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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 389, de 19/12/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 389
D E F E N S A
PRESIDENTE: DON JUAN MUÑOZ GARCIA
Sesión núm. 22
celebrada el lunes, 19 de diciembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Secretario de Estado de Administración Militar (Arévalo
Arias), para informar sobre el Reglamento del Servicio Militar. A
petición propia. (Número de expediente 212/000893) (Página 11988)
--Del señor Ministro de Defensa (García Vargas), para informar sobre el
nuevo Reglamento del Servicio Militar aprobado por el Gobierno, así como
sobre los planes del citado Ministerio para la aplicación del mismo. A
solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
213/000376). Esta comparecencia ha sido cumplimentada por el señor
Secretario de Estado de Administración Militar (Página 11988)
--Del señor Ministro de Defensa (García Vargas), para informar sobre el
sistema de contratación de personal en la Base de Rota (Cádiz). A
solicitud del Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente
213/000438). Esta comparecencia ha sido cumplimentada por el señor
Secretario de Estado de Administración Militar (Página 11993)



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Preguntas:
--Del señor Andreu Andreu (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
existencia de irregularidades en la contratación del personal laboral en
la Base Aeronaval de Rota (Cádiz). (BOCG, serie D, número 97, de 16-5-94.

Número de expediente 181/000745) (Página 11994)
--Del señor Martínez Blasco (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
adjudicación de los servicios de mantenimiento de la base aérea de
Zaragoza, sector sur, sin tener en cuenta el compromiso de recolocar a
los trabajadores de la empresa PAE que prestaba tales servicios para las
Fuerzas de los Estados Unidos de América, USAF. (BOCG, serie D, número
82, de 12-4-84. Número de expediente 181/000686) (Página 11996)
--Del mismo señor Diputado, sobre razón por la que el Ministerio de
Defensa no participa en la mesa tripartita --Gobierno Central, Gobierno
de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza-- a que se refiere la proposición no
de ley 3/1994, aprobada por las Cortes de Aragón el día 10 de febrero de
1994. (BOCG, serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente
181/000688) (Página 11996)
--Del mismo señor Diputado, sobre recolocación de los ex trabajadores de
la empresa PAE en los servicios de mantenimiento de la base aérea de
Zaragoza. (BOCG, serie D, número 82, de 12-4-94. Número de expediente
181/000689) (Página 11996)



Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:



--DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (AREVALO
ARIAS), PARA INFORMAR SOBRE EL REGLAMENTO DEL SERVICIO MILITAR. A
PETICION PROPIA. (Número de expediente 212/000893.)



--DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, PARA INFORMAR SOBRE EL NUEVO REGLAMENTO
DEL SERVICIO MILITAR APROBADO POR EL GOBIERNO, ASI COMO SOBRE LOS PLANES
DEL CITADO MINISTERIO PARA LA APLICACION DEL MISMO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/000376.)



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Primer punto del orden del día: Comparecencia del Secretario de Estado de
la Administración Militar para informar sobre el Reglamento del Servicio
Militar. Este punto primero del orden del día se tramitará junto con el
segundo, que tiene el mismo tenor, y ha sido solicitado por el Grupo
parlamentario Popular.

Para informar sobre esta cuestión, tiene la palabra el señor Secretario
de Estado de Administración Militar.

El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Muchas gracias, señor Presidente.

Aunque el tema del Reglamento, en cuanto a su origen, haya perdido
vigencia informativa en función de que es algo, no sólo incorporado a
nuestro cuadro legislativo, sino quizá más importante, constituido en
acervo regular y práctica habitual de funcionamiento dentro de las
Fuerzas Armadas, no cabe duda de que en cualquier caso, y sobre todo de
cara a las perspectivas razonables de evolución y desarrollo del mismo,
posiblemente tenga sentido volver, una vez más, a dicha pieza
legislativa.

Como saben SS. SS., este Reglamento fue aprobado por el Real Decreto
1.410/1994, del 25 de julio, y conjuntamente con el de reclutamiento,
aprobado por el Real Decreto 1.107/1993, de 9 de julio, constituyen los
dos reglamentos básicos en desarrollo de la Ley Orgánica del Servicio
Militar 13/1991, de 20 de diciembre.

