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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 420, de 15/02/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 420
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 33
celebrada el miércoles, 15 de febrero de 1995
ORDEN DEL DIA:
Comunicación a la Comisión de la constitución, por acuerdo del Pleno del
Congreso de los Diputados del día 13 de diciembre de 1994, de la Ponencia
encargada de abordar el estudio y seguimiento de los accidentes de
tráfico ocurridos en carretera por la práctica del ciclismo, sus causas y
recomendaciones para la prevención y corrección de los mismos, haciéndola
extensiva a otros elementos débiles del tráfico. (Número de expediente
154/000016). (Página 12792)
Proposiciones no de ley:
--Relativa a la modificación de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1961, reguladora de la dispensa de educación física en la enseñanza
media. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (BOCG serie D,
número 154. Número de expediente 161/000321). (Página 12792)
--Sobre educación medioambiental. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (BOCG serie D, número 157. Número de expediente 161/000325).
(Página 12794)
--Relativa a la oferta total de plazas vacantes existentes de
funcionarios docentes de ámbito nacional. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 163. Número de
expediente 161/000331). (Página 12798)
Comparecencias:
--De don Rafael Portaencasa Baeza, Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, para informar en relación al proyecto de ley de actualización
de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/000927). (Página 12801)
--Del señor Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia,
UNED (Artés Gómez), para exponer las peculiaridades que debería contener
la modificación de la Ley de Reforma Universitaria en trámite, con el fin
de adaptarse a las peculiaridades de dicha Universidad. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 212/001291).
(Página 12812)
--De don Ernesto García López (Profesor de Investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas y Presidente de la Asociación de
Personal Investigador de dicha Institución), para informar en relación al
proyecto de ley de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de
agosto, de Reforma Universitaria. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 219/000661). (Página 12822)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
--COMUNICACION A LA COMISION DE LA CONSTITUCION, POR ACUERDO DEL PLENO
DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 1994, DE LA
PONENCIA ENCARGADA DE ABORDAR EL ESTUDIO Y SEGUIMIENTO DE LOS ACCIDENTES
DE TRAFICO OCURRIDOS EN CARRETERA POR LA PRACTICA DEL CICLISMO, SUS
CAUSAS Y RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCION Y CORRECCION DE LOS MISMOS,
HACIENDOLA EXTENSIVA A OTROS ELEMENTOS DEBILES DEL TRAFICO. (Número de
expediente 154/000016.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Comenzamos la sesión, que
tiene dos partes. En primer lugar, el debate y votación de tres
proposiciones no de ley que quiero señalar a SS. SS. que, habiéndose
llegado a un acuerdo entre todos los grupos, las correspondientes
votaciones se producirían a las diez y media. En segundo lugar, a partir
de las once horas se celebrarán tres comparecencias sobre la Ley de
Reforma Universitaria.
Antes he de comunicar a la Comisión que, por acuerdo del Pleno del
Congreso del día 13 de diciembre, se ha de constituir una Ponencia
encargada de abordar el estudio y seguimiento de los accidentes de
tráfico ocurridos en carretera por la práctica del ciclismo, sus causas y
recomendaciones para la prevención y corrección de los mismos. En
principio, los diferentes grupos han presentado a las señoras y señores
diputados que han de formar parte de esta Ponencia, a cuyos nombres voy a
dar lectura por si hay algún error o ausencia. Por el Grupo Mixto está
don Xabier Albistur Marín; por el Grupo de Coalición Canaria, don José
Carlos Mauricio Rodríguez; por el Grupo Catalán (Convergència i Unió),
don Joan Horaci Simó i Burgues; por el Grupo Vasco (PNV), don Joxe Joan
González de Txábarri Miranda; por el Grupo Federal de Izquierda Unida,
don Pedro Antonio Ríos Martínez; por el Grupo Popular, don Angel Mario
Carreño Rodríguez-Maribona y don Emiliano Sanz Escalera y, por el Grupo
Socialista, don Francisco Javier Martín del Burgo Simarro, don Javier
Paniagua Fuentes y doña Ofelia Soler Nomdedeu.
Si así lo acuerda la Comisión, ésta será la Ponencia, en cumplimiento del
acuerdo del Pleno del Congreso del pasado 13 de diciembre. ¿Lo acuerda la
Comisión? (Asentimiento.)
DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LA MODIFICACION DE LA ORDEN MINISTERIAL DE 31 DE JULIO DE
1961, REGULADORA DE LA DISPENSA DE EDUCACION FISICA EN LA ENSEÑANZA
MEDIA. PRESENTADA POR EL G. P. SOCIALISTA. (Número de expediente
161/000321.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la primera proposición no de
ley, relativa a la modificación de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1961, reguladora de la dispensa de la educación física en la enseñanza
media. Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Martín del Burgo.
El señor MARTIN DEL BURGO SIMARRO: Señorías, ¿cuáles han sido las
motivaciones que ha tenido mi Grupo Parlamentario para presentar esta
proposición no de ley? La nueva redacción de esta Orden Ministerial viene
provocando inseguridad jurídica, por consiguiente, un vacío legal, y una
aplicación incorrecta que viene derivando
en un conflicto en los propios centros entre el profesorado de la
asignatura; entre el profesorado y los directores; entre el profesorado,
los directores y, en su caso, los alumnos y las asociaciones de padres y
madres de alumnos; y entre todos ellos y la propia administración
educativa.
¿Cuáles son los antecedentes y la situación? Señorías, la Orden
Ministerial de 31 de julio de 1961, por la que viene regulándose la
dispensa de la educación física en enseñanza media, y por extensión y
analogía en EGB y en educación primaria, adolece de actualidad legal,
administrativa, educativa y programática desde una perspectiva
integradora e integral del sistema educativo de nuestros días. La Orden
Ministerial objeto de esta iniciativa, con 33 años de vigencia, dispone y
contempla figuras y enunciados administrativos que no se corresponden con
la realidad del modelo educativo y social actual. Cifra incluso sus
orígenes, entre otros, en un Real Decreto de 14 de octubre de 1896.
Dispone la exención de la asignatura en favor de los religiosos y la
dispensa en educación física por razón de edad. Así, dispone la exención
por imposibilidad física, por convalidación de estudios, por pertenecer a
un instituto religioso con obligación de llevar el hábito del mismo, o
haber cumplido 25 años. Estos son algunos de los motivos de dispensa que
comprende.
Se refiere asimismo la citada Orden Ministerial que nos ocupa, señorías,
a los médicos de institutos ya desaparecidos que son impropios del
sistema democrático, que son figuras anacrónicas, cuando no grotescas. El
alcance de la dispensa, señorías, exime, según la Orden Ministerial, de
las lecciones teóricas y prácticas de la asignatura y de las pruebas de
ésta, así como de las actividades deportivas. No se exime, sin embargo,
de la inscripción de matrícula ni del abono de las tasas, tal y como reza
en su artículo 9.
Respecto del ordenamiento educativo vigente y su filosofía, con la
promulgación del Real Decreto 334/1985, de 6 de marzo, de ordenación de
la educación especial y que se aplica en las enseñanzas definidas en la
LOGSE, que integra y adapta los contenidos para los alumnos con
necesidades educativas especiales, transitorias o permanentes, y en base
al programa de Bachillerato aprobado por la orden de 18 de septiembre de
1987, que incluye contenidos informativos y actividades físicas que deben
adaptarse a las posibilidades de los alumnos, no procede la exención de
la totalidad de los mismos en ningún caso.
La exención, señorías, como muy bien conocen, es contraria a los derechos
a la educación y a la igualdad reconocida por la Constitución y por las
propias leyes.
Se vienen asimismo produciendo disfunciones y algunos desfases. En cuanto
a las disfunciones, debemos conocer que en algunos centros, no obstante,
se sigue aplicando la Orden Ministerial de 1961, a pesar de que las
disposiciones posteriores que regulan las atribuciones de los directores
de los centros, no incluyen entre sus competencias la de eximir a los
alumnos de cursar materias del plan de estudios. Respecto de sus desfases
y consideraciones, considerando que la educación se configura por la Ley
Orgánica del Derecho a la Educación y que la Ley Orgánica 1/1990 de
Ordenación General del Sistema Educativo supone la corrección de
desigualdades, la formación plena de la personalidaad y la de ser factor
de integración social; considerando que la educación física en los
progamas de estudios es materia considerada en un plano de igualdad
respecto de otras asignaturas; considerando que la práctica
físico-deportiva, según reza el preámbulo de la Ley del Deporte, comporta
valores socioculturales de hábitos de salud, inserción social y fomento
de la solidaridad, valores probados y aceptados, por reconocidos, con
carácter generalizado en las sociedades modernas y avanzadas;
considerando que la asignatura de la educación física tiene una vertiente
práctica y otra de contenidos teóricos; considerando las variables de
imposibilidad físicas, psíquicas, sensoriales y su temporalidad, los
ejercicios contraindicados y los recomendables como compensatorios;
considerando la educación física como formación personalizada y adaptada
a las posibilidades de cada persona; considerando singularmente que
personas con mayores discapacidades, en el campo de la hipótesis y del
posibilismo, entrenan y participan en su propia olimpiada, en los juegos
paralímpicos, con el impulso y el reconocimiento internacional;
considerando, señorías, que es la educación física un derecho
constitucional que asiste al alumno, y una necesidad su ordenación
académica y adecuación para los centros, es por lo que el Grupo
Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley, instando al
Ministerio de Educación y Ciencia a que promulgue una orden ministerial
que derogue la de 31 de julio de 1961, que viene regulando la dispensa de
educación física en enseñanza media y, por analogía, en EGB, Educación
Primaria, más acorde con los contenidos de la LOGSE y los programas de
Bachillerato y de Educación Primaria; proposición para la que tenemos a
bien solicitar el apoyo de los grupos parlamentarios que están
representados en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no ha sido presentada
ninguna enmienda. ¿Grupos que desean participar en el debate?
Por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene
la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Nosotros vamos a votar favorablemente esta
proposición no de ley, porque parece razonable que se derogue una Orden
de 1961 que dice, entre otras cosas, que están dispensados de cursar la
asignatura de educación física los religiosos o los que hayan cumplido
los 25 años. A mí me parece que no es una circunstancia que inhabilite
físicamente a un alumno ser religioso, ni tampoco tener 25 años o más. Si
pusiéramos estas limitaciones muchos de los líderes deportivos de este
país estarían dispensados de examinarse de educación física, en el caso
de que estuvieran en un centro.
Sin embargo, nos preocupa una situación, y es cuando se dice que alumnos
parapléjicos, mutilados en una o varias extremidades, o con alguna
enfermedad de insuficiencia cardíaca, de anemia o metabólica que le
produzca obesidad, por ejemplo, están en situación de practicar la
educación física como el resto de los alumnos. Sería conveniente que el
Ministerio de Educación y Ciencia garantizara la eliminación de todas
aquellas barreras arquitectónicas
que muchas veces ocasionan la imposibilidad siquiera de que los alumnos
accedan a los centros y a la práctica deportiva.
En resumen, yo creo que es razonable y adecuada esta posición no de ley y
nosotros la vamos a votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señorías, respecto al contenido de la
proposición no de ley reguladora de la dispensa de educación física en la
Enseñanza Media, que ha defendido el señor Martín del Burgo, mi Grupo
considera en principio comprensible que se pretenda instar al Ministerio
de Educación y Ciencia para que derogue la Orden Ministerial del 31 de
julio de 1961.
La obviedad del tiempo transcurrido, la situación política de aquel
momento, una legislación inspirada en un proteccionismo afortunadamente
superado, la mayor implicación en la sociedad de los mismos beneficiarios
por el texto legal, la generalización de la práctica del deporte hacia
edades que superan ampliamente los mínimos recogidos en la Orden que se
pretende derogar, entre otras cuestiones, aconsejan su reconsideración
adecuándola a la legislación vigente.
Mi Grupo considera que el nuevo texto debiera concretarse en una opción
abierta y flexible que garantice una formación común para el conjunto del
alumnado, atendiendo a su diversidad, especialmente, estableciendo el
procedimiento de autorización de las modificaciones, como ya se recogió
en una orden del Departamento de Educación de la Generalidad del pasado
25 de agosto, para las etapas de Educación Infantil y Primaria,
hallándose en estos momentos en trámite una actuación en esta misma línea
dirigida a la Educación Secundaria obligatoria y al Bachillerato.
Trasladando la actuación de la Generalidad respecto al debate que hoy nos
ocupa, consideramos que es importante no exceptuar totalmente a ningún
alumno de ninguna materia, en consecuencia, tampoco de la educación
física, partiendo de que sea posible establecer adaptaciones específicas
a las condiciones individuales de los alumnos, que es lo que se debiera
hacer al promulgar la orden que derogue la de 1961, sobre la que
compartimos la definición de anacrónica hecha por el portavoz socialista.
Por lo demás, señor Presidente, anunciamos nuestro voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Carreño
tiene la palabra.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Ciertamente la Orden Ministerial de
31 de julio de 1961 permite la dispensa, exención de la educación física,
y de las actividades deportivas en la Enseñanza Media a alumnos en
determinadas circunstancias que ya se han señalado y no voy a repetir. La
vigencia de esta Orden se ha recordado incluso en otras disposiciones
legales en 1965 y 1968.
A pesar de las múltiples leyes y decretos publicados, no sólo el Real
Decreto 334/1985, de ordenación de la Educación Especial, o la Orden
Ministerial de septiembre de 1987, de aprobación del programa de
Bachillerato, citados por el señor Martín del Burgo, nada menos que la
Ley 1/1990, de Ordenación General del Sistema Educativo, y la Ley del
Deporte, establecen la obligatoriedad, sin excepción, de la educación
física en todos los niveles y grados educativos previos al de la
enseñanza universitaria. Y al desarrollar esas leyes en sendos decretos
consecutivos y de la misma fecha, 14 de junio de 1991, se establecen las
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Primaria y también a
la Secundaria. En ambos, y en un mismo artículo (se repite prácticamente
el articulado, con algunas singularidades), el 10.3, se señala que las
administraciones educativas establecerán el procedimiento necesario para
realizar aquellas adaptaciones que se aparten de los contenidos del
currículo dirigidos a aquellos alumnos que tengan necesidades educativas
especiales.
Es evidente la indebida aplicación de aquella obsoleta orden, por cierto,
no derogada (y ello motiva esta proposición no de ley) explícitamente
hasta la fecha. Como digo, está aplicada indebidamente en centros de
Enseñanza Primaria, a los que nunca se refiere la orden, o por directores
de centros entre cuyas atribuciones, como ya ha indicado el portavoz
socialista, no está la de eximir a sus alumnos de cursar materias del
plan de estudios. Con independencia de la inmediata exigencia de
corrección de los posibles casos en los que al parecer ocurre, es
evidente que hay que tomar también otras medidas. Tengo aquí una
disposición de la Inspección Técnica del Ministerio de Educación y
Ciencia, en Madrid, de febrero de 1991, es decir, posterior a la LOGSE y
a aquellas disposiciones, en la que se recoge la opinión de los
directores de centros educativos. Dice así: Exenciones. Es un tema que
preocupa seriamente a los profesores dada la diversidad de actuaciones.
En conclusión, aparte de repetir que no hay ninguna disposición que exima
totalmente a los alumnos de primaria, insisto en que se hace preciso
derogar expresamente la Orden Ministerial, actualizando con una
disposición legal correspondiente, los casos de utilización parcial de la
educación física. Por todo ello, votaremos a favor de la proposición no
de ley del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Con la intervención del señor Carreño concluye el
debate de esta proposición no de ley.
--SOBRE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000325.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley, que ha
sido presentada también por el Grupo Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Pelayo.
La señora PELAYO DUQUE: Señor Presidente, a lo largo de sucesivas
legislaturas y a través de los más diversos mecanismos parlamentarios,
diputados, senadores y grupos parlamentarios hemos venido abordando la
problemática de los incendios forestales en nuestro país, en muchos casos
yo diría que al calor del fuego. De todas las iniciativas, a mi juicio,
merece ser destacado el informe del Senado de marzo de 1993, no sólo por
el esfuerzo que supuso de sistematización de la materia, de acopio de
información, de caída de viejos tópicos o lugares comunes, sino por el
consenso obtenido entre todas las fuerzas políticas acerca de cuáles
podrían ser las causas y los remedios a poner en marcha para prevenir y
combatir los incendios forestales en nuestro país. El informe del Senado
de 1993 ha de considerarse, a nuestro juicio, como una obligada
referencia para cualquier estudioso del problema de los incendios
forestales y la protección de los bosques en España.
El fuego, señorías, no es un hecho aislado de un país. Hay seis regiones
en el mundo en las que el problema de los incendios forestales es grave,
y una de ellas es el Mediterráneo. Todas tienen parecidas
características: sequías más o menos largas, vientos desecantes y
vegetación pirocítica, en general, que hace que los incendios en estas
regiones sean la principal causa de destrucción del bosque. (La señora
Vicepresidenta, Rodríguez Ortega, ocupa la Presidencia.) Junto a los
factores climáticos y las características de la vegetación mediterránea,
están también la acumulación de combustible y la aparición de hechos de
naturaleza socio-económica, como pueden ser procesos de abandono de
tierras por diversas causas, la emigración del campo a la ciudad, la baja
rentabilidad de los aprovechamientos forestales, etcétera.
Por último, entre los factores productores de incendios forestales se
encuentra la mano del hombre. Los datos que se manejan son bastante
llamativos. Alrededor de un 90 por ciento --algunos dicen que más de un
90 por ciento-- de los incendios forestales son producidos no por causas
naturales, tormentas, rayos, por ejemplo, sino por la mano del hombre.
Buena parte de los incendios se deben, además, a acciones irresponsables.
Una opinión a este respecto bastante unánime es la de que, a pesar de los
avances producidos en los últimos años en nuestro país en la dotación de
medios, materiales y personales, para combatir los incendios, es decir,
para conseguir una eficacia en la extinción, lo cierto es que no ocurre
lo mismo con la eficacia en la prevención.
El gran reto, pues, es impulsar la prevención. ¿Y cómo se puede hacer,
señorías? En primer lugar, hay un cierto acuerdo en que es necesario
mantener el nivel adecuado de medios de extinción. En segundo lugar, hay
también un acuerdo en virtud del cual se piensa que se debe de actuar en
el propio monte a través de lo que se denomina la silvicultura
preventiva, es decir, preparar el monte para que éste esté en mejores
condiciones de defenderse frente al fuego. En tercer lugar, hay asimismo
un cierto consenso sobre la necesidad de actuar sobre las causas, tanto
inmediatas como estructurales, y en ese sentido algunas iniciativas se
han puesto también en marcha. Pero hay algo que debemos a nuestro juicio
enfatizar, y de eso trata la presente proposición no de ley.
Yo creo que estamos perdiendo la batalla de la comunicación --decía el
actual Ministro de Agricultura, en octubre de 1991, en la Comisión de
Agricultura y Pesca del Senado-- porque en la sociedad se ha extendido de
forma generalizada la idea de que los incendios forestales son
provocados, y que lo son por intereses de diferente tipo: especulación
inmobiliaria, de madereros o de pirómanos. Esto no sería de por sí
destacable --continuaba el señor Ministro-- si no fuera por estar
trasladando a otros lo que debe ser una responsabilidad del conjunto de
la sociedad, de una responsabilidad que es de todos. La sociedad parece
que está convencida de que los incendios forestales no va con ella,
olvidando que un gran número de incendios son obra de la mano negligente
o ignorante del hombre.
En aquella ocasión, abogaba el señor Atienza por una política de Estado,
de consenso político e institucional, ya que la prevención no se resolvía
con el «Boletín Oficial del Estado», sino con unas administraciones bien
dotadas, bien organizadas y, sobre todo, con una sociedad bien movilizada
y bien educada en la apreciación de los montes y en la utilización del
fuego en el monte rural. También, en el año 1994, el actual Director
General del Icona, en una comparecencia en el Senado, abundando en las
tesis, reconocía que la gran asignatura pendiente era la de la
sensibilización de la población porque, aun cuando desde hace años se
llevan a cabo campañas de sensibilización de la población, es lo cierto
que éstas no han tenido resultados eficaces, a juzgar por el número de
incendios producidos.
Pues bien, señorías, retomando aquel informe senatorial, ya allí se ponía
en evidencia la necesidad de que los planes escolares de estudio debían
incluir temas de educación medioambiental en los que se destaque la
importancia de las acciones preventivas de los incendios forestales. Es
esto, en definitiva, lo que pretende adelantar esta proposición por
cuanto que, como es sabido, señorías, en nuestro país, en educación
medioambiental no partimos de cero. Antes al contrario, como saben SS.
SS., la LOGSE y los decretos que la desarrollan establecen como uno de
los principios básicos de orientación de la actividad educativa el de la
educación medioambiental, y saben SS. SS. que existen ya en nuestro país,
afortunadamente, importantes y numerosas iniciativas en educación
medioambiental. Recuerdo aquí, por ejemplo, el Centro de educación
medioambiental de Villardeciervos, en Zamora, o el de Viérnoles, en
Cantabria, que están impartiendo educación medioambiental como tema
transversal en desarrollo de la LOGSE; iniciativas como la llevada a cabo
por la Comunidad Autónoma andaluza o las escuelas viajeras.
En definitiva, lo que pretende la presente proposición no de ley es
adelantar, dado el carácter gradual de la implantación de la reforma
educativa, la educación sobre prevención de incendios forestales, a fin
de que no sólo sea una presencia transversal en el currículo sino que,
además, forme parte, con carácter habitual, de las preocupaciones y
esfuerzos de los docentes, en especial en materia de prevención de
incendios forestales, y ello sin perjuicio de las competencias de las
comunidades autónomas y de las acciones
que se han venido desarrollando para combatir con eficacia los incendios
forestales. Traigo aquí a colación que ya está en esta Cámara un proyecto
de código penal donde viene una nueva tipificación en el tema del delito
de incendiarismo.
Por todo ello, señorías --concluyo--, solicito el apoyo del resto de los
grupos para que aprobemos, si pudiera ser por unanimidad, la presente
iniciativa del Grupo Socialista, que no tiene otro objeto que el que he
explicitado a lo largo de mi intervención.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): ¿Grupos que desean fijar su
posición respecto de esta iniciativa? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Mur.
El señor MUR BERNAD: Voy a efectuar una breve intervención para decir que
apoyaremos con nuestro voto esta iniciativa del Grupo Socialista porque
nos parece oportuna y sobre todo necesaria, a la vista de la importancia
que, desgraciadamente, va teniendo el tema de los incendios forestales y
todo lo que tiene que ver con la degradación del medio ambiente y que
adquiere, año tras año, en nuestro país. No obstante, no estamos seguros
de que con esta proposición no de ley, y con sus efectos más o menos
inmediatos, logremos evitar lo que parece ya un signo trágico de nuestros
montes, que son los incendios forestales, que año tras año devastan miles
de hectáreas. En Aragón, desgraciadamente, tenemos muchos ejemplos, en
los últimos años, del efecto devastador de los incendios, con el
consiguiente perjuicio para la economía de la zona y fundamentalmente
para el medio ambiente, perjuicios de difícil remedio y que tardan muchos
años en poderse solucionar. No obstante, creemos que son muchos los
factores que inciden en las causas que provocan los incendios forestales,
problema de primer orden y de una gran magnitud y que esta proposición
tiende, en principio, a sensibilizarnos sobre la magnitud y la gravedad
del problema.
Aunque no sea el remedio definitivo, bueno será que, por lo menos en los
ambientes educativos y en la mentalidad de los más jóvenes de nuestra
sociedad y de toda la sociedad en general, se puedan iniciar actuaciones
para, mediante la inclusión en los programas educacionales y actividades
complementarias, tener una mayor sensibilización y un mayor conocimiento
de aquellas actuaciones que entrañan un peligro para la conservación del
bosque, del monte y, en general, de la naturaleza.
Creemos que es un buen paso, en todo caso insuficiente, pero es oportuno
y daremos el voto afirmativo a esta proposición no de ley presentada por
el Grupo Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: El asunto que aquí se trata, los incendios
forestales, preocupa extraordinariamente a toda la ciudadanía y,
naturalmente, a mi Grupo.
Ahora bien, entre los sucesos cuyo origen dan causa a los incendios
forestales, no es éste, ni con mucho, el origen principal de los mismos.
Por considerar algunos factores que le anteceden en importancia,
podríamos citar algunos: la utilización del suelo quemado previa
recalificación para fines urbanísticos; la repoblación forestal masiva
para su aprovechamiento económico, principalmente la industria maderera
en zonas tradicionalmente ganaderas, con lo que se produce una
sustracción de terrenos utilizados tradicionalmente para pastos; o la
plantación de especies de crecimiento rápido (el eucaliptus, el pino,
etcétera), a pesar de estar ampliamente demostrada su vulnerabilidad al
fuego.
La sensibilidad medioambiental es importante para acabar con las causas
que producen el fuego, pero tendría que ir también apoyada de otras
iniciativas que yo, en nombre de mi Grupo, anuncio que presentaremos en
su día, como es la creación del Instituto de Educación e Investigación
Ambiental que, a nuestro juicio, debería estar cogestionado por el
Ministerio de Educación y el de Medio Ambiente. Asimismo, se debería
elaborar un plan de directrices sobre educación ambiental; habría que
suministrar materiales curriculares a los centros; y también habría que
realizar un programa de educación ambiental en los medios de comunicación
públicos y privados, junto con una nueva ley de montes que proteja y
fomente los montes autóctonos por abandono de la actual política de
monocultivos arbóreos de crecimiento rápido; con un apoyo y fomento de la
propiedad mancomunada en la reversión de los beneficios de las
correspondientes comunidades locales; con una obligatoriedad de estudios
previos de impacto medioambiental para todo tipo de repoblaciones; con
una prohibición de la recalificación de terrenos quemados; con una
ampliación y mejora de los dispositivos de lucha contra incendios,
etcétera.
Es en el seno de una perspectiva globalizadora de este u otro tipo como
la medida propuesta lograría alcanzar un sentido. En todo caso, como esta
proposición no de ley es un paso adelante, mi Grupo la va a votar
favorablemente.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Catalán, tiene la palabra el señor Baltá.
El señor BALTA I LLOPART: Señorías, la proposición de ley sobre educación
medioambiental se defiende en los propios términos en que está presentada
y ha sido defendida.
Brevemente quiero decir que es cierto que en el fondo de la problemática
de los incendios forestales se halla una gran diversidad de conflictos de
índole personal, así como los conflictos de intereses que el portavoz de
Izquierda Unida nos acaba de relatar.
Ya quedó claro en el informe de la Ponencia que estudió el tema en el
Senado, que fue aprobado por asentimiento, y lo ha dejado magníficamente
expuesto la portavoz del Grupo Socialista con su documentada exposición.
Especialmente la negligencia y la falta de concienciación --razón
probable de no pocas negligencias que han ocasionado desastrosos
incendios-- deben ser combatidas procurando una educación de las nuevas
generaciones hacia la prevención y el respeto del entorno natural y del
medio ambiente.
Nos parece oportuna la proposición no de ley presentada por el Grupo
Socialista, instando al Gobierno a que incluya en los planes escolares de
estudio la educación medioambiental. Quizá no sea el camino de la
educación el remedio definitivo, como dice el portavoz del PAR, señor
Mur, pero no cabe la menor duda de que la sensibilidad que se pueda
lograr ayudará a rebajar esos desgraciados incendios que han afectado a
casi toda la geografía del país y que hemos visto casi todos desde la
impotencia.
Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta, y anunciamos nuestro voto
favorable.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Rodríguez Espinosa.
El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Intervengo, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, para fijar la posición sobre esta iniciativa del
Grupo Socialista en relación a la educación medioambiental.
Para justificar nuestra posición, que anticipo será afirmativa, creo
necesario recordar que la problemática medioambiental ha ido creciendo
necesariamente al ritmo del desarrollismo del siglo XX, pero ha sido
precisamente en las postrimerías del siglo cuando el problema ha cobrado
verdadera importancia. Es ahora, en nuestros días, cuando nos damos
cuenta del peligro que supone para todos la mala administración de los
recursos naturales.
Las causas de todos estos problemas son muchas: el aumento de la
población; la industrialización; el desarrollo de nuevas tecnologías; el
consumo incontrolado y masivo de los recursos; los medios de locomoción;
y el interés que ha surgido en los habitantes de las ciudades por
disfrutar y conocer la naturaleza.
El cuidado del medio ambiente es tarea de todos, pero para cuidar de él
es preciso aprender a hacerlo. La defensa y necesidad de la educación
ambiental no es, sin embargo, algo reciente, puesto que ya en 1972 se
celebró la primera reunión internacional sobre medio ambiente, convocada
por la UNESCO y celebrada en Estocolmo hace ya más de 20 años, bajo el
título de Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano.
