CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 408
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 45
celebrada el viernes, 30 de diciembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe),
para:
--Explicar el grado de conocimiento que tiene el Gobierno de los hechos
acaecidos en el período en el cual don Julián Sancristóbal ocupó cargos
de responsabilidad en el Ministerio del Interior, respecto de la banda
terrorista Grupos Armados de Liberación (GAL). A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000494.)
--Informar del alcance y, en su caso, de las responsabilidades políticas
que se derivan de la detención del señor Sancristóbal y otros ex altos
cargos policiales, así como de las declaraciones públicas de los ex
policías señores Amedo y Domínguez. A solicitud del Grupo Parlamentario
Popular. (Número de expediente 213/000499.)

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Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.

Se abre la sesión.

El orden del día de hoy de la sesión de la Comisión de Justicia e
Interior tiene dos puntos que van a ser acumulados a efectos del debate,
con la comparecencia del Ministro de Justicia e Interior, que se
encuentra aquí con nosotros --a quien en nombre de todos doy, una vez
más, la bienvenida-- para informar de dos iniciativas, una del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y otra del
Grupo Parlamentario Popular.

Voy a leer las dos iniciativas, señorías, a los efectos de que todos las
sepamos. La primera, para explicar el grado de conocimiento que tiene el
Gobierno de los hechos acaecidos en el período en el cual don Julián
Sancristóbal ocupó cargos de responsabilidad en el Ministerio del
Interior, respecto de la banda terrorista Grupos Armados de Liberación
(GAL), y la segunda, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Popular, para
que informe del alcance y, en su caso, de las responsabilidades políticas
que se derivan de la detención del señor Sancristóbal y otros ex altos
cargos policiales, así como de las declaraciones públicas de los ex
policías señores Amedo y Domínguez.

Como saben SS. SS., la tramitación que vamos a dar a estas comparecencias
es la del artículo 203 en relación con el artículo 44 del Reglamento.

Por tanto, sin más, para informar sobre estas iniciativas que se
acumulan, tiene la palabra el señor Ministro de Justicia e Interior.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Señor
Presidente, señorías, a solicitud de todos los grupos, voy a informar a
esta Comisión sobre unos hechos que están siendo objeto de una
investigación judicial y lo voy a hacer del modo que entiendo es obligado
en un Estado de Derecho.

El Estado de Derecho establece una serie de obligaciones que debemos
cumplir todos escrupulosamente: el respeto a la independencia de los
jueces y tribunales en el desempeño de sus funciones; la colaboración
activa e intensa con la Justicia para asegurar el cumplimiento estricto
del principio de legalidad; el respeto al secreto del sumario, no como
una fórmula retórica o vacía de contenido, sino en los límites fijados
judicialmente y como instrumento necesario para no perjudicar la
investigación, y, en definitiva, el respeto al conjunto de garantías
penales que fija nuestro texto constitucional y, entre ellas,
señaladamente, el derecho constitucional a la presunción de inocencia.

Como Ministro de Justicia e Interior de España, es mi obligación
desarrollar esta intervención dentro de esos concretos parámetros;
dentro, en definitiva, de las exigencias del Estado de Derecho.

Antes de abordar los temas sugeridos por SS. SS. cuando pidieron mi
comparecencia, quisiera hacer dos comentarios que no creo que sean del
todo intrascendentes. Primero, vamos todos a tratar de hechos que se
produjeron hace once años, exactamente una década antes de que me
incorporara a las tareas de gobierno. Segundo, hace ya muchos años que
vengo sosteniendo públicamente las mismas posturas e idénticas
valoraciones sobre el modo en que debe operar un Estado democrático,
como, desde luego, podría comprobar cualquiera que se tomara la molestia
--en mi opinión, innecesaria-- de consultar cualquier hemeroteca sobre
mis reiterados posicionamientos públicos, por vía de hechos y por vía de
palabras, sobre este tema: artículos de prensa muy abundantes, primero,
donde yo trabajaba, en el País Vasco; después, entre otros, «Diario 16»,
donde colaboré mucho tiempo, «El País»; está escrita expresamente mi
postura de manera reiterada y notoria desde hace años y no sólo por
palabras sino a través de hechos.

En particular, me permitirán que les subraye uno, publicado en el año
1988, el 26 de octubre concretamente. En él expuse con claridad lo que
venía diciendo antes, sostengo ahora y sostendré siempre y, en
particular, me refería a sucesos como los que dieron lugar al
procesamiento de Amedo y Domínguez; a ese tema concretamente se refería
el artículo. Decía: Es difícil aparentar una calma fría y no vale fingir
escándalo porque tales hechos, de conocimiento público, sean revelados
por la prensa o investigados por los jueces. Decía: No es admisible la
tesis que pretende que es posible defender el Estado de Derecho por
medios perversos. Ante hechos así --continuaba--, es perfectamente
razonable y aun deseable que la opinión pública se implique en el debate
y lo haga a fondo, porque el tema es grave, pero los poderes del Estado
--decía-- tienen la obligación de conservar escrupulosamente la frialdad,
la objetividad y la imparcialidad.

Por seguir con la cita, en el mismo artículo decía: No puede propiciarse
un clima social que aplauda reacciones terroristas contra el terrorismo,
reacciones ilegales contra la ilegalidad. Es obligación ineludible de un
Estado democrático detectar y combatir enfermedades sociales tan graves y
contagiosas, aunque el coste pueda parecer caro. Fin de la cita.

Fui yo quien expresé esa opinión siendo juez; ésa es mi opinión --1994--
siendo Ministro de Justicia e Interior. Es la misma en todos y cada uno
de esos términos, y lo seguirá siendo el día que sea el ciudadano Juan
Alberto Belloch. He pensado, pienso y pensaré que en el Estado de Derecho
sólo pueden perseguirse las infracciones a la ilegalidad desde la más
estricta legalidad; que el Estado democrático se caracteriza, y no puede
ser de otro modo, por el imperio de la ley; que la ley vincula, en primer
lugar y por encima de todo, al propio Estado y a los servidores públicos.

Todo esto, señorías, podían suponerlo ustedes. Los que me conocen
mínimamente lo sabían con absoluta seguridad, y quien desde luego lo
sabía con absoluta certeza era el Presidente del Gobierno el día que me
confió mi trabajo. Y diré algo a lo mejor no completamente adecuado, como
es por qué me designó Ministro de Justicia e Interior el Presidente, pero
lo voy a decir: me designó precisamente por mis convicciones, por esa
certeza de mis convicciones, y luchar con esos objetivos.

Paso, pues, a responder al asunto que motiva esta comparecencia, y lo
haré con la ventaja de saber que me encuentro



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aquí con un buen número de juristas y buenos juristas.

Unas diligencias se han abierto por un juez sobre unos hechos que, caso
de comprobarse su certeza, implicaría delitos muy graves que afectarían a
antiguos responsables policiales y a quien fue, en el momento de esos
hechos, Gobernador Civil de una provincia de España. Conociendo como
conocen mi posición sobre los temas judiciales, que saben perfectamente
que no es ninguna forma coyuntural de utilizar ese argumento (llevo un
año y medio en este ejercicio del trabajo de Ministro de Justicia y luego
de Ministro de Justicia e Interior, y reiteradamente los medios de
comunicación, incluso empiezan a estar aburridos, me suelen ya preguntar
eso), no comentaré, no criticaré, no elogiaré resoluciones judiciales; no
lo he hecho y no lo voy a hacer. Considero que ése no es el trabajo del
Ministro de Justicia e Interior. Por eso mismo resulta complicado,
efectivamente, hacer valoraciones en este acto. Pese a lo cual, haré las
que pueda dentro de mi absoluta convicción de que, respetar la
independencia de los jueces, no sólo supone un planteamiento retórico,
supone cosas mucho más concretas y evidentes: supone cooperar
activamente, sin duda, y supone efectivamente no entrometerse en su
trabajo a través de cualquier forma de manipulación o presión. E insisto
en que el elogio, en ocasiones, es una forma de presión tan grave como la
crítica más acerbada. Y semejante actitud, señorías, espero que lo
entiendan, espero que me crean, es la más contraria, a una falta de
respeto al procedimiento judicial. Es la expresión misma de mi absoluto
respeto a ese procedimiento. Es lo más opuesto a una manifestación de
indiferencia. Es, al revés, acatar en sus propios términos el Estado de
Derecho. Y no les estoy hablando --y SS. SS. lo saben-- de ninguna idea
particular del representante del Gobierno en este acto, les estoy
hablando de la Constitución que todos hemos jurado o prometido cumplir y
hacer cumplir, y eso es lo que fija el marco de la Constitución.

Les decía que en esta Comisión hay, efectivamente, juristas de calado que
estoy seguro contribuirán con sus intervenciones a disipar una cierta
confusión que se está generando en la opinión pública sobre las
diligencias judiciales abiertas en este momento. Algunas cosas pueden
parecer muy evidentes, pero me temo que en ciertas ocasiones las
evidencias es necesario reiterarlas. El magistrado ha abierto un sumario
sobre hechos en curso de investigación, lo ha declarado secreto, aunque
en un momento posterior ha elevado parcialmente ese secreto. Saben SS.

SS. que la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 301, dice que
las diligencias del sumario serán secretas hasta que se abra el juicio
oral con las excepciones determinadas en la propia Ley. La fase sumarial
es una fase del proceso amparada por el secreto, e insisto, no como
fórmula ritual, sino como mecanismo de lograr que no se frustre la
finalidad de la investigación y, al propio tiempo, preservar y garantizar
los derechos de las personas contra quien se dirige una acusación. Pese a
este principio general del secreto, que es, en definitiva, lo que dice la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, las partes personadas, para evitar el
riesgo de indefensión, pueden tener acceso al sumario en la medida en que
el juez lo estime conveniente. Cuando el juez alza el secreto, lo hace
respecto de las partes personadas, no respecto del resto de funcionarios
públicos. El que después, al día siguiente, aparezca en los medios de
comunicación íntegramente, por lo visto, el texto del sumario, es una
práctica que yo prefiero no calificar. El Código Penal recoge esta
prohibición y sanciona con dureza, en su artículo 367, al funcionario
público o autoridad que revele los secretos o cualquier información de
los que tenga conocimiento por razón de su oficio o cargo y que no deban
ser divulgados.

En conclusión, el Gobierno ha manifestado que no puede interferir en una
investigación judicial ni opinar sobre hechos que forman parte de un
sumario, con independencia de que el juez mantenga uno u otro criterio
respecto de la limitación parcial de ese secreto.

El Ejecutivo, como el resto de poderes del Estado, cumple con su
obligación de colaborar con los jueces y tribunales. Debe tratarse de una
colaboración activa y esencial, entre otras cosas porque es la propia
policía judicial la que va a tener que llevar a cabo las investigaciones
precisas bajo dirección del juez. Huelga decir --pero, pese a ser una
obviedad, me parece que es una mañana en la que, insisto, puede ser
necesario reiterarla-- que si en general el Ministerio de Justicia e
Interior cumple escrupulosamente con esa obligación de colaboración, el
hecho de que las personas contra las que se dirige la acusación y
respecto de las cuales se han adoptado medidas cautelares, sean
precisamente personas que ejercían funciones públicas y en el ámbito del
Ministerio de Justicia e Interior, sólo va a producir un efecto, que
vamos a ser aún más diligentes, a fondo. Ese es mi compromiso.

El juez instructor ha solicitado a la Secretaría de Estado de Interior
los antecedentes que hubiera en relación con las investigaciones. El
Ministerio ha tomado las medidas requeridas por el magistrado instructor
del sumario, en el marco del cual se han producido las detenciones. La
evitación de cualquier interferencia en las diligencias investigatorias,
obliga, señorías, a ser extremadamente cuidadoso acerca de cómo, en qué
términos se está desarrollando esa cooperación. Puedo decir a la Comisión
que le Ministerio ha facilitado la información disponible y ha adoptado
las actuaciones de vigilancia y protección requeridas por el instructor y
la juez de vigilancia penitenciaria.

Les diré algo más. Si hubiera existido, si existiera el más mínimo atisbo
documental o testifical relevante desde el punto de vista de los hechos
investigados, el Ministro de Justicia e Interior no hubiera esperado un
segundo una petición del juez; yo personalmente lo hubiera llevado al
juzgado. Sobre eso, espero, señorías, que no alberguen la más mínima
duda.

Será difícil hacer valoraciones sobre unos hechos de los que no tenemos
más datos. Pero les querría añadir otra cosa. No le corresponde al
Gobierno hacer esas valoraciones. El Gobierno tiene unos deberes
perfectamente marcados: los de cooperar con los órganos judiciales,
cooperar activamente; sostener la plena vigencia del principio de
legalidad; garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos,
también, desde luego, de los presuntamente implicados.




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En segundo lugar, respetar de esa manera activa la independiencia del
Poder Judicial.

Mi opinión la resumiría diciendo que es cierto que no se le puede pedir
menos a un Gobierno; creo que tampoco se le puede ni se le debe pedir
más. En todo caso, la posición del Gobierno ya la ha expresado su
Presidente, don Felipe González, y evidentemente a ella me remito.

Por otra parte, la solicitud de comparecencia se refiere a las
declaraciones públicas de los señores Amedo y Domínguez. El Gobierno
tiene, desde luego, muchas obligaciones que cumplir en su labor de
Gobierno, y, aunque en este momento y en estas circunstancias a alguno de
ustedes le parezca poco comprensible, les aseguro que para este Ministro
la prioridad hoy, en este mismo momento y mientras se está realizando
este mismo acto, no es valorar el contenido de las declaraciones vertidas
en prensa por los señores Amedo y Domínguez; se lo aseguro.

En cuanto a la credibilidad que puedan merecer tales manifestaciones,
señorías, ustedes mismos...; son contradictorias respecto de otras. ¿Qué
razones pueden haber tenido? Sus señorías lo valorarán, si lo consideran
procedente. Mi opinión es que eso lo deben valorar los jueces, lo deben
valorar los tribunales a la vista de los elementos de prueba que tengan y
formar ellos sus convicciones.

En cualquier caso, profeso un respeto profundo a esta Cámara, como sus
señorías saben, y al tiempo a SS.SS., para que entráramos en un proceso
de análisis forense-psicológico-jurídico del alcance de declaraciones
testificales de contenido contradictorio; muy bien, me retrotraería al
ejercicio de mi profesión, pero, sinceramente, no me parece que ni SS.

SS. ni yo podamos perder un minuto en este tema.

Lo esencial para mí es tratar de convencer, señorías, a todos ustedes de
que no hay un solo cambio en la posición que mantiene este Ministerio,
que va a mantener sus compromisos hasta el final, que va a colaborar
activa e intensamente con la justicia y que vamos a trabajar en todo
aquello que los jueces nos pidan y demanden. Eso es, preservar la Ley,
eso es, creo yo, el trabajo de los demócratas; otro tipo de lenguaje es
para los que no están en esta Cámara, para los que, en definitiva, no son
demócratas.

El funcionamiento normal de las instituciones democráticas se pone de
manifiesto por medio de las actuaciones de los poderes del Estado, de
esta Cámara, del Congreso, del Senado, del Gobierno, de los jueces; se
trataría, si hiciéramos ese esfuerzo --que estoy convencido de que los
ciudadanos nos van a agradecer--, sencillamente, de que dejáramos
trabajar a todos los poderes del Estado en su propio ámbito, sin tratar
de ponernos en lugar de ningún otro. Si así lo hiciéramos, de lo único
que estaríamos hablando sería del normal funcionamiento de las
instituciones democráticas y es el normal funcionamiento de las
instituciones democráticas lo que, en mi opinión, es susceptible de
generar confianza en el funcionamiento del Estado de Derecho. Todos los
poderes del Estado estamos implicados en la lucha contra la ilegalidad,
contra la corrupción, contra cualquier clase de delito. El Parlamento a
través de sus competencias, el gobierno, los jueces. Lo que sí he hecho
es dar instrucciones al servicio jurídico del Estado para que presente su
personación en las actuaciones seguidas en el Juzgado de Instrucción
Central número 5 y ejercite cuantas acciones se consideren oportunas en
defensa de los intereses generales de la Administración del Estado.

Comencé mi intervención recordando un simple hecho: han pasado once años
--un hecho fáctico--, llevo un año y medio en este trabajo. Es poco
tiempo, pero les aseguro que ha sido particularmente intenso --SS. SS. lo
saben-- y, modestamente, en mi opinión tengo algunas constataciones que
me gustaría transmitirles.

La primera es que he podido comprobar que la lucha contra el terrorismo
ha sido una de las tareas prioritarias de todos los gobiernos
democráticos, de todos los que me han precedido en mi trabajo y,
especialmente, de los gobiernos presididos por el Presidente Felipe
González. He podido constatar que ese trabajo ha sido esencial para
asegurar la vigencia de la democracia, los derechos de los ciudadanos y
las libertades públicas. En esta lucha los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
han llevado a cabo un trabajo riguroso, lleno de sacrificios personales,
que ha costado --todos los sabemos-- la vida y el dolor de muchos hombres
y mujeres. Precisamente sobre esta cuestión se pronunció ayer mismo de
manera tajante el Presidente del Gobierno al señalar cómo sus sucesivos
gobiernos han desarrollado estos doce años una lucha compleja y difícil
--así la definía el Presidente-- en el marco estricto del Estado de
Derecho. Frente a la violencia salvaje de los asesinos terroristas, que
no han reparado en medios dañinos de ningún tipo, las personas que
integran las fuerzas de Seguridad han hecho, hacen y van a seguir
haciendo, con el apoyo de todas las fuerzas de esta Cámara, un esfuerzo
continuo y diario, dentro de la legalidad, en beneficio de toda la
comunidad. El trabajo de cuantos forman parte de la administración de la
seguridad, los integrantes de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del
Estado, es ejemplar, y no podemos admitir más excepciones que aquellas
que declaren los jueces y los tribunales. Están haciendo un trabajo
esencial para que prevalezca el principio de legalidad y para la
salvaguarda de los derechos y libertades de todos nosotros.

En este período de tiempo también he podido constatar algunas otras
cosas. He verificado, y verifico día a día, los progresos que, por el
esfuerzo de todos, se están experimentando en esta lucha que libra toda
la sociedad española, y especialmente la sociedad vasca, para liberarse,
para liberarnos, de la plaga terrorista. Es una evolución que, con
seguridad, desembocará en la desaparición de esa brutal amenaza que pesa
sobre nuestra convivencia, siempre que, como hasta ahora, los demócratas
nos mantengamos unidos y sigamos plantando cara a los violentos con los
instrumentos de la razón y de la ley.

En este período me he convencido también plenamente de la necesidad de
evitar cualquier desmayo, cualquier titubeo en esta batalla, que,
evidentemente, podría ser aprovechado por los criminales.

Quisiera terminar, señorías, diciendo que tenemos unas diligencias, un
sumario abierto contra antiguos responsables policiales, contra un
entonces gobernador y posteriormente otro cargo en la seguridad del
Estado; tienen derecho a defenderse; ellos se deben defender, los jueces
les



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deben juzgar. El tema de fondo es importante, no se puede minusvalorar la
importancia, por eso he empezado mi intervención hablando de la gravedad
de cualquier actitud que pretenda decir que un fin legítimo justifica el
empleo de medios ilegítimos de cualquier tipo. Pero, junto a esto, no
podemos desconocer que existen dos aspectos, en mi opinión, más
cruciales. Miles de servidores públicos, hoy, todos los días, están
trabajando para que los demás podamos hacer nuestras vidas, para que
podamos vivir como personas libres en un país libre. Creo que, en esta
ocasión --y se lo digo con toda sinceridad--, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado necesitarían de esta Cámara la plena manifestación,
que seguro que contarán con ella, de que todos los ciudadanos, las gentes
de este país les agradecemos sin ninguna excepción su sacrificio diario;
que desde el primero hasta el último estamos detrás de ellos en la
batalla que libran, que libramos, para que nuestro país sea gobernado por
leyes democráticas y no por el capricho de criminales.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: A efectos de fijar su posición o de formular
preguntas o de hacer la observación que tenga por conveniente, y por un
tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra, en primer lugar, por el
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor
Romero.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Ministro, señoras y señores Diputados, señor
Belloch, nos ha costado trabajo traerle a usted aquí. Su Grupo se negaba
en redondo hace sólo 48 horas y ha sido la demanda de la sociedad, la
opinión de la inmensa mayoría de los grupos parlamentarios, incluyendo a
sus aliados, el cambio de actitud ayer de su propio Grupo lo que ha hecho
posible este acto parlamentario.

Aquí hay dos solicitudes sobre la mesa: la primera en registrarse
corresponde a mi Grupo parlamentario, la segunda corresponde al Grupo
Popular. El Gobierno no ha solicitado formalmente comparecer por
iniciativa propia. Usted viene arrastrado a esta comisión, a la fuerza, y
ha hecho una intervención que, cuando se lea detenidamente el «Diario de
Sesiones», se verá que está vacía de contenido. Ha hablado de su
coherencia, ha citado lo que escribía en otra época, ha hablado de un
proceso y de cómo funcionan los procesos judiciales; ha dicho que va a
cooperar con la justicia y ha planteado que hay sumarios secretos que se
publican en la prensa y que eso está penado por las leyes; hace usted un
aviso al navegante y, al final, plantea que el Gobierno se va a personar.

O es un gesto a la galería o usted no confía en el ministerio fiscal, que
ya representa al interés público, o intenta coaccionar. Porque el
problema no está en sus convicciones, señor Belloch. A usted le nombra
ministro Felipe González precisamente por sus convicciones. También
confió en Garzón por sus convicciones. Hoy las convicciones de todos
están a prueba, señor Garzón. (El señor Ministro de Justicia e Interior,
Belloch Julbe: Garzón, no; señor Belloch.) Todas las convicciones están a
prueba, señor Belloch, pero me refiero también a las de Garzón, las suyas
y las de Felipe González.

En ese sentido quería decirle que usted representa a un gobierno sin
iniciativa política, situado a la defensiva, sin ninguna voluntad de
arrojar luz sobre este asunto, caiga quien caiga, sobre el asunto del
GAL. Usted, señor Ministro, no sabe nada de la organización, de la
infraestructura, de los apoyos, de la financiación, del respaldo político
a las actividades terroristas de los GAL. El Presidente del Gobierno, al
que usted representa en este acto, lo mismo que al Consejo de Ministros,
no sabe nada de lo que sucedía cuando presidía un gabinete en el que se
sentaba el señor Barrionuevo y Julián Sancristóbal ocupaba la Dirección
General de la Seguridad del Estado. Usted se ha referido a que analizamos
temas desde hace 11 años, temas que luego fueron arrastrándose hasta hace
muy poco con el juicio, con la condena y con temas que quedaron abiertos
de acuerdo con nuestras normas procesales.

Hoy, el señor Sancristóbal y tres jefes policiales que estaban al frente
de la lucha antiterrorista están en la cárcel, debido a los autos de don
Baltasar Garzón, autos en los que se acaba de confirmar este mismo
magistrado, con el acuerdo también del fiscal. Ve usted cómo el fiscal
también ahí defiende con esta actitud los intereses públicos, y no creo
que la desconfianza le llegue ahora a personarse como gobierno en el
caso.

La crisis política abierta, el desasosiego que existe en la sociedad, las
repercusiones en la economía y en las finanzas no se han superado con la
comparecencia del Presidente González ayer, porque el Presidente González
no dijo nada. Parece que vive en otra galaxia, en otro país, diciéndonos
que tenemos una situación tranquila y estable, lo mismo que ha hecho
usted en la mañana de hoy: no ha dicho nada. Y lo más grave de todo lo
que está sucediendo es que el GAL pasará a la historia como la página más
negra y sucia de la democracia española.

La Constitución de 1978 se violó, fue pisoteada en sus principios,
garantías y derechos fundamentales por unas personas que vieron en el
atajo de la guerra sucia un camino para que el terrorismo de Estado se
midiera con el terrorismo de una banda de desalmados y asesinos en su
terreno.

Los especialistas del tiro en la nuca, de la bomba en lugares públicos,
los que asesinan a servidores de la democracia, a niños, a gente del
pueblo, en definitiva, no pueden ser combatidos con sus mismas armas, con
sus mismos métodos. En ningún caso pueden ser combatidos con sus mismos
métodos. No hay ese camino en la democracia. La Constitución, el Estado
de Derecho, es el camino, el único camino. Cuando funcionarios de policía
organizan una banda con utilización de fondos reservados provenientes de
la aportación de los ciudadanos a la Hacienda Pública y a los
Presupuestos Generales del Estado; cuando se usan infraestructuras de
instituciones públicas; cuando se entra en contacto con las mafias de
otros países; cuando desde las aspas de la X se da el visto bueno,
intelectual y político, a la operación, se ponen las primeras piedras de
la degeneración y de la deslegitimación del poder.




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La Justicia se encontró con obstáculos insalvables en la investigación de
estos hechos y de los entresijos de la banda GAL. No se asumieron
responsabilidades políticas en aquel período. Era una época de mayorías
absolutas y de «felipismo» triunfante.

Hoy asistimos --después del trabajo de la Comisión Roldán y de los
procesos judiciales abiertos, de la declaración de Amedo y Domínguez, del
sumario que se ha abierto en el número 5 de la Audiencia Nacional-- al
conocimiento de las tropelías y de las perrerías que se han hecho en
España con los fondos reservados.

Sus palabras, señor Ministro, y las palabras del Presidente, tienen el
valor que tienen, es decir, se tendrán que demostrar: que el Gobierno no
organizó ni apoyó en su seno a ninguna banda terrorista como la del GAL.

De momento están en la cárcel altos cargos policiales y el número 2,
políticamente hablando, del Ministerio del Interior de la época. Yo voy a
hacer referencia a una publicación del País Vasco, la revista «Euzkadi»,
órgano del PNV, en sus números 121 y 124, que corresponden al 20 de enero
y al 18 de febrero de 1984, donde ofrecieron un organigrama del GAL que
apuntaba directamente al Estado como organizador, y no se llevó la
revista a los tribunales ni se le pidió ningún tipo de explicación
jurídica.

Dicho organigrama dice así: Dirección política: Felipe González, José
Barrionuevo y Rafael Vera. Consejo Superior para la información policial:
Casinello, Ostos y Ballesteros. Asesoramiento: Mossad; Departamento de
Información y Operaciones Especiales de la Dirección General de Seguridad
del Estado. Financiación: Plan ZEN --zona especial norte--,
construcciones y obras públicas, precisamente muchas de ellas a cargo de
adjudicaciones directas del señor Roldán, como establecimos en la
Comisión de Investigación. Medidas especiales: Olarra, CGEV, grupos CTS,
S. A. Reclutamiento individualizado de miembros de cuerpos especiales de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Ejército, de los servicios
secretos procedentes del régimen anterior: ex-OAS, mafia italiana y
francesa y organizaciones paramilitares de carácter de extrema derecha.

Aquí tengo también las declaraciones del señor Arzallus, hablando de que
la guerra sucia y el GAL tienen sus hilos en Madrid. Hacía estas
declaraciones don Javier Arzallus.

Se trata de una etapa de la vida española en la que usted no tenía
responsabilidades de Gobierno. Es más, usted, el 29 de abril de 1989,
dijo: Cuando se produce colisión entre un bien constitucional como es la
tutela judicial efectiva, frente a otro valor jurídico, como es la
seguridad del Estado, es siempre prevalente el Derecho constitucional.

En estas declaraciones se mostraba usted partidario de que se
investigaran los fondos reservados en relación con los GAL. ¿Hoy piensa
usted de la misma forma? ¿Piensa usted esta mañana de la misma forma? ¿Es
usted partidario de que se investiguen los fondos reservados en relación
con el GAL? Porque debe usted contestarlo. No ha dicho nada en relación
con ese tema en su intervención inicial. También dijo usted que el
trabajo de Garzón era ejemplar en el sumario sobre Amedo y Domínguez y
sobre los GAL. ¿Piensa usted ahora que el trabajo de Garzón está siendo
ejemplar y riguroso o considera usted, como ha dicho o ha dejado
entrever, que hay funcionarios públicos que pueden filtrar sumarios y,
por tanto, son penalizables?
El 1 de julio, el Secretariado de Jueces para la Democracia hizo público
un comunicado en cuya elaboración participó usted. Dicho comunicado decía
lo siguiente, señor Belloch: El Gobierno da un paso más hacia el
fortalecimiento de zonas de impunidad para la actividad de la policía
frente al control judicial. Barrionuevo, al convertir a los gestores de
la democracia en incontrolables profesionales del secreto, está poniendo
bajo sospecha a instituciones fundamentales del Estado que deberían
ejercer la transparencia como norma de actuación y reduce el papel de la
justicia a función servil, precisamente allí donde la naturaleza del
poder que se ejerce demanda mayor control. ¿Se reconoce usted en este
texto, señor Belloch? Era lo que usted decía a Barrionuevo, con nombres y
apellidos, en el Secretariado colegiado de Jueces para la Democracia
cuando se negaba a dar información relativa a los GAL y a la
participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La coherencia es fundamental para mantener el prestigio como demócrata
honesto. Ninguna persona puede vivir de las rentas, actuando con
responsabilidad en la vida pública, ninguna. Tenemos noticias de que
usted no quería saber nada del GAL, de que no quería hablar sobre este
asunto porque sucedió en otra época. Cuando usted llegó al Ministerio,
señor Belloch, ¿no había, no encontró archivos, no encontró fondos
reservados, no encontró servicios de información, no habló con
funcionarios responsables de la lucha antiterrorista, no pidió ninguna
información de los equipos anteriores que habían luchado contra el
terrorismo, no se entrevistó usted con el señor Manglano y con el CESID
para ver la seguridad del Estado en materia de la información que se
dispusiera de la lucha contra el terrorismo?
Señor Belloch, la trituradora no sólo no tritura todos los papeles, como
ha demostrado Izquierda Unida, sino que no tritura a los responsables que
meten los papeles en dicha máquina. (Rumores.) ¿O nos va a decir usted a
los Diputados o a los españoles que están asistiendo a este debate que en
el Ministerio de Interior y Justicia usted no encontró ningún papel?
¡Vamos, que los dos Ministerios que usted dirige tienen menos papeles que
una liebre! Porque eso no se lo cree nadie.

No hemos oído su voz en estos días, la hemos oído esta mañana como
Ministro de Justicia e Interior. Ante el coro de apología del terrorismo
de Estado que se intenta comprender y legitimar, algunos sindicatos
policiales, algunos sectores cercanos al poder, al Gobierno y al Partido
del Gobierno ex altos cargos y, en concreto, Rafael Vera, decía ayer a
Antena 3 televisión lo siguiente: ¿No va a ser la sociedad mucho más
generosa después de haber transcurrido doce años casi con un grupo que
combatió o que intentó combatir, aunque fuese por procedimientos
ilícitos, y es cierto eso de que el fin no justifica los medios en una
acción terrorista? Yo creo que la sociedad es tan generosa o debe serlo
más que en aquellos momentos con un grupo como era ETA político-militar
que había matado mucho,



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que había causado un daño importante a la sociedad española. Me parece
que esta reflexión hay que introducirla en estos momentos. Hoy la prensa
se hace eco de que Rafael Vera, ex Secretario de Estado para la
Seguridad, pide medidas de gracia, de protección y de una amnistía para
lo que significaron los implicados con el GAL. Y, además, termina
diciendo que duda de las encuestas en las que la sociedad civil española
rechaza métodos terroristas para combatir el terrorismo desde el Estado y
plantea lo que repugna a cualquier demócrata, y es que esa encuesta
habría que haberla hecho en caliente cuando se mataron a muchos guardias
civiles en atentados como el ocurrido en la plaza de Santo Domingo o como
en otros atentados horrorosos que ha cometido ETA en nuestro país, porque
entonces la sociedad, con cadáveres de cuerpo presente, hubiera pedido
otra cosa. Eso es lo que diferencia a las sociedades democráticas y a los
Estados de Derecho y a las mentalidades que apuestan por el Estado de
Derecho de las que no lo son.

En el libro «Terrorismo, política y Derecho», de mi compañero Diego López
Garrido, se dice lo siguiente: El terrorismo de algún modo también ayuda
a dinamitar, a través de las normas y de los métodos dictados para
combatirlo, algunas de las conquistas de los grandes cambios del siglo
pasado. En este libro, publicado por Alianza Editorial, se mantienen
tesis jurídicas y políticas para rebatir que no todo vale para luchar
contra el terrorismo, si no queremos hundirnos en el fango y desplomar el
Estado de Derecho.

Así es que no podemos ser cómplices de los crímenes de Estado, señor
Ministro, ni siquiera con palabras tan sibilinas como éstas: No comparto
estos métodos, pero los comprendo por la situación que se vivía en
aquella época, que estamos escuchando a través de los medios de
comunicación y de responsables muy cercanos al Gobierno que usted
representa.

Izquierda Unida nunca aceptará un pacto de silencio sobre las libertades
y los derechos constitucionales. Seremos beligerantes en defensa del
Estado de Derecho. Que no nos llamen para invitarnos a un pacto de
silencio, a echar tierra sobre los asuntos en los que el Estado tenga
responsabilidades en la violación de la Constitución y de los derechos de
los ciudadanos.

Es necesario que usted conteste aquí a unas preguntas, porque ha venido a
dar explicaciones. Estamos ante un trámite político y el Estado de
Derecho funciona, los tribunales están en su lugar cumpliendo con su
papel, pero usted está en el Parlamento de España, es Ministro de
Interior y Justicia y acude a una sesión de control parlamentario para
dar explicaciones. Así es que le dirigiré once preguntas concretas, de
las que quiero que tome nota con detenimiento, para que luego no eluda la
responsabilidad política que tiene de contestarlas, para tranquilizar a
la Comisión y a la ciudadanía.

Primera: ¿Se pagaron con fondos reservados las defensas jurídicas de
Amedo y Domínguez? ¿Quién tomó la decisión y por qué? Segunda: ¿Después
de la condena de 108 años de cárcel de Amedo y Domínguez, al Gobierno y a
su Ministerio le llegó la resolución de que perdían su condición de
funcionarios? Tercera: Si no están en la relación de funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía, ¿por qué se les han pagado salarios o sumas
por parte de su Ministerio en los últimos años, como se ha dicho por
diversos medios de comunicación? Incluso se hablaba de una cantidad de
500.000 pesetas. Cuarta: ¿En base a qué partidas presupuestarias? Quinta:
¿Quién las autorizaba? Porque eso ocurría en este año y medio, cuando
usted era ya Ministro de Justicia y, después, de Justicia e Interior.

Cuando un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es
expulsado por una condena, sólo le quedan los derechos pasivos por los
que haya cotizado durante su permanencia en el Cuerpo. ¿Es eso cierto?
Sexta: ¿Se estaba comprando su silencio? Séptima: ¿Por qué se les pasó al
tercer grado por este Gobierno y por usted, por la Secretaría de Estado
de Instituciones Penitenciarias que forma parte de su Ministerio? Octava:
¿Se le han pedido 600 millones de pesetas a usted o a la señora Robles,
Secretaria de Estado de Interior, y, al no dárselos, se ha roto esa
especie de convenio y han roto su silencio? ¿Es esto verdad? Porque ayer
el Presidente del Gobierno, Felipe González, dijo que no le constaba que
hubiese existido esa petición de 600 millones de pesetas de Amedo y
Domínguez; sin embargo, se ha publicado. Usted tiene la obligación
política de dar, hoy, aquí, a conocer la verdad sobre este hecho. Usted
tiene que dar cuenta de todos estos interrogantes, así como de los
siguientes, y con ello concluyo, señor Presidente, señor Ministro.

Novena: ¿Qué cartas o telegramas y con qué contenidos de amenaza recibió
usted de Amedo y Domínguez cuando le solicitaban el indulto? Porque usted
recibió cartas y telegramas, usted, de personas condenadas a 108 años de
cárcel por su participación en el GAL. No hable usted de otra época, son
sus responsabilidades actuales, como Ministro del Gobierno de Felipe
González. Décima: ¿Qué responsabilidades políticas cree usted que se
deben derivar del «asunto GAL»? Porque le hemos llamado para eso. Usted
qué cree: ¿que se deben derivar responsabilidades políticas o no?
Independientemente del funcionamiento de los tribunales en otros casos de
corrupción y de ilegalidades que se han producido en la vida pública
española, y que este Parlamento ha abordado, se han depurado
responsabilidades políticas antes de que los juicios concluyan con las
sentencias correspondientes. ¿Qué responsabilidades políticas cree usted
que se deben asumir en este «caso del GAL» por el Gobierno o por el
partido político que sustenta el Gobierno o algunos de sus componentes o
algunos ex altos cargos que continúan jugando un papel político activo?
Undécima: ¿Cómo cree usted que se debe superar este clima político y esta
crisis creada que hace daño a los intereses de España como nación? ¿No
cree que Felipe González le está utilizando como saco terrero para
protegerse detrás de usted?
Nuestro Grupo va a seguir pidiendo explicaciones. Es necesario que en
este momento se sepa, y que lo conozcan los Diputados aquí presentes, que
sólo se ha retransmitido en directo por Televisión Española la
comparecencia del Ministro. Cuando ha empezado a hablar mi Grupo
Parlamentario, se ha cortado la retransmisión, y supongo que los demás
correrán la misma suerte, lo que supone una instrumentalización



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de la televisión pública al lado del Gobierno. Usted se ha presentado
como un demócrata coherente diciendo que no tiene nada que ver con los
asuntos del GAL y han vuelto a hacer otra perrería a la comparecencia
política y parlamentaria en la mañana de hoy.

Por lo tanto, conteste a las preguntas concretas, no se escape de esas
preguntas políticas, estamos en un trámite político, no estamos en
ninguna audiencia, no estamos en ningún trámite judicial y en el asunto
del GAL se deben dar las explicaciones que corresponda.

Muchas gracias por la atención prestada.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Alvarez-Cascos tiene la palabra.




El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señorías, señor Ministro, quiero
comenzar mi intervención reiterando ante esta Comisión lo que desde hace
dos semanas mi Partido político ha trasladado de manera directa e
insistente al Gobierno y mi Grupo Parlamentario, asimismo, se lo ha hecho
llegar al Grupo Parlamentario que sostiene al Gobierno. Hemos venido
reclamando insistentemente que el Gobierno tomara la iniciativa para
explicar a los españoles las responsabilidades políticas derivadas del
conocimiento de los detalles del escándalo de los GAL que la sociedad
española ha ido descubriendo en los últimos días. Al mismo tiempo, hemos
manifestado --y lo reitero de nuevo-- que mi Partido político y mi Grupo
Parlamentario está dispuesto a aceptar la palabra del Gobierno si éste
hace verosímil su verdad. No estamos dispuestos a amparar ni los
silencios, ni la pasividad, ni la negligencia ni la complicidad, señor
Ministro. Por eso, quiero decirle, con toda firmeza y con toda lealtad,
que el retraso de esta comparecencia, de la que son responsables usted y
el Presidente del Gobierno, tal como ha venido recogiéndose
insistentemente en todos los testimonios fiables, es una torpeza, porque,
si me permite, señor Ministro, una cita tan poco sospechosa como una cita
de Cambó, hay dos maneras seguras de llegar al desastre: la primera es
pedir lo imposible y la segunda es retrasar lo inevitable. Ustedes han
estado retrasando lo inevitable y con ello, teniendo en cuenta que
estamos ante un asunto que ha generado alarma social, lo que han hecho es
contribuir a agravar la crisis política en la que está inmerso este país.

Señor Ministro, el escándalo de los GAL genera alarma social y la alarma
social genera inestabilidad, y esa inestabilidad quiebra las expectativas
de futuro de un país. Hoy, esta inestabilidad, fruto de sus torpezas,
está costándole miles de millones de pesetas a este país y a los
ciudadanos de este país.

Señor Ministro, usted y el señor González, con el amparo de su Grupo, han
amparado estos días la crisis política y han agravado las expectativas
económicas por su falta de iniciativa; iniciativa que ha tomado el Grupo
Parlamentario Popular. Usted ha dicho que ha venido a iniciativa de todos
los Grupos. No, ha venido a iniciativa del Grupo de Izquierda Unida y del
Grupo Parlamentario Popular, y los demás Grupos, después, han hecho lo
que creían conveniente. Yo quiero referirme a nuestra iniciativa, que se
refiere a las responsabilidades políticas derivadas de la detención del
señor Sancristóbal, ex Director General de la Seguridad del Estado y ex
Gobernador Civil, así como de las declaraciones públicas --repito, de las
declaraciones públicas-- de los ex policías señores Amedo y Domínguez.

Por lo tanto, en ningún momento me voy a referir al sumario en curso y,
por consiguiente, en ningún momento me voy a entrometer en el ámbito del
secreto de ese sumario.

En segundo lugar, además de recordarle mi iniciativa, le voy a recordar
otra cosa, señor Ministro: que quien le habla es el portavoz del Grupo
Popular, que, además, ni es jurista, ni aspira a serlo, ni tiene ninguna
vocación de competir con aquellos que se pueden honrar de ese título tan
prestigioso. Y cuando usted ha hecho la invocación a los juristas de
calado usted ha cometido otra torpeza: ha intentado sembrar confusión en
esta Comisión. Va a deslindar la legitimidad de las opiniones de los
juristas de calado de aquellos otros que, por razones, por gracia o
desgracia de la vida, no lo somos.

Pues mire usted, señor Ministro --y no sé si nos están oyendo o no los
ciudadanos españoles, pero hay suficiente representación de los medios
para que no se desvirtúen nuestros mensajes--, aquí hay personas, los
miembros de esta Comisión, que tienen la legitimidad, no de la
Universidad, no de las academias, no de las oposiciones; todos tenemos el
título para el que nos habilita el pueblo español para representarle en
esta Cámara: el título de Diputado. Con esa legitimidad, señor Belloch,
le hablamos todas las personas que tomamos la palabra y le habla también
el portavoz del Grupo Popular.

Ha cometido usted la torpeza de reivindicar un hecho diferencial: sus
convicciones democráticas. Lo ha hecho como signo diferencial. Dice que
el Presidente del Gobierno le nombró precisamente por eso. ¿Usted sabe el
alcance de lo que ha dicho, señor Belloch? Porque yo respeto las
comparaciones que han hecho otros grupos, como el Grupo que me ha
precedido, y a mí esa comparación ni me interesa ni me importa. A mí la
que me interesa es la comparación con las convicciones democráticas de
los anteriores ministros del Interior, del señor Barrionuevo y del señor
Corcuera. Yo quiero saber si, al tiempo que usted es Ministro del
Interior y de Justicia por sus convicciones democráticas, cree usted que,
precisamente por eso, han dejado de serlo los señores Barrionuevo y
Corcuera. Porque cuando se establecen hechos diferenciales, señor
Ministro, ya se están derivando responsabilidades políticas y, sin darse
cuenta, usted ya ha establecido una referencia para las responsabilidades
políticas de los gobiernos del señor González, porque usted llevará un
año en el ejercicio de sus funciones, pero el señor González lleva
presidiendo todos los gobiernos afectados por los acontecimientos de los
que, en este momento, se derivan responsabilidades políticas.

Usted nos ha dicho hoy que no puede opinar sobre los temas que están bajo
secreto de sumario y que, implícitamente, del Ministerio del Interior no
se puede facilitar a esta Comisión ninguna información relevante. Pero,
verá usted, señor Belloch, es que usted y su Ministerio ya han



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opinado estos días. Usted y su Ministerio dicen que el Gobierno no tiene
nada que explicar de los GAL; ya nos lo anticipó el día de Nochebuena.

Pero es que, además, hay quien puede ingenuamente aceptar el anonimato de
ciertas informaciones, pero los que tenemos ya alguna experiencia en esta
materia y, por supuesto, los que, por profesionales de la materia, la
tienen toda, sabemos que cuando el río suena agua lleva. Y ayer «El País»
afirmaba --según fuentes de su Ministerio; por tanto, en su Ministerio
alguien sabe algo-- que los señores Amedo y Domínguez habían solicitado
600 millones de pesetas y que, por supuesto, de este asunto el Presidente
del Gobierno siempre ha estado informado de cada uno de los
descubrimientos realizados por el señor Belloch.

Este sistema de dar noticias no es nuevo. No voy a repetir el debate,
pero el 17 de julio, fuentes del Ministerio del Interior, por vía de una
filtración a «El País», abrieron el debate de la excarcelación de
etarras. Cuando uno es responsable, es responsable de todo, incluso de
sus propias fuentes, y cuando se habla de que en el Ministerio del
Interior no hay información, no se refiere sólo a su despacho, señor
Ministro, se refiere al conjunto de los despachos del Ministerio del
Interior. Y los despachos del Ministerio del Interior están emitiendo
opinión e información a los medios de comunicación y usted tiene el deber
de explicarla.

Ayer ha contestado el Presidente del Gobierno. Hoy tiene que contestar
usted, no sólo sobre si es verdad o no que se han pedido 600 millones de
pesetas para comprar el silencio, sino si estas fuentes son del
Ministerio del Interior, aspecto muy importante para tener credibilidad
ante los medios de comunicación.

Señor Belloch, usted, legítimamente, ha recordado sus posiciones y
posturas pasadas y, para sí mismo, ha invocado la coherencia de quien
mantiene idénticas posturas y reiterados posicionamientos --cito
literalmente.

En el «Diario 16» del 11 de mayo de 1987 --un año antes de producirse las
declaraciones que usted ha citado--, a una pregunta del periodista sobre
la parte de responsabilidad que corresponde a los jueces, usted
contestaba: «Repito desde hace 10 años» --supongo que hoy será desde hace
17 años-- «que la policía depende del Poder Ejecutivo y no del Poder
Judicial. Sobre esa policía a las órdenes del Gobierno socialista
descansa la carga de aportar pruebas que permitan, eventualmente, juzgar
y condenar a los delincuentes. Por eso es literalmente escandaloso
pretender imputar responsabilidades o méritos a los jueces». No estamos
ante un asunto, señor Belloch, en el que quepa descansar en la
responsabilidad del juez las acciones, de acuerdo con su propia doctrina,
señor Belloch, que antes usted la respaldaba como juez y que ahora, como
miembro del Gobierno socialista, debe usted de reiterarla y debe usted de
comunicar a esta Cámara lo que desde que es Ministro de Justicia e
Interior ha hecho para impulsar las acciones policiales tendentes a
esclarecer los hechos delictivos, parte de los cuales hoy se debaten
desde el punto de vista de su responsabilidad política y otra parte
siguen su trámite en el proceso abierto.

Yo le pedía credibilidad, señor Ministro, y se la vuelvo a pedir:
credibilidad. La credibilidad no sólo consiste en decir cosas muy
rotundas y con mucha convicción, sino que creo que exige algo más
sencillo, que es acomodar las palabras a los hechos y acomodar las
declaraciones a las acciones. Usted y el señor González estos días han
hecho declaraciones y han pronunciado palabras en relación con estos
acontecimientos. Por ejemplo, el señor González y usted --ayer, el señor
González, usted hoy-- coinciden en reclamar una concepción seria y
rigurosa del Estado de Derecho, que es justamente la que impide
pronunciarse sobre las actuaciones del juez --ayer el señor González, hoy
el señor Ministro de Justicia e Interior--. De acuerdo. Pero me permito
añadir: una concepción seria y rigurosa del Estado de Derecho también
exige que el Gobierno cumpla con su deber ejerciendo los derechos que le
concede el Estado de Derecho. Y sobre todo, señor Ministro, usted ha
dicho aquí que pide que se permita trabajar a todos los poderes del
Estado. No ha citado --estoy seguro que no porque lo rechace, sino
probablemente por un «lapsus» inconsciente-- al Parlamento. Uno de los
poderes que debe trabajar y que está trabajando es el Parlamento.

Por tanto, si ustedes quieren cumplir con las obligaciones que les impone
el Estado de Derecho, justamente para demostrar que tienen una concepción
seria y rigurosa del mismo, no pueden ignorar que en el punto 1 del
artículo 161 del Código Penal se establece un tipo específico de
calumnias e injurias cualificado respecto del tipo general que viene
regulado en el artículo 453 y siguientes del Código Penal. En este
artículo 161, que por cierto, figura en el Capítulo I del Título II, que
lleva como rúbrica «Delitos contra los altos organismos de la Nación», se
establece la pena de prisión mayor para los que injuriaren o calumniaren
al Gobierno. Y, repito, es un tipo penal específico y cualificado, toda
vez que la calumnia es sancionada normalmente con arresto mayor o prisión
menor.

¿Y por qué se hace esta cualificación? Porque por parte del legislador se
concede una especial protección penal al injuriado o al calumniado frente
a los ataques a la dignidad, prestigio y autoridad moral, en este caso
del Gobierno. Es decir, el Gobierno en este caso, y los poderes del
Estado en general, son un bien jurídico de tal naturaleza que están
protegidos por los artículos que le acabo de citar y que, además, cuando
las ofensas se dirijan al Gobierno, no cabe dejar que la iniciativa la
tome, si lo considera conveniente, la parte ofendida: es que es
perseguible de oficio cuando el injuriado o el calumniado es una alta
autoridad del Estado o del Gobierno de la nación. Y luego dice que,
además, en este caso tampoco cabe el perdón. Fíjese usted si se reconoce
por parte del legislador una protección a un bien que pertenece a todos
los ciudadanos, en este caso dignidad, prestigio, autoridad moral del
Gobierno.

En resumen, señor Ministro, el Gobierno no puede renunciar, quiera o no
quiera, a proteger su dignidad en los términos en que le ampara el
artículo 161.1 y, por tanto, está obligado a ejercer las acciones penales
que se derivan del mismo, y esas acciones no son a las que usted se ha
referido de personarse en el sumario; no, señor Ministro.

Mire usted, en las informaciones que conocen todos los ciudadanos, con
testimonios públicos, se afirma por parte de los señores Amedo y
Domínguez que los GAL eran un



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montaje del Gobierno. Yo no estoy hablando del sumario, estoy hablando de
testimonios públicos de dos ciudadanos, ex policías, que afirman que los
GAL, a los que se les atribuye una serie de acciones delictivas, entre
las cuales hay unos cuantos asesinatos, eran un montaje del Gobierno
Esta obligación del Gobierno, señor Ministro, viene reforzada por la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, que no voy a citar en este momento, y que
refuerza este deber del Gobierno, en defensa del Estado de Derecho, de
actuar cuando se haya afectado a su dignidad, a su prestigio y a su
autoridad moral.

¿Qué pasa, señor Ministro, si el Gobierno, como ha hecho hasta ahora,
comete la torpeza de no iniciar acciones al amparo de este artículo? ¿O
por qué no ha tomado la iniciativa, al amparo de este artículo? Pues
quizá tenga que ver con lo que, en relación con la «exceptio veritatis»,
acontece con esta iniciativa, y es que el artículo 456 del Código Penal
dice que «el acusado de calumnia quedará exento de toda pena probando el
hecho criminal que hubiere imputado». Y en el supuesto de injurias, es de
destacar que la «exceptio veritatis» sólo cabe cuando éstas fueran
dirigidas contra funcionarios públicos (es decir, en este caso) sobre
hechos concernientes al ejercicio de su cargo o suponga imputación de
delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio.

Es decir, estamos ante dos supuestos: calumnias o injurias, incluidos de
lleno, por tratarse de injurias o calumnias al Gobierno, en la «exceptio
veritatis» del artículo citado.

¿Tienen ustedes miedo a que los señores Amedo y Domínguez puedan probar
su verdad? ¿Es ésa la razón por la que, al amparo del Estado de Derecho,
en virtud del cual ustedes no quieren interferir en un proceso judicial,
no están cumpliendo con su deber, en defensa de la dignidad y el
prestigio del Gobierno, de actuar contra los señores Amedo y Domínguez?
¿O qué otra razón hay para justificar su torpeza jurídica, teniendo en
cuenta que el señor Ministro es un jurista de calado?
Y, finalmente, señor Ministro, a pesar del secreto del sumario, hay
miembros del Gobierno que han hablado, no sé si porque conocen el
sumario, a pesar del secreto, o porque, por otras vías de intuición
(aunque generalmente algunos han demostrado que saben informarse muy
bien), tienen acceso a estos datos. El señor Serra, Vicepresidente del
Gobierno, ayer, en una conversación que publica «Diario 16», informa a
Miguel Roca: Miguel no te preocupes, Garzón se ha equivocado con Amedo y
Domínguez. En cuanto el caso GAL pase a una instancia judicial superior,
Audiencia Nacional o Sala Segunda del Supremo, se acabó el tema, porque
no hay ninguna prueba.

Menudas afirmaciones de respeto a la justicia y, sobre todo, menudas
afirmaciones para poner en consonancia con lo que ustedes no saben en
virtud del secreto del sumario. Y don Felipe González, ayer, sentencia
definitivamente este asunto y niega toda responsabilidad política,
aferrándose a una tesis insostenible, que es con la que yo quiero
concluir, señor Belloch. Desde hace mucho tiempo, el señor González viene
sosteniendo que si los jueces condenan civil o penalmente a una persona,
ahí se acaba todo, en la responsabilidad de esa persona. Señor Belloch,
eso no es así, y mucho menos en la España de Felipe González. Es decir,
en la España que hemos vivido después de doce años de Gobierno socialista
presidido por Felipe González, porque las cosas que pasan a manos de los
jueces, y podemos citar de pasada --y no entro en ellas, las cito de
pasada como ilustración-- los casos Juan Guerra, Renfe, Kio, Filesa,
Ibercorp, Roldán, Rubio, Banesto o GAL, son asuntos en los que, de una u
otra forma, el Gobierno del señor González o los ha auspiciado o los ha
autorizado o los ha amparado o los ha tolerado o los ha consentido o ha
sido negligente para atajarlos.

Concretamente, en este caso, en el caso que nos ocupa, señor Belloch,
además de afectar a los ex policías Amedo y Domínguez, que ya es mucho
decir, afecta a don Julián Sancristóbal, ex Gobernador Civil de Vizcaya y
ex Director General de la Seguridad del Estado, a un Jefe Superior de
Policía de Bilbao y al Jefe de la Brigada de Información de Bilbao en
aquella época. Señor Belloch, yo no conozco el sumario, y acepto la
presunción de inocencia del señor Sancristóbal y de los demás implicados
--la acepto de antemano y la proclamo en nombre de mi Partido--, pero
dígale usted al señor González, señor Belloch, que en estas
circunstancias, cuando los jueces condenan civil o penalmente a personas
que tuvieron o tienen vínculos con la Administración, están condenando
políticamente a quien con su estilo de Gobierno propició estas conductas.

Señor Belloch, dígale al señor González que si los jueces condenan al
señor Sancristóbal, políticamente condenan al señor González y a su
Gobierno. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.--¡Muy bien, muy
bien!)



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Albistur tiene la palabra. (Rumores.)
Guarden silencio, señorías, por favor. (Pausa.)



El señor ALBISTUR MARIN: Estoy esperando a que terminen de hablar para
poder intervenir.




El señor PRESIDENTE: Tiene usted toda la razón. Vamos a estimular a SS.

SS. al silencio.

Señorías, por favor, va a intervenir el señor Albistur.




El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente y gracias también a
los señores Diputados.

Señor Ministro, no he tenido oportunidad de saludarle a la entrada,
porque estaba usted rodeado de muchísimo público, pero le tengo que
agradecer, por lo menos a título personal, su comparecencia,
manifestando, como también manifesté ayer a la hora de pedir su presencia
aquí, que estoy convencido de su talante, de que las afirmaciones que
usted ha hecho de alguna forma sobraban, porque ya las podemos reconocer,
que su presencia aquí es institucional y que usted, de alguna forma,
carga con un muerto en función de que le corresponde ser Ministro del
Interior.

Pero dicho esto, también tengo que decir, a la vista del escaso eco que
tuvo en la prensa y en los medios de comunicación y ante la opinión
pública la Comisión de Justicia de ayer, que fue robada por la presencia
de don Felipe



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González en una rueda de prensa improvisada, que más bien parece una
jugarreta de niño listillo de patio de colegio y significa, a mi modo de
entender, poco respeto al Parlamento --pero los minoritarios ya estamos
habituados a ello--, tengo que decir --repito-- que España está como está
como consecuencia, diríamos, de una línea política poco seria.

Ayer no sólo pedía su comparecencia, sino también otras que creo que son
necesarias: la de un ex Ministro del Interior, la de un ex Vicepresidente
del Gobierno, la de un ex Director General de la Policía y también la de
un ex miembro del Partido Socialista, porque sus declaraciones --que creo
que son graves y precipitadas estos días, además de confusas--, a mi modo
de entender, pretenden desviar la atención. Creo que no se debe hacer
solamente en la prensa, sino que se deben hacer fundamentalmente en este
Parlamento. Alguno de ellos quiere defenderse, y qué mejor que este
Parlamento para que llegue a la opinión pública, para que conste en el
«Diario de Sesiones» y para que sus razones --porque parece que tienen
razones y conocen datos-- puedan esclarecer la situación. Insisto en que
vengan y que aclaren esto ante la opinión pública; pero que vengan
también el señor Amedo y el señor Domínguez y los funcionarios
encausados, que comparezcan y lo digan ante la opinión pública, porque me
parece que es mejor que hacerlo en las páginas de un periódico, ahí ya
tendrán oportunidad de hacerlo; pero me parece que este Parlamento es la
expresión del pueblo español y creo que como tal aquí es donde debe
exponerse primero.

Tampoco soy jurista, pero estoy aquí por una responsabilidad política y
porque he sido elegido como político. Quiero que mis preguntas tengan
este cariz y este matiz fundamentalmente. Ya nos ha dicho usted que se va
a personar en el proceso, y mi primera pregunta --después le haré otra--
va precisamente en esa línea. Además de esta personación, ¿qué está
haciendo positivamente el Ministerio del Interior --cuando digo
positivamente me refiero a detectar y tratar de erradicar vestigios del
GAL que existan en el Ministerio del Interior--, en cuanto a plantear
ceses o dimisiones, como las que ya se han podido producir, que se puedan
deber a antiguas vinculaciones o pertenencias con el GAL o procedimientos
parecidos? ¿Qué está haciendo positivamente el Ministerio del Interior
para esclarecer un pasado oscuro, dar con los responsables y hacer que el
Ministerio y sus funcionarios queden libres de toda sospecha? Es decir,
que se actúe, como usted nos ha reiterado, de acuerdo con los principios
que marca un Estado de Derecho. Esta es mi primera pregunta.

Como introducción a la segunda diré que usted nos ha hecho un panegírico
de la lucha antiterrorista, panegírico en el cual yo coincido. Pero le
quiero repetir algo que ya le dije un día al señor Corcuera en una
comparecencia con motivo de la muerte de dos miembros de ETA, o de la
muerte de uno y la detención de otra persona, en el sentido de que no
podemos confundir el todo con la parte, repito, no podemos confundir el
todo con la parte. Este hecho me parece muy grave, señor Ministro. Sobre
todo, que no se utilicen las Fuerzas de Seguridad del Estado como un arma
arrojadiza y que no nos coloquen a los parlamentarios que hoy tenemos que
hacer una crítica sobre este tema en una posición difícil.

Creo que no hay ninguna duda sobre la eficacia de la lucha antiterrorista
de las Fuerzas de Seguridad del Estado y de las de la Etzantza en estos
momentos. Pero la experiencia de acciones individuales no es esa, repito,
experiencia de acciones individuales o de grupos minoritarios no es ésa.

Todavía hay indicios de torturas y todavía hay falta de respeto a los
derechos humanos que no ha sido suficientemente esclarecida. Creo que es
necesario evitar confundir al Parlamento y a los ciudadanos precisamente
con manifestaciones en las que parece que cuando estamos rozando a
miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado estamos atacando a las
Fuerzas de Seguridad del Estado. Nada más lejos de esa situación. Pero lo
quiero dejar bien claro porque me parece importante.

¿Usted cree, de verdad, que aquí no ha pasado nada? Usted, no
personalmente, no como señor Belloch, sino como representante del
Gobierno en esta Comisión, ¿cree que no ha pasado nada con el GAL? El
caso del GAL es, con mucho, el más grave y perturbador caso de corrupción
de la democracia española y lo es no sólo porque traiciona y viola
innumerables artículos a la Constitución y diversas leyes, sino porque
corrompe de raíz lo que es la misma esencia de la democracia. El que haya
ciudadanos que justifiquen estos hechos, aunque no sean la mayoría, como
a algunos parece que les gustaría creer porque así lo han manifestado, es
precisamente lo que convierte al GAL en terriblemente peligroso.

Usted ha dicho --y lo ha reiterado también en la prensa, después lo
diré-- que los hechos del GAL sucedieron hace una década. Podían haber
sucedido hace cincuenta años; siguen sin ser juzgados y sin ser
esclarecidos. Nadie, por supuesto, va a devolver la vida a los muertos
que produjeron, como nadie tampoco la podrá devolver a quienes ha matado
ETA, pero desde Euskal Herria, desde Eukadi, desde la particular
percepción que aquí tenemos sobre lo difícil y trabajoso que es convencer
día a día a tanto escéptico de las bondades del diálogo, de las virtudes
de la paz, de la necesidad de rechazar desde la conciencia íntima de cada
uno la tentación de recurrir a la fuerza --cosa que en estos momentos
está siendo de actualidad--, para muchas personas las cosas que estamos
teniendo que oír desde que Garzón encarceló a Sancristóbal, a Planchuelo
y a Alvarez, nos caen, por lo menos, como un mazazo. Es quizás la
expresión más gráfica.

Si hace una semana al encender la radio o leer el periódico oías hablar
de unos encarcelados que son luchadores por la libertad, podía asegurar,
sin asomo de ninguna duda, que quien hablaba era un portavoz de HB o de
KAS o de las Gestoras Proamnistía. Hoy, desgraciadamente, tendría que
esperar a saber quién habla o de quién se habla para saber a qué bandos
pertenecen. Yo, desde luego, y creo que los que estamos aquí, no
pertenecemos a ninguno de los dos.

Creo que el Gobierno ha perdido serenidad, y me da la impresión de que
además lo está demostrando. Y tiene razón porque el asunto es mucho más
grave de lo que parece. Esa falta de serenidad es consecuencia de
encontrarse con un paquete encima de la mesa que es comprometido.




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Además de serenidad tiene que pedir a ciertas personas, por el conducto
reglamentario si procede, silencio, examen de conciencia y
arrepentimiento público, y de momento de eso no se ve nada por ninguna
parte. Creo que justificar lo que hizo el GAL y a quines le apoyaron es
volver a dar alas a la violencia y mantener el discurso similar al de HB,
pero en este momento desde funcionarios del Estado o desde miembros o
representantes del Estado y de partidos que sostienen el Estado. Es
intolerable que se califique de luchadores por la libertad o se insinúen
interpretaciones históricas desfasadas hace diez años o que la democracia
está o ha estado en peligro para reinterpretar la actuación de unos
miembros del Estado en el caso GAL. Justificarlo es un retroceso
democrático. Creo que hay que decir que es ir contra el pacto de Ajuria
Enea y también, consecuentemente, contra el pacto de Madrid.

Se acaba de producir en estos momentos en HB un retroceso histórico grave
como es el reconocimiento público por la Mesa Nacional de HB de la
justificación de la lucha armada, tema que todos esperábamos que iba a
abandonarse. Casualmente coincide con la aparición del tema del GAL. Mi
pregunta, entonces, en concreto es, ¿cuál es la opinión política del
Gobierno sobre el GAL y sobre los hechos que esta banda armada y sus
dirigentes, o por lo menos protagonistas, protagonizaron? Hay opiniones
que verdaderamente preocupan, por eso le hago esta pregunta, porque tengo
la impresión de que hay otras respuestas. Hay ministros que dicen que
tienen la impresión de que en 1994 se pretende analizar el mundo de 1980
con parámetros que son totalmente distintos de los que existían en
aquella época, lo cual es una mala forma de analizar las cosas. Hay
también ex ministros que dicen que todo este asunto está siendo
disparatado desde el primer momento, que parece que es una obligación
elemental, no sólo como derecho personal sino hasta como hasta una
obligación cívica y política, el tratar de utilizar todos los recursos
que nuestro ordenamiento nos otorga para evitar esta cadena de
disparates, y reclama para ellos la presunción de inocencia y un
reconocimiento público por los grandes servicios que han prestado,
siempre de acuerdo con el Estado de Derecho, en la lucha contra el
terrorismo de ETA en este país.

El señor Vera, refiriéndose finalmente a la causa sobre Sancristóbal y
Planchuelo, tras reflexionar sobre la situación que había en España en
1982, con siete u ocho grupos terroristas, dijo que entonces los
activistas de ETA político-militar con delitos de sangre cruzaban la
frontera y no pasaban por prisión ni por ningún procedimiento judicial, y
parece que también saca su propia conclusión.

Señor Ministro, creo que, hecha la pregunta, el caso GAL debe ser
investigado hasta el final y sin las trabas que desde el Gobierno se
pusieron antes, trabas que se refieren fundamentalmente a la
investigación de los fondos reservados. Pero hace falta algo más, por eso
le hago la pregunta. Desde el discurso político hay que empezar a decir
cosas claras: que el GAL fue un terrible crimen y un monstruoso error;
que el señor Sancristóbal y compañía no pueden ser definidos como
luchadores por la libertad, pero tampoco el señor Sanepifanio --Pipe--,
por supuesto; que la violencia y el terrorismo no son una excrecencia del
nacionalismo, sino que cualquier movimiento o grupo que en un momento
dado se siente investido de una misión sagrada y protegido por la
suficiente dosis de impunidad puede actuar de esta manera. Y todo esto
hace falta porque este país sigue necesitando paz y reconciliación y, en
estos momentos, serenidad, y flaco favor le están haciendo a la paz
quienes encuentran motivos de comprensión para los GAL. Hoy militan en el
Partido Socialista de Euskadi personas que en otro tiempo demostraron
valentía y entereza moral para enfrentarse al discurso de la violencia y
conseguir que una parte de ETA abandonara las armas; yo hecho de menos su
silencio en estos momentos y no creo ser el único.

La regeneración de la vida política --lo decía ayer en la Comisión y lo
vuelvo a repetir hoy-- es una tarea que se va demostrando día a día como
inaplazable. Lo exige una ciudadanía cada vez más confundida, lo están
exigiendo incluso los datos de una situación económica que, con una
recuperación que es real, necesita estabilidad y seriedad en la
administración de la cosa pública para poder consolidarse, pero esta
regeneración no puede limitarse a vagas proclamas de buenas voluntades,
tiene que empezar a hacerse visible con gestos directos, con palabras
claras, con respuestas claras a la pregunta que le he planteado, con
hechos que la gente común y corriente pueda entender como inequívocos
signos de un cambio de actitud.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el
señor Olarte tiene la palabra.




El señor OLARTE CULLEN: Señor Ministro, ésta es la primera ocasión a lo
largo de mis intervenciones en esta legislatura en que con motivo de la
comparecencia de un ministro, no inicio mi intervención agradeciendo su
presencia, y no la agradezco por razones obvias, porque el señor Ministro
ha comparecido hoy aquí a la fuerza, a trancas y barrancas, y no porque
tal haya sido su voluntad personal, que en tal sentido conocemos su
talante, sino porque desde el primer momento ya el portavoz del Grupo
Socialista, señor Almunia, expresó que no tenía por qué comparecer el
Gobierno en este caso, criterio que se siguió hasta que ayer,
afortunadamente, se convencieron quienes no lo estaban inicialmente de
que no sólo no cabían dilaciones, sino que, por el contrario, eran
perturbadoras para la credibilidad de las instituciones, para la marcha
del país, para muchas cosas.

Hoy tiene lugar la intervención del señor Ministro. Acabamos de escuchar,
cuando no ha terminado todavía el primer tercio de esta legislatura --no
sabemos si la legislatura terminará en el plazo inicialmente
establecido--, la intervención del tercer Ministro de Interior; nos
parece, evidentemente, que son muchos ministros para haber transcurrido
tan corto espacio de tiempo de la legislatura. Esto, de suyo, ya requiere
un análisis y una meditación. Hemos visto cómo el señor Ministro ha
llegado a una conclusión que yo ya anunciaba con motivo, me parece que
fue, de la comparecencia --también a trancas y barrancas-- del señor
Presidente del Gobierno tras la fuga escandalosa de Roldán: que
evidentemente malo era conjugar en



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una sola cartera la responsabilidad de Justicia e Interior, no sólo por
la pesada carga que en este momento estará soportando el señor Ministro
--que tiene que cargar, valga la redundancia, con un mochuelo que no le
corresponde--, sino (y sabido es --tantas veces lo he dicho yo-- que en
política no se puede tomar a beneficio de inventario; ésa es la tragedia
de asumir responsabilidades que otros ejercieron anteriormente), sino
también, decía señor Ministro, porque es evidente que hoy no puede llevar
las responsabilidades del Ministerio de Justicia, a pesar de la elevada
categoría y el elevadísimo nivel de sus colaboradores en el Ministerio,
como lo habría llevado en el supuesto de no tener que estar titularizando
las responsabilidades de Interior, que a buen seguro están
monopolizándole todas las horas disponibles del día.

Yo sé que hace once años el señor Belloch no era ministro de Justicia.

Pero yo no diría hoy eso de excusatio non petita, accusatio manifesta
porque nada más lejos estaría de mi ánimo que formularle la menor
acusación de connivencia, de conformidad, de complicidad con todo lo que
la opinión pública cree que ha ocurrido, porque, a lo largo de años, el
señor Belloch ha podido acreditar cumplidamente su talante. No tenemos la
menor duda y lo hemos pregonado en más de una ocasión.

Pero el señor Ministro hoy, que se encontraba con una difícil
comparecencia, ha tenido que tratar de salvarla, primero, personalizando
como para hacernos olvidar que si él no lleva esos once años, el Gobierno
presidido por Felipe González lleva trece años, más de once y, por tanto,
sí que se encuentra absolutamente inmerso durante esta temporalidad. Y,
por otra parte, ha tratado el señor Ministro de judicializar un tanto la
cuestión, dándonos una especie de cursillo teórico rápido para los
principiantes en Derecho procesal, explicando el secreto del sumario, lo
que es, lo que se puede decir o no y sin discernir habilidosamente que
una cosa es la carga de responsabilidad política, la investigación
política, y otra lo estrictamente judicial; que lo primero no empece a lo
segundo y que la actividad de este Parlamento, al igual que la judicial,
pueden ser perfectamente paralelas, lo cual no quiere decir que sean
mínimamente perturbadoras ni que deban serlo entre sí.

El señor Presidente ayer compareció con esa afición que yo calificaba de
tender a pinchar globos. Ya trató de pincharlos cuando se le obligó a
comparecer, a instancia de Coalición Canaria entre otras fuerzas
políticas, y lo hizo ante el Pleno del Congreso para hablar del caso
Roldán, coincidiendo con el nombramiento del señor Ministro como
responsable también de Interior, y ahora lo vuelve a hacer como
sustrayendo al Parlamento la posibilidad de que sea éste quien «prima
facie», en primera ocasión, pueda conocer los hechos, pueda valorarlos y
pueda expresarse respecto a los mismos.

Aquí lo que ha ocurrido es que el Gobierno socialista, y desde luego el
partido que lo apoya, han aplicado esa creencia de que siempre que llueve
escampa, y después de los escándalos que se han producido con las
detenciones recientemente operadas por el señor Garzón, se han resistido
a que se produjera esta comparecencia de hoy, con la cual, como nosotros
presumíamos ayer, sobre todo tras la intervención del señor Presidente
del Gobierno, nada se ha aclarado.

Nosotros no estamos en absoluto, al contrario, en contra de que se
defienda la presunción de inocencia de cualquiera, pero hay que reconocer
que, a base de tantos errores, y de estos errores que se han acumulado en
las últimas fechas por parte del Gobierno y del partido que le apoya, lo
que se ha generado en la opinión pública es algo grave. La opinión
pública no entiende de interpretaciones normativas ni de interpretaciones
constitucionales, en absoluto. En la opinión pública lo que ha anidado,
lo que ha tomado cuerpo y lo que es evidente que existe en este momento
es una presunción de culpabilidad, que es realmente perturbadora para la
imagen de las instituciones, lo cual tenemos que lamentar profundamente.

Como consecuencia de todo ello, de estos dislates, de estos errores, de
esta tozudez con que ustedes han demostrado que no sólo, como se suele
decir en los debates parlamentarios, son tozudos los hechos, sino las
personas y las organizaciones políticas también, se ha producido algo
lamentable. Cuando evidentemente la economía da signos de recuperarse,
cuando parece que el desempleo se está conteniendo, tiene lugar esa
reacción de los mercados financieros como consecuencia de los últimos
escándalos políticos, una de cuyas reacciones es precisamente la que
tiene lugar ayer, otro día negro para las cotizaciones bursátiles, y que
se produce horas después de la intervención del señor Presidente del
Gobierno en una rueda de prensa.

Los escándalos son el pan nuestro de cada día, porque, evidentemente,
cada día tenemos que desayunarnos con un nuevo escándalo, que, en
ocasiones, nada tiene que ver, en el fondo, con el anterior,
conceptualmente no tiene nada que ver, pero que vienen acumulando una
serie de despropósitos que hacen que toda esta situación se haya
producido.

Por eso era imprescindible, señor Ministro, su presencia aquí. Era
imprescindible y han faltado reflejos para que se produjera. Era
imprescindible porque queríamos no sólo conocer su aportación personal al
respecto, sino conocerla en lo formal y sustantivamente también. Y para
escuchar su compromiso formal, del cual nos congratulamos, como no podía
ser menos, de una colaboración imprescindible para la Administración de
Justicia, con esa Administración de Justicia de la que usted procede y,
por tanto, aunque ostente responsabilidades en el Ministerio del
Interior, estoy seguro de que sabe conjugar lo uno con lo otro o por lo
menos debe saberlo.

Ayer decíamos que nunca, en los dieciséis años de democracia española, ha
habido una situación semejante a la actual: que un juez, Baltasar Garzón,
que hace año y medio aproximadamente era incorporado por el Presidente
del Gobierno a su lista electoral como candidato nada menos que con el
número dos, como símbolo de la voluntad de regenerar la vida española y
de moralizarla, basándose precisamente en el Poder Judicial, con la
finalidad de dotar de transparencia la actuación pública, que empezaba a
alarmarse por casos de corrupción que ya en los estertores de la anterior
legislatura se habían producido, haya decretado la prisión incondicional
contra el antiguo número dos del



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Ministerio del Interior, acusándole de delitos gravísimos, de delitos
realmente deleznables.

La actitud del Gobierno ha sido lamentable. Por un lado, ha negado los
hechos, afirmando que ni el Gobierno ni el Ministro del Interior jamás
tuvieron conexión alguna con el GAL, pero, por otro, se ha puesto de
manifiesto una campaña peligrosísima, en virtud de declaraciones que,
aunque no sean constitutivas de tal campaña, dan lugar a ello, a que
parezca que se comprende que se puede apoyar el llamado terrorismo de
Estado con pérdida absoluta de referencia a uno de los principios
esenciales que conforman nuestra democracia, como es la sujeción total de
los poderes públicos a la legalidad.

Esto es lo que está en la calle y, al fin y al cabo, nosotros no somos
otra cosa que portavoces del sentimiento popular y transmisores aquí,
unos a otros, de las preocupaciones recíprocas que nos embargan.

Esta situación se ha agravado al existir noticias y actuaciones
judiciales sobre ese presunto uso masivo y abusivo de los fondos
reservados del Ministerio del Interior; cuyo uso y cuyo control Coalición
Canaria --ayer lo decía y hoy lo repito-- fue la primera fuerza política
que aquí quiso encauzar y que quiso controlar y que, desde luego, sufrió
actuaciones de obstruccionismo incluso parlamentario por supuestas
reacciones de fondo, para que a la larga tuviese que prevalecer nuestro
criterio de que ese control era imprescindible, con lo cual estamos
absolutamente convencidos de que se produce un criterio coincidente con
el del señor Ministro.

Nosotros nos sumamos hoy a las preguntas que han formulado algunos otros
portavoces de otras fuerzas políticas y fundamentalmente seguimos con la
duda, con la necesidad y con el deseo de clarificar si efectivamente
usted, señor Ministro, se ha negado a seguir pagando a Amedo y Domínguez
ese medio millón de pesetas al mes que al parecer venían recibiendo y, en
tal caso, desde cuándo y en virtud de qué autorizaciones lo recibían.

También ayer decía yo que permitió al señor Amedo, en ese esperpéntico
acceso del mismo al tercer grado que nosotros aquí hace varios meses
repudiamos, entre otras cosas disfrutar de unas vacaciones en mi tierra,
allá en Maspalomas, dando una imagen ante toda España que aquí nosotros
anticipadamente criticábamos ya y a la cual nos hemos seguido oponiendo.

En definitiva, señor Ministro, es indiscutible que se ha extendido un
gravísimo desprestigio del Gobierno, que no bastan los desmentidos, que
hay que ofrecer hechos, que hay que saber reaccionar y que aquí no se ha
sabido reaccionar. La cooperación incondicional con la Administración de
Justicia es fundamental y también lo es con el Parlamento, porque son
actuaciones paralelas y jamás incompatibles. Si no se hace así, el
deterioro se va a seguir extendiendo a las instituciones democráticas en
general.

Este desprestigio, insistimos, es consecuencia de tales errores y ello
hay que cortarlo, porque viene afectando seriamente a la sociedad y a la
economía. Nosotros no podemos tolerarlo y tenemos que recordar lo que
decíamos ya con motivo de aquella comparecencia que tuvo lugar tras el
acceso al tercer grado de Amedo y Domínguez. En aquel momento decíamos
que el Gobierno pretendía con esa decisión, otorgándoles la semilibertad
a Amedo y Domínguez, cerrar definitivamente la posibilidad de que con
cualquier declaración de éstos se reabriera el sumario y, por tanto, se
pudieran depurar presuntas responsabilidades penales y políticas de
quienes fueron los superiores jerárquicos de éstos. No se logró, señor
Ministro. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la
Presidencia.)
Ni Coalición Canaria ni nadie (decíamos entonces y lo seguimos diciendo
hoy) podemos creer que Amedo y Domínguez actuaran sin el conocimiento ni
la colaboración de algún superior. Lo creíamos entonces, repito, y lo
seguimos creyendo hoy, pese a la credibilidad que nos merezca en lo
personal y por su trayectoria profesional el señor Ministro. El propio
Amedo lo había insinuado con anterioridad a su acceso al tercer grado, y
posteriormente se ha puesto de manifiesto que aquellas insinuaciones
traen causa de las declaraciones últimamente verificadas.

La realidad --y con ello termino, señor Presidente-- dura, durísima o,
mejor dicho, tristísima, es que todo el país --no nos engañemos-- intuía
primero --y hoy tiene la evidencia-- que el GAL fue un montaje nacido de
algún recoveco del aparato del Estado y que hoy se vuelve contra el
Estado mismo en virtud de tantos dislates, de tantos despropósitos y de
tantos errores.

Nosotros, sumándonos a las preguntas que otros intervinientes han
realizado anteriormente, afirmamos que, si es verdad que el GAL se
propició desde esas llamadas instancias superiores a los delincuentes
Amedo y Domínguez, malo será también que, sin haberse producido, la
opinión pública considere que tuvo lugar precisamente desde el apoyo del
Gobierno mismo o por lo menos de responsables importantes del Gobierno.

Flaco servicio, en tal caso, el que se ha prestado a las instituciones y
a la credibilidad del sistema; en cualquier caso, lamentable.

Señor Ministro, esto es motivo de tristeza para todos, pero
responsabilidad exclusiva --sea verdad o no lo sea-- del Gobierno, de ese
Gobierno que desde el año 1982 viene presidiendo don Felipe González.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Por el Grupo Vasco (PNV),
tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, esta Comisión de Justicia e
Interior decidió, en la mañana de ayer, lo que no era más que una
obviedad: la necesidad de que usted compareciera urgentemente ante la
misma. De hecho, esta comparecencia se está produciendo en el día de hoy.

En el debate que tuvo lugar ayer, a modo de conclusión de las razones
justificativas de su comparecencia y críticas con su resistencia o su
aparente resistencia --todo el mundo le está haciendo esta imputación,
señor Ministro; a mí no me consta que usted se resistiera personalmente a
comparecer--, mi Grupo terminó su intervención indicando que su talante,
su actitud política en estos momentos, ha demostrado que es un Grupo
defensor de los valores políticos de la estabilidad, e incluso dije algo
más en nombre de mi Grupo, dije que estamos dispuestos a hacer



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grandes contribuciones --las que podamos-- al valor de la gobernabilidad
también. Este es un valor importante políticamente, es un valor de gran
relieve, porque ésta es la fórmula eficiente de resolver los problemas de
los ciudadanos, y para eso estamos los políticos, señor Ministro, para
resolver eficientemente los problemas de los ciudadanos. Pero hicimos una
advertencia: nunca se va a producir este apoyo de mi Grupo ni a los
valores de la estabilidad, ni a los valores de la gobernabilidad, desde
luego, desde las prácticas impunes o desde la consolidación de la
impunidad con prácticas criminales, con prácticas antidemocráticas, o
nunca mi Grupo va a tolerar que se consoliden institucionalmente, que se
consoliden políticamente, actitudes tolerantes o comprensivas con una
práctica perversa y más perversa que nunca en estos momentos: la de la
defensa corporativa de antiguos compañeros en responsabilidades
administrativas como fórmula de resolución de problemas de la gravedad de
los que estamos analizando.

Y en este contexto se enmarca, desde la oposición o desde la opinión de
mi Grupo Parlamentario, su comparecencia. Y adquiere relieve político, un
relieve político de primera magnitud su comparecencia, señor Ministro,
porque usted tiene, en representación del Gobierno, la obligación moral y
política de desmentir, de reprimir intelectualmente y, desde luego, de no
dar ningún tipo de pábulo a reflexiones políticas equívocas --y creo que
soy todavía generoso en el calificativo-- que están haciendo altos
miembros de la Administración, ex altos miembros de la Administración y
circunspectos opinadores en este momento.

Reflexiones como las del señor Vera, por ejemplo, pidiendo generosidad
con un fenómeno como el del GAL; reflexiones como las del señor
Eguiagaray, actual Ministro de Industria, intentando buscar un argumento
justificativo contextualizador en su época (analícese el fenómeno GAL en
virtud de los requerimiento de la coyuntura de la época, como si este
fenómeno tuviese alguna justificación historicista de algún tipo, como si
desde una perspectiva historicista se pudiera justificar, en algún
momento, el puro envilecimiento del Estado, que eso ha sido el GAL);
reflexiones como las del propio Presidente del Senado, señor Laborda;
reflexiones como las hechas por algunos sindicatos policiales;
reflexiones como las hechas por algunos colectivos de funcionarios de
prisiones; reflexiones públicas de conspicuos opinadores que ya no sólo
son equívocas, ya no sólo utilizan expresiones aparente o tácitamente
justificativas como que en otros Estados se han hecho cosas parecidas,
como que también se defiende o se reprime al Estado en las cloacas, lo
cual es la reflexión más equívoca y peligrosa que he oído en esta
legislatura y en anteriores, o como que el Estado, a veces, está
legitimado para envilecerse para reprimir determinados fenómenos
delictivos; reflexiones como éstas son las que usted debe reprimir
intelectualmente, usted debe descalificar como representante del
Gobierno.

Señor Ministro, sé que usted es un demócrata, y esto lo acreditan sus
reflexiones personales de hoy y el conocimiento que tenemos --y yo
particularmente-- de su trayectoria personal. Esas reflexiones personales
que usted ha hecho yo las conocía. Aquí no está sujeto a un examen de
ajuste a los requerimientos democráticos desde una perspectiva personal,
que todos lo conocemos, y su Gobierno es demócrata también. Pero estos
equívocos que se producen, esta confusión que están produciendo
declaraciones de esta naturaleza deben ser objeto de automática represión
intelectual por parte de usted, en la representación del Gobierno que en
este momento ostenta.

Usted tiene que estar de acuerdo conmigo, señor Ministro, en que si hay
implicaciones gubernativas en la trama GAL --y algunas implicaciones
gubernativas hay--, o por lo menos hay indicios de implicaciones
gubernativas en la trama GAL, indicios que han justificado la condena de
dos policías, indicios y luego una sentencia judicial que ha llevado a la
cárcel a dos policías, han condenado a dos policías, o indicios de
suficiente veracidad o fehaciencia que han justificado el encarcelamiento
de altos funcionaros del Ministerio del Interior, si estos indicios que
provocan implicaciones gubernativas, implicaciones estatales --no digo
del Gobierno, no digo de ningún Ministro, no sé ni de qué alto cargo
siquiera-- se pudieran demostrar, si en la determinación judicial de
estas responsabilidades se pudieran demostrar implicaciones
gubernamentales en la trama GAL, estaríamos en la afrenta y en el
atentado más atroz a los valores que inspiran el Estado democrático de
Derecho y estaríamos en el atentado más atroz a la propia justificación
de la existencia del Estado. Estaríamos en una contradicción y negativa
grave del principio del imperio de la ley, que es el que legitima la
actuación del Estado. Estaríamos contradiciendo y negando los valores
superiores del ordenamiento jurídico que consagra el artículo 1 de la
Constitución Española. Estaríamos negando y estaríamos afrentando el
deber de tutela de la vida, la libertad y la seguridad de los ciudadanos
que justifica la propia existencia de los Estados, entre otras razones.

Estaríamos, en definitiva, justificando el crimen, la tortura por
pretendidas razones de Estado, aportando, por ello, lo más grave de todas
estas circunstancias y valoraciones, en opinión de mi Grupo
Parlamentario. Lo más grave de todo esto --y usted ha hecho una apelación
a los esfuerzos de la sociedad civil de Euskadi en este momento en la
lucha contra el terrorismo--, es que estaríamos aportando elementos de
legitimidad a la propia organización ETA. Si esto fuera así, si alguien
equívoca, tácita o expresamente convalidara este tipo de actuaciones,
estaríamos atribuyendo legitimidad a ETA, señor Ministro, y estaríamos
deslegitimando y privando de eficacia a todo lo que desde la sociedad
civil y desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se está haciendo contra
ETA.

Tenemos que sacar la conclusión de esta Comisión, en virtud de palabras
inequívocas manifestadas por usted, de que el Estado democrático no es
igual que una organización terrorista, y que las pretendidas razones de
Estado no se pueden equiparar a los pretendidos objetivos políticos que
sirven para las organizaciones políticas como coartada moral para matar,
para secuestrar o para extorsionar.

Aquí se tiene que deducir con claridad de sus manifestaciones: primero,
una deslegitimación de quien afirme lo contrario, expresa, tácita o
equívocamente y, desde luego, mediante la manifestación expresa de que
las convicciones



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de su Gobierno son de que fenómenos como el GAL no se pueden volver a
producir y de que cuando se conozcan las implicaciones gubernativas, que
las hay en algún nivel --no sabemos en qué entramado, en qué nivel
jerárquico u orgánico de la Administración del Estado--, usted va a tomar
todas las medidas administrativas de carácter punitivo que en este
momento se tengan que tomar.

Queremos saber si usted --y ésas son las preguntas y manifestaciones
expresas que le gustaría a mi Grupo que contestara--, si tiene indicios
de ello, en virtud del conocimiento que tiene de los archivos
documentales de su Ministerio o de testimonios de funcionarios de su
Ministerio, piensa iniciar algún tipo de expediente informativo, de
expediente administrativo que permita depurar responsabilidades. Si usted
sabe algo del caso GAL, lo que fuera, a través de manifestaciones
testimoniales de funcionarios coetáneos con los que en este momento están
encausados o a través de elementos documentales de los que no han sido
destruidos o que todavía obren en su poder. Si usted tiene conocimiento,
a través de las actuaciones de la intervención de su propio Ministerio o
de la Intervención General del Estado, de posibles pagos presupuestarios
hechos a los señores Amedo y Domínguez. Si usted tiene conocimiento de si
se han hecho a los señores Amedo y Domínguez pagos de naturaleza
extrapresupuestaria, utilizando fondos reservados, lo cual constituye
algo políticamente mucho más grave. Si usted tiene conocimiento o ha sido
receptor directo de peticiones de dinero de los señores Amedo y Domínguez
y qué justificaban estas peticiones o qué tipo de favores pretendían
compensar estas peticiones de dinero. En definitiva, nos gustaría que
también manifestase qué medidas cautelares, qué medidas preventivas
piensa introducir en el seno de su Ministerio para que fenómenos tan
perversos como el GAL no se vuelvan a producir en el futuro. (El señor
Presidente ocupa la Presidencia.)
Las manifestaciones de su primera intervención han sido correctas, señor
Ministro. Eso es todo lo que puedo decir en este momento desde una
perspectiva valorativa, técnicamente correctas. Sus referencias
personales no necesitaba reproducirlas porque muchos como yo conocemos su
trayectoria profesional inequívoca, desde una perspectiva democrática
intachable. Usted es un viejo luchador --no por edad, sino
cronológicamente-- por los derechos humanos, y su apología al
funcionamiento y al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado es superabundante. No se equivoque, señor Ministro, nadie en esta
Comisión, nadie en este Parlamento está pergeñando una conspiración
contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Nadie en este
Parlamento, señor Ministro. Luego estas defensas apologéticas y
entusiastas al funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado quizás no es aquí donde las tenga que proyectar, sino en el seno
de estas Fuerzas o Cuerpos, si es que lo necesitan, o en ningún otro
sitio.

Señor Ministro, esto es lo que le pedimos fundamentalmente: que se acaben
los pábulos, que se acaben las informaciones equívocas, las manifestadas
por el señor Barrionuevo que, desorbitando la presunción de inocencia de
cualquier procesado, está proclamando enfáticamente la inocencia de todo
el mundo. ¿Cómo lo puede saber el señor Barrionuevo? ¿Cómo el señor
Barrionuevo puede tener datos para saber si todo el mundo es inocente, si
todos los encausados son inocentes? Las del señor Ministro de Industria,
las del Presidente del Senado, las de altos funcionarios del Gobierno,
como el señor Vera, o las de altos funcionarios del Gobierno pidiendo
comprensión y tolerancia. Todo esto confunde terriblemente a la
población, todo esto hace presumir a la población que algo hay. Lo que
pretende es tapar. Y tapar es connivencia, señor Ministro, y la
connivencia no es la actitud que usted puede mantener. Usted tiene que
reprimir y repudiar la connivencia y la sospecha. Tiene que apartar
absolutamente la sospecha de su gestión, de la del Ministerio y de la del
Gobierno en el ámbito de la actuación contra el fenómeno terrorista para
evitar elementos de legitimación.

Usted ha sido un antiguo y dinámico luchador por los derechos humanos, la
democracia, la transparencia y la claridad, incluso en la Asociación que
usted codirigía, la Asociación de Jueces para la Democracia. Sea también
el Ministro por la democracia. Luche por esto: por la claridad, por la
transparencia.

Señor Ministro, y con esto voy terminando, señor Presidente, ayer hice
una cita erudita a las que yo no soy muy proclive, pero que quizá sea
pertinente volver a reubicarla en su comparecencia actualmente. Decía
Alexis de Tocqueville, autor conocido por todo el mundo según pude
comprobar ayer mismo, que ¡ay! de aquel país, ¡ay! de aquel Estado que
necesite reflexionar sobre lo obvio y sobre sus propios fundamentos
justificativos de su propia existencia. ¡Ay! de aquel Estado.

Yo no estoy diciendo que en este momento el Estado español necesite
reflexionar, necesite regenerarse. La palabra regeneración es una palabra
fuerte; la palabra regeneración requiere, como apriorismo, degradación
casi absoluta. No es ésta la situación actual, no vamos a ser alarmistas,
tampoco la situación está objetivamente tan mal, pero sí requiere
clarificación. Y clarificación requiere dos cosas: que deje de hablar
quien no tiene que hablar, porque equivoca y confunde a la población, y
que hable quien tiene que hablar: usted, el Gobierno, con valentía, con
contundencia, con valor, sin intentos de sospecha, sin connivencias de
ningún tipo, sin intentos de tapar nada de lo que haya podido producirse,
y con eficiencia, porque estamos hablando de cosas graves, señor
Ministro. Estamos hablando de una situación de crispación provocada por
este supuesto, por este fenómeno y otros, que está perjudicando, entre
otras cosas, gravemente a nuestra economía, a nuestras posibilidades de
recuperación económica, a la Bolsa, a la paridad de nuestra moneda, que
está perjudicando algo de carácter más intangible, pero seguramente más
grave: a la propia fe de los ciudadanos en las instituciones
democráticas. Eso es algo que ningún Estado se puede tolerar.

Por favor, señor Ministro, sea valiente. Aclare y responda a las
preguntas. Mantenga una actitud intachable en todo este fenómeno y
reconozca con nosotros que no hay peor degradación que luchar contra el
terrorismo con sus mismos métodos. Esto contradice el imperio de la Ley.




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Esto contradice los valores superiores del ordenamiento jurídico. Esto
contradice el deber de tutela de la vida, libertad y seguridad, que
garantiza la propia existencia y nacimiento del Estado. Esto contradice
la propia Constitución, que es el marco normativo que los ciudadanos del
Estado español han aprobado como propios para articular sus relaciones
convivenciales. Ir contra esto y, sobre todo, crear equívocos en la
opinión pública contra esto es lo más peligroso, es la peor aportación
que se puede hacer en estos momentos a la propia sociedad.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Camp.




El señor CAMP I BATALLA: Señorías, señor Ministro, decíamos ayer que
creíamos conveniente su comparecencia ante esta Comisión no para que nos
informase de las diligencias judiciales actualmente en curso, puesto que
es obvio que no siendo el Gobierno parte en ellas, habiéndose decretado,
en parte también, el secreto del sumario, el Gobierno no es conocedor del
mismo, pero creíamos que sí era conveniente su comparecencia para que
explicitara que en la lucha contra el terrorismo el Estado ha actuado
siempre conforme a los principios generales del Estado de derecho.

Después de oír su intervención, señor Ministro, nos ratificamos en la
necesidad y en la conveniencia de su comparecencia que, en nombre del
Gobierno, era ineludible. Era, efectivamente, necesario que el Gobierno
manifestase ante el Parlamento y, a través de él ante la ciudadanía, que
no ha existido ninguna vinculación con el GAL, y que la acción del
Gobierno en la lucha contra el terrorismo, como usted ha dicho, se ha
ajustado y se ajustará siempre a los principios del Estado de Derecho.

Eso tan simple, pero tan importante y tan trascendente, señor Ministro,
es lo que queríamos oír.

No le pedíamos ayer, ni le vamos a pedir hoy, que nos informe, como he
dicho, de los asuntos relacionados con el procedimiento judicial
actualmente en curso. No es nuestra intención hacer aquí, iniciar o hacer
simulacros de juicios paralelos.

Señor Ministro, las afirmaciones que usted ha efectuado en nombre del
Gobierno nos parecen suficientes, puesto que lo que era imprescindible en
estos momentos para afianzar nuestra confianza y, sobre todo, la del país
ante las dudas que se quieren levantar, es que el Gobierno manifestase
que en su actuación siempre se ha sometido al principio de legalidad, es
decir, al principio de imperio de la Ley. Ello es así de trascendente
porque las propias exigencias del Estado de derecho obligan a todos los
poderes públicos a defender los principios sobre los que el mismo se
asienta. Dentro de una concepción democrática y de respeto a la libertad,
no es concebible ni justificable que una conducta terrorista se quiera
legitimar por el hecho de combatir a otra conducta del mismo género. Nada
justificaría, pues, apartarse de la legalidad para luchar contra el
terrorismo, porque el terrorismo exige, ante todo, una respuesta única y
cohesionada de todas las fuerzas democráticas, pero con respeto siempre a
los propios instrumentos de nuestro ordenamiento jurídico. El artículo 9
de la Constitución establece que los ciudadanos y los poderes públicos
están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y
exige también a los mismos poderes públicos promover las condiciones para
que la libertad en nuestro Estado de derecho sea real y efectiva. Dentro
de estos principios que conforman el Estado de derecho, ocupa un lugar
preeminente el principio de presunción de inocencia, principio que en los
últimos tiempos está recibiendo una fuerte erosión. Parece, pues, que
para muchos es más seductor y tentador sumarse al carro de las sospechas
generalizadas, con lo que a veces da la impresión de que estamos más
cerca de un principio que podíamos llamar de presunción de culpabilidad,
que no del mismo principio de presunción de inocencia.

Nuestro grupo, señor Presidente, señor Ministro, es radical en la defensa
de la libertad; y esa defensa de la libertad y de los principios del
Estado de derecho se han de ver como un todo; se han de ver como un todo
la presunción de inocencia, el resto de garantías del Estado de derecho y
un tratamiento adecuado de la justicia aplicada al individuo. Todo ello
es indisociable de la defensa y conquista de la libertad y la democracia,
por la que muchas personas han luchado y han sufrido a lo largo de la
historia; por ello, la misma presunción de inocencia nos lleva a
depositar nuestra confianza en la actuación de los tribunales. No
conformaremos nuestra opinión como grupo en función de dar como ciertas
las acusaciones que Amedo y Domínguez hoy sostienen, una vez que parece
han recuperado la memoria, y que son claramente contradictorias con las
que sostuvieron anteriormente y con la propia sentencia que les condenó.

Los ciudadanos quieren saber la verdad, señor Ministro, y a nosotros nos
interesa que la verdad se sepa; pero la verdad, cuando se trata de
calificaciones jurídicas ilícitas, corresponde establecerla a los
tribunales de justicia. La verdad en un Estado de derecho no avanza por
la vía del rumor, de la acusación sin pruebas o de la presunción de
culpabilidad, hasta que no se demuestre lo contrario, sino que es la
justicia la que debe actuar y sentenciar.

Para nosotros, señorías, la prueba de la inocencia es aquella que
solamente cede ante la afirmación de su negación por parte de una
sentencia, y hoy, los únicos condenados como delincuentes son los señores
Amedo y Domínguez.

El Gobierno nos ha reafirmado hoy su convicción de no tener relación con
la trama del GAL, y ha hecho una condena explícita del mismo. Las propias
exigencias de lo que acabo de decir, del principio de presunción de
inocencia y del Estado de derecho, nos llevan a aceptar como suficiente
esta afirmación, confiando, eso sí, en que finalmente la actitud judicial
reafirmará el posicionamiento que hoy el Gobierno ha manifestado. Es
evidente que, en caso contrario, las consecuencias serían políticamente
muy graves.

Finalmente, señor Presidente, señor Ministro, quiero manifestarle con
relación a lo que usted ha hecho referencia, es decir, a la preocupación
del Gobierno ante la situación



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que puede afectar al estado de ánimo de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado más directamente implicados en la lucha
antiterrorista, por la sospecha que de su actuación pueda crearse y, a la
vez, por lo que de alas puede dar toda esta situación a colectivos
violentos que encuentren en ella su impunidad frente a los valores de la
sociedad, frente a todo ello, nosotros queremos dejar constancia de
nuestra convicción de que dichos Cuerpos son un aparte fundamental en la
defensa y en la garantía del sistema democrático.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Pérez Mariño tiene la palabra.




El señor PEREZ MARIÑO: Con la venia, señor Presidente.

Intervengo como representante del Grupo Parlamentario Socialista y, como
tal, he de señalar, en primer lugar, que somos perfectamente conscientes
del clima de alarma social que se ha instalado en la sociedad española, a
la que nosotros como grupo en parte representamos, ante las gravísimas
acusaciones que días pasados se han vertido y que representan lo que el
portavoz del Partido Popular en su intervención de ayer decía:
acusaciones de crimen de Estado. Estas acusaciones no se habían producido
en la reciente historia de la democracia española y, en consecuencia,
nosotros, como representantes del pueblo español, no podemos permanecer
ajenos a esa constatación y comprendemos perfectamente por qué se han
producido y cuáles son las consecuencias que de ellas se derivan. Por eso
más que nunca la labor del Gobierno, la manifestación del Gobierno es
importante, y por eso hemos solicitado en el día de ayer, y solicitamos
en todos los momentos, la clarificación del problema.

El problema que se ha planteado no podemos dejarlo exclusivamente
prendido de una actuación judicial, porque con ser ésta importante,
independiente y definitiva en gran parte, sus consecuencias y su
problemática se escapan a una exclusiva solución judicial. Sería absurdo
que nos instalásemos en el secreto de unas diligencias sumariales para
con ello obviar el problema, y por eso este grupo parlamentario escapa de
esta tentación, ha solicitado la presencia del Gobierno en esta Cámara y
la solicitará a partir de ahora hasta que llegue el total
esclarecimiento.

No ha sido el Gobierno especialmente rápido en su respuesta, y ha sido el
Gobierno (lo decíamos con toda la responsabilidad a que nos llevan las
palabras) parco hasta ahora en sus explicaciones. El bienestar que
perseguimos de la población española, de los ciudadanos, por todas las
consecuencias que de esto se derivan para ese pueblo que quiere paz y
tranquilidad para lograr su bienestar, hace necesaria la más absoluta
clarificación del problema.

No tenemos por qué creer las manifestaciones que han vertido dos
personas, los señores Amedo y Domínguez, condenados en su día por el más
grave de los delitos, por el delito de asesinato; pero lo mismo que
afirmo que no tenemos que creer esas manifestaciones, con la misma
rotundidad he de señalar que no podemos desdeñar, por la fuente de donde
vienen, las manifestaciones que ellos han vertido. Es necesaria su
clarificación, su comprobación, para saber si efectivamente eso ha sido
así o no, porque las vías, presumiblemente espurias, que han originado
esas manifestaciones, no le añaden ni le quitan; no las afianzan, pero
tampoco desmienten las afirmaciones hechas por ellos.

Creo que hemos tenido la suerte de que haya dos instituciones de la
sociedad española que han funcionado especialmente bien. En primer lugar,
la institución judicial. La instrucción de este problema, la instrucción
de las acusaciones que se han vertido, es absolutamente loable, es
absolutamente necesaria y no podría ser de otra forma. En la misma medida
que la difusión de noticias a través de los medios de comunicación
social, con independencia de las finalidades que con ellas se pretendan,
es otro importante hito en la entronización de la libertad de expresión y
del conocimiento que los ciudadanos deben tener de los problemas.

Sería absurdo pensar que un problema de esta entidad y de estas
consecuencias podría reducirse o encubrirse bajo presumibles secretos del
sumario que, por otra parte, como ha señalado el Tribunal Constitucional
y su doctrina, todo aquello que está en la opinión pública deja de ser
secreto sumarial.

Sabemos la enorme preocupación del Gobierno, sabemos que el Gobierno no
va a permanecer impasible en este caso, sabemos que el Gobierno quiere y
debe tomar las riendas de la situación. Como han dicho los diversos
representantes de los grupos que me han precedido, tampoco nos llega
instalarnos en las grandes verdades y pilares de la presunción de
inocencia. En el mundo político la presunción de inocencia no tiene la
misma validez que en el mundo judicial. Desgraciadamente, para gran parte
de la opinión pública española estamos instalados en la presunción de la
veracidad de las manifestaciones que dos personas han hecho; digo
desgraciadamente, porque es bien cierto que hasta ahora no existe ninguna
constatación de las mismas. La presunción de inocencia es un principio
inexcusable dentro de la sede judicial, pero no es un principio
inexcusable en la vida política. Hoy como nunca es necesario defender el
Estado de derecho, y el Estado de derecho no se defiende hoy, como no se
ha defendido nunca, desde la razón de Estado. La razón de Estado ha
servido normalmente para encubrir las arbitrariedades que desde el poder
se podían hacer. Si la razón de Estado tiene algún contenido y alguna
finalidad en estos momentos, es para esclarecer. Hoy es razón de Estado
saber qué existe, cuál es la realidad del problema de los GAL.

Un grupo terrorista, señor Ministro, nunca destruye un Estado
democrático, pero la lucha ilegal contra un grupo terrorista puede poner
en tela de juicio un Estado democrático. Si ese grupo ha tenido alguna
connivencia de algún recoveco de los aparatos del Estado, es nuestra
obligación indispensable, es nuestra obligación como socialistas, es
nuestra obligación como defensores y representantes de los ciudadanos,
que se sepa dónde, cuándo y cómo, que se dé puntal respuesta a las más
íntimas interioridades de por qué ha surgido, quiénes son sus
iniciadores, quiénes son sus inductores, quiénes son sus autores y cuáles
son las



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consecuencias. Es necesario que el Gobierno explicite en la sede
parlamentaria día a día y minuto a minuto, todo aquello que pueda
investigar a partir de este momento, sea cual sea el resultado, sea cual
sea el precio que haya que pagar que, en cualquier caso, siempre será un
precio más barato además de justo y legítimo, que un silencio perturbador
o que pretendidas manifestaciones de mal entendidas justificaciones
tácitas.

Desde este grupo parlamentario, desde las bases del Partido Socialista,
desde los bancos del Grupo Socialista, desde las ideas de la justicia y
de la democracia, pedimos al Gobierno que no ceje, que investigue, que
sea transparente, que sea rápido. El Presidente del Gobierno ayer y el
Ministro de Justicia e Interior hoy, nos han hecho una rigurosa
explicitación de convicciones democráticas. Estamos absolutamente de
acuerdo con su verdad. Retomaría las palabras que ha manifestado el señor
Alvarez Cascos; aceptamos, como no podía ser menos, porque nos lo
creemos, las palabras del Presidente del Gobierno y del Ministro de
Justicia e Interior, pero se hace necesario, como repetía el
representante del Grupo Popular, hacer verosímil esta verdad. Tenemos que
hacerla verosímil no sólo para nosotros, sino para la sociedad a la cual
y ante la cual tenemos nuestro tribunal; a la cual y para la cual estamos
exclusivamente aquí.

Sabemos del esfuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y queremos
hacer por ellos el mejor de los esfuerzos: separar de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad cualquier atisbo de duda, que por culpa de algunas
personas puedan quedar en entredicho. Ese esfuerzo de clarificación es el
que pedimos y exigimos del Gobierno, con la absoluta responsabilidad de
por qué estamos aquí. Sabemos del Presidente del Gobierno y del Ministro
de Justicia e Interior (al que si se me permite haré una referencia
personal, porque le conozco sobradamente, como amigo y compañero de
profesión); sé cuáles son no solamente sus convicciones, sino cuáles son
sus más íntimos deseos de llegar al total esclarecimiento. Por eso a él
en concreto le pedimos este especial denuedo en la resolución de este
problema. Si no lo hiciéramos así realmente estaríamos, como decía antes,
haciendo tambalear este Estado democrático que para tanta gente ha
supuesto tanto bienestar y tantos esfuerzos.

Me gustaría terminar con una cita que oí al señor Ministro de Justicia e
Interior hace relativamente poco tiempo: Lo que no es ético no es útil,
por convicciones, por interés y pragmatismo. La ética, una vez más, tiene
que triunfar y estos gobiernos socialistas, que han traído a España
tantos beneficios en los últimos años tienen en este momento la
ineludible obligación de esclarecer todo lo que sea la trama GAL, no sólo
poniéndolo a disposición de instancias judiciales, sino por la
responsabilidad política que tenemos ante los ciudadanos, a los que nos
debemos.

Muchas gracias, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: El señor Ministro de Justicia e Interior tiene la
palabra.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señor Presidente. Muchas gracias, en términos generales, a todos los que
han intervenido en representación de los distintos grupos.

Si me lo permiten, haré alguna consideración general y, después, algún
comentario, en la medida que me parezca posible hacerlo, sobre alguna de
las preguntas concretas formuladas.

Comentario general para mí fundamental, y con ello contesto al
requerimiento de más de un representante de los grupos parlamentarios.

Efectivamente, citar un texto mío era exclusivamente porque reflejaba
exactamente mi pensamiento actual; me parecía razonable reproducirlo y
repetirlo. Está claro --y creo haberlo indicado, pero puede ser útil
insistir-- que lo decía como el autor de aquel artículo, lo decía como
Ministro de Justicia e Interior y lo decía en nombre del Gobierno de la
nación española. Esa
es nuestra posición, que se reduce a algo que muchas de SS. SS. han
expresado con más acierto del que podré hacerlo yo: el fin jamás
justifica los medios; jamás la utilización de medios ilícitos y, más aún,
delictivos, puede justificarse al servicio de ningún fin.

Podría complementarlo siguiendo en particular una sugerencia del señor
Olabarría. Es evidente que la única forma, quizá la única no pero sí una
de las formas fundamentales por las que desde el Estado se pueden generar
fenómenos de falsa legitimación de movimientos terroristas, es cuando se
produce cualquier quiebra del principio de legalidad. Por lo menos
sabemos que se utiliza permanentemente como un elemento. El Gobierno lo
sabe así, así da sus instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
así las mantendrá constantemente. Todos somos conscientes de que el
respeto escrupuloso a la legalidad es nuestra gran arma moral contra los
terroristas. Ahí no se puede producir ninguna vacilación. Por tanto, lo
que en mi primera intervención pudiera verse como una opción personal no
era ésa mi intención. Quiero que quede perfectamente claro que lo que he
dicho lo digo en nombre del Gobierno de este país. Esa es nuestra
posición. Me parece que éste es un tema central, tan central que
seguramente justificaba el hecho de la comparecencia dejarlo
absolutamente claro.

Algún comentario no tan central pero casi tanto como el anterior. Es
evidente que toda la actuación que realizamos cualquier poder del Estado
(señor Cascos, le aseguro que he citado al Congreso y al Senado y
después, en general, he dicho de la institución; es decir, no ha sido una
omisión en este caso, lo podrá comprobar en las actas en su momento) es
para mantener precisamente en situaciones de crisis, en situaciones que
pueden generar problemas de confianza en la ciudadanía, mantener la
objetividad, la imparcialidad, la capacidad de análisis crítico, la
capacidad de infundir serenidad y confianza. Este me parece un segundo
aspecto absolutamente central.

La referencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado me parecía
y me sigue pareciendo absolutamente imprescindible. No es posible
desconocer la realidad ni, desde luego, puedo desconocer mis
responsabilidades, ahora ya como Ministro de Justicia e Interior.

Es evidente que este tipo de clima social puede hacer necesario lo obvio,
con todo lo grave que supone, como recordaba



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el señor Olabarría, tener que hacerlo; pero es necesario que las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad oigan de todos ustedes, como todos han hecho, que
confiamos en su trabajo, que es fundamental para la salvaguardia de
nuestras libertades y que no pueden en modo alguno desmoralizarse porque
existan investigaciones en marcha, porque haya sospechas de actividad
delictiva por parte de sus miembros. Me parecía absolutamente
imprescindible hacerlo aquí, en esta Cámara, como lo haré en cualquier
otro foro o medio que tenga oportunidad y ocasión.

Por otro lado --quizás la última observación general--, yo creo que están
pasando cosas importantes en esta comparecencia. La primera es que por
fin veo unanimidad de todos los grupos parlamentarios, lo que no siempre
ha estado claro a lo largo de mucho tiempo, en una serie de valores, los
que estoy indicando y, desde luego, también en el valor fundamental de
que contra la ilegalidad sólo se lucha desde la legalidad.

Respecto a las intervenciones en particular. Señor Romero, ha llegado
usted a decir que el Gobierno tiene que demostrar que no organizó el GAL.

Lo siento; no me acojo a mi condición de jurista (por cierto, señor
Cascos, no tengo yo particular entusiasmo por nuestra profesión; en
realidad siempre he envidiado más bien a los ingenieros y a los
arquitectos), no lo digo desde una óptica jurídica en modo alguno; desde
una óptica estrictamente política pretender la prueba negativa en sí
mismo es insostenible, repito, insostenible, y no en términos jurídicos,
sino políticos, intelectuales, gramaticales, en cualquier óptica. Por
tanto, desde ese planteamiento, en mi opinión, no se puede entablar
seriamente ninguna discusión.

Está claro que lo que se debe probar es la culpabilidad, no lo contrario,
eso es evidente, insisto que no desde una óptica jurídica, sino desde
cualquier óptica. Que usted decida en este momento --porque si no es así
no lo entiendo-- que le merecen más credibilidad las declaraciones de
estos dos señores que las declaraciones del Presidente del Gobierno de
este país, explíqueselo usted a los ciudadanos. Explíqueselo;
explíqueselo. Yo, desde luego, no puedo aceptar semejante planteamiento,
que me parece intolerable. El Presidente del Gobierno dejo absolutamente
clara la postura sobre el tema, el mantenimiento de un principio de
legalidad por encima de todo, a lo largo de todos sus gobiernos, en la
lucha contra el terrorismo, lo cual no significa en modo alguno que no
hayan podido producirse acontecimientos ilegales, eso es evidente, pero
para eso están los jueces, para investigarlos. Eso no modifica en modo
alguno la evidencia de un Presidente del Gobierno de este país diciendo y
sosteniendo que se ha mantenido como única filosofía en la lucha contra
el terrorismo el respeto al principio de legalidad.

En mi primera intervención he tratado de no entrar en la importancia de
las declaraciones, sobre todo por una razón fundamental: he intentado que
dejemos eso a los jueces porque es su trabajo. Los jueces tendrán que
valorar si son o no creíbles, como no me parecen rigurosas ni serias
todas las especulaciones, aunque tengan como fuentes periódicos, señor
Alvarez-Cascos, y más de una vez hemos tenido esa discusión. Hace usted
un caso excesivo a lo que aparece en los medios de comunicación; es una
tendencia que ya le he indicado en más de una ocasión. Sé que no tenemos
la misma opinión y, una vez más, se produce ese tipo de fenómeno. No
parece razonable que entremos en ese juego. Dejemos que los jueces
valoren la importancia de sus declaraciones respecto al resto de
elementos de prueba que puedan obtener, respecto al conjunto de elementos
de otro tipo que pueda haber; dejemos a los jueces hacer su trabajo. Con
eso no ganamos nada, con eso rompemos las normas del juego. El Estado de
derecho es un juego muy delicado y ese juego delicado supone que la
valoración de los testimonios, su importancia en relación con las
pruebas, es tarea exclusiva de los jueces cuando se está acusando de la
imputación de un delito.

Por otro lado, el señor Romero ha hecho un montón de preguntas; unas, las
clásicas que ya me ha preguntado en diez variantes sobre fondos
reservados, a las que, naturalmente, no le voy a responder, y después me
ha preguntado sobre los 600 millones de pesetas. No se preocupe que ahora
se lo explico; se lo he explicado en cinco o seis sesiones
parlamentarias, pero se lo vuelvo a explicar con mucho gusto, no hay
ningún problema, lo que pasa es que ya sabe usted que es una vieja
discusión que tenemos, con preguntas y respuestas en el Parlamento, sobre
la naturaleza de los fondos reservados. Ha hecho una referencia concreta
a una noticia aparecida, a los 600 millones de pesetas. Respecto de eso,
en tanto en cuanto se me atribuye, sí debo decir algo muy concreto: los
señores Amedo y Domínguez a mí no me han pedido 600 millones de pesetas.

Diré algo todavía más concreto: sinceramente, no creo que se les haya
pasado por la imaginación que a mí se me puede pedir eso. No creo que se
le pueda pasar a nadie por la imaginación que el Estado va a aceptar un
chantaje de nadie; por lo menos, no se le puede pasar por la imaginación
a cualquier persona que mantenga una mínima buena fe en el análisis de
los temas. El Estado no puede ser objeto de chantaje y, desde luego, su
Ministro de Justicia e Interior tampoco.

Respecto a los fondos reservados --si no dirá que no le he contestado--
manifiesto lo que le he dicho, y ahí tiene las actas; la mayoría de los
diputados lo han oído, pero si usted insiste, y así parece por su gesto,
se lo diré ahora mejor que en el siguiente turno. Sobre los fondos
reservados la posición es muy clara. En primer lugar, sobre el destino de
los fondos reservados no le es posible al ministro que lleva su control
hacer declaraciones; no le es posible. Los jueces en un momento
determinado --y, de nuevo, dejemos trabajar a los jueces; por lo menos es
mi pretensión--, podrán adoptar un criterio y otro al respecto. De
momento lo único que tenemos en este caso es un auto de la Audiencia
Nacional, que mantuvo determinado criterio. En función de ese determinado
criterio se verificaron las cosas en una determinada línea. Si los
tribunales cambian de opinión, si cambian de criterio, lógicamente la
Administración, respetuosa con los tribunales, cumplirá lo que decidan
los tribunales, como es natural. El problema, desde el punto de vista del
ministro y del Gobierno, es que estamos deseando que esos fondos
reservados tengan un control; lo estamos deseando intensamente, para eso
hemos redactado



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el proyecto de ley de fondos reservados. Estamos deseando que SS. SS.,
dentro de sus muchas ocupaciones, puedan tramitar esa ley y pongan los
criterios que SS. SS. consideren oportunos, porque le aseguro que será
particularmente grato para quien le habla comparecer ante esa Comisión
parlamentaria y explicar con todo lujo de detalles el empleo de todas y
cada una de las partidas de fondos reservados. Ya le anticipo que es
absolutamente escrupuloso, como usted supongo que imaginaba.

Esa es la situación. Por lo tanto, a ella nos tenemos que ajustar. No
pretenda, como tantas veces, que diga lo que usted quiere oír, porque mi
responsabilidad como Ministro de Justicia e Interior es mantener las
reglas mínimas del Estado de Derecho, las reglas del juego.

En un momento determinado ha dicho una cosa que también creo que merece
un comentario, lo del tercer grado y las cartas de Amedo y Domínguez, que
ha mencionado. Sí que merece un comentario. Ya lo he dicho en prensa y
creo que incluso también en alguna comparecencia, aunque en este momento
lo desconozco. He recibido, evidentemente, en más de una ocasión cartas
de los señores Amedo y Domínguez, pidiendo diversas cosas, normalmente el
tercer grado, indultos, etcétera. También dije que de los señores Amedo y
Domínguez y de cientos y cientos de penados, que se dirigen usualmente al
Ministro de Justicia e Interior para interesarse por sus respectivas
situaciones penitenciarias o para solicitar indultos. Y, al respecto,
ayer el Presidente del Gobierno lo dijo muy claro. El Gobierno no
considera oportuno conceder el indulto. Lo dijo el Presidente del
Gobierno en sus manifestaciones. El Ministerio de Justicia e Interior,
tampoco. Pero, al propio tiempo, cuando se concedió el tercer grado, se
tuvieron que oír cosas que ciertamente luego tienen una cierta
perspectiva.

La concesión del tercer grado por un procedimiento reglado estrictamente
jurídico a través de la resolución de la dirección general
correspondiente y en base a los informes previstos en el procedimiento se
concluyó diciendo que habíamos pagado el silencio de los señores Amedo y
Domínguez. No se lo digo a usted, señor Romero, lo digo en términos
generales. Si usted quiere, recorremos hemerotecas y verá usted las
decenas de comentarios que se tradujeron en esos términos.

El resultado fue que, a través del ejercicio estricto del procedimiento
jurídico y con todos los pronunciamientos correctos, incluido la
fiscalía, que entendió que no procedía su recurso, pese a eso, se
consideró oportuno --quien lo hiciera, que asuma su responsabilidad--
decir que se estaba comprando el silencio. Yo creo que lanzar este tipo
de afirmaciones, lejos de ser útil para el sistema, lo único que hace es
generar innecesariamente desconfianza, de nuevo, de los ciudadanos; no sé
para qué ni al servicio de qué, por lo menos no al servicio del
mantenimiento de las reglas del juego democrático.

Que en esta ocasión volveremos a hacer especulaciones. Pues las hará
quien las quiera hacer; desde luego, no el Ministro de Justicia e
Interior ni el Gobierno de la nación. Especulaciones, muchas, ya las he
oído. Algunas de ustedes se han hecho eco de ellas; que si cobró primero
y después dejó de cobrar, que si ahora quién le paga o quién le dejará de
pagar. Empieza a surgir un clima en virtud del cual --lo cual me parece
altamente ofensivo, por cierto, para los señores Amedo y Domínguez--
parece conectarse su cambio de actitud a un simple problema económico; si
no, no lo entiendo. Son especulaciones, de nuevo, del mismo tipo y de la
misma falta de rigor que las que se hicieron en su momento cuando se
concedió el tercer grado.

Desde luego, yo esa valoración de la conducta de los señores Amedo y
Domínguez no la pienso hacer, por lo de siempre, porque la valoración la
deben hacer los jueces y los tribunales, no los demás. He dicho una frase
de pasada, quizá un poco crítica, que no se le podía exigir al Gobierno
menos pero tampoco más, porque ese más sería en realidad menos. No era
ningún juego de palabras, sino algo para mí muy, muy, muy importante.

Lo que no puede ser es que nadie se quiera erigir en abogado, fiscal,
juez, ejecutor de la sentencia y miembro del jurado en el supuesto
--espero pronto, por cierto-- de que SS. SS. aprueben la ley del jurado.

Lo que no puede ser es que tratemos de hacer todos los papeles al mismo
tiempo; desde luego, ése no es el trabajo del Gobierno, no es el trabajo
del Ministerio de Justicia e Interior y, en mi opinión, no debería ser el
trabajo de nadie, más que de quien le corresponde, de acuerdo con el
modelo constitucional, Estado de Derecho, que tenemos establecido.

Una última referencia. Me ha parecido oír --y si no es así, perdóneme,
señor Romero-- que me utiliza el señor Presidente del Gobierno. También
he oído después algún comentario que podría, de algún modo, sonar --y si
en eso soy demasiado puntilloso, ruego disculpas-- a algo así como qué
hace usted aquí, parece mentira, ésta no es su asignatura y le han puesto
aquí.

En absoluto. Yo actúo con arreglo a mis principios y quien actúa con
arreglo a sus principios no necesita benevolencia de nadie, lo que
necesita es comprensión y buena fe, como el resto de los ciudadanos. Y
actuar con arreglo a mis principios no me coloca en ninguna situación
incómoda de clase alguna, porque son los principios de mi Presidente del
Gobierno y de mi Gobierno.

También quisiera dejar claro, porque así se ha interpretado en otro
momento, que si estaba separándome. No, estaba tratando de explicar que
para mí esto no es una asignatura que tenga que aprobar ahora. Es una
asignatura que aprobé hace muchísimos años, simplemente, pero que está
claro para mí, que todos los ministros de todos los gobiernos de Felipe
González son demócratas convencidos y que lo han demostrado de manera
constante, no lo dude, señor Alvarez-Cascos. Y con ello entraba ya en
alguna referencia a los comentarios del señor Alvarez-Cascos.

No voy a hacer ninguna ironía sobre el tema del Derecho. Se lo advierto,
voy a prescindir de ese tema. Además, ha tenido usted una intervención,
jurídicamente hablando, muy brillante. Simplemente he detectado un
aspecto que únicamente subrayo para que se entienda el verdadero sentido
de nuestra personación como el abogado del Estado a través del servicio
jurídico. Por descontado, creo que es innecesario, pero, como estamos en
un día de obviedades, mi respeto absoluto a la autonomía del Ministerio
fiscal,



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como he tenido ocasión de decirlo en múltiples ocasiones. Al margen de
este tema, la personación es necesaria para saber qué tipo de acciones
precisamente debe ejercer en su caso el Gobierno. Para eso necesita estar
en las actuaciones. El detalle digamos jurídico es el siguiente. Las
calumnias o injurias vertidas en juicio por un imputado están, según el
Tribunal Constitucional, protegidas por el derecho de defensa. Es el
único matiz que yo añadiría a su exposición. Eso es lo que impide ahora
ejercer la acción y habrá que esperar que el servicio jurídico del Estado
se persone, compruebe qué condiciones hay, se produzca la situación en
que sea posible ejercitar las acciones.

Pero como ha dicho usted, y yo creo que es lo correcto, que no debemos
discutir como juristas, lo que le voy a decir es lo que políticamente sí
que me parece evidente. No dude usted de que en el momento en que sea
posible, de acuerdo con los informes de los servicios jurídicos del
Estado, ejercer querella criminal contra cualquiera que haya dicho falsos
hechos, lo haremos; cuando jurídicamente entendamos que podemos hacerlo.

Sin ninguna duda. Pero en este momento nosotros no tenemos por qué
presumir eso. Nosotros nos personamos para comprobar cuál va a ser la
posición. Igual nos encontramos haciendo el papel contrario, que es
ejercitando la acusación contra unos funcionarios corruptos. O igual nos
encontramos con un papel de responsabilidad civil subsidiaria. O a lo
mejor nos encontramos con la posición de quien pide deducción de
testimonio y que se verifique un procedimiento penal por acusación y
denuncia falsa.

Yo no le he querido concretar más porque es así. Es que en este momento
no sabemos, ni podemos saber, en puro rigor jurídico, cuál va a ser
finalmente el tipo de acciones que ejercitamos, pero no dude, en ningún
caso, de que cuando haya bases para ejercer una acción del tipo que ha
insinuado, cuando las tengamos, lo haremos sin ninguna duda.

Después, a nivel personal, tampoco tenga duda. Cualquier persona que,
fuera del ámbito evidentemente por ejemplo de la Cámara --conoce
perfectamente cuál es el régimen de la Cámara y cuáles son los derechos
de los Diputados y de los Senadores--, si algún ciudadano acusa al
Ministro de Justicia e Interior de que ha ocultado una sola prueba o un
solo dato en el tema del GAL o en cualquier otro, le aseguro que
personalmente me querellaré criminalmente, porque entre mis muchos
deberes desde luego no está el de aceptar que se me calumnie. No lo ha
hecho S. S., por descontado, pero quiero decir que si ese fenómeno se
produjera, no tenga usted ninguna duda de que así lo haría.

Ha recordado usted alguno de mis textos, quizás incurriendo en el mismo
error que he incurrido yo de citar mis propios textos. Naturalmente, yo
siempre he sostenido una línea bastante coherente y la sigo sosteniendo.

Desde esa fecha hay ya unidades de Policía judicial. Es un paso, no
definitivo, ni mucho menos, ya tuve ocasión de anunciar en la
comparecencia correspondiente que tenemos que ir a una regulación de la
Policía judicial --es uno de los programas que está en marcha--, pero ya
existen unidades de Policía judicial que realizan ese trabajo. Además, el
conjunto de la Policía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad va a
colaborar activa e intensamente con los jueces. No tenga ninguna duda,
señor Alvarez-Cascos, va a ser así.

Me parece que S. S. ha hecho referencia también al tema de la
responsabilidad política. Sobre este tema ayer el Presidente del Gobierno
manifestó su criterio. Sus señorías valorarán --porque tienen esa
capacidad-- exigir responsabilidades políticas del Gobierno a través de
las múltiples fórmulas parlamentarias que pueden estar a disposición de
SS. SS. Si consideraran que las declaraciones de los señores Amedo y
Domínguez justifican una determinada forma de exigencia de
responsabilidad política, háganla. Si consideran que el estado de la
investigación de ese tema justifica formular una moción de censura,
formúlenla. Está en sus manos hacerlo.

Por otro lado, quiero agradecerle, en singular, el apoyo que siempre
demuestra a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque S. S. sabe que en
este momento es necesario, en este momento lo es, y, desde ese punto de
vista, le agradezco en particular ese aspecto de su intervención.

El señor Albistur ha hecho un planteamiento teórico que yo creo que he
englobado en la respuesta general en que también contestaba al señor
Olabarría y al representante de Convergència i Unió. Es evidente, ése es
el único discurso posible en democracia y solemnemente lo repito en
nombre del Gobierno.

Señor Olarte --no está presente, lo siento, ha debido desaparecer, en
cualquier caso mi contestación figurará en el acta--, a lo mejor tiene
razón. A medida que veo el desarrollo de la comparecencia pienso que está
siendo extraordinariamente útil y, como tal, seguramente podría el
Gobierno haberlo hecho más rápido. Es perfectamente posible, me refiero a
pedirlo voluntariamente, lo demás ya depende de los grupos
parlamentarios. ¿Por qué no lo pedí voluntariamente como Ministro de
Justicia e Interior? Esto me lo han preguntado mucho. Sinceramente
porque, primero, creía que lo obvio era obvio --hoy me han demostrado que
convenía repetir lo obvio y por eso quizá estaba equivocado-- y, segundo,
porque respecto de lo que era contenido informativo en esa fase de la
investigación era tan mínimo, tan mínimo, que me parecía lógico acudir a
esta Cámara cuando realmente pudiera ilustrarles con verdaderos datos.

Dado el desarrollo de la sesión, en la que convenía recordar --creo yo--
lo obvio, el planteamiento, el posicionamiento político general sobre el
tema, el propósito y la actitud decidida de colaboración con los jueces,
en ese sentido, a todos los que han hecho ese reproche, se lo acepto.

Ustedes valoraron mejor que el Ministro de Justicia e Interior la
situación.

Señor Olabarría, creo que a S. S. ya le he contestado globalmente y, como
en más de una ocasión, estoy plenamente de acuerdo con sus
planteamientos. Vamos a trabajar en serio en esa línea. Vamos a hacerlo
todos con sensatez, con calma, pero vamos a trabajar todos en esa línea y
estoy convencido de que con su ayuda activa y con su cooperación.

Otro tanto --y con ello terminaría-- le diría al representante de
Convergència i Unió. Sus planteamientos responden a la misma filosofía
política que la filosofía política



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del Gobierno. Somos conscientes de la extraordinaria importancia que
tiene transmitir a los ciudadanos que vamos a investigar hasta el final,
que vamos a dejar las cosas claras, sin que se generen climas de
crispación.

Ha hecho usted, por otro lado, una observación un poco más general, que
también comparto. Sería muy poco positivo que, además de la necesidad de
evitar cualquier sensación de clima de impunidad --que eso sí que es un
mal grave para el Estado de Derecho--, eso se fuera a sustituir por una
especie de clima de crispación general en el que se entendiera que los
derechos individuales, que las garantías por las que hemos luchado todos,
que la Constitución se haya convertido en un tema irrelevante o poco
significativo, porque resulta que hay derechos que deben observarse y
otros que no. Sería muy grave. No, nunca, al clima de impunidad. Trabajo
activo, real, directo para evitar ese clima de impunidad, pero, al propio
tiempo, trabajo activo, real, directo para que no sufran los imputados
consecuencias dañosas que no tienen por qué recibir, porque también ellos
tienen garantías, también ellos tienen derechos constitucionales y, desde
luego, es trabajo del Gobierno y de este Ministerio tutelar ambos
fenómenos.

No tengo nada más que decir, señor Presidente. (Los señores Romero Ruiz y
Alvarez-Cascos Fernández piden la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Como SS. SS. saben, porque he advertido de ello al inicio de la Comisión,
el trámite parlamentario tiene réplica. He advertido que es el artículo
203. Sólo a efectos, señor Romero y señor Alvarez-Cascos --que son los
únicos portavoces que han levantado la mano, en principio--, de solicitar
alguna ampliación o aclaración sobre la información dada por el Ministro,
tienen dos minutos de tiempo cada portavoz.

Señor Romero, tiene la palabra.




El señor ROMERO RUIZ: Que usted aclare, señor Belloch, si para usted hay
dimisión política, porque en esta comparecencia, ante nuestras preguntas,
usted ha planteado que hay que judicializar la vida política en España.

Todo el trabajo para los jueces, que hagan los jueces el trabajo. Ha
echado balones fuera. Por eso le pido en este turno de aclaración que si
para usted no hay dimisión política en el asunto del GAL, porque no es lo
mismo la inocencia en el terreno judicial, y lo ha explicado con
brillantez el portavoz señor Pérez Mariño, que en el campo político.

En ese terreno pediría que se aclarara, a raíz de las preguntas que le
hemos formulado, lo siguiente: En primer lugar, nuestro Grupo
Parlamentario es solidario con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado y con su labor en la lucha contra el terrorismo. Tanto las Fuerzas
de Seguridad como nosotros debemos luchar contra el delito y el
terrorismo de todo tipo, el del GAL, el de ETA y cualquier terrorismo que
altere la convivencia democrática y la convivencia pacífica.

Usted debe aclarar lo que ha querido decir cuando ha manifestado que yo
doy más credibilidad a dos delincuentes, a Amedo y a Domínguez, que al
Presidente del Gobierno. Yo no doy ninguna credibilidad a los señores
Amedo y Domínguez; es más, en las pruebas testificales en las que se base
el tribunal decidirá si hay pruebas suficientes o no de las acusaciones
tan graves que hacen asegurando que el GAL es un montaje del Estado. Pero
en el terreno político yo no doy credibilidad al Presidente del Gobierno
de España y no la doy porque está tan baja como la Bolsa, por el
incumplimiento de sus compromisos en el período anterior. A usted le
parece intolerable dudar de la palabra del Presidente del Gobierno,
políticamente hablando, y de la suya, hoy, que no ha dicho nada. ¿No le
parece intolerable que el señor Barrionuevo visite las cárceles; que el
señor Vera pida amnistía o medidas de gracia para el GAL; no le parece
intolerable que todo eso se produzca en el Estado de derecho? ¿Comparte
usted --no ha dicho nada-- con García Vargas, su compañero de Gabinete,
que los premios abonados con fondos reservados son simples errores
administrativos?
No me ha contestado sobre los fondos reservados. No quiero que me
conteste sobre su utilización reservada, pero no deben valer para
sobresueldos, para comprarse chalés o para financiar actividades
terroristas o delictivas. Y lo que le he pedido y pido que aclare es si
se pagaba a Amedo y a Domínguez cantidades cuando estaban en la cárcel,
cuando habían sido condenados, cuando habían sido expulsados del Cuerpo
Nacional de Policía. Cuando usted llegó al Ministerio lo cortó. Si usted
cortó ese pago, si usted cortó ese regalo cuando estaban mal de fondos
--que lo han dicho «El País» y otros medios de comunicación, de fuentes
de Ministerio--, usted tendrá que reconocer que antes se estaba aceptando
un chantaje y ahora niega que se le haya planteado lo de los 600 millones
de pesetas.

Por lo tanto, no venga a encubrir a nadie, porque...




El señor PRESIDENTE: Señor Romero, concluya.




El señor ROMERO RUIZ: ... los que han encubierto han terminado cayendo
con ellos.

Cuando usted habla --y termino con esto-- de que otros ministros han sido
demócratas, independientemente de las sentencias del Tribunal
Constitucional sobre algunas leyes que violaban los derechos
fundamentales, le diría que aquí se ha puesto la mano en el fuego por
muchos antecesores y por mucha gente con puestos de responsabilidad en
los gabinetes que han terminado quemándose. No lo haga usted. Eso era lo
que le venía a plantear porque, si mantiene silencio en lo que conoce o
hay connivencia, se empañaría su biografía. Usted es dueño de su
biografía, yo de la mía y cada uno es dueño de la suya, pero sepa, señor
Belloch, y sépalo con claridad, que cuando un preso le envía cartas
diciendo qué pasa con mi tercer grado o con mi indulto, son cartas
normales, pero cuando las cartas constituyen amenaza, o indican que puede
haber un delito, o acusan a otras personas, usted debe aportarlas al
sumario abierto.




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¿Va usted a colaborar con el señor Garzón? ¿Va usted a facilitar que se
investiguen los fondos reservados? ¿Va usted a luchar para que se limpie
la era en España? Si lo hace, se lo reconocerá la sociedad española. Si
no lo hace, estamos en nuestro perfecto derecho de defender la duda de la
opinión pública española sobre la participación del Estado y de los
recovecos del aparato del Estado en la organización del GAL. Usted no ha
despejado ninguna incertidumbre en la comparecencia de hoy, ninguna, y no
ha contestado a mis preguntas, amparándose en esa idea tan peregrina de
que, como son reservados, incluso se pueden cometer delitos con ellos de
los que yo no informaré en esta Cámara ni ante los tribunales, a no ser
que cambie la doctrina del Tribunal, cuando usted reconoció en su día, y
aquí tengo las declaraciones a «Diario 16», a «El País» y a otros medios
de comunicación: Amedo está en la cárcel gracias a los medios de
comunicación.




El señor PRESIDENTE: Señor Romero, termine su intervención.




El señor ROMERO RUIZ: Perdone, señor Presidente, pero estamos ante un
tema importante. No haga usted como Televisión Española.

(Rumores.--Risas.)



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Alvarez-Cascos.




El señor ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ: Señor Ministro, en esa aparentemente
breve y colateral referencia a lo que fue la invitación de mi Grupo
Parlamentario para que el Gobierno actuara, justamente impulsado por sus
deberes en relación con el Estado de Derecho, usted ha tocado el tema de
fondo de su comparecencia de hoy. No sé si es consciente de ello o no,
pero usted ha tocado el tema de fondo. Ha dicho y ha reiterado que el
Gobierno ha dado orden de personación y que tiene que esperar a que de su
personación se deriven informaciones y, en su caso, las actuaciones
derivadas del artículo 325 del Código Penal. Señor Ministro, eso es lo
que yo he excluido de mi intervención. Ese es un supuesto de acusación
falsa y, en orden a la acusación falsa, usted tiene toda la razón del
mundo, hay que esperar.

Yo le he hablado de injurias o calumnias, que no tienen nada que ver con
el proceso, que tienen que ver con la publicación, con el testimonio
público de los señores Amedo y Domínguez de una serie de afirmaciones que
contienen acusaciones para el Gobierno y que se resumen en una, pero que
se pueden explicar en una cadena, en un rosario de ellas: Los GAL eran un
montaje del Gobierno, Señor Belloch, o estas afirmaciones son verdaderas
o son falsas. Usted tiene que decir aquí, hoy, si, en nombre del
Gobierno, considera que estas afirmaciones son verdaderas o falsas, si es
que quiere dar verosimilitud a su verdad, porque si estas afirmaciones,
al margen del proceso abierto, son falsas, usted está obligado a impulsar
la acción del Gobierno de querellarse contra los autores de estas
afirmaciones.

Señor Belloch, la propiedad conmutativa funciona en la aritmética, pero
no en la vida social y en la política. No es lo mismo esperar al
veredicto de los jueces para luego querellarse que querellarse con los
autores de esas informaciones, con independencia de cuál sea en su día el
veredicto de los jueces en relación con las acusaciones falsas. En su
mano, señor Ministro, está el dar verosimilitud a la palabra del
Gobierno.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Albistur, por dos minutos.




El señor ALBISTUR MARIN: Quiero agradecer al señor Ministro, en parte, la
contestación, pero mi intervención viene motivada por lo que yo considero
que, a mi modo de entender, no es una respuesta satisfactoria. Le he
pedido una opinión del Gobierno respecto a todo el tema del GAL, que no
he escuchado. Además, hago esta intervención después de haber oído sobre
todo la de don Ventura Pérez Mariño, que me ha parecido una intervención
seria, hecha desde el propio Partido del Gobierno, en la que se pedía
transparencia, rigor y rapidez.

Esto es lo único que quería decir. Por lo demás, estoy satisfecho con los
términos de su presentación, señor Ministro.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, señor Ministro, ahora sí le
voy a agradecer, recurriendo a lo que el protocolo aconseja e indica
tradicionalmente, su segunda intervención. La primera, informativamente,
me ha parecido irrelevante, con toda sinceridad, llena de apelaciones a
su trayectoria personal, que es conocida y, no es en este momento
enjuiciada negativamente, ni revisada por nadie y con unas reflexiones
apologéticas sobre la función y actuación de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que, quizá sean pertinentes para la recuperación de
la moral de las mismas, si ésta está quebrantada, pero que no nos la debe
imputar a nosotros, puesto que no hay ningún tipo de conspiración, ni
ningún tipo de ánimo contrario, contradictorio con la función general y
con la probidad de la mayoría de los funcionarios que constituyen en este
momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quizá estas
reflexiones, potenciadoras de la moral, se tengan que hacer en otros
contextos, en mi opinión, distintos al contexto parlamentario.

Dicho esto, señor Ministro, me gustaría una mayor concesión en lo que
resultaba más preocupante, en opinión de mi Grupo Parlamentario, de todo
este afer que estamos analizando, que son estas declaraciones equívocas
que están siendo realizadas por altos cargos de la Administración, o por
antiguos altos cargos de la Administración, y que no contribuyen a
clarificar, en el sentido que comentaba el señor Albistur, cuál es la
posición del Gobierno y que todavía incorporan elementos de sospecha, que
son gravísimos, respecto al talente, a la comprensión de un fenómeno tan
repugnante como el GAL.




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Usted tiene que decir claramente que el Gobierno, usted y todos los
gobiernos repudian la actuación del GAL. Justificar, tolerar, incorporar
a la sociedad elementos de interpretación equívocos supone en este
momento reconocer tácitamente una vulneración grave del Estado de
Derecho, el imperio de la ley, una contradicción o negativa del vigente,
de la eficacia del imperio de la ley; de la interdicción de la
criminalidad, que es una de las obligaciones fundamentales de todo
Estado, no en vano se atribuye al Estado el depósito en forma
monopolística de la violencia, de los valores superiores del ordenamiento
jurídico y de la tutela de la vida, libertad y seguridad de todos los
ciudadanos, que es uno de los elementos justificativos axiológicamente de
la propia existencia de todo Estado. Esto se tiene que decir con claridad
y se tiene que, de alguna forma, deslegitimar, en este momento, lo que
están insinuando o lo que están afirmando expresamente personas como
Barrionuevo, como el señor Vera, como el Presidente del Senado y como
tantos otros, que están equivocando y confundiendo a la población. Esta
es una reflexión que se tiene que hacer con mucha más claridad.

Sin más, voy a reproducir algunas de las preguntas que he hecho: ¿Tiene
usted pensado incoar expedientes administrativos, de naturaleza
informativa o de algún tipo, algún tipo de diligencia informativa? ¿Están
indagando eficientemente en los archivos de su Ministerio en el momento
del funcionamiento donde gestionaban en este Ministerio las personas
encausadas en este momento? ¿Tienen testimonios de personas que
gestionaron el Ministerio de forma coetánea con los encausados en este
momento? Y, sobre todo ¿tiene previsiones de naturaleza preventiva para
evitar que algo tan deleznable como el fenómeno GAL se vuelva a
reproducir y que, por tanto, fenómenos tan deleznables como éste, que es
el de ETA, encuentren sobrevenidamente legitimaciones de esta naturaleza?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camp.




El señor CAMP Y BATALLA: De hecho, nuestro Grupo parlamentario quiere
manifestar en este último turno su satisfacción por la comparecencia del
señor Ministro. También ha reconocido hace un momento que esta
comparecencia ha sido útil y ello merece una mención por parte de nuestro
Grupo parlamentario, puesto que desde un principio creíamos que era bueno
que se produjese esta comparecencia.

Usted ha dicho que le parecía que ha tenido que venir a reafirmar cosas
obvias, pero, señor Ministro, hay cosas que en política pueden parecer
obvias, pero también en política las formas son muy importantes, y era,
creemos nosotros, imprescindible que el Gobierno, ante la Cámara, ante el
Parlamento, ante la ciudadanía, a través del Parlamento, viniese a hacer
una manifestación de la trascendencia de la que usted ha hecho de que
nunca, en la lucha antiterrorista el Gobierno ha vulnerado los principios
del Estado de Derecho. Este era un tema capital, un tema fundamental para
dar confianza al conjunto del país y, con ello, nosotros creemos que es
suficiente en este momento el planteamiento que hace el Gobierno, eso sí,
siempre esperando que el proceso judicial que en este momento está en
marcha consolide esta posición del mismo Gobierno.

Usted ha dicho que trabajaría de forma muy activa para esclarecer los
hechos, y nosotros esto lo valoramos de forma muy positiva, y le pedimos
que en todo momento informe al Parlamento de estos trabajos, de los
resultados de los mismos, para que desde el Parlamento poder hacer un
seguimiento político de todo este asunto.




El señor PRESIDENTE: Para una intervención breve, tiene la palabra el
señor Ministro.




El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Realmente, lo
único que les diría es muchas gracias, con toda sinceridad.

Me reafirmo en que ha sido una comparecencia particularmente útil. Me
parece que han quedado algunas cosas muy claras: en primer lugar, que
todos estamos de acuerdo en que contra el terrorismo sólo se lucha desde
la Constitución, por la Constitución y a través de los medios legales
previstos en la Constitución. En segundo término, que todos estamos
obligados a cooperar intensa y activamente con el Poder Judicial y
respetar activamente su independencia, y que todos --y se lo agradezco de
nuevo-- estamos dispuestos a apoyar el trabajo de la Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, dentro de las cuales, señor Olabarría, está la
Ertzaintza.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por la información
dada.

Señorías, se levanta la sesión.




Era la una y cinco minutos de la tarde.