si aquí cada uno viene con una
intención distinta, ése es el problema. Para mí lo más importante de esta
Comisión eran las conclusiones, pero hoy parece que entramos ya con la
mente un poco frustrada sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo en
esto.

Es verdad que existen contradicciones. Claro que comparto en ese sentido
algunas de las intervenciones, pero son contradicciones internas dentro
de la Cámara que tendremos que resolver. Si en una resolución del debate
sobre el Estado de la nación se dice que se van a escuchar las bases para
luego presentar un proyecto, pero en un mandato que se da a esta Comisión
se dijeron cosas no exactamente igual, sin ninguna duda posiblemente será
problema de los grupos políticos el llegar o no a un acuerdo sobre un
tema que en cualquier caso debemos debatir los grupos políticos, porque
los administradores que están hoy aquí no representan a los grupos
políticos en estos momentos, porque creo que este debate nos corresponde
a los que estamos en esta Comisión y a los grupos de la Cámara que
también tendrán que debatir en profundidad la cuestión.

En cualquier caso, bajo ningún concepto entiendo que deba haber un
principio de discriminación, que nadie se equivoque, en absoluto debe
haberlo, porque creo que es verdad que las situaciones distintas y los
planteamientos diferentes exigen planteamientos diferentes, es un
principio constitucional también, de todo tipo. No he entendido que la
propuesta del Partido Socialista haya sido decir: nuestro problema es
éste. También tengo que decir, señor Jaime Ignacio del Burgo --es
imposible que no me refiera usted--, que si usted analiza, a lo mejor sí
que hay matices sobre si la deuda que ustedes presentan a través del
Banco de España es comparable en términos homogéneos o no con la deuda
del Partido Socialista. Se han hecho intervenciones explicando algunas
cuestiones que son de fondo y que todos conocemos, pero al margen de eso,
si la homogeneizáramos en términos relativos, habría que valorar cuál es
la deuda más alta, si la suya o la nuestra, con la representación



Página 13103



que todos hemos tenido a lo largo del tiempo. Pero en términos
homogéneos, por lo menos en economía, hay que buscar la posibilidad de la
comparación.

Pero yo, en cualquier caso, como quiero coger la parte más positiva de lo
que ha planteado en su intervención, creo que lo que se está planteando
aquí es un debate de otras características, nuestra capacidad de llegar a
un acuerdo. Si no tenemos capacidad de llegar a un acuerdo, no
cambiaremos la ley, ya está, y habremos fracasado, entonces sí, en
términos reales: lo que pasa es que a algunos aquí lo que les interesaba
o les interesa es criticar y atacar al Partido Socialista. Bueno, ése es
su problema, y flaco favor vamos a hacer a la sociedad si estamos en
ello.

Mi opinión, contestando al portavoz de Izquierda Unida, señor Alcaraz, es
que creo que hay bases suficientes para intentar ese acuerdo y que
tenemos que intentar producirlo. Si lo conseguimos, esta Comisión habrá
logrado sus objetivos fundamentales, ésa es mi opinión, y si no lo
conseguimos, será lamentable, porque creo que seguiremos sin resolver un
problema fundamental del sistema democrático español, que por cierto creo
que también es fundamental del sistema democrático de los partidos
occidentales, como estamos viendo últimamente.




El señor PRESIDENTE: Tiene a continuación la palabra el señor López de
Lerma.




El señor LOPEZ DE LERMA Y LOPEZ: Señor Presidente, seguramente llego
tarde. Había pedido la palabra para intentar poner orden en una cuestión
conceptual. Esta es una Comisión que tiene sus dos vertientes, la de
investigar y la de estudiar, pero que tiene una finalidad creo que muy
positiva, que es la de dar respuesta a una demanda social como es la de
revisar desde la luz las normas que rigen la financiación, en sus
distintas vertientes, de los partidos políticos y de las coaliciones
electorales. Pero creo que mi intervención llega tarde porque lo que iba
a pedir al señor Presidente es que atajara de una vez esta, creo,
inesperada segunda parte de una muy positiva sesión de la Comisión.

Creo que debemos agradecer nuevamente, y lo hago con toda sinceridad, a
todos y cada uno de los responsables de finanzas de todos los partidos
que aquí están presentes su sinceridad. El que estemos o no de acuerdo es
otra cuestión que debe ser tratada en lo más íntimo de la Comisión, con
luz y taquígrafos, lógicamente, ante la prensa, por qué no, por qué
debemos escondernos, pero con la seriedad y sobre todo con el reposo que
todos necesitamos para afrontar con mentalidad constructiva y no con
banalidades un reto importante como es el que nos ha sido planteado desde
el propio Pleno del Congreso.

Por eso, señor Presidente, lo que iba a sugerir, y le sugiero, es que
atajara de una vez esta segunda parte de la sesión que no tenía por qué
haber existido, porque lo que estamos haciendo, al menos es lo que hace
este modesto Diputado en representación de Convergència i Unió, es tomar
notas para intentar, sobre la base de esas notas y de las nuestras
propias, aportar lo mejor que podamos a esta labor de futuro que es dar
al país la serenidad que precisa y que nos demanda en cuanto a las
finanzas de los partidos políticos.




El señor PRESIDENTE: Habían solicitado la palabra por parte de los
comparecientes el señor Marugán y después el representante del Grupo
Popular.

Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Fernández Marugán, pero
agradecería a los señores intervinientes que se mantuvieran en esa línea
que han tenido anteriormente, sin perjuicio de pasar a sus representantes
políticos cualquier indicación al respecto.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL
(Fernández Marugán): De clarificación exclusivamente.

Yo era Diputado en 1987. Soy Diputado aquí desde 1982. Quizás otras
personas no lo sé, pero yo lo era. Yo voté la primera Ley de financiación
de partidos políticos y yo digo que pensaron los legisladores, pensamos
los Diputados --ése es el sentido de mi expresión--, pensaron que no se
iba a pagar. Bueno pues la deuda hay que pagarla. Hoy la deuda hay que
pagarla, lo pide la sociedad española, lo exige la sociedad española, no
es posible mirar hacia otro lado, y estará en el «Diario de Sesiones», no
es posible realizar una amnistía de la deuda de las formaciones
políticas, hay que pagarla. Yo he ofrecido mi visión sobre alguno de los
procedimientos que pueden utilizarse para pagar esa deuda. Pero la deuda
hay que pagarla, inexorablemente, no puede haber una amnistía, no puede
haber un borrón en esa dirección.