Ante la magnitud de la problemática descubierta se constató la necesidad
de un cambio en la actitud de las personas ante el medio ambiente. A
partir de esta reunión se creó el programa internacional sobre educación
ambiental, cuya principal acción fue convocar, en octubre de 1975, un
seminario de expertos en Belgrado que iniciaron un trabajo cuya
culminación fue la celebración, en 1977, de la Conferencia
Intergubernamental de Educación Ambiental en Tbilisí, en la que durante
quince días se examinaron los principales problema ambientales de la
humanidad y se determinó qué papel podía tener la educación en su
resolución. Se definió la educación ambiental como el proceso a través
del cual se aclaran los conceptos sobre los procesos que suceden en el
entramado de la naturaleza; se facilita la comprensión y valoración del
impacto de las relaciones entre el hombre, su cultura y los procesos
naturales y, sobre todo, se alienta un cambio de valores, actitudes y
hábitos que permitan la elaboración de un código de conducta con respecto
a las cuestiones relacionadas con el medio ambiente. Las recomendaciones
de Tbilisí mencionan la enseñanza formal como uno de los ámbitos
fundamentales en que deben tratarse de conseguir las finalidades de la
educación ambiental allí descritas.
En agosto de 1987, la UNESCO convocó un congreso internacional sobre
educación ambiental, que se celebró en Moscú; y en España, en diciembre
de 1988, un seminario de educación ambiental en el sistema educativo,
convocado por la Comisión Española de Cooperación con la Unesco y
organizada por la propia UNESCO. Se elaboraron una serie de sugerencias
sobre cómo introducir en el sistema educativo español las recomendaciones
propuestas en el Congreso de Moscú. Dado que en la fecha de celebración
de esta reunión estaba en proceso de elaboración el plan de reforma del
sistema educativo, se adoptó un acuerdo proponiendo que se debía
contemplar la incorporación de la educación ambiental en la reforma, como
un enfoque de trabajo escolar, en los términos de interdisciplinariedad
que se habían defendido en 1972.
En este marco general es en el que se inscribe la redacción de la LOGSE,
que introduce la educación ambiental como tema transversal en el
currículo escolar; incorporación que supone el reconocimiento desde el
sistema educativo del papel que juega el medio ambiente en la vida
personal y en el desarrollo de la sociedad y, sobre todo, por el fuerte
componente de actitud que conlleva, junto con la reflexión sobre valores
y creencias que suscita, sin olvidar la necesidad de toma de decisiones y
de actitudes que su deterioro actual requiere.
Desde esta perspectiva, resulta evidente que la educación ambiental
deberá constituir, no una parcela del trabajo escolar, sino un enfoque
determinado del mismo, que impregne todas las áreas del currículo desde
los primeros niveles, aunque en este tipo de educación es necesario que,
además de incluirse en los planes de estudio y se dé información de ella,
vaya acompañada de un alto grado de concienciación del problema lo más
intenso posible.
En consonancia con los planteamientos descritos, la educación ambiental
es algo intrínseco al desarrollo del programa escolar. Es decir, que
trabajando los contenidos que la ley sugiere con una metodología adecuada
no será necesario añadir o modificar nada. Tampoco será necesario añadir
otro contenido específico ni plantear un trabajo extra. Se trata de un
enfoque particular del trabajo habitual. Tesis, por otra parte, que la
propia UNESCO puso de manifiesto en el informe final de la Conferencia de
Tbilisí cuando afirma: La educación ambiental no debe ser una materia más
añadida a los programas existentes, sino que debe incorporarse a los
programas destinados al conjunto de los alumnos, sea cual sea su edad. Su
contenido deberá abarcar todas las áreas del programa escolar y
extraescolar y constituir un mismo proceso orgánico continuo. La idea
principal es conseguir, gracias a una relación interdisciplinar
creciente y a una coordinación previa de las disciplinas, una enseñanza
concreta con miras a la solución de los problemas del medio ambiente.
Con este planteamiento conviene hacer un breve repaso sobre cuál es la
consideración de la educación ambiental en el sistema educativo vigente.
En el Real Decreto 1.330/1991, que establece los aspectos básicos del
currículo de la educación infantil, se afirma que en esta etapa no se
puede perder de vista que el desarrollo del niño, desde el nacimiento a
los seis años, es el resultado de complejas interacciones que se
establecen entre los constituyentes biológicos de la persona y la
experiencia que ésta recibe dentro del medio físico y social y que se
recogen en los objetivos de cada una de las áreas.
De igual manera, en el Real Decreto 1.006/1991, de 14 de junio, en el que
se establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación
primaria, se recogen las actitudes a potenciar en cada una de las áreas
de conocimiento y, concretamente, en la de carácter general del área
sobre medio natural, social y cultural. Se indican, entre otras
actitudes, sensibilidad y respeto por la conservación del paisaje y
valoración de la diversidad y riqueza de los paisajes del territorio
español.
Por último, en el Real Decreto 1.007/1991, de 14 de junio, en el que se
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la educación
secundaria obligatoria, también se recogen, dentro de las actitudes a
desarrollar, los objetivos de cada una de las áreas y, de igual manera
que en las etapas anteriores, se indican actitudes relacionadas con los
objetivos marcados por la conferencia de Tbilisí, que no vamos a enumerar
por considerar que no aportan nada nuevo a lo dicho, aunque sí nos
importa dejar constancia de su existencia. Además de esta ubicación y la
consideración de la educación medioambiental en nuestro sistema
educativo, hoy en España tenemos una oferta aceptable sobre la materia,
aunque se trate de un nivel especializado destinado a personas con una
formación previa y muchas veces para posgraduados, masters, cursos de
doctorado, seminarios, jornadas, conferencias, etcétera.
Por si estos datos resultasen insuficientes, en el artículo 2.4 de la Ley
4/1989, de 27 de marzo, sobre conservación de los espacios naturales y de
la flora y fauna silvestres, se dice: Las administraciones competentes
promoverán la formación de la población escolar en materia de
conservación de la naturaleza, incluyendo su estudio en los programas de
los diferentes niveles educativos, así como la realización de proyectos
educativos y científicos, todo ello en orden a fomentar el conocimiento
de la naturaleza y la necesidad de su conservación.
Ante la existencia de tantas disposiciones legislativas nos ha
sorprendido la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
pues entendemos, como acabamos de recordar, que la educación ambiental es
una materia transversal en los currículos de educación infantil, primaria
y educación secundaria obligatoria.
En consecuencia, dentro de estos currículos y en las distintas áreas cabe
perfectamente destacar la importancia de las acciones preventivas de los
incendios forestales, que es lo que se nos propone en esta iniciativa,
sin tener que recurrir a señalar este objetivo con la especificidad que
pretende la proposición no de ley. No obstante, el Grupo Parlamentario
Popular, como indicaba antes, va a votar favorablemente esta iniciativa,
a pesar de que, obviamente, se cumple o se puede cumplir lo que en ella
se pide con la simple aplicación de lo establecido en los distintos
currículos de los niveles educativos correspondientes y otras
disposiciones legales también vigentes.
Nuestro voto afirmativo a esta iniciativa solamente se ve empañado por la
duda de si será una mala aplicación de la LOGSE el origen de esta
proposición no de ley del Grupo Socialista, que duda al presentar esta
iniciativa respecto a que la puesta en práctica de los planes escolares
sobre educación ambiental no tengan en cuenta las acciones preventivas de
los incendios forestales. Para evitar que se nos pueda atribuir alguno de
los muchos incendios forestales que ocurren, no queremos dejar de apoyar
esta iniciativa, pese a la reiteración e innecesariedad de su contenido.
--RELATIVA A LA OFERTA TOTAL DE PLAZAS VACANTES EXISTENTES DE
FUNCIONARIOS DOCENTES DE AMBITO NACIONAL. PRESENTADA POR EL G. P.
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. (Número de expediente
161/000331.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Concluido el debate de esta
segunda proposición no de ley, pasamos a la tercera y última, relativa a
la oferta total de plazas vacantes existentes de funcionarios docentes de
ámbito nacional. Esta proposición no de ley ha sido presentada por el
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Martínez Blasco.
El señor MARTINEZ BLASCO: Cuando se debatió en esta Cámara el pasado año
lo que ha resultado ser la Ley 24/1994, ya expresamos nuestra opinión de
que era el momento de resolver lo que se conoce en el ámbito de
funcionarios docentes como los profesores desplazados o desterrados.
Es un problema puntual, pero que conviene resolver en estos momentos,
puesto que se va a proceder a la transferencia de los servicios
educativos a diferentes comunidades autónomas y los concursos de traslado
que están haciendo cada una de las que tienen competencia en la materia
están afectando a la movilidad funcional. Este no es un problema grave en
sentido general, que afecte a todos los funcionarios docentes, sino que
es un problema puntual que ha sido provocado por el cambio de normativa
en 1991.
Hasta el año 1991, en los concursos de traslados estaban obligados a
participar todos los profesores con destinos provisionales y si cuando
concursaban no había plazas vacantes suficientes, se les aplicaba un
destino provisional o definitivo en todos los centros gestionados por el
Ministerio. Pero a partir de 1991 esta normativa ha cambiado y la
adjudicación forzosa del destino provisional o definitivo,
insisto, se hace en la propia comunidad autónoma. Por tanto, están
afectados por esta proposición no de ley aquellos funcionarios a quienes
con anterioridad a 1991 les fue adjudicado su puesto de trabajo fuera de
su comunidad autónoma. Están ahí enquistados y tienen dificultades para
retornar a sus comunidades autónomas. Es un problema, por tanto,
localizado en un colectivo relativamente numeroso de profesores que
tienen en estos momentos dificultades para el retorno a su comunidad
autónoma.
Esta proposición no de ley podría considerarse superflua, en el sentido
de que el Ministerio está cumpliendo tanto la LOGSE como la legislación
sobre funcionarios y está sacando en los concursos de traslados la
totalidad de las plazas vacantes, o es una iniciativa imprescindible y
urgente por cuanto estamos en estos momentos a mitad del proceso del
concurso de traslados de 1994-1995. Al finalizar el año 1994 se publicó
la normativa que regula este concurso de traslados y falta
--presumiblemente se hará a principios del mes de marzo-- la relación
concreta de las plazas ofertadas.
Nosotros señalamos en el debate de la ley que si el Ministerio quiere
resolver este problema lo tiene muy fácil: debe sacar la totalidad de las
plazas vacantes que en estos momentos existen. El Ministerio ha insistido
en alguna ocasión, en concreto en respuesta a alguna pregunta formulada
por este Diputado, que saca todas las plazas vacantes desempeñadas por
funcionarios en expectativa de destino. Ello, señorías, no es cierto. Por
eso, creemos que la proposición que presentamos no es superflua, sino que
es imprescindible.
El Ministerio está sacando muy pocas plazas. Yo me he preocupado de
rastrear el número de plazas vacantes existentes en las diferentes
provincias y ver cuál ha sido la práctica del Ministerio en los años
anteriores. En concreto, por poner algún ejemplo y no aburrir a SS. SS.
con la relación de todas las plazas vacantes en las diferentes
provincias, en aquella la que soy Diputado hay en estos momentos 326
plazas vacantes, las cuales 226 están ocupadas por funcionarios en
expectativa de destino. Si descendemos por asignaturas, podría relatar a
SS. SS. cada una de las asignaturas.
El Ministerio, como digo, no ha publicado en el Boletín Oficial del
Ministerio la relación de todas y cada una de las plazas que oferta para
el concurso 1994-1995. Pero este Diputado --y supongo que algunas de SS.
SS. están interesadas en el tema-- ha tenido acceso a las listas
provisionales que circulan, que han sido entregadas a los sindicatos. Voy
a poner un ejemplo muy concreto. De 32 plazas vacantes ocupadas por
funcionarios en expectativa de destino que hay en estos momentos en la
provincia de Zaragoza de la asignatura de matemáticas, el Ministerio
pretende sacar a concurso solamente tres. Esa es la proporción. Si sólo
saca tres plazas a concurso, indudablemente no ayudará a resolver el
problema de aquellos funcionarios a quienes con la normativa anterior a
1991 les fue adjudicado, con carácter definitivo, un puesto de trabajo
fuera de la comunidad autónoma. Esto ha ocurrido en todas las provincias.
Es cierto --y como prueba también de que el Ministerio no estaba
cumpliendo la normativa de sacar todas las plazas vacantes-- que la
presión sindical, la presión de los afectados en diferentes provincias
obtuvo ya el año pasado resultados aceptables. Por poner un ejemplo --y
yo creo que SS. SS. lo conocieron--, en 1994 se movilizaron aquí, en la
Comunidad Autónoma de Madrid, los profesores desplazados y obtuvieron de
la Dirección Provincial del Ministerio de Madrid que se ampliase el
número de plazas ofertadas.
¿Qué quiere decir eso? Que las que inicialmente había ofertado el
Ministerio no correspondían a la totalidad de las plazas vacantes. Y eso
quiere decir que el Ministerio podía hacer--y así lo hizo en la provincia
de Madrid-- un esfuerzo para adaptarse a las necesidades de los
profesores desplazados. Esto que se hizo en la provincia de Madrid se
realizó también en alguna dirección provincial, concretamente en
Asturias, pero no en la generalidad de las direcciones provinciales que
son gestionadas por el Ministerio.
Termino diciendo, señorías, que es imprescindible y urgente (porque
estamos a mitad del proceso del concurso 1994/1995, que es
presumiblemente uno de los últimos concursos antes de que se transfieran
las competencias en materia educativa a todas las comunidades autónomas
y, por tanto, se fraccione la movilidad de los diferentes funcionarios)
que el Ministerio, en este concurso del próximo mes de marzo, saque la
totalidad de las plazas vacantes que están ocupadas por funcionarios en
expectativa de destino, en prácticas o en comisión de servicios.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): ¿Grupos parlamentarios que
desean fijar su posición respecto de esta iniciativa. (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor López de Lerma.
El señor LOPEZ DE LERMA I LOPEZ: Voy a fijar nuestra posición sobre esta
proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El espíritu y la letra de esta iniciativa son absolutamente contrarios a
las previsiones de la Ley orgánica 1/1990, de Ordenación General del
Sistema Educativo. En la disposición adicional novena, punto 4, de la
mencionada Ley se dice que periódicamente las administraciones educativas
competentes convocarán concursos de traslado de ámbito nacional, a
efectos de proceder a la provisión de las plazas vacantes que determinen
los centros docentes de enseñanza que dependan de dichas administraciones
educativas. Es decir, que han de ser objeto de concurso de traslado las
vacantes que las administraciones establezcan y no todas aquellas que
puedan existir, como ha hecho referencia el digno portavoz de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El Real Decreto 1.774/1994, de 5 de agosto, también recoge este principio
y en el artículo 4 establece expresamente que en aquellos concursos se
ofertarán los lugares de trabajo vacantes que determinen las
administraciones educativas, siempre que en cualquiera de los casos la
continuidad de su funcionamiento esté prevista en la planificación
educativa correspondiente. Votar a favor de esta proposición no de ley
presentada por Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya supondría, en la práctica, contradecir la norma vigente: la
ley y el real decreto que la desarrolla. Por otra parte, votar a favor
podría comportar, a medio plazo, un grave problema si fuesen objeto de
concurso de traslado aquellas vacantes cuya continuidad no está
precisamente garantizada.
Como todas SS. SS. saben, nos encontramos en plena implantación de un
nuevo sistema educativo, por fases, de manera racional, y la aplicación
del mapa escolar de las distintas administraciones educativas
determinará, sin duda, modificaciones en las plantillas de los centros
docentes.
Por tanto, señora Presidenta, señorías, nosotros no votaremos a favor,
sino en contra de esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Peñarrubia.
El señor PEÑARRUBIA AGIUS: Señora Presidenta, voy a fijar la posición del
Grupo Popular acerca de la proposición no de ley presentada por el Grupo
de Izquierda Unida, relativa al concurso de traslado de los funcionarios
docentes.
Tengo que decir que mi Grupo suscribe plenamente la iniciativa que
debatimos y coincide, en términos generales, con el planteamiento
contemplado en la misma y expuesto en otras ocasiones por el portavoz del
Grupo Popular en esta Comisión, señor Ollero. Con motivo del debate del
proyecto de ley por el que se establecen normas sobre los concursos de
provisión de puestos de trabajo para funcionarios docentes, presentamos
la correspondiente enmienda en este sentido.
Señora Presidenta, señorías, no es posible un buen funcionamiento del
concurso de traslado si no se oferta la totalidad de plazas vacantes.
Este requisito y la apertura de los concursos a todos los funcionarios,
sea cual sea la administración educativa de la que dependen,
garantizarán, tal y como se recoge en el texto de la iniciativa, la
igualdad efectiva de oportunidades de los docentes en base a los
criterios constitucionales de mérito y capacidad.
Coincidimos con la impresión del señor Martínez. Mi Grupo, a través de
diferentes diputados pertenecientes a distintas circunscripciones
electorales, ha tenido la curiosidad de conocer, mediante las
correspondientes preguntas escritas, el número de plazas vacantes en cada
una de las provincias, así como las plazas ofertadas en la convocatoria
de concursos de traslado entre profesores, por ejemplo, de Educación
General Básica.
Las cifras son elocuentes y hablan por sí solas. A título de ejemplo,
quiero decir que en las cuatro últimas convocatorias de concurso de
traslado del referido cuerpo de profesores se ofertaron un total de
31.000 plazas sobre las casi 73.000 que están catalogadas en centros de
educación infantil y primaria, es decir, poco más del 40 por ciento del
total.
Las razones que el Ministerio aduce para justificar tal despropósito no
son, a nuestro juicio, convincentes. Voy a evitar leer a SS. SS. las
respuestas a preguntas escritas, a las que me he referido anteriormente,
que el Ministerio da sobre estas cuestiones. Razones poco convincentes,
como he dicho, y, además, un tanto preocupantes, puesto que las vacantes
que no han sido cubiertas por el sistema de concurso se cubren con
funcionarios sin destino definitivo en unos casos y, en otros, por
docentes con destino definitivo pero que no son necesarios para el
funcionamiento del centro por no haberse cubierto las expectativas de
matrícula de alumnos en el mismo, lo que indica la escasa estabilidad de
las plantillas de los centros.
Además de lo anteriormente expuesto, se encuentran las plazas ocupadas
por interinos y funcionarios en comisión de servicio. Pero si las cifras
globales de plazas sin cubrir, del orden del 60 por ciento, a que
anteriormente hacía referencia, son preocupantes, más lo son las
referidas individualmente a provincias. A título de ejemplo puedo
decirles que, de un total de 2.013 puestos catalogados en la provincia de
Valladolid, se anuncian 552 plazas, lo que representa un 27 por ciento,
es decir, se quedan sin cubrir más del 73 por ciento de las plazas. En la
provincia de Palencia ocurre otro tanto: de 1.883 se anuncian 263, lo que
representa el 13 por ciento de las plazas. En la provincia de Burgos, de
un total de 1.470 plazas, se ofertan 467, etcétera.
Por estas razones el Grupo Popular es partidario de que, de una vez por
todas y en especial en este nuevo concurso de traslado, se oferte la
totalidad de las plazas existentes con independencia del sistema de
ocupación provisional.
La señora VICEPRESIDENTA (Rodríguez Ortega): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ (don Antonio): Quiero fijar la posición del
Grupo Socialista acerca de esta proposición no de ley de Izquierda Unida,
relativa a la oferta total de las plazas vacantes existentes de
funcionarios docentes de ámbito nacional.
Todavía está fresco en la memoria el debate de los que intervinimos en la
Ley 24, que ha citado el señor Martínez Blasco, aprobada en este último
año 1994, en la que se establecen normas sobre concurso de provisión de
puestos de trabajo para funcionarios docentes.
Lo primero que le gustaría a mi grupo, y a mí particularmente, es que se
hubiera comenzado, por parte del representante de Izquierda Unida y
también, cómo no, de los representantes del Grupo Popular, por aquello
clásico y bíblico de dar al césar lo que es del césar. En aquel debate ya
tuvimos ocasión de tratar esto mismo de las plazas vacantes; se pretendía
exactamente que, a través de un texto prácticamente idéntico al que hoy
nos ocupa, se introdujese, como un artículo de aquella ley, este tema.
Tuvimos que oír entonces las mismas argumentaciones de hoy con el añadido
de que no habría este tipo de concursos, en los concursos de carácter
nacional, si no se aceptaba otra de las enmiendas de Izquierda Unida que
señalaba el año en concreto en que debería convocarse. Dijimos entonces,
por medio de este mismo portavoz, que esto sería objeto de un real
decreto y que en él figuraría el tema de las vacantes.
Pues bien, existe este decreto, en concreto el Decreto 1.734, de 5 de
agosto, al que se ha referido el señor López de Lerma, en el que se trata
el tema de las vacantes y hay también una norma reglamentaria de
desarrollo y de convocatoria
de los concursos de traslados de ámbito nacional de fecha 1 de octubre de
1994.
Por tanto, aunque esta pretensión mía pueda constituir una cierta
ingenuidad, debiera empezarse reconociendo la justeza de las afirmaciones
que hicimos entonces, hoy comprobadas por el posterior desarrollo de los
acontecimientos normativos, y lo inundado o errado de las manifestaciones
o presunciones que hicieron entonces los portavoces representantes de la
oposición, y alguno coincide en el día de hoy, haciendo también
expresiones rotundas que no se corresponden con la realidad. Comprendemos
la dificultad de que esto se haga en lo que es la dinámica parlamentaria;
sería lo mismo que proceder inmediatamente a la retirada de la
proposición no de ley que hoy nos ocupa porque, al igual que entonces,
carece de sentido o fundamento y el señor Martínez Blasco ya se
adelantaba al señalar que probablemente pudiera considerarse superflua.
No la voy a considerar superflua, pero quiero decir, simple y suavemente,
que es ociosa.
Señoras y señores Diputados, la situación de esta cuestión es la
siguiente: En primer lugar, se aprueba y publica la Ley 24 que posibilita
la existencia de concursos de traslados de ámbito nacional a que nos
hemos referido. En segundo lugar y posteriormente, se publica el Real
Decreto 1.734, de 5 de agosto, que establece que habrá concursos de
traslado de ámbito nacional cada dos años (artículo 2). En estos
concursos, señala también, se ofertarán los puestos de trabajo vacantes
entre los que se incluirán, al menos, los que se produzcan hasta el 31 de
diciembre del año de la convocatoria así como las resultas del propio
concurso (artículo 4). Es decir, que no sólo se incluyen las vacantes a
la fecha de la convocatoria del concurso, sino a 31 de diciembre, y no
sólo las vacantes existentes, sino las previsiones de creación de puestos
de trabajo nuevos --de ahí lo de al menos-- y además las resultas, las
plazas vacantes, que, a lo largo de la adjudicación del concurso,
produzcan los propios profesores que obtienen destino.
No cabe añadir más, señoras y señores Diputados, porque para nuestro
Grupo, y lo reitero una vez más, ya tuve ocasión de decirlo a lo largo de
la tramitación de la ley, resulta obvio que las plazas que se oferten en
un concurso nacional son las vacantes existentes en un momento
determinado, y tales vacantes, por la propia naturaleza de la función
pública, son aquellas que, formando parte de las plantillas de los
centros, no están ocupadas definitivamente, en propiedad, por un
funcionario de carrera, de forma que, por definición, la provisión de
puestos sólo opera sobre vacantes no cubiertas por un propietario
definitivo. La única limitación a la hora de ofertar vacantes está, o
puede estar, en las previsiones de supresión, como señalaba también el
señor López de Lerma, como consecuencia de la evolución demográfica o de
las transformaciones de las plantillas, también de la aplicación de la
Logse, pero que no afectan, en este último caso, al número total de
puestos de trabajo. (El señor Presidente ocupa la presidencia.)
Cabe señalar asimismo que la asignación de destinos provisionales
--interinos, funcionarios en prácticas, expectativas de destino, como se
señalaba hoy aquí-- se realiza por un solo curso académico y siempre con
posterioridad a la resolución de los concursos de traslados, por lo que
no pueden detraer plazas de este concurso de traslados.
Como decía, resulta ociosa la proposición no de ley, puesto que existe la
regulación, el decreto y orden citados y hay que entender que están
referidos a las vacantes existentes, con arreglo a la definición a la que
me he referido. Por eso, el Grupo Socialista votará en contra de la toma
en consideración de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de esta proposición no de ley,
vamos a proceder a la votación de las tres proposiciones no de ley.
Si hay alguna sustitución de algún miembro de los grupos, les ruego que
lo comuniquen a la Mesa. (Pausa.) Comunicadas las sustituciones, vamos a
proceder a la votación.
Primera proposición no de ley relativa a la modificación de la Orden
ministerial de 31 de julio de 1961, reguladora de la dispensa de
educación física en la enseñanza media, que ha sido presentada por el
Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre educación medioambiental, que ha sido
presentada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la oferta total de plazas vacantes
existentes de funcionarios docentes de ámbito nacional, que ha sido
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, como las comparecencias, según el orden del día que han
recibido, están previstas a las 11, se suspende durante un cuarto de hora
la sesión. (Pausa.)
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
--DE D. RAFAEL PORTAENCASA BAEZA, RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE
MADRID, PARA QUE INFORME EN RELACION AL PROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACION
DE LA LEY ORGANICA 11/1983, DE 25 DE AGOSTO, DE REFORMA UNIVERSITARIA. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
212/000927.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
La primera comparecencia que ha sido solicitada por el Grupo Popular es
la de don Rafael Portaencasa Baeza, Rector de la Universidad Politécnica
de Madrid, a quien agradecemos su presencia ante esta Comisión.
El objeto de la petición, como SS. SS. saben y también el señor
Portaencasa, es que, como estamos debatiendo en estos momentos la
modificación de la Ley Orgánica 11/1983, se ha constituido una Ponencia y
esta Comisión debe emitir un dictamen sobre esa modificación de la Ley,
en diferentes sesiones se están produciendo comparecencias de autoridades
académicas para que nos den su opinión sobre la reforma.
En ese sentido y con esa finalidad, tiene la palabra el señor Rector,
rogándole que sea por un tiempo máximo de 15 minutos, si es posible.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (Portaencasa
Baeza): Señor Presidente, trataré de hacer un breve y pequeño resumen de
la posición que, por descontado, hemos debatido y discutido profundamente
en nuestra universidad sobre este proyecto de actualización de la Ley de
Reforma Universitaria. Este proyecto ha sido muy contestado en nuestra
universidad, no sólo en la nuestra, sino en muchas universidades, en
donde ha sido debatido por sus Juntas de Gobierno. A título de ejemplo,
cito las siete universidades de Cataluña, la Universidad Complutense, la
universidad del País Vasco, la Universidad de La Coruña y, por
descontado, la Politécnica de Madrid. En otras, quizás el debate no se ha
llevado a juntas de Gobierno y, por tanto, no han sido reflejadas nada
más que, en su caso, las opiniones de sus rectores o de algunas personas
pertenecientes a ellas.
En general, la actitud de nuestra Universidad, de muchas personas de la
comunidad universitaria nuestra y de otras universidades, está en
considerar que este proyecto, en primer lugar, es pobre en su génesis, es
pobre en su contenido, no articula muchos asuntos fundamentales de la
vida universitaria, como son todos los referentes a la financiación de
las universidades, que están olvidados; no aborda materias muy
importantes, como la gobernabilidad de las universidades, el gobierno de
las universidades, el acceso de los estudiantes a la universidad, el
papel del Consejo de Universidades y las competencias de las comunidades
autónomas o la política de selección del profesorado, ligada a la calidad
de la docencia. Sobre esta línea, nos hemos manifestado claramente los
rectores de las universidades de Cataluña y de la Politécnica de Madrid,
indicando claramente las deficiencias del proyecto.
Entrando en el contenido del proyecto y sus insuficiencias con detalle,
consideramos que el excesivo encorsetamiento de la selección de
profesores funcionarios por diferentes instrumentos, todo este excesivo
encorsetamiento, limita indebidamente la autonomía universitaria. Por
ejemplo, la exigencia de evaluación favorable de tramos de investigación
por un órgano externo a las universidades, que es la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, con una composición que el
proyecto no concreta, en la que no hay participación institucional de las
universidades, que no coopera en la designación de sus miembros ni
informa en la evaluación. La universidad es juzgada desde fuera en
materias que afectan a formación profesional de su personal, lo que es
contenido esencial de su autonomía, como ya ha sido declarado en varias
sentencias del Tribunal Constitucional.
La actuación de la Comisión evaluadora de la actividad investigadora ha
sido reprochada por gran número de sentencias, al no motivar sus
decisiones. Cabe prever también que sus evaluaciones están sujetas a las
limitaciones presupuestarias y relegada, por tal motivo, la libre
valoración de la capacidad investigadora, tan ajena a las universidades.
Este sistema de evaluación de la investigación ha sido muy
discriminatorio en las universidades politécnicas, pues no se han tenido
en cuenta las actividades de desarrollo tecnológico y aplicación, vital
para las ingenierías y la arquitectura, al haberse valorado, sobre todo,
la investigación básica, al haber relegado la investigación hecha para
empresas, por ser retribuida, y al no tener en cuenta en la práctica su
contenido, sino sólo el medio, preferentemente extranjero, en que se
publicó, como si la investigación no fuera buena, sea cualquiera el medio
en que se publique, incluso, aunque no se haga pública, por el derecho de
guardar confidencialidad.
