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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 414, de 14/02/1995
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1995 V Legislatura Núm. 414
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 33
celebrada el martes, 14 de febrero de 1995
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre uso racional del espectro radioeléctrico. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 146, de 10-10-94. Número de
expediente 161/000304). (Página 12662)
--Relativa a la adjudicación del tramo de obras Cervera-Igualada en la
autovía Madrid-Barcelona. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 161/000375). (Página 12665)
--Relativa a la construcción de una planta potabilizadora de agua del mar
en la Bahía de Cádiz. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(Número de expediente 161/000376). (Página 12669)
--Por la que se insta al Gobierno a iniciar las obras para la supresión
del paso a nivel y soterramiento de la línea férrea a su paso por Sant
Feliu de Llobregat. Presentada por los Grupos Parlamentarios: Federal
IU-IC y Catalán, Convergència i Unió. (Número de expediente 161/000372).
(Página 12673)
--Por la que se insta al Gobierno a la adopción urgente de determinadas
medidas en relación con la empresa Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de
expediente 161/000381). (Página 12676)
--Por la que se insta al Gobierno a la reforma del Estatuto de la empresa
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE). Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 161/000382). (Página 12677)
--Por la que se insta al Gobierno a que proceda, de manera urgente, a
consolidar la estructura funcional en la empresa Ferrocarriles de Vía
Estrecha (FEVE), una vez definido un Plan de empresa, así como a que las
suspensiones de contrato, traslados y cambios de categoría, emprendidas
por Gonzalo Martín Baranda en el último año queden sin efecto. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente
161/000383). (Página 12677)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE USO RACIONAL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000304.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Iniciamos nuestra sesión de
trabajo número 34, de la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente,
con el debate y votación, en su caso, de las proposiciones no de ley
presentadas por los distintos grupos parlamentarios; hoy todas son
proposiciones no de ley. Recuerdo a las señoras y señores diputados que
la votación no tendrá lugar antes de la una.
En primer lugar y siguiendo el orden del día, pasamos a la primera
proposición no de ley, sobre el uso racional del espectro radioeléctrico,
cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor
Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, entrando en la materia, el
panorama que se nos presenta... (El ruido de las obras impide oír
correctamente al orador.)
El señor PRESIDENTE: Lo lamento, señores diputados, pero me temo que a lo
largo de toda la mañana vamos a tener este tipo de interrupciones, de
ruidos, por las obras que existen en estos momentos en el edificio. En el
supuesto de que el ruido sea insoportable, que el portavoz
correspondiente haga unos minutos de silencio hasta que se le pueda
escuchar. Mientras, les ruego que levanten un poco el tono de voz para
poder ser escuchados por todo el mundo.
Gracias.
El señor CAMISON ASENSIO: Siempre es más alentador, señor Presidente,
guardar minutos de silencio por estas cuestiones que no por otras.
Pasando de ese minuto de silencio, decía que el panorama que se nos
presenta en relación con la protección del dominio público radioeléctrico
no es muy alentador en nuestro país y afecta, sobre todo, a lo
relacionado con la radiodifusión. Si analizamos toda la normativa
vigente, nos encontramos con que, efectivamente, el conjunto de
disposiciones es adecuado a las posibilidades de funcionamiento legal en
España de la radiodifusión sonora de ondas métricas y de frecuencia
modulada. Sin embargo, todo el mundo afectado en el sector, tanto en la
rama industrial como comercial, está de acuerdo en que la adaptación de
las emisoras de FM del Ente Público Radiotelevisión Española al plan
técnico no es la adecuada, puesto que se está trabajando en parámetros
que chocan frontalmente con dicho plan tanto en potencias como en
emplazamiento. También están de acuerdo en que otro tanto ocurre con las
emisoras de frecuencia modulada gestionadas por las comunidades
autónomas, cuya realidad dista bastante de tener que ver con lo que
especifica el plan técnico, por distorsión constante de sus parámetros,
en este caso en un aspecto trascendental, y es que puede desvirtuar las
relaciones internacionales por cuanto pueden afectar a los compromisos de
coordinación técnica transfonteriza a que obligan las conferencias
mundiales que nuestro país ha suscrito como miembro de la UIT, Unión
Internacional de Telecomunicaciones.
Lo mismo ocurre en cuanto a las emisoras de frecuencia modulada de
gestión indirecta y, por consiguiente, sometidas al régimen de concesión
del Plan. También hay un alto grado de incumplimiento, al que se ha
llegado porque, a pesar de disponer la Administración de medios para el
control técnico, instrumentos para la aplicación incluso del régimen
sancionador, sin embargo, de acuerdo con la LOT, la Dirección General
pertinente (en este caso la de telecomunicaciones) no ejerce
adecuadamente su gestión, ya que son centenares los expedientes en vía
muerta a causa de imponderables ajenos a dichas competencias; es decir,
ocurre que hay centenares de emisoras en funcionamiento fuera del Plan.
Para añadir a todo esto todavía más problemas, hay un caos añadido que
supone, ya de hecho, el funcionamiento ilegal de unas 500 emisoras de
titularidad municipal.
En el caso de la televisión, el problema no es mucho menor, que que si
analizamos la normativa, vemos que aplicando todo este cuerpo legal
--repito-- a la televisión, la situación debería resolverse y
desarrollarse con toda
normalidad. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Por ejemplo, en la
implantación de terceros canales, existen canalizaciones de frecuencia
totalmente al margen de Retevisión y de los planes técnicos elaborados
por la Administración. Están ahí los problemas surgidos por
incompatibilidad radioeléctrica con los planes técnicos de TV-1 y TV-2,
por sobreposición de cobertura en los mismos canales. Se da, además, el
hecho de que la instalación de reemisores para la difusión de
determinados programas autonómicos se hiciera, en algunos casos, a gran
distancia de sus territorios. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, señorías. Disculpe el señor ponente.
Ruego un mínimo de silencio, porque entre los ruidos ajenos a esta sala y
los ruidos y murmullos adicionales que provocamos, es muy difícil que
entiendan todos los diputados y que, a su vez, los taquígrafos puedan
realizar su trabajo adecuadamente. En cualquier caso, si hay algún motivo
para consultar, ruego a SS. SS. que se ausenten un momento de la sala
para que puedan discutir los asuntos normales, habituales, que son
lógicos, pero que esa discusión se haga fuera de la sala.
Continúa en el uso de la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Gracias, señor Presidente.
Estaba refiriéndome al caso de emisiones a gran distancia de los
territorios de algunas emisoras emplazadas en determinadas comunidades
autónomas. Todo el mundo conoce emisiones que, en cantidad, llegan desde
el centro del país a la zona de Valencia y Baleares, a la zona de La
Rioja y Navarra o incluso a Castilla-La Mancha y Extremadura, creando
todo esta transposición a distancia verdaderos conflictos.
Otro hecho es la instalación de emisoras municipales de televisión, y
también privadas, de cobertura más o menos local, no contempladas en la
normativa vigente, de momento, aunque esté ya presentado el proyecto de
ley de televisiones locales; situaciones todas ellas alegales y que
afectan a cerca de 300 emisoras en nuestro país. En este caso, se da
también que la programación de estas emisoras suele ser propia, pero se
están incorporando programas ajenos desde televisiones autónomicas o
privadas, que se reemiten, significando ello una mayor utilización de
canales y, por tanto, del espectro, lo que aumenta aún más la complejidad
de la situación creada con estos problemas.
Se da aquí, además, un hecho, a nuestro modo de ver grave, y es que la
instalación de radioenlaces estudio-emisora para el transporte de señal
de televisión por parte de ayuntamientos y entidades privadas,
ilegalmente, como digo, se hace con equipamiento importado y en venta
generalizada, con frecuencias del orden de los 1.000 megahercios y en
bandas atribuidas en exclusiva al servicio de radionavegación
aeronáutica, por el reglamento de radiocomunicaciones UIT y por el cuadro
nacional de atribución de frecuencias, esto es, en la banda de los 960
hasta 1.215 megahercios, lo que indudablemente compromete seriamente el
cumplimiento de las obligaciones de la Administración española en cuanto
a la protección de dicho servicio contra cualquier clase de interferencia
que pueden ser causas de inseguridad en la navegación aérea con graves
consecuencias.
Como se ve, el estado de la situación de televisión no es menos
complicado que el de la radiofusión sonora de ondas métricas en
frecuencia modulada. Por tanto, estamos ante una situación en la que
habrá que tomar medidas, ya que, sobre todo --repito--, se están quedando
en vía muerta las actuaciones a que hubiera lugar dentro de la dirección
general, pues se dice que la única vía que se emplea es la del diálogo.
Nosotros creemos que, efectivamente, el diálogo es una buena medida para
resolver el problema; pero cuando no se resuelve por esta vía, habrá que
recurrir a métodos más expeditivos.
El asunto --no voy a insistir-- también afecta a las complicaciones que
se están creando con el servicio móvil, que aumenta el caos. En
consecuencia, creemos que ha llegado el momento de tomar alguna medida
para conseguir el objetivo de protección del dominio público
radioeléctrico que en estos momentos --como digo-- está bajo mínimos, ya
que no se ha podido mejorar el uso del espectro radioeléctrico, el nivel
de calidad del servicio de radiodifusión difícilmente puede asegurarse
con la inaplicabilidad de los planes técnicos, a causa de muchos casos
recalcitrantes, como los que acabo de citar, o la actuaciones que
degradan el mencionado dominio van a más y las medidas de la
Administración, en ese caso, no acaban de cortar. Por tanto, hay que ir a
reforzar ya la posición de la Administración, convocando a capítulo a las
entidades infractoras y también concienciando adecuadamente a los
responsables jurídicos acerca de la materia, reconsiderando incluso la
legislación vigente, y tal vez modificando disposiciones que coadyuven a
normalizar la situación, pero sin contradicción alguna sobre la
reglamentación y normativa técnica vigente, que creemos es la adecuada.
En esa dirección va nuestra proposición no de ley, para la que pedimos el
voto de esta Comisión.
En nuestro caso además se dan otras distorsiones también graves. Por
ejemplo, hoy día, las emisoras triplican la potencia de las privadas en
España y, a pesar de todo, Radio Nacional sigue pidiendo más frecuencia
para su plan estratégico. Viendo los datos últimos de Price Waterhouse,
se aprecia que, en cuanto a número y potencia de las emisoras españolas,
en AM, por ejemplo, tenemos en privadas 113, con una potencia de 1.494
kilovatios y, sin embargo, en públicas, se va a 124; pero, sobre todo, lo
que se dispara es la potencia, que salta hasta 5.750 kilovatios. En
frecuencia modulada ocurre prácticamente lo mismo; incluso aquí el salto
es más significativo, porque en privadas hay 619 emisoras, con poco más
de 3.000 kilovatios de potencia y, en cambio, en públicas, baja el número
a 219 emisoras, pero la potencia se dispara, casi se triplica, hasta
10.600 kilovatios. Se da esta contradicción cuando ocurre lo contrario en
índices de audiencia, puesto que está la potencia a favor de las públicas
y, sin embargo, el índice de audiencia es preferentemente a favor de las
privadas, sobre todo de la COPE, la SER y Onda Cero. Por tanto, cuando
las preferencias de la mayoría de españoles van en favor de
las emisiones privadas, se siguen potenciando, y se sigue impidiendo la
cobertura en el caso de las públicas.
Se nos puede decir que no hay que preocuparse, puesto de que a la espera
están, entre otras, soluciones de digitalización. Efectivamente, eso es
así y, por tanto, quizá no es que estemos ante un espacio escaso, sino
limitado, pero la saturación es un hecho, está ahí, y está creando
problemas.
Otro conflicto añadido que está ya aquí es el que se crea con la
confrontación del desarrollo de la televisión digital, cuya prueba tenía
que ser ya, en esta próxima primavera y, sin embargo, la nueva ley de
televisión local va a impedir que se hagan esas pruebas. Nos congratula
ver que nuestra proposición no de ley va en la dirección de que estemos
de acuerdo en que hay normativa suficiente pero que, sin embargo, no se
aplica, y vemos que en el informe presentado ante la Unión Europea
recientemente por el estudio realizado en simbiosis por la Universidad
del País Vasco y la Complutense, de Madrid, llegan a la misma conclusión
que nosotros y acusan al Gobierno Español ante la Unión Europea de
dejación del Gobierno en el mercado privado de la radio.
Termino, señor Presidente, recordando que incluso las inversiones en la
materia están pendientes. Este mismo tema lo hemos debatido durante la
tramitación del proyecto de ley de presupuestos de 1995, y cuando el
Gobierno decía que no revestía gravedad sin embargo reconocía que había
un incremento de la demanda y que habíamos llegado a ello a causa de la
saturación. Esta saturación es el problema grave que nosotros denunciamos
y, sobre todo, vemos que las inversiones pendientes están ahí paradas y
no avanzan, como pueden ser por ejemplo la modificación de la estructura
de la base de datos del Registro nacional de frecuencias, Renafe, la
depuración de estos datos, la adquisición de equipamiento informático o
la elaboración del pliego de especificaciones del proyecto Radiocom que
permita satisfacer de manera eficaz la demanda prevista de frecuencia
radioeléctrica.
Estas inversiones de sólo 122 millones, realmente escasas, que se han
previsto en el Presupuesto para 1994, y para 1995, de 253, contrastan,
sin embargo --y termino, señor Presidente--, con los ingresos totales que
recibe el Ministerio de Obras Públicas en virtud de cánones sobre la
utilización del dominio público radioeléctrico, que alcanzan nada más y
nada menos que, por ejemplo, según los últimos datos que tenemos, los
referidos al año 1972, hasta 2.398 millones, la mayor parte, por
supuesto, de radioaficionados --603 millones--, también de Telefónica y
de otros ingresos. Estos ingresos aumentaron en 1993 y en 1994, y hay que
llamar la atención sobre el hecho de que las administraciones públicas
están exentas de este canon y, por tanto, incluso las televisiones
privadas no aportan, puesto que la difusión de su señal de televisión se
efectúa a través del Ente Público Retevisión.
Por tanto, vemos que el nivel de ingresos es sustancial, pero el nivel de
inversiones es bajo, y sobre todo el nivel de atención al cumplimiento de
la normativa yo diría que es escandaloso. Por consiguiente, creemos que
que está justificada nuestra proposición no de ley; por eso la hemos
presentado y por eso pedimos el voto favorable de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: A continuación de la exposición del señor Camisón
defendiendo la proposición no de ley del Grupo Popular, ¿Grupos
parlamentarios que desean fijar su posición respecto a ella? (Pausa.)
En consecuencia, tiene la palabra el señor Espasa, en nombre del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ESPASA I OLIVER: Mi intervención será muy breve, puesto que ha
sido exhaustiva y prolija la exposición del ponente de esta proposición
no de ley, y en los aspectos formales de su parte dispositiva estamos de
acuerdo. Quizá no estaríamos de acuerdo en el trasfondo político e
ideológico que en algún momento el señor Camisón ha deslizado para
señalar sus quejas por el no cumplimiento de una normativa que,
independientemente del trasfondo con el que se quiera abordar, es
evidente que debe cumplirse. El espacio radioeléctrico es un espacio
escaso y saturado; el uso del dominio de este espacio radioeléctrico no
puede estar sometido a actuaciones que no cumplan la legalidad vigente y,
por tanto, insisto, en la parte estrictamente formal y dispositiva de
esta proposición no de ley no podemos por menos que estar de acuerdo e
instar al Gobierno a que depure todas aquellas situaciones en las que no
se esté cumpliendo exactamente la normativa que preveía la distribución
de frecuencias, la vigilancia del uso de estas frecuencias y la no
saturación o la no invasión desde otras frecuencias no autorizadas sobre
este mismo espacio radioeléctrico. Insisto, sin embargo, en separar el
trasfondo ideológico que pueda subyacer en la intención del Grupo
Popular, pero en su formalidad estamos de acuerdo y, por tanto, la
votaremos afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Socialista, el
señor García-Arreciado tiene la palabra.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: De manera breve, para fijar la
posición del Grupo Parlamentario Socialista. Nosotros compartimos la
afirmación del señor Camisón de que se está produciendo un importante uso
del dominio público, del espacio radioeléctrico. Lo que no compartimos es
que la prudencia, la mesura y el diálogo con que están intentando aplicar
las funciones de policía de la normativa vigente estén produciendo
situación malsonante en la que se esté dando una pérdida en la calidad de
los servicios que discurren por ese espacio radioeléctrico.
Nadie como nosotros ha defendido la necesidad de restringir el acceso al
espectro radioeléctrico, precisamente por ser un bien escaso y de dominio
público. Frente a esto, no tengo más remedio que recordar posturas de su
grupo contrarias a la definición del espacio radioeléctrico como dominio
público y proclives --el último caso fue la ley de televisión por
satélite-- a que se concediesen todas las autorizaciones,
ni tan siquiera concesiones, que fueran posibles porque pudieran
integrarse en lo que técnicamente entra dentro del espectro, sin
considerar los efectos de interferencias que unas señales pueden producir
respecto a otras.
Lo que viene a proponer en términos políticos puros, aparte de la
literatura con que se adorna la presentación de esta proposición no de
ley --y lo entiendo en los tiempos en que estamos, próximos a unas
elecciones--, es que el Gobierno empiece a cerrar a saco emisoras de
televisión o de radio que pudieran estar incumpliendo algunas de las
normativas existentes. Nosotros creemos firmemente en dos cuestiones: en
primer lugar, que hay normativa administrativa suficiente de policía para
controlar el correcto uso del espacio radioeléctrico, con las excepciones
puntuales que se quieran indicar; y, en segundo lugar, que no solamente
existen normas suficientes, sino que se están aplicando de forma
satisfactoria, en general.
Hasta el año 1987, es decir, anteayer en términos históricos, este país
no tenía una legislación que regulase el espacio radioeléctrico. Fue la
LOT, de 1987, la norma que introdujo por primera vez en nuestro
ordenamiento unos criterios básicos a los que deben ajustarse todos los
servicios que utilicen el espacio radioeléctrico, una ley que defina con
nitidez las funciones y las responsabilidades de las diferentes
administraciones públicas, del sector público, del sector privado, de
todos aquellos que utilizan el dominio público radioeléctrico.
Desde 1987 hasta ahora, esta Cámara está en una constante vigilancia de
las transformaciones tecnológicas que se vienen produciendo a un ritmo
ciertamente muy elevado, con objeto de mantener siempre una normativa que
sea concorde con las exigencias técnicas que se vienen planteando. El
Reglamento del dominio público radioeléctrico fue hecho público en 1989,
dos años después. En el mismo año se desarrolla el artículo 6.º de este
Reglamento, consistente en el establecimiento de un cuadro nacional de
asignación de frecuencias, en el cual se establecían perfectamente las
frecuencias, los canales, las bandas, las sub-bandas, los circuitos
electrónicos; es decir, todos los elementos que podrían ser utilizados
por los servicios que usan el espacio radioeléctrico.
Esta orden del año 1989 fue cambiada, para tener una mejor relación con
la realidad, en los años 1991, 1992 y, posteriormente, hace escasamente
un año. También se ha modificado la LOT, de 1987, en el año 1992, creo
recordar, para que sus contenidos estuviesen concordes con las directivas
europeas. Por tanto, las Cámaras y este Gobierno estamos haciendo un
esfuerzo permanente para adaptar la normativa radioeléctrica a las
exigencias que se van produciendo en el mercado.
Todas estas normativas tienen sus aspectos sancionadores, aspectos de
intervención administrativa de policía de la Administración, para
garantizar que no se producen abusos de importancia en el uso de un bien
escaso como es el espectro radioeléctrico; y hay una labor permanente de
seguimiento de las administraciones sobre todas las emisiones que
utilizan el espacio radioeléctrico.
Por referirme a la banda de UHF, a la que el señor Camisón en su
exposición de motivos de esta iniciativa, hace mención, la segmentación
básica de esta banda se produce en el entorno de los 30 megahercios,
estando por debajo de la banda HF y por encima las bandas VHF y UHF.
Tanto sobre la HF, como sobre las VHF y UHF existen un seguimiento
permanente de la Administración. En el caso de estas dos últimas son más
intensos en aquellas provincias como Madrid y Barcelona, donde hay un
mayor número de señales o de emisiones circulando por el espacio
radioeléctrico. Siguen después 12 provincias de intensidad media; pero el
resultado final es que en todas las provincias españolas existen
estaciones, tanto fijas como móviles, que cuidan continuamente de la
correcta interpretación y aplicación de las normas que regulan el
espacio.
El resultado de todo esto es que en el período 1991-1993, de los 10.000
expedientes incoados se han resuelto 9.200; en el año 1990 se encontraron
y corrigieron 3.300 interferencias y en el año pasado han sido 4.500. Las
comprobaciones técnicas de las emisiones han pasado de poco más de
250.000, (250.000 comprobaciones técnicas de las emisiones) hace tres
años, a más de un millón de control de emisiones en 1993, que es el
último año que se ha controlado.
Por tanto, sostenemos que hay una normativa suficiente. Sostenemos
también, como ya lo ha anunciado el Gobierno, que hay que estar en una
permanente revisión de estas normativas, porque los cambios técnicos que
se introducen en este terreno son, como he dicho antes, muy acelerados y
muy importantes. Creemos que las labores de policía están ejercidas de
manera correcta por la Administración. De forma que, con los ejemplos
puntuales que se quieran citar, no creo que sea sostenible que el espacio
radioeléctrico español sea una jungla en la que se introduce quien
quiere, como quiere y cuando quiere. Por tanto, nos parece preciso estar,
como he dicho antes, en una permanente revisión de esas normas, pero el
contenido de una mayor función de policía de la Administración, que es el
sustrato básico de esta iniciativa que estamos discutiendo parece que no
se ajusta exactamente a la realidad y vamos a votar en contra.
--RELATIVA A LA ADJUDICACION DEL TRAMO DE OBRAS CERVERA-IGUALADA, EN LA
AUTOVIA MADRID-BARCELONA. PRESENTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO. (Número de expediente, 161/000375.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de la primera proposición no de
ley, pasamos a la segunda relativa a la adjudicación del tramo de obras
Cervera-Igualada, en la autovía Madrid-Barcelona.
Anuncio que a esta proposición no de ley hay una enmienda del Grupo de
Izquierda Unida.
Tiene la palabra para defender la proposición no de ley, en nombre del
Grupo Popular, el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Esta intervención va a ser breve, puesto que los
datos que avalan la urgencia y necesidad
de la obra que proponemos en la presente proposición nos ahorran mayores
comentarios.
La autovía Madrid-Barcelona es una de las que tiene mayor densidad de
tráfico de España. Simplemente hay un tramo, el tramo Cervera-Igualada,
que está a caballo entre las provincias de Lleida y Barcelona, que tiene
una longitud total de 11 kilómetros, que es el único que falta para la
total terminación de las obras de esa importantísima autovía.
Habida cuenta que en ese tramo se sigue aprovechando la carretera
nacional II, se producen unas larguísimas retenciones de tráfico y debido
precisamente a la interrupción del tráfico, que provoca ese tramo que
está por terminar, hoy día, muchísimos camiones, muchas mercancías tienen
que utilizar la autopista de peaje con el consiguiente encarecimiento de
productos, lo cual también tiene una importante incidencia en Lleida,
porque muchos de los productos agrarios circulan por esa carretera, que
debía ser gratuita, si la obra se hubiera finalizado en su plazo previsto
y que, de esta manera, no lo puede ser, repercutiendo el coste de la
autopista de peaje en los productos que se exportan y que salen de
Lleida. Pero esta no es la mayor incidencia; la mayor incidencia, como es
natural, se produce en el tráfico de todo tipo de mercancías y en el
tráfico de viajeros con las consecuencias que antes he dicho.
Fíjense ustedes la urgencia y lo prioritaria que es esa obra que, no
habiendo estado prevista en el Plan 1984-1991, fue incluida en un plan
puente, hasta el PDI, que sólo recogía las obras más urgentes y
prioritarias; es decir, todas aquellas obras que no podían esperar.
Quiero aclarar a SS. SS. que esta obra ya tiene un retraso absolutamente
inaceptable porque tenía que estar completamente terminada el año 1992,
según todas las previsiones, y estamos en 1995. Nuestro temor está (no sé
en estos momentos si es así, por eso yo rogaría al portavoz socialista
que me aclarase la cuestión) en si está incluida en ese recorte
presupuestario de 500.000 millones de última hora que, al cabo de 20
días, ya invalidan los presupuestos que se aprobaron para este año. No lo
sabemos; lo que sí sabemos es que nuestro Presidente, el señor Aznar,
presentó una alternativa a esos presupuestos que apoyaron los socialistas
y los convergentes, presupuestos en los que parecía que no cabía ningún
recorte (la propuesta de alternativa que presentó el Partido Popular
contemplaba la reducción en gastos de 500.000 millones) y ahora resulta
que al cabo de 20 días, debido al desajuste de determinadas magnitudes
que provoca el aumento de la deuda, como consecuencia de la inestabilidad
política que estamos padeciendo, hay que desviar recursos de inversiones
a la financiación de los intereses de la deuda, y por eso precisamente ha
habido un recorte de las inversiones que no sabemos si va a afectar a
este importantísimo tramo, Cervera-Igualada, que tiene un coste total de
25.000 millones y que, según nuestras previsiones estaban escalonadas
para esta año, 14.350 millones; 7.000, para 1996 y 4.950, para 1997.
En definitiva, señorías, los argumentos son tan evidentes, tan elocuentes
y tan suficientes que abundar en la cuestión me parece obvio. Por tanto,
solicito en nombre del Grupo parlamentario Popular el máximo apoyo
posible para que esta obra sea realizada en el menor tiempo posible.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, proponente de la enmienda a esta proposición no de ley, la
señora Rivadulla tiene la palabra.
La señora RIVADULLA GRACIA: Señorías, por lo que veo el señor Llorens,
representante del Grupo Popular, se ha centrado únicamente en la urgencia
que requiere esta obra. Nuestro grupo comparte totalmente la necesidad de
que esta obra se haga en el menor plazo posible. Son dos años de retraso
y ha generado grandes dificultades en el tránsito hasta Barcelona. Esta
es una cuestión que nosotros compartimos; no compartimos, en absoluto,
que el Grupo Popular en su proposición no se defina sobre una opción u
otra.
Aquí se han barajado dos opciones: la opción norte y la del
desdoblamiento de la Nacional II. Durante mucho tiempo hemos estado
esperando y el Ministro de Obras Públicas y Medio Ambiente ha venido
diciendo a la opinión pública que estaba esperando un acuerdo de las dos
administraciones, que estaba esperando el estudio de la declaración de
impacto ambiental para decidirse por una opción u otra. Pero en este
ínterin se han producido varias situaciones. Se ha producido, primero,
una declaración del Parlament de Catalunya por la que todas las fuerzas
políticas, a excepción del PSC, han optado por la opción del
desdoblamiento. Se han producido estudios por parte del Departament de
Medio Ambient de la Generalitat y del Departament de Política Territorial
y Obras Públicas de la Generalitat, en los que se pronuncian
clarísimamente por la opción del desdoblamiento. Importantes
organizaciones ecologistas de la zona como puede ser Ipcena y, también
otras organizaciones ecologistas, como Depana, han manifestado el interés
de que esta obra transcurra por la actual Nacional II, por cuanto se
crearía un efecto barrera nuevo en la zona de La Segarra, que después
explicaré, ya que una sola comarca estaría atravesada por tres
carreteras. Pero es que, además, ha habido declaraciones de las
Delegaciones de Comercio e Industria de Cervera e Igualada de la Unió de
Pagesos de LÕAnoia, que es la comarca por la cual atraviesa esta
carretera, y también de Comisiones Obreras.
A todo esto el señor Borrell ha hecho caso omiso, y con fecha de 11 de
enero se publica en el «Boletín Oficial del Estado» una Orden por la cual
el Gobierno opta por la opción norte en contra de todos los
pronunciamientos de afectados y de instituciones absolutamente
representativas, la máxima la del Parlament de Catalunya. Lo hace,
además, cuando la declaración de impacto ambiental, que tanto se estaba
esperando y que según el Ministro, señor Borrell, iba a ser definitiva
para optar por una opción o por otra, dice exactamente que en relación
con la significación de los impactos detectados y las medidas mitigadoras
aplicables, se considera que desde la óptica exclusiva de la conservación
del medio natural, la alternativa óptima es la
duplicación. Justamente la opción que después el Ministro Borrell
descarta y se inclina por la opción norte.
Nuestro grupo va a ser breve en esta exposición, pero quisiéramos dejar
claras algunas cuestiones. El Parlamento Europeo, a instancias del
eurodiputado de Iniciativa per Catalunya Antonio Gutiérrez Díaz,
inmediatamente después de la declaración de impacto en la que se señala
que la opción más idónea es la de desdoblamiento, y posteriormente a que
se supiera que el Ministro Borrell pensara continuar con la opción norte,
hace una serie de preguntas en las que, primero, pide al Gobierno su
valoración sobre el estudio del impacto ambiental y las repercusiones que
esta obra puede tener sobre el barranco de La Coma, que transcurre a
través de una parte de la opción y la cabecera del río Sió. Esta nueva
carretera por la cual se optaría discurre por un valle que es la Vall del
Sió. Segundo. Por qué motivo se ha rechazado el proyecto de
desdoblamiento de la Nacional II; y, en tercer lugar, si el Gobierno
pretende destinar dinero de los fondos de cohesión a la financiación del
proyecto. Esto se pregunta por parte del Parlamento Europeo por cuanto el
Gobierno español cuando realiza una obra de estas características tiene
que optar por aquella que menor impacto ambiental produce sobre el
territorio.
No sé cómo está la situación en este momento, pero podría quedar en
entredicho el hecho de que el Parlamento Europeo considerase que el
Gobierno español ha optado por la opción que más impacto ambiental está
produciendo. Pero es que además, el ministerio ha desatendido los
criterios y estudios técnicos de su propio gabinete, porque en los
argumentos a favor o en contra tenemos que la opción norte, la elegida
por el ministerio, es 280 metros más larga que la opción sur. Esto
significa que habrá un gasto energético equivalente a 150.000 litros de
combustible/año superior con esta opción norte. Por otra parte, en esta
opción se establecerán unos tramos de marcha más lenta porque el barranco
de La Coma tiene una pendiente del 5 por ciento y hay 2.766 metros que
son de esta pendiente del 5 por ciento.
En cuanto a túneles, la opción elegida por el Ministro Borrell implica
que la longitud de los túneles que se tienen que hacer es superior en 260
metros. En la parte de allanamiento de terrenos la opción norte tiene
casi 700.000 metros cúbicos más que allanar que la opción sur que es la
del desdoblamiento.
En cuanto al impacto socioeconómico, la actual Nacional II que es una vía
que procede de una antigua calzada romana, que ancestralmente se ha
utilizado para los desplazamientos en esa zona, tiene actualmente un
complejo turístico hotelero importantísimo del cual viven directamente
150 personas pero que afecta a unas 250 personas más, a todos aquellos
agricultores que proveen a ese complejo que ya está en una zona muy
consolidada turísticamente.
En cuanto a los criterios económicos, la opción norte representa 5.000
millones de pesetas más que la opción sur, sin tener en cuenta que se
deberían contar 6.000 millones de pesetas más que supondrán el
mantenimiento de la Nacional II, puesto que esa carretera continuará
utilizándose y cada ocho años tendrán que gastarse 6.000 millones de
pesetas más para su mantenimiento.
En cuanto al impacto ambiental, el estudio dice que hay menos removida de
tierras en la opción norte, pero no se ha tenido en cuenta que el propio
estudio dice que en el barranco de La Coma no podrá discurrir la
carretera por el lecho del barranco, sino que tendrá que haber dos
carreteras laterales y el lecho del barranco se tendrá que vaciar para
prever inundaciones, con lo cual hay que contar los metros cúbicos que se
tendrán que remover del lecho del barranco de La Coma.
Hay informes de la estación de meteorología de la comarca de La Segarra,
por la que transcurre esta opción norte, que dicen hay peligros de
heladas, peligro de nieblas, que hay mayores escarchas y que todo eso la
hace menos oportuna que la Nacional II. Por último, existen informes de
la Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico que se inclinan por
la opción del desdoblamiento.
Pero es que además, desde el punto de vista agrícola y forestal, resulta
que la opción norte va a pasar por los terrenos de mayor cultivo, las
zonas más ricas de La Segarra donde hay cultivos de cereales que se van a
inutilizar y donde se va a producir una partición de terrenos que serán
atravesados por la carretera, lo cual significa que grandes zonas
cerealistas de La Segarra se van a ver perjudicadas, sin hablar de lo que
significará de impacto en la masa forestal.
Acabo mi exposición, señorías, con lo siguiente. Las fuerzas políticas
que estamos en este momento en el Congreso de los Diputados, que nos
pronunciamos a favor en el Parlament de Catalunya, deberíamos mostrar una
mínima coherencia porque el ministerio no ha aportado ni un sólo dato más
de los que ya disponíamos cuando estábamos discutiendo esto mismo en el
Parlament de Catalunya.
Quiero manifestar al Grupo Catalán (Convergència i Unió) que sería
conveniente que en el momento de votar a favor de esta enmienda de
modificación que presenta Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya a esta
proposición no de ley del Grupo Popular, tuviera en consideración que el
propio Conseller de política Territorial y Obras Públicas de la
Generalitat de Catalunya, señor Jaume Roma, ha puesto en manos de la
asesoría jurídica de la Generalitat el hecho de poder querellarse contra
el Ministro Borrell, para que se estudie la viabilidad de posibles
acciones legales a emprender contra el Ministerio por haber decidido la
opción norte, cuando la que reclama el Departament es la de
desdoblamiento de la Nacional II, conforme con lo que votamos todos los
grupos parlamentarios a excepción del PSC, en el Parlament de Cataluña.
Es por todo esto, señorías, que solicitaría coherencia en la votación y
que se tuviesen en consideración los argumentos que nuestro grupo ha
manifestado en este debate.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
(Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor
Sedó tiene la palabra.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, hoy estamos aquí ante una
proposición no de ley, que presenta el Grupo Popular, relativa a la
adjudicación del tramo de obras Cervera-Igualda. En realidad, lo que se
pide por el Grupo Popular es que las obras se inicien rápidamente y con
ello estamos muy de acuerdo. La carretera de que se trata es muy
transitada y tenerla en la situación actual crea un grave perjuicio a la
economía de la zona. Por tanto, después de muchas discusiones que ha
habido, y después, como decía la señora Rivadulla --y en el texto de su
enmienda así consta--, de que los grupos en Cataluña han tenido unas
posiciones, actualmente el tramo tiene una solución decidida por el
ministerio, creemos que en este momento lo que hay que hacer es
pronunciarse respecto a lo que se nos presenta, que es la proposición
sobre el plazo.
Cuando la proponente de la enmienda nos habla de que hay que votar con
coherencia, le tengo que decir que nosotros votaremos en coherencia con
lo que se propone en el texto de la proposición no de ley, o sea,
exigiendo del ministerio que proceda a la adjudicación de las obras
correspondientes lo antes posible, dentro ya de este ejercicio, dentro de
los tres meses, aunque este plazo parece muy corto y tal vez se puede
ampliar, pero que se adjudique la obra. En otro caso, estaríamos en que
hay unas decisiones a tomar, los grupos que no estamos de acuerdo en el
trazado o en la forma en que se ha decidido siempre estaríamos bloqueando
las decisiones que en este caso concreto ha tomado el ministerio, sin
tener en cuenta indicaciones de otros grupos, sin tener en cuenta la
inquietud que en la zona norte puede haber, así como en la zona del
desdoblamiento, y sin tener en cuenta lo que en su momento consideró el
Parlament catalán.
En realidad, cuando se nos habla de que tenemos que votar en coherencia,
quisiera recordar, haciendo un inciso, que quizá la coherencia hubiese
sido que el texto de la enmienda hubiese llegado aquí como una
proposición no de ley para cambiar todo esto y entonces nos tendríamos
que haber significado única y exclusivamente por el trazado. Hoy día el
trazado está decidido. No está de acuerdo con cómo se había pronunciado
definitivamente el Govern de la Generalitat de Catalunya, que iba a favor
de otro trazado, pero una vez tomada una decisión por quien la tiene que
tomar, nosotros ahora lo que queremos es que la obra se empiece ya. La
zona tiene que aguantar sus esquemas económicos y, por tanto, si no hay
aceleración en la adjudicación de la obra no podrá mejorar sus
condiciones.
La obra, sea un trazado u otro, es necesaria y, por tanto, en estos
momentos, tomada la decisión por el ministerio que se empiece ya. Nuestro
voto va en este sentido.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Socialista, el
señor Velasco tiene la palabra.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: Señor Presidente, señorías, el Grupo
Socialista está totalmente de cuerdo con el espíritu de la proposición no
de ley presentada por el Partido Popular en cuanto a que estamos tratando
una de las vías de comunicación más importantes y que crea un verdadero
cuello de botella en el tramo Cervera-Igualda.
El Ministro Borrell hace unas fechas, el 19 de diciembre de 1994, aprobó
definitivamente el trazado de la autovía y manifestó públicamente la
intención del ministerio de acelerar al máximo los trámites, dada la
importancia económica que para esta zona tiene la modificación de trazado
que va a unir definitivamente Madrid y Barcelona. Por todo esto el Grupo
Socialista va a apoyar esta proposición no de ley, si bien quisiera
someter a consideración del Grupo Popular que en vez del plazo de tres
meses se pasase a seis meses. Entendemos corto el plazo de tres meses y
dado que ya el ministerio ha encargado durante el mes de enero los
estudios de proyecto llevándolos por procedimiento de urgencia, pero
respetando los trámites necesarios para una ejecución buena de las obras,
creemos que el plazo de seis meses posibilitaría al ministerio poder
realizarlo pero, como digo, llevándolo por un trámite de absoluta
urgencia, dada la necesidad, que todos compartimos, y dada la urgencia en
la cual todos estamos de acuerdo.
Por otro lado, manifestar que el ministerio no ha planteado ningún tipo
de recorte para esta obra; es una de las obras prioritarias que marcó en
el plan puente y el ministro se ha comprometido a que salga cuanto antes.
Creo que desde el Congreso podemos instar a que el ministerio dé
prioridad absoluta a este tramo, dada su importancia económica y, por
tanto, entenderíamos que un plazo de seis meses podría ajustarse a las
necesidades y podríamos solventar uno de los graves problemas que tenemos
hoy en comunicaciones y resolver de una vez por todas ya el tramo
Madrid-Barcelona, tramo absolutamente importante dentro del eje de
comunicaciones a nivel nacional.
Por tanto, si es admitida esta propuesta de modificación de tres a seis
meses, el Grupo Socialista votaría a favor de la proposición no de ley
presentada por el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para fijar su posición respecto a la
enmienda presentada por el Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, en nombre del grupo proponente, el Grupo Popular, el señor
Llorens tiene la palabra.
El señor LLORENS TORRES: Señor Presidente, muchas gracias. Gracias,
señoras y señores diputados.
Para contestar a las intervenciones de los tres grupos parlamentarios,
porque en definitiva hay una propuesta de modificación en lo expuesto por
el Grupo Socialista también en cuanto al plazo, que se refiere a ampliar
el plazo de tres a seis meses, lo cual me parece perfectamente razonable;
incluso en tres meses quizá sería milagroso. Eso mejora nuestra propuesta
y estamos encantados de recoger esta modificación a nuestra propuesta.
Refiriéndome muy brevemente a la intervención del portavoz de
Convergència, decirle que coincidimos plenamente en la necesidad y
urgencia de la obra.
Dirigiéndome a los dos creo tenemos que felicitarnos todos en esta
Cámara, en esta Comisión, puesto que una iniciativa no se rechaza en
función de su origen, sino que
es en función de su finalidad y cuando compartimos el interés de esta
finalidad y todos coincidimos en él y somos capaces de empujarla y
aprobarla parlamentariamente, creo que estamos justificando nuestra
condición política y en este sentido debemos felicitarnos todos aquí de
que hoy hayamos sido capaces de solucionar ese atasco que tenía la
carretera nacional Madrid-Barcelona, que confío que se superará en el
plazo previsto.
Respecto a la portavoz del Grupo de Izquierda Unida, señora Rivadulla --y
la pensaba contestar, señor Presidente, le veo muy preocupado--, la
propuesta o la enmienda de la señora Rivadulla, la he escuchado con
muchísima atención y con muchísima simpatía, como hago siempre con todas
las suyas, que me parecen interesantes casi todas, pero algunas de ellas
utópicas, no la podemos aceptar, pero quiero aclarar por qué.
En primer lugar, porque en nuestra propuesta, no nos definimos sobre el
trazado, lo que queremos es que la obra se haga y que la discusión sobre
el trazado, que va siendo interminable y que ha sido utilizada como
excusa para aplazar este tramo, no siga dilatando una obra cuya urgencia
es ya absolutamente necesaria.
Nosotros --y es cierto lo que dice la señora Rivadulla--, junto con el
Grupo de Convergència i Unió --que, sin embargo, ha sabido ver la
urgencia de la cuestión y ha sacrificado sus posiciones sobre el trazado,
aunque han sido distintas con respecto al tiempo--, apoyamos en el
Parlamento de Cataluña --yo precisamente en aquella época estaba allí--
el trazado por el desdoblamiento, es decir, el trazado actual, ampliado,
porque considerábamos que tenía menor coste. Es cierto, como decía la
señora Rivadulla, que hay familias que están viviendo en los paradores de
esa importante carretera. Confiamos, no obstante, que dadas las
excelentes relaciones que hay entre quienes gobiernan en este país, que
son Convergència i Unió y el Partido Socialista, se podrá llegar a un
acuerdo sobre el trazado definitivo, porque si el Parlamento de Cataluña
se ha pronunciado con respecto a un trazado, que es el del
desdoblamiento, y el señor Borrell se ha pronunciado con respecto a otro,
que es el trazado norte, yo creo que tanto el Conseller Roma como el
Ministro Borrell serán capaces de llegar a un acuerdo, porque ya dijo
Felipe González el otro día en el debate sobre el estado de la Nación que
no era cierto que el señor Borrell no tuviera capacidad de entenderse con
la gente. Esa es una excelente ocasión para que se lleguen a entender.
Quiero decirle amablemente a la señora Rivadulla que no se sienta
defraudada por nuestra actitud, porque el interés general en este caso
tiene que superar las consideraciones localistas.
Yo siento una gran sensibilidad por todas las inquietudes ecologistas,
por mi profesión, quizá porque tengo un gran sentido de la naturaleza,
del campo y de todas esas cosas. Pero está claro que si siempre
atendiéramos a las recomendaciones de los ecologistas podríamos hacer muy
pocas cosas. Naturalmente, son muy estimables, pero en este caso nosotros
no podemos valorarlas como un obstáculo para que la obra se haga.
En resumen, posición del Grupo Popular: muy agradecidos a todos los
grupos políticos, muy agradecidos nosotros como Grupo y muy agradecidos
todos los usuarios de esa vía de alcance nacional. Yo creo que hoy hemos
hecho una cosa muy positiva. Nos dicen que los políticos no servimos para
nada, pero hoy sí estamos demostrando nuestra utilidad.
Quiero que la señora Rivadulla se quede tranquila porque posiblemente
llegarán a algún acuerdo los Grupos de Convergència i Unió y Socialista
dado que sus relaciones son inmejorables.
El señor PRESIDENTE: ¿Puede concretar el señor Llorens?
El señor LLORENS TORRES: Nuestra propuesta se concreta con la simple
modificación del plazo de tres a seis meses. Nos gustaría poner fecha: el
1 de septiembre, porque no sabemos si el verano se considera hábil o
inhábil. No sé si ustedes tiene algún inconveniente... (Un señor
Diputado: Hábil.) ¿Ponemos entonces que se finalizará antes del 1 de
septiembre? (Varios señores diputados: Seis meses.) De acuerdo: seis
meses, no lo vamos a estropear ahora.
El señor PRESIDENTE: Queda clara la postura del portavoz del Grupo
Popular.
--RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DEL MAR
EN LA BAHIA DE CADIZ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000376.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta segunda proposición no
de ley, pasamos a debatir la tercera, relativa a la construcción de una
planta potabilizadora de agua de mar en la bahía de Cádiz, a propuesta
del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señorías, durante los tres últimos años en la
bahía de Cádiz y las poblaciones de su entorno venimos soportando
restricciones en el suministro de agua para el consumo. También durante
los últimos tres años nuestra agricultura ha sufrido grandes daños por
culpa de la fuerte sequía que estamos padeciendo; sequía que en los
últimos años se ha convertido en estructural, ya que cada vez son más
largos los períodos de sequía y más cortos los períodos de lluvias.
Durante estos años, la única medida urgente tomada para paliar los
efectos de la sequía ha sido la aprobación de la construcción del
trasvase Guadiaro-Majaceite, cuyas obras aún no han comenzado en estos
momentos.
Para recibir las aguas de ese trasvase desde hace años ya se ha hecho una
inversión importante, aumentando la capacidad de la presa del
Guadalcacín. Aunque hay muchas esperanzas de que ese trasvase solucione
los problemas de abastecimiento de la bahía de Cádiz y su entorno --más
de 800.000 habitantes--, es cierto que cuando hay
períodos de sequía tan largos, si no llueve en la bahía, tampoco llueve
en la cuenca del Guadiaro y en la sierra de Grazalema. Como ese trasvase
va a ser utilizado solamente para las aguas de avenida, tendremos que las
aguas trasvasadas en época larga de sequía no va a poderse trasvasar y
dependeremos del agua acumulada en el embalse del Guadalcacín.
Hasta ahora lo único que se ha hecho en la zona ha sido captar agua de
algunos pozos de agua subterránea en Jerez y en El Puerto de Santamaría,
en los pozos de la Piedad. Desde hace un mes y medio la Junta de
Andalucía, la Diputación y algunas corporaciones locales están haciendo
estudios de las disponibilidades de los acuíferos de la zona, acuíferos
que, según los técnicos, están a un 25 o un 30 por ciento de su capacidad
debido principalmente a que recogen el agua de las aguas superficiales y,
al tener un período de sequía de cuatro años, éstas han disminuido la
capacidad de estos acuíferos.
En este momento el Ministerio de Obras Públicas y la Junta de Andalucía
nos presentan unas medidas consistentes en aprovechar las aguas de esos
acuíferos. El aprovechar las aguas de esos acuíferos para cuatro o cinco
meses, según los técnicos, va a significar unos gastos de 1.500 millones
de pesetas, porque hay que hacer unas conducciones desde la situación de
esos pozos de los acuíferos a las redes generales de suministro de unos
1.500 millones de pesetas, como decía antes.
La semana pasada se aprobaron obras y suministros de emergencia por parte
del Ministerio de Obras Públicas, consistentes en transportar agua
procedente de Huelva en barcos para suministrar a la zona de la bahía, en
previsión de que no llueva esta primavera y de que durante los meses de
verano haya que aumentar las horas de restricciones a todos los
habitantes de esa zona.
La propuesta del Grupo Popular en el día de hoy sobre la construcción de
una planta desalinizadora de agua para esa zona es razonable porque
significaría en el futuro que con la construcción de una instalación de
este tipo tendríamos asegurado el consumo para los ciudadanos y la
industria de la zona, importantísima en nuestro desarrollo. Sin una
seguridad en el abastecimiento, por ejemplo, las grandes industrias, que
estamos deseando que lleguen para solucionar nuestros problemas de paro,
no se ubicarían en la zona. Precisamente en estos momentos, una de las
grandes empresas situadas en la bahía, como es la General Motors, está
contemplando la posibilidad de construir una planta desalinizadora para
su consumo porque, si no, se va a ver obligada a recortar la
productividad o trasladarse a otra zona del país donde le garanticen el
suministro de agua.
No solamente es eso, como decía al principio, porque lo más importante es
el consumo humano. Lo que sucede es que en la zona se suman muchos
problemas que hacen imprescindible inversiones importantes, porque una
planta desalinizadora, para suministrar un caudal aproximado de 45.000
metros cúbicos, que es lo que se necesitaría para garantizar el 50 por
ciento del consumo diario de los 800.000 habitantes, necesitaría una
extensión de unas tres hectáreas y costaría, dependiendo del sistema (por
ósmosis o por congeneración), entre 5.000 y 7.000 millones de pesetas, lo
que significaría un sobrecoste para el usuario de entre 30 y 75
pesetas/metro cúbico, según el sistema.
Nosotros creemos que en una gestión de los recursos públicos adecuada es
mucho mejor tener garantizada el agua para el consumo humano en los
próximos años, con una instalación que se puede amortizar en,
aproximadamente, 20 años, que ir haciendo obras de emergencia con un
coste similar, porque si sumamos los 1.500 millones que este año va a
costar el agua en el barco más los 1.500 millones de instalaciones
provisionales para poder llevar el agua de los acuíferos a las
conducciones generales, tenemos 3.000 millones de pesetas, que
prácticamente son unas instalaciones provisionales que no tienen un
rendimiento futuro.
Por tanto, los 5.000, 6.000 ó 7.000 millones de construcción de una
planta desalinizadora de agua para amortizar más o menos en 20 años sería
un gasto prácticamente ridículo en comparación con los beneficios que le
iba a suponer a la sociedad tener garantizado el 50 por ciento el agua
para el consumo humano.
Nosotros pedimos en esta proposición no de ley que se estudie, por parte
de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Obras Públicas, la
construcción de esa potabilizadora y quiero dejar bien claro que en la
bahía de Cádiz, en el sitio y con las características que digan los
técnicos. En esta proposición no hablamos ni de características ni de
ubicación, porque ya algún socialista ilustre de la provincia ha visto
duendes. Para que no haya ningún problema, aunque la proposición no de
ley lo refleja claramente, quiero expresarlo en esta Cámara puesto que
alguien puede pensar que todos son de su condición a la hora de gestionar
los recursos públicos. Lo que nosotros queremos es que se gestionen con
transparencia y con la máxima rentabilidad para los ciudadanos los
recursos públicos. No queremos que el año que viene, si sigue la sequía,
tengamos que volver a gastar otros 1.500 millones para transportar agua
en barcos desde Huelva, siempre que Huelva tenga esos recursos, cuando
para nosotros es un problema que se viene acumulando año tras año.
Una desalinizadora para los 800.000 habitantes de la bahía de Cádiz es
una inversión de futuro que los responsables políticos de las distintas
administraciones no se deben negar a estudiar y a poner en marcha porque
sería tener muy poca visión de futuro, como otras veces han demostrado.
Nosotros pedimos que eso se estudie y que los grupos políticos de esta
Comisión lo tomen en consideración; se lo agradeceríamos en nombre de
todos los gaditanos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición?
Tiene la palabra el señor Andréu, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor ANDREU ANDREU: Es bien cierto que el Gobierno no tiene la culpa
de la sequía, pero no deja de ser menos cierto también que esa sequía no
ha tenido ninguna solución administrativa, desde hace muchísimos años,
del Gobierno central o de los propios gobiernos autonómicos o
locales también gestionados por el Partido Socialista. Esto es doloroso
en un sitio como Andalucía en donde tanto dinero se ha gastado en
infraestructuras en los últimos años y en donde vemos que gran parte de
ese dinero se ve hoy malgastado y tirado. No hay más que darse una vuelta
por la Expo de Sevilla para ver cómo se ha gastado todo ese dinero y cómo
no se usa para nada. Sin embargo, un problema como el del agua, que es
tan acuciante en la bahía de Cádiz no ha merecido ninguna respuesta por
parte del Gobierno durante muchísimo tiempo. Aunque la sequía no sea
culpa suya, la respuesta que se le da a este fenómeno natural ha sido de
una insensibilidad tremenda por parte del Gobierno y, muy concretamente,
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Hace ya más de tres años que Izquierda Unida presentó en el Ayuntamiento
de Cádiz una propuesta para que se construyese una planta potabilizadora.
Viene de lejos ese deseo de mi grupo político, aquí representado por el
Grupo Parlamentario, de que se contribuya a paliar los efectos de la
sequía en la bahía de Cádiz con una instalación de esta naturaleza.
Cuando llevan tres años de restricciones en la bahía de Cádiz, en donde
día tras día y durante doce horas se corta el agua a 800.000 habitantes,
vemos que los proyectos que se están realizando no tienen todavía
resuelto el problema del agua. Concretamente los proyectos de saneamiento
que se están haciendo entre Cádiz y San Fernando no tienen prevista la
depuración de aguas ni la reutilización del agua de esas depuradoras. Es
algo sorprendente el que en una situación tan extrema los proyectos que
están haciendo las diferentes administraciones en la bahía de Cádiz no
prevean la solución a los problemas de la sequía.
En el caso concreto de las depuradoras, aunque no pensamos que sea por sí
misma la solución al problema del abastecimiento del agua, sí creemos que
puede ser una aportación realmente importante que podría solventar, ante
otras aportaciones que tendrían mayor impacto ambiental como es el tema
de los trasvases, contribuciones muy importantes de agua.
Mi Grupo Parlamentario va a apoyar esta propuesta, sobre todo por los
términos en que está redactada, porque nos parecen extraordinariamente
moderados y ni siquiera se plantea una urgencia en la construcción de
esta planta potabilizadora, sino únicamente su estudio. Nosotros iríamos
más allá en este aspecto. Por intentar alcanzar el mínimo consenso para
que todos los grupos parlamentarios puedan apoyar esta proposición, no
presentamos enmiendas a fin de que no haya disculpa alguna para que sea
aprobada. En la esperanza de que así sea y de que el problema de la
sequía en la provincia de Cádiz, y muy concretamente en la bahía de
Cádiz, se afronte de una vez por todas por parte de la Administración en
todos sus aspectos, no solamente en el relativo a las potabilizadoras,
sino también al ahorro de este recurso por el importante despilfarro que
se produce hoy en día tanto en las conducciones urbanas como en las
agrícolas, confiando también en que este aspecto se contemple en el
futuro y que vengan las dotaciones presupuestarias necesarias para ello,
manifestamos nuestro apoyo a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Perales.
El señor PERALES PIZARRO: En primer lugar, quería manifestar con claridad
que la situación en la bahía de Cádiz con respecto a la sequía es de
extrema gravedad y suscribir la preocupación, que no las palabras, de los
anteriores intervinientes en el sentido de dejar clara la situación de
gravedad que sufre la zona denominada bahía gaditana desde hace varios
años.
Me gustaría hacer una precisión porque en la proposición no de ley del
Grupo Popular se afirma que el Gobierno no ha previsto ninguna ayuda para
la bahía de Cádiz en las inversiones, cuando eso no es así, pues se ha
corregido en el real decreto que se ha aprobado este viernes y hay una
cantidad importante del Ministerio de Obras Públicas y de la Junta de
Andalucía destinada a atender la inversión hidrogeológica que se está
acometiendo en toda la provincia de Cádiz.
Mi Grupo va a votar que no a la proposición no de ley del Grupo Popular
porque pensamos que en estos momentos hay un conjunto de medidas, a corto
y a medio plazo, en las que no tenemos más remedio que confiar y que
pueden ser una solución. A corto plazo, se trabaja en tres soluciones.
Como se ha dicho ya, se está estudiando el aforo de una sucesión de
acuíferos existentes en la provincia de Cádiz, que hasta ahora no han
sido utilizados para el consumo humano y su introducción en la red de la
confederación correspondiente, y se están destinando varios cientos de
millones de pesetas, 1.500 concretamente, para el estudio del aforo y la
posible utilización de estos acuíferos.
Quiero decir que no es cierto, como se ha afirmado, que esa inversión sea
inútil una vez que tenga su uso. Quiero recordar que en el Campo de
Gibraltar, en la provincia de Cádiz también en el año 1983 se acometieron
una serie de inversiones para la utilización de los pozos y ahora es
perfectamente posible volver a utilizarlos. En el Campo de Gibraltar
existen los pozos y las conducciones a la red que se hicieron hace
aproximadamente diez años. Es por tanto una inversión que se hará en la
bahía de Cádiz ahora y que será utilizada para el año 1995 y sucesivos y
en cualquier otra circunstancia en que sea necesaria su utilización. La
primera medida es la puesta en explotación de los acuíferos con todas las
circunstancias que lo rodean, positivas y desde luego también negativas,
pero no cabe duda de que es un medio que puede ser utilizado y va a
serlo.
En segundo lugar, sobre la administración de las reservas actuales de los
pantanos que se están utilizando, quiero recordar a los señores miembros
de la Comisión que todos los pantanos susceptibles de ser utilizados para
el consumo están siéndolo, incluso los que no estaban previstos
inicialmente para el consumo humano se están utilizando para ello, así
que la administración razonable de esa reserva es la segunda medida.
La tercera medida, de extrema emergencia, es la adoptada por el Consejo
de Ministros del pasado viernes, que consiste en transportar agua en
barco desde Huelva, desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana a la
bahía de Cádiz, habiéndose aprobado la inversión necesaria para
que ello sea posible. Por tanto, si bien estas tres medidas no van a ser
suficientes para aportar los 180.000 metros cúbicos que necesita la zona
de la bahía de Cádiz en condiciones normales, creo que, entre todos,
deberíamos hacer un esfuerzo --por supuesto es la Administración la que
debe hacerlo-- para garantizar el suministro en las condiciones actuales.
La segunda gran medida a medio plazo es el trasvase del río Guadiaro al
río Majaceite, que es una obra prevista tecnológicamente sencilla, ya que
se trata de horadar con una tunelera que se está fabricando, según el
Ministerio de Obras Públicas, y que entrará en uso en el mes de marzo o
de abril; una obra que supone una inversión de aproximadamente 5.700
millones de pesetas y que prevé trasvasar 100 hectómetros cúbicos desde
la cabecera del río Guadiaro al río Majaceite para el consumo humano. Esa
es la medida a medio plazo que todo el mundo considera que sería
definitiva para resolver los problemas de agua. Y, sin duda, una medida a
largo plazo, implícita en todas las intervenciones, es que los ciudadanos
de la provincia de Cádiz, y probablemente del sur de España, tendrán que
acomodarse a una nueva cultura, a una nueva manera de relacionarse con el
agua, puesto que lo que antes no era un bien escaso ahora sí lo es, y
habrá que arbitrar nuevas maneras de relacionarse con el agua por parte
de todos los ciudadanos.
En consecuencia, nosotros ni sacralizamos el sistema de desalar el agua,
ni lo anatemizamos. Son tecnologías emergentes, toda la tecnología del
agua es una tecnología emergente en nuestro país, aunque exista el
precedente de Canarias especialmente, y es preciso, por tanto, no adoptar
ni proponer una medida en estos momentos cuya inversión se reconoce, por
parte de la proponente, que supera los 7.000 millones de pesetas.
Es verdad que la provincia de Cádiz tiene un litoral muy importante que
es susceptible de la instalación correspondiente de una desalinizadora;
es verdad que hay tecnologías que ya se pueden utilizar, pero, sin duda,
los sistemas de ósmosis y de cogeneración (multiefecto, todos los
sistemas que se quieran poner en funcionamiento) han de tener en cuenta
el consumo energético por unidad de agua que se ponga en marcha. Pensamos
que el trasvase es una solución más definitiva en estos momentos, pero no
rechazamos la tecnología ni el sistema de la desalinizadora que se
propone.
Lo que está claro es que no existe ningún sistema, en estos momentos, que
pueda poner en marcha una planta potabilizadora que solucione el problema
(la más grande ha salido a concurso en Mallorca, con 40.000 metros
cúbicos de capacidad de depuración), y por supuesto no se descarta, por
parte de la Administración, el sistema de la desalanizadora. En la
revisión del PEN, según los datos que tengo, ya se estudia la posibilidad
de la instalación de la desalinizadora, como no podía ser de otra manera,
sin que exista, por tanto, una posición cerrada.
Lo que quiero decir es que este sistema de depuración y de desalinización
del agua también tiene otros efectos que no son positivos. El agua es un
agua desmineralizada y, por tanto, tiene que ser completada con agua de
pozo o con sal; es un sistema más caro que el actualmente en vigor y,
desde luego, mucho más caro que el agua que se traiga del río Guadiaro;
es un sistema que sólo puede ser utilizado en el litoral y, lógicamente,
habría que, en retroceso, llevar el agua a otros lugares de la provincia
que demandan esa agua. Y, desde luego, no es cierto que este sistema no
tenga impacto medioambiental.
En estos momentos, el Grupo Socialista no puede dar su aprobación a ese
sistema porque pensamos que hay medidas a corto plazo que ya se han
puesto en marcha, así como medidas a medio plazo, al mismo medio plazo
que ese sistema de planta potabilizadora, sin que exista ninguna garantía
de que este sistema tarde menos que el trasvase. Es más, puedo informar
que un grupo de técnicos se ha desplazado a un país mediterráneo con la
perspectiva de poder transportar ya una potabilizadora existente en ese
país, de manera que fuera posible instalarla con carácter de emergencia.
Técnicamente esto ha sido desechado puesto que no hay ningún sistema que
produzca 40.000 metros cúbicos que se puedan instalar en un plazo corto,
en el mismo calendario del trasvase, y por tanto habrá que confiar en que
ésa sea la solución. Hay que decir que existe un sistema de
potabilizadoras móviles que pueden producir 2.500 metros cúbicos,
potabilizadoras móviles que se enganchan a la red, no utilizan ningún
otro sistema que no sea el de la red eléctrica, sin duda más caro por
unidad de agua producida, pero se trata de unidades portátiles que pueden
ser susceptibles de puesta en explotación también en situaciones de
emergencia en cualquier circunstancia.
Por todo ello, señor Presidente, señorías, mi Grupo no puede votar
afirmativamente esta proposición no de ley. No cabe duda de que la
situación es delicada, pero confiamos en que las medidas adoptadas sean
suficientes. (La señora Martínez Sáiz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señora Martínez?
La señora MARTINEZ SAIZ: Señor Presidente, me he sentido contradicha en
una afirmación hecha por el señor Perales y querría darle un dato.
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, estatutariamente, en este tipo de
debates de proposiciones no de ley en Comisión no existe turno de
réplica, salvo que haya habido alusiones personales que el Presidente
considere que deben de ser contestadas. Alusiones personales creo que no
ha habido. Matizaciones sé que usted, concretamente, las puede aportar,
pero si no existen en este caso concreto las alusiones personales creo
que no procede, estatutariamente, que la señora Martínez vuelva a
intervenir. Lo siento mucho.
La señora MARTINEZ SAIZ: Perdón, señor Presidente. Yo creo que en otras
ocasiones sí se ha hecho cuando uno ha sido contradicho en sus
argumentos, y yo he sido contradicha en uno muy especial que me gustaría
aclarar al señor Perales.
El señor PRESIDENTE: De forma excepcional y sin que sirva de
precedente... (Rumores.) Las manifestaciones son claras. Vamos a ceñirnos
al Reglamento, como es habitual en esta Comisión. Lo siento mucho.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INICIAR LAS OBRAS PARA LA SUPRESION
DEL PASO A NIVEL Y SOTERRAMIENTO DE LA LINEA FERREA A SU PASO POR SANT
FELIU DE LLOBREGAT. PRESENTADA POR LOS GRUPOS GIU-IC Y GC-CIU. (Número de
expediente 161/000372.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley por la
que se insta al Gobierno a iniciar las obras para la supresión del paso a
nivel y soterramiento de la línea férrea a su paso por Sant Felíu de
Llobregat.
Esta proposición es una proposición conjunta del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya y del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Para su defensa, tiene la palabra el señor Espasa.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, es tan evidente la necesidad de
la propuesta que contiene nuestra proposición no de ley que podré ser muy
breve en su defensa.
Nuestra proposición no de ley parte de un acuerdo político de todas las
fuerzas presentes en el Ayuntamiento de la ciudad de Sant Felíu de
Llobregat; parte de la existencia previa de un estudio realizado por los
servicios técnicos de la Generalitat de Cataluña sobre la posibilidad
material y técnica de proceder a este soterramiento, y parte también de
la constatación de que, aunque es cierto que en las últimas décadas se ha
procedido a la construcción de muchos pasos subterráneos de vías de Renfe
en ciudades y pueblos de nuestra geografía, no es menos cierto que muchas
ciudades continúan pendientes de una modernización importante en la
infraestructura viaria pública, especialmente la del ferrocarril, para
que el crecimiento de las mismas, en el plano geográfico, en el plano
urbanístico, en el plano de la demografía y en el plano de los usos
sociales que del espacio urbano hace esta población emergente, se vaya
produciendo con el ritmo que sería de desear. Resulta lógico plantearse
que muchas otras ciudades podrían tener necesidades similares, pero es lo
cierto que estamos ante una población en la que el mantenimiento del paso
a nivel no soterrado está creando muy graves dificultades. Piensen,
señorías, por darles algunos datos, que ésta es una ciudad en la que,
años atrás, pasaban cuarenta trenes al día y en la actualidad pasan 148;
piensen también que ésta es una ciudad que está situada en el corredor
mediterráneo y que, por lo tanto, en muy pocos años, en dos o tres, va a
ser un corredor en el que una parte importante de los trenes que circulen
por él lo van a hacer con velocidad alta. Por lo tanto, el incremento de
velocidad media, incluso en el paso por la ciudad, va a sufrir una
elevación importante. Sólo hace diez años, los trenes pasaban por esta
ciudad a una velocidad media de 30 kilómetros por hora y ahora están
pasando a 70. Imaginen lo que puede suponer un paso a nivel no soterrado
en un corredor en el que se va a aplicar la velocidad alta del corredor
mediterráneo.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Espasa, dado que la propuesta es
conjunta, le ruego vaya terminando, porque el señor Sedó me hace
indicaciones de que quiere intervenir posteriormente. Le ruego se limiten
en el tiempo para disponer del mismo que los demás grupos parlamentarios.
El señor ESPASA OLIVER: Enseguida termino, señor Presidente.
Creo que aún no he consumido la mitad de mi tiempo, pero voy a terminar
rápidamente dando algunos datos más.
Este es un paso a nivel por el que circulan más de dos mil personas al
día y en el que desgraciadamente se han producido en los últimos tiempos
nueve accidentes mortales, el último hace menos de quince días.
Por todas estas razones, por la existencia del estudio previo de
viabilidad, por el acuerdo de las fuerzas políticas, hemos creído
necesario plantear esta proposición no de ley, junto con el Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió, ante esta Comisión de
Infraestructuras. Espero que el representante de Convergència i Unió
pueda completar algunos de los extremos que he debido dejar en el tintero
al hacer esta presentación conjunta.
El señor PRESIDENTE: Ahora tiene la palabra el señor Sedó para completar
la exposición del señor Espasa.
El señor SEDO I MARSAL: Espero hacerlo y muy brevemente.
En realidad, la proposición no de ley se origina, como se ha dicho ya,
por un acuerdo adoptado en la población de Sant Felíu de Llobregat de
todos los grupos representados en el Ayuntamiento. Los antecedentes de la
proposición no de ley son una reproducción de la proposición no de ley
que se acordó en aquel Ayuntamiento, por lo que era muy fácil adaptarla;
más que adaptarla era hacerla repetitiva.
La proposición no de ley entra en el Registro el 27 de diciembre, el día
en que se aprobaban los Presupuestos, y se expresa con el fin de que se
recoja que en el Presupuesto del año 1995 --es decir, el que se aprobaba
en aquella mañana-- se inicien las obras. Consideramos que para realizar
los proyectos e iniciar la obra que se pide no hacía falta que esta obra
en concreto figurase en las cantidades globales que el Ministerio tiene.
No es incongruencia ni error el que figuren partidas presupuestarias del
año 1995, cuando aquel día se acababa de aprobar el Presupuesto. Creemos
que es realizable lo que se pide en la proposición no de ley, por
tratarse de un tema muy particular de San Felíu de Llobregat.
Comprendemos que no sólo suceden cosas de este tipo en este concreto paso
a nivel. En otros núcleos urbanos también hay problemas con los pasos a
nivel. Los grupos proponentes son sensibles a la problemática que se
puede presentar al efectuar algunos estudios para eliminar los pasos a
nivel que hoy en día todavía existen en los centros urbanos.
Creemos que el voto favorable de los grupos a esta proposición no de ley
no indica más que ir hacia adelante en eliminar toda una serie de
barreras que hoy en día existen en las redes ferroviarias españolas.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: A continuación, dado que existe una enmienda del
Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sabaté en nombre de dicho
Grupo.
El señor SABATE IBARZ: Efectivamente, nuestro Grupo ha presentado una
enmienda que en principio queríamos que fuese de sustitución, puesto que
consideramos innecesaria la proposición no de ley que hoy analizamos,
como luego intentaré justificar, y de muy difícil cumplimiento, tal como
estaba planteada. Innecesaria porque los estudios para la supresión de
este paso a nivel y la integración del ferrocarril en la malla urbana de
la ciudad de Sant Felíu ya se están realizando y vienen de lejos. Es una
necesidad largamente sentida no sólo por la ciudadanía, sino también por
las distintas administraciones que tienen competencia en el tema.
Ya en 1981 la Generalitat y el Ayuntamiento de Sant Felíu analizaron el
problema de la incidencia del ferrocarril en el casco urbano,
recomendando la ejecución de pasos a desnivel puntuales para la solución
de la permeabilidad y rechazando cualquier otro tipo de solución por su
elevado coste.
Tres años más tarde, en 1984, las administraciones antes señaladas
redactaron el anteproyecto de un semisoterramiento, que tampoco resolvía
de forma adecuada la permeabilidad transversal.
Durante los años 1988 y 1989 Renfe estudió por su parte, exclusivamente
bajo el punto de vista ferroviario, la alternativa de soterramiento de la
travesía, analizando el trazado en planta y perfil, desvíos y estación
provisional, etcétera, concluyendo con una estimación del coste de la
actuación. Pero no se realizaron los estudios complementarios adecuados:
geotécnicos, hidrológicos, de movilidad, etcétera.
Desde el mes de septiembre pasado, por otra parte, el Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Sant Felíu
vienen analizando tanto la problemática constructiva que presenta el
soterramiento de la travesía ferroviaria, en especial la solución al
cruce con las rieras de la Salud y Paísa, como la existencia o
inexistencia de agua en el subsuelo, que dificulta las obras y su
posterior mantenimiento y, finalmente, también la estimación del coste lo
más preciso posible de toda esta actuación.
De todo lo que acabamos de exponer se desprende que no procede en este
momento de análisis de las diferentes alternativas y necesidades de las
obras, no sólo de la supresión, sino también de las complementarias, que
esta Comisión se pronunciara al respecto.
Por otra parte, este proyecto de soterramiento y supresión de paso a
nivel en Sant Felíu ya ha sido analizado incluso en esta presente
legislatura, en dos ocasiones, en el Congreso de los Diputados. En las
respuestas dadas por el Gobierno, la primera de ellas el 25 de enero de
1994 y la segunda el 11 de marzo de ese mismo año, se ponía de manifiesto
que el soterramiento de esta línea férrea trascendía de la mera mejora de
la infraestructura ferroviaria de la Administración central, por lo que
el Ministerio de Obras Públicas no lo incluyó entre sus actuaciones en el
documento «Directivas para el planeamiento de las infraestructuras en el
área de Barcelona». Así las cosas, el proyecto debería llevarse a cabo no
en solitario por el Ministerio, sino a través de un concierto entre las
diferentes administraciones, debiendo surgir la propuesta inicial de las
administraciones territoriales y requiriéndose la participación de todas
ellas para la finalización de la ejecución de estas obras.
Hasta ahora, esta concertación entre las distintas administraciones no se
ha producido y, por lo tanto, es difícil que instemos desde esta Comisión
al Gobierno para que no sólo se redacte el proyecto, sino que se ejecuten
las obras en 1995. Por eso decíamos al iniciar nuestra intervención que
es de difícil cumplimiento esta proposición no de ley. De difícil
cumplimiento porque, además de no figurar en los Presupuestos de 1995,
aunque esos Presupuestos se modificaran en estos momentos o el Ministerio
destinara una partida para la realización de estas obras, por los plazos
que requerirían tanto la redacción y aprobación del proyecto, como los
plazos de audiencia que hay que establecer para que se puedan presentar
las posibles alegaciones, no hay tiempo como para que esas obras empiecen
en 1995.
En definitiva, nuestra enmienda de sustitución venía motivada por estas
consideraciones que acabamos de hacer. Continuamos pensando que dejar en
la proposición el año de 1955 como plazo máximo para que se ejecuten esas
obras es algo que no se va a poder cumplir, pero si lo que queremos es
expresar al Gobierno la necesidad y la urgencia de estas obras y los
grupos proponentes continúan considerando que es inamovible esa fecha,
nosotros no vamos a ser los que nos opongamos. En todo caso, sería bueno
advertir a los ciudadanos de Sant Felíu --y queremos que conste en el
«Diario de Sesiones»-- que nuestra opinión es que va a ser materialmente
imposible iniciar esas obras en 1995.
Nuestro último argumento para presentar esta enmienda que pretendíamos
fuera de sustitución pero que por las conversaciones que hemos mantenido
con los otros grupos aceptaremos que sea de adición, es que una propuesta
tan puntual en un problema que, como ya he señalado aquí, es mucho más
amplio y complejo, podría llevarnos a instar al Gobierno, si se presentan
otras de estas características, a solucionar no los casos más
prioritarios, sino aquellos que propiciarían las circunstancias, la
correlación de fuerzas que exista en un momento determinado, la
proximidad electoral, etcétera. Por ello, proponemos esta enmienda que
entendemos que también puede ser asumida por los diferentes grupos y que
señala lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
establecer un plan urgente de supresión de pasos a nivel que
especialmente considere aquéllos de zonas urbanas. En aquellas ciudades
donde esta situación de supresión de pasos a nivel
pueda tener mayor envergadura, se contemplará la planificación para la
realización de las obras necesarias. Dicho plan deberá estar finalizado
antes de noviembre del presente año para que pueda ser incluido en los
Presupuestos Generales del Estado para 1996.
Creemos que esta adición será de interés para todos los grupos y que
podrá ser votada afirmativamente, tal y como ya se ha comentado, en la
que se indican la necesidad de que se elabore este plan en el que se
contemplen las prioridades y cuáles son las actuaciones más importantes y
no sólo actuaciones puntuales.
Termino reiterando, una vez más, que el Ministerio ya está empezando a
hacer esta labor y que, por tanto, tenemos la esperanza de que el plazo
que fija el propio Grupo Socialista en esta enmienda va a ser cumplido
con toda normalidad.
El señor PRESIDENTE: A continuación, ¿qué grupos parlamentarios desean
fijar su posición? (Pausa.) Por parte del Grupo Parlamentario Popular, el
señor Milián Mestre tiene la palabra.
El señor MILIAN MESTRE: Nosotros simplemente quisiéramos consolidar el
criterio que se ha expuesto de manera general en las anteriores
intervenciones respecto a la necesidad objetiva del proyecto. Por nuestra
parte, respecto al conocimiento directo de ese problema que supone la
injerencia en el casco propiamente urbano de Sant Felíu de Llobregat de
vías de alta velocidad en fecha próxima, como ha dicho muy bien el
Diputado que ha intervenido por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, nos reafirmamos en esas mismas
razones por entender que la necesidad objetiva es tal, y a eso queremos
añadir la urgencia apremiante que no parece ser contemplada por la última
intervención que acabo de escuchar del colega socialista. La urgencia es
evidente, puesto que es un núcleo urbano de densa población que
circunscribir el área metropolitana de Barcelona con una serie de
servicios e injerencias que preocupan y complican mucho más la
permeabilidad entre diferentes cascos urbanos y barrios que integran esa
periferia metropolitana barcelonesa. Entendemos que a la adición que se
puede proponer respecto a la creación de vías de alta velocidad a través
de... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio porque, si no, el señor
Milián no puede ser entendido debidamente en un tema tan importante como
éste.
El señor MILIAN MESTRE: En el nuevo corredor de alta velocidad que se
está realizando ya entre Valencia y Barcelona, la presencia de estas vías
constriñe tremendamente el curso habitual de la vida urbana y, al propio
tiempo, está creando problemas complementarios de seguridad en la
población adyacente.
En este sentido, para nosotros la urgencia es una razón primaria y
fundamental y, en consecuencia, apoyaremos la proposición no de ley por
entender que a la necesidad objetiva se une esta apremiante urgencia
dadas las condiciones en que se está desarrollando la actividad del
transporte en esa parte del extrarradio barcelonés y, por tanto, de las
ciudades integradas en el conjunto metropolitano.
Asimismo, creemos que esta medida podría favorecer el soterramiento de
las vías, la integración de barrios de ese área metropolitana y de la
propia ciudad de Sant Felíu de Llobregrat, puesto que, como hemos visto
frecuentemente en las ciudades con cinturones ferroviarios, lo que se
produce son auténticas murallas que separan y escinden el uso habitual no
solamente del casco urbano y de las vías de superficie, sino incluso la
integración de las familias en una y otra parte.
Nuestro caso es marcadamente importante aunque no llegue a la alarma de
otras ciudades como he podido ver en Méjico recientemente, donde la
ciudad queda atravesada por auténticas murallas férreas que acaban
rompiendo la armonía de la vida urbana. Como digo, para nosotros este
caso tiene una significación especial puesto que ha habido un consenso
generalizado en todas las fuerzas políticas que integran las diferentes
formaciones de Sant Felíu de Llobregat. En ese sentido, sería conveniente
que este consenso general, que obedece a una necesidad ciudadana
evidente, sin ninguna discrepancia de orden subjetivo u objetivo,
mereciera un aval para conseguir que en esta Comisión se aprobara
unánimemente esta proposición.
Finalmente, y dada la apreciación que ha hecho el colega socialista
cuando ha propuesto su enmienda, nosotros también aceptaríamos su
planteamiento bajo la condición de enmienda de adición, aunque pensamos
que sería mejor postular claramente la petición que formula la
proposición no de ley para que la eficacia se multiplicara en virtud de
esa urgente necesidad que apremia a un proyecto de esta naturaleza.
El señor PRESIDENTE: A continuación, decidan entre ustedes quién va a
intervenir en representación de los dos grupos proponentes. (Pausa.) El
señor Espasa tiene la palabra.
El señor ESPASA OLIVER: Señor Presidente, voy a ser muy breve con el
objetivo de señalar dos cuestiones que lograrán el consenso de la
Comisión, puesto que no era otro el fin que perseguía esta proposición
conjunta de Convergència i Unió e Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Nosotros creemos que la enmienda debe pasar a ser de adición y estaríamos
dispuestos a aceptarla en su integridad. Dicha aceptación viene a matizar
y a dar sentido al contenido de la parte dispositiva, que sería el punto
1 de nuestra proposición no de ley, en el sentido de que lo que parece
ineludible que este Congreso debe aprobar literalmente es que en 1995 se
inicie el proyecto de soterramiento de esta línea férrea en esta ciudad y
que esto no vaya en perjuicio de que en un plan general y de acuerdo con
este propio plan, las obras de esta ciudad y de otras que pueda haber se
inicien cuando estos proyectos estén redactados en el momento que
procesalmente sea oportuno.
En este entendimiento proponemos, pues, votar como punto número 1 la
parte dispositiva de nuestra proposición no de ley y como punto número 2
la enmienda del Grupo Socialista.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION URGENTE DE DETERMINADAS
MEDIDAS EN RELACION CON LA EMPRESA FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000381.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la quinta
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la adopción
urgente de determinadas medidas en relación con la empresa Ferrocarriles
de Vía Estrecha (FEVE), cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Tiene la palabra, en nombre de dicho Grupo, el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: El objetivo de esta proposición no de ley una vez
producido el cese, dimisión o dimisión indicada del señor Martín Baranda
al frente de Feve es precisamente conocer cómo está la empresa.
Proponemos la realización de una auditoría externa ligada sobre todo al
cumplimiento de la normativa, a los procedimientos de gestión y al
control que sobre esa gestión se ha producido durante el período de la
presidencia del señor Gonzalo Martín Baranda. Una vez conocida esa
actuación, el segundo objetivo no solamente es deslindar las
responsabilidades políticas sino también otras responsabilidades. Lo que
decimos en la proposición es que deben producirse las depuraciones de
responsabilidades de carácter administrativo, o incluso de carácter
civil, una vez realizado este trabajo de esclarecimiento de cómo ha
funcionado Feve.
La relación de escándalos que se han ido sucediendo en torno a la empresa
Feve desde el mes de diciembre del año 1993, que ha quedado patente a lo
largo de todo este tiempo, que Izquierda Unida puso en conocimiento del
propio Ministro y que saltó en noviembre de 1994 a la prensa nacional,
viene relacionada con una serie de actuaciones que mencionaré a modo de
refresco que tenían relación con la eliminación de mecanismos internos de
control para la contratación de bienes, de obras, de personas y de
servicios, así como con actuaciones ligadas a préstamos personales con
fondos públicos cedidos a miembros de la dirección de la empresa, puestos
de trabajo en escalas salariales a las que se acceden por examen que han
sido otorgados a familiares o personas cercanas, afines al presidente de
Feve; contrataciones de servicios sin oferta pública; viajes no pagados,
de gratis, en tren Transcantábrico también para personas relacionadas con
la dirección de la empresa; venta de maquinaria de la vía de Fever
realizada por el propio presidente de la Compañía directamente y sin
pasar por el consejo de administración; existencia de una cuenta
corriente, sin control de ningún tipo, a cargo del director de personal
(no sabemos para qué y con qué objetivo) y, por último, todo lo que se
refería al uso de ocupaciones de ocio o complementos que han sido
abonados al presidente, cuales fueron los temas de las corridas de toros,
el tabaco o las medicinas.
¿Por qué es necesaria una auditoría externa, si la Inspección General de
la Administración del Estado analiza las cuentas? A eso ya respondió el
día 7 de octubre el señor Panadero a nuestro compañero de Izquierda
Unida, Manuel García Fonseca, a quien dijo que esta Inspección auditaba
las actuaciones de Feve. Lo cierto es que esta Inspección general actúa
de oficio por muestreo y a partir de una cantidad mínima como importe a
analizar, se centra fundamentalmente en las inversiones y, por tanto, no
se centra en el gasto corriente.
Sin despreciar el papel de esta inspección y de los funcionarios que la
integran, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya pide que esta Comisión
apruebe para Feve la misma filosofía que se aplica en Renfe. El propio
estatuto de octubre de 1994 facilita que en Renfe se simultaneen estos
dos tipos de auditoría: las oficiales de la Administración y las externas
de empresas de reconocida solvencia profesional.
Creemos que, con el cúmulo de irregularidades documentadas que han salido
a la luz, hay más que fundados motivos para que esta auditoría se realice
de forma urgente y para que las afirmaciones del señor Panadero,
Secretario General del Ministerio, ponga por lo menos en cuestión ese
trabajo serie y riguroso, porque en todo caso tendríamos que preguntarnos
cómo se han producido estas irregularidades, ya que incluso el propio
Ministro aceptaba que se habían producido anomalías o formas de gestión
poco adecuadas o usuales.
El segundo punto es por qué nosotros creemos que es necesario exigir
responsabilidades: porque no basta con cesar en un cargo; hay que
demostrar eso que se dice en las campañas: el que la hace, la paga. Hay
que demostrar que tenemos voluntad de aclarar y de depurar
responsabilidades. Nosotros creemos que todas estas irregularidades que
se han cometido, en las que tienen implicación no solamente el señor que
las ha cometido, sino quien tenía la responsabilidad superior, el propio
Ministro o la persona de quien dependiera, por el bien de la empresa
pública, por el bien de cualquier actuación del Estado, debieran quedar
depuradas, porque además, han provocado una situación complicada.
Voy a utilizar como ejemplo la situación que han sufrido una serie de
empresarios, tanto en Galicia como en Asturias, que han dejado de cobrar
obras, bienes y servicios, que les deben subcontratas de las contratas de
Feve que les han ido encargando por un valor aproximado de 200 millones
de pesetas; es decir, son los subcontratistas de los subcontratistas de
los contratistas de las obras de Feve. Hay un sinfín de empresas
pequeñas, que se han puesto en conocimiento de Feve, pero, a pesar de
todo Feve ha seguido haciendo pagos a las empresas contratistas sabiendo
que los que realizaban las obras no percibían el dinero por las obras que
acometían. Empresas como
Austral Ingeniería, Aroza, Marola, Defesa, o Cicasa se han visto
permanentemente en la prensa de estas dos regiones. Por tanto, sería
bueno que nosotros pudiéramos entrar en ese esclarecimiento total para
que pudiéramos también asumir la herencia que ha dejado Fever a los
nuevos dirigentes de la empresa. A nuestro entender, las
responsabilidades también se deben extender hacia las personas que
nombraron al señor Panadero.
Termino, señor Presidente, por entender que haríamos un buen favor al
papel que debe jugar esta empresa pública, en el sitio que hoy está o en
el que le corresponda en el futuro, si nos comprometiéramos a aclarar qué
realidad hay dentro de la empresa, qué actuación se ha producido, qué
gasto y con qué desviación o con qué irregularidad, y si pidiéramos
responsabilidades, para que así pudiéramos actuar desde la misma
condición con que se actúa en otras actividades políticas o privadas en
el funcionamiento cotidiano.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición
con respecto a la proposición no de ley presentada por el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya?
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Esta proposición no de ley que trae hoy a la
Comisión el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es
consecuencia de la comparecencia de hace muy poco tiempo, en esta misma
Comisión, del ex presidente de Feve, señor Martín Baranda, por el
escándalo de las adjudicaciones de obras a la empresa CAE-Raíl.
Durante esa comparecencia este Grupo Parlamentario aportó una serie de
razonamientos, nosotros entendemos que amplios y suficientes, y por eso
hoy nos va a permitir la brevedad, puesto que lo que hacemos es
reiterarnos en todos los argumentos que expusimos durante la citada
comparecencia.
Todo abocó en que la gestión del ex presidente de Feve había sido nefasta
para esta empresa pública, y la prueba es que, a los pocos días de
celebrarse esta comparecencia, el propio Ministro de Obras Públicas cesó
al señor Martín Baranda, con lo cual aquel cese cantado fue coherente con
los grupos que habíamos expuesto nuestras dudas respecto a la gestión del
señor Martín Baranda.
Entendemos que es oportuno y procede esta auditoría externa y las
exigencias de responsabilidades que propugna la proposición no de ley,
que debe alcanzar, como indica la proposición, al consejo de
administración de la empresa pública y al Secretario General para los
Servicios de Transportes, porque en aquellos debates quedó ya claro que
estas dos instituciones habían quedado implicadas en estas
irregularidades.
En el caso del Secretario General todos recordamos cómo quedó implicado,
por ejemplo, en un detalle que aquel día se especificó, que fue el
montaje de un piso innecesario en Madrid, de Feve, de utilidad muy
dudosa. Se da, además, la circunstancia de que al Secretario General le
acompaña una aureola de irregularidades que han sido permanentemente
expuestas en esta Comisión, como puede ser el caso muy reciente del
escándalo de las tarjetas de transporte. Se viene anunciando en los
medios públicos que el cese de este Secretario General también es
inminente; eso se ha escrito. Creemos que es el momento de que esta
auditoría y la exigencia de responsabilidades se lleven adelante.
En consonancia con lo que he expuesto, nuestro Grupo va a votar a favor
de esta proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Socialista, el señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, sólo quiero decir
que este Grupo hará una única intervención sobre el conjunto de las tres
iniciativas por versar sobre temas comunes.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA EMPRESA
FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE), PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número
de expediente 161/000382.)
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE PROCEDA, DE MANERA URGENTE, A
CONSOLIDAR LA ESTRUCTURA FUNCIONAL EN LA EMPRESA FERROCARRILES DE VIA
ESTRECHA (FEVE) UNA VEZ DEFINIDO UN PLAN DE EMPRESA, ASI COMO A QUE LAS
SUSPENSIONES DE CONTRATO, TRASLADOS Y CAMBIOS DE CATEGORIA, EMPRENDIDAS
POR GONZALO MARTIN BARANDA EN EL ULTIMO AÑO QUEDEN SIN EFECTO. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000383.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la proposición no de ley número 6,
por la que se insta al Gobierno a la reforma del Estatuto de la Empresa
Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve), a iniciativa del Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que será
defendida conjuntamente con la séptima por la que se insta al Gobierno a
que proceda, de manera urgente, a consolidar la estructura funcional en
la Empresa Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) una vez definido un plan
de empresa, así como a que las suspensiones de contrato, traslados y
cambios de categoría emprendidas por Gonzalo Martín Baranda en el último
año queden sin efecto.
Ahora bien, como en esta séptima proposición no de ley existe una
enmienda del Grupo Popular, es evidente que,
aunque usted tiene perfecto derecho a defender las dos conjuntamente,
también el Grupo Popular tendrá que decidir si se refiere a las dos
conjuntamente o, como es lógico, dado que presenta una enmienda, una por
una.
Sin más dilación y sin más disertación al respecto, tiene la palabra el
señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: La intención de mi Grupo al proponer y mantener
estas dos proposiciones no de ley es hacer frente a dos objetivos que
creemos que hoy no están claros dentro de la propia empresa Feve. Mi
Grupo está preocupado por el futuro de Feve en función del poco
desarrollo de inversiones y actuaciones de la propia empresa, de la
definición de futuro que debe tener Feve y el servicio que debe prestar
una empresa que fue instalada en las zonas mineras para relacionar los
centros de ciudad con la actuación minera, zonas que hoy se encuentran
transformadas en una realidad totalmente distinta. En el caso de Murcia,
en el transporte ya no hay minería, tiene más relación con el turismo y
el desarrollo en el Mar Menor que con la propia actuación minera. Hay una
falta de perspectivas de futuro que incluso se proyecta dentro del PDI y
una falta de coordinación competencial en la actuación, porque muchas de
estas actuaciones deben ser competencias exclusivas de las comunidades
autónomas. Por utilizar el ejemplo de la comunidad de la que yo vengo, el
transporte que nace y muere dentro de la propia comunidad es competencia
exclusiva de la comunidad autónoma, pero no está transferido,
fundamentalmente por las pésimas condiciones en que la infraestructura
está realizada, y no hay un acuerdo entre las comunidades autónomas.
¿Cuál es el objetivo de nuestra primera proposición? Que se reforme el
Estatuto de Feve para que puedan participar las comunidades autónomas en
las que opera Feve en el consejo de administración, intentando asimismo
revisar las funciones y responsabilidades que hay dentro de ese consejo
de administración, que en realidad, hasta ahora, ha sido un consejo de
desadministración. Más que un consejo de administración que haya seguido
las cuentas de la empresa, que haya hecho un seguimiento a su actuación,
en realidad nos hemos encontrado con un consejo ocultado y una
potenciación fundamental de la gerencia de la propia empresa. El objetivo
de la primera proposición no de ley, por tanto, es lograr que Feve se
ajuste a la realidad competencial y recoja los compromisos de las
distintas vertientes de las administraciones del Estado. Por eso
proponemos la reforma del Estatuto de Feve, que está aprobado desde el
año 1974. Fíjense si en los que están gobernando hay filosofía de
modificación que todavía no ha sido modificado el Estatuto dentro de la
propia empresa; en el año 1974 --para que nos ubiquemos-- todavía no se
había hecho ni el proceso de la reforma política en este país, ni parecía
que se diese el clima para producirse.
La segunda proposición no de ley va dirigida precisamente a algo que debe
definir a cualquier empresa: antes de actuar, proceder a dotarse de un
plan de empresa. En la empresa Feve la casa se ha empezado por el tejado,
se ha hecho una buena estructura de mando, una buena estructura por
arriba, que aproximadamente viene a costar unos 300 millones de pesetas
al año, pero no hay un plan de empresa. A pesar de tener ese equipo
dirigente, se ha debido sacar a información pública una petición de
ofertas para que haya una actuación de asistencia técnica en la
elaboración de un estudio de mercado y plan de empresa en Feve por
14.600.000 pesetas --esto salió a finales del año pasado--. No hay
capacidad para que hagan un plan de su propia empresa estos dos
dirigentes, que sí han usado de los propios recursos, y sin embargo sí
han procedido a actuar contra los técnicos de la propia Feve que han sido
capaces de ser críticos con el gobernante, con el señor Martín Baranda.
Todos los técnicos que han planteado dudas a la actuación para sacar la
contrata, todos los técnicos que han ido planteando una oposición al
funcionamiento interno o simplemente pidiendo que se ajuste a la ley
cualquier decisión de la empresa han sido suspendidos de contratos o
trasladados o les han cambiado de categoría.
¿Qué es lo que proponemos en la segunda proposición no de ley? Primero,
que la estructura funcional que dotó el señor Martín Baranda se aplace
hasta que haya un plan de empresa, y segundo, que este plan de empresa
recoja la realidad anterior a la entrada del señor Martín Baranda, es
decir, que se anule la actuación que ha habido en la suspensión de
contratos, traslados y cambios de categoría en las personas que estén
dispuestas a continuar en la empresa; los que no estén en disposición de
continuar hoy, lógicamente, no.
En cualquier caso, señor Presidente, ahora que está tan de moda la
propuesta de privatización de servicios o de algunas actuaciones --en el
caso de esta empresa incluso los talleres de mantenimiento--, lo mejor
hubiera sido que se hubiera privatizado a la dirección de esta empresa, y
así habríamos visto cómo se ubicaban en el mercado los que han gobernado
y dirigido la propia empresa.
¿Qué es lo que pretende Izquierda Unida con esta proposición no de ley?
Que cualquier actuación tenga relación con la viabilidad y el futuro de
la empresa. Creemos que debe dotarse, precisamente una de las propuestas
de la enmienda es relacionarla con la otra empresa gestora de servicios,
Renfe. Después, cuando el Partido Popular defienda la enmienda, nosotros
entraremos en esa discusión, pero creemos que la inversión que ahora
mismo está recibiendo esta empresa de 14.000 millones de pesetas, que
anualmente el Estado destina a Feve debe ordenarse y organizarse con el
fin de dar el mejor servicio a la población. Por tanto, para que sean
realidad los puestos de trabajo actuales o los necesarios en el futuro,
el papel y el protagonismo de Feve dentro de una actuación global en el
transporte ferroviario y, sobre todo, la viabilidad de futuro --que
nosotros creemos que debe estar ligado--, la última proposición no de
ley, la séptima, hace referencia a ese plan de empresa que debiera haber
hecho la propia empresa, no sacado a concurso, y a que la consolidación
del aparato administrativo no esté ligada a la propuesta del señor Martín
Baranda, que ya está cesado --y bien cesado, o bien dimitido o bien
indicada su dimisión--, sino a lo que necesite
la empresa. A lo mejor necesitamos menos directivos y más gente que
trabaje y conduzca el material ferroviario, es decir, las máquinas y los
vagones.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Popular, para
fijar su posición con respecto a las dos proposiciones no de ley, si lo
considera oportuno, y especialmente para defender su enmienda a la
séptima proposición no de ley, tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Voy a hacer conjuntamente la fijación de
postura en cuanto a ambas proposiciones y la defensa de la enmienda a la
segunda.
Respecto a la primera, aquí se dan tres o cuatro circunstancias que yo
voy a comentar. Entiendo que en general la proposición es oportuna, pero
cuando dice, por ejemplo, que debiera haber una representación en el
consejo de Feve de todas las comunidades autónomas, aunque nosotros
estamos de acuerdo, efectivamente, pensamos que debería ser siempre que
se diera una circunstancia, y es que hubiera financiación de estas
comunidades en dicha empresa pública, puesto que entendemos que esa
representación debería ir ligada a decisiones de tipo económicosocial.
Respecto a que también el nuevo estatuto que se propone implique una
revisión de las funciones y responsabilidades del consejo de
administración, en principio estamos también de acuerdo pero siempre
--debo matizar, dentro de nuestro objetivo prioritario, reiterado a lo
largo de los últimos años-- que haya una integración efectiva de Feve
como empresa pública dentro de Renfe, para que fuera una unidad más
armónica y cooperativa.
La proposición habla, en términos genéricos, de otras modificaciones, sin
especificar. Nosotros entendemos que habrá que incluir otras
modificaciones, pero siempre que vayan en la línea de esa idea
prioritaria de la integración de Feve en Renfe. El estatuto actual de
Feve, que fue aprobado por el Decreto 564 del año 1974, se hizo en un
momento en que no habían tenido lugar efemérides tan importantes como,
por ejemplo, la aprobación de la Constitución Española o la incorporación
de España a la Unión Europea. Sólo estas dos circunstancias son
suficientes para ver que estamos ante la necesidad de actualizar aquel
estatuto, sobre todo porque habrá llegado la hora de acomodar las
circunstancias de Feve a lo que establece la Unión Europea y sus
directrices, que tendremos que acatar como lo hacen el resto de países
miembros, sobre todo en lo que afecta a la célebre Directiva 440/91 en
cuanto habla claramente de la separación de la gestión respecto a la
infraestructura y al saneamiento económico de los ferrocarriles públicos.
También el devenir económico de esta empresa va en la misma dirección, ya
que si analizamos las cuentas de resultados vemos que en el año 1990 fue
de 4.681 millones; se elevó en 1992 a 5.760 millones; siguió aumentando
en 1993 a 6.665 millones y ha aumentado en 1994. Todo hace prever, por el
camino que vamos, que seguirá aumentando. En cambio, el tráfico de
viajeros sigue disminuyendo. Si lo medimos en millones de
viajeros-kilómetro apreciamos esta tendencia decreciente, ya que si en el
año 1991 estábamos en 230, en 1992 bajamos a 226, y en 1993 a 220. En
cambio, las unidades de tráfico realizadas vienen descendiendo desde el
año 1989 en adelante, cuando los recursos que el Estado está aportando a
Feve aumentaron sensiblemente, por ejemplo, del año 1993 respecto a 1992
nada menos que un 79 por ciento. En consecuencia, se pone de manifiesto
la necesidad y la oportunidad de tomar medidas urgentes, toda vez que no
puede seguirse como hasta ahora.
Lo primero que habría que hacer es estudiar a fondo la realidad de Feve,
la acomodación, como digo, a esa Directiva de la Unión Europea y, de una
vez por todas, intentar clarificar cuál es el ferrocarril de vía estrecha
que este país necesita, sobre todo con la idea europea de hacerlo
rentable. Quizá no es éste el momento procesal oportuno, pero va llegando
la hora de que una ponencia de esta Comisión analice cuál es el «status»
que hay que darle a esta empresa pública, interviniendo las comunidades
afectadas, como son Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla-León y el País
Vasco.
Respecto a esta proposición no de ley tenemos una reserva importante
cuando habla de incorporar al consejo de administración de Feve a los
representantes de estas comunidades autónomas, que, como he dicho antes,
estamos de acuerdo, pero con una condición importante: que la
participación económica de estas comunidades sea efectiva en el devenir
socioeconómico de Feve. Entendemos que esto es trascendente, porque si
aprobáramos esto, automáticamente sería válido el argumento de que, en el
caso de su hermana mayor Renfe, todas las comunidades autónomas, por lo
menos las 15 peninsulares, deberían tener una representación en el
consejo de Renfe. Con lo cual estamos en un momento en que esta situación
todavía no es oportuna, habida cuenta de que estas comunidades autónomas
no tienen aportación económica. Nosotros participamos de la idea de que,
efectivamente, debe haber esta representación, pero siempre y cuando haya
participación económica, sobre todo para que en el caso de Renfe quede
también claro lo que hay que hacer. Esta es la única reserva que
planteamos a esta proposición no de ley y es la que va a condicionar
nuestro voto a raíz de esta cuestión y del resto de temas que planteen
los otros grupos parlamentarios.
La siguiente proposición no de ley, referida a la consolidación de una
estructura funcional con el plan de empresa, por la misma razón que he
aportado anteriormente, hay que establecerla de acuerdo con la Unión
Europea, que va en la dirección de exigir un régimen de estricta
rentabilidad, que se ha de conseguir en un mercado libre, y en los
contratos con el Estado, éste debe asumir la función social comprando
esos servicios.
Esta proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
está muy relacionada con una proposición no de ley que debatimos en esta
misma Comisión el pasado 15 de noviembre por la que se instaba al
Gobierno a que se dirigiera a la empresa Pública Feve para que elaborara
un plan de empresa. En aquella ocasión expusimos una serie de argumentos,
en la misma dirección
que hoy reiteramos porque siguen teniendo validez, tendentes a recordar
las directivas de la Unión Europea, a insistir en la integración de Feve
en Renfe y al razonamiento de que esta integración a lo que más puede
beneficiar es a la mejora del «status» social de los trabajadores de
Feve.
Ya entonces el portavoz de Izquierda Unida, el señor García Fonseca,
respecto a esta enmienda que se presentó en aquella ocasión y que es
semejante a la que hoy se presenta por razones de pura coherencia, dejó
claro que entendía, y lo leo literalmente, que «es una enmienda con la
que el grupo de Izquierda Unida no discrepa en su contenido». Entiende
que concuerda con los planteamientos de Izquierda Unida, pero decía que
ocasiones habrá para que se apruebe esta cuestión lógica de la
incorporación de Feve en Renfe. Por tanto, no rechazaba el contenido de
nuestra enmienda y decía que ocasiones habrá. Quizá la ocasión ya ha
llegado. Como además en esta ocasión estamos debatiendo algo que afecta a
un plan de empresa y sobre el que se aprobó por unanimidad instar al
Gobierno a que presentara y elaborara un plan estratégico a la empresa
Feve, va llegando el momento de que el Gobierno dé cuenta de ese plan
estratégico al que fue instado por esta Comisión.
Sin embargo, hay también en esta ocasión una reserva de opinión que
nosotros quisiéramos hacer. Es cuando solicita que se revisen todos los
contratos de traslado y cambios de categorías emprendidos por don Gonzalo
Martín Baranda en el último año y que queden sin efecto. Nosotros creemos
que es demasiado drástico, porque puede haber habido decisiones buenas,
regulares y malas. Esto es válido para aquellas decisiones que hayan sido
malas o regulares, que a lo mejor son la mayoría, pero puede que haya
habido alguna decisión que sea razonable; por tanto, no debe aplicarse
este criterio a todos los cambios, sino a aquellos en que hubiera algún
problema por cuestiones de irregularidad o porque no fuera ajustado a la
legalidad.
Esta es la pequeña reserva que tenemos respecto a esta proposición no de
ley de Izquierda Unida, pero en su conjunto, y puesto que nosotros
tenemos que votar la proposición no de ley en su globalidad, incluida
nuestra enmienda, entendemos que nuestra pequeña reserva no tiene entidad
suficiente, a pesar de que he querido que quede constancia. Por tanto, si
se aprueba y se admite la enmienda del Grupo Popular, nosotros la
apoyaríamos con nuestros votos.
Eso es todo respecto a las dos proposiciones que estamos debatiendo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el
señor García-Arreciado.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, haré una breve
intervención; breve porque se han debatido en esta Cámara hasta la
saciedad diferentes iniciativas de tenor literal exacto al que hoy se nos
vuelve a presentar en estas tres proposiciones no de ley. Proposiciones
que responden, con todo el respeto, a la fijación de un miembro de esta
Cámara --no el señor Ríos-- por dirigir desde sede parlamentaria la
gestión de Feve; fijación que tiene causas complejas, entre las cuales no
es la menos importante la resistencia corporativa de determinados
miembros de la empresa a asumir la reestructuración orgánica que se ha
visto obligado a hacer para cumplir las directivas europeas en cuanto a
diferencias organizativas y contables en las empresas prestadoras del
servicio de ferrocarril.
Esas fijaciones se han planteado sistemáticamente ante esta Cámara con la
excusa de una serie de supuestos escándalos y corruptelas que hemos
rechazado tajantemente. Escándalos y corruptelas que se resumen en que
una determinada adjudicación de obras no ha sido del gusto de dos grupos
parlamentarios de esta Cámara, en que el anterior presidente de Feve,
como tantísimas empresas de este país, tenía alquilado un piso en Madrid
para los directivos de Feve que se desplazan constantemente a esta
ciudad, y en una historieta más bien pobre, sin contenido, sin
importancia, sobre unas entradas de toros, que si se compraron, que si se
dejaron de comprar, que si fueron para unos o si fueron para otros.
Nosotros hemos manifestado claramente, a lo largo de las diferentes
sesiones que esta Cámara ha dedicado a Feve, cuál es nuestra posición.
Hay, y ha habido sin duda, iniciativas que se pueden calificar de no
ortodoxas, pero ajenas completamente a lo que es la buena gestión de una
empresa, que han tenido su final en el cese, dimisión, cese pactado --a
los efectos de esta Cámara da igual--, en el cambio del Presidente de la
empresa por un nuevo Presidente.
Cuando critico la obsesión por dirigir, por gestionar la empresa Feve
desde esta Cámara, ¿estoy negando o poniendo en duda las facultades de
control que la Cámara tiene sobre la empresa? Sin duda que no; preguntas
orales, preguntas escritas, comparecencias, respuestas del Vicepresidente
en el Senado, del Presidente del Gobierno en el Congreso, proposiciones
no de ley, mociones, interpelaciones, toda la batería de instrumentos
jurídicos que esta Cámara tiene para controlar la gestión de Feve se han
utilizado. Aun así, planea, y es el fondo de estas tres iniciativas, la
duda de si la gestión de Feve ha sido correcta, desde el punto de vista
legal, y ortodoxa, desde el punto de vista de gestión empresarial.
Sobre lo segundo, nosotros sostenemos que sí. Desde el punto de vista del
cumplimiento de los objetivos estratégicos empresariales que se habían
marcado a Feve, la gestión es correcta: la disminución de costos, el
incremento de los tráficos, la modernización de las infraestructuras, las
inversiones, la reestructuración empresarial. Lo que constituye el
esqueleto básico de las directrices de gestión ha sido cumplido.
Quedan dudas de si eso se ha producido o no con algunas actuaciones que
de manera absolutamente precipitada se califican de corruptelas. Hemos
ofrecido la solución; la ofrecimos en un Pleno del Congreso de los
Diputados, en una moción en la que dijimos que la Intervención General de
la Administración del Estado, instituto jurídico sobre cuya fiabilidad no
creo --insisto, lo he dicho varias veces-- que haya dudas en esta Cámara,
elabore
un informe, porque no sólo está haciendo el anual que corresponde por
muestreo a todas las administraciones, sino uno expresamente solicitado
por el señor Martín Baranda y, además, un informe de los servicios de
inspección del Ministerio que, al margen de las consideraciones de
algunos actos que, como digo, no tienen valor de actos de gestión,
concluye en que no hay sombra de sospecha sobre la licitud de las
actuaciones gerenciales que han tenido lugar en Feve con el anterior
responsable de la empresa.
Dijimos que el resultado de esa auditoría externa (porque no la realiza
la compañía, es externa) viniese a esta Comisión con objeto de que la
misma emitiese juicio valorativo de la gestión del señor Martín Baranda y
esa iniciativa fue rechazada. Hoy se vuelven a plantear los mismos puntos
de la misma moción, consecuencia de interpelación, que fue rechazada por
el Pleno de la Cámara, por 159 votos en contra y 140 a favor.
Voy a reiterar, de manera muy breve, los argumentos. Hay un nuevo
Presidente de Feve y sería intolerable, desde el punto de vista
gerencial, que esta Cámara, que no es la llamada a gestionar el sector
público (sí a controlarlo, como he dicho), impusiese la suspensión de una
serie de actos administrativos efectuados por el anterior responsable de
Feve. Eso sería inmiscuirnos de manera intolerable en la gestión de una
empresa que tiene que rendir sus responsabilidades ante el centro
ministerial del que depende, así como sus políticas, como he dicho, y no
me cansaré de subrayar, ante esta Cámara.
Estamos pidiendo la reforma del Estatuto, en lo cual se está, como ya
hemos dicho varias veces, para que todas las comunidades autónomas estén
representadas en su consejo de administración. Y el propio Grupo que
propone esto presentó en la Comisión de Industria, y se aprobó por
unanimidad, que se estudiase con carácter general la participación de las
administraciones autonómicas en los consejos de administración de las
empresas públicas. Por tanto, no parece razonable adelantar los
resultados del estudio de los miembros de esta Cámara, sobre esta
cuestión, estableciendo ya una decisión previa, que obedece, como digo, y
es evidente, a la fijación de un miembro de esta Cámara que pretende
convertirse en el responsable gerencial de Feve.
La otra proposición no de ley, la 381, viene a incidir en lo que ya he
dicho: elaboración de una auditoría externa y esclarecimiento y exigencia
de las responsabilidades que se deriven de la misma. Izquierda Unida
rechazó esto en el Pleno; lo rechazó con el apoyo de otros grupos
parlamentarios. Yo sigo sosteniendo el compromiso --aunque anuncio el
voto en contra de las tres proposiciones no de ley--, en nombre del Grupo
Parlamentario, y tengo para ello autorización del Gobierno, de mantener
el compromiso de que cuando las auditorías que se están haciendo sobre
Feve estén terminadas serán remitidas a esta Comisión para que, en su
caso, se puedan depurar las responsabilidades que se deriven del informe.
A unos les gustará el informe y a otros no les gustará. Si mi Grupo es
uno de a los que no les guste, asumimos aquí la responsabilidad de exigir
que si ha habido actuaciones que se apartan de la licitud con la que debe
de actuar el sector público, y el privado como es obvio, o sobre la que
hay fundamentos para dudar de su carácter legal, se pueda exigir la
responsabilidad.
Ese es el punto en el que nos encontramos. Vamos a votar en contra de
estas tres proposiciones no de ley por cansinas, por reiterativas, porque
la Cámara ha debatido hasta la saciedad estas cuestiones y porque el
Grupo que las propone rechazó en el Pleno, por razones que no alcanzo a
entender, una propuesta de moción que satisfacía lo sustancial de lo que
nos vienen hoy a plantear.
Para terminar, señor Presidente, le formulo un ruego. No volvamos a
plantear dentro de dos meses las mismas iniciativas. Esto no es un
tribunal, pero cosa juzgada ya, cosa juzgada. No vayamos a estar
insistiendo permanentemente en esta cuestión que nos roba el tiempo y nos
distrae de cuestiones a las que nos hemos de dedicar con mayor
intensidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, por alusión directa al Presidente
en cuanto al ruego, tengo que decir que usted estaba presente y participó
en la reunión de Mesa y Portavoces cuando fijamos el contenido del orden
del día para el debate de hoy. Por tanto, lo tendremos en cuenta todos,
los miembros de la Mesa y los Portavoces, en nuestras futuras reuniones
para la fijación de los órdenes del día. Lo digo por alusiones al
Presidente. No fue una decisión del Presidente, sino que fue incluido en
el orden del día conjuntamente, por aceptación de las proposiciones no de
ley hoy debatidas. No obstante, afinaremos en nuestras decisiones, según
se crea oportuno en las reuniones de Mesa y Portavoces, para que el
trabajo de esta Comisión sea lo más eficaz posible.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, si me permite, le
diré que, como es lógico, era un ruego al Grupo que presenta estas
iniciativas, dado que el mentor principal de las mismas está hoy ausente,
para que no renueve sus esfuerzos en volver a presentar estas cuestiones.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. En cualquier caso, la decisión final
sobre los órdenes del día se adopta en la reunión de Mesa y Portavoces y
en esa línea, de mutuo acuerdo, actuaremos.
Finalmente, y sólo para fijar su posición con respecto a la enmienda
presentada por el Grupo Popular a la proposición no de ley número siete,
tiene la palabra el señor Ríos, en nombre del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor RIOS MARTINEZ: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, que ha presentado estas iniciativas y que
las presentará en el uso de su derecho reglamentario tantas veces como
crea oportuno. (El señor García-Arreciado Batanero: Nos lo temíamos.)
Igual que la cabezonería del que manda, Presidente, exactamente igual.
Insisto en que tomará
la iniciativa parlamentaria que corresponda diciendo que son iniciativas
del Grupo Parlamentario y no de un Diputado, ya que, como todo el mundo
sabe, el Reglamento impide la iniciativa individual.
Paso a responder a la propuesta de enmienda que ha hecho el Grupo
Parlamentario Popular a la proposición donde pedimos un plan de empresa,
que todavía no está elaborado, y donde pedimos que la estructura
funcional de la empresa esté condicionada a ese plan.
Se nos presenta una enmienda de adición --además de otra «in voce» que
recuerdo para que se pueda votar a favor de la misma-- que diga: «Para
tal consolidación se analizará la posibilidad de integración de Feve en
Renfe.» Pero no entramos en que sea como unidad de negocio de vía
estrecha. No, eso será cuando lo decida Renfe o cuando se haga. Es decir,
la propuesta sería añadir: «Para tal consolidación se analizará la
posibilidad de integración de Feve en Renfe.» Es un texto de adición al
actual párrafo que proponíamos como proposición no de ley de Izquierda
Unida.
También se nos ha dicho, señor Presidente, que la propuesta sobre las
suspensiones de contratos no debiera ser tan imperativa como decir que
queden sin efecto. Pues bien, para que pueda ser votada, yo propondría
«in voce» una modificación que dijese: «En coherencia con este plan, se
revisen las suspensiones de contratos, traslados, cambios de categoría
emprendidas en la etapa durante el año anterior... Es decir, que en lugar
de «quedar sin efecto», «se revisen», para que así pueda ser votada por
el Grupo que me lo ha propuesto.
Termino, señor Presidente, porque respecto a la otra proposición no de
ley se nos ha dicho «in voce» que sólo podrían estar representadas en el
Consejo de Administración las comunidades autónomas que presentaran
aportaciones económicas. Pero eso será las que tengan convenio. Entonces,
como las competencias de Feve precisamente están ya transferidas a muchas
comunidades autónomas, pero no se ha negociado, es por lo que manteníamos
la presencia de las comunidades autónomas en esa filosofía general.
Insisto, además, en que esta propuesta hace referencia a un Decreto del
año 1974 que quien está mandando ha podido modificarlo.
El señor PRESIDENTE: En consecuencia, hemos terminado el debate.
Suspendemos la sesión durante cuatro minutos y nos reincorporaremos para
efectuar las votaciones directamente. (Pausa.) El señor PRESIDENTE:
Reanudamos la sesión.
Señorías, gracias. Digo gracias porque todos los grupos parlamentarios
han tenido ocasión de llamar a su gente para poder votar y este
Presidente, personalmente, agradece esa deferencia.
Después del debate durante la sesión de trabajo de hoy de las siete
proposiciones no de ley con sus respectivas enmiendas, vamos a proceder a
la votación de estas proposiciones no de ley, que no hace falta volver a
leer puesto que no hemos cambiado el orden, sino que se mantienen tal
cual estaban en el orden del día. Por tanto, voy a numerarlas y
procedemos a su votación.
Votación de la proposición no de ley número 1 del orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la segunda proposición no de ley, incluyendo la enmienda «in
voce» del Grupo Socialista, ya que el ponente del grupo proponente, el
Grupo Popular, ha aceptado que el plazo, en lugar de tres meses, sea de
seis meses y, más concretamente, el 1 de septiembre. (Varios señores
Diputados: No; seis meses.)
De acuerdo, seis meses, pero no negarán que se ha mencionado el 1 de
septiembre. (Risas.) Lo clarificamos rápidamente y, semana arriba, semana
abajo, lo importante es que en seis meses esté resuelto este problema.
Sometemos a votación la proposición no de ley número 2, con la enmienda
«in voce» del Grupo Socialista de que sean seis meses.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; en
contra, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley número 4, con la enmienda de adición
aceptada por los Grupos de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y el
Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley número 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Finalmente, pasamos a votar la proposición no de ley número 7, con la
enmienda de adición del Grupo Popular y la enmienda «in voce» propuesta
por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Repito, con la
enmienda de adición del Grupo Popular, que ha aceptado eliminar el
párrafo:
como una unidad de negocio de vía estrecha, y con la enmienda «in voce»,
que consiste en añadir «se revisen».
El señor madrid lopez: Es igual; no se va a aprobar.
El señor PRESIDENTE: Ya lo sé. (Risas.)
Esas son las enmiendas que añadimos a la proposición no de ley número 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, queda rechazada.
Gracias a todos. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y quince minutos de la tarde.