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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 421, de 15/02/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 421
P R E S U P U E S T O S
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 24
celebrada el miércoles, 15 de febrero de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Economía y Hacienda (Solbes Mira),
para informar:
--Acerca de las razones para modificar la Ley de Presupuestos Generales
del Estado para 1995, así como para explicar los argumentos
macroeconómicos que provocan variar las previsiones del Gobierno y
distribución por programas, capítulos y artículos de los 150.000 millones
que se propone reducir de las partidas de gasto. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000514).
--Sobre las medidas de recorte en el gasto público aprobadas por el
Consejo de Ministros del día 13 de enero de 1995, así como los reajustes
anunciados por el Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros del
día 27 de enero de 1995. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 213/000515).
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, muy buenos días.
Comenzamos la sesión convocada a iniciativa de los grupos parlamentarios
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Popular en solicitud de
comparecencia del señor Ministro de Economía y Hacienda para informar
sobre las modificaciones de la Ley de Presupuestos Generales del Estado
de 1995. Creo que respondo al sentir de la Mesa y de los portavoces
agradeciendo al señor Ministro su pronta, buena y espléndida disposición
para comparecer prácticamente en la primera fecha posible
parlamentariamente después de la solicitud realizada por ambos grupos.
Me van a permitir SS. SS. que formule algunos avisos en relación con el
trabajo de las próximas semanas. El jueves día 23 de febrero por la tarde
tendrá lugar la habitual comparecencia del Secretario de Estado de
Hacienda, señor Martínez Robles, comparecencia que corresponde, de
acuerdo con las normas que SS. SS. conocen, a la información que a lo
largo del año se hace por el Ministerio de Economía y Hacienda a través
del Secretario de Estado de Hacienda. El lunes día 27 por la tarde y el
día 28 por la mañana tendrán lugar comparecencias, seis en total, en las
que están incluidas la del Secretario General de la Seguridad Social, el
Director General del Instituto de la Salud (Insalud) y subsecretarios de
distintos departamentos ministeriales. Son comparecencias que sobre
ejecución sectorial de los Presupuestos Generales del Estado de 1994 han
sido facilitadas por el Grupo Parlamentario Popular.
De otra parte, esta Comisión, aunque no como trabajo habitual de la
misma, tiene pendiente la culminación de los trabajos de la ponencia
especial nombrada para estudiar el régimen financiero de la Seguridad
Social. Como SS. SS. saben, dicha ponencia ha terminado sus trabajos en
su fase inicial hace dos semanas, después de diversas comparecencias, en
reuniones que tuvimos en el parador de Toledo. El calendario previsible
será el siguiente. Primero, la ponencia se reunirá algún día de la semana
que viene, puede ser el miércoles, para elaborar el calendario de trabajo
y permitir que los grupos parlamentarios puedan hacer algunas
observaciones o enmiendas al texto inicialmente aprobado, que supongo que
estamos en disposición de repartir en los próximos días. Existen dudas,
desde el punto de vista reglamentario --tendrá que decidirlo la ponencia
y quizá consultarlo al Presidente de la Cámara-- en razón a si los
trabajos de la ponencia requieren de sesión de la Comisión de
Presupuestos o, después de presentadas las enmiendas por los grupos,
pueden pasar directamente al Pleno. En todo caso, es propósito de la Mesa
y de los portavoces de la Comisión y creo que de los integrantes de la
propia ponencia que los trabajos culminen en el Pleno definitivamente en
el mes de marzo, antes de la convocatoria de las próximas elecciones
locales y, en su caso autonómicas. Indico estas fechas para que puedan
organizarse SS. SS. y los grupos en relación con los trabajos que tenemos
pendientes.
De conformidad con el Reglamento de la Cámara, en primer lugar
intervendrán, si les parece, por el orden de sus peticiones de
comparecencia del señor Ministro, los portavoces de Izquierda Unida y del
Grupo Popular. Contestará el señor Ministro. Habrá una segunda
intervención de ambos portavoces. Cerrará el debate en esta fase inicial
el señor Ministro y luego habrá intervenciones para fijar posiciones de
los distintos grupos en el orden habitual. Contestará el señor Ministro,
y si hay tiempo, daremos un pequeño turno de réplica, si entre todos
administramos el tiempo que, como siempre sucede, es escaso.
Tiene la palabra el señor Ríos, en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.
El señor RIOS MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La solicitud de comparecencia por parte de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya es para que el Ministro de Economía y Hacienda explique cuál es
el alcance de las modificaciones presupuestarias. Fundamentalmente
queríamos conocer aquí, en las Cortes Generales, donde radica la
representación del pueblo español, no a través de los medios de
comunicación y con la información más o menos somera de los distintos
miembros del Gobierno que han comparecido para explicarlo, cuáles han
sido los motivos que han provocado, por un lado, el reajuste
presupuestario y, por otro, el recorte. Primero se habló de un recorte
presupuestario de 150. 000 millones de pesetas y después se ha planteado
un ajuste, una especie de retención a espera de unos 400.000 millones de
pesetas.
Nosotros hemos perdido este debate en esta Comisión porque parecía que en
el seno del Gobierno se estaba instalando una situación de debate
exclusivamente en relación a no sé qué intenciones o maniobras políticas,
una especie de conjura de necios políticos que quería discutir sobre
determinados elementos extragobierno, fuera de la acción ejecutiva, pero
que la economía iba bien, que la política presupuestaria iba bien, que la
cosas marchaban y que España marchaba, que en realidad había una especie
de obcecación por parte de las fuerzas políticas que decían que no
marchaban.
Lo cierto es que la política presupuestaria es una especie de acción
permanente de improvisación, ejecución, evolución no meditada, no medida,
y a pesar de que el Gobierno ha estado diciendo que precisamente el
objetivo de estas medidas presupuestarias ha sido el de obedecer las
indicaciones de esta Cámara diciendo que hay que evitar previsibles
modificaciones presupuestarias en el futuro, la realidad ha sido que este
recorte de 150.000 millones de pesetas --digo recorte porque son dineros
que no se van a invertir-- afecta a programas específicos del Gobierno
--nos gustaría conocer cuáles son estos programas cuya actuación se va a
ver recortada-- afecta a objetivos que el Gobierno se había marcado, con
independencia de que sean recursos que vienen del ejercicio anterior, de
actuaciones no ejecutadas, pero que estaban en una previsión del
Gobierno, en una actuación ordenada, planificada y programada por el
propio Gobierno. Por tanto, querría saber a qué objetivos ha tenido que
renunciar el Gobierno, o
en el caso del reajuste presupuestario de estos 400.000 millones de
pesetas, sobre qué objetivos ha planteado el Gobierno aplazar su
ejecución o consecución.
Junto con esto nos gustaría conocer cuáles son los argumentos. La
política presupuestaria del Gobierno siempre se ha cifrado en unos
parámetros macroeconómicos que ajustaban la política del Gobierno y de
los cuales no se podían salir: previsiones que el Gobierno tenía bastante
acotadas en índice de déficit, en índice de deuda, más o menos al final,
de actuación de inflación, de evolución más o menos probable de los tipos
de interés. En función de esas actuaciones macroeconómicas el Gobierno
planteaba un ajuste de su posición política presupuestaria. Lo cierto es
que la salida a circulación de la deuda al parecer ha provocado una
distorsión en el precio de la misma y eso ha significado tener que hacer
frente a un mayor coste de intereses de los que en principio se han
previsto.
A nosotros nos gustaría conocer cuál es el volumen de deuda que el
Gobierno ha sacado al mercado, que ha encontrado ese incremento de
interés superior al previsto, que se situaba en torno al 10 por ciento
--parece que al final se puede situar en torno al 11 por ciento--, y
cuáles son las previsiones de emisión que durante todo el ejercicio han
llevado al Gobierno a situar ese ajuste presupuestario de previsión --que
a lo mejor al final del ejercicio no son esos 400.000 millones; a lo
mejor son menos u otra cifra--, cuáles son las previsiones de actuación
del propio Gobierno para este cálculo. Pero, junto a todo ello, nos
gustaría saber si el comportamiento del precio de la deuda española ha
evolucionado al mismo nivel que el de las demás deudas; es decir, si es
un problema general, ya que permanentemente nos comparamos con Europa; si
la deuda española ha evolucionado en el mercado de la misma manera que la
deuda de otros Estados ha podido evolucionar; si son condiciones de
nuestra propia deuda; si es que nuestro producto en el mercado tiene unas
limitaciones que no tienen otras, y de qué manera se puede incidir para
superar esas limitaciones o esas realidades que puede tener el producto
deuda pública española en el mercado financiero.
Como el señor Presidente ha dicho, durante estas semanas próximas vamos a
realizar un seguimiento de las dos evoluciones presupuestarias, tanto del
recorte como del reajuste, ministerio a ministerio, pero la verdad es que
la evolución de los números que han aparecido y sobre los que el Gobierno
ha trabajado se dirige a símbolos de la política de obras que el Gobierno
presentó en los meses septiembre-octubre. Entre el reajuste y el recorte
hay un volumen de incidencia importante sobre el Ministerio de Obras
Públicas, hay también una incidencia importante sobre el Ministerio de
Educación y Ciencia, y fue uno de los símbolos que el Gobierno en la
presentación presupuestaria utilizó, diciendo que íbamos a hacer un
esfuerzo importante en nuestro país de unos 50.000 millones de pesetas u
80.000 millones de pesetas dirigidos a la educación, porque España
necesitaba de ese esfuerzo, y sin embargo ahora vemos que en el volumen
de dinero el Ministerio de Educación y Ciencia está afectado en 38.000
millones de pesetas aproximadamente.
En suma, a nosotros nos gustaría conocer por qué se han derivado estos
reajustes a estos ministerios, a los ministerios que mayor volumen tienen
en la actuación, y si la reducción o el recorte de los objetivos y
programas han obedecido a sugerencias o indicaciones de los distintos
ministerios o a una posición decidida o programada por el propio
Ministerio de Economía y Hacienda; es decir, si la aplicación real y
práctica de la distribución de este recorte de 150.000 millones de
pesetas o del reajuste de 407.500 millones de pesetas ha sido sobre la
base de las indicaciones o de las prioridades que los distintos
ministerios han dado, o si más bien ha sido una prospección en función de
una realidad determinada.
Señor Presidente, estos serían los objetivos de la comparecencia que
nosotros pedimos. Esperamos que la información que el Ministro nos dé hoy
y los datos que nos pueda aportar en la concreción nos puedan sacar de
dudas sobre lo que nosotros creemos que hoy podemos tener encima de la
mesa, y es que este Gobierno se ha visto implicado en una política
presupuestaria errática, que no tiene relación con las previsiones que él
mismo ha proyectado.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, puede
hacer uso de la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Ministro, gracias por su comparecencia
que mi Grupo le quiere anticipar que hubiera preferido que hubiera sido a
petición propia del Ministerio y no haber tenido que esperar a la
iniciativa de la oposición, pero, en cualquier caso, estamos ante la
comparecencia de lo que nosotros queremos ya empezar a identificar como
un plan de restricción presupuestaria, y en el curso de la intervención
me gustaría poder explicar el porqué le queremos llamar plan de
restricción presupuestaria.
Su señoría sabe, señor Ministro, que la técnica que ustedes han puesto en
marcha para estas restricciones presupuestarias no es un técnica nueva;
es una técnica que ya han empleado ustedes, por lo menos que hayamos
podido comprobar, en las ejecuciones de los presupuestos de 1991 y en las
ejecuciones de los presupuestos de 1992. En aquella ocasión, señor
Ministro, al igual que ha ocurrido ahora, fueron sendos acuerdos del
Consejo de Ministros, concretamente del 5 de julio de 1991 y del 21 de
julio de 1992, los que dieron a luz, por así decirlo, a otro plan de
restricción presupuestaria para aquellos ejercicios en concreto. Por lo
tanto, estamos ante una técnica reiterada y convendría pararnos, señor
Ministro, en qué han opinado sobre esta técnica organismos de la
categoría del Tribunal de Cuentas, que supongo que ante usted goza de
prestigio. Pues si es usted tan amable de tomar el informe del Tribunal
de Cuentas relativo a la cuenta general del Estado de 1991 e irse a la
página 84 del mismo y proceder a leer su segundo párrafo que yo le voy a
leer, verá que el Tribunal de Cuentas declara que los Ministerios de
Obras Públicas y Transporte y de Defensa son los que presentan saldos más
elevados de obligaciones aplicables para 1991, pero pendientes de
contabilizar.
Si pasamos al segundo párrafo de este informe del Tribunal de Cuentas
tome nota de lo que dice sobre los planes de restricción presupuestaria
que ustedes han llevado a cabo en anteriores ejercicios: Todo ello pone
de manifiesto que las medidas de restricción de gasto público adoptadas
no han conseguido el fin perseguido sino el traslado presupuestario del
gasto realizado o su diferimiento a ejercicios posteriores. Para añadir y
terminar concluyendo el informe de dicho Tribunal de Cuentas: Cuando la
limitación a la contracción de obligaciones sobre los créditos iniciales
es obligada año tras año por las sucesivas leyes presupuestarias --dice
el Tribunal de Cuentas--, prácticas como las señaladas no sólo incurren o
pueden incurrir en incumplimientos legales, sino que además contribuyen a
agravar los problemas que pretenden corregir con la norma emanada del
legislativo.
Sin comentarios, señor Ministro. Eso es lo que decía el Tribunal de
Cuentas en relación con el plan de restricción presupuestaria de 1991.
Pero, por si fuera poco, se va uno al informe del Tribunal de Cuentas
relativo a la cuenta general del Estado de 1992 y vuelve a reiterar el
Tribunal de Cuentas respecto de aquel plan de restricción presupuestaria,
en la pagina 34, concluyendo: Todo ello pone de manifiesto que las
medidas de restricción del gasto público adoptadas no han conseguido el
fin perseguido sino el traslado presupuestario del gasto realizado o su
diferimiento, vía incorporaciones de crédito, a ejercicios posteriores.
Erre que erre, el Tribunal de Cuentas pone en solfa esta técnica
presupuestaria que vuelven ustedes a practicar en este ejercicio. Si eso
fue en ejercicios de 1991 y 1992, ¿qué no va a ser en el ejercicio de
1993, calificado por ustedes mismos como un ejercicio absolutamente
atípico, que batió todos los récords de incumplimientos y que consiguió
las desviaciones más importantes que se han registrado en la ejecución
presupuestaria de la historia de los gobiernos socialistas?
Del plan de restricción presupuestaria que ustedes nos han anunciado de
manera sucesiva, primero 150.000 millones de pesetas, después pudimos
leer alguna referencia en prensa que fueron otros 250.000 millones de
pesetas más, sumados a aquellos 150.000 millones de pesetas, y también
pudimos ver después que aquellos 250.000 millones de pesetas se
convertían no en 250.000 millones de pesetas sino en 400.000 millones de
pesetas. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra de más de medio
billón de pesetas --de 550.000 millones de pesetas, exactamente--. Y
ustedes esta cifra la estiman para identificar, señor Ministro, ¿qué?
¿Desviaciones que ya tienen identificadas? ¿Desviaciones que suponen que
van a emerger? En definitiva, esta cifra son desviaciones que ustedes
estiman que van a aparecer en la ejecución presupuestaria. Y para taponar
esas desviaciones, señor Ministro, lo que ustedes hacen es retirar dinero
de otros créditos aprobados por el Parlamento para construir un «embalse»
para hacer frente a esas desviaciones, en unos casos previstas, en otros
casos imprevistas. Convendría, y aquí viene nuestra primera pregunta, que
nos señalara cuáles de esas desviaciones que han motivado este plan de
restricción presupuestaria ya conocen ustedes y a qué partidas se van a
dirigir, porque si el seguimiento que hemos tenido que hacer de sus
ruedas de prensa no nos engaña, tendríamos que empezar a hablar de que
ustedes han anunciado que las desviaciones se identifican en las partidas
de liquidación de Sanidad, comunidades autónomas, plataforma del 0,7,
paga extra de pensionistas y otras sin determinar. Y, curiosamente, el
Tribunal de Cuentas, que investiga bastante bien la ejecución
presupuestaria, nos ha venido a advertir en los casos de las anteriores
ejecuciones presupuestarias a las que he hecho mención --años 1991 y
1992-- que estas desviaciones al alza siempre se producían en torno a las
secciones de deuda pública, de clases pasivas, de Trabajo y Seguridad
Social y de Sanidad, y la restricción, es decir, la quita para poder
atender esas desviaciones, la han hecho mayoritariamente, el grueso de
esa retirada de fondos la han hecho en las secciones de Obras Públicas y
Transportes, Defensa y Educación. El mismo Tribunal de Cuentas, en estos
informes que yo le he leído y que no quisiera volver a manejar para no
perder más tiempo, nos viene a decir no sólo las secciones sino los
capítulos en los que han efectuado ustedes esos planes de restricción
presupuestaria de los años 1991 y 1992, y usted sabe muy bien que los
capítulos que más afectados se han visto han sido los capítulos 6 y 7, es
decir, todo aquello concerniente a inversiones reales. Por tanto, señor
Ministro, la información que nos da el Tribunal de Cuentas es reveladora,
es orientativa, y su calificación, a nuestro entender, es absolutamente
demoledora. El decir que las medidas no sirven para los objetivos que se
han puesto y el denunciar que lo que ustedes hacen en la técnica
presupuestaria es dejar de contabilizar y trasladar o diferir el gasto a
ejercicios posteriores es algo así como decir que lo que hacen es
desnudar un santo para vestir a otro.
En consecuencia, señor Ministro, de estas comparaciones de lo que han
hecho ustedes hasta ahora y de lo que nos están anunciando quisiéramos
que nos contestara puntualmente a las siguientes preguntas. ¿Cómo va a
controlar, señor Ministro, que se contabilice realmente este plan de
restricción presupuestaria? ¿Va a estar dispuesto a dar información a
esta Cámara sobre la evolución de este plan de restricción
presupuestaria? ¿En qué secciones ha identificado usted ya que existen
desviaciones al alza? ¿Qué secciones van a absorber esta restricción
presupuestaria? Defina a qué capítulos y a qué programas afectará dentro
de esas secciones, porque es evidente que hay algunos programas que no se
van a poder ejecutar o se van a ejecutar de manera parcial; es decir, que
habrá carreteras en algunos territorios españoles que no se harán. Nos
gustaría conocer qué repercusión regional tiene esta restricción
presupuestaria.
Señor Ministro, el Tribunal de Cuentas confirma, denuncia, declara que
las medidas de restricción presupuestaria a las que ustedes llaman
recortes no han conseguido el fin perseguido, sino que han trasladado los
gastos de un presupuesto a otro de un año posterior. Pues si no se
consigue el fin perseguido y, además, usted no ha podido nunca, en
ninguna de sus declaraciones, decirnos que va a reducir el déficit con
este plan de restricción presupuestaria (claro que no va a reducir el
déficit previsto por ustedes en el inicio de estos presupuestos; por el
momento no puede usted
revisar aquella previsión, porque lo que está haciendo es subir un lado
del gasto y bajar otro, y en ese equilibrio no hay movimiento a la baja
del déficit sino al revés), lo que usted está haciendo con esta técnica
presupuestaria es declarar públicamente que existe una tensión y que el
déficit puede desviarse al alza, y que para taponar esa tensión pone en
marcha este plan de restricción presupuestaria. Por tanto, si no se
consigue el fin perseguido y, además, no se corrige el déficit a la baja,
le sigo preguntando: ¿qué esconde exactamente este plan de restricción?
El plan de restricción pretende taponar desviaciones identificadas e
imprevistas. Nos gustaría que nos declarara cuáles son las que ya tienen
identificadas y cuáles intuyen, olfatean, otean que se pueden producir en
el curso de la ejecución presupuestaria.
Desde luego, cabría añadir algunas observaciones a este plan de
restricción presupuestaria, pero no quisiera avanzar más en las
valoraciones ni en las preguntas hasta no conocer las precisiones y
valoraciones, en definitiva las contestaciones, que el señor Ministro nos
dé ante lo que creemos que, de entrada, es un plan de restricción
presupuestaria que nuevamente deja al descubierto que la ejecución
presupuestaria no es precisamente una de las virtudes de los gobiernos
socialistas si nos atenemos a los informes del Tribunal de Cuentas y a
que han batido ustedes el récord de poner en marcha un plan de
restricción presupuestaria. Le decía al inicio de mi intervención que su
técnica no era nueva, que se habían tomado acuerdos en el mes de julio de
1991 y en el mes de agosto de 1992, pero en esta ocasión, señor Ministro,
a los trece días y a los veinticuatro días --digo trece días de la
entrada en vigor del presupuesto-- han tenido ustedes que poner en marcha
un plan de restricción porque se les desequilibraba el presupuesto,
porque se les producía una desviación importante, de más de 500.000
millones según nos ha indicado usted, y porque, en definitiva, uno de los
grandes desequilibrios de nuestra economía corría el riesgo de no cumplir
ni el objetivo poco ambicioso que se marcaron ustedes para el déficit en
el año 1995.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Presidente,
señorías, voy a intentar comentar con cierto detalle los temas que me han
planteado y explicar cuáles son las razones, la base, la actuación del
Gobierno en la lucha contra el déficit, del que estas medidas no son más
que un eslabón adicional y una puesta en práctica de una política de
largo alcance que viene aplicándose desde hace aproximadamente año y
medio.
En primer lugar, señor Ríos, creo que, como siempre, en su terminología
incluye juicios de valor que no responden a la realidad. Su señoría habla
de reajuste y recorte y habla de improvisación y ejecución no meditada.
Ni una cosa ni otra son ciertas; es cierto que hay un ajuste
presupuestario --no un recorte presupuestario en el sentido que usted lo
plantea-- y, desde luego, no estamos hablando de improvisación, sino,
como decía antes, de una política a largo plazo que viene aplicándose
desde hace un par de años.
Partamos de la idea inicial que nos puede permitir entender qué es lo que
que hace el Gobierno desde hace año y medio.
En nuestro país existe una tradición de que los presupuestos finales
suelen tener una discrepancia relativamente significativa con los
presupuestos iniciales aprobados por la Cámara. Esas discrepancias, que
no responden a la época socialista --son anteriores a la época
socialista--, suponen incrementos del 8, del 10, en algunos casos del 20
por ciento entre el presupuesto final y el presupuesto inicial.
Concretamente, en el año 1978, por no situarnos en el momento actual, la
desviación entre el presupuesto final y el presupuesto inicial fue del 20
por ciento; en el año 1979, del 16; en el año 1980, del 15; en el año
1981, del 10.
Desde el año 1982 hasta ahora, suponiendo que el año 1982 podamos
atribuirlo al Gobierno socialista, cosa más que discutible en términos
presupuestarios, también, ha habido desviaciones evidentemente, siendo la
máxima del 15 por ciento en 1993 y la mínima del 4 por ciento en el año
1994. ¿Por qué el 4 por ciento en 1994? Porque evidentemente lo que hay
que hacer es aplicar la legislación en vigor. Y la legislación en vigor
da unos márgenes de maniobra y unos márgenes de actuación que son los que
el Gobierno utiliza para hacer frente precisamente a las dificultades
presupuestarias actuales.
¿De qué legislación estoy hablando? Tradicionalmente, el artículo 10 de
la Ley de Presupuestos establecía que no se podían comprometer créditos
por encima de una determinada cuantía, que era el máximo de los créditos
iniciales establecidos en la Ley de Presupuestos de cada año, pero, al
mismo tiempo, se establecía la posibilidad de unos créditos ampliables,
que podían modificar los créditos iniciales, y de unas posibles
incorporaciones de crédito o generaciones de crédito que puede autorizar
el Ministro de Economía y Hacienda cada año, en función evidentemente de
sus propios criterios.
En 1994 iniciamos una política de reducir los créditos ampliables y
tomamos la decisión de aceptar sólo incorporaciones de crédito por un
máximo de un 10 por ciento de las partidas correspondientes afectadas.
Eso nos permite, junto a una decisión de ajuste presupuestario --el señor
Aguirre se refería a 1991 y a 1992; también en 1993 y en 1994 hay ajustes
presupuestarios; todos los años ha habido ajustes presupuestarios--,
hacer frente al cumplimiento del presupuesto con una cifra absolutamente
histórica desde el punto de vista de presupuesto final respecto a
presupuesto inicial, y ello nos permite que, en obligaciones reconocidas
respecto a presupuesto inicial, en los capítulos 1 a 7, que son los
significativos desde el punto de vista del gasto, tengamos una desviación
de únicamente un 1 por ciento en el año 1994, que es un récord histórico.
Sin embargo, no estamos contentos con esa cifra, y no estamos contentos
con esa cifra porque, primero, hay un Plan de Convergencia que dice que
tenemos que cumplir unos determinados objetivos de déficit; segundo, en
ese Plan de Convergencia, aprobado por el Consejo de Ministros y conocido
por esta Cámara, se establece de forma muy contundente que, en el caso de
que dispongamos de ingresos adicionales, esos ingresos deberán ser
utilizados para reducir el déficit. Para que el modelo funcione, es
absolutamente imprescindible que si hay más ingresos para reducir el
déficit, los gastos no superen los créditos iniciales previstos. Y S. S.
recordará que en la discusión presupuestaria de este año hay algunas
novedades de bastante interés. La primera novedad es, evidentemente, una
modificación del artículo 11, en el que ampliamos algunos conceptos y
algunos criterios, de tal forma que el control del gasto sea mayor que en
situaciones anteriores.
Segundo tema importante, se toma la decisión de reducir de forma
sustancial los créditos ampliables para el presupuesto de 1995.
Tercero: hay un compromiso público del Gobierno, expresado por mi parte
de que haremos todo lo posible para luchar contra el déficit y esa lucha
contra el déficit la visualizamos de forma bastante evidente con esa idea
del control y del seguimiento mensual del déficit, con objeto de no
superar los déficit inicialmente previstos y que si se dispone de
ingresos adicionales, estos ingresos vayan destinados a reducir el
déficit inicial o la deuda inicialmente prevista.
Sobre la base de esa filosofía se establece un modelo, cuya base está en
el Plan de Convergencia, en el artículo 11 de la Ley de Presupuestos, en
el acuerdo de seguimiento y control de déficit que el Consejo de
Ministros adopta el día 13 de enero de 1993, y con arreglo a ese acuerdo
que no significa otra cosa que poner en marcha lo que la Cámara ha
decidido, a través del artículo 11, y lo que el Plan de Convergencia
establece, lo que se dice es: no podemos superar las cifras de gasto
anteriormente previstas. Si no queremos superar las cifras de gasto
anteriormente previstas, nos tenemos que plantear qué hacemos con
aquellas posibilidades presupuestarias que hoy ofrece la Ley General
Presupuestaria, es decir, las incorporaciones, las generaciones de
crédito y los créditos ampliables, créditos ampliables, evidentemente,
aceptados por esta Cámara.
En cuanto a las incorporaciones y a las generaciones de crédito, la
posibilidad de tomar decisiones de generación o incorporación
corresponden al Ministro de Economía y Hacienda. En el año 1994, como
decía anteriormente, y para evitar los problemas a los que hacía
referencia el señor Aguirre, se toma la decisión de no incorporar más del
10 por ciento de cada una de las partidas correspondientes y
evidentemente se obvian los problemas a los que se refería el Tribunal de
Cuentas en sus informes anteriores. Con ello, evidentemente, lo que se
consigue es que no se incorporen cantidades adicionales que vengan a
incrementar el presupuesto del año siguiente nada más que en un
determinado porcentaje.
Este año, el Ministro de Economía y Hacienda, unilateralmente y de
acuerdo con sus competencias, toma una decisión un poco distinta. Toma la
decisión de que los 250.000 millones de pesetas que están previstos de
incorporación, única y exclusivamente se incorporen 100.000,
aproximadamente, 56.000 automáticos, que son los que corresponden al
Fondo de Compensación Interterritorial, y los otros 50.000 por
obligaciones ineludibles a que tienen que hacer frente algunos
ministerios. Y toma la decisión de no incorporar 150.000 millones de
pesetas, esos a los que habitualmente nos referimos con el concepto más
vulgar de recorte, pero que no es otra cosa que no aumentar los créditos
iniciales del presupuesto del año 1995 con las incorporaciones pendientes
del año 1994.
En segundo lugar, dentro de las competencias que corresponden también al
Ministerio, y en coherencia con lo que se establece en el artículo 11, el
Gobierno toma una segunda decisión, y es hacer una evaluación de cuáles
son los posibles gastos adicionales a que el Gobierno no tendrá que hacer
frente como consecuencia de, además de las incorporaciones evidentemente
pendientes, de otro tipo de decisiones, consecuencia de ampliaciones o de
modificaciones presupuestarias realizadas por el Parlamento en la
tramitación del presupuesto. Evidentemente, esas tramitaciones nos dan al
final un resultante que es el siguiente.
Las ampliaciones de crédito --por tanto créditos ampliables previstos
legalmente por el Parlamento-- van a suponer un total de unos 300.000
millones de pesetas, grosso modo, de acuerdo con nuestras previsiones en
el momento actual, de las cuales las básicas son las de Sanidad. Recuerdo
que en cuanto a ampliaciones de crédito en Sanidad, la propuesta inicial
del Gobierno era que no fuesen computables, desde el punto de vista de
obligaciones comprometidas a efectos del artículo 11, en 1995 y sin
embargo fue la propia Cámara, a propuesta de otros grupos, que no el
Grupo Socialista, la que tomó la decisión de que esa cuantía fuese
incorporable; cuantía que iba a ser incorporable, sin embargo, sin
modificar de dónde se tenía que producir la correspondiente restricción
para ser coherente con el comportamiento establecido en el artículo 11
también aprobado por esta Cámara. En segundo lugar, es verdad que hay una
modificación en la cuantía en la deuda pública y hay una modificación en
la ayuda oficial al desarrollo, también adoptada por esta Cámara sin dar
de baja a las partidas correspondientes para los incrementos que se
planteaban con motivo del 0,7 por ciento. Es verdad que esos tres
conceptos son los sustanciales de los 300.000. Con esos tres conceptos
estamos llegando a una cifra aproximada de unos 250.000 millones de
pesetas. Del resto hay otras cosas, cosas menores, que van desde la
liquidación definitiva de las comunidades autónomas del año 1994, que sí
es una cifra significativa de 20.000 millones, hasta algunas pequeñas
ampliaciones que prevemos en los pagos de IRPF de algunos ministerios, en
el envío de tropas a Yugoslavia, en fin, temas menores que tienen una
cuantía relativamente reducida de unos 40.000 ó 50.000 millones de
pesetas.
Junto a eso incorporamos en el presupuesto del año 1994, como he dicho
anteriormente, alrededor de unos 110.000 ó 120.000 millones de pesetas,
consecuencia ¿de qué factores? En primer lugar, de esas incorporaciones
que he denominado ineludibles, de las 200.000 de los diferentes
departamentos, aproximadamente 51.000 millones de pesetas, más el Fondo
de Compensación Interterritorial que automáticamente tenemos que
incorporar. Todo esto nos da aproximadamente los 407.000 millones de
pesetas a
los que hacemos referencia para gasto adicional en 1995, como
consecuencia fundamentalmente por lo tanto --y repito-- de tres tipos de
decisiones, dos vinculadas a ampliaciones de crédito y la otra a
incorporaciones de crédito. A ampliaciones de crédito, las modificaciones
que el propio Parlamento decide y que, sin embargo, no modifica en cuanto
a las cifras del presupuesto; en segundo lugar, aquellas modificaciones
sobrevenidas por elementos nuevos, de las cuales la única realmente
significativa es, por supuesto, la de los tipos de interés en la deuda
pública, como consecuencia de las variaciones que se producen en las
últimas semanas de mes diciembre y, sobre todo, en las primeras semanas
del mes de enero de 1995. A las ampliaciones de crédito hay que aumentar
las incorporaciones que ahora también vamos a computar a efectos de
obligaciones comprometidas para el presupuesto del año 1995 con objeto de
no superar el gasto total inicialmente previsto, tal como lo habíamos
definido inicialmente. Si lo hubiésemos hecho de otra forma,
evidentemente hubiese crecido el gasto, y, por lo tanto, si hubiese
habido incremento de ingresos éste no hubiera ido a reducir el déficit
público, sino que hubiera servido para compensar gasto adicional, y el
sistema no hubiera funcionado.
En definitiva, les recuerdo que no estamos haciendo otra cosa que aplicar
todo ese complejo proceso en el que venimos trabajando desde hace año y
medio para controlar el déficit público y me sorprende --no tanto en su
caso señor Ríos, pero sí mucho más en el suyo, señor Aguirre-- que vengan
defendiendo una reducción del déficit de forma permanente y cuando se
ponen en marcha los mecanismos necesarios para este control del déficit
se critique por qué los mecanismos funcionan y se ponen en marcha. Es
verdad que esa preocupación de reducir el déficit nunca ha sido
fundamental en las posiciones del señor Ríos y esa contradicción no se le
plantea en su caso.
A partir de ahí --y espero haber aclarado cuál es el procedimiento y cómo
está funcionando en la práctica-- vayamos a las preguntas concretas que
se me han planteado por parte de cada uno de los exponentes.
En primer lugar, ya he hecho referencia al concepto de improvisación y
ejecución no meditada. Yo creo que está supermeditada. El concepto es
absolutamente coherente. La modificación del artículo 11, el Plan de
Convergencia, la definición de los créditos incorporables limitados, la
reducción de las ampliaciones, el modelo definido por el acuerdo de
Consejo de Ministros de 13 de enero, sobre la base del cual los gastos se
compensarán con otros gastos para no incrementar el gasto total, de forma
que el incremento de ingresos pueda actuar como reductor de la deuda, e
incluso la caída de ingresos, de acuerdo con lo que se establece en la
propia filosofía del documento de 13 de enero, traería consigo también
modificaciones presupuestarias a la baja para evitar que el gasto se
supere.
Por lo tanto, no hay improvisación, no hay ejecución no meditada, sino
que es un programa serio de actuación del Gobierno, que viene funcionando
desde hace bastantes meses y que seguirá funcionando exactamente con los
mismos criterios. Digo que seguirá funcionando y SS. SS. tendrán que irse
acostumbrando --y estaré encantado, como siempre lo he estado, en venir a
esta Cámara para exponer nuestras actuaciones a que estas modificaciones
se pueden producir también a lo largo del año si hay variaciones
significativas, porque en eso consiste el control mensual del déficit
público, en que si hay variaciones al alza o a la baja, las cifras a lo
largo del año evidentemente no tendrán por qué coincidir.
Lo que sucede es que la primera decisión, que es la que corresponde a
adoptar antes del 31 de diciembre, es la más importante en la medida en
que tratamos de incorporar todos los elementos fundamentales. Y, es más,
les diría otra cosa, en el caso de que no se hubiera planteado el
problema de los incrementos en deuda pública, en el caso de que las
modificaciones presupuestarias, tanto en lo que se refiere a la
contabilización de la liquidación de Sanidad del año 1994 o el 0,7 por
ciento, se hubieran compensando con una reducción de otras partidas, no
sería necesario haber modificado para nada las obligaciones a comprometer
en 1995. Históricamente nuestra realización de obligaciones es
aproximadamente del 97 por ciento. Con un presupuesto de 16 ó 17 billones
de pesetas, tres puntos prácticamente nos dan 500.000 millones de pesetas
de margen, que es una cantidad más que suficiente para hacer frente a los
pequeños créditos ampliables que existían por fuera de éstos y, por lo
tanto, que nos iban a permitir actuar con cierta comodidad entre esos
créditos ampliables más las incorporaciones que teníamos previstas en
todo caso y que no superarían los 100.000 ó 150.000 millones de pesetas.
¿A qué programas específicos va a afectar? Yo le diría que hay que
distinguir entre lo que podemos denominar como no incorporaciones y lo
que podemos definir como obligaciones no reconocidas. Las no
incorporaciones evidentemente van a afectar a aquellos ministerios que no
han ejecutado al cien por cien el presupuesto del año anterior y que nos
plantean, por supuesto, actuaciones de una u otra naturaleza para
incorporar en el año 1995. Esas incorporaciones por valor de 150.000
millones son conocidas, se han publicado en la prensa, pero si les
interesa, se las podemos facilitar. En todo caso, son 150.000 millones,
de los cuales la parte sustancial, lógicamente, va a afectar a los
ministerios que tienen mayor capacidad de gasto. El hecho de que
tradicionalmente Obras Públicas, Defensa y Educación sean los más
afectados no es por casualidad; es porque son los presupuestos más
significativos dentro de los Presupuestos Generales del Estado. De esos
150.000, aproximadamente, 11.000 van a afectar a Defensa; 60.000, a Obras
Públicas; 10.000, a Educación; 6.000, a Agricultura y, digamos,
cantidades menores a los diferentes ministerios.
Tenemos todavía pendientes de incorporación aproximadamente unos 27.000
millones de pesetas, que corresponden a gastos aún no contabilizados en
la incorporación y no sabemos si esa partida será al final tal como la
hemos definido o no. Incluso ahí podrían producirse algunas divergencias
que en el futuro tendríamos que contabilizar de una u otra forma, al alza
o a la baja, en función de un mejor conocimiento de la misma, cuando se
liquide el presupuesto del año 1994.
El segundo punto que a S. S. le interesa es qué va a suceder con los
407.000 millones. Los 407.000 millones también se reparten por
ministerios y es verdad que lo que hacemos es convertir los créditos
iniciales de 17.326 millones en unas obligaciones reconocidas de 16.919
millones, a los que añadiremos lo que actualmente tenemos pendiente como
ampliaciones y como incorporaciones de crédito, y nos van a devolver la
cifra final esos 17.300 millones de pesetas.
¿Cuál ha sido la decisión que hemos tomado? La decisión, la base y el
criterio --lo repito porque antes se me ha planteado-- ha sido
relativamente simple. ¿Cuál era el mejor criterio, en términos técnicos,
que se podía plantear para limitar las obligaciones a reconocer en el año
1995? Evidentemente, tomar como referencia las obligaciones reconocidas
de los distintos ministerios en los últimos años. Lo que hemos hecho ha
sido decir que en la medida en que hay unos ministerios que
tradicionalmente reconocen más y otros que reconocen menos, a aquellos
que reconocen más, les damos evidentemente una mayor cifra de
reconocimiento, y a aquellos que reconocen menos les damos unas cifra
menor.
Para su tranquilidad, desde el punto de vista del gasto total, le diré
que todos los ministerios tienen más capacidad de reconocer obligaciones
en 1995 que en 1994, con la excepción del Ministerio de Obras Públicas,
que tiene 25.000 millones de pesetas menos, y del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, que tiene 150.000 millones de pesetas menos, como
consecuencia de las menores necesidades en seguro de desempleo en el año
actual. Todos los demás disponen de mayor capacidad de gasto que en el
año anterior.
En términos globales, el porcentaje de realización sobre el presupuesto
del año 1994 era del 96,80 por ciento. Lo que el Gobierno ha tomado como
porcentaje de realización sobre totales en obligaciones reconocidas en el
año 1995 es del 97,66 por ciento. Por lo tanto, lo que estamos diciendo a
los responsables de los distintos ministerios es que, de momento, no
comprometan más de lo que comprometieron el año pasado. De hecho, si
usted analiza las cifras globales, lo que estamos dando es prácticamente
0,80 por ciento de compromiso mayor en el año 1995. Es verdad que ese
0,80 se distribuye de forma muy desigual, porque es cierto que el
Ministerio de Sanidad y Consumo, como consecuencia de la modificación del
sistema de financiación de la sanidad, este año tiene una cifra de base
muy superior a la del año anterior, y la deuda pública también tiene una
cifra superior. Pero precisamente lo que pretendimos con el nuevo sistema
en Sanidad es evitar esos créditos ampliables que han jugado de forma tan
negativa en el pasado, y que justifica en gran medida esas
preocupaciones, junto con las incorporaciones, a las que hacía referencia
el señor Aguirre, y sobre las que con tanto detalle nos ha expuesto los
puntos de vista del Tribunal de Cuentas.
Esos son los criterios, ésas son las definiciones, y esos 407.000
millones si quiere usted que se los dé por capítulos, le diría que en
gastos de personal la ejecución es al 99,2 por ciento, por tanto, una
ejecución prácticamente al cien por cien; en bienes corrientes y
servicios, la ejecución será al 93 por ciento; en gastos financieros, al
cien por cien; en transferencias corrientes, al 98 por ciento; en
inversiones reales y en transferencias de capital, prácticamente al 90
por ciento. Esas son las grandes líneas y ésos son los grandes conceptos.
Su señoría me pregunta cuáles son los parámetros macroeconomómicos que
han supuesto un cambio en la posición del Gobierno. Yo le diría que
únicamente hay una variación sustancial respecto a las ideas de partida
en el momento en que se presentan los presupuestos. Estoy pensando en
variaciones a efectos prácticos. Yo creo que hoy todos pensamos que
posiblemente el crecimiento del año 1995, si las cosas no se complican,
puede ser algo mejor que lo previsto. Eso podría traer consigo una mejora
de la recaudación. Pero todo ese tipo de variaciones, como he dicho
muchas veces, al final como las planteo son como desajustes respecto de
las previsiones iniciales, pero las previsiones siguen siendo exactamente
las mismas. Nada más hay un punto concreto y es evidentemente el de la
evolución probable de los tipos de interés y, en consecuencia, las
modificaciones del capítulo 3, en la parte referente a pagos por
intereses de la deuda pública. Los comportamientos de los meses de
diciembre y enero no han sido tan buenos como lo que esperábamos en el
momento de elaborar el presupuesto, y ello nos lleva, por razones de
precaución, a decir: hagamos una reserva adicional para gastos de
intereses, de forma que si al final se produce una desviación al alza de
los mismos, no tengamos necesidad de recurrir a la ampliación de créditos
por encima de la cantidad prevista. Y hay un segundo elemento importante,
y es que en la medida en que las emisiones han tenido que reducirse en
cuanto al plazo, la incidencia final de tipos de interés a pagar en el
año 1995 puede ser algo superior a la que hubiéramos tenido que pagar en
otras condiciones. Esa es la única variable.
Su señoría me pregunta por el volumen de deuda en circulación y las
previsiones de emisión. La verdad es que no he traído las cifras aquí,
pero se las podemos facilitar sin ningún problema, porque es cierto que
el volumen de deuda en circulación será la consecuencia de las
necesidades de endeudamiento de la deuda pendiente más las necesidades de
endeudamiento adicionales en el año 1995, y, por supuesto, las
previsiones de emisión yo creo que estaban incluidas en la documentación
remitida al Congreso con motivo de la discusión del presupuesto, pero se
le puede facilitar sin ninguna dificultad.
En cuanto a su pregunta adicional, sobre cómo está evolucionando esa
deuda, si mejor o peor que otras, yo le diría que en las últimas semanas
está evolucionando mejor que otras, en las semanas anteriores, peor.
También hay que matizar mucho de qué otras estamos hablando. Pero si
hablamos, por ejemplo, del Bund alemán, es decir, la obligación alemana a
diez años, y del diferencial de tipo de interés nuestro con Alemania, que
puede ser un buen modelo para calcular cuál es nuestro diferencial, le
puedo decir que hace unas semanas estábamos al 4,60 y ahora estamos al
4,06-4,07. Por tanto, hemos mejorado. Sin embargo, ese 4,60 era
sustancialmente peor a la cifra existente unas semanas
antes. No me refiero ya al mes de febrero, donde llegamos a estar a un
diferencial de aproximadamente 2 puntos, 200-215 puntos básicos, y sin
embargo fue empeorando a lo largo de año, hasta situarse en los 350
aproximadamente al final del año pasado o en el último trimestre del año
pasado. Por tanto, yo diría que hemos tenido un remonte malo en
diferencial a principios de enero, que se está corrigiendo, y que caso de
que esa corrección nos permitiese contar con menos necesidad de
financiación en deuda pública, menos intereses que los que actualmente
estamos calculando en el capítulo 3, pues evidentemente podríamos dedicar
ese dinero o para gastos adicionales, si fuese imprescindible, o para
reducir la deuda pública, que evidentemente sigue siendo nuestra
preocupación fundamental.
En cuanto a la evolución por ministerios, puedo dar los datos, pero yo
creo que no tiene demasiado sentido que le diga ahora los porcentajes de
realización caso a caso, pero dado que S. S. me ha planteado tres casos
concretos, que son el de Defensa, el de Obras Públicas y el de Educación
y Ciencia, le diré que en Defensa el porcentaje de realización en 1995
sobre obligaciones reconocidas iniciales era del 95,09 por ciento, y en
el año 1994 fue del 95,59 por ciento. El porcentaje sobre obligaciones no
iniciales, sino totales, en 1955 será del 95,31, y en 1994 fue del 95,89.
Por tanto, es aproximadamente medio punto menos de obligaciones
reconocidas en el caso de Defensa. En el caso del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes, pasamos en iniciales de 93,88 a 91,85, por tanto,
dos puntos de reducción; y en obligaciones totales a cifras parecidas del
94,23 al 92,07. En Educación, sin embargo, el comportamiento es el
contrario. Las obligaciones a reconocer en 1995 sobre iniciales son el
98,10 a comparar con el 97,78 en el año 1994, y sobre obligaciones
totales serán el 98,12 respecto al 97,81.
De ahí S. S. podría sacar una conclusión que es absolutamente evidente, y
es que vamos a gastar menos en inversión. Es una conclusión bastante
obvia y bastante normal, pero es la conclusión consecuencia de que si
reducimos el déficit, una de dos, o modificamos los derechos subjetivos
existentes por obligaciones de otra naturaleza, o tenemos que modificar
aquellos programas que de manera unilateral --por llamarlo de alguna
forma-- el Gobierno toma la decisión de poner en marcha, y lo que esto
nos pone de relieve es que si optamos por un tipo de gasto no optamos por
otro, si queremos partir del presupuesto inicial de un déficit del 5,9,
que para mí sigue siendo el punto básico fundamental de la política
presupuestaria del Gobierno. Por tanto, yo le diría, señor Ríos, que el
Gobierno no está implicado en una política errática, que el Gobierno
tiene muy clara cuál es su posición, que esa posición se viene definiendo
desde hace un par de años, que la venimos aplicando paso a paso y que
comprendo que son temas complejos que a veces no se ven en su totalidad,
pero que yo creo que responden a una filosofía bastante clara y bastante
definida.
Al señor Aguirre le comentaré, en primer lugar, que no me hubiera
importado venir a petición propia, y la verdad es que posiblemente
ustedes se adelantaron a la propia intención del Grupo Socialista en este
punto, y que tan pronto como se ha planteado la posibilidad de estar con
ustedes, estoy encantado para presentarles cuáles son la razones, los
argumentos y los criterios con los que se han tomado las decisiones de
ajuste presupuestario al que hago referencia.
Su señoría prefiere hablar de plan de restricciones --está en su
derecho-- y hace referencia a unas restricciones en 1991 y 1992 (ya le he
dicho que también existen en 1993 y 1994) y a unas valoraciones del
Tribunal de Cuentas para esos años, valoraciones que me parecían
correctas, y me lo siguen pareciendo, para los años 1991 y 1992, pero S.
S. debería haber afinado un poco más y ver las valoraciones de lo que se
ha hecho desde esos años y comparar si la situación existente en el año
1995 es exactamente la misma que existía en los años 1991 y 1992.
¿Qué variaciones fundamentales se han producido desde entonces hasta
ahora? Desde entonces se han producido, como mínimo, tres cambios
sustanciales. Primer cambio fundamental: las incorporaciones no son
automáticas. El año pasado se restringieron ya el 10 por ciento por
decisión del Ministerio de Economía y Hacienda y este año se han
restringido mucho más como consecuencia, evidentemente, de decisiones
unilaterales adoptadas por el mismo. Si no hay incorporaciones, una parte
fundamental de esas desviaciones, de ese traslado del gasto al año
siguiente, ya no se produce, y es verdad que se había generado una pelota
en los años 1991 y 1992 que hubo que corregir parcialmente en el año 1993
y que ya corregimos definitivamente en el año 1995.
Segundo elemento muy importante para valorar qué es lo que ha cambiado
desde entonces hasta ahora es la reducción, de forma sustancial, de los
créditos ampliables (el crédito ampliable ha sido tradicionalmente otro
de los elementos básicos por el cual el presupuesto de liquidación no
tenía nada que ver con los presupuestos iniciales), y lo hemos hecho de
dos formas: en algunos casos, simplemente suprimiendo el crédito y
considerando que, si hay obligaciones adicionales a realizar,
evidentemente tendrán que plantearse a través de créditos extraordinarios
y no mediante créditos ampliables; en segundo lugar, modificando algunos
de los sistemas de financiación que exigían el crédito ampliable casi
como consecuencia del propio modelo de financiación, y estoy pensando
fundamentalmente en el sistema sanitario. En la medida en que el sistema
sanitario se definía en función del Insalud no transferido y al Insalud
transferido se le compensaba en función de sus desviaciones de gasto, era
razonable que el crédito sanitario fuese ampliable. Si S. S. se toma la
molestia de ver la evolución de los gastos en sanidad en los últimos años
verá que siempre hay incrementos sustanciales en estos gastos, que cuando
se trasladan de Insalud transferido a Insalud total traen consigo unas
modificaciones, unas ampliaciones sustanciales de los créditos.
Este año hemos hecho algo que a mí me parece significativo y que creo que
SS. SS., con ese afán de decir que el Presupuesto de 1995 es muy malo,
que se gasta mucho y todo ese tipo de cosas, no han valorado de forma
correcta, y es que hemos incorporado en sanidad el gasto real, tomando
en consideración no sólo el crédito de partida sino el posible crédito
ampliable para 1995. Eso, que sin duda alguna es negativo desde el punto
de vista de la comparación de los créditos iniciales en el Presupuesto de
1995, será claramente positivo en la comparación de los créditos de
liquidación o de los créditos finales del año 1995, porque espero, por
primera vez, que la comparación entre presupuesto final y presupuesto
inicial sea enormemente ajustada.
Ya me he referido anteriormente a que las obligaciones reconocidas
respecto al presupuesto inicial del año 1994 ya se separaron únicamente
en un uno por ciento, la cifra más baja de los últimos veinticinco años,
con excepción de los años 1983 y 1984. Lo que pretendo es que esa cifra
en el año 1995 se aproxime todavía más al cien por cien, o incluso que
quede por debajo, si ello fuera posible, con objeto de hacer frente a
nuestras obligaciones presupuestarias. Por tanto, las críticas del
Tribunal de Cuentas, que podrían tener un cierto sentido en los años 1991
y 1992, que pueden seguir teniendo un cierto sentido en el año 1993,
aunque precisamente en ese año la desviación presupuestaria se justifica
en gran medida por hacer frente a las incorporaciones de ejercicios
pasados, ya no tienen ningún sentido a partir del año 1994 y mucho menos
del año 1995. En consecuencia, no le preocupen, señoría, ese tipo de
críticas, porque tomamos muy en consideración lo que el Tribunal de
Cuentas dice y lo que hacemos es tomar las medidas necesarias para que
esas situaciones no se vuelvan a reproducir.
A partir de ahí, lo que preocupa a S. S. es la cifra. Su señoría habla de
150, después de 250 y después de 407, y es cierto, aquí tuvimos un
pequeño «lapsus» que voy a intentar explicar. Los 150 eran las no
incorporaciones iniciales y, por tanto, la reducción del gasto por no
incorporación en el año 1995. Los 250 y los 407 son prácticamente la
misma cifra si no se toma en consideración la liquidación de sanidad del
año 1994, liquidación que yo inicialmente pensaba que no deberíamos
incluir entre las obligaciones reconocidas del año 1995 porque así
figuraba en el proyecto de presupuesto enviado por el Gobierno a esta
Cámara. Cuando posteriormente, ya afinando los cálculos, vimos que era
absolutamente imprescindible contabilizar también las desviaciones en
sanidad del año 1994, fue cuando pasamos de la cifra de las 250 a las
400, y evidentemente ese ajuste, que puede ser excesivo en términos
normales, corresponde a ese desfase en el modelo de cálculo que, ya digo,
es un error técnico nuestro por no haber tomado en consideración ese
tema, dado que inicialmente lo valoramos como no computable, pero después
de una discusión dentro del propio Ministerio llegamos a la conclusión de
que tendría que ser computable.
Le he definido ya y le he identificado con cierto detalle --si le
interesa con más detalle le puedo dar algún dato más, pero lo grueso es
como le he dicho-- que son 105.000 millones en sanidad, 25.000 millones
en comunidades autónomas, ciento y pico mil en deuda y treinta y tantos
mil millones en ayuda al desarrollo. Esos son los grandes conceptos que
dan la desviación de los 300.000 millones, que, unidos a los ciento y
pico mil millones de incorporaciones del Fondo de Compensación y de otros
Departamentos, menos alguna no disponibilidad del Ministerio de Obras
Públicas y del Ministerio de Asuntos Sociales, nos dan los 407.000
millones de ajuste del que estamos hablando.
¿Estamos planteando --y yo creo que éste es un debate importante con este
tipo de modificaciones una variación de las competencias del Parlamento,
que es lo que subyace en parte en su crítica, junto con la del señor
Ríos, que el Gobierno no está cumpliendo lo que el Parlamento dice, en la
medida, dicen ustedes, en que el Gobierno toma decisiones que afectan al
presupuesto aprobado hace diez días? Yo creo que no, por dos razones:
primero, porque lo que estamos haciendo es cumplir exactamente el mandato
parlamentario establecido en el artículo 11 de la Ley de Presupuestos;
segundo, y no lo olvidemos, porque los créditos que el Parlamento aprueba
son créditos máximos, nunca créditos mínimos, nunca necesidad de gasto
obligatorio. Es un debate que ya se planteó en el año 1991 con motivo del
primer recorte presupuestario, por entendernos en términos coloquiales, y
esa idea sigue subyaciendo en las decisiones actuales. Lo que hemos hecho
ha sido decir a los Ministerios que es absolutamente imprescindible, para
cumplir el objetivo de déficit del 5,9 y para cumplir nuestro objetivo
establecido en el artículo 11 de la Ley de Presupuestos, que no
comprometan más gastos que una cifra parecida a la que comprometieron el
año pasado. Evidentemente, si --imaginemos-- la deuda pública tuviese un
comportamiento mayor, dentro de tres meses podríamos decir: pueden
ustedes comprometer medio punto más o un punto más, en función de cada
una de las circunstancias.
Esos son los grandes temas, los grandes puntos, y es verdad que las
desviaciones a que el Tribunal de Cuentas se refería en el pasado en
deuda pública, clases pasivas, Trabajo y Seguridad Social y Sanidad en
gran medida se han corregido. Las desviaciones ya no vienen por ahí, como
S. S. ha podido apreciar. Clases pasivas está presupuestado de forma
enormemente ajustada (lo hemos visto; baste ver la ejecución del
presupuesto del año 1994, donde el gasto realizado es prácticamente el
cien por cien), en el Trabajo y Seguridad Social las desviaciones se
producen habitualmente en momentos de crisis, sobre todo cuando la
presupuestación existente para el desempleo no es acorde con los
incrementos de desempleo que se producen en nuestro país en los años 1992
y 1993, y en Sanidad, con el nuevo modelo de sanidad, queda el tema
corregido. Es verdad que la restricción suele afectar a los Ministerios
con mayor gasto, que suelen ser Obras Públicas, Defensa y Educación, y,
sobre todo, con menor gasto comprometido en función de derechos
subjetivos.
Creo que ésas son las informaciones fundamentales, aunque su señoría me
ha hecho algún comentario posterior que voy a intentar aclarar en la
medida en que pueda hacerlo en este momento. Primero, cómo se va a
controlar que se contabilicen realmente los gastos. Evidentemente, la
contabilización la hace la Intervención General del Estado y no hay
ningún problema en ese punto. Cuando el Tribunal de Cuentas hace
referencia a ese problema de contabilización lo que está diciendo es: En
la medida en
que usted acepta comprometer ciertas obligaciones en un momento
determinado «de facto» y, sin embargo, no se contabilizan «de iure», lo
que usted está generando son incorporaciones adicionales cara al futuro.
En la medida en que suprimimos el concepto de incorporación obligamos a
que la contabilización se realice en el momento en que realmente se
realiza el gasto o el compromiso de gasto.
Ese sistema está bastante corregido por el propio modelo que tenemos
actualmente en marcha de corrección de las incorporaciones o de no
aceptación de las incorporaciones. Evidentemente, aquella parte que no va
incluida como incorporación en el Presupuesto de 1994, o que no irá en el
año 1995, tendrá que ser financiada por los correspondientes Ministerios
con cargo a los créditos del año correspondiente.
El segundo punto que su señoría plantea es si estamos dispuestos a dar
información a esta Comisión. Es evidente que siempre lo hemos estado y
seguiremos estando dispuestos a dar toda la información que esta Comisión
necesite para realizar su trabajo.
Su señoría plantea, aparte de excepciones, la atribución por programas y
la repercusión regional. Primero, esos datos no se los puedo dar. La
decisión que ha tomado el Consejo de Ministros es un máximo de
obligaciones reconocidas por Ministerios y, a partir de ahí, es cada
Ministerio quien tiene que optar, en función de sus prioridades. Lo
comentaba estos días: al final, el Estado es como una casa y lo que no
podemos hacer en el momento actual es comprarnos la lavadora y el
tocadiscos. Por tanto, o compramos la lavadora o compramos el tocadiscos;
habrá que hacer una inversión u otra. Lo que no podremos es hacer las dos
cosas al mismo tiempo, dada las posibilidades de actuación que tenemos en
este momento.
Por supuesto, y por esa misma razón, es evidente que no disponemos de una
repercusión regional, que comprendo que podría tener mucho interés y,
sobre todo, mucho morbo en el momento actual, pero desgraciadamente no
disponemos de esa información.
Su señoría plantea que no se va a reducir el déficit con estas
decisiones. No lo hemos planteado como una decisión para reducir el
déficit en términos de gasto, excepto si los ingresos aumentan por encima
de lo presupuestado, que ése es el punto fundamental; porque no estamos
diciendo que vamos a gastar menos, estamos diciendo que vamos a gastar lo
mismo de otra forma, que es exactamente lo que dice el artículo 11 del
Presupuesto que ustedes han aprobado. Vamos a gastar, en principio,
exactamente lo mismo. Puede haber algunas variaciones, y a S. S. no se le
oculta, como consecuencia de que el hecho de establecer las obligaciones
reconocidas a un porcentaje inferior no garantiza la ejecución al cien
por cien de ese porcentaje inferior y, en consecuencia, por ahí puede
haber alguna pequeña desviación, pero no significativa. Pero es que la
decisión del Gobierno fue siempre apostar a que íbamos a realizar un
determinado gasto, de acuerdo con lo que habíamos previsto, que ese gasto
no se iba a superar y que, eso sí, si había ingresos adicionales por
encima del porcentaje del 3 por ciento del crédito extraordinario o de
los créditos extraordinarios que se planteen, es evidente que eso va a ir
a reducir la deuda y, consecuentemente, a mejorar la situación de déficit
y de deuda.
Por tanto, no estamos hablando de taponar el déficit, de lo que estamos
hablando es de que cumplimos lo establecido en el artículo 11, y la
lógica del artículo 11 y del modelo definido por el Ministro de Economía
y Hacienda y aceptado por el Gobierno, es muy clara: tenemos una cantidad
de gastos equis, si esos gastos se disparan tendremos que reducir algún
gasto de los inicialmente previstos para que esa cantidad no se supere;
si esos gastos son inferiores, evidentemente reduciremos el déficit; si
lo ingresos son inferiores a los previstos reduciremos el gasto para
evitar desviaciones y, si son superiores, al tener este taponamiento del
gasto, que no del déficit, lo que se va a producir es una mejora en
cuanto al déficit y, por tanto, una reducción de la deuda total. Eso es
lo que esconde --tan simple como eso-- la decisión adoptada por el
Gobierno.
Por tanto, concluiría diciendo que no hay modificación del presupuesto en
los trece días transcurridos desde su aprobación, que lo que hay es una
aplicación del presupuesto, tal como está definido; lo que hay es la
puesta en vigor de una serie de medidas que hemos venido comentando en
este Parlamento de forma permanente, lo que hay es una decisión de
responsabilidad por parte del Gobierno con su acuerdo del día 13 de enero
y lo que en definitiva hay es un compromiso absoluto y total de cumplir
el déficit previsto en el Presupuesto del año 1995.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.
Para consumir un segundo y último turno tiene la palabra, en primer
lugar, el señor Ríos, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.
El señor RIOS MARTINEZ: La verdad es que oyendo al señor Ministro las
cosas parece que cuadran. Lo hace todo sencillo, en el tono y por la
explicación. Da la impresión, se lo digo con sinceridad, de que los
números no tienen corazón, que el esqueleto no lleva detrás músculo.
Fíjese que usted ha terminado con un ejemplo muy gráfico. Ha dicho: A lo
mejor no podemos adquirir la lavadora y el tocadiscos. Eso es verdad y
usted lo ha dicho así, pero es que hace apenas un mes ustedes anunciaron
que nos íbamos a comprar la lavadora, el tocadiscos, la motocicleta, el
microondas, etcétera. De golpe y porrazo, a los pocos días, me dice que
no.
Usted ha puesto en relación dos cosas que a mí me han quedado claras:
una, que no es que hayamos limitado al Parlamento. Porque, fíjese usted,
en el debate presupuestario que tuvimos hace apenas dos meses en esta
Cámara la discusión se centraba en intentar modificar los presupuestos
para introducir 50 millones destinados a corregir un paso a nivel en tal
sitio, un programa determinado con 100 millones para allá, una discusión
concreta para que la carretera tal se pudiera incorporar, o 5.000
millones de pesetas para los Mossos dÕEsquadra. Hace poco los números
tenían cara, nombre y apellidos, tenían programas y actuaciones
concretas, y usted hoy llega aquí y de golpe y porrazo dice: El
deslizamiento de 150.000 millones de pesetas no es nada, es que los
Ministerios que no han gestionado
no lo van a gestionar. Pero es que, mire usted, hace apenas un año
ustedes prometieron, anunciaron, que iban a hacer una serie de cosas por
150.000 millones de pesetas que ahora no se van a hacer, y lo que el
Gobierno debe hacer es clarificar qué actuaciones concretas (que a mí me
ha quedado claro que son capítulo 6 y 7 fundamentalmente, según lo que
usted ha dicho, salvo la parte de la deuda, que será capítulo 3 el
volumen mayor que pueda ser afectado), qué inversiones concretas de las
que estaban anunciadas, previstas, presentadas a bombo y platillo en cada
uno de los sitios, no se van a acometer y entonces empezaríamos a hablar,
porque, si no, parece que hablamos de cuadrar unos números de una
política del Gobierno decidida contra el déficit público --política que
yo le reconozco a usted--, pero es que eso lo podía haber hecho usted al
presentarnos los presupuestos si ya tenía una actuación decidida años
atrás. Si usted lleva los dos últimos años actuando en la lucha contra el
déficit, diga a los ministros que prometan menos, diga a los ministros
que se ajusten más, diga a los ministros que ejecuten mejor.
Pero ésta es la pescadilla que se muerde la cola, señor Ministro, porque
si usted limita las obligaciones reconocidas o plantea a los ministros
que se limiten en reconocer para ajustarse --usted ha dicho que
mensualmente va a haber un ajuste al déficit público; perdón, va a
intentar ajustar mensualmente--... (El señor Ministro de Economía y
Hacienda, Solbes Mira: Si es necesario.)
Si es necesario. Bien, la precisión es importante porque se ha hecho en
el primer mes del año.
Usted plantea eso a los ministros y al final del año dice: Como no ha
gestionado, el 10 por ciento no me lo vas a deslizar en el próximo
ejercicio. Más o menos el ajuste que usted decía o el recorte, que no es
recorte; simplemente es que de los 250.000 millones que no se ejecutaron
el año pasado 150.000 se renuncia a realizarlo y otro volumen sí se va a
deslizar este año para ejecutar. Pues eso es lo mismo. Hay una actuación
que no se va a hacer este año. Se puede deslizar al siguiente o al otro.
Es ahí donde yo creo que se varían las previsiones iniciales de los
ministros y las previsiones presupuestarias que aprueba este Parlamento,
porque usted, como Ministro de Hacienda, nada más empezar ha citado cinco
veces el papel y el protagonismo que le corresponde al Ministro de
Economía y Hacienda en la gestión presupuestaria, y a mí me ha surgido la
segunda gran reflexión y es que usted intenta llevar al paso a los
ministros y a algunos ministros les cuesta trabajo ajustarse al paso que
usted les marca. Ahora comprendo yo la apreciación del Ministro señor
García Vargas, quien venía a preguntarse por qué no se deciden otras
prioridades en el Gobierno. Usted ha dicho que los gastos se compensan
con gastos y el Ministro dice: más gastos de Defensa y menos en política
social y usted ha respondido: No, vaya a ajustarse en un lugar distinto.
Le he dicho que no venía con juicios previos, yo no tengo ningún
prejuicio, pero lo que creo es que los números sirven para hacer cosas,
pero si no sirven para hacer cosas la alquimia del número, en política
presupuestaria o en política normal y corriente de gobierno, a mí no me
dice nada. Es en ese sentido en el que yo creo que el Gobierno no ha
tenido una previsión entre el prometer y el hacer, porque es fácil
anunciar cosas, es fácil prometer, pero luego cuesta que los números
cuadren. En ese sentido debiéramos intentar que la evolución en el
seguimiento en la información que pudiéramos tener los grupos fuera de
nivel similar al que se puede estar proyectando hacia el exterior, porque
ése es el papel de esta Cámara. Esta Cámara ha aprobado unos números que
el Gobierno nos ha propuesto y, en función de la discusión y la
correlación de fuerzas que aquí se ha establecido, tomamos unas
decisiones que, en teoría, deben orientar al Gobierno.
A mi Grupo le gustaría que las precisiones que usted ha hecho nos has
hiciese llegar por escrito, con dos variantes: las que hace usted por
capítulos, porque igual que en los presupuestos, cuando se aprueban, se
hacen por secciones, también se pueden poner las grandes secciones del
gasto con los capítulos del gasto, y cómo se proyectan a esos 150.000
millones de pesetas aplazados o no ejecutados para este año, renunciados
o pospuestos en el mejor de los casos. Para esa evolución que usted ha
anunciado, la distribución por grandes materias en los distintos
Ministerios, aunque cada Ministerio hará su actuación y lo vamos a
conocer después. A mí me gustaría conocer las cifras que usted ha dado en
lo que pudiéramos llamar modificación de deuda, que es uno de los
parámetros nuevos de los que usted ha hablado. Para los 407.000 millones
ha dado como argumento modificación de deuda, de ayuda al desarrollo,
determinada liquidación de comunidades autónomas, incorporaciones de
crédito, etcétera. Hay ahí un volumen y a mí me gustaría, si es posible,
tener los números que ustedes han barajado para nosotros poder
estudiarlos.
Decía que no había una gran actuación, pero el FCI del año pasado, en lo
que llamamos aplazamiento, deslizamiento, de ese volumen de 150.000,
tiene un porcentaje alto; el FCI va a tener 47.900 millones de pesetas,
Fondo de Compensación Interterritorial, la política para corregir los
desequilibrios territoriales. Usted me podría decir: es que si no lo han
ejecutado el año pasado es porque no serán prioritarios o porque no
habría posibilidades para abordarlos.
Señor Presidente, ésa ha sido nuestra preocupación, porque entendemos que
a la hora de actuar sería bueno que hubiese un mayor acompasamiento en
las actuaciones.
Sobre lo que pudiéramos llamar compromiso público del Ministerio de
Economía y Hacienda o de los parámetros de convergencia, compromiso
estable de la lucha contra el déficit, etcétera, nosotros estamos
dispuestos a compartir la contención del déficit público como una
propuesta si va acompasada con que sobre las necesidades que tiene el
país a la vez se puedan ir marcando prioridades, porque el arte de
gobernar es el arte de marcar prioridades, no el de decir: objetivo único
y prioritario, el déficit público, que a lo mejor lo es para el Plan de
Convergencia del año 1997, si es que se da para ese año o se desliza para
1998 o para 1999, pero no es objeto de la discusión que ahora tenemos
aquí.
Por tanto, señor Presidente, queremos un mayor conocimiento de la
previsión para que no se produzcan modificaciones, aunque tengo que
reconocer que el presupuesto
del año pasado tuvo un mayor equilibrio del compromiso inicial con el
final; eso es cierto, en comparación con el de 1993 y con otros
anteriores. Y usted dice que para evitar que este año no vaya a
producirse un salto que nos pueda complicar ese compromiso del Gobierno
vamos a tomar medidas previas para que cada Ministerio vaya ajustándose a
ellas, pero es que, señor Ministro y con esto termino, a nosotros nos
gustaría conocer --yo se que usted no nos lo va a poder facilitar, pero
nos lo puede aportar el Gobierno-- de qué manera va a afectar, porque
cuando hablamos de Justicia e Interior son 26.000 millones de pesetas,
qué políticas son las que no se van a ejecutar, cuáles son las que se
aplazan, si es una política de juzgados, de prisiones, si es una política
determinada, a fin de valorar si es prioritario o no y poder decirle: en
esto sí y en esto no, desde nuestro punto de vista. Que sea el impulso o
el apoyo social al propio Gobierno. Igual pasa en el MOPTMA, porque no es
lo mismo política de medio ambiente que política de carreteras, que
política de ferrocarril, e igualmente en Industria y Energía. El Ministro
de Industria ahora quiere hacer un plan industrial, que nosotros
compartimos, pero de golpe y porrazo recibe 21.900 millones de pesetas
menos. Si con lo que tenía el año pasado no lo hizo y ahora anuncia un
plan de industria y tiene 21.900 millones congelados, entiendo que es la
proyección de esa política la que decíamos nosotros que, por lo menos, no
tiene una evolución normal.
Nos gustaría, si es posible, tener los datos distribuidos, con estas
apreciaciones, con independencia de que cuando vengan los subsecretarios
de cada Ministerio ya conoceremos cómo esa indicación del Gobierno la va
a aplicar cada Ministerio, que ésa será otra discusión. El objetivo que
tendríamos con usted es acompasar cómo el déficit público y política van
unidas, cómo los compromisos presupuestarios tienen color, prioridad y
actuaciones, porque muchas veces, señor Ministro, no es cuestión de
lavadora. En algunas políticas, a lo mejor, es de gotera, de zapato o de
ropa, con prioridades marcadas y, como un ejemplo de dato comparativo,
señor Ministro, 150.000 millones puede ser mucho o poco, pero ¿en
comparación de qué? Le voy a poner un ejemplo: el año pasado no se llega
a un acuerdo de revalorización de pensiones de un punto que para todo el
sistema venía a costar unos 50.000 millones de pesetas. No fue
prioritario, se marcó otra teoría: revalorización por encima del IPC, 45
o 50.000 millones, según fueran las pensiones afectadas. Por tanto, los
números también hay que ponerlos en relación con políticas para saber si
estaríamos dispuestos a respaldarlas o no las compartimos, porque,
apretarse por apretarse, al final hasta uno se puede asfixiar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aguirre.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Señor Ministro, tengo la impresión de que
usted cada día se felicita más por no ser Diputado porque, después de su
intervención, creo que tendría usted graves problemas para expresar su
voto favorable a la Cuenta General del Estado de 1991 y 1992 y, por
supuesto, la de 1993, aunque no conocemos todavía el informe el Tribunal
de Cuentas.
Digo esto porque no es ya la segunda ni la tercera vez que le escucho
poner con habilidad verbal una frontera entre lo que se puede llamar la
ejecución presupuestaria, responsabilidad del Ministro Solchaga, y la
ejecución presupuestaria de la que usted puede ser el titular a partir
del mismo momento es que fue nombrado Ministro. Por lo tanto, tendría
usted tremendas dificultades para votar esa ejecución presupuestaria,
porque observo que guarda usted una posición de aceptación a las
declaraciones y denuncias que el Tribunal de Cuentas viene haciendo sobre
la ejecución presupuestaria de los gobiernos socialistas. Por lo tanto,
vamos a ver lo que dice el Tribunal de Cuentas sobre la ejecución
presupuestaria de 1993 y 1994 y ahí veremos si tenemos que afinar o
desafinar; ya veremos.
Habla usted de que se había podido apreciar en el Grupo Popular y en este
portavoz algún tipo de contradicción en materia de objetivos de déficit.
Le agradezco que me saque este tema porque supongo que tendrá usted el
coraje político de reconocer hoy ante esta Cámara que el Grupo
Parlamentario que presentó la propuesta de destinar el exceso de ingresos
para eliminación de déficit fue el Grupo Popular, propuesta que ustedes
en el Pleno de este Congreso no votaron a favor y luego hicieron suya en
el Senado.
Por lo tanto, si aquí hay ejemplos de quién quiere combatir contra el
déficit, ahí tiene uno. A ustedes no se les había ocurrido y sólo el
copiar una propuesta del programa del Partido Popular les ha valido para,
ahora, exhibir alguna voluntad respecto a esa corrección de déficit que
ha sido criticada, que ha sido sancionada permanentemente por los
observatorios económicos tanto españoles como europeos y por otras
instituciones europeas. Pero, por si faltaba poco, yo tengo que decirle
que sobre esa voluntad de corregir el déficit, señor Ministro, usted ha
apelado aquí a que se ha producido una reforma del artículo 11 de la Ley
de Presupuestos de 1995, propuesta por otros grupos, de la que ahora
usted se congratula, y es que los créditos ampliables de sanidad y de
comunidades autónomas, que dejaban fuera del límite ustedes en su
proyecto de ley, en el artículo 11, el Senado, gracias a una propuesta
del Grupo Popular, produce que estos créditos estén dentro de la
disciplina del artículo 11.
¿Le va usted a enseñar, señor Ministro, al Grupo Popular, a proponer
controles mensuales, trimestrales, ofertas de puesta en marcha de
oficinas presupuestarias? ¿Le va usted a enseñar...? (El señor Hernández
Moltó: Sí, sí.) No, queridos amigos, esos forman parte, señor Hernández
Moltó, del programa del Partido Popular y ustedes no quieren ponerlo en
marcha. (El señor Hernández Moltó: Hoy se va a poner en marcha.) ¿Hoy lo
van a poner ustedes en marcha? Pues le agradecemos mucho que sigan
copiando propuestas del programa del Partido Popular. Por lo tanto,
podrán empezar ya a decir que les gustan las propuestas de ese programa.
Por tanto, señor Ministro, lo que le hemos venido aquí a preguntar es si
usted, con este plan de reajuste, con este plan que nos presentado,
conseguía reducir el objetivo de
déficit, porque parecía que usted, también con habilidad verbal, manejaba
el término «recorte», y hoy por lo menos ya nos ha demostrado que esto no
es un recorte, que aquí se va a producir un crecimiento del gasto para
atender unas desviaciones previstas y se va a producir una minoración del
gasto en otras partidas para construir ese embalse que atienda las
desviaciones.
¿Por qué hacen ustedes esto, señor Ministro? Muy sencillo: porque los
mercados le obligan a que usted tenga una disciplina con el déficit que
hasta la fecha no han tenido, porque los mercados les sancionan
desfavorablemente la escasa y la poca ambición de los objetivos de
déficit que tienen ustedes para este Presupuesto de 1995 y porque los
mercados, señor Ministro, le han dicho sucesivamente que la institución
presupuestaria española está en unos grados de credibilidad muy bajos. Si
no, ¿por qué están permanentemente advirtiéndoles a ustedes que se tomen
en serio la corrección del déficit?
Por eso ha corrido usted, inmediatamente, y en sólo quince días nos ha
planteado su primer plan para intentar taponar esas desviaciones que ya
se le venían encima.
Pero, claro, usted durante el primer mes ha creado una confusión, que hoy
mismo ha reconocido, porque no han estado --como decía usted en su
intervención-- bien afinados y que ha habido «lapsus» en los cálculos; ha
creado usted más confusión a los mercados, porque realmente los mercados
cada semana se tenían que leer un montante nuevo de cuál era el destino
de desviaciones que no se conocían. Primero 150.000, después 250.000,
luego 400.000, hasta llegar a 550.000.
Señor Ministro, usted lo ha dicho, y le leo la frase que acaba de decir:
Vamos a gastar lo mismo, pero de otra forma. ¿A eso usted no le llama
cambiar la estructura del presupuesto de gastos aprobados por el
Parlamento? (El señor Ministro de Economía y Hacienda hace signos
negativos.) ¿No? Bien, me alegra que, dicho por usted, ahora diga que no.
Pero ahí están las cuestiones.
Le voy a decir una cosa, señor Ministro: somos conscientes de la
redacción del artículo 134 de la Constitución, somos conscientes de lo
que expresa el artículo 8 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria y lo que establece el artículo 59 de ese texto refundido.
Pero permítame que le diga una cosa: si usted va a sentar la moda de que
aquí el Parlamento apruebe un presupuesto de gastos y al mes siguiente
usted, amparándose en estos artículos que le he mencionado, vía acuerdo
del Consejo de Ministros, varía la estructura del gasto en medio o un
billón de pesetas, permítame que le diga que no podré responder a esta
modificación desde una óptica jurídica y tendré que apelar a que se
responda desde una óptica política. Usted está cambiando la estructura
del presupuesto de gastos. Ya me dice que no, pero le repito esa frase:
gastar lo mismo pero de otra forma.
Nos alegra que usted haya reconocido aquí hoy, y por eso le pedíamos la
comparecencia, para que nos viniera a decir las cositas claras, que con
este plan no se produce ninguna reducción del déficit; nos alegra que
usted haya reconocido aquí que con este plan se va a penalizar la
inversión, nos alegra que haya usted reconocido aquí que había una pelota
generada en ejercicios anteriores, pelota a la que usted intenta por
resolución, pero evidentemente pone puertas al campo y no quiere saber
nada de lo que hizo su anterior Ministro de Economía del Gobierno
socialista. Cuando lea el señor Solchaga la manera tan sutil con la que
usted menciona y califica su período de ejecución probablemente no tenga
para usted palabras amables.
Usted viene aquí a reconocer también que los créditos ampliables (cuántas
veces le hemos dicho, señor Ministro, que frenen la utilización de esa
figura presupuestaria) han sido el origen de la tremenda disparidad que
había entre el presupuesto liquidado y el presupuesto inicial. Bueno,
señor Ministro, ¿qué quiere que le diga? Los mercados le seguirán
marcando la trayectoria de lo que tiene usted que hacer. Confío en que
usted haga este tipo de ajustes antes de que le obliguen los mercados,
porque ya tiene usted las experiencias, y me alegro de que usted vaya
tomando como suyas las propuestas del programa del Partido Popular en
materia presupuestaria. Ya van varias, he contado dos o tres. Podría
hasta recordarle esa otra propuesta por la que se impide producir
transferencias entre el capítulo 6 y el capítulo 2, que es también una
propuesta del Grupo Popular; los controles, que también son una propuesta
del Grupo Popular; la eliminación del déficit, también una propuesta del
Grupo Popular. Vamos a hacerle, dentro de unos días, otras propuestas
para que siga usted corrigiendo a base de que el Partido Popular le vaya
marcando la dirección que tiene que seguir en la política presupuestaria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Al señor Ríos le
comentaría que el problema no es, evidentemente, que hayamos ofrecido la
lavadora y el tocadiscos; el problema es que, además, nos ha salido la
bicicleta, que también hay que pagarla y, en consecuencia, hay que optar
entre una u otra cosa.
Su señoría parte de un concepto que es erróneo. La aprobación del
presupuesto no implica una obligación de gasto, implica un límite máximo
de créditos para cada obligación. Dicho de otra forma: evidentemente,
para hacer el paso a nivel es imprescindible que esté el crédito en el
presupuesto, pero ello no implica la obligación de que el paso a nivel se
haga dado que eso dependerá de las disponibilidades de cada momento y de
cada situación, Es un compromiso político de intentar hacerlo, y es así
como se plantean los temas.
De los 150.000 millones, naturalmente, les mandaremos la información; no
hay ningún problema. Afectan a todos los Ministerios o a la mayor parte
de ellos, y no es únicamente el capítulo 6 y el 7 aunque es verdad que es
importante la parte que se refiere al capítulo 7.
¿Se varían las previsiones iniciales del Parlamento? Permítame que le
conteste a usted y al señor Aguirre cuando hace esa afirmación de que lo
que hacemos es modificar las decisiones del Parlamento. No; el Parlamento
toma las decisiones de un cierto crédito, también toma las
decisiones del artículo 11, pero el Parlamento para nada modifica las
capacidades del Ministro de Economía y Hacienda en cuanto a lo
establecido en la Ley General Presupuestaria sobre incorporaciones y
generaciones de créditos.
Por tanto, lo que estamos haciendo es aplicar la legislación vigente. Lo
que sucede es que ustedes analizan la legislación vigente en la parte que
parece que les interesa y olvidan el resto, pero no olviden el resto.
Estamos hablando de un conjunto de capacidad de actuación y, desde luego,
no es que el Ministro de Economía y Hacienda enmiende al Parlamento,
señor Aguirre, sino que el Ministro de Economía y Hacienda, por ley,
tiene unas determinadas competencias, que las ejerce, y entre ellas,
evidentemente, la referente a las incorporaciones. Por consiguiente, ésa
es la situación y ése es el problema.
Señor Ríos, usted dice que el problema de las modificaciones responde a
unas políticas, a unas propuestas del Ministro de Economía y Hacienda, y
hace una referencia a que el Gobierno debe atemperar sus promesas sobre
lo que hacer. Yo creo que el Gobierno define unas políticas, unas
actuaciones y, claro está, tiene unas limitaciones. A diferencia de otros
grupos, nuestro problema es que tenemos que hacer casar lo que prometemos
con el dinero que tenemos. En consecuencia, no siempre es fácil que estos
esquemas se planteen con la alegría con que lo hacen otros respecto a la
utilización de los fondos. Se puede facilitar la información que usted me
pide.
Respecto al problema de apretarse por apretarse el cinturón le diría que
no. No es un problema de que apretarnos el cinturón nos pueda ahogar; más
bien diría yo lo contrario. Creo que la dificultad básica que tenemos es
que la deuda ha crecido mucho, que precisamente ese incremento de deuda
nos ha llevado a generar un capítulo 3 enormemente alto en cuanto a gasto
total y que la única forma de disponer de fondos adicionales para
políticas activas en el futuro es reducir la financiación.
Al señor Aguirre le diría que yo creo que no ha entendido mi posición. He
intentado ser matizado, pero veo que S. S. intenta volver a la brocha
gorda para sacar conclusiones que poco tienen que ver con lo que yo he
dicho. Su señoría dice: Usted estaría en contra de votar las cuentas de
los años 1991 y 1992. Pretende plantear una contradicción entre lo que
estoy intentando hacer, lo que intento hacer desde 1993, y las políticas
anteriores llevadas a cabo por mi predecesor.
Las prácticas en los años 1991 y 1992 a que hace referencia el Tribunal
de Cuentas eran prácticas normales. Ya le he dicho que las grandes
desviaciones presupuestarias no son de 1991 y de 1992. Por ejemplo, en
1978 fue muy superior, por citar un año en el que el señor Solchaga tenía
muy poco que ver. En 1979 fue el 16 por ciento. Para encontrar una cifra
equivalente a la del año 1979 del 16 por ciento hay que ir al año 1993,
en el que saneamos todas las incorporaciones de crédito de años
anteriores dentro de esa filosofía, que yo comprendo que es mucho más
periodística, de la pelota generada a la que su señoría ha hecho
referencia en la última parte de su intervención. Lo que vamos poniendo
en marcha son una serie de políticas concretas de control, y esas
políticas que se han modificado son las que nos permiten llegar a un
control más correcto en el momento actual. Respecto al problema de las
decisiones presupuestarias S. S. me plantea lo siguiente: tenga usted el
coraje político de reconocer que es el Partido Popular el que plantea en
el Parlamento el control o la utilización de ingresos adicionales para la
reducción del déficit. Le diría que no, que eso está en el Plan de
Convergencia, es una de las condiciones de ese Plan, el cual, que yo
sepa, no elaboró el Grupo Popular. Que yo sepa. (El señor Aguirre
Rodríguez: ¿Y la enmienda?) En relación con la enmienda, si S. S.
recuerda bien el tema, y podemos entrar en ese debate, diré que lo que
está planteándose es un problema diferente, y es si la enmienda --su
señoría lo recordará bien; yo también lo recuerdo-- debería ir incluida
en el preámbulo o en el texto. La diferencia radicaba en que S. S. tiene
dudas de que el Gobierno haga frente a sus responsabilidades,
responsabilidades que, por otra parte, están muy delimitadas en la medida
en que están claramente definidas en el Plan de Convergencia y en las
decisiones posteriores del Gobierno, y el Gobierno consideraba
innecesario que fuera en el texto. Por eso se planteó, y SS. SS. lo
aceptaron, que fuese en el preámbulo. Es verdad que, dado que tampoco era
un tema al que le diéramos una relevancia mayor de la que tiene, porque
es algo que en todo caso pensábamos y sabemos que tenemos que cumplir,
posteriormente en el Senado se aceptó que se incluyera en el texto del
articulado. Por tanto, no se atribuyan ustedes filosofías que no
responden a planteamientos de su Grupo, o que pueden responder a
planteamientos de su grupo, pero que no son inicialmente promovidos por
su grupo. Tampoco el concepto del control mensual, tal y como está
definido, tiene mucho que ver con las ideas que normalmente han barajado.
Su señoría, al final, se centra en cuatro puntos. En el primer punto su
señoría dice: No hay reducción del déficit. Y aquí vuelve a hacer una
cierta simplificación de lo que yo he dicho. Es cierto que he dicho que
vamos a gastar lo mismo, pero no que eso no traiga o no pueda traer
consigo una reducción de déficit. Le he dicho que eso puede traer consigo
la reducción de déficit como consecuencia de dos factores: primero, que
la ejecución al cien por cien de los nuevos límites de obligaciones
reconocidas no hay por qué razón darlo como algo garantizado; más bien es
una hipótesis poco probable. Segundo elemento que me parece relevante: lo
que sí es previsible es que, en la medida en que existan ingresos
adicionales, esos ingresos permitan reducir el déficit, cosa que no se
hubiese producido, evidentemente, si aceptásemos un incremento de los
gastos por encima de los inicialmente reconocidos.
Por tanto, ésa es la decisión y ése es el acuerdo, pero eso no es ninguna
novedad, es la política que viene manteniendo el Gobierno desde hace
bastantes meses.
Su señoría dice: Ustedes lo que están haciendo es modificar el
Presupuesto. Ahí incluye una amenaza implícita al decir que habrá que
responder, si se sigue con esas técnicas, no en una óptica jurídica sino
en la óptica política. Yo creo que estamos en una discusión de óptica
política, no veo dónde está el juridicismo por ninguna parte en este
momento. Pero le voy a hablar en términos jurídicos y en términos
políticos.
En términos jurídicos, artículo 11 de la Ley de Presupuestos, Ley General
Presupuestaria respecto a obligaciones en cuanto a incorporaciones
propuestas de generaciones, ampliaciones de créditos, tal y como está
definido. En términos políticos, si su señoría quiere, compromiso del
Gobierno, y compromiso del Parlamento también, de no superar el gasto. Y
el Parlamento lo que decide son dos cosas (el problema es que ustedes nos
sitúan como Parlamento en la necesidad de optar). Por una parte ustedes
nos dicen: No gasten ustedes más de lo que tienen y gasten como máximo
para cada capítulo y para cada sección una determinada cuantía. Es verdad
que muchos de esos gastos son consecuencia de derechos subjetivos
preexistentes. Al mismo tiempo, el Parlamento no dice: No amplíe usted
créditos ampliables, no incorpore usted lo que es incorporable, sino que
el Parlamento dice: Aplique usted. Evidentemente, no dice nada respecto a
la aplicación de la Ley General Presupuestaria en el Presupuesto para
1995. Pero nos dice algo más; nos dice: Si usted tiene gasto adicional,
corríjalo. Lo que usted no me puede pedir es que cumpla con la corrección
del gasto, que cumpla con mis obligaciones derivadas de la Ley General
Presupuestaria y que, al final, las cuantías que ustedes introducen como
máximas se conviertan en cuantías mínimas. Siguen siendo cuantías y
créditos máximos, y lo que hacemos es, evidentemente, adaptar esas
obligaciones a una nueva situación, que es la situación en la que se
plantea este ajuste presupuestario.
Le vuelvo a recordar que en la propuesta inicial del Gobierno el tema
sanitario está excluido de las obligaciones a reconocer. Y S. S. dice: Y
ahora se felicitan ustedes. Ni me felicito ni me dejo de felicitar. Es
verdad que, si no hubieran estado computadas desde el momento inicial,
este tipo de decisiones las hubiéramos tenido que tomar en un momento
posterior, pero seguramente hubiera habido que tomarlas en la medida en
que el respeto al artículo 11 nos obligaba necesariamente a no tener un
gasto superior al inicialmente previsto.
Por tanto, respondiendo a sus preguntas: Dice que he reconocido que no va
a disminuir el déficit. Puede ser que no disminuya el déficit; lo que sí
le digo es que se va a cumplir el déficit a rajatabla. Su señoría dice
que se va a penalizar la inversión. Yo le diría que no, pero si S. S.
tiene otra oferta de penalizar otra cosa que no sea la inversión o
reducir otros gastos que no sean aquellos que responden a programas
unilaterales del Gobierno sino a derechos subjetivos de una u otra
naturaleza, espero sus propuestas para analizar esas reducciones de
programas que afectan a derechos subjetivos. (El señor Aguirre Rodríguez:
El capítulo 2.)
Pero, señor Aguirre, seamos serios. Tome usted el capítulo 2 y vea de qué
estamos hablando. ¿De qué cifras estamos hablando en el capítulo 2? No
tengo aquí la cifra total, pero dentro del capítulo 2, gastos de la
Administración, que supongo que es lo que a usted le preocupa, ¿de cuánto
estamos hablando? ¿De 250.000 millones de pesetas? Más no; el resto está
en comida para el ejército, en farmacia, en muchas otras cosas que me
imagino que SS. SS. no quieren retocar. El viejo debate del capítulo 2 lo
hemos tenido ya más de una vez, podemos tenerlo con tranquilidad cuando
ustedes quieran y verán que el capítulo 2 ha tenido un comportamiento
absolutamente excepcional en los últimos años, con un recorte muy
sustancial y cuyo margen de reducción es mínimo. En consecuencia, yo creo
que no vale hacer demagogia. Lo que hay que hacer es poner cifras encima
de la mesa y propuestas concretas. Analicen de verdad a dónde va el
capítulo 2. Tengo la impresión de que no lo han visto ustedes nunca con
cierto detalle.
En tercer lugar, el problema de la pelota. Evidentemente, hay unos
remanentes del año 1991-92 que se corrigen en el año 1993 con los
créditos extraordinarios --créditos extraordinarios que se aprueban por
este Parlamento-- y que dan lugar a la desviación que, por supuesto, se
plantea en el año 1993.
Por último, el problema de los créditos ampliables. La técnica de los
créditos ampliables corresponde a una definición de un modelo de
actuación en cierto tipo de gastos. En el modelo sanitario, tal como
estaba definido anteriormente, el crédito ampliable era absolutamente
imprescindible. No se puede suprimir el crédito ampliable si no se
modifica el modelo, y el modelo, no lo olvidemos, se puede modificar en
1995 porque en 1992 se pone en marcha un grupo de estudio, como
consecuencia de la decisión del 20 de enero del Consejo de Política
Fiscal y Financiera diciendo «Estudien ustedes el modelo sanitario para
el futuro», entre otras razones porque, en la medida en que el Insalud se
va transfiriendo, tiene cada vez menos sentido que la financiación total
se realice en función del gasto realizado por el Insalud no transferido y
que ése se amplíe a todo el territorio nacional. Y el crédito ampliable
que ha estado planteando más problemas en el pasado ha sido el referente
a la sanidad pública.
Resueltos esos problemas, por tanto, no hay ese tipo de dificultad, y yo
le diría que, sin esas variaciones incluidas por el Parlamento en su
discusión del Presupuesto, los 50.000 ó 100.000 millones que pudiese
haber de diferencia podrían haber sido compensados más que
suficientemente por el margen de no reconocimiento de créditos que
normalmente se produce, casi de forma mecánica, en cualquier presupuesto
ante la dificultad de ejecutar al cien por cien el mismo.
Por tanto, sus argumentos no son correctos. Yo creo que están bien
expuestos desde el punto de vista de atraer la atención sobre los mismos
y conseguir un cierto impacto, pero desgraciadamente no corresponden a la
realidad.
El señor PRESIDENTE: La generosidad de la izquierda de la presidencia,
representada por el Vicepresidente García Ronda, ha coincidido con la
generosidad de la derecha de la presidencia, representada por el señor
Ministro (risas), y se concede un turno último, no más de dos minutos,
señor Ríos, no más de dos minutos, señor Aguirre, para
«insatisfacciones».
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, una va a ser un comentario y
otra va a ser una solicitud.
Señor Ministro, la política presupuestaria no se puede simplificar en el
sentido que usted dice de que el Parlamento aprueba unos máximos para que
el Gobierno gaste y pónganse ustedes a trabajar como Gobierno, que ya
veremos cómo se liquida. No; el Parlamento aprueba más cosas. El
Parlamento, desde que se ha incorporado la técnica de presupuestación por
programas, aprueba unos programas con unos objetivos y con unos proyectos
concretos, proyectos que ustedes se comprometen a abordar en ese
ejercicio. Es verdad que esos proyectos pueden costar 1.000 millones, 900
millones o 1.100 millones, pero lo que no es válido es la lectura que
usted extrae de que se pueden suprimir los proyectos porque lo importante
es el monto global que tienen para inversiones o para otra actuación. No
es así.
Ahora bien, lleva usted razón en una cosa: hemos aprobado un texto
articulado de la Ley de Presupuestos que lleva un artículo 10, lleva un
artículo 11 y lleva otros artículos, que nosotros hemos intentado
modificar o ajustar a otra filosofía presupuestaria. Pero en cualquier
caso, señor Ministro, yo estoy convencido de que una buena gestión debe
partir de previsiones más ajustadas, y el Gobierno tenía datos
macroeconómicos, al principio, cuando los presenta en el mes de octubre,
más o menos medidos, que según usted, señor Ministro, solamente se han
movido en los tipos de interés. En mi primera intervención yo le he
preguntado de qué manera podíamos incidir sobre lo que era el costo de la
deuda al colocarla en el mercado y lo que era la incidencia sobre los
tipos de interés, porque no suben porque sí, hay una política. Dicen que
hay cosas que se producen porque sí y otras porque las decidimos nosotros
que queremos dirigirlas. No, señor Ministro; los tipos de interés suben
de una manera y se actúa de alguna otra forma. ¿Qué piensan ustedes hacer
para incidir sobre eso y reducirlo?
En segundo lugar, a mí me gustaría conocer, en la medida de lo posible,
lo que yo le pregunté en la primera intervención sobre el tema deuda y la
evolución que va a tener al entrar en la propia circulación, porque usted
hablaba de unos 120.000 millones de efecto sobre el paquete total en ese
ajuste, aunque no recuerdo la cifra, porque ha sido de oído y no he
tomado los datos. (El señor Ministro de Economía y Hacienda, Solbes Mira:
No la he dado.) ¿No la ha dado? Pues habrá salido entonces de pasada y
será que dentro del subconsciente tengo la percepción del dato.
Termino, señor Presidente. Yo estoy convencido de que hay una imprevisión
presupuestaria por parte del Gobierno y el que pueda ser mayor o menor lo
vamos a ver en el mes de junio, no vaya a ser que la evolución del mes de
junio nos lleve a una situación añadida a ésta. Me gustaría, por tanto,
conocer, si es posible, a lo largo de estas comparecencias, las políticas
o los proyectos concretos a que se renuncia en este año y que se
desplazan a otros, a fin de conocer de verdad lo que es la decisión de
los números, porque en abstracto yo puedo estar de acuerdo, pero en
concreto a lo mejor no.
El señor PRESIDENTE: El señor Aguirre tiene la palabra.
El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Tendría que decir, señor Ministro, que nos ha
dejado usted más insatisfechos que Luis XVI a la Pompadour, pero en
cualquier caso probablemente habrá que plantearse la posibilidad de pedir
una nueva comparecencia para el turno de insatisfacciones.
Haciendo caso al ruego de la presidencia, quiero solicitarle que nos
facilite la documentación que usted ha manejado en esta comparecencia
para poder valorar exactamente qué políticas van a verse afectadas por
este plan de restricción.
También quiero solicitarle que nos envíe, si es tan amable, porque creo
que le será fácil, lo concerniente a los datos de los intereses de la
deuda, que supongo que dispondrá de ellos.
Deseo decirle igualmente que me ha llamado la atención que en cuanto la
enmienda para destinar el exceso de ingresos a la eliminación de déficit
es curioso que, cuando no le quede más remedio que reconocer que es una
iniciativa del Grupo Popular, viene a decirnos que es poco relevante; en
cambio, cuando se pronuncia usted en público, en otros foros, exhibe con
orgullo el que vayan a plantear la exigencia de este destino del exceso
de ingresos. Señor Ministro, se trata simplemente de centrar el debate
entre políticas que quieren apostar por la reducción del déficit y el
control presupuestario. Y permítame que le diga, señor Ministro, que
probablemente dentro de unas fechas estará usted a la par con las
propuestas que el Grupo Popular le hace reiteradamente y que yo le he
presentado hace escasamente algunos meses en una moción. Pero, por el
momento, no vemos esa voluntad y sí algunos destellos de que va usted
copiando parte de esas propuestas. El dato más significativo para
demostrar que todavía no está totalmente convencido de la bondad de estas
propuestas es que no le veo pronunciarse a favor de que este Parlamento
tenga una oficina presupuestaria para poder facilitar el trabajo de los
parlamentarios en el seguimiento y control de la evolución y ejecución de
los presupuestos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Señor Presidente,
en primer lugar, aceptaría la corrección que plantea el señor Ríos y que
me parece que está más ajustada a la realidad. Posiblemente de mi
impresión podría sacarse la conclusión de que trabajamos en unos créditos
globales que luego se modifican. Lo que sucede es que es verdad que en
cuanto a esas indicaciones o proyectos que se incluyen en el presupuesto
y que cuentan en principio con la predisposición favorable de ser puestos
en marcha en la medida en que sea posible, es verdad que también tenemos
que cumplir con las restantes obligaciones que nos impone el Parlamento,
y es verdad que ello nos lleva muchas veces a tener que optar entre una y
otra posibilidad de gasto. Sin embargo, le vuelvo a recordar, señor Ríos,
que el problema fundamental que tenemos siempre es el de las obligaciones
derivadas de los derechos subjetivos, que son, en primer lugar, las que
siempre respetamos
y, en segundo lugar, las obligaciones derivadas de la propia ejecución de
ciertos proyectos. Es siempre evidente que es más fácil o menos dañino,
crea menos problemas, no iniciar un proyecto nuevo que paralizar algo que
ya está en marcha. Esos son criterios de sentido común que suele aplicar
el Gobierno cuando tiene que tomar decisiones de este tipo. En primer
lugar, respetamos los derechos subjetivos y, en segundo lugar, respetamos
las inversiones que se están produciendo y, si hay alguna que no se puede
iniciar todavía, la dejamos para un momento posterior.
Por supuesto --vuelvo a insistirle--, las previsiones macroeconómicas no
son muy distintas. Lo que ha variado fundamentalmente es, aparte de los
tipos de interés, algunas decisiones adoptadas por el propio Parlamento
en cuanto a la contabilización de forma distinta a como la habíamos
previsto de ciertos conceptos. Eso llevado al cálcu-lo del mes de enero
de las previsiones de realización del presupuesto en el año 1995, nos da
unas cifras distintas de las que inicialmente teníamos previstas. Si la
sanidad no se hubiera contabilizado en el momento actual, es verdad que
tendríamos un margen distinto y, seguramente, la necesidad de adoptar una
decisión de este tipo se podría haber pospuesto. Por tanto, la decisión
pronta es consecuencia del propio sistema que hemos puesto en práctica.
Señor Aguirre, lamento que, al final, S. S. esté insatisfecho. He
pretendido darle toda la información y todos los datos de que dispongo de
forma relativamente clara. En todo caso, le facilitaremos aquellos
cuadros y aquella información que sea necesaria para que S. S. pueda
llevar a cabo su función de control con todo rigor, seriedad y
profundidad.
No es un problema que me preocupe reconocer que el Partido Popular haya
presentado una enmienda o no. Sin embargo, querría matizar algo que me
parece importante. No me diga, señor Aguirre, que esa iniciativa del
Grupo Popular no existía antes en el Plan de Convergencia. El Plan de
Convergencia, como vuelvo a decirle, no tiene nada que ver en su
elaboración con el Grupo Popular. (Rumores.) No me preocupa especialmente
que las propuestas procedan del Grupo Popular o no. En algunos casos, sus
propuestas me parecen totalmente utópicas; estoy pensando, por ejemplo,
en su obsesión con el capítulo 2. Se lo digo seriamente, estudien de
verdad el capítulo 2 y vean lo que hay dentro, para que se den cuenta de
que lo que ustedes dicen y la realidad no tienen nada que ver. En otros
casos, si sus propuestas son razonables, nunca he tenido nada en contra
de ponerlas en marcha si me parecen lógicas.
El señor PRESIDENTE: Termina el turno correspondiente a los grupos que
habían solicitado la comparecencia del señor Ministro. Comenzamos
seguidamente el turno correspondiente a fijación de posición de los
grupos, por el orden habitual y terminando el Grupo Parlamentario
Socialista.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra
el señor Zabalía.
El señor ZABALIA LEZAMIZ: Señor Presidente, señor Ministro, gracias por
su comparecencia para explicarnos estas medidas que, lo mismo que a otros
grupos, también a nuestro Grupo Parlamentario le han sorprendido, no
tanto por las medidas en sí, sino por el momento en que se producen,
después de que acabamos de estar dos largos meses debatiendo los
Presupuestos Generales del Estado, partida por partida, todo lo cual ha
significado una cierta sorpresa.
Por otra parte, quisiera decir al Ministro que esta Comisión de
Presupuestos no es una Comisión exclusivamente para trabajar en los
presupuestos durante dos meses al año: es una Comisión que representa al
Parlamento, en la que creo que debe de haber una mayor fluidez en cuanto
a la comunicación y la puesta en conocimiento de todas aquellas
modificaciones que a lo largo del año se puedan hacer en el presupuesto.
Trabajamos durante mucho tiempo, muchas horas, para dejar unos
presupuestos al final aprobados por unos y no por otros. Creo que tenemos
la necesidad de recibir una información permanente de todas aquellas
modificaciones presupuestarias que pueda hacer el Ministerio. En este
caso, me gustaría haber contado hoy no sólo con las explicaciones del
señor Ministro, sino con las modificaciones que se han efectuado en todas
las partidas presupuestarias, porque, al final, entre otras cosas, nos
queda la sospecha de que estas medidas pueden ser tomadas a nivel global
por el departamento de Hacienda y de que ahora es posible que vengan las
discusiones dentro de los ministerios que se ven afectados.
Ya he oído las manifestaciones de protesta --con la boca pequeña, pero de
protesta en definitiva-- del Ministro de Defensa, señor García Vargas,
que decía que no estaba de acuerdo, pero supongo que tendrá que acatar
las decisiones aprobadas en el Consejo de Ministros. No he oído ningún
comentario del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
y ello me preocupa más, porque, en definitiva, puede significar el
consentimiento, puede ser la aceptación de una reducción que tendrá
efectos en planes, en proyectos de inversión y en infraestructuras, y a
nuestro Grupo esto es lo que le preocupa, por lo que quisiéramos conocer
con detalle las modificaciones presupuestarias por ministerios, por
capítulos, por inversiones y por programas; es decir, queremos una
actualización del presupuesto de acuerdo con estas modificaciones. Si
aprobamos unos presupuestos, queremos que se cumplan, y, por supuesto,
esta acción del Ministerio no nos debería de sorprender; que se hagan
ajustes presupuestarios tendría que ser algo a lo que estuviésemos
acostumbrados, pero no es así. Los presupuestos no han tenido un control,
hasta ahora, eficiente y riguroso. Ha habido unas desviaciones enormes
--todos las conocemos-- de los presupuestos ejecutados sobre los
presupuestos aprobados inicialmente, y no estamos acostumbrados a ello.
Creo que ésta es una técnica que se debería de aplicar con toda
normalidad y que deberíamos estar aquí, cada mes, controlando y
conociendo la marcha de la evolución del presupuesto.
Indudablemente, me he quedado con uno de los aspectos que el señor
Ministro ha expuesto. El motivo fundamental de esta modificación es la
evolución probable del tipo de interés, el comportamiento que está
teniendo el dinero en diciembre y enero y la creación de una reserva
adicional.
¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema es que tenemos un
endeudamiento que no hay manera de poder reducir, salvo que los
presupuestos de ingresos aumenten de una forma considerable a través del
año, y esto es algo que no está en manos del Ministerio en cuanto que
tiene una relación totalmente directa con la marcha de la economía. Si no
se producen ingresos superiores a los presupuestados, empieza a aparecer
la incapacidad de poder controlar o reducir en todo caso el déficit
público, que viene producido en gran parte por los intereses que ocasiona
la deuda pública.
En este año 1995 en ese aspecto seguimos exactamente igual. Se ha
presupuestado un margen no financiero todavía negativo de 247.000
millones y tenemos que hacer frente a unos intereses de deuda pública de
casi tres billones de pesetas. Esto no es que sea culpa de los
presupuestos del año 1995; indudablemente es culpa de gastos financieros
que se producen por una política de endeudamiento de la Administración
pública a lo largo, fundamentalmente, del año 1992 para atender a las
grandes inversiones que se produjeron. Esto está ahí y lo único que
podemos hacer es ir reduciendo permanentemente el déficit público para
que de alguna forma se puedan reducir esos intereses de la deuda pública
que son los que verdaderamente están creando el problema al presupuesto.
Esto, como digo, no se puede hacer a través de medidas concretas. Hay que
esperar a que los ingresos vayan mejor o, si no, habría que haber tomado
otro tipo de decisiones como eran las que nuestro Grupo Parlamentario
propuso, decisiones que iban por la vía de establecer unos gastos
presupuestarios mucho más, digamos, reducidos, o por lo menos de haber
hecho un esfuerzo mayor en los presupuestos para reducir los gastos.
Decíamos que esa moderación de gastos debería venir a través del consumo
público, fijando una política salarial razonable o controlando o
reduciendo plantillas, reduciendo gastos de funcionamiento, con una
política de privatización de empresas, que se está haciendo, pero que
creo que tiene que ser más decidida; con una supresión de transferencias
corrientes para aquellos capítulos o gastos que no están claramente
justificados, fundamentalmente abordando una reforma de la Administración
pública, que sabemos que es difícil, pero que tiene que efectuarse,
porque si no al final todo va a quedar reducido, como digo, a cuál sea la
marcha de unos posibles incrementos presupuestarios en los ingresos,
porque no hay capacidad para reducir gasto corriente, y lo que se va a
hacer, y ése es el peligro, es reducir gastos de inversión. Esto es lo
más cómodo, indudablemente, pero afecta de una forma directa a la marcha
de la economía y éste es el peligro y ésta es la preocupación de nuestro
Grupo Parlamentario. Por eso queremos conocer por parte de los
Ministerios implicados, y concretamente del de Obras Públicas, cuáles son
los capítulos, programas y proyectos que van a quedar modificados, que
van a quedar aplazados por este redimensionamiento del presupuesto y
reducción en ese caso de estos Ministerios de posibilidad presupuestaria.
Esta es la cuestión que, como digo, a nosotros más nos preocupa.
Desde luego tengo que volver a reiterar al señor Ministro que me parecen
adecuadas las medidas que están tomando, pero creo que esta Comisión de
Presupuestos debe de estar informada de una forma más ágil, más directa,
incluso anticipándole algunas medidas que puede estar pensando en tomar
el Ministerio, y evitar en cierto modo algunas de las sorpresas que estos
datos e informes nos pueden producir.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Coalición Canaria, el señor Mauricio
tiene la palabra. (Denegaciones.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Chiquillo Barber tiene la
palabra.
El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
agradecer al Ministro compareciente la delicadeza de la información. No
voy a ser muy largo en mis planteamientos, al menos lo intentaré, porque
algunas de las cuestiones que iba a plantear han sido ya expuestas por
otros grupos y aclaradas por el Ministro señor Solbes.
A modo de introducción quería, de alguna manera, con la máxima brevedad,
decir que lo que está claro es que se ha producido un récord en la
modificación de un presupuesto. En la segunda semana del año se aprobó un
recorte de 150.000 millones de pesetas en el gasto. Esto demuestra lo que
nosotros en el debate de presupuesto comentábamos --y así también lo
hacían saber algunos interlocutores sociales-- que parecía que la
política presupuestaria del Gobierno socialista era errática, pero sobre
todo era improvisada, íbamos un poco a salto de mata. Posteriormente,
dentro del primer mes del año, se aprobó considerar como no disponibles
407.000 millones, como usted ha indicado, del ya vigente presupuesto de
1995. Llamémosle recorte, ajuste, reajuste, provisión, pero el dato está
ahí: en el primer mes del año han sido 550.000 millones de pesetas, más
de medio billón, un porcentaje muy elevado del presupuesto general del
Estado que se aprobó hace apenas un mes y medio.
Usted recordará, porque me lo recriminó entonces, que los debates
parlamentarios de los presupuestos, en octubre y noviembre, le advertí,
desde mi modesto punto de vista, de la postura de Unión Valenciana
respecto a la vigencia de estos presupuestos. Tengo aquí la frase textual
que utilicé aquel día. Le dije que la vigencia de estos presupuestos se
mantendría, en el mejor de los casos, durante el primer semestre de 1995,
hasta el mes de junio. La verdad es que yo fui demasiado optimista,
porque la falta de realidad de estos presupuestos ha determinado que en
el primer mes y medio se modificaran sustancialmente.
Nosotros preveíamos --recuerdo literalmente la frase que dije en el
Pleno-- recortes en las inversiones. Usted me dijo que no fuera tan
pesimista, que no fuera tan escéptico cuando yo dije que era escéptico
ante los Presupuestos Generales del Estado, porque veía que estaban
hechos de espaldas o ajenos a la realidad, al contexto económico nacional
e internacional. Acabé definiendo a los presupuestos como papel mojado.
Desde luego con las modificaciones que ha habido, recortes, ajustes,
llámelos como quiera,
parte de las páginas que componen este presupuesto han quedado en papel
mojado.
Nosotros estamos de acuerdo en disminuir el tamaño del sector público,
porque usted sabe que ocupa el 50 por ciento del producto interior bruto
nacional. El presupuesto del Estado de 1995 son 29 billones y el producto
interior bruto nacional es de 63 billones. Por tanto, en eso sí que
podemos intentar llegar a un punto de acuerdo para la disminución del
tamaño del sector público.
Estamos de acuerdo --en esto sí que estamos totalmente de acuerdo-- en
reducir el déficit público, pero estamos en absoluto desacuerdo en que se
haga siempre sobre nuestras inversiones, sobre las inversiones que
generan riqueza.
El déficit público en estos momentos aproximadamente es de 3,4 billones y
se debe reducir, por es un lastre para nuestra economía, pero pensamos
que se debe reducir sobre todo el gasto corriente y no castigar, relegar
y aplazar para el año 1998 y el 2000 las inversiones que son la garantía
de futuro y de progreso para nuestro Estado. En cuanto a la reducción del
gasto, según sus propias palabras, para que se cumpla el objetivo de
déficit público del 5,9 por ciento en 1995 --y hay que recordar que el
criterio de Maastricht es del 3 por ciento del PIB-- es evidente que hay
que disminuir el déficit público, pero hay que hacerlo --y no me cansaré
de repetirlo-- reduciendo el gasto corriente y el gasto superfluo o
innecesario. Pienso que los españoles hemos hecho demasiado esfuerzo para
un objetivo tan poco ambicioso, recortar tan poco el déficit público,
pero algo es algo, porque hemos de recordar los aumentos del IVA, de los
impuestos especiales, gasolinas, etcétera, y sobre todo el recorte de
inversiones que no podemos consentir. Con ello se va a producir un
incumplimiento claro y grave del Plan de Convergencia, que es destinar a
inversión el 5 por ciento del producto interior bruto. Por tanto, con
estos recortes parece que se va a cuestionar e incumplir ese principio
del Plan de Convergencia de que por lo menos el 5 por ciento del producto
interior bruto se destine a inversión.
Usted ha comentado que son aproximadamente 60.000 millones lo que afectan
al MOPTMA, que es el Ministerio más afectado, por desgracia. Las
informaciones apuntan a que el MOPTMA será el más afectado y el propio
señor Borrell comenta que podrían ser aproximadamente 100.000 millones de
pesetas los que se reducirán en su Ministerio. Hay un error o por lo
menos no coinciden los datos. Usted habla de 60.000 millones de recorte
en el MOPTMA y el Ministro habla de 100.000 millones de pesetas en lo que
se verá afectado el departamento de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente. El señor Borrell ya ha anunciado que su Ministerio será el más
afectado y que se producirán aplazamientos de inversiones y ralentización
en las obras en marcha, sobre todo en ferrocarriles y carreteras, cosa
que preocupa a todos los ciudadanos del Estado español, pero considerando
que en la Comunidad Valenciana están previstas diversas inversiones en
estos dos campos, provoca allí un poco más de inquietud y preocupación
para sus ciudadanos. Parece ser que el recorte del gasto se destinará a
pagar los intereses de la deuda como consecuencia de la elevación de los
tipos de interés. Los otros 400.000 millones restantes vendrán de la
obligación de cada Ministerio de no gastar más del 97,72 de sus créditos
iniciales, como ha aparecido en algunos medios.
Lo realmente grave y es lo que quiero transmitirle, porque es lo que
pensamos muchos ciudadanos y sectores de nuestro país y en general los
productivos de nuestra sociedad, es que el Gobierno no puede recortar las
inversiones reales, que son garantía de progreso y de futuro, porque las
inversiones reales son las que crean riqueza, son las que generan empleo
y bienestar social. Por tanto, quiero transmitirle al menos la posición
de Unión Valenciana, en el sentido de que nos causa enorme preocupación
ese recorte en las inversiones.
Paso muy brevemente a formularle las preguntas que quería hacerle,
eliminando algunas que tenía preparadas porque las ha contestado
anteriormente a compañeros de otros grupos parlamentarios.
Aunque ya sé lo que me puede contestar, le pregunto si tiene previstos
otros recortes. Cuál es el grado de cumplimiento de la última versión del
Plan de Convergencia, después de los trastoques que ha habido en los
Presupuestos Generales del Estado. Por qué no se incluyeron estos
recortes en la previsión de los Presupuestos Generales del Estado de
1995, cuando el señor Solbes reconoció las consecuencias que sobre la
inflación tendría la subida del IVA, por qué no se incluyeron estos
recortes en su momento durante la discusión parlamentaria en octubre y
noviembre de 1994. Y, en particular, si la previsión del déficit público
para 1995 se estableció en el 5,9 por ciento del PIB en los presupuestos
de 1995, con los nuevos recortes, ¿qué previsión del déficit público
sobre el PIB estima para 1995?, ¿cuándo cree que cumpliremos el criterio
de convergencia de Maastricht relativo al déficit público, que se
establece en un 3 por ciento, cuando estamos doblando ahora ese ideal de
Maastricht?, y, sobre todo, ¿cuál será la repercusión estimada en el
empleo, en el crecimiento económico y en la convergencia real con la
Unión Europea?, que me imagino que se habrá estimado, sobre todo en las
empresas constructoras afectadas, como consecuencia del retraso y
aplazamiento de la ejecución de obras públicas previstas.
Nos gustaría conocer, como ha señalado el compañero del Grupo Vasco,
respecto a los recortes aprobados, qué planes y proyectos de inversiones
en obras de infraestructura se verán afectadas en el año 1995 como
consecuencia de estos recortes. En particular, el Diputado que le habla
tendría especial interés por los programas de obras públicas referentes a
medio ambiente, a recursos hidráulicos, a transporte ferroviario, a
infraestructura de carreteras, a conservación y explotación de carreteras
y saneamiento y calidad del agua. Nos gustaría saber, dentro de la medida
de las posibilidades, que se facilitara a los grupos, puesto que el
Ministerio de Obras Públicas es el más afectado --digamos 100.000
millones según el señor Borrell o 60.000 según usted--, qué proyectos o
planes podrían verse afectados por este retraso o no ejecución de obras
de vital importancia, y por tanto solicitaríamos más información.
La penúltima pregunta es cuál será el destino de la disminución del gasto
realizado, si usted cree que servirá para pagar el incremento de los
tipos de interés de la deuda pública.
La última pregunta no sé si me la contestará o me dirá que no es el foro
adecuado, pero ¿cree que nuestro país cumplirá alguna condición de
convergencia en el ejercicio de 1997 o si lo cumplirá en 1999? O si se va
a condenar a nuestro país, a España, a la tercera o a la cuarta velocidad
o entraremos en punto muerto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Hernández Moltó.
El señor HERNANDEZ MOLTO: Efectivamente, para hacer algunos comentarios
en relación a esta muy interesante comparecencia que ha tenido el
Ministro de Economía y Hacienda, a quien agradezco su presencia en esta
Comisión y fundamentalmente por la rapidez con la que se ha celebrado
para dar contestación a preguntas que probablemente no se han realizado
por la oposición en el día de hoy.
En este sentido, yo tengo que confesar una cierta decepción respecto a
los argumentos utilizados en las críticas que he venido escuchando en los
últimos días a través de los medios de comunicación en relación al
desacuerdo que pudieran haber tenido con el propio Ministerio, críticas
que no se han producido o que en cualquier caso se han reducido a un
debate más propio de contables y de juristas que de parlamentarios o de
Diputados que pretenden dar un mayor largo alcance al contenido del
seguimiento presupuestario. Creo que el señor Ministro coincidirá conmigo
en que lo que aquí se ha producido ha sido un altísimo nivel de
coincidencia con las medidas que ha tomado el Gobierno en los últimos
días, puesto que la mayor contraposición a esa decisión se remonta
exclusivamente a lo que yo creo que es una poca rigurosa lectura de algún
comunicado o alguna auditoría del Tribunal de Cuentas en relación a
presupuestos pasados.
En cualquier caso convendría ver de qué estamos hablando aquí. Nos
estamos refiriendo a unas medidas que yo creo oportunas y, desde luego,
responsables, que se producen en relación a un documento cuyo proceso de
debate empieza allá por septiembre de 1994, reflexión que yo creo que es
adecuada realizar, puesto que parecería que el presupuesto nace y muere
el 31 de diciembre de cada año. Es un presupuesto que tiene por tanto una
larga vida de debate y en el que se fija unas políticas económicas y unas
políticas presupuestarias de gasto y de estimación de ingresos que
lógicamente se ven sometidas a determinadas vicisitudes y procesos de
modificación, puesto que la coyuntura es por definición un escenario
político y económico inestable, y en este sentido, es evidente que en los
últimos cinco meses en este país a algo ha llevado. Yo creo que lo que ha
sucedido en el mes de enero obligaba al Gobierno, por devoción o por
convicción sin duda alguna, pero también por responsabilidad y por
obligación, a cumplir la Ley de Presupuestos de 1995 que permitía y
obligaba al Gobierno a ir ajustando y controlando la evolución del
presupuesto para hacer posible lo que sin duda alguna se ha convertido en
el objetivo número uno del Gobierno y de los grupos que le apoyan sin
duda; de otros, dicen que sí, aunque después no se nota; y de otros,
probablemente, aunque no lo digan, no lo comparten. Este objetivo es el
combate contra el déficit público y contra la inflación.
Por tanto, el señor Ministro lo único que hace por primera vez en los
últimos años es evidenciar una voluntad con un acto concreto que no le
debe preocupar al señor Ministro que deje insatisfecha a la oposición,
entre otras cosas porque la mayor insatisfacción yo creo que se ha
producido precisamente por el rigor, por la valentía y por la
responsabilidad con la que el Gobierno ha actuado frente a las
circunstancias económicas y financieras que se estaban produciendo.
Además, yo creo que eso produce una situación que más que de
insatisfacción es de incoherencia o de esquizofrenia, porque en realidad
lo único que viene es a aplicar la medida cuya paternidad reclama en este
momento. En consecuencia, si se da usted cuenta, es un tema algo
complicado. Se reclama la paternidad, se hincha pecho respecto a la
paternidad y después se acuda de que se ejecute algo que se asume como
propio, con lo que estamos ante un tema complicado más propio de
psicoanalistas que de economistas y al que no sé si en esta Comisión
daríamos solución por mucha energía parlamentaria que echásemos al
asunto.
En consecuencia, señores Diputados, señor Presidente, creo que asistimos
a lo que sin duda alguna yo creo que va a ser una de las primeras
sesiones de esta nueva etapa de la Comisión de Presupuestos, y coincido
con algún portavoz que ha manifestado el deseo de que la misma ocupe más
presencia parlamentaria que la exclusiva de los presupuestos, y en este
sentido estoy convencido de que ésta es la primera de otras que se
producirán en el futuro.
Sin embargo, esta sesión de hoy, a tenor de lo que he escuchado, yo creo
que para algunos grupos podía haber acabado casi al principio, con la
exposición de motivos por los que se pedía la comparecencia del señor
Ministro, porque venían a intentar descalificar lo que es un programa de
restricción, de seguimiento y de control parlamentario, intentando
repetir --me he perdido en el número ochenta, pero seguro que habrán
habido más veces-- lo que ha sido el «consignazo» del gabinete de prensa
del Grupo Parlamentario Popular en el día de hoy y que el señor Aguirre,
por otra parte Diputado brillante donde los haya, ha repetido --reitero
que me he perdido en el número ochenta--: plan de restricción
presupuestaria. Daba igual definirlo, daba igual que usted lo
desmintiera, que diera información, daba igual, se trataba simplemente de
ver si colaba mañana en algún titular que el Gobierno ha hecho un plan de
restricción presupuestaria. A los curiosos, a los muy curiosos, porque
sólo a los curiosos no se lo recomiendo, les aconsejo que cuenten las
veces que se ha repetido el «consignazo» periodístico en la intervención
parlamentaria del señor Aguirre. Por tanto, daba igual, puesto que la
insatisfacción ya se la traía uno puesta de casa, y era simplemente la
insatisfacción porque el Gobierno hubiera hecho lo que, desde mi punto de
vista, debía hacer. Y lo que debía hacer era darle a este presupuesto ese
carácter dinámico, que ¡ojalá! en otra ocasiones hubiéramos tenido la
oportunidad y la agilidad para hacerlo, para que se fuera ajustando a lo
que han sido criterios parlamentarios --por cierto, criterios
parlamentarios compartidos por todos los grupos y que usted ha puesto en
marcha con la insatisfacción de alguno de los que se lo pidió--, y además
los mercados financieros parece que no lo han visto tan mal, parece que
les ha parecido absolutamente lógico. El Gobierno toma esta decisión el
13 de enero, que es un acto político, una acto administrativo, un acto
presupuestario y un gesto hacia aquellos que evalúan la forma de ejecutar
la política económica del Gobierno, y parece que lo vieron bien, parece
que esta medida, así como las posteriores adoptadas, han sido
absolutamente entendidas y compartidas por los que después tienen que
acompañar a la política presupuestaria, que son los agentes sociales y
económicos, que son los inversores, que son los operadores nacionales e
internacionales. Por tanto, yo creo que esta medida esconde también otro
tipo de cuestiones beneficiosas para la política económica de este país.