Yo podría indicar que en nuestra universidad los datos que hay son
bastante preocupantes, en general. En la Universidad Politécnica de
Madrid --es a título de ejemplo nada más y sin concretarlo--, nosotros,
en este momento, tenemos en nuestra plantilla, al 31 de diciembre, a
tiempo completo, un total de 361 catedráticos de universidad, 774
titulares de universidad y 95 catedráticos de escuela universitaria.
Todos ellos tienen posibilidades, por ser doctores, de tener evaluaciones
positivas, si están en dedicación a tiempo completo. La cifra de la que
estoy hablando supera las 1.200 personas. De estas 1.200 personas,
aproximadamente, con tramos de investigación concedidos solamente lo han
sido con un tramo, 204; con dos tramos, 121; con tres, 51; con cuatro,
24, y con cinco, 5. O sea que da un margen de unas trescientas y pico
personas, menos de un tercio de nuestro profesorado. Es decir, a partir
de dos tramos, que sería lo necesario, según marcaba el proyecto, nos
quedaríamos con unas doscientas personas, sobre las mil y pico que estaba
citando anteriormente, que tendrían derecho, en estos momentos a ocupar
la plaza que ya ocupan o a participar en los tribunales de elección.
Esto nos parece que descapitaliza fundamentalmente muchas de las
ingenierías y de Arquitectura; descapitaliza escuelas como la ingeniería
de caminos, las escuelas de Arquitectura, en donde evidentemente el
trabajo en colaboración con la empresa es bastante importante.
Consideramos que esto es también erróneo. El cuarto programa de ITT de la
unidad europea considera objetivo básico la competitividad de la
industria, su base tecnológica, la investigación genérica y
precompetitiva y de aplicación multisectorial. En cambio, el proyecto de
ley ignora el desarrollo tecnológico como augurio de futuros desaciertos,
con una visión discriminatoria de las enseñanzas técnicas, de las que la
sociedad precisa de manera urgente.
Los efectos pueden ser aún más perversos si se exigen tramos evaluados
favorablemente para formar parte de las comisiones de investigación.
Tampoco resulta procedente la fórmula de la habilitación que extrae de la
competencia autónoma de las universidades la selección de su profesorado.
Preocupa asimismo la participación en las comisiones de selección de
personas ajenas a la universidad. Nos referimos directamente a la
participación de miembros del CSIC, generalmente sin experiencia docente
y conocimiento de la vida universitaria, cuando no existe reciprocidad,
cuando, evidentemente, no existe un procedimiento similar para que los
profesores universitarios participen en las comisiones del CSIC, son
nombrados a dedo y no por sorteo. Parece que esa falta de simetría no
parece la adecuada.
Consideramos que el proyecto debería hablar de la gobernabilidad de la
universidad. Incluso hay temas que podrían figurar: las elecciones de los
órganos universitarios, las elecciones por sufragio universal ponderado,
o algunos otros podrían ser interesantes. Analizar las relaciones
departamento-centro y, por descontado, todos los temas referentes a la
financiación.
Lógicamente, sobre este tema podría decirles que también hay cuestiones
que son importantes, que son las competencias del Consejo de
Universidades. En nuestra universidad estamos sufriendo ahora por el
exceso en el ejercicio de sus competencias del Consejo de Universidades.
Hemos tenido que recurrir las no homologaciones de nuestros títulos a los
tribunales de justicia de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid ha reconocido que se ha vulnerado la autonomía universitaria por
parte del Consejo de Universidades. Tenemos sentencias favorables del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que han sido recurridas por el
Ministerio ante el Supremo, y estamos pidiendo la ejecución de estas
sentencias porque nos las han dado en función de los derechos
fundamentales.
Hemos tenido que recurrir la decisión del Gobierno de modificar el Real
Decreto que establece las directrices generales comunes de los planes de
estudio, con otro recurso jurisdiccional que muy recientemente ha sido
admitido a trámite por el Tribunal Supremo. Es lamentable que tengamos
que recurrir a este sistema y creo que el proyecto de ley de reforma
universitaria tendría que abordar claramente el exceso de competencias
que nos parece que tiene en estos momentos o está asumiendo el Consejo de
Universidades. Si se le dan, que se regule en ley y si no que nos
atengamos a estas consecuencias.
Podría decir muchas cosas más, pero el Presidente me ha dicho que hablara
poco. Simplemente quiero indicar que el proyecto de ley de actualización
de la LRU, pese a las enmiendas presentadas, se mantiene sustancialmente
sin tener en cuenta que se han manifestado en su contra muchas juntas de
gobierno, la que represento, los rectores de las universidades de
Cataluña y sus juntas de gobierno, la Politécnica de Cataluña, la
Complutense de Madrid, representantes de profesores titulares de más de
treinta universidades españolas, que se reunieron en Salamanca el pasado
año, así como otros muchos miembros de diferentes comunidades
universitarias que no han efectuado programación pública al respecto.
Creo que en la comunidad universitaria el rechazo a este proyecto de
actualización de la Ley de Reforma Universitaria es generalizado.
Nos quejamos de que no haya un debate. Hemos pedido también que sobre
este proyecto se abra un debate universitario, que contemple en general
todas las posibles modificaciones que requiere la LRU, que haya un debate
social sobre la actualización de la LRU, que es tan imprescindible como
el que en su día precedió a la Ley que ahora se quiere modificar y a los
proyectos de ley de autonomía universitaria.
Sólo se modifica en la ley lo que corresponde al profesorado, como si en
la universidad no hubiera otros y más graves problemas que justificaran
la actualización de la LRU. Es como si los profesores universitarios
fueran responsables exclusivos del actual estado de la universidad y se
sometiera a todas las universidades a una reducción injustificada de su
autonomía por causa de lo que ahora se quiere modificar.
Creemos que no se puede dar esta impresión a la sociedad, no se puede
abordar ahora sólo una parte de la actualización que la universidad
española precisa, no se puede actualizar hoy la Ley de Reforma
Universitaria sin que la universidad misma debata su contenido y alcance.
Es preciso que haya un debate en las universidades, debate que no se ha
abierto. Lo hemos abierto sólo en algunas y tenemos las conclusiones que
son las que estoy exponiendo.
Nuestra universidad pide que no se apruebe la actualización de esta Ley,
lo cual está en manos de SS. SS. El Parlamento no debe afrontar sólo la
actualización de la universidad y pensamos que este proyecto debe
devolverse al Gobierno para volver a empezar y volver a analizarlo con
calma, con un estudio exhaustivo por parte de la sociedad.
No sé si me he pasado en el tiempo. He ido muy deprisa para tratar de
abordar todo en el mínimo tiempo posible; creo que he estado los quince
minutos que me dio el Presidente; alguno más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rector, ha cumplido
escrupulosamente el tiempo previsto y se lo agradecemos. Me temo, en todo
caso, que la última propuesta de devolución ha sido debatida ya en la
Cámara y no ha sido aceptada.
Por parte del Grupo solicitante tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Ante todo quiero dar la bienvenida en nombre de
mi Grupo al Rector Portaencasa, de la Universidad Politécnica de Madrid,
al que nuestro Grupo ha solicitado que compareciera hoy en razón, en
primer lugar, de su propia experiencia personal --es uno de los rectores
que lleva más tiempo desempeñando ese cargo--, en razón también del
interés, que él mismo ha subrayado, que su universidad ha mostrado por
este proyecto y por un debate público sobre él. En razón también
--igualmente lo ha señalado él-- de su defensa, lamentablemente poco
habitual por parte de los rectores, de la autonomía universitaria cuando
se ve afectada por la intervención de determinados organismos públicos.
Tomamos nota de la interesante y condensada información que nos ha
brindado. De esas constataciones del rechazo que el proyecto ha
encontrado no sólo en su universidad, sino también en otras; sobre su
pobre alcance, por utilizar sus palabras; su referencia, lógicamente, a
la posible elección de rectores y decanos por sufragio universal
ponderado nos resulta especialmente gratificante, en la medida en que
coincide con una de las que hemos plasmado en el texto alternativo de
nuestras enmiendas. Su referencia a la falta de financiación, al
encorsetamiento que supone el sistema de tramos, con esos datos tan
elocuentes que nos ha ofrecido. A la falta de reciprocidad entre los
miembros del Consejo Superior y de la universidad a la hora de intentar
equipararlos en las comisiones.
Dando esto por informado haría muy sintéticamente, con la esperanza de
que luego no se vea demasiado condicionado en el tiempo a la hora de
contestar, de manera casi telegráfica, algunas preguntas.
Ha hablado el señor Rector de la marginación en el proyecto de aspectos
relativos al gobierno de los centros. Sobre ese particular nos gustaría,
si tiene experiencia que aportarnos, que nos informara sobre cómo ha ido
funcionando en la realidad la conexión entre los centros universitarios
tradicionales, facultades y escuelas, y los departamentos, dado el
protagonismo que la LRU les confiere. En qué medida esto ha contribuido a
facilitar y dar fluidez al gobierno universitario o puede haber dado paso
a algunas disfunciones.
Ya se ha referido el señor Rector al papel del Consejo de Universidades
de manera muy gráfica; nos gustaría conocer su opinión sobre una posible
alternativa, que es la que ha hecho nuestro Grupo y sería la atribución a
una conferencia de rectores, formada exclusivamente por los rectores y
presidida por un rector elegido por ellos mismos, de todas las cuestiones
de tipo puramente académico y científico que hoy día son competencia del
Consejo de Universidades, limitando la existencia de este órgano al
tratamiento de aspectos que, junto al académico y al científico, también
tengan componentes político-administrativos, en cuyo caso estaría
justificado el que a los rectores se unan los miembros de la conferencia
sectorial, o sea, los consejeros autonómicos con competencias y los
representantes del Ministerio.
Si nos referimos a los órganos de gobierno, no se ha hablado del Consejo
Social y sus experiencias, aunque creo recordar que en alguna
comparecencia pública el señor Rector hizo algún comentario bastante
gráfico y elocuente sobre el papel de los consejos sociales, tan gráfico
y elocuente que el Presidente del Consejo Social de su Universidad, don
Luis Solana, que, por cierto, estaba a punto de terminar su mandato,
decidió dimitir públicamente por considerarse desautorizado.
En concreto, nos gustaría saber su opinión sobre una posible alternativa,
que es la de nuestro Grupo, en el sentido de que cada universidad, en sus
estatutos, diseñe un órgano de conexión con la sociedad que sea realista
y que contemple no una sociedad ortopédica, sino lo que realmente es la
sociedad que le rodea, y que, en cuanto al control, porque parece que eso
es lo que se pretende que haga el Consejo Social, de la actividad que en
ejercicio de su autonomía realizan las universidades, el competente fuera
realmente el Parlamento, bien las Cortes Generales, bien el Parlamento
autonómico, al que se enviarían unas memorias de la actividad
universitaria, con lo cual se facilitarían, eventualmente, posibles
comparecencias como la de hoy, donde más que control habría este diálogo
de mutua información.
Igualmente, quisiéramos conocer qué piensa sobre la actual distribución
de competencias en los diversos órganos de gobierno de la universidad y
si encuentra fundamento a nuestra preocupación de dar paso a un sistema
en el que se fije de una manera más clara la competencia específica de
cada órgano y la composición, según los problemas que se vayan a abordar,
y no la actual indiscriminación en la que órganos todos ellos con una
composición prácticamente similar acaben entendiendo de todo, sea cual
sea la competencia específica de sus integrantes.
El señor Rector se ha referido de pasada a los problemas de selectividad
como unos de los que margina el proyecto. Nuestro Grupo trae con
frecuencia a esta Comisión su preocupación por estos problemas y, en
concreto, su preocupación por el escaso número de alumnos --y creo que
esto es especialmente notorio en la Politécnica de Madrid-- que se ven
imposibilitados de estudiar aquello que eligen en primera opción e
incluso los curiosos fenómenos de trasvase en cascada a opciones
sucesivas que aún son más perturbadoras. Le agradecería si, como fruto de
su experiencia, nos puede ofrecer alguna sugerencia sobre qué tipo de
medidas piensa que se podrían adoptar para aumentar la posibilidad de un
incremento de los alumnos que pueden cursar los estudios que eligen como
primera opción e incluso, en su caso, aumentar la movilidad del distrito
compartido, etcétera.
Igualmente me gustaría conocer su opinión sobre un aspecto que ha
recogido el proyecto, después de las críticas que nuestro Grupo ha
planteado una y otra vez, sobre las pruebas para la selección del
profesorado. Ya hemos visto que coincide con nuestras críticas al sistema
de los tramos. Como sabrá, el proyecto contempla la posibilidad de una
prueba en la que, como tradicionalmente se vino haciendo, el candidato
demuestre su conocimiento del programa de la asignatura, cuestión que,
por otra parte, curiosamente, es habitual en toda la función pública
española menos en la de aquellos funcionarios que tienen que explicar un
programa, a los cuales no se les exige que lo sepan, a diferencia de lo
que ocurre con otros que no se dedican a explicar programa alguno.
Nos gustaría saber su opinión sobre este hecho, recogido en el proyecto,
según el cual la existencia de esa prueba sería facultativa de acuerdo
con la opinión de cada universidad. Si piensa que eso es razonable o
podría tener algún resultado negativo.
Por último, le agradecería cualquier experiencia que nos pueda brindar
sobre el funcionamiento de las llamadas comisiones de reclamaciones, que,
según nuestra impresión, están contribuyendo a reforzar, en ocasiones, la
endogamia ya existente, porque en las escasas circunstancias
en las que un candidato ajeno a la universidad convocante obtiene la
plaza, con bastante frecuencia se ve luego desposeído de ella por la
comisión de reclamación oportuna formada por el rector y seis profesores
de áreas de conocimiento diversas, con lo cual la inmensa mayoría de los
miembros de la citada comisión, que debe entrar, según se ha dicho, en el
fondo de la cuestión, no tiene especial competencia sobre lo que están
juzgando.
Le agradezco la información que ya nos ha brindado y la que nos podrá
brindar en el segundo turno.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en esta comparecencia?
El señor González tiene la palabra, por el Grupo Federal de Izquierda
Unida.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Gracias, señor Portaencasa, Rector de la
Universidad Politécnica de Madrid, por comparecer en esta Comisión para
contarnos sus experiencias, cara a la aprobación del proyecto de ley de
actualización de la Ley de Reforma Universitaria.
Quiero decirle, señor Rector, que, a su petición de contribuir a que no
se apruebe el proyecto de actualización de la Ley de Reforma
Universitaria tal como está, desde mi Grupo intentaremos satisfacer su
demanda. No está en nuestras manos, puesto que el Grupo mayoritario que
apoya al Gobierno es el Socialista y además hay otros grupos que apoyan
su gestión. Digo que contribuiremos a ello porque coincidimos con su
crítica global al proyecto de ley de actualización y compartimos su
crítica, por ejemplo, a las comisiones nacionales de evaluación, a la
falta de debate social y a la modificación raquítica que se nos propone
por afectar sólo al profesorado.
En todo caso, yo quería hacerle algunas preguntas concretas que ruego
tenga a bien contestarme desde su experiencia. Por ejemplo, ¿con qué
medidas legales se podría profesionalizar la gestión de las universidades
e independizarla del área docente y/o académica? ¿De qué competencias
legales hay que dotar a los consejos sociales para que éstos asuman
funciones semejantes a los consejos de administración?
Y, a tenor de su experiencia, ¿cómo se desarrolla el artículo 26.3 de la
LRU, en el que se encarga a las universidades la instrumentación de una
política general de becas, ayudas y créditos a los estudiantes? Porque
este artículo dice que las propias universidades instrumentarán una
política general de becas, ayudas y créditos a los estudiantes y
establecerán asimismo modalidades de exención parcial o total del pago de
tasas académicas.
Otro aspecto que me gustaría conocer es qué articulado, según su criterio
y su experiencia, sería preciso introducir en la modificación de la LRU
para incentivar la implantación de carreras de ciclo corto, más adaptadas
a la demanda social y a la realidad del empleo.
¿En qué modo debe la Ley hacerse eco de la propuesta de un fondo
universitario para la financiación de los contratos-programa recogida en
el informe sobre financiación de universidades emitido en diciembre de
1994 por el Consejo de Universidades?
¿Con qué regulación y condiciones se podría llevar a cabo una evaluación
institucional de las universidades, en la que se incluyan módulos
objetivos para su correcta financiación, así como un sistema adecuado de
evaluación de la calidad docente?
¿De qué modo se potenciaría la estructura departamental de la Universidad
para cumplir con el objetivo perfilado en el preámbulo de la actual Ley
de Reforma Universitaria?
Finalmente, y por ser breve y concreto, ¿con qué garantías y
restricciones se implantarían los títulos generalistas en las
universidades?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Lazo.
El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, al igual que los dos grupos que han
intervenido con anterioridad, yo, en nombre del Grupo Socialista, quiero
agradecer la presencia del señor Rector de la Universidad Politécnica de
Madrid, además de una manera especial por el tono de su intervención. Por
aquí han pasado muchos ilustres universitarios para dar su opinión sobre
la reforma de la LRU que estamos en trance de debatir. Todos estos
comparecientes han dicho cosas interesantes, todos los grupos hemos
tomado notas que, sin duda, van a enriquecer el debate, pero, con una
cierta frecuencia, nos hemos encontrado con profesores universitarios
que, al comparecer aquí, centraban demasiado su intervención en
cuestiones muy concretas, muy puntuales, sobre problemas de su
universidad, sobre problemas de su facultad, sobre problemas de su
departamento, sobre problemas de su cuerpo, olvidando el conjunto de la
reforma universitaria. Ese no ha sido el caso de la intervención del
Rector de la Universidad Politécnica, quien nos ha dado su opinión sobre
el conjunto de la ley; sin duda una opinión crítica, extraordinariamente
crítica, pero nosotros le agradecemos la altura que ha mantenido, no
planteándonos los problemas de su universidad o de su facultad, sino
dando su opinión sobre el conjunto de la reforma de la LRU, aunque,
evidentemente, como el Rector comprenderá, nosotros no podamos compartir
la casi totalidad de lo que aquí nos ha dicho.
No es éste el momento de debate entre el compareciente y los grupos sobre
opiniones generales --no voy a entrar en eso--, simplemente quiero
recordar un detalle que tiene su importancia. Se ha quejado --he creído
entender-- de la falta de debate sobre este proyecto de ley en las
universidades. Yo quiero recordar que llevamos años de debate, porque lo
que estamos discutiendo en esta Cámara en estos momentos es la segunda
versión de la reforma de la LRU. Ya en la legislación anterior fue
presentado un proyecto de reforma de la LRU que se debatió largamente en
las universidades. En todo caso, el Rector ha pedido que, exactamente
igual que se ha debatido en su universidad, se discuta en las otras
universidades. Naturalmente, el Gobierno no tiene ninguna facultad para
obligar a realizar ese debate. Si la Universidad Politécnica de Madrid lo
ha querido debatir, nos parece espléndido; si hay otras universidades
que no lo han querido debatir, es responsabilidad suya, pero, desde
luego, nunca del Gobierno.
Yo querría formularle dos preguntas, al igual que hemos hecho con otros
comparecientes, basadas en la siguiente idea. Usted conoce perfectamente
bien que lo que se discute aquí no es solamente el proyecto de ley
presentado por el Gobierno, sino también las diferentes enmiendas
presentadas por distintos grupos, de tal forma que, al final, puede salir
un proyecto bastante distinto. Quiero decirle que el Grupo Socialista
también ha presentado un paquete de enmiendas, algunas de ellas
relacionadas con las críticas que usted ha expuesto. Por ejemplo, hemos
presentado un paquete de enmiendas relativas a lo que deben ser las
comisiones de evaluación y su papel.
Mi pregunta no está relacionada con lo que usted piensa sobre el proyecto
de ley, sino con lo que usted pueda pensar de otros textos que vamos a
discutir también aquí. ¿Qué opina el profesorado de su Universidad --en
opinión del Rector-- sobre la propuesta de resucitar el antiguo sistema
de oposiciones tradicionales para el acceso al profesorado? Es decir, un
sistema de oposiciones centralizadas, un sistema de oposiciones en el que
los tribunales son también centralizados y escogidos por sorteo, no
nombrados por la universidad, y donde los ejercicios que se van a aplicar
son los que existían antes de 1982. A esta propuesta se le da el nombre
de habilitación. Me gustaría conocer la impresión del Rector sobre esta
resurrección de las antiguas oposiciones centralizadas.
Segunda pregunta relacionada con lo anterior. Es decir, propuesta del
mismo Grupo Parlamentario como alternativa a la LRU. ¿Cree usted que es
compatible con la autonomía universitaria el modelo que se nos propone
por parte de algún grupo? Primero: habilitación, oposición tradicional
centralizada. Una vez que los candidatos han superado esa habilitación
deben pasar por una nueva prueba en sus respectivas universidades. Sin
embargo, estas universidades no seleccionan entre los habilitados sino
que, sencillamente, ordenan, como ellos prefieran, a los comparecientes y
remiten esa lista de comparecientes al Consejo de Rectores, que llama a
los candidatos a profesor y decide. El Consejo de Rectores es el que
tiene la última palabra. (El señor Ollero Tassara: Está faltando a la
verdad sistemáticamente.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, no tiene la palabra.
El señor LAZO DIAZ: Nos gustaría, señor Rector, conocer su opinión sobre
este modelo de acceso al profesorado que, junto con el modelo que propone
el proyecto de ley, va a ser discutido en esta Cámara. (El señor Ollero
Tassara pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, no le voy a conceder la palabra.
El señor OLLERO TASSARA: Es una cuestión de orden, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Intuyo que S. S. va a protestar porque el portavoz
del Grupo Socialista se ha referido a sus enmiendas.
El señor OLLERO TASSARA: No.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, el portavoz del Grupo
Socialista está en su derecho de referirse a las enmiendas de mi Grupo,
como yo me refiero a las del suyo. En lo que no está en su derecho --y si
lo hiciera S. S. debería intervenir adecuadamente «a posteriori»-- es en,
aprovechando que habla después de nuestro Grupo, tergiversar el contenido
de nuestras enmiendas porque sabe que no tiene posibilidad de réplica.
Esa es una actitud impresentable, parlamentariamente hablando, y lo ha
hecho en más de una ocasión aprovechando este tipo de comparecencias. Al
igual que en otros trámites en esta Casa, cuando alguien ha sido
abiertamente contradicho, aunque no tenga turno, se le debe conceder, yo
debería disponer de un minuto siquiera para decir los aspectos
absolutamente falsos que se acaban de afirmar aquí y para evitar, en el
caso de que el señor compareciente no conozca el texto de nuestra
alternativa --asunto que desconozco--, que se vea obligado a opinar sobre
asuntos que son falsos. Simplemente eso.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, le voy a conceder la palabra para que
establezca los términos justos de su propuesta en un tiempo muy breve. En
cualquier caso, quiero advertirle lo siguiente. El señor Lazo ha hecho
referencia a otras propuestas sometidas a debate y presentadas por otros
grupos; es cierto que en alguna ocasión ha hecho referencia a un grupo en
concreto, pero yo le sugeriría que no se diese por aludido más de lo
necesario, puesto que no se ha hecho en otras ocasiones. Lo digo a esos
efectos.
Tiene la palabra S. S. para puntualizar en lo que considere que ha sido
falseamiento de las propuestas de su Grupo.
El señor OLLERO TASSARA: Quiero puntualizar dos menciones que obviamente
se refieren a mi Grupo puesto que ningún otro las ha planteado. En primer
lugar, la habilitación de la que se ha hablado no supone, en modo alguno,
la reproducción de la fórmula de las oposiciones anteriores ni en su
número de ejercicios, puesto que lo que se contempla es simplemente una
prueba del programa, como el mismo proyecto ha acabado haciendo, pero no
a voluntad de las universidades, su carácter centralizado lo es tanto
como el de los tramos; ni por supuesto tiene nada que ver lo que ha dicho
de que al final el Consejo de Universidades va a ser el que nombre. El
Consejo de Universidades se limita --como hace hoy, por cierto-- a
publicar al final quién se ha quedado con cada plaza, lo cual depende de
la voluntad libre de los propios opositores que hayan elegido una plaza u
otra y de las propias universidades que hayan elegido a un habilitado u
otro. Por tanto, el
Consejo de Universidades es una pura estafeta, como lo es hoy. (El señor
Lazo Díaz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No, señor Lazo.
El señor LAZO DIAZ: Solamente, señor PresidenteÉ
El señor PRESIDENTE: No, no, señor Lazo.
Es posible que SS. SS. quieran debatir las diferentes propuestas que cada
Grupo ha hecho. Van a tener ocasión de hacerlo a lo largo del debate en
esta Comisión y en la Ponencia, donde podrán decir lo que quieran. Mi
obligación es que esta comparecencia para expresar la opinión de los
rectores no se convierta en un debate entre los grupos, que tendrán su
momento. Habrá todas las sesiones que haga falta para discutir entre los
diferentes grupos.
El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, no voy a entrar en el tema. Quiero
dar tres números.
El señor PRESIDENTE: No, señor Lazo. Tendrá ocasión su señoría.
El señor LAZO DIAZ: Quiero referirme a su enmienda para que el señor
Rector pueda localizarla.
El señor PRESIDENTE: No, señor Lazo. No tiene S. S. la palabra.
Señor Rector, le quiero advertir que, efectivamente, ha sido solicitada
su comparecencia para que hable del proyecto de ley. Comparto la
observación que ha hecho el señor Ollero de que no tiene obligación de
conocer las diferentes enmiendas y el estado del debate y, por tanto,
esta Presidencia le libera de entrar en opiniones sobre cuestiones muy
puntuales que hayan sido publicadas o no en el diario oficial.
Quiero también señalarle que si a alguna de las preguntas que han sido
formuladas por los diferentes grupos no le puede dar contestación en
estos momentos y quiere hacerlo, la Comisión está abierta a recibir con
posterioridad cualquier escrito, aclaración complementaria, etcétera. Es
más, si por lo que hemos escuchado, su Universidad ha hecho una
evaluación de carácter global y quiere hacerla llegar a esta Comisión por
escrito --algunos otros comparecientes lo han hecho--, con sumo gusto
distribuiremos entre los diferentes grupos las opiniones.
Para contestar a las preguntas formuladas, tiene de nuevo la palabra el
señor Rector.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (Portaencasa
Baeza): Quiero darles las gracias (antes fui muy mal educado, les pido
que me perdonen, porque lo primero que tenía que haber hecho es darles
las gracias) por haberme invitado a participar en esta reunión para
explicar nuestro punto de vista. Ante los 15 minutos que me concedió el
señor Presidente no quise perder ni un minuto, pero ahora que no me ha
tasado el tiempo, aprovecho para hacerlo, con su permiso, señor
Presidente.
Me han hecho tantas preguntas que si quisiera contestarlas todas tendría
que escribir una nueva Ley de Reforma Universitaria, porque sus opiniones
reflejan realmente algo que es importante.
Voy a dar la vuelta a las preguntas de los señores Lazo y Ollero. En
primer lugar, de las opiniones de los portavoces de Izquierda Unida y
Partido Popular queda claro que hace falta un debate limpio, así como un
proyecto global, que comprende muchos puntos. Creo que ustedes mismos lo
perciben y noto su sensibilidad al respecto. Hoy no tenemos tiempo para
profundizar en este punto, pero el problema grave es hacer sólo un
proyecto parcial, porque se necesita un proyecto amplio.
Voy a mezclar preguntas y respuestas en algunos de los temas. Me
preguntaban si conozco las enmiendas. Lamentablemente, no las conocemos
en la comunidad universitaria. En la última reunión del Consejo de
Universidades en la ciudad de Salamanca, creo que en el mes de diciembre,
públicamente --está en el acta de la reunión-- le pedí al Presidente del
Consejo de Universidades --y el Secretario de Estado contestó en su
lugar-- qué pasaba con el proyecto de ley de reforma universitaria y si
nos podrían distribuir las enmiendas. Y oficialmente se me contestó que
las enmiendas no se podían distribuir porque eran confidenciales. Debemos
conocerlo en la comunidad universitaria. Yo no tengo las enmiendas
oficialmente, esto es real. Hablo del mes de diciembre, cuando tenía
copias que se me habían facilitado y que están publicadas. Yo creo que es
bueno que las conozca la comunidad universitaria porque, por lo que yo he
hojeado en las enmiendas que he recibido subrepticiamente pero que no he
podido leer con concreción, hay temas que se han mejorado por todos.
Indudablemente, hay puntos que sí he analizado en las enmiendas del
Partido Socialista que creo que mejoran algunos de los textos, y pienso
que se debían repartir en las universidades para que se conocieran y
percibir estos puntos de vista. Creo que estamos en una época en que
cuanto más pública sea la información, mejor. Esa es mi opinión, señor
Lazo. Por eso le digo que no tenía las enmiendas y que me hubiera gustado
tenerlas. Repito que hablo del mes de diciembre cuando tuvimos la reunión
del Consejo de Universidades en Salamanca, donde hice esa pregunta
pública al señor Presidente del Consejo.