He dicho que la banca no ha ejercido criterios de exigibilidad. ¿Cuántos
ejemplos pongo? Uno que supongo que no va a generar ninguna polémica
entre nosotros, el de la Unión de Centro Democrático. Desapareció una
gran fuerza política con un protagonismo inmenso en el proceso de
transición política y ¿dónde fueron sus activos y sus pasivos? No es la
única fuerza política que ha desaparecido. He hablado de otras
formaciones, de otras fuerzas políticas y he puesto el ejemplo de
transformaciones que se han hecho desde el nacimiento a la desaparición,
como ocurre en otras organizaciones políticas, y me he intentado apoyar
en el Código de Comercio. Pero hay formas y formas de transformarse,
cambiando el nombre o coaligándose. Esa es otra realidad, eso está ahí en
la historia reciente de esta sociedad española. O sea que la banca no ha
exigido a esas formaciones políticas los créditos que tenían contraídos
con ellos. Es un dato de la realidad y punto. Está ahí. Si en lugar de
pedir la información referida a las formaciones políticas que tenemos
representación aquí en este momento, hubiéramos pedido la información
referida a todas y cada una de las formaciones políticas que han
concurrido a procesos electorales o que han tenido representación en esta
Cámara, nos encontraríamos con ese hecho.

Por lo demás, sinceramente, he estado encantado. He venido a decir lo que
pienso y lo que pienso es que este viejo tema de la deuda hay que
resolverlo pagándola, y lo que se puede discutir es cómo, pero eso está
en mi primera intervención y en el «Diario de Sesiones», y lo que no se



Página 13104



me podría pedir es que no fuera sincero representando como represento,
como ustedes, a la soberanía nacional.




El señor PRESIDENTE: Finalmente la Presidencia cierra el turno, con la
intervención de don Alvaro Lapuerta, de petición de palabra.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PARTIDO POPULAR (Lapuerta Quintero):
Solamente aclarar una cosa al señor Gimeno, cuando ha dicho que no se
comparaban a lo mejor conceptos homogéneos. En nuestros datos están
incluidos naturalmente Alianza Popular, PDP, Coalición Democrática, todo.

No está incluido así UCD ni tampoco la operación Roca, como es natural,
pero todo lo demás está incluido con el mismo número de identificación
fiscal, esté usted absolutamente tranquilo. Me figuro que en el Partido
Socialista también estarán incluidas las deudas de la formación del señor
Tierno, para que seamos todos absolutamente homogéneos.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia antes de levantar la sesión quiere
agradecerles muy de veras su presencia constante aquí, el esfuerzo que
han hecho y su colaboración. Les vuelvo a reiterar que disponen ustedes
de un plazo de una semana o diez días para hacerle llegar a la
Presidencia de la Comisión cualquier aportación documental complementaria
de ideas y sugerencias.

Sin más, se suspende la sesión.




Era la una y veinte minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión de la Comisión no Permanente de
Financiación de los Partidos Políticos.

Comienzo por dar la bienvenida, en nombre de la Comisión y de esta
Presidencia, a los señores que han sido citados y que hoy comparecen, y
quiero agradecerles la aportación que nos van a hacer, así como su
presencia y el esfuerzo que les ha significado. Les anuncio que para
cualquier problema logístico o de intendencia, de desplazamiento de
viaje, de hotel, etcétera, que hayan tenido, el señor Letrado, que me
acompaña aquí, a mi derecha, les atenderá al final, puesto que corre a
cargo de la Cámara cualquiera de los gastos en que ustedes hayan tenido
que incurrir para atender esta comparecencia.

También quiero señalarles que la norma de trabajo de esta Comisión ante
la que ustedes comparecen con carácter de estudio es que la Presidencia
les concede la palabra al principio para que ustedes, durante el tiempo
que estimen prudencial, alrededor de quince minutos, con la flexibilidad
que ustedes necesiten en menos o en más, expongan todas sus observaciones
y críticas a la actual Ley de Financiación de Partidos Políticos,
respecto a la que, por encargo del Pleno, esta Comisión propondrá las
directrices básicas de una futura Ley de Financiación que subsane las
deficiencias, inconvenientes o limitaciones actuales.

Lo mismo digo en correlación con la legislación electoral general en lo
que hace referencia a las auditorías que ustedes reciben por parte del
Tribunal de Cuentas y las normas, por tanto, concordantes, a los efectos
de que ustedes pongan en conocimiento de esta Comisión todas aquellas
cuestiones que a su juicio merezcan ser objeto de reflexión y de
corrección en su día.

Anunciarles también que, a partir del día de hoy, disponen ustedes de un
plazo prudencial --alrededor de una semana-- para que puedan enviarnos
aquellos datos que ustedes no hayan podido aportar hoy aquí o que surjan
al hilo de escucharse mutuamente unos a otros para enriquecer su
conocimiento analítico de las finanzas de los partidos, así como
cualquier otra cuestión que a ustedes les parezca de interés para esta
Comisión y pueda incluirse en nuestro material de estudio, a los efectos
pertinentes.

Me pide el señor Letrado que constate si los nombres que aparecen en la
citación son realmente los de los asistentes. Les señalo que se les ha
denominado genéricamente responsables de finanzas por buscar, digamos,
una terminología inteligible y común a esta Comisión. Ya sé que en la
mayoría de los partidos algunos tienen nombres diferentes, como gerentes,
etcétera. Si cualquiera de ustedes quiere hacer alguna aclaración o
matizaciòn, la hace en este momento.

Según la lista de citaciones que me facilita el señor Letrado, tengo aquí
lo siguiente: Don Rafael Gurrea Induarin, Secretario de Finanzas de la
UPN, que ha excusado su asistencia por enfermedad. Sin embargo, estando
aquí el representante directo de la UPN, don Jaime Ignacio del Burgo, él
se ha ofrecido amablemente a hacer una aportación informativa, sin
perjuicio de que se haga también llegar por escrito a la Comisión los
datos que se estimen pertinentes. A continuación, don Miguel Angel
Sánchez Martín, responsable de finanzas de Coalición Canaria, que está
presente. Tengo a don David García de Enterría Adán, responsable de
finanzas de Esquerra Republicana de Cataluña. Tengo a don Miguel Angel
Biel Sacaría, responsable de finanzas del Partido Aragonés Regionalista.

A don Angel Larrañaga Bolinaga, responsable de finanzas de Eusko
Alkartasuna. Por último, don Rafael Ferraro Sebastián, responsable de
finanzas de Unión Valenciana.

Había sido citado, pero no ha comparecido, el responsable de finanzas,
con nombre desconocido, de Herri Batasuna, como coalición electoral.




El señor PRESIDENTE: Sin más, procedo a ceder la palabra, en su condición
de informante de la Unión del Pueblo Navarro, si lo estima pertinente, a
don Jaime Ignacio del Burgo. Después se autopreguntará él a sí mismo
cuando le toque el turno a la Comisión.




El señor DEL BURGO TAJADURA: Quiero empezar excusando la asistencia de
don Rafael Gurrea, que es el Secretario General del Partido y encargado
de las finanzas del mismo, al que una gripe inesperada le obliga a
permanecer en Pamplona. Sin embargo, él me ha facilitado unos datos que
yo creo que podrían ser de interés de la Comisión y que voy a referir
sucintamente.




Página 13105



En primer lugar, decir que UPN no tiene pendiente de pago ningún crédito,
no tiene endeudamiento desde hace bastantes años, y con sus recursos
propios afronta todas sus necesidades tanto de funcionamiento como
electorales.

Tiene un presupuesto de 125 millones de pesetas de gastos --año 1995-- y
un presupuesto de ingresos de 150 millones de pesetas.

La estructura de los ingresos es de aproximadamente 20 millones de
pesetas de financiación procedente de cuotas y aportaciones y luego 60
millones de pesetas derivadas de la imputación de diputados y senadores
que tienen directamente a través de los fondos que se reciben de las
Cortes Generales, y 70 millones de pesetas del Parlamento de Navarra.

El patrimonio del Partido es una sede de 120 millones de pesetas,
íntegramente pagada, y tiene una tesorería --quizá sea un caso insólito
el de UPN-- de 80 millones de pesetas en depósitos bancarios. Con esa
tesorería se propone afrontar las próximas elecciones municipales y, en
nuestro caso, forales, cuyo presupuesto global ascenderá a 45 millones de
pesetas, dentro de lo que son los límites legales, y que lógicamente se
satisfarán con cargo a fondos propios, sin perjuicio de que después se
resarcirá de esa cantidad, en función del resultado electoral, bien de la
totalidad o por lo menos de una parte muy importante.

Claro, cuando yo he preguntado al secretario de finanzas qué opinaba de
la actual ley de financiación, con estos datos en la mano me ha dicho que
todo es mejorable, pero que se siente satisfecho y que no tiene
problemas. Le he preguntado también si había algún problema en relación a
la fiscalización del Tribunal de Cuentas y me ha dicho que los hubo en
relación a los primeros ejercicios que fiscalizó, pero no en cuanto al
contenido de los ingresos o de los gastos, sino en cuanto a la forma de
contabilizar, hasta que en estos momentos parece ser que la sintonía con
el Tribunal de Cuentas es perfecta.

Esto es todo lo que tengo que decir en representación de UPN, que,
insisto, creo que es un modelo de financiación, un modelo de buena
gestión y administración. Si todos los partidos políticos hubieran
seguido esta misma trayectoria, tal vez no estaríamos reunidos en este
momento para ver cómo mejoramos la actual ley de financiación.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Del Burgo.

Tiene la palabra don Miguel Angel Sánchez Martín, responsable de
financiación de Coalición Canaria.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DE COALICION CANARIA (Sánchez Martín):
Voy a exponer brevemente los créditos que nosotros tenemos vivos en este
momento. Tenemos dos créditos que se pidieron para la campaña de 1993,
uno en la Caja Insular de Ahorros de Canarias de 90 millones, del cual
restan por amortizar 41, y otro del Banco Zaragozano, también de 90
millones, del que restan por amortizar 57. Además, para las elecciones
europeas, se pidió uno al Banco de Santander, de 20 millones de pesetas,
que tiene una garantía pignoraticia, o sea que está cubierto en su
totalidad, pendiente de ser amortizado de una vez.

Nosotros, igual que en el caso del anterior interviniente, somos una
coalición modesta, tanto en lo que se refiere a recursos como a gastos.

Las cuentas son cortas y los ingresos vienen siendo unos 150 millones de
pesetas al año, que están destinados al pago de personas, de deudas
pendientes, etcétera; es decir que, como digo, prácticamente estamos en
la misma situación que Unión del Pueblo Navarro.

En cuanto a la Ley de Financiación de Partidos Políticos, yo traía unas
notas que voy a exponer someramente y en su momento, aprovechando la
circunstancia de que se pueda exponer por escrito en un plazo más o menos
corto, lo haré con más detalle.

Voy a empezar por el plan de contabilidad. Creo que debería haber un plan
de contabilidad específico para la contabilidad de los partidos
políticos. Hay un organismo, el ICAC --Instituto de Contabilidad de
Auditoría de Cuentas--, que es, entre otras cosas, el encargado de
establecer los planes sectoriales. Creo que para este organismo es
relativamente sencillo establecer un plan de contabilidad sectorial
precisamente para partidos políticos o coaliciones, porque lo que veo en
la Ley de Financiación de Partidos Políticos, en el Título III, sobre las
obligaciones contables, es francamente pobre desde un punto de vista de
contabilidad formal. Ahí se habla de una aparente estructura de cuenta de
resultados por ingresos y gastos muy simple, de unos libros, los de
tesorería e inventarios y balances, que sí se llevan normalmente, pero no
se habla de los otros que son obligatorios según el Plan General de
Contabilidad, etcétera. Creo que esto debe definirlo muy bien el ICAC, ya
que, como digo, una de sus misiones es ésa: establecer los planes
sectoriales.

