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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 417, de 14/02/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 417
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 25
celebrada el martes, 14 de febrero de 1995
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de
declaración de Parque Nacional de los Picos de Europa. (Número de
expediente 121/000049). (Página 12710)
Dictamen del proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de los
Picos de Europa. (BOCG, serie A, número 63-1, de 17-5-94. Número de
expediente 121/000049). (Página 12710)
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno para que aplique el coeficiente
corrector de cotización de dos tercios a la embarcaciones pesqueras
comprendidas entre 150.01 y 400 toneladas de registro bruto (TRB).
Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV. (BOCG, serie D, número
127, de 26-7-94. Número de expediente 161/000258). (Página 12716)
--Sobre la participación del sector pesquero español como observador en
las negociaciones bilaterales y multilaterales de la Unión Europea (UE)
con terceros países. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
(BOCG, serie D, número 175, de 23-12-94. Número de expediente
161/000347). (Página 12719)
--Sobre la participación del sector pesquero español como observador en
el Comité Hispano-Francés de Pesquerías. Presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV). (BOCG), serie D, número 187, de 6-2-95. Número
de expediente 161/000377). (Página 12719)
--Relativa a la ampliación de las provincias españolas con derecho a la
percepción de la ayuda a la producción de trigo duro. Presentada por el
Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 163, de 18-11-94.
Número de expediente 161/000332). (Página 12723)
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
En primer lugar, y creo que como un deber de cortesía, quiero felicitar
al señor Tubert, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), por su
nombramiento como miembro de esta Comisión, y desearle éxito en todos sus
trabajos parlamentarios.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LE DE
DECLARACION DEL PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE EUROPA. (Número de
expediente 121/000049.)
--PROYECTO DE LEY DE DECLARACION DE PARQUE NACIONAL DE LOS PICOS DE
EUROPA. (Número de expediente 121/000049.)
El señor PRESIDENTE: El primer punto del orden del día es la tramitación
del proyecto de ley de declaración de Parque Nacional de los Picos de
Europa.
Antes de entrar en su tramitación, procede ratificar la Ponencia que en
su día se nombró para redactar el informe sobre este mismo proyecto. Los
nombres de los ponentes los conocen SS. SS. y, si les parece, sin más, lo
damos por ratificado.
Señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Al señor Baltá y Llopart le sustituye el señor
Simó.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo.
A efectos ya del trabajo en este proyecto de ley queda sustituido el
señor Baltá por el señor Simó, del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
¿Queda ratificada la Ponencia? (Asentimiento.) Queda ratificada.
Para la tramitación de este proyecto de ley, y después de conversaciones
con los distintos portavoces, conociendo todas SS. SS. que esta Comisión
no tiene competencia legislativa plena en este proyecto, sino que su
tramitación última será en el Pleno, propondría su tramitación en un solo
debate, en un solo turno, y a estos efectos daría, lógicamente, un tiempo
complementario a los señores portavoces que así lo soliciten.
Presentaron enmiendas a este proyecto los grupos parlamentarios Popular,
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y Socialista. Las enmiendas del
Grupo Socialista fueron incorporadas en la Ponencia y algunas del Grupo
parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya también. Si les
parece, daría un turno inicial al Grupo parlamentario Popular.
Antes, propondría a la Comisión fijar ya una hora de votaciones, a los
efectos de que los grupos parlamentarios puedan hacer sus previsiones. Si
les parece, no antes de la una realizaríamos las votaciones. ¿Les parece
bien?
El señor LLORENS TORRES: A la una votamos también en la Comisión de
Infraestructuras. Así que podríamos retrasarlo un poquito.
El señor PRESIDENTE: Yo creo que el trámite de este proyecto de ley
durará aproximadamente una hora. Luego tenemos las tres proposiciones no
de ley. ¿A la una y media les parece? ¿No antes de la una y media?
(Asentimiento.) De acuerdo. No antes de la una y media. A partir de la
una y media se pueden producir las votaciones. Muchas gracias.
Señor Gortázar, tiene la palabra para defender sus enmiendas a este
proyecto de ley.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, el trámite va a
ser necesariamente breve por cuanto está previsto su debate posterior en
el Pleno del Congreso de los Diputados. Por parte del Grupo Popular
queremos reiterar nuestra posición, defendida en su día en el Pleno y a
lo largo de los debates que se han producido en la Comisión de
Agricultura.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Popular son prácticamente a la
totalidad de los artículos, en la medida en que hicimos una enmienda a la
totalidad y la hemos reiterado tanto en Ponencia como en Comisión. Los
principios fundamentales que nos han conducido a manifestar
reiteradamente esta posición son los siguientes: en primer lugar,
coherencia con nuestra idea de respeto del Estado de las autonomías.
Quiere esto decir que la gestión medioambiental está confiada a los
gobiernos autonómicos y no nos parece indicado ni adecuado el hecho de
que, por la vía del establecimiento de una figura, como es el parque
nacional en este caso, se sustraiga a las autonomías la capacidad de
gestionar directamente lo que afecta a sus respectivas comunidades
autónomas. Desde este punto de vista, consideramos que, aunque la Ley
4/1989 prevé esta posibilidad y
sería perfectamente aceptable que fuera así, desde el punto de vista
político no nos parece lo más indicado y, por ello, nos reiteramos en
nuestra propuesta de que sean las tres comunidades autónomas las que de
alguna manera gestionen el Parque de los Picos de Europa.
Quiero señalar que no es una cuestión que se limite solamente al Parque
de los Picos de Europa; también tendremos este debate con ocasión de
otras eventuales iniciativas similares, puede ser en Castilla-La Mancha o
en otras comunidades autónomas españolas, y, por tanto, nuestra posición
tiene un planteamiento coherente, en el sentido de manifestarse en la
misma dirección tanto en este debate como en los futuros debates sobre
este tema.
Nuestra oposición al texto al que ha llegado la Ponencia se debe, en
primer lugar, al respeto, a la capacidad de gestión de los distintos
gobiernos autonómicos. En segundo lugar, porque hay que defender los
derechos de los afectados. Nos parece que no se ha escuchado previamente
el interés delos afectados, propietarios o vecinos, sus usos y
tradiciones. En la Comisión hemos tenido oportunidad de oír la oposición
frontal de los afectados a este proyecto de ley, salvo algunos apoyos
llevados a cabo por la administración autonómica socialista o por algunos
municipios a los que no les afectaba directamente como, por ejemplo, el
de Cangas de Onís.
En consecuencia, reitero que nos parece una posición de principio
considerar en primer lugar a las personas y en segundo las cosas.
Primero, las personas, que son las que han mantenido esos paisajes y esos
territorios de una manera espléndida. Creemos que una ley de protección y
de conservación no puede hacerse en contra de lo que se dice proteger y
ayudar a la conservación.
Por último, quiero destacar que este tema será objeto de ulteriores
consideraciones en relación con las explicaciones que en su día realizó
el doctor García de Enterría, para quien había elementos de eventual
inconstitucionalidad o situaciones difíciles en cuanto al encaje legal,
fundamentalmente, en el momento en el que se concebía la congelación del
desarrollo de las áreas de montaña. Existe un artículo explícito en la
Constitución Española que establece que se va a hacer un especial
esfuerzo en las áreas de montaña, que son los lugares más difíciles para
la agricultura, donde ésta es más costosa y en donde hay que apoyar a los
vecinos y a los agricultores. Se decía que este proyecto de ley no
pretendía esto, sino que venía a frenar ese desarrollo, esas capacidades
de vivir en esas áreas.
En este sentido quiero señalar que, si bien uno de los problemas
principales del medio ambiente español es el proceso de desertificación,
a nuestro juicio este proyecto de ley lo que hace es expulsar a los
vecinos de sus aldeas, expulsar a los jóvenes hacia zonas más urbanizadas
y distintas de esas áreas. Esto es lo contrario de lo que se está
haciendo en la Unión Europea, donde se apoya, se financia, se conviene
con los afectados en el interés de la permanencia y ampliación en áreas
de muy difícil existencia y supervivencia, como son las áreas de montaña.
En consecuencia, tanto por principios de tipo autonomista, por principios
del derecho de los afectados, como por el conjunto de lo manifestado en
las intervenciones en Ponencia, reiteramos nuestro articulado alternativo
que básicamente va en la dirección de establecer un parque natural con
tres administraciones autonómicas y un comité de coordinación entre
ellas, evitando el hecho de un proceso de centralización por parte del
Icona y del Gobierno central.
Estas son las ideas centrales y los principios en los que nos apoyamos y
no entro, lógicamente, en el articulado, reservándome argumentos
posteriores para cuando se realice el debate en el Pleno del Congreso de
los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas del Grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor
García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Señor Presidente, voy a ser muy breve porque
creo que mi Grupo ya dejó clara su posición cuando se debatió por primera
vez en el Pleno de esta Cámara este proyecto de ley; también lo ha puesto
de manifiesto explícitamente en sus enmiendas y en la negociación de las
mismas con el Grupo Socialista. Por otra parte, habiendo decidido que el
último trámite de este proyecto de ley se realice de nuevo en el Pleno,
ocasión tendremos de reiterar nuestros planteamientos y propuestas.
Aquí pensaba yo terminar mi intervención, pero, después de oír al
portavoz del Grupo Popular, voy a añadir algo más, aunque, por más que se
repitan algunos argumentos, no se puede impedir que se sigan haciendo
acusaciones absolutamente carentes de fundamento. Dar la callada por
respuesta podría entenderse como algún tipo de afirmación.
Nosotros entendemos que hay un principio fundamental y es que es un
espacio único que no puede estar gestionado de manera dividida. Sería
algo esperpéntico que donde ya hay un parque nacional, el de la Montaña
de Covadonga, con un organismo gestor determinado, se añadiera en el
mismo macizo --un macizo machacadísimo-- otras tres administraciones más
--serían cuatro-- para gestionar un espacio tan reducido, tan único y tan
integrado. Esto es algo que va absolutamente «contra naturam» y nunca
mejor dicho, en el sentido lógico y en el sentido físico del término.
A partir de lo anteriormente expuesto --que es elemental y básico--, que
se incluyan todos los elementos de cogestión posible, pero siempre bajo
una única gestión unificada, integrada, es lo que ha intentado mi Grupo,
que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tuviesen una
participación lo más directa posible en la gestión.
Como nunca un proyecto de ley puede estar --sobre todo si se negocia--
redactado a gusto del cien por cien de los grupos que lo tienen que
apoyar, la redacción conseguida en la Ponencia no está de acuerdo con lo
que sería el cien por cien del planteamiento de Izquierda Unida, pero
entendemos que el proyecto de ley es aceptable en su conjunto, a pesar de
que nosotros hubiéramos hecho un planteamiento más coparticipativo en la
gestión por parte de las comunidades autónomas. Creo que se dan pasos
importantes que pueden servir como modelo para aplicarlo en otros lugares
de similares características, en cuanto que un
mismo espacio esté físicamente repartido entre diversas comunidades o
incluso aunque no lo esté; que se dé paso a la participación de
comunidades autónomas de los parques que estén ubicados en su territorio.