Voy a intentar contestar brevemente a muchas preguntas, pero a otras no
puedo contestar. Las preguntas del señor Ollero se refieren a centros,
escuelas y departamentos. Este es un tema complicado en las
universidades, porque tenemos modelos distintos. Hay universidades
nuevas, pero yo siempre procuro, señor Lazo --y también le agradezco que
se haya dado cuenta de ello--, hablar a nivel general. Mi experiencia
está basada en el modelo de la universidad que dirijo, pero creo que
debemos hablar de universidades en general, estando por encima de los
problemas nuestros de cada día. Reconozco y agradezco la sensibilidad del
señor Lazo al apreciar mi intervención.
Las escuelas y departamentos, o centros y departamentos, funcionan de
manera distinta según las universidades y según el modelo en el que
estemos: universidades antiguas o universidades nuevas. Las universidades
de nueva
creación lo han sido con estructura departamentaria y han funcionado muy
bien. En las universidades antiguas, tipo la mía, donde hay una enorme
dispersión geográfica de nuestros centros, en donde no hay un campus
común, la estructura departamental no ha funcionado como en el modelo de
la LRU. Pero hay algo de la LRU que me gusta y que sigo defendiendo
siempre: la pluralidad, la riqueza que debe tener la universidad, lo rica
que debe ser en modelos distintos de universidad. Creo que esto es lo que
tenemos que tratar de conseguir: que la universidad siga siendo rica, en
el sentido de imaginación, y que puedan convivir diferentes modelos. Que
puedan convivir diferentes modelos es bueno porque, a veces, homogeneizar
no es bueno cuando algo funciona, porque sería destruir lo que está
funcionando. La relación escuelas y departamentos, centros y
departamentos es compleja y complicada. En nuestra universidad no ha
funcionado bien y sigue sin funcionar bien, repito, pero uno de los
problemas que tenemos es la dispersión geográfica. Con centros con
distancias de 30 o 40 kilómetros entre sí, y sin la ubicación en un
campus único, es verdaderamente imposible hablar de una estructura
departamental. Por ejemplo, montar un departamento de matemáticas. Sería
lo normal pero la gente no se ve ni se conoce porque están trabajando en
lugares muy diferentes, con distintas bibliotecas.
En cuanto al papel del Consejo de Universidades, opinamos que ha
acaparado demasiado protagonismo. Mi opinión --y la de otros secretarios
generales del Consejo de Universidades que hubo en momentos anteriores--
es que debe ser un órgano coordinador. El Consejo de Universidades debe
ser un coordinador y no un ejecutivo. Esto es lo que le atribuye la LRU,
porque la propia Constitución señala como derecho fundamental la
autonomía universitaria. Lo reconoce, para bien o para mal, pero es lo
que está escrito en la Constitución que tenemos. Debemos tener esto en
cuenta y el Consejo de Universidades debe ser un órgano coordinador.
¿Que haya posibles alternativas? Evidentemente, la vía de una conferencia
de rectores --como en su tiempo la hubo-- que haga esta coordinación
podría ser una buena idea. Puede ser una buena solución, pero entendiendo
que, en cualquier caso, ese órgano, con una estructura más o menos
amplia, debe ser un organismo coordinador y nunca un organismo ejecutivo;
ha de tratar de coordinar las actuaciones en el funcionamiento de las
universidades.
¿El Consejo Social? Lo que yo dije, en una reunión no hace mucho tiempo,
es que el Consejo Social se creó con muchas ilusiones. Después, el
Tribunal Constitucional le quitó competencias en temas muy importantes y
le ha dejado en estos momentos con una sola competencia, que es la de
aprobar el presupuesto de las universidades. Otras competencias no le ha
dado, porque se las quitaron las sentencias del Tribunal Constitucional,
por lo que debía buscarse la fórmula por la que el Consejo Social pudiera
potenciar a la universidad. A la universidad debe fiscalizársela por
donde sea. El propio Parlamento puede ejercer su función fiscalizadora,
como elemento que reparte los presupuestos del Estado sobre las propias
universidades. Estamos todos dispuestos a cualquier fiscalización de
nuestro funcionamiento, pero también debe procurarse una participación de
la sociedad en la universidad y mejorar la participación de las empresas,
del mundo social. Hay que ver cómo se hace. También debe reestructurarse
en su conjunto --por lo menos es lo que opinamos en nuestra
Universidad--, potenciando unas cosas y limitando otras. Con ese nombre o
con otro, no lo sé. Pero, desde luego, debe existir una conexión adecuada
con la sociedad y no sólo la fiscalizadora, que también se debe seguir
ejerciendo. Hay elementos para ello: el Tribunal de Cuentas, el propio
Parlamento o cualquier otro ente que pueda desarrollarla.
La selectividad. En nuestra Universidad siempre hemos hablado de que un
tema que se debe abordar es el de la movilidad absoluta, el distrito
compartido. Nosotros creemos que el derecho de cualquier español, haya
nacido donde haya nacido, es estudiar donde él quiera según su capacidad
mental, según sus resultados.
¿Qué es lo que sucede ahora? Este de la selectividad es un tema que nos
llegaría horas de debate. ¿En las universidades es necesario que haya
selectividad, sí o no? Por descontado, hace falta selectividad. ¿Que hay
que mejorar el sistema? Por descontado. ¿Que hay que procurar que el
sistema sea lo más objetivo posible? Por descontado. ¿Que los estudiantes
tienen que tener movilidad? ¡Claro! Que un estudiante de La Coruña pueda
estudiar en Madrid. Hoy no puede estudiar en Madrid, salvo en su distrito
o salvo que subrepticiamente firmemos un convenio con esa universidad,
como lo estamos haciendo, para dar derecho a los estudiantes de ese
distrito. Yo tengo firmados convenios con la Universidad de Castilla-La
Mancha, con la Universidad de La Laguna y no sé si con alguna otra,
porque los dos Rectores hemos querido dar facilidades a los estudiantes
de esas universidades. A mí me parece que ese derecho a todo español se
le debe dar, teniendo en cuenta que la movilidad debe de conseguirse,
para que un estudiante tenga derecho a estudiar, por su nota, en donde
quiera. Esto mejora la competitividad de las universidades claramente,
porque vendrán los mejores estudiantes, los de más nota, a las
universidades de mayor prestigio. Esto es bueno para las universidades
porque estimula la competencia, que es otro aspecto de la LRU en el que
yo creo. La competitividad universitaria es muy importante, la
competitividad en la excelencia. Y creo que la movilidad debe abrirse
aunque sean muchos los problemas que haya de becas, etcétera.
En nuestra Universidad también hemos hablado de los exámenes para los
concursos de profesorado. Creo que a nadie le gustan los exámenes
antiguos. Lo que sí creemos es que debe mejorarse el examen poniendo
obligatoriamente un ejercicio. Estamos totalmente convencidos; quizá los
únicos no convencidos son los que tienen que pasar por el ejercicio, pero
todos los que lo tenemos superado o los que estamos examinando
constantemente creemos que no debemos dejar de hacer ese ejercicio. Lo
digo porque, a veces, uno duda de que lo que está escrito sea o no real
cuando uno solamente lee un currículum. ¿Hay posibilidades de preguntar?
Claro; yo he examinado a mucha gente. Pero si estás examinando un
currículum y no sabes si es con el plan antiguo o con el plan nuevo. Con
el plan antiguo machacabas a una persona, pero con el plan nuevo
a veces puedes aprobar a un ignorante. ¿Por qué? Porque puede haber un
currículum en el que no puedes comprobar exhaustivamente la autoría
exacta de un artículo que tiene diez autores; los artículos multiplican
el número de autores. La dirección de tesis doctorales se multiplica, y
hay tesis codirigidas y teledirigidas, lo que nos hace empezar a dudar de
la eficacia de la evaluación simplemente de los currículum y le entran a
uno ganas de preguntar con tiempo y con detalle. La ley lo da tan
marginalmente que yo creo que se debe poner, no voluntaria sino
obligatoriamente en las pruebas de titular y de catedrático, un
ejercicio. Estamos convencidos de ello, por lo menos en nuestra
Universidad.
Yo siempre he dicho --lo hemos señalado más de una vez-- que un profesor
universitario, el día que se examine, sepa al menos el programa de la
asignatura, y hoy no se da este caso. A mí me preocupa muchas veces, si
estamos aprobando para titular o para catedrático a personas que se sepan
el programa de la asignatura. Tampoco es tan grave que presenten un
programa de cincuenta lecciones, que la saquen a sorteo y, por bombo,
salga una lección y la cuenten. Todos lo hemos hecho y no pasa nada.
Pienso que se debe poner obligatorio, no voluntario.
Incluso habría que reducir el número de componentes de la universidad.
Nosotros tenemos perfectamente asumido que, en vez de dos personas que
nombre la universidad, nombrara a una sola. Porque, ¿cómo se nombra a
estas dos personas? Hay veces en que se puede llegar a que el propio
candidato, a través del departamento en el que está, pida al consejo del
departamento que le proponga a estas dos personas. Cuando le llega al
rectorado tiene tantas aprobaciones de comisiones que es muy difícil
cambiarlo. Creo que sería mejor que solamente hubiera, a lo sumo (y digo
a lo sumo) una persona designada por la universidad para que coordine las
fechas de convocatoria, etcétera. Mejora la efectividad del sistema si
existe una prueba, por descontado obligatoria, sobre una lección y que la
cuente, para no aprobar a un mudo; que tengamos gente que sepa
docentemente expresarse y que lleguen a un nivel de la docencia. Alguien
dice que sólo en titular, pero yo digo que en los dos niveles: en titular
y en catedrático, en todos. Es una prueba de docente; son profesores que
estamos seleccionando. Examinémosle de una lección de un programa de la
asignatura. No es tan grave ni a nadie se le caerían los anillos. Salvo,
como digo, los que tengan que examinarse mañana, que no lo quieren, la
mayoría de las personas en las universidades pensamos que debe hacerse
así.
No quiero entrar en el tema de habilitación o no. Yo diría, dentro de los
datos históricos, que hace tres años la habilitación era una propuesta
del Ministerio de Educación. Después se cambió. Ahora vuelve a salir con
una propuesta de otro grupo, las cosas van y vuelven en el sistema
educativo. Los que llevamos mucho tiempo en este sistema vemos cómo van
evolucionando. No voy a entrar en el tema de la habilitación, porque no
lo hemos debatido en nuestra Universidad. Puedo tener mi opinión
concreta, pero no voy a entrar en ello.
Hay un punto clave sobre el que no me ha preguntado nadie y yo lo voy a
mencionar: tenemos que respetar una figura muy importante en la
universidad española que son las Escuelas de Ingeniería Técnica y
Arquitectura Técnica. Nunca nos olvidemos de ellas. Los titulados de esas
escuelas que puedan impartir docencia en los centros --no nos olvidemos
de que una clave del desarrollo de nuestro país, en el ámbito de la
ingeniería y no sólo en nuestra universidad-- no son sólo los ingenieros
y arquitectos, sino también los ingenieros técnicos y los arquitectos
técnicos. Debemos preocuparnos de que estas escuelas subsistan, porque
son carreras terminales y hemos de potenciarlas. No es el priciclo de una
carrera superior sólo, aunque se mire así; es una carrera terminal con
experiencia, con conocimiento de la sociedad, con participación. De ahí
que sea muy importante que se potencie esta figura e incluso que se
potencie el que los titulados de estas carreras, en materia de sus
tecnologías, puedan impartir las docencias en las escuelas.
Se ha debatido el proyecto de ley poco. Tiene razón el señor Lazo en que
ésta no es misión del Congreso de los Diputados, sino que es misión de
cada universidad. Pero cuando se recogen opiniones de universidades no
olviden que les estoy diciendo que las universidades que nos hemos
manifestado por juntas de gobierno u órganos colectivos tenemos muchas
críticas al proyecto. Las universidades que sólo se han manifestado por
boca de su rector no han dicho lo mismo, es cierto. Analicen y filtren
para ver el sentimiento en el colectivo universitario la sensibilidad que
tienen al respecto.
En estos momentos, ¿por qué no se habla del tema? Porque en la
universidad se cree que este tema está muerto, que ya no hay modificación
del proyecto, y no se conoce que se está debatiendo sobre ello, y yo me
alegro de estar hoy aquí con sus señorías. Si se les hablara del tema y
se vieran las líneas a las que puede afectar, tengan por seguro que
habría en las universidades debates sobre ello. En mi Universidad me
decían hace poco tiempo: Ya ha desaparecido el proyecto. Pues no, no ha
desaparecido, ni muchísimo menos, sino que es un proyecto que hay que
tener en cuenta y tiene que abrirse al debate.
Me pregunta el señor González (y también le agradezco sus
agradecimientos) sobre medidas legales que deben caracterizar o mejorar
muchas cosas. Yo no puedo hacer lo que me pide. Lo que sí es cierto es
que, sin entrar en cómo hay que hacerlo, hay que mejorar la
gobernabilidad de las universidades. Todos los rectores y las personas
que estamos en el mundo universitario entendemos que, dentro de la
democracia, debe mejorarse la gobernabilidad, que son dos conceptos
coexistentes: democracia y gobernabilidad. ¿Cómo hacerlo? Hay muchas
fórmulas, pero generaría un larguísimo debate poderles indicar mi punto
de vista o el de otras muchas personas. Hay que mejorar la gobernabilidad
de las universidades, repito, dentro del sentimiento democrático.
Nos eligen rectores con un programa electoral que presentamos. Tenemos
que pasar cada línea de ese programa electoral por veinte mil órganos
para poderla sacar adelante, pero podemos no cumplir ninguna de las
líneas de nuestro programa electoral por el que fuimos elegidos porque
hay problemas. Lógicamente, hay que analizar cómo se gobiernan las
universidades en el momento actual; con
un carácter, empresarial, con un carácter moderno, con un carácter de
cara al siglo XXI. La universidad debe organizarse con un carácter
abierto hacia la sociedad. La universidad no debe estar encerrada en sí
misma. La universidad debe ser participativa, plural; debe tener muchos
aspectos y, sobre todo, enfocada hacia la sociedad a la que se debe y a
la que le paga. Tampoco creo (no me lo han preguntado ustedes) que la
universidad se pueda privatizar. Hay que tener mucho cuidado con ello. Yo
creo que hay que tener una independencia económica fuerte para poder
funcionar bien en universidades públicas que somos, porque si exageramos
podemos llegar a una privatización excesiva de la universidad, y no sería
lo adecuado; en esa línea, también es un punto muy importante.
¿Que tengan competencias los consejos sociales? ¡Claro que tienen que
existir los consejos sociales --o como queramos llamarlos--, con unas
competencias que deben estar siempre enfocadas a mejorar y potenciar lo
que la universidad necesita! Yo he echado de menos a veces cómo utilizar
(perdón por la palabra utilizar) o ser ayudado como rector por el propio
consejo social para la obtención de recursos; cómo poder utilizar ese
mundo empresarial y social, con el que contamos, de los sindicatos y de
las empresas, para poder ayudar a la universidad en sus necesidades de
recursos, de desarrollo, de potenciación. Además del control, ¡claro que
sí! ¿Cómo poderlo hacer? No sé cómo. Se me ocurre cómo, pero no voy a
decirlo aquí. Es un tema que a SS. SS. seguramente se les ocurrirá mejor
que a mí.
Me habla también del artículo 26.3 de la LRU. ¡Claro que es maravilloso!
Pero es utópico. Si no tenemos dinero para nuestros gastos generales de
funcionamiento, ¿cómo vamos a crear becas, cómo vamos a dar ayudas y
créditos a los estudiantes, cómo vamos a hacer la exención de tasas, si
las tasas suponen el 20 por ciento de nuestro presupuesto, y no nos
llegan los presupuestos para terminar el año, en estos momentos? Los
presupuestos son muy escasos y muy justos, y hablo de una universidad que
se considera que tiene buenos recursos. Ahora que estamos elaborando los
presupuestos, no sabemos cómo vamos a terminar el año 1995. Hay un punto
fundamental, que es pagar las nóminas, y nos encontramos con graves
problemas económicos en el desarrollo de las universidades. Y hablo de
una universidad sin endeudamientos, porque nosotros no tenemos
endeudamientos, estamos en números negros, no en rojos. Nunca hemos
estado en números rojos en la Universidad Politécnica de Madrid, ni creo
que en casi ninguna; alguna a lo mejor sí, pero no en la nuestra. No
debemos caer en esa filosofía fácil y barata de endeudarse; jamás lo
haremos, mientras yo sea Rector. Pero no tenemos dinero para ello. ¿Cómo
podemos ayudar con becas? Estamos ayudando a la partida del 0,7 por
ciento, muchísimo. Y, ¡cuidado!, que yo he dicho más de una vez que el
0,7 más el 0,7, más el 0,7, vamos a llegar al 2 o al 3; hay que
analizarlo con cuidado. Esto hay que decirlo muy claro. Estamos dedicando
dinero a programas de cooperación con Iberoamérica, con el mundo
africano, con los países de la Europa del Este, ¡claro que sí! Hacemos lo
que podemos, pero exenciones de tasas, si pudiéramos, encantados; casi no
podemos; damos algo, pero muy poco, es minoritario, casi nulo. Luego, el
artículo 26.3 de la LRU quítese o dótesele. Yo creo que ésta es la línea
de lo que usted me quiere indicar. Dótenle de dinero. Pero ¿quién tiene
que dotarlo, si no tenemos para otras cosas? Es grave el problema.
Yo también quiero incentivar las carreras de ciclo corto. Creo que la
pirámide la tenemos invertida. Es una barbaridad que en estos momentos
estemos sacando más titulados superiores que titulados de escuelas
cortas. Sin embargo, solamente en las ingenierías nos hemos ido a las
carreras de ciclo corto. En las otras han fallado las diplomaturas. Yo no
he visto que hayan sacado diplomaturas en muchas carreras, y no menciono
ninguna. En muchas licenciaturas no han sacado casi diplomaturas nuevas;
en las ingenierías, sí. ¿Cómo se incentivan? Yo creo que es complicado
porque es un tema sociológico. Hay un factor sociológico. Potenciando
socialmente a sus titulados, dándoles el máximo respeto en la sociedad.
En las ingenierías técnicas, hoy se colocan todos, no hay paro, salvo en
arquitectura, a lo mejor; en las otras, no hay paro. Hay un índice de
paro normal, pero pequeñísimo. ¿Cómo se incentivan? También se me ocurren
cosas, pero desde luego es un tema de aspecto sociológico. Si fuésemos
estudiosos de lo ocurrido antes de la época de Carlos III, generaríamos
otras titulaciones distintas. Quizá haya que enfocar para el año 2020,
poco a poco, cómo poder mejorar el tema. Quizá no es afortunado que unos
se llamen ingenieros técnicos y otros ingenieros superiores. A lo mejor
se tendrían que llamar todos ingenieros; unos de un tema más específico
y, otros, de un tema más amplio. Es un asunto sólo sociológico. También
hay otra demagogia que actualmente se practica: a todo señor de ciclo
corto casi le estás llevando a que haga el ciclo largo. ¿Por qué no le
convences de que eso es una carrera terminada y por qué no le hablas
tanto de la necesidad de las pasarelas? ¡Qué más da las pasarelas! Si tú
eres algo, eres algo importante que la sociedad te demanda; no te
preocupes de ser algo en este escalón para seguir al siguiente. Hazlo si
quieres; pero convéncele de que se quede en este escalón y poténcialo.
Eso es muy importante. Cualquier idea en esa línea yo trataré de
transmitírsela, pero, repito, que me piden que les hable de un nuevo
proyecto de LRU y eso no es lo que yo puedo decirles.
Respecto a ese estudio del Consejo de Universidades sobre financiación de
las universidades, quiero decirles que ese estudio es un documento --voy
a cambiarle sus palabras y le corrijo, señor González-- de trabajo que la
secretaría del Consejo de Universidades ha entregado en su reunión del
mes de diciembre o de enero en Salamanca. Un documento de trabajo que, a
petición mía y de algún otro rector, debe ser debatido por las
universidades y llevado a un debate del Consejo de Universidades. Es un
documento de trabajo, no es un documento final y alguno lo está tomando
como tal; por lo menos, no es mi sentimiento ni el del Consejo de
Universidades, en donde yo estuve. Estamos empezando a debatir este
documento en nuestra universidad y está siendo terriblemente contestado
también. Es un documento que hay que analizar, estudiar y mirar. Es un
documento muy bonito, pero también lo encontramos
muy utópico en muchas universidades en todos los debates que se han
hecho. En nuestra Universidad las juntas de personal y las centrales
sindicales, también lo están debatiendo y encuentran los mismos
problemas, que es bastante utópico. Yo todavía no tengo la opinión de
nuestra junta de gobierno, pero cuando la tenga, se la transmitiré, por
descontado, al Consejo de Universidades, pero es un documento de trabajo
del Consejo de Universidades; todavía no es, en mi opinión, documento
final.
¿Se necesita una ley de financiación o algo que garantice la financiación
de las universidades? Evidentemente. Es necesario que se garantice su
independencia y su financiación, porque tendremos el desarrollo en el
país que queramos --y éste es un mensaje que les transmito a ustedes
también-- según las universidades que tengamos. Algún político europeo,
concretamente Mitterrand, hace bastantes años, decía que el desarrollo de
un país va vinculado al de sus universidades. Luego, si logramos
desarrollar nuestras universidades, lograremos desarrollar mejor nuestro
país. Ahora bien, si las limitamos el dinero, si las limitamos en
duración de las carreras porque no haya dinero suficiente, estamos
degradando esta enseñanza. Si no les damos los medios económicos
suficientes, el tema puede ser grave para el desarrollo de las
universidades y quizá, lamentablemente, para el desarrollo del país. Y no
hablo por la mía, estoy hablando en general. Creo que debemos de tener
universidades buenas, pero hay que pedirles que rindan. Exíjanles a las
universidades rendimientos, exíjanles que nuestros titulados se coloquen,
que no haya endogamia, por descontado. Contrólense las universidades
exhaustivamente, pero dótenlas.
La evaluación de las universidades con módulos objetivos también es muy
importante. Siempre tienen que ser órganos externos, mejor
internacionales que nacionales. Fíjese en que, cuando se habla de
evaluación, ya se está señalando en ese documento que se van a eliminar
algunos factores como, por ejemplo, la contratación con la empresa. Es
muy importante que una universidad --por lo menos, eso es lo que
entendemos-- sea abierta a la sociedad. Solamente se ve la apertura de
una universidad a la sociedad según trabaje en desarrollar convenios de
I+D con la empresa, con la sociedad. Ya se me ha dicho que ese tema queda
fuera, pero hay otros factores muy difíciles de medir; por ejemplo, los
rendimientos son muy complicados de medir. Si se mide simplemente porque
muchos alumnos aprueben, eso puede conducir a que algunas universidades
digan: Vamos a aprobar a todos para que nos evalúen bien. Y sería grave.
Hay una serie de factores que debemos cuidar mucho para que la evaluación
sea la real, la que se tiene que hacer.
Títulos generalistas en las universidades. No sé a qué se refiere S. S.
cuando habla de títulos generalistas. Si luego me lo aclara, podría
tratar de contestarle.
Yo comprendo que el señor Lazo no comparta, pero agradezco que entienda
que mi intervención es puramente técnica. Estoy exponiendo lo que en mi
Universidad se ha dicho. Quiero decirle que es, honestamente, el
sentimiento de mi Universidad, pero también es el sentimiento de muchas
universidades, incluidas todas las de Cataluña, que tienen el mismo
sentimiento respecto a este proyecto de ley, y lo hemos debatido en
juntas de gobierno. Es lógico que esto sea así, pero yo creo que la
sensibilidad de cualquier grupo parlamentario tiene que estar abierta a
lo que siente el colectivo para el que se legisla. Es el sentimiento de
los colectivos de catedráticos de universidad, de los colectivos de
profesores titulares de universidad, de los colectivos de escuelas
universitarias; son muchos los colectivos que opinan en esta forma. Hay
que tener esto en cuenta y hay que tener en cuenta también las críticas.
Estoy convencido de que cualquier tema que se debate públicamente genera
veinte intervenciones distintas, pero hay que tratar de entender lo que
las mayorías quieren, respetando a las minorías. En este caso, el
sentimiento de la mayoría está más en la línea de lo que yo digo --aunque
les ruego perdonen que mi intervención sea crítica, pero les repito que
es puramente técnica--, que en la otra línea.
Como ya he dicho, no puedo hablar de las habilitaciones porque no
considero adecuado el tema ni lo conozco en profundidad. Lo debatimos
hace tiempo, cuando fue una propuesta que hacía entonces el Ministerio de
Educación, y en nuestra universidad había gente a favor y gente en
contra; no hubo unas opiniones acentuadas al respecto. No voy a entrar en
ello. Lo que sí digo es que hay que mejorar el sistema de exámenes.
Procuren que se examine mejor a los profesores. Lo he dicho públicamente
en mi Universidad, todo el mundo lo sabe y es el sentimiento que nosotros
tenemos: cuando más garanticemos que los exámenes sean lo más completos
posible, creo que es lo mejor. Póngase obligatoria la prueba, no
voluntaria; quítese un miembro del tribunal, déjenlo sólo en uno nombrado
por la universidad. Repito, aunque a alguno no le guste (yo diría que ahí
no tendría la unanimidad de mi colectivo), la gran mayoría del colectivo
serio estará de acuerdo en que la mejor manera de eliminar la endogamia
es eliminar los vocales de la universidad, reducirlos a uno, no a dos;
uno es mejor que dos. Uno debe de haber por coordinación, pero nada más
que por esta razón. No tiene por qué ser el presidente, podría ser el
secretario de la comisión. Da igual, pero uno solo, mejor que dos. Y
obligatoriamente prueba, por descontado, en todos los niveles.
Perdón, señor Presidente, quizá me haya alargado, pero no me fijó tiempo.
Lamento si algo se me ha olvidado y les pido disculpas. Repito que mi
intervención es puramente técnica y con la técnica es con la que he
venido. No de ingeniería técnica, técnica en todo el sentido de la
palabra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rector.
Creo que hemos cumplido entre todos el tiempo previsto. Para terminar
esta comparecencia, quiero señalarle que, por parte de esta Comisión, no
hay ningún inconveniente en hacerle llegar las enmiendas presentadas al
proyecto de ley. Probablemente --no puedo recordar ahora con exactitud--,
se pueda estar refiriendo a una fase en la que no estaban publicadas en
el diario oficial, pero en este momento ya están publicadas. Por tanto,
son de universal conocimiento. Si hay dificultades por parte de alguna
universidad, organismo o persona del ámbito universitario
para acceder al diario oficial donde figuran las distintas enmiendas,
esta Presidencia se ofrece para hacérselas llegar.
Concluido el debate de esta comparecencia, agradecemos muy sinceramente
la presencia del señor Rector. Insisto en que si alguno de los temas
tratados considera oportuno que debe hacerse llegar a los diferentes
grupos, puede remitirnos el documento y lo repartiremos entre los
diferentes miembros. Tenga la certeza de que efectivamente el proyecto
sigue en trámite. El próximo día 8 reanudará sus trabajos la Ponencia.
Esperamos que en las próximas semanas esta Comisión pueda dictaminar el
proyecto. Es interés expresado por todos los grupos que en un plazo
relativamente breve el proyecto esté en el «Boletín Oficial del Estado»
como ley.
Si se ha ralentizado la tramitación obedece a que, por acuerdo de todos
los grupos, hemos hecho una especie de paréntesis para recabar la opinión
de diferentes estamentos universitarios. Eso ha podido dar la sensación
de que habíamos abandonado el debate. Al revés, lo hemos abierto. Lo que
pasa es que ese paréntesis, al ser bastantes las peticiones de
comparecencia, dura ya meses. Muchas gracias, señor Rector.
--DEL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA (UNED),
PARA QUE EXPONGA LAS PECULIARIDADES QUE DEBERIA CONTENER LA MODIFICACION
DE LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA EN TRAMITE, CON EL FIN DE ADAPTARSE A
LAS PECULIARIDADES DE DICHA UNIVERSIDAD. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 212/001291.)
El señor PRESIDENTE: Corresponde ahora la comparecencia del señor Rector
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), solicitada
por el Grupo Federal de Izquierda Unida para que explique las
peculiaridades que debería contener la modificación de la Ley de Reforma
Universitaria, en trámite.
En primer lugar, quiero agradecer, en nombre de toda la Comisión, la
presencia del señor Rector y explicarle que estamos en la fase de debate,
que la Ponencia de este proyecto de ley se constituyó ya, que va a
continuar el trabajo en las próximas semanas, que la propia Comisión va a
emitir el dictamen, y que previamente estamos recogiendo la opinión de
diferentes ámbitos universitarios sobre el citado proyecto de ley.
Para que no ocurra como en la comparecencia anterior, quiero advertirle
que puede referirse, tanto al proyecto remitido por el Gobierno como a
aquellos elementos que hayan sido introducidos ya en el debate por vía de
enmiendas. No tiene que ceñirse exclusivamente a los aspectos incluidos
en el proyecto remitido por el Gobierno a esta Cámara y puede abrir su
opinión a otros aspectos no incluidos en él.
Le ruego al señor Artés que se circunscriba a un tiempo lo más breve
posible. Tiene la palabra el señor Rector para hablar de las
peculiaridades que debería contener la ley.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
(UNED) (Artés Gómez): Se me pide que me pronuncie fundamentalmente sobre
aquellos aspectos que son particulares de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Quizá sería bueno recordar, en primer lugar,
cuáles son esos aspectos tal como se establecen en nuestros estatutos.