Por otro lado, en el artículo 2, donde habla de los recursos procedentes
de la financiación privada, dice: Los productos de las actividades
propias del partido político. Yo no sé cuáles son los recursos propios de
las actividades de un partido político, no sé cuáles son las actividades
rentables, que se dediquen a obtener dinero. No se me ocurre ninguna
actividad propia de un partido político destinada a obtener dinero; las
habrá marginales, pero, salvo eso, no se me ocurre ninguna. En cualquier
caso, creo que se debe definir cualquier tipo de operación, bien por
definición directa o bien por exclusión: excluyendo las que no se pueden
admitir, especificando las que sí o ambas cosas.

Echo de menos la existencia de un reglamento de financiación de partidos
políticos; no veo que exista un reglamento de financiación de partidos
políticos, reglamento en el que se deberían contemplar con claridad las
dos clases de financiación que normalmente necesitan los partidos
políticos o coaliciones: la financiación corriente, para la vida normal
del partido o de la coalición, y la financiación electoral, que, como a
nadie se le oculta, es completamente diferente de la normal.

Además, en una ley de financiación de partidos debe establecerse un
régimen sancionador muy claro. No se puede sancionar si previamente no se
conoce cuáles son las sanciones que le pueden caer a uno.




Página 13106



En cuanto a las subvenciones o aportaciones, se habla de las no
finalistas, pero también hay subvenciones finalistas. A mi modo de ver,
deben establecerse métodos de control de las subvenciones o aportaciones
finalistas, con objeto de ver si efectivamente se han aplicado a su
finalidad.

A los administradores nos dan bastante miedo las campañas electorales por
los gastos extraordinarios que se producen y la posibilidad de que no se
puedan amortizar. Nosotros podemos hacer nuestras previsiones de cara a
los créditos al término de una legislatura --cuatro años--, pero no
estamos seguros de que antes de cuatro años no se termine la legislatura
y nos encontremos con un crédito a medio amortizar y teniendo que llamar
a la puerta de algún banco para pedir otro crédito, que tampoco sabemos
si se va a poder amortizar. Son problemas muy duros para nosotros.

No sé si entra dentro de lo que debe incluir una ley de financiación de
partidos, pero creo que se debería prever algo sobre créditos de campaña
blandos por parte de los organismos de crédito oficial o bien una prima
en puntos de interés para los créditos que se concedan por la banca
privada. Lógicamente, la banca privada, ante la incertidumbre que les
genera el conceder créditos a partidos o coaliciones para una campaña
electoral, aprieta bastante en cuanto a condiciones, en cuanto a tipos,
en cuanto a comisiones, gastos de apertura, etcétera. No sé si éste es un
tema de la ley de financiación, pero pienso que sí debería recoger algo
referente a créditos blandos que puedan conceder, hasta un cierto tope,
las entidades de créditos oficiales, o bien primar sin más los costes
financieros de los créditos concedidos por la banca privada.

Hay algo que creo que se debería de definir muy bien, y es la fiscalidad
de los gastos de los partidos políticos y los gastos de las campañas
electorales, es decir, si están exentos del IVA en la Península o, en el
caso nuestro, del IGIC (Impuesto General Indirecto Canario). Yo creo que
deberían estar exentos, dada la finalidad de los gastos.

Nuestro partido no ha tenido problemas con el Tribunal de Cuentas, dado
que somos una formación muy joven; si lo comparamos con la vida de una
persona, diríamos que estamos todavía dando los primeros pasos, pero sí
nos hemos encontrado con problemas de tiempo para presentar cuentas al
cierre de las campañas. Quizá existe una limitación excesivamente rígida
y podría estudiarse la posibilidad de ampliar los plazos.

Respecto a las aportaciones, creo que es bastante rígido ese límite de un
millón de pesetas fijado para las campañas electorales. Creo que se
debería de estudiar cada caso y cada proceso electoral para adecuarlo a
la realidad. Yo hasta sugeriría la posibilidad de que esas aportaciones
gozaran de algún tipo de ventaja fiscal, porque, a fin de cuentas, son
aportaciones destinadas a un servicio público.

Esto sería, «grosso modo», un poco el resumen de las observaciones que
quería hacer sobre la ley electoral. Como he dicho anteriormente, no
hemos tenido problemas, hasta el momento, con la fiscalización por parte
del Tribunal de Cuentas y, por tanto, en ese aspecto no tengo una opinión
negativa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor García de Enterría,
responsable de finanzas de Esquerra Republicana de Cataluña.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DE ERC (García de Enterría): Antes de
comenzar mi intervención, creo conveniente referirme a un aspecto que fue
mencionado esta mañana en esta misma Comisión y que es de especial
relevancia para nuestro partido político. Creemos que es necesario
remarcar que, en estos momentos, el sistema de partidos tiene una
asignatura pendiente en la devolución del patrimonio histórico incautado
por las tropas franquistas, al final de la guerra civil, a una serie de
formaciones políticas históricas.

Existen partidos que, por su peso histórico, por su continuidad
histórica, fueron perseguidos y expoliados por la dictadura franquista y
que ahora, en la democracia, son agraviados. Por tanto, entendemos que un
paso previo al planteamiento de cualquier tipo de reforma de la Ley de
Financiación de los Partidos Políticos es resolver la deuda histórica que
en este caso tiene contraída el Estado con nuestra formación política y
con algunas otras. Es decir, al contrario que otras formaciones políticas
que esta mañana decían que tenían contraída una deuda histórica con el
Estado, en nuestro caso es el Estado el que tiene una deuda histórica
contraída con Esquerra Republicana de Cataluña, deuda que se puede
evaluar en unos cuantos miles de millones de pesetas al precio actual.