Algún Diputado, con buena voluntad, quizá con más voluntad que vista,
reprocha a la iniciativa del Gobierno el recorte que se pueda producir en
algunas partidas --efectivamente se tiene que reducir en algunas
partidas--, lo que el PP llamará en los próximos días plan de restricción
presupuestaria. De algún sitio se tiene que reducir. Pero parece que el
mundo económico, el mundo real, los mercados, lo que sí opinan es que
porque usted haga algún recorte en algunas partidas, fundamentalmente en
las que se pueda, y en algunas tendrán que ser de inversión pública, eso
va a producir un cierto efecto multiplicador en la inversión total, que
es el sumatorio de la inversión pública más la inversión privada.
Yo estoy absolutamente convencido, a tenor de lo que está pasando fuera
de esta Cámara, en el mundo económico y en el mundo social, que quien
observa atentamente esas iniciativas ha recibido un mensaje que le va a
animar a tomar decisiones de inversión o a incrementar sus decisiones de
inversión. Por tanto, yo creo que es absolutamente satisfactorio. Es
satisfactorio comprobar cómo no hacemos de la lucha contra el déficit
sólo un discurso, sino que estamos haciendo una política real, en la que,
por cierto, se extrañaba el señor Aguirre de que usted pudiera enseñarle
instrumentos y actuaciones sobre el déficit. No creo que deba extrañarse
en absoluto. El es joven y, quizá, no recuerda ni conoce lo que han sido
las experiencias presupuestarias ni que en la debacle económica que se
produce entre 1977 y1982, casualmente, la política presupuestaria fue
gestionada, administrada y diseñada precisamente por algunos de los más
resaltados miembros del Grupo Popular, algunos Diputados, algunos
exclusivamente asesores, que espero que hayan aprendido bastante en estos
últimos quince años, y algunos de los miembros de esta sala --insignes,
por cierto, en su representación-- podrían dar fe de lo que digo, puesto
que la historia es tozuda y por mucho que se quiera esconder uno, al
final sale. Repito que yo lo que espero es que, o bien cambien el nivel
de responsabilidad que entonces tenían aquellos diseñadores de la
política presupuestaria, o que hayan aprendido mucho, o que no sean estos
los que mañana nos vayan a enseñar en la lucha contra el déficit público,
y desde luego que no sean tampoco los responsables de las pocas
experiencias de gobierno y de presupuestos que en este momento tienen, a
saber: del Ayuntamiento de Madrid no hablaré, para no sonrojar a ninguna
de SS. SS.; de Castilla y León, probablemente algunos podrían hablar
también sobre cómo van a enseñar al señor Solbes en la lucha contra el
déficit y la deuda; o de Galicia, o de Cantabria. Me quedaré en el corto,
por ahora, y espero que por mucho tiempo, currículum de experiencia
gubernamental que el Partido Popular tiene en España, pero que desde
luego no parece que sea la mejor de las garantías para cambiar los
papeles y que sea precisamente ese Grupo el que pueda enseñarle al
Gobierno o al Partido Socialista.
Yo creo que en este tema se ha producido un debate del máximo interés, en
el cual, como me decía el señor Cercas, con razón, son tan elocuentes las
palabras como los silencios. Desde luego la oposición hoy no creerá que
ha ganado una de sus batallas parlamentarias más insignes, porque está
convencida de que lo ha hecho y lo ha hecho bien, y ha querido no
comentar las incidencias. El señor Chiquillo es el que sólo ha hecho
algunas preguntas que yo no contestaré porque me parece que coloca el
debate en su sitio, que es el de ver qué consecuencias están teniendo las
medidas de control del déficit y de ejecución de la política
presupuestaria; qué consecuencias está teniendo en la inflación, qué
consecuencias está teniendo en el déficit, qué consecuencias está
teniendo en el crecimiento económico, qué consecuencias está teniendo en
la generación de empleo.
Señor Solbes, no sea usted modesto. (Risas.) Dígales, para que no sigan,
no faltando a la verdad, que no quieren mentir, para que no sigan sin
hacer las cuentas, dígales que estamos en buena dirección, que estamos
cumpliendo los compromisos del programa de convergencia económica, que
estamos más cerca de cumplir nuestros compromisos y de las medidas
europeas, que el comportamiento económico que España ha tenido en 1994 no
es para presumir, porque no está el tiempo para esas cosas, pero es para
sentirse satisfechos de la responsabilidad y la poca utilización
política, gubernamental y partidaria que se ha hecho de esa recuperación
económica. Hace tan sólo unos días ha llegado el informe de coyuntura
económica. Otras veces, cuando llegan algunos papeles, nada más entrar
por esa puerta, se van exhibiendo; sin embargo, esta vez no los veo ni
encima de la mesa, probablemente debe ser porque no quieren, o porque no
les interesa a algunos grupos. Pero los que tienen que saber de estas
cosas lo saben. Algún Grupo preguntaba: ¿vamos a estar en 1997 en
Maastricht? Pues cuando se cumpla el plazo de estar, a tenor de lo que
aquí está pasando, estaremos. En inflación estamos mejor que estábamos,
mucho más cerca del objetivo de Maastricht. Tan es así que ha subido seis
décimas y nosotros hemos bajado seis. Lo digo para los que no suman y que
de vez en cuando deberían
sumar. Respecto al déficit público ¿saben que lo hemos reducido el doble
que la media de los países de la Unión Europea? Respecto a la deuda
pública --se nos llena la boca de deuda pública-- ¿saben que seguimos
siendo el cuarto país en cumplimiento y, por tanto, que somos un país
envidiado en nuestro nivel de deuda pública? Y en cuanto a tipo de
interés ¿saben ustedes que España es uno de los dos países de Europa que
ha bajado su tipo de interés a largo plazo en 1994? (El señor Ríos
Martínez: ¿Y dónde estábamos?) ¿Dónde estábamos? Donde nos dejaron
algunos, y donde por suerte los socialistas hemos sabido colocarlo, en
mejor posición. Por tanto, hagamos unos discursos económicos más
rigurosos, más realistas. Sólo el afecto me puede para no contestarle al
señor Ríos. Por suerte es este Gobierno, este Grupo y esta mayoría
parlamentaria los que están reconduciendo la situación.
Como decía anteriormente, elocuentes las palabras y la preguntas, señor
Ministro, y casi más elocuentes los silencios.
Muchas gracias, señor Solbes, por su comparecencia, muchas gracias por su
información, muchas gracias por la tranquilidad y la serenidad con la que
ha informado, que sin duda alguna yo creo que también contribuye a
tranquilizar a los que desde fuera observan el comportamiento económico
porque hoy podrán comprobar que siguen teniendo fuertes e importantes
razones para seguir apostando por este país y por la recuperación
económica que, día a día, se está produciendo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Solbes Mira): Voy a intentar
hacer rápidamente algunos comentarios sobre los diferentes temas
planteados.
En primer lugar, en cuanto a la intervención del señor Zabalía, quería
agradecerle que comparta la corrección de la medidas y la dirección de
las mismas. Es verdad que, como él decía, vamos a vivir una época en la
que los presupuestos van a ser más flexibles, en la que tendremos que
adaptarnos a las nuevas realidades y, en ese sentido, evidentemente, esta
Cámara y especialmente esta Comisión tendrán que jugar un papel mayor.
Por supuesto, contarán con toda nuestra colaboración para que eso se
pueda producir. A partir de ahí, entiendo perfectamente su deseo de
conocer con más detalle dónde se van a producir las modificaciones
presupuestarias, que no son tales, puesto que de lo que estamos
formalmente hablando no es de ninguna modificación del presupuesto, sino
del compromiso de no reconocer obligaciones por encima de una cierta
cuantía, de acuerdo con el presupuesto total existente. Hasta ahora se ha
trabajado a nivel de ministerios y, evidentemente, la aplicación práctica
dentro de cada ministerio responde a las prioridades que cada responsable
político defina, pero es verdad que esas prioridades no deben ser
normalmente muy distintas de las que estaban definidas en términos
globales y de las realizaciones del pasado año.
Yo comparto su tesis de que el problema fundamental es el endeudamiento.
Y en el endeudamiento es verdad que estamos hablando de dos factores.
Usted ha puesto el dedo en la llaga en uno de ellos y el señor Ríos había
hecho referencia antes al otro. Uno de ellos es la base del cálculo del
capítulo 3, por lo tanto la deuda total, y otro es el precio, por tanto
el tipo de interés. La deuda total sólo la podemos reducir en la medida
en que consigamos un superávit primario en el presupuesto. Y es verdad
--y ustedes lo recordarán-- que en el Programa de Convergencia se
establece de forma muy clara que en el año 1996 pretendemos contar ya con
un superávit primario que nos permita empezar a llevar a cabo una cierta
disminución de deuda. El señor Hernández Moltó tenía razón cuando decía
que nos quejamos mucho de la deuda, es cierto. Nos quejamos mucho de la
deuda porque nos cuesta muchísimo dinero. El capítulo 3 nos cuesta un
billón de pesetas más ahora que hace cinco años.
Pero siendo así, con el sesenta y tantos por ciento de deuda total, somos
el tercer o cuarto país con un nivel más bajo de deuda de la Unión
Europea, y a mucha distancia de países que teóricamente cumplen los
criterios de convergencia, como es Irlanda, con un noventa y tantos por
ciento de deuda en este momento, por no hablar de Bélgica, que también es
uno de los países con una deuda próxima a ese cien por cien.
El segundo problema, que es el que planteaba el señor Ríos es el de por
qué nuestro coste en la deuda es más alto, por qué nuestro tipo de
interés al final es más alto. Hay un problema de tipo estructural, que es
una carencia de ahorro interno importante. Ese es un problema totalmente
diferente en Italia, por ejemplo. Hay un segundo problema que es la
valoración que hacen los mercados de nuestra situación económica y de
nuestros tipos de interés, y ahí básicamente luchamos con dos elementos
fundamentales y básicos, que son, por una parte, el déficit y, por otra,
la inflación. De ahí que la obsesión del Gobierno sea reducir el déficit
porque somos conscientes de que reduciendo el déficit, al final
reduciremos los tipos de interés, y reduciendo los tipos de interés
tendremos un efecto positivo, de forma generalizada, con mucho mejores
resultados. Y es verdad que para eso tal vez tengamos que cambiar algo de
inversión por déficit, pero creemos que esa operación es correcta.
Al señor Chiquillo le volvería a insistir. Comprendo que esa frase de
política gubernamental errática e improvisada puede también tener un
cierto efecto periodístico, pero le señalo que es absolutamente falsa. Ni
es errática ni es improvisada. Es tan errática como que empieza en 1993 y
es tan improvisada que S. S. puede ir viendo los distintos pasos que
vamos adoptando de forma progresiva para llegar a la situación en la que
actualmente nos encontramos.
Es verdad que van a producirse una serie de reducciones en las
inversiones. Las diferencias entre el Ministerio de Obras Públicas y
nosotros depende de cómo se contabilice si es todo obligación no
reconocida o si es obligación no reconocida más incorporaciones
pendientes no reconocidas; por tanto, ahí pueden estar las diferencias,
pero es verdad, como decía antes, que con las disponibilidades
presupuestarias que tenemos ahora algunas cosas tendrán que posponerse y
hacerse en un momento posterior.
A partir de ahí voy a contestar muy rápidamente a sus preguntas. ¿Tenemos
previstos otros recortes? No, tenemos previsto aplicar el acuerdo del 13
de enero, y el acuerdo del 13 de enero dice que todos los meses iremos
viendo cómo van las circunstancias. Y se puede producir, paradójicamente,
que en un momento determinado digamos que hay que reducir todavía las
obligaciones que vamos a reconocer en 1995, o se puede producir la
situación contraria, que en la medida en que lo previsto para la deuda o
para otro tipo de cosas no se gaste, podamos modificar algo al alza las
obligaciones reconocidas. Precisamente en eso consiste el control mensual
y la aplicación, en su caso, de medidas correctoras.
¿Se está cumpliendo el Plan de Convergencia? Absolutamente a rajatabla, y
espero poder informar a la Cámara y a la opinión publica de cuáles son
las cifras finales del año 1994. Y desde luego en el aspecto fundamental,
que es el del déficit, el cumplimiento del 6,7 por ciento de déficit en
términos de PIB, en mi opinión, está claramente garantizado.
¿Por qué no se incluyeron en el presupuesto para 1995 --me pregunta S.
S.-- las cosas que aquí planteamos? He creído exponérselo. Hay un primer
concepto de incorporaciones, que al final son 220.000 millones, y lo que
decimos es que hay 150.000 que no se incorporan, aparte evidentemente el
Fondo Compensatorio Interterritorial. Por tanto, 250.000 millones --por
entendernos mejor-- menos 100.000, da aproximadamente 150.000.
Junto a eso ¿qué otras cosas teníamos previstas aparte de esos 150.000
millones de incorporaciones? Nosotros ya sabíamos que teníamos que pagar
a las corporaciones y a las administraciones locales, y sabíamos que
teníamos que pagar, por ejemplo, los gastos relativos al tema de
Yugoslavia, y sabíamos que teníamos que pagar algunos gastos a partidos
políticos de las elecciones del próximo año. Todo eso ya estaba en la
cabeza. Lo que sucede es que todas esas cifras no eran significativas
para que incidieran en la ejecución del presupuesto normal. Dicho en
otros términos, con una no ejecución de un punto o punto y medio, que es
prácticamente imprescindible por razones técnicas, queda un colchón más
que suficiente para hacer frente a esas obligaciones.
Lo que nos distorsiona esa situación son dos fenómenos. Por una parte, el
incremento del gasto en deuda pública, al que no he hecho referencia
antes ni voy a hacerla ahora; siempre hemos hablado de una cifra de
alrededor de 100.000 millones, pero nunca he precisado esa cifra. El
segundo aspecto es la modificación por el propio Parlamento de algunos
puntos concretos en el presupuesto que en su día presentamos, que tampoco
podíamos considerar en el momento en que el presupuesto se presenta. De
esas modificaciones la más significativa es la de computar entre
obligaciones reconocidas los gastos sanitarios, por una parte, y, por
otra, la modificación --decisión que se tomó entre todos-- al incrementar
la cuantía aplicable al 0,7. Esos son gastos adicionales, no compensados
con ingresos y, en teoría, a financiar con deuda. Si aplicamos el
artículo 11, automáticamente tenemos que reducir esa cuantía.
A partir de ahí contesto a su pregunta de a qué va a dedicarse el gasto
que vamos a generar. Evidentemente a esas cosas. A pagar el 0,7, a pagar
la sanidad, a pagar a las corporaciones locales, a pagar si hay gastos
adicionales en elecciones, y a todo este tipo de problemas que
evidentemente es adonde va a ir dirigida la financiación.
Repercusión en el empleo. Es un tema muy difícil pero sí podría decirle
algo. Hay algunas cifras, pero comprendo que son muy periodísticas y
prefiero no darlas, porque generarían comentarios de todo tipo. Lo que sí
puedo decirles es que una reducción de un punto del tipo de interés
seguramente nos generará mucho más empleo que el posible empleo derivado
de algunos miles de millones adicionales en obra pública. Y siendo muy
importante la obra pública, no olvidemos el momento del ciclo en el que
nos encontramos. Hemos cambiado de la fase baja del ciclo, con una no
presencia de la inversión privada, a una fase --y basta ver cómo está el
comportamiento de la inversión en el momento actual-- claramente
creciente en cuanto a inversión privada.
Hemos dicho ya en alguna ocasión que el Gobierno aspira a que la
inversión privada retome el papel de la inversión pública en cuanto a la
formación bruta del capital en este país, por lo que es verdad que es
mucho más importante en el momento actual reducir los tipos de interés
que intentar incentivar una inversión pública adicional que puede ser muy
importante para resolver problemas que sin duda existen, pero que
seguramente se puede posponer a un momento posterior.
El problema de los planes y proyectos afectados en 1995, como decía,
tendrán que definirse ministerio por ministerio, pero es verdad que yo no
les puedo dar en el momento actual ninguna cifra adicional.
Finalmente --aunque no es el momento y usted lo ha dicho-- ¿cumpliremos
la convergencia en 1997 o en 1999, sí o no? Yo ahí me atrevería a hacer
una apuesta. Si hay seis o siete países que cumplan la convergencia en
1997, creo que nosotros estaremos entre ellos. Si la cumplen seis o siete
países. Ahora bien, tengo mis dudas de que haya seis o siete países que
cumplan la convergencia en el año 1997. Viendo las cifras actuales es
bastante evidente que el único país que de verdad cumple la convergencia
es Luxemburgo, y como punto de referencia no creo que Luxemburgo sea el
punto clave de la Unión Europea en este momento.
Por tanto, esos temas de la tercera o cuarta velocidad creo que en estos
momentos no ha lugar discutirlos. Vamos a llegar a 1997 muy justos, no
cabe la menor duda, y los esfuerzos a realizar con el Plan de
Convergencia van a ser absolutamente mayores para conseguir este
objetivo, pero es verdad que si el contexto económico es tan bueno que
los demás lo cumplen, seguramente nosotros podremos cumplirlo también. Si
no lo cumplimos llegaremos al año 1999 y no pasa absolutamente nada. No
me parece que sea
un tema relevante, pero sí es un tema que en su momento evidentemente
plantearemos.
En cuanto al señor Hernández Moltó, le agradezco sus comentarios y sus
palabras. Yo creo que ha entendido bien cuál es el sentido de la política
del Gobierno, que no es ni más ni menos que poner en marcha unas
decisiones claras para luchar contra el déficit, hacerlo de forma
progresiva, de forma efectiva, y yo pienso que eso se está cosiguiendo. Y
tiene buenas razones cuando dice que analicemos qué es lo que está
sucediendo en los mercados financieros desde el momento en que estas
medidas se adoptan, porque yo creo que ése sería un buen barómetro para
ver cuál es la credibilidad de las decisiones adoptadas por el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Con la intervención del señor Ministro, termina su comparecencia y, si
les parece, señorías, levantamos la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.