Como saben SS. SS., la primera de las funciones que recogen los estatutos
de la UNED es facilitar preferentemente el acceso a la enseñanza
universitaria y la continuidad de sus estudios a todas las personas que,
estando capacitadas para seguir estudios superiores, no puedan frecuentar
las aulas universitarias por razones laborales, económicas, de residencia
o cualquier otra de similar consideración. Más adelante, cuando se
refiere al título dedicado a la docencia, establece precisamente esa
peculiaridad docente de nuestra Universidad, señalando en su artículo 85
que la modalidad de educación a distancia supone la aplicación de una
metodología didáctica específica en donde se integran sistemas de
comunicación y recursos que incluyen la utilización de medios impresos
audiovisuales y de las nuevas tecnologías. Eso enmarca claramente qué
cosas son las que, para conseguir esos objetivos, deberían contemplarse
en la ley.
Quizá tampoco fuera ocioso en esta primera intervención referirme
brevemente a la situación de la Universidad en el curso pasado, 1993-94,
que es del que disponemos datos. Nuestra Universidad disponía en el curso
pasado de alrededor de 900 profesores en sus distintas categorías LRU; de
1.023 personas de administración y servicios; y de un número total de
alumnos de 147.492 en todas las categorías. Había 133.000 estudiantes en
enseñanzas regladas y en el curso de acceso directo para mayores de 25
años; 11.900, en enseñanzas no regladas; 2.025, en el tercer ciclo; y
1.212, en máster y cursos de posgrado, lo cual supone, aproximadamente,
el diez por ciento de la totalidad del sistema universitario español en
términos de número de estudiantes.
Como conocen muy bien SS. SS., los presupuestos de la Universidad del
pasado año fueron de 14.500 millones de pesetas, de los cuales la
aportación de la subvención nominativa del Estado fue de 5.000 millones,
que viene a significar una cifra de alrededor de 40.000 pesetas por
estudiante. Digo esto no tanto con tono de queja, como pudiera parecer a
primera vista, sino para significar que la economía de escala en una
universidad a distancia permite que los estudiantes obtengan esa
satisfacción a la que aspiran, es decir, conseguir el título
universitario, con unos costes muchísimo más bajos para la Administración
pública.
Me gustaría referirme brevemente a cuál es el modelo que ha utilizado la
UNED para su enseñanza. En Europa (y ahora conozco con bastante exactitud
el tema, puesto que desde hace dos años ocupo la presidencia de la
Asociación Europea de Universidades a Distancia) hay básicamente
dos modelos educativos a distancia: uno, el que podríamos denominar
modelo francés, en el que la enseñanza a distancia es impartida desde las
universidades tradicionales mediante unidades especializadas; y el modelo
inglés en el que hay una gran universidad nacional que imparte la
enseñanza a distancia. Siguen el modelo francés además de Francia, donde
23 de las 60 universidades francesas tienen estas unidades de
tele-enseñanza --como ellos la denominan--, Italia, que también tiene un
consorcio de 14 universidades para la universidad a distancia, y algunos
países nórdicos. Y siguen el modelo inglés, además de la Open University
del Reino Unido, la Frei Universität alemana, la Open University
holandesa, la Universidad aberta de Portugal y la UNED de España.
Si se me permite en el tiempo que me ha concedido el señor Presidente,
por no alargarme mucho, diré que la experiencia viene demostrando que los
modelos que han tenido más éxito son claramente los que se inspiran en el
modelo inglés de la Open University. Los modelos de enseñanza a distancia
compartida con la enseñanza tradicional, los que se llaman duales, en
general han sufrido dificultades de todo tipo. No la menor --por tanto,
muy de subrayar-- es el descrédito, dentro del propio estudiantado, por
la falta de credibilidad de esos sistemas. Eso es algo que merece la pena
que tengamos en cuenta.
La normativa de la LRU prácticamente recoge una habilitación al Gobierno
para regular determinados aspectos peculiares de la UNED, Universidad
Nacional de Educación a Distancia. En líneas generales, la redacción que
se da en el proyecto es razonable y recoge la mayor parte de esas
necesidades, aunque echo en falta los siguientes aspectos. No figura una
mención al profesor tutor, elemento clave en el modelo educativo de la
UNED --como ustedes saben, es la persona que entra directamente en
contacto con los estudiantes en los centros asociados--, y me parece que
debería mencionarse. Además, con la redacción nueva de la LRU, surge un
problema de gran importancia: si se van a exigir sexenios de
investigación para ingresar en la carrera docente universitaria, estos
profesores tutores, al no estar contemplados en la LRU, no podrían ser
objeto de evaluación de su investigación y, en consecuencia, se les
privaría de la posibilidad de optar a plazas de profesor titular o
catedrático en su momento. Me parece que éste es un tema grave y que
debería buscarse una fórmula que lo resolviese. Por otra parte, no sería
tampoco difícil establecer algún tipo de analogía entre el profesor tutor
y el profesor asociado, que, en el fondo, es la figura LRU más parecida
al tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Debería también contemplarse la peculiaridad de lo que es un centro
asociado de la UNED, que no es un centro como utilizamos esta palabra
cuando nos referimos a universidades tradicionales, sino que es más bien
una facultad o una escuela universitaria. Podríamos decir que es una
unidad en la que hay unos cortes transversales, en donde se imparten
enseñanzas de todas las carreras. Hay una transversalidad en los centros
que exige regular de alguna manera estos centros y, dentro de ellos,
fundamentalmente, la figura de los directores.
Por último, no quisiera dejar de referirme a otro tema que se contemplaba
en el Decreto inicial de creación de la UNED, en el año 1972, y que
después ha ido diluyéndose con el paso del tiempo, cual es el papel que
tienen los medios de radio y televisión públicas en la enseñanza a
distancia. Este papel es muy importante y debería quedar mejor
establecido que en la actualidad, porque ahora las autoridades de la UNED
prácticamente debemos negociar cada curso académico con Radiotelevisión
Española nuestra presencia en esos medios que, sin embargo, cumplen un
papel muy relevante en la enseñanza universitaria a distancia. Como
principio de mi intervención, éstos serían los aspectos a destacar.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo solicitante de la comparecencia, tiene
la palabra el señor González Blázquez.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señor Rector, por comparecer
ante esta Comisión en un momento tan importante especialmente para su
Universidad. Quería agradecerle la explicación de los diferentes modelos
que funcionan en Europa porque la actual Universidad Nacional de
Educación a Distancia, de la que usted es el Rector, es una universidad
de ámbito estatal y va a ser la única universidad sobre la cual el
Ministerio tendrá competencias, una vez que el proceso de transferencias
a las comunidades autónomas en materia educativa se haya completado.
Creo recordar que su implantación actual abarca a las 17 comunidades
autónomas y a la práctica totalidad de las provincias de las mismas. Los
centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
dependen muchas veces, según mi criterio, de la buena voluntad de
organismos, instituciones y entidades públicas y privadas, entre cuyas
competencias no se contempla expresamente la educación superior y asumen,
sin embargo, más del 90 por ciento del coste de funcionamiento, lo que en
un primer análisis podría parecer desproporcional. Es conocido también el
hecho de que las tasas de matrícula se ingresan directamente en la sede
central y que las subvenciones ministeriales por alumno son mucho menores
que las aportadas a las universidades presenciales.
Existe un informe elaborado por el consejo social y un decreto que limita
el 10 por ciento del presupuesto de la sede central para contribuir al
sostenimiento de los centros asociados. Incomprensiblemente, el equipo
actual de gobierno de la UNED destina menos del 8 por ciento del
presupuesto al sostenimiento de los centros, a pesar de que son los que
prestan el 90 por ciento de los servicios a los más de 120.000 alumnos
matriculados en la Universidad.
Evidentemente, el fenómeno social que constituye la UNED por el número de
alumnos, las capas sociales y la implantación en todas las comunidades
autónomas, además de centros en el extranjero, requiere, en nuestra
opinión, un tratamiento legislativo de rango suficiente. Hemos expresado
incluso que el proceso de elaboración y aprobación de una ley especial
permitiría un debate, una participación de todos los sectores implicados
mucho mayor
que cualquier otro mecanismo de regulación. Porque partimos del supuesto
de la necesidad de una regulación de todos los aspectos que hoy
configuran la Universidad Nacional de Educación a Distancia, habida
cuenta de la heterogeneidad de los elementos que conforman la estructura
de la UNED.
En este momento, que es el propicio porque estamos ante el proyecto de
actualización de la Ley de Reforma Universitaria, ¿sería suficiente con
reservar un capítulo de la nueva ley para la UNED o sería conveniente
hacer una ley especial de la UNED?
Yo quisiera formularle una serie de preguntas concretas a algunas de las
cuales se ha referido. Desde su punto de vista, ¿qué medidas legales se
pueden adoptar a fin de asegurar, si ello se pretende, el carácter
nacional de la UNED y su efectiva implantación en todas las comunidades
autónomas? ¿De qué rango legal han de ser las normas jurídicas necesarias
para regular la normativa de la función tutorial y del régimen jurídico
de los centros asociados de la UNED?
Yo quiero recordarle un apartado importante de su programa electoral de
1991, en el que venía a decir: Se recabará del Ministerio de Educación y
Ciencia la urgente tramitación de las normas jurídicas necesarias para
regular legalmente todos aquellos aspectos que sea preciso. En
particular, la normativa reguladora de la función tutorial y del régimen
jurídico de los centros asociados resultan especialmente necesarias. (Era
una de sus propuestas electorales, en abril de 1991.)
En tercer lugar, yo quisiera preguntarle también concretamente, aunque se
ha referido en parte a ello, ¿es preciso introducir la figura del
profesor tutor entre las categorías de profesor, regulado en la Ley de
Reforma Universitaria? Y si es preciso, como creo que usted lo considera,
¿qué características y modalidades tendría, en caso de ser introducida en
la ley? ¿Sería conveniente, por otra parte, regular la especificidad de
contratos para profesores de la UNED, explicitando la obligación de
redactar materiales didácticos adecuados a la modalidad de enseñanza a
distancia recogida en los Estatutos de la Universidad? Por fin, ¿cree
conveniente y adecuado autorizar el endeudamiento de la UNED, a través de
operaciones de crédito, para financiar inversiones? Si ello fuera así,
habría que modificar el artículo 54.3, en el que se hace referencia a la
previa autorización de las comunidades autónomas, en lugar de citar a la
administración de la que dependan. No puede haber un motivo de
discriminación para la UNED con respecto a otras universidades. Le
recuerdo el artículo que dice: El producto de las operaciones de crédito,
que para la financiación de sus gastos de inversiones hayan concertado,
requerirá la previa autorización de la comunidad autónoma.
Estas son algunas de las preguntas que yo quería hacerle sobre las
peculiaridades de su Universidad, pero me interesa fundamentalmente, si
puede usted manifestar su opinión, conocer si con el actual proyecto que
se va a discutir en el Parlamento es suficiente para su Universidad o si
sería necesaria una ley especial, dadas las características especiales de
la Universidad que usted dirige.
El señor PRESIDENTE: Además del Grupo solicitante de la comparecencia,
¿qué otros grupos desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Baltá tiene la
palabra.
El señor BALTA I LLOPART: Gracias por su presencia, señor Rector.
Hay que tener en cuenta el valor que mi Grupo Parlamentario concede a la
función que la Universidad a Distancia viene ejerciendo desde 1972 en el
seno de la sociedad española, y prueba de ello es que la propia Autonomía
ha desarrollado su propio proyecto, por cuanto se la considera un valor
equilibrador en cierto sentido de las posibilidades que han tenido
ciertos ciudadanos para cursar estudios superiores; usted mismo nos ha
dado la dimensión de dicha Universidad al mencionar la cifra de casi
150.000 alumnos. Esta importancia viene dada fundamentalmente porque va
dirigida, según su propia descripción, a personas que, estando
capacitadas para realizar estudios superiores, no pueden acudir a las
aulas. Esto, referido a las anteriores generaciones, significa, como
decía al iniciar mi intervención, que es un valor equilibrador muy
importante, porque todos sabemos que en el pasado la universidad era coto
cerrado a una minoría y que, gracias a la universalización que se ha
producido en el campo de la educación pública, se ha abierto a otras
clases sociales, lo que ha transformado de una manera importante la
relación estadística que existía en el pasado en cuanto a la clase social
de la que surgían los alumnos. Por tanto, consideramos que la Universidad
a Distancia tiene una importancia extraordinaria para la generación
presente, pero me gustaría que, si es posible, profundizara en su
proyección hacia el futuro.
En este momento en que las posibilidades en la enseñanza se han
transformado por los motivos que decía, ¿qué está sucediendo? ¿Qué va a
suceder con la Universidad a Distancia? ¿Se va a seguir proyectando
positivamente? ¿Va a seguir produciéndose el fenómeno de que personas
que, pese a su capacidad, no pueden acudir a la universidad utilicen el
mecanismo de la Universidad a Distancia para ello? Además, pienso que los
medios de comunicación cambian absolutamente esta situación, que ya no se
produce desde esta perspectiva, ya que existe la posibilidad de que
incluso desde casa, utilizando los medios de comunicación, sea posible
cursar carreras universitarias, quizá más que en el pasado. Aquí se nos
viene encima una cierta revolución y seguro que con los datos de que
usted dispone nos puede exponer la cuestión adecuadamente y ampliar la
información de que ahora disponemos.
Por otra parte, en su exposición ha dicho que la Ley de Reforma
Universitaria recoge el proyecto de la Universidad a Distancia bastante
adecuadamente; sin embargo, desea que la figura del profesor-tutor quede
mejor reflejada. Nos parece que esto es importante, sobre todo porque,
además, se produce una complicación en cuanto a los sexenios obligados de
investigación, cosa que se debería resolver.
También habla de la relación con los medios de comunicación, respecto a
lo cual ya he expuesto la opinión que merece a mi Grupo parlamentario,
pero si puede profundizar
en esto, también nos gustaría. Le aseguro que mi Grupo, a lo largo del
debate, intentará recoger las posiciones que usted ha expuesto.
Sin embargo, señor Rector, hay una cuestión puntual que obliga a mi Grupo
a aprovechar su presencia en esta Comisión para plantearla, simplemente
para dejar constancia de algo que no nos ha gustado bajo ningún concepto,
una actuación que se ha producido en el seno de la Universidad a
Distancia y que ha creado malestar, que ha herido profundamente la
sensibilidad de la Comunidad Autónoma que, junto con otros Diputados,
represento. Me refiero concretamente a un texto --y esto se refiere
también a las peculiaridades que requiere la universidad-- que se
entregaba a los alumnos en el examen para los mayores de 25 años, en el
cual se producían expresiones que, desde la perspectiva del momento
actual y después de una sentencia del Tribunal Constitucional respecto a
la enseñanza del catalán y del castellano en Cataluña, a la Ley de
Normalización Lingüística, nos parecen escandalosas. Estoy convencido de
que en esto no existe responsabilidad institucional, sino que puede ser
un lapsus, que puede ser la acción de un profesor determinado, pero nos
parece escandaloso que un texto que se somete a los posibles futuros
alumnos de la universidad, pidiéndoles que, además, dediquen al mismo una
lectura lenta y reflexiva, que sea leído cuantas veces sea necesario para
conseguir la máxima comprensión del mismo, valorando positiva y
negativamente la cuestión que se aborda, pueda llegar a hablar de las
recientes campañas sobre la lesión de los derechos de los llamados
castella parlantes en Cataluña que, como lengua común, tienen el
castellano. En el mismo se llega a decir que en Cataluña hay niños que
apenas entienden el español, cuando precisamente, señor Rector, es todo
lo contrario; en Cataluña es difícil encontrar un niño o una niña que no
entiendan el español, mientras que, desafortunadamente, podemos dar los
ejemplos que se quiera del caso contrario. Además, se hace un juicio de
valor como el que le voy a leer. Dice el texto: Es penoso que las
autonomías periféricas hayan aprovechado un momento de debilidad de la
nación española y del Gobierno español para sacar de la botella un genio
muy muy peligroso que huele a guerra lingüística, que, por no pronunciar
las grandes palabras, va contra la realidad de las cosas, contra el
sentido común, contra sus propias conveniencias, contra la simple
convivencia humana. Concordia es lo que más bien precisamos.
Expresiones como ésta atentan contra el Estado de convivencia que nos
hemos dado, contra esta sociedad pluricultural que hemos asumido
colectivamente, unitariamente. Además, lo que llega a decirse a
continuación ya es el colmo --y con esto voy acabando, porque, aunque es
una cuestión puntual, creo que cabe exponerla en esta Comisión--: El día
en que deje de ser la lengua común --se refiere al castellano--,
tendremos en España un conglomerado de pequeñas albanias, eslovaquias,
estonias.
Precisamente el Estado de las autonomías que nos hemos dado, y sólo hace
falta salir al extranjero, como hacemos muchos Diputados como
comisionados, para ver el modelo que están planteando en muchas de estas
comunidades. ¡Qué más quisieran en la ex Yugoslavia, como se dice en uno
de los apartados, que tener un mecanismo de convivencia como el que ha
dado este país!
Dice el texto que toda imposición crea odio y provoca reacción. Desde la
condición de escritor en lengua castellana y catalana, con libros
publicados en los dos textos, desde el convencimiento de que por más que
la lengua materna del que habla y de gran parte de las personas afectadas
sea el catalán, nadie nos hará leer «El Quijote» en catalán, por mejor
traducido que esté. Desde este convencimiento creo que esto debiera ser
borrado, que estas acciones que realmente juegan el papel de separadoras,
debieran ser borradas de los textos de los exámenes y de cualquier acción
de la universidad.
Señor Rector, estoy convencido de que éste es un hecho puntual, de que
será recogido el conocimiento de esta acción y de que no tiene
responsabilidad en este caso, pero mi Grupo tiene la obligación de
aprovechar esta comparecencia para protestar cordialmente para que estas
cosas no vuelvan a suceder nunca más.
El señor PRESIDENTE: Como S. S. ha reconocido, aprovechando que el señor
Rector pasaba por aquí, ha introducido ese elemento. Yo rogaría al señor
Rector que, sin perjuicio de que pueda hacer algún tipo de comentario,
tenga en cuenta que el objeto de la comparecencia es la Ley de Reforma
Universitaria. Incluso ampliando mucho la interpretación, S. S. podría
haberse estado refiriendo a la utilización de la pluralidad lingüística
de nuestro país en la UNED, puesto que afecta a territorios, pero no me
parecería correcto que se abriese esa botella del genio maligno en esta
Comisión y el debate, que, como S. S. ha reconocido, es muy conflictivo,
derivase en un tema absolutamente tangencial, como puede ser ése en estos
momentos. Lo advierto en estos momentos para que ningún otro grupo haga
incidencia sobre este tema, para no desviar en exceso la atención de la
Comisión.
Dicho esto, tiene la palabra por el Grupo Popular la señora Barrios.
La señora BARRIOS CURBELO: Buenas tardes, señor Artés. También deseo
agradecerle, en nombre del Grupo Popular su presencia, sobre todo en esta
situación, en la que estamos debatiendo la Ley de Reforma Universitaria,
donde la regulación de la UNED es tan importante, como institución básica
y que consideramos social y educativamente para España.
Tal como usted recogía en su intervención, señor Artés, la UNED, que se
inicia en 1972, si bien es una de tantas universidades públicas
españolas, tal como lo regula su decreto, es cierto que tiene una
característica especial que la distingue de las demás y es la enseñanza a
distancia para todo el territorio español.
Recogía asimismo en su primera exposición que esta función primordial,
regulada en los artículos 3 y 85 de los estatutos, le da una
característica especial. Esa característica especial y, sobre todo, la
especial situación del grueso de los alumnos de la UNED, que en su
mayoría tienen más de 28 años y que compaginan sus estudios con unas
determinadas obligaciones familiares y laborales, lo que les supone
importantes esfuerzos y sacrificios diarios para estudiar, ha dado lugar,
como usted decía, a una especial metodología, y es la metodología
dedicada al autoaprendizaje. Este tipo de metodología conlleva una serie
de componentes, de principios, como es la producción por la misma
universidad de un material didáctico, unas orientaciones tutoriales y una
evaluación continuada, por medio de exámenes a distancia y presenciales.
Por ello, el modelo institucional de la UNED, según estas
características, es diferente al de las demás. Se componen, podríamos
decir, de dos niveles: la sede central, como usted recogía, que es la que
lleva la organización y gobierno de la UNED y la elaboración de estas
unidades didácticas, de este material didáctico, así como la preparación
y desarrollo de los cursos. Después, estos centros asociados, que son los
que llevan a cabo la orientación tutorial.
Si bien la UNED, desde su inicio, comienza a funcionar muy bien y cumple
escrupulosamente todos estos principios de que hemos hablado
anteriormente lo cual da lugar a que sus estudios adquieran una gran
calidad, no es menos cierto que a partir de 1980 este procedimiento se
relaja y llega casi a desaparecer. Estos pilares básicos de la educación
son los que se fundamenta la metodología de la UNED. Si bien el
nacimiento y existencia de esta universidad fue muy acertada --es la
segunda en número de alumnos de la universidad española--, en la
actualidad está teniendo múltiples problemas, por lo que en nuestro grupo
consideramos que se deben establecer mecanismos adecuados y dedicar
prioritariamente recursos humanos y materiales a conseguir el
cumplimiento de los artículos del estatuto de la UNED, especialmente el
84, 85, 86, 87, 88 y 92, que regulan todo el tema de las unidades
didácticas, de la tutoría y de la evaluación a distancia.
Sabemos que en muchas áreas del conocimiento se están eliminando las
unidades didácticas en beneficio de la utilización prioritaria de
manuales, quizá por determinados intereses económicos. También conocemos
la problemática que se está dando tal como usted recogió, relativa a las
reivindicaciones de los profesores-tutores y también a la financiación de
los centros asociados. Incluso le puedo recordar que en abril pasado se
aprobó en el Senado una moción para intentar potenciar y financiar la
Universidad Nacional a Distancia, de acuerdo con una mayor participación
de las tasas del alumnado.
Por todo ello, hemos presentado una enmienda al artículo 60 de esta Ley
de Reforma Universitaria, cuyo tercer apartado dice textualmente: Las
especiales características de la UNED serán reguladas por una ley
específica que contemple la peculiaridad de sus actividades docentes,
tutoriales y de investigación, así como de su estructura territorial.
Nos estamos refiriendo --y respecto a ello quisiera que nos hiciera un
comentario-- a regular toda la organización y gobierno de la Universidad
Nacional a Distancia por medio de una ley específica, en la que se
recogieran estas peculiaridades, las unidades didácticas, la categoría
del profesor-tutor y especialmente la financiación de estos centros
docentes asociados.
También quería preguntar qué opinión tiene el señor Artés respecto a la
creación en la comunidad autónoma de Cataluña de la denominada
Universidad perta y en qué sentido afecta al desarrollo y funcionamiento
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Muchas gracias por sus valiosos comentarios y desde ahora agradecemos su
respuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Paniagua.
El señor PANIAGUA FUENTES: Me uno al resto de los grupos en agradecer al
rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia su presencia
en esta Comisión, ya habitual en esta y otras legislaturas, en las que ha
tenido ocasión de explicarnos el funcionamiento de una universidad cuyo
éxito en los medios sociales españoles nadie discute.
Esta universidad nacía, como se ha señalado aquí, en 1972 y fue creciendo
de una manera poco deliberada. Su creación no fue de la misma manera que
se creó la Open University, que fue la primera universidad europea a
distancia y probablemente la primera con categoría universitaria en el
mundo, ofrecida en el programa de 1968, por el que fue primer Ministro
Wilson, y que tuvo tres años de estudio sobre cómo debería montarse una
universidad a distancia. Teniendo en cuenta las especiales
características del sistema británico, los «degree», el sistema de
grados, que no es asimilable al sistema español, en el año 1972 se creó
una universidad a distancia en España un poco improvisadamente y
asimilando sus titulaciones, hoy catorce, al resto de las universidades
presenciales en España. En ese sentido, como ha destacado el Rector, una
serie de rasgos específicos, no deliberadamente proyectados desde el
principio, ha ido desarrollándose en la práctica, en la experiencia. Tres
rasgos más característicos han sido los centros, los profesores-tutores y
la metodología, junto con los medios audiovisuales. Hubo una tendencia en
muchas poblaciones, no capitales de provincia, pero también capitales
importantes, que no tenían la oferta universitaria, un deseo, de tener un
centro para poder ofertar los estudios universitarios que desde el año
1972 hasta el año 1983 la universidad iba ofreciendo. Estos centros
constituían, sin ninguna regulación específica, sin ninguna base
jurídica, lo que se ha llamado los patronatos. Generalmente, en los
patronatos se incrustaban los ayuntamientos, las diputaciones
provinciales y algunas entidades financieras, como por ejemplo las cajas
de ahorro. Eran los que sufragaban desde 1973 hasta 1980 prácticamente la
totalidad de los costos que correspondía a estos centros, que tenían la
misión de asesoramiento, de tutoría, de las enseñanzas universitarias. Al
mismo tiempo nació esta figura de profesor-tutor, en la que tampoco hay
una especificidad de cuál es su función propia; no es una clase
presencial, es un asesoramiento, pero el mismo término de asesoramiento
da lugar a polisemias muy diversas de cara, fundamentalmente, a saber a
qué es específicamente a lo que se está refiriendo. Muchos
profesores-tutores se limitan a ese asesoramiento de lo que son las
materias propias de las titulaciones universitarias,
otros convierten sus actividades en clases presenciales en los centros,
porque ha surgido, como digo, sin ninguna deliberación previa de cómo
debería concebirse un profesor-tutor.
Al principio, sufragaban todo las entidades locales y provinciales. Sólo
a partir de 1980 fue cuando la UNED fue poco a poco incorporando en sus
presupuestos --por ley nunca podía pasar del 10 por ciento del
presupuesto de la UNED lo que podría darse al resto de los centros--
partidas presupuestarias que fueron asumidas, en mayor o menor grado, por
determinados centros.
Lo cierto es que al no existir una planificación, aunque a lo mejor la
palabra no sea la más adecuada, han ido extendiéndose centros por toda la
geografía española, no sólo ya lo que se llama centros asociados, sino
también centros institucionales. Existe un centro en Correos, existe otro
en Justicia, existe otro en instituciones penitenciarias, otro en Fuerzas
Armadas e incluso alguna entidad privada, como la Fundación Ramón Areces,
tiene también su propio centro. En total creo recordar que en estos
momentos son 61 los centros asociados, sin contar los institucionales,
que pueblan la geografía española.
Al principio, todas la entidades locales, provinciales, tenían este deseo
de ofertar a sus ciudadanos la enseñanza a distancia, la enseñanza
universitaria, pero a medida que la oferta universitaria se ha duplicado
y en algunos casos triplicado, a medida que las transferencias
universitarias se han producido en muchas comunidades y ha habido un
aumento considerable (los servicios públicos o los servicios sociales de
los ayuntamiento y diputaciones también se han triplicado), la
financiación de la UNED ha quedado de alguna manera congelada con el
intento de transferencia a la propia UNED y al propio Ministerio. El
modelo, por lo tanto, está en estos momentos en crisis por la situación
financiera que esto representa.
Naturalmente, señor Rector, usted ha apuntado aquí el número de alumnos:
147.492 y 134.000 aproximadamente de enseñanzas regladas. Los dos modelos
existen. Yo creo que en términos generales nadie discute que ésta es una
buena oferta, aunque haya crecido como ha crecido, como tantas
instituciones en nuestro país; una oferta que ha consolidado los estudios
universitarios a muchos ciudadanos que no podían acceder a ellos; una
oferta que, además, ha ido extendiéndose en otros países con un sentido
de la planificación y del rigor universitario a lo mejor mayor del que
pudiéramos haber tenido nosotros. Están los casos de Alemania o de
Holanda que se corresponden bastante a lo que nosotros hemos hecho en la
UNED. Al mismo tiempo, la propia ley contempla en su adicional primera la
posibilidad de que haya una regulación --puede ser a nivel de ley o
cualquier otro tipo de medida legislativa-- que dé salida a los problemas
que en estos momentos tiene el funcionamiento de la UNED. Uno de ellos
son los centros, la necesidad de una regulación de los mismos, de saber
exactamente en qué sentido se constituyen, y su racionalidad. Mantener 61
centros, tratar de que la UNED asuma de una manera global cualquier tipo
de financiación de estos 61 centros sin saber exactamente cuál es la
contrapartida o la posible contrapartida de las entidades públicas, como
diputaciones o ayuntamientos, puede ser una dificultad presupuestaria
para esta universidad o para cualquier otra que asuma esta función.
El señor Rector podría informarnos del intento que ya está en la propia
UNED y aprobado por el claustro de lo que ha constituido la llamada red
básica, en el sentido de que la UNED puede designar una serie de centros
por comunidades autónomas que signifiquen la extensión de la red
universitaria con una cierta racionalidad y, al mismo tiempo, asumiendo
por parte de la UNED los mayores costes. De hecho, en estos centros de
red básica la UNED puede pasar a sufragar en estos momentos el 80 por
ciento de los costos generales que sufragan los centros, teniendo en
cuenta que la mayor parte de los centros asociados tienen presupuestos
realmente exiguos, presupuestos muchas veces con dificultades para
afrontar las enseñanzas. Algunas veces uno puede preguntarse cómo con
esos presupuestos se puede estar impartiendo una enseñanza razonablemente
aceptable para los alumnos matriculados. Los centros oscilan, en términos
medios, entre 60 y 150 millones de pesetas. No estoy hablando del centro
de Madrid, que tiene 38.000 alumnos, que, por lo tanto, tiene una
especificidad propia. Existe esa oscilación anual, entre los 60 y 70
millones en los centros pequeños y 150 y 200 millones, con los que están
sirviendo los centros asociados la enseñanza a distancia. Por lo tanto,
hay ahí una necesidad objetiva de estructurar, de regularizar en esa
futura legislación, repito, que el propio proyecto contempla, lo que
representan los centros de la UNED.
Por otra parte también está --el Rector lo ha señalado-- el tema de los
profesores tutores, la asimilación a lo que puede suponer su enseñanza
universitaria, teniendo en cuenta que un profesor tutor es siempre un
profesor a tiempo parcial; es una persona que aquí en la UNED ha
practicado desde sus inicios lo que la Ley de Reforma Universitaria de
1985 contemplaba como los «inputs» y «outputs» de la sociedad para que la
universidad no fuera sólo un elemento exclusivo de enseñanza de sus
propios profesores, sino que hubiera la posibilidad de que gente que está
trabajando fuera pudiera aportar su propia experiencia a las enseñanzas
universitarias. Desde siempre, desde el año 1973 aquí ha habido jueces,
fiscales, profesores de la empresa que han trabajado como profesores
tutores para enseñar su propia experiencia.
También habría que actuar en esto con precaución, porque un profesor
tutor no puede ser el camino exclusivo para convertirse en profesor
universitario, a no ser que aumentemos los recursos a un límite infinito,
que realmente pudiera ser una dificultad después para posibles carreras
docentes.
Por último, está el tema de la metodología. Efectivamente, se necesita
saber cuál es la oferta educativa por cuanto que la enseñanza a distancia
necesita una oferta unitaria. La propia UNED ha tenido problemas que han
sido resueltos incluso por el Tribunal Constitucional respecto a la
oferta universitaria que se podía ofrecer desde los distintos
departamentos. Ha de ser una UNED que, naturalmente, ha de contemplar la
pluralidad cultural y lingüística de este país y que en la práctica la
contempla --los
profesores tienen en este sentido una sabiduría para asumir esa función--
y, al mismo tiempo, saber que esa metodología que el alumno recibe no es
la misma que en una universidad presencial.
En cuanto a los alumnos que hay en esta universidad he de decir que,
además de los tradicionales, personas que no tienen estudios
universitarios, que trabajan o que hacen una opción doble de tener otro
título universitario, se ha producido un aumento de alumnos que salen de
la selectividad, que salen del COU; es cada año mayor. En estos momentos
es el 12 por ciento de los alumnos matriculados en la UNED, en términos
medios, con lo cual, al margen de que pueda haber ahí un problema de
gente que no ha podido asumir la universidad presencial, es cierto que la
oferta educativa de la UNED, por razones de racionalidad del tiempo y de
crisis de la universidad presencial, puede ser una opción cada día más
aquilatada en el futuro.
Por eso, yo también le preguntaría si el señor Rector cree que en el
futuro la UNED pueda entrar en un modelo como el francés. Me refiero al
modelo francés porque él ha sido quien ha destacado esta especie de
fórmula dual. Yo sé que, por ejemplo, Italia se lo está replanteando. En
estos momentos, al margen de los problemas que tiene Italia, hay un
proyecto de constituir una universidad a distancia segregada de lo que
son las universidades presenciales, con lo cual quiero decir que el
sistema, el modelo que inauguró la Open University y que siguió España se
está consolidando. En un futuro próximo incluso las comunidades autónomas
--Cataluña ya hizo un proyecto de universidad «aperta»-- podrían tener
--lo cual también sería políticamente discutible y probablemente con
dificultades-- su oferta, su universidad a distancia propia. Quisiera
saber si considera que la UNED debe mantenerse en las actuales
circunstancias, mejorando lo que haya que mejorar o tratando de
especificar esta serie de puntos a los que antes nos referíamos, como los
rasgos específicos de la UNED, que pueden ser contemplados a partir del
propio proyecto de ley de reforma de la Ley Universitaria, si cree que
realmente una sectorialización de los estudios universitarios a través de
la Universidad a Distancia puede ser una dificultad para que esta oferta
en el futuro se consolide en el nivel de éxito que ha tenido.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas hechas por los
diferentes grupos, tiene la palabra el señor Rector, pero quiero hacer
previamente un par de consideraciones.
En primer lugar, me ha dado la impresión, por los temas suscitados en el
debate, de que difícilmente en esta comparecencia vamos a agotar toda la
problemática de la UNED, sobre todo --ya veremos la opinión tanto del
señor Rector como de los diferentes grupos-- si se abre paso la
consideración legislativa específica de esta Universidad, cuyo patronazgo
tienen las Cámaras, a diferencia del resto de universidades, que tienen
las asambleas legislativas propias.
En segundo lugar, si por razones de tiempo --y le rogaría que no
sobrepasara el cuarto de hora-- alguna cuestión no puede completarse o
contestarse en este momento, esta Comisión está abierta a recibir con
posterioridad, para que puedan conocerlo los miembros de la Ponencia o la
Comisión en su totalidad, cualquier escrito de ampliación o cualquier
reflexión que sobre estas cuestiones haya producido o pueda producir la
UNED.
Con ese ruego de que sea breve, no más de un cuarto de hora, tiene la
palabra el señor Rector.
El señor RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION A DISTINACIA
(UNED) (Artés Gómez): Procuraré contestar lo mejor que pueda en ese
espacio de tiempo. Lo voy a hacer en el mismo orden en que he ido tomando
notas.
El Grupo de Izquierda Unida hacía referencia a que los centros asociados
asumen más del 90 por ciento del coste. No es exactamente así. Vienen a
recibir una subvención de la sede central que viene a representar entre
el 15 y el 30 por ciento de los presupuestos de cada centro asociado,
según cuál sea el presupuesto de ese centro; o sea, que es algo superior.
En cuanto a la limitación del 10 por ciento, es verdad que en años
anteriores no habíamos podido alcanzar el 10 por ciento del presupuesto y
nos habíamos tenido que limitar al 8 por ciento del último año, pero
precisamente en el ejercicio de 1994 --tengo los presupuestos de la
universidad a su disposición-- se puede observar que son 1.450 millones
el total del vicerrectorado de centros asociados, y eso representa
prácticamente el 10 por ciento del total de los presupuestos de la
universidad, que ascendió a 14.519 millones. Por primera vez en el curso
pasado lo hemos conseguido, pero es cierta su afirmación de que durante
muchos años eso no había sido pobible porque, al distribuir los recursos
de que disponía la universidad entre las distintas necesidades --bien se
sabe que el Capítulo I es obligado, el Capítulo II son gastos corrientes,
etcétera--, no disponíamos de más recursos para los centros asociados.
Esto está cambiando para un grupo seleccionado de centros, precisamente
tras la aprobación por el claustro de la Universidad de lo que hemos
llamado nosotros red básica de centros asociados y que va a permitir que
algunos de estos centros, al menos uno por cada comunidad autónoma, pueda
recibir una financiación muy superior, hasta el 50 por ciento de las
tasas de matrícula recaudadas en ese centro. Y eso me interesa subrayarlo
porque a veces se ha creado con esto algún confusionismo. Se ha hablado
de que son las tasas globales y que se quitaba dinero de otros
estudiantes para pasarlo a estos centros. No es así; son las que se
recaudan en ese centro; las de los demás no intervienen en esa parcela.
En cuanto a las medidas legales, me hace dos preguntas: ¿Cuáles son las
que se deben adoptar para asegurar el carácter nacional de la UNED? Y,
¿cuál debería ser el rango legal de esas normas jurídicas?
Verderaderamente, aquí me pone en un aprieto porque no soy jurista y
difícilmente podría decir cuál es el rango, si puede ser un real decreto
o ha de ser una ley. En el caso de que fuera necesaria una ley, me parece
que bastaría un capítulo dentro de esta ley, es decir, si no es
suficiente con lo que hay, quizás bastaría
con algunos números más que puedan contemplar aquellas cosas que no están
contempladas ahí. Por eso, en el programa electoral de 1991, al que usted
se ha referido, era cuidadoso y nunca hablaba de ley, sino de normas
jurídicas, precisamente porque me parecía una discusión de carácter
técnico, que no académico o político, decidir el rango de la norma. Lo
importante era que pretendía resolver los problemas que tenía la
Universidad y entendíamos que para esto era necesario una regulación
legal. El rango de la norma creo que deben ser los técnicos los que lo
decidan, los juristas, ante la naturaleza del problema que tengan que
resolver. Desde luego, me reitero en que es imprescindible introducir la
figura del profesor tutor.
Respecto a la especificidad de los contratos para redactar materiales
didácticos específicos en la UNED, quisiera manifestar que también en
este aspecto se ha sentado un cierto confusionismo. Son muy pocas las
asignaturas de la Universidad que no tienen unidades didácticas, lo que
pasa es que no son unidades didácticas concebidas como lo estaban en el
momento inicial de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Me
parece muy importante subrayar que estamos hablando de una Universidad
que en aquel momento no eran autónoma, en un contexto en el que las
universidades dependían directamente del Ministerio de Educación y
Ciencia y los profesores tampoco disfrutaban de los derechos de libertad
de cátedra. En consecuencia, se podría obligar directamente por el
Ministerio o por el rector de turno que, como es bien sabido, en esa
época no democrática era designado por el Ministerio, a los profesores a
realizar un material de acuerdo con esos criterios. Hoy eso no es posible
hacerlo así. Hay sentencias del Tribunal Supremo que dicen que los
profesores tienen derecho a establecer como materiales didácticos los que
juzguen más oportunos, bien sea redactándolos personalmente, bien
designando otros. Esto, sin duda, es una limitación que hemos estudiado
en la Universidad. Me he preocupado de pedir a juristas algunos
dictámenes sobre este tema y parece que sería difícil de resolver,
incluso por una ley, porque la libertad de cátedra y el derecho a la
difusión de las propias ideas tienen carácter constitucional. Si eso
fuera así --yo no me pronuncio, sino que digo lo que algunos juristas
opinan--, realmente tampoco resolveríamos este problema mediante una ley.
Lo que ha hecho la Junta de Gobierno es obligar a que, cuando no se
redacte un material específico para la enseñanza a distancia, éste vaya
acompañado de una guía metodológica, de una guía didáctica que ayude al
estudiante a moverse a través de ese material de una forma dirigida.
En cuanto a la posibilidad de que en los contratos de los profesores se
especificase la obligación de redactar materiales didácticos, sólo
serviría, en el mejor de los casos, para los profesores no numerarios,
que hoy representan sólo un tercio de los profesores de la UNED; dos
tercios son ya profesores titulados o catedráticos. Lo que sí creo que se
podría hacer y no se ha hecho es haber introducido algún artículo en el
decreto que regula los concursos para la provisión de plazas --que, si no
recuerdo mal, tiene rango de real-decreto-- que especificase que de la
misma manera que se puede poner, junto al área de conocimiento a la que
se concursa, la materia específica a la que se va a concursar, se pudiese
también introducir por la Universidad algún factor especificando esta
cuestión, es decir, que el profesor que concursa a esta Universidad
estará obligado a desarrollar determinados materiales. También hay otra
fórmula que sería el Real Decreto sobre obligaciones docentes del
profesorado. Este Real Decreto está concebido para las universidades
tradicionales y quizá bastaría introducir un artículo en el que se
establecieran esas obligaciones para el profesorado de la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. Ahora, al ser de imposible aplicación
ese Decreto, únicamente hay una norma, una resolución rectoral en la que
adapté ese Decreto como mejor supe y pude a las peculiaridades de la
UNED. Con eso, posiblemente, sería suficiente.
En cuanto al tema del endeudamiento, la UNED tiene que seguir los mismos
pasos que cualquier otra universidad si quiere endeudarse. Necesita la
aprobación, en este caso, no de la Comunidad Autónoma, sino del Gobierno,
puesto que es de quien depende. Yo creo que el hecho de que en el
artículo 54.3 diga comunidades autónomas, puesto en relación con la
disposición adicional primera, que a la UNED la hace depender del
Gobierno de la nación y de las Cortes, no sería un problema. El problema
es que al Gobierno, generalmente, no le parece adecuado que las
universidades se endeuden, por lo menos ésa es la idea que hasta ahora
tenía Hacienda.
De todas formas, en este momento ése no es el problema más grave; yo creo
que ahora mismo la situación económica de la UNDE no es realmente
agobiante. Recordarán SS. SS. que la regulación de las tasas académicas
que se hizo hace tres cursos penalizaba notablemente a los alumnos que
repetían la materia por primera vez y más todavía si era la segunda o
sucesivas. Eso, indudablemente, yo creo que con cierta injusticia --debo
decirlo así--, resultó que a los alumnos de la UNED les castigó
notablemente, puesto que son estudiantes que con mucha frecuencia repiten
asignaturas, no por falta de rendimiento académico --muchas veces
simplemente se han matriculado y ni siquiera se han examinado--, sino
porque sus obligaciones profesionales y laborales les impiden
prepararlas, y entonces resultaba que la segunda vez que se matriculaban
o sucesivas tenían que pagar matrículas penalizadas. Eso supuso que el
ejercicio siguiente a la implantación de esta regulación de las tasas la
universidad generara cuantiosos remanentes por tasas de matrícula,
precisamente debido a esta situación.
Cuestión distinta es si el alumno de la UNED debería pagar la misma tasa
de matrícula o no que los demás estudiantes. Si se acepta la tesis del
Ministerio de Educación, que es que la subvención nominativa tiene un
carácter compensador, por decirlo así, es evidente que no se entra en
cuál deba ser la aportación del estudiante; ellos mantienen la tesis de
que las tasas deben ser igualitarias porque lo que se logra al final con
esa matrícula es lo mismo para cualquier estudiante, sea de la UNED o sea
de otra.
Y el problema de los costes sería un problema muy difícil de resolver,
porque tampoco es igualmente justa la distribución de la subvención entre
todos los estudiantes
de las universidades tradicionales. Quiero decir que un estudiante de una
universidad pequeña, tradicional, recibe, por parte de su comunidad
autónoma o del Ministerio, subvenciones muy superiores a las que reciba,
por ejemplo, un alumno de la Universidad Complutense de Madrid. También
habría que ir a un sistema mucho más elaborado de compensación mediante
tasas distintas según qué universidad, no sólo según la UNED u otras.
Esto es un tema complicado y que me parece difícil de resolver, pero si
se mantiene el actual sistema de una subvención nominativa, niveladora o
compensadora de los ingresos, lógicamente en este momento yo creo que no
sería preciso un endeudamiento de la UNED, por lo menos en el momento
actual.
En cuanto a la proyección hacia el futuro, a la que hacía referencia el
señor Diputado representante del Grupo Catalán, yo creo que la enseñanza
a distancia, en general, tiene asegurada una demanda muy notable. Me voy
a referir simplemente a unos datos que han aparecido recientemente en la
prensa --quizá ustedes los hayan podido ver--, que se referían al
porcentaje de la población que disponía de título superior en edades
comprendidas entre 25 y 64 años para los distintos países europeos. En
España esa cifra era del 10 por ciento, si los datos que figuraban en la
prensa eran correctos, y en Alemania del 30 por ciento. Esto significa
que hay claramente una demanda insatisfecha en nuestro país hasta
homologarse con niveles de los países europeos. ¿Por qué? Por el distinto
grado de desarrollo. En España hemos ido con un grado de desarrollo más
lento y lógicamente ha habido muchos sectores de población que en ese
momento de la edad juvenil en la que habitualmente se accede a la
enseñanza universitaria no podían hacerlo, debían dedicarse a trabajar, y
más tarde esa demanda insatisfecha va a aparecer y nos va a pedir que le
demos educación universitaria, y es lógicamente el alumno tipo de una
universidad a distancia o abierta, como le queramos llamar, puesto que el
término es hoy sinónimo.
Creo, evidentemente, que, como se ha hecho, yo pienso que con muy buen
criterio, en el proyecto de creación de la Universidad Oberta de
Cataluña, el papel de los medios de comunicación es importante, y me
refería por eso a la necesidad quizá de introducir alguna modificación en
este sentido.
Respecto al problema puntual al que ha hecho referencia, debo decir que
soy el primero en lamentarlo, que tan pronto tuve conocimiento de él me
dirigí al responsable de la Selectividad para tratar de averiguar qué
había sucedido. Realmente ha sido un problema menor en extensión,
solamente ha sido un examen que se ha puesto a los alumnos de prisiones.
Por tanto, el número de estudiantes que han tenido ese ejercicio ha sido
pequeño. También tengo que decir que el texto que se proponía era de un
notable profesor universitario español, el profesor Rodríguez Adrados,
que ahí se reproducía, y, por tanto, sus opiniones son las opiniones del
profesor Rodríguez Adrados, en modo alguno de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia. Luego se hacía una pregunta para que el estudiante
valorase eso. El prejuicio, como he visto en algún diario catalán como
«Avui», de que una respuesta en la que valoraran negativamente ese
artículo iba a suponer una calificación desfavorable en modo alguno está
justificado, eso es solamente un prejuicio, aunque reconozco que hubiera
sido mejor que no se hubiese puesto este tipo de texto. Por lo demás, era
de actualidad, porque en ese momento estaban apareciendo escritos de esta
naturaleza en muchos periódicos.
Digo que lo siento, porque yo creo que la UNED institucionalmente ha dado
muestra de su deseo de una convivencia entre las lenguas de todo el
Estado, y precisamente en el año 1993 el claustro universitario aprobó
una resolución en la que se mantenía que las lenguas propias de las
distintas comunidades serían progresivamente utilizadas en nuestra
Universidad. En aquel momento, como seguramente S. S. bien sabe, todavía
se estaba en negociaciones con la Generalitat, y yo personalmente tuve
ocasión de hablar con el entonces Consejero de Educación de Universidades
y ahora Comisionado de Universidades, para haber llegado a un convenio.
Es verdad que le pareció en ese momento a la Generalitat que el
desarrollo temporal que la Universidad Nacional de Educación a Distancia
proponía, es decir, no introducir de golpe, en un mismo instante, toda la
adaptación lingüística, toda la normalización lingüística, que es la
nomenclatura que se utilizaba, en un solo año, sino a lo largo de cuatro,
cinco o seis años, para ir utilizando primero el propio potencial de
profesores de la UNED que conocen las lenguas propias de sus comunidades
autónomas --en la UNED tenemos un buen número de profesores catalanes,
valencianos y mallorquines, que podrían cubrir prácticamente más de la
tercera parte de las asignaturas de la UNED; tenemos un buen número de
profesores que hablan gallego y un número mucho más reducido de
euskera--, era insuficiente, y es lo que llevó seguramente en su momento
a la decisión de crear la Universidad Oberta de Cataluña.
Yo he tenido recientemente una reunión con el delegado actual, futuro
rector, el profesor Ferraté, y nosotros esperamos mantener relaciones de
cooperación en la mayor medida, es decir, nosotros creemos que el
estudiante de Cataluña lo único que obtiene con esto es realmente un
privilegio frente al resto de los estudiantes españoles, porque va a
poder elegir universidad, y muchas veces no lo va a hacer --yo creo--
solamente por la lengua, puesto que, como usted ha dicho, conoce las dos
lenguas, sino que lo va a hacer por razones académicas, va a elegir
porque la enseñanza sea mejor en una o en otra o porque ofrezca una
titulación que no ofrezca otra universidad. En principio, esa es mi
valoración de este asunto, y lamento, no obstante, que se haya producido
el incidente, pero institucionalmente, desde luego, no responde en
absoluto al acuerdo del claustro, por más que hubo un grupo en el
claustro que se opuso, pero me parece que 74 votos a 24 es suficiente
diferencia; aunque hubiera sido un solo voto, hubiera sido igualmente
legítimo el acuerdo del claustro.
Con referencia a la intervención de la Diputada del Grupo Popular, este
problema de los manuales, como ya he contestado antes, se ha detectado en
algunas asignaturas porque resulta difícil en ocasiones convencer a un
profesor de la UNED de que redacte un material especial cuando entiende
que existen manuales ya clásicos suficientemente
buenos y que no serían mejorados por su propia aportación, o lo que
ocurre a veces en algunas carreras como filosofía, que entienden que el
alumno debe leer muchos textos, textos clásicos si es filosofía antigua y
medieval, y recibir orientaciones complementarias del profesor. De manera
que quiero subrayar que no necesariamente el modelo de decir «aquí hay un
cuadernito hecho unidad didáctica, en ese formato, en el que se han
puesto, por así decir, unas respuestas concretas a unos temas» sea una
solución buena en sí misma. Esto depende de para qué y de en qué caso.
Hay que pensar que estamos formando un alumno universitario y lo
importante es que el alumno disponga de materiales, que es lo que a veces
ha sido un problema, yo creo que muy pequeño, en muy pocos casos
numéricamente, pero que se ha podido dar. Incluso ha habido alumnos que,
por falta de planificación o descuido del equipo docente, han comenzado
el curso académico sin disponer de material de ninguna clase, lo cual
evidentemente es una absoluta aberración, y los profesores tutores tenían
que suplir como mejor podían esta falta de material. Eso sí. Pero no es
decir claramente que es mejor el modelo unidad didáctica específica
pregunta-respuesta, para que el alumno se limite a estudiar eso y que con
eso pueda garantizarse el aprobado, frente a un modelo en el que se le
ofrezca una apertura mayor de lectura de otros textos, de conocimiento de
otros textos, acompañado, como he dicho que ha aprobado la Junta de
Gobierno de la Universidad, por una guía didáctica que conduzca al alumno
que está solo por esos vericuetos. Me parece que es un modelo tan válido
uno como otro y eso puede resolverse en el caso concreto, en esta
asignatura sí o en ésta no. A mí solían decirme algunos profesores de la
Facultad de Derecho que determinados manuales clásicos del Derecho, me
parece que en Mercantil es el Garrigues, que eran insuperables y que no
valía la pena que ningún profesor hiciera el esfuerzo de tratar de hacer
un manual como ése, más o menos adaptado a Educación a distancia; que lo
que podían hacer, y han hecho estos profesores, son casetes donde
explican vía audio el contenido de determinados temas y capítulos y han
hecho también en otras ocasiones pequeñas guías didácticas para conducir
al estudiante.
Creo que éste es un tema importante, porque si no centramos esto de base
no sabremos muy bien qué estamos discutiendo cuando hablamos de si hay o
no hay unidades didácticas y con frecuencia se ha planteado esta
discusión, incluso en términos estadísticos, considerando unidad
didáctica la que es el modelo histórico inicial y que el resto no es
material didáctico adecuado.
De la misma manera, otra cuestión que aparece es si el material didáctico
está editado o no por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Tampoco hay posibilidad legal, según me informan todos los asesores que
he consultado, de que la universidad obligue a un catedrático de la
propia universidad o un profesor a editar el material didáctico con
nosotros. El tiene libertad de hacerlo con nuestra editorial o ir a otra,
pero el hecho de que esté editado por una editorial ajena a la UNED no
significa que no exista ese material didáctico, simplemente que no está
editado por la universidad. Estos son elementos básicos para comprender
mejor el papel de las unidades didácticas en la enseñanza a distancia.
En cuanto a la financiación de los centros asociados, sí creo que
necesitamos una reforma del modelo. De hecho, en el claustro del año
pasado, en el que se planteó la red básica, ya se hablaba incluso de la
posibilidad de que algunos centros de la universidad fuesen propios, que
el cien por cien de la financiación corriera con cargo a la universidad.
Creo que a medio plazo no pasaría nada porque la aportación mayoritaria
de la financiación de los centros, todos, tanto los de la red básica como
los restantes, fuese procedente de la universidad. Digo esto porque los
presupuestos del año pasado eran unos 14.500 millones de pesetas; el
global de la universidad, y los presupuestos de los centros asociados
venían a ser unos 4.000 millones, de los cuales 1.000 aproximadamente ya
los daba la universidad; o sea que habría que restar 1.000 a esta
cantidad y serían unos 3.000 más los que tendría que poner la
universidad.
Me parece que cuando estamos hablando de una subvención ministerial de
5.000 millones de pesetas, que esa subvención pasase a 8.000 millones de
pesetas no sería tampoco una cantidad excesiva para el Ministerio de
Educación y permitiría financiar incluso la totalidad de la red de
centros. Estoy llegando mucho más lejos. Este proceso, que como todos los
procesos, es razonable que sea gradual, porque a lo mejor tiene algunos
defectos que no somos capaces en este momento de discernir, se ha
empezado por crear una red básica que va a ser financiada con el 50 por
ciento de las tasas, como decía antes, lo que supone muchas veces el 70 ó
75 por ciento del presupuesto de ese centro. Y eso realmente se está
haciendo ya. Tengo a su disposición el borrador del real decreto, que se
titula así: Proyecto de real decreto sobre régimen de convenios de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia con los centros asociados a
la misma. Me ha sido remitido por el Ministerio el pasado 9 de febrero
para que la universidad informe sobre él y está en este momento en
estudio para que la universidad emita su informe. Creo que éste es un
camino que abre una vía de solución a la financiación de los centros que,
indudablemente, es un problema pendiente y que hay que resolver.
En cuanto al enunciado de la propuesta de su enmienda, en el artículo 60,
que propone que sea regulada por una ley específica, me parece que la
redacción es muy parecida a la que hay en el texto, sólo que sustituyen
las palabras «una regulación específica» por cuál ha de ser el rango
legal de esa regulación específica, que es una ley. Me remito a lo que
contestaba a la pregunta del parlamentario de Izquierda Unida y es que
realmente yo no soy técnico jurídico como para opinar sobre eso. Si los
problemas que he expuesto aquí se pueden resolver mediante la
habilitación legal que hace el texto actual al Gobierno y éste lo puede
hacer así por decretos o por otro mecanismo, me parece bien. Si es
necesario una ley, hágase la ley; lo que es importante es que resolvamos
los problemas, no que discutamos sobre la naturaleza jurídica o el rango
de la norma. No lo sé, probablemente los expertos juristas sí que saben
quizás que a lo mejor determinados problemas sólo mediante una norma con
rango de ley pueden resolverse.
No sé si he contestado a todas las preguntas de los primeros tres
intervinientes.
En cuanto a la intervención del Diputado del Grupo Socialista,
básicamente se centraba en si puede entrar la UNED en un modelo francés o
si debe mantenerse o sectorializarse. Creo que expresé en mi intervención
inicial el planteamiento de que al menos la experiencia europea ha
demostrado que el que hemos llamado aquí esta mañana modelo francés, es
decir, universidad presencial junto a universidad a distancia, no ha
funcionado y por eso la Generalitat de Cataluña con buen criterio, ha
optado por un modelo específico; no se le ha ocurrido decir que pongan
enseñanza a distancia a cualquier universidad de Cataluña, sino que está
a punto de crear una.
Creo que ése es el buen camino. De lo que no estoy seguro es de si el
buen camino es que se creen más universidades a distancia, en eso tengo
algunas dudas. Quizás con un poco de mejor entendimiento entre la
Generalitat y la UNED tal vez no hubiera sido necesario crear esa
universidad, pero ése es otro problema. Si hablamos del problema técnico,
de cómo se puede impartir mejor la enseñanza a distancia, tengo que decir
que la enseñanza a distancia es una planta débil que al lado de un árbol
fuerte como la enseñanza tradicional convive difícilmente. La experiencia
ha demostrado que la Open University del Reino Unido es una gran
universidad, con 190.000 estudiantes, para un país que tiene alrededor de
60 millones de habitantes. Que en Italia el consorcio de universidades
que se creó, que era inicialmente como el modelo francés, ha fracasado
después de diez años; empezó en 1980 y ha fracasado y realmente se está
pensando en hacer una universidad. En la propia Francia, cuando era
primera Ministra Edith Cresson, que ahora es comisaria europea, como
ustedes saben, puso en marcha un proyecto denominado LÕUniversité de
France, precisamente tratando de crear una gran universidad nacional de
educación a distancia.
De manera que a mí me parece que debería hacerse todo lo posible por
mantener universidades a distancia específicas, porque creo que son las
que funcionan mejor para este tipo de enseñanza.
Si digo eso me parece que trocear la Universidad Nacional de Educación a
Distancia ahora mismo no sería la mejor fórmula para resolver eso. Si se
entiende conveniente por algunas comunidades autónomas, en uso de sus
competencias, que deben crear otras universidades, eso escapa, como
ustedes pueden comprender, a las competencias de un rector, que bastante
tiene con tratar de que su universidad funcione mínimamente; pero sí,
respecto al modelo, tengo claro que si no es un modelo unitario la
experiencia europea demuestra, con los datos empíricos, que funcionan
peor. No que no funcionan. Pero que funcionan peor. Cuando hemos tenido
la suerte de copiar un buen modelo, no vayamos a estropearlo copiando
ahora el malo, cuando ya tenemos la experiencia de cuáles son los mejores
modelos en toda Europa. Creo que he expresado con claridad mi opinión en
este sentido.