Dicho esto, paso a referirme al motivo central de la comparecencia de los
diferentes responsables de finanzas o de organización de los partidos
políticos del Estado ante esta Comisión de estudio del sistema de
financiación de los partidos políticos.

Ante todo, indicaré algunas magnitudes que nos puedan dar un orden de
referencia sobre cuál es la situación económica de nuestro partido. Este
año, Esquerra Republicana de Cataluña ha aprobado un presupuesto de 178
millones de pesetas. La partida de ingresos está dividida en dos partes:
recursos procedentes de la financiación privada y recursos procedentes de
la pública. Por lo que respecta a la financiación privada,
aproximadamente un 15 por ciento procede de las cuotas de los militantes
y simpatizantes, un 10 por ciento de aportaciones de los cargos electos,
puesto que los estatutos de Esquerra Republicana obligan a contribuir
directamente como aportación al partido con al menos un 10 por ciento del
sueldo de cada uno de los cargos electos, y un cinco por ciento
correspondiente a productos propios del partido y de rendimientos de su
patrimonio; todo ello suma un 30 por ciento de recursos procedentes de la
financiación privada. El 70 por ciento restante se completa con
financiación pública, en este caso subvenciones estatales por nuestra
representación en el Congreso (un 40 por ciento del presupuesto de este
año) y subvenciones por grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña
(30 por ciento).

La partida de gastos, que me parece importante desglosar por los motivos
que expondré a continuación, viene a ser, aproximadamente, la siguiente:
sueldos e indemnizaciones,



Página 13107



30 por ciento; bienes inmuebles, 15 por ciento; actividades diversas a lo
largo del año, 15 por ciento; amortización de los créditos contraídos con
entidades bancarias para la financiación de los gastos originados en las
diferentes campañas electorales de los últimos años, 40 por ciento. La
partida de gastos más importante de nuestro partido va destinada a cubrir
la amortización de los diferentes créditos que nuestra participación en
los diferentes comicios ha generado.

Entiendo que es muy importante diferenciar la financiación de las
actividades ordinarias del partido a lo largo del año de lo que es la
financiación de las actividades generadas por los gastos de una campaña
electoral, puesto que así como los primeros, como he indicado
anteriormente, corresponden a los recursos con que cuenta nuestro
partido, los segundos (los gastos electorales) son íntegramente
sostenidos por la vía crediticia, comprometiendo las subvenciones
públicas estatales o del Parlamento de Cataluña para el retorno de los
diferentes créditos. En estos momentos, una campaña electoral en el
Principado de Cataluña viene a costar, sólo los gastos que origina el
envío de la propaganda electoral personalizada a cada uno de los
electores, unos 96,5 millones de pesetas, aproximadamente. Por tanto,
aunque sean unos recursos que son devueltos por el Parlamento de Cataluña
por la obtención de un grupo parlamentario, es obligado recurrir a la vía
crediticia para conseguir esos recursos.

Este es básicamente el motivo que provoca la deuda actual de Esquerra
Republicana, que en estos momentos está cifrada alrededor de los 350
millones de pesetas, la mayor parte a largo plazo. Es una deuda que se va
pagando regularmente cada mes, tanto por lo que hace referencia al
retorno de intereses como a la amortización de capital; no tenemos
créditos vencidos ni morosos ni, mucho menos, dudosos o en suspenso
--esto lo pueden comprobar en la información que ha dado la central de
información de riesgos del Banco de España--, y está generada básicamente
por el crecimiento electoral y militante de Esquerra Republicana entre
los años 1991-93, vuelvo a decir, en las sucesivas campañas electorales
de aquella época, principalmente autonómica y generales de los años 1992
y 1993. Debo remarcar que en el último año y medio hemos procedido a
aplicar una política de control y de austeridad en el gasto, que nos
permite en estos momentos, con el presupuesto actual, prácticamente
devolver todos los créditos que hemos contraído y limitar bastante
nuestra actividad externa.

En cuanto a qué opinamos de la actual Ley de Financiación de los Partidos
Políticos, he de decir que al responsable de finanzas de mi Partido --que
no soy yo; yo lo soy de organización-- le ha llevado a afirmar muchas
veces que una Ley como la actual, diseñada por las entidades de crédito
no hubiera sido más favorable a sus intereses. Esquerra Republicana de
Cataluña no tiene financiación irregular y, como no tiene financiación
irregular, tiene una deuda de 350 millones de pesetas a largo plazo en
estos momentos. Desde nuestro punto de vista, quizá el elemento más
importante a tener en cuenta es que, en estos momentos, la actual Ley de
Financiación de los Partidos Políticos lleva a una dependencia abusiva de
éstos respecto de las entidades de crédito, bancos y cajas de ahorro, y
creemos que es una situación que no debe continuar. Debo mencionar que
nuestro Partido lleva los registros contables detallados y que existen
mecanismos internos de control y fiscalización del gasto. Los censores de
cuentas están obligados a hacer anualmente un informe, que aprueban los
órganos competentes del Partido entre congresos, y no hemos tenido ningún
informe negativo del Tribunal de Cuentas respecto de las cuentas
presentadas en los diferentes comicios electorales a los que hemos
concurrido en los últimos años.

Por último, voy a poner de manifiesto una serie de reflexiones en torno a
la actual Ley de Financiación de los Partidos Políticos y a la Ley de
Régimen Electoral General en los aspectos que afectan a la financiación
de los partidos políticos. Después de ocho años de aplicación de la
primera, entendemos que es una Ley poco desarrollada; tal como se planteó
en el año 1987, venía a resolver una situación irregular en la cual no
existían normas que garantizasen la regularidad y transparencia de la
actividad económica de los partidos políticos, pero que no es una Ley que
sirva para continuar con el control de la actividad económica de los
partidos políticos de ahora en adelante. De hecho, ya hace unos cuantos
años que muestra claramente sus deficiencias. Es una Ley poco
desarrollada en su redacción, que requiere urgentemente, al menos, un
reglamento que la desarrolle en su totalidad.

En el debate interesante sobre financiación pública-versus financiación
privada, Esquerra Republicana es partidaria de un sistema mixto, en un
marco transparente y bajo control parlamentario, sobre todo por lo que
hace referencia a las aportaciones privadas, para lo cual tendríamos que
conseguir que las cuotas y aportaciones de la militancia pasasen a
representar una parte más importante de la partida de ingresos de los
partidos políticos. En este sentido habría que arbitrar las medidas
fiscales oportunas para, por ejemplo, como se ha mencionado, desgravar
las aportaciones que a final de año realice cada uno de los militantes o
simpatizantes de los partidos políticos. Quizá habría que aumentar la
partida correspondiente a los avances y las subvenciones del Estado en
los gastos electorales, de manera que se limite drásticamente el papel de
las entidades bancarias, sobre todo en lo relativo a hacer frente a unos
gastos de preparación de las elecciones, que son excesivamente elevados.

Apuntaría también que habría que replantear el papel del Tribunal de
Cuentas; somos partidarios de convertirlo en un verdadero órgano de
fiscalización y control de la actividad económica electoral, y ordinaria,
de los partidos políticos, con más competencias.

Para terminar, diré que estudiaremos con detalle las propuestas que se
han hecho de reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos,
así como las propuestas de reforma de la Ley de Régimen Electoral General
en lo que afecta a la financiación de los partidos políticos, que han
sido presentadas esta mañana y están sobre la mesa, la propuesta del
Gobierno, la propuesta del Grupo de Convergència i Unió y la propuesta
del PNV. Estoy seguro de que Esquerra Republicana tiene muchas cosas que
añadir,



Página 13108



en la línea de la intervención, sumaria y resumida, que acabo de hacer.




El señor PRESIDENTE: Paso la palabra al responsable de Finanzas del
Partido Aragonés, don Miguel Angel Biel Sacaría.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DEL PAR (Biel Sacaría): El PAR, en estos
momentos, tiene una deuda viva de 390 millones de pesetas, según habrán
podido comprobar por el informe y por la cuenta de riesgo del Banco de
España que les ha sido facilitado. Las deudas bancarias ascienden,
aproximadamente, a unos 300 millones de pesetas, como consecuencia,
exclusivamente, de las deudas de campañas electorales, porque los
presupuestos ordinarios del Partido se están cubriendo perfectamente,
incluso con superávit, con las cuotas de militantes y las cantidades que
llegan a través de grupos de las Cortes de Aragón, ayuntamientos,
diputaciones, el Senado y el Congreso, por supuesto, por la Ley de
Financiación de Partidos Políticos de 1986.

Aunque los que me han precedido han señalado prácticamente la totalidad
de las deficiencias de esta Ley, quiero señalar dos cuestiones. La
primera, que tendría que haber algún procedimiento para que, en los
gastos correspondientes a las campañas electorales, el IVA no fuera tan
gravoso. En segundo lugar, los retrasos, por parte de la Dirección
General del Tesoro, Tribunal de Cuentas, Cortes Generales, en el pago de
las cantidades correspondientes a los resultados electorales. En las
últimas elecciones autonómicas y municipales tardaron más de dos años, y
esto agrava enormemente los gastos financieros que acarrean los créditos
que llevan consigo las campañas electorales. Por tanto, sería necesaria
una mayor flexibilidad en la aportación.

A la vista de esta convocatoria, estamos preparando un estudio de reforma
de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos. Entendemos que debe
ser mixta, Estado-privada, y con mayores cotas de aportaciones privadas.

Respecto a la fiscalización, nosotros somos ya veteranos en nuestra
relación con el Tribunal de Cuentas y no hemos tenido nunca ningún
problema; lo que ocurre es que la actual ley de contabilidad de empresas
no se ajusta en su totalidad a lo que es un partido político, y tenía que
haber una específica de partidos políticos. Estoy de acuerdo con lo
manifestado por el compañero de Coalición Canaria en que puede haber
discrepancias de criterio entre el Tribunal de Cuentas y los que estamos
aplicando actualmente la contabilidad oficial; que no tiene nada que ver
para una empresa sin ánimo de lucro como es un partido político, en
definitiva.

Nuestro partido tiene previsto en estos momentos un presupuesto para 1995
que va de 86 a 90 millones, financiados totalmente, con lo cual no
podemos hacer frente a la deuda viva que tenemos con los bancos, puesto
que no tenemos financiación suficiente. Solamente tenemos financiación
para los gastos corrientes, lo cual nos lleva a una situación no grave
pero muy dificultosa para realizar nuestras actividades políticas.

Yo estoy de acuerdo totalmente en que hay que reformar la Ley, pues se ha
quedado obsoleta. No he estado esta mañana y no conozco lo que se ha
debatido en Comisión, pero haremos llegar a esta Presidencia los estudios
que estamos llevando a cabo, a fin de aportar nuestro parecer sobre la
reforma de la Ley de Financiación de los Partidos Políticos.




El señor PRESIDENTE: A continuación paso a conceder la palabra al
responsable de finanzas de Eusko Alkartasuna, don Angel Larrañaga.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DE EA-EE (Larrañaga Bolinaga): Señor
Presidente, señorías, hay tres aspectos en la financiación de los
partidos políticos que me gustaría reseñar.

Primer punto. Nuestra situación económico-financiera no sé si cifrarla en
suspensión de pagos o en quiebra. Ustedes saben cuál es nuestra
situación. Observo con envidia la situación financiera de UPN y de
Coalición Canaria.

Un partido político, en la corta vida que el nuestro tiene, aunque tengo
experiencia personal en otros partidos, tiene dos vías fundamentales de
gasto: el gasto corriente de funcionamiento y el gasto diabólico,
permanente, constante, de las campañas electorales. Cuatro por lo menos
cada cinco años: municipales, autonómicas, generales, europeas, etcétera.

Todos --y nosotros hacemos nuestro primer «mea culpa»-- nos hemos visto
involucrados en la vorágine y en el permanente consumismo publicitario, a
precios de sangre, de tener que entrar en el mercado del voto --y lo digo
con esta frialdad-- cerrando los ojos frente a unos gastos exagerados. La
única forma de detraer y controlar estos gastos vendrá impuesta por la
debilidad económico-financiera de los partidos. Con esto no pretendo
decir --¡líbreme Dios!-- que los partidos políticos deben ser pobres como
única forma de evitar sus excesos en costos de campaña. Pero está claro
que, en nuestro caso, y me imagino que en el resto de los partidos, los
gastos corrientes de funcionamiento se mantienen perfectamente con el
esquema ideado con la actual Ley de financiación, a través de los grupos
parlamentarios, a través de las subvenciones generales, de los
municipios, en nuestro caso de las diputaciones o de los parlamentos
autónomos, etcétera.

La cuestión creo que se cifra en el capítulo --vuelvo a insistir,
diabólico y absurdo-- de los gastos a los que, inevitablemente, nos vemos
obligados a incurrir por la competencia del mercado.

Hay aspectos puramente contables, como en qué partida colocar nuestros
gastos, si el Tribunal de Cuentas nos tirará de las orejas por la
correcta o deficiente contabilización, etcétera. Hasta ahora, el Tribunal
de Cuentas, por lo menos en nuestro caso, ha sido un correcto y razonable
auditor de las cuentas. Ciertamente, en algún momento le ha faltado
criterio al Tribunal de Cuentas para establecer si las partidas estaban
correctamente contabilizadas o no. Yo admitiría en estos momentos que se
pueda instruir desde esta Comisión al Tribunal de Cuentas para que,
además de ser un auditor de cuentas de los partidos, sea también un
asesor, un profesor, un ordenador, un consejero, de sistemas



Página 13109



contables y criterios contables a establecer. Los aspectos contables,
administrativos serían de segundo nivel, desde este punto de vista.

Detrás de esto estarían también los criterios fiscales acerca de los IVA,
etcétera, de las campañas que puedan celebrarse. Serían aspectos menores
en los que con una ligera participación, técnica, más que otra cosa, el
Tribunal de Cuentas podría entrar a asesorar con racionalidad y eficacia
en el funcionamiento permanente, diario y vamos a decir técnico de los
partidos.

El gran problema, por lo menos el gran problema que nosotros sentimos en
nuestras carnes, es el aspecto puramente financiero de los partidos
políticos. Los déficit financieros, por lo menos en nuestro caso --y
sospecho que en casi todos-- nos vienen, una vez más, de los costos de
financiación de las campañas políticas.

La Ley, hasta ahora, ha regulado someramente, a través de las
subvenciones por votos, etcétera, estos aspectos. Tímidamente cita, pero
no da gran entrada, al apoyo privado, a la financiación privada, a los
grupos políticos en campaña. Yo rogaría que esta Comisión adopte una
actitud --que en algún momento puede chocar con algunos aspectos de la
sociedad, pero que es tan lógico y razonable como cualquier otra--, de
contemplar con valor y con vigor la financiación privada a los partidos
políticos, sobre todo en los actos de campaña.

¿Por qué digo esto? Porque --y nos vamos a olvidar de los eufemismos de
las aportaciones de los militantes, que, además de pegar carteles, pagan
mil o dos mil pesetas; los pudientes pueden pagar hasta medio millón o un
millón de pesetas-- no nos engañemos, no conozco mucho las legislaciones
de otros países, pero en los Estados Unidos, por ejemplo, hay unas
actitudes transparentes sobre estos aspectos. Las grandes corporaciones,
ciudadanos prominentes y conocidos por sus capacidades económicas,
públicamente ayudan, financian y opinan, por convergencias ideológicas o
por intereses de otro tipo, con respecto a los partidos políticos, para
su desarrollo. Creo que no sería malo recoger, con seriedad, la
posibilidad de que, fundamentalmente en campaña, se diese entrada a una
financiación privada, a determinados grupos, partidos o personas
políticas que quieran incidir en la vida pública de este país. Esto podía
tener dos vías: una con desgravación fiscal si la vía de apoyos de
carácter privado fuese pública y otra sin ningún contenido de
desgravación fiscal si, por diversas razones, que fuere, no fuera
pública. Eso, desde el punto de vista de financiación, sería un aspecto a
tener en cuenta, desde nuestro punto de vista.

Ya me he referido al Tribunal de Cuentas respecto a los aspectos
contables; creo que está hecho razonablemente, dentro de la exigüidad que
recoge la ley, pero entiendo que se puede ampliar.

Vuelvo a insistir en que debería darse el paso más importante, que no
estaría tanto en aumentar las subvenciones por los votos conseguidos,
sino en aumentar la financiación privada en las campañas por personas,
grupos económicos, etcétera. Puede tener sus riesgos, efectivamente, pero
si se hiciera con la transparencia exigida en todos estos casos y
sometido al cumplimiento de lo que se disponga en una ley, no tendría que
asustar a nadie.

Hasta aquí pueden llegar, de momento, las aportaciones que podríamos
hacer en este momento y, por supuesto, agradezco la propuesta de la
Presidencia para que esto se pueda estudiar con una mejor diligencia,
para que en el plazo de una semana pudiéramos aportar a esa Mesa las
soluciones que mejor puedan convenir.




El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra don Rafael Ferraro
Sebastián, como responsable de finanzas de Unión Valenciana.




El señor RESPONSABLE DE FINANZAS DE UNION VALENCIANA (Ferraro Sebastián):
Muchas gracias, señor Presidente.

Señorías, Unión Valenciana es un partido político que, en este momento,
tiene una deuda consolidada de unos 60 millones de pesetas. Su deuda al
año 1992 era de unos 110 millones y estaba fundamentalmente producida por
las campañas electorales de las Elecciones Europeas --dos campañas,
concretamente-- en las que la formación no consiguió ningún diputado, por
lo que no obtuvo subvención alguna oficial, y eso produjo este déficit,
que hemos ido reduciendo paulatinamente y que en este momento es de 50 ó
60 millones.