En términos generales, el Reglamento establece los criterios de actuación
en la vida diaria del personal de reemplazo desde el momento en que se
adquiere la condición de militar al incorporarse a su unidad hasta el día
en que, transcurridos nueve meses, pasa a la reserva. El objeto general
del Reglamento es la adecuación permanente del servicio militar, tanto a
las necesidades derivadas del planeamiento de la defensa militar y a las
organizaciones de los ejércitos como a las realidades y circunstancias de
la sociedad española, tratando de mantener el nivel de operatividad que
demanda la defensa con el menor coste social posible.

Una síntesis de los principales aspectos del Reglamento se puede recoger
en los siguientes apartados: Contemplar, como se hace en los artículos 49
y 51, el inicio del servicio con el viaje de incorporación a las
unidades. Este viaje,



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como el de regreso a su lugar de origen o los que se realicen con motivo
de permisos extraordinarios en determinadas circunstancias, u ordinarios,
correrán con cargo a los presupuestos generales del Estado. Se contempla
un período básico de instrucción. La ceremonia de juramento o promesa a
la bandera se racionaliza y se hace compatible con el carácter no
confesional del Estado, para lo que se separa el acto religioso, que es
de asistencia voluntaria, del acto de juramento o promesa. Se contempla
también el hecho de que la asignación de destino se hará teniendo en
cuenta el nivel de adiestramiento y el ámbito de actuación que mejor se
ajuste a su formación, no pudiéndose, en ningún caso, asignarse destinos
a los reclutas que impliquen unas prestaciones de carácter personal.

En las unidades realizarán la instrucción específica con la que obtendrán
los conocimientos adecuados a las actividades y cometidos concretos de su
destino y también se ejecutarán los planes de adiestramiento, cuyo
objetivo será formar la unidad en cuanto a sujeto colectivo. Se
simplifica y racionalizan las normas sobre el saludo militar. Al militar
de reemplazo no se le podrán asignar guardias o servicios de armas si no
ha alcanzado el nivel de formación necesario para cumplir este cometido.

Además de estas actividades ya citadas, podrán desarrollarse otras
complementarias, siempre, por supuesto, de carácter voluntario, que
contemplarán aspectos educativos, formativos, sociales, deportivos o
creativos, y estarán orientadas preferentemente a desarrollar su
formación en los aspectos profesional, cultural o psicofísico.

Se establece, como saben SS. SS., el horario único en todas las unidades,
tanto de mandos como de soldado. Fuera de este horario podrán ausentarse
hasta el inicio de la jornada siguiente, exceptuando si tienen que
realizar algún servicio de acuerdo con la función que les corresponde
durante su permanencia a filas.

Cuando el tiempo entre el final de una jornada y el inicio de la
siguiente sea inferior a 48 horas, la ausencia estará limitada a la
distancia de 60 kilómetros o a la que permita la incorporación en un
plazo máximo de 48 horas. También se prevé, en el artículo 50, la
asignación de una cantidad mensual para atender a sus gastos personales y
la percepción, tal como establece la Ley de Servicio Militar, de
gratificaciones por razón de destino o del cometido.

El seguro que venía siendo contratado por el Ministerio de Defensa para
casos de accidente o enfermedad, práctica habitual durante los últimos
años, cobra un encaje legal y es recogido así en el artículo 51 del
Reglamento. Este seguro se está incrementando progresivamente y va a
continuar incrementándose en años sucesivos.

En relación con el régimen disciplinario que establece el Reglamento para
los soldados de reemplazo, hay una referencia general a que se tenga en
cuenta especialmente la condición de militar no profesional en el caso de
graduación de las sanciones para que ella sea con menor rigor
contemplando este hecho. En el artículo 14 hay un cuadro general donde se
recogen los recursos, reclamaciones y denuncias que el militar de
reemplazo puede hacer cuando estime que no han sido suficientemente
atendidas. Se crea un canal nuevo que es el dirigido al mando de personal
de su ejército, quien resolverá e informará al Director General del
Servicio Militar a efectos de poder rendir un informe general de la
evolución de la situación como consecuencia de la aplicación del
Reglamento en años sucesivos.

Estos son los principales aspectos que han sido contemplados en el
Reglamento del servicio militar y que, como digo, ya no son una novedad,
sino que son de cotidiana aplicación en el contexto de las Fuerzas
Armadas españolas.




El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, autor de la solicitud
de esta comparecencia, tiene la palabra, en primer lugar, el señor
Celdrán.