Hay un segundo elemento que mi Grupo quería subrayar. El proyecto de ley
incluye --y en este caso el Grupo Socialista ha sido receptivo a una
propuesta de mi Grupo-- la puesta en marcha de un plan de desarrollo
sostenible para la zona. Nosotros ya argumentamos en su día --en el
debate en el Pleno-- que la declaración de parque nacional sería una de
las mejores etiquetas y de los mejores regalos, en cuanto a atractivo de
todo tipo, que pudiera tener determinada zona. Los vecinos de esta zona
van a tener ocasión de verificarlo porque ya lo pueden comprobar
visitando otros parques nacionales de cualquier país europeo medianamente
moderno.
Nosotros creemos que fomentando las actividades tradicionales, fomentando
un modelo de turismo no intensivo, sino respetuoso e incluso buscador
--permítaseme la expresión-- de este tipo de medio natural, se puede
contribuir de forma potente a que la zona --si, además, todas las
actividades están incluidas en un plan integral de desarrollo
sostenible-- y sus vecinos alcancen, sin perder sus actividades
tradicionales, su cultura, su idiosincrasia, sus especificidades, niveles
de vida importantes, dignos y homologables a los de cualquier ciudadano
y, por supuesto, superiores a los de los vecinos de zonas de montaña que
no tengan un parque nacional como tienen la suerte de tener los vecinos
que estén dentro del perímetro de este parque.
Es la única alusión que voy a hacer, porque en lo demás la confrontación
es igualmente total, me parece un abuso escandaloso, al menos de
lenguaje, por parte del portavoz Popular, cuando dice que este proyecto
de ley expulsa a los vecinos de sus aldeas. Es una cosa increíble. Decir
este tipo de cosas es realmente para contestar con la callada, que sería
lo más idóneo, si no fuera porque me indigna; las cosas necias no merecen
más que el silencio, y esto es una necedad, es una necedad como la copa
de un pino. Necedad viene de no saber, de necio, y creo que, como es algo
evidente, no hacía falta insistir en ello.
Lo que yo quiero decir es que mi Grupo entiende que con este proyecto de
ley y con estas inclusiones que se han hecho, y aludía a lo del plan de
desarrollo sostenible, es precisamente lo que va a asegurar que los
vecinos puedan permanecer no solamente en sus pueblos, sino en las
actividades que vienen realizando desde siempre y que no quieren dejar,
mientras que el proyecto de ley alternativo que se ha presentado desde la
derecha lo que haría es que los vecinos quizá no marcharan, pero su
futuro sería el de ser los camareros del pueblo donde hasta ahora han
vivido y trabajado dedicándose a actividades mucho más plurales, mucho
más enraizadas en sus costumbres y en su cultura.
Por lo tanto, repito --quería ser breve y termino ya-- que nosotros vamos
a sostener con nuestros votos este proyecto de ley; hasta el final
intentaremos, dentro de los criterios que ha barajado mi Grupo, mejorarlo
en la medida de lo posible, pero nos parece que, en su conjunto, es un
proyecto que merece nuestra aprobación.
El señor PRESIDENTE: Turno en contra de las enmiendas. El señor Cuesta
tiene la palabra.
El señor CUESTA MARTINEZ: Yo también anuncio --no tiemblen SS. SS.-- mi
voluntad de brevedad en este trámite. Y me voy a explicar. Esta Comisión
inicialmente estaba llamada a tramitar el proyecto de ley con competencia
legislativa plena y posteriormente, producido ya un debate de totalidad y
una serie de comparecencias ilustrativas ante esta Comisión, se ha pedido
y se ha concedido que vuelva al Pleno para reiteración de argumentos y de
posiciones. Aquí, a veces, uno tiene la inquietud de que se intenta
retrasar la tramitación legislativa. Digo la inquietud porque, después,
aparecen declaraciones públicas que transforman esa inquietud en certeza,
certeza en las sospechas iniciales. El Secretario General del Partido
Popular en Asturias y Senador, Isidro Fernández Rozada, recientemente ha
hecho unas declaraciones en Asturias, diciendo que como ponente que va a
ser de esta Ley se compromete a retrasar y a bloquear en lo posible la
tramitación de esta ley en el Senado. Fíjense ustedes qué
intencionalidad, qué maniobras dilatorias, qué hechos más que suficientes
para justificar el apelativo de lo que se ha venido en denominar fenómeno
de filibusterismo parlamentario.
No voy a incurrir en ese filibusterismo, doy por reproducidos mis
argumentos tanto con motivo del debate de totalidad de este proyecto de
ley como de los distintos debates habidos con ocasión de las distintas
comparecencias y simplemente quiero dejar constancia de que se ha
producido, a mi juicio, un acuerdo importante con Izquierda Unida, que
implica el acogimiento en Ponencia de un total de quince enmiendas que ha
presentado a este proyecto dicho Grupo, enmiendas que, sin duda alguna,
enriquecen el texto. De aquí al Pleno, todavía analizaremos la
posibilidad de encontrar algún acercamiento para incorporar más
planteamientos de los que nos ha hecho Izquierda Unida; en muchos casos,
creemos que ya están dentro del proyecto, pero de todas formas estamos
dispuestos a reflexionar conjuntamente. Yo creo que hemos enriquecido
conjuntamente un proyecto de ley que, además, es una garantía fundamental
para los ciudadanos de aquellas zonas.
No es cierto --tengo que contestar también-- el relato que el señor
Gortázar ha hecho de las comparecencias habidas en esta Comisión; no es
cierto. Léanse ustedes las comparecencias, que están reflejadas en el
«Diario de Sesiones». Por ejemplo, es radicalmente falso que don Eduardo
García de Enterría planteara problemas de constitucionalidad. Si se
repasan el «Diario de Sesiones», fue este portavoz quien le preguntó si
existían o no problemas de constitucionalidad. El señor García de
Enterría consideraba no solamente que no existían, sino que además
desconocía --dijo desconocer-- la existencia de conflictos de
competencias con otras normativas y los autos dictados por el Tribunal
Constitucional de no suspensión de esas iniciativas legislativas que se
habían solicitado en virtud de esos conflictos de competencias. Por lo
tanto, no solamente afirmó que no había problemas de
inconstitucionalidad, sino que además desconocía los aspectos
jurídico-constitucionales en la tramitación de este proyecto, porque
el señor García de Enterría vino a informar en virtud de unos artículos
de prensa que él publicó como persona vinculada a esa zona y
estrictamente a título de ciudadano pero sin aportar, y sin ofrecerse a
hacerlo, argumentos como perito que especialmente pudiera ilustrar los
trabajos de esta Cámara; vino exclusivamente a expresar su opinión
personal que en todo caso no era la de resaltar algún problema de
constitucionalidad que, bajo ningún aspecto, aceptamos que tenga este
proyecto de ley.
Hecha esa matización --lo pueden ver ustedes en la comparecencia del
señor García de Enterría--, también hay falsedad importante en lo que ha
explicado el señor Gortázar cuando habla, por ejemplo, de que algún
ayuntamiento, sólo uno --decía el señor Gortázar--, el de Cangas de Onís,
es un ayuntamiento, que además apenas se ve afectado por este proyecto de
ley, que está a favor de la ampliación del Parque Nacional de Picos de
Covadonga a Parque Nacional de los Picos de Europa. También hay un
desconocimiento tremendo de la realidad, porque Cangas de Onís es de los
municipios más poblados de los municipios afectados, probablemente el más
grande, pero, por ejemplo, del actual Parque de Covadonga, que se amplía
con este proyecto de ley, Cangas de Onís representa el 42 por ciento del
territorio, o, por dar las cifras que el propio alcalde nos dio en esta
Comisión, de 3.781 vacas censadas, 2.428 pertenecen a Cangas de Onís, la
mitad del ganado lanar; de 2.600 del ganado cabrío, 1.042 pertenecen a
ese concejo. Por supuesto, el concejo de Cangas de Onís es probablemente
de los más implicados y afectados por este proyecto de ley y es
lógicamente uno de los que es más favorable a la tramitación y a la
pronta aplicación y extensión de esta categoría de parque nacional.
No hay tampoco ningún desprecio al planteamiento autonómico. Todo lo
contrario, este proyecto de ley introduce importantes innovaciones --lo
hemos dicho-- en lo que es la gestión; una gestión basada en la unidad de
gestión. Como muy bien decía el portavoz de Izquierda Unida, estamos ante
un espacio único que no puede ser gestionado de manera dividida. Tan es
así que, por ejemplo, las distintas comunidades autónomas tienen incluso
distintos elementos normativos de protección de distinto alcance, a su
vez, a la hora de proteger los espacios naturales que pueden afectar a
esta zona; ni siquiera hay coincidencia normativa en el ámbito de
competencias de las respectivas comunidades autónomas. Es lógico que algo
que es patrimonio de todos los españoles, algo que afecta a una
pluralidad de comunidades autónomas deba merecer una unidad de gestión en
ese marco de cumplir los objetivos de su integración en la red estatal de
parques nacionales y los objetivos de protección pero también de
desarrollo.
No son ciertas las necias palabras de que con este proyecto se arroja a
los ciudadanos de la zona. Todo lo contrario, se da un sentido también a
su vida, y basta una lectura de buena fe de este proyecto de ley para
observar que figuras como el área de influencia socioeconómica, todos los
mecanismos de financiación, el régimen económico y de compensaciones, la
regulación del plan de desarrollo sostenible, etcétera, son instrumentos
que apuntan y animan a un desarrollo, dentro de los objetivos del parque
nacional, de estas comunidades autónomas. No olvidemos a los vecinos
afectados por este proyecto de Parque Nacional de Picos de Europa. Entre
los objetivos que la declaración de parque nacional tiene, se resalta en
el articulado, por ejemplo, el de promover un desarrollo social,
económico y cultural sostenible para las personas y comunidades asociadas
a su ámbito territorial y área de influencia, garantizando su
participación en todo el proceso.
No estamos exclusivamente en un planteamiento de protección pasivo,
también estamos en un planteamiento de protección activo que intenta
desarrollar actividades compatibles con la necesidad de protección de un
patrimonio tan necesario y tan querido no solamente para los vecinos,
sino para las regiones afectadas y para los ciudadanos españoles.
Además, este proyecto de ley introduce peculiaridades en la gestión,
gestión que parte de la coordinación y de la cooperación
interadministrativa y, por tanto, dentro de la competencia del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación existe la Comisión Mixta integrada
de manera paritaria por las comunidades autónomas. En Ponencia, por
ejemplo, hemos mejorado que en la regulación de esa Comisión Mixta no
decida unilateralmente el Ministerio de Agricultura, sino que a la hora
de definir las competencias, el funcionamiento, la organización de la
propia Comisión Mixta, se tenga en cuenta el parecer de las propias
comunidades autónomas. Hay elementos importantes de participación, como
el propio Patronato que se ve enriquecido en lo que es su funcionamiento
y su composición; también la nominación del Presidente del Patronato es
una novedad importante de la Ponencia, en relación al proyecto de ley; el
Presidente del Patronato, aunque es nombrado por el Gobierno de la
nación, lo será a través de una propuesta interna, motivada, realizada
por el propio Patronato.
Se establecen mecanismos muy importantes que enriquecen la presencia de
todos los afectados, colectivos, administraciones en su triple ámbito,
local, provincial y regional. No hay ningún ataque a la competencia de
las comunidades autónomas, no hay ninguna falta de respeto a las
comunidades autónomas; lo que hay es un mecanismo positivo de cooperación
interadministrativa.
Además, estamos ante un proyecto de ley claramente constitucional,
porque, por volver a las palabras del señor García de Enterría, el
proyecto de ley desarrolla el artículo 45 de nuestra Constitución, que no
se opone a los objetivos de su artículo 130. No es incompatible el
desarrollo de las zonas de alta montaña con la existencia de un parque
nacional. Estamos logrando un equilibrio importante entre los intereses,
entre los objetivos, entre lo que es la razón de ser de este proyecto de
ley.
Señor Presidente, señorías, creo que las comparecencias han puesto de
manifiesto que puede haber división de opiniones en el ámbito normativo
en algunas comunidades autónomas, pero los núcleos fundamentalmente
afectados, tanto a nivel de ciudadanos como de municipios, están
claramente a favor de este proyecto que es cumplimiento de un programa
electoral y de una oferta que hemos hecho los socialistas españoles y
asturianos para este ámbito geográfico concreto.
El señor PRESIDENTE: Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor
Gortázar.
El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señorías, alegar el señor Cuesta en la
Comisión de Agricultura que los núcleos afectados están a favor de este
proyecto de ley, cuando hemos visto los miles de firmas y las
manifestaciones públicas de rechazo, constituye un ejercicio de auténtica
ilusión. Es un mundo de ilusiones que es muy propio de la izquierda; es
la utopía, la ilusión, forzar la realidad, forzar los hechos y creer que
se sabe mucho de las cosas, aunque en el fondo no se sepa tanto y mucho
menos de las personas.
El señor García de Enterría, en su intervención --tendremos ocasión de
verlo en el Pleno-- hizo una referencia al artículo 130 de la
Constitución y no planteaba, señor Cuesta, que fuera incompatible el
desarrollo de montaña con el concepto o el criterio o la figura legal de
parque nacional. Lo que decía era que tal y como estaba redactado uno de
los artículos --en este momento no lo tengo delante-- se congelaba el
desarrollo de esos núcleos de población, cosa que contradecía
abiertamente el artículo 130, y eso es lo que a él le parecía más
discutible en relación a la Constitución. Por supuesto, no iba a hacer
una manifestación técnico-jurídica tan delicada como es ésta en una
primera impresión, cuando el Tribunal Constitucional tarda años para
declarar inconstitucional una ley; tenía la elemental prudencia del
jurista. Sin embargo, llamó la atención sobre esos choques, esas
relaciones difíciles entre el texto de la ley y el de la Constitución.
En relación a Cangas de Onís, señor Cuesta, he de decirle que es un
municipio afectado, pero afectado desde el año 1918. Se trata de aplicar
un poco lo de «fastidiado yo, que se fastidien los demás». Esta era la
posición del señor Alcalde de Cangas de Onís. Venimos padeciendo estas
limitaciones burocráticas por parte del Icona y, en consecuencia, que se
extienda no nos afecta en absoluto. En una situación en la que se van a
generalizar las circunstancias en las que nosotros nos encontramos. Esto
era en el fondo lo que venía a decir el señor Alcalde de Cangas de Onís y
la realidad más estricta.
En relación a las comunidades autónomas, señor Cuesta, por mucho que
ustedes ideen sistemas de coordinación, de colaboración, etcétera, hay un
hecho objetivo: que al menos dos de las tres comunidades autónomas
afectadas no están por la labor. De manera que ustedes deben casar eso
con la realidad. Los gobiernos autonómicos afectados de Cantabria y de
Castilla-León se manifestaron abiertamente en oposición a este proyecto.
Es decir, no arguyamos que por un lado los afectados están a favor y, por
otro, las comunidades autónomas están en el mejor de los mundos posible,
porque esto no se ajusta a la realidad.
Por lo demás, lamento que la alianza en este caso con Izquierda Unida en
el planteamiento de una ley abiertamente de la izquierda, en el seno de
la Cámara, puesto que no tiene apoyos de grupos que no sean del espectro
de la izquierda, le lleve también a la coincidencia de considerar necias
mis palabras cuando lo que hay que ver es la sabiduría alternativa,
porque si es de gran sabiduría considerar «contra naturam» nuestra
proposición de que sean los pobladores originales, los vecinos, los
propietarios, quienes tengan el protagonismo en la conservación, hay que
decir que lo que es realmente «contra naturam» es un concepto burocrático
de la conservación de la naturaleza. Esto no ha funcionado en ningún
sitio, ni en Daimiel, ni en Doñana, ni en el Parque de Covadonga, ni en
ningún parque nacional español, ni del extranjero. Esto ha funcionado
sobre la base de las personas que han tenido un interés especial en
proteger y en conservar esas áreas. Lo que es «contra naturam» es la
burocracia, es la intervención y de esto sí sabe mucho la izquierda,
tanto la española como la extranjera, porque se han encargado de
desplazar gran cantidad de población en muchos países y tienen una
extraordinaria experiencia en cuestiones de este tipo.
Cierro la intervención diciendo que la cuestión se ve en los siguientes
términos: hay un planteamiento de respeto a los municipios, a los
afectados, a los derechos tradicionales, etcétera, que está Cámara ha
manifestado a través del conjunto de sus grupos, salvo Izquierda Unida y
el Partido Socialista. Estamos claramente en un caso de debate político
en el que se enfrentan dos conceptos, un concepto burocrático,
centralista, que intenta imponerse a los vecinos, y un concepto
respetuoso de los derechos de las personas frente al concepto de
Izquierda Unida y del Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Con el señor Gortázar no hace falta ser Júpiter,
basta con ser «Jupiterín» porque dice unas cosas... Así se las ponían a
Felipe II.
He oído al señor Gortázar hablar de la burocracia, del «gulag» y de cosas
similares. (Rumores.) Me estoy dirigiendo al señor Gortázar, en todo
caso. No tengo ningún inconveniente en discutir también con usted, pero
dialogando. Esto únicamente puede proceder de un converso, de esos de
quienes depende la burra, y debieron llevarse un fuerte golpe en la
cabeza que les impide poder dialogar con un mínimo de racionalidad.
Porque usted me habla de burocracia y está planteando no una, sino cuatro
burocracias. No me diga usted a mí que hoy en Cantabria hay menos
burocracia que la que puede haber, por ejemplo, en la Comunidad de
Asturias o incluso, salvando, «salvandis», la distancia --no me refiero a
la geográfica sino a la de ámbitos de competencia y demás-- que la que
hay en Icona o cualquier otro organismo estatal. Que ustedes digan que no
va a haber órganos de participación, no sé si es una necedad o si se
quiere engañar al personal, querer, pero no poder. Usted repasa la ley y
en todos los órganos, además de participar las comunidades autónomas,
participan los ayuntamientos y las asociaciones representativas de los
vecinos, propietarios, asociaciones agrarias profesionales, etcétera.
Como no tiene razones, tiene que acudir a la sinrazón, expresado ya a
nivel de delirio ideológico. Cuando se refiere a que en la izquierda
andamos en la utopía, forzamos la realidad y los hechos... (El señor
Gortázar Echeverría: Está en otra galaxia.) Desde luego, en la galaxia de
usted, no.
El señor PRESIDENTE: Ruego que no dialoguen entre ustedes.
Señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Claro que por parte de la izquierda no queremos
perder la utopía y queremos transformar la realidad; ustedes, no, ustedes
fuerzan la realidad para sostenerla y no enmendarla; ustedes fuerzan la
realidad pesando sobre ella, si es posible, la realidad social, pero
incluso la física, por ejemplo, cuando su Presidente dice que la España
seca hay que dejarla como está. (El señor Gayarre Bermejo: Eso lo decís
vosotros.--El señor Hernández-Sito García-Blanco: ¡Eso es mentira!)
El señor PRESIDENTE: ¡Silencio, señorías!
Creo que estamos conduciendo el debate por unos términos que no son los
razonables. Ruego a todas SS. SS. que se ciñan a lo que es el debate.
Efectivamente, por parte de algunos intervinientes se han hecho
incursiones en otros terrenos. En este sentido, también lo he tolerado
por parte de otros, pero ruego que reconduzcan el debate a sus términos
reales.
El señor GARCIA FONSECA: Lo más razonable es «a palabras necias, oídos
sordos». Por lo tanto, me callo.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuesta, brevemente, por favor.
El señor CUESTA MARTINEZ: Creo que lleva razón el señor Gortázar cuando
habla de la existencia de dos conceptos en relación a la protección de la
naturaleza. Está el concepto de la especulación con la naturaleza, que es
el que defiende el señor Gortázar, y el de conservarla y protegerla, que
es lo que defendemos en este proyecto de ley los que lo hemos enriquecido
a través del trabajo en Ponencia, como Izquierda Unida o el Grupo por el
que intervengo en estos momentos.
Estoy convencido de que ustedes no tienen ninguna ilusión en la
conservación de la naturaleza, pero efectivamente se vive de ilusión y
creo que es malo para un político abandonar la utopía. Parece que el
pragmatismo del señor Gortázar le ha llevado a abandonar la utopía y a
aborrecerla. La utopía en política no solamente es necesaria sino que
también es garantía de la solidez de los principios.
Desde la solidez de los principios, nosotros sí estamos defendiendo una
ley que no solamente protege espacios naturales, sino que introduce
elementos de participación, de desarrollo y de mejora de las condiciones
de vida de los ciudadanos y no los quiere convertir en meros elementos
vegetativos en una zona donde lo único que interesa en ocasiones --y a
los hechos nos remitimos-- es la pura especulación.
El conjunto de asociaciones cívicas de las tres regiones viene reiterando
en los últimos años exagerados ataques que afectan al equilibrio de esta
zona. Se citan ejemplos impresionantes, sobre todo radicados en el ámbito
de la Comunidad de Cantabria, de especulación urbanística salvaje, de
malos planteamientos a la hora de diseñar la política de red de
carreteras, de un planteamiento de turismo incontrolado.
Señor Presidente, es preciso acabar todo esto desde la unidad de gestión,
porque estamos hablando de un patrimonio colectivo que es competencia de
la Administración del Estado, por tanto competencia del Estado y de esta
Cámara en representación de la soberanía popular.
Los ciudadanos están a favor de este proyecto de ley. Hay comunidades
autónomas que han manifestado un punto de desacuerdo con los
planteamientos de este proyecto de ley, pero son precisamente comunidades
autónomas que ni siquiera tienen una uniformidad legislativa a la hora de
regular los mecanismos de protección, que están practicando una cierta
hipocresía ecológica y que no están protegiendo --incluso están
fomentándola-- la especulación en esta zona.
El Principado de Asturias, que es también una comunidad autónoma
afectada, está claramente a favor; no solamente los ciudadanos o las
comunidades autónomas, sino múltiples colectivos de todo tipo, todos
aquellos que están vinculados a la protección de la naturaleza llevan
años reivindicando la necesidad de una ley que amplíe el término del
Parque Nacional de Covadonga y cree este Parque Nacional Picos de Europa.
Fíjense que una de las enmiendas socialistas fue incluir un municipio
más, porque ante la presentación de este proyecto de ley ha habido
algunos municipios y ciudadanos que han pedido la incorporación de su
municipio a este proyecto de ley. Por ejemplo, en el informe de la
Ponencia todavía se incorpora un municipio más para formar parte el
espacio territorial afectado por el proyecto de ley.
Hay otros ayuntamientos, que han comparecido aquí, que han expresado que
están en contra, no sus ayuntamientos sino algunos alcaldes. Por ejemplo,
tengo aquí un acta, que fue exhibida con motivo de la comparecencia del
alcalde de Cabrales, en la que se dice que el pleno de su propio
Ayuntamiento rechaza los planteamientos de su alcalde en esta materia,
aprobando, en cambio, los planteamientos que hizo la oposición en ese
Ayuntamiento, encabezada por el Grupo municipal Socialista, posición en
defensa del Parque Nacional. Por tanto, no hagamos una tergiversación de
realidades.
Hay una iniciativa legislativa que puede y debe ser debatida desde el
punto de vista social, pero que cuenta con un amplio respaldo popular y
político, que es, a su vez, la plasmación de unas ideas a las que, desde
la utopía, desde la ilusión, pero también desde el realismo y la honradez
política, nos hemos comprometido los socialistas españoles con un
programa.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que no han presentado
enmiendas y que quieran intervenir en este debate para fijar su posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Simó.
El señor SIMO I BURGUES: Muy brevemente, para anunciar que nuestro Grupo
no va a apoyar este proyecto
de ley que hoy nos ocupa, por algunas razones que seguidamente voy a
exponer.
En primer lugar, creemos que es una competencia de las autonomías
afectadas, pues creemos que son éstas las que tienen que gestionar dicho
parque.
Por otro lado, vemos que una imposición desde las estructuras del Estado
a través de la legislación de ámbito estatal no es conveniente cuando
vemos que la mayoría de ayuntamientos afectados ha manifestado su
oposición, incluidas las movilizaciones populares que ha habido en
contra.
Por tanto, repito, nuestro Grupo no va a apoyar este proyecto de ley.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE APLIQUE EL COEFICIENTE
CORRECTOR DE COTIZACION DE DOS TERCIOS A LAS EMBARCACIONES PESQUERAS
COMPRENDIDAS ENTRE 150.01 Y 400 TONELADAS DE REGISTRO BRUTO (TRB).
PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de expediente 161/000258.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es
el referente al debate y votación, en su caso, de proposiciones no de
ley. La primera de ellas es la del Grupo Parlamentario Vasco, por la que
se insta al Gobierno para que aplique el coeficiente corrector de
cotización de dos tercios a las embarcaciones pesqueras comprendidas
entre 150 y 400 toneladas de registro bruto.
Para defenderla, el señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, señorías, desde el
Grupo Parlamentario Vasco hemos presentado esta proposición no de ley,
relativa a la aplicación a la flota pesquera de altura de los 300 de un
índice corrector en la cotización al régimen especial de la Seguridad
Social del Mar, en base a la crítica situación económica y de
reconversión que está padeciendo el sector pesquero que faena en aguas...
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Gatzagaetxebarría.
Ruego silencio, señorías. Se hace difícil seguir el debate. (Pausa.)
Continúe, por favor.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, decía que hemos
presentado esta proposición no de ley en base a la crítica situación
económica y de reconversión que está padeciendo el sector pesquero de
altura que faena en aguas de la zona exclusiva de pesca de la Unión
Europea. Señor Presidente, existe en el régimen especial de la Seguridad
Social del Mar una regulación propia y singular en materia de cotización,
en atención a unos grupos de cotización que fueron regulados por el
Decreto 1867/1970, de 9 de julio. En el caso de embarcaciones con
personal retribuido, el límite de tonelaje diferenciador entre los grupos
primero y segundo fue establecido en 150 toneladas, si bien el Ministerio
de Trabajo, a propuesta del Instituto Social de la Marina, ha autorizado
a modificar los límites de tonelaje cuando, entre otras razones, la
coyuntura económica --dice el Real Decreto regulador de la Seguridad
Social del Mar-- de las empresas así lo aconseje. Igualmente, el
Instituto Social de la Marina ha autorizado a determinar los coeficientes
correctores de las bases de cotización, cuestión que se ha realizado
mediante la Orden del Ministerio de Trabajo de 22 de noviembre de 1974.
En esta disposición se establecían tres indicadores de cotización, señor
Presidente. En primer lugar, un coeficiente de un tercio para
trabajadores autónomos y embarcaciones hasta 10 toneladas; segundo,
coeficiente de un medio para embarcaciones entre 100 y 50 y, en tercer
lugar, coeficiente de dos tercios para embarcaciones entre 50 y 150
toneladas.
Nos encontramos, por tanto, con una clasificación de grupos, señor
Presidente, realizada por un Decreto del año 1970 y complementada por una
Orden ministerial del año 1974, que no han sido revisados desde entonces.
Desde que dicha clasificación fue realizada, se han producido una serie
de cambios que han afectado profundamente al sector pesquero español,
como son la ampliación de las aguas a las 200 millas náuticas, el ingreso
de España en la Comunidad Económica Europea y, por último, los acuerdos
de integración pesquera del pasado mes de diciembre. Juntamente con ello,
y con carácter complementario, nos encontramos, señor Presidente, con la
aprobación del Tratado sobre el espacio económico europeo y la creciente
tendencia de liberalización del mercado pesquero mundial, en el ámbito de
las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, que están poniendo en
peligro el principio de preferencia o prevalencia comunitaria.
Estando integrados, pues, actualmente en la Unión Europea, el sector
pesquero se encuentra ante graves problemas estructurales, como son: el
deterioro de los recursos pesqueros; la necesidad de mantener importante
mano de obra, tanto en mar como en tierra; la escasez de mano de obra por
falta de interés en trabajar en la mar por parte de las nuevas
generaciones y la imposibilidad del sector de repercutir en sus capturas
el aumento de costes de producción, dado el peculiar sistema de
comercialización del pescado, que se realiza a través de las subastas a
la baja.
Señor Presidente, si se quiere seguir manteniendo y fortaleciendo el
sector pesquero español, tanto desde el punto de vista de las regiones
fuertemente dependientes del mismo como avituallador de proteínas del
mercado nacional, es necesario buscar algún modo de ayudar a soportar los
excesivos costes que esta situación de reconversión está generando.
Piénsese que las retribuciones que han de cobrar los trabajadores del mar
tienen que ser superiores a las de los trabajadores en tierra, puesto
que, si no, nadie querría ir a trabajar, por las dificultades, la
penosidad y la laboriosidad que el desempeño de las condiciones de
trabajo tienen en alta mar.
Con la revisión que pedimos se pretende que la posibilidad de cotizar
aplicando el coeficiente corrector sobre las bases de cotización sea
ampliada hasta el límite de toneladas de registro bruto, estableciendo,
por tanto, la inclusión de la flota que faena en aguas de la Unión
Europea y que ha sido afectada por parte de los acuerdos de la
integración pesquera del pasado mes de diciembre, en un ámbito entre 150
y 400 toneladas de registro bruto, para los cuales planteamos este
supuesto de cotización con estos correctores de dos tercios. El límite
que proponemos, señor Presidente, tampoco es, en absoluto, aleatorio; el
criterio que seguimos es el elegido en diferentes disposiciones
comunitarias, como las relativas a las ayudas para la paralización
definitiva, a la constitución de sociedades mixtas y ese límite previsto
en normas estatales aprobadas por el Gobierno en relación a las ayudas
para la reestructuración del sector pesquero español. Se trata, pues, el
límite de las 400 toneladas de registro bruto, de un criterio delimitador
arraigado en la costumbre administrativa y en la gestión de las
diferentes administraciones pesqueras.
Señor Presidente, señorías, la presente cuestión, que hoy plantea mi
Grupo Parlamentario Vasco en esta Cámara ha sido debatida en la Comisión
ejecutiva provincial del Instituto Social de la Marina de la provincia de
La Coruña, así como en la Comisión ejecutiva provincial del ISM de
Vizcaya, a propuesta del sector afectado por la plena integración
pesquera, y fue aprobada en esas comisiones del Instituto Social de la
Marina con el voto favorable de la representación sindical de Comisiones
Obreras y de la Unión General de Trabajadores. Estos órganos provinciales
del Instituto Social de la Marina han elevado una propuesta al Consejo
General de dicho ente gestor y, hasta este momento, la representación del
Ministerio no ha dado el curso debido, a nuestro juicio, a las
solicitudes realizadas por las instituciones de dicho organismo en las
provincias.
Señorías, conociendo la crítica situación que está padeciendo el sector
de la flota pesquera de altura que faena en aguas comunitarias,
fundamentalmente gallega y vasca y en menor medida asturiana y
santanderina, es preciso adoptar, aunque sea con carácter excepcional
--nosotros estaríamos dispuestos a ir en esa línea, señor Presidente, en
aras a lograr el consenso--, medidas incentivadoras para el ejercicio de
la actividad pesquera. En concreto, lo que solicitamos son esas
modificaciones puntuales, con carácter temporal o excepcional, para las
flotas pesqueras afectadas por los acuerdos de plena integración,
teniendo en cuenta que el Decreto regulador del régimen especial pesquero
del mar establece que la coyuntura económica de las empresas puede hacer
adoptar al Gobierno medidas correctoras en la cotización.
Por ello, señor Presidente --y voy terminando--, conociendo la situación
del sector, es ahora cuando procede que el Gobierno adopte estas medidas
de complementación y de incentivación de la reconversión. Pero es que,
además, el Decreto del año 1970, cuando establece el criterio de los
grupos de cotización por tonelaje, prevé que la clasificación por grupos
se pueda modificar, repito, no en base a la situación económica general
--dice el Decreto 1867 de 1970--, sino cuando la coyuntura económica de
las empresas del sector afectado lo aconsejaran. Señorías, estimamos que
es el momento oportuno para adoptar dicha medida y por ello solicitamos
la aplicación de ese índice corrector, porque es excepcional el momento
que atraviesa el sector pesquero español; SS. SS. lo conocen y el
Gobierno también, con mayor profundidad.
Termino, señor Presidente, manifestando que la medida que solicitamos es
muy importante para la flota pesquera española que faena en aguas de la
Unión Europea, afectada por los acuerdos de la plena integración
pesquera, y esperamos que los distintos grupos de la Cámara sean
sensibles ante esta cuestión y alcancemos un acuerdo para aplicar el
coeficiente que solicitamos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran intervenir en el
debate?
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Mantilla tiene la
palabra.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Señor Presidente, efectivamente, como dice
el señor Gatzagaetxebarría, la situación de los trabajadores del mar es
que en estos momentos se encuentran discriminados con respecto a los
trabajadores que están contratados en otras formas distintas. Es cierto
que el Decreto de 1974 y la Orden ministerial del 22 de diciembre de ese
mismo año establecen unos parámetros en función de las toneladas de
registro bruto para aplicar unos coeficientes correctores a las bases de
cotización de esos trabajadores. Sin embargo, como también anticipaba el
señor Gatzagaetxebarría, el artículo 33 del Decreto 1867/1970, en sus
apartados 3 y 4, se refiere siempre a los trabajadores retribuidos a la
parte. ¿Qué quiere decir la expresión trabajadores retribuidos a la
parte?
Es un sistema de pago un tanto peculiar, es decir, una vez obtenido el
montante de la marea se deducen una serie de gastos, por ejemplo, para
los que trabajan a la volanta, de las comisiones de venta, de los
víveres, de la Seguridad Social, de las licencias y de los neveros, así
denominados, y del resto se reparte un 34 por ciento a los trabajadores y
un 66 por ciento para el patrón del barco. Si son palangreros, el
resultante se repartiría entre el 50 por ciento, partiendo de la base de
que de ese 50 por ciento el armador tendría que pagar los combustibles,
aceites, etcétera. Todo el coeficiente corrector para los barcos que
tienen hasta 150 toneladas está establecido en dos tercios.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) se pretende ahora que este
coeficiente corrector se amplíe hasta las 400 toneladas. Con ello se
beneficiaría, aproximadamente, al 90 por ciento de la flota que opera en
el Gran Sol y al 70 por ciento de los arrastreros del litoral cantábrico
y del noroeste.
Nosotros tenemos que hacer una enmienda, una propuesta alternativa o una
adenda a su propia propuesta en el sentido de que, al hacer referencia a
los buques de 150 a 400 toneladas, hay que retirar del Decreto 1867/1970
el apartado 3 del artículo 33 en cuanto que se refiere solamente a
trabajadores a la parte.
¿Por qué proponemos esto? Porque ahora, y cada vez más, en los convenios
colectivos entre armadores y tripulaciones
se está llegando a acuerdos en los que no solamente no tienen sueldos
fijos sino que están muchas veces a los avatares de la propia marea.
Por tanto, deducir en parte esta cotización significa también aumentar
automáticamente lo que pueden percibir los trabajadores del mar. Hay que
tener en cuenta que, año tras año, por las diversas vicisitudes que están
atravesando --cada vez hay menos caladeros y cada vez hay que buscarlos
más lejos-- perciben menos remuneraciones. Por tanto, repito, apoyamos la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y, además, le
proponemos que en su proposición --valga la redundancia--, que no dice
nada del tema de la parte, como consecuencia de nuestra posición sea
retirada también la expresión «a la parte», este tipo de retribución, del
apartado 3 del artículo 33 del Decreto 1867/1970.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Andreu.
El señor ANDREU ANDREU: Mi Grupo Parlamentario va a apoyar esta
proposición no de ley, aunque quizá no sea políticamente el momento más
correcto y oportuno para aprobar una proposición no de ley de esta
naturaleza. Pensamos que esta decisión se podía haber pospuesto a las
resoluciones que se produjesen por parte de la Ponencia de pesca, en la
que uno de los aspectos importantes es el tema de la Seguridad Social.
Nuestra posición de partida, aunque creo que es necesario ir a todos los
agentes que tienen que participar en esta Ponencia, es la de ser
favorable a esta modificación que propone el Grupo Vasco.
Por tanto, con estas cautelas, mi Grupo Parlamentario votará
afirmativamente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Nuestro Grupo entiende que la proposición no de
ley del Partido Nacionalista Vasco denuncia que el régimen de cotización
a la Seguridad Social de los trabajadores del mar retribuidos a la parte
se realiza por unos coeficientes en este momento desfasados, porque desde
1974, en que fueron establecidos los diferentes grupos de cotización, en
un eslabón, el de las 150 toneladas de registro bruto, se han realizado
una serie de cambios en las condiciones y en los resultados de la pesca,
como los que ha citado el proponente (ampliación a 200 millas de las
aguas jurisdiccionales, ingreso en la Comunidad Económica Europea,
disminución de las capturas, etcétera), que han repercutido en una
disminución de los beneficios del sector y, por tanto, de la renta que
perciben los trabajadores del mar, con lo que se justificaría que las
bases de cotización más reducidas alcanzaran hasta los buques de 400
toneladas de registro bruto.
Pienso que es bueno recordar aquí que, dentro de las modificaciones que
se han efectuado en el sector y que han sido aprobadas en estas Cortes,
algunas disposiciones son positivas, por ejemplo, las compensaciones a la
Seguridad Social, durante las paradas biológicas y algunas otras.
Nuestro Grupo desearía, antes de decidir sobre el fondo de la proposición
no de ley, tener cuantificadas las repercusiones económicas de la medida
propuesta y que se integrara esta propuesta dentro del conjunto de las
materias de debate que tenemos que realizar en la Ponencia en este
capítulo concreto de la Seguridad Social de los trabajadores del mar. O
sea, que la proposición no de ley podría ser apoyada por nuestro Grupo en
el sentido de instar al Gobierno para que remitiera a la Ponencia la
documentación que he citado, así como la de las repercusiones del cambio,
ya aprobado por decreto, de cotización de las bases fijas y de los
salarios reales.
No decimos que el cambio de 150 toneladas a 400 que se solicita no pueda
hallarse justificado, incluso avalado por los propios sindicatos; lo que
decimos es que, como hemos constituido una Ponencia para que dictaminara
y propusiera soluciones al conjunto de la problemática del sector
pesquero y, por tanto, también de la Seguridad Social, este capítulo
debería ser uno de los capítulos importantes a debatir globalmente, y
seguramente a consensuar, dentro de una estrategia de política pesquera
global.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene
la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Quiero anunciar, de entrada, que el Grupo
Socialista no va a aprobar la proposición no de ley que presenta el Grupo
Vasco, no porque no coincidamos con él y con el resto de los grupos en
que es necesaria una revisión profunda, seguramente, del sistema de
cotización del Régimen Especial del Mar. Entendemos que la propuesta que
se debate no debería hacerse en el marco de esta Comisión. Esta propuesta
ha tenido un marco inmejorable cual ha sido el del debate de la reforma y
del mantenimiento del sistema de la Seguridad Social, que ha terminado
sus trabajos recientemente. Ese hubiera sido el momento, en el que se
estudiaba la viabilidad del conjunto del sistema de la Seguridad Social,
para haber producido un análisis en profundidad de si era necesaria o
conveniente la revisión del sistema de cotizaciones del Régimen Especial
del Mar. Una vez que esto no se ha producido, creo que hay otro marco que
creo es más adecuado que el de esta Comisión, como algunos portavoces de
otros grupos han anticipado, que es el debate más tranquilo y sosegado,
más profundo también, que se puede producir en la Ponencia que
recientemente ha iniciado sus trabajos de revisión del sector pesquero.
Creo que allí debe producirse este debate en profundidad, no solamente
del tema de cuáles son los límites de los descuentos sino de todo el
sistema de cotización del Régimen Especial del Mar.
Es evidente que existe una discriminación de los trabajadores del mar,
pero una discriminación con carácter positivo, no con carácter
peyorativo, en relación con los trabajadores del Régimen General. El
Régimen Especial del Mar ha hecho unos avances considerables en cuanto a
las prestaciones y se sigue cotizando, como han dicho muy
bien todos los portavoces de los grupos que me han precedido en el uso de
la palabra, en relación con decretos que yo creo que están bastante
obsoletos.
Por tanto, si los trabajadores del mar tienen que mantener, como nosotros
creemos, un nivel de prestaciones comparables al que mantienen los
trabajadores del Régimen General, deben tener que cotizar en comparación
al resto de los sectores productivos de este país. Así claramente lo
recogían las conclusiones, concretamente la resolución cuarta de la
Ponencia que estudió la viabilidad del sistema de la Seguridad Social
cuando dice textualmente: «Financiación de los regímenes especiales.
Modificar, en lo posible, la situación bajo el criterio de que a igualdad
de acción protectora debe ser también semejante la aportación
contributiva». Esta es una de las resoluciones en referencia a los
regímenes especiales y creo que esto debe ser la luz bajo la cual tenemos
que reflexionar de qué forma atemperar, naturalmente por cuestiones
coyunturales que afectan extraordinariamente el sector pesquero, esta
igualdad de la cotización que, como he dicho antes, requiere una más
profunda reflexión.
Está claro que el Grupo Socialista está por esta labor. Ha presentado y
ha apoyado propuestas en Pleno y en Comisión tendentes a que el sector
pesquero tuviera bonificaciones para las flotas afectadas por paradas
biológicas, etcétera, y en el mismo sentido el Grupo Socialista puede
replantearse la situación o el voto, que hoy es negativo, si en el
transcurso de las negociaciones o de las reflexiones que se puedan hacer
en el seno de la Comisión se llega a un acuerdo mayoritario y
satisfactorio para todos. (El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, sabe que en este debate...
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Sí, señor Presidente, pero es que ha
habido enmiendas «in voce» presentadas por los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Para estos extremos, tiene la
palabra.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Yo quería agradecer al Grupo
Parlamentario Popular y de Izquierda Unida la sensibilidad que han tenido
respecto a nuestra iniciativa. También quería indicar al Grupo de
Convergència i Unió y al Grupo Socialista que, no estando totalmente de
acuerdo con sus planteamientos, entiendo el que se pueda analizar tal
cuestión en el seno de la Ponencia específica que se ha constituido en
esta Comisión para el análisis del sector pesquero español. Por tanto,
nuestro Grupo Parlamentario, señor Presidente, en este momento no tiene
inconveniente en posponer este debate a la Ponencia. Por ello, entiendo
que, procedimentalmente, lo adecuado sería la retirada de la proposición
no de ley en aras a poder alcanzar un consenso en la Ponencia y, en
consecuencia, procedemos en este trámite a su retirada y posposición del
debate sobre esta cuestión al análisis que se realizara en la Ponencia.
--SOBRE LA PARTICIPACION DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL COMO OBSERVADOR EN
LAS NEGOCIACIONES BILATERALES Y MULTILATERALES DE LA UNION EUROPEA (UE)
CON TERCEROS PAISES, PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO (PNV). (Número de
expediente: 161/000347.)
--SOBRE LA PARTICIPACION DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL COMO OBSERVADOR EN
EL COMITE HISPANO-FRANCES DE PESQUERIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO VASCO
(PNV). (Número de expediente: 161/000377.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a debatir conjuntamente las
dos restantes propuestas del Grupo Parlamentario Vasco, sobre la
participación del sector pesquero español como observador en las
negociaciones bilaterales y multilaterales de la Unión Europea con
terceros países y sobre el sector pesquero español como observador en el
Comité Hispano-Francés de Pesquerías.
Para defenderlas, de manera conjunta, tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Como indicaba usted, voy a consumir
un único turno para la defensa de dos proposiciones no de ley que tienen
un grado de sintonía o de analogía elevado. Empezando por la primera, en
relación a los acuerdos o convenios con terceros países, bien sean
bilaterales o multilaterales, señor Presidente, quiero recordar que hasta
hace unos 25 años el ejercicio de la actividad pesquera en el mar ha sido
una actividad libre. Las limitaciones y las restricciones vinieron hace
unos 25 años, cuando los estados se dieron cuenta de la riqueza de los
recursos naturales existentes en la ribera del mar. Ahí se produjo, señor
Presidente, lo que era inicialmente una costumbre entre los países, que
era la extensión de la zona económica exclusiva a las 200 millas,
diferenciando entre lo que es propiamente el mar territorial, como cosa
de dominio público de cada uno de los estados, en el cual la titularidad
sería plena, y el otro concepto que se acuñó, que era el de la zona
económica exclusiva de pesca, en el cual los estados venían a disfrutar
de los recursos naturales del mismo. Sería, señor Presidente, trasladado
al Derecho positivo español un usufructo sobre la zona o el espacio de
agua entre las 12 y las 200 millas. Ese usufructo, ese aprovechamiento,
esa rentabilidad que sobre los recursos naturales se han venido
utilizando por parte de los estados desde las 200 millas, adquirió carta
de naturaleza, adquirió soporte en materia de Derecho internacional, con
la aprobación de la Convención sobre el derecho del Mar de las Naciones
Unidas del año 1982 que, por cierto, señor Presidente, ha entrado en
vigor hace poco y que España todavía no ha ratificado.
También la antigua Comunidad Económica Europea, ahora la Unión Europea,
procedió en enero de 1977 a la ampliación del uso y aprovechamiento de
las aguas de las 12 a las 200 millas. Eso originó una serie de
alteraciones en el régimen pesquero, no sólo español sino en el de todos
los países de la Unión, y ha supuesto el que la flota española, que
estaba extendida en su actividad pesquera por todos los caladeros del
mundo, desde el año 1977, en base a esa costumbre ya soportada en el
Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tuviera que
llegar a acuerdos con otros países; tuvo que llegar a acuerdos con
Guinea, con Mozambique, con Cabo Verde, con Mauritania, etcétera.
Señor Presidente, y lo saben todas SS. SS., la integración de España en
la Unión Económica y Política ha supuesto el que la política pesquera
comunitaria tenga una serie de connotaciones y características, y son que
hay una uniformidad, hay un mínimo común denominador normativo, material
y ejecutivo, en materia de mercados, de estructuras o de recursos, pero
también es característica de la política común pesquera el que las
relaciones con los terceros países distintos de la Unión Europea es
realizada por parte de los órganos comunitarios.
En definitiva, nos encontramos, señor Presidente, ante una materia muy
comunitarizada ya desde sus orígenes, la constitución de la Comunidad
Europea y desde el derecho originario consagrado en el Tratado de Roma. Y
ello ¿qué ha supuesto? Que la competencia de negociación de aquellas
relaciones de naturaleza bilateral o multilateral en las que España
participaba ha sido transferida, junto con sus ámbitos de determinación,
a los órganos de la Unión Europea. Así, en este momento, señor
Presidente, la Unión Europea se ha subrogado en todos esos acuerdos que
España tenía con terceros países y, además, ha realizado otra serie de
acuerdos, bien bilaterales o multilaterales, con países distintos de la
Unión y que se caracterizan por las siguientes connotaciones: Hay
acuerdos, señor Presidente, de reciprocidad, es decir, acuerdos en los
cuales la Unión Europea accede a caladeros de otros países y estos
países, a su vez, acceden a los caladeros de la Unión Europea. En segundo
lugar, hay acuerdos de acceso a mercados a cambios de acceso a recursos,
es decir, la flota de la Unión Europea accede a los caladeros naturales
de países terceros y estos países terceros tienen acceso al mercado de la
Unión Europea. En definitiva, se deshace el principio de preferencia
comunitaria, tienen unas reducciones arancelarias para poder
comercializar sus productos en el mercado de la Unión. En tercer lugar,
también podemos encontrar, señor Presidente, acuerdos pesqueros en los
cuales, en contrapartida al acceso a los recursos, la Unión Europea
otorga a estos países contrapartidas de carácter financiero. Así, es muy
peculiar los acuerdos de la ACP --Africa, Caribe y Pacífico--, países
subdesarrollados, por ejemplo, Gambia, Guinea, Islas Mauricio,
Madagascar, Angola o Cabo Verde. Con estos países la relación que tiene
la Unión Europea es la de poder acceder a sus recursos a cambio de
contrapartidas financieras.
Y, finalmente, señor Presidente, la última tendencia de acuerdos con
otros países la encontramos en los acuerdos de segunda generación, es
decir, aquellos acuerdos en los que, en contrapartida al acceso a los
recursos, la Unión Europea se compromete a la transferencia de
tecnología, a la realización de inversiones en esos países. Así son los
acuerdos, por ejemplo, con Argentina, recientemente celebrado, acuerdo
con Marruecos, en los que, además de esas compensaciones financieras, se
realizan inversiones estratégicas en esos países mediante la constitución
de sociedades mixtas. Lo cual también puede ser bueno en un determinado
momento, pero malo porque ello supone la exportación y la desaparición de
esos buques pesqueros como de pabellón de la Unión Europea. Y es en este
contexto, señor Presidente, donde se aprecia que el Gobierno español, que
tradicionalmente ha sido sensible a esta cuestión (mediante la consulta y
siendo el sector pesquero español observados en los acuerdos bilaterales
o multilaterales a que se llegaba por parte de la Administración central
con estos países antes de la entrada en la Unión Europea en 1986), ve
truncada tal costumbre administrativa cuando la negociación es liderada
por parte de la Comisión Europea.
Hay reticencias por parte de Francia, hay reticencias por parte de Gran
Bretaña para que exista una representación de los sectores afectados,
cuando recientemente se ha dado la paradoja de que, negociando la
prórroga del acuerdo con Groenlandia, el sector pesquero europeo se ha
encontrado de frente con las autoridades groenlandesas, que iban
respaldadas por todo el sector bacaladero de Groenlandia y que
consultaban con su administración pesquera el ámbito, el efecto y el
alcance de las negociaciones, mientras que la Unión Europea iba
representada por funcionarios, señor Presidente.
Ello en muchas ocasiones implica frialdad y una serie de condicionantes
en la negociación sin tener en cuenta al sector pesquero, con el que
tradicionalmente se contaba cuando España negociaba directamente con
terceros países.
Por ello, lo que nosotros pretendemos --y creemos que estamos en sintonía
con la costumbre administrativa del Gobierno central-- es que, al
negociar bien la concertación por primera vez de acuerdos bilaterales o
multilaterales con organismos como la NAFO o bien la prórroga de estos
acuerdos, se integre dentro de la delegación de la Unión Europea que
negocie con terceros países al sector pesquero europeo, que
fundamentalmente lo vienen a constituir España y Portugal. Por eso hemos
presentado esta iniciativa destinada a defender esa mayor inmediatez, esa
cercanía y ese conocimiento del sector que tiene la Administración
española y que el sector pesquero español pueda participar como
observador, es decir, como asistente, como apoyo, en definitiva, en la
negociación política que realizan los funcionarios de la Comisión
Europea. Este es el alcance y el sentido de nuestra proposición no de
ley.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieren intervenir en el debate?
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Mantilla tiene la
palabra.
El señor MANTILLA RODRIGUEZ: Voy a ser muy breve, porque el señor
Gatzagaetxebarría ya ha sido suficientemente amplio en su exposición.
El Grupo Popular va a apoyar la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV). Sin embargo, mucho
me temo que otros grupos que van a hacer uso de la palabra posteriormente
también remitan esta proposición no de ley a la Ponencia recientemente
creada.
Es cierto que antiguamente el sector estaba siempre presente en todo tipo
de negociaciones. Es más, el sector negociaba directamente con otros
muchos países. Este Diputado ha tenido el honor de representar a la
delegación española, por ejemplo, en acuerdos con ICSEAF en su propio
seno, la NAFO prácticamente era quien se encargaba de todos los
convenios, con Canadá en este caso o con otros otros organismos
supranacionales.
Ultimamente, la entrada en la Unión Europea ha dado lugar a que sean sus
propios técnicos, sus propios funcionarios, los encargados de todos estos
acuerdos, y no a espaldas al sector, pero muchas veces sin contar con él.
En ocasiones nos encontramos con sorpresas, muchas desagradables, en el
sentido de que se acepta una serie de planteamientos que a lo mejor van
en detrimento del propio sector.
El ejemplo más reciente es el famoso TAC para el fletán negro, que
Canadá, de forma casi unilateral, ha fijado en 27.000 toneladas, es
cierto que apoyado por otros países y, por tanto, ha sido una decisión
democrática. Esto ha supuesto un perjuicio notorio para España y estamos
intentando por todos los medios --sin duda el Gobierno también--
rectificar o, por lo menos, no aceptar las cuotas que pretende adjudicar
Canadá a cada uno de los países.
Esto, lógicamente, ha ocurrido porque se ha aceptado en principio el TAC.
Posiblemente si el sector estuviese por lo menos de observador desde el
primer momento esto no hubiese sido así.
Por tanto, consideramos que la proposición del Grupo Vasco (PNV), en el
sentido de que el sector sea observador, sirva de apoyo a los técnicos y
funcionarios de la Unión Europea o a los propios técnicos del Gobierno
español. Consideramos que puede ser muy positiva y, por tanto, la
posición del Grupo Popular es apoyarla.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo de Izquierda Unida, el señor
Andréu tiene la palabra.
El señor ANDREU ANDREU: Seré aún más breve. Nuestro Grupo también apoyará
esta proposición no de ley. Aunque se han producido en los últimos
tiempos situaciones de desconfianza por parte del sector hacia los
negociadores políticos que representaban a España en materia de pesca en
la Unión Europea, pensamos que ello no debe dar lugar a juicios
definitivos como el oído de que deben ser funcionarios los que negocien.
Nosotros pensamos que debería matizarse sustancialmente, porque no
creemos que haya que llevar las cosas a esos extremos.
En cualquier caso, sí nos parece realmente interesante que el sector esté
presente en las negociaciones a fin de que cualquier tipo de malentendido
entre el sector y los negociadores por parte de la Administración quede
resuelto y no se produzcan situaciones como las que hemos vivido este
verano de claro enfrentamiento del sector con el Ministerio de
Agricultura por la actuación que tuvo en las negociaciones de pesca del
bonito del norte.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: El Grupo Parlamentario Vasco (PNV) nos trae hoy
para su debate en esta Comisión dos iniciativas que podrían parecer
semejantes pero que, a nuestro juicio, no lo son. Sí lo son en la
finalidad plenamente justificada de lograr la participación del sector
pesquero español en las negociaciones de la Unión Europea con uno o más
países, pero dado que la Unión Europea sus cribe acuerdos con terceros
países en los que las flotas europeas, y significativamente las
españolas, desempeñan una buena parte de sus actividades pesqueras, es
lógica la presencia del sector en estas negociaciones. No obstante, no es
ésta una petición que pueda circunscribirse a la presencia del sector
pesquero español, ya que la Unión Europea en todo caso tendrá que abrir a
todos los países esta posibilidad.
Entiendo que la parte resolutiva de la proposición no de ley especifica
que la calidad de observadores se atribuirá a todos los representantes de
los sectores de todos los países miembros afectados por una negociación
bilateral o multilateral. Nuestro Grupo, por esta razón, votará
favorablemente esta proposición del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
De consecución más factible o, si se prefiere, más inmediata nos parece
la otra petición de participación del sector pesquero español como
observador en el Comité Bilateral Hispano-Francés de Pesquerías, porque
creemos que es una consecuencia lógica e inmediata de la constitución del
Comité de Pesquerías.
En esta proposición corresponde a los dos países decidir la composición
de dicho Comité y, por tanto, la participación del sector en sus diversas
especialidades, pero significativamente en el sector extractor, que es
donde surgen habitualmente las discrepancias y los conflictos. Nos parece
absolutamente justificada, repito.
Nuestro Grupo opina que la presencia del sector en el Comité como
observador y asesor podría contribuir a que las relaciones entre quienes
compiten dentro de las mismas áreas de pesca se normalizaran de una vez.
Por todo ello, repito, nuestro voto será favorable a ambas proposiciones
no de ley del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: A pesar de la intervención del portavoz del
Grupo Popular, esta vez el Grupo Socialista va a apoyar las dos
proposiciones que presenta el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) sin remitir
su resolución a los estudios de la Ponencia, porque esto sería
entorpecimiento de las labores de esta Comisión. Por tanto, vaya por
delante el apoyo del Grupo Socialista a estas dos iniciativas.
Me gustaría hacer, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, una
serie de observaciones al debate tal como se ha ido desarrollando.
La primera proposición del Grupo Parlamentario Vasco pretende modificar
el operativo que hasta la fecha mantiene la Unión Europea cuando negocia
cualquier nuevo acuerdo pesquero de la Comunidad. Hasta ahora, la
Comisión negocia los acuerdos con la ayuda de los Estados miembros; es
decir, que la Comisión negociadora está formada por la propia
Administración europea y representantes de las administraciones centrales
de los Estados interesados en los acuerdos. Si no hay participación más
que de funcionarios comunitarios es porque los países interesados delegan
su responsabilidad y su presencia física en los actos de negociación en
manos de los funcionarios. Pero que quede claro que la presencia de las
administraciones nacionales respectivas interesadas en la negociación
está garantizada por el sistema que se lleva hasta el momento. Estos
representantes de las administraciones nacionales tienen encomendada,
como es lógico, la defensa de los intereses de sus flotas y son los que
plantean y defienden las peticiones del sector nacional al que
representan y las condiciones técnicas que deben ser tenidas en cuenta en
los acuerdos negociados.
La delegación comunitaria está integrada únicamente por funcionarios de
las administraciones nacionales y esto excluye, por supuesto, hasta la
fecha la presencia de los representantes del sector. Pero, ¿significa que
en un proceso de negociación donde existen intereses para las flotas
españolas no juegan un papel importantísimo los representantes del
sector? Yo creo que en absoluto, señorías. Desde el primer momento en que
se proyecta la iniciación de negociaciones o la renovación de los
protocolos de acuerdos ya en vigor, la Administración se mantiene en
estrecho y permanente contacto con los representantes de las flotas
afectadas. Asimismo se suele desplazar al lugar de la negociación la
representación sectorial que lo considera conveniente, manteniéndose con
la misma reuniones sobre la marcha de las negociaciones en las que se
informa puntualmente de su desarrollo y se adoptan las decisiones
oportunas en cada fase o momento. Todo ello aparte de la representación
que el sector tiene en múltiples organismos comunitarios, que voy a citar
para el conocimiento de las señorías que no estén demasiado
familiarizadas con ellas. Existe representación en el Comité Económico
Social, hay un Comité paritario para los problemas sociales de la pesca
marítima; un Comité consultivo sobre la pesca y la Organización de
Asociaciones Pesqueras denominada Europêche. Cualesquiera de estas
organizaciones europeas defienden la representación de los distintos
sectores o flotas nacionales.
¿Es necesario o conveniente modificar esta situación? La verdad, señores
Diputados, es que desde el Grupo Socialista no encontramos mayores
inconvenientes para que esto se produzca, habida cuenta de que en cuanto
mayor apertura haya en la composición de las comisiones negociadoras ello
redundará en beneficio de los intereses del sector. A este respecto
solamente quiero sugerirle al Grupo proponente que iniciativas de este
tipo a lo mejor sería interesante presentarlas en el Parlamento Europeo,
porque modificar la operativa del funcionamiento de las comisiones
negociadoras debería ser objeto de debate, no solamente de las Cortes
Generales en este caso, de un parlamento nacional, sino del conjunto de
los parlamentos que conforman la Unión Europea. Por tanto, sería bueno
que el Grupo proponente trasladara esta iniciativa allí para hacer un
debate general con todos los representantes de las otras naciones que
componen la Unión Europea.
En cuanto a la participación del sector pesquero español como observador
en el Comité Hispano-Francés de Pesquerías, como todos ustedes saben el
Consejo de Ministros de la Unión Europea que se celebró en Bruselas del
19 al 22 de diciembre creó el Comité Hispano-Francés de Pesquerías en
cuyo seno se debatirán los asuntos relacionados con la cohabitación en el
mar de las flotas francesas y españolas que tantos conflictos ha
producido recientemente en nuestros mares y van a discutirse las medidas
técnicas y los problemas de mercado derivados de sus actuaciones. Está
previsto precisamente en este acuerdo que en el citado Comité
Hispano-Francés de Pesquerías participen tanto las administraciones
pesqueras de ambos países como representantes de los sectores afectados.
Por tanto, aunque consideramos que es innecesaria esta proposición que
nos presenta el Grupo Vasco, como es coincidente con el acuerdo que ya se
ha alcanzado con las autoridades francesas también le vamos a dar nuestro
apoyo.
Este Comité franco-español va a tener su primera reunión a lo largo de
este mes y, por tanto, podrán comprobar SS. SS. cómo la representación
del sector es ya un hecho.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría durante
un minuto.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: A lo largo de mi primera intervención
no había hecho referencia a la defensa de esta segunda proposición. Decía
al inicio de la misma que había un elevado grado de sintonía y, por lo
tanto, el 90 por ciento de la argumentación que he expuesto en mi primera
intervención es trasladable a la defensa que corresponde realizar a esta
proposición no de ley.
Unicamente quiero recordar, señor Presidente, que la política comunitaria
de pesca es una de las materias más comunitarizadas. Lo que existe en el
ámbito de la Unión Europea es un mínimo común denominador, tanto
normativo como ejecutivo y este mínimo común denominador en cuanto a los
mercados, a las estructuras y a los recursos autoriza a que los Estados
puedan tener también relaciones de naturaleza bilateral entre Estados
miembros, a su vez, de la Unión Europea. Así es frecuente que España haya
tenido relaciones, dentro de ese mínimo común denominador en estructuras,
mercados y recursos, con Francia para el intercambio de cuotas de
especies demersales o pelágicas, por ejemplo, pelágicas como la anchoa o
demersales como la merluza y el rape. Por lo tanto, yo creo que hay que
felicitarse de que en los acuerdos del pasado mes de diciembre relativos
a la integración de España en la política pesquera común se consiguiera
un acuerdo bilateral entre Francia y España por el cual se constituía un
Comité
Hispano-Francés de Pesquerías que iba a examinar, dice el acuerdo, los
temas de interés bilateral y administrativo entre los dos países.
Nos parece interesante, por las argumentaciones que antes he expuesto, y
conveniente además, el que los sectores pesqueros españoles afectados,
que son los de bajura y de altura, puedan estar como observadores en
estas negociaciones, y tal es el sentido de la proposición no de ley.
Termino, señor Presidente, agradeciendo la sensibilidad que han tenido el
resto de los grupos parlamentarios de la Cámara con las dos proposiciones
no de ley que hemos tenido ocasión de presentar por parte de nuestro
grupo el día de hoy.
--RELATIVA A LA AMPLIACION DE LAS PROVINCIAS ESPAÑOLAS CON DERECHO A LA
PERCEPCION DE LA AYUDA A LA PRODUCCION DE TRIGO DURO. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000332.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, si les parece, al debate de la última de
las proposiciones no de ley, que es la del Grupo Parlamentario Popular
relativa a la ampliación de las provincias españolas con derecho a
percepción de la ayuda a la producción de trigo duro.
Para defenderla, el señor Martínez Izquierdo tiene la palabra.
El señor MARTINEZ IZQUIERDO: Señor Presidente, señorías, intentaré ser
breve.
Por segunda vez el Grupo Parlamentario Popular vuelve a traer a esta
Cámara una proposición no de ley solicitando el incremento de la
superficie española con derecho a la percepción de ayudas a la producción
de trigo duro y, consecuentemente, la ampliación de las provincias
beneficiarias de la misma, de tal manera que puedan tener derecho a estas
ayudas todos los agricultores cuyas explotaciones agrícolas se encuentren
situadas en las comarcas comprendidas dentro de las regiones de los
Objetivos 1 y 58.
Hay que tener en cuenta que en la actualidad, y a pesar de no poder
acogerse a la ayuda compensatoria a la producción de trigo duro, existen
numerosas provincias españolas en las que los agricultores, por falta de
alternativas rentables, están sembrando este cereal, como ocurre, sin ir
más lejos y por poner un ejemplo, en mi propia provincia de Soria, en
donde actualmente se están sembrando unas mil hectáreas de trigo duro.
Extraña a los agricultores de estas provincias que el Gobierno español no
insista, una y otra vez, ante las autoridades comunitarias --no se olvide
que España está dentro de la Unión Europea-- en pedir la ampliación de
dicha superficie de trigo duro asignado a España teniendo en cuenta que
la ayuda que se concede por hectárea supera algunas veces el importe de
la venta, por lo que consideramos de vital importancia estas ayudas.
Algunos agricultores de comarcas y provincias no beneficiarias de esta
ayuda se han cansado de decir que el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación dejó de tener interés por este tema desde que el Ministro
señor Romero la consiguió para su provincia de origen, Zamora, lo que nos
parece estupendo, pero nos hubiera parecido mucho mejor que esta
ampliación también la hubiera conseguido para el resto de las provincias
más deprimidas de España, que según el Anuario Estadístico siguen
sembrando trigo duro sin recibir ayudas.
Es absurdo que hoy en día fincas de ciertos términos municipales de
algunas provincias tengan derecho a la percepción de la ayuda y el
lindero de otras fincas de otras provincias no la tengan. Por ejemplo,
Soria-Zaragoza, Teruel-Zaragoza, Palencia-Zamora, etcétera.
Por otra parte, no entendemos que para la percepción de la ayuda de la
producción de trigo duro se aduzca la razón de que sólo tienen derecho
las comarcas en las que históricamente se ha sembrado este cereal, más
tarde ampliada a las provincias enteras, cuando con otro tipo de ayudas a
la renta, similares a ésta, como pueden ser las primas del ovino, el
caprino, girasol, ayudas compensatorias a cereales, etcétera, no se tenga
en cuenta dicha circunstancia de productos históricos. Consideramos que
con ello se produce una grave discriminación.
En otro orden de cosas, y por no alargarme demasiado, me remito a lo ya
expuesto, y muy bien por cierto, en esta misma Comisión de Agricultura
por mi compañero de partido y provincia, señor De Miguel Nieto en fecha
26 de mayo de 1992, aunque sí conviene recordar que provincias como
Guadalajara, Soria, Albacete, Cuenca, Huesca, Ciudad Real, Palencia,
Teruel, por citar algunas, están cultivando actualmente todas ellas
superficies superiores a las 1.000 y 2.000 hectáreas.
Conviene recordar también, para refrescar la memoria de SS. SS., que a
Francia se le acaba de conceder un incremento de 50.000 hectáreas con
derecho a la percepción de esta ayuda para asignar a zonas no
tradicionales y que la propia Austria, nada más ingresar en la Unión
Europea, ha solicitado el derecho para 10.000 hectáreas y no hace falta
que les diga las diferencias que hay entre Austria y España en la
tradición cerealista.
Sabemos que a España se le ha concedido un incremento de 20.000
hectáreas, que consideramos totalmente insuficientes si tenemos en cuenta
los datos actuales de siembra y que, además, sólo se destinan a zonas con
derecho adquirido anteriormente.
También queremos hacer hincapié en que la siembra de trigo duro se
realiza, en general, en terrenos poco fértiles de secano, que se
desarrolla rústicamente incluso en épocas como la actual de fuerte sequía
y que los agricultores propietarios de la práctica totalidad de las
explotaciones lo hacen en régimen de cultivadores directos y en
explotaciones de pequeña dimensión, siendo este cereal una alternativa
ideal en la mayoría de los casos.
Finalmente, quiero hacer una llamada a todos los grupos parlamentarios,
que estoy convencido van a votar a favor de esta proposición no de ley,
pues sólo tiene por objeto obtener ayuda a la renta de un buen número de
pequeños
agricultores. Muy especialmente efectúo esta petición a los diputados del
Grupo de Convergència i Unió, que ya votaron a favor de la proposición
que, en términos similares, presentó el Grupo Popular y que fue debatida,
como anteriormente he dicho, en la reunión de esta Comisión del día 26 de
mayo de 1992, en la que el entonces Diputado de Convergència i Unió señor
Ferrer i Profitós, consideró coherente y lógica --por emplear sus propias
palabras--, a la vez que de justicia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente proposición no de ley: «El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno para que urgentemente solicite a las
pertinentes instancias europeas: Primero, el incremento de 150.000
hectáreas en la superficie española con derecho a la percepción de ayudas
a la producción de trigo duro y, segundo, la ampliación de las provincias
españolas beneficiarias de dicha ayuda, de tal manera que tengan derecho
a su percepción todos los agricultores cuyas explotaciones agrícolas se
encuentren situadas en las comarcas comprendidas dentro de las regiones
de los objetivos 1 y 5B.»
Esperamos esta vez el voto favorable del Grupo mayoritario, sobre todo
después de las últimas manifestaciones hechas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, con fecha 2 de enero de 1995, en las
que considera privilegiada a España para la producción de trigo duro. De
esta manera, los negociadores españoles podrán llevar a Bruselas el
respaldo unánime del Parlamento español, con lo que, indudablemente, van
a poder hacer muchísima más fuerza.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir en el debate? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Tubert.
El señor TUBERT I ALSINA: Señorías, evidentemente nosotros mantenemos la
coherencia y la lógica en nuestro planteamiento y, sin duda, no
renunciamos a la aspiración lógica de que se aumenten las hectáreas con
derecho a ayuda a la producción de trigo duro. Sin embargo, vamos a votar
en contra de la proposición no de ley, básicamente porque hemos de tener
presente que este sector es excedentario en la Comunidad, que hoy ya se
dan por cubiertas la mayoría de las necesidades de los productores de
trigo duro en el Estado español, que hay unas condiciones técnicas
exigidas por la reglamentación comunitaria, que son dificultosas, que ha
habido reajustes progresivos hasta este momento que yo entiendo que van
avanzando hacia lo que sería ideal --en todo caso hay que seguir en esa
línea-- y que podría ser contraproducente -- ésta es la base de nuestra
argumentación-- el hecho de pedir una ampliación en la cuantía que se
propone, dado que, por razones puramente tácticas o estratégicas y de
relación con los otros países de la Comunidad seguramente jugaría en
contra del trabajo que se ha venido haciendo hasta ahora, un trabajo
realizado con mesura pero estricto en la idea de avanzar.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el
señor Velasco.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: El Grupo Parlamentario Socialista manifiesta
que no va a votar a favor de esta proposición de ley, en base a una serie
de consideraciones.
En primer lugar, hay que señalar que la media de la superficie de cultivo
de trigo duro en España en el período 1970-1990 se situaba en torno a las
120.000 hectáreas, de las que más del 80 por ciento se encontraban en
tres provincias de Andalucía y algo más de un 10 por ciento en las
provincias de Badajoz, Navarra, Zaragoza y Burgos, apareciendo
superficies con carácter residual en algunas provincias como Toledo,
Zamora y Salamanca, existiendo superficies estadísticamente inapreciables
en las provincias de Guadalajara, Soria, Cuenca y Teruel.
En el momento de nuestra adhesión a la Comunidad Europea, y a pesar de
que ninguna de las zonas productoras antes citadas reunían las
condiciones técnicas exigidas en la reglamentación comunitaria para ser
declaradas como zona tradicional de cultivo de trigo duro, se consiguió
dicha declaración para las comunidades autónomas de Andalucía y Navarra y
para las provincias de Badajoz, Burgos y Zaragoza. En el año 1988, se
consiguió ampliar la declaración a las provincias de Toledo, Zamora y
Salamanca, con lo que se cubrían todas las áreas en las que
tradicionalmente venía cultivándose una media de 1.000 hectáreas anuales
de trigo duro.
Conviene constatar que esta declaración no impulsó la superficie de
cultivo en esas zonas ya declaradas como tradicionales, y por tanto
perceptoras de las ayudas al cultivo, en el marco de la aproximación de
precios y ayudas establecido para los cereales en el Tratado de Adhesión,
hasta el año 1990 en el que, por primera vez, la superficie de cultivo
total de trigo duro superó la media histórica del período 1970-1990.
En el año 1991, en el acuerdo que permitió establecer la reforma del
sector de cereales, y habida cuenta de que el trigo duro era un sector
claramente excedentario en la Comunidad, se establecieron definitivamente
las zonas tradicionales de producción en toda la Unión Europea,
consolidándose las ya declaradas y estableciendo incluso un tope, como en
el caso de España, de superficie máxima susceptible de recibir ayuda
cifrado en 550.000 hectáreas y ampliada posteriormente, por decisión del
Consejo de Agricultura del mes de julio pasado, hasta las 570.000
hectáreas. Asimismo se estableció una ayuda que enjugaba el descenso de
precios del trigo duro hasta el nivel de precios establecido para todos
los cereales, más la ayuda tradicional a ese cultivo. Esta ayuda, de casi
300 ecus/hectárea, ha generado, por su cuantía, una situación un tanto
delicada entre los agricultores de las zonas tradicionales de cultivo
que, por no haber usado el derecho de cultivo en el período 1988-1991 y
en la campaña 1992-93, no pueden acceder a la misma de cara al futuro,
dándose una situación todavía más delicada en lo que respecta a los
agricultores cerealistas de las zonas no tradicionales de cultivo de
trigo duro puesto que, dadas las condiciones de menor productividad
de este cereal, no pueden cultivarlo sin contar con la ayuda, ya que el
trigo blando o la cebada resultan más rentables.
Sin embargo, esta situación no obedece a ninguna discriminación real, ya
que los agricultores que hoy no tienen derecho a la ayuda suplementaria
del cultivo de trigo duro no la tienen en razón a que ese cultivo no sólo
no es el único cereal que puede cultivarse en las explotaciones sino que,
además, por estar peor adaptado que el trigo blando, la cebada o la avena
carecen de tradición y nunca supuso ni siquiera una parte significativa
de sus ingresos o de la renta de sus explotaciones.
Este conjunto de razones ponen de manifiesto que en ningún momento ha
existido discriminación en el trato a ningún agricultor.
En cuanto a la referencia a las regiones de los objetivos 1 y 5B, hay que
señalar que las mismas abarcan la práctica totalidad de la superficie de
cultivo de los cereales en España, tanto en secano como en regadío, por
lo que cualquier ayuda, atributo o limitación que se aplique a algún
cereal de forma específica siempre afectará a explotaciones que estén
situadas en regiones de los objetivos 1 ó 5B y no afectará a las
restantes que también estén situadas en las mismas regiones de estos
objetivos, sin que este hecho sea una justificación en sí mismo, ni
técnica ni económica, para fundamentar la existencia de ningún tipo de
discriminación entre las explotaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que, hasta estos momentos, se
ha hecho un esfuerzo para incrementar la superficie, como decíamos
anteriormente, en 20.000 hectáreas, que afectan a las zonas que enmarca
el propio reglamento de zonas tradicionales de cultivo de trigo duro, que
se seguirá insistiendo para que se vaya aumentando, si bien existen
dificultades serias para hacerlo dado que debe analizarse o enmarcarse
dentro de lo que es la política de toda la Unión Europea y que, por
tanto, habrá que ir tratándolo específicamente en cada uno de los
momentos. Nosotros entendemos que se está recogiendo de una manera
fundamental la demanda de los agricultores y, por ello, vamos a votar en
contra de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Dado que antes habíamos quedado que a partir de la
una y media de la tarde se efectuarían las votaciones, para cumplir con
los compromisos contraídos con todos los Diputados, suspendemos la sesión
por espacio de cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión.
Dada la complejidad de las votaciones en la tramitación del proyecto de
ley de los Picos de Europa, ruego también la colaboración de sus
señorías.
¿Algún Grupo Parlamentario solicita la agrupación de votaciones de las
enmiendas o lo hacemos por los distintos artículos? Como quieran SS. SS.
La Presidencia observa que parece hay cierta coincidencia y una posición
idéntica, creo, en casi todas ellas y, si les parece, las podemos
agrupar.
En primer lugar, votaríamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
a no ser que por algún grupo se solicite votación separada; a
continuación las de Izquierda Unida, y, posteriormente, pasaríamos a la
votación de los artículos a no ser que algún grupo solicite votación
separada de alguno de ellos. (Pausa.)
Si les parece, votamos de manera conjunta las enmiendas que el Grupo
Parlamentario Popular mantiene a este proyecto de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 18; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, lógicamente
las que no se han incorporado al informe de la Ponencia. ¿Se pide
votación separada para alguna de ellas? (Denegaciones.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Pasamos a continuación a la votación de los artículos del proyecto de
ley. ¿Se solicita por parte de los grupos votación separada de alguno de
ellos o se pueden votar conjuntamente? (Pausa.) ¿Se pueden votar
conjuntamente? (Asentimiento.) Votaremos primero el articulado y,
posteriormente, la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 21; en
contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados todos los artículos y disposiciones
finales y adicionales de este proyecto de ley.
A continuación, votamos la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 21; en
contra, 17; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos del proyecto
de ley de los Picos de Europa. Redactado este informe, se dará cuenta al
Presidente del Congreso para su posterior tramitación en el Pleno.
Seguidamente, pasamos a la votación de las proposiciones no de ley. El
Grupo Parlamentario Vasco ha retirado la proposición que figuraba con el
número dos. Si les parece, pues, votamos la que figura en el orden del
día con el número tres, que es relativa a la participación del sector
pesquero español en las negociaciones bilaterales y multilaterales de la
Unión Europea.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación se somete a votación la Proposición no de ley, del mismo
grupo parlamentario, sobre participación del sector pesquero español como
observador en el Comité hispano-francés de pesquerías.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, pasamos a la votación de la proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Popular, relativa a la ampliación de las provincias
españolas con derecho a percepción de la ayuda a la producción de trigo
duro.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 16; en
contra, 20; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Antes de levantar la sesión recuerdo a SS. SS., para que lo tengan en
cuenta a efectos de los correspondientes viajes, que se ha fijado
celebración de comisión los días 1 y 2 de marzo, que es una semana que,
en principio, no hay Pleno.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.