Los gastos ordinarios así como las campañas electorales, tanto
municipales, autonómicas como a las Cortes Generales, han venido siendo
financiados por las subvenciones obtenidas, por las aportaciones de los
afiliados y por las recaudaciones del Partido. Este es esencialmente el
estado actual del Partido. Son datos aproximados porque no he traído los
datos exactos.

La ventaja de hablar el último es que casi todo se ha dicho, por lo que
sólo me resta decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha
manifestado en cuanto al plan de contabilidad que contempla la actual
ley. Debe haber un plan específico para formaciones políticas y para
campañas electorales, y también el reglamento de financiación de partidos
políticos debería hacerse tal como ha dicho el compañero de Coalición
Canaria.

Asimismo, como ha dicho el compañero de Eusko Alkartasuna, el tema de las
ayudas de las grandes corporaciones, o de cualquier persona que quiera
ayudar en las campañas electorales, es el gran talón de Aquiles de los
partidos políticos y los posibles beneficios fiscales que se pueden
conceder a estas aportaciones son fundamentales para conseguirlas.

Asimismo, el límite de un millón de pesetas que se contempla en la actual
ley --en cuanto a campañas electorales, porque hay otro límite para
aportaciones para gastos ordinarios-- me parece que es pequeño.

Por mi parte, debo añadir que en la publicidad de las aportaciones
financieras de las entidades de crédito tenemos observado que algunos
bancos son reticentes a otorgar financiación a nombre del Partido y, sin
embargo, esos mismos bancos se la otorgan a personas del Partido. Quizá
sea por la publicidad, no lo sé. Pero es que incluso con las mismas
garantías no otorgan los créditos a nombre de la formación política.

Puede que sea debido a que no quieren verse inmersos en publicidad y
vigilancia de partidos políticos.




Página 13110



Quizá habría que estudiar si, con el correspondiente control
parlamentario y la transparencia oportuna, fuera posible que esa
publicidad, de alguna manera, quedara un poco reducida. No sé si será
posible.

Poco más tengo que añadir, sino decir que, como se ha dicho, que en la
semana próxima remitiremos todas las aportaciones que podamos hacer a
esta Comisión, para la nueva ley.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Ahora doy la palabra a cualquier miembro de la
Comisión que considere pertinente o necesario hacer alguna pregunta.




El señor GIMENO MARIN: Pregunta no, señor Presidente, sólo quiero
agradecerles su presencia y mostrarme sorprendido de que algunos
partidos, financieramente, vayan tan bien. En cualquier caso, esto puede
hacernos reflexionar sobre la conveniencia de disminuir la financiación
de los partidos políticos, para algunos, no para todos.




El señor PRESIDENTE: Antes de levantar la sesión y dado que estamos
constituidos en Comisión, hay un tema que no necesita la opinión de los
comparecientes, pero que sí les afecta. Me pasa el señor letrado una
observación sobre un problema que, con respecto al endeudamiento de los
partidos, tenemos con el Banco de España. Me habían hecho llegar algunos
de los secretarios de Finanzas la disparidad de las cifras de
endeudamiento de los partidos en los datos que nos ha facilitado la
central de riesgos del Banco de España, con la situación actual, que es
de mejoría general de los partidos, en cuanto a las deudas con bancos y
cajas de ahorro. Y nos hemos dado cuenta de que el Banco de España se ha
atenido a la letra exacta del escrito que le dirigió el señor Presidente
del Congreso de los Diputados y que los datos que nos ha venido
facilitando son con relación a todos los partidos políticos afectados
hasta el 30 de junio de 1994. Y a 31 de diciembre de 1994, que es cuando
se cierra el ejercicio, resulta que aparece una disparidad, en sentido
desfavorable a los partidos, porque las aportaciones que han venido
haciendo son amortizaciones de crédito.

Lo he sometido simplemente a la consideración de la Comisión y se lo
comunicaré al señor López de Lerma, que está ausente, porque me ha
excusado su asistencia al tener que desplazarse urgentemente a Barcelona.

No sé si valdrá un acuerdo de la Comisión para traslardárselo al Banco de
España. Si no, se volvería a pedir una autorización para que esto fuera
así. Pregunto si, facultada la Presidencia, se da por bueno.

(Asentimiento.)
Recogiendo el sentir de la Comisión, quiero agradecer a todos los
comparecientes su esfuerzo y su trabajo. (La señora Rahola i Martínez
pide la palabra.)
Tiene la palabra la señora Rahola.




La señora RAHOLA I MARTINEZ: Sólo una curiosidad, señor Presidente.

Quisiera preguntar si esta Comisión va a intentar, por segunda vez, que
el responsable de finanzas de Herri Batasuna venga a la Comisión a dar
explicaciones o si se da por hecho que no va a venir a hacerlo.




El señor PRESIDENTE: No, señora Rahola. Yo me he encontrado con el hecho
contable, al pasar lista de los asistentes, de la ausencia no justificada
del representante de Herri Batasuna y, por supuesto, velando por el
principio parlamentario de responsabilidad de esta Comisión (si bien no
se trata de una sesión de investigación en que el peso de la ley exige
que las ausencias sean justificadas y, si no, se entraría en la
presunción de delito de desobediencia; como se trata de estudio no
tenemos ese alcance), esta Presidencia se dirigirá al Presidente de la
Cámara para que se solicite del responsable de Herri Batasuna la
explicación suficiente que es en este momento lo que los servicios
jurídicos que me asesoran me permiten. De cualquier manera, quiero dejar
constancia de que no ha comparecido esa formación sin justificación que
obre al menos en conocimiento del letrado de esta Comisión y, por
supuesto, menos en el de la Presidencia. De cualquier gestión que ocurra
respecto a Herri Batasuna daré inmediato traslado y cuenta a los señores
comisionados.

Reiterándoles el agradecimiento y señalando que está el señor letrado a
su disposición para cualquier tema de asistencia logística que ustedes
precisen, se levanta la sesión.




Eran las cinco y veinticinco minutos de la tarde.




La Comisión no Permanente sobre la Financiación de los Partidos Políticos
celebró su sesión número 19, sin asistencia de taquígrafos, el miércoles,
15 de febrero de 1995.