CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 391
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 43
celebrada el martes, 20 de diciembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Justicia (Fernández de
la Vega Sanz), para informar sobre las líneas generales a desarrollar al
frente de dicha Secretaría de Estado, con especial indicación de las
prioridades de actuación, así como sobre la estructuración de la nueva
Secretaría de Estado de Justicia y los fines administrativos de la misma.

A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/000780) (Página 12063)
Preguntas:
--De la señora Martínez Saiz (Grupo Parlamentario Popular), sobre mejora
del funcionamiento de la Administración de Justicia en La Línea de la
Concepción y Algeciras (Cádiz). (BOCG serie D, número 133, de 16-9-94.

Número de expediente 181/000899) (Página 12078)
--Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
existencia de fraudes en el cumplimiento de la prestación social
sustitutoria. (BOCG serie D, número 109, de 10-6-94. Número de expediente
181/000828) (Página 12079)

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--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre mantenimiento
por el Ministerio de Justicia e Interior de su afirmación de no haber
recibido solicitudes materiales concretas provenientes de las Juntas de
Valencia. (BOCG serie D, número 142, de 3-10-94. Número de expediente
181/000982) (Página 12080)
--Del mismo señor Diputado, sobre apoyo material previsto para el
desarrollo del proyecto «Coral», que ha sido puesto en marcha por la
Junta de Jueces de Instrucción de Valencia. (BOCG serie D, número 142, de
3-10-94. Número de expediente 181/000987) (Página 12080)
--Del señor Frutos Gras (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
explicaciones acerca de la orden dada a la Dirección General de lo
Contencioso del Estado para que desista del recurso de casación
interpuesto en el procedimiento seguido contra La Caixa, en relación con
el asunto conocido como de «las primas únicas». (BOCG serie D, número
146, de 10-10-94. Número de expediente 181/001011) (Página 12083)
--Del señor López Garrido (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
desarrollo de los acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades
Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de España
y la Comisión Islámica de España. (BOCG serie D, número 154, de 31-10-94.

Número de expediente 181/001059) (Página 12083)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
medidas para dotar a la Audiencia Provincial de Castellón de medios para
garantizar el desarrollo de sus funciones. (BOCG serie D, número 160, de
14-11-94. Número de expediente 181/001099) (Página 12086)
--Del mismo señor Diputado, sobre dotación de los servicios de un Juzgado
de lo Penal a Gandía (Valencia). (BOCG serie D, número 160, de 14-11-94.

Número de expediente 181/001100) (Página 12086)
Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, del
proyecto de ley por el que se modifica la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal y se crea la Fiscalía Especial para la represión de los delitos
económicos relacionados con la corrupción. (BOCG serie A, número 68-1, de
24-6-94. Número de expediente 121/000054) (Página 12087)
Dictamen, a la vista del informe de la Ponencia, de la proposición de ley
Orgánica de modificación del Código Penal, mediante la que se tipifica la
apología del delito de genocidio. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG serie B, número 52-1, de 4-1-94. Número de expediente
122/000041) (Página 12089)
Proposiciones no de ley:
--Sobre protección a la infancia en aquellos países donde sufre
violaciones de derechos y malos tratos. Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (BOCG serie D, número 156, de 31-10-94. Número de
expediente 161/000318) (Página 12092)
--Para garantizar el cumplimiento de la Ley de 12 de julio de 1994, por
la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552
CEE, para la protección de menor. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. (BOCG serie D, número 154, de 31-10-94. Número de expediente
161/000320) (Página 12092)



Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.




El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.




El primer punto del orden del día es la comparecencia de la Secretaria de
Estado de Justicia, doña María Teresa Fernández de la Vega, para informar
sobre las líneas generales a desarrollar al frente de dicha Secretaría de
Estado. El propio autor de la iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular,
poco antes del inicio de la sesión, ha informado a esta Presidencia que
renuncia a la comparecencia.




CONTESTACION A PREGUNTAS



El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 2 del orden del día, que es
la contestación de las preguntas.

La primera es de don Antonio Romero Ruiz, sobre la existencia de fraudes
en el cumplimiento de la prestación social sustitutoria. (Pausa.) El
señor Romero no se encuentra en la sala y, por tanto, decae la pregunta.

La segunda es de doña María Teófila Martínez Saiz, sobre mejora del
funcionamiento de la Administración de Justicia en la Línea de la
Concepción y Algeciras. (Pausa.) Tampoco está presente en la sala y, por
tanto, decae la pregunta.

La número 4, de don Ignacio Gil Lázaro, es el mantenimiento por el
Ministerio de Justicia e Interior de su afirmación



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de no haber recibido solicitudes materiales concretas provenientes de las
juntas de jueces de Valencia. (Pausa.) Tampoco se encuentra en la sala y,
por tanto, decae la pregunta.

La siguiente pregunta número 5, del mismo autor, don Ignacio Gil Lázaro,
se refiere al apoyo material previsto para el desarrollo del proyecto
Coral, que ha sido puesto en marcha por la Junta de Jueces de Instrucción
de Valencia. (Pausa.) Por el mismo razonamiento, decae la pregunta.

El punto número 6 es la pregunta del señor Francisco Frutos Gras,
explicaciones sobre la orden dada a la Dirección General de lo
Contencioso por la que se instruye a la Abogacía del Estado para que
desista del recurso de casación interpuesto en el procedimiento seguido
contra La Caixa en relación con el asunto conocido como de «las primas
únicas». (Pausa.) Tampoco se encuentra el señor Frutos en la sala y, por
tanto, decae la pregunta.

El séptimo punto del orden del día es la pregunta sobre el desarrollo de
los acuerdos de cooperación con la Federación de Entidades Evangélicas de
España, la Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión
Islámica de España. El autor de la pregunta es don Diego López Garrido.

(Pausa.) Al no encontrarse en la sala, decae la pregunta.

Pregunta número 8, medidas para dotar a la Audiencia Provincial de
Castellón de medios para garantizar el desarrollo de sus funciones. El
autor de esta pregunta es don Ricardo Fernando Peralta Ortega. (Pausa.)
Tampoco se encuentra en la sala y, por tanto, decae la pregunta.

El autor de la pregunta número 9 y última es Ricardo Fernando Peralta
Ortega, y es sobre dotación de los servicios de un juzgado de lo Penal a
Gandía (Valencia). Igual que en el caso anterior decae la pregunta.

Señorías, decaen, por tanto, todas las preguntas formuladas en el orden
del día de la sesión de hoy. El siguiente punto del orden del día es
aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la ponencia, de un proyecto y de una proposición de ley.

Suspendemos la sesión durante 15 minutos antes de iniciar el debate de
este proyecto y proposición de ley.




Se suspende la sesión.




Se reanuda la sesión.




--COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (FERNANDEZ
DE LA VEGA SANZ) PARA QUE INFORME SOBRE LAS LINEAS GENERALES A
DESARROLLAR AL FRENTE DE DICHA SECRETARIA DE ESTADO, CON ESPECIAL
INDICACION DE LAS PRIORIDADES DE ACTUACION, ASI COMO SOBRE LA
ESTRUCTURACION DE LA NUEVA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA Y LOS FINES
ADMINISTRATIVOS DE LA MISMA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO. (Número de expediente: 212/000780.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.

Reunida la Mesa con los distintos portavoces de los grupos parlamentarios
y escuchados estos portavoces, la mesa ha decidido mantener la
comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Justicia, que conforma
el primer punto del orden del día, dándola, por tanto, por no retirada,
y, como consecuencia de ello, seguir la tramitación del resto de las
preguntas que constituyen el orden del día, entendiendo que de esta
manera no existe indefensión alguna para los distintos autores de las
preguntas que previsiblemente habrían calculado una más dilatada
tramitación en el supuesto de que la primera comparecencia hubiera sido
debatida a su vez.

Por tanto, recuperando el orden del día de la sesión de la Comisión de
Justicia e Interior tal y como lo tienen SS. SS., iniciaremos los debates
con la comparecencia de la Secretaria de Estado Doña María Teresa
Fernández de la Vega Sanz, que está con nosotros en la Comisión y a la
que damos la bienvenida, para que informe sobre las líneas generales a
desarrollar al frente de dicha Secretaría de Estado con especial
indicación de las prioridades de actuación, así como sobre la
estructuración de la nueva Secretaría de Estado de Justicia y los fines
administrativos de la misma. El autor es el Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.

La señora Secretaria de Estado de Justicia tiene la palabra.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Gracias, señor Presidente, buenos días.

Paso a exponer cuáles son las líneas generales de actuación a desarrollar
por la Secretaría de Estado de Justicia que, por una parte, no son otras
que aquellas que están en relación con las competencias que a la
Secretaría de Estado de Justicia atribuye el decreto de estructura
orgánica del Ministerio de Justicia e Interior de 20 de junio de 1994 y,
por otra, aquellas actuaciones que responden a los objetivos en su día
marcados y conocidos por SS. SS., puesto que en muchas ocasiones han sido
expuestos en esta Cámara por el Ministro de Justicia e Interior, y que
resumidamente son potenciación de la eficacia de la acción de la
justicia, una justicia para el ciudadano dentro de cuyo objetivo existen
una serie de actuaciones y prioridades que reseñaré posteriormente: la
homogeneidad en la actuación jurídica de la Administración y en la
defensa de los intereses generales; la potenciación de las garantías en
el ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia,
dotando de los mecanismos suficientes al contenido de la prestación
social sustitutoria; el incremento de la seguridad jurídica en el tráfico
mercantil y comercial; la unificación de la fe pública extrajudicial, es
decir, todo aquello que está referido a la gestión de los registros
asociados a la fe pública; la cooperación jurídica en el ámbito
internacional y de manera prioritaria en el marco de la Unión Europea, y
la potenciación de los mecanismos de garantía en el ejercicio del derecho
a la libertad religiosa. Estos objetivos o líneas de actuación generales
a su vez son llevados a cabo dentro de la estructura de la que ha sido
dotada la Secretaría



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General de Justicia por el decreto a que hacía referencia.

En el área de Justicia, digamos, en sentido estricto, lo que denominamos
juzgados y tribunales, las prioridades fundamentales son de dos tipos.

Hay un conjunto de actuaciones que están dirigidas fundamentalmente a
mejorar la estructura de la Administración de Justicia y a dotar a los
órganos judiciales, a los jueces y tribunales de instrumentos precisos,
no sólo de medios, sino también de instrumentos precisos legales para el
cumplimiento de su función constitucional. Dentro de este objetivo está
toda el área, a la que luego me referiré, de la iniciativa legislativa
llevada a cabo por la Secretaría de Estado de Justicia, por el Ministerio
de Justicia e Interior, y, al margen del tema de la iniciativa
legislativa, que son reformas estructurales a medio plazo para la mejora
del funcionamiento de la Administración de Justicia, existen también unos
objetivos yo diría prioritarios de gestión, de acción de gobierno para la
mejora del funcionamiento de esa Administración de Justicia, que
resumidamente se refiere, por una parte, a la potenciación, como SS. SS.

ya nos han oído y también ha expuesto el Ministerio de Justicia e
Interior, de los juicios rápidos, de aquellos que se llevaron a cabo por
la reforma emprendida en el año 1992 y que pretendemos extenderlos; están
funcionando, como ustedes saben, en algunas grandes ciudades yo creo que
con gran eficacia, y desde la Secretaría de Estado de Justicia
pretendemos fomentarlos y dotar a los órganos judiciales de los
instrumentos precisos, sobre todo en las grandes ciudades, para que
puedan solucionar problemas de la justicia con arreglo a los mecanismos
previstos en este tipo de ligislación.

Al margen del tema de la potenciación de los juicios rápidos, existen
también una serie de acciones que tienen como objetivo fundamental
mejorar todo el tema de la gestión en la Administración de Justicia,
tanto en lo que se refiere a medios materiales como a medios personales,
y todo ello con independencia de seguir potenciando el proceso de
transferencias en la gestión de dichos medios a las comunidades
autónomas. Como SS. SS. saben, en el año 1994 hemos culminado el proceso
de transferencias en medios materiales con Cataluña, con Galicia y
recientemente también con Valencia. Estos acuerdos van a entrar en
funcionamiento a principios del año 1995, y una de las políticas
prioritarias de la Secretaría de Estado de Justicia es seguir potenciando
con el resto de las comunidades autónomas el sistema de transferencia de
medios --probablemente en 1995 a Andalucía, a Canarias y a alguna otra
comunidad--, además de empezar a estudiar los mecanismos dirigidos a
iniciar las transferencias de gestión de medios personales que hasta
ahora no se han llevado a cabo.

Además de este tema, en materia de gestión de personal tenemos como
objetivos prioritarios el incremento en dotación de medios, que no es muy
amplio, de 9 plazas de magistrado para el año que viene, que son 15, la
transformación de 100 plazas de jueces en plazas de magistrados, el
aumento de las plantillas del Ministerio Fiscal, así como la puesta en
funcionamiento de la Fiscalía anticorrupción, la modificación, espero ya,
de la medicina forense con el establecimiento de los institutos
regionales de medicina forense y concentración de los médicos forenses en
estos institutos a disposición de la Administración de Justicia, así como
también una mejor gestión en la estabilización de las plantillas del
personal al servicio de la Administración de Justicia. Como ustedes
saben, existe un aumento presupuestario de 167 plazas y esperemos que,
con el concurso que se ha convocado este año, podamos el que viene, junto
con el aumento de plazas y las plazas que en estos momentos están
quedando desiertas, que son alrededor de 2.300, convocar un concurso, de
forma que con la oferta de empleo pueda haber una estabilización mayor en
el personal al servicio de la Administración de Justicia.

En lo que se refiere a infraestructuras es verdad que el presupuesto de
la Secretaría de Estado de Justicia en esta materia no es el que sería de
desear. Vamos a tratar fundamentalmente de priorizar en este año la
adaptación de las infraestructuras para el funcionamiento del jurado,
tenemos ya previsiones presupuestarias para eso, y esperemos que a lo
largo del año de 1995, sobre todo en el primer semestre, podamos tener la
mayoría de las audiencias con las adaptaciones precisas para que en el
momento en que la ley del jurado esté aprobada pueda, conforme a las
previsiones iniciales que habíamos hecho, entrar en funcionamiento.

Lo mismo hay que decir en materia de informática, donde se está mejorando
la gestión de los medios materiales a proporcionar a los juzgados. Hasta
ahora se habían hecho unas inversiones yo creo que complicadas y con un
coste elevado, y ahora se está ya en un proceso de reducción de costes y
de aportación. Creo que para el año que viene, con un presupuesto no muy
grande, de 267 millones, vamos a poder informatizar el doble de órganos
de los que se venían haciendo hasta ahora, porque se ha simplificado
mucho la adquisición de equipos, sin perjuicio de que yo creo que hay que
seguir mejorando --esto es lo más importante-- el sistema de
informatización integral de todos los órganos judiciales. Para ello hemos
constituido una comisión de trabajo con el Consejo General del Poder
Judicial y con las comunidades autónomas que tienen transferencias en
medios materiales.

En el tema de abogados y procuradores, como SS. SS. saben, uno de
nuestros objetivos fundamentales es mejorar la gestión de la asistencia
letrada y del turno de oficio. En estos momentos tenemos pendiente en el
Consejo de Estado un real decreto que ya avanza mejoras respecto a este
tema, y confiamos en que al inicio del próximo período de sesiones
podremos remitir a esta Cámara el proyecto de ley de asistencia gratuita,
que contempla una reforma global para que los ciudadanos que carecen de
medios accedan a la justicia gratuita, sin perjuicio de que este año
también se ha incrementado, desde una perspectiva presupuestaria, la
dotación a los turnos de abogados y de procuradores y, por tanto, las
dotaciones son mejores. Lo que queremos es que esta subvención se
gestione mejor y que los ciudadanos tengan una prestación más adecuada en
los servicios.

Relacionado con este tema, uno de los objetivos de la Secretaría de
Estado de Justicia es el seguir el mismo nivel que hemos mantenido hasta
ahora de iniciativa legislativa.




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Como SS. SS. saben, algunos de los temas prioritarios son, como ya he
mencionado, aquellos que afectan a la ley de asistencia jurídica
gratuita, todos los que afectan a las reformas estructurales de la
justicia, y con ello me estoy refiriendo fundamentalmente a las reformas
procesales. En estos momentos se acaba de remitir al Consejo General del
Poder Judicial, para informe, el anteproyecto de ley de regulación de la
jurisdicción contencioso-administrativa. Esperemos que a principios de
año pueda estar ya aprobado por el Gobierno y en esta Cámara. En el
primer trimestre de 1995 vamos a terminar lo que va a ser anteproyecto de
ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es un proyecto
también global de reforma íntegra de esta jurisdicción, y esperemos
también que aproximadamente en la misma fecha o quizá un poco más tarde,
pero en el primer cuatrimestre, podamos tener también preparada la
reforma, en este caso parcial, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que
afecta a determinados supuestos de procedimiento abreviado y a algunas
cuestiones que tienen que ver también con la mejora en la eficacia de la
acción de la justicia en determinados temas de criminalidad organizada y
narcotráfico.

Al margen de estos temas, estamos también pendientes, y para ello hay
gente trabajando en un proyecto, de modificar la Ley Orgánica del Poder
Judicial mediante una ley adicional. Probablemente esa reforma, en su
caso, tenga que ser una reforma parcial, puesto que no sé si va a ser
posible hacer la reforma global de la Ley Orgánica adicional del Poder
Judicial en esta legislatura, pero, desde la perspectiva de la Secretaría
de Estado de Justicia y del Ministerio, priorizaríamos fundamentalmente
aquello que afecta a, en su caso, la determinación de competencias de la
justicia de paz en las grandes ciudades y todo aquello que se refiere a
la reforma de la oficina judicial, a instrumentos de mejora de la
justicia al servicio del ciudadano.

También existen otras iniciativas legislativas, fundamentalmente en
cumplimiento de desarrollo de directivas, como es la de viajes
combinados, multipropiedad. Tenemos también un proyecto de ley que
contempla la unidad de la fe pública extrajudicial, un anteproyecto de
ley que se refiere también, aunque esto es en colaboración con el
Ministerio de Asuntos Sociales, a los derechos del menor. También tenemos
dos anteproyectos de ley que se refieren, el primero, al tema de
precursores en materia de lucha contra el narcotráfico y el otro es lo
que denominamos la ley del fondo, es decir, aquella que está destinada a
la regulación de los bienes decomisados por tráfico de drogas. Yo diría
que éstas son las iniciativas globales fundamentales en materia
legislativa de la Secretaría de Estado de Justicia.

Además, es un tema prioritario de las líneas de actuación de la
Secretaría de Estado de Justicia la cooperación jurídica internacional,
tanto en el ámbito de Naciones Unidas como en el de la Unión Europea, así
como en lo relativo a la cooperación judicial bilateral con países tanto
de América como de Europa. Objetivo prioritario en el año 1995 va a ser,
evidentemente, el tema de la Unión Europea, puesto que, como SS. SS.

saben, en el segundo semestre corresponde a nuestro país la presidencia.

En este sentido se ha empezado a trabajar, también en colaboración con el
Ministerio de Justicia francés, para presentar un plan de acción conjunto
para el año 1995 en el área de justicia, que tiene como objetivos
fundamentales, en primer lugar, contribuir al desarrollo del estatuto de
ciudadanía europea, mediante la mejora del funcionamiento del sistema de
garantías en el ámbito de los derechos a la libertad de circulación y a
la seguridad de los ciudadanos, y, en segundo lugar, favorecer la
adhesión del ciudadano respecto del cumplimiento de los deberes
comunitarios, aumentando la confianza en el funcionamiento eficaz de las
instituciones de la Unión Europea. Con estos dos objetivos nos hemos
marcado diversas estrategias y varios programas de trabajo.

En el ámbito civil, el objetivo prioritario es la extensión del campo de
aplicación del convenio de Bruselas a las materias de derecho de familia,
separación, divorcio, nulidad y guarda y custodia de menores; también en
el ámbito del derecho privado civil, el segundo objetivo es la
simplificación de la transmisión de actos entre los Estados miembros.

En el área penal, los programas de trabajo se concentran fundamentalmente
en un objetivo prioritario, que es el nuevo convenio de extradición de la
Unión Europea, así como en el establecimiento de nuevas formas de
asistencia judicial penal que abarquen áreas que tienen mucho que ver con
la delincuencia organizada. Ahí me estoy refiriendo a temas que coinciden
en el tiempo con objetivos también legislativos internos del Ministerio
de Justicia e Interior, como es todo lo referente a protección de
testigos, a la confiscación de productos del delito, a los plazos de
prescripción o a la interceptación de las comunicaciones. Estos son
objetivos que, en materia de lucha contra la delincuencia organizada,
fueron curiosamente debatidos con el Ministerio de Justicia francés
--ellos los pusieron encima de la mesa en la reunión que mantuvimos hace
escasos días en París--, que coinciden con los objetivos prioritarios del
Ministerio de Justicia e Interior para la presidencia europea del año
1995.

Por otra parte, existe también un nuevo objetivo, que es importante y es
aquel que tiene por finalidad profundizar en las relaciones entre el
derecho comunitario y los derechos penales nacionales. Se han establecido
programas de trabajo que tienen que ver con la lucha contra la
defraudación a la Hacienda comunitaria, con el establecimiento de una
incriminación común contra los delitos de motivación racista o xenófoba,
así como el establecimiento o la homogeneización en el cumplimiento de
sanciones, por ejemplo, en temas como el permiso de conducir.

Al margen de este tema del tercer pilar, existe también una priorización
en lo que se refiere a la política de extradición, no sólo en el ámbito
de la Unión Europea sino también en el de América Latina, mediante la
potenciación o la renovación de los convenios de extradición bilaterales
que existen con muchos de los países de este área, que en estos momentos
plantean problemas para tener una eficacia en esa cooperación judicial
internacional. Estamos ya denunciando muchos de esos convenios
bilaterales y tratando de renovarlos, llevando a muchos países de América
Latina la nueva jurisprudencia que en esa materia se ha



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producido en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, que además
tiene mucho que ver con algunas de las jurisprudencias que se establecen
también en los países de este área.

Como les decía al inicio de esta intervención, uno de los objetivos
fundamentales de la Secretaría de Estado de Justicia, al margen del tema
de la eficacia de la acción de la justicia y de la justicia para el
ciudadano a la que acabo de referirme, es el que tiene que ver con el
ejercicio del derecho constitucional a la objeción de conciencia. Como
ustedes saben, tenemos un reto muy importante que parte fundamentalmente
del cumplimiento del plan aprobado por el Gobierno en el presente año. En
estos momentos puedo afirmar que las previsiones iniciales para el
presente año 1994, en lo que se refiere a las incorporaciones, ya se han
realizado. Hemos hecho dos llamamientos que comportan la cifra global de
35.000 objetores. Por lo tanto, las previsiones del plan para este año
están cumplidas y vamos a cumplir también las previstas para el año 1995,
que es hacer unos llamamientos de incorporaciones de hasta 50.000. Me
gustaría que tratáramos de sobrepasar alguna de las previsiones del plan
aprobado por el Gobierno inicialmente para tratar de recuperar los
atrasos que todavía tenemos en la materia. Además, seguiremos
intensificando el proceso de creación de plazas. En estos momentos
tenemos unas 49.000. Por lo tanto, las previsiones para el cumplimiento
de la prestación en este año y en el próximo van a quedar cumplidas. Se
han suscrito 7.500 convenios con las instituciones, y el plan previsto
para 1995 va un poco más allá de las previsiones marcadas, como decía
anteriormente, por el plan del Gobierno. Nuestro objetivo es seguir
trabajando, no ya sólo en el tema de la incorporación y de la prontitud
en el reconocimiento del derecho, sino sobre todo en el acortamiento de
los tiempos entre llamamiento e incorporación para la realización de la
prestación.

Finalmente, otro de los objetivos fundamentales de la Secretaría de
Estado de Justicia es seguir incrementando la eficacia en las garantías
para el ejercicio del derecho a la libertad religiosa mediante la
continuación en el desarrollo de los acuerdos suscritos con las distintas
confesiones religiosas.

Es probable que me haya dejado en el tintero actuaciones que también se
están llevando a cabo por la Secretaría de Estado de Justicia, pero en
términos resumidos éstas son las principales áreas de actuación que
estamos llevando a cabo y con las que pensamos proseguir en el próximo
ejercicio.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Padilla.




El señor PADILLA CARBALLADA: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado,
por su comparecencia y también por su cortesía en relación con la
incidencia que ha tenido lugar esta mañana. Le aseguramos que nuestra
cortesía hacia usted es también total y con gran espíritu de reciprocidad
y cordialidad.

He escuchado con atención su exposición. No hace muchos días que el
Ministro de Justicia e Interior también desarrollaba en esta Comisión, en
una comparecencia similar a la de hoy, las líneas generales de su
departamento. He notado algunas diferencias, pero supongo que obedecen
más a que él nos dio los trazos políticos, las directrices que quería
desarrollar en los próximos meses al frente de Ministerio de Justicia e
Interior, y usted nos ha expuesto con un detalle más pormenorizado y más
técnico el contenido de esas líneas que el Ministro de Justicia e
Interior había trazado en su comparecencia ante esta Comisión.

He de decirle que conociendo algunas de sus preocupaciones fundamentales,
desde el punto de vista personal, no me extraña que donde ha puesto mayor
énfasis haya sido en la cooperación jurídica internacional y lo ha
desarrollado con mucha precisión. Efectivamente, hemos de reconocer que
existe un diseño muy positivo de los propósitos que alberga como titular
de la Secretaría de Estado en la gestión de la misma, como elemento muy
importante de su responsabilidad. Me ha gustado tanto ese desarrollo y
esa concreción que le tengo que decir que he quedado muy gratamente
impresionado, porque probablemente es un área que en muchas ocasiones se
examina con rapidez y sin profundizar mucho en ella, y usted lo ha hecho,
conocedora, como es, de las carencias y necesidades que de años para acá
se han ido poniendo de relieve en ese área tan importante, que lo va a
seguir siendo en un mundo cada vez más comunicado en los próximos años.

No le puedo decir lo mismo de lo que sería el bloque fundamental de las
responsabilidades de la Secretaría de Estado de Justicia. Cualquier
ciudadano que estuviera sentado en esta Comisión y escuchase cómo iba
usted desgranando una serie de conceptos (viajes combinados,
multipropiedad, precursores, ley del fondo) diría: muy bien, pero ¿eso va
a arreglar mi problema? Los ciudadanos están pendientes de sus problemas,
de la respuesta que le piden a la justicia estatal. Yo entiendo que son
proyectos técnicos que mejoran nuestro ordenamiento jurídico, que lo
modernizan y lo ponen al día, tienen que tener un antecedente necesario,
que es un aparato judicial, una estructura de organización de la justicia
del Estado y un ordenamiento jurídico básico que esté en condiciones de
dar respuesta a las necesidades de una sociedad del siglo XX, de una
sociedad en la que cada vez es mayor el tráfico jurídico, y donde, por lo
tanto, cada vez es mayor el litigio y es más numeroso.

Cuando se producen estas comparecencias y a medida que uno va ganando
experiencia con ellas, hago unos repasos muy por encima, porque si no el
detalle concreto le quita a uno la perspectiva de lo que ha ido pasando
desde el comienzo de esta legislatura, porque yo pienso que hay que poner
siempre un pórtico a cualquier examen de una circunstancia temporal, y en
este momento creo que lo que debemos ver es esta legislatura, pero con
una proyección anterior, y es que es el mismo Gobierno el que desde 1982
está diseñando y desarrollando su modelo de justicia.




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El otro día le decía al Ministro de Justicia e Interior en el debate de
los presupuestos que llevan ustedes una cadena de suspensos desde 1982,
porque no han superado el examen. Han consumido ustedes convocatorias de
septiembre, le decía al Ministro, extraordinarias de febrero, una más
extraordinaria y creo que están consumiendo la última convocatoria
extraordinaria que la sociedad española les ha dado para que se examinen,
y van camino de suspender. Y le voy a decir por qué con toda cordialidad.

Decían los medios de comunicación cuando en julio de 1993 se produce la
constitución del nuevo Gobierno, al que usted se incorpora después (estoy
seguro que asume solidariamente todo lo que ha hecho ese Gobierno antes
de que usted se incorporara, porque, si no, no estaría en el concepto de
gobierno, me refiero naturalmente en el sentido amplio), que el señor De
la Quadra Salcedo traspasaba al señor Belloch las reformas para
transformar la justicia y para cambiar, puesto que la pretensión de éste
de cambiar la imagen de los tribunales se había quedado en medidas
simbólicas y que además había fracasado.

Yo no soy muy partidario de utilizar los medios como referencia, a pesar
de la enorme consideración que les tengo, pero hay un aumento determinado
en el que me gusta hacerlo, sobre todo cuando hay una manifestación
expresa del Gobierno, para atenerme a ella. El propio señor Ministro de
Justicia e Interior en su comparecencia en otoño de 1993 nos habló de la
ejecución de gran parte de lo que nos dice que se va a ejecutar, pero
estábamos hablando entonces en otoño de 1993, y ahora estamos a finales
de 1994, prácticamente en 1995. Y si de algo se presumía en relación con
el equipo del Ministerio al que usted se ha incorporado, es de que era un
equipo que tenía ya unas ideas relativamente claras sobre las prioridades
de la justicia española, sobre cuáles debían ser las medidas de choque
que precisaban nuestra justicia y nuestro ordenamiento jurídico. A fuer
de ser pesado, le he de decir que, naturalmente, aquellos trabajos que
bajo la dirección de otros ministros de Justicia del Partido Socialista
se habían desarrollado en el ámbito del Ministerio de Justicia, incluso
con aquella Dirección General que dirigía el profesor Almagro Nosete, que
estuvo funcionando durante año y medio, casi dos años, con un importante
gasto público dedicado a esa tarea, y que culminó con la publicación de
unos trabajos, de unos materiales para la reforma procesal, habían sido
abandonados. Cuando se abandonan unos trabajos se supone que el que se
incorpora a la nueva responsabilidad tiene recetas mejores. Le he de
decir que las recetas no las hemos visto y que, desde luego, la mejora no
se ha producido. (El señor Vicepresidente, Arqueros Orozco, ocupa la
Presidencia.)
En respuesta a una pregunta que hacía en el Senado nuestra portavoz
parlamentaria del Grupo Popular, doña Rosa Vindel, a finales de diciembre
de 1993 --y he cogido esta pregunta, pero hay muchísimas, porque hemos
hecho reiteradas preguntas en distintos aspectos, pero me ha parecido que
por la materia a que se refería y porque es una contestación por escrito,
resultaba bastante más elocuente--, sobre a qué reformas de leyes
vigentes se había referido la Subsecretaría del Ministerio en su
comparecencia en el Senado, le contestaba textualmente por escrito el
Ministerio: En el ámbito civil, se indicaba la conveniencia de abordar
definitivamente la reforma integral de la Ley de Enjuiciamiento Civil
apuntándose el principio de 1994. Estamos a finales de 1994, va a empezar
1995 y yo creo que esto no necesita muchas más lecturas, porque si ya
esas ideas estaban claras en 1993, si ya se consideraba que el momento
oportuno para poder presentar ese proyecto hubiera sido a principios de
1994, estoy en condiciones de decirle, sin faltar a la objetividad, que
han perdido ustedes un año al menos en esta iniciativa que en principio a
ustedes les corresponde.

También le quiero decir, como le dije al Ministro, que comoquiera que
ustedes no atienden esa iniciativa, nosotros actuaremos con los medios de
la oposición, que evidentemente son muchos menores porque, como usted
sabe, no disponemos de todos esos gabinetes de estudios que uno y otro
año nos traen ustedes en los presupuestos. Por cierto, le decía al
Ministro en el debate presupuestario que estoy seguro de que en el siglo
XIX los grandes codificadores necesitaron menos tiempo, menos gabinetes y
tuvieron una producción legislativa para aquel momento de mejor respuesta
a la sociedad española en la construcción de un sistema jurídico.

En diciembre de 1993, en otra respuesta, el Gobierno decía que en su gama
de actuaciones se había fijado como uno de sus objetivos la creación de
servicios de atención a las víctimas de los delitos, y que inicialmente
pretendía que estos servicios se pusieran en marcha en Madrid, Barcelona,
Zaragoza, en las grandes ciudades, y establecía también una prioridad
casi inmediata. De ese aspecto concreto yo no he tenido noticia. Supongo
que habrá quedado en algún cajón del Departamento, pendiente de que
lleguen mejores momentos para resolverlo.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor Padilla, vaya usted
concluyendo, por favor.




El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.

Yo le voy a decir que he notado en falta algo fundamental, porque es un
mandato legal; que nos dijera usted qué ideas tiene en relación con la
Ley de Planta y Demarcación Judicial que, como usted sabe, el mandato
implícito en la misma establecía una revisión cuyo plazo ha llegado y no
conocemos exactamente cuáles son sus criterios.

Quisiéramos saber también, si es posible, qué visión política tiene en
este momento la Secretaría de Estado de Justicia en relación con
eventuales transferencias de medios personales de funcionarios a las
comunidades autónomas. La posición de nuestro Grupo --para que quede
clara-- dentro del conjunto de la Constitución y del bloque de la
constitucionalidad está muy clara, porque el artículo 122 de la
Constitución remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, no solamente la
regulación del estatuto de los jueces y magistrados de carrera, sino
también del personal al servicio de la Administración de Justicia. Y le
hago notar, señora Secretaria de Estado, que ese requisito de ley
orgánica no lo contiene la Constitución para ningún cuerpo de



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funcionarios del Estado. De manera que al hablar del Poder Judicial, no
solamente se refiere el legislador constituyente a la carrera judicial
propiamente dicha, sino también a esos cuerpos. Además, contemplando
incluso los estatutos de autonomía y la regulación contenida en el Título
VIII de la Constitución, entendemos que debe merecer una especial
reflexión; reflexión que le agradeceríamos que, si usted está en
condiciones, nos la hiciera ahora.

Nos ha hablado usted de un proyecto de ley de asistencia letrada y de
turno de oficio. La Cámara, con una proposición no de ley acordada por
todos los grupos y en la que todos intervinimos, le había dado al
Gobierno un plazo que ha concluido ya prácticamente, señora Secretaria de
Estado, porque estamos ya a finales de diciembre y ese proyecto no ha
llegado aquí.

En cuanto a la jurisdicción contencioso-administrativa, si efectivamente
llega, yo le agradecería que nos dijera cómo van a completar las
previsiones, que ya no son de regulación procesal ni tan siquiera de
planta, de los que en algún momento ustedes desarrollarán, de los
juzgados de lo contencioso-administrativo, y qué previsiones tienen
--porque creo que ya tendrían que tener ustedes las ideas claras en eso--
para la cobertura, para la provisión de la titularidad de esos juzgados
de lo contecioso-administrativo, que son una necesidad insoslayable.

Como normalmente hay una tendencia a emplear terminologías
tranquilizadoras de la sociedad, usted nos ha hablado hoy con mucha
sensatez de los juzgados de paz de las grandes ciudades. Supongo que
usted se refiere a eso que hemos escuchado de los jueces de barrio. Pero
eso me convence de la suposición que yo tenía de que esos jueces de paz
iban a ser jueces legos. Yo quiero saber si esos jueces de barrio que
hemos oído se refieren a jueces legos que, en el ámbito de la justicia de
paz, van a resolver --lo he leído el otro día, no sé qué verdad podía
esconder esa noticia-- los pequeños litigios
contenciosos-administrativos. Yo quisiera que la señora Secretaria de
Estado nos hiciera alguna precisión.

Sólo quiero decirle dos cosas más para terminar.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Termine, señor Padilla, por
favor.




El señor PADILLA CARBALLADA: Termino, señor Presidente.

En la reestructuración de su Secretaría de Estado le pido una aclaración,
que es saber por qué la Dirección General de Asuntos Religiosos, que
después se llamó de Asuntos Religiosos y Objeciones de Conciencia, luego
la denominaron ustedes Gabinete, porque presupuestariamente no tenía
ninguna consecuencia y no sé qué alcance pueda tener.

Finalmente, en cuanto a la oficina judicial, en las mociones que presentó
un grupo al Pleno del Congreso la semana pasada había una apelación al
Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que ustedes, después de la
última reforma de la Ley Orgánica, han puesto todavía más dificultad en
la nueva regulación de la estructura de trabajo judicial y, naturalmente,
se van convidando nuevas personas e instituciones a la dirección compleja
de esa oficina. Por tanto, le rogaría que nos dijera quién va a
participar de verdad y cómo en el diseño de una estructura de trabajo
nueva de la justicia, y si tiene ya alguna idea clara al respecto.

Le agradezco mucho a la señora Secretaria de Estado su intervención, y le
agradeceré mucho más sus respuestas.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene el uso de la palabra la
señora Alemany, del Grupo Parlamentario Catalán.




La señora ALEMANY I ROCA: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado,
aunque sea por cortesía parlamentaria, porque aunque no hemos solicitado
su presencia, nos ha mostrado las líneas generales de su responsabilidad
al frente de esta Secretaría de Estado y sus prioridades, del mismo modo
que hace unas semanas también el señor Ministro nos hizo una amplia
exposición. De todo lo que usted ha expuesto, a mí me gustaría resaltar
unos puntos para ver si de alguna manera me puede dar una información más
precisa.

En primer lugar, la ley del jurado, que esta Cámara va a debatir en
Comisión, habiéndolo hecho ya en Ponencia. Nos gustaría saber cómo van a
materializar toda esa infraestructura necesaria para llevarla a cabo.

En cuanto a la objeción de conciencia, sabemos de los múltiples problemas
que están surgiendo y de la reorganización que precisamos de cara al
futuro. Cómo y de qué manera el Ministerio piensa resolver esta cuestión.

Un tercer punto es el relativo a la propuesta de la oficina judicial,
sobre la que el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha
expuesto también su preocupación.

En las mociones que se presentaron al informe del Consejo General del
Poder Judicial, en la sesión pasada, en mi intervención pregunté qué
iniciativa iba a tener el Ministerio, lógicamente teniendo en cuenta la
propuesta del Consejo General del Poder Judicial sobre esta oficina, para
poder desarrollar una oficina judicial de acuerdo con esta nueva
reestructuración que se está haciendo de la justicia para toda España.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene el uso de la palabra don
Diego López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Quiero dar gracias a la señora Secretaria de
Estado por su amabilidad al comparecer en esta Comisión y estar a
disposición de la misma para la celebración de esta comparecencia y las
preguntas subsiguientes.

Los anteriores intervinientes de otros grupos parlamentarios le han
planteado ya algunas cuestiones. Yo voy a ser muy breve y a solicitarle
simplemente alguna información complementaria al respecto de las que ha
señalado.

No cabe duda de que la Secretaría de Estado está desplegando una gran
actividad en cuanto a la preparación de proyectos de ley y que
prácticamente en todos los ámbitos hay la sensación, que los nuevos
responsables de la Secretaría de Estado seguro que han percibido, de que
había muchas



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cosas por hacer en el ámbito de la Justicia. Ha habido toda una serie de
años en los que no ha habido un auténtico gobierno de la Justicia en este
aspecto cuando le hubiera correspondido al Ministerio de Justicia tener
esa iniciativa. En estos momentos esa iniciativa ha pasado, en gran
medida, al Consejo General del Poder Judicial, a pesar de lo cual sigue
siendo necesario tomar muchas decisiones e iniciativas porque en el campo
de la Justicia --y esto tendrá que ser compartido por el Consejo y por el
Ministerio de Justicia e Interior-- está casi todo por hacer y la
Justicia es, sin duda, la columna vertebral de un Estado democrático.

En toda esta actividad muy significativa quizá sea éste un momento de
prioridades, lo que políticamente puede ser lo más importante, porque
podemos hacer que los árboles no nos dejen ver el bosque y que haya una
enorme cantidad de iniciativas o de proyectos que, sin embargo, no se
sitúen en el orden de prioridades adecuado, que es lo que importa, ya que
no tenemos todo el tiempo del mundo. Aparte de que esta legislatura
constantemente está en precario en cuanto a su terminación y las noticias
de ayer mismo y de hoy vuelven a ponerlo de manifiesto.

Para empezar, quiero señalar algunos aspectos que no ha mencionado. Yo he
echado de menos una mención un poco más precisa sobre el gran desconocido
de la Justicia española, que el el Ministerio Fiscal. Se ha hablado de la
Fiscalía anticorrupción, que va a ser uno de los proyectos que hoy
dictame esta Comisión y, sin embargo, no sabemos exactamente cuál es el
diseño que el Gobierno piensa para el Ministerio Fiscal en el futuro.

También he echado de menos el asunto de la policía judicial. La semana
anterior, el jueves, el Pleno del Congreso de los Diputados examinó una
serie de propuestas de resolución presentadas por el Grupo Vasco y por
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, entre las cuales una proponía
el envío por el Gobierno de un proyecto de ley sobre Policía Judicial en
un plazo determinado. El interviniente en representación del Grupo
Socialista señaló que este proyecto está en estudio por parte del
Gobierno y que, por tanto, no era necesario aprobar esa resolución,
puesto que era algo que está en la agenda del Ministerio de Justicia e
Interior.

No se ha referido usted a ello y nos gustaría saber cuáles son los
propósitos respecto de esta vieja reivindicación de la Policía Judicial,
a partir de la cual muchísimas otras cuestiones, relativas al
procedimiento penal fundamentalmente, podrían solucionarse. Esta misma
tarde, en el Pleno, va a someterse a la toma en consideración una
proposición de ley sobre la asistencia del secretario a los registros.

Seguramente ese planteamiento podría tener una resolución si existiese
una Policía Judicial dependiente directamente de jueces y magistrados.

Este es uno de los medios fundamentales de los que se precisan por parte
de jueces y magistrados y quizá también en el futuro --depende del diseño
del Ministerio Fiscal, pero ya se apunta algo en el proyecto de ley del
jurado-- del Ministerio Fiscal.

En los aspectos de gestión, se ha referido al desarrollo de la
informática judicial. Este es un asunto de extremada importancia ya que,
aunque en el ámbito de la Justicia nos gusta hablar en el Parlamento más
de las grandes leyes que se consideran cuestiones de Estado, no nos
parece tan atractivo referirnos a asuntos de gestión diaria, que son los
que afectan verdaderamente al ciudadano normal y corriente, donde este
tema de la informática --digo-- nos parece crucial y, sin embargo, no ha
sido bien llevado hasta este momento. No ha sido bien llevado porque
conocemos de la existencia de ordenadores que proliferan en los juzgados
españoles, pero que en la práctica están infrautilizados y no hay un
diseño adecuado y global de los programas informáticos para que esto
tenga una eficacia y una rentabilidad expansiva en todo el ámbito de los
juzgados y tribunales.

Se ha referido usted a ello. A mí me gustaría una mayor precisión, puesto
que en el tema de la informática ha habido iniciativas --cada año una
diferente-- y lo que ha habido es una proliferación de ordenadores y
programas distintos que no se entienden entre sí y que hacen inútil ese
gasto. En la era tecnológica en la que estamos no tiene sentido que no
sea utilizado hasta sus últimas consecuencias y no se saque el máximo
rendimiento por parte de la Justicia.

En cuanto a abogados y procuradores, ha hablado de un real decreto que
está próximo a aprobarse sobre el turno de oficio. Sabe usted que éste es
un tema que nos preocupa extraordinariamente. También se ha referido a la
pronta llegada a esta Cámara del proyecto de ley de justicia gratuita,
consecuencia de la moción aprobada por unanimidad en esta Cámara, moción
en la que, como sabe también, el compromiso que se le exigía al Gobierno
era el de enviar el proyecto de ley a la Cámara antes de la terminación
de este período de sesiones, pero no va a poder ser así. La verdad es que
a mí no me preocupa excesivamente que en vez de llegar el 30 de diciembre
llegue el 15 o el 20 de enero, pero sí me preocuparía que se fuese mucho
más allá porque éste es un proyecto de ley de extremada urgencia. Por
ello le agradecería que precisase algo más cuál es exactamente el
calendario previsto para este importantísimo proyecto de ley, que es
consecuencia de una iniciativa parlamentaria y que, por tanto, le
interesa mucho conocer a esta Cámara.

Se ha referido asimismo a la previsible modificación de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, citando dos aspectos: justicia de paz en grandes
ciudades y oficina judicial. En cuanto a la justicia de paz en grandes
ciudades, precisamente hace unos días fue rechazada la propuesta de
resolución de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya sobre la creación
de juzgados de barrio sobre la base de que se iba a desarrollar por parte
del Gobierno; sin embargo, hay una cierta imprecisión, o al menos no
sabemos bien a qué se refiere cuando habla de justicia de paz en grandes
ciudades, ya que la justicia de paz que en estos momentos está
funcionando, no en grandes ciudades precisamente, se hace sobre la base
de jueces legos, con unas enormes dificultades de funcionamiento. Desde
nuestro punto de vista, los jueces de barrio, o como se les quiera
llamar, no deben nacer capitidisminuidos, sino con una importante
competencia que realmente aporte a la Administración de Justicia una
descarga de su trabajo y que constituya el primer escalón



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de la carrera judicial, al estilo de lo que sucede en todos los países de
nuestro entorno puesto que no tenemos que inventar nada a este respecto.

Sin embargo, tengo la sensación de que no se le quiere dar esa amplitud
por parte del Gobierno.

Con respecto al asunto de la oficina judicial, me alegro también de que
sea ése uno de los objetivos. Como usted sabrá, la semana pasada se
aprobó unánimemente en la Cámara instar al Consejo General del Poder
Judicial para que haga un diseño de la oficina judicial, e incluso inicie
una experiencia piloto, y nos gustaría saber cuál es el grado de
engranaje que en estos momentos existe entre el Ministerio y el Consejo
General del Poder Judicial para impulsar decididamente esta cuestión de
la oficina judicial, en donde, seguramente, está una de las claves de la
reforma profunda que exige el servicio público de la justicia y en donde
aparecen involucrados aspectos tan importantes como el estatuto de los
funcionarios de la Administración de Justicia o el papel que puede
representar el secretario judicial, etcétera. (El señor Presidente ocupa
la Presidencia.)
Quería aludir también al desafío del año próximo como consecuencia de la
Presidencia española de la Unión Europea y lo que esto tiene que ver con
los temas de justicia. Se ha referido usted a ello. Sin embargo, el texto
a aplicar de forma más inmediata y que, desde nuestro punto de vista, en
muchos aspectos afecta negativamente a la justicia y a los derechos
fundamentales en Europa es la aplicación del Tratado de Schengen, que ha
sufrido muchas dificultades para su puesta en práctica. Me gustaría saber
cuál es la situación, en estos momentos, de la aplicación y desarrollo
del Tratado de Schengen, cuál es la posición española a ese respecto, qué
se está haciendo, así como también nos gustaría que nos avanzase algunas
ideas, si es que existen todavía, y cuáles son los planes del Ministerio
en cuanto a esa idea tan atractiva que ha mencionado del estatuto de la
ciudadanía europea, que creemos que debería ser objeto de debate en esta
Cámara y de lo que tendría que ocuparse esta Comisión en un futuro, ya
que nos parece un tema de extremada importancia que tiene mucho que ver
con la justicia entendida en términos muy amplios.

Por último, quería recordar algo que creo que usted ha mencionado de
pasada y es que el año 1995 es el año europeo contra el racismo. Teniendo
en cuenta que en Europa existe una gran problemática a este respecto, que
se suele vincular al fenómeno de la inmigración, nos gustaría saber cómo
se enfoca ese año europeo contra el racismo desde el Ministerio de
Justicia y qué iniciativas se van a tomar, puesto que creemos que es el
momento de tomar importantes iniciativas a ese respecto, sobre todo
teniendo en cuenta que España va a presidir la Unión Europea en el
segundo semestre de 1995.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Pérez Mariño.




El señor PEREZ MARIÑO: Escuchando la intervención del representante del
Partido Popular, que solicitó en su momento esta comparecencia, no
entendí muy bien cuál era la razón de la misma puesto que en los últimos
tiempos, inmediatos además, se han producido dos comparecencias sobre
este mismo tema: la relativa a los Presupuestos Generales del Estado
correspondientes al Ministerio de Justicia, en la que este último puso de
manifiesto dónde iba a invertir sus bienes, las infraestructuras,
etcétera, y, por otra parte, la que realizó el Ministro de Justicia hace
muy escasas fechas que, como no podía ser menos, ha ratificado, no en sus
detalles pero sí en su contenido, la señora Secretaria de Estado. En
definitiva, tendríamos que dar por reproducidos los mismos argumentos,
como, de hecho, aunque quizá con otras palabras, han manifestado el resto
de los grupos que han intervenido. De todas formas, al hilo de las
intervenciones, me voy a permitir hacer alguna pequeñísima observación.

Ciertamente, en el parlamentarismo mundial suelen establecerse unos
períodos de vacación amplios, a veces no bien entendidos, con una
finalidad fundamental, que es permitir que el Gobierno gobierne, que
escape durante un tiempo al control de los grupos parlamentarios y que
pueda llevar a cabo lo que son sus políticas, lo que son sus objetivos
legislativos y de toda índole. Yo me imagino que en estos momentos es
difícil, desde un Ministerio, poder llevar a cabo casi ninguna
iniciativa, porque los grupos parlamentarios que aquí intervienen dicen:
A propósito, señora Secretaria de Estado, ¿no piensa usted que valdría la
pena hacer una ley...? Y cada uno se saca su ley. Yo esta mañana he oído
que le decían: No ha dicho usted nada de la política judicial, ni de la
justicia gratuita, ni de la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial, ni de los jueces de barrio... Yo ya no sé si somos conscientes
de lo que ha mandado este Ministerio a la Cámara y lo que ha anunciado
que va a enviar. Si se hace un nuevo Código Penal, la ley del jurado, la
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa (que han anunciado que va a
llegar de forma inminente) y la ley de enjuiciamiento civil, ¿no debíamos
de pararnos ya en este momento y decir que el Ministerio no mande ninguna
cosa más? Porque si realmente a todos nos preocupan, como así es, los
problemas de la justicia, con que se aprobase en una legislatura, ya no
digo las cinco leyes que he enumerado, sino una sola de esas grandes
leyes por legislatura, de aquí a 20 años habíamos arreglado prácticamente
la justicia española. Indudablemente, todo lo que se nos vaya ocurriendo
se puede hacer, pero podríamos llegar al infinito.

Yo confío en que el Ministerio de Justicia no quiera mandarnos tantos
proyectos, porque, si no los manda, no podremos resolverlos, como saben
muy bien los dignos representantes de los otros grupos parlamentarios,
puesto que no tenemos ni capacidad ni tiempo para poder entrar en la
discusión de esos proyectos. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar la discusión
del Código Penal? Hemos pedido retrasos de plazo, los ha pedido el
representante del Partido Popular hace menos de una semana porque no le
da tiempo a preparar las nobles enmiendas que pueda presentar a ese
proyecto; no le da tiempo ni a prepararlas. Por si acaso, que el
Ministerio nos mande de todo un poco más, sin saber efectivamente ni qué
es el todo, ni el poco más. Pues



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yo, señora Secretaria de Estado, le voy a pedir que no nos mande más
proyectos; mándenos el proyecto de la ley reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa lo antes posible, como decíamos al Ministro el
día pasado, y gobiernen ustedes lo que crean conveniente, que para eso
tienen ustedes la responsabilidad.

El señor Padilla dice que han suspendido siempre, desde el año 1982, y
que ahora va a ser el suspenso final porque es el de las urnas. Pues
hasta ahora, en las urnas, ese tribunal al que usted se refiere, ha
aprobado con unas importantes notas, como usted sabe. A lo mejor mañana
es otra cosa. Es posible, porque eso es lo que tienen de bueno los
sistemas electorales y la democracia: que todo puede cambiar en cualquier
momento, las expectativas y las realidades, todo se puede cambiar. De
momento, como el que tiene que gobernar es este Gobierno, que no nos
manden muchas más normas, y que las que nos manden seamos capaces de
llevarlas a cabo.

Repitiendo lo que dije el día de la comparecencia del señor Ministro,
nosotros creemos que ningún Gobierno, ningún Ministerio, hace las cosas
perfectas, pero, en concreto, este Ministerio de Justicia e Interior,
pero sobre todo de Justicia, que es al que pertenece la señora Secretaria
de Estado, nosotros creemos que tiene un más que aceptable desarrollo en
el año y medio que lleva. Porque en el año y medio que hace que existe,
además de lo que ha hecho, ha planteado lo que nosotros creemos que son
los verdaderos problemas de la justicia: Código Penal, Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Ley de Enjuiciamiento Civil.

Todos los señores Diputados son perfectamente conscientes de lo que
significa que, por primera vez, se plantee la reforma total de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y lo dificultoso que es llevar a cabo la redacción
de un proyecto de estas características. Porque hay muy pocas personas
capacitadas, es muy fácil reformar un artículo de una ley, de un código,
pero es muy complejo hacer un diseño global de lo que es toda la
jurisdicción civil. Podemos instar, y el otro día el representante de
Izquierda Unida, a raíz de las resoluciones sobre la comparecencia
relativa a la Memoria del año judicial que había hecho el Presidente del
Consejo General del Poder Judicial, presentaba una serie de propuestas.

Nosotros decíamos en este punto la semana pasada en el Pleno que no es
que estuviéramos en desacuerdo con muchas de ellas, sino al contrario,
estábamos más que de acuerdo, pero lo estábamos porque el Ministerio ya
las había anunciado. En ese sentido, nos parecía que no se nos podía
instar, ni pedir, ni exigir, porque incluso había unos calendarios hechos
por el señor Ministro de Justicia e Interior sobre cuándo debían de
llegar a la Cámara.

En definitiva, nosotros creemos que lo hecho no es un mal resultado, que
es más sobresaliente lo que queda por hacer anunciado y previsto y que,
como terminaba en la intervención con el señor Ministro, la pelota está
de nuestro lado y la responsabilidad está en el lado del Parlamento. Si
somos capaces de dar unas respuestas rápidas a los proyectos enviados
lograremos que el Ministerio haya hecho una excelente labor, y si en el
Parlamento no somos capaces de sacar adelante todos estos proyectos,
probablemente arrastraremos con nuestra ineficacia la labor del
Ministerio.




El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Justicia tiene la
palabra.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Voy a tratar de dar respuesta a todas y cada una de las preguntas que han
tenido a bien formularme sus señorías. Si hay alguna que se me queda en
el tintero, agradeceré que me lo digan, aunque he procurado tomar nota de
cuantos temas me han planteado.

Inicialmente y en respuesta a los planteamientos realizados por el
Diputado del Grupo Popular, señor Padilla, he de manifestarle que usted
dice que ha notado en mi intervención determinadas diferencias en cuanto
a la exposición de las prioridades del Ministerio de Justicia e Interior,
la Secretaría de Estado de Justicia, en relación con las que formuló días
atrás el Ministro. Es posible que uno u otro hayamos insistido en alguno
de los temas. Yo traté de leerme la comparecencia del Ministro y he
procurado subrayar algunos de los aspectos que precisamente el Ministro
no puso de manifiesto para completar la información. Puede usted suponer
que las prioridades que ha establecido el Ministro son las mismas
prioridades que tiene la Secretaría de Estado de Justicia.

Es evidente que el Gobierno, el Ministerio de Justicia e Interior y la
Secretaría de Estado de Justicia no estamos satisfechos, ni podemos hacer
una declaración de autocomplacencia en el funcionamiento de la
Administración de Justicia. Eso es cierto. Yo creo que ésa es la primera
afirmación. Si fuese de otra manera también lo diría, lo que no significa
que en estos años de atrás no se hayan hecho muchas cosas. Quien conozca
la Administración de Justicia de este país podrá concluir que la
Administración de Justicia de hoy no es la misma que la que había en
1981, en 1980, en 1979, o en 1975; no lo es. La Administración de
Justicia ha crecido mucho, la Administración de Justicia se ha adaptado a
la Constitución, en la Administración de Justicia se han desarrollado un
montón de leyes de garantías y protección de derechos fundamentales en
todo este período, se han hecho muchas cosas. ¿Suficiente? No, no es
suficiente. Es insuficiente y todavía hay que seguir haciendo cosas
porque nuestro objetivo, nuestra obligación y nuestra responsabilidad es
diseñar una Administración de Justicia que sea capaz de dar una respuesta
al ciudadano, esa respuesta que el ciudadano tiene legítimo derecho a
exigirnos puesto que, como ustedes decían, es evidente que el
funcionamiento de la justicia es el pilar esencial del Estado social y
democrático de Derecho.

Hay muchas cosas que hacer y yo creo que las estamos haciendo. Es
evidente que algunas de las cosas que hay que hacer son reformas
estructurales y que, por consiguiente, el rendimiento o el beneficio de
esas reformas estructurales no las va a percibir el ciudadano únicamente
a medio plazo. Hay un diagnóstico común, señoría, y creo que todos
ustedes están de acuerdo. El Grupo Parlamentario ha planteado, no ahora
sino en muchísimas otras ocasiones,



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la necesidad de esas reformas estructurales que son las que afectan a las
leyes procesales. Junto con esas reformas procesales, la orgánica, porque
no se pueden concebir de forma independiente. Las reformas procesales, en
la medida en que instauran un determinado modelo, llevan consigo reformas
orgánicas. Pues bien, es cierto que esas reformas se están haciendo y se
van a hacer. Es posible que hace un año, en la primera comparecencia del
Ministro de Justicia e Interior, pusiera de manifiesto, en octubre de
1993, que en enero de 1994 estarían elaboradas las leyes procesales. Es
posible que fuera un cálculo no excesivamente preciso. Desde el primer
momento se ha estado trabajando intensamente en ello. Lo que sí le puedo
decir, señoría, como le he indicado inicialmente, es que esas leyes
procesales se van a presentar ante esta Cámara. Ese es uno de los temas
prioritarios de la Secretaría de Estado de Justicia, porque considero que
es fundamental para que la justicia funcione mejor en nuestro país.

Es evidente que tampoco es suficiente con eso, y que junto a la mejora de
las estructuras desde el punto de vista legislativo es necesario mejorar
la gestión, es necesario dotar de más medios a la justicia. Es cierto que
en los últimos años se ha dotado de muchos medios a la justicia, que en
los dos últimos años han quedado congelados por la crisis económica y por
la restricción de los Presupuestos Generales del Estado, y esperamos que
en los próximos años esos presupuestos se amplíen para recuperar el ritmo
que se llevaba en los años anteriores porque es importante.

También es cierto que todos los problemas de la justicia ni se solucionan
con las leyes, ni se solucionan con los medios, sino que se solucionan
con un conjunto de medidas de todo tipo y con una acción coordinada de
todas las instituciones, jueces, magistrados, fiscales, instituciones
responsables del gobierno del Poder Judicial y, desde luego, Gobierno.

Con esto no quiero decir que el Gobierno vaya a eludir sus iniciativas.

Como decía el Diputado señor Mariño, si somos capaces, y lo vamos a
intentar, de remitir a esta Cámara todo el programa legislativo que hemos
anunciado, ni Alonso Martínez. Si mandamos Código Penal, que ya está; Ley
del Jurado, señoría, que ya está; y algunas leyes que les voy a mencionar
ahora que se me han olvidado anteriormente, como la ley penal juvenil,
que también va a estar en esta Cámara, más las reformas procesales de lo
contencioso-administrativo, de lo civil y parte de lo procesal, más una
reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ya hemos hecho, más
aquellas otras que a lo mejor no nos parecen prioritarias pero que es
desarrollo legislativo en cumplimiento de directivas que el Gobierno
tiene obligación porque, además, tiene la amenaza lógica de la Comisión
de las Comunidades Europeas de establecer un procedimiento sancionador
(viajes combinados, multipropiedad, etcétera) que tenemos obligación de
desarrollar, todo ello es un esfuerzo de iniciativas legislativas que se
va a tener que compensar con el esfuerzo que también están haciendo SS.

SS. en esta Cámara.

Vamos a intentar no remitir más leyes de las que hemos dicho, y
enviaremos éstas que hemos creído que son prioritarias y aquellas otras a
las que estamos obligados por compromisos internacionales, es decir, por
la fecha de transposición de determinadas directivas comunitarias.

Otro de los temas al que ha aludido el señor Padilla es el servicio de
atención a las víctimas, era una de las cuestiones anunciadas en esta
Cámara como prioritaria. Es verdad que no lo he mencionado en mi
intervención inicial. Tengo que decirle que algunos de los servicios de
asistencia a las víctimas ya se están instalando en determinadas
provincias o decanatos al servicio de la Administración de Justicia. El
Gobierno va a aprobar y a remitir a esta Cámara, como ya ha anunciado en
algunas ocasiones, una ley de protección a las víctimas por delitos
violentos, que va a contemplar no sólo aquellos aspectos de solidaridad
para cubrir las situaciones económicas en las que puedan quedar
determinadas víctimas que hayan sufrido cierto tipo de delitos
internacionales o dolosos, sino también el establecimiento, con carácter
general, de una infraestructura a nivel estatal de apoyo y asistencia a
las víctimas, porque creemos que ese apoyo y asistencia a las víctimas no
se debe limitar única y exclusivamente al campo económico. En muchas
ocasiones, las víctimas necesitan de un apoyo, de una tutela, de una
asistencia, que no es exclusivamente económica. Ese es un anteproyecto de
ley que, en cumplimiento del compromiso que adquirimos en su día, será
remitido a esta Cámara.

No he hablado --también es cierto-- de la ley de planta y demarcación. Ya
estamos trabajando, en colaboración con el Consejo General del Poder
Judicial, desde hace más de un mes, para fijar cuáles son los criterios y
los objetivos prioritarios de esta revisión. El proyecto va a ser
remitido, evidentemente, a esta Cámara. Yo espero enviar el proyecto de
ley al Consejo a finales de año y que a principios del próximo pueda ser
remitido a esta Cámara, si bien está pendiente de adoptar una decisión,
en colaboración con el Consejo, sobre si en ese proyecto de ley se va a
proceder a una revisión completa, tal y como establecía la propia Ley, de
toda la planta y demarcación o si, en el momento actual, se va a proceder
exclusivamente --ése sería, en principio, el criterio del Ministerio de
Justicia e Interior-- a una revisión parcial de la planta y demarcación
que afecte solamente a aquellos supuestos no controvertidos en estos
momentos y que no deben ser afectados por las reformas procesales. No
tendría mucho sentido que en estos momentos hiciésemos una revisión
completa de la planta y demarcación cuando la misma, en algunos aspectos,
pudiera ponerse en cuestión por el diseño definitivo de las reformas
procesales. No obstante, nosotros remitiremos a esta Cámara esa revisión
y, con independencia de la postura que adopte el Gobierno, que en
principio es la de hacer una revisión limitada, SS. SS. decidirán sobre
la amplitud de esa revisión.

Me preguntaba también el señor Padilla cuál es el criterio del Ministerio
de Justicia e Interior en lo que se refiere a las transferencias de
medios personales. El que ha fijado el Tribunal Constitucional. Como
usted sabe, el Tribunal Constitucional ya ha opinado sobre las
transferencias personales a la Administración de Justicia. Dentro de ese
ámbito constitucional y de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder
Judicial, el Ministerio de Justicia e Interior está



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estudiando la transferencia de gestión --estamos hablando de
transferencia de gestión-- de medios personales de la Administración de
Justicia a las comunidades autónomas. Yo le he anunciado que a lo largo
de 1995, que es el año en que vamos a hacer estos estudios, se dará
cumplida cuenta a esta Cámara para que, con detalle --detalle que en
estos momentos no le puedo facilitar--, se pueda conocer cuál es el
desarrollo de esos criterios de transferencia en materia de medios
personales. Pero, repito, que esos criterios son los que están enmarcados
en el ámbito del diseño constitucional, de los estatutos de autonomía y
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Puede estar tranquilo, señor
Padilla, que no nos vamos a salir de ese marco, en absoluto. El
Ministerio de Justicia e Interior no tiene ningún interés en cambiar ese
marco, ni siquiera en cambiar el modelo que está establecido en la Ley
Orgánica, que por cierto he de decir que en la última reforma no se ha
cambiado en absoluto, pese a que algunos estén muy interesados en decir
que lo hemos cambiado.

Respecto a los juzgados de lo contencioso-administrativo, me pregunta
usted --me sorprende que me pregunte esto-- cómo vamos a proveer a los
titulares. Habrá que preguntarle al Consejo del Poder Judicial cómo se va
a proceder a esa provisión. Yo le puedo decir los mecanismos que en estos
momentos existen ya en la ley para poder atender a la provisión de los
jueces de lo contencioso-administrativo. Como usted sabe, en la última
reforma se han introducido mecanismos nuevos que completan los
existentes. Se podrán cubrir estas plazas: primero, por especialistas,
convocando las plazas correspondientes y aumentando el nivel de
convocatoria en esas plazas para cubrir, en su caso, el número global de
juzgados de lo contencioso que hay que poner en funcionamiento. En
segundo lugar, se establece también la posibilidad de que por el Consejo
General del Poder Judicial se establezca ya no un sistema de
especialización, sino un sistema de selección con arreglo a unos
criterios de formación específica en materia de
contencioso-administrativo por el que puedan cubrirse esas plazas.

Finalmente, se establece un tercer sistema y es que, en el supuesto de
que las plazas previstas no puedan ser cubiertas por estos dos turnos
anteriores que acabo de indicar y opere el turno de antigüedad, el
Consejo General del Poder Judicial podrá exigir en la propia convocatoria
el establecimiento, con carácter obligatorio, de la realización de unas
pruebas de formación para los magistrados que accedan a estos órganos
jurisdiccionales. Estos son los sistemas que hoy prevé la ley que,
evidentemente, espero que el Consejo General del Poder Judicial
desarrolle en los reglamentos que, en virtud de las nuevas atribuciones
que le ha otorgado la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, tiene
obligación y ya ha anunciado que va a realizar.

Hacía usted alusión a los juzgados de paz de barrio. Es una pregunta que
también ha formulado el Diputado Diego López Garrido, por lo que ya
contesto simultáneamente a los dos. Es verdad que han aparecido en medios
de comunicación muchas manifestaciones, que, desde luego, no ha hecho el
Ministerio de Justicia e Interior --por lo menos, yo no controlo haberlas
hecho--, sobre cuáles van a ser las competencias de esos juzgados. Se
están estudiando y, por tanto, me parecería un ejercicio de cierta
imprudencia el poner de manifiesto en estos momentos cosas que todavía
están en trámite de estudio. La finalidad de estos juzgados es
precisamente contribuir a la inmediación y a la solución a los ciudadanos
de las grandes ciudades de los problemas que tienen planteados. Partimos
de la concepción de jueces de paz, en principio --digo en principio
porque estamos todavía en la fase de estudio--, de jueces no
profesionales que aborden lo más posible, en el marco constitucional y en
el marco de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para solucionar los
problemas de los ciudadanos en estos temas. Repito que todavía no estamos
en condiciones de poder hacer aquí un catálogo de cuáles van a ser las
competencias de estos jueces, pero tengan SS. SS. la absoluta seguridad
de que en el momento en que lo tengamos, con mucho gusto, yo estaré
dispuesta a venir a esta Cámara a explicar con mayor detalle cuáles van a
ser las competencias de estos juzgados de barrio en las grandes ciudades,
que en principio se enmarcan dentro del funcionamiento de la justicia de
paz, que es uno de los temas pendientes porque no ha funcionado
satisfactoriamente, ni siquiera en las zonas rurales en muchas ocasiones,
y ha habido quejas, yo creo que a veces justificadas, de que los juzgados
de paz han sido los grandes olvidados de la Administración de Justicia.

Este es un tema que hay que retomar y tenemos que establecer mecanismos
para que los ciudadanos tengan la resolución de los conflictos que les
afectan a su vida cotidiana de una manera más próxima, más eficaz y con
mayores garantías de esa tutela judicial efectiva.

El señor Padilla me decía que no había entendido muy bien por qué, en la
reestructuración de la Secretaría de Estado, a la antigua Dirección de
Asuntos Religiosos ahora se le daba la denominación de Gabinete. Lo que
se ha hecho --creo que está establecido en el propio Decreto-- es que esa
Dirección General, hoy Gabinete, tenía como objetivo principal el
establecimiento de las garantías de un derecho fundamental, como es el
derecho a la libertad religiosa y había una reivindicación, yo creo que
histórica, de las distintas confesiones religiosas de elevarla de rango,
que fuese la propia Secretaría de Estado la que asumiese más directamente
estas funciones, por lo que en la reestructuración se le ha denominado
Gabinete de apoyo a la Secretaría de Estado, en la medida en que la
Secretaría de Estado asume más directamente las funciones referentes al
desarrollo del ejercicio de este derecho constitucional.

Finalmente, el señor Padilla se refería a la oficina judicial, tema al
que creo que han aludido todos los grupos. Tengo conocimiento de que esta
Cámara ha aprobado una moción para que el Consejo General del Poder
Judicial presente, en un plazo determinado, un estudio sobre el
funcionamiento de la oficina judicial y que incluso realice una
experiencia piloto. Yo estoy muy satisfecha de que esa moción se haya
presentado. Como ustedes saben (el señor Padilla lo conoce bien porque
cuando estábamos en el Consejo cuando tratamos de la necesidad de llevar
a cabo alguna experiencia piloto), aquello no se concretó demasiado bien
y creo que es importante que, por parte del Consejo General del Poder
Judicial y en virtud de las competencias que le hemos otorgado para el
mejor funcionamiento



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de la Administración de Justicia, se lleven a cabo esos estudios. Por
supuesto, el Ministerio de Justicia e Interior y la Secretaría de Estado
de Justicia van a estar absolutamente a disposición del Consejo para
realizar conjuntamente los trabajos que el Consejo quiera dirigir en esta
materia.

¿Cómo se va a articular la oficina judicial? En la reforma de la oficina
judicial yo creo que hay temas de todos los tipos. Hay algunos que son de
reforma de ley orgánica que habrá que llevar a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, y los que no sean de ley de orgánica, sino de ley ordinaria, de
reglamento o de acción de gobierno, habrá que ir adaptándolos
conjuntamente. Hemos reclamado la reforma de la oficina judicial y todos
estamos de acuerdo en el diagnóstico de que no funciona como debe, por lo
tanto, el modelo actual no es satisfactorio.

No podemos hablar de una oficina judicial. Va a haber varios modelos
porque no es igual la oficina judicial de los juzgados concentrados en
las grandes ciudades que la oficina judicial de órganos que están en las
zonas rurales, como tampoco es igual la oficina judicial de un órgano
colegiado que la oficina judicial de órganos unipersonales. En el
Ministerio de Justicia e Interior estamos trabajando ya en esta variedad
de diseños. Hemos tenido reuniones con los representantes de los
sindicatos para estudiar las mejoras y la modificación del Estatuto del
personal al servicio de la Administración de Justicia que, de alguna
manera, va a llevar aparejada la reforma de la oficina judicial. Es un
tema prioritario.

Cuando he señalado la necesidad de abordar una reforma global de la Ley
Orgánica del Poder Judicial he dicho que ahí priorizábamos algunos temas,
en la medida en que es posible que en esta legislatura, y habida cuenta
del bloque de iniciativas que el Ministerio de Justicia e Interior ya ha
expuesto a esta Cámara, a lo mejor hay que ir a una reforma urgente y
parcial en la medida en que todos estamos de acuerdo en que haya temas
que estén avanzados, como el de la oficina judicial y sea conveniente
adelantar su reforma para que los mecanismos de la oficina judicial
empiecen a funcionar con antelación.

Me preguntaba la Diputada, señora Alemany, por el jurado: cómo vamos a
materializar la infraestructura para llevar a cabo los juicios por jurado
cuando la ley esté aprobada. Como sabe S. S., en el presupuesto de la
Secretaría de Estado de Justicia existen previsiones para llevar a cabo
la readaptación de las infraestructuras en todas las audiencias
provinciales para que el jurado, inicialmente --son nuestras
previsiones--, empiece a funcionar en 1995, en los dos últimos meses.

Dentro de la Dirección General de Infraestructuras de la Justicia hay un
equipo de trabajo que ya ha hecho una revisión de todas las
modificaciones estructurales que hay que llevar a cabo en los edificios
de todas las audiencias. Espero poder dar cuenta a esta Cámara en el
primer semestre del año que viene, de que la mayoría de esas
readaptaciones se ha realizado. La Secretaría de Estado de Justicia va a
poner todo lo que esté en sus manos para que cuando SS. SS. aprueben la
ley del jurado, con el plazo de «vacatio legis» que ésta prevé, a final
de año puedan celebrarse los juicios por jurados y tengamos la
infraestructura preparada. Repito que los estudios de lo que hay que
hacer en cada local ya están determinados y que lo que hace falta es que,
con arreglo al presupuesto del año 1995, el grupo de arquitectos y
aparejadores lleven a cabo esas reformas.

Otro tema que era del interés de S. S. era el de la objeción de
conciencia: qué es lo que estamos haciendo para tratar de garantizar el
ejercicio del derecho constitucional de los jóvenes a objetar el servicio
militar. Como sabe S.S., se aprobó un plan del Gobierno en el mes de
marzo del presente año. Lo que estamos haciendo desde la Secretaría de
Estado de Justicia, en la Dirección General de Objeción de Conciencia, es
cumplirlo estrictamente. Dicho plan preveía diversas acciones. Por una
parte, había unas acciones de infraestructura porque no existían
instrumentos suficientes dentro de la propia Dirección General para poder
gestionar el crecimiento que se había producido en la objeción. Le puedo
decir que en lo que se refiere a ese aspecto de desarrollo estructural,
en gran parte ya está hecho. En cuanto a la instalación de la Dirección
General, ya hay previsiones de que se traslade a principios de año a un
nuevo edificio que se ha arrendado. Las aplicaciones informáticas las
vamos a poner en funcionamiento también a principio del próximo año, y
las dotaciones de infraestructura de personal para la gestión de esa
prestación están a punto de cubrirse muchas de las plazas previstas, el
80 por ciento. Eso desde un punto de vista de infraestructura o
administrativo, que era fundamental para conseguir, a su vez, los
objetivos que en estos momentos nos hemos marcado, que son incrementar,
hasta el punto de llegar a un tiempo real, el reconocimiento del derecho
a la objeción. En ese sentido, la actuación del Consejo está siendo muy
satisfactoria y a finales de este año estamos en un tiempo real de
reconocimientos. Ahora mismo ya no existe prácticamente atraso en el
reconocimiento de la prestación. Ese es un primer objetivo que sí ha
avanzado.

Hay un segundo objetivo importante que se refiere a los llamamientos.

Para 1994 se preveían llamamientos de 35.000 objetores que ya están
realizados. Además de esos 35.000, vamos reduciendo también la bolsa que
teníamos de atraso, combinando unos y otros, para llegar al momento en el
que se regularice la situación, aunque todavía falta un poco de tiempo.

Un año para poder evaluar las previsiones del plan del Gobierno era un
plazo insuficiente en función, a su vez, de la tendencia exponencial que
se viene produciendo en los últimos tiempos en objeción.

El tercer objetivo sería la creación de plazas. En estos momentos hemos
hecho un esfuerzo muy grande en aumentar el número de plazas disponibles,
aunque todavía no es suficiente. Tenemos 49.000 plazas disponibles y
prevemos 50.000 en el plan de objeción. Desde esa perspectiva, se está
haciendo un esfuerzo muy grande con el que tratamos de establecer
mecanismos, que están funcionando bastante bien, de colaboración y de
concienciación de todas las instituciones (comunidades autónomas,
ayuntamientos), así como de organizaciones fundamentalmente no
gubernamentales. En estos momentos se han suscrito alrededor de 7.000
convenios con entidades. Estas son las actuaciones habidas hasta el
momento.




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Lo que sí le puedo decir, señoría, es que éste es un tema prioritario
para la Secretaría de Estado de Justicia. No descansaremos los
responsables hasta que no podamos afirmar que hemos acortado el tiempo.

Ese es el tema que en estos momentos presenta mayores dificultades entre
el llamamiento y la incorporación; dificultades que, como no se le
ocultará, derivan del aumento de la objeción producido en los últimos
tiempos --es una tendencia que ahora ya está estabilizada, pero que se
produjo en los últimos tiempos--, así como de la inexistencia de plazas
en su momento. Las plazas son insuficientes todavía y tenemos que seguir
haciendo un esfuerzo en la creación de plazas para que esos tiempos se
puedan reducir, como es nuestro objetivo.

Paso a contestar las preguntas formuladas por el Diputado, señor López
Garrido. Decía S. S. que había notado en mi intervención una carencia de
alusión al Ministerio Fiscal. Tiene razón. No sé si lo he dicho de
pasada, pero no me he detenido en un tema que es relevante también para
la Secretaría de Estado de Justicia. ¿Cuáles son las prioridades
referentes a la actuación del Ministerio Fiscal? Hay dos temas, uno al
que se refería S. S., que es el modelo de Ministerio Fiscal. Si vamos a
seguir avanzando en lo que en un momento se dijo de la conveniencia de
incrementar las facultades del Ministerio Fiscal en la investigación o en
la instrucción.

Creo que en esta legislatura no va a ser posible ese trabajo. En estos
momentos hemos optado por no avanzar más en el modelo. Vamos a ver si las
novedades que se han introducido en la ley del jurado funcionan bien. Nos
vamos a concentrar fundamentalmente en potenciar lo que hoy existe, que
son las facultades que se le han dado al Ministerio Fiscal en materia de
menores. Es una reivindicación que han planteado los fiscales de menores:
una mayor especialización porque, como sabe S. S., en esta materia ya
tiene amplias facultades el Ministerio Fiscal. Y hay que dotar a la
fiscalía de los medios necesarios para que pueda cumplir su función con
mayor eficacia. Por lo tanto, nuestra política fundamental en el próximo
año va a ser la de sacar el mayor rendimiento a los instrumentos legales
que hoy tenemos, sin perjuicio de que vayamos estudiando en las futuras
reformas el seguir avanzando en el modelo de atribuir al Ministerio
Fiscal mayores facultades en la investigación y persecución de los
delitos.

Por tanto, los objetivos fundamentales son incremento y racionalización
de los medios que tiene hoy la fiscalía, incremento de los medios en
materia de lucha contra la delincuencia organizada. Estamos trabajando en
unos convenios con el Banco de España, la Agencia Tributaria y el Mercado
de Valores, para, sobre todo en la persecución de los delitos de tipo
económico, dotar de técnicos específicos a la Fiscalía General del
Estado. Vamos a incrementar también la informática, que es un tema
fundamental. Aun cuando la mayoría de las fiscalías tienen ya un
incremento notable de informatización, nos vamos a concentrar
fundamentalmente en la Fiscalía antidroga, para que su sistema central
pueda funcionar coordinadamente con todas las fiscalías que están en las
provincias, y con especial atención de medios en aquellas en las que se
ha puesto de manifiesto, respondiendo a las peticiones del Fiscal General
del Estado, que están centradas en Galicia y en Andalucía, precisamente
porque son las zonas donde mayor número de delitos en materia de
narcotráfico se está produciendo.

Por otro lado, en relación con este tema, hay algo también fundamental,
que es el establecimiento y organización de un programa íntegro y
completo de formación inicial y continuada para los fiscales, que está ya
establecido en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es
el Centro de Estudios Jurídicos para la Administración de Justicia.

Queremos llevar allí todo un programa que ha sido ampliamente
reivindicado --yo creo que legítimamente-- por los fiscales, de forma
pareja a como se hizo en su momento en el Consejo General del Poder
Judicial para los jueces. A mí me parece que éste es un tema de política
prioritaria de constitución, desarrollo y puesta en funcionamiento de ese
nuevo centro como centro de formación, de investigación y de estudios
para la Administración de Justicia. Por tanto, ése va a ser también un
tema prioritario.

En cuanto a la policía judicial, es cierto que no lo he mencionado. Tiene
usted razón, señoría, en que ése también es un tema importante, que tiene
relación con el funcionamiento del Ministerio Fiscal. Creo que el
Ministerio en alguna ocasión lo anunció, y si no ha sido recogido con la
suficiente claridad lo digo yo ahora en estos momentos, que se están
empezando a hacer estudios preliminares para el establecimiento de un
nuevo modelo policial, y que dentro de ese nuevo modelo policial se va a
abordar la reforma de la policía judicial. Poco más le puedo decir en
estos momentos, porque es cierto que es un proyecto embrionario en el que
se está empezando a trabajar dentro del contenido, del marco de lo que es
el nuevo modelo policial de este país. Yo creo que a lo largo del año que
viene sí que estaremos en condiciones de poder adelantarles un poco más
las líneas de por dónde va a ir la reforma de la policía judicial.

Por lo que se refiere a la informática judicial, dice S. S. que es
insatisfactorio el nivel de informatización de los órganos judiciales.

Usted sabe que había un proyecto inicial, el proyecto Inforius, que se
empezó a aplicar en el año 1979-80, y que ha tenido constantes
actualizaciones, porque la materia informática se va quedando
constantemente obsoleta de forma inmediata, por las innovaciones
tecnológicas que suele haber en esta materia así como por la
insuficiencia en el desarrollo del «sofware» y de los programas para el
funcionamiento de la Administración de Justicia. Evidentemente, las cosas
no han funcionado como debían funcionar, pero quiero también deshacer un
equívoco que se pone de manifiesto en muchas ocasiones. Yo me atrevería a
afirmar, con carácter general, que no es tanto como se dice. Parece que
hay un caos de aparatos informáticos que son todos incompatibles entre sí
y no funcionan. Esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que el parque
de 1979 se va quedando antiguo y hay que intentar modificarlo por un
parque nuevo. Lo que sí es cierto es que ha habido reformas procesales
--y va a haber más-- y que el paquete de gestión del «software» hay que
ir adaptándolo y modificándolo. Lo que sí es cierto, además, es que en el
proceso



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de transferencias lo que no puede ser --ya que ha habido transferencias a
las comunidades autónomas-- es que no haya mecanismos de coordinación
para que el sistema sea un sistema de informática integral y global,
conectado, y que dé una mayor eficacia. Todos esos son temas en los que
se está trabajando de manera permanente.

¿En qué es en lo que hemos avanzado? Hemos avanzado en que ya hay una
conciencia absoluta, hay una comisión trabajando de comunidades
autónomas, Consejo General del Poder Judicial, magistrados y fiscales,
como usuarios de la informática, para la aprobación, actualización y
homologación de todos los programas, para que esos programas sean todos
iguales. Esa es una de las garantías fundamentales que tenemos que
establecer desde la Secretaría de Estado de Justicia y desde el Consejo
General del Poder Judicial. Por otra parte, también se ha mejorado la
gestión en lo que se refiere a la adquisición del «hardware». Puesto que
ha habido también un descenso vertiginoso en los precios de la
adquisición de estos instrumentos tecnológicos, lo que sí podemos decir
es que estamos en condiciones, con el presupuesto que hoy tenemos, de
abordar, en lo que queda de 1994 --que estamos terminando de informatizar
150 órganos judiciales--, y en el año que viene, el doble de lo que se
había previsto este año, es decir, 300 órganos judiciales más. Vamos a
seguir informatizando estos órganos con arreglo al nuevo modelo
establecido por esa Comisión, y habrá que tener en cuenta que en algunas
cosas tampoco se podrá avanzar demasiado, porque en la medida en que
nosotros tenemos una informática de gestión, esa informática de gestión a
su vez necesariamente requiere ir adaptándose a las nuevas reformas
procesales y orgánicas que en estos momentos estamos haciendo. Lo que es
importante ahora es haber establecido esos mecanismos y tratar de evitar
lo que de alguna manera es cierto que se ha producido: no una gran
eficacia en proporción a la inversión que se ha hecho en los últimos
años, aunque yo creo que se está mejorando ostensiblemente.

Por lo que se refiere a abogados y procuradores, estamos todos
absolutamente sensibilizados de la importancia que tiene el que mejoremos
el servicio de asistencia gratuita a los ciudadanos. El Decreto está
pendiente--como decía antes-- en el Consejo de Estado. Me da mucho miedo
dar fechas. Ustedes tienen derecho a exigirlas, pero yo creo que el
proyecto puede estar remitido al Consejo General del Poder Judicial a
finales de año --como usted sabe, el Consejo tiene un mes para informar--
y, una vez sea emitido el informe del Consejo General del Poder Judicial
e incorporadas las observaciones que en su caso haga el Consejo, será
inmediatamente remitido a esta Cámara el proyecto de ley.

Por lo que se refiere a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya le he
contestado, porque son los temas a los que me refería tanto de jueces de
paz, como de oficina judicial. Repito que en el tema de la oficina
judicial hay asuntos que serán de ley orgánica y hay otros que no. Por
tanto, la oficina judicial tiene que contemplar un conjunto de medidas
que serán de distinto tipo. En cuanto al engranaje que vamos a tener en
esta materia con el Consejo, tenemos un mecanismo permanente y constante
de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial. La Secretaría
General de Justicia tiene constantes reuniones semanales con los vocales
del Consejo General del Poder Judicial y con los órganos técnicos del
mismo. A raíz de lo que se ha aprobado en esta Cámara recientemente en
ese trabajo para la oficina, nosotros vamos a estar a disposición
absoluta del Consejo e integrándonos --si el Consejo así lo tiene a
bien-- en las comisiones de trabajo que para la regulación de este tema
establezca. No obstante, nosotros seguimos trabajando en la materia, y si
lo hacemos coordinadamente con el Consejo a través de esos mecanismos que
ya tenemos de colaboración, tanto mejor.

Por otro lado, me preguntaba usted por algunos temas importantes de
Europa a los que no había hecho alusión en mi intervención, como el
relativo a Schengen. Es cierto que es un tema prioritario, pero, como
usted sabe, no sólo está en manos del Gobierno español, sino que para su
entrada en funcionamiento requiere el acuerdo unánime de determinados
países. Se está trabajando en la Comisión que hay al respecto dentro de
la Unión Europea. Lo que sí le puedo decir es que desde la perspectiva
del Ministerio de Justicia e Interior prácticamente hemos terminado de
desarrollar --era el programa fundamental-- las aplicaciones informáticas
de los mecanismos registrales informáticos que prevén los propios
acuerdos de Schengen. No le puedo decir que vaya a entrar en
funcionamiento Schengen en 1995. Para nosotros es un tema prioritario y
lo vamos a impulsar dentro de esta Comisión. No ha sido un tema
prioritario planteado por Francia, tengo que decirlo. Incluso los
mecanismos informáticos de desarrollo y entrada en funcionamiento por
parte de Francia y Alemania siguen, de alguna manera, bloqueados y yo
creo que los tenemos más avanzados nosotros que otros países. Nosotros
vamos a tratar de impulsarlo en el ámbito del K-4, del Comité
correspondiente, donde se están celebrando reuniones quincenales sobre la
puesta en funcionamiento del tema de Schengen.

En lo que se refiere al desarrollo del estatuto de ciudadanía, lo he
señalado porque es un tema prioritario y me parece absolutamente correcto
que haya un debate en esta Cámara sobre este tema. Se introdujo en la
Unión Europea a instancias del Gobierno español. En lo que se refiere a
mejorar el funcionamiento del sistema de garantías de los ciudadanos de
la Unión, el Ministerio de Justicia e Interior va a dar prioridad al
desarrollo de sistemas electorales y de acceso del ciudadano a la
justicia. Es más, podríamos decir que el desarrollo de ese estatuto de
ciudadanía es uno de los objetivos dentro del cual se establecen muchas
de las estrategias que he mencionado antes. El acceso del ciudadano
europeo al funcionamiento de la Administración de Justicia es un objetivo
prioritario y eso es estatuto del ciudadano europeo. Dentro de esos
objetivos, como decía anteriormente, tenemos programas de trabajo en lo
que se refiere a la Secretaría de Estado de Justicia, como el de
profundizar en la dimensión comunitaria del juez nacional. El sistema, en
definitiva, está basado en la confianza en los subsistemas judiciales de
la Unión. En muchas ocasiones lo que ocurre es que esos subsistemas
judiciales ni siquiera



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se conocen suficientemente. Eso lo estamos viendo en ocasiones en
reuniones internacionales donde a veces se ponen en cuestión temas para
avanzar en la cooperación derivados de un desconocimiento, en ocasiones,
del funcionamiento de los subsistemas judiciales de los países de la
Unión.

Uno de los objetivos fundamentales es el de profundizar en esa dimensión
comunitaria del juez nacional; el establecimiento de redes de contacto;
el intercambiar experiencias sobre prácticas de cooperación judicial; el
formular conclusiones y propuestas de mejora en este tema en colaboración
con el Consejo General del Poder Judicial; el establecer también unas
jornadas permanentes de contacto entre los jueces europeos y los
españoles, cosa que ya se ha empezado a hacer porque creemos que eso va a
contribuir enormemente a un mejor conocimiento del ciudadano europeo del
sistema de justicia de la Comunidad y, por tanto, de su acceso al mismo,
facilitando también ese acceso al ciudadano. En términos generales, uno
de los objetivos de contribuir al desarrollo del estatuto de ciudadanía,
desde la perspectiva de la Secretaría de Estado de Justicia, es el
programa con los objetivos que he marcado al inicio de mi intervención;
es decir, estatuto de ciudadanía, por una parte y, por otra, favorecer,
como complemento de ello, la adhesión del propio ciudadano europeo
respecto del cumplimiento de los deberes comunitarios aumentando la
confianza en el funcionamiento eficaz de las instituciones europeas.

Es evidente que uno de los temas importantes que se va a plantear también
el año que viene, como mencionaba S. S., es el de lucha contra los
movimientos racistas o xenófobos. Ese es un objetivo prioritario para el
año 1995. Hay tema de derecho interno desde un punto de vista
legislativo, que es el de llevar al Código Penal los tipos suficientes
para poder perseguir esta conducta. En el ámbito de la Unión Europea hay
que conseguir una, por lo menos, homogeneización en la incriminación
común de conductas contra estos delitos de motivación racista o xenófoba,
con independencia de los programas culturales que en el comité para la
prevención de estas actuaciones que existen en la Unión Europea, se hagan
propuestas al margen de las legales, que es necesario hacer también para
perseguir estos comportamientos. Yo creo que es muy importante establecer
políticas en materia de medios de comunicación y de ámbito cultural.

Creo, señor Presidente, que con esto he tratado de contestar a todas las
preguntas formuladas por sus señorías.




El señor PADILLA CARBALLADA: Si me lo permite, señor Presidente, sólo
quería hacer un brevísimo comentario. No es pregunta, sino una pequeña
precisión.




El señor PRESIDENTE: De cinco segundos.




El señor PADILLA CABALLADA: De cinco segundos, señor Presidente.

No quisiéramos que la señora Secretaria de Estado se fuera con la
convicción de que nos abruma la tarea. Como se repite el señor Pérez
Mariño en su idea de que debemos moderar nuestro trabajo, yo le quiero
recordar una anécdota un poco graciosa, que me parece oportuna, del
debate de presupuestos; después de que el señor Corcuera ya no nos tenga
que dar aquellas clases de tarde y noche que nos anunciaba, tenemos tarde
y noche. Por lo menos nuestro Grupo pone tarde y noche para esos trabajos
y, sobre todo, para que las prioridades importantes, aunque sea tarde y
noche, se debatan. Para eso traeremos nosotros, vuelvo a repetirlo, la
proposición de ley de Enjuiciamiento Civil. (La señora Alemany i Roca
pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señora Alemany no podemos abrir un turno de debate
ni de réplica, sólo solicitar alguna aclaración o información muy
puntual.

La señora Alemany tiene la palabra



La señora ALEMANY I ROCA: Señora Secretaria de Estado, solamente para
reafirmar un objetivo que nosotros consideramos prioritario en cuanto a
que la iniciativa de la reforma de la oficina judicial debe ser del
Ministerio pues al Ministerio le corresponde la iniciativa legislativa
que se debe llevar a cabo para hacer efectiva dicha reforma.

Nos parece bien las propuestas que pueda hacer el Consejo General del
Poder Judicial, así como también las consultas a las comunidades
autónomas competentes en la materia, pero siempre con la iniciativa
jurídica del Ministerio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de
Justicia.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Estoy absolutamente satisfecha de lo que dice S. S. de que se trabaje día
y noche para sacar este ambicioso programa legislativo. El Ministerio de
Justicia e Interior se siente absolutamente complacido por esa tan buena
predisposición.

En cuanto a que su Grupo va a presentar una proposición de ley de
Enjuiciamiento Civil nada tengo que decir. Desde luego, el Gobierno
cumplirá su compromiso y en el primer trimestre el proyecto de ley del
Gobierno va a estar en esta Cámara.

En cuanto a lo que decía la señora Alemany respecto de la iniciativa de
la oficina judicial, evidentemente la iniciativa legislativa es del
Gobierno. Eso es así. El Consejo General del Poder Judicial no tiene
iniciativa legislativa. La iniciativa legislativa la ejercita el
Gobierno, lo que pasa es que en estos temas, como en muchos otros que
afectan a la Administración de Justicia, como usted misma decía, es bueno
y hasta conveniente que todas las instituciones y, sobre todo, una tan
importante constitucionalmente, como es el Consejo General del Poder
Judicial, opine y diga cómo cree que debe ser esa reforma de la oficina
judicial. Lo que hay que hacer aquí es un trabajo en común de
colaboración, sin perjuicio de que, evidentemente, la responsabilidad
final en la iniciativa legislativa será del Gobierno.




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CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:



--MEJORA DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LA LINEA
DE LA CONCEPCION Y ALGECIRAS (CADIZ). FORMULADA POR LA SEÑORA MARTINEZ
SAIZ (GP). (Número de expediente 181/000899.)



El señor PRESIDENTE: Iniciamos, señorías, el trámite de contestación a
las preguntas formuladas por los distintos grupos, con la advertencia de
que, por decisión de la Mesa, el tiempo global de intervención de SS. SS.

es de cinco minutos, entendiendo que es intervención más réplica.

Empezamos el trámite con la pregunta número 3. La autora es doña Teófila
Martínez Saiz y se refiere a la mejora del funcionamiento de la
Administración de Justicia en La Línea de la Concepción y Algeciras
(Cádiz).

La señora Diputada tiene la palabra.




La señora MARTINEZ SAIZ: Señora Secretario de Estado de Justicia, mi
pregunta es muy sencilla. Yo no necesito que me dé una contestación muy
extensa, porque éste es un asunto que ha traído esta Diputada y el Grupo
Popular desde hace años en esta Comisión, y la última vez fue en el mes
de mayo.

La situación de los juzgados de La Línea es deplorable en todos los
aspectos desde el punto de vista de las instalaciones, y también, cómo
no, porque la Ley de Planta preveía, concretamente para esta localidad,
la creación de un tercer juzgado de primera instancia, y, sin embargo,
desde su aprobación no ha sido posible que el Ministerio de Justicia ni
el Gobierno socialista haya considerado mejorar las instalaciones o
cambiarlas. Desde el mes de mayo obran en poder del Ministerio de
Justicia e Interior --porque se lo entregaron al Presidente de esta
Comisión-- unas fotografías donde se dejaba ver de forma palpable la
situación de esos juzgados. Es una zona muy delicada, como antes usted ha
dicho, para la represión del narcotráfico y de blanqueo de dinero.

Estamos en una situación precaria, llevamos mucho tiempo reclamándolo y,
desde luego, a esta Diputada le gustaría irse de aquí hoy con la
respuesta clara y contundente del Ministerio de Justicia a través de la
Secretaría de Estado.

Tengo que decirle que en los presupuestos para el año 1994 se contemplaba
una pequeña cantidad para los juzgados de La Línea, que luego
desaparecieron, y en los presupuestos de 1995 hay dotación presupuestaria
cero para los juzgados de La Línea de la Concepción. Ante esta gravedad
de que los presupuestos de 1995 no contemplen ninguna partida, y ante la
imposibilidad que parece que tienen el Ministerio y los responsables de
la Justicia de este país de crear ese tercer juzgado de primera
instancia, yo le rogaría que fuera muy concreta y que me diera fechas en
su contestación.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Voy a tratar de ser lo más precisa posible en este tema. Es cierto que la
Ley de Planta prevé en La Línea de la Concepción un tercer juzgado, que
no se ha creado y no ha entrado en funcionamiento; es un juzgado que está
pendiente. Sí le puedo decir, señoría, que la carga de trabajo de los
juzgados de La Línea está bordeando un poquito más de la normalidad, pero
no está en cifras de sobrecarga que tienen otros juzgados. Junto a eso
también en cierto --como usted y yo hemos señalado en nuestras
intervenciones-- que esos juzgados tienen un trabajo especialmente
complejo por la ubicación y el nivel de conflictividad importante de los
asuntos que llegan al juzgado. Esto es absolutamente cierto.

Lo que sí podemos decir es que el Consejo General del Poder Judicial no
ha previsto en la memoria de necesidades del año 1994 como prioritario
este tercer juzgado. Se lo digo, señoría, porque ahí está. ¿Hasta qué
punto es prioritario frente a otras necesidades? Yo comprendo que el tema
más importante de todo es el de las instalaciones. Aquí hay dos
problemas: uno, el de que queda el juzgado por instalar. No le puedo
garantizar, señoría, que en el año que viene ese juzgado se vaya a crear
y a poner en funcionamiento, porque no está siquiera entre las
prioridades iniciales del Consejo. Lo que sí le digo, señoría, es que
vamos a solucionar el tema de la instalación, porque en estos momentos es
ya muy grave.

Es cierto que en los presupuestos de 1995 no aparece ninguna previsión
inicial para la construcción del nuevo edificio de juzgados, pero tenemos
unas restricciones presupuestarias que nos nos impiden el año que viene
construir una edificio nuevo, tal y como sería de desear, en La Línea de
la Concepción. En el año próximo vamos a realizar el proyecto de
construcción del nuevo edificio que está calculado a una inversión de 190
millones de pesetas y la redacción del proyecto se va a llevar a cabo en
el año 1995. Creemos que en el año 1996 se empezarán a realizar las obras
y en 1996-1997 el tema de instalaciones quedará solucionado.

Junto a esta acción de realización del proyecto para dotar a los juzgados
de una infraestructura fija, estamos en estos momentos buscando locales.

Sí que existen previsiones, en la partida referente a arrendamientos,
para que en el año 1995 traslademos hoy estos dos juzgados a unos locales
más dignos porque la ubicación es una situación realmente muy mala.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Martínez.




La señora MARTINEZ SAIZ: Gracias, señora Secretaria de Estado de
Justicia, por su contestación, aunque, como usted bien puede comprender,
para mí es insatisfactoria puesto que ya el año pasado había una dotación
presupuestaria para esos juzgados, que luego desapareció, con lo que
nosotros teníamos la esperanza de que este proyecto estuviera elaborado.

Si el Ministerio del Interior nos dice que ese proyecto se tiene que
elaborar en 1995, nos deja



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completamente fríos, porque haber esperado a buscar un local en alquiler
en La Línea de la Concepción donde los locales sobran, a que las
instalaciones estén en la situación en la que están, es lamentable.

Desde luego, quiero mostrar mi queja total porque el Consejo del Poder
Judicial no vea prioritario para los jugados de La Línea de la Concepción
la creación de este tercer juzgado de primera instancia. Yo me creo lo
que usted dice sobre la acumulación de expedientes, pero para el
ciudadano normal, para ese que usted dice que la justicia tiene que estar
al servicio del ciudadano, que con todas estas cosas que ha dicho usted
hoy de todo lo que piensa hacer el Ministerio de Justicia e Interior,
durante esta legislatura, una cosa tan sencillita como ésa que
solucionaría el problema a muchas familias y a muchas personas que tienen
que pasar por esos juzgados, con un pequeño esfuerzo presupuestario y con
un pequeño esfuerzo de decisión política, lo tendríamos solucionado.

Gracias de todas maneras, y espero que su sensibilidad nos ayude a los
ciudadanos de la provincia de Cádiz a solucionar ese gravísimo problema
que tenemos en los juzgados de La Línea de la Concepción.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Yo respeto su postura, señoría. Es verdad que no es una respuesta
satisfactoria decir que todavía no se ha arreglado el problema. Es verdad
que es un tema pendiente de arreglar, como muchos otros. Es verdad que
las restricciones que ha habido en presupuestos han sido unas
restricciones con carácter generalizado, y no es que el dinero haya
desaparecido. El dinero no ha desaparecido, se ha invertido en las
prioridades previstas en el plan de inversiones y, evidentemente, ésta es
una de ellas. Por eso, yo le puedo decir que me comprometo a que en este
próximo año los juzgados estén instalados en otros locales y, cuando haya
presupuesto para inversión, construiremos el edificio.

En cuanto a la prioridad del Consejo General del Poder Judicial, ahí
están las memorias de necesidades del Consejo. El Consejo tiene una
visión global de todo el territorio y es cierto que la carga de trabajo
de La Línea de la Concepción no está por encima de muchos otros órganos
judiciales, en donde los temas se acumulan. El problema de La Línea de la
Concepción es otro, como decíamos antes, es la conflictividad de los
temas que allí llegan.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Secretaria de Estado.




--EXISTENCIA DE FRAUDES EN EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESTACION SOCIAL
SUSTITUTORIA. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ (G. IU-IC). (Número de
expediente 181/000828.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 2, existencia de fraudes en el
cumplimiento de la prestación social sustitutoria. El autor es don
Antonio Romero, que es sustituido en este acto por el señor Peralta, que
tiene la palabra.




El señor PERALTA ORTEGA: Señor Presidente, tal como usted ha indicado,
formulo la pregunta en nombre de mi compañero que se encuentra ausente.

¿Tiene el Gobierno conocimiento cierto de la existencia de fraudes en el
ejercicio por los ciudadanos de la prestación social sustitutoria?



El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Como usted sabe, señoría, al Ministerio de Justicia e Interior incumbe
velar para que los programas en los que colaboren los objetores mantengan
los requisitos exigidos por tal colaboración, es decir, el encuadramiento
en los sectores correspondientes, el cumplimiento de los fines de interés
general, la gratuidad y neutralidad ideológica del contenido de las
prestaciones, etcétera. Precisamente para ello, el Ministerio tiene
atribuida la inspección y control de la prestación social. Para
cumplimiento de este objetivo tenemos una estructura, que es la Dirección
General de la Objeción de Conciencia y, luego, una estructura periférica,
que se dotó a raíz de la aprobación del plan por el Gobierno, consistente
en un Inspector delegado adscrito a cada comunidad autónoma, que depende
orgánicamente de la Delegación de Gobierno o del Gobierno civil y,
funcionalmente, del propio Ministerio.

La actuación inspectora, que es la que sirve para detectar en su caso las
irregularidades que se producen, se lleva a cabo mediante un plan
semestral de visitas, que es elaborado por los servicios centrales, que
son, asimismo, los competentes para supervisar el grado del cumplimiento
del plan y valorar, en su caso, los informes emitidos decidiendo sobre la
conveniencia o no de adoptar las medidas correctas o disciplinarias
propuestas por los inspectores en cada uno de los casos. Con carácter
general puede afirmarse que el desarrollo de la prestación social es
objeto de examen y evaluación por la Oficina de la prestación social de
los objetores, a través de su servicio de inspección, diría que de una
forma casi prioritaria, porque es una de las prioridades que hemos
establecido para regularizar y garantizar el ejercicio de este derecho.

Frente a las irregularidades de distinto tipo, que evidentemente se
detectan en ocasiones, lo primero que se va a hacer es responder a un
criterio, el de la posibilidad de corrección del defecto que se haya
detectado mediante la información al organismo afectado y la impartición
de las instrucciones precisas que, con posterioridad, se verifican por
los inspectores adscritos a los servicios de la inspección. En otros
supuestos, cuando la irregularidad --una vez detectada, una vez hecha la
propuesta y revisada la misma-- no es corregida, lo que hace la Dirección
General de la Objeción de Conciencia es cambiar de adscripción a los
objetores de conciencia del programa en el que están



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realizando la prestación o, en su caso, incluso llegar a la rescisión del
concierto con la entidad de que se trate.

En aplicación de estos criterios generales, que además son prioritarios
porque tenemos que encaminarnos precisamente a dar un contenido efectivo
a la prestación, se ha instruido muy justamente a algunas entidades con
las que colaboramos sobre aspectos tales como cumplimiento estricto del
horario convenido en el concierto suscrito y establecimiento de los
mecanismos de control adecuados para la verificación de su cumplimiento,
contenido de la actividad de los objetores de modo que se concentre en
las de mayor utilidad social, condiciones de desempeño de la propia
actividad, etcétera. Es decir, se han dado instrucciones a las entidades
con las que concertamos para que luego no se llamen a engaño sobre el
control que desde el Ministerio vamos a realizar de ese tema. Además, se
ha ordenado en algunas ocasiones el cambio de actividad de objetores que
estaban desarrollando su prestación en tareas que pudieran suponer,
llevados por las propias entidades, sustitución de puestos de trabajo. A
veces hemos visto que no se ha podido reconducir, como decía al inicio de
la intervención, y lo que hemos hecho es rescindir el concierto. Por
acuerdo de 20 de julio fueron elevados --en cumplimiento del plan del
Gobierno, incluso más allá de las previsiones del plan-- de 27 a 49 los
puestos de inspección adscritos a la objeción de conciencia. En el
presente año, de enero a octubre, el número de inspecciones realizadas
asciende a 1.063, que afectan a 7.798 objetores incorporados a la
prestación social, incluso con superación del objetivo anual cifrado en
el Plan de Objeción de Conciencia, que estaba previsto para este año en
5.600; lo hemos sobrepasado precisamente porque éste es un tema
prioritario para la Secretaría de Estado de Justicia.

Del último análisis que tenemos del primer semestre de este año (el otro
lo estamos estudiando ahora), le puedo decir que, en las actuaciones
inspectoras llevadas a cabo, se ha visitado un total de 864 centros de
prestación social, de los cuales 612 presentan un nivel muy satisfactorio
de cumplimiento de sus obligaciones respecto de la prestación social y no
se han detectado irregularidades de interés; en 105 centros se han
observado irregularidades de menor entidad y en 84 centros se han
observado irregularidades un poco mayores.

En términos generales, la valoración global es que los centros están
funcionando bastante bien. Además, el mecanismo de la inspección no debe
ser sólo represivo en el sentido de detectar las irregularidades, sino
también preventivo. En la medida en que se concierta con las entidades y
se les pone de manifiesto cuáles son los objetivos del Ministerio en
materia de objeción y cuáles son los controles que vamos a ejercitar, si
luego se ejercita realmente, el mecanismo de la inspección no sólo
funciona como corrector sino como preventivo, porque hemos observado que
irregularidades que en el primer semestre se habían producido en los
últimos meses están desapareciendo. No obstante, este es un tema que hay
que seguir controlando y que hay que incrementar cualitativa y
cuantitativamente el trabajo de la inspección para tratar de detectar
esos supuestos en que ha habido irregularidades, y en ello estamos. En
algunos estamos pendientes de hacer una segunda inspección. Se han girado
196 inspecciones posteriores con respecto de las primeras para comprobar
si las instrucciones dadas se habían seguido, y todavía hay supuestos
pendientes de ver si esas irregularidades han sido superadas y, si no,
adoptar en su caso las medidas pertinentes.




--MANTENIMIENTO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR DE SU AFIRMACION
DE NO HABER RECIBIDO SOLICITUDES MATERIALES CONCRETAS PROVENIENTES DE LAS
JUNTAS DE JUECES DE VALENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP).

(Número de expediente 181/000982.)



--APOYO MATERIAL PREVISTO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO «CORAL», QUE HA
SIDO PUESTO EN MARCHA POR LA JUNTA DE JUECES DE INSTRUCCION DE VALENCIA.

FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente
181/000987.)



El señor PRESIDENTE: Las preguntas números 4 y 5 se acumulan. El autor de
ambas es don Ignacio Gil Lázaro, que las formula en este momento.




El señor GIL LAZARO: El pasado mes de junio la señora Secretaria de
Estado y yo tuvimos ocasión, en esta Comisión de Justicia e Interior, de
sustanciar una pregunta relativa a una serie de necesidades materiales
que tenían los órganos judiciales de la ciudad de Valencia. Con ocasión
de aquel debate, la señora Secretaria de Estado manifestó que no había
recibido o no constaba en la sede del Ministerio ninguna petición de
naturaleza material emanada de estas juntas de jueces valencianos.

Quisiera leer simplemente, con toda brevedad, un texto que a buen seguro
conoce la señora Secretaria de Estado porque le ha sido remitido. En
fecha 7 de julio, el Magistrado-decano de los juzgados de Valencia remite
a la señora Secretaria de Estado de Justicia un escrito en el que señala
que, «habiendo leído en la prensa diaria correspondiente al pasado 15 de
junio de 1994 que, en la contestación a la pregunta parlamentaria
formulada por el Diputado señor Gil Lázaro, se hacía referencia a la
falta de peticiones expresas de las juntas de jueces de Valencia para el
impulso de los juicios rápidos, lo que por similar argumento podría
justificarse en otras materias, me permito dar traslado de las cuestiones
extraídas de los distintos acuerdos que se hicieron llegar a ese
Ministerio, directamente en unos casos y en otros a través de la Gerencia
Territorial del Ministerio de Justicia en esta Comunidad, por si hubieren
sufrido extravío las remitidas, en cuya redacción se consigna la fecha de
la primera petición y las reiteraciones de que fueron objeto algunas de
ellas. Bien sabe V. E. que proponer la especialización de uno de los
juzgados de primera instancia existentes implica repartir entre los
restantes un mayor número de asuntos sobre órganos sobrecargados,



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pues recibieron un total de 21.375 en 1993 y se ha producido un
incremento del 4,11 por ciento en el presente, según acredito con la
estadística que acompaño.» Este escrito va acompañado de una serie de
datos que me permito sintetizar muy brevemente.

Cuestiones solicitadas al Ministerio de Justicia por las distintas juntas
de jueces y decanato: Junta de Jueces de lo Social, siete peticiones
--estamos hablando del período 1993-1994--; Junta de Jueces de Primera
Instancia, ocho peticiones en este mismo período 1993-1994, siete de
ellas relativas a la solicitud de creación de nuevos juzgados de familia;
Junta de Jueces de Menores, una petición; Junta de Jueces de Instrucción,
en el período 1992-1994, diecisiete peticiones relativas a la
informatización de los juzgados de instrucción números 17 al 19, ocho
relativas a la instauración de la oficina de comunicación con los centros
penitenciarios, cinco relativas a la infraestructura
clínica-médico-forense, Instituto Anatómico Forense, otras varias
relativas a implantación de impresos, valoración de acuerdos sobre
asistencia médica, medios para la implantación de los juicios rápidos en
el juzgado de guardia, con fecha 10 de diciembre de 1993, otras dos
relativas a retrasos de informes de farmacia y creación de un laboratorio
territorial de drogas --cuestión sobre la que también hablamos en aquella
comparecencia del 15 de junio--, ocho más relativas a diversos asuntos;
Junta de Jueces de lo Penal, cuatro relativas a ubicación de sedes de los
juzgados de lo penal, también en este período 1992-1994, dos relativas a
la puesta en funcionamiento de la oficina de comunicación con los centros
penitenciarios durante 1993-1994, y tres en 1993-1994 referidas a
informatización de los juzgados de lo penal y alguna otra más proveniente
de esta Junta de Jueces de lo Penal; finalmente, nueve peticiones
remitidas directamente por el Decanato en relación con diversos asuntos.

Tramitado directamente ante la Gerencia Territorial hay un conjunto de 35
peticiones --de cuya lectura naturalmente voy a hacer gracia--,
peticiones de carácter conceptual que, sumando las reiteraciones de las
mismas, alcanzarían el número de 133.

Quiero entender que la afirmación hecha en su momento por la señora
Secretaria de Estado de Justicia debió deberse puramente a un lapsus de
memoria, en todo caso a que no habían podido llegar a su poder estos
papeles que ya estaban en el momento de suscitarse aquella pregunta oral
y que ahora nuevamente tienen que estar conforme a la remisión directa
que le ha hecho el decanato de los juzgados de Valencia. Por tanto,
preguntamos con un carácter puramente constructivo --no queremos hacer de
esto una cuestión de batalla-- si el Ministerio de Justicia se mantiene
en su afirmación, hecha en la citada sesión de junio de este año, en
relación con no haber recibido ninguna petición de carácter material por
parte de las juntas de jueces de Valencia.

La pregunta número 5 hace referencia al apoyo material que tiene previsto
prestar el Ministerio, si es que lo tiene, para el desarrollo del
proyecto Coral, que ha sido puesto en marcha por la Junta de Jueces de
Instrucción de Valencia. Nosotros creemos que es un proyecto muy
interesante. Hemos leído alguna valoración oficial del Ministerio y de la
propia señora Secretaria de Estado de Justicia, en una reciente visita a
Valencia, estableciendo ese carácter interesante de este proyecto que es
pionero en España y que pretende, fundamentalmente, salvaguardar los
derechos de las víctimas, y en conjunto los derechos de la justicia,
frente a aquellos delitos de cuello blanco, especialmente los vinculados
a operaciones de narcotráfico, intentando evitar, a través de una
coordinación de la información disponible, que estos delincuentes de
cuello blanco, especialmente los narcotraficantes, puedan utilizar el
tiempo, normalmente amplio, que se necesita para la instrucción en la
fase sumarial para de alguna forma poder hacer desaparecer, entre
comillas, sus respectivos patrimonios. Nosotros creemos que esta oficina
puesta en marcha por el decanato de Valencia es, sin lugar a dudas, una
iniciativa singularmente útil que, con este carácter pionero que
señalábamos, debe ser muy bien seguida por parte del Ministerio de
Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, a efectos de que esa
experiencia pueda después, con las correcciones necesarias, y en base a
su carácter experimental, ser puesta igualmente en marcha en otros puntos
de la geografía española. Por eso nuestra pregunta en relación con ese
apoyo material, que por otra parte no es costoso ni cuantioso, habida
cuenta de que de lo que aquí se trata esencialmente es de, entre diversas
administraciones, entre diversas entidades, poder desarrollar esa fase
esencial de coordinación de la información para poder hacer un buen uso
del fin de este proyecto, que no es otro sino el de luchar contra los
artilugios de naturaleza jurídico-económica que estos delincuentes de
cuello blanco suelen utilizar para poder alcanzar una declaración de
insolvencia que, en su momento, les impida tener que responder con sus
bienes fraudulentos y con su patrimonio fraudulento a las indemnizaciones
consecuencia de la sentencia por el delito que se les imputa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Yo creo recordar que, cuando comparecí en esta Cámara ante SS. SS. y se
me formuló la pregunta de las necesidades expuestas por los jueces de
Valencia, el primer aspecto fundamental al que me referí era que no
existían peticiones pendientes en lo que se refiere al funcionamiento de
los juicios rápidos. En una primera parte fue ésa mi intervención. Desde
el Ministerio de Justicia se había mandado en su día, en el año 1993, por
la Subsecretaria una circular a todos los órganos judiciales para que
aquellos que estuviesen dispuestos a llevar a cabo los juicios rápidos
solicitasen los medios precisos. Precisamente por el Juzgado de Valencia
se había solicitado un perito y no sé si alguna cosa más, cuestiones que
se habían satisfecho, pero no había más. Es cierto que luego se puso de
manifiesto que los medios solicitados y puestos a disposición de los
órganos judiciales en Valencia para el funcionamiento de los juicios
rápidos no eran suficientes, y de ahí que hubiera segundas peticiones.

Yo creo que S. S. sabe que nuestro contacto con el decanato de los
juzgados de Valencia es permanente y constante



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y que, desde luego, está en la disposición del Ministerio de Justicia, de
la Secretaría de Estado y del Secretario General de Justicia facilitar al
decano y a los jueces de Valencia los instrumentos que necesitan --como a
todos los órganos judiciales, evidentemente, pero a este decanato por su
especial iniciativa en determinados temas-- y que allí no se pusieron.

Teníamos el problema de que los juicios rápidos no estaban funcionando en
Valencia. Yo creo que ahora van a empezar a funcionar con eficacia, y por
ello vamos a otorgarles los medios que han solicitado (personales, de
peritos, de estenotipistas y de intérpretes, así como la conexión con el
Registro Central de Penados y Rebeldes) para el funcionamiento de los
juicios rápidos, así como otra cuestión también importante --en estos
momentos pendiente del Consejo General del Poder Judicial-- que es el
funcionamiento del segundo juzgado de guardia.

Es una valoración muy respetable la que hacen los jueces de Valencia --y
que no puedo compartir-- lógica y legítimamente, desde sus pretensiones
de que se creen más órganos judiciales, de que para especializar un
órgano de derecho de familia hay que repartir su competencia entre los
restantes. Evidentemente, pero al mismo tiempo se quita a los restantes
la competencia en materia de familia. Es decir, hay que crear un juzgado
más, pero la especialización yo creo que no está en función de la
creación de un juzgado más, porque las competencias son las mismas. Si es
más eficaz concentrar las de familia en un juzgado, eso significa que las
de ese juzgado hay que repartirlas entre los demás, pero también
significa que a los demás se les va a quitar la competencia de familia.

En cualquier caso, eso lo pueden hacer los jueces cuando quieran, es
competencia suya proponerlo. Es cierto que los juzgados de primera
instancia tienen todos un volumen de trabajo muy grande y que los de
Valencia no son distintos. Es más, Valencia, junto con otras grandes
capitales de provincia, experimenta en estos momentos una acumulación de
asuntos en lo civil que es indeseable. Por tanto, yo creo que ése es un
tema que tendremos que valorar conjuntamente para ver qué hacemos, porque
ha habido un crecimiento tremendo de los asuntos en materia civil, por
una parte, y por otro lado es cierto que son necesarias las reformas
estructurales y procesales pertinentes para que también mejore. Por
consiguiente, yo creo que tenemos que hacer los estudios con la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil y adaptar la planta judicial, en la revisión de
la Ley de Planta y Demarcación, a la justicia civil.

Es cierto que también dije que no había otras peticiones pendientes de
confirmar. Efectivamente no las tenía, ahora sí las tengo. Es verdad que
se ha enviado por el Juez-decano de Valencia un dossier de temas que
estaban pendientes de contestar, tanto en la gerencia como en algún otro
sitio, y que se referían a peticiones de medios que los órganos
judiciales hacen constantemente, algunas de las cuales se han atendido y
otras no. Lo que sí le puedo decir es que este año 1994 se han invertido
en los juzgados de Valencia 32 millones de pesetas, en su mayor parte en
máquinas de escribir que han solicitado. Si tenemos en cuenta las
solicitudes que no se han atendido --porque es verdad que en estos
momentos existen solicitudes que hemos ido recopilando-- yo he tenido
conocimiento, a partir del mes de agosto, de algunas que quizá estaban
dispersas --y esto al margen de los juicios rápidos y de la dotación a
los órganos judiciales para ello-- y que hemos valorado que en este año
ascienden a 48 millones de pesetas. La distribución de la inversión que
tenemos en los capítulos de justicia está territorializada y atender a
todas las peticiones de los órganos judiciales en la Comunidad de
Valencia supondría que hubiéramos tenido que tener el doble del
presupuesto, que en estos momentos no tenemos y que para el año que viene
me parece que tampoco vamos a tener. Vamos a ir priorizando, de acuerdo
con los órganos judiciales, las necesidades que ellos nos indican. Eso
por lo que se refiere a la primera pregunta.

En cuanto al proyecto Coral, que ha puesto en marcha el decano de los
juzgados de Valencia, tiene como objetivo --como decía S. S.--
suministrar a los juzgados los datos patrimoniales registrales en
cualquier oficina pública de imputados por delitos de narcotráfico con
responsabilidades civiles superiores a 500.000 pesetas. Es un proyecto
que ha empezado a poner en funcionamiento el decano, pero que por las
conversaciones que hemos mantenido con él hay que desarrollar más. Hay
una primera aproximación, pero hemos quedado en evaluar el coste
económico para ver en qué medida el año que viene se puede llevar a cabo,
porque estoy de acuerdo en que es un proyecto importante, es
supernecesario poner a disposición de los órganos judiciales y de la
fiscalía una información sobre los temas económicos que afectan a los
grandes traficantes de droga. Intentaremos ver en qué medida podemos
poner en funcionamiento esta experiencia en cuanto terminemos las
conversaciones con el Juez-decano de Valencia y veamos que estamos en
condiciones presupuestarias de abordarla. Lo tendremos que hacer, pero
repito que hay que completar la información para su desarrollo y la
evaluación económica del proyecto.




El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Tan brevemente como que no le queda tiempo, señor
Gil Lázaro.




El señor GIL LAZARO: Diez segundos.




El señor PRESIDENTE: Los tiene.




El señor GIL LAZARO: Simplemente quiero decir, en cuanto a la primera
cuestión, señora Secretaria de Estado, que ni por asomo se me ocurre
pensar que S. S. hubiera podido plantearnos una información distinta a la
que obraba en su poder. A ver si en el futuro todos conseguimos
esforzarnos un poco más para que estas cuestiones no sigan un
procedimiento tan dilatado como el que se ha llevado y quizá tan extraño
como que tengamos que hablar en el Parlamento de unas peticiones que
directamente se remiten al Ministerio de Justicia.




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En cuanto a la segunda cuestión, desearía que el diálogo entre la
Secretaría de Estado de Justicia y el Decano de los juzgados de Valencia
en relación con el proyecto «Coral» fuera fluido e intenso, porque cuando
todos estamos hablando de un tipo de delitos que nos repugna, muchas
veces por la impunidad en la que quedan en sus consecuencias finales
precisamente en virtud de los grandes instrumentos de que disponen estos
delincuentes de cuello blanco, cuando a todos nos repugna el juego de
estos delincuentes, tener sobre la mesa una iniciativa interesante como
ésta sin lugar a dudas merece la atención y la solidaridad de todas las
administraciones, desde luego del Ministerio de Justicia e Interior y de
todos los grupos de la Cámara. Creo que es un proyecto vital para la
lucha contra estos delincuentes y que conviene desarrollarlo de una
manera eficaz en los próximos meses.




El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Unas palabras para decir que puede haber pocas cosas que no hayan
funcionado todo lo bien que es deseable, pero lo que yo había afirmado en
esta Comisión, de que peticiones de medios para el funcionamiento de los
juicios rápidos no había pendientes ninguna, estaba constatando y
respondía a la realidad.




--EXPLICACIONES SOBRE LA ORDEN DADA A LA DIRECCION GENERAL DE LO
CONTENCIOSO POR LA QUE SE INSTRUYE A LA ABOGACIA DEL ESTADO PARA QUE
DESISTA DEL RECURSO DE CASACION INTERPUESTO EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO
CONTRA LA CAIXA EN RELACION CON EL ASUNTO CONOCIDO COMO DE «LAS PRIMAS
UNICAS». FORMULADA POR EL SEÑOR FRUTOS GRAS (CIU-IC). (Número de
expediente 181/001011.)



El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, de don Francisco Frutos Gras, que
formula en este acto el señor López Garrido, quien tiene la palabra.




El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, intervengo en sustitución del
señor Frutos para formular una pregunta relativa a la retirada del
recurso, por parte de los servicios jurídicos del Estado, contra la
sentencia que absolvió a la Caixa del pago de una presunta deuda
tributaria de 20.000 millones de pesetas. (El señor Vicepresidente,
Arqueros Orozco, ocupa la Presidencia.) Como usted sabe, Hacienda
emprendió en su momento actuaciones contra La Caixa por no haber
practicado retenciones a los titulares de las libretas llamadas PTI
(Pensión Temporal Inmediata), pero la Audiencia Nacional dio la razón a
la Caixa en una sentencia de mayo de 1993. El Servicio Jurídico del
Estado presentó un recurso de casación, que sin embargo luego fue
retirado en contra de sus costumbres, pues no suele retirar ni un sólo
recurso, y que incluso sostiene algunos que en principio pueden ir
abocados al fracaso procesal. Nuestra pregunta va dirigida a saber las
razones por las cuales se produjo la retirada del recurso de casación.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Señoría, en relación con lo que me plantea le puedo decir lo siguiente.

El tema tiene su origen en una actuación del Ministerio de Economía y
Hacienda. Se dictó una sentencia de la Audiencia Nacional sobre esta
cuestión que usted ha mencionado que daba la razón no al Ministerio de
Economía, sino a la Caixa. Una vez dictada la sentencia, la Agencia
Tributaria, el Ministerio de Economía y Hacienda que había iniciado las
actuaciones, dio unas instrucciones por escrito, como exigimos en el
Servicio Jurídico del Estado. Como la Administración es el cliente, el
Servicio Jurídico del Estado hace inicialmente lo que su cliente, en
estos momentos la Administración, le pide. En atención a la petición de
que se recurriese la resolución dictada por la Audiencia Nacional, la
Dirección General del Servicio Jurídico del Estado da instrucciones a los
servicios de tribunales para la interposición al anuncio, en este caso
fue del correspondiente recurso, y con posterioridad los servicios
jurídicos del Ministerio de Economía y Hacienda consideraron que no era
conveniente seguir adelante con el recurso, porque pensaron que
jurídicamente eran atendibles las razones expuestas por la Audiencia
Nacional en la resolución judicial que daba la razón a la Caixa, y por
escrito se dio instrucciones al Servicio Jurídico del Estado para que se
desistiese del recurso y éste, en atención a lo solicitado por la Agencia
Tributaria, no recuerdo en estos momentos si lo que hizo fue desistir
--un desestimiento expreso-- o no formalizar en el plazo debido; ahora no
lo recuerdo, pero me parece que fue acción de desistimiento expreso.




--DESARROLLO DE LOS ACUERDOS DE COOPERACION CON LA FEDERACION DE
ENTIDADES EVANGELICAS DE ESPAÑA, LA FEDERACION DE COMUNIDADES ISRAELITAS
DE ESPAÑA Y LA COMISION ISLAMICA DE ESPAÑA. FORMULADA POR EL SEÑOR LOPEZ
GARRIDO (GIU-IC). (Número de expediente 181/001059.)



El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación pasamos a la
pregunta número 7 del orden del día, desarrollo de los acuerdos de
cooperación con la Federación de entidades evangélicas de España, la
Federación de comunidades israelitas de España y la Comisión islámica de
España, cuyo autor es don Diego López Garrido, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, quien tiene la palabra.




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El señor LOPEZ GARRIDO: Señor Presidente, la pregunta escueta es la
siguiente: ¿Por qué no se han desarrollado los acuerdos de cooperación
del Estado español con la Federación de entidades evangélicas de España,
con la Federación de comunidades israelitas de España y con la Comisión
islámica de España? Estos acuerdos fueron el objeto precisamente de las
recientes leyes 24, 25 y 26, de 1992, y en especial lo relativo a la
Comisión mixta paritaria que debe aplicar y hacer el seguimiento de
dichos acuerdos.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): La señora Secretaria de Estado
de Justicia tiene la palabra.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Los acuerdos a que se refiere S. S. fueron aprobados por las leyes 24, 25
y 26 de noviembre de 1992 y entraron en vigor ese mismo año. Las materias
a que se refieren esos acuerdos son fundamentalmente la determinación de
los lugares de culto, la determinación de quiénes son los ministro de
culto de dichas iglesias, la sujeción de los mismos a las obligaciones
generales del servicio militar o la inclusión en el régimen general de la
Seguridad Social, la sujeción a secreto profesional, el reconocimiento de
efectos civiles del matrimonio celebrado conforme a los ritos de las
respectivas iglesias, el derecho a las prácticas religiosas de los
internos en los centros penitenciarios hospitalarios, el derecho a la
enseñanza religiosa concretada a los centros públicos y privados, la
previsión de exenciones fiscales, el respeto al descanso laboral y,
finalmente, como consecuencia de todas estas materias o áreas, que no
todas afectan al Ministerio de Justicia e Interior sino a distintos
departamentos de la Administración de las comisiones paritarias para la
ejecución y desarrollo del acuerdo entre la Administración del Estado y
los representantes de las comunidades religiosas afectadas.

En ejecución de estas disposiciones adicionales, las comisiones
paritarias previstas se constituyeron el 14 de octubre de 1993 y en
diferentes reuniones, posteriores a dichas comisiones --ha habido ya
bastantes reuniones de las tres confesiones religiosas--, se han sentado
las bases a lo largo de todo este tiempo, para la aplicación de los
acuerdos en las distintas áreas previstas en el articulado a que antes me
he referido. A estas reuniones que ha habido de las comisiones paritarias
han asistido representantes de otros Ministerios, en la medida en que los
temas a tratar eran de otros Departamentos ministeriales, y lo que el
Ministerio de Justicia e Interior ha asumido y sigue asumiendo es la
coordinación de las actividades de los distintos Departamentos en estas
materias para el total desarrollo de los acuerdos, a través, repito, del
Gabinete de Asuntos Religiosos.

Los principales asuntos que se han estudiado y se han desarrollado de los
acuerdos suscritos --no es que no haya habido desarrollo, sino que ha
habido desarrollo en algunos puntos de los acuerdos-- son aquellos, sobre
todo hasta la fecha, que tienen que ver con la enseñanza de la religión
en los centros docentes públicos y privados. Este es el tema que más se
ha desarrollado por interés de las propias confesiones religiosas, porque
era el tema prioritario para ellas. El tema de la enseñanza de la
religión tampoco es que haya llevado un ritmo vertiginoso, porque ha
estado sujeto a su vez a las vicisitudes que ha sufrido el análisis del
tema de la enseñanza de la religión con los acuerdos del Estado con la
Santa Sede. Como S. S. sabe, se acaba de aprobar por el Gobierno un
reciente decreto en Consejo de Ministros, en virtud de la
inconstitucionalidad o ilegalidad decretada por determinadas sentencias
del Tribunal Supremo con respecto al sistema que estaba vigente hasta el
momento.

Dicho esto, le puedo decir que en estos momentos, con la Iglesia
evangélica en concreto, ya se ha dictado una orden en el año 1993 por la
que se aprueba el modelo de certificado de capacidad matrimonial y de
celebración del matrimonio religioso. Ha habido también una instrucción
del año 1993 sobre inscripción en el Registro Civil de determinados
matrimonios celebrados en forma religiosa con arreglo a los evangelistas.

También una orden de septiembre de 1993 regula la participación en los
órganos de gobierno colegiados de los centros docentes de los profesores
que imparten enseñanza religiosa, que era responsabilidad del Ministerio
de Educación y Ciencia. También hay una orden del año pasado por la que
se dispone la publicación de los currícula de enseñanza religiosa
evangélica correspondientes a la educación primaria y secundaria
obligatoria y bachillerato. Esto en lo que se refiere al desarrollo de
los acuerdos con la Iglesia evangélica.

En lo que se refiere a la Federación de Comunidades Israelitas de España,
ha habido tres asuntos que han sido desarrollados. Uno del año pasado,
por el que se aprueba el modelo de certificado de capacidad matrimonial y
de celebración del matrimonio religioso; la inscripción en el Registro
Civil de determinados matrimonios celebrados con arreglo a la confesión
de las Comunidades Israelitas de España; y una orden por la que se regula
también la participación en los órganos de gobierno colegiados de los
centros docentes de los profesores que imparten la enseñanza religiosa.

Con la Comisión Islámica, lo mismo...




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Perdón, señora Secretaria de
Estado. Ha pasado con creces los cinco minutos, por lo que le ruego
abrevie lo más posible.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Gracias, señor Presidente.

Quiero decir, finalmente, que con la Comisión Islámica el nivel de
desarrollo es el mismo que con la israelita y que, globalmente, respecto
de las tres, en materia de Economía y Hacienda, que es otro de los temas
que se deriva de los acuerdos, está pendiente de publicación una orden
por la que se aclara el alcance de la exención concedida en el Impuesto
sobre Bienes Inmuebles en los acuerdos de cooperación con las
federaciones de las tres confesiones religiosas.

Por lo tanto, en conclusión, y acabando ya, no es que no exista
desarrollo de los acuerdos. Existe desarrollo en los temas a que antes me
he referido. En muchas ocasiones no ha



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sido posible incrementar más el desarrollo de las temas de acuerdo y
cooperación porque hay que adaptarse a los ritmos de las propias
confesiones, ya que los problemas, además, son distintos en cada una de
las tres. Desde luego, le puedo decir, señoría, que vamos a seguir
insistiendo en los temas que están pendientes de desarrollo y los vamos a
considerar, como he señalado en mi intervención en la comparecencia, como
objetivos prioritarios de esta Secretaría de Estado.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Tiene la palabra, muy
brevemente, por favor, el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Entiendo que tengo al menos cinco minutos, porque
no he consumido ni 15 segundos en la formulación de la pregunta.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Son dos y medio. Lo que pasa
es que la señora Secretaria de Estado se ha pasado para darle explicación
a lo que usted pedía. El tiempo son dos y medio para cada interviniente.




El señor LOPEZ GARRIDO: La pregunta sobre el grado de desarrollo de los
acuerdos de 1992 iba destinada a saber hasta qué punto se había producido
ese desarrollo y, efectivamente, ha sido muy limitado. Las leyes de 1992
son de mínimos en cuanto a acuerdos que exigen un desarrollo posterior, y
en estos momentos debe reconocerse que hay un mínimo desarrollo de esos
acuerdos que afectan a cerca de un millón de españoles, porque las tres
comunidades reúnen, aunque no haya unos cálculos muy exactos, a cerca de
un millón de españoles que están afectados por este tema.

Hay algunas preocupaciones prioritarias que el Gobierno debería
desarrollar inmediatamente. La primera de ellas, sin duda, es el tema de
la financiación. Estas comunidades realizan una labor social muy
importante. En concreto, la Iglesia evangélica, que nos ha suministrado
algún dato al respecto, considera que al menos en 6.000 millones de
pesetas se pueden evaluar las actividades sociales, por las que no
reciben ninguna subvención por parte del Estado español. Habría que
solucionar este tema, por un lado, fundamentalmente a través del famoso
0,5 del Impuesto sobre la Renta, de tal forma que ese 0,5 pudiera ir a
esas comunidades para que no hubiera discriminación con la Iglesia
católica, con la cual, lo mismo que con estas creencias religiosas, el
Estado español debe realizar una cooperación, según dice el artículo 16
de la Constitución. Lo dice claramente y no debe haber, por tanto,
discriminación a ese respecto.

En el caso de la financiación, es importante tener en cuenta que se
renunció en su momento por estas comunidades a financiar directamente al
clero, pero para que se financiase su obra social, que no se ha
financiado en absoluto, y su patrimonio. Ni siquiera tienen posibilidades
de crear oficinas técnicas, una mínima infraestructura para llevar a cabo
sus actividades, que son muy importantes en el plano social, y que en
algunas ocasiones se hacen en estrecha unión con entidades de la propia
Iglesia católica.

Tampoco está regulado el tema de la Seguridad Social de los ministros de
culto y es un tema muy importante, y también el tema de la asistencia
religiosa en establecimientos penitenciarios, hospitales y
establecimientos militares. Sobre todo en hospitales y en
establecimientos militares, en algún caso incluso se les ha negado la
entrada para la asistencia religiosa. No está regulada la reciente Orden
Ministerial 100/1994, sobre regulación de actos religiosos en ceremonias
solemnes militares, y se sigue vinculando estrechamente una ceremonia
militar con una ceremonia religiosa, y esto tiene, aparte de los efectos
inconstitucionales que significa, efectos también en cuanto a la
discriminación con otras confesiones religiosas que no sean la católica,
muy especialmente estas tres, porque, aunque hay cientos de confesiones
religiosas, son las que están reconocidas muy especialmente por el Estado
español en las leyes de 1992.

En el caso concreto de la Comisión Islámica, hay algunas especificidades.

Además de lo anterior, que se refiere a la Iglesia evangélica, en el caso
de la Comunidad Islámica hay un gran patrimonio de origen islámico para
el cual tampoco existe ningún tipo de financiación para ayudar a su
protección. No hay nada, ni siquiera negociado, sobre un desarrollo del
derecho de familia islámico, algo que es muy importante para los que
pertenecen a esta religión.

En el caso de la educación, se trata no solamente de financiar el que
profesores pudieran dar clase de religión islámica, sino, además, de que
los centros docentes públicos ofertasen esa posibilidad, naturalmente
optativa, que, en algunas ocasiones, como no se da, produce situaciones
insostenibles, como la que sucede en estos momentos en Ceuta y Melilla,
una situación desastrosa en la que prácticamente la totalidad de algunos
colegios son musulmanes y no existe esa oferta educativa. También el
caso, quizá menos importante, pero también significativo para esta
confesión, como es la alimentación Halal. Esa alimentación no se ofrece
en centros públicos de transporte y sobre ello tampoco existe ningún tipo
de financiación.

Reiteramos la necesidad, sobre todo, de las prioridades que yo he
destacado de la financiación en asistencia social, porque se está
produciendo un caso, que me comentaban recientemente, muy anecdótico, y
es que en algunos hospitales, en el ejército o en cárceles, es Cáritas,
es la Iglesia católica la que está asistiendo religiosamente a los
musulmanes, porque resulta que no existe posibilidad de una asistencia
por parte de esta confesión.

Volvemos a insistir en la necesidad de que esto se aborde. Yo creo,
sinceramente, que no se han abordado en serio todos estos problemas.

Me alegro de que el Ministerio de Justicia haya asumido, como,
naturalmente, es su obligación, la coordinación de todos los esfuerzos de
todos los ministerios a este respecto, pero creemos que no puede
mantenerse por más tiempo esta situación en la que hay no solamente una
importante discriminación con respecto a otra confesión, la mayoritaria
en este país, sino que, además, no se ha tenido en cuenta la importante
labor de asistencia social, de obra social desconocida por la opinión
pública que realizan estas confesiones que debería ser atendida por el
Estado.




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El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Señor López Garrido, ha
disfrutado usted de cinco minutos.

Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado, pero le queda un minuto
nada más.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
Aprovecharé el minuto.

Coincido con S. S. en que, efectivamente, el grado de desarrollo de los
acuerdos no es el deseable; es cierto. Ahora, no tanto como usted ha
dicho, porque también aquí hay que tener en cuenta un factor importante,
y es que, al hablar con las distintas confesiones y ver sus estructuras,
se pone de manifiesto que en muchas ocasiones no ha habido mayor grado de
desarrollo porque tampoco ha habido excesiva colaboración por parte de
las confesiones, y eso sí que lo quiero dejar claro, entre otras cosas
porque ellas mismas lo han puesto de manifiesto.

El desigual arraigo y penetración social que tienen unas y otras no es el
mismo y los problemas que tiene cada una de ellas es completamente
diferente. Por lo tanto, yo creo que nos tenemos que concienciar todos de
que hay que exigir un esfuerzo para evitar posibles discriminaciones que
se pudieran estar produciendo, sin perjuicio de asumir la responsabilidad
de que el grado de desarrollo no ha sido el correcto, pero que en
ocasiones esto ha venido determinado por la propia desigual estructura
organizativa que tienen. No son lo mismo, evidentemente, los
evangelistas, que tienen un grado de desarrollo organizativo e
implantación muy superior al de las comunidades israelita e islámica. No
lo digo por echar responsabilidades fuera, sino por poner de manifiesto
que las cosas, en ocasiones, cuando hay que negociarlas, son francamente
complicadas.

Quiero decirle, señoría, que el grado no es satisfactorio, pero yo creo
que estamos en condiciones de poder impulsar --y éste es uno de los
objetivos de la Secretaria de Estado de Justicia--, un mayor desarrollo
de estos acuerdos, sobre todo en los temas fundamentales, que son los de
financiación y enseñanza de la religión. Yo creo que al de la enseñanza
de la religión ya se ha dado un impulso grande. En el decreto están
previstos estos supuestos y ahora entra ya en una negociación con el
Ministerio de Educación para atender ya los contenidos concretos.




--MEDIDAS PARA DOTAR A LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE CASTELLON DE MEDIOS
PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES. FORMULADA POR EL SEÑOR
PERALTA ORTEGA (GIU-IC). Número de expediente 181/001099.)



--DOTACION DE LOS SERVICIOS DE UN JUZGADO DE LO PENAL A GANDIA
(VALENCIA). FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA (GIU-IC). (Número de
expediente 181/001100.)



El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): A continuación vamos a
desarrollar los puntos 8 y 9 del orden del día, que han sido acumulados.

Para ello tiene la palabra el señor Peralta, del Grupo Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PERALTA ORTEGA: Señora Secretaria de Estado de Justicia, la
primera de las preguntas se formula a raíz de un hecho puntual, y es que
la Audiencia Provincial de Castellón denuncia que carece de los medios
técnicos para dar traslado de una prueba planteada a las partes en un
sumario que es un muy conocido en toda la Comunidad Valenciana, como es
el caso del asesinato del joven Guillén Aulló, que se produjo en la
localidad de Montanejos y que se tramita por dicha Audiencia de
Castellón. Se plantea dar traslado a las partes de unas grabaciones en
vídeo llevadas a cabo por el propio tribunal para que valoraran la
pertinencia de las mismas en el transcurso de dicha vista oral y la
Audiencia plantea que carece de los medios idóneos, no sólo de las cintas
de vídeo, sino ni siquiera del aparato reproductor, y requiere a las
partes para que aporten ellas mismas los medios, con el consiguiente
retraso en ese sumario. Al menos así es como aparece reflejado en los
medios de comunicación.

Me consta, señora Secretaria de Estado, que esa situación fue
posteriormente resuelta. Por tanto, tengo que decir, en primer lugar, que
celebro que esa situación puntual esté resuelta. Sin embargo, hay un
problema de fondo al que ya se ha hecho alusión a lo largo de esta
sesión, y es el de la escasez de dotaciones para el correcto desempeño de
sus funciones.

Quiero insistir en que eso se lleve a cabo, pues esta Comisión y la de
Presupuestos tienen cauces para ello y yo creo que requiere no sólo el
esfuerzo que se haga desde el propio Ministerio y desde todos los grupos
políticos, sino también el que se den instrucciones para que en asuntos
puntuales que tienen trascendencia y relevancia pública, como es el caso
concreto del sumario de Guillén Aulló, no se puedan plantear ese tipo de
situaciones, porque son sumarios sobre los que la opinión pública tiene
un especial seguimiento.

Le formularía una pregunta sobre qué medidas se van a tomar en relación
con ese tipo de asuntos y cuestiones.

La segunda pregunta, en la medida en que se han acumulado, hace
referencia a la posible creación de un juzgado de lo penal en Gandía.

Conoce la Secretaria de Estado de Justicia que en esta ciudad, muy
importante por el número de habitantes que tiene y, lógica y
consecuentemente, por el volumen de trabajo que se desarrolla por parte
de los juzgados de instrucción que existen en la misma, se ha planteado
la posible creación de un juzgado de lo penal que permitiera evitar que
ese cúmulo de expedientes de ciudadanos, de policías, etcétera, toda es
serie de actuaciones que se tienen que trasladar a Valencia en la
actualidad para llevar a cabo las vistas orales, pudieran desarrollarse
en la propia ciudad de Gandía.

Esta fue una iniciativa que partió del colectivo de abogados que trabajan
en esos juzgados de instrucción que existen actualmente en la ciudad y
que fue respaldada por el Colegio de Abogados de Valencia, que ha sido
asumida por el propio ayuntamiento, y la alcaldesa de esta ciudad
recientemente ha llevado a cabo contactos con el propio



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Ministerio de Justicia, de los que, al parecer, traslucía una visión
optimista. Decía, según reflejaban los medios de comunicación, que la
verdad era que las conversaciones están muy avanzadas y existe un
compromiso adquirido por el Ministerio para que nuestra ciudad pueda
contar con un juzgado de lo penal próximamente.

Desearía saber, señora Secretaria de Estado de Justicia, en qué medidas
esas conversaciones han fructificado y efectivamente se puede anunciar
que esta ciudad va a contar con los servicios, por una vía o por otra, de
un juzgado de lo penal.




El señor VICEPRESIDENTE (Arqueros Orozco): Para contestar, tiene la
palabra la señora Secretaria de Estado de Justicia.




La señora SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICIA (Fernández de la Vega Sanz):
En cuanto al primer tema de Castellón, realmente me quedo tan sorprendida
como S. S. podrá entender, porque es la primera vez que oigo que un
órgano judicial se dirija a las partes para que le dé un instrumento para
aportar las pruebas. Francamente, en sumarios de determinada
trascendencia social, en la medida en que a mí me ha incumbido la
responsabilidad política, jamás se ha puesto ninguna pega a ningún órgano
judicial y se ha hecho el esfuerzo necesario para que asuntos de esa
naturaleza no se pudieran paralizar por causa de una carencia tan nimia
como pueda ser un vídeo. Por lo tanto, yo creo que los jueces en muchas
ocasiones lo piden, la mayoría de ellos, incluso cuando no son temas de
tanta trascendencia, pero, si hay que reiterárselo, se lo reiteraremos.

En Castellón desconocemos que haya problemas especiales. Hay problemas
especiales en Castellón en lo que se refiere a espacios de la Audiencia
que hay que reubicar. Lo que sí que es cierto es que la memoria de
necesidades del Consejo no se refiere ya en concreto al hecho que usted
me ha planteado para el año 1994, sino que se pide la creación de dos
plazas más de magistrado para la Audiencia. En estos momentos la
plantilla está cubierta, son seis y hay previstos seis, pero es verdad
que ha habido un incremento de asuntos, aunque realmente, si se miran las
estadísticas, la carga de trabajo no está más allá de lo que son los
números normales. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Lo que sí
hay, en alguna de las secciones, es un determinado atraso que en
ocasiones se ha intentado paliar con alguna medida de apoyo. Eso por lo
que se refiere a la audiencia provincial de Castellón.

Me alegro mucho que me haga usted esta pregunta sobre Gandía, señoría,
porque es un tema que me ha preocupado de forma específica. En estos
momentos, como usted sabe, la circunscripción de lo penal de Valencia es
provincial, y la carga de lo penal de los juzgados de Valencia está en la
media, es decir, no se aprecia una carga superior a la que tienen otros
órganos judiciales en todo el territorio. ¿Qué ocurre? Que los jueces de
Valencia no quieren ir a Gandía; así de claro. Pero eso es competencia de
la sala de gobierno del Tribunal Superior, porque el artículo 89 bis
establece lo siguiente: Las Salas de Gobierno de los Tribunales
Superiores de Justicia dispondrán que los jueces de lo Penal, asistidos
de Secretario, se constituyan para celebrar juicios orales, con la
periodicidad que se señale, en las ciudades donde tengan su sede los
juzgados que hayan instruido las causas de las que corresponde conocer,
siempre que su desplazamiento venga justificado por el número de éstas o
por una mejor administración de justicia.

Yo creo que la ley, en estos momentos, prevé mecanismos clarísimos para
que la Justicia Penal en Valencia funcione mejor, y es el desplazamiento,
como ocurre en otras comunidades autónomas, de los juzgados de lo penal
de Valencia a Gandía. Evidentemente, eso está en manos de la sala de
gobierno, y así se lo he hecho saber a todo el que me ha venido con el
planteamiento de este problema, incluida la propia alcaldesa de Gandía, y
así se lo he hecho llegar al Presidente del Tribunal Superior de
Justicia. En cualquier caso, si tuviéramos que crear un juzgado de lo
penal en Valencia habría que hacerlo encima de la planta, y además habría
que modificar la circunscripción, lo cual hay que hacer por ley, lo que
no se excluye en los trabajos preparatorios que estamos realizando sobre
la revisión de planta. En esos trabajos no se excluye, no tanto crear un
nuevo juzgado, como trasladar alguno de los de Valencia a Gandía, en cuyo
caso habría que modificar circunscripción, porque la de Gandía no es
suficiente para un órgano judicial, sino que habría que unir las de
Alcira y Onteniente, en cuyo caso sí que se justificaría el traslado de
un juzgado de lo penal de Valencia a Gandía. Eso lo tendremos que hacer
por ley, si en el momento en que esa ley se tramita el problema que está
solucionado.

Hoy me ha formulado usted la pregunta sobre este tema, pero ha habido ya
peticiones por parte de todos los grupos políticos, porque,
evidentemente, yo creo que hay una conciencia, un diagnóstico total, de
que se solucionarían mucho mejor los problemas de la justicia en Gandía
desplazándose los jueces de lo penal de Valencia a Gandía y no al revés,
pero, repito que hoy, incluso antes de que modifiquemos la ley, hay
instrumentos precisos, que son aquellos que incumben a la zona de
Gobierno del Tribunal Superior.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado, por la
información dada a la Comisión y por su presencia en la misma.




APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA
DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA DEL:



--PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 50/1981, DE 30 DE
DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGANICO DEL MINISTERIO
FISCAL, Y SE CREA LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA REPRESION DE LOS DELITOS
ECONOMICOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCION. (Número de expediente
121/000054.)



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El señor PRESIDENTE: El punto número 10 del orden del día es la
aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe
elaborado por la ponencia, del proyecto de ley por el que se modifica la
Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal y se crea la Fiscalía Especial para la
represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.

Permanecen vivas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió) por el Grupo Parlamentario Popular, que van
a efectuar una única intervención para la defensa de las mismas.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Camp.




El señor CAMP I BATALLA: Muy brevemente, señor Presidente.

Las enmiendas presentadas en su día por nuestro Grupo Parlamentario son
tres, siendo dos de ellas de carácter marcadamente técnico. La primera
propone suprimir un parágrafo de la exposición de motivos que entendemos
que es una repetición conceptual, y la tercera también es una simple
mejora técnica dentro del punto tercero del artículo único objeto de este
proyecto de ley. La que tiene más relevancia sería la enmienda número 2
de nuestro Grupo, que corresponde a la 7 del informe de la Ponencia, que
postula introducir dos conductas delictivas dentro de los ámbitos de
interés y de intervención de la Fiscalía Especial objeto de este proyecto
de ley, que serían las conductas que hacen referencia a contrabando y a
materia de control de cambios. Creemos que con ello quedaría más completa
esta primera definición que plantea el proyecto de delitos contra la
Hacienda Pública; añadiendo «contrabando y en materia de control de
cambios», se llenaría más este concepto inicial del proyecto de ley.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.

Tiene la palabra el señor Padilla.




El señor PADILLA CARBALLADA: Nuestro Grupo había formulado cinco
enmiendas, de las que voy a hacer una brevísima defensa, destacando que
se refieren a dos materias. Unas son de carácter técnico y
fundamentalmente organizativo del Ministerio Fiscal, a través de las
cuales buscamos una mayor coherencia de la regulación de esta Fiscalía
Especial anticorrupción con el modelo de la otra Fiscalía Especial que se
constituyó en el ámbito de la Fiscalía General del Estado, que es la
Fiscalía Antidroga, puesto que nos parece que, en la medida de lo posible
y por razones puramente de homogeneidad organizativa del Ministerio
Fiscal, ambas deben responder al mismo esquema en cuanto a la
organización interna y la estructura. En ese sentido, consideramos que
debe reflejarse en este proyecto esa previsión contenida en el número 1
de que también se consideran integrados en la misma los fiscales de las
distintas Fiscalías que designe el Fiscal General del Estado en cuanto
ejerzan las funciones específicas a las que se refiere el artículo 18 de
esta ley.

La enmienda número 2 plantea que la Fiscalía Especial para la represión
de los delitos económicos relacionados con la corrupción practicará las
diligencias a que se refiere el artículo 5 de esta ley e intervendrá
directamente en los procesos penales de especial trascendencia apreciada
por la Junta de Fiscales de Sala, en relación con los delitos a los que
se refiere este proyecto. Lo que se pretende, de alguna manera, es
objetivar las previsiones legislativas y no dar un margen de
discrecionalidad al Fiscal General del Estado nada más que allí donde es
estrictamente necesario, y en este caso concreto entendemos que no lo es.

Sin duda, la enmienda de mayor calado es la número 3, que pretende
completar el cuadro de delitos a que se hace referencia en el proyecto de
ley. Entendemos que tanto la infidelidad en la custodia de documentos
como la revelación de secretos e informaciones como las falsedades
cometidas por funcionarios públicos son delitos casi mediales,
imprescindibles o necesarios, utilizados constantemente en cualquier tipo
de actuación o práctica relativa a la corrupción. Por eso entendemos que
deben ser expresamente contemplados para concretar realmente el objetivo
que se proponen las actuaciones de esta fiscalía especial y, por tanto,
los fines que persigue con su creación, para la represión de ese tipo de
delitos, el proyecto de ley que nos ocupa.

Finalmente, quedan otras dos enmiendas que, como he dicho anteriormente,
son de carácter organizativo. La primera pretende que, en la línea de la
otra fiscalía especial, se haga una contemplación expresa de los
distintos medios personales y materiales con que debe contar esta
fiscalía, y una última en cuanto a que la adscripción o integración en
esta fiscalía del personal que el Fiscal General del Estado proponga se
haga previo informe favorable del Consejo Fiscal, porque entendemos que
eso propicia una actuación más objetiva en la adscripción de medios
personales a esta fiscalía, sobre todo teniendo en cuenta el carácter de
la organización del Ministerio Fiscal que, como es sabido, señorías,
responde a criterios de jerarquía, de tal suerte que sólo aquellos cargos
que el Estatuto establece deben ser de designación discrecional, y en
todos los demás debe procurarse que haya un mayor predominio de los
elementos reglados. En este caso, en la integración en esa fiscalía, nos
parece que es importante que, para dotarla de mayores criterios de
objetividad, sea previo informe favorable del Consejo Fiscal.

Sólo quiero solicitar el voto favorable a las enmiendas de nuestro Grupo
a las señoras y señores Diputados de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Para turno en contra de estas enmiendas, por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García
Espinosa.




El señor GARCIA ESPINOSA: Para fijar telegráficamente nuestra posición
contraria, básicamente, a las enmiendas del Partido Popular. Anuncio que
lo haré con brevedad



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porque creo que la relevancia de las mismas a ello nos invita, como acaba
de manifestar su representante.

El Partido Popular ha presentado cinco enmiendas de carácter
fundamentalmente técnico. La primera de ellas pretende suprimir del
proyecto de ley la idea que éste contiene de que también se puedan
integrar en la fiscalía especial los fiscales que designe el Fiscal
General del Estado en cuanto conozcan de materias relacionadas con la
corrupción. Nosotros entendemos que es bueno mantener el texto del
proyecto, y lo creemos así porque transcribe casi literalmente el
acuerdo, la resolución, que por unanimidad adoptó este Congreso de los
Diputados cuando decidió crear esta figura especial, esta fiscalía
especial, para personarse en los delitos de corrupción y trabajar en la
coordinación de las actuaciones de las distintas fiscalías, cosa que, por
otra parte, también ejerce en su modelo organizativo la Fiscalía Especial
contra la Droga.

La enmienda número 2 del Partido Popular pretende que la apreciación de
la especial trascendencia de los delitos en los que deba personarse esta
fiscalía especial sea apreciada por los fiscales de Sala en vez de por el
propio Fiscal General del Estado, como sostiene el proyecto. Nosotros
creemos que sería excederse en las competencias de la Junta de fiscales
de Sala. La Junta de fiscales es un órgano asesor del Ministerio Fiscal,
como se establece en el artículo 14 del Estatuto, y no entendemos
necesaria esa quiebra en ese modelo.

La enmienda número 3 lo que hace es introducir una serie de nuevos
delitos en los que podría intervenir esta fiscalía especial. Yo entiendo
que tanto la infidelidad en la custodia de documentos como las falsedades
cometidas por funcionarios pueden no ser en todos los casos delitos que
se refieran estrictamente a actividades económicas relacionadas con la
corrupción y que, en cualquier caso, la fiscalía tiene la posibilidad de
personarse en los mismos si aprecia la especial relevancia que el
proyecto le exige, debido a que en el propio artículo 18, que se pretende
reformar, se contempla, repito, la posibilidad de personación en los
delitos conexos con los anteriores, es decir, en otra serie de delitos
que establece ese mismo artículo 18.

La enmienda número 4 carece de toda relevancia e intenta fijar
exactamente la plantilla de asesores o expertos que podría tener esa
fiscalía contra la corrupción, que no creemos que deba venir constreñida
por indicación legal.

Por último, la enmienda número 5, del Partido Popular, en conexión con su
enmienda número 2 --creo-- pretende que cuando haya que designar otros
fiscales para coordinar los trabajos contra la corrupción, esa
designación, ese nombramiento, no recaiga en el Fiscal General del Estado
sino en el Consejo Fiscal. El razonamiento es el mismo dado con
anterioridad, que creemos que sería desorbitar las competencias del
Consejo Fiscal, que vienen claramente especificadas en el Estatuto
orgánico del Ministerio, en su artículo 14. Creemos que sería una
ampliación no razonable de su competencia y una quiebra injustificada del
modelo, por el que también se rige la fiscalía antidroga.

En resumen, no vamos a aceptar, no vamos a votar favorablemente las cinco
enmiendas que propone el Partido Popular, y aprovecho para expresar
nuestra posición favorable hacia las tres enmiendas presentadas por el
Grupo Catalán (Convergència i Unió) números 6, 7 y 8, por los
razonamientos que ha expresado su representante.




El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.




El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Presidente, quisiera que conste que el
señor Robles Fraga sustituye al señor Trillo y el señor Martínez Casañ al
señor Alvarez-Cascos.




El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario
Catalán.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
abstenciones, 10.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en
contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Pasamos a votar el informe de la Ponencia, junto con las enmiendas
aceptadas, lógicamente, y que también comprende las enmiendas aprobadas
del Grupo Parlamentario Catalán.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18;
abstenciones, 10.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el informe de la Ponencia. Aprobación
que como saben SS. SS. --se lo recuerdo-- es con competencia legislativa
plena.




--EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA,
SOBRE LA PROPOSICION DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DEL CODIGO PENAL,
MEDIANTE LA QUE SE TIPIFICA LA APOLOGIA DEL DELITO DE GENOCIDIO.

PRESENTADO POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 122/000041.)



El señor PRESIDENTE: El punto número 11 del orden del día es la
proposición de ley orgánica de modificación del Código Penal, mediante la
que se tipifica la apología del delito de genocidio.

La Ponencia encargada de redactar el informe sobre la proposición de ley
orgánica de modificación del Código Penal con referencia a la apología al
delito de genocidio, ha llegado a un acuerdo, con lo que prácticamente se
han asumido todas y cada una de las enmiendas que se habían presentado a
la proposición, que concretamente eran enmiendas



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del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.

Como consecuencia de ello cabe que hagan ustedes manifestación previa a
la votación, fijando su posición, o explicación de voto con
posterioridad. Parecería más lógico una fijación previa al momento de la
votación, si alguno de los señores portavoces así lo desea. (Pausa.)
Como no hay ninguna manifestación en este sentido, pasamos a la votación.

Sometemos a votación el informe de la Ponencia.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.

Explicación de voto. ¿Grupos que desean intervenir?
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra la señora Alemany.




La señora ALEMANY I ROCA: Visto el informe de la Ponencia de la Comisión
de Justicia, una vez estudiadas las enmiendas de los diversos Grupos al
texto de la proposición de ley, parece que se ha llegado al acuerdo de
todos los grupos. Parece lógico que sea así en una proposición de ley
orgánica que modifica el Código Penal y mediante la que se tipifica la
apología del delito de genocidio.

Queremos manifestar aquí solamente el apoyo del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) a esta proposición de ley que obliga a todos los
estados democráticos a emprender una acción decidida contra la
proliferación que hay en distintos países de Europa de violencia
antisemita y racista, que se realiza bajo banderas y símbolos muchas
veces de ideología nazi.

Ello se hace más urgente en cuanto a la guerra de la antigua Yugoslavia,
tan cercana para nosotros, y donde parece que prácticas genocidas que
parecían ya abandonadas reviven. Violencias masivas contra la población
civil, violaciones a las niñas y a las mujeres hacen insostenible esta
situación y urgente la adopción de medidas.

La legislación española ha ratificado tratados internacionales. El
Convenio de Nueva York de 9 de diciembre de 1948, para la prevención y la
sanción de un delito de genocidio; convenio internacional sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación racial, este convenio
es de 21 de diciembre de 1965, y hace tan sólo unos pocos meses se aprobó
en nuestro Parlamento la Ley Orgánica 15/1994, de 1 de junio, que
comporta tomar las medidas necesarias para cumplir la Resolución 827, de
1993, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por la que se crea
un tribunal internacional para el enjuiciamiento de los presuntos
responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario
cometidas en la ex Yugoslavia.

Todo el proceso legislativo llevado a cabo hasta el momento no es
suficiente. Se deben castigar también cuantas conductas puedan significar
apología o difusión de las ideologías que defiendan el racismo o bien la
exclusión étnica, motivo de esta proposición de ley.

Por todo ello, nuestro Grupo ha votado favorablemente.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.




El señor LOPEZ GARRIDO: Nuestro Grupo, como todos los demás, ha votado a
favor del informe de la Ponencia en relación con la ley orgánica de
modificación del Código Penal mediante la que se tipifica la apología del
delito de genocidio.

Hemos estado a favor de esta proposición de ley desde su inicio.

Felicitamos al Grupo Popular por la iniciativa y creemos además que en
este caso sí se puede decir que la Ponencia ha realizado una excelente
labor --aunque sea inmodestia que se diga por parte de alguien que ha
formado parte de la misma-- modificando en algunos aspectos la
proposición de ley y, sobre todo, añadiendo algunas enmiendas
originariamente presentadas por todos los grupos y conformando una
proposición de ley, que esperemos que pronto se convierta en ley, que va
más allá de lo que pretendía la proposición de ley inicial, puesto que
entra a tratar la cuestión de la penalización de las conductas de tipo
racista. Por tanto, no es ya sólo en el grado extremo del delito de
genocidio, sino también en las conductas penales que tengan una
motivación racista.

En el caso del delito de genocidio, creo que es importante destacar que
ha habido una ampliación del tipo, en el sentido de que se incluiría
también como apología la pretensión de «la rehabilitación o constitución
de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras del delito
de genocidio».

Y en relación con los añadidos que se han producido a esta proposición de
ley, creo que también debemos destacar la importancia de las enmiendas
presentadas en su momento por el Grupo Socialista, al que quiero
felicitar también por la propuesta de nueva redacción del apartado 17 del
artículo 10 del Código Penal y por la introducción de un nuevo artículo
165 ter. 1. del Código Penal. Son enmiendas que han mejorado
ostensiblemente la proposición de ley y hacen que podamos decir que vamos
a tener un instrumento penal (que es simplemente un paso adelante, pero
al menos es un paso adelante) para combatir las conductas penales que
tengan una motivación racista. En concreto, la redacción del apartado 17
del artículo 10 del Código Penal consiste en considerar como agravamiento
de la conducta a la hora de fijar la pena el cometer cualquiera de los
delitos contra las personas o el patrimonio por motivos racistas,
antisemitas u otros referentes al origen étnico o nacional y también --es
lo que incluyó la Ponencia en su deliberación-- aquellos delitos que se
cometan por motivos relativos a la ideología, religión o creencias de la
víctima. Me parece que es una innovación muy importante, que incluso va
más allá del puro motivo racista, para entrar en principios profundamente
protegidos por nuestra Constitución, como es la ideología, la religión o
las creencias. Igual se ha hecho en relación con el nuevo artículo 165
ter. 1, del Código Penal, considerando que hay un nuevo tipo, que es el
de aquellos que provoquen o inciten a la discriminación. Es muy
importante este nuevo tipo.




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Reitero nuestra satisfacción por la enmienda presentada en su momento por
el Grupo Socialista, ya que se trata de aquellas conductas que provocan
la discriminación de personas o grupos por motivos referentes al origen
racial, étnico o nacional y además también --la Ponencia lo añade, igual
que en el caso del artículo 10.17-- la de aquellas que provoquen a la
discriminación por razón de ideología, religión o creencias.

En definitiva, creemos que de cara al año 1995, que va a ser el año
europeo contra el racismo, es una buena contribución la que se hace desde
esta Cámara a la penalización de aquellas conductas que tienen relación
con estos motivos racistas, ampliado, como hemos dicho, por razones
ideológicas o religiosas en la Ponencia, y creemos que debemos
felicitarnos de que hayamos podido llegar por unanimidad a considerar que
ésta es una reforma necesaria y urgente del Código Penal.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Robles
tiene la palabra.




El señor ROBLES FRAGA: Agradezco la felicitación del señor López Garrido
por la proposición del Partido Popular de creación del delito de apología
del genocidio y felicito también a las señorías que participaron en la
Ponencia que ha llevado a este consenso. Entiendo que el consenso es
importante, en este caso no definido como la pasividad resultado de la
ambigüedad, sino como la reunión de voluntades en torno a una elección
clara. Además, creo que cumplimos con una obligación y que esta elección
clara que hacemos en esta proposición de ley obedece a una obligación de
carácter europeo internacional que nos veíamos desde hacía tiempo
obligados a desarrollar y a cumplir, concretamente las convenciones de
los años 1948 y 1965 contra el genocidio y toda forma de discriminación
racial, y me parece especialmente importante que se haya definido --y
creo que ése ha sido uno de los éxitos de esta Ponencia-- de manera más
clara y en formas lo más explícitas posibles el delito de apología, de
tal manera que, junto a un desarrollo de sus formas, se establece que
tales conductas deben constituir una incitación directa a cometer delito.

La creación del agravante de cometer los delitos contra las personas o el
patrimonio por motivos racistas, antisemitas y otros referentes al origen
étnico o nacional, junto a aquellos referidos a ideología, religión o
creencias de la víctima, y la creación del artículo 165.ter con el delito
de apología de la discriminación racial amplían notablemente el objetivo
de la proposición de ley presentada por el Grupo Popular, y desde luego
significan que el objetivo político que nos habíamos señalado con esta
proposición ha suscitado un debate que lleva, por fin, a que en nuestro
Código Penal se aborde un grave problema que había sido denunciado en
numerosas ocasiones, tanto en el Parlamento Europeo como en las distintas
instancias europeas, muy especialmente en el Consejo de Europa. Cumplimos
así además los objetivos de la recomendación de septiembre de 1993 de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la declaración de Viena de
Jefes de Estado y de Gobierno del Consejo de Europa de octubre de 1993,
en la que se animaba a los estados a continuar los esfuerzos para
eliminar los fenómenos de carácter racista, antisemita, xenófobo y contra
la tolerancia, y se comprometían los Jefes de Estado y de Gobierno allí
reunidos a reforzar las leyes nacionales y los instrumentos
internacionales, adoptando las medidas apropiadas en el plano nacional
europeo.

Efectivamente, el año que viene es el año europeo de la tolerancia, y más
allá de los actos y de las campañas de movilización contra los peligros
que supone para las democracias europeas el desarrollo de fenómenos o de
movimientos de carácter racista, xenófobo o antisemita o intolerante,
empezamos desde el Congreso de los Diputados a adaptar nuestra
legislación al compromiso europeo y a la base ideológica común sobre la
que se asienta nuestra Constitución.

Estoy convencido de que la aprobación del informe de la Ponencia llevará
rápidamente a que se apruebe esta ley orgánica y a que nuestras
autoridades se vean empujadas, con los instrumentos legales que les
estamos entregando, a perseguir y a utilizar los medios del Código Penal
para que nuestro país no sea refugio ni plataforma de actividades de
carácter racista, xenófobo o antisemita.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor
Valls tiene la palabra.




El señor VALLS GARCIA: Con suma brevedad. Pienso que este proyecto que
hemos aprobado es el proyecto del doble consenso, porque, como SS. SS.

conocen perfectamente, la proposición que estudiamos hoy tiene su origen
en un artículo del proyecto de Código Penal de 1992, que ya la mayoría de
los grupos votamos favorablemente y que dio lugar ya a un amplio acuerdo,
pero este acuerdo, señor Presidente, creo que se ha visto reforzado, como
se ha puesto de manifiesto por mis preopinantes, en la Ponencia que
celebramos el otro día, y debo decir que agradezco profundamente las
palabras que ha dedicado a este Grupo el portavoz de Izquierda Unida,
señor López Garrido. Evidentemente, el Grupo Parlamentario Socialista
quiso profundizar en el texto que estudiamos y presentó cinco enmiendas
que, como han reconocido el resto de los ponentes, dejan el texto mucho
más acorde con las aspiraciones de todos nosotros y puede ser un
instrumento útil para la lucha contra estas deplorables prácticas.

Yo quisiera decir simplemente, señor Presidente, dos cosas más. Una, que
si bien la tolerancia no se puede imponer con un código, que la
tolerancia tiene que ser una postura mucho más activa y mucho más
profunda de todos los ciudadanos que creemos en ella, sí es verdad que
hará falta que se tengan instrumentos suficientes como para poder luchar
contra aquellos que tratan de romper esta tolerancia necesaria en una
sociedad democrática avanzada como la nuestra. Con ello creo que
prestamos un gran servicio a la sociedad española, puesto que, si bien el
delito de genocidio está tipificado en nuestro Código Penal, la apología,
como ya tuve ocasión de exponer en el Pleno, ha tenido un posterior
desarrollo, principalmente jurisprudencial.




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Señor Presidente, señorías, no quiero alargarme más. Nos felicitamos
desde el Grupo Parlamentario Socialista por este acuerdo, esta puesta en
común de nuestros ideales, y únicamente, si me permite, rogaría a los
servicios de la Cámara, si no tiene inconveniente ninguno de los grupos,
que, de acuerdo con el espíritu y la letra de lo que acordamos en la
Comisión, tanto en el párrafo primero de la exposición de motivos como en
el cuarto, para ser concordes con el texto, se ponga primero la expresión
«racista» y después «antisemita». Igualmente, en el párrafo cuarto, por
los mismos motivos que he expuesto, en la última línea del texto que
tenemos del informe, a continuación de «el origen étnico o nacional», el
Grupo Parlamentario Socialista cree interpretar en realidad lo que se
dijo en la Ponencia y pondría las palabras «ideología, religión,
etcétera». Si el señor Presidente lo considera oportuno, podría consultar
al resto de los ponentes porque creo que así seríamos más fieles al
espíritu que mantuvimos en la Ponencia.

Reiterando mi agradecimiento por la aceptación de las cinco enmiendas
presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el clima con que
se desarrolló esta Ponencia, nada más y muchas gracias, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Entiendo que por parte de ningún Grupo Parlamentario
hay inconveniente alguno para que el dictamen de la Comisión sufra las
variaciones a que ha hecho referencia el señor Valls. Se aprueba, por
tanto, con estas variaciones el informe de la Ponencia y el dictamen de
la Comisión. (Pausa.)



VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:



--SOBRE PROTECCION A LA INFANCIA EN AQUELLOS PAISES DONDE SUFRE
VIOLACIONES DE DERECHOS Y MALOS TRATOS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000318.)



--PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE 12 DE JULIO DE 1994, POR
LA QUE SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO JURIDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 89/552
CEE, PARA LA PROTECCION DEL MENOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000320.)



El señor PRESIDENTE: Señorías, los puntos números 12 y 13 son
consecuencia del debate que tuvimos en la reunión de la Comisión de la
semana anterior acerca de dos proposiciones no de ley que fueron objeto
de debate. En la votación surgió un problema para cuya solución esta
Presidencia solicitó un informe a los servicios jurídicos de la Cámara.

El informe lo tienen SS. SS. y ha sido objeto de aceptación por la Mesa
de la Comisión en el día de ayer. Consecuente con ello, la Presidencia
asume que, en la votación que va a tener lugar con posterioridad, no
sería posible la votación separada de determinadas expresiones que, en el
fondo, camuflaran algún tipo de enmienda o la votación separada de alguna
parte de la proposición no de ley que cambiara el fondo de la misma.

Estas son, de forma rápida, las conclusiones que hay que entender forman
parte del informe de los servicios jurídicos de la Cámara.

Por consiguiente, votamos, en primer lugar, la proposición no de ley
sobre protección a la infancia en aquellos países donde sufre violaciones
de derechos y malos tratos. (La señora Del Campo Casasús pide la
palabra.)
Señora Del Campo.




La señora DEL CAMPO CASASUS: El Grupo Socialista, ateniéndose al informe
elaborado por el letrado de la Comisión y en la intención de aprobar, sin
desvirtuar su contenido, el fondo de la mayoría, tanto de esta
proposición no de ley como de la siguiente, solicita votación separada no
de expresiones aisladas, sino del punto 4 de esta proposición no de ley y
del punto 2 de la proposición no de ley sobre protección de la infancia
en radiotelevisión, que votaremos a continuación .




El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, señorías, a votar todos los
apartados de la proposición no de ley, excepción hecha del 4.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Por unanimidad se aprueban los apartados de la
proposición no de ley, excepción hecha del 4.

Apartado 4 de la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado número 4 de la
proposición no de ley.

El punto número 13 es la proposición no de ley para garantizar el
cumplimiento de la Ley de 12 de julio de 1994, por la que se incorpora al
ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552, de la Comunidad
Económica Europea, para la protección del menor. (La señora Del Campo
Casasús pide la palabra.)
Señora del Campo.




La señora DEL CAMPO CASASUS: Le recuerdo, señor Presidente, que habíamos
solicitado votación separada de los apartados 1 y 2.




El señor PRESIDENTE: Procedemos, por tanto, a la votación del apartado 1
de la proposición no de ley.




Efectuada la votación, dijo



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.

Apartado 2 de la proposición no de ley.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, ocho;
en contra, 18.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el apartado 2 de la proposición no
de ley a que hace referencia el número 13 del orden del día de la sesión
de hoy. (El señor Padilla Carballada pide la palabra.)
Señor Padilla.




El señor PADILLA CARBALLADA: Para una cuestión de orden.

En la Mesa de la Comisión del 30 de noviembre pasado se acordó que las
comparecencias números 212/000572 y 212/000591, interesadas por el Grupo
Popular, se remitieran para ser diligenciadas en el ámbito de la Comisión
Roldán.

Como expusieron distintos miembros de la Mesa, y consta a este portavoz,
algunos de ellos disintieron del criterio adoptado por la Mesa, en el
sentido de que esas comparecencias tenían relación con la investigación y
además estaban enderezadas a la finalidad de las investigaciones de esa
Comisión.

Lo cierto es que, como digo, miembros de la Mesa manifestaron su criterio
discrepante, y así lo hicieron constar en acta; por tanto entendemos que
se dan los supuestos que suponen que la delegación de la Comisión en la
Mesa para resolver sobre las comparecencias sólo podía ejercitarse en el
supuesto de que la Mesa las adoptara por unanimidad y, sea cual fuera la
interpretación que se haga de la decisión de la Mesa, ciertamente la Mesa
lo que ha hecho ha sido decidir que esas comparecencias no se produzcan
ante esta Comisión de Justicia e Interior, que en ese caso, con arreglo a
esa delegación de facultades, sólo podía decidirse por unanimidad.

Como no sucedió así, solicitamos que se señale en el inmediato orden del
día, que, además, por razones de la naturaleza de esas comparecencias, y
su utilidad a los fines políticos que las motivan, interesamos tenga
lugar lo antes posible y solicitamos que antes de finalizar el período de
sesiones se acuerde someter a la Comisión la decisión sobre dichas
comparecencias.




El señor PRESIDENTE: La Mesa y portavoces a que hace usted referencia
tomó esa decisión argumentándolo en dos supuestos que pueden o no ser
erróneos.

Uno, entendían que formaba parte de la Comisión de Investigación acerca
del supuesto de don Luis Roldán; y, dos, porque aparecían como solicitud
de comparecencia determinadas personas que ya no tenían carácter de
funcionario público al no formar parte ya de ninguna esfera del Gobierno.

En todo caso sí es cierto que hubo la abstención de su grupo y parece que
tiene cierta lógica que, en lugar de decidirlo aquí cuando ese supuesto
no forma parte del orden del día, ni están algunos de los grupos
parlamentarios que tomaron la decisión en la Mesa y portavoces, se
convoque la Mesa y portavoces de la Comisión para mañana a las dos de la
tarde y que ella decida sobre lo que parezca más oportuno.

Se levanta la sesión.




Eran las dos y veinte minutos de la tarde.