El señor CELDRAN VIDAL: Yo también, como Secretario de Estado, voy a
hacer un primer comentario en relación con el momento en que se produce
esta comparecencia, coincidiendo con él en que si bien es cierto que el
tema ha perdido actualidad y ya no es noticiable, por decirlo de alguna
manera, no es por ello menos cierto que sigue siendo importante. Sin
embargo, quiero añadir una queja por que se produzca esta comparecencia
seis meses después de que se haya aprobado este reglamento. Sin duda
habrá multitud de razones que expliquen por qué se produce esto así,
incluso algunas habrá que lo puedan justificar, pero también comprenderán
nuestra insatisfacción porque un debate sobre un asunto que ha tenido
este eco social y esta relevancia tenga lugar con tantísimo tiempo de
retraso. No pretendo hacer...




El señor PRESIDENTE: No muestre tanta insastisfacción por este hecho que,
de alguna manera, ha sido responsabilidad de todos, incluido también su
Grupo parlamentario, que me ha demandado que se produzca en este momento
y no en otros.




El señor CELDRAN VIDAL: Decía, efectivamente, señor Presidente, que habrá
multitud de razones que expliquen esta circunstancia, pero como
comisionado no me produce satisfacción. No trato de asignar
responsabilidades ni mucho menos culpabilidades, sino, simplemente,
manifestar mi insatisfacción.

Entrando en el tema que nos ocupa, voy a hacer alguna consideración y
alguna pregunta al señor Secretario de Estado.

No se ha referido usted, señor Secretario de Estado, a uno de los puntos
que, tal y como se anuncian en el preámbulo del Decreto, constituye uno
de los objetivos principales de este Reglamento. Me refiero al incremento
de la operatividad de los militares de reemplazo en nuestras Fuerzas
Armadas. Yo le pregunto si, con el tiempo que lleva en vigor esta norma,
el Secretario de Estado tiene opinión contrastada de si efectivamente se
ha producido esa mejora de la operatividad que, como digo, persigue el
Reglamento.

Otro objetivo que, sin duda, se plantea con la redacción de este
Reglamento es el de conseguir que los jóvenes españoles cuando finalicen
su servicio militar tengan la sensación de haber hecho algo útil, algo
verdaderamente importante



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para España. Nosotros creemos que la ausencia de esa sensación en los
tiempos actuales no es ajena a la crisis que sufren los ejércitos como
consecuencia de la falta de medios que padecen. Sin una mejora sustancial
de los planes de formación y adiestramiento, sin una mejora de las
dotaciones de las unidades y un aumento de la actividad y la operatividad
de nuestras Fuerzas Armadas, difícilmente conseguiremos que nuestros
jóvenes terminen su servicio militar con esa sensación a la que me he
referido antes.

Quizá valga un ejemplo que patentiza cómo esa escasez de medios puede
perjudicar los fines que pretende el Reglamento y que todos compartimos.

Me refiero a la partida que en los presupuestos de Defensa figura como
subprograma destinado específicamente a la instrucción de tropa y
marinería. Ese programa está dotado con 105 millones, lo que significa un
gasto por soldado y año para instrucción de menos de 700 pesetas. ¿El
señor Secretario de Estado opina que con este presupuesto se puede dar
una formación verdaderamente importante a un joven que presta el servicio
militar?
Por lo que se refiere a la mejora de las condiciones de prestación del
servicio, otro objetivo, sin duda, que todos pretendemos, nuestra
impresión es que hay más de declaración de buenas intenciones que de
compromiso real por mejorar las condiciones. ¿Cómo puede interpretarse,
si no, el hecho de que un año más se mantenga en suspenso lo previsto en
el artículo 37 de la Ley Orgánica del Servicio Militar referente al haber
en mano del personal de tropa? ¿Cómo puede interpretarse que el Gobierno
congele la asignación por hombre y día de la alimentación?
Se ha presentado con algún énfasis el mayor respeto a las convicciones
religiosas de los militares de reemplazo. Leyendo, por ejemplo, los
artículos del Título XII de las ordenanzas de 1984 no se aprecian
novedades importantes. La verdad es que en estas ordenanzas esta materia
estaba regulada perfectamente, con el mayor respeto a las convicciones
religiosas.

También le hemos oído referirse a que no se asignarán servicios de armas
a militares de reemplazo que no tengan el suficiente nivel, que no hayan
adquirido la suficiente formación. Esta, como usted bien sabe, es una
práctica establecida y generalizada desde siempre en las Fuerzas Armadas.

Estas y otras cosas son las que nos hacen pensar que el nuevo Reglamento
no va a ser decisivo para disminuir ese rechazo mayoritario al servicio
militar obligatorio que se presenta en nuestro país.

Como ya hizo el portavoz de mi Grupo en el Senado, voy a insistirle en
que nos parece incorrecto que el artículo 2 prescriba que el servicio
militar sólo es deber de los varones. La verdad es que no entendemos cómo
un reglamento, que además se dicta por decreto, como corresponde, tiene
que particularizar o interpretar lo que dice la Constitución, que se
refiere solamente a españoles. Además, siendo cada vez más frecuente la
presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas, este término nos parece
francamente inconveniente, inadecuado.

Debemos asimismo hacer constar la oposición de nuestro Grupo al hecho de
que el informe anual que obliga a realizar el nuevo Reglamento en su
artículo 116 al Ministerio de Defensa no sea enviado al Parlamento para
su debate. Nos preocupa que dicho informe tengamos que conocerlo, a lo
mejor, por los medios de comunicación y debatirlo en el momento en que
interese al Gobierno.

Para terminar, resumiré diciendo, a modo de conclusión, que el Reglamento
sobre el que hoy debatimos
--que, por cierto, llega con bastante retraso-- va a contribuir muy poco
a sacar al servicio militar de la grave crisis que padece.




El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
El señor Secretario de Estado contestará después a todas las cuestiones
de los grupos.

Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Carrera.




El señor CARRERA I COMES: Quiero empezar mi breve intervención, después
de agradecer la comparecencia del señor Secretario de Estado,
felicitándole por la inauguración reciente de la delegación de Girona, no
sólo por las instalaciones actualizadas, sino, sobre todo, porque se nota
que están a disposición de, y no, como hasta ahora teníamos la impresión,
supeditadas a.

Entrando ya de lleno, también muy brevemente, en el motivo de la
comparecencia del señor Secretario, este Reglamento contempla una serie
de cuestiones a las que el propio Secretario de Estado ha hecho mención,
como la asignación de destinos; las prestaciones y los adiestramientos;
distintas normas y su forma de aplicación; los horarios, cuestión que
nuestro Grupo entiende que es un avance importantísimo. Respecto a la
retribución, que, sin duda, puede ser discutible si es grande, si es
pequeña, adelanto que nuestra opinión es que en estos momentos no se
podía hacer más. Se ha hecho una distribución en parte por los
aplazamientos y en parte por los propios equipos especiales. Creo que es
un inicio y, por tanto, aceptándolo sólo como un inicio, es otro avance
que contempla el propio Reglamento, que, en su conjunto, entendemos que
era necesario y urgente, porque en el fondo es un paso más que viene a
complementar la aplicación de las reformas que están en marcha. Sin duda
tiene importancia y requerirá un seguimiento por parte de todos los
grupos parlamentarios.

Nuestra valoración global es que es un buen Reglamento, sin duda
mejorable, pero, sobre la base del actual ya en vigor, creo que nos va a
permitir hacer un seguimiento a fondo, más directo, de su propia
aplicación, para hacer valoraciones posteriores y plantear cualquier
iniciativa o reforma que sobre la marcha requiera este Reglamento que hoy
se somete a debate en esta sesión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Simplemente quiero agradecer al señor Secretario
de Estado su información sobre el Reglamento, de cuyo desarrollo mi Grupo
parlamentario



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hará un seguimiento. No dude de que los aspectos de ese desarrollo que
nosotros consideremos negativos o claramente mejorables serán
reiteradamente traídos al Congreso de los Diputados para someterlos a las
modificaciones que nosotros consideremos necesarias.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Sánchez López.




La señora SANCHEZ LOPEZ: En primer lugar, agradezco, como el resto de los
grupos la comparecencia del Secretario de Estado de Administración
Militar.

No comparto con el Grupo Popular que esta comparecencia llegue tarde;
podría interpretarse también que llega demasiado pronto desde el punto de
vista de lo que es más importante que el propio Reglamento, que sería la
evaluación de la aplicación de ese Reglamento al servicio militar.

De cualquier manera me gustaría hacer una reflexión que a mí me parece
importante y es que este reglamento del servicio militar es de vital
importancia para avanzar en el modelo de Fuerzas Armadas que
mayoritariamente apoyaron las Cortes Generales en 1991. Hago esta
reflexión de globalidad por encima de los aspectos más concretos que se
han señalado por parte de algún grupo.

Yo creo que era necesario completar el desarrollo de la Ley del servicio
militar con el decreto de reclutamiento y con el reglamento del servicio
militar para hacer ciertas aquellas razones que nos llevaron a elegir el
modelo mixto de Fuerzas Armadas y, a la vez, para reducir argumentos de
aquellos que todavía hoy defienden un modelo alternativo.

Así, por ejemplo, con un servicio militar obligatorio, normalizado,
moderno, igualitario, seguro en cuanto a su sometimiento a la ley y
racional en cuanto a la adjudicación de tareas a los soldados como el que
dibuja este reglamento hacemos más permeables las Fuerzas Armadas a los
cambios permanentes de la sociedad a la que defienden y nos permitimos
incorporar cada nueve meses, a través de miles de jóvenes, los avances
culturales, educativos y profesionales que las Fuerzas Armadas necesitan
para ser realmente representativas de la sociedad española.

Para conseguir este objetivo, que era a la vez razón para optar por el
sistema mixto, había que cambiar profundamente las condiciones de
prestación del servicio militar obligatorio y en esto estábamos de
acuerdo todos los grupos políticos. Además, era una demanda importante de
la sociedad. Muchas de estas demandas y reivindicaciones de muchos grupos
sociales tuvimos oportunidad de recibirlas en el Congreso de los
Diputados en la Ponencia que estudió el modelo de fuerzas armadas.

Pues bien, todo esto que hace poco menos de cuatro años era pura teoría y
expresión de objetivos deseables podemos decir que es hoy una realidad
casi cubierta o, por decirlo mejor, completamente cubierta en cuanto a la
normativa que la regula.

La Ley del servicio militar, el decreto de reclutamiento y el reglamento
del servicio militar, nos permiten ver hoy nítidamente el horizonte que
en 1991 sólo podíamos imaginar. Así podemos recordar demandas, como la
reducción del tiempo de duración del servicio, que hoy ya es una realidad
porque el servicio militar dura nueve meses, ha sufrido una importante
reducción. Aquello que entonces parecía solamente un eslogan, mili a la
carta, significa hoy que cuatro de cada cinco jóvenes que solicitan
destino geográfico, mes de incorporación y actividad, el 84,4 por ciento,
ve cumplidos sus deseos al cien por cien. Esto es algo que hace poco más
de tres años a la mayoría de la sociedad española le parecía imposible.

Este reglamento añade también, desde mi punto de vista, algo importante:
normalidad democrática al servicio militar que le hacía, desde mi punto
de vista, bastante falta. Resta opacidad a las fuerzas armadas, que
también era una demanda generalizada, y las acerca a los ciudadanos sin
perjuicio de la singularidad de su misión. Un ejemplo de esta normalidad
añadida son aspectos como el establecimiento de derechos y deberes por
primera vez de los soldados; la existencia de un horario habitual y de
jornadas de trabajo, que se sabe cuándo empieza y cuándo termina; la
posibilidad de entrar y salir del cuartel, base o buque, en traje de
paisano y esto no es ninguna cuestión baladí. Yo no acierto, quizá por
razón de mi sexo, a entender por qué tiene esto tanta importancia, pero
lo cierto es que la tenía para los soldados y los reclutas; el mayor
contacto de los mandos con las familias. Esto era fundamental regularlo y
cambiarlo en el sentido en que lo hace el reglamento del servicio
militar, porque parecía que se sustraía a los jóvenes de la vida civil y
el servicio militar se convertía casi en un rapto por parte del Estado,
de las fuerzas armadas, de los jóvenes. Esta nueva regulación hace que
los jóvenes que cumplen el servicio militar sigan siendo ciudadanos
normales que están ocasionalmente prestando un servicio al país. Otro
ejemplo de normalidad que me parece también importante es la abolición
del pase de pernocta, que era algo así como una cuestión mágica que nunca
se sabía si iba a caer o no y que mantenía en permanente estado de alerta
a los jóvenes; además, hay que decirlo, permitía una cierta arbitrariedad
por parte de los mandos y los jóvenes reclutas en muchas ocasiones
llegaban a buscar falsificaciones de domicilios, de familiares, etcétera;
una situación absolutamente anormal y, desde mi punto de vista, poco
cívica. Incluso el tema de los saludos que se regula también en este
reglamento. A mí siempre me ha parecido extraño que se tuviese que
saludar permanentemente a los mandos superiores a lo largo de todo el
día; es como si en nuestras oficinas o trabajos tuviésemos que estar
saludando o dando besos en las mejillas o estrechando las manos de los
jefes cada vez que nos encontráramos a lo largo del día. Parecía una
situación, vista desde fuera, algo absurda que afortunadamente también se
regula de una manera más normal en este nuevo reglamento.

Este reglamento avanza en la igualdad de oportunidades, y esto también es
importante, entre los soldados; por ejemplo, con el tema de la gratuidad
de los traslados durante los permisos ordinarios o extraordinarios de un
cierto carácter.

Este reglamento abunda también en un mayor sentimiento de seguridad
jurídica de los soldados y disminuye el peligro de arbitrariedades, por
ejemplo, con la posibilidad



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de recurso ante el mando de personal del Ejército correspondiente. Recoge
--esto también es muy importante-- principios constitucionales, como, por
ejemplo, no tener que declarar sobre la ideología o la religión y,
además, separa, como ya ha dicho el Secretario de Estado de
Administración Militar, la religión del servicio, haciéndola optativa y
adecuándola a la no confesionalidad del Estado.

En fin, podría hacer una relación de muchas mejoras que este reglamento
añade en sus 116 artículos y que nos permite decir que es un buen punto y
seguido en la conversión del servicio militar obligatorio de un servicio
poco agradable a los jóvenes a un servicio con todas las notas de la
Constitución.

Todas aquellas expectativas de 1991 no se han visto completamente
satisfechas. Hay todavía algunas en las que hay que avanzar, como todo lo
del haber en mano --ahora se llaman gratificaciones--. Yo creo que
tendremos que esforzarnos todos en los próximos ejercicios
presupuestarios para ir acercándonos a una gratificación realmente
normalizada y que sirva de verdad de algo en ese mismo principio de
igualdad de oportunidades de los soldados de reemplazo. De cualquier
manera, en este tema a mí me gustaría indicar que tenemos mucho que
debatir todavía. Hay que limitar, de alguna manera, el haber en mano o
las gratificaciones a los soldados de reemplazo porque, a lo mejor,
podríamos convertir en profesionales a los reclutas por vía del salario,
igualándolos a los de la tropa y marinería profesional. Esto es algo que
hay que tener en cuenta.

En este momento, a pesar de que el reglamento de reclutamiento avanza en
la mejora de las retribuciones a los soldados de reemplazo y que, con
toda seguridad, a todos nos gustaría que hubiese avanzado más, tengo que
decir que, desde el punto de vista de la coherencia con el modelo elegido
o decidido por estas Cortes con respecto a las Fuerzas Armadas que
queremos, había una prioridad, que era cumplir el objetivo de
profesionalización que todos nos habíamos marcado para el año 2000, que
era del 55 por ciento entre profesionales y tropa y marinería
profesional. Era, por lo tanto, necesario, adecuar el salario de la tropa
y marinería profesional, que era más urgente en este ejercicio
presupuestario, como nos habíamos propuesto llegando a la retribución del
nivel de la Administración.

Dicho todo esto, sólo me queda trasladar al Secretario de Estado el
obligado --no por ello menos sincero-- apoyo de mi Grupo a su gestión y a
las medidas necesarias para implantar el reglamento objeto del debate y
también preguntarle cuál ha sido el nivel de aceptación de este decreto
entre los jóvenes, más concretamente entre sus representantes, las
organizaciones de juventud, el consejo de juventud, etcétera, y si tiene
ya alguna primera evaluación de los seis meses de vigencia de este
reglamento.




El señor PRESIDENTE: Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la
palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Contesto, en primer lugar, al señor Celdrán en cuanto a si el reglamento
incrementa la operatividad de las fuerzas armadas. Es evidente que sí,
señor Celdrán. Cuando se dedica el tiempo necesario a aquellas funciones
que les corresponde como soldados y se permite no un mal uso del tiempo
excedente, sino la plena libertad para usarlo en aquello que le venga en
gana al soldado de reemplazo, qué duda cabe que se mejora el hábitat
humano en que se desenvuelve su servicio militar al país y, por
consiguiente, se incrementa su operatividad. Lo que se ha eliminado,
lógicamente, es un excedente que no tenía ocupