CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 393
ECONOMIA, COMERCIO Y HACIENDA
PRESIDENTE: DON ANGEL MARTINEZ SANJUAN
Sesión núm. 34
celebrada el martes, 20 de diciembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de Hacienda (Martínez
Robles), para informar:
--Sobre la economía sumergida. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/001215) (Página 12136)
--Sobre el fraude fiscal. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.

(Número de expediente 212/001216) (Página 12136)
--Sobre la situación del fraude en España, así como sobre las posibles
propuestas de solución. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular.

(Número de expediente 212/001229) (Página 12136)
Comparecencia:
--Del señor Director de la Unidad Especial de Prevención y Corrección del
Fraude (Bravo Paiva), para informar sobre la situación del fraude en
España, así como las propuestas de solución. A solicitud del Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 212/001225) (Página 12159)

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--Del señor Subdirector General del Ministerio de Economía y Hacienda y
Director del informe elaborado por la unidad especial para la prevención
y corrección del fraude (Bravo Paiva), para informar sobre las causas y
efectos del fraude en España. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/001249) (Página 12159)



Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.




COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (MARTINEZ
ROBLES) PARA INFORMAR:



--SOBRE LA ECONOMIA SUMERGIDA. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001215.)



--SOBRE EL FRAUDE FISCAL. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.

(Número de expediente 212/001216.)



--SOBRE LA SITUACION DEL FRAUDE EN ESPAÑA, ASI COMO SOBRE LAS POSIBLES
PROPUESTAS DE SOLUCION. A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.

(Número de expediente 212/001229.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión de la Comisión de
Economía con la comparecencia de don Enrique Martínez Robles, Secretario
de Estado de Hacienda, para, a lo largo de dicha comparecencia a celebrar
esta mañana, informar sobre la economía sumergida y sobre el fraude
fiscal, así como formular unas propuestas de solución sobre el mismo.

Las comparecencias han sido solicitadas por los grupos parlamentarios
Socialista y Popular. La primera comparecencia de esta mañana responde a
una filosofía global de los grupos parlamentarios respecto a la petición
de varias comparecencias con el fin de analizar y conocer la opinión de
responsables del Gobierno respecto al tema relativo al fraude fiscal y
otras variantes del mismo. Algunas de las comparecencias que componen
este paquete global se van a celebrar en otras Comisiones como, por
ejemplo, la de Trabajo, en la problemática relacionada con la Seguridad
Social, Instituto Nacional de Empleo, etcétera, con el objetivo que ha
sido transmitido, por lo menos a la Presidencia, de hacer un análisis
global respecto a la problemática del fraude en España, así como la
posibilidad de que los grupos parlamentarios, a través de sus propuestas,
que quedarán recogidas en el «Diario de Sesiones», a lo largo de la tarde
del jueves puedan formular posibles sugerencias, con la finalidad de
trasladar a la Cámara y por qué no también al Gobierno, sus propuestas
respecto al tema que analizaremos a lo largo de esta mañana y también en
la tarde del jueves.

Sin más preámbulos, y con el fin de comenzar la comparecencia del señor
Martínez Robles, voy a conceder la palabra, en primer lugar, al
representante del Grupo Parlamentario Socialista y posteriormente al
representante del Grupo Parlamentario Popular, para fijar brevemente los
términos de la misma, y posteriormente, después de la intervención del
señor Martínez Robles, podrán fijar su posición el resto de los grupos
parlamentarios, además de los que han solicitado la comparecencia.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez
Noval.




El señor MARTINEZ NOVAL: Señorías, voy a realizar una breve intervención
para motivar las razones y argumentos que han llevado al Grupo
Parlamentario Socialista a solicitar la comparecencia del Secretario de
Estado de Hacienda. No es precisamente este trámite parlamentario el más
indicado --entiende mi Grupo y entiendo yo-- para en esta primera
intervención adelantar cuál es la posición, propuestas y juicios que a mi
Grupo Parlamentario le merece el estado actual, situación y perspectivas
de toda la cuestión relacionada con el fraude en nuestro país, sino que
esta comparecencia en particular, desde nuestro punto de vista, tiene el
sentido de escuchar la información que en estos momentos nos pueda
proporcionar el Secretario de Estado de Hacienda en relación con la
evolución, la situación actual y las perspectivas del fraude fiscal en
nuestro país.

Bien es cierto que nosotros pretendemos que el señor Martínez Robles
informe también sobre la situación de la economía sumergida en este país
y, como el Presidente decía, ya hay solicitadas otras comparecencias en
otras comisiones en las que el Grupo Parlamentario Socialista pretende
conocer también la situación del denominado fraude social, por
distinguirlo del fraude fiscal. Es cierto que la economía sumergida es
una combinación de ambos tipos de fraude, es decir, cuando una parte de
la actividad económica no aflora a la superficie se está produciendo ahí
un fraude fiscal, la no declaración de determinados impuestos, de todo un
rosario de impuestos, pero se está produciendo también el impago de
cuotas a la Seguridad Social y, por lo tanto, también se está incurriendo
en lo que en otros términos denominamos --por distinguirlo del fraude
fiscal-- fraude social.




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Señor Secretario de Estado, señor Presidente, nosotros creemos que es el
momento para hacer un balance del estado de nuestro sistema fiscal. Desde
el año 1978 han transcurrido unos cuantos ejercicios --y menciono ese año
por fijar una fecha en la que se pueda localizar el arranque de un
sistema fiscal moderno en nuestro país, adaptado a los tiempos que
entonces corrían-- en los que se han producido todo tipo de coyunturas
económicas, recesiones rápidas, intensas, recuperaciones lentas e
intensas, una nueva recesión con un inicio de recuperación; es decir, el
sistema fiscal ya ha atravesado diversas coyunturas, diversas
circunstancias y, por lo tanto, ya hay elementos de juicio suficientes
para hacerse una idea y sobre esta idea hacer propuestas de modificación
respecto a qué sistema fiscal tenemos, si ese sistema fiscal, además,
soporta determinadas políticas fiscales y, sobre todo, también es nuestro
interés hacer un juicio de valor respecto a la capacidad y posibilidades
que este sistema tiene, no como instrumento de recaudación (que para el
Grupo Socialista no es, en modo alguno, un instrumento de recaudación,
que lo es también, pero no en exclusiva), sino también, tema muy
importante para nosotros, si el sistema fiscal ha cumplido un papel que
nosotros le asignamos con alguna importancia y que es de la
redistribución de la renta: en qué medida los ingresos fiscales, por la
vía de los ingresos del sistema fiscal, aporta elementos de progresividad
en la distribución de la renta en nuestro país.

Todos estos argumentos, señor Secretario de Estado, señor Presidente,
están detrás de nuestra petición de comparecencia de esta mañana. Con
esto concluyo, señor Presidente, para hacer verdad mi afirmación inicial
en el sentido de ser breve en mi intervención.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Costa.




El señor COSTA CLIMENT: En primer lugar, quiero agradecer al Secretario
de Estado de Hacienda, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, su
comparecencia ante esta Comisión, que tiene como objeto informar sobre la
valoración de las principales causas que inciden en los elevados niveles
de fraude fiscal que existen en estos momentos y cuáles son los proyectos
que tiene en marcha su Departamento dentro de una estrategia de lucha
contra el fraude fiscal en sentido amplio.

En primer lugar, me gustaría partir de la situación del fraude fiscal en
España en estos momentos. De acuerdo con las informaciones que
aparecieron en los medios de comunicación en el mes de agosto, según el
Instituto de Estudios Fiscales, en España existe un nivel de fraude
fiscal cercano al 6 por ciento del producto interior bruto, el doble del
nivel registrado en los países con mejores niveles de cumplimiento de sus
obligaciones fiscales, en los que el fraude fiscal estructural se sitúa
aproximadamente en un 2,5 por ciento del producto interior bruto. Sin
embargo, incluso por parte de algunos analistas, se cuestiona la
razonabilidad de esa valoración o de esa estimación del fraude y se llega
a afirmar que puede ser superior en España al 6 por ciento del producto
interior bruto, si acumulamos lo que sería el fraude fiscal estructural
con el fraude fiscal coyuntural y si tenemos en cuenta los niveles de
economía sumergida que existen en nuestro país.

Por ello, en primer lugar, mi Grupo Parlamentario le agradecería al señor
Secretario de Estado de Hacienda que nos proporcionara una visión del
fraude fiscal en cifras, comparando con otros países de nuestro entorno
económico y distinguiendo también por conceptos tributarios, en la medida
de lo posible; las valoraciones o las estimaciones que aparecen en el
informe de la Unidad especial para la prevención y corrección del fraude
fiscal en muchas ocasiones no constituyen una estimación completa por
conceptos tributarios, no proporcionan cifras de cuál es la estimación
del fraude fiscal en España y, además, en muchas ocasiones, ni siquiera
sitúan esas valoraciones o esas estimaciones dentro de unas coordenadas
temporales determinadas. Pero, por otra parte, en la medida en que
nuestro Grupo Parlamentario coincide con la afirmación del Gobierno de
que lo importante no es sólo la estimación o una foto fija de cuál es la
cifra de fraude fiscal en una determinada coordenada temporal, también le
agradeceríamos al señor Secretario de Estado de Hacienda nos dijera, en
la medida de lo posible, cuál es la evolución del fraude fiscal en España
en los últimos años y, si resulta posible, durante el período comprendido
entre 1982 y 1994. Y también, en la medida de lo posible, si puede
remitirnos el informe elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales
sobre el fraude fiscal en España, ese informe que se mantiene celosamente
guardado por el Gobierno y de cuyo texto, aunque parte de su contenido ha
sido comunicado a los medios de comunicación, esta Comisión no dispone.

En segundo lugar, quisiera hacer referencia a cuáles son, en nuestra
opinión, las principales causas por las que existe un elevado nivel de
fraude fiscal en España, aunque sea de una forma concisa, haciendo
referencia a todo tipo de causas, es decir, las que constituyen factores
de predisposición, esas causas que también constituyen factores de
oportunidad y esas causas que determinan que la decisión de fraude pueda
estimarse como ventajosa para el contribuyente. En primer lugar, el
rápido crecimiento de la presión tributaria en nuestro país, el cual se
encuentra a la cabeza de los países de nuestro entorno económico en
crecimiento de presión tributaria, así como el elevado nivel de impuestos
que recae sobre determinadas rentas, unido, además, al hecho de que en
nuestros sistema tributario existen multitud de tributos que no tienen en
cuenta la situación económica o el beneficio obtenido por las empresas.

En segundo lugar, la complejidad y la falta de estabilidad de las normas
tributarias, que provoca inseguridad jurídica y que favorece los
incumplimientos fiscales.

En tercer lugar, la falta de equidad, en su conjunto, de nuestro sistema
tributario, una falta de equidad no sólo material por esos elevados
niveles de fraude sino también formal, en la medida en que la aplicación
de la norma, en muchísimas ocasiones, no se realiza sobre la base de que
criterios económicos y situaciones de capacidad económica idénticas
reciben un tratamiento tributario distinto. La falta también de eficacia
en la gestión del gasto público, por la



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inexistencia --en opinión de mi Grupo Parlamentario-- de unos controles
eficaces del gasto público. Asimismo, la ineficacia también de la
Administración en la lucha contra el fraude, porque no dispone de una
organización administrativa adecuada y porque no dispone de los medios
suficientes para optimizar la totalidad de la información de que dispone
en la lucha contra el fraude. Y, finalmente, la falta de eficacia del
régimen sancionador, un régimen sancionador que en estos momentos es
resultado de la reforma que el Gobierno de Felipe González puso en marcha
en 1985, la reforma del régimen sancionador en la Ley General Tributaria,
y que se aparte de los principios de proporcionalidad, de efectividad y
de inmediatez.

Estas son, señor Presidente, en opinión de mi Grupo Parlamentario, las
principales causas por las que existen esos elevados niveles de fraude
fiscal en España. Sin embargo, el Gobierno parece que no quiere admitir
la responsabilidad de esas causas, y eso le obliga a partir de una
premisa errónea. El Gobierno parece justificar la existencia de factores
de predisposición al fraude sobre la base, principalmente, de una
percepción negativa por parte de los ciudadanos de esa relación de
intercambio, es decir, de la relación entre lo que aportan al Estado y lo
que perciben del Estado; también de una apreciación negativa de la
equidad del sistema tributario e igualmente de una falta de solidaridad
en su conjunto de la sociedad española.

Para el Gobierno, si los ciudadanos españoles tienen una apreciación
negativa de la percepción de intercambio, ustedes afirman, en primer
lugar, que es necesario, a través de una política de comunicación,
mejorar esa percepción negativa o cambiar esa percepción negativa y,
además, que la solidaridad en España no constituye un valor consolidado.

Yo le preguntaría al señor Secretario de Estado de Hacienda si cree que
cuando el 70 por ciento, aproximadamente, de los ciudadanos españoles
opina que no resulta equilibrada la relación de intercambio eso obedece a
que están equivocados.

Yo le preguntaría al señor Secretario de Estado de Hacienda si después de
12 años de Gobierno socialista se puede afirmar que la mayor parte de la
sociedad española no es solidaria. ¿No será eso el efecto de una mala
política tributaria, de un fracaso de nuestro sistema tributario y de un
fracaso de la política de control del gasto público? ¿No será eso el
efecto o la consecuencia de una cultura del pelotazo y de operaciones de
ingeniería financiera que han caracterizado la actividad económica de
nuestro país durante mucho tiempo? ¿No será esa consecuencia el efecto de
la continua aparición de escándalos, corruptelas y defectos de
funcionamiento, en general, de nuestro sistema financiero que, día tras
día, han aparecido en los medios de comunicación social?
Yo creo que poner en marcha en estos momentos una estrategia global en la
lucha contra el fraude fiscal no puede llevarnos a la conclusión de que
hay que mejorar única y exclusivamente a través de una política de
comunicación la percepción de los ciudadanos españoles ante esa relación
de intercambio. Estamos en un Estado social y democrático de Derecho y no
podemos partir de la premisa de que el modelo que ustedes han aplicado
durante 12 años, en materia de política tributaria y en materia de
control del gasto público, es un modelo que funciona correctamente y que
lo que hay que hacer, a través de los medios de comunicación, es cambiar
la apreciación de los ciudadanos españoles.

En mi opinión, señor Presidente, esa premisa es errónea. Y, por ello, una
estrategia global de lucha contra el fraude fiscal pasa, en primer lugar,
por mejorar esa relación de intercambio, por buscar un punto de
equilibrio más acorde con la percepción de los ciudadanos y, a partir de
ahí, desde luego, utilizar una política de comunicación que pueda
informar sobre las razones o sobre la estructura y la política tributaria
del Gobierno y sobre la política de control del gasto público, pero no se
puede incidir en la política de comunicación para mejorar esa percepción
de los ciudadanos que, en opinión de mi Grupo Parlamentario, no puede
estimarse errónea. No podemos manifestar que el 70 por ciento de los
ciudadanos españoles está equivocado. Si el 70 por ciento de los
ciudadanos españoles opina que la relación de intercambio les perjudica
es porque esa relación de intercambio no está equilibrada.

Por ello, señor Secretario de Estado, mi Grupo Parlamentario desearía
conocer cuál es la valoración que usted hace de las causas por las que
existe ese elevado nivel de fraude fiscal en España, cuáles son también
los proyectos que tienen su Departamento a medio plazo para luchar contra
el fraude fiscal en España y, finalmente, mi Grupo le agradecería, en la
medida de lo posible, que remitiera a esta Comisión esos anexos que
componen la documentación que ha sido tomada como base para elaborar el
informe de la Unidad especial de prevención y lucha contra el fraude
fiscal y que figura detallado en los anexos contenidos en el informe al
que he hecho referencia.




El señor PRESIDENTE: Para contestar, tiene la palabra el señor Martínez
Robles.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Agradezco,
en primer lugar, la iniciativa de esta Comisión, que nos da a todos la
posibilidad de tratar un tema tan importante como este de la economía
sumergida y el fraude fiscal, la situación en que se encuentran estos
fenómenos y las soluciones que entre todos podemos dar a los mismos.

Me referiré, en primer lugar, aunque sólo sea porque es un fenómeno más
general, a la economía sumergida y después aludiré al fraude fiscal.

Se suele entender por economía sumergida todo aquel conjunto de
actividades que se realizan al margen del control de mecanismos
fiscalizadores o contables. Desde el punto de vista jurídico se denomina
economía sumergida al conjunto de actividades que de un modo u otro
vulneran la normativa de alguno o varios de los mecanismos legales de
regulación del sistema económico establecido. Desde el punto de vista
económico o de la contabilidad nacional se entiende por economía
sumergida la actividad generadora de rentas que no puede ser estimada por
las fuentes estrictas regulares utilizadas para obtener la medición de la
renta y del producto interior bruto.




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La OCDE define la economía sumergida como las actividades que debieran
estar contabilizadas en el producto interior bruto, pero que pueden estar
omitidas en la práctica porque uno o más de los participantes en ellas
intentan esconderlas ante las autoridades públicas. En este sentido, la
OCDE recoge tres tipos de actividades: la producción legal no declarada,
actividad legal en sí misma pero oculta deliberadamente a las autoridades
para evitar cargas fiscales análogas; la producción de bienes y servicios
ilegales, tales como el mercado de drogas, la prostitución, la compra de
objetos robados, la usura, el contrabando, etcétera; los ingresos en
especie encubiertos considerados en la contabilidad nacional como
consumos intermedios y que no forman parte, por tanto, del producto
interior bruto. La OCDE señala explícitamente como actividades no
integradas de la economía sumergida la producción de las economías
domésticas, las actividades ilegales no directamente productivas, como el
robo o la estorsión, ya que se entiende que constituyen acciones
redistribuidoras de la renta y no generadora de las mismas, y aquellas
actividades productivas que a causa de su difusión en el espacio no son
apreciadas por el sistema contable o su base estadística, pero sin que
exista voluntariedad de ocultación por parte de los agentes económicos
que en ella participan.

Las actividades desarrolladas en el dominio de la economía sumergida
suelen estar, por lo general, parcialmente emergidas y parcialmente
ocultas. La práctica más corriente es las formas parciales de
irregularidad dentro de una cadena productiva de bienes y servicios con
formas más o menos articuladas de irregularidad de los agentes que operan
en la misma. Dichos agentes desarrollan una red de acuerdo para la
ocultación que, lógicamente, trasciende los límites de la cadena
sectorial de producción en cuanto que se relacionan con otras actividades
productivas y/o mercantiles.

Aunque casi todas las formas de ocultación derivan a alguna forma de
fraude fiscal, desde el punto de vista del desarrollo de medidas que
traten de promover la erradicación de la economía sumergida conviene
tener presente que la existencia del fenómeno analizado supone también la
vulneración de otras múltiples normas de regulación económica y social y,
por tanto, otros tipos de fraude. En concreto, bajo este prisma se
podrían diferenciar tres grandes áreas de regulación que conllevan otros
tantos tipos de fraude:
Económico-fiscal. Además del fraude fiscal implícito en prácticamente
todas las actividades sumergidas, algunas de ellas pueden vulnerar otras
normas económicas, como monetarias, control de cambio, de capitales,
concesión de subvenciones, etcétera. Respecto al fraude fiscal, conviene
también tener presente la interrelación que existe entre las diferentes
figuras impositivas a efectos de dotar de mayor eficacia a los mecanismos
de control, inspección y sanción.

Sociolaboral. En una buena parte de los casos las actividades sumergidas
están relacionadas con situaciones que vulneran la normativa laboral y
los instrumentos de protección social. En concreto, tales actividades
suelen eludir las normas vigentes de contratación y/o de cotización al
sistema de Seguridad Social y a menudo otras normas sociales. También
técnicas, sanitarias, ambiental, de protección al consumidor, etcétera.

La elusión de tales normas supone para las empresas que la practican una
reducción de sus costes de producción, pero tales elusiones requieren
desarrollar prácticas de ocultación frente a las autoridades competentes
que suelen implicar con bastante frecuencia la inclusión de actividades
en el campo de la opacidad fiscal y sociolaboral.

En términos generales, el fenómeno, analizado desde el punto de vista
microeconómico, responde a una conducta de supervivencia de los agentes
económicos que la practican. La pretensión del empresario que adopta esta
manera de proceder lo constituye la reducción de sus costes
empresariales. Ante la imposibilidad de alterar las condiciones externas
modifica los costes de regulación vigente mediante la evasión del pago de
los impuestos y de la cuota de la Seguridad Social que implicaría la
contratación de mano de obra legalizada. El objeto último de esta manera
de proceder puede ser, sin embargo, diferente. Así, puede encerrar un
deseo de regularización, de modo que los beneficios extras obtenidos
durante la inversión se destinarían a la mejora tecnológica con objeto de
incrementar la productividad de la empresa y asegurar su supervivencia
una vez emergida, pero también puede responder a factores
socioculturales, tales como la agresión al riesgo o el simple deseo de un
mayor y más fácil enriquecimiento. Este último tipo de conductas
convierten a la economía sumergida no sólo en un fenómeno socialmente
reprobable por su manifiesta insolidaridad sino también en regresivo
desde el punto de vista económico.

Por su propia naturaleza, la economía oculta es muy difícil de
cuantificar y no todos los investigadores coinciden a la hora de elegir
un método que les resulte más fiable. Los métodos de cuantificación
suelen clasificarse en directos e indirectos. Los primeros recurren a
información suministrada por los propios agentes inmersos en el campo de
la economía oculta. Los segundos, en cambio, acuden al contraste de los
flujos monetarios irreales o entre los flujos de renta, consumo y
producción, contemplando también algunas otras variables agregadas tales
como la masa salarial, la renta fiscal, etcétera. El valor de las
actividades sumergidas se obtiene en estos métodos como un valor
residual. Los métodos de estimación directa conllevan limitaciones
evidentes en cuanto a la calidad de la información suministrada, dado que
es proporcionada por sujetos que en general son conscientes de su
posicionamiento en la irregularidad. Además, en el nivel macroeconómico
su elaboración conlleva costes importantes.

Sobre la base de encuestas directas a la población se han realizado
diversos trabajos en algunos países europeos. A través de la
investigación empírica se pretende conocer, por ejemplo, el grado de
participación del colectivo de ciudadanos investigados en los mercados de
bienes y servicios producidos dentro de la economía oculta, bien como
oferentes o bien como demandantes. Otros estudios tratan de cuantificar
la proporción de población activa presente en este tipo de actividades,
también desde la doble perspectiva de oferentes y demandantes de trabajo.

Uno de



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los estudios más completos en este terreno es el que realizó el
Ministerio de Economía y Hacienda en 1985, cuyos resultados definitivos
se publicaron con el título de «Estudio sobre las condiciones de vida y
trabajo en España en 1988».

Las estimaciones de carácter indirecto se enfrentan al menos a dos
limitaciones. La primera, de carácter contable-estadístico, al darse una
ausencia casi total de estimaciones autónomas del valor de cada uno de
los flujos de las actividades económicas; la segunda, derivada de la
heterogeneidad de los diferentes flujos de renta, producción y consumo
que al mezclar sus variantes, regular e irregular, hacen difícil la
identificación aislada de cada uno de ellos. En principio, habría que
conferir mayor fiabilidad a los métodos directos en tanto que recogen
información de los sujetos que actúan dentro de la propia economía
oculta. No obstante, puede ser muy cuestionable la calidad de información
suministrada, ya que existe una elevada probabilidad de que el sujeto
informante pretenda engañar de manera generalizada a quien realiza la
encuesta. Todo parece indicar que en la situación actual resulta más
importante conocer, y que la sociedad conozca, la evolución del fraude
que su estricta cuantificación.

En este sentido se entiende que el análisis de evolución del fraude debe
realizarse por dos vías distintas: a través de la utilización de
indicadores relativos definidos específicamente para cada área de fraude
y mediante la medición de la percepción social sobre la materia a través
de encuestas anuales diseñadas al efecto.

Frente a la economía sumergida se pueden identificar dos líneas de
actuación: fomentar las condiciones que permitan la emersión de las
actividades sumergidas y penalizar y agravar la permanencia en esta
situación. En la primera predominaría el carácter preventivo, mientras
que en la segunda lo haría el carácter represivo.

La primera línea de actuación estaría constituida por aquellas medidas
dirigidas a estimular la transición hacia la economía regular,
disminuyendo los beneficios derivados de la ocultación.

Estas medidas podrían estar destinadas a reformas institucionales o
podrían entenderse como de carácter puramente económico.

Dentro del primer bloque cabe situar las recientes reformas habidas en el
marco laboral, las cuales, partiendo de la hipótesis de que la falta de
flexibilidad del mercado de trabajo ha sido tradicionalmente una de las
causas que ha favorecido la aparición y mantenimiento de las más
conocidas manifestaciones de trabajo clandestino, tratan de dotar el
mercado de trabajo de una mayor flexibilidad. En efecto, regulan una
pluralidad de modalidades de contratación temporal, favorecen la
movilidad funcional y geográfica, disminuyen los controles
administrativos relativos a la organización del trabajo y flexibilizan
los procedimientos para acceder a la regulación de empleo.

Otras medidas orientadas a la reforma del marco institucional podrían
consistir en reducir los costes derivados del inicio de actividad y que
afectan a todo proyecto de creación de empresa. Asimismo la propensión a
la actividad irregular de los nuevos empresarios o profesionales podría
disminuirse mediante el retraso del pago de los arbitrios, tasas,
impuestos y cuotas de Seguridad Social hasta un momento temporal
posterior.

Otra medida consiste en minorar los costes de funcionamiento añadido a
las empresas, derivados del diferimiento y retraso en el pago de las
obras y servicios realizados a las administraciones públicas. Las demoras
en el pago de las administraciones públicas pueden acarrear unos costes
financieros adicionales y dificultades de tesorería, las cuales pueden
ser trasladadas a las empresas subcontratistas bajo fórmulas que minoran
los beneficios de estas últimas, lo que por razones defensivas las pueden
llevar a entrar en la economía sumergida como alternativa para poder
seguir funcionando.

En el segundo bloque se comprenden las acciones económicas orientadas a
la mejora de las condiciones internas de las empresas y de los mercados
específicos, donde se evidencian carencias en capitalización, procesos
productivos, cualificación profesional de la mano de obra, calidad y
tecnología del producto, etcétera. Cabría hablar en este caso de un grupo
de medidas de carácter general y otras de carácter sectorial.

Junto a las medidas preventivas es preciso adoptar medidas cuyo objetivo
común sea aumentar los costes derivados de la ocultación, dificultando la
inversión en la economía sumergida a través de una mayor eficacia de los
mecanismos de inspección y control, así como mediante acciones que
aumenten la penalización y eleven las sanciones por permanecer en
situación oculta.

El modelo de control del fraude en la economía sumergida que tenemos que
elaborar debe responder a las peculiaridades propias de este fenómeno y
exige, según la Unidad especial para el estudio y propuestas de medidas
para la prevención y corrección del fraude, que avancemos en la
materialización de las siguientes medidas:
Promover la actuación de unidades especiales de inspección, integradas
por inspectores de Trabajo y Seguridad Social, inspectores de Finanzas
del Estado y, en su caso, por inspectores pertenecientes a otras
administraciones públicas, para que lleven a cabo las acciones de
investigación conjunta que se estimen necesarias en la generalidad de los
ámbitos en que se manifieste la actividad sumergida objeto de
investigación. Priorizar y racionalizar las actuaciones conjuntas de
dichas unidades especiales, atendiendo a razones de máxima eficacia y
rentabilidad de la información que se obtenga de los análisis sectoriales
llevados a cabo de la que proporcionen los estudios que se efectúen sobre
la materia. Coordinar estas unidades especiales en el Ministerio Fiscal o
en los casos en los que las investigaciones se deriven indicios de
delito. Incorporar a estas unidades especiales la acción de apoyo
derivada del concurso de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad o de la
Policía Fiscal. Mejorar los procesos de captación de la información
relativa a las inversiones financieras llevadas a cabo, tanto en los
mercados nacionales como internacionales, así como racionalizar los
mecanismos de control de los movimientos bancarios. Garantizar a las
unidades especiales mencionadas los niveles máximos de acceso y
disponibilidad de la información existente en las diversas
administraciones públicas.




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Auspiciar el diseño de planes de información que tengan en cuenta el
conjunto de huellas dejadas en las distintas administraciones, entes
públicos y otros organismos o instituciones por la economía sumergida.

Corresponsabilizar a las administraciones públicas, en su papel de
empresarios, de forma que cuando contraten obras o servicios con otros
agentes económicos exijan como requisito previo la acreditación del alta
de los empleados que directamente, o vía subcontratación, van a realizar
o prestar el servicio, así como la aportación en las declaraciones
fiscales que amparen la documentación económica presentada en el pliego
de contratación, en sustitución del cual, certificado de estar al
corriente de las obligaciones fiscales.

Adicionalmente deberían preverse los mecanismos de verificación de que su
grado de cumplimiento labora y fiscal inicial persiste, con aplicación de
las infracciones no pecuniarias que procedieran.

Por lo que se refiere a las medidas de carácter sancionador y las
correspondientes al ámbito recaudador, es evidente que la efectividad de
las acciones anteriormente propuestas de lucha contra la economía
sumergida se vería menguada si, detectados los empresarios o
profesionales inmersos en la actividad oculta y cuantificado su grado de
defraudación, no se garantiza la aplicación de un régimen especial
gravoso.

Por último, debiera ser regulado, tanto por las leyes sustantivas como
por los correspondientes reglamentos recaudatorios fenómenos como la
sucesión artificial de empresas en el ejercicio de una actividad, con
liquidación de sociedades y creación de otras nuevas por los mismos
responsables, y con continuidad en la actividad que se venía
desarrollando, así como el de la interposición de una cadena de
sociedades con el objeto de eludir la responsabilidad de los socios o
administradores últimos que son frecuentes en las economías irregulares.

También debe propiciarse el desarrollo de los mecanismos de declaración
de responsabilidades de socios y administradores en la vía ejecutiva en
los procesos concursales. Asimismo debería dotarse de garantías al
régimen de inhabilitación para el empresario de actividades
empresariales, directas o indirectas, cuyas sociedades hubieran sido
declaradas fraudulentamente insolventes o en quiebra. Estas medidas serán
incluidas en el plan de lucha contra el fraude, al que posteriormente me
referiré.

Me voy a referir ahora al fraude fiscal en concreto.

Como se ha señalado al principio, hasta la reforma tributaria de 1978 el
sistema impositivo español se enmarcaba en la tradición propia de los
países latinos, caracterizados por una actitud tolerante hacia el fraude
tributario. Esta actitud provocaba unos comportamientos sociales por los
que se justificaba el fraude como mecanismo de reacción ante la
existencia de una Administración tributaria poco eficiente y unos
servicios públicos escasos y unos mecanismos de recaudación poco
ajustados a las características personales de los contribuyentes.

La reforma tributaria de 1978 estaba orientada radicalmente a cambiar el
signo de estos comportamientos y prueba de ello son algunas medidas tales
como la eliminación del secreto bancario o la lucha contra la creación de
sociedades interpuestas como medios de elusión fiscal. Sin embargo, la
realidad se encargó de demostrar que la gestión de los tributos no estaba
adaptada al carácter masivo de los nuevos impuestos personales. De manera
que fue necesario impulsar nuevas medidas, a partir de 1985, tales como
el nuevo procedimiento de gestión tributaria, la modificación de la
regulación del delito fiscal o la campaña de entrada en vigor del
Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuestos Especiales que, con el paso
del tiempo, han tenido innegables efectos positivos en la lucha contra el
fraude.

El fraude es un fenómeno que va cambiando con el tiempo y, en
consecuencia, las medidas de lucha contra el mismo deben irse adecuando a
la evolución de los acontecimientos. En los últimos años la economía
española ha experimentado un intenso proceso de internacionalización y un
importante dinamismo en todas las áreas económicas y sociales que ha
revelado un cambio a gran velocidad en los sistemas empleados para
defraudar.

Para hacer frente a esta situación, por acuerdo del Consejo de Ministros
de 4 de agosto de 1993 se procedió a la creación, a la que me había
referido antes, de una Unidad de carácter interministerial a la que se
encomendó el análisis y la propuesta de medidas y procedimientos para
prevenir y corregir la comisión de actos que puedan ocasionar daños a la
Hacienda pública o a la Tesorería de la Seguridad Social, tanto en la
vertiente de los ingresos, o por la vía de los tributos, como en la del
gasto por razón de las pensiones, prestaciones sociales, ayudas
sanitarias, seguro de desempleo y demás subvenciones y ayudas públicas.

Una vez realizados los estudios y análisis procedentes del acuerdo se
determinaba que sería elevado un informe al Consejo de Ministros
proponiendo la opción de las medidas necesarias para prevenir y luchar
contra el fraude, con determinación expresa de las actuaciones concretas
que deberían llevar a cabo los distintos órganos de la Administración.

Este informe fue elevado al Consejo de Ministros el pasado 5 de agosto
del presente año y en él se contienen las conclusiones del trabajo
realizado, las cuales incluyen 259 recomendaciones, de entre las cuales
145 afectan de forma directa o indirecta al fraude fiscal, que
constituyen la estrategia básica del plan de lucha contra el fraude.

Una de las cuestiones más debatidas acerca del fraude fiscal es la
cuantificación del mismo. El señor Costa se refería anteriormente a él.

Al objeto de conocer la situación y valoración del fenómeno del fraude en
los países de nuestro entorno, la Unidad recabó información de una
muestra significativa de países europeos. El primer punto destacable,
derivado de la comparación, es que en los países de nuestro entorno no
existe una información oficial referente al volumen y composición del
fraude. Sin embargo, anualmente se dan a conocer las estadísticas y
resultados de la lucha contra el fraude, con la finalidad de mejorar la
percepción social en esta materia y lograr un efecto inducido favorable
al cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.

El fruto de esta política es que en los países de nuestro entorno existe
la percepción social de que la Administración



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está mejorando de forma considerable su eficacia en el control del
fraude, a pesar de que en países como Alemania, Bélgica e Italia la
opinión pública está convencida de que el fraude fiscal ha aumentado en
los últimos tiempos. Incluso en un informe publicado en diciembre del año
pasado por el Fondo Monetario Internacional se puso de manifiesto que las
metodologías utilizadas para cuantificar el fraude dejaban mucho que
desear a causa de la falta de datos y, lo que es más importante, de la
falta de significación de los datos. Según este informe, los métodos
generalmente utilizados para la estimación del fraude fiscal incluyen el
contraste de la información obtenida de las declaraciones tributarias con
los datos de la contabilidad nacional o con datos obtenidos a partir de
encuestas o muestras y extrapolados al conjunto de la población.

Un método indirecto para estimar el fraude fiscal consiste en partir de
la estimación de la economía sumergida para, posteriormente, estimar los
impuestos correspondientes a las rentas ocultas. La consecuencia de la
utilización de estos métodos es que sus conclusiones deben considerarse
con prudencia, ya que en ocasiones se basan en cargas fiscales teóricas o
formales excesivas y, en todo caso, no sería prudente basar las
decisiones de política económica solamente en los resultados de estas
estimaciones.

En España, las fuentes de estimación del fraude son similares a las que
se utilizan en el resto de los países, y básicamente, son los agregados
macroeconómicos y los propios datos fiscales. En general, los
procedimientos de estimación del fraude fiscal pueden agruparse en las
dos grandes categorías que veíamos anteriormente cuando hablábamos de
economía sumergida: de métodos directos y de métodos de contraste.

Los primeros se realizan por medio de encuestas o por los servicios de
inspección, pero no sirven, en general, como medida estadística del
fraude, ya que las inspecciones no están basadas en diseños muestrales,
sino en planes específicos y se concentran en áreas de riesgo. Los
métodos de contraste, en términos generales, establecen comparaciones de
la recaudación efectiva con la recaudación potencial estimada, o bien
comparan las magnitudes económicas obtenidas por medio de las
declaraciones tributarias con las ofrecidas por las estadísticas
económicas en general.

En definitiva, en el informe de la Unidad se recoge una relación de los
estudios que se han realizado a este respecto y se llega a la conclusión
de que, si bien han de considerarse loables los esfuerzos hasta ahora
realizados para la estimación del fraude fiscal, en lo que es necesario
persistir con el fin de ir perfeccionando las metodologías y detectando y
corrigiendo las carencias estadísticas apreciadas, hay que destacar la
acusada relatividad y escasa fiabilidad de los trabajos hasta ahora
realizados en materia de cuantificación del fraude y las graves
contradicciones existentes entre sus resultados, así como avisar de los
riesgos de su utilización y difusión sin advertir seriamente de estas
limitaciones, dado que incluso con estas advertencias la utilización
desnuda de los datos puede apoyar posturas exculpatorias del fraude sobre
bases cuyo acercamiento a la realidad ofrece serias dudas.

Ahora bien, el hecho de que el fraude sea un fenómeno de difícil
cuantificación no significa que desconozcamos aspectos esenciales del
mismo. Para tener conocimiento de la opinión que la sociedad tiene de
estos temas y valorar la aceptación social de posibles medidas antifraude
la Unidad encomendó al Centro de Investigaciones Sociológicas el
desarrollo de una encuesta de opinión para así conocer lo que piensan los
ciudadanos sobre los tributos que pagan, lo cual, sin duda, es un grado
revelador del grado de vertebración y legitimación del sistema fiscal.

En líneas generales, la opinión pública española tiene la percepción de
que los comportamientos fraudulentos se han extendido en los últimos años
y son más frecuentes los que consisten en ocultar a la Hacienda pública
beneficios empresariales o los que consisten en no pagar o pagar menos
cotizaciones por parte de los empleadores. Las principales razones que
según la opinión pública española explican el comportamiento defraudado
son: la falta de honradez personal, el insuficiente control de la
Administración, sobre todo en determinados colectivos, y la insuficiente
conciencia ciudadana sobre estas cuestiones. En todo caso, los
encuestados se sitúan mayoritariamente en torno a la idea de que si no
existiera fraude el Estado podría disponer de más recursos económicos
para proporcionar mejores servicios públicos y prestaciones sociales. En
cualquier caso, la adopción de medidas para la corrección del fraude se
valora muy positivamente.

También la opinión pública española cree que el grado de cumplimiento
fiscal ha ido aumentando hasta alcanzar niveles bastante aceptables,
teniendo en cuenta la juventud relativa del sistema tributario vigente.

Esta es otra cuestión que también conocemos. En el caso español, el
crecimiento del cumplimiento fiscal desde la reforma de 1978 ha sido
espectacular. A principios de la década de los 90 puede hablarse de un
cumplimiento muy generalizado de las obligaciones fiscales entre amplios
sectores de la población en relación con períodos históricos anteriores.

Esta generalizada incorporación de contribuyentes se ha visto favorecida
especialmente por tres factores: un cambio gradual de la conciencia
tributaria inducida por la democracia, un nuevo sistema de gestión e
información y la actividad constante de la Administración tributaria.

Otro aspecto relevante que conocemos del fraude es que, a pesar de que la
inmensa mayoría cumple sus obligaciones fiscales, siguen manteniéndose en
la actualidad bolsas de fraude persistentes que se concentran en
determinados sectores socioeconómicos, aprovechando las mismas
dificultades de control que se reconocen en los países de nuestro
entorno. En concreto, me voy a referir, sin menospreciar a las restantes,
a cinco grandes áreas del fraude: al IVA, a la ocultación de actividades
profesionales y empresariales, al aspecto internacional de la economía,
al sector inmobiliario y a los activos financieros y valores mobiliarios.

Respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido, el descubrimiento de redes
de facturas falsas pone de manifiesto una importante bolsa de fraude que
afecta no sólo a la recaudación líquida de este impuesto sino también a
la determinación



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de las bases imponibles de otras figuras impositivas, especialmente el
Impuesto sobre Sociedades.

Por otra parte, la configuración del mercado único, que conlleva la
desaparición de las aduanas en el ámbito de las operaciones
intracomunitarias, requiere unos mecanismos de control más perfectos y
eficaces y el establecimiento de unos sistemas de intercambio de
información tributaria ágiles y fiables. Se configura, por tanto, el
Impuesto sobre el Valor Añadido como una importante área potencial de
fraude que incide tanto en la recaudación de ingresos públicos como en la
neutralidad del sistema fiscal, en lo referente a la competitividad del
sector privado.

También en el estudio de la Unidad se ha examinado la situación referida
a dos grupos de contribuyentes de difícil control, como son los que
forman los profesionales y pequeños empresarios. A través de lo que ha
sido la historia de la tributación de estos grupos se concluye destacando
las importantes dificultades con que la Administración tributaria ha de
abordar la comprobación de unos contribuyentes cuya facturación se dirige
en su mayor parte a consumidores finales.

En los trabajos de la Unidad se ha valorado muy positivamente, a efectos
de control, la implantación del régimen de estimación objetiva por
módulos, si bien se proponen medidas para su mejora, como son el
desarrollo reglamentario del régimen de convenio individual, previsto en
la Ley para los empresarios de dimensión muy pequeña, el ajuste de los
límites superiores para estar en el sistema, al objeto de que tributen en
estimación directa aquéllos a los que se puede exigir la llevanza de una
contabilidad completa y el restablecimiento de obligaciones de
facturación en determinados supuestos para evitar la ocultación
interesada de operaciones o para dificultar el falseamiento de facturas
por ventas inexistentes de empresarios en módulos.

El aspecto internacional de la economía es un fenómeno que se ha
manifestado con especial intensidad en los últimos tiempos, dando lugar a
la realización de operaciones económicas en un mercado universal, con
diferentes legislaciones, distintos grados de control y, en definitiva,
diferentes métodos de captación de recursos. Todo esto ha contribuido a
incrementar notoriamente las facilidades para realizar conductas
fraudulentas a través de la utilización de sociedades extranjeras, la
localización de capitales en el exterior, la domiciliación de sociedades
instrumentales en paraísos fiscales y el diseño de productos financieros
a medidas que, entre otros, constituyen mecanismos de elusión fiscal cuyo
control seriamente requiere un proceso de armonización fiscal
internacional y, mientras esto se logra, la adopción de medidas a nivel
individual que dificulten y desincentiven la realización de estas
conductas.

El sector inmobiliario constituye probablemente el área empresarial donde
se concentran las mayores bolsas de fraude, no sólo por su importancia
cuantitativa, sino también por la incidencia que tienen otras áreas. El
conjunto de tributos a los que afecta el fraude inmobiliario es muy
amplio: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Sociedades,
Patrimonio, IVA, etcétera. Por la propia naturaleza de los bienes
contemplados, esta tributación afecta tanto a residentes en España como a
no residentes y se extiende desde el comienzo mismo del proceso de
producción, a través del falseamiento del precio de los solares, hasta el
final de la cadena de transmisión, es decir, la venta al que podríamos
denominar consumidor final, al que en muchos casos de forma obligada se
le exige la utilización de dinero negro o se le impone la declaración de
un precio inferior al real en el momento de otorgar la escritura pública.

Pero el fraude inmobiliario no se agota con la manipulación del valor de
transmisión, sino que también se manifiesta en la ocultación de la
titularidad patrimonial o de los cambios en la misma, a través de la
utilización de contratos privados o la interposición de sociedades y
mediante la ocultación de los rendimientos generados por los bienes
inmuebles, ya que no existen sistemas de información específica de la
situación de los inmuebles en función de su utilización.

Por último, en lo que se refiere a la utilización de valores mobiliarios
y activos financieros como instrumento de fraude, todos ustedes conocen
el proceso que siguieron algunas entidades financieras para encontrar
refugio para el dinero negro. Es cierto que con la amortización total de
los pagarés del tesoro y las actuaciones administrativas y
jurisdiccionales para conocer la verdadera titularidad de los patrimonios
opacos se ha conseguido la desaparición de un número considerable de
refugios de dinero negro. En todo caso, todos somos conscientes de que
aún subsisten problemas derivados de la rapidez con la que siguen
apareciendo nuevos productos financieros, la existencia de sociedades
instrumentales cuya única actividad es la tenencia de bienes y la
dificultad para conocer la verdadera titularidad de patrimonios cuando se
interponen en estas sociedades.

El proceso de lucha contra el fraude se ha ido adaptando a la evolución
histórica iniciada en el año 1978, como comentaba anteriormente. El nuevo
sistema fiscal originó un cambio en la estructura administrativa
encargada de aplicarlo y, así, en 1984 se creó la Secretaría General de
Hacienda para coordinar todas las direcciones generales implicadas en la
lucha contra el fraude.

De la evolución posterior podemos señalar como puntos más destacables:
las modificaciones de nuestra normativa introducidas en 1985, como la Ley
de Activos Financieros, que regula una materia en constante proceso de
innovación; la reforma del Código Penal realizada para que sea operativa,
en nuestro Derecho moderno, la figura del delito fiscal y el nuevo
procedimiento de gestión tributaria que adaptaba los procesos tributarios
aplicando medios informáticos para gestionar y controlar el cumplimiento
de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes, formando
censos actualizados que facilitaban la detección de hechos sin
cumplimiento. Posteriormente, la incorporación de España a la Comunidad
Económica Europea determinó la entrada en vigor, en 1986, del Impuesto
sobre el Valor Añadido que modificó de manera sustancial el diseño de
nuestra imposición indirecta. Finalmente, y sin ánimo de ser exhaustivo,
destacaría la importante modificación experimentada en el Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas por la Ley 20/1989, que establecía la
posibilidad



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de presentar declaraciones individuales por dicho impuesto.

El objetivo de mejora del ordenamiento que se ha manifestado en la
reforma señalada exigió un nuevo esquema organizativo para hacer frente a
los retos planteados por una sociedad moderna y, por ello, se creó en
1991 la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que a partir del
primero de enero de 1992 dio un nuevo impulso a la consecución de este
objetivo. La Agencia Tributaria nace como la organización responsable de
la aplicación efectiva del sistema tributario y aduanero estatal y se le
asigna como funciones, desde su creación, la realización de actuaciones
tendentes a favorecer el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias y la reducción del fraude fiscal.

Este conjunto de modificaciones ha producido unos resultados, a los que
luego me referiré, que me permiten afirmar con absoluta claridad, frente
a los que sostienen que España es un país de incumplimiento fiscal
universalizado, que en nuestro país la gran mayoría de los ciudadanos
cumplen razonablemente sus obligaciones con la Hacienda pública.

Me voy a referir rápidamente a las actuaciones que se realizan por la
Agencia Estatal en relación a las actuaciones de control o en relación a
las actuaciones para facilitar el cumplimiento voluntario de los
contribuyentes, como señalaba anteriormente.

En relación a las actuaciones de control, diferenciamos aquellas
actuaciones de control que podemos considerar como controles masivos y
aquellos otros que son controles específicos. Entre los controles masivos
se encuentran una serie de actuaciones de la Administración que, en
principio, tienen como finalidad recoger información con trascendencia
tributaria e imputarla a los contribuyentes. Actualmente la
Administración tributaria tiene una base de datos fiscales referida a 35
millones de titulares, con 1.791 millones de datos, lo que supone que
disponemos de una media de 51 datos aproximadamente por cada titular. El
origen de esta información corresponde, en un 20 por ciento, a las
declaraciones realizadas por los contribuyentes, y el 80 por ciento
restante a datos reglamentariamente declarados por terceros.

Entre estos controles masivos más importantes, como sin duda son bien
conocidos, están las liquidaciones provisionales realizadas por la
Administración, que se efectúan para corregir los posibles errores en que
pueden haber incurrido los contribuyentes en el cumplimiento de su
declaración y, al mismo tiempo, para contrarrestar el contenido de cada
una de sus declaraciones con la información disponible en la base de
datos. Una muestra de la eficacia de este sistema lo podemos encontrar en
las más de 700.000 liquidaciones paralelas practicadas sobre las
liquidaciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los
dos últimos ejercicios, que representaron una deuda próxima a los 48.000
millones de pesetas.

También están los requerimientos a contribuyentes que no han presentado
la declaración. El resultado de los requerimientos emitidos a no
declarantes da lugar a la presentación de las declaraciones y
autoliquidaciones correspondientes o, en su defecto, a la práctica de
liquidaciones provisionales por los órganos de gestión. El control sobre
el ejercicio 1992, referido al Impuesto sobre la Renta, supuso la emisión
de casi 90.000 requerimientos, que originaron la presentación de más de
40.000 autoliquidaciones y dieron lugar a 5.500 liquidaciones
provisionales. La deuda ingresada por este concepto se aproximó a los
5.000 millones de pesetas.

Liquidaciones a contribuyentes que presentan sus declaraciones fuera de
plazo. En los dos últimos ejercicios se han realizado más de 500.000
liquidaciones por este concepto, que han originado una deuda tributaria
próxima a los 40.000 millones.

Además, como les decía, de estos controles masivos hay otros controles
específicos. Las actuaciones de fiscalización individualizada se realizan
a través de los planes de inspección, tanto generales como especiales.

Las actuaciones inspectoras derivadas de planes generales han
incrementado sustancialmente el volumen de deuda descubierta situándose,
como es conocido, en 1993 por encima de los 400.000 millones de pesetas.

Junto a estos planes generales, se realizan otros planes especiales
centrados en áreas o materias en los que se considera que existe un mayor
riesgo de fraude.

En mi opinión, las más importantes son las que se refieren al tráfico
económico internacional, para lo cual se han empleado unas unidades
especiales con un alto grado de preparación específica; la del control
del sector inmobiliario en sus distintas fases, y que han requerido la
realización de planes de información sobre cada una de ellas para formar
una base de datos operativa; la referente a actividades profesionales a
las que se aplican técnicas de investigación específica para aumentar la
eficacia y el control sobre las mismas; el Impuesto sobre el Valor
Añadido, controlando tanto las obligaciones formales como la aplicación
coordinada del sistema de módulos, o las dirigidas al sector financiero,
que se realizan a las entidades integradas en el mismo en su condición de
intermediarias en la captación de ahorro de un gran número de
contribuyentes. También se realizan otros planes especiales en el área de
inspección de impuestos especiales, etcétera. Hay además otra serie de
actuaciones, dentro de estas actuaciones específicas, que se desenvuelven
en el área de la recaudación ejecutiva y que en el año 1993 ha supuesto
unos ingresos de una cantidad cercana a los 100.000 millones de pesetas.

Junto a estas actuaciones de control se realizan, como señalaba
anteriormente, por la Agencia Tributaria otras actuaciones, que son
aquellas que van encaminadas a facilitar el cumplimiento voluntario por
los contribuyentes de sus obligaciones tributarias. Dentro de éstas,
rápidamente me refiero al programa «Padre», que sin duda conocen SS. SS.,
que es un programa para cumplimentar informáticamente las declaraciones
simplificadas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con los
datos proporcionados por el contribuyente y la información telefónica que
se facilita a los contribuyentes; otras actuaciones de información que se
facilitan, bien a través del programa denominado «Informa», que consiste
en una base de datos en la que existen preguntas y respuestas para los
contribuyentes



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que quieran recabar una determinada información, y también en la creación
de oficinas del contribuyente, que son unidades administrativas que
atienden la demanda de información acerca de los diversos trámites en que
pueden encontrarse sus asuntos en la Administración tributaria.

Las consecuencias de todo lo anterior es una mejor prácticamente
constante en los índices de cumplimiento en las distintas figuras
tributarias, que se traducen en una mayor recaudación y que son fiel
reflejo del esfuerzo realizado por la administración tributaria para
facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los
sujetos pasivos mediante procedimientos y declaraciones más sencillas y
con mejor coordinación entre las figuras impositivas relacionadas que
afectan a un mismo contribuyente. Los datos que les daré a continuación,
que reflejan la evolución experimentada por las principales figuras
impositivas, ponen de manifiesto que nos encontramos
--como les decía anteriormente-- en el momento de mayor nivel de
cumplimiento fiscal desde que contamos con un sistema tributario moderno
y homologable con los de los países de nuestro entorno.

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el número de
declarantes, sin contar los del País Vasco y Navarra, se ha incrementado
en diez millones, pasando de 2,5 millones en 1978, antes de la reforma, a
12,5 millones en 1993. La base imponible se ha multiplicado por 6 y la
cuota líquida por 9. En el Impuesto sobre Sociedades los declarantes, que
hace sólo seis años no llegaban a los 200.000, son ahora 450.000, y la
base imponible, pese a los duros efectos de la crisis económica, se ha
multiplicado en este período aproximadamente por 2. Finalmente, en el
Impuesto sobre el Valor Añadido los declarantes, que eran menos de un
millón y medio en el año 1986, cuando se produjo la implantación del
Impuesto, representan ahora poco más de dos millones y la recaudación,
pese a que los últimos datos reflejan el aumento de más aguda incidencia
de la crisis económica, se ha multiplicado desde entonces por 2.

Sin embargo, a pesar de los resultados favorables, la profundidad de los
cambios y la diversificación de las situaciones fraudulentas a las que
antes me refería hace necesario establecer una nueva estrategia de lucha
contra el fraude fiscal más relacionada con la nueva tipología del mismo
y con los nuevos instrumentos y métodos detectados en los últimos años.

Esta nueva estrategia de lucha contra el fraude, elaborada en base al
informe de la unidad especial, será próximamente elevada al Gobierno para
su aprobación. Las características más sobresalientes de la nueva
estrategia serán las siguientes. Conformará un plan integral de medidas
de diferente naturaleza dirigidas al estudio de las características y
evolución del fenómeno, modificaciones normativas, mejoras de gestión y
cambios organizativos. Será un plan que incluirá medidas a corto, medio y
largo plazo, en el que se periodificarán las actuaciones y se
diferenciarán aquellas que se pondrán en marcha con carácter inmediato de
aquellas que se desarrollarán paulatinamente.

Junto a las acciones sancionadoras se establecerán medidas disuasorias de
carácter «ex ante» o preventivo, así como otras destinadas al mejor
cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de campañas de
sensibilización social.

Se establecerán un conjunto amplio de medidas que atiendan a las nuevas
fórmulas de fraude y que se adapten a la complejidad y diversidad actual
del fenómeno fraudulento. Se tendrá en cuenta el diferente rango de
cumplimiento tributario de cada área fiscal y grupo de contribuyentes,
distinguiendo aquellas en que el riesgo de incumplimiento es más elevado
de aquellas otras en las que el cumplimiento fiscal es mayoritariamente
correcto.

Por otro lado, en el contexto de la estrategia de lucha contra el fraude,
se reforzarán actuaciones que tengan como objetivo central el estímulo al
cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales en la línea seguida
en los últimos años por la administración tributaria que tan favorables
resultados han proporcionado, como he comentado anteriormente, acentuando
la relación y conexión de dicha administración con los ciudadanos y
prestando una especial atención a los servicios de asistencia a los
contribuyentes de menor nivel de ingresos y con menores posibilidades de
defensa administrativa y jurídica.

Las medidas de la nueva estrategia superan las 200 y se agruparán en 93
programas que, a su vez, se referirán a las 7 siguientes materias. En
primer lugar, temas relativos a la relación con los contribuyentes y el
establecimiento de derechos y garantías de los mismos. En segundo lugar,
agilización de los recursos y reclamaciones interpuestas por los
contribuyentes. En tercer lugar, estudio del fraude y sus causas. En
cuarto lugar, descubrimiento del fraude en general de la economía
subterránea y de aspectos específicos del mismo. En quinto lugar, régimen
sancionador del fraude. En sexto lugar, recaudación efectiva de las
deudas tributarias y, en séptimo lugar, modificaciones normativas de la
regulación de los tributos necesarios para la lucha contra el fraude.

Desde el punto de vista instrumental estas medidas se pueden agrupar en
cuatro clases: medidas de estudio y conocimiento del fraude y sus causas;
medidas de cambio normativo para adaptar el sistema tributario de control
presupuestario a las nuevas condiciones actualmente existentes tanto a
nivel nacional como de la economía internacional; medidas de
racionalización y mejora de la gestión dirigidas a corregir las
situaciones que puedan favorecer las actuaciones fraudulentas o a
entorpecer la lucha contra las mismas y, finalmente, medidas de carácter
organizativo que permitan profundizar en la estrategia de la lucha contra
el fraude.

En cuanto a las medidas de estudio, se pretende mejorar el conocimiento y
evolución de la situación del fraude en España, en particular la
aparición de nuevos fenómenos fraudulentos, las causas determinantes y
sus efectos, al mismo tiempo que se profundiza en el diseño de los
instrumentos destinados a detectar con mayor facilidad dichas
situaciones. También serán objeto de estudio, entre otros aspectos
relacionados con el fraude, como las áreas de mayor litigiosidad por los
contribuyentes, los efectos de las sanciones y la capacidad recaudatoria
de las deudas tributarias.




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En cuanto a las modificaciones normativas, destinadas a dotar de una
mayor sencillez y claridad a las obligaciones fiscales de los ciudadanos,
así como a reforzar la seguridad jurídica de los mismos, cabe destacar
las materias relativas a los delitos contra la Hacienda pública y contra
la Seguridad Social, la modificación de la Ley General Tributaria, los
cambios legales en el ámbito del contrabando y la modificación en el
Impuesto sobre Sociedades, algunas de ellas recogidas ya en los proyectos
de ley que se encuentran actualmente en trámite parlamentario.

En lo que respecta a las medidas dirigidas a la gestión y racionalización
administrativas, que inciden positivamente en la lucha contra el fraude,
hay que destacar aquéllas dirigidas a mejorar la coordinación de los
sistemas informáticos de las distintas administraciones públicas con
competencia en esta materia, estableciendo códigos identificativos
homogéneos que permitan una perfecta comunicación entre los mismos y
regulando las transferencias de información entre dichas
administraciones. Asimismo la implantación de actuaciones homogéneas en
el ámbito de la reclamación jurisdiccional y en el de control y
establecimiento de sanciones entre los distintos organismos, así como la
instrumentación de medidas que tengan como finalidad facilitar la
recaudación de la deuda tributaria, que permitirán maximizar los efectos
que sobre los ingresos públicos tenga la nueva estrategia de lucha contra
el fraude.

Entre las medidas de carácter organizativo hay que destacar aquellas que
irán dirigidas a mejorar la relación de la administración tributaria con
los contribuyentes y a favorecer y extender la recaudación voluntaria de
los mismos, potenciando la red informativa a los ciudadanos, que tan
buenos resultados ha producido hasta ahora, y a redistribuir los recursos
humanos y administrativos existentes en función de las necesidades de
cada momento y de las transformaciones que continuamente se producen en
el fraude fiscal. A este respecto, en el futuro se realizarán importantes
esfuerzos dirigidos a potenciar las unidades de inspección y de
investigación de los Impuestos Especiales y de Aduanas y se estudiarán
las reorganizaciones administrativas que sean necesarias, en función de
la localización de las situaciones de mayor riesgo o de incumplimiento
fiscal.

Todo este conjunto de medidas, como decía, se integrará en un programa
que incluirá actuaciones a corto, a medio y largo plazo, en el que se
establecerá el período de ejecución y desarrollo de cada una de esas
medidas.

En esta primera intervención me voy a detener aquí, sin perjuicio de que,
a solicitud de los Diputados, podamos pormenorizar este tipo de
actuaciones.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.) Vamos
a ordenar el debate con la intervención de los grupos de menor a mayor,
para que puedan cerrar el debate los grupos que han pedido la
comparecencia.

Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Zabalía, por el PNV.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Agradezco al señor Secretario de Estado de
Hacienda las explicaciones exhaustivas que nos ha dado y el análisis que
ha hecho sobre los dos aspectos motivo de la comparecencia de hoy,
indudablemente dos aspectos que están íntimamente relacionados como son
la economía sumergida y el fraude fiscal. El primero, por supuesto, es un
problema que todavía está pendiente de resolución y, como ya se ha
apuntado, hay diversas causas que lo están motivando, causas
institucionales, como el incremento de la presión fiscal y la Seguridad
Social, originando unas necesidades crecientes en recursos públicos del
Estado, y también existen otros, con motivo de la erosión de la confianza
del Gobierno y sus efectos sociales y laborales. Existen otras causas
sociológicas, como la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, el
trabajo a domicilio y la incorporación de los jóvenes al mercado de
trabajo a tiempo parcial, en algunos aspectos fuera del control de la
Administración. Asimismo la crisis económica es otro de los motivos que
está produciendo esta economía sumergida; el crecimiento desproporcionado
de los costos de producción o de la Administración; el desempleo, con
esos excedentes que van a la economía sumergida, y la financiación
pública hacia los desempleados, que está motivando una incidencia en la
inflación. Finalmente, el Estado de bienestar ha sido otro de los
elementos importantes. El mantenimiento y consolidación del Estado de
bienestar ha producido la necesidad de recaudación, que en algunos
aspectos estaba empujando a ciertos sectores productivos a la economía
sumergida, toda una serie de causas que son suficientemente conocidas.

Sobre ello es necesario seguir insistiendo porque las estimaciones, como
ya ha quedado también puesto de manifiesto, no son suficientes para el
conocimiento real de la situación en cuanto a la economía sumergida, pues
no sabemos exactamente cuál es en estos momentos el volumen de esta
economía sumergida.

Por lo tanto, hay que incidir en el esfuerzo sobre las estimaciones,
tanto directas como indirectas, que ha apuntado el señor Secretario de
Estado, y hay que seguir en esta línea para intentar conseguir un mayor
conocimiento de la situación y del volumen de esta economía sumergida.

Los efectos son claros: hay una mayor carga hacia los agentes económicos
que declaran, es decir, estamos penalizando al que declara. Por otra
parte, hay mayor necesidad de financiación por parte del Estado, que
tiene que recurrir precisamente a estos agentes económicos que son los
que están dentro del circuito oficial. Hay un deterioro de la
competitividad empresarial, porque hay unos aspectos que inciden
negativamente en aquellos sectores productivos que están dentro del
sector oficial, frente a la competencia que les producen todas aquellas
actividades que están dentro de la economía sumergida. Existe también,
por tanto, un desconocimiento real de la producción; hay dificultades
para la elaboración de la contabilidad nacional, del índice de
producción, de los salarios, etcétera, porque no se conoce cuál es la
incidencia de esa economía sumergida. Por consiguiente, también tiene una
incidencia en el diseño de las políticas económicas, que distorsiona.

Estas políticas económicas van dirigidas hacia la economía que se conoce
y, por lo tanto, tanto el volumen del crédito al sector privado, los
tipos de interés, las cotizaciones sociales o el salario



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mínimo, todo va en relación a la economía que se conoce. Por lo tanto,
ahí tiene una incidencia grave.

Estos son los efectos del volumen que tiene la economía sumergida en
nuestro país. Economía sumergida que está, como también se conoce, dentro
de ciertos sectores o actividades, como son el contrabando, el tráfico de
drogas o ciertos gremios, que están muy localizados, pero que no hay
posibilidad de poder contrarrestar el efecto que tienen.

Por eso hay que seguir trabajando en la línea que se ha apuntado, porque
la opinión pública tiene unas posturas ambivalentes en este aspecto, por
una parte, comprensión y, por otra, el rechazo que les produce. Es muy
distinta la opinión que tienen, por ejemplo, los empresarios sobre las
causas, que los imputan a los elevados costes sociales, al trabajo o a la
rigidez institucional, a las altas cargas de la Seguridad Social, a la
complejidad laboral o a la presión fiscal y, por otra parte, los
representantes de los trabajadores, los sindicatos, que tienen otra
perspectiva sobre este aspecto, como es la oposición a la precarización
de las relaciones laborales, el cuestionamiento de la actividad represora
que se está implantando y a la que intentan buscar soluciones a través
del establecimiento de cooperativas de trabajo, en fin, de otros métodos.

También hay una ambigüedad en la opinión pública sobre las medidas y el
camino sobre el que se debe seguir para la lucha contra la economía
sumergida.

Sin embargo, yo creo que el tema principal está en el concepto que tiene
la Administración pública y en su actividad en este aspecto, y esto no
sólo se produce en España, sino que es general. La Administración pública
tiene un papel amortiguador social sobre la economía sumergida; tiene una
posición de ambigüedad. Por una parte, la tolera y por otra sabe que hay
que actuar, que es necesario actuar. Por una parte se enfrenta, ante el
rechazo social, al fraude fiscal y a la Seguridad Social y, por otra, no
se decide a actuar de una forma decidida --más bien lo hace con
precaución-- en la aplicación de sanciones y lo que puede acarrear, sobre
todo en este momento, dado que estas medidas podrían suponer una mayor
destrucción de empleo. Ante esta disyuntiva, la Administración creo que
está actuando con una cierta ambigüedad en este aspecto. Yo creo que debe
de incidir de una forma decidida en la lucha contra la economía sumergida
y el fraude fiscal. Este es un reto que tenemos y que deberíamos de
afrontar la Administración y la clase política.

Por lo que respecta al fraude fiscal, que está íntimamente relacionado
con esta economía sumergida --aunque el fraude fiscal se da tanto por el
hecho de existir la economía sumergida como también por prácticas dentro
de la economía real--, la reforma tributaria del año 1978 tenía unos
objetivos claros, definidos, pero que quizás no ha tenido las
consecuencias que todos esperábamos. Es cierto que posteriormente toda la
normativa que se ha establecido ha ido en esa línea, como por ejemplo la
Ley de Amnistía Fiscal o las modificaciones parciales de la Ley General
Tributaria o la Ley de Sanciones e Infracciones; es decir, una serie de
normativas que han ido encaminadas precisamente a combatir el fraude
fiscal, pero que no están teniendo la repercusión y el cumplimiento de
los objetivos que todos estábamos pensando. ¿Y por qué? Por una razón muy
sencilla: por la rentabilidad del fraude. Mientras sea más barato
defraudar que pagar, indudablemente esto será un freno para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales. A este respecto no hay ninguna
investigación, o por lo menos yo no conozco ninguna investigación que
haya medido esa rentabilidad del fraude, pero según algunas estadísticas
o estudios que yo conozco del año 1986 la sanción media era del 25,5 por
ciento y el interés de demora un 11,1, con lo cual, indudablemente, desde
una consideración global, es rentable defraudar, y mientras eso sea así
hay un hándicap importante. Por lo tanto, yo creo que en esta línea
también es importante actuar. Hay que demostrar que es mucho más caro
defraudar que pagar impuestos.

Yo creo que es importante la línea que ya ha comentado el señor
Secretario de Estado en cuanto a toda la reforma que está en camino, y
también será decisivo dar a la opinión pública la sensación de que se
está preocupando por este tema y que se van a poner los medios
necesarios. Estamos coincidiendo todos en el análisis y creo que también
están localizadas cuáles son las grandes bolsas del fraude, dónde se está
produciendo ese fraude. La implantación del IVA fue un tema importante
que se conocía, que se sabía que iba a pasar. Desde luego se están
cumpliendo las expectativas de que el IVA iba a ser, en la parte
negativa, uno de los aspectos donde se iban a depositar gran parte de las
bolsas de fraude.

La innovación financiera y las figuras que están saliendo en el ámbito
del sistema financiero, y que también han sido apuntadas, son otros
aspectos que están incidiendo en este tema. Todavía hay algunas figuras
que están sin resolver, como son el tema de las primas únicas y la cesión
de los créditos. Hay dos figuras del sistema financiero que tienen
todavía pendiente la resolución. Es decir, ésta es otra de las
actividades donde se produce el fraude fiscal.

El sector inmobiliario, por destacar alguno, es otro de los sectores
donde asimismo se concentra este fraude y donde también se da cobijo a
gran parte de la economía sumergida, con motivo del «boom» inmobiliario
que existió en los años precedentes. Yo creo que hay que caminar hacia la
equiparación del valor catastral al valor real de los inmuebles, pero
esto hay que hacerlo desde la perspectiva de no incrementar la presión
fiscal. Hoy todavía, a pesar de que se ha avanzado mucho, indudablemente,
el valor catastral no es el valor real de mercado; se está acercando,
pero no lo es. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el aumentar el
valor catastral manteniendo los tipos impositivos originaría un
incremento de la presión fiscal. Por tanto, ahí habría que establecer un
equilibrio para que las bases de los impuestos, en cuanto a la valoración
de los inmuebles, se acercara mucho más a lo real, pero no a costa de una
mayor presión fiscal del mismo impuesto.

En conclusión, yo creo que conocemos los problemas que hoy se han puesto
encima de la mesa. Creo que hay voluntad de combatirlos por parte de
todos. Hay que establecer los instrumentos necesarios y los mecanismos
tanto legales como materiales y personales para que la Administración
pueda tener los suficientes elementos para poder llevar a efecto la labor
de control y represión del fraude fiscal,



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pero yo creo que también hay que influir --esto es imprescindible-- en la
conciencia social, porque al final las actuaciones de control y represión
tienen una contestación que muchas veces supera a esas actuaciones,
porque a veces el sector privado tiene muchas más posibilidades que el
sector público en cuanto a personal, a asesores fiscales y a establecer
mecanismos que eludan el control.

Por lo tanto, yo creo que hay una cuestión importante, que es influir en
la conciencia social a través de una mayor equidad en el reparto de la
riqueza, evitando --y esto sí que es difícil, pero es fundamental, y más
en los días en que vivimos-- ejemplos negativos de grandes defraudadores
en el ámbito de la vida pública, y establecer una política económica y
social que no favorezca la existencia de economías sumergidas y que luche
decididamente contra las prácticas de fraude fiscal y laboral que hoy
tenemos.

Yo creo que en esa línea tenemos que caminar y desde luego nuestro Grupo
Parlamentario apoyará todas aquellas actuaciones de la Administración
encaminadas a combatir tanto el fraude como la economía sumergida.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Homs.




El señor HOMS I FERRET: También intervengo con brevedad, porque de la
exposición que he podido seguir con detalle del Secretario de Estado no
puedo desprender ninguna observación crítica, ya que toda la reflexión
que ha hecho podía ser compartida perfectamente en todo lo que tiene de
reflexión intelectual frente al problema, en todo lo que tiene de
reflexión en torno a los datos y a las informaciones que nos ha vertido y
también en todo lo que es esta estrategia o estructura de comportamientos
a impulsar por los poderes públicos para poder reducir el problema del
fraude en nuestra economía.

Yo, aprovechando esta comparecencia, señor Secretario de Estado, quisiera
simplemente trasladar algunas ideas de mi Grupo. En primer lugar, que va
a tener el apoyo político de mi Grupo Parlamentario para adoptar cuantas
medidas sea necesario adoptar en el ámbito legislativo, pero también en
la actuación ejecutiva de las administraciones, para poder resolver el
problema del fraude fiscal en nuestra sociedad. Con lo cual, vaya por
delante que va a tener usted con nuestra actitud el apoyo necesario para
tomar las medidas convenientes.

No obstante, quisiera indicarle que en cuanto al problema existente, el
fraude, que es un problema importante, creo que deberíamos acercarnos a
él con una cierta relativización en el sentido de que siempre una
economía en libertad va a tener un capítulo de fraude permanentemente en
nuestra actividad económica, con lo cual lo importante es reducir a la
más mínima expresión este problema del fraude, aun sabiendo que siempre
coexistirá frente a la actividad regular y legalizada de la actividad
económica.

Quiero decirle que frente al problema nuestro Grupo considera que es muy
importante que toda la sociedad entienda que combatir el fraude no es
exclusivamente responsabilidad de los poderes públicos, y ahí quisiera
trasladarle una primera observación de mi Grupo. Es cierto que los
poderes públicos, incluso esta Cámara, tienen que adoptar todas las
medidas necesarias y convenientes para afrontar ese problema, pero no es
el fraude una cuestión de la que se tengan que responsabilizar
exclusivamente los poderes públicos, sino que debería ser también toda la
sociedad, y es responsabilidad de los poderes públicos adoptar las
medidas convenientes para que el grado de conciencia de toda la sociedad
frente al problema sea el que debe ser y, por lo tanto, en este contexto
de una mayor conciencia colectiva de la sociedad puedan adoptarse luego
medidas más eficaces.

En este sentido quisiera trasladarle que hoy nuestro Grupo entiende --y
es la segunda reflexión-- que no hay una actitud positiva de la población
frente al problema y eso debería hacernos reflexionar. Hoy la sociedad no
tiene frente al problema la actitud positiva que entiendo debería tener
una sociedad normalizada. Las razones y las causas que explican y
justifican el por qué hoy no hay, digámoslo entrecomillas, «una cierta
corresponsabilidad fiscal» de la sociedad civil frente a la lucha contra
el fraude debería hacer pensar cuáles son las razones a los poderes
públicos. Analizando las razones profundas hay un punto que yo quiero
trasladarle, y es que existe una cierta percepción social generalizada
sobre un exceso de presión fiscal en nuestra sociedad. Por tanto, si
queremos ser eficaces en combatir el problema deberíamos reflexionar
sobre esta percepción social generalizada de que hoy nuestra sociedad
está soportando un exceso de presión fiscal.

Si analizamos con más detalle esa percepción en lo que puede ser el
ámbito de la economía más estrictamente productiva en el campo de las
pequeñas empresas, de las actividades profesionales, aun habiendo datos
suficientemente contrastados de que es opinable esta percepción y podía
ser cuestionada su validez, lo cierto es que para la conciencia general
de muchas personas que están en el ámbito de la economía productiva hoy
la actividad productiva soporta un exceso de carga y de presión
tributaria.

Paralelamente diría que hay también una cierta percepción, dejando de
lado si tiene o no fundamento, una cierta actitud de la administración
tributaria, excesivamente punitiva y de presión sobre las actividades
económicas y sobre los ciudadanos en la exigencia de las
responsabilidades fiscales sobre quienes están cumpliendo en términos
generales relativamente bien, y no tanto sobre quienes no cumplen. Hay
una acción muy fuerte y concreta sobre lo que es la parte de la economía
regulada y legalizada, que está transparentemente funcionando, y que se
ve soportando unas acciones contundentes de control por parte de la
hacienda tributaria; no obstante, hay unas bolsas de economía irregular,
de economía no detectada con facilidad, que son los que parecen tener
siempre unas mayores posibilidades de eludir sus obligaciones fiscales y
sobre las que no puede actuar la acción de la Administración tributaria
porque es más complicado y quizá por esto se sienten más liberados de
esta presión. Con esto quiero transmitirle, señor Secretario de Estado,
que quien paga y cumple tiene la sensación de que está más vigilado, en
relación a quien no paga y no cumple. Por tanto deberíamos pensar un poco
cómo poder reducir estas situaciones.




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La tercera cuestión que quiero trasladarle por parte de mi Grupo es que
todos los ciudadanos españoles deben saber --aunque creo que ya lo saben
y SS. SS. también-- que España está integrada en estos momentos en un
proceso que todavía no ha concluido, de integración en un mercado
interior europeo, y que el mercado interior europeo está causando en
estos momentos unas disfunciones importantes en el campo fiscal y
tributario. Hasta que no se armonice plenamente la fiscalidad en Europa
en el campo de la fiscalidad directa, pero especialmente en el campo de
la fiscalidad indirecta, nos encontramos en un mercado de 240 millones de
personas donde las mercancías, los capitales y las personas circulan
libremente, pero en cuyo ámbito territorial coexisten excesivamente
dispares doce políticas fiscales diferentes, con figuras tributarias con
tipos distintos y con actividades, productos y bienes y servicios que
soportan fiscalidades distintas. Hasta que Europa no resuelva
perfectamente este contexto fiscal vamos a tener, y cada vez con mayor
expresión, estrategias para poder aprovechar estas desigualdades fiscales
en nuestro territorio europeo. Con lo cual le invito, señor Secretario de
Estado, a que el Gobierno español, en la medida de lo que pueda, en las
mesas y en las instancias europeas, urja la armonización fiscal y que a
la par, ustedes, desde el Gobierno, y esta Cámara desde las iniciativas
que podamos, aceleremos al máximo nuestras adaptaciones fiscales internas
para ponernos al mismo nivel de los marcos fiscales que tienen otros
países de Europa. Tener hoy la misma fiscalidad que Alemania, Francia,
Italia o Inglaterra debe ser un objetivo político prioritario. De lo
contrario, generamos estrategias y comportamientos desiguales. Buena
parte de los problemas del IVA, que usted comentaba, a veces nacen desde
una realidad tributaria de los impuestos que gravan determinados
productos de forma desigual, que generan comportamientos para
beneficiarse de los distintos tipos impositivos.

Yo creo, señor Secretario de Estado, y se lo traslado en cuarto lugar,
que hay que avanzar en todas las líneas que usted ha apuntado. Vamos a
apoyar al Gobierno en cuantas medidas adopte en estas múltiples
direcciones que usted ha indicado. Pero hay una por excelencia que quiero
resaltar, y es que hay que intentar adoptar soluciones y medidas
positivas que permitan incorporar la economía irregular a la actividad
económica regular. Esta debe ser una prioridad del Gobierno. Esta
estrategia debe compartirse con todas las demás, no con más o menos
importancia, pero de forma un poco significativa. Debemos atajar el
problema dando caminos y vías de afloración. La mejor vía efectiva para
resolver el problema es la de buscar vías de afloración de economía
irregular hacia la regularidad. Por eso esta reflexión me lleva a
trasladarle la sensación que tiene mi Grupo de si fuimos todo lo eficaces
que deberíamos haber sido cuando en España se adoptó, hace muy poco
tiempo, una regularización fiscal, que fue un buen paso porque permitió
una cierta afloración y normalización y atajó buena parte del problema,
pero no lo atajamos totalmente, con lo cual todavía hoy existe en nuestra
economía una gran bolsa de dinero irregular --que, por cierto, señorías,
este dinero jamás crea ocupación, jamás crea lugares de trabajo--. Por
tanto, si queremos reactivar y superar la situación económica que tenemos
deberíamos ser eficaces y efectivos en buscar fórmulas que permitieran
procesos de afloración. Procesos de afloración que no deberían eximir de
las responsabilidades fiscales a las que deben estar sometidas todas las
actividades económicas, pero deberíamos saber encontrar el equilibrio
necesario para poder romper hoy el estado de situación y poder incorporar
a la legalidad la parte de la actividad económica que está sumergida.

Esta sería la mejor vía para proceder a la defensa de los intereses
generales de los españoles.

Concretamente, y termino, señor Presidente, nos parece, señor Secretario
de Estado, que el proyecto de ley de delito fiscal, que es un instrumento
que va en la dirección que ha ido planteando de medidas que está poniendo
el Gobierno en funcionamiento, va a generar un debate en esta Cámara en
el que podrán adoptarse algunas medidas positivas. También el proyecto de
ley general tributaria puede ser por excelencia un buen marco para
adoptar algunas medidas. Igualmente apunto que el Impuesto de Sociedades
podría ser un buen instrumento para poder atajar buena parte de este
problema.

En resumen, quiero transmitirle que tiene el apoyo político para ir
adoptando las medidas convenientes para ir resolviendo este problema y le
agradezco su comparecencia y la información que nos ha transmitido.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor
Costa.




El señor COSTA CLIMENT: En primer lugar, quisiera agradecerle al señor
Secretario de Estado de Hacienda su exposición sobre la situación del
fraude fiscal, de la economía sumergida y las medidas que está
considerando el Gobierno y que ha puesto en marcha en los últimos años;
exposición que se ha ceñido al contenido del informe de la unidad
especial para la prevención y la corrección del fraude, informe que mi
Grupo Parlamentario ha estudiado, y quisiera manifestar que coincide y
comparte bastantes de las propuestas y consideraciones que se hacen en el
mismo, como no podría ser de otra forma. Sin embargo, muchas de las
propuestas y recomendaciones que se realizan en ese informe son
propuestas genéricas, como es normal; son propuestas quizá vagas en
algunos aspectos y tampoco han sido extraordinariamente detalladas como
consecuencia de su exposición.

Lo que sí que tengo que decirle es que ha pasado por encima de las
consideraciones que he realizado en mi intervención previa para fijar los
términos de la comparecencia y lo que demandaba el Grupo Parlamentario
Popular y no ha hecho ninguna reflexión con respecto a esas
consideraciones.

En primer lugar, el nivel de fraude fiscal. Entiendo que el Gobierno no
desee hablar más de lo necesario sobre el nivel de fraude fiscal en
España. Lo entiendo, lo puedo comprender. Sin embargo, mi Grupo
Parlamentario considera que si el Gobierno tiene la voluntad política de
abrir un debate sobre esta materia, lo lógico y lo razonable es que se
informe a los grupos parlamentarios sobre ese nivel



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de fraude fiscal, que se informe sobre las cuantificaciones realizadas
por el Instituto de Estudios Fiscales sobre ese nivel de fraude fiscal y
que se le remita a los grupos parlamentarios el informe elaborado por el
Instituto de Estudios Fiscales sobre la situación del fraude fiscal en
España.

Si según el Instituto de Estudios Fiscales (que, además, como reconoce el
propio informe de la unidad, sus valoraciones, sus estimaciones son
bastante acertadas y los criterios utilizados son normalmente
razonables), el nivel de fraude fiscal en España en 1992 se situaba en
cerca de un 6 por ciento del producto interior bruto, creo que estamos
hablando de unas magnitudes que, lógicamente, deben ser contrastadas y
conocidas por los grupos parlamentarios de esta Cámara y por la opinión
pública para saber de qué estamos hablando. Hay que tener en cuenta
además otro tipo de parámetros o de circunstancias; por ejemplo, si ése
es el nivel de fraude fiscal existente en España, si tenemos en cuenta
que en las cifras de producto interior bruto en España normalmente ya
está recogido, por lo menos en gran medida, el efecto de la economía
sumergida, podríamos tener una estimación mucho más aproximada de cuál es
la presión fiscal normativa en España y cuál es su comparación con la de
los países de nuestro entorno económico. Por tanto, ésa es la primera
cuestión a la que el señor Secretario de Estado de Hacienda no ha hecho
extraordinaria referencia y sobre la que no ha despejado las dudas que
tiene mi Grupo Parlamentario.

En segundo lugar, las causas del fraude fiscal. Me gustaría saber qué es
lo que opina usted sobre las causas por las que existe ese nivel de
fraude fiscal en España. ¿Es el rápido crecimiento de la presión
tributaria en España y el elevado nivel de impuestos que recae sobre
determinado tipo de rentas y actividades un factor de predisposición al
fraude fiscal? ¿Sabe el señor Secretario de Estado de Hacienda que
durante el período comprendido entre 1982 y 1991 la presión fiscal en
España ha crecido un 35,5 por ciento, mientras que en los países de la
OCDE y en la Unión Europea el crecimiento de la presión fiscal ha sido
inferior al 3 por ciento? ¿Es ése un factor de predisposición al fraude?
¿Constituye también un factor de predisposición al fraude, en opinión del
señor Secretario de Estado de Hacienda, el elevado nivel de impuestos que
recae sobre determinadas categorías de rentas en España y el hecho de que
muchos de los tributos que recaen sobre esas categorías de renta sean
tributos que se determinan con independencia del nivel de beneficios que
obtiene una empresa? ¿Resulta necesario también, en opinión del señor
Secretario de Estado de Hacienda, modificar las actuales políticas de
control del gasto público o no? ¿O es suficiente con, a través de los
medios de comunicación y de una política de comunicación, cambiar la
percepción negativa que en estos momentos tiene el 70 por ciento de los
ciudadanos españoles, según las informaciones y manifestaciones que
realiza la unidad en el informe, sobre la relación de intercambio entre
lo que aportan y lo que reciben del Estado? ¿Cree usted también, señor
Secretario de Estado de Hacienda, que un factor de predisposición al
fraude es la falta de solidaridad de los ciudadanos españoles, como
manifiestan en el informe? ¿Es ése un factor de predisposición al fraude
o es el resultado de la política tributaria y de control del gasto
público llevada a cabo tras 12 años de Gobierno socialista? También con
respecto a este extremo me gustaría conocer la opinión del señor
Secretario de Estado de Hacienda.

En cuanto a las medidas de lucha contra el fraude, creo que con acierto
en el informe se plantean tres tipos de medidas. Se plantea, en primer
lugar, incidir sobre los factores que pueden predisponer al fraude; en
segundo lugar, incidir sobre los factores que crean una oportunidad para
defraudar y, en tercer lugar, incidir sobre aquellos factores que
determinan que el fraude resulte ventajoso en términos de comparar la
ganancia con los riesgos que pueden asumirse como consecuencia de la
comisión de ese fraude.

Sin embargo, la posición que ustedes asuman o la posición de la que
ustedes partan con respecto a las causas que determinan esos niveles de
fraude fiscal, van a condicionar totalmente la estrategia global que
pueden proponer en materia de lucha contra el fraude fiscal. ¿Van ustedes
a proponer fundamentalmente o a haber hincapié básicamente en medidas de
tipo represor o van a hacer también hincapié en medidas de prevención?
(Rumores.)



El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Costa. Ruego silencio a sus
señorías.




El señor COSTA CLIMENT: ¿Dónde piensan ustedes poner el acento? ¿En qué
tipo de medidas piensan poner el acento? ¿Tienen una voluntad política de
poner en marcha medidas que corrijan esos factores de predisposición al
fraude y esos factores de oportunidad al fraude, porque de esa manera
estaremos también mejorando la eficacia de los factores represivos o no?
Voy a informarle sobre el resultado de la comparecencia del Ministro de
Economía y Hacienda en esta Comisión la semana pasada para hablar de la
política económica en general. El Ministro de Economía y Hacienda hizo
referencia a qué medidas se estaban poniendo en marcha en estos momentos
en materia de lucha contra el fraude fiscal --usted también ha hecho
referencia a ello en su exposición--; referencia a modificaciones en el
Código Penal en materia de delitos contra la Hacienda pública, Seguridad
Social, subvenciones y delito contable; el proyecto de ley de
contrabando; modificaciones en determinados artículos de la Ley General
Tributaria, los correspondientes al régimen de infracciones y sanciones.

Estas medidas normativas básicamente son de carácter represivo, son
medidas absolutamente necesarias, y estoy convencido de que eso no lo va
a poner en tela de juicio ni lo va a cuestionar ninguno de los Grupos de
esta Cámara. ¿Pero piensan también poner en marcha medidas para eliminar
o reducir el impacto de esos factores de predisposición y de esos
factores de oportunidad? La única medida que anunció el señor Ministro de
Economía y Hacienda fue la elaboración de un folleto divulgativo de los
derechos y deberes de los contribuyentes. ¿Es ésa la única medida que va
a poner en marcha a corto plazo el Gobierno para mejorar el marco de
relaciones de los contribuyentes con la Administración tributaria, para
pasar de un modelo de confrontación que



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existe en estos momentos a un modelo de colaboración? Espero que con su
siguiente exposición me proporcione alguna luz adicional con respecto a
este tema.

Ha hecho referencia a un plan de lucha contra el fraude y en él también
se menciona la necesidad de profundizar en el análisis de las causas y en
el estudio de las medidas. Es decir, ¿necesita la Administración,
necesita el Gobierno seguir estudiando las causas del fraude fiscal y las
medidas para evitarlo? ¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno, después de
doce años de gestión, para luchar contra el fraude fiscal? ¿Existe
realmente una voluntad política por parte del Gobierno para luchar contra
el fraude fiscal?
Permítame que le haga una pequeña consideración. Parece, al igual que ha
ocurrido con respecto a otros temas, como la corrupción, que el fenómeno
del fraude fiscal ha sido negado y cuestionado en su existencia por los
sucesivos Gobiernos de don Felipe González. Nuestro Grupo Parlamentario
ha solicitado del Gobierno en esta Cámara, en muchísimas ocasiones, la
elaboración de un informe sobre el fraude fiscal detallando cuáles son
las modalidades más frecuentes de fraude y detallando su impacto por
conceptos tributarios. El Grupo Parlamentario Socialista ha denegado de
forma reiterada, a lo largo de los últimos años, la elaboración de ese
informe por parte del Gobierno. ¿Qué voluntad política pueden tener
ustedes en la lucha contra el fraude cuando han estado negando de forma
reiterada durante los últimos años un debate sobre ello? ¿Qué voluntad
política puede tener el Gobierno para abrir un debate en materia de lucha
contra el fraude cuando el Ministro de Economía parece que no debe estar
extraordinariamente preocupado por este tema y no ha impulsado un debate
independiente y autónomo sobre esta cuestión?
Me gustaría, en definitiva, que me informara con mayor detalle de cuál va
a ser esa estrategia global de lucha contra el fraude. ¿Dónde piensa
poner el acento el Gobierno? ¿Qué cree el Gobierno que es más importante,
eliminar los factores de predisposición y de oportunidad y esos factores
que hacen que el fraude sea ventajoso o incidir fundamentalmente en los
factores de represión?
Creo que únicamente si conocemos cuál es la voluntad política del
Gobierno, si conocemos cuáles son las líneas maestras de la política en
materia de lucha contra el fraude fiscal que pretende llevar el Gobierno,
podemos abrir un debate serio y razonado en materia de fraude fiscal y
podrán los restantes Grupos Parlamentarios de esta Cámara realizar sus
propuestas y colaborar con el Gobierno en esa materia, en este tema que
es la lucha contra el fraude fiscal en su conjunto.




El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor Martínez
Noval.




El señor MARTINEZ NOVAL: Quiero referirme, en primer lugar, a las
consideraciones que el Secretario de Estado ha hecho en relación con la
evolución y el estado actual de la economía sumergida en nuestro país, y
quisiera comenzar diciendo que comparto en todos sus extremos las
afirmaciones y las reflexiones, incluso las propuestas también, que el
Secretario de Estado ha hecho en relación con esta materia, aun cuando mi
Grupo Parlamentario se reserve la posibilidad de añadir algún otro
conjunto de medidas, en el trámite parlamentario oportuno, a las que el
Secretario de Estado ponía de relieve. Bien es cierto que algunas de
ellas, a las que se refería el señor Martínez Robles, no tienen que ver
con el trámite legislativo sino que son más bien medidas operativas
internas del ámbito del Ministerio de Economía y Hacienda.

Pero yo comparto con el señor Martínez Robles que, efectivamente, hay dos
métodos para cuantificar la economía sumergida --los directos y los
indirectos-- y, siendo explicable el interés que todos tenemos por
conocer una cifra concreta, el interés que todos tenemos por mensurar o
cuantificar el tamaño o la dimensión de la economía sumergida, yo también
estoy de acuerdo con él en el relativismo con el que estos métodos, tanto
los directos como los indirectos, deben ser contemplados. Yo creo que
conduce --repetimos en esta Cámara hasta la saciedad-- a la melancolía
únicamente el empeñarse en encontrar un método que nos lleve a un
conocimiento exacto o cuantificado de cuál es el nivel de sumersión de la
economía en un momento determinado y, por lo tanto, creo que las energías
no se deberían gastar en esas pretensiones de conocer la realidad,
incluso con décimas, sino más bien en promover las causas que traten de
ir reduciendo la presencia de la economía sumergida en la realidad
económica nacional. Respecto de esto sí quiero afirmar que, desde nuestro
punto de vista, se ha producido, al menos con algunas cifras que yo
quiero someter a su consideración y que me parecen cifras objetivas, un
retroceso del grado de opacidad de la economía española; dicho más
correctamente, de la actividad económica en nuestro país. ¿En qué me
fundamento? En lo siguiente, señorías.

Hace unos cuantos años, en el año 1975, por ejemplo, o más bien en 1974,
cuando la población ocupada en España alcanzó su valor máximo, al menos
en la serie histórica conocida que se contiene en la encuesta de
población activa, la población ocupada se encontraba en torno a los 13
millones y medio de personas, se acercaba a los 14 millones. En esa fecha
también el número de afiliados a la Seguridad Social no superaba los ocho
millones y medio de personas. Es decir, había una distorsión bastante
considerable entre lo que en aquellos momentos la encuesta de población
activa reflejaba como número de españoles y españolas ocupadas y las
cifras del registro de afiliados a la Seguridad Social.

Para quien esté tentado a identificar economía sumergida con elevado
grado de presión fiscal y con elevado grado de presión social --digo de
cotizaciones de la Seguridad Social-- habría que recordarle que en
aquella fecha no existía Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
y que era bastante reducida también la presión fiscal que gravitaba sobre
las empresas por la vía de las cotizaciones sociales. De manera que,
sobre la base de nuestra experiencia, yo creo que no se puede establecer
una relación unívoca entre el grado de presión fiscal y el grado de
opacidad o el de sumersión de la actividad económica.

Esa realidad de 1974, señorías, señor Presidente, señor Martínez Robles,
contrasta y creo que vivamente con la



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realidad del año 1994. En el año 1994 la encuesta de población activa
viene reflejando en media una población ocupada de 11.728.000 personas,
en tanto que la población afiliada a la Seguridad Social al mes de
octubre del año 1994, del año en curso, era de 12.226.000 afiliados, es
decir, que el número de afiliados está muy por encima del número de
población ocupada, y SS. SS. conocen como yo que a esta cifra de
afiliación al sistema público de la Seguridad Social de 12.226.000
personas habría que añadir también, porque son personas indudablemente
protegidas, en torno a 600.000 personas que en estos momentos participan
o están afiliadas al régimen de clases pasivas, régimen distinto del
sistema público de la Seguridad Social. Esa realidad, digo, contrasta con
la realidad del año 1974. Y quisiera añadir un argumento más.

El señor Secretario de Estado ha utilizado una cifra de declaraciones de
12 millones y medio de españoles en el año 1993, cifra que contrasta
también con la de la población ocupada que procede de la encuesta de
población activa.

Por lo tanto, sobre esta base yo creo que no se podrían hacer
argumentaciones demasiado pesimistas respecto de la evolución de la
economía sumergida en nuestro país en los últimos años. Más bien creo que
habría que hacer argumentos en sentido contrario: que ha aumentado sin
ninguna duda la conciencia fiscal de los españoles, probablemente por la
existencia y por la potenciación y extensión de los sindicatos en nuestro
país, que han conducido a una situación en la que yo creo que está
prácticamente generalizado el deseo, la exigencia y la voluntad de estar
afiliado a un sistema de protección --lo reflejan las cifras de
afiliación clarísimamente-- y, por lo tanto, creo que estas cifras no
permiten sostener argumentos excesivamente pesimistas, o incluso
pesimistas sin matiz alguno, respecto del sentimiento solidario de la
sociedad española y, sobre todo, también respecto de la voluntad de los
españoles de cumplir las leyes, tanto las fiscales como las laborales y
sociales.

Mi Grupo comparte también con el señor Secretario de Estado un cierto
relativismo en relación con la posibilidad de que las leyes fiscales
vayan en todo momento por delante de la realidad económica, monetaria y
financiera de manera que puedan prever fenómenos, operaciones y conductas
que, a fin de cuentas, acaban produciéndose en los mercados y en la
realidad cotidiana.

Yo personalmente y mi Grupo Parlamentario, por supuesto, hemos asistido a
la evolución del sistema fiscal desde el año 1982 y a la evolución del
sistema fiscal que se puede contener en el tránsito de la legislación
fiscal que desde entonces se ha producido. Y quiero recordar a los
señores Diputados y Diputadas aquí presentes que ha habido fenómenos que
han aparecido en la realidad monetaria y financiera española en la década
de los 80 que ninguna de las señorías presentes en la Cámara pudo
predecir, prever o estimar que se iban a producir cuando discutimos
sucesivas modificaciones del sistema fiscal; nadie, nadie, ni en el Grupo
Socialista ni en el Grupo Popular ni en el Grupo Catalán ni en el Vasco.

Estamos aquí los mismos grupos que estábamos entonces, pero yo quiero
recordar que, por ejemplo, cuando se discutieron determinadas
modificaciones en la Cámara en el año 1985 nadie habló para nada de
primas únicas, nadie habló de cesiones de créditos. Probablemente las
primas únicas, las cesiones de crédito, fueron figuras, comportamientos,
operaciones, conductas que aparecieron precisamente como respuesta a
determinadas modificaciones que se habían producido en esta Cámara.

Con esto quiero decir, señorías, que si se quiere ser objetivo hay que
analizar estas cuestiones con un cierto relativismo, por una razón:
porque el Ministerio de Economía y Hacienda tiene centenares de
excelentes profesionales que pueden no sólo gestionar la realidad sino
también imaginar hacia dónde puede evolucionar la realidad y hacer frente
a una evolución que pueda conducirse por la irregularidad. El Ministerio
de Economía y Hacienda tiene ese capital humano, los 350 Diputados --y no
voy a cometer un pecado de vanidad-- también tenemos alguna capacidad
para analizar el presente y predecir el futuro y tratar de ajustar las
normas que aprobamos en la Cámara a esos juicios. Pero hay que reconocer
que también existen centenares, miles de personas fuera de esta Cámara
que utilizan su masa gris día y noche precisamente con el objetivo de
bordear las normas fiscales que se producen en esta Cámara y obtener un
beneficio personal o colectivo. Hemos estado, e inevitablemente vamos a
estar en el futuro, en esa lucha entre la producción de normas y la
imaginación y la creación de operaciones financieras y monetarias que
tratan de bordear las normas. Por eso decía que había que ver estas
cuestiones con un cierto relativismo.

Yo comparto una afirmación que hizo un portavoz parlamentario cuando
decía que el fraude no se combate desde la exclusiva responsabilidad de
los poderes públicos. Eso es cierto. La responsabilidad de los poderes
públicos está en la elaboración de normas y en la correcta administración
de esas normas, pero en este terreno tiene mucho peso la conciencia
social que se genere en relación con el cumplimiento de la ley,
probablemente más que en otros terrenos, y hay argumentos, razones y
opiniones que se transmiten permanentemente a la opinión pública que
trabajan en sentido contrario a la creación de una verdadera conciencia
social. En primer lugar, creo que hay una excesiva insistencia en el
carácter confiscatorio del sistema fiscal. Ese argumento proporciona
razones a quien tenga alguna predisposición al fraude fiscal, proporciona
coartadas morales innegables a quien manifieste esa predisposición
idividual, y creo que sería necesario combatirla. Todas las opiniones son
legítimas, unas y otras, pero desde nuestro punto de vista, señor
Secretario de Estado, sería necesario combatir la idea del carácter
confiscador de los impuestos desde los ámbitos que están a nuestro
alcance. Además, en términos objetivos ese argumento no se podría
sostener en nuestro país en estos momentos.

En segundo lugar está el problema de lo que el ciudadano recibe y lo que
el ciudadano paga. Este es un argumento mucho más extendido todavía, que
se utiliza en demasía y en muchos casos de manera poco objetiva por los
principales líderes de opinión. No digo líderes políticos sino también
líderes de opinión social, que a este respecto tienen tanta relevancia
como los líderes políticos en la conformación de la conciencia social.

Este es un problema que



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tiene una difícil aproximación. Desde mi punto de vista, aquí puede estar
generándose, o puede haberse generado ya, una suerte de mala
interpretación que se podría denominar la ilusión fiscal. Hay --creo--
muchos españoles que pueden estar tentados a pensar que dan más de lo que
reciben, cuando la realidad es que en la mayoría de los casos puede que
sea a la inversa, pero este problema sólo tiene una solución objetiva y
concluyente: que muchos servicios públicos pudieran ser proporcionados a
los ciudadanos con la correspondiente factura sombra de esos servicios.

Si un ciudadano recibiera todos los meses una factura, no sólo cada vez
que se acerca a un hospital o a un ambulatorio a la búsqueda de una
atención sanitaria; si, por ejemplo, todos los padres cuyos hijos reciben
su educación en colegios públicos recibieran también una factura sombra
al finalizar el mes en la que constara cuál es el coste exacto de la
educación de sus hijos, los ciudadanos podrían hacer un verdadero balance
entre lo que ellos aportan y lo que reciben. En todo caso, señor
Secretario de Estado, creo que cualquier esfuerzo, todos los esfuerzos
que se hicieran desde el Ministerio de Economía y Hacienda por establecer
una relación más correcta y por combatir eso que yo denominaba la ilusión
fiscal irían encaminados en esa dirección de asentar la conciencia social
en relación con el cumplimiento de las normas fiscales.

En tercer lugar, también en dirección contraria al asentamiento de la
conciencia fiscal está la excesiva utilización del argumento de la
presión fiscal. Es verdad que en nuestro país ha crecido la presión
fiscal, sobre todo porque partía del nivel más bajo de Europa sin ninguna
duda, y por eso, a la búsqueda del acercamiento, puesto que queremos
acercar también nuestros niveles de gastos, deberemos acercar también
nuestros niveles de ingresos a los del resto de países europeos, pero en
este momento no es objetivo, sobre cifras concretas, argumentar, apoyar
esas argumentaciones que vienen a significar que la presión fiscal en
nuestro país es mayor que en otros, que está contribuyendo a erosionar la
competitividad, etcétera. A este respecto, ya que antes he hecho una
referencia a la capacidad del sistema fiscal de contribuir a un objetivo
que para nosotros es primordial, cual es el de la distribución de la
renta, quisiera poner de relieve que ha habido, es cierto, un aumento de
la presión fiscal, e incluso se ha dicho correctamente en qué medida ha
aumentado esa presión fiscal, pero yo tengo interés en precisar cuál ha
sido, en términos individuales, la mayor presión, cuánto ha aumentado esa
presión en relación con distintos ciudadanos.

No encuentro en la última memoria de la Administración tributaria el
cuadro correspondiente, pero el señor Secretario de Estado seguramente
conoce cuál es la evolución, tan distinta, que se ha producido en el tipo
efectivo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que creo
que es el tipo relevante --el tipo relevante es el tipo efectivo y no el
tipo medio ni la tarifa--, es decir, cuota líquida respecto de base
liquidable total, cual ha sido, por ejemplo, la evolución de las bases
imponibles que van de un millón a un millón y medio de pesetas, en las
que ha habido una considerable reducción. Desde el año 1981 el tipo
efectivo en esa base se ha reducido desde casi el 17 por ciento hasta el
5 ó 6 por ciento en el año 1992, lo que contrasta, por ejemplo, con la
evolución del tipo efectivo de las bases liquidables que superan los 30
millones de pesetas, cuyos tipos efectivos han sufrido un incremento
considerable. Son dos bases antagónicas pero que dicen bien a las claras
cuál es la capacidad de redistribución de rentas que el sistema fiscal ha
operado desde el año 1981. Y con esto --porque me hace señas ocultas el
señor Presidente-- concluyo, no sin antes hacerle una pregunta muy
concreta al señor Secretario de Estado. Usted se refería a 12 millones y
medio de declarantes, de declaraciones. ¿Podría proporcionarnos, si es
que es distinta, la cifra de retenidos? Porque puede ser distinta de la
cifra de declarantes y de declaraciones, en la medida que muchas personas
que son objeto de retención no están obligadas por ley a hacer la
correspondiente declaración.




El señor PRESIDENTE: Por último, tiene la palabra el señor Secretario de
Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Señor
Presidente, contesto a las observaciones y consideraciones que han hecho
los distintos representantes de los grupos.

El señor Zabalía hacía una serie de consideraciones sobre los esfuerzos
que se realizan en relación a las estimaciones de la economía sumergida y
la importancia, en todo caso, de tener un buen conocimiento de lo que
ésta es, a efectos de poder instrumentar adecuadamente la política
económica conociendo exactamente la realidad a la que se dirige. En este
sentido, creo que apoyaba los esfuerzos que se hacen por el Gobierno en
la línea de seguir estudiando la dimensión, las causas y los efectos de
la economía sumergida.

Señalaba también que había una diferente versión --eso se ha entendido--
sobre la visión de los empresarios de la economía sumergida y la de la
Administración sobre la misma. Más bien parecía que los empresarios
considerasen, a veces, la economía sumergida como una actuación defensiva
frente a una realidad económica a la que le cuesta algún trabajo
adaptarse y señalaba el papel que realiza la Administración. En cuanto a
la versión de los empresarios ya he indicado en la exposición cómo,
efectivamente, una de las causas que se señalan del origen de la
actuación de los mismos en relación a la economía sumergida es
precisamente la realización de estas actividades de forma defensiva.

Hace después referencia al concepto de la Administración. Con respecto a
los empresarios sí quisiera hacer alguna consideración, en el sentido de
que se ha señalado por algún portavoz, de que los temas de economía
sumergida y de fraude fiscal no son fundamentalmente un problema de los
poderes públicos, son un problema social de gran dimensión y también
deben ser un problema de los empresarios. Creo que los empresarios deben
estar --de hecho lo están y probablemente tendrían que realizar una
actuación más clara en este sentido-- interesados en que la actividad
económica emerja y también en que se acabe el fenómeno paralelo del
fraude fiscal, porque ello sin duda



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determina unas mejores condiciones de competitividad y un mejor
desenvolvimiento de la actividad económica española.

En relación a la actuación de la Administración he entendido que la
Administración parece que tiene una posición ambigua, a veces, sobre la
economía sumergida, como si no tuviese la voluntad decidida de acabar con
ella, por cuanto que esto puede plantear problemas políticos o sociales,
pero, al mismo tiempo también muestra una actuación decidida, o parece
que la muestra, para acabar con esta situación. Creo que ahora sí es el
momento --si es que no lo ha sido antes, en lo que no entro-- de que
todos, no sólo las administraciones públicas sino todos los agentes
sociales interesados en esta cuestión, mostremos claramente la decisión
política o la decisión social de acabar con las actuaciones de la
economía sumergida y con las actuaciones del fraude en general. Y,
efectivamente, indicaba que no se han llevado a todas sus consecuencias
las posibilidades que señalaba la reforma fiscal iniciada en el año 1978.

Se preguntaba el señor Zabalía cuál era la causa y se respondía él mismo
señalando que la causa es la rentabilidad del fraude. Parece que el
fraude ha sido rentable para el defraudador y, por tanto, las
consideraciones que siempre hace el defraudador entre la utilidad que le
determina el no pagar los impuestos y la posible falta de utilidad han
supuesto una rentabilidad para el defraudador. Eso significa una
preocupación y determina el método que debe utilizarse para acabar con
esta situación.

Efectivamente, sin duda la rentabilidad del fraude es una cuestión que
permanentemente está en el ánimo de la persona que defrauda. No es la
única, pero sí es una de las consideraciones que está en el ánimo de los
que defraudan. Este fue, entre otros, el razonamiento que llevó en el año
1985 a endurecer, por así decirlo, las medidas represivas con respecto al
fraude fiscal. En el año 1985 se tomaron dos tipos de medidas. Unas, de
modificaciones, de reorganizaciones en la Administración, porque se
consideraba que hasta ese momento la Administración no había sido todo lo
eficaz que debía para acabar con el fraude fiscal. También se modificaron
algunas normas pensando que el cuadro represivo, la normativa de
represión del fraude, no era lo suficiente fuerte como para desalentar el
incumplimiento de las obligaciones fiscales por los contribuyentes.

Este tipo de razonamientos, que en su momento tenían lógica, a lo largo
de su aplicación, de las dificultades que se han ido encontrando o de la
evolución de la economía, ha llevado en este momento a una situación
crítica y a una situación en la que la consideración del Gobierno es
precisamente que deben modificarse todas las normativas de represión,
porque aunque aparentemente parezcan unas normas represivas más suaves,
sin embargo, a través de ello, se conseguirá tener una actuación más
eficaz en la lucha contra el fraude y, por tanto, se incidirá en esta
cuestión que le preocupa al señor Zabalía de dificultad para el
defraudador en esta consideración sobre la rentabilidad de la actuación
de fraude que realiza.

Ha señalado después algunos problemas concretos, como las cuestiones
relativas al fraude del IVA, a las que yo también me he referido. El IVA
es una figura impositiva donde, como consideraba anteriormente, se dan
algunas actuaciones claras de defraudación; también el IVA en sí mismo
constituye un campo donde se centran las actuaciones de control masivo y
de control específico de la Administración, a través de unos planes
concretos de inspección.

Se referí también a algunas actuaciones que ha considerado no concluidas,
pero que yo le puedo señalar que están en vías de una muy próxima
conclusión, cual son los temas relativos a las primas únicas o a las
cesiones de créditos. Estas son cuestiones relativas a problemas sobre la
aplicación del sistema fiscal, problemas sobre el fraude que han
determinado unas actuaciones largas y complicadas de las administraciones
públicas y que creo que están en vías de conclusión, tal como, según
tengo entendido, el Ministro tuvo oportunidad de informar recientemente a
esta Comisión.

Se señala en el informe --yo también me he referido a él y lo señala el
señor Zabalía-- la importancia de un concepto como el valor catastral de
los inmuebles, la valoración de los inmuebles. El ha señalado que el
valor catastral de los inmuebles debe acercarse al valor real y que, a su
vez, esta operación debe hacerse sin incremento de la presión fiscal. La
verdad es que la determinación del valor catastral, que es una operación
de gran importancia en la economía, no sólo para la aplicación de los
impuestos sino en todos sus efectos, es, al mismo tiempo, una operación
compleja. Conoce sin duda el señor Zabalía que en estos momentos se está
llevando a cabo una actuación de revisión catastral, una revisión
catastral iniciada en el año 1993. En ese año se revisaron ciudades
pequeñas, creo que eran unas 1.200, y se determinó una revisión de
1.300.000 unidades catastrales. Se han realizado también actuaciones en
el año 1994 y se van a realizar en el año 1995.

Es difícil acercar el valor catastral al valor real en una sola
oportunidad, como señalaba el señor Zabalía. Ahora el objetivo de estas
actuaciones catastrales es acercar dicho valor catastral al 50 por ciento
de lo que es el valor de mercado de los bienes inmuebles. Este
acercamiento se hace en un entorno que pueda determinar la neutralidad de
esta operación de revalorización con respecto a la presión fiscal que
pueda padecer el contribuyente mediante las modificaciones que se han de
utilizar en el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas para
determinar el rendimiento de estos bienes o en modificaciones también en
el Impuesto sobre el Patrimonio y con otras modificaciones legales en
otros aspectos, como en el caso de la determinación de los alquileres en
las viviendas de protección oficial, etcétera. Se está en esta operación
de gran importancia. Se señala también en la Unidad el aspecto central
con respecto a la actividad económica y a las actividades tributarias de
los inmuebles. Se destacan por sus importancia no sólo los fenómenos
relativos a su valoración, sino también las cuestiones referentes a su
determinación o precisión. Se deja constancia de cómo sería interesante
utilizar las referencias catastrales no sólo en los documentos
tributarios sino en todos los documentos jurídicos en general, y
especialmente



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en los negocios privados sobre transmisiones de bienes inmuebles.

Efectivamente, hay una voluntad de combatir el fraude, que es lo que el
señor Zabalía reclamaba. Yo creo que esta voluntad ha estado siempre
presente en el Gobierno y en su actuación. Prueba de ello ha sido la
evolución de un fenómeno como éste a lo largo de estos últimos años; pero
claramente aparece manifestada esta voluntad desde que en el año 1993 se
constituyó esta Unidad y se realizó este informe, se han obtenido estas
conclusiones y a partir de aquí se va a realizar un plan de actuaciones.

Yo creo que el interés del Gobierno sobre esta cuestión está sin duda en
que pueda realizarse una discusión sobre el fraude fiscal. Es muy
importante, como decía anteriormente, que se realice esta reunión de la
Comisión de Economía del Congreso sobre este particular. Debe hacerse sin
duda también una discusión social más amplia sobre este tema. Yo creo que
es importante aclarar todo lo relativo al fraude, a la economía sumergida
en general, y desde luego le pongo de manifiesto la clara voluntad del
Gobierno de combatir estos fenómenos redoblando, si ello es posible, las
actuaciones que hasta aquí se han venido desarrollando.

El señor Homs señalaba que estaba de acuerdo en líneas generales con las
consideraciones que había realizado sobre los fenómenos que nos reúnen
hoy y sobre las estrategias y además hacía ya de antemano una declaración
de apoyo político a las actuaciones normativas o de gestión que en esta
dirección haya de tomar el Gobierno, apoyo político que yo le agradezco
desde aquí.

Decía que es necesario relativizar el fraude y añadía que siempre habrá
fraude. Yo creo que probablemente esto, por ser una cuestión obvia, a lo
mejor no deberíamos tocarla, porque si siempre va a haber fraude, siempre
habrá fraude. Lo que sí tendríamos que hacer es esforzarnos en reducir a
la mínima expresión esa posibilidad de fraude. Yo creo que estamos de
acuerdo en esa dirección.

Creo que ha mencionado una cosa muy importante a la que se refería antes
el portavoz del Partido Socialista y yo mismo, que es la cuestión
fundamental de que combatir el fraude fiscal no es sólo una tarea de los
poderes públicos. Esta es una idea muy importante, una idea política
clara en este sentido, porque, efectivamente, el fraude fiscal creo que
es en primer lugar un problema de la persona que defrauda, después es un
problema de la sociedad, y luego o al mismo tiempo, es también un
problema del Gobierno o de los poderes públicos, que tienen la obligación
de acabar con esta situación, pero sólo podremos reducir claramente a su
mínima expresión este fenómeno del fraude si efectivamente se actúa en
todos los medios: en el plano personal, en el plano social y en un plano
político general; no sólo concierne al Gobierno.

Por tanto, yo creo que todos estamos de acuerdo en esto. El señalaba la
necesidad de adoptar medidas para concienciar a los ciudadanos. Yo creo
que éstas son las actuaciones que se proponen en el informe. A mí me
parece que cuando se refirió a estas cuestiones el señor Costa en la
primera intervención quizá no había captado la intención que se señala en
el informe y la necesidad de realizar actuaciones en esta dirección, pero
yo creo que todos debemos estar de acuerdo en que es necesario realizar
una actuación clara de todos los agentes sociales y, desde luego, de
todos los medios políticos en el camino de concienciar a los ciudadanos
de realizar una actividad positiva frente al fraude, porque,
efectivamente, como decía, no hay una posición positiva frente a este
problema en general en la sociedad, y es necesario que eso exista.

Señalaba una serie de cuestiones que, sin embargo, desde su punto de
vista, podrían estar incidiendo en este tema. Lo primero que ponía de
relieve era una percepción de exceso de presión fiscal (tengo yo apuntado
aquí). Yo creo que lo ha matizado muy bien por dos razones: en primer
lugar, porque ha hablado de percepción y, en segundo lugar, porque ha
hablado de opinable. Después, el portavoz del Partido Socialista ha
hablado también de cuándo se considera que hay presión fiscal. Yo creo
que sobre esto deberíamos hacer todos un esfuerzo mayor, porque cuando
uno habla por la calle con los ciudadanos, o incluso con algunos
responsables políticos, parece como que el sistema impositivo español
fuera el peor sistema impositivo del mundo, fuera el peor desde luego de
Europa, probablemente en todos los sentidos, y un sistema positivo
confiscatorio como a veces aparece considerado. Sin embargo, nada más
lejano de la realidad, porque, como bien saben SS. SS., en estos
momentos, con relación a la Unión Europea, la presión fiscal del sistema
impositivo español es la más baja de la Comunidad, salvo el Reino Unido.

Estamos muy por debajo de la presión fiscal europea y estamos también muy
por debajo en general de la presión fiscal de otros países desarrollados.

Existen algunos países que tienen una presión fiscal inferior a la de
España, pero en España no se puede considerar que el problema fundamental
sea la presión fiscal.

¿Qué ha ocurrido con la presión fiscal? Yo creo (y también se ha
señalado) que la presión fiscal ha tenido --se dice-- un crecimiento muy
rápido en España. Este crecimiento, desde el año 1979 al año 1989, ha
sido aproximadamente de un punto del PIB por año. Bien es verdad que
desde el año 1989 hasta hoy, año 1994, sólo ha crecido otro punto. Es
decir, que ya el fenómeno del crecimiento de la presión fiscal española
está limitado y que en cinco años sólo ha crecido un punto. También es
necesario señalar que el aumento de la presión fiscal y el correlativo
aumento del gasto público en España, en su comparación con el PIB, ha
permitido, sin duda (yo creo que es algo en lo que deberíamos estar todos
de acuerdo), el fenómeno de modernización de la sociedad española y ha
posibilitado la incorporación de España a un ámbito económico superior,
como es el de la Unión Europea, porque conocen bien, sin duda, que el
modelo del sector público de la Unión Europea es un modelo como el que
España tiene en estos momentos, e incluso está por debajo de la media de
los países de Europa. Por tanto, yo creo que el problema de la percepción
del exceso de presión fiscal es una cuestión muy importante,
probablemente es una de las cuestiones más importantes que hay. Bien es
verdad que venimos de una sociedad que hasta el año 1978 anduvo aplicando
un sistema fiscal decimonónico, en el que nadie era consciente de ninguno
de los impuestos



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que se pagaban, salvo aquellas personas que tenían retenciones en sus
sueldos o salarios.

El señor Homs señala que hay una actitud como primitiva en la aplicación
del sistema, porque parece que haya siempre una exigencia de
responsabilidades precisamente para aquellas personas que cumplen y no
para las personas que no cumplen; hay bolsas de economía sumergida,
etcétera. Yo creo que en estos momentos la Administración va encaminada a
solucionar este tipo de cosas. Estamos realizando en la Administración,
como señalaba anteriormente, unas actuaciones dirigidas a permitir y a
facilitar que los contribuyentes que ya cumplen sus obligaciones fiscales
las puedan cumplir de la mejor manera y a facilitarles sus actuaciones,
y, al mismo tiempo, estamos también centrando nuestras actuaciones con
relación a aquellos contribuyentes que no cumplen. Yo creo que toda la
lucha que se realiza por la Administración contra el fraude se debe
centrar, y de hecho se está centrando, precisamente en aquellas personas
que no cumplen. Es difícil a veces llegar a estas situaciones. Las
situaciones de economía sumergida dificultan, por su propia naturaleza,
que la Administración las encuentre y actúe contra ellas, pero se están
haciendo esfuerzos en esta dirección y se están obteniendo éxitos de una
cierta importancia.

Por último, señala las dificultades que supone aplicar un sistema fiscal
en un ámbito económico abierto, siendo así que los sistemas fiscales de
los distintos países son diferentes y los tratamientos diversos de las
distintas rentas o de los distintos parámetros económicos determinan
movimientos, algunos de los cuales son legales y otros no. El esfuerzo de
la Comunidad en relación con la armonización fiscal yo creo que es muy
importante. Hemos asistido a un esfuerzo de armonización de la imposición
indirecta, la tenemos armonizada en sus parámetros; no hay aún una
armonización de los tipos, aunque hay una tendencia a armonizarlos en el
Impuesto sobre el Valor Añadido, y hay también armonizaciones de los
tipos en los impuestos especiales. No hay, sin embargo, una dirección de
armonización en relación con el Impuesto sobre la Renta o el Impuesto
sobre Sociedades, aunque, como bien conoce, sobre el Impuesto sobre
Sociedades hay algún informe encargado por la propia Comisión y también
hay trabajos parciales sobre algunos de los aspectos impositivos, como el
tratamiento del ahorro en los distintos países, etcétera. O sea, hay un
intento de armonizar el aspecto de la imposición fiscal directa, que es
más complicado que la imposición fiscal indirecta, presenta más
dificultades. En este sentido sin duda el Gobierno presentará otro tipo
--ya lo viene haciendo-- de actuaciones que vayan dirigidas a conseguir
en esta materia una armonización fiscal. Hemos comentado en otras
ocasiones cómo el próximo proyecto de regulación del Impuesto sobre
Sociedades, que muy rápidamente va a ser remitido a esta Cámara,
constituye ya una posibilidad de acercar dicho impuesto a los informes
que sobre esta cuestión se realizan en la Comisión y a la legislación de
los países comunitarios en esta regulación.

Señalaba el señor Homs que es necesario avanzar en todas las líneas y
adoptar medidas para incorporar la economía irregular. Señalaba la
posibilidad de la regularización fiscal como mecanismo de afloración. Yo
creo que en este momento ya se están incorporando a nuestro derecho
positivo medidas claras dirigidas a la afloración de las actividades. He
comentado antes en la exposición cómo sin duda hemos de considerar de
esta naturaleza la medida que ha introducido modificaciones en el mercado
laboral, por cuanto que al flexibilizar esta materia, está permitiendo la
afloración de estas actuaciones. Pero hay otra serie de medidas que se
han introducido en la normativa de los impuestos como, por ejemplo, las
llamadas vacaciones fiscales, que se realizaron el año pasado, las que se
recogen en el proyecto de ley general tributaria que ha sido remitido a
esta Cámara, en cuanto que se está posibilitando, mediante la reducción
del recargo establecido en la Ley, la posibilidad de que los
contribuyentes efectúen sus declaraciones a Hacienda, incluso
transcurridos los plazos previstos para ello, con un coste fiscal más
reducido. Habrá también medidas en esta dirección en el próximo proyecto
del Impuesto sobre Sociedades que, como decía, se remitirá próximamente a
esta Cámara, una de las cuales, sin duda importante, es la posibilidad de
aplicar una reducción de las pérdidas en las actuaciones que comiencen su
actividad a partir, en el primer momento, del año en el que tengan
beneficios y además en un plazo más dilatado de lo que se recoge
actualmente. Por tanto, las medidas para permitir la afloración de la
actividad económica sumergida ya están instrumentándose en las normas y,
sin duda, habrán de instrumentarse más en el futuro.

Se refería después a que consideraba acertados los proyectos de ley sobre
el delito fiscal, la ley general tributaria o el Impuesto sobre
Sociedades, como medidas encaminadas a acabar con este tipo de
actuaciones y sobre las cuales anunciaba su apoyo político. Vuelvo a
reiterarle el agradecimiento por este apoyo político general a las
actuaciones al principio y éste que ahora considera con matices a los
proyectos de ley que se han anunciado en esta dirección.

El señor Costa, al que agradezco sus consideraciones, decía que compartía
algunas o gran parte de las propuestas y de los análisis y
consideraciones que se recogen en el informe. Yo le agradezco estas
manifestaciones que hace y, al tiempo, pienso que en realidad el informe
que se ha realizado por esta Unidad especial constituye sin duda el más
importante que sobre el fraude fiscal se ha hecho en este país. Es un
documento muy válido para, alrededor de él, iniciar la discusión política
y técnica que haya de realizarse sobre estas cuestiones.

Me decía que se había realizado una serie de proposiciones vagas. No he
querido detallarlas más, pero ahora, si acaso, me referiré a algunas de
ellas con un poco más de detenimiento.

Había, sin embargo, una serie de consideraciones previas que hizo en su
primera intervención a las que consideraba que yo no le había contestado.

Yo creía que sí, pero probablemente tiene razón el señor Costa en que no
he sido lo suficientemente preciso en la contestación a las cuestiones
que había planteado. Estas cuestiones estaban referidas, en primer lugar,
a los temas relativos a la cuantificación del fraude. El señor Costa hizo
en su primera consideración algunas valoraciones, no sé si considerarlas
precipitadas,



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probablemente fueron poco fundamentadas, y consideró la existencia de un
informe elaborado por el Instituto de Estudios Fiscales que evaluaba el
fraude en España en un 6 por ciento. Más sorprendente que eso ha sido
para mí entender que existen unas valoraciones de los países de nuestro
entorno que cifraban el fraude fiscal --aquí dijo estructural-- en un 2,5
por ciento. En este sentido he leído textualmente las consideraciones de
la Unidad contra el fraude sobre este particular, y dada la importancia
que tiene esta cuestión, yo creo que deberíamos considerar los problemas,
en relación a la cuantificación del fraude, en la forma en que los mismos
están planteados: cuáles son las limitaciones de los medios que tenemos
para determinar la cuantificación del fraude; cuáles son, por tanto, las
limitaciones de los resultados que se obtengan, y cómo dificultan hacer
operaciones como esta que hacía el señor Costa, que calculaba que si en
España hay un fraude del 6 por ciento y el porcentaje medio estructural
de los países europeos es del 2,5, en España tenemos mucho más fraude que
en otros países.

Después consideraba que no se sabía muy bien si este fraude que había en
España era estructural o era estructural y más cosas. Yo creo, señor
Costa, que deberíamos esforzarnos en no hacer ejercicios como éste. No
sólo las consideraciones de la Unidad contra el fraude señalan con
precisión cuáles son las dificultades técnicas que existen para valorar
la economía sumergida y el fraude, sino que también me he referido a cuál
es la práctica en los países europeos y me he referido también a un
informe que sobre este particular existe en el Fondo Monetario
Internacional, de diciembre de 1993.

Por tanto, con ser importantes los problemas de cuantificación, no
deberíamos avanzar cifras que no estén debidamente sustentadas. Por eso
yo había contestado a esta pregunta de forma general refiriéndome a las
consideraciones que sobre este particular se señalaban en el informe. Sin
duda, el conocimiento de la cuantía del fraude es del máximo interés
--eso parece que está fuera de duda--, así como el estudio del fraude en
cada una de las figuras, los efectos temporales, sin duda. Sobre esta
cuestión ya conoce el señor Costa cómo el Ministerio viene impulsando
esta tarea. Los trabajos más importantes sobre la economía sumergida y el
fraude fiscal en sus aspectos cuantitativos se han realizado precisamente
por el Instituto de Estudios Fiscales, y estos trabajos, cuando están en
fase definitiva, se recogen las distintas publicaciones del Instituto o
aparecen publicados por sus autores.

Ya se han hecho en otro momento consideraciones del informe al que se
refiere el señor Costa, que no está elaborado por el Instituto de
Estudios Fiscales, sino que es un informe provisional realizado por
alguno de los investigadores sobre el cual ya se ha dado información en
esta Cámara. Por tanto, yo creo que ése es el problema con respecto a la
cuantificación del fraude.

El señor Costa hizo al principio otra serie de consideraciones sobre las
causas del fraude. Sobre este particular no quería entrar, porque yo creo
que es una materia que está muy bien expuesta en el informe de la Unidad,
en el que se recoge una relación exhaustiva de cuáles son esas causas.

Sin duda, en el fraude intervienen todas las causas que allí se señalan y
no sólo la posible consideración de los ciudadanos sobre la relación de
equilibrio o de intercambio entre impuestos y servicios.

Yo no he querido volver a insistir en esta cuestión por dos razones: una,
porque posteriormente intervendrá el señor Bravo, quien probablemente se
referirá a esto con más detenimiento, y, en segundo lugar, porque además
yo creo que está muy bien expresado en el informe cuáles son las causas y
cuáles son las posibilidades de que estas causas estén actuando en la
determinación del fraude; allí se expone claramente cómo y qué
actuaciones se deben seguir. Me preguntaba el señor Costa si las
actuaciones a las que íbamos a proceder eran especialmente represivas o
eran de otra naturaleza. Yo estoy seguro de que él ya sabe cuál es la
contestación. Aunque él se ha referido a que hemos empezado con este tipo
de medidas mandando aquí una ley sobre el delito fiscal, la ley general
tributaria, la ley de contrabando, sabe muy bien que hemos remitido estas
leyes, efectivamente, pero estableciendo unos mecanismos represivos mucho
más flexibles y más aplicables. No es posible considerar que por el hecho
de haber remitido estas normas, el programa de actuaciones del Gobierno
con respecto al fraude va dirigido simplemente a aumentar el nivel
represivo del Gobierno.

A continuación voy a hacer una relación con un poco más de detenimiento.

No sé si hay tiempoÉ



El señor PRESIDENTE: Si lo hace rápidamente, señor Martínez Robles, se lo
agradeceríamos, por cuanto que, como bien decía usted, el señor Bravo
tiene que comparecer a continuación.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Me referiré
a algunas de las medidas para no dejar la idea de que son unas
actuaciones exclusivamente represivas. Efectivamente, son medidas
encaminadas a actuar frente a todas las causas del fraude.

Se refería el señor Costa también a una intervención del Ministro en la
que habló simplemente de estas medidas represivas y de la configuración
de un folleto divulgativo como único instrumento de estas actuaciones.

Ahora le enumeraré algunas de estas actuaciones para que quede claro que
no es un plan de carácter represivo.

Como señalaba el señor Costa, y estoy de acuerdo con él en esto, ahora
tenemos el informe. Yo creo que es un muy buen informe y tenemos la
ocasión de discutir sobre estas cuestiones. No es posible decir ahora que
el Gobierno en otros momentos se ha negado a discutir esta cuestión. Yo
creo que el Gobierno nunca se ha negado, pero ahora, con independencia de
cuál haya sido el pasado --sobre el que, por lo que veo, no nos ponemos
de acuerdo-- tenemos el informe encima de la mesa. Es un muy buen
informe, del que se deduce una serie de consideraciones muy importantes
en todos los sentidos. Yo creo que debemos aprovechar la ocasión para
trabajar en esta dirección. El señor Costa hacía un anuncio de la
predisposición de su Grupo a apoyar determinadas medidas siempre que,
como es lógico, estén en la dirección que ellos consideran. Estoy



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seguro que, como ya señalaba él mismo anteriormente, gran parte de las
medidas que se van a tomar por el Gobierno no podrán sino ser apoyadas
por su Grupo Parlamentario, como lo serán por todos los demás grupos,
porque yo creo que lo importante en esta cuestión, como se ha señalado
anteriormente, es precisamente que haya una voluntad política global de
luchar contra el fraude, de combatirlo. Ese es un aspecto importante.

Podemos tener diferencias sobre si una u otra medida debe tomarse, pero
es muy importante que quede claro para la sociedad que existe un acuerdo
político general de actuar contra el fraude fiscal.

Por último, el señor Martínez Noval hacía una serie de consideraciones
también sobre mi exposición. En principio estaba de acuerdo con las
reflexiones que yo había hecho sobre la economía sumergida, sobre sus
causas, su evolución, sobre los problemas en relación a la
cuantificación. Había señalado, yo creo que muy oportunamente, una
cuestión muy importante que debe quedar clara y es que a lo largo de
todos estos años, desde 1978, los mismos años que se lleva de democracia
en España, se ha producido, sin duda, un fenómeno evidente de claridad en
la economía que se ha vertido sobre el aspecto fiscal y sobre otros
ámbitos, como el laboral. Son muy importantes los datos a los que hacía
referencia. Efectivamente, todos los índices nos ponen de manifiesto que
en estos años ha habido una evolución muy importante de la sociedad
española en orden al cumplimiento de sus obligaciones fiscales o de otra
índole y a afrontar la claridad de la situación económica.

Señalaba también oportunamente --yo también me he referido a ello-- que
un aspecto muy importante para conseguir la legitimidad del sistema
fiscal es combatir su imagen de carácter confiscatorio, aunque sólo sea
por su falta de contenido técnico. Aunque sólo sea por eso, yo creo que
es importante afrontar esa tarea, porque, en definitiva, es el sistema
fiscal el que legitima las actuaciones democráticas.

Yo creo que, efectivamente, los ciudadanos reciben de forma difícil cuál
es la relación de intercambio. El señor Costa se refería anteriormente a
esto y hacía algunas reflexiones que yo creo que no son muy oportunas
porque consideró en su primera intervención lo que se vierte en el
informe, que es producto de una encuesta, como una opinión del Gobierno e
inmediatamente redujo las medidas propias de un programa como éste
simplemente a una actuación de propaganda política encaminada a lavar la
imagen de la Administración frente a los ciudadanos. Pero sin duda el
señor Costa sabe que eso no es así. Sabe que esto se refería a una
encuesta que aparece recogida en el informe. Esta encuesta nos muestra
cuál es la opinión de los ciudadanos sobre los temas que se le han
planteado. Uno puede sacar las conclusiones que estime oportunas sobre
esta cuestión, pero ésta es la situación.

Al hilo de las consideraciones que hacía el señor Martínez Noval, yo
quería referirle al señor Costa que, efectivamente, es muy importante
clarificar ante los ciudadanos cuáles son las actuaciones del sector
público en relación a los ingresos y a los gastos. Sin duda conoce el
señor Costa los distintos informes que hay sobre esta cuestión y los
trabajos de todos los autores. Le voy a citar, por ejemplo, al señor
Lagares, quien en sus artículos y escritos sobre estas cuestiones
considera que en la percepción de intercambio que tiene el ciudadano
entre lo que paga y lo que recibe, inciden una serie de cuestiones
importantes, gran parte de ellas debido a su desconocimiento sobre
determinados fenómenos sobre el coste de los servicios, sobre los
servicios que reciben los ciudadanos, etcétera. El mismo señor Lagares
señala cómo los poderes públicos han de realizar actuaciones para aclarar
estas cuestiones.

Por otra parte, el señor Costa sabe muy bien lo que sin duda es una
actuación normal de las administraciones tributarias y conoce cómo
algunas administraciones, como por ejemplo la francesa, cuando remite a
los contribuyentes la declaración sobre la renta, les envía unos folletos
en los que les informa de cómo son los gastos públicos. Por tanto, es a
este tipo de actuaciones a las que se refiere el informe y las que se van
a desarrollar por el plan del Gobierno.

Por último, en las cuestiones que señalaba el señor Martínez Noval ha
sido muy importante --habría que recalcarlo-- la evolución que se ha
producido en España por la aplicación del sistema tributario durante
todos los años de democracia.

Ha hecho referencia a que no sólo se ha producido un fenómeno de mejor
aplicación, sino también de redistribución. Al final me hacía una
pregunta muy concreta sobre si conozco la cifra de las personas que son
retenidas. Aproximadamente, la cifra de las personas retenidas es de un
millón más que las declarantes, porque son personas que no están
obligadas a declarar, ya que sus niveles de retenciones son inferiores a
los mínimos que obligan a declarar. No obstante, le proporcionaré estas
cifras de forma concreta.

No me voy a referir a las medidas concretas del plan, habida cuenta de la
indicación del tiempo a que ha aludido el Presidente de la Mesa. (El
señor Costa Climent pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Costa, ¿a qué efectos solicita la palabra?



El señor COSTA CLIMENT: No es para replicar, ni mucho menos, a la
intervención de los distintos portavoces, ni a la del señor Secretario de
Estado. Sólo es para manifestar dos cuestiones que son meramente
informativas.




El señor PRESIDENTE: Es para una aclaración, no para un turno de réplica
porque no pensaba dar un turno de réplica.




El señor COSTA CLIMENT: Ya he manifestado que no es un turno de réplica.

Cuando me he referido a las cifras del fraude y a la estimación del
fraude estructural y coyuntural, he dicho que son estimaciones de algunos
analistas. Lo he manifestado al principio de mi intervención. Ese era el
motivo por el que solicitaba la información por parte del Gobierno.




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Además, me gustaría que el señor Secretario de Estado me confirmara si es
cierto, porque quizás a lo mejor no lo he entendido bien o lo he
malinterpretado, que no existe un informe del Instituto de Estudios
Fiscales --del Instituto, no de un investigador-- al que hizo referencia
su director este verano en unas declaraciones ante los medios de
comunicación.

Finalmente, deseo manifestar que mi Grupo sigue estando interesado en los
anexos que han servido de base al informe de la unidad.




El señor PRESIDENTE: El señor Martínez Robles tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA (Martínez Robles): Remitiré al
señor Costa y a los demás grupos --yo creía que ya se los habían
remitido-- los anexos del informe, porque no sé si los tienen.

Yo creía que la cuestión a la que se refería anteriormente ya había
quedado esclarificada porque tengo entendido que sobre ella ha habido una
pregunta al Ministro de Economía y Hacienda, y lo que ha contestado el
señor Solbes es lo que yo le he dicho.

El instituto, en el ejercicio de su función de investigación, promueve y
desarrolla las investigaciones de determinadas personas. Existen una
serie de informes que se realizan dentro del Instituto y que están en
distintos grados de realización. Unos informes son del Instituto y otros
están hechos por los investigadores o por otras personas, que después los
publican o no y aparecen en las publicaciones con su denominación.

En este sentido, le digo que no hay un informe del Instituto sobre esta
cuestión. Habrá un informe cuando desarrollemos las actuaciones que vamos
a llevar a cabo para medir esto y cuando estemos en condiciones de medir
estos fenómenos a los que nos estamos refiriendo.




El señor PRESIDENTE: Concluye el primer punto del orden del día y antes
de pasar al siguiente, vamos a dar un ligero descanso de tres minutos.

(Pausa.)



COMPARECENCIA:



--DEL SEÑOR DIRECTOR DE LA UNIDAD ESPECIAL DE PREVENCION Y CORRECCION DEL
FRAUDE (BRAVO PAIVA), PARA INFORMAR SOBRE LA SITUACION DEL FRAUDE EN
ESPAÑA, ASI COMO DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCION. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 212/001225.)



--DEL SEÑOR SUBDIRECTOR GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA Y
DIRECTOR DEL INFORME ELABORADO POR LA UNIDAD ESPECIAL PARA LA PREVENCION
Y CORRECCION DEL FRAUDE (BRAVO PAIVA), PARA INFORMAR SOBRE LAS CAUSAS Y
LOS EFECTOS DEL FRAUDE EN ESPAÑA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001249.)



El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión de la Comisión con la
comparecencia del Director de la Unidad Especial de Prevención y
Corrección del Fraude, comparecencia pedida por los Grupos Popular y
Socialista.

En primer lugar, el señor Costa, representante del Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra.




El señor COSTA CLIMENT: Teniendo en cuenta lo avanzado de la hora y la
comparecencia previa a esta que se ha celebrado, me gustaría que el señor
Bravo hiciera principalmente una valoración --voy a decir por qué-- de
las causas que, en opinión de la Unidad, favorecen los niveles de fraude
que existen, partiendo de la premisa, que el informe plantea muy bien, de
que para hablar de las causas del fraude hay que tener en cuenta:
factores que predisponen a la comisión del fraude, factores de
oportunidad del fraude y factores que determinan que el fraude se estime
o no como ventajoso por el presunto sujeto. Sin embargo, cuando hace
referencia a los factores de predisposición al fraude, se están
mezclando, en mi opinión, lo que pueden ser causas o factores con los
efectos de otras causas y, de alguna manera, no existe un planteamiento
que resulte acertado. Me voy a referir en especial a la percepción de la
relación de intercambio, con todos los matices que se puedan hacer sobre
esta cuestión.

Cuando se hace referencia a esa percepción de la relación del intercambio
y a esa percepción de la inequidad del sistema tributario, una percepción
generalizada en la sociedad, esa percepción equivocada, esa percepción
negativa de la relación del intercambio, según las encuestas que maneja
la Unidad y a las que hace referencia, se dice que obedece
fundamentalmente a una no percepción de la realidad de la relación --y
además se manifiesta en el propio informe que hay que incidir en mejorar
esa percepción con independencia de la eficacia en el gasto por parte de
los administradores; eso está dicho en el propio informe-- y a una falta
de consolidación de un valor de solidaridad dentro de toda la sociedad
española. Yo le preguntaría al señor Bravo si esa percepción negativa no
puede estar influenciada por unas causas previas.

En el informe, en lugar de replantearse la realidad, la viabilidad, el
buen funcionamiento de nuestra política tributaria y de nuestra política
de control del gasto, que son los factores que inciden básicamente en esa
relación de intercambio, se traslada el peso de la cuestión a la mala
percepción de los ciudadanos --un 70 por ciento de los ciudadanos opinan
que esa relación de intercambio les perjudica y a la falta de
consolidación, según una encuesta a la que se hace referencia, de los
principios de solidaridad dentro de la sociedad española en estos
momentos y después de unos determinados modos y formas políticas en
nuestro país.

¿Qué incidencia tiene, por lo tanto, el hecho de que haya crecido
rápidamente la presión fiscal; el hecho de que



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existan muchos tributos que no dependen del beneficio de las empresas,
que es un factor que la Unidad considera en su informe; el hecho de que
existan determinados costes de cumplimiento de las obligaciones fiscales,
como, por ejemplo, en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,
donde, sin ir más lejos, el Instituto de Estudios Fiscales cuantificó el
coste del cumplimiento de las obligaciones para 1992 en la cifra de
80.000 millones de pesetas; el hecho de la elevada litigosidad de nuestro
sistema tributario, ya que en los últimos años se interpone una media de
más de cien mil reclamaciones económico-administrativas ante los
tribunales regionales?
Lógicamente, todos estos factores nunca pueden justificar la realización
de conductas fraudulentas, no pueden servir de justificación para que los
contribuyentes tiendan a restablecer de forma unilateral --como muy bien
se plantea en el informe-- su visión subjetiva de la justicia. Pero, en
opinión de mi Grupo parlamentario, de alguna manera facilitan o crean las
condiciones para que se produzca ese fraude fiscal. Por tanto, al margen
de una labor de política de comunicación, resultaría necesario, en primer
lugar, replantearse la posibilidad de revisar de forma global nuestro
sistema tributario y, en segundo lugar, revisar las políticas de control
del gasto público. Y dejo algún otro aspecto pospuesto para mi siguiente
intervención.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, el señor Martínez Noval
tiene la palabra.




El señor MARTINEZ NOVAL: Señorías, esta Cámara hace leyes --es ocioso que
lo diga--, y, en ocasiones, creo que también hace justicia. Y hacer
justicia hoy sería, desde mi punto de vista, reconocer el excelente
informe que bajo la dirección de don Manuel Bravo se ha llevado a cabo en
la Unidad Especial para la Prevención y Corrección del Fraude. Entiendo
que cualquier persona que se acerque al contenido del mismo, con
independencia de que esté o no de acuerdo con determinadas afirmaciones,
tiene que convenir que es un informe realizado desde un rigor
metodológico encomiable y que, además, conjuga una serie de
aproximaciones al problema del fraude que conducen a unos resultados que
nosotros entendemos muy operativos en estos momentos.

No hemos pedido la comparecencia del señor Bravo para hablar del método
ni de los distintos modos de aproximarse al problema, sino más bien para
hablar de los resultados a los que conduce ese método, esas
aproximaciones; resultados que se concretan en las propuestas que hace la
Unidad Especial para los distintos ámbitos de la Administración en sus
distintos rangos.

Todos hemos contribuido, uno y otros, a que en esta ocasión, a finales de
1994, contemos con un procedimiento parlamentario de aproximación al
problema, que, a la vista del resultado, creo que en estos momentos es
bastante acertado. Hemos escuchado las opiniones del señor Secretario de
Estado de Hacienda, como máximo responsable político, o al menos como uno
de los máximos responsables políticos del problema, escuchamos ahora la
opinión y la información que nos pueda proporcionar el señor Bravo, que,
sin duda, no será una opinión política en la medida en que el informe no
tiene una finalidad política, sino más bien de propuesta, yo le atribuyo
un carácter más científico que político; y el próximo jueves --hoy
conocemos las propuestas que hace la Unidad Especial-- tendremos ocasión
de discutir y conocer en qué medida el Gobierno está dispuesto a llevar a
la práctica por la vía legislativa o por la vía administrativa, algunas o
todas --ya lo veremos-- las propuestas en el informe de la Unidad
Especial.

Este es un procedimiento administrativo, que mi Grupo juzga bastante
correcto, para que, al finalizar el año, todos los grupos parlamentarios,
al menos en lo que se refiere al fraude fiscal, tengamos un conocimiento
bastante detallado y razonable de cuál es el estado del problema y en qué
medida el Gobierno está dispuesto a hacer frente al mismo. Yo creo, sin
ninguna duda --lo dije antes y lo repito ahora--, que contribuirá también
a que los grupos parlamentarios puedan aportar, por la vía de las
proposiciones, aquellas medidas que juzguen escasas o inconvenientes o
aquellas otras que haya que añadir a las que los distintos responsables
del Ministerio nos vayan comunicando en la Comisión.

Sea bienvenido a la Comisión, señor Bravo, y vaya por delante nuestra
felicitación por la calidad del informe del que usted ha sido el máximo
responsable.




El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra, señor Bravo, les recuerdo
que la semana pasada hubo también la comparecencia del señor Ministro,
que ya enfocó el comienzo del debate sobre este tema por orden
jerárquico, antes del Secretario de Estado de Hacienda.

Tiene la palabra el señor Bravo.




El señor SUBDIRECTOR GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Bravo
Paiva): Ante todo, quiero dar las gracias por los elogios que se han
realizado con relación a este informe, que procuraré transmitir a los
distintos miembros de la Unidad que han trabajado con entusiasmo a lo
largo de ocho meses para que este informe viera la luz.

El motivo de la comparecencia para la que he sido citado hace referencia
a la valoración de la situación del fraude en España, sus causas, sus
efectos y las posibles soluciones para mejorar su prevención y
corrección.

Tratando de abreviar el planteamiento que se podría hacer sobre el motivo
que, en algunos aspectos, puede resultar excesivamente genérico y habida
cuenta de que algunos de los temas, como los relativos a las causas,
parece ser que son de especial interés por parte de los otros grupos que
han solicitado mi comparecencia, me voy a ceñir fundamentalmente a los
efectos y las causas, porque a través de ellos se puede hacer una
valoración de cuál es la situación del fraude en España y hacia dónde
pueden apuntar las soluciones para mejorarlo.

La descripción del trabajo, la metodología, el porqué se han elegido
determinados instrumentos, creo que están suficientemente explicitados en
el informe que ha sido remitido a todos los miembros de esta Comisión,
por lo cual les remito al informe. No obstante, y sólo a modo de
recordatorio



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y de introducción, deseo decir que la labor que nos propusimos al abordar
el trabajo fue de buscar todas las opiniones que, desde distintas
instancias de la sociedad, pudieran existir sobre esta materia, analizar
esas opiniones, cruzarlas, buscar los lugares comunes y ofrecer unas
conclusiones en las que tuvieran un primer puesto esas opiniones
coincidentes.

En cuanto a las distintas fuentes a las que decidimos acudir, en primer
lugar estaba el ciudadano medio. Decidimos hacer una encuesta de opinión,
que encomendamos al CIS, al cual le definimos los objetivos de la
encuesta. Necesitábamos conocer las opiniones de grupos cualificados de
opinión, de distintos grupos sociales, como asociaciones, instituciones,
colegios profesionales. En número de 40, tuvimos una serie de reuniones
con ellos sobre un cuestionario previo, para debatir y conocer sus
opiniones sobre estos temas. Era obligado conocer las opiniones de los
funcionarios que gestionan las normas, cuyo incumplimiento precisamente
constituye el fraude. La técnica que utilizamos para ello fue la de
encuesta presencial por la técnica Delfi. Además, necesitábamos conocer
opiniones concretas de expertos. Así, a través de expertos de distintas
instituciones de las diversas administraciones públicas, en número de 37
en total, entre órganos e instituciones, hemos podido recoger opiniones
sobre temas específicos sobre los que necesitábamos un especial
asesoramiento. Las opiniones recogidas han sido valoradas por la Unidad
en sesiones plenarias y por grupos de trabajo constituidos por miembros
de la Unidad y por expertos incorporados. Y el resultado final es el que
les he anunciado: unas conclusiones que figuran en el informe, en el cual
hemos procurado transmitir las opiniones que hemos recogido.

Puestos a hacer una valoración global de cuál es la situación existente
en España en materia de fraude, les tengo que decir que a mí me parece
que no es muy diferente de la situación que hemos podido observar en
otros países de nuestro entorno. En toda sociedad moderna el fenómeno del
fraude está presente, provoca una preocupación importante en todas las
administraciones, que se esfuerzan por combatirlo con distintos
resultados. En ese sentido, salvando matizaciones y pequeñas diferencias,
la situación de España no es muy diferente a la de otros países. ¿En qué
nos diferenciamos? Hay algo en lo que sí nos diferenciamos, y es que el
estado de opinión que existe en nuestra sociedad es quizás mucho más rico
o mucho más crispado, si se quiere, que el que existe en otras
sociedades. Cuando nos hemos aproximado a la situación de esta cuestión
en otros países, nos han transmitido las opiniones de que la sociedad, de
alguna forma, piensa que la Administración hace lo que puede para
combatir el fraude; que el fraude es algo inevitable; que se reduce cada
año más; que depende de la economía; que en épocas de crisis el fraude es
mayor y que en épocas de bonanza es menor. Lo que sí nos han transmitido,
en las gestiones que hemos hecho para ver cómo estaba la situación en
otros países, es que hay una menor crispación en estos temas en las
sociedades europeas, fundamentalmente, que la que pueda haber en estos
momentos en España. Creo que todos debemos coincidir en que los temas de
fraude están continuamente en los medios de comunicación y que provocan
considerables escándalos, con las consecuencias perniciosas a las que
luego me referiré.

Aun cuando las imágenes de fraude que pueda percibir el ciudadano pueden
estar distorsionadas --no tienen por qué estarlo, pero a veces lo están--
y en la medida en que estén distorsionadas el escándalo que se produce, a
partir de esa imagen, es injustificado, lo que es evidente es que los
efectos del fraude son graves y que la sociedad debe conocerlos, tomar
conciencia de su gravedad y del papel que debe jugar en su corrección,
asumiendo, como se ha dicho antes en la primera parte, que ésta es una
misión de todo el cuerpo social y no específica de la Administración o de
los órganos jurisdiccionales.

A la hora de profundizar en las consecuencias que se derivan de la
existencia del fraude, cabe considerar tres tipos de consecuencias:
consecuencias llamémosle económicas, consecuencias jurídicas y
consecuencias morales. Con relación a las consecuencias económicas y a su
percepción social, se da una circunstancia muy peculiar, y es que la
percepción que tiene el ciudadano está muy sesgada hacia el plano de lo
individual frente al plano de lo público. El español medio acostumbra a
identificar muchas veces el fraude como un conflicto de intereses
individuales. Así, el posible fraude que pueda cometer es un conflicto
entre la Administración y el fraude que pueda cometer otro ciudadano, lo
más que puede ocurrir, la primera valoración que hace es que está
quebrando en su contra el principio de equidad. Esto es algo que, como
diré más adelante, necesita ser urgentemente corrido.

Comenzando, dentro de los efectos económicos, por lo que sería el plano
individual, el primer efecto que produce el fraude es el alterar de
alguna forma la relación que existe entre el esfuerzo y la renta o
riqueza. La inequidad que el fraude representa hace que cunda el desánimo
en el ciudadano, que disminuya el ahorro y que se aumente el incremento
de bienes o servicios no necesarios.

Por otro lado, si del fraude en el plano fiscal pasamos al fraude en el
plano de las prestaciones, la existencia del fraude puede producir una
corrosión de la moral social del trabajo, extendiéndose la cultura del
suicidio, con la exigencia, por parte del ciudadano, de la cobertura
pública, independientemente de cuáles sean sus circunstancias personales.

Esto puede llevar a distorsionar el mercado de trabajo y a condicionar la
creación de empresas.

En cuanto al plano de la economía pública, es de sobra conocido el hecho
de que el fraude en los ingresos, el fraude en el gasto, hace incrementar
el déficit, lo que supone que aumenta la deuda pública en circulación,
con la consiguiente distorsión en los mercados financieros, que impide
que el capital privado pueda captar determinado tipo de flujos, con lo
cual se condiciona la posibilidad de creación de industrias y de puestos
de trabajo. Asimismo, este incremento en la emisión de deuda provoca una
resistencia a la baja en los tipos de interés o un aumento de los tipos
de interés, con lo que también se vuelven a producir los fenómenos que
antes he mencionado. Por otro lado, el aumento de la carga financiera de
la deuda lo que hace es realimentar en el futuro el déficit. Si todo esto
lo contemplamos



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en épocas de crisis, los fenómenos se agrandan y se agravan mucho más.

Si desde la economía pública pasamos a la economía de mercado, es
evidente que lo que produce el fraude es una distorsión en la libre
competencia: las empresas sumergidas están en mejores condiciones para
competir que las que están en el plano de la economía formal y esto
llevará a empresas que no están sumergidas a tener que sumergirse para
poder competir. Incluso, si el fraude se generaliza sectorialmente, puede
ocurrir que empresas muy bien estructuradas tengan que desaparecer por no
estar dispuestas a pasar al plano de la economía informal.

En el plano de unión de la economía pública con la economía privada, el
efecto que produce el fraude es que disminuyen las posibilidades de
actuar en política económica a través del gasto público, puesto que, de
alguna manera, no se cumplen los requisitos que se preveían para conceder
las subvenciones o ayudas públicas, y, si pasamos al plano del sistema
tributario, los incentivos fiscales pierden toda razón de ser, puesto que
no hay mejor ganancia fiscal que dejar de ingresar los impuestos.

También es conocido el efecto del fraude en la generación de dinero
negro, dinero negro que supone una distorsión importante en el mercado
financiero, se retira de la circulación oficial una cantidad importante
de dinero, hay atesoramiento, se consumen bienes superfluos, los precios
suben, es conocido el fenómeno del lavado del dinero negro a través del
mercado inmobiliario, con todas las consecuencias negativas que ello
tiene.

Un efecto importante de la existencia del fraude es la credibilidad
exterior de que pueda gozar la economía como consecuencia de la
valoración que haga el potencial inversor sobre la seriedad del
funcionamiento económico de un país, con lo cual se puede retraer la
inversión, con los efectos negativos que ello supone.

Si de las consecuencias económicas pasamos a las jurídicas, lo primero
que hay que decir es que el fraude rompe el equilibrio de derechos y
obligaciones sobre el que se fundamenta nuestro ordenamiento jurídico,
con lo que se lesionan intereses, ya sean generales, como cuando se
defraudan tributos, ya sean particulares, como cuando el empresario no
cotiza a la Seguridad Social por el obrero, dejándole desprotegido.

El fraude implica una desigualdad en el cumplimiento de la norma que hace
que el cumplidor pueda rebelarse y que, como consecuencia de ello, pueda
incorporarse a la nómina de los defraudadores y avanzar el fraude. Por
otra parte, supone una pérdida en la confianza de la norma, se debilita
el poder de obediencia y, de alguna forma, llega a producirse la
tolerancia social de la desobediencia, que va a estar presente en las
valoraciones no solamente de la sociedad sino de los jueces, sobre la
aceptación social de la norma.

Por último, también en este plano jurídico, si la extensión del fraude se
generaliza y la Administración es impotente para descubrirlo, se va a
producir una legitimación social del fraude, con lo cual el
incumplimiento reiterado y no corregido condiciona la propia existencia
del Derecho.

Voy a referirme, para completar los efectos del fraude, a los efectos en
el plano ético y en el social.

Lo primero que hay que decir es que, de las encuestas de opinión --más
adelante me referiré a ello-- se desprende que en España hay un claro
predominio de la ética individual y utilitarista sobre la ética de lo
colectivo, hay una anteposición de intereses particulares a los
generales. De alguna manera, esto implica el insuficiente arraigo de
determinados valores éticos colectivos, que son muy importantes a la hora
de contemplar el fenómeno del fraude y de reaccionar contra él. La
existencia del fraude hace que esos valores colectivos se debiliten
todavía más, por cuanto el ciudadano percibe que se están incumpliendo
las reglas del juego que permiten pasar de obligaciones a derechos.

Cuando además se considera que el fenómeno del fraude está generalizado
--y sigo en el plano ético--, termina habiendo un rechazo de la
obligación de cumplir la norma y se aceptan los argumentos exculpatorios
e incluso aparece una situación de crispación ante las instituciones que
están exigiendo el cumplimiento de la norma. Se puede afirmar --y esto es
algo que nos ha transmitido en los trabajos preparatorios más de un grupo
de opinión-- que la aceptación social del fraude entronca con la
existencia del pícaro y la atribución de algunos valores positivos a esta
figura, lo que supone que se corre el riesgo de que la sociedad asuma la
picaresca como pauta de conducta.

Otro posible efecto generado por la percepción de que existe el fraude es
que se atribuya el fraude desde un grupo a su antagónico. Hemos podido
comprobar en las reuniones que hemos tenido cómo desde un grupo se
consideraba que en el propio grupo no existía fraude, que el fraude era
el del otro. Las consecuencias son malas por cuanto, de alguna forma,
esto puede producir una confrontación en la sociedad, con lo cual se
disminuye la cohesión social, que llega a alcanzar el plano político. El
ciudadano puede desvincularse del proceso democrático disminuyendo su
grado de exigencia de los poderes públicos.

Para concluir con la referencia de los efectos perversos sociales del
fraude, puede afirmarse que si la percepción de su existencia
generalizada coincide con otras percepciones pesimistas, cuales son la
corrupción, la ineficacia, el mal funcionamiento de los servicios
públicos, la desmoralización ciudadana es completa, pudiéndose perder la
totalidad de los valores colectivos.

Si el conocimiento de los efectos producidos por el fraude permite
apreciar la gravedad del fenómeno y la necesidad de contar con una
respuesta social decidida, el conocimiento de las causas productoras es
necesario si queremos buscar soluciones. El estudio de las motivaciones
puede realizarse indistintamente, en relación al cumplimiento de la norma
o en relación a su incumplimiento; tan válido es hacer el estudio de
cuáles son las motivaciones para cumplir como las motivaciones para
defraudar.

Es frecuente que por las distintas instancias sociales se emitan
opiniones sobre causas y existencia del fraude, como puede ser la
insuficiente formación ciudadana, el estado de necesidad del perceptor de
ayudas indebidas, la necesidad de supervivencia del empresario, el
insuficiente control de la Administración y la ineficacia del régimen



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sancionador, la elevada presión fiscal, la ineficacia del gasto público,
la corrupción, la variabilidad de la norma y la imposibilidad de un
cumplimiento correcto. Esta mañana ya han sido aludidas aquí algunas de
estas causas.

Tengo que decir que suele existir un planteamiento excesivamente
simplista a la hora de explicar el fraude, de buscar motivaciones, pues
las opiniones que se emiten suelen ser interesadas, con frecuencia son
parciales y a menudo caen en el tópico. En ocasiones, se confunden causas
con justificaciones, en el sentido de comprender la conducta, y a veces
se llega al límite de presentar como causa general lo que no es más que
un argumento exculpatorio del defraudador. También hay que destacar que
es precisamente en el campo del fraude fiscal donde mayor número de
opiniones se emiten en relación con otro tipo de fraudes que ha estudiado
la Unidad.

Hay que decir, y así se recoge en el informe, que el fenómeno del fraude,
en cuanto a sus causas, es extremadamente complejo. Todas las causas que
he dicho anteriormente están presentes en el fraude y algunas más. En
primer lugar, para construir un esquema causal como el que se recoge en
el informe, diré que hacen falta tres circunstancias, que han sido
mencionadas aquí esta mañana, para que exista fraude: es necesario que
haya una predisposición, debe existir una oportunidad y, al final, todo
depende de una decisión. Cada una de estas circunstancias tiene detrás
una serie de factores explicativos, a los que a continuación me voy a
referir.

Entre los factores de predisposición, voy a citar en primer lugar el
principio de solidaridad, puesto que se ha mencionado. El principio de
solidaridad está escasamente arraigado en la sociedad española. Esto lo
ponen de manifiesto las encuestas. Esto quiere decir lo que dice.

Posiblemente, en otras sociedades este principio esté más arraigado, pero
es cierto que solamente el 14 por ciento de los ciudadanos encuestados
admite que el sistema fiscal es una forma de redistribuir la renta y la
riqueza; los demás no hacen esta valoración y una parte muy importante,
más del 50 por ciento, valora el sistema fiscal como un medio para
conseguir bienes y servicios públicos, es decir, tiene una visión
utilitarista de lo que es el impuesto. También puedo oponer a ese 14 por
ciento que admite el papel del sistema fiscal como redistribuidor, el 50
por ciento de los que opinan que el español en general es poco solidario,
poco respetuoso con los demás, poco consciente de sus deberes y muy
exigente de sus derechos. Es decir, más del 50 por ciento admite que no
son solidarios. Como el tema de la solidaridad ha salido y volverá a
salir, quiero dejar constancia de esta opinión de los españoles, ellos
mismos están autocalificándose de insolidarios.

Lógicamente, y como ya he dicho anteriormente, la otra cara de la moneda
de la falta de solidaridad es concebir el impuesto como una
contraprestación de los servicios públicos. Entonces, evidentemente, la
predisposición al fraude derivada de esta concepción utilitarista va a
depender de cómo valore el ciudadano la relación de intercambio. Y aquí
sí es cierta la cifra que se ha dicho. El 70 por ciento de los ciudadanos
españoles considera que existe un gran desequilibrio, en su contra, en el
balance entre impuestos y bienes y servicios públicos. Lo que cabe
preguntarse ahora es si el ciudadano español, y ese 70 por ciento en
particular, conoce suficientemente cuál es el esfuerzo que realiza él
individualmente a la hora de pagar sus impuestos y conoce suficientemente
--y de esto también se ha hablado aquí esta mañana-- cuáles son los
bienes y servicios públicos que está recibiendo y cuál es su valoración.

La conclusión a la que cabe llegar en relación al tema de la solidaridad
y de la concepción utilitarista es clara: predomina la postura
utilitarista y el español percibe mayoritariamente que la relación de
intercambio le es negativa.

Dentro de los factores de predisposición, en primer lugar o en un plano
muy importante, hay que citar la percepción que sobre la equidad o
inequidad del sistema tenga el ciudadano. Esta percepción puede hacer
referencia al plano formal. El ciudadano se puede plantear en qué medida
la ley es justa con él y, en la medida en que valore que esa justicia no
existe, puede decidir incumplir la norma. Por citar un ejemplo, hay
ciudadanos que no entienden cómo su vivienda, que es exactamente igual
que la del vecino de al lado, tiene una distinta base a la hora de
imputarse una renta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
por disfrute de vivienda, como consecuencia de que la ha adquirido con
posterioridad a cuando lo hizo su vecino, y que esté tributando según el
valor que sirvió para liquidar el Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y su vecino según el valor catastral. Este es un caso claro
de percepción de inequidad formal por parte del ciudadano. Pero a veces
la percepción de inequidad puede serlo en el plano de lo material y no de
lo formal: puede admitir la norma y, sin embargo, considerar que el
resultado de la norma a él le perjudica en relación a otros ciudadanos,
ya sea en grupos propios o en grupos antagónicos. Cuando se trata de
grupos antagónicos, de alguna forma puede haber aquí un elemento que
predispone al ciudadano para dejar de cumplir la norma, y cuando se trata
de grupos propios, con frecuencia lo que ocurre --y esto es muy típico en
el campo de las prestaciones-- es llegar a comprender o a tolerar esas
prácticas fraudulentas de abuso del gasto de su entorno.

Siguiendo con los factores de predisposición, hay unos factores
claramente económicos. Las causas del fraude son todas o fundamentalmente
económicas, como luego veremos, pero hay unos factores que son claramente
de naturaleza económica, que se da en el mundo de la empresa cuando el
empresario de alguna forma puede estar en dificultades y para él el
sistema fiscal es una forma de incrementar sus costes, y esto puede ser
motivo de fraude. Pero también en el campo del gasto público, en
ocasiones, los estados de necesidad pueden hacer que el ciudadano trate
de complementar sus ingresos con la percepción de prestaciones indebidas.

Hasta aquí los factores de predisposición.

¿Factores de oportunidad? Fundamentalmente, la transparencia económica
individual y la habilidad personal. En el terreno de lo fiscal, es muy
claro el ejemplo de aquellas rentas o aquellos rendimientos que son de
difícil control, como son las plusvalías, rentas inmobiliarias, ingresos
de determinadas profesiones, rentas obtenidas en el extranjero;



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y en cuanto a la habilidad, la encuesta de opinión pone de manifiesto que
el ciudadano considera que hay determinados grupos que, por estar mejor
informados o asesorados, tienen más posibilidades de eludir el
cumplimiento de la norma. Estos factores de oportunidad tienen que darse
para que exista el fraude. Difícilmente comete fraude quien no tiene
oportunidad. A veces se trata de encontrar en algunos de los factores de
predisposición que he explicado la razón fundamental del fraude; si no
hay oportunidad, nadie en este país defrauda. Yo no conozco nada más que
en una rama concreta la existencia de objetores fiscales. Aquí, el
trabajador que se sabe retenido y que sabe que su información consta en
las bases de datos de la Administración tributaria, por mucha
predisposición que tenga el fraude, hay que considerar que no tiene
oportunidad de hacerlo.

Pasando a las decisiones que determinan que alguien decida incumplir la
norma, el modelo más clásico por el que se explica el fraude, y en
concreto el fraude fiscal, es un modelo de tipo utilitarista, en el cual
se plantea una ecuación: beneficio que se obtiene al incumplir la norma,
al dejar de ingresar los impuestos y desutilidad que supone el ser
descubierto y ser sancionado, con las consecuencias sancionadoras
correspondientes.

Ante todo eso está planeando la mayor o menor propensión al riesgo que
tenga el ciudadano que decide defraudar. En ese sentido, qué duda cabe
que la primera parte de la ecuación, el beneficio obtenido en el fraude,
es mayor cuanto mayor sea la presión fiscal eso es innegable. Desde ese
punto de vista, el factor de decisión estará influido positivamente por
la existencia de una presión fiscal elevada. En cuanto a la valoración
que haga el contribuyente de la desutilidad o del riesgo que provoca el
fraude, el ser descubierto, va a depender del conocimiento que tenga de
cómo funciona el control administrativo, del conocimiento que tenga de
cuáles son las consecuencias sancionadoras y de qué posibilidades hay de
que esas consecuencias sancionadoras lleguen a sus últimos extremos, es
decir, que el sistema sancionador se aplique con eficacia.

Precisamente, en esas opiniones sencillas o simplistas que se suelen dar
del fraude, y en concreto del fraude fiscal, hay opiniones bastante
extendidas que dicen que la única razón para cumplir es el miedo a ser
descubierto y sancionado. A esto hay que añadir aquella otra opinión que
dice que defrauda no quien quiere, sino quien puede. Evidentemente, ésta
es una opinión muy pesimista, pero algo de razón hay que concederle. La
pérdida del miedo a ser descubierto y sancionado qué duda cabe de que es
una de las principales razones para que el ciudadano incumpla la norma.

En este sentido es tremendamente importante que la percepción que tenga
el ciudadano de las posibilidades de descubrimiento y de las
consecuencias de ese descubrimiento responda a la realidad y no sean unas
percepciones sesgadas o distorsionadas. De ahí la conveniencia de que la
Administración conecte con el ciudadano, a través de los procesos de
comunicación, y le haga conocer esa realidad. Porque tirarse faroles es
malo, en el sentido de que al ser descubiertos, de alguna forma se pueden
volver contra el cumplimiento futuro, pero también es malo el desconocer
las consecuencias y los riesgos que se están corriendo al dejar de
cumplir la norma. Por tanto, no solamente es necesario la existencia de
ese control fiscal que garantice el miedo al que hacía referencia antes,
como motor del cumplimiento, sino que es necesario que sea conocida la
realidad de ese control y las consecuencias por parte del ciudadano
incumplidor.

Dentro de las distintas motivaciones para defraudar --así aparece en la
encuesta de opinión--, la falta de educación ciudadana sale cada vez que
uno trata de sondear opiniones cualificadas, en el sentido de que es
insuficiente la formación en valores, valores ciudadanos y éticos, por
parte de la sociedad española. Esto nos lo han puesto claramente de
manifiesto educadores con los que nos hemos reunido para conocer sus
opiniones, y ellos ponen de manifiesto las insuficiencias del sistema
educativo en esta materia y la existencia de factores ajenos al sistema
educativo, que compiten muy fuertemente con él en el plano de lo
negativo, entre los que destacan la televisión y esa serie de factores
que no dudan en calificar como propiciadores de una cultura
individualista, dominada por el modelo del triunfador económico, el
utilitarismo y el consumo.

Las soluciones para, de alguna forma, mejorar estas carencias en el plano
de lo educativo pasan por reconsiderar la importancia que se le da,
especialmente en la enseñanza secundaria, a la enseñanza de estas
materias. Ahora mismo existe como materia específica solamente en un
curso. En ese sentido en opinión de los educadores, y así lo recogemos
nosotros en nuestras conclusiones, debería extenderse esa enseñanza a
otros cursos, a la totalidad del segundo ciclo. Por otra parte, ésta es
una materia a la que se suele calificar en términos coloquiales de maría,
lo cual contribuye a que la formación sea menor; la formación del
profesorado en estas materias se juzga insuficiente y la existencia de
material didáctico, escasa. Por tanto, a partir de estas deficiencias y
actuando sobre el plano de la educación, se pueden obtener mejoras de
resultados que siempre serían por supuesto en el largo plazo y nunca en
el corto y medio plazo.

He de volver necesariamente a hablar de los procesos comunicativos, de la
importancia que el fenómeno de la comunicación tiene en estos temas, en
cuanto a que con frecuencia determinadas conductas no tienen más
motivación que la percepción de situaciones que a veces no responden a la
realidad. No se trata en ningún caso de que haya que matar al mensajero.

Desde la Unidad estamos convencidos de que en materia de comunicación el
óptimo es asegurar que, a través del proceso de comunicación, la sociedad
esté permanente y perfectamente informada de cuál es la realidad del
fraude en el cumplimiento de la norma. De lo que se trata es de
neutralizar esas distorsiones en el proceso de comunicación y evitar
escándalos que a veces son totalmente innecesarios. En concreto, se hacen
propuestas desde el informe de la Unidad dirigidas a diseñar una adecuada
estrategia de comunicación que, como decía, además de evitar la
percepción de la realidad deformada, pueda informar sobre el destino del
gasto público. Es importantísimo que el ciudadano conozca en qué se
gastan sus impuestos y cuál es el valor de esos bienes y



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servicios que la sociedad está recibiendo. Son necesarias campañas de
imagen y concienciación a partir de todas las instituciones del Estado y
hay que desarrollar acciones informativas hacia grupos concretos.

Ya muy brevemente, voy a cortar la exposición que tenía prevista, puesto
que era una referencia a las soluciones, y como están todas ellas en el
informe, me van a permitir que, en aras de acortar y de la petición que
me ha hecho el Presidente, me refiera únicamente a que las soluciones hay
que contemplarlas en tres planos: en un plano externo, referencias
actuales educativas y de comunicación; en un plano de facilitar el
cumplimiento de la norma, hacer que la Administración funcione como una
buena prestadora de servicios públicos para que se puedan cumplir las
leyes con corrección; y, finalmente, estableciendo un sistema eficaz de
control que permita el descubrimiento del defraudador y la aplicación de
un sistema sancionador ejemplificador.

De las conclusiones, como se ha dicho aquí esta mañana, se han extraído
259 recomendaciones, sobre las que tengo que decir que son de muy variado
contenido y alcance, con grado de concreción dispar; las hay genéricas
porque no se podía ir más allá con los medios y con los plazos que
teníamos, hay otras que son concretas, hay algunas que son de fácil
formulación, hay otras que suponen abrir un período de reflexión
considerable y un debate sobre este tema.

En concreto hay un tema que ha salido aquí esta mañana y que no quiero
dejar de compartir, y es que, por contraposición a la percepción ésta que
el ciudadano español tiene en el plano de lo individual de los fenómenos
del fraude, de que el fraude es un conflicto de intereses individuales,
el fraude es algo cuya solución no corresponde únicamente a la
Administración o a la Administración de Justicia, sino que corresponde a
toda la sociedad. Este es el espíritu de la recomendación número 1 de las
259, en la cual se hace referencia a que se abra, a partir de este
informe, un debate a través del cual se busquen soluciones. En ese
sentido, en el doble sentido de que el fraude es un tema cuya solución
compete a toda la sociedad y que debe ser objeto de debate y de reflexión
conjunta, en mi condición de director de un trabajo de investigación como
el que conocen ustedes, no tengo sino que felicitarme porque esta Cámara,
como representante de la soberanía popular, quiera conocer, analizar y
buscar soluciones a un fenómeno tan preocupante como es el del fraude.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Costa.




El señor COSTA CLIMENT: Señor Bravo, en primer lugar querría disculparme
por la falta de cortesía de mi Grupo Parlamentario y de este portavoz,
falta de cortesía que, como no podía ser de otra manera, ha puesto de
manifiesto el portavoz del Grupo Socialista de forma obligada, porque él
sí que ha cumplido con la ordinaria cortesía parlamentaria al agradecerle
su comparecencia en esta Comisión y al valorar de forma positiva el
trabajo que ha realizado usted al frente de la Unidad y el resto de los
miembros que han formado parte de ella. Por tanto, yo quisiera sumarme,
aunque resulte tardío, a esa manifestación que ha realizado el Grupo
Parlamentario Socialista, agradeciéndole su comparecencia y
felicitándoles por el trabajo que ha realizado la Unidad.

En segundo lugar también querría agradecerle y manifestarle que me ha
parecido sumamente clarificadora la exposición que ha desarrollado usted
hace unos momentos. Ha seguido fundamentalmente, como tampoco podía ser
de otra forma, las líneas contenidas en el informe, como resulta lógico,
y sí que quiero manifestarle que mi Grupo Parlamentario, al margen del
propio informe, que ya lo ha estudiado y del que, como hemos manifestado
esta mañana, compartimos muchas de las consideraciones que se realizan en
algunos de los capítulos, aunque puede haber mayor número de
discrepancias en la parte general, en la parte que se refiere sobre todo
a las causas de fraude fiscal o de fraude en general en nuestro país, mi
Grupo, decía, analizará los anexos que el Secretario de Estado de
Hacienda y usted han manifestado que nos van a hacer llegar para, en la
medida de lo posible, a lo largo de los próximos días o en el futuro,
tener en cuenta todo ese trabajo de campo que ha realizado la Unidad. Es
bueno que lo conozcan los representantes políticos de esta Cámara, para
poder formar sus opiniones y poder manifestar una actitud ante este
problema, que es global, como se ha manifestado, un problema que afecta a
toda la sociedad española, al sistema económico en su conjunto, y un
problema sobre el que deben acometerse y ponerse en marcha con el mayor
consenso social posible las medidas que puede requerir su solución.

Muchas gracias, señor Presidente, y muchas gracias, señor Bravo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Martínez Noval.




El señor MARTINEZ NOVAL: Mi Grupo entiende que la intervención del señor
Bravo ha sido esclarecedora del voluminoso contenido del informe, de modo
que nos ha hecho también un servicio que yo creo importante, que es el de
resumir y transmitirnos en un corto espacio de tiempo los rasgos
fundamentales del contenido del informe.

No puedo ocultar que algunas de las afirmaciones del señor Bravo, que no
son, entiendo yo, personales, sino que son consecuencia de los resultados
obtenidos de la investigación directa, de la de campo, como, por ejemplo,
la escasa presencia en la sociedad española del valor de la solidaridad,
pugnan con algunas afirmaciones que yo había hecho anteriormente respecto
de la evolución de determinadas variables agregadas en la realidad social
y económica española. Yo creo que a ese respecto --lo digo un poco en
defensa de mi posición-- ocurre como en muchos otros ámbitos de la
realidad social española, en los que hay una cierta contradicción entre
algunas manifestaciones individuales y luego exigencias de comportamiento
colectivo.




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Yo, por otras vías y en relación con otras finalidades, también conozco
que la mayoría de la sociedad española no es partidaria de la reducción
del tamaño del sector público sino de lo contrario, del aumento del
tamaño del sector público. Atribuye a los poderes públicos probablemente
mayores responsabilidades respecto de la tutela social de las que
razonablemente el sector público puede llevar a cabo.

Al menos desde mi punto de vista, esa contradicción entre el contenido de
la encuesta y lo que mi Grupo y yo entrevemos en otros comportamientos de
la sociedad española no lleva a la aceptación de ningún error, sino que
es una contradicción muy sugerente, desde el punto de vista intelectual
y, desde luego, bastante fecunda, creo, desde el punto de vista político.

A mí me resulta bastante interesante el informe y volveré a leer con más
detalle su contenido para tratar de solventar esa contradicción, al menos
manifestada esta mañana aquí, entre el contenido de la encuesta y lo que
mi Grupo Parlamentario puede tener como una opinión asentada, por
ejemplo, en las preferencias políticas de los españoles respecto de
determinados programas electorales que tienen más inclinación por lo
solidario que por lo utilitarista o lo insolidario, por poner un caso
concreto.

De cualquier manera, señor Presidente, quiero concluir reiterando una vez
más la felicitación y el agradecimiento al señor Bravo por la oportunidad
que brinda a todos los grupos parlamentarios y a la sociedad española de
tener un conocimiento más exacto, yo diría casi científico y
razonablemente correcto, por tanto, de una cuestión sobre la que se
suelen utilizar demasiados lugares comunes y, en todo caso, argumentos
empobrecedores desde el punto de vista intelectual y político. Por eso,
reitero una vez más nuestro agradecimiento.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Bravo.




El señor SUBDIRECTOR GENERAL DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA (Bravo
Paiva): Creo que de las intervenciones de los dos grupos no se deduce
ningún tipo de contestación por mi parte.

En cualquier caso, visto el interés que en ustedes ha suscitado el
informe, estoy a su disposición, no aquí y en este momento, sino en
cualquier momento y fuera de aquí, para ofrecer cualquier aclaración,
cualquier ampliación, cualquier documento complementario del que quieran
conocer su contenido. Me tienen a su entera disposición.

Simplemente me resta agradecer el interés que sobre el tema del fraude y
del estudio que ha realizado la unidad han mostrado SS. SS. en esta
sesión.

Muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bravo.

Rompiendo la tónica institucional de la Presidencia, me quiero sumar
personalmente a su magnífica exposición y al trabajo que han realizado,
por cuanto creo que ha sido muy esclarecedor en orden a un conocimiento
profundo de la sociedad española en la vertiente del tema que nos ha
ocupado a lo largo de esta mañana.

Concluido el orden del día, se levanta la sesión.




Eran las dos y cinco minutos de la tarde.