CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 403
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 31
celebrada el martes, 27 de diciembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Pregunta del señor Soriano Benítez de Lugo (Grupo Parlamentario Popular),
sobre intrusismo existente en el sector de las empresas marítimas de
carácter turístico en el sur de Tenerife. (BOCG serie D, número 162, de
15-11-94. Número de expediente 181/001114) (Página 12411)
Proposiciones no de ley:
--Sobre la línea férrea Barcelona-La Tour de Carol. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (BOCG serie D, número 90, de 25-4-94. Número
de expediente 161/000190) (Página 12413)
--Por la que se insta al Gobierno a presentar en la Cámara un Plan
Estratégico de actuación ante los Organismos internacionales competentes
y los Gobiernos afectados, en orden a establecer un replanteamiento de la
ordenación del control aéreo europeo. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 130, de 12-9-94. Número de
expediente 161/000272) (Página 12414)
--Sobre ubicación de Canarias en los mapas nacionales. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (BOCG serie D, número 157, de 4-11-94.

Número de expediente 161/000326) (Página 12416)

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--Relativa a las modificaciones de las tarifas de los distintos servicios
que presta la Compañía Telefónica Nacional de España, S. A. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 109, de
10-6-94. Número de expediente 161/000225) (Página 12419)
--Por el que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas en
relación con la evaluación del impacto medio ambiental. Presentada por el
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 109, de 10-6-94.

Número de expediente 161/000229) (Página 12423)
--Por la que se insta al Gobierno a adoptar las acciones oportunas,
llegando a los acuerdos necesarios con la Comunidad Autónoma de las Islas
Baleares, para que, en el plazo máximo de tres meses, quede garantizado
el acceso público y gratuito a todas las playas de Menorca. Presentada
por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 130, de
12-9-94. Número de expediente 161/000266) (Página 12426)
--Relativa a la transferencia de la línea férrea Lleida-La Pobla de Segur
a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 142, de 3-10-94.

Número de expediente 161/000286) (Página 12429)



Se abre la sesión a las cinco y treinta y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.

Iniciamos la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente, con el orden
del día previsto, a una hora que todos creíamos que era imposible, lo
cual significa que tenemos que aprovechar la oportunidad que nos brinda
haber terminado el Pleno a una hora aceptable, para que podamos tratar
todos los temas del orden del día de forma adecuada, rogando a los
señores Diputados la máxima brevedad. Por diversos motivos, todos
queremos que salga bien, porque es lo último que vamos a ver oficialmente
antes de terminar el año, que todo el mundo pueda irse a casa a descansar
estos días con su familia.

En primer lugar, quiero anunciar a los miembros de la Mesa y a los
portavoces que, al terminar esta reunión que va a durar poco, haciendo
las cosas bien, tenemos una reunión de Mesa y portavoces para tratar dos
temas puntuales: la evolución de los trabajos del PDI y la evolución de
los posibles trabajos que se puedan derivar de la aprobación por parte
del Ministro de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de la
telefonía móvil, como parece que va a ser. En ese supuesto, la Mesa y
portavoces tienen que estar alertados para poder actuar en consecuencia,
puesto que tenemos diez días hábiles para poder solicitar... (Rumores.)
Ruego silencio porque, de lo contrario, vamos a terminar más tarde de lo
que todos deseamos.

Digo que el segundo punto que vamos a debatir en la reunión de la Mesa y
portavoces, al final de la reunión, va a ser la actitud de esa Comisión
ante la posible aprobación mañana por parte del Ministerio de Obras
Públicas, Transportes y Medio Ambiente de la telefonía móvil. Recuerdo a
SS. SS. que esta Comisión tiene diez días hábiles como máximo para poder
solicitar la comparecencia del Ministro para que explique la adjudicación
de dicho contrato.

Ruego a lo portavoces y miembros de la Mesa que, al terminar esta
reunión, se queden en la sala unos minutos para abordar dichos temas; así
dejamos los trabajos de la Comisión al día y empezamos el año en
condiciones de normalidad.

Igualmente, quiero dar cuenta a esta Comisión de que tuvimos una reunión
extraordinaria la Mesa y portavoces el uno de diciembre, a raíz de unas
declaraciones supuestamente aparecidas... (Risas.) Aparecidas, por
supuesto, pero supuestamente en boca del señor Borrell, manifestaciones
que, tal como venían reflejadas en los medios de comunicación, a muchos
miembros de esta Comisión, concretamente a los miembros de la Mesa y
portavoces, no satisficieron en absoluto. Creíamos que esas declaraciones
no hacían justicia, tal cual se recogieron en los medios de comunicación,
con los trabajos de este Parlamento y en particular de esta Comisión.

Reunida la Mesa y los portavoces con carácter de urgencia, se decidió por
unanimidad contactar con el Ministro, como es nuestro estilo, para
facilitar los contactos, que sean fluidos, tolerantes y dialogantes con
la Administración, que es lo que tenemos que hacer, dentro de nuestra
labor de control y vigilancia del funcionamiento del Ejecutivo, nuestra
principal labor. Se me ordenó por decisión unánime, repito, de todos los
miembros de la Mesa y portavoces allí presentes que me dirigiera al
Ministro con urgencia para proponerle dos opciones: bien que matizara,
rectificara o reorganizara esas declaraciones, o bien que compareciera en
fecha próxima, para tratar de explicar ante la Mesa y portavoces la
matización sobre las declaraciones que supuestamente había hecho y se
habían publicado. Queríamos saber de viva voz sus matizaciones y sus
comentarios al respecto.

En cumplimiento del acuerdo de la Mesa y portavoces del día 1, me dirigí
al señor Borrell, que estaba ocupado, muy ocupado, pero tuvo la
amabilidad, como es lógico, de ponerse al teléfono. Se me encargó que me
entrevistara personalmente con él, pero no pudo ser porque estaba en la
Moncloa, en una reunión. A los diez minutos de haberle llamado yo a su
despacho, ya me había llamado él al mío...




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(Risas.--Rumores.) Por favor, no creo que las risas correspondan al señor
Borrell. En todo caso, las acepto como situación jocosa de fin de año,
pero quiero que esta Comisión termine el año, no sin alegría, pero con un
mínimo de seriedad. Ruego a SS. SS. que acepten los trabajos y antes
terminaremos cuanto más respeto y más consideración haya. Sé que todo el
mundo está nervioso, pero ya verán ustedes cómo vamos a terminar bien y
rápidamente.

Termino mi informe previo. Tal como se me había encomendado, hablé con el
señor Borrell, quien aceptó mis razonamientos. Yo le transmití el
sentimiento que había sido manifestado por parte de los miembros de la
Mesa y portavoces. Cuando llegué a Valencia me encontré con un fax del
señor Borrell, en forma de nota de prensa, que cada uno puede interpretar
como quiera, es decir, rectificativa, aclaratoria, modificando sus
declaraciones, matizándolas, etcétera. En la secretaría de la Comisión
está la nota del señor Borrell a disposición de todos. La nota de prensa
iba dirigida a mí y a los medios de comunicación. En realidad, hasta la
fecha, nadie ha sido capaz de aportar a esta Presidencia ninguna
declaración formal como consecuencia de esta nota de prensa. No obstante,
la Mesa y portavoces nos volvimos a reunir y acordamos que dábamos por
suficiente la explicación que el señor Borrell había dado en su escrito,
aunque hubo distintos calificativos. El tema se cerró y yo tenía que
informar a esta Comisión de los trabajos que la Mesa y portavoces han
hecho a este respecto.

Por supuesto, queda muy claro que no pienso que alguien sea capaz de
creer que este Parlamento, y esta Comisión en particular, está frenando
cualquier actividad del Ejecutivo. Creo que puede haber sido un lapsus,
pero son unas declaraciones que se han publicado y que ahí están. En todo
caso, todo el dossier está a disposición de SS. SS. en la secretaría de
la Comisión, repito, por si quieren documentarse acerca de los pasos
previos, actas y sobre todo la nota del Ministro señor Borrell. Por
acuerdo unánime de la Mesa y portavoces, el tema se cerró y solamente
resta decir que en ningún momento toleraremos que nadie infravalore los
trabajos de esta Comisión ni de este Parlamento. Creo que el sentimiento
no era ése, pero la realidad es que los medios de comunicación lo
publicaron así. La nota del señor Borrell es clarificadora para aquellos
que crean que lo es; el que crea que no lo es, que utilice la vía
parlamentaria correspondiente para, si lo considera oportuno, pedirle
explicaciones.




CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:



--INTRUSISMO EXISTENTE EN EL SECTOR DE LAS EMPRESAS MARITIMAS DE CARACTER
TURISTICO EN EL SUR DE TENERIFE. FORMULADA POR EL SEÑOR SORIANO BENITEZ
DE LUGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
181/001114.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a cumplimentar el orden del día de esta
sesión. El primer punto es una pregunta realizada por el señor Soriano
Benítez de Lugo, que será contestada por el señor Panadero, en nombre del
Gobierno.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Soriano para
formular su pregunta.




El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Señor Presidente, ésta es de esas
preguntas que tienen algún sino, porque, formulada con fecha 3 de agosto
y publicada en el Boletín de la Cámara del 13 de septiembre, terminaba el
plazo para ser contestada como pregunta escrita el 6 de octubre y,
transcurrido este plazo, de acuerdo con el artículo 190 del Reglamento,
se solicitó de la Presidencia de la Cámara su transformación en pregunta
oral el 13 de octubre. El 19 del mismo mes contestaba el Gobierno, como
es obvio, fuera de plazo.

La pregunta es consecuencia directa de una reunión que tuvo lugar en el
Cabildo Insular de Tenerife el día 27 de julio del presente año, a
instancias de numerosas asociaciones interesadas en actividades
turístico-marítimas en las islas Canarias. Allí estaban representados la
Federación Empresarial Canaria del Ocio, los patrones de embarcaciones
pertenecientes a la Asociación Beta, la Cofradía de Pescadores de Los
Cristianos, el SIP del sur de Tenerife, Asotel, Capitanes de la Marina
Mercante, Asociación de Agencias de Viajes, etcétera, y allí se denunció
públicamente el perjuicio que se estaba ocasionando a quienes se dedican
a actividades turístico-marítimas, especialmente a las empresas marítimas
dedicadas al transporte de pasajeros para la observación de las ballenas
en la costa del sur de Tenerife entre la isla de Tenerife y La Gomera.

La contestación del Gobierno el día 19 de agosto a la pregunta que lleva
por título «¿Tiene conocimiento el Gobierno del intrusismo existente en
las empresas marítimas de carácter turístico en el sur de Tenerife,
especialmente de las dedicadas al transporte de pasajeros para la
observación de las ballenas con grave peligro para la seguridad de los
pasajeros y para la propia conservación en su medio natural de las
ballenas y, en caso afirmativo, qué medidas y al amparo de qué
legislación se están adoptando por la autoridad competente para
impedirlo?» no responde a ninguna de las dos preguntas. Se limita a decir
que el incremento de medios, tanto personales como materiales, de los
servicios periféricos marítimos permiten ir mejorando la vigilancia y
control de la actividad marítima y con ello evitar en lo posible
actividades ilícitas y acrecentar y mejorar la seguridad de la vida
humana en la mar. Cuando, como resultado de esta vigilancia, se constata
una infracción, ésta es objeto del oportuno expediente administrativo
sancionador ¡bueno fuera que no!, pero en realidad no se dice si el
Gobierno tiene conocimiento del intrusismo existente y mucho menos qué
medidas y al amparo de qué legislación se están adoptando por la
autoridad competente para impedirlo.

Es de sobra conocido que en esta situación ha habido un diferente trato
por parte de las autoridades marítimas de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife respecto de la provincia de Las Palmas, hasta el punto de que
por parte de la Inspección de Buques de Tenerife se ha venido aplicando



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unas normas con mayor flexibilidad que en la de Las Palmas, lo que ha
originado el trasvase de unas embarcaciones a otras, circunstancias que
últimamente parece que se han trasladado también a la isla de Gran
Canaria, puesto que en la prensa de 21 de noviembre puedo leer que a
pesar de las reiteradas denuncias realizadas por propietarios de
embarcaciones españolas ante la Guardia Civil y autoridades de la
Comandancia de Marina, cerca de una docena de barcos extranjeros ilegales
que utilizan como base los puertos de Mogaña y Puerto Rico continúan
operando como charter en la pesca deportiva de altura. Según los
denunciantes, los citados barcos con banderas alemana, holandesa e
inglesa están pirateando en aguas canarias al dedicarse a transportar
turistas sin contar con los permisos o licencias para ello; además se les
acusa de realizar competencia desleal.

Este Diputado ha tenido la oportunidad de constatar esto personalmente,
viendo embarcaciones sin ningún tipo de licencia utilizando estos
procedimientos atestadas de personas con grave peligro para los
pasajeros. Yo quisiera que el representante de la Administración nos
contestara tajantemente si tiene conocimiento la Administración, como
tiene conocimiento este Diputado, del intrusismo existente y qué medidas
se están adoptando para impedirlo, puesto que es «vox populi», y lo sabe
todo el mundo y se constata en todos los medios interesados en las
actividades turístico-marítimas, la existencia de estas actividades
ilegales.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, para contestar a
la pregunta del señor Soriano, el señor Panadero.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE (Panadero
López): Señor Presidente, señoría, como en su exposición ha hecho
referencia, apareció, aunque de forma tardía, una contestación escrita y,
dado que la conoce, voy a alejarme un poco del tenor de esa contestación.

Como usted sabe, para la actividad turística, en definitiva, serían
necesarios dos tipos de licencias o de permisos: uno, derivado de la
propia actividad turística, que es competencia del Gobierno autónomo de
Canarias y, por tanto, a él le compete dar respuesta a ese asunto; y
segundo, la legalidad de los buques con los que se realiza la citada
actividad. En ese sentido, el Gobierno, a través de la Administración
marítima y en lo referente --insisto-- a los aspectos marítimos, conoce,
controla y, en su caso, autoriza, de acuerdo con la legislación vigente,
las actividades marítimas desarrolladas en aguas de responsabilidad
española.

En concreto, el asunto al que hace referencia fue objeto de denuncia por
parte de la Asociación --como usted muy bien ha dicho-- de Barcos de
Excursiones Turísticas de Tenerife, por la Asociación Beta, siendo la
mejor expresión del resultado de tales denuncias la información que,
facilitada por esta misma asociación, aparecía en el periódico «El Día»,
de Santa Cruz de Tenerife, con fecha 24 de agosto pasado --tengo la
fotocopia de la reseña--, en la que esta asociación, que fue la que, de
alguna forma, públicamente denunció los temas, señala que las
embarcaciones, es decir, la parte que tiene que ver con la Administración
marítima, no corren ningún tipo de peligro ya que cuentan con todos los
certificados y pólizas de seguro para los pasajeros, y si bien alguna que
otra embarcación había tenido determinadas irregularidades, éstas han
sido subsanadas, al igual que las que en su criterio, en criterio de esa
asociación, se encontraban en situación ilegal y a través de una
actuación coordinada entre esta asociación en sus denuncias y las
autoridades competentes, de tal forma que esta misma asociación, que
--insisto-- fue la que denunció públicamente la existencia de situaciones
anormales, señalaba en esta nota a la que le hago referencia su
agradecimiento a las autoridades por su colaboración y apoyo con el que
se está consiguiendo la regularización del sector. Consecuentemente, y
desde el lado de la actividad marítima, puedo decirle que los elementos
irregulares que pudiera haber habido o de no adecuaciones
administrativas, creemos, por lo menos basándonos en nuestra información,
que han sido resueltos y, como le digo, ese mismo criterio es el de la
asociación que de alguna forma públicamente denunció estas
irregularidades.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguna aclaración por parte del señor Soriano?



El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Muy brevemente, señor Presidente.

Quiero decir, en primer lugar, que, por supuesto, yo hago referencia a
las competencias de la Administración central, no a las competencias de
la Administración autónoma, puesto que estamos en el Congreso de los
Diputados. En segundo lugar, yo no pido la opinión de la Asociación Beta.

Yo lo que he preguntado es si la Administración tiene conocimiento del
intrusismo existente y de qué medidas está adoptando en su caso, y el
señor Panadero me ha hecho referencia a la opinión de una de las muchas
asociaciones denunciantes de los hechos, pero no me ha contestado a mi
pregunta: ¿Tiene conocimiento la Administración de que existe intrusismo
en estas actividades? ¿Sí o no? Y segundo: En caso afirmativo, ¿qué
medidas ha adoptado? Es mi pregunta concreta. No se refiera usted a lo
que dice Beta o cualquiera otra asociación.

Repito: ¿Tiene conocimiento la Administración de estas actividades? ¿Sí o
no? Y en caso afirmativo, ¿qué medidas se están adoptando?



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Panadero.




El señor SECRETARIO GENERAL PARA LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE (Panadero
López): Señor Presidente, se lo resumo muy claramente.

La Administración no tiene constancia de que en estos momentos existan
elementos de intrusismo en las actividades que usted señala y en los
casos en que lo ha tenido ha actuado dentro del marco legal, incoando los
correspondientes expedientes. Y como esto suele ser un cierto debate
cruzado entre opiniones, simplemente quería, a través de



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las manifestaciones aparecidas en la prensa y por parte de una asociación
denunciante, puede que una, pero la que había aparecido en los medios de
comunicación, de estas situaciones irregulares, su propia opinión
desdiciéndose de alguna forma de las acusaciones realizadas, parecía
venir a dar la razón a esta respuesta breve que le acabo de dar. Si la he
utilizado es precisamente por romper una cierta aseveración de parte
interesada, apoyándola en un testimonio externo.

Resumiendo: la Administración no tiene constancia de que en estos
momentos exista, desde el campo de las competencias marítimas del
Ministerio, ningún tipo de intrusismo y en los casos en que ha detectado
elementos en este sentido, bien por sus propias inspecciones, bien por
denuncias de parte interesada, se han abierto los oportunos expedientes
que han contribuido a la normalización de la situación.




El señor PRESIDENTE: Creo que el señor Soriano habrá recibido la
respuesta conveniente que deseaba del señor Panadero. (Risas.--Rumores.)



El señor SORIANO BENITEZ DE LUGO: Conveniente, no precisamente. He
recibido una respuesta que no es concorde con lo preguntado.




El señor PRESIDENTE: Creo que si el señor Panadero no ha sido capaz de
dar más precisiones es porque no puede en este momento. Usted dispone de
otros cauces parlamentarios para volver a insistir al respecto.

Gracias, señor Panadero, por su presencia hoy aquí, y feliz año.




DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE LA LINEA FERREA BARCELONA-LA TOUR DE CAROL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000190.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos ya al debate y votación, en su caso, de las
siguientes proposiciones no de ley. Se me ha pedido que, para agilizar la
tramitación, vayamos debatiendo cada una de ellas y, a continuación, las
vayamos votando. En consecuencia, rogaría a los portavoces de los grupos
parlamentarios que avisen a los Diputados, que probablemente están en la
puerta.

Tengo que anunciar también a la Comisión que la autora de la proposición
no de ley que figura en el orden del día con el número 2 ha solicitado su
aplazamiento. Yo someto al juicio de esta Comisión el criterio de aplazar
esta proposición no de ley, que ha sido presentada por la señora Rahola
en nombre del Grupo Mixto. (Varios señores Diputados piden la palabra.)
Un momento. En el supuesto de que los portavoces de los distintos grupos
políticos crean que no es procedente aplazarla, se aplica el Reglamento
y, por no estar presente, decaería, pero yo quisiera que los portavoces
manifestaran su opinión. Les ruego que sean breves. ¿Están a favor del
aplazamiento? (Los portavoces de los grupos parlamentarios piden la
palabra.)
En primer lugar, tiene la palabra el señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, si es que se necesita el
formulismo, manifestaré la opinión de mi Grupo. Nuestro Grupo quiere que
esta proposición no de ley decaiga, por una razón muy sencilla. Ya
estamos cansados del continuo desprecio que a la Comisión está haciendo
la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señora Rahola, en distintas
ocasiones. Esta Comisión ya ha tenido alguna ocasión de poderse
manifestar en este sentido y lo mismo ha ocurrido en otras comisiones. En
concreto, en la Comisión de Defensa hubo un tema que tuvo que aplazarse
por tres veces. En esta Comisión, señor Presidente --usted lo
recordará--, hubo un tema, con presencia de la señora Rahola, que se
enteró que lo que había presentado no era de la competencia del Congreso
sino de la Generalitat de Cataluña y, para no quedar mal, lo retiró al
instante. Los demás Diputados, de distintos grupos, que habían preparado
los temas, incluso con alguna enmienda, se quedaron con su trabajo sobre
la mesa y la señora Rahola no estuvo presente. Hoy sucede lo mismo. La
señora Rahola está en la Casa, la señora Rahola, hace cinco minutos,
estaba dando uno de sus normales «shows» a la prensa respecto a las cosas
que a ella le interesan. Los medios de comunicación no tienen interés en
lo que vamos a debatir aquí. Después ya veremos cómo vende en su
territorio que las cosas no avanzan, que todo va bien, etcétera. Si la
señora Rahola quiere defender los problemas concretos de la línea férrea
Barcelona-La Tour de Carol, que venga a defenderlo; si no viene, la
proposición decae. Y si se considera que hay que aplazarla, que conste la
queja de nuestro Grupo a la Presidencia si así se produjese.




El señor PRESIDENTE: Señor García-Arreciado, tiene la palabra. (Rumores.)
En esta intervención no estamos respetando el orden de menor a mayor,
porque simplemente se trataba de conocer la opinión de la Comisión ante
una propuesta de la Presidencia. Luego seguiremos el orden establecido
habitualmente.

Señor García-Arreciado, cuando quiera.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, no encontramos
ninguna razón parlamentaria, sólo el interés personal de esta Diputada,
para que se pudiera proceder a aplazar esta proposición no de ley. Por
tanto, somos partidarios de que decaiga.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Popular, el señor Gómez-Alba.




El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: La importancia y las consecuencias que podía
tener el cierre de la línea Montcada-Puigcerdà dio lugar a que todas las
fuerzas políticas con representación parlamentaria, tanto en la Cámara
catalana



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como en el Congreso de los Diputados, acordase tomar iniciativas
conjuntas para conseguir el mantenimiento de esta línea. La acción
conjunta se plasmó en la proposición no de ley registrada el 27 de mayo
en el Parlamento catalán. Las acciones parlamentarias, así pues, han
estado presididas... (Rumores.) Permítanme, voy a ser breve, pero, al
menos, permítame, señor Presidente, tener el mismo tiempo que mis
compañeros.




El señor PRESIDENTE: Pero le ruego que se ciña a decir si está a favor o
en contra.




El señor GOMEZ-ALBA RUIZ: Mi antecesor no se ha ceñido exclusivamente a
eso. Permítame que exponga mis motivos, y además creo que hay que hacer
constar lo que voy a decir. Estas acciones parlamentarias estaban
presididas por el interés conjunto de garantizar el funcionamiento por
encima de intereses partidistas. El único Grupo que ha hecho prevalecer
un afán infantil de protagonismo, intentando ponerse al frente de la
manifestación, por encima de esta acción conjunta y eficaz aprobada por
el Parlamento de Cataluña y acordada por todos los grupos de esta Cámara,
ha sido Esquerra Republicana de Cataluña, y, como muestra, esta
proposición que hoy ha presentado.

Nosotros pedimos que, al ser pospuesta por segunda vez consecutiva, al no
comparecer la señora Rahola, decaiga la presente proposición. El Grupo
Popular presentará otra proposición conjunta, con otros grupos
parlamentarios, sobre el mismo tema, cumpliendo así el mandato que nos ha
dado a todos el Parlamento de Cataluña.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, tenía usted perfecto derecho a hacer
sus matizaciones.

Finalmente, en nombre del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Sólo quiero decir que nuestro Grupo lamenta
mucho la no presencia de la Diputada Rahola en esta Comisión. Pensamos
que, aparte de la distorsión que puede generar en la Comisión, es una
falta de respeto para los ciudadanos que están esperando que este
Congreso de los Diputados entre a debatir sobre el tema del tren de
Barcelona-La Tour de Carol. Recuerdo que la semana pasada hubo un tren
contratado por Comisiones Obreras que llegó hasta La Tour de Carol, a
cuyo encuentro por los distintos pueblos salieron sus habitantes. Estamos
deseando que la proposición, que fue aprobada por unanimidad en el
Parlamento de Cataluña, pueda ser debatida en esta Cámara, como era
nuestra intención al aportar, como enmienda de sustitución a la
proposición no de ley de la señora Rahola, justamente la enmienda en los
mismos términos que fue presentada en el Parlamento de Cataluña y que fue
aprobada por la unanimidad de todos los grupos.

Estoy de acuerdo con lo que han dicho los anteriores portavoces en el
sentido de que esta proposición no de ley, desde nuestro punto de vista,
tendría que decaer.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, oídos los portavoces de los
distintos grupos políticos, este Presidente concluye que la proposición
no de ley de la señora Rahola queda decaída. En consecuencia pasamos al
punto 3 del orden del día, proposición no de ley relativa a las
modificaciones de las tarifas de los distintos servicios que presta la
Compañía Telefónica Nacional de España, que presenta el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (El señor García-Arreciado Batanero
pide la palabra.)
Señor García-Arreciado, ¿solicita la palabra para una cuestión de orden?



El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: No es una cuestión de orden, señor
Presidente, es para rogarle, si es posible y no hay inconveniente por
parte de los demás grupos, comenzar con los puntos 6 y 8 del orden del
día.




El señor PRESIDENTE: Esta Presidencia ya había tenido noticia, pero es
mejor que lo plantee un portavoz de un Grupo Parlamentario, en este caso
del Grupo Socialista, del deseo de anticipar el punto número 8. Dado que
este punto afecta a Canarias, los representantes presentes en esta sala
de Canarias me habían rogado que se adelantara para poder coger sus
correspondientes combinaciones de transporte.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, el punto número 6,
que se refiere a la ordenación del control aéreo, aunque no afecta sólo a
Canarias, lo defiende un Diputado canario. Por tanto, también tendríamos
interés, si es posible, que se viese antes.




El señor PRESIDENTE: ¿Algún portavoz de grupo parlamentario se opone a
este cambio de los números 6 y 8?



La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, el número 6 no corresponde,
por lo menos en el orden del día que nosotros tenemos, a esa proposición
no de ley. ¿Es que hay dos órdenes del día?



El señor PRESIDENTE: Ese punto corresponde, como ha dicho el señor
García-Arreciado, al control aéreo.

En consecuencia, no hay ninguna oposición.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PRESENTAR EN LA CAMARA UN PLAN
ESTRATEGICO DE ACTUACION ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES COMPETENTES
Y LOS GOBIERNOS AFECTADOS, EN ORDEN A ESTABLECER UN REPLANTEAMIENTO DE LA
ORDENACION DEL CONTROL AEREO EUROPEO. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000272.)



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El señor PRESIDENTE: Punto 6 del orden del día: proposición no de ley por
la que se insta al Gobierno a presentar a la Cámara un plan estratégico
de actuación ante los organismos internacionales competentes y los
Gobiernos afectados, en orden a establecer un replanteamiento de la
ordenación del control aéreo europeo. Esta proposición no de ley ha sido
presentada por el Grupo Popular y existe una enmienda del Grupo
Socialista.

Por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Nuestro Grupo suscribió esta proposición no de
ley el 1 de agosto de este año ante los sucesos por la defectuosa
ordenación del control de tráfico aéreo que estaba provocando efectos
negativos durante los últimos veranos en gran parte de los aeropuertos
españoles y fundamentalmente en el de Palma de Mallorca. Hasta la fecha,
puesto que era un tema reiterativo de los últimos años, habíamos
contrastado que el Gobierno se había mostrado incapaz de arbitrar una
solución al conflicto creado; solución que tendría que pasar, por
supuesto, en todo lo que se negociara a través del organismo comunitario
Eurocontrol, por trasladar a España el control aéreo de Marsella o, en el
caso de que esto no fuera posible, por disponer de rutas alternativas, y
todo esto negociado dentro de la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI). Sobre esa base nosotros proponíamos, y hoy
formalizamos en esta Comisión, que el Gobierno presente en un plazo de
dos meses un plan estratégico buscando soluciones a este asunto.

En relación con el tema, y contestando a una iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, el propio Ministro competente, en fecha reciente,
el 21 de octubre de 1994, reconocía que era lógico disponer de acciones
estratégicas a medio y largo plazo, así como de un amplio abanico de
acciones tácticas. También nos consta que estas acciones, desde el punto
de vista estratégico, había que enmarcarlas dentro de la Conferencia
Europea de Aviación Civil y de la normativa establecida para los años
noventa con su estrategia, que fue aprobada por los ministros de
Transportes de los Estados miembros de la Unión. Estas acciones, nos
consta, fueron recogidas en un programa específico denominado Eatchip,
cuyos objetivos eran, primero, el de la armonización del sistema y,
posteriormente, ir a una integración de la gestión del tráfico aéreo ATM,
buscando un uso óptimo del espacio aéreo. Pues bien, este programa está
ahí. Nosotros entendemos que ha llegado el momento de insistir haciendo
previsiones para que no se repitan los conflictos en el próximo verano.

También nos consta que España está integrada en dos planes por razones de
espacios aéreos colaterales: del plan EFP (España, Francia y Portugal) y
el plan EFMA (España, Francia, Marruecos y Argelia). En este caso de muy
dudoso recuerdo por lo ocurrido recientemente. Entendemos que en estos
planes colaterales ha llegado la hora de hacer valer los intereses
españoles previniendo lo que pueda pasar.

Entendemos que es la hora de fijar y de exigir esta actividad estratégica
dando la actuación debida a la Dirección General de Aviación Civil
Española y al Ente Público AENA, dentro del seno de Eurocontrol, en la
Conferencia Europea de Aviación Civil de la OACI, zona europea.

También nos consta que en fecha 9 y 10 del pasado mes de agosto se reunió
el grupo de trabajo ad hoc de la OACI para tratar este asunto, porque se
había llegado a una situación límite. Nos tememos que esto se está
olvidando.

En cuanto a las actividades tácticas que se tomaron, y de las que se nos
informó en su momento, respecto a lo que se había acordado con la
distribución de tráfico en reuniones mantenidas con el control de tráfico
aéreo de Francia, Gran Bretaña e Italia, junto a los responsables de
Eurocontrol, donde quedaron patentes las limitaciones de los centros de
control extranjero y se adoptó la decisión de distribuir algunos de los
posibles flujos de tráfico con desvíos a través de los FIR de Brest,
Burdeos y Roma, que pudieron facilitar la salida del archipiélago balear
de aquellas aeronaves con destino al centro y norte de Europa. En su
momento tuvo cierta validez, pero fueron soluciones de emergencia para el
momento y no soluciones definitivas a largo plazo, que son las que ahora
reclamamos desde nuestro Grupo Parlamentario.

También se nos anunció que la Dirección General de Aviación Civil, con
relación a este asunto, había pedido una evaluación de los daños
económicos causados. Nos tememos que ése es otro aspecto que está cayendo
en el cajón de los olvidos.

El propio Ministro competente, con fecha 21 de octubre, respecto a esta
iniciativa del Grupo Popular a que me he referido antes, decía que,
efectivamente, se realizarían las gestiones dentro de las competencias,
posibilidades y esferas de actuación de las instituciones de la Unión
Europea. Con arreglo a esta promesa del propio responsable del
departamento, creo que ese momento ha llegado ya, pero de una manera
organizada, a través de un compromiso político, a través de un plan
estratégico y no de una forma disyuntiva.

Por tanto, por estos argumentos, pido el voto afirmativo para esta
proposición no de ley de nuestro Grupo.




El señor PRESIDENTE: Dado que existe una enmienda del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor Martinón para su defensa.




El señor MARTINON CEJAS: El Partido Popular ha planteado un asunto de
mucha importancia, que tuvo una gran repercusión el verano pasado. No se
le escapa al Grupo Popular que estamos ante un problema complejísimo que
viene a poner de manifiesto en el fondo que al final el mundo es una
aldea y que la influencia que podemos tener entre unos y otros es enorme,
así como que las decisiones que se puedan adoptar por un grupo de
trabajadores en un lugar puede tener influencia en otros lugares. Eso no
nos debe llevar a adoptar una actitud de resignación. De hecho el
Gobierno en el verano se enfrentó de cara con el problema para intentar
resolverlo. El señor Camisón ha hecho alusión a algunos de los esfuerzos
que hizo el Gobierno. En ese sentido mi Grupo ha presentado una enmienda,
que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados



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insta al Gobierno para que, de conformidad con los organismos
internacionales competentes, encuentre solución a los problemas de
tráfico aéreo que periódicamente afectan a las zonas turísticas
españolas.

Creemos que con esta enmienda se recoge la intención del Grupo Popular,
sin fijar de una forma excesivamente precisa qué debe hacer el Gobierno.

Creo que nuestra principal preocupación debe ser exigir al Gobierno que
encuentre una solución dentro de la legislación internacional y en el
seno de los organismos internacionales.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón, por su claridad y por su
brevedad.

¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición respecto a esta
proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Más brevemente aún que lo que lo han sido otros
grupos parlamentarios, para expresar el apoyo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya tanto a la proposición no de ley como a la
enmienda, en caso de que ésta fuera aceptada por el Grupo Popular, porque
por lo menos significa una llamada de atención al Gobierno en el sentido
de que deben ser modificados los controles del espacio aéreo para evitar
sucesos como los que se produjeron en agosto del año pasado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Camisón para fijar su
posición respecto a la enmienda.




El señor CAMISON ASENSIO: Hemos estudiado con todo interés esta enmienda
y la vamos a aceptar, no sólo porque va en la misma dirección de nuestro
objetivo, sino también porque realmente nos encanta la expresión de que
el Gobierno encuentre solución. ¿Por qué? Porque no se trata sólo de que
la busque sino de que la encuentre. Por tanto, vamos a aceptar y aprobar
esta enmienda.




El señor PRESIDENTE: En consecuencia, pasamos a votar la enmienda del
Grupo Socialista, respecto a la proposición no de ley número 6 del orden
del día.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.




--SOBRE UBICACION DE CANARIAS EN LOS MAPAS NACIONALES. PRESENTADA POR EL
GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de expediente 161/000326.)



El señor PRESIDENTE: Tal como hemos convenido en el orden del día,
pasamos a debatir la proposición no de ley sobre ubicación de Canarias en
los mapas nacionales, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el señor Martinón.




El señor MARTINON CEJAS: El asunto que el Grupo Parlamentario Socialista
somete a la consideración de la Comisión no es un asunto menor, como
pudiera parecer a primera vista.

Todos nos hacemos una idea del mundo en que habitamos a través de los
mapas. Por tanto, la idea que podamos tener de España --me refiero al
aspecto geográfico, no a otros aspectos, de los que cada uno se hace una
idea conforme a otros criterios-- nos la hacemos a través de la
representación de sus mapas. Habitualmente, en los mapas de España,
Canarias se sitúa al sur de Baleares, en el extremo sureste o, dicho de
otra manera, en la parte baja a la derecha de los mapas. Esto hace que
millones de españoles lleguen a pensar que Canarias es un archipiélago
del Mediterráneo y no, como es, un archipiélago del Atlántico. (Rumores.)
No sólo tiene esto importancia porque haya millones de españoles que
puedan tener una representación errónea de cuál es la realidad geográfica
española, sino que esto puede... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Martinón. Ruego silencio a SS. SS.

porque no podemos entender perfectamente la defensa de la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor MARTINON CEJAS: Intentaba explicarles a los compañeros del Grupo
Popular y a todos los demás miembros de esta Cámara que la idea que
tenemos de la realidad geográfica nacional viene dada por los mapas de
España, y que esto tiene mucha importancia para la mayoría de los
españoles, pero que incluso puede tenerla para aquellas personas que
tienen que tomar decisiones, bien desde instituciones públicas o bien
desde entidades privadas.

Por eso consideramos que no habiendo una solución perfecta en el sentido
de que en un mapa de España la situación de Canarias fuera la real,
porque de hecho se convertiría más bien en un mapa de Marruecos, hacemos
esta propuesta que, aunque a nuestro juicio es imperfecta, quizá sea la
mejor de las posibles. Se trata de colocar al Archipiélago Canario en la
parte suroeste o, dicho de otra manera, en la arte baja a la izquierda
del mapa.

Solicitamos el apoyo de todos los grupos porque creemos que ésta es una
de esas medidas que no tiene por qué costar dinero y puede contribuir a
tener una España mejor. Creo que sí que es así, que es una España mejor
aquella España donde todos conocemos nuestra propia realidad geográfica
mejor.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martinón.

¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar su posición con respecto a esta
proposición no de ley? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Sedó, en nombre del Grupo Catalán (Convergència
i Unió).




El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, simplemente para hacer constar
nuestro voto favorable a la solicitud de la proposición no de ley, por
cuanto nos parece



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aceptable que se especifique en los mapas de España la situación de las
Islas Canarias de una forma más adecuada.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Andreu, en
nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor ANDREU ANDREU: Mi Grupo Parlamentario comparte lo que ha
manifestado el señor Martinón en nombre del Grupo Socialista, en el
sentido de que la elaboración de los mapas no debe ser una cosa trivial,
a veces ni siquiera es una cosa inocente. Sólo hay que recordar que en
Estados Unidos los mapas del mundo tienen como centro América. A veces no
son cosas inocentes; en cualquier caso, deben ser elementos que permitan
una lectura adecuada de cómo se determina un territorio. En este caso,
tiene razón el proponente cuando manifiesta que tal y como se han venido
tradicionalmente planteando los mapas de España, la ubicación de las
Islas Canarias se prestaba a cierta confusión.

Por tanto, creemos que no es baladí esta propuesta, aunque pueda no
parecer un asunto de gran interés nacional, de primera línea. Repito que
esta propuesta no es baladí y creemos que puede ayudar perfectamente a la
comprensión de la situación de las Islas Canarias con respecto al
territorio nacional y, por tanto, tendrá el apoyo del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Maciá.




El señor MACIAS SANTANA: Gracias, señor Presidente. Mi nombre es Macías.

Deseo dejar patente que a pesar de que el Grupo Parlamentario Popular va
a votar a favor de esta proposición no de ley, resulta paradójico que
frente a los problemas que tienen las Islas Canarias la sensibilidad del
Grupo Parlamentario Socialista se centre en la situación cartográfica de
las Islas Afortunadas en los mapas de las publicaciones oficiales y que
tras doce años de Gobierno socialista no haya sido capaz... (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Macías.

Igualmente ahora ruego silencio a las personas ubicadas de la mitad de la
sala a mi izquierda para que se pueda escuchar la intervención del señor
Macías.




El señor MACIAS SANTANA: Gracias, señor Presidente, continúo.

... Y que tras doce años de Gobierno socialista no haya sido capaz de
proponérselo y de llevarlo a cabo. Es una muestra más de la ineficacia y
de la falta de preocupación por los problemas de nuestras Islas,
quedándose solamente en los símbolos, en lugar de atender a los hechos
para, de esa manera, poder solucionarlos.

Por otro lado, me imagino que esta instancia que se realiza al Gobierno
se tramitará también por parte del Grupo Parlamentario Socialista a su
propio Gobierno, para que, a su vez, lo haga llegar al Gobierno de la
Unión Europea para que también sus publicaciones oficiales corrijan este
defecto, porque también en el ámbito europeo se mantiene una visión
distorsionada de la realidad geográfica de las Islas Canarias y, por
tanto, también de la realidad geográfica nacional. Nuestro Grupo, como ya
he anunciado, va a votar a favor de esta proposición no de ley, aunque
recordando una vez más la ineficacia del Grupo Socialista, que ha tenido
doce años para hacerlo y no lo ha hecho, así como tampoco lo ha
propuesto, lo que demuestra la escasa preocupación por los problemas de
nuestras Islas. Nosotros pedimos que esta ficción de la realidad nacional
desaparezca también de las publicaciones oficiales de la Unión Europea.

Quiero aprovechar, señor Presidente, la oportunidad que me da el ser
ponente de esta proposición no de ley, sobre la ubicación de Canarias en
los mapas nacionales, para lograr que de una vez por todas las Islas
Canarias sean situadas y conocidas en su auténtica localización
geográfica y con los verdaderos nombres de sus capitales e islas. Por
ejemplo, cuando se vuela a Canarias se hace con destino a Tenerife, Gran
Canaria, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura; nunca se puede
volar a Las Palmas, que es la provincia, o Las Palmas de Gran Canaria,
que es la capital de la Isla de Gran Canaria, como habitualmente, por
desconocimiento impresentable, hacen las azafatas, concretamente de
Iberia.

Es inadmisible, desde todo punto de vista, que revistas nacionales en sus
publicaciones coloquen a la Isla de Tenerife el nombre de Gran Canaria; a
la Isla de Gran Canaria el nombre de Tenerife y a la Isla de
Fuerteventura, Lanzarote. Esto, aparte de un desconocimiento total y
absoluto de la geografía insular, es una ofensa a los canarios que se
debe corregir, dando una mayor información de la geografía nacional a las
azafatas de Iberia.

Es, asimismo, impropio de una revista de tirada de ámbito internacional,
como es Ronda Iberia, que cuando se trata de dar a conocer la
climatología pone Las Palmas abarcando, cosa imposible, la climatología
de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Los vuelos con destino a Gran
Canaria frecuentemente anuncian Madrid-Las Palmas de Gran Canaria, más
absurdo todavía, por lo que estimo oportuno, aprovechando esta
proposición no de ley, que se haga una verdadera enseñanza de la
geografía de las Islas Canarias para que organismos oficiales o no
oficiales sepan dónde están, situación geográfica y sus nombres
verdaderos. Es, además, inadmisible que esta misma revista confunda Las
Palmas con Gran Canaria, Santa Cruz con Tenerife, Santa Cruz de la Palma
con La Palma, Valverde con Hierro, Arrecife con Lanzarote, Puerto Rosario
con Fuerteventura, Santa Cruz de Tenerife con Tenerife, Las Palmas de
Gran Canaria con Gran Canaria. Aparte de esto, Iberia tiene defectos en
cuanto a la climatología, confundiendo la de Arrecife con la de
Lanzarote, la de Las Palmas con la de Gran Canaria, Puerto Rosario con
Fuerteventura. En fin, hay un auténtico desconocimiento.

Por tanto, pido hoy aquí que se haga también una investigación y una
buena denominación de sus verdaderos nombres.




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Repito, señor Presidente, que vamos a votar favorablemente esta
proposición no de ley porque la creemos adecuada en este momento. (El
señor Martinón Cejas pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Me pide la palabra el señor Martinón. Intuyo que por
alusiones S. S. quiere hacer alguna matización. Realmente no procedería
en condiciones normales, pero le vamos a dar la palabra por treinta
segundos.

Tiene la palabra el señor Martinón.




El señor MARTINON CEJAS: Dada la brevedad de mi primera intervención, en
el mismo sentido quiero responder al portavoz del Grupo Popular que ha
aprovechado esta ocasión, que a mí me parecía inadecuada, para intentar,
una vez más, dar bofetadas al Gobierno.

No es este, sin duda alguna, el principal problema de los socialistas en
relación con Canarias; hay otros muchos, como hemos demostrado, o creemos
haberlo hecho, por ejemplo, en la Ley del nuevo Régimen Económico y
Fiscal, y quiero recordar simplemente al señor Macías que la misma
oportunidad que ha tenido mi Grupo de presentar esta proposición no de
ley la ha tenido el suyo durante el mismo tiempo, durante los doce años
de Gobierno socialista y durante los diecisiete años, desde el año 1977,
de existencia de este Parlamento democrático. Hemos tenido la misma
oportunidad, el mismo tiempo y tampoco hemos intentado convertir un tema
menor como éste en una bandera ni electoralista ni excesivamente
politizada, aunque, como muy bien señalaba el señor Andreu, este tipo de
asuntos tienen una alta componente política, en el sentido más ideológico
del término.

Simplemente lamento que un asunto menor, aunque importante, se haya
intentado convertir en una pequeña trifulca interpartidaria y que una vez
más los canarios hayamos dado lo que a mi juicio es el continuo
espectáculo canario al que sometemos a los demás miembros de otras
comunidades autónomas. (El señor Macías Santana, pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Creo que todos los miembros de esta sala saben
perfectamente el talante de los canarios (Risas.) y su fiabilidad en
defensa de los intereses de su tierra, como la tienen todos los
representantes de las distintas comunidades autónomas españolas.

Me pide la palabra el señor Macías, pero le ruego, por favor, que no
convierta esta réplica en un turno constante de contrarréplicas al
respecto. Creo que ha quedado clara la matización. Le concedo la palabra
durante diez segundos, si tiene algo que aclarar.




El señor MACIAS SANTANA: Muy brevemente.

Solamente quiero indicar a mi buen amigo y compañero en el Congreso,
Antonio Martinón (Rumores.), que no se trata de ninguna discusión. Se
trata de que nosotros no hemos estado en el poder, no hemos estado
gobernando. Por tanto, han sido ellos los que han tenido la posibilidad
de proponer lo que hoy han propuesto. Han esperado doce años. Nosotros no
hemos tenido la oportunidad. Estoy seguro de que si nosotros llegamos a
tener esa oportunidad, ya estaría situado en su justa medida.

En cuanto a los nombres que hemos rectificado, él como yo viajamos
continuamente a Gran Canaria y sabe los errores que cometen las azafatas.

Es lo que he querido aprovechar para decir, no siendo la primera vez que
yo escribo al Presidente de Iberia una carta para que corrija eso.

Nada más, Presidente. Un saludo muy cordial y felicitar al Grupo
Socialista por esta iniciativa, que aplaudimos y que vamos a apoyar.




El señor PRESIDENTE: Dentro de un rato van a estar juntos en el mismo
avión, probablemente, y, en consecuencia pueden seguir discutiendo sus
diferencias allí.

(Risas.)
Siguiendo el orden del día, tal como estaba establecido, vamos a votar la
proposición no de ley número 8.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Enhorabuena.

Para explicación de voto, tiene la palabra el señor Martín Menis en
nombre del Grupo de Coalición Canaria.




El señor MARTIN MENIS: Agradezco la generosidad de la Presidencia porque
no pude participar en el debate. El apoyo de Coalición Canaria a esta
proposición no de ley es claro y sólo daré un detalle por si no se ha
tocado anteriormente.

El problema de la insularidad alejada es histórico en el tiempo, y es
importante dónde se sitúan las Islas ahora, aunque indudablemente lo
mejor era haberlas situado en su ubicación real. Pero el problema de la
insularidad hoy ya no es de tiempo, es económico. Al final saltamos en
dos horas y media y nos vamos a ir en el avión juntos, aunque nos
separamos desde Madrid, porque cada uno va a su isla.

Es un problema económico, decía, debido también a la distancia. Por
tanto, también es importante ubicarlo en su lugar. Es importante porque
incluso históricamente las Islas no sólo han estado colocadas a la
derecha y a una distancia incorrecta, sino que, además, han estado
colocándolas más juntas de lo que lo están realmente. Es elemental que se
coloquen a la distancia real para que entiendan que desde Hierro a
Lanzarote hay 600 kilómetros y que, por tanto, es un archipiélago muy
extenso en territorio, ocasionando un problema de doble insularidad. Todo
lo que haga que Canarias se coloque en su situación real, ayudará a que
todos los españoles entiendan más que el problema de los canarios y de
estas discusiones no es un tema baladí, sino que es muy importante,
porque ello es causa de que gran cantidad de variables sociales las
tengamos entre las peores de toda España. Tenemos una situación
geográfica y un clima privilegiados para el desarrollo turístico y, sin
embargo, la realidad social es otra debido a una causa real y de fondo
que indudablemente esta proposición ayuda a enfocar, aun cuando por
desgracia no podamos representarla en su situación real, en Africa, que
es donde está.




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En cualquier caso, nuestro apoyo es claro y enhorabuena por la
iniciativa.




--RELATIVA A LAS MODIFICACIONES DE LAS TARIFAS DE LOS DISTINTOS SERVICIOS
QUE PRESTA LA COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA, S. A. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000225.)



El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto tercero del orden
del día, proposición no de ley relativa a las modificaciones de las
tarifas de los distintos servicios que presta la Compañía Telefónica
Nacional de España, S. A., a propuesta del Grupo Parlamentario Popular.

Para defender la proposición no de ley, tiene la palabra el señor
Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: En el caso de esta proposición no de ley,
nuestro Grupo firmó el documento el 13 de mayo del año en curso, y SS.

SS. apreciarán que, en razón a que en aquella fecha aún no se había
aprobado por el Gobierno el reajuste de las tarifas, la redacción de
nuestro documento precisa de ciertos retoques de actualización, sobre
todo porque posteriormente hubo unas subidas que nosotros entendemos que
fueron bruscas y que no pudimos recoger en aquella fecha.

Sin embargo, gran parte del contenido es válido, como, por ejemplo,
cuando quisimos dejar constancia de que tanto Telefónica como el Gobierno
vienen evidenciando su postura de no proporcionar información al
Parlamento sobre los costes de los distintos servicios que presta la
operadora, información que nosotros creemos imprescindible para evaluar
la procedencia de las modificaciones de tarifas que se propongan en el
futuro. Reconozco que es imprescindible que el Gobierno los conozca, como
los conoce, y es imprescindible porque el Gobierno tiene que tomar
decisiones y ejecutarlas. Pero, por la misma razón, es imprescindible que
los conozca la oposición parlamentaria, ya que tiene el deber de hacer el
control parlamentario al Gobierno.

Estoy seguro de que el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno no
quieren privarnos, en absoluto, de esa información, y por eso insistimos
en que es imprescindible conocer los datos de esos costes, puesto que no
estamos ante ninguna materia reservada.

La razón de todo esto entendemos nosotros que está en otra parte. Me
refiero a que al hacer la comparación de estos costes con otros de otras
operadoras de nuestro entorno, queda malparado en cuanto a la
trascendencia de ellos, y no proporcionarlos es una ocultación que viene
provocada por la vergüenza de que no son muy presentables.

Nosotros creemos que, puesto que Telefónica lo que rinde es un servicio
público de la misma categoría de los que puede proporcionar Renfe, y el
Gobierno y la oposición conocemos los datos de costes de Renfe --como
también conocemos los datos de costes de Transmediterránea--, por la
misma razón debemos conocer los de Telefónica.

No olvidemos --y lo hemos dicho ya en más de una ocasión-- que el
Presidente de la Compañía es nominado por el Consejo de Ministros y que
el propio Ministro de Obras Públicas, cuando presenta los Presupuestos,
apunta en el haber de su Sección 17 todas las inversiones de Telefónica.

Daré un dato que justifica nuestra postura de que es imprescindible esta
información para hacer oposición, y es que la última junta general de
Telefónica había veintitrés Consejeros, de los cuales veintiuno habían
sido nominados por el Gobierno. Por tanto, creemos que es absolutamente
oportuna nuestra proposición no de ley para conocer estos datos, sobre
todo en lo que pueda afectar y tener consecuencias para la sociedad
española.

Hay un dato sobre el que aprovecho, señor Presidente, para llamarle la
atención, y es que en la redacción de nuestra proposición no de ley
nosotros instábamos al Gobierno a que remita la información antes de
implantar las modificaciones para las tarifas de este año. Puesto que las
de este año ya están aprobadas, nuestra enmienda «in voce» se refiere a
que donde dice «para este año» diga para «el próximo año». Como es una
cuestión de exclusiva actualización de fecha, creo que se puede recoger
mediante esta enmienda «in voce».

Nosotros somos conscientes de que muy recientemente el Pleno de esta
Cámara ha aprobado una proposición no de ley instando al Gobierno a tomar
medidas, antes del 1.º de enero de 1998, sobre tres aspectos
fundamentales: sobre la aplicación de tarifas homogéneas a servicios
equivalentes, sobre la garantía de universalidad de la prestación de los
servicios básicos y sobre la seguridad del equilibrio financiero de la
actual operadora. Llamo también la atención al respecto de que aquella
proposición aprobada por el Pleno recientemente por mayoría y esta
proposición que hoy traemos a esta Comisión son perfectamente
compatibles, puesto que aquélla se refería a tres cuestiones concretas
para antes de 1998 y ésta es la implantación de una filosofía general de
tarifas exclusivamente para el año 1995. Por tanto, no se contrapone en
absoluto la proposición aprobada en Pleno y esta que hoy debatimos.

Insisto en el tema de que esta Comisión debe conocer estos datos, porque
me imagino que los argumentos en contra van a ir en esa dirección. Esta
Comisión no puede ser considerada por más tiempo menor de edad para el
conocimiento de estas cuestiones, puesto que no las conoce exclusivamente
el Gobierno, ya que en estos momentos tengo aquí delante el documento
titulado «Telefónica frente a la competencia». Algunos aspectos
económicos y financieros», que se considera interno del Gobierno y
resulta que lo conoce no sólo Telefónica, sino que lo conocen los otros
operadores, lo conocen las empresas, lo conoce el sector y lo conoce este
Grupo Parlamentario, pero no a través de esta Comisión. Luego lo que yo
estoy pidiendo es que se conozcan aquí oficialmente esos datos, que los
conoce, de una u otra forma, todo el mundo. Es fundamental, repito, que
los conozca porque en este documento



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que yo tengo aquí se ven cuestiones que llaman mucho la atención. Por
ejemplo, hace un estudio de la evolución de los principales parámetros de
Telefónica, fijando el índice 100 para el año 1998 y comparándolo con una
de las otras operadoras europeas.

El estudio interno realizado por la Secretaría General de comunicaciones
ha elegido la comparación con la British Telecom. La evolución del IPC en
España y el Reino Unido entre los años 1988 y 1993 ha sido la siguiente:
España ha evolucionado desde 100 a 133 y el Reino Unido ha evolucionado
de 100 a 131. Pero ante esta evolución del IPC, los gastos operativos de
Telefónica han saltado de 100 a 179, y los gastos de la British Telecom
sólo de 100 a 142. La evolución en gastos de personal ha sido para
Telefónica de 100 a 176, y para British Telecom sólo de 100 a 132. El
ingreso por operaciones ha sido para Telefónica de 100 a 198, y para
British Telecom sólo de 100 a 130. En tarifas --tema que hoy nos ocupa--
en Telefónica la evolución ha sido de 100 a 124, y en British Telecom de
100 a 105.

Estudiando este documento de la Secretaría General y como consecuencia de
todo lo anterior, contrastamos que existe una importante sobrevaloración
del inmovilizado material de Telefónica, y que no se aprecia durante el
período considerado --1989/1993-- que se haya seguido por Telefónica una
política de saneamiento del activo, ni siquiera un esfuerzo continuado de
reducción de esos costes que se nos quieren ocultar y que pudieran
posibilitarla. Por el contrario, se deduce --y concuerdan esos datos con
los últimos reportajes realizados por la prensa europea especializada,
recientemente los analizaba el «Financial Times»-- que las grandes
operadoras europeas caminan en dirección contraria.

La Deutsche Telecom hace años que comenzó una operación de saneamiento de
sus activos por importe de 900.000 millones de pesetas. En el caso de
France Telecom, entre los años 1989 y 1990 han llegado a una altísima
tasa de amortización, el 20 por ciento. La British Telecom --la operadora
con activos más competitivos-- también está aplicando tasas más altas de
amortización que Telefónica. Por tanto, esta situación real la conocemos
de una forma ajena a la Comisión, que es la competente en esta Cámara, y
estamos en un momento en el que tanto el Gobierno como nosotros, haciendo
oposición parlamentaria, creemos que ha llegado la hora de actuar con la
máxima urgencia, buscando soluciones al respecto justamente cuando la
liberalización parece que viene de verdad.

Termino, señor Presidente, insistiendo en la solicitud de los mencionados
datos para que se conozcan oficialmente, eliminando un desprecio hacia
esta Comisión, que no los conoce; creemos que no hay el respeto
suficiente al no entregarlos. No aprobar esta proposición no de ley
significaría --nosotros lo entendemos así-- una renuncia al ejercicio de
nuestros derechos y obligaciones para llevar adelante una oposición
constructiva.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición
con respecto a la proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, nuestro Grupo tenía, y tiene,
la intención de votar negativamente la proposición no de ley, porque
considerábamos que estaba fuera de lugar, puesto que tenía intención de
instar al Gobierno para que elaborase la tarifa de precios relativas a
1994, prácticamente ya concluido. Mediante una enmienda «in voce» del
proponente se nos habla del año 1995, incluso se nos dice que es de
máxima urgencia. Nosotros no vemos la máxima urgencia en estos momentos,
y el texto que se nos presenta no contiene lo que esta Comisión puede
solicitar al Gobierno o a los distintos servicios presupuestarios de
Telefónica, cuando existe la vía parlamentaria de solicitud de
comparecencias en su momento. Además, creo que el no aprobar hoy esta
proposición no de ley no significa que renunciemos a nuestros derechos en
el sentido de conocer los hechos y actuar directamente sobre el control
del Gobierno o sobre el control, en este caso, a la Compañía Telefónica.

Por tanto, nosotros no daremos nuestro voto favorable a esta proposición
no de ley.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: De la lectura de la proposición que presenta el
Grupo Parlamentario Popular se deduce únicamente que quiere reclamar para
el Congreso participar en el debate de cómo va a ser el incremento o
variación de tarifas, no ya del año 1994, sino del año 1995. En principio
esta petición que se hace nos parece correcta. Se solicita la
participación de la Cámara en una actividad de Gobierno; es, por tanto,
una consulta previa, según se deduce de su propia lectura, antes de que
el Ejecutivo tome una determinación sobre la variación de tarifas. Todo
ello nos parece correcto desde el punto de vista del equilibrio de
poderes y nosotros apoyamos este aspecto.

Ahora bien, aunque nosotros vamos a dar el voto favorable, no quiero
ocultar que nuestro discurso político es bastante diferente al que nos
plantea el ponente del Grupo Popular, señor Camisón, porque una cosa es
pedir una participación de la Cámara en las decisiones y otra cosa es
aventurar cómo va a ser la posición de cada grupo parlamentario a la hora
de tomar esas decisiones. Por el tenor del discurso del ponente del Grupo
Popular, señor Camisón, como suele ser el tenor que se tiene a la hora de
plantear este debate, el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no estará precisamente en una actitud de
máxima liberalización de tarifas ni de máxima liberalización del servicio
telefónico, sino que, muy al contrario, intentará proteger, dentro de lo
posible, la existencia de la Compañía Telefónica Nacional de España como
una compañía que ya está operando, que lleva muchísimo tiempo operando,
que ha venido prestando un servicio durante muchísimo tiempo a la
comunidad española y, por tanto, consideramos que es justo y bueno para
el Estado



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que siga prestando ese servicio y en unas condiciones mejores que
operadores que vengan con posterioridad. Nosotros también seremos
partidarios, por otra parte, de que la evaluación de las tarifas conlleve
unas determinadas connotaciones sociales que no sean meramente el
coste-beneficio, tal y como se nos plantea en los procesos de
liberalización pura.

Por consiguiente, dejando bien claro --después de oír los discursos
políticos que se vienen manteniendo continuamente en esta Cámara-- que la
posición del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya es
radicalmente diferente --por decirlo de una forma expresiva-- de lo que
plantea el Grupo Popular, sí estamos de acuerdo en la participación de la
Cámara en una decisión tan importante como ésta y estamos de acuerdo con
la que dice la proposición no de ley.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Socialista, el
señor Madrid López.




El señor MADRID LOPEZ: Señoras y señores Diputados, la verdad es que la
última modificación que, sobre la marcha, ha hecho el señor Camisón de la
iniciativa parlamentaria, varía también, lógicamente, todo el
procedimiento, e incluso el propio debate de esta Comisión.

Parecería razonable que esta proposición viniera después de la negación,
por parte de la Administración o de quien corresponda, a que se hubiesen
explicado los contenidos de las tarifas y todos los datos que esta Cámara
y esta Comisión hubieran deseado; entonces es cuando se debería haber
tomado esta decisión, importante dentro de las figuras parlamentarias,
que es la proposición no de ley. Pero que yo sepa no ha habido ninguna
negación por parte del Gobierno para que así se estableciera. Por tanto,
el que en los sucesivos ejercicios comparezcan yo creo que lo tienen muy
fácil; no se trata, en todo caso, de minusvalorar la Cámara ni su
soberanía, ni mucho menos: que solicite el Grupo Parlamentario Popular la
comparecencia del Gobierno y de cuantas personas deseen de la propia
compañía para pedir los datos que quiera conocer. Por ello, yo creo que
el señor Camisón, y el Grupo Popular, en este espíritu navideño, deberían
retirar la proposición no de ley. Si no es así, como veo por su gesto, yo
daré algunos argumentos, aunque me ha trastocado su intervención.

Hay que decir que el contrato concesional firmado entre el Estado y la
Compañía Telefónica de España el 26 de diciembre de 1991 estipula, en la
cláusula décima, que Telefónica tiene derecho a un régimen tarifario de
sus servicios objeto del contrato que permita salvaguardar el principio
de universalidad de prestación de los servicios básicos y el equilibrio
financiero global de la concesión. La revisión tarifaria de los servicios
telefónicos está reglada por el decreto 2.697/1977, de 28 de octubre,
sobre medidas relativas a la política de precios, el cual señala la
relación de bienes y servicios que requieren para la elevación de sus
precios, solicitud de la Junta Superior de Precios y autorización de la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Dentro de la relación del anexo, se incluye una serie de bienes y
servicios a los cuales se denominan autorizados, estando incluidos en el
apartado c) los teléfonos.

Pero yo voy a ahorrarles, como es lógico, los argumentos sobre la primera
proposición, modificada «in voce» por el señor Camisón. Hay que recordar
a SS. SS. cuál es el procedimiento (y ésta es una buena ocasión) para la
revisión de tarifas.

Telefónica de España presenta anualmente su petición de revisión de
tarifas, la cual se somete de manera escrupulosa al trámite establecido y
que, de manera esquemática, es el siguiente: 1.º Telefónica de España
presenta ante la Delegación del Gobierno en Telefónica su propuesta de
tarifas. 2.º La Delegación del Gobierno en Telefónica analiza la
propuesta y emite un informe sobre la misma, elevándolo a la Junta
Superior de Precios, junto a la propuesta de Telefónica. 3.º La Junta
Superior de Precios, de la cual forman parte representantes de los
Ministerios con competencias en la materia de los sindicatos, de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las organizaciones
empresariales, estudia la propuesta y emite su informe. 4.º El expediente
es remitido a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, que procede
nuevamente a su estudio y a la aprobación de las tarifas. Y 5.º, como
último paso, el Consejo de Ministros toma conocimiento de las tarifas y
se remite al «Boletín Oficial del Estado» para su público conocimiento,
fijándose la fecha de su entrada en vigor.

Yo creo que el sistema establecido es lo suficientemente diáfano, abierto
y público como para que no solamente esta Cámara, sino la ciudadanía, a
través de todo este mecanismo, pueda conocer cuáles son realmente los
argumentos económicos, sociales o de otra naturaleza que puedan
determinar cuáles van a ser las tarifas. Ahora bien, si el señor Camisón
y el Grupo Popular lo que quieren es que, por cada acto del Gobierno o de
las empresas públicas, exista previamente una comparecencia de los
responsables políticos y económicos de la dirección de las empresas, yo
creo que lo tiene bastante sencillo, no tiene más que solicitarlo por las
vías habituales que nuestro Parlamento y nuestro Reglamento contempla. En
ese sentido es en el que yo le decía hace un momento, señor Camisón, que
estaría muy bien que usted retirara ahora esa proposición no de ley, que
es muy compleja incluso para transcribirla como acuerdo de esta Cámara,
porque usted tendría que transcribir en estos momentos la literalidad de
su proposición no de ley; no basta lo que usted ha dicho sobre la marcha,
ya que, aprovechando que el Pisuerga desemboca en el Duero y pasa por
Zamora, ha metido ahí cosas increíbles. He anotado algunas cuestiones
como, por ejemplo, los aspectos de que la compañía ha realizado
importante sobrevaloración del inmovilizado, etcétera, asuntos que tienen
su interés en otro marco, pero que, desde luego, no corresponden para
nada en estos momentos.

De todas maneras, yo sigo invitándoles a que reflexionen, por
clarificación, para que los ciudadanos nos entiendan muy bien de qué
estamos hablando, porque yo creo que cada hecho parlamentario debe llevar
consigo un acto pedagógico, y en estos momentos pienso que usted puede



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tener una buena ocasión (otra vez apelo a estos días de fraternidad) para
que los ciudadanos nos entiendan mejor.




El señor PRESIDENTE: Creo que debo clarificar un aspecto que es
importante para que todos los miembros de esta Comisión lo conozcan. Esta
proposición no de ley fue presentada el día 13 de mayo, y se publicó en
el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» el día 10 de junio. Por
tanto, creo que la modificación «in voce» que ha hecho el señor Camisón
está en su perfecto derecho de hacerla.

A continuación, solamente para que responda a la demanda que le ha hecho
el señor Madrid López con respecto a retirarla o no, tiene la palabra el
señor Camisón.




El señor CAMISON ASENSIO: Efectivamente, me cuesta mucho trabajo no
atender la sugerencia del portavoz socialista, don Demetrio Madrid, entre
otras cosas porque la he hecho con una gran suavidad parlamentaria y
porque, además, ha recurrido incluso a las fechas entrañables que
vivimos. Pero es que yo me siento imposibilitado de hacerlo porque los
argumentos que ha empleado no concuerdan con la realidad histórica de
esta Comisión, que es que todas las salidas que ha dado este Grupo para
conocer esos datos, ya las ha hecho. Este Diputado, durante bastantes
años, ha cursado varias iniciativas pidiendo comparecencias, como sugiere
el señor portavoz, y en ningún caso hemos conseguido los datos de coste
que nos interesa saber para poder opinar, o para poder aconsejar al
Gobierno, porque se nos niegan de una manera reiterativa. Luego esa no es
solución, porque está probada y el Gobierno nos la niega.

La referencia a que yo he hecho un análisis de datos internos de la
Secretaría General y he analizado algunas de las situaciones internas del
estado de amortización de los activos de la compañía, él dice que no,
pero yo creo que está directamente relacionado con los condicionantes que
pueden influir en las tarifas y por eso los he hecho valer.

Por tanto, las soluciones que ha dado para que yo retire la proposición
no son posibles, puesto que ya las hemos probado y el Gobierno se niega
de una forma reiterada. En recientes seminarios, en los que hemos
intervenido nosotros y ha intervenido Telefónica, hemos visto que esos
datos los da a otros estamentos, pero no a esta Comisión. Nosotros
creemos que debe dárnoslo y por ello insistimos en mantener la
proposición y que se vote. (El señor Madrid López pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Madrid López, creo que su sugerencia ha sido
rechazada por parte del señor Camisón. Por lo tanto, lo que procede es la
votación inmediata.




El señor MADRID LOPEZ: Pero, señor Presidente, es que no sabemos lo que
vamos a votar.




El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la proposición no de ley que está en
el orden del día en el punto 3, con la matización del señor portavoz del
Grupo Popular relativa a la enmienda «in voce» en el sentido de que, dado
que la fecha de presentación fue el 13 de mayo, y hablaba de «para este
año», lo modifica y dice «para el próximo año». ¿Se puede someter a
votación la proposición no de ley? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Señor Presidente, dudo que se pueda
dar por aceptada una enmienda «in voce» de un grupo sobre su propia
proposición no de ley. Estamos votando el texto del que hemos tenido
conocimiento, que es sustancialmente distinto del que resultaría, aunque
el fondo sea el mismo, de la matización introducida por el señor Camisón.

Por tanto, salvo mejor criterio de los Letrados de la Cámara, no es
posible votar esa enmienda.




El señor PRESIDENTE: Gracias por su aportación, pero con la aclaración
que me acaba de hacer el Letrado no harán falta otras intervenciones.

Según el Reglamento de esta Cámara, el proponente, en nombre de un Grupo
parlamentario, tiene perfecto derecho a enmendar su propia proposición no
de ley. La única salvedad, para ser totalmente estrictos con el
Reglamento, es que se tenía que haber hecho seis horas antes. En
consecuencia, si no hay unanimidad en los grupos parlamentarios, no se
puede aceptar la enmienda «in voce».

¿Hay algún grupo parlamentario que se oponga a la enmienda «in voce» del
señor Camisón, en nombre del Grupo Popular? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Sedó.




El señor SEDO I MARSAL: El señor Presidente ha hecho una aclaración que
en el fondo también me afecta, por cuanto ha venido a explicar cuándo
había entrado y la fecha que tenía la proposición no de ley. Llega en el
mes de diciembre proveniente de unas reuniones que no se han podido
realizar por cuestión de tiempo en la Cámara, pero el orden del día se
realiza a través de las reuniones que tenemos la Mesa y portavoces. Si el
orden del día de esta reunión se ha realizado tan tarde es porque la
máxima urgencia que el señor proponente ha explicado no ha aparecido en
ningún momento. Si hubiese sido propuesto con la máxima urgencia, a lo
mejor lo hubiéramos tratado en el mes de junio. Por lo tanto, el problema
es que entró en mayo, se recibió en junio, pero la propuesta para el
orden del día se realizó en noviembre.




El señor PRESIDENTE: Creo que ése es un tema ajeno al portavoz de la
proposición no de ley del Grupo Popular, porque es la Mesa y los
portavoces, como bien sabe S. S., quien fija los órdenes del día. Queda
clara su postura.

En nombre del Grupo Popular, ha pedido la palabra el portavoz don Jesús
Posada.




El señor POSADA MORENO: Ante la postura del portavoz de Convergència i
Unió, tengo que decir que, en efecto, tenemos un cierto retraso en esta
Comisión, pero por la cantidad de temas que tenemos que tratar en cada



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momento. Esta proposición no de ley la presentamos en junio, aunque
reiteradamente ha sido pospuesta.

Por lo tanto creo, y entro en un asunto un poco diferente a esta
puntualización, que el tema de fondo es si debe o no conocer la Cámara, o
cómo debe conocer la Cámara o cuándo debe conocer la Cámara los temas de
la subida de tarifas. Desde el momento que se trata de un asunto de
fondo, el hecho de que sea el año 1995, respecto a 1994, no cambia la
situación porque el planteamiento es idéntico. Como la proposición no de
ley la hemos tratado con mucho retraso en 1994, en la enmienda que
propone el Grupo Popular lo que estamos proponiendo es algo que afecta,
no al año 1994, sino a la esencia de las cosas, esto es que cada año se
conozcan perfectamente, antes de hablar sobre las tarifas, los costes de
Telefónica. En el fondo estamos hablando de un tema que es intemporal.

Por eso, al poner el año 1995 lo que hacemos es replantear el mismo tema,
pero su fondo nunca cambia porque sea el año 1995 o el año 1994. Por lo
menos ésa es mi opinión.




El señor PRESIDENTE: Oídas todas las opiniones, pasamos a la votación de
la enmienda del señor Camisón, en nombre del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR DETERMINADAS MEDIDAS EN
RELACION CON LA EVALUACION DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000229.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día: Proposición no
de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar determinadas medidas en
relación con la evaluación del impacto medioambiental. El autor de esta
proposición no de ley es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Existe una enmienda del Grupo Socialista. Para defender la proposición no
de ley, tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: En efecto, para defender esta proposición no
de ley del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Nos
mueve a presentarla el hecho de que la Directiva 85/337 de la Unión
Europea, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos, tanto públicos como privados, para el medio ambiente, ya
resalta en sus considerandos la importancia que tiene la prevención como
mejor política para preservar el medio ambiente. Señala la necesidad de
homologar las legislaciones de los distintos Estados, de forma que pueda
haber una competencia que sea justa y leal entre los mismos, por cuanto
se dan situaciones en que hay Estados más o menos estrictos, con lo cual
comporta un mayor o menor coste, tanto de la obra pública como de la
privada. Indica también la normativa que los estudios de evaluación deben
efectuarse tomando como base la información proporcionada por el maestro
de obras, pero eventualmente completada por las autoridades públicas.

Esta Directiva fue parcialmente adoptada por el Estado español, a través
del Real Decreto 28 de junio de 1986, al intentar sistematizar la
distinta normativa que de forma fragmentaria estaba recogida en las
normas sectoriales. De cualquier manera, el Real Decreto se limitó sólo a
recoger los anexos números 1 y 3 de los supuestos contemplados en el
amplísimo anexo número dos.

Eso ha dado lugar a que la Comisión Europea, en tres informes que se han
reiterado en los tres últimos años, venga a exigir al Estado español que
incluya el anexo 2 de la Directiva en la normativa española y a que se le
haya abierto al Gobierno español un expediente de infracción por el
incumplimiento de la misma.

Señala también este informe de la Comisión que el estudio presentado a la
Administración por el contratista a menudo parece imperfecto. Supongo que
todas SS. SS. tendrán algún ejemplo. Yo tengo uno muy curioso, el estudio
de impacto en Menorca. La empresa evaluó que no había impacto sobre aves
tales como los murciélagos y los lirones caretos, cuando todas SS. SS.

saben que no son aves sino mamíferos.

Es por todas estas situaciones por lo que pensamos que el Gobierno
español, de forma irresponsable, no sólo está haciendo que haya graves
repercusiones sobre el medio ambiente, sino que está poniendo en peligro
la financiación que la Unión Europea prevé para determinadas obras que
deben ser sufragadas, al menos parcialmente, por los fondos de cohesión.

Por eso el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
presenta esta proposición no de ley en la que pedimos, en primer lugar,
que se amplíe la lista de actividades sometidas a evaluación de impacto
ambiental y que se recoja el anexo 2 de la Directiva 85/337. En el
segundo punto, que se garantice la objetividad y calidad de los estudios
de impacto ambiental, encomendando su realización a organismos públicos
independientes de los contratistas o promotores que sirvan con
objetividad los intereses generales. Y en tercer lugar, una demanda muy
reiterada por distintas organizaciones medioambientalistas y ecologistas,
en el sentido de que pueda ser objeto de impugnación no solamente la
resolución administrativa que autoriza la obra o el proyecto, sino la
misma declaración de impacto ambiental.

Señorías, ésta es la proposición no de ley que hoy traemos a debate en
esta Comisión y que esperamos por parte de los distintos Grupos
Parlamentarios que la voten favorablemente, por cuanto estamos poniendo
en peligro importantes partidas que vendrían de la Unión Europea y que
están en peligro si no cumplimos con la normativa comunitaria.




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El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Socialista, el señor Díaz Sol, para defender su enmienda.




El señor DIAZ SOL: Señor Presidente, el Grupo Socialista presenta una
enmienda a esta proposición no de ley. Estamos de acuerdo con el criterio
de fondo, en cuanto a la necesidad de la adaptación de la normativa
española a la Directiva de la Comunidad Económica Europea, pero no
compartimos algunos de los puntos de esta proposición no de ley.

En la exposición de la señora Rivadulla hay algunas diferencias de
criterio con lo que nosotros mantenemos. El Gobierno español actúa yo
creo que correctamente cuando promulga el Real Decreto-ley 1.302/1986, e
incluso creo que lo hace por exceso, porque no sólo incluye los nueve
apartados que indica el anexo 1, sino que añade cuatro apartados más, no
tres como ella indica, y lo hace basándose, primero, en criterios propios
de protección medioambiental y ateniéndose también a la distribución de
competencias en nuestro ordenamiento institucional y administrativo que
marca la Constitución y el Estado de las autonomías. Además de ello,
tiene un complemento con distintas normas que aumentan este carácter
proteccionista, como es la Ley de Carreteras de 1988 o como es la Ley de
Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre de
1984. Todo esto lleva a que el ordenamiento español ha sido cuidadoso con
esa ley de impacto ambiental, pero han existido diferencias de criterio
con la Comunidad Económica Europea a la hora de contemplar la toma de
decisión dentro de la Administración española, bien sea a nivel de
Administración central o de Administración autonómica. De cualquier
forma, los años de práctica de la aplicación de estudios de impacto
ambiental han dado resultados creo que positivos y permiten, por tanto,
plantearse en estos momentos una revisión, que ya está en marcha por
parte del Ministerio, que está en proceso de consultas con las
instituciones correspondientes y que creemos que puede venir en plazo
breve a esta Comisión.

En ese sentido es por lo que hemos presentado la enmienda que sometemos a
la consideración tanto del Grupo proponente como del resto de los Grupos
de la Comisión.

La enmienda es de sustitución y dice: «El Congreso de los Diputados insta
al Gobierno para que en el menor plazo de tiempo posible proceda a
modificar la normativa reguladora de las actividades sometidas a
evaluación de impacto ambiental, incorporando a la misma los supuestos
previstos en el anexo 2 de la Directiva 85/337 de la Comunidad Económica
Europea.»
Quisiera añadir también, por otra parte, que no compartimos criterios de
la proposición respecto a quién es el que tiene que hacer el estudio de
impacto ambiental. En la proposición no de ley se dice que el estudio lo
hagan órganos no implicados en la elaboración del proyecto, como podían
ser órganos de la Administración. Nosotros creemos que si esto fuera así,
los proyectos no se harían con cuidado en lo referente al medio ambiente;
se harían unos proyectos que siempre tendrían una objeción a la hora de
estudiar su impacto ambiental. Es mucho mejor, y es la doctrina
comunitaria que está implantándose mayoritariamente, que sean los agentes
que elaboran los proyectos los que tengan que hacer el estudio de impacto
ambiental.

Por otra parte, es difícil que, salvo que se cambie la Ley del
Procedimiento Administrativo en nuestro país, pueda tener cabida el
tercer punto de la proposición no de ley. Por tanto, como yo creo que la
parte fundamental de la proposición es instar al Gobierno a que con
urgencia haga esta adaptación que reclama la Comunidad Económica Europea,
nosotros presentamos esta enmienda para que el Gobierno la presente en el
menor plazo posible.

Espero el voto favorable y la aceptación de la enmienda por parte del
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: A continuación, ¿Grupos Parlamentarios que desean
fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Recoder.




El señor RECODER I MIRALLES: Señor Presidente, quiero manifestar nuestra
posición respecto de la proposición no de ley. Debo decir de entrada que,
si bien compartimos su objetivo último --que es el de un mayor rigor en
la aplicación de la normativa de evaluación del impacto ambiental, así
como un estricto cumplimiento por parte de quien tenga las competencias
en nuestro país en materia de medio ambiente respecto a las directivas
comunitarias medioambientales-- tenemos serias discrepancias en cuanto a
su articulación, que de forma muy breve paso a exponer.

En cuanto al primer punto de esta proposición no de ley, en el cual se
insta a ampliar la lista de actividades sometidas a evaluación de impacto
ambiental, nuestro Grupo debe hacer una manifestación al respecto. Se
está refiriendo este punto primero de la proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, a la
incorporación de todos los supuestos del anexo 2 de la Directiva 85/337.

Dicha incorporación, dado el carácter absolutamente descentralizado que
tiene la competencia medioambiental en nuestro país y que la normativa
estatal actúa como ley de bases, debería de hacerse de una forma
suficientemente amplia que permitiera a las comunidades autónomas, que
son las que tienen las competencias ejecutivas y de desarrollo en materia
de medio ambiente, desarrollar esas competencias, desplegando esta
normativa o incluso estableciendo medidas adicionales de protección.

Ello, desde nuestro punto de vista, no queda claro en el planteamiento
que se hace por parte del Grupo proponente.

Asimismo, en este primer punto se hace extensiva esta obligación de
incorporar todos los aspectos del anexo 2 de la Directiva a los planes,
políticas y programas. Desde nuestra perspectiva, esta propuesta es
excesivamente genérica. Cierto es que hay planes y programas, pero no
políticas, para las cuales es recomendable una evaluación de impacto
ambiental, pero, desde nuestro punto de vista, también debería de
reservarse al desarrollo normativa por parte de las comunidades
autónomas.




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En cuanto al segundo punto de la proposición no de ley, manifestamos
nuestra disconformidad con su contenido, en tanto en cuanto no creemos
que se pueda afirmar que la realización de un estudio de impacto
ambiental por parte de organismos privados suponga que es causa necesaria
de una falta de objetividad o de calidad. Además, es sabido que el
estudio de impacto ambiental es al final evaluado por la Administración
pública en la tramitación del expediente, la cual puede rechazarlo,
exigir que se revise o que se complemente; en cualquier caso, el estudio
queda supeditado a la declaración de impacto ambiental que efectúa, al
final, la propia Administración pública.

Para terminar, señor Presidente, en cuanto al tercer punto del orden del
día, debo sumarme a las manifestaciones que ha realizado el portavoz del
Grupo Socialista en la defensa de sus enmiendas: debería modificarse la
Ley de Procedimiento Administrativo. La declaración de impacto ambiental
es un acto de trámite y, por tanto, sólo sería recurrible si provocase
indefensión, pero, en cualquier caso, lo que sí que se puede hacer --y
así lo permite la normativa actual-- es impugnar la resolución definitiva
del expediente. Uno de los motivos de disconformidad con la resolución
definitiva del expediente es el desacuerdo con la declaración de impacto
ambiental. Por tanto, lo que se pide por parte del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, desde nuestro punto de vista,
ya está recogido en la normativa actual.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo
Popular, el señor Gortazar.




El señor GORTAZAR ECHEVERRIA: Señor Presidente, señorías, al hilo de esta
discusión parece que es una buena oportunidad para hacer una breve
reflexión sobre las declaraciones de impacto ambiental que, a mi juicio,
es una de las asignaturas pendientes del medio ambiente en España; no
diría la principal, pero sí una de ellas, porque afecta a tres elementos
principales, de uno de los cuales no se ha hablado hasta el momento: el
primero es el estudio de impacto propiamente dicho; en segundo lugar, las
declaraciones de impacto ambiental, y, en tercer lugar, el seguimiento de
este impacto ambiental.

Aquí estamos ante uno de los elementos clásicos de protesta de
ecologismo, de protección del medio ambiente y, sin embargo, con un
choque extraordinario con la realidad diaria en la medida en que estos
tres elementos fundamentales en la práctica no están funcionando desde
que se inició el correspondiente Decreto legislativo. Esta es una
cuestión puesta sobre el tapete sistemáticamente por los Grupos
ecologistas y por los afectados de las obras públicas, básicamente.

El segundo elemento es la cuestión, no pequeña, de que sea el Ministerio
de Obras Públicas juez y parte en todo el procedimiento de impacto
ambiental. Puede haber un encargo de realización de un estudio a
consultorías privadas, pero el estudio está encargado por el Ministerio
de Obras Públicas y la declaración de impacto la hace también el
Ministerio de Obras Públicas, con lo cual entramos en un terreno
reiteradamente denunciado en esta Cámara que consiste en que ése no es el
procedimiento adecuado para preservar el medio ambiente, en la medida en
que dicho Ministerio es quien realiza el impacto en la práctica.

En tercer lugar está la cuestión del seguimiento. De poco sirve un
magnífico Decreto, o muy pormenorizado; de poco sirven las buenas
intenciones y protestas realizadas en esta Cámara, cuando no hay un solo
expediente de realización de seguimientos y de modificaciones prácticas
de obra o de planteamientos por cuanto que hasta el día de la fecha no ha
habido una sistemática de seguimiento en las declaraciones de impacto
ambiental. Ese es el elemento esencial en toda esta temática: los
seguimientos de las obras y lo que establece el estudio de impacto
ambiental.

Estamos, por tanto, ante una situación de grandes declaraciones, de
buenos Decretos, o de buenas propuestas, pero que son inoperantes en la
práctica.

Ateniéndome a la proposición no de ley, muy brevemente diré que los
objetivos en el primer aspecto que plantea la proposición nos parecen
aceptables: ampliar el ámbito de los estudios de impacto ambiental.

En segundo lugar, discrepamos de que el estudio tenga que realizarlo una
autoridad pública. Puede hacerlo perfectamente una consultoría privada.

Lo importante es que sea independiente y objetiva; que sea pública o no
es lo de menos.

Sin embargo, en el tercer aspecto --la petición de la impugnación de las
declaraciones-- coincido con los portavoces del Grupo Socialista y del
Grupo de Convergencia i Unió, por cuanto es atípica o inapropiada desde
el punto de vista de lo que es la Ley de Procedimiento Administrativo.

Por eso mismo creemos que la enmienda de sustitución que propone el Grupo
Socialista es adecuada en términos genéricos, y si la acepta el Grupo de
Izquierda Unida votaremos a favor de la misma.




El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra la señora Rivadulla
para fijar su posición respecto a la enmienda presentada por el Grupo
Socialista, que ha defendido el señor Díaz Sol.




La señora RIVADULLA GRACIA: No nos satisface, como es de suponer,
plenamente la enmienda de sustitución que presenta el Grupo Socialista,
porque ya nos tiene un poco acostumbrados a decir: en el menor plazo de
tiempo posible. Después no se sabe cuándo es ese plazo ni cuándo se va a
formalizar. Yo le había dicho al portavoz Socialista que si podían
precisar cinco meses, seis meses, cuatro meses, un año; que más o menos
se supiese para poder exigir responsabilidades al Gobierno. Parece ser
que es absolutamente imposible que el Gobierno pueda decirlo, por lo que
vamos a dejarlo en el menor plazo de tiempo posible, entendiendo que el
portavoz del Grupo Socialista está reflejando la voluntad del Gobierno en
esta Cámara y que se compromete ante la misma a que esto se va a
realizar.

Quería hacer una precisión muy breve. No compartimos la satisfacción del
representante del Grupo Socialista. De hecho, el Real-Decreto se limitó a
recoger los mínimos que establece el artículo 4.º de la Directiva. No se
aprovechó



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la ocasión para sistematizar. Efectivamente, en la Ley de Aguas y en la
Ley 4/1989 quedan reguladas materias de impacto ambiental.

Por otra parte, nosotros no nos metemos en el tema competencial. Supongo
que no dudarán SS. SS. del autonomismo a ultranza que comparte el Grupo
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, pero ésta es una Directiva
que se tiene que incorporar a la normativa del Estado español como ley de
bases, que después será objeto de desarrollo y aplicación por las
comunidades autónomas. Esos mínimos se deben incorporar a nuestra
normativa.

En tercer lugar, nos dice el portavoz que han sido cuatro puntos. El
undécimo informe de la Comisión al Parlamento Europeo dice: la normativa
española no exige la realización de un estudio de impacto nada más que
para tres proyectos enumerados en el anexo 2 de la Directiva, violando
con ello sus artículos 2 y 4. Dado el gran número de denuncias relativas
a esta ley y tras el envío del dictamen motivado en 1992, las autoridades
españolas han manifestado a la Comisión su voluntad de modificarla. No
obstante, hasta bien entrado 1994 no se realizará la modificación debido
a la complejidad del procedimiento. Esto lo dice la Comisión al
Parlamento Europeo. Está terminando 1994 y la verdad es que todavía
estamos en el veremos y en el menor plazo de tiempo posible.

Por otra parte, señorías, yo creo que ustedes están viendo de una manera
demasiado optimista la forma como los contratistas y promotores están
realizando los estudios de impacto ambiental. Nosotros hubiésemos deseado
que ese punto se incorporase también a esa proposición no de ley y fuera
votada favorablemente, porque la Comisión dice que, incluso en el caso de
los proyectos que respetan formalmente dicho procedimiento, el estudio de
impacto presentado a la Administración por el contratista parece a menudo
imperfecto. Esto lo ha venido diciendo también la Comisión
reiteradamente. Por tanto, no se parece a lo que yo hoy estoy escuchando
en esta Cámara.

De cualquier manera, como menos da una piedra, nuestro Grupo va a aceptar
esta enmienda y esperamos poder presentar en otra ocasión los demás
puntos que pretendíamos que hoy también fueran aprobados. (El señor Díaz
Sol pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: ¿Para una cuestión de orden?



El señor DIAZ SOL: Lo que pasa es que, en la fijación de posición
respecto a nuestra enmienda, la portavoz de Izquierda unida ha hecho toda
una intervención de turno en contra en algunas de las cuestiones que ha
planteado.

Si me permite un minuto, desearía indicar los cuatro temas que se añaden
en otros, porque además tienen su especificidad. Los cuatro temas que
incorpora la ley de impacto ambiental, además de las nuevas categorías
que están obligadas por la Directiva, son: las grandes presas, la
primera; repoblaciones forestales, dos; las extracciones mineras a cielo
abierto, tres, y los puertos deportivos, cuatro. La Ley de Carreteras
incluye, además, las carreteras convencionales. Por tanto, podríamos
decir que hay hasta cinco.

Simplemente era para ilustrar.




El señor PRESIDENTE: Siempre la ilustración viene bien. En cualquier
caso, usted ha tenido la aceptación de su enmienda por parte de la
Ponente, y el tiempo en estos momentos corre en contra nuestra.

Procedemos, por tanto, a la votación de la enmienda del Grupo Socialista
a la proposición no de ley fijada en el punto número 4, cuyo autor es el
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda a la proposición no de
ley del Grupo Federal de Izquierda Unida.




--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LA ACCIONES OPORTUNAS,
LLEGANDO A LOS ACUERDOS NECESARIOS CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEARES, PARA QUE EN EL PLAZO MAXIMO DE TRES MESES QUEDE GARANTIZADO EL
ACCESO PUBLICO Y GRATUITO A TODAS LAS PLAYAS DE MENORCA. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 161/000266.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, al punto 5 del orden del día,
proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las
acciones oportunas, llegando a los acuerdos necesarios con la Comunidad
Autónoma de las islas Baleares, para que en el plazo máximo de tres meses
quede garantizado el acceso público y gratuito a todas las playas de
Menorca. El autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra la señora Rivadulla.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, con esta proposición no de
ley el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya intenta
resolver un problema; de ser aprobada en esta Cámara acabaría con el
malestar de los habitantes de la isla de Menorca que ven cómo se les
priva del acceso libre y gratuito a sus playas vírgenes. Los propietarios
de las fincas adyacentes al área marítimo-terrestre están impidiendo el
acceso y, cuando no, están exigiendo el pago de un peaje para poder
acceder a ellas.

Esto ha producido que este verano en toda la isla de Menorca hubiese
manifestaciones, concentraciones y salidas de la gente hacia las playas
en un intento de acceder a ellas sin tener que pagar ningún tipo de
peaje. Se ha llegado incluso a la situación de llevar esto en el mes de
agosto al Defensor del Pueblo para que interviniera en este conflicto.




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Nosotros pensamos, señorías, que se está vulnerando con esta actuación lo
que establece la Ley de Costas en su artículo 28.3 y sobre todo la
interpretación que da el Tribunal Constitucional en su sentencia
149/1991, en la que se prevé que la Administración central pueda imponer
que coercitivamente se pueda ejercer la servidumbre de acceso al mar de
forma libre y gratuita y que en el caso de que eso no se pueda producir
se llegue a la expropiación de los terrenos por motivo de utilidad
pública.

De hecho, en la proposición no de ley que presentamos hoy en esta
Comisión, en primer lugar, nosotros lo que planteamos es que el Congreso
de los Diputados inste al Gobierno para que adopte aquellas acciones que
puedan llevar a la formulación de acuerdos con la Comunidad Autónoma de
las islas Baleares para que en un plazo, nosotros lo tasamos en tres
meses, quede garantizado el acceso público y gratuito a todas las playas
de Menorca. En atención a las competencias autonómicas pensamos que debe
ser en esa primera instancia donde se debe resolver el problema. Pero
también somos conscientes de que diversos grupos parlamentarios con
representación en el Parlamento de las islas Baleares han hecho
preguntas, han hecho proposiciones no de ley y eso hasta ahora no ha
tenido ninguna respuesta y no se ha podido conseguir que los ciudadanos
de la isla de Menorca puedan acceder a las playas.

Por eso decimos que, si ese acuerdo no se puede producir con la comunidad
autónoma, la Administración central deberá ejercer las potestades
expropiatorias que le atribuye la Ley de Costas en el artículo 28.3, lo
que le permitiría llegar incluso a la expropiación de esos caminos de
acceso a las playas y que puedan ser de uso público.

También decimos en el tercer punto que nosotros no pretendemos que eso se
convierta en caminos superconcurridos por automóviles ni por autopistas,
sino que deben ser unos caminos de acceso peatonales; que, por tanto,
todas las zonas de aparcamiento que se quieran realizar tendrán que ser a
500 metros y que solamente se permita el paso de vehículos de motor que
sean para usos agrícolas y no para los demás usos, todo ello sin
perjuicio del respeto a lo que establece la normativa estatal y
autonómica en relación con los espacios naturales.

Señorías, creo que es una obligación por parte de los grupos
parlamentarios presentes hoy en esta Comisión debatir este tema y buscar
conjuntamente la solución más apropiada, ya digo, en primer lugar, a ser
posible, instando al Gobierno de Baleares para que en el menor tiempo
posible de solución a este problema, que se cumpla la normativa y que,
por tanto, los ciudadanos de Menorca puedan acceder a las playas
vírgenes. Pero, si no, es también una obligación del Estado para que la
Ley de Costas se cumpla y que se pueda ir a procedimientos expropiatorios
por utilidad pública.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que desean fijar su posición
con respecto a esta proposición no de ley? (Pausa.)
En nombre del Grupo Popular, el señor Gilet tiene la palabra.




El señor GILET GIRART: Señor Presidente, efectivamente la portavoz del
Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha dado una
explicación al contenido y alcance de la proposición no de ley
sustentándola fundamentalmente en el artículo 28, apartados 2 y 3, de la
Ley de Costas. Pero si bien ha hecho mención a dicho artículo, más al
apartado 3 que al 2, lo cierto y evidente es que no ha hecho un desglose
o explicación de cuál es el alcance de ese artículo 28, seguramente
porque no era del todo conveniente.

Entiendo yo que el artículo 28 establece una diferenciación, una
alternativa en cuanto a ese asegurar el uso público del dominio público
marítimo-terrestre, diferenciación en cuanto a espacios calificados como
de especial protección o espacios excluidos de esa calificación. En este
último caso, para asegurar ese uso público, deberá estarse a los planes y
normas de ordenación territorial y urbanística del litoral, que
establecerán las previsiones suficientes de acceso al mar y aparcamientos
fuera del dominio público marítimo-terrestre, pero en caso de que se
hallen en espacios calificados de especial protección la Ley de Costas,
consecuentemente el artículo 28, apartados 2 y 3, no es aplicable. Si se
trata de zonas excluidas deberemos estar a esos planes y normas de
ordenación territorial o bien a la disposición transitoria tercera,
apartados 5 y 6, en cuanto a que esos planes deben contemplar lo que
establece el artículo 28, apartado 2, en su párrafo último, y en caso de
no existir planes éstos deberán contemplar en su momento las
circunstancias en cuanto a esa servidumbre de 500 metros, peatonales,
etcétera.

Pero si esos espacios están calificados como de especial protección,
quedan fuera, excluidos de la Ley de Costas, y deberán estar,
consecuentemente, sujetos a la normativa específica de esas zonas
calificadas como de especial protección. En este momento es cuando entran
en funcionamiento las diferentes competencias de las distintas
comunidades autónomas y, concretamente en este caso y ante las
circunstancias fácticas que se establecen en la proposición no de ley, el
Estatuto de Autonomía de las islas Baleares, el cual en su artículo 10,
apartados 3 y 4, establece que la ordenación territorial y del litoral es
competencia de la comunidad autónoma y, como tal competencia, esas zonas
de especial protección quedan incluidas dentro de lo que es la Ley
autonómica 30 de enero de 1991, en la cual se establecen ciertas
protecciones específicas para determinadas áreas naturales de especial
protección.

En tal circunstancia fáctica se hallan precisamente la mayoría de los
accesos de la isla de Menorca que se mencionan en la proposición no de
ley y que, consecuentemente, están incluidos dentro de las áreas
naturales de especial protección, las cuales deberán atenerse al
desarrollo de los oportunos y respectivos instrumentos de ordenación
antes de imponer el inicio de cualquier clase de actuación, actuación que
inicialmente, y según recomienda el artículo 52.4 del Reglamento, deberá
ser en un campo simplemente urbanístico, dejando de lado otras
circunstancias.

En este momento, pues, es preciso mencionar que la problemática contenida
en la iniciativa parlamentaria del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya



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ha merecido una especial atención y estudios preferentes por parte de
aquellas instituciones que son competentes, es decir, la administración
autonómica y la administración insular, concretamente el Consell Insular
de Menorca, el cual está contemplando, conjuntamente con las restantes
administraciones, incluida la periférica, una solución que se sustenta en
diversas actuaciones administrativas según las zonas afectadas, solución
que, en primer término, renuncia a las expropiaciones y, en segundo, fija
niveles de acceso limitados, tanto en número de usuarios como en tipo de
uso, sea peatonal, sea rodado. Y téngase en cuenta que la sentencia del
Tribunal Constitucional 149/1991 declara inconstitucional, en su artículo
26, precisamente la fijación de los usos como competencia del Gobierno de
la nación, del Estado.

Con independencia de todo lo anterior, a nuestro entender de gran
trascendencia, tanto de contenido como de relación interinstitucional, la
voluntad de salvaguardar para uso público y gratuito los denominados, y
tradicionales, en Menorca «camins de cavalls» debe quedar patente y
manifiesta, dentro de la política del Consell insular de Menorca y de su
equipo de Gobierno. Igualmente, debe reflejarse aquí y ahora que los
planes especiales para las diferentes áreas naturales de especial interés
se están ultimando, dentro del respeto a los siguientes parámetros por lo
que afecta a los denominados accesos al mar: A) Los accesos a playas
integrados en ANEI (Areas Naturales de Especial Interés), se contemplarán
como sistema del propio ANEI. B) Determinadas playas incluidas en áreas
naturales de especial interés, como Binimella, Son Bou, Caballería,
tendrían acceso público y gratuito, sin «numerus clausus» y con
posibilidad de acceso con vehículos a motor. C) Accesos a playas con
limitación, también incluidas en el ANEI, como Cala en Turqueta,
Macarella, Cala Mitjana; accesos a playas con prohibición de uso de
vehículos a motor, Trabaluger, Cala Pina, Moncofre, Cala Fustam,
Macarella. (A los servicios se les facilitarán los correspondientes
topónimos a los efectos pertinentes.) Por último, tutela de la gestión de
las áreas naturales de especial interés por parte de las administraciones
con competencias, es decir, ayuntamientos con sede insular y gobierno
balear, así como el servicio periférico de costas. (El señor
Vicepresidente, Morlán Gracia, ocupa la Presidencia.)
Nos hallamos, así pues, ante una actuación administrativa perfectamente
enmarcada dentro del espíritu y letra del artículo 28 de la Ley de Costas
y de la sentencia del Tribunal Constitucional 141/1991 que lo interpreta,
como igualmente amparada en el artículo 9 de la Ley autonómica 1/1991, de
30 de enero, reguladora de los espacios naturales y de régimen
urbanístico de las áreas de especial protección de las islas Baleares,
artículo 9 que referencia la Ley 8/1987 de ordenación territorial de las
islas Baleares
Consecuentemente, y finalizando la fijación de posición negativa de
nuestro Grupo parlamentario, entendemos que la proposición no de ley no
es asumible, tanto por invadir en gran medida competencias de las
administraciones no estatales como por dejar de lado normativa estatal
sumamente diáfana y específica. También pretende que el Gobierno de la
nación actúe al amparo de una normativa que no sustentaría su actuación,
mientras deja en el olvido no solamente a la verdadera administración
competente, sino también la legislación que es aplicable a las
circunstancias fácticas recogidas en su iniciativa.




El señor VICEPRESIDENTE (Morlán Gracia): Por parte del Grupo Socialista,
tiene la palabra el señor García-Arreciado.




El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Nosotros tenemos poco que añadir a lo
manifestado por el señor Gilet. De la información que hemos requerido
llegamos a las mismas conclusiones que él ha expuesto y la interpretación
que hacemos del artículo 28 de la Ley de Costas y de la sentencia del
Tribunal Constitucional es prácticamente coincidente.

Se trata de unas competencias compartidas sobre un mismo espacio físico
y, por tanto, no cabe al Estado, en uso de la Ley de Costas, sino dar
unas determinadas instrucciones de mínimos al planificador, que es el que
debe establecer los accesos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Este asunto ya fue tratado en una de las primeras reuniones de esta
Comisión, no tenemos que añadir nada a lo que allí dijimos. Unicamente
queremos expresar que no nos parece que en la exposición de motivos se
haga alusión a dejación de funciones de los poderes públicos. Nos parece
que no es una situación real. La Administración central está en el único
camino posible derivado de la Ley de Costas, que es el permanente diálogo
con las otras administraciones competentes.

Tiene razón esta proposición no de ley en cuanto a que sabemos que
existen ciertos problemas, ciertos problemas no solamente en Menorca sino
en otras zonas del litoral, consecuencia de la propia distribución de las
competencias efectuada en la Ley de Costas y de algo que no podemos
olvidar, que es una Ley relativamente nueva, que todavía no ha culminado
todos los procesos de protección del dominio público y de las garantías
de acceso público y gratuito a la ribera del mar. Pero nos consta que las
tres administraciones con competencias en esta materia están en ese
camino, y lo único que podemos es hacer votos para que alcancen un
acuerdo lo más rápidamente posible.




El señor PRESIDENTE: Consecuentemente, pasamos a la votación de la
proposición no de ley incluida en el orden del día con el número cinco.

(La señora Rivadulla Gracia pide la palabra.) Perdón, señora Rivadulla,
¿pide la palabra para una cuestión de orden?



La señora RIVADULLA GRACIA: Sí.




El señor PRESIDENTE: Pero que sea cuestión de orden, por favor.




La señora RIVADULLA GRACIA: Señor Presidente, solamente quería señalar
algún tipo de, a mi juicio, impresión. Cuando se habla del respeto a la
voluntad de la comunidad autónoma y al hecho de respetar los espacios
naturales,



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a mí me parece bastante incongruente que eso se formule cuando a cambio
se exige el pago de 500 pesetas a los coches, 200 a las bicicletas y 100
para los viandantes. Si pagas no estás infringiendo ningún tipo de norma
ni estás atentando contra el medio ambiente; si no pagas, no tienes
acceso a las playas.

Por otra parte, quería decir que cómo cambia el Grupo Socialista. El 12
de agosto de 1994 apuntaba que desde luego los municipios tienen que
manifestar la voluntad política, que se encontrarán las vías adecuadas
para proceder a la expropiación o a la declaración de servidumbre de
paso; el señor Barceló señaló que la Ley de Costas garantizará el acceso
libre y gratuito a estas playas y destaca que este derecho debe quedar
completado con una adecuada planificación territorial en coordinación con
la comunidad autónoma. También el Diputado Moragues --estoy hablando de
un diario de Menorca-- ha matizado que desde la Administración central
existe una clara voluntad de dar solución a los problemas de acceso a las
playas naturales y esta ayuda se tramitará a través de la demarcación de
costas.




El señor PRESIDENTE: Perdón, señoría, lamento profundamente tener que
interrumpirla, pero no hay derecho a réplica; por condescendencia y por
tratarse de usted le he dejado hablar dos minutos. Creo que ha quedado
muy clara su postura y, por tanto, pasamos directamente a la votación.




La señora RIVADULLA GRACIA: Gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Votamos la proposición no de ley número cinco del
orden del día.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 32.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.




--RELATIVA A LA TRANSFERENCIA DE LA LINEA FERREA LLEIDA-LA POBLA DE SEGUR
A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALUÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 161/000286.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última proposición no de ley, punto
número siete del orden del día: Proposición no de ley relativa a la
transferencia de la línea férrea Lleida-La Pobla de Segur a la comunidad
autónoma de Cataluña, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Tiene la palabra la señora Rivadulla, en nombre del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




La señora RIVADULLA GRACIA: Intervengo muy brevemente para exponer los
motivos que han movido al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya a presentar esta proposición no de ley.

Nosotros pensamos que no debería haber ningún impedimento de tipo
técnico-jurídico ni competencial, puesto que este servicio se mueve en un
ámbito local y comarcal y, además, la Constitución está reservando para
la Administración del Estado las líneas ferroviarias que discurren por el
territorio de más de una comunidad autónoma. No es el caso de la línea
que nos ocupa; los servicios de la línea Lleida-La Pobla de Segur están
dentro de una comunidad autónoma y, es más, diría que prácticamente están
en el ámbito de dos comarcas.

Nuestro Grupo parlamentario siempre se ha manifestado en la línea de
mantener el servicio público ferroviario pues entendemos que es un
servicio de transporte y que es el más idóneo desde el punto de vista
ecológico, sobre todo aquellas líneas que, por mucho que el Ministro
Borrell diga que son decimonónicas, nosotros pensamos que son líneas que
deben mantenerse por cuanto ponen normalmente en comunicación núcleos
urbanos, como la ciudad de Lérida, con unas comarcas que, como la del
Pallars Jussá, que es donde se encuentra la localidad de La Pobla de
Segur, es una de las comarcas que ha sido objeto de un mayor proceso de
despoblamiento; en los últimos cinco años su población ha disminuido en
un 9,5 por ciento.

Creemos que el principal objetivo de solicitar la transferencia es que la
comunidad autónoma, en estos dos últimos años, se ha hecho cargo del
déficit, compartiéndolo con la Diputación de Lleida, del déficit que
tiene esta línea. De cualquier manera pensamos que esta línea, aparte de
su rentabilidad económica, que puede llegar a tenerla, si realmente se la
dota de las reposiciones que le son necesarias y del mantenimiento
adecuado, transcurriendo por comarcas de una gran belleza paisajística,
puede ser una línea con la que una gran parte de los ciudadanos, no
solamente de Cataluña, sino de todo el Estado español, puede conocer, a
través del ferrocarril, lo que es el prepirineo catalán. Esta línea está
dando un servicio --yo ahora hablo como mujer-- a muchas mujeres, que no
disponen de medio de locomoción propio; se comunican con la ciudad de
Lleida, realizan sus compras y vuelven con el tren de la Pobla de Segur.

Pensamos que esas cuestiones, que parecen de orden menor, son importantes
para solucionar problemas de la vida cotidiana, que también deben ser
tenidos en cuenta.

Por todo ello, nosotros pretendemos que esta línea pueda ser rentable y
pueda seguir manteniéndose. Creemos que la Administración más cercana
debe hacerse cargo de ella, puesto que es la que ve más adecuado su
mantenimiento. Por eso pedimos que sea transferida a la Generalitat de
Cataluña.

¿Pero cómo lo pedimos? En dos puntos en los que decimos que se inicien
las negociaciones con la Generalitat de Cataluña para que sea transferida
y que los acuerdos o convenios de transferencias se tengan en cuenta, que
también se transfieran todas las instalaciones necesarias para prestar
los servicios así como la financiación de los mismos.




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Nos parece que es muy importante que en el momento de la transferencia se
valore bien el servicio, se tenga en cuenta la plantilla que será
necesaria, la previsible dotación de vacantes para la misma, la
homologación salarial, la situación en la que actualmente se encuentra el
parque y que se prevea un presupuesto que tenga en cuenta la
obsolescencia de alguna de las infraestructuras que actualmente padece la
línea de Lleida a la Pobla de Segur y que se han visto agravadas por los
desprendimientos de este último verano, que realmente hacen que el nivel
de precauciones, entre comillas, con que cuenta le obligue a ir a una
velocidad lenta. Si no se actúa inmediatamente, una línea que todavía es
utilizada y que cada día lo es más, si no hay un mantenimiento adecuado,
tanto por razones de seguridad como de pérdida de tiempo, los viajeros
desistirán de utilizarla.

Por eso pensamos que deben iniciarse ya negociaciones con la Generalitat
de Catalunya para que se transfiera y que en los convenios de
transferencia se tenga en cuenta lo que anteriormente he señalado..

En el segundo punto exponemos que debería haber una compensación por el
servicio ferroviario Lleida-La Pobla de Segur equivalente a la que en la
actualidad se transfiere a la empresa Ferrocarriles de la Generalitat de
Cataluña por cada viajero-kilómetro.

Este es el contenido de nuestra proposición no de ley, pero sabemos que
hay una enmienda que previsiblemente presentará el Grupo de Convergència
i Unió y el Grupo Socialista y que estamos dispuestos a tener en cuenta.




El señor PRESIDENTE: Existe una enmienda conjunta del Grupo Socialista y
del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que se repartirán el tiempo.

Tiene la palabra el señor Sabaté, en nombre del Grupo Socialista.




El señor SABATE IBARZ: Voy a ser muy breve porque, por lo que antes hemos
estado hablando, creemos que esta enmienda va a conseguir que transitemos
de nuevo por la senda de la unanimidad que ha presidido la primera parte
de esta sesión de la Comisión de Infraestructuras.

Se trata de concretar mejor el procedimiento para conseguir el objetivo
que persigue el grupo proponente, al trasladar la tarea de fijar los
términos en los que se decida finalmente establecer esta transferencia a
la Comunidad Autónoma de Cataluña a las comisiones de valoraciones y de
traspasos las comisiones mixtas Estado-Generalitat, que son las que, en
definitiva, en todos los casos de traspasos, fijan los términos de estas
transferencias.

En todo caso, la enmienda dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a iniciar las negociaciones con la Generalitat de
Cataluña para que la línea férrea Lleida-La Pobla de Segur sea
transferida a la comunidad autónoma de Cataluña. Esta transferencia se
realizará en los términos que acuerden las comisiones de traspasos y de
valoraciones Estado-Generalitat de Cataluña.

Creemos que obvia cualquier otra explicación. Finalmente añadimos a todas
las consideraciones que se han hecho aquí, con la mayor parte de las
cuales coincidimos, que también debería tenerse en cuenta el convenio de
explotación existente entre la Generalitat, la Diputación de Lleida y
Renfe, a la hora de establecer los términos en los que finalmente se fije
esta transferencia.




El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), el señor Simó i Burgues.




El señor SIMO I BURGUES: La proposición no de ley presentada por el Grupo
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya obedece a toda una
serie de razones que nuestro Grupo comparte.

La línea Lleida a La Pobla de Segur, explotada por Renfe, figura
evidentemente como algo aislado al conjunto de la red ferroviaria
estatal. Ello conlleva un abandono de la misma, sin programa de
inversiones y con un déficit que tienen que cubrir, a partes iguales, la
Diputación de Lleida y la Generalitat.

En los últimos años, de 1986 a 1994, la Diputación, de acuerdo con el
convenio de Renfe, ha tenido que aportar la cantidad de 636 millones y
otra cifra igual la Generalitat.

Existe en este momento un convenio entre la Generalitat de Cataluña, la
Diputación de Lleida y la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles, que
finalizará el día 31 de diciembre de 1995, referente a la prestación de
servicios ferroviarios de la línea Lleida-La Pobla de Segur y de su
financiación, según el cual las aportaciones de la Diputación y la
Generalitat serán para cada institución de 78.450.000 pesetas en el
presente año de 1994 y de 81.350.000 pesetas para 1995.

Para el exacto y correcto cumplimiento de este convenio, se designa una
comisión formada por nueve miembros, a razón de tres por cada una de las
partes implicadas. Quiere decirse que, de acuerdo con el convenio citado,
el mantenimiento de la línea está asegurado para todo el año que viene.

Sin embargo, por las razones anteriormente expuestas y por las que se
recogen en la exposición de motivos de la proposición no de ley que
nuestro Grupo comparte, entendemos que es ahora el momento adecuado para
tomar las decisiones pertinentes para cuando llegue el vencimiento del
convenio anteriormente citado.

El pasado día 13 de noviembre, el Parlament de Cataluña aprobó una
resolución, la número 17/11, por la cual instaba el Gobierno de la
Generalitat a solicitar el traspaso de esta línea, cosa que el Gobierno
de la Generalitat ha previsto que podría llevarse a cabo a través de una
figura prevista en la LOT, la red nacional integrada.

Dado que esta situación necesita una salida definitiva, pues en caso
contrario tendría que someterse a una posible renovación del convenio
suscrito entre la Generalitat, la Diputación de Lleida y la Renfe, lo
cual prolongaría la situación agónica y en precario de la línea Lleida-La
Pobla de Segur, acreditada la buena disposición por parte de la Comunidad
Autónoma de Cataluña de hacerse cargo de la transferencia, nuestro Grupo
se muestra de acuerdo con el espíritu de la presente proposición no de
ley presentada por Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




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En todo caso, y dado que entre la Administración central, Renfe, la
Diputación de Lleida y la Generalitat de Cataluña se ha mantenido
contactos que han fructificado en convenios, lo cual significa que entre
las dos administraciones interesadas, la estatal y la autonómica, han
tenido contactos que se han materializado en acuerdos, entendemos que
sería más conveniente, por las razones anteriormente indicadas en la
enmienda presentada en conjunto por Convergència i Unió y el Grupo
Socialista, que esta transferencia, en lo que se refiere a medios,
instalaciones, financiación y compensaciones, es decir, a la hora de
materializar las condiciones en que se ha de llevar a cabo, se realice en
los términos que acuerden las comisiones de traspasos y de valoraciones
Estado-Generalitat de Cataluña. Por una razón de coherencia también,
porque es función de estas comisiones acordar las condiciones en que se
han de llevar a término las transferencias acordadas por el Gobierno
central y la Generalitat de Cataluña, que la transferencia que aquí se
solicita sean las comisiones las que decidan todo lo referente a
financiación, medios y compensaciones, dado que éste es su cometido
principal.

Esperamos que el grupo proponente acepte esta enmienda que en nada
contradice, todo lo contrario, la voluntad expresada en la proposición no
de ley que nos ocupa.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición
respecto a la proposición no de ley? (Pausa.)
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Llorens.




El señor LLORENS TORRES: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
quiero anunciarles el apoyo a la iniciativa presentada por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya a esta proposición no de ley relativa a la
transferencia de la línea férrea Lleida-Pobla de Segur. Si se me permite,
expondré con toda brevedad las razones que justifican el apoyo de mi
Grupo a esta propuesta, no sin antes decir que nos parece que la enmienda
que presentan el Partido Socialista y Convergència i Unió aporta claridad
y concisión a lo que se propone. Yo me atrevería a sugerir aquí que en
vez de un plazo de un año, como quizás obedezca a un optimismo
injustificado, que se pusiera un plazo no superior a un año, porque puede
ser que el plazo sea inferior. Con esta salvedad, que no sé si es posible
desde el punto de vista reglamentario, corregiría los términos de la
enmienda. (Rumores.)
Las razones que justifican la propuesta son, en primer lugar, de tipo
constitucional. Nuestro Grupo, que siente un enorme respeto por el texto
constitucional, quiere aclarar aquíÉ (Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Llorens, pero hablando de respeto, yo
pediría un mínimo de paciencia. Es la última proposición no de ley,
tengan, no un mínimo de respeto, que siempre lo hay, pero sí un mínimo de
silencio.

Siga, señor Llorens.




El señor LLORENS TORRES: Gracias, señor Presidente.

En el artículo 149.2 de nuestra Constitución se dice que el Estado podrá
transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica,
aquellas vías férreas que discurren íntegramente por el territorio de una
comunidad autónoma. Nosotros pensamos, y quisiéramos hacer la salvedad de
que nos hubiera gustado que la transferencia de todas aquellas líneas
férreas comprendidas en estos supuestos se contemplara desde un punto de
vista general, que hay razones suficientes como para apoyar la propuesta.

Nuestro Grupo está muy preocupado por el déficit público que supone el
mantenimiento de determinados servicios públicos. No obstante, en el caso
que nos ocupa hay numerosas circunstancias de tipo social que justifican
la propuesta. La comarca de Els Pallars, una de cuyas localidades
destacadas es Pobla de Segur y también Tremp, tiene un gran atractivo
turístico, pero está viviendo las consecuencias de un despoblamiento
rural, de una emigración, y tiene una comunicación muy difícil, ya que
incluso por carretera es frecuente la interrupción. Como ha dicho antes
la portavoz de Izquierda Unida, el túnel de Collegats interrumpe
muchísimas veces la comunicación de esta comarca, que tiene indudables
atractivos turísticos al ser Tremp capital de Els Pallars Jussà y Pobla
localidad cercana a Els Pallars Sobirà. Por tanto, nosotros pensamos que
desde el punto de vista de la comunicación de una comarca que vive una
especial depresión económica y que está incomunicada en numerosas épocas
del año la propuesta está absolutamente justificada. Avala este criterio,
como ha dicho antes el señor Simó, portavoz de Convergència i Unió, un
convenio entre la Generalitat, Diputación y Renfe, que está vivo, que
venía funcionando hasta este momento, e incluso la conexión de esta línea
férrea de viajeros con las líneas principales Madrid-Barcelona también
podía justificar una rentabilidad económica adicional, que, por otra
parte, podría contemplarse en un futuro, cuando esta línea férrea sea
transferida, porque puede prolongarse hasta Francia y, a través del túnel
de Girondis, dar una vía de salida a las exportaciones de una provincia
que tiene una gran importancia agraria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular se suma a la iniciativa y a
los apoyos que antes se han expuesto aquí.




El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra a la portavoz del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para que haga su valoración y
exponga su postura clara sobre la enmienda presentada conjuntamente por
el Grupo Socialista y por el Grupo Catalán, Convergència i Unió, tengo
que anunciar que cuando pedía silencio en la sala no era solamente por
respeto y para escuchar bien las intervenciones de todos los ponentes y
de todos los representantes de los grupos parlamentarios; es que me acabo
de enterar de que el nuevo sistema auditivo que estamos utilizando hoy
tiene una sensibilidad extraordinaria, y no solamente se me escucha a mí
cuando hablo con



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los miembros de la Mesa, sino que todas las conversaciones privadas que
han tenido ustedes están siendo escuchadas en todo el Congreso (Risas.),
y probablemente conectadas a alguna radio; o sea, que simplemente era una
matización para que sepamos que tenemos ante nosotros un nuevo sistema
auditivo con una mayor sensibilidad y, en consecuencia, va a exigir mayor
silencio en el futuro, cuando nos reunamos en esta sala muy en
particular.

La señora Rivadulla tiene la palabra.




La señora RIVADULLA GRACIA: En primer lugar, quiero manifestar la
satisfacción de nuestro Grupo por el consenso que ha producido esta
proposición no de ley y que pienso será de gran utilidad para los
habitantes de las comarcas a las que hemos aludido.

En segundo lugar, una precisión: al menos en la redacción de la enmienda
que yo tengo delante no se habla nada de un año para que sea transferida
a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por ello me permito, señor
Presidente, solicitarle me acepte una enmienda in voce en el sentido de
que estamos de acuerdo con la enmienda de sustitución. Pensamos que el
objetivo primordial, que es que se inicien las negociaciones con la
Generalitat de Cataluña para la transferencia de la línea férrea
Lleida-La Pobla de Segur, se cumple con esta enmienda de sustitución,
pero pensamos que deberíamos fijar un plazo. Dado que el convenio
finaliza el 31 de diciembre de 1995, pensamos que la fecha de
transferencia debería ser a inicios de 1996. Esta es la enmienda in voce
que formula nuestro Grupo y esperamos que sea aceptada por los Grupos que
han presentado la enmienda.




El señor PRESIDENTE: Someto a criterio de los grupos enmendantes la
aceptación o no de la enmienda in voce de la señora proponente. ¿Se
aprueba? (Asentimiento.)
Perdón, hay una clarificación a su enmienda in voce. ¿Puede usted
especificar si se trata de, a principios de 1996, empezar las
negociaciones o bien la transferencia?



La señora RIVADULLA GRACIA: La transferencia, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: La transferencia. ¿Queda claro? (Asentimiento.)
Vamos a votar la enmienda conjunta del Grupo Socialista y el Grupo
Catalán, Convergència i Unió, con la enmienda in voce realizada por el
Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya para la transferencia a
principios de 1996.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la proposición no de ley por
unanimidad.

Mi intención el día de hoy era terminar antes de las doce de la noche,
por la sencilla razón de que cualquier proposición o cualquier acuerdo
tratado en esta Comisión que fuera aprobado o debatido a partir de las
doce y un minuto podría ser puesta en tela de juicio por la fecha que es
mañana (Risas.)
Gracias a todos. Feliz Navidad, feliz año nuevo y hasta el próximo año.

Se levanta la sesión.




Eran las ocho y diez minutos de la noche.