¿Qué se puede hacer? No sé si se podría también introducir en el texto
legal algún párrafo que reforzase algo más esa intransferibilidad de la
UNED, aunque me parece que es obvia; cuando se dice que las Cortes
Generales y el Gobierno asumen las competencias que la presente Ley
atribuye respectivamente a la asamblea legislativa y al consejo de
gobierno de las comunidades autónomas está diciendo que no es
transferible; yo lo entiendo así; pero si SS. SS., que son más expertos
lógicamente en legislar, entienden que debería especificarse mejor,
hágase así.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rector, por su presencia, por
sus palabras y reitero lo dicho, que si algo quiere completar o añadir en
este proceso que tenemos de análisis y debate de la Ley de Reforma
Universitaria, será bienvenido.
--DE DON ERNESTO GARCIA LOPEZ, PROFESOR DE INVESTIGACION DEL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE
PERSONAL INVESTIGADOR DE DICHA INSTITUCION, PARA QUE INFORME EN RELACION
AL PROYECTO DE LEY DE ACTUALIZACION DE LA LEY ORGANICA 11/1983, DE 25 DE
AGOSTO, DE REFORMA UNIVERSITARIA. A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número
de expediente 219/000661.)
El señor PRESIDENTE: La tercera y última comparecencia prevista para el
día de hoy es la del profesor don Ernesto García López, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas. Como el resto de los
comparecientes, se trata de informar sobre el proyecto de ley de
actualización de la Ley de Reforma Universitaria. Ha sido solicitada la
comparecencia por el Grupo Popular.
En primer lugar, tiene la palabra el señor García López --le ruego que
por un tiempo máximo de diez minutos-- para expresarnos su opinión sobre
este proyecto de ley.
Tiene la palabra.
El señor PROFESOR DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y
PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE PERSONAL INVESTIGADOR DE DICHA INSTITUCION
(García López): Lo primero que debería aclarar es que, cuando se me hizo
la solicitud de comparecencia, yo ocupaba el puesto de Presidente de la
Asociación de Personal Investigador del Consejo, pero, por motivos de
retraso en los trabajos de la Comisión, ya no soy Presidente de la
Asociación de Personal Investigador puesto que, siguiendo las previsiones
estatutarias de la Asociación, cesé en mi cargo a finales del pasado mes
de noviembre. Sin embargo, creo que por este motivo, por haber formado
parte también en su momento de la Comisión Científica del Consejo y,
sobre todo, por llevar 23 años trabajando en el Consejo, lo conozco
bastante bien. Entonces lo que voy a hacer fundamentalmente en mi
exposición, que, por supuesto, va a ser todo lo breve que me sea posible,
son unas consideraciones de tipo general a los diversos aspectos del
articulado y luego algunas precisiones en algunos aspectos que, a mi
parecer, pueden ser conflictivos en las relaciones que yo creo que son
absolutamente necesarias que existan, que existen en la realidad pero que
deberían mejorarse, entre el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas o, lo que es lo mismo, sus científicos y el profesorado
universitario, las universidades en general. Y esto creo que es así,
primero, porque, evidentemente, el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas posee un potencial investigador fundamental y que ya hoy en
día, desde hace muchos años, se interrelaciona con el profesorado
universitario, no solamente en la realización conjunta de proyectos de
investigación, sino también en la docencia universitaria. Muchos
investigadores hemos sido profesores de Universidad, sobre todo a nivel
de cursos de doctorado; se dan conferencias con mucha frecuencia,
etcétera, y en ese aspecto existe una gran interacción entre ambas
instituciones. Además de eso, yo creo que es muy significativo el hecho
de que sobre todo en los últimos años se esté dando cada vez más una
instalación de centros propios del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas dentro de los campus de diversas universidades españolas y,
por lo tanto, creo que es importante que las relaciones entre ambas
instituciones sean lo más fluidas posibles.
Como consideraciones de tipo general me gustaría resaltar que tanto en el
texto actualmente vigente de la LRU como en el de las enmiendas a la
totalidad con texto alternativo planteadas por el Grupo Popular e
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y en su título preliminar, en el
artículo 1.2, letra a), se afirma que las funciones de la Universidad son
la creación, desarrollo, transmisión y crítica de la ciencia, de la
técnica y de la cultura. (El señor Vicepresidente, Alegre Galilea, ocupa
la Presidencia.) Esta distinción explícita entre ciencia y cultura es una
constante en los textos legales españoles y, en opinión de muchos
investigadores del CSIC, deja traslucir una mentalidad peculiar que
podría ayudar a comprender por qué la ciencia en España, al revés de lo
que sucede en otras instituciones, no ha calado profundamente en el
tejido social.
En palabras del premio Nobel Max Perutz no existen diferencias notables
entre la creación artística y la científica, por lo que se puede afirmar
que hay una cultura, más bien que dos, o, como escribía recientemente la
Comisión de las Comunidades Europeas, la ciencia forma parte de la vida
cultural europea y constituye el fundamento de su futuro tecnológico. La
separación entre cultura y ciencia ha llevado a que, aunque los
científicos han cambiado nuestros modos de vida de una manera más
drástica que por ejemplo las estrellas de televisión, los hombres de
Estado, los generales, el público sólo conoce la caricatura del ermitaño
sin pasiones, luchando con intrincados problemas que no puede explicar
sino en una jerga incomprensible, en palabras del anteriormente
mencionado profesor Perutz. Estimo que la modificación de la Ley de la
Reforma Universitaria podría ser una buena ocasión para dar los primeros
pasos en la solución de este divorcio entre ciencia y sociedad en nuestro
país, siquiera a nivel legal.
Con respecto a los comentarios que me sugiere el articulado, con sus
diferentes enmiendas, me gustaría comentar que es frecuente oír tanto
entre los políticos como entre el propio profesorado universitario que
algunos de los mayores males actuales de la Universidad son consecuencia
de la endogamia que ha sufrido esta institución, fundamentalmente en la
última década. Para tratar de corregir esta situación se trata, en el
proyecto del Gobierno, de introducir la necesidad de que tres de los
cinco miembros de las comisiones que han de juzgar el acceso a plazas de
diferentes niveles sean elegidos mediante sorteo --son los artículos 37.3
y 38.3-- y que, en condiciones no especificadas en el proyecto, algunos
científicos del CSIC pueden formar parte de dichas comisiones, según
procedimiento a determinar por el Gobierno, previo informe del Consejo de
Universidades, tal como dictamina la disposición adicional duodécima.
Otros grupos políticos realizan matizaciones o cambios sustanciales en
esta propuesta gubernamental y así el Grupo Popular propone en su
enmienda número 85 que sean las universidades las que decidan en qué
condiciones se daría entrada al personal del CSIC, o Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya que en su proyecto alternativo no
considera, de manera explícita al menos, esa posibilidad, aunque sí la
designación por parte de los sindicatos de dos miembros con voz pero sin
voto --artículo 38.3--, o en la enmienda número 232 de este mismo Grupo
Parlamentario. Pero incluso en la redacción del Gobierno, la
participación de los investigadores de CSIC en comisiones universitarias
está muy matizada. Por una parte, no es preceptiva la presencia de un
miembro del CSIC en ningún caso y, en caso de darse dicha presencia, el
número de miembros del CSIC, según lo propone el Gobierno, se limitaría a
un máximo de uno --artículos 37.3 y 38.3--. En este último artículo se
menciona que en las comisiones para plazas de catedrático de Universidad
el posible miembro del Consejo debería ser profesor de investigación,
pero nada se dice en los casos de plazas de profesores titulares de
Universidad o de catedráticos de escuelas universitarias.
También en la enmienda número 196 del Grupo Socialista se admite de hecho
una equiparación entre catedráticos de Universidad y profesores de
investigación a la hora de formar parte de la Comisión Nacional
Evaluadora de la Actividad Investigadora, que, dicho sea de paso, si
evalúa también «curricula habitarum» de miembros del CSIC, no entiendo
muy bien que figure en el texto de la modificación de la LRU, que pienso
sólo debería afectar a la comunidad universitaria.
El problema de las equiparaciones entre las escalas docentes
universitarias e investigadoras del CSIC surge a raíz de la desaparición
de la figura del profesor agregado y el mantenimiento de la escala del
investigador científico en el CSIC, que se encontraba equiparada a
aquélla a todos los efectos hasta ese momento. En el momento actual, los
colaboradores científicos se equiparan con los profesores titulares de
Universidad pero no existe paralelismo en la escala de investigadores.
Sobre la limitación, en todo caso, a un máximo de un miembro del CSIC en
las comisiones universitarias, hay que decir que, según un estudio
realizado el año pasado por la Asociación de Personal Investigador del
CSIC, el 45 por ciento de todos los miembros de los tribunales para las
escalas de colaborador científico, investigador
científico y profesor de investigación del CSIC fueron o catedráticos o
profesores de Universidad en el período comprendido entre 1985 y 1993.
Ello no fue debido a la ausencia de especialistas en el propio CSIC,
puesto que los dos tercios de la plantilla investigadora nunca ocupó una
de esas plazas, sino a que todos los miembros de los tribunales fueron
designados digitalmente por las sucesivas presidencias del organismo, lo
que, como es de suponer, ha originado, y aún lo hace, puesto que no se ha
corregido, un profundo malestar entre los investigadores del organismo.
Si, como es claro, el CSIC ha abierto sus puertas a científicos de fuera
del organismo --y quiero subrayar que estamos orgullosos de ello--, no
será difícil entender que la propuesta de un solo miembro del CSIC en los
tribunales universitarios, en todo caso, y ya se verá en qué condiciones,
no vaya a ser recibida con entusiasmo precisamente en el CSIC, puesto que
se considera una medida a todas luces insuficiente, por decirlo de una
manera moderada.
Las discriminaciones antes comentadas en el tratamiento dado al
profesorado universitario y al investigador del CSIC, que sin duda
afectan negativamente a la relación existente entre ambas instituciones
--y a esto me refería al comienzo de mi intervención, esta afectación
negativa, sin duda por omisión en el caso del CSIC, opino que es fruto
deliberado en muchos casos de las autoridades del organismo y del propio
Ministerio de Educación y Ciencia--, se ampliarán con la posibilidad
prevista en el artículo 46.3, segundo párrafo, que permite retribuir
adicionalmente a ayudantes, profesores ayudantes y colaboradores docentes
de acuerdo con sus evaluaciones por docencia e investigación. Esta
medida, que me parece plenamente justificada, estoy convencido que no
será aplicada en absoluto a los contratados posdoctorales del CSIC y se
abrirá así una brecha más de desequiparación --una más-- entre el
personal de ambas instituciones.
Esto es todo.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): ¿Grupos que desean hacer uso de
la palabra? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Ante todo, quiero dar la bienvenida en nombre
del Grupo Popular al profesor García López, agradeciéndole su presencia
aquí para ilustrarnos sobre las peculiaridades del proyecto de la LRU en
relación a los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, que derivan, en efecto, como ya hemos visto en
comparecencias anteriores, no solamente de lo que el proyecto dice, sino
también de lo que no dice, porque, al fin y al cabo, uno de los posibles
motivos de crítica puede ser su insuficiencia o su contemplación parcial
de los problemas en juego.
Indudablemente al intentar regular legislativamente, bien el Gobierno al
hacer el proyecto, bien los grupos al debatirlo ahora, una relación
fluida entre Universidad y Consejo Superior de Investigaciones
Científicas entran en juego tres aspectos. Por un lado, cuál será el
planteamiento que el Gobierno o los grupos parlamentarios tengan sobre
esa relación y, por otro --y quizá sea interesante y es la finalidad de
una comparecencia informativa como ésta--, tener la noticia, lo más fiel
posible, de cuál es la opinión dominante tanto en la Universidad --como
tuve ocasión de diagnosticar en comparecencias anteriores-- como en el
propio Consejo al que dedicamos esta comparecencia.
Me interesaría saber en qué medida la evidente asimetría que se da hoy
día en el tratamiento de problemas similares, tanto en el ámbito de la
Universidad como en el del Consejo, se debe a la voluntad política del
Gobierno y de los grupos parlamentarios que lo apoyan o, por el
contrario, vendría forzada por un intento de establecer un compromiso
entre esas opiniones dominantes entre dos instituciones tan absolutamente
respetables como son la Universidad, por una parte, y el Consejo
Superior, por otra. Aparentemente en el proyecto se hace una concesión a
los investigadores del Consejo al permitirles participar en las
comisiones de la Universidad cuando ya se nos acaba de dar un dato
interesante que desconocíamos y es que la participación de profesores
universitarios en las comisiones del Consejo es del 45 por ciento, si no
he oído mal.
Por otra parte --como ya se ha señalado--, queda absolutamente a
discreción del Gobierno --y esto sí que es interesante, porque no parece
que exista la posibilidad de que el Gobierno disponga de discrecionalidad
en aspectos tan delicados como la selección del profesorado
universitario, la Universidad es un organismo autónomo, según la
Constitución-- para decidir cambiar o no los tribunales, no sé sabe cómo
ni cuándo ni en qué sentido.
Yo quería preguntarle al profesor García López si la opinión dominante
--a su modo de ver-- en el Consejo Superior impediría una absoluta
simetría entre el tratamiento de determinados problemas en el Consejo y
en la Universidad, por ejemplo. Si habría alguna resistencia mayoritaria
en el Consejo Superior a que el sistema de provisión de los puestos en
las comisiones que van a juzgar a quien se adjudican las plazas de
investigador en cualesquiera de sus niveles, se hiciera por puro sorteo,
incluso saber si eso se ha hecho alguna vez así y si se cambió por la
resistencia de admitir ese sistema por parte de los investigadores o por
razones absolutamente ajenas al Consejo Superior. Porque, entre otras
cosas, si en la Universidad no se rompió con esa tradición, que sí que
existía, aunque limitada, fue precisamente por la entrada en juego no
sólo de la autonomía universitaria, sino también de las comunidades
autónomas con competencias propias, extremos que hoy día no parecen que
estén gravitando de una manera decisiva sobre el Consejo, al menos por el
momento, que sigue centralizado, y por otra parte, al Consejo tampoco se
le atribuye el derecho fundamental de autonomía que reconoce la
Constitución en su artículo 10 a la Universidad. Esto hace pensar que
sería mucho más fácil --desde un punto de vista ajeno al Consejo--
establecer el puro sorteo. Si hay razones desde el Consejo que lo
impiden, nos gustaría saber cuáles son y en qué medida son sustentadas.
Igualmente nos gustaría saber qué se opina en el Consejo respecto a otras
asimetrías imperantes, cuando, por ejemplo, en un proyecto, que al fin y
al cabo era este mismo, aunque se ha terminado desglosando, se ha
establecido
la jubilación del profesorado universitario a los 70 años y, sin embargo,
no se contempla, ni se contemplaba antes de ese desglose, que los mismos
investigadores del Consejo Superior a los que se quiere equiparar a
algunos efectos resultaran equiparados. Yo quisiera saber si los
investigadores del Consejo Superior son decididamente partidarios de
jubilarse a los 65 años, quizá porque así pueden descansar antes de una
intensa tarea investigadora, o si, por el contrario, piensan que la
madurez que da el ejercicio de la investigación puede tener algún valor
después de esa edad, y cuál es hoy día la práctica real en el Consejo a
este respecto, si se está dando lugar a actitudes no menos discrecionales
de personas puestas a dedo por el Gobierno que acaban decidiendo si la
actividad investigadora de una persona va a durar 65 años o 70, con
arreglo a su libre saber y entender, porque esto marcaría, igualmente,
una curiosa distorsión entre un elemento y otro.
Por último, ya que en el proyecto se habla tanto de tramos, e incluso en
las enmiendas se extienden los tramos también a la composición de las
comisiones y, a su vez, hay que entender que los investigadores del
Consejo sólo podrían intervenir en las comisiones cuando gocen de esos
tramos, quisiera saber qué opinión se tiene dentro del Consejo sobre
estos tramos de investigación más allá de lo meramente retributivo (sobre
ese problema o sobre cualquier otro de incrementos retributivos supongo
que en el Consejo pasará como en todas partes, y es que en general los
posibles beneficiarios no estarán en contra) y cómo se está llevando a
cabo esa evaluación, con qué posibles distorsiones, sobre todo en el
contexto europeo en el que hoy día nos movemos, que me imagino que será
especialmente relevante en el ámbito de la investigación por la
existencia del programa-marco europeo, de las ayudas con fondos Feder,
etcétera, asuntos que hacen que el investigador del Consejo probablemente
esté mucho más inserto y condicionado a la vez en ese contexto europeo
que, a lo mejor, bastantes profesores de Universidad que tienen otras
posibilidades de organizarse. Sobre cualquiera de estos puntos,
agradecería su información y sugerencias.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): Por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Jover.
El señor JOVER PRESA: Muchas gracias, señor García López, por su amable
comparecencia hoy aquí. Mi Grupo le ha escuchado con la máxima atención y
con el máximo interés y no le quepa a usted duda de que las afirmaciones
que ha hecho aquí serán tomadas en cuenta con el debido valor que tienen.
Yo voy a hacer, señor Presidente, algunas preguntas al señor García
López, preguntas que, tal como ha sucedido en anteriores comparecencias,
no solamente se refieren al proyecto de ley enviado por el Gobierno sino
también a todo el conjunto de materias que en esta Comisión y en la
Ponencia que se ha creado al efecto tendremos que discutir; preguntas que
se refieren no solamente al articulado del proyecto sino también a las
enmiendas que han presentado otros grupos, y, en fin, a aquellos temas en
los cuales tendremos que tomar decisiones.
El problema con el que nos podemos encontrar, señor Presidente, que ya ha
aparecido antes, es que, a lo mejor, el compareciente no tiene obligación
de conocer las enmiendas. De manera que para evitar este problema y para
evitar que algún otro comisionado considere que estoy falseando las
enmiendas, no me voy a referir a unas enmiendas concretas, voy a hacer
una serie de preguntas sobre temas determinados sobre los cuales creo que
esta Comisión y esta Ponencia tendrán que pronunciarse y pediré la
opinión que tiene al respecto el señor compareciente. Por supuesto que
estos temas, a mi juicio, están relacionados directísimamente con
enmiendas concretas, pero ni siquiera me voy a referir a ellas, para que
no haya problemas al respecto. Si las interpreto mal, será mi problema.
Primer bloque de preguntas. Por supuesto, todas ellas se refieren a la
investigación (usted está aquí en su calidad de profesor de Investigación
del CSIC), pero a la investigación en la Universidad, obviamente, y a la
evaluación de la capacidad investigadora, a los efectos fundamentalmente
del acceso a cuerpos docentes, porque, al fin y al cabo, aquí estamos
discutiendo de la Ley de Autonomía de Reforma Universitaria.
Primera pregunta, desde el punto de vista de la adecuada evaluación de la
capacidad investigadora de los aspirantes. ¿Qué opinión le merece a
usted, señor García López, el que en las comisiones que deben resolver
los concursos de acceso a plazas de lo que hoy llamamos profesores
titulados de Universidad o catedráticos de Universidad estén presentes,
sin voto pero con todos los demás derechos, dos personas designadas por
los sindicatos más representativos? Repito, desde el punto de vista de la
adecuada evaluación de la capacidad investigadora de los aspirantes, qué
opinión le merece esta propuesta, que es una propuesta sobre la cual esta
Comisión tendrá que pronunciarse.
Segunda pregunta. Desde el punto de vista de la implementación de una
adecuada política científica, política investigadora por parte de las
universidades, qué opinión le merece a usted el hecho de que todas las
decisiones que deba tomar una universidad, su junta de gobierno,
concretamente, en relación con modificaciones de plantilla, ya sean
cambios de denominación en plazas, ya sea minoración de plazas, ya sea
ampliación de plazas, deban contar necesariamente con el visto bueno de
la junta de personal docente. Si usted me pregunta qué es la junta de
personal docente, le diré que no lo sé, exactamente no lo sé, aunque
parece evidente que se refiere a un órgano en el cual están representados
exclusivamente los representantes del profesorado y que tiene un
contenido fuertemente sindical. Pero yo le digo junta de personal
docente, ni siquiera le digo consejo social. Además, ni siquiera le digo
informe, sino visto bueno. Sin ese visto bueno, no podrá hacerse ningún
tipo de política de plantillas. ¿Qué opinión le merece a usted esta
propuesta desde el punto de vista de una adecuada política científica?
Tercera pregunta. Aquí voy a hablar más directamente de los diferentes
sistemas de acceso a la condición de profesor titular de Universidad y de
catedrático de Universidad. Usted sabe perfectamente que el proyecto de
ley propone un modelo determinado y que algunas de las enmiendas, las
cuales se tendrán que discutir aquí, proponen otros
modelos. Concretamente uno de ellos parte de la consideración de que ese
proceso del acceso a plazas ha de hacerse en dos etapas: Una primera
etapa llamada habilitación y una segunda etapa que sería la adscripción
concreta a la plaza.
Esta primera etapa llamada habilitación, fíjese usted en qué consiste.
Primero, son pruebas centralizadas a nivel de todo el Estado. Cuando digo
centralizadas no quiero decir que tengan que ser en Madrid
necesariamente, pueden ser en otra parte, pero no podrán ser en cada
universidad, ni siquiera por comunidades autónomas, tendrán que ser
centralizadas para todo el Estado español. Segundo, son pruebas en las
cuales la superación de las mismas implica el ingreso en el Cuerpo. (El
señor Ollero Tassara: No.) Yo estoy dando una interpretación, por
supuesto, después, cuando lo debatamos en esta Comisión, veremos si eso
es cierto o no. Son pruebas que, el que las gana, automáticamente forma
parte del Cuerpo de profesores titulares de Universidad o de catedráticos
de Universidad. (El señor Ollero Tassara: No es verdad.) Tercero, son
pruebas con plazas absolutamente limitadas, de manera que las comisiones
no pueden habilitar a aquellos que consideren que deben hacerlo, sino que
tienen un tope y no pueden habilitar más de las vacantes, incluso menos.
Cuarto, son pruebas en las cuales se han de hacer tres o cuatro
ejercicios, según los casos, y, en algunos casos, uno de esos ejercicios
deberá ser la exposición, la recitación de una lección del programa del
aspirante. Lo que antes de 1982 se llamaba: «la encerrona», más o menos.
Este yo creo que es el modelo que algunos grupos, con todas sus
posibilidades de conseguirlo, presentan a esta Comisión. Mi pregunta es,
señor García López, ¿usted cree que este modelo es el mejor sistema para
evaluar, de una manera adecuada, la capacidad investigadora y científica
de los aspirantes? ¿No cree que sería mejor tener en cuenta una
evaluación más continuada, realizada por tramos, por períodos de tiempo,
en la que el órgano que evalúa no fuera necesariamente una comisión de
catedráticos de Universidad, sino que podría estar formado por
científicos de prestigio, incluso extranjeros? (El señor Ollero Tassara:
Centralizada.)
No, la comisión que ha de evaluar, por supuesto, ha de ser una comisión
centralizada, obviamente; pero esa comisión, tal y como la plantea el
proyecto del Gobierno no implica tres o cuatro pruebas con encerrona, ni
cosas por el estilo. ¿No cree usted que este modelo que se nos propone,
quizá, no digo necesariamente, podría incurrir en vicios que todos
habíamos pensado que se superaban, como, por ejemplo, la vuelta a una
cierta versión memorística? ¿Usted cree normal que a una persona que
quiere ser catedrático de Universidad se le pueda exigir que recite una
lección de su programa? (El señor Ollero Tassara: Se está exigiendo.) Una
persona que se supone que ha tenido una larguísima experiencia docente.
Yo creo que esto es una vuelta a un planteamiento de tipo memorístico.
(El señor Ollero Tassara: Se está exigiendo.) Si el señor Ollero me
permite hablar continuaré, señor Presidente. Lo que le pregunto, señor
García López, es ¿hasta qué punto esto no se parece a esas antiguas
oposiciones, aunque ya sé que no es exactamente igual, ya que antes había
seis ejercicios para cátedras y ahora parece que serán solamente tres o
cuatro, según que el aspirante sea ya titular o no, ¿pero no se parece
esto mucho a esas antiguas oposiciones anteriores al año 1982? Yo creo
que se parece bastante: plazas limitadas, acceso al cuerpo. En todo caso,
señor García López, quiero decirle una cosa al respecto y es que, en mi
opinión, estos sistemas no son los más adecuados. A mí esto me recuerda
mucho, es casi calcado a lo que antes de 1982 se llamaba el Cuerpo
Nacional de Adjuntos. Era más o menos esto: unas pruebas centralizadas
que no significaban el acceso a una plaza pero que significaban el
ingreso en un cuerpo, y después se decía: las universidades adscriben;
pero ¿qué pasaba cuando una universidad no quería adscribir? Que entonces
el Ministerio adscribía obligatoriamente. Yo esto lo sé porque hubo un
problema en mi universidad y el Tribunal Supremo tuvo que anular una
adscripción obligatoria porque iba contra el principio de autonomía
universitaria. Hay una sentencia al respecto y me acuerdo perfectamente
cómo sucedió. Yo creo que éstos son problemas que conviene que discutamos
a fondo en el transcurso de la Ponencia y de la Comisión y espero que
podamos llegar a acuerdos sobre ellos, pero ciertamente, hoy por hoy, las
posiciones son muy diversas.
Termino, señor Presidente. Cuarta pregunta. Esta pregunta creo que me la
podrá responder con bastante facilidad el señor García López, puesto que
se refiere a un tema que él ha planteado, que se refiere a la relación
entre la Universidad y el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
Como usted ha dicho muy bien, el proyecto del Gobierno establece una
presencia de los miembros de las escalas de investigación del CSIC --los
responsables de investigación-- en bastantes órganos que han de tomar
decisiones y que han de evaluar la capacidad científica e investigadora
de los aspirantes a catedráticos de Universidad o a titulares de
Universidad. Concretamente, como usted ha dicho muy bien --y lo digo por
la enmienda socialista-- los profesores e investigadores del CSIC podrán
ser miembros de la Comisión Nacional Evaluadora; segundo, obviamente,
puesto que entre ellos hay gente de prestigio, podrán ser miembros de los
comités asesores que han de asesorar a esta Comisión científica y,
tercero, podrán ser miembros de las comisiones que en cada Universidad
decidan sobre los concursos a plazas de profesor titular de Universidad y
profesor catedrático de Universidad.
Me ha parecido que usted consideraba positiva esta presencia y que, en
todo caso, le sonaba a poco. Tomo nota de ello. Pero en contradicción le
digo otra cosa, que si aprobamos las propuestas que se presentan esta
presencia desaparece totalmente. No es cierto que la enmienda a la que
usted se refería, de pluralidad, diga que los profesores del CSIC tendrán
que estar en estos lugares, al contrario, dice que no estarán en la Junta
de habilitación. Dice catedráticos de Universidad, y solamente
catedráticos de Universidad, de modo que ya se pueden ustedes olvidar de
estar presentes en estas comisiones si se aprueba esta enmienda, porque
no estarán. Tampoco se dice que tengan que estar en las comisiones que
después, en cada Universidad, decidirán sobre la adjudicación de una
plaza. No dice nada. No lo prohíbe pero no dice nada. Se sortean. De
manera que en este aspecto, por lo menos,
me parece correcto advertir que el proyecto del Gobierno va mucho más
lejos que las enmiendas presentadas. Repito, si se aprueban esas
enmiendas ya pueden los profesores de investigación del CSIC --si se
aprueban como están ahora por supuesto-- olvidarse de que puedan formar
parte por lo menos, en las comisiones que decidan sobre la habilitación,
que son básicas, que son cruciales. Ahí se dice solamente: catedráticos
de Universidad. Si un miembro del CSIC es también catedrático de
Universidad podrá estar, pero si no, no. Y éste es un tema sobre el cuál
me gustaría pedir su opinión. Concretamente, qué opina sobre este hecho,
sobre que no puedan estar, sobre que este pequeño avance que representa
el proyecto de ley del Gobierno fuese, como consecuencia de votaciones en
esta Comisión, eliminado y se volviese a una situación anterior, en la
que había una absoluta separación entre Universidad y Consejo Superior.
Finalmente --y para acabar, de verdad, señor Presidente-- quiero hacer
una reflexión de tipo más genérico, más global. El señor García López ha
dicho palabras muy interesantes y muy ciertas respecto a ese problema del
cual antes se ha hablado, el de la llamada endogamia. Mi pregunta es la
siguiente, señor García López, ¿usted no cree que la investigación en la
Universidad --y también fuera de ella-- para ser eficaz, para ser
rentable, no requiere la existencia de equipos coherentes y estables,
equipos dotados de la máxima continuidad, equipos en los que se dé una
relación de confianza --incluso eso, de confianza-- entre sus
componentes, en los que se eviten posibles individualismos, equipos en
los que haya una línea de investigación común? ¿No cree que esto es bueno
para que haya una apropiación rentable de la labor investigadora? Se lo
digo porque todos estamos en contra de la llamada endogamia y
precisamente el aspecto que fundamentalmente pretendía el Gobierno con
este proyecto de ley era luchar contra esa posible endogamia, nadie lo
podrá negar. Bueno, el señor Ollero lo niega. Pero yo creo que
básicamente, equivocado o no, lo que fundamentalmente se pretende con
este proyecto de ley es acabar con esa posible endogamia, se dé o no se
dé. Actualmente se habla de esa endogamia o cosa similar como de algo que
hay que destruir, de acuerdo, y se habla de la movilidad como el bien a
conseguir. Pues yo creo que una excesiva movilidad tampoco es buena para
la investigación en la Universidad. Creo que tenemos que abandonar esa
vieja concepción en la cual los profesores, los catedráticos, iban de
universidad en universidad para ver si, al final, podían acabar en
Madrid, que es lo que querían, porque todo eran cuerpos, los cuerpos eran
lo fundamental y la capacidad de las universidades para crear su propio
profesorado, sus propios equipos era nula.
Por esto, señor García López, yo le pregunto ¿no cree usted que,
precisamente para conseguir esa estabilidad, esa continuidad en los
equipos de investigación en cada universidad, no es bueno que se dé la
palabra a los departamentos y a las universidades, que tengan una
intervención, incluso directa, en estas decisiones? Me parece que, por el
contrario, forzar una excesiva movilidad, a largo plazo podría ir en
contra de esto que todos deseamos: que nuestra Universidad sea un órgano
que realmente investiga, y que investiga de verdad.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): Señor García López, usted puede
contestar ahora, en su turno, a todas las preguntas y a las cuestiones
que han vertido los portavoces de los grupos, pero quiero recordarle que
su presencia aquí obedece, única y exclusivamente, a que informe en
relación al proyecto de ley de actualización de la reforma universitaria,
no en cuanto a alternativas o propuestas que hayan presentado, vía de
enmiendas, los distintos grupos, sino simple y escuetamente al proyecto
de ley de esta reforma universitaria.
Hecha esta aclaración, tiene la palabra el señor García López.
El señor Profesor de InvestigaciOn del Consejo Superior de
Investigaciones CientifIcas y Presidente de la AsociaciOn de personal
Investigador de dicha InstituciOn (García López): Respecto a las
preguntas que me ha planteado el señor Ollero, portavoz del Grupo
Popular, él ha hablado de asimetría. Al comienzo de mi intervención
fundamentalmente y un poco a lo largo de ella de manera implícita, quizá
no explícita, me he referido a la existencia de una asimetría, que yo he
llamado desequiparación, entre el personal del Consejo y el de la
Universidad. Es evidente que el trato que se da al profesorado
universitario no es el mismo que se da a los investigadores del Consejo.
Evidentemente, esto no es culpa de que el personal investigador del
Consejo quiera ser asimétrico o estar desequiparado con respecto al
profesorado universitario. En el Consejo somos perfectamente conscientes
de ello y hay datos numéricos, como una encuesta que hicimos desde la
Asociación de Personal Investigador hace algún tiempo, que demuestra que
la mayor parte, del orden del 80 ó 90 por ciento del personal
investigador del Consejo quiere ser lo más parecido posible al
profesorado universitario.
¿Por qué? Por una razón muy sencilla, que no se puede negar. El Consejo
es un organismo pequeño, está formado por menos de 1.800 investigadores.
Es evidente que en un país como el nuestro, que no tiene una gran
sensibilidad hacia la ciencia, un colectivo tan sumamente reducido de
personas, por más que creo que su calidad está fuera de toda duda, está
en franca desventaja. Somos una parte muy débil del sistema investigador
de este país; aunque cualitativamente seamos muy importantes, comparados
cuantitativamente con los casi 50.000 profesores universitarios, más los
investigadores de otras instituciones del Estado, es evidente que 1.700 ó
1.800 personas representamos muy poco.
Las sucesivas modificaciones legales que se han introducido en el
Consejo, siendo el último aspecto la modificación de su Reglamento
orgánico, hicieron que el Consejo haya pasado de ser un organismo hasta
cierto punto dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, pero,
también hasta cierto punto, independiente en su funcionamiento, es decir,
con una entidad jurídica propia, a ser una mera dirección general del
Ministerio de Educación y Ciencia, es decir, hemos perdido claramente en
rango administrativo. Esto ha llevado a que el Consejo esté en este
momento en una situación de franca debilidad con respecto al sistema
general. Si sumamos esto a las restricciones
económicas que padece nuestra economía, es evidente que si en algún sitio
hay que recortar, siempre se tiende a recortar presupuestos, lo que
significa plazas, contratos, proyectos, etcétera, en el Consejo.
Está claro, y simplemente hay que remontarse a la historia de años atras,
que cualquier medida introducida para mejorar las condiciones tanto
profesionales como económicas del profesorado universitario solamente ha
conseguido ampliar el personal investigador del Consejo después de alguna
movilización. Esto es lamentable porque los primeros que no queremos
hacer movilizaciones somos los investigadores del Consejo, nos detrae
muchísimas horas de lo que realmente nos interesa y para lo que nos
pagan, que es la investigación, pero está claro que después de haberlo
intentado durante muchas veces en sucesivas etapas históricas y con
diferentes presidencias y ministros en el Gobierno, esto es un hecho.
Cada vez que ha habido que mejorar algo y que el Gobierno del momento se
olvidaba del Consejo --siempre se olvidaba, precisamente porque somos muy
pocos--, el personal investigador del Consejo ha tenido que movilizarse
para conseguirlo, después de un período de tiempo que en unos casos ha
sido de meses y en otros incluso de años, para equiparse a ese
profesorado universitario. Está claro que la fuerza, dentro de la que
pueda tener en este país, la tiene la Universidad, y los del Consejo
--creo que se podría afirmar así, aunque no fuera más que por un instinto
de supervivencia-- deseamos estar equiparados a la Universidad y que no
exista esa asimetría.
La palabra asimetría me recuerda mucho a la que utilizaban anteriores
responsables del Ministerio cuando hablaban de diferente centro de
gravedad. Es otra manera de expresarse, quizá más física, sobre lo que
representa que el Consejo no esté equiparado con la Universidad. Es
evidente que esa asimetria no se debe a falta de deseo por parte del
personal del Consejo sino por parte del Gobierno en cada caso. Por una
parte, por todas las mejoras en condiciones económicas y de trabajo, no
sólo deseamos, y creemos que está plenamente justificada, como se
contempla en algunas partes de la LRU, una equiparación funcional a todos
los efectos con las categorías del profesorado universitario, sino que
además creemos que es absolutamente imprescindible.
En primer lugar, no se puede despreciar la actividad del Consejo, sino
que hay que potenciarla; no se puede despreciar la actividad
investigadora en la Universidad, sino que hay que potenciarla. Y ¿cómo se
potencia en un país en el que lamentablemente hay tan pocos
investigadores, porque, realmente, teniendo en cuenta la media de
investigadores por cada 10.000 personas de población activa, estamos a la
cola de la Comunidad Europea? ¿Cómo se potencia eso aprovechando los
recursos que hay? Evidentemente, juntando, nunca separando. Si la mayor
parte de los proyectos de investigación que se llevan en el Consejo y en
la Universidad forman parte personal de una y de otra institución
simultáneamente y de otras instituciones como puede ser el Instituto de
Salud Carlos III o el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, que
ahora está transferido a diversas comunidades autónomas, etcétera, si se
tiende a agrupar eso y no a dividirlo --y en eso estoy de acuerdo con el
portavoz socialista que decía que los grupos de investigación tienen que
tener una masa crítica y tienen que ser bastante estables para poder
desarrollar una investigación continuada a lo largo del tiempo y que sea
medianamente merecedora de admiración--, es evidente que lo que no
podemos hacer es partir de una situación de desigualdad, y todo lo que
sea meter cuñas, sean del tipo que sean y del grado que sean, que
separen, es decir, que diferencien o que produzcan una asimetría entre lo
que son los investigadores del Consejo y lo que es el profesorado
universitario es evidente que precisamente va en contra de esto. Si
estamos haciendo --como decía al principio de mi intervención-- que el
Consejo cada vez se integre más en la Universidad a base de crear centros
mixtos, de los que ya hay muchos, pero, además, centros propios del
Consejo dentro de los campos universitarios --porque no podemos separar
una institución de otra--, no tiene sentido que exista una
desequiparación, una asimetría, un centro de gravedad diferente entre el
tratamiento del personal investigador por un lado, y del personal docente
universitario por otro. No puede existir, porque es evidente que
cualquier relación que se establezca a nivel personal entre diferentes
grupos de investigación va a partir de una situación de desigualdad que
nadie quiere y que va a dificultar más que a favorecer esas relaciones.
Por eso precisamente estoy de acuerdo cuando señalaba el profesor Ollero
que la jubilación a los 70 años ha sido una cuña más, quizá no la última,
pero sí una cuña más que se ha introducido para discriminar --y creo que
utilizo la palabra, como explicaré a continuación, con toda intención--
al personal investigador del Consejo respecto al universitario. De hecho,
en el preámbulo de la modificación de la LRU, que permite la ampliación
de la edad de jubilación a los 70 años al profesorado universitario, se
habla de las peculiares características docentes e investigadoras de la
función docente universitaria. Evidentemente, como también decía
anteriormente, el personal investigador del Consejo también tiene sus
peculiaridades investigadoras y, como también señalaba, en muchos casos
docentes, y, si no continuadas en muchos casos, por lo menos sí de manera
esporádica. Sin embargo, esa ampliación que se ha permitido, y con la
que, evidentemente, estamos de acuerdo, respecto a la jubilación del
profesorado universitario se ha negado sistemáticamente a los
investigadores del Consejo, y se ha negado por tiempos, evidentemente por
parte de las autoridades ministeriales competentes, es decir, por parte
del Presidente del Consejo, quien, creo que si no en esta misma sala, sí
ante esta misma Comisión hace un año y pico, según las actas de la
Comisión correspondiente, dijo que eso no se iba a aplicar al personal
del Consejo. Después de reiteradas solicitudes hasta llegar al Ministro
del Educación y Ciencia sin obtener respuesta hace escasos meses, el
Presidente del Consejo de nuevo y posteriormente el Secretario de Estado
de Universidades e Investigación reafirmaron que esa ampliación no se iba
a dar en el caso del Consejo --evidentemente no se ha dado--, hubo una
posibilidad de ampliar la edad de jubilación con una enmienda que, si no
me equivoco, introdujo a los Presupuestos Generales del Estado el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió
y que fue aprobada en el Senado, pero posteriormente fue rechazada en el
Congreso, que era una ampliación para todos los funcionarios del Grupo A;
tampoco se ha podido aplicar esa vía y, sin embargo, sorprendentemente, y
creo que en esto el tiempo, habida cuenta de cómo está este tema, termina
dando la razón a favor de la jubilación, ya que, al menos por las
noticias de prensa, las reuniones que ha habido de diferentes grupos
parlamentarios en Toledo parece que van precisamente a que esa ampliación
sea general, es decir, que aquellos que puedan permitirse trabajar hasta
los 70 años lo puedan hacer. En el Consejo es evidente, yo creo que somos
todos suficientemente inteligentes como para poder saber que si hay una
persona, dos o cincuenta que no están en condiciones físicas o mentales,
capacitados o simplemente que no les apetece seguir trabajando más allá
de los sesenta y cinco, se deben retirar buenamente y no haya que
retirarlos forzosamente como ahora.
Bien es cierto que en el Consejo se ha abierto una vía que es la
denominada doctores vinculados ad honorem, que se abrió hace escasamente
doce o trece meses, en la que, después de pasar a través de una
evaluación de la comisión nacional de actividad investigadora, a través
de la comisión correspondiente de área de la comisión científica, y la
decisión final la toma el presidente del Consejo, se permite a ciertos
investigadores que puedan continuar, sin cobrar, eso también hay que
decirlo --por tanto, no se parece en nada a la figura del profesor
emérito--, se permite que continúen trabajando hasta los 70 años con una
decisión que en último término es decisión exclusiva del Presidente del
Consejo. Evidentemente, cuando la decisión la toma sólo una persona, las
posibilidades de discrecionalidad son enormes. De todas maneras, creo que
en el momento actual no deben ser más de diez o doce personas, a lo mejor
son quince, las que se encuentren en estas condiciones, aparte que hay
muchos compañeros que están en esta situación de práctica jubilación
forzosa que comentan que ellos, después de estar treinta o treinta y
cinco años trabajando en la institución con un currículum bastante
voluminoso, no están por la labor de que haya un señor que les tenga que
autorizar a seguir como si fuera una caridad. Mucha gente lo entiende
realmente como una caridad cuando consideran que debería ser un derecho,
y hay gente que voluntariamente no está solicitando ni siquiera esta
figura honorífica, sino que directamente dicen: o me lo dan porque me lo
merezco o no quiero que me hagan un favor.
Con respecto a la pregunta que hacía el señor Ollero sobre los tramos de
investigación, yo creo que la opinión generalizada en el Consejo es
claramente positiva, es decir, los investigadores consideramos que es una
buena acción, una buena idea, que se evalúe la actividad investigadora y
que a la gente se la premie económicamente en este caso pero también
desde el punto de vista de prestigio, puesto que permite el acceso a
ciertas comisiones, etcétera; es una buena idea. Otra cosa es cómo se
está llevando a cabo en el día a día. La prueba es que yo diría que son
innumerables los recursos que ha habido contra estas evaluaciones, muchos
de ellos basados fundamentalmente en el hecho de que hasta hace poco las
comisiones correspondientes cuando dictaminaban negativamente simplemente
decían no y no decían por qué razón, y, claro, parece un poco ilógico --y
así lo han reconocido muchas sentencias de los tribunales--, ya que,
cuando se dice no, al menos, se debe justificar por qué no, no se puede
decir simplemente no.
En el contexto europeo me consta que no existe algo similar, por lo menos
en la mayor parte de los países, puesto que he tenido contacto --no
buscado por mí, pero sí accidentalmente-- con una investigadora española
que está haciendo su tesis doctoral en Alemania y que está estudiando
precisamente el sistema de evaluación español, y me comentó que desde
luego era un sistema de evaluación que no tenía parangón en el contexto
europeo, por lo menos no lo tenía hasta hace otro o diez meses.
Con respecto a las cinco preguntas, si no me equivoco, que me ha hecho el
portavoz socialista, he de decirle que quizá no le ha entendido bien, y
tal vez a algunas de ellas no voy a poder contestarle porque se salen de
mi capacidad y de mi conocimiento. Le ruego, por favor, que si alguna
pregunta no la he entendido bien me rectifique, porque he podido
entenderla de manera equivocada.
Si no recuerdo mal, me ha preguntado qué opino sobre el hecho de que se
proponga en alguna de las enmiendas --y creo haber citado que era
concretamente en la enmienda del proyecto alternativo de Izquierda
Unida-- que exista una evaluación investigadora y en esas comisiones
existan dos personas representadas por los sindicatos, con voz pero sin
voto, etcétera. A mí me parece muy bien que estén los sindicatos y que
estén todas aquellas personas que tengan una capacidad para juzgar. Es
decir, si las dos personas designadas por los sindicatos están
capacitadas científicamente para juzgar un currículum científico, me
parece perfecto, tanto si son de los sindicatos como si no lo son, como
si quieren ser investigadores europeos. ¡Ojalá fuéramos tan abiertos que
nos permitiéramos el lujo de poder invitar, como sucede en otros países,
a científicos europeos, simplemente, por ejemplo, para juzgar tesis
doctorales! En España eso todavía es más bien la excepción de la regla.
Aunque bien es cierto, y en esto tengo que volver otra vez al proyecto de
ley, que, de acuerdo con el contexto europeo, las plazas de las
universidades --supongo, no soy técnico en la materia-- tienen que estar
abiertas (al menos como sucede en las plazas del CSIC ya desde la última
convocatoria) a cualquier investigador o profesor universitario europeo
que quiera venir a nuestro país a ocupar una de esas plazas, por el hecho
de tener que pasar por una serie de tramos de investigación (aunque en el
articulado se plantean ciertas posibilidades intermedias) va a ser
difícil que esos profesores europeos presenten sus currículos para
evaluación por esas comisiones y tengan los tramos específicos necesarios
para poderse presentar a las plazas, con lo cual quizá se está haciendo
una cierta discriminación.
En cuanto a la pregunta específica, le respondo concretamente. Si las
personas designadas por los sindicatos, como por cualquier otra
organización, son científicos, a mí me parece muy bien. Si no son
científicos, francamente no lo entiendo, y no lo entiendo porque se han
dado casos de gente de mi propio centro de investigación que cuando se
han tenido que reincorporar a su plaza después de ocupar un cargo en una
de las comisiones dependientes de la Comisión
Internacional de Ciencia y Tecnología han tenido que pasar por un
tribunal constituido en su exclusividad --quizá me equivoque y sean todos
menos uno-- por personas que, de acuerdo con la ley, tenían que juzgar
esa plaza. Ninguna de ellas hizo ciencia en su vida, ninguna de ellas
sabía lo que era un currículum científico ni podía valorar si la revista
«Journal of Bacteriology» es más importante que los «Proceedings of the
National Academy of Science». Ninguna de ellas tenía capacidad. ¿Cómo
puede juzgarse si esa persona está capacitada o no? Simplemente eso se
sale de su capacidad. Lo mismo que un científico no puede juzgar --como
comentaba el Rector de la Universidad a Distancia-- si es necesaria una
ley o un decreto; esto se sale de sus capacidades. Es decir, juzguen las
personas que estén capacitadas para juzgar esto, y lo mismo me da hablar
de ciencia que de cualquier otra actividad. Tienen que ser especialistas
los que juzguen.
Con respecto a qué opinión me merece el que la junta de personal docente
tenga que dar el visto bueno para la ampliación y minoración de plazas,
francamente no le puedo contestar porque no tengo idea de cómo se
constituye esta junta, realmente no lo sé. Lo único que le puedo decir es
que en el Consejo la ampliación o la minoración de plazas la deciden
desde la Presidencia del Consejo y desde el Ministerio de Educación y
Ciencia directamente en los Presupuestos Generales del Estado, y desde
luego a los investigadores no nos han preguntado nunca, aunque los
investigadores decimos continuamente que queremos más plazas. El mismo
Consejo --y ayer lo recordamos en una reunión en mi departamento-- hizo
un proyecto de investigación de todo el Consejo en el año 1987, que tenía
efectos, teóricamente, entre el quinquenio 88/92, en el que se preveía un
crecimiento anual de las plantillas de investigadores del 6,5 por ciento.
Curiosamente se preveía que en el año 1992 iba a haber 2.500
investigadores en el Consejo, según ese documento, pero no se ha llegado
en el año 1995 nada más que a 1.800, y ahora, encima que no hemos llegado
a cubrir esos mínimos, resulta que se prevé que para los próximos años va
a haber un crecimiento del 3 por ciento. Por eso yo, francamente, no lo
entiendo, sobre todo si tenemos en cuenta que el Consejo tiene 1.800
investigadores y, por ejemplo, el CNRS francés, que es su homónimo y que
nació, como seguramente SS. SS. saben, el año 1939, es decir, el mismo
año que el Consejo fue creado, tiene 11.000 investigadores. La diferencia
es como para decir que no hay que hacer ampliaciones, pero ya le digo que
en el caso del Consejo nunca nos preguntan si queremos ampliación. Se
supone que la queremos y, obviamente, lo decimos por escrito, pero no
está en nuestra capacidad de decisión.
Con respecto a la tercera pregunta, sobre el tema de la habilitación,
tampoco le puedo decir nada. Realmente en el Consejo no existe algo
similar a esto. Parece que su intervención no coincidía con lo que
opinaba el señor Ollero, que debe ser el ponente de la enmienda de su
Grupo. Yo no estoy capacitado para juzgarlo.
Con relación a que las plazas sean limitadas, le puedo decir que en el
Consejo son limitadas desde siempre, y además está taxativamente
prohibido, porque en años históricos (y le estoy hablando del año 1975
hacia atrás, posiblemente) se prohibió dar una sola plaza más de las que
salían convocadas. Hubo gente que sacó la plaza; como no había número de
plazas limitadas, aprobó las oposiciones, pero no le dieron plaza, y
luego la ganó. Esto en el Consejo pasa. ¿Es bueno, es malo? Yo le puedo
decir, y esto creo que es demostrable, que aproximadamente creo que en el
80 por ciento de las personas que en el Consejo se presentan a una plaza
de colaborador, de investigador o de profesor de investigación, que son
plazas, por ejemplo, en la escala más baja, de colaborador científico
(dejaríamos la escala de entrada), que se supone que son para científicos
jóvenes, la edad media de las personas que obtenían la plaza hace dos
años era 34-35 años, cuando hay muchos estudios que dicen que a los 40
años se alcanza el máximo de la productividad científica, y quizás en
algunas especialidades, como la física teórica, incluso sea la de los 25.
En el Consejo estamos incorporando a la plantilla investigadora a
personas con un mínimo de 35 años; incluso hay personas de la última
convocatoria que han entrado en plantilla con 49 años, y no porque sus
currículos no fueran sobresalientes, sino simplemente por carencia
absoluta de plazas. Es evidente que para mí el número de plazas que hay
en el Consejo es absolutamente ínfimo y podría haber todas las plazas que
se quisieran. Estoy seguro de que durante muchos años no habría
posibilidad numéricamente significativa de que entraran personas que no
estuvieran cualificadas. En la Universidad realmente no lo sé y ya le
digo que no le puedo contestar mejor.
Con respecto al tema de cómo se desarrollan las oposiciones, si hay que
exigir una lección magistral o no, me parce que son los propios
universitarios los que lo tienen que decir. Ya le digo que, a este
respecto, no puedo decir nada, y por eso en mi intervención primera me he
mantenido exclusivamente en lo que podía afectar a ambas instituciones.
En el Consejo originariamente había una especie de lección magistral,
hasta hace no más de siete u ocho años. Había tres ejercicios: un
ejercicio de exposición de currículo (también lo hay previsto para el
personal de Universidad), un ejercicio que originariamente consistía en
exponer un comentario sobre un trabajo de investigación, actualmente se
ha sustituido por una exposición de un proyecto de investigación, y había
un tercer ejercicio que era, entre una serie de temas (normalmente eran
hasta 20 temas), a suertes, salía uno y el opositor exponía sobre ese
tema lo mejor de sus conocimientos. Eso se ha eliminado, y en el caso del
Consejo (en el que hay una menor carga docente que en la Universidad, es
obvio) no solamente no se ha notado, sino que los opositores lo
agradecen, los tribunales lo agradecen muchísimo más y no servía para
nada. Yo no sé si en la Universidad sirve o no sirve. Es evidente que,
supongo yo (pero admito que no estoy autorizado para decirlo ni que se me
tenga muy en cuenta), de alguna manera, quizá la evaluación continuada
podría ser un sistema, pero tampoco creo que el exponer una lección
magistral dé una opinión clara sobre si una persona tiene capacidad
docente. Una persona puede saber muchísimo y explicarse muy mal, y, por
el contrario, hay magníficos docentes que no tienen una gran capacidad
investigadora. Es
decir, bajo todo este cielo hay todo tipo de posibilidades. A mí no me
parece que sea el mejor sistema, pero le vuelvo a decir que yo creo que
son los propios universitarios los que tendrían que opinar si creen que
eso es conveniente o no, porque realmente no lo sé.
En cuanto a su cuarta pregunta, sobre las relaciones entre la Universidad
y el Consejo y sobre la presencia del CSIC en evaluaciones
universitarias, incluso de investigadores europeos, creo que ya lo he
dicho, pero lo voy a repetir muy rápidamente. Lo que prevé el Gobierno es
que haya como máximo un investigador en general en esas oposiciones. Yo
mucho me temo que va ser máximo cero en la mayoría, pero no me lo temo
por nada, me lo temo por hechos; es decir, no es una impresión puramente
personal. Hasta ahora no ha habido eso. Ahora se admite un máximo de uno.
No parece mucho, y desde luego creo que abrir los tribunales
universitarios como se han abierto --y vuelvo a decir que creo que
estamos desde el Consejo absolutamente orgullosos de ello--, los
tribunales del Consejo a profesorado externo a la propia institución, que
son de la Universidad en la mayor parte de los casos, pero que también
hay astrónomos del Instituto de Astronomía, hay oceanógrafos, personal
del Instituto de Investigaciones Agrarias, incluso doctores provenientes
de la empresa privada, esto me parece absolutamente positivo, pero no
abrirlos con una mentalidad --y es una opinión personal, y le pido que no
se ofenda-- que la considero cicatera. Es decir, me parecería bien que se
ampliara la posibilidad, pero eso de limitarla en cualquier caso a uno,
qué quiere que le diga. Aparte de que tengo la impresión personal de que
si esa elección la hace el Gobierno, pues va a resultar lo que ha
sucedido. En los tribunales de las oposiciones del Consejo, a los que me
refería antes, le puedo dar un dato que yo creo que es bastante
significativo. Mientras que en esos tribunales en un plazo de diez años
los dos tercios de la plantilla no estuvieron nunca, 40 personas del
Consejo de los 1.600 investigadores ocuparon el 25 por ciento de las
plazas posibles. Es decir, hubo una persona concretamente que estuvo
hasta 12 veces, hasta en doce tribunales durante esos diez años, mientras
que 1.000 ó 1.200 investigadores no hemos estado nunca en diez años en un
tribunal de oposiciones, lo cual no deja de ser sospechoso. La
Presidencia del Consejo ha dado sus razones en público, diciendo que se
ha escogido a los más aptos. Realmente en esa lista --si le interesa,
tengo aquí una copia del estudio-- hay personas que incluso tienen el
Premio Príncipes de Asturias, y hasta que nosotros no lo denunciamos no
estuvo nunca en un tribunal, y este año la pusieron en un tribunal. Me
parece que esa persona está fuera de toda duda científica, ésas y otras
personas que no han recibido ese premio, pero que han recibido otros y
que son considerados nacional e internacionalmente expertos en su campo y
que no han estado. Pues ahí merece la pena que cada uno haga la
cualificación que quiera.
Con respecto a la última pregunta, y con esto termino, estoy
absolutamente convencido de que los equipos tienen que ser coherentes,
estables y que tiene que existir una relación de confianza, yo diría más,
una relación a ser posible de amistad entre los miembros del equipo. Es
decir, se pasan 10, 12, 14, incluso 16 horas y a veces 24 horas seguidas
en el laboratorio, conviviendo con gente, desde la persona que acaba de
terminar su carrera y comienza una tesis doctoral, hasta el doctor que
está a punto de jubilarse. Uno de los problemas que la mayor parte de las
comisiones internacionales han detectado no sólo en el Consejo sino
también en la Universidad, es la atomización. Es decir, los grupos de
investigación en este país --y lo dicen los programas que concede la
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología-- indican que el número
de investigadores de dedicación plena, los EDP o los EJC, como se
llamaban antes, es realmente minúsculo, una media de tres, cuatro
investigadores en plantilla en dedicación plena, que incluye obviamente a
becarios. Esto evidentemente es poquísimo. Los grupos de investigación
para hacer una investigación seria tienen que ser lo más amplios
posibles, y es rarísimo encontrar en este país un proyecto de
investigación formado por más de tres o cuatro personas en plantilla, lo
cual no debería ser, pero esto es debido --y yo creo que eso hay que
dejarlo claro-- a dos cosas: por una parte, a que en todas las
oposiciones tanto del Consejo como de la Universidad se valora mucho el
ser jefe de proyecto, el ser cabeza de grupo. ¿Qué sucede? Que cuando una
persona obtiene una plaza del tipo que sea, titular en la Universidad,
colaborador en el Consejo, lo primero que quiere, si piensa aspirar algún
día a una promoción interna, es ser jefe de algún grupo. Eso le está
promocionando a separarse del grupo natural del que salió y del que
posiblemente formara una parte muy importante. Eso por una parte. Por
otra parte, los propios centros tienden a promocionar que la gente tenga
grupos importantes, porque todo el mundo quiere ser jefe de algo. Eso es
quizás un poco de idiosincrasia española, y eso es muy lamentable y
habría que procurar evitarlo. La movilidad del investigador o del docente
creo que es contraria en cierta manera, pero en muchos países --y pienso
que nos vamos a tener que acostumbrar a ello dentro de nada en la Unión
Europea-- la movilidad es algo consustancial a la ciencia. Quizá no una
movilidad definitiva de romper, digamos, la casa de uno para cambiarse a
otro sitio, pero sí la movilidad frecuente entre laboratorios de
diferentes países, ahora mismo dentro de la Comunidad Europea y
posiblemente dentro de nada a nivel de cualquier otro país del mundo. Eso
es fundamental y desde luego creo que hay que acabar con la endogamia,
ésa es la idea, más o menos, de todo el mundo.
El señor VICEPRESIDENTE (Alegre Galilea): Gracias, profesor, por su
intervención y por las aportaciones que ha hecho a lo largo de esta
comparecencia, que sin duda alguna entendemos que van a servir para que
los miembros de esta Comisión tengan una visión más cabal, completa y
fundada de lo que va a suponer este proyecto de ley de reforma
universitaria.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta minutos de la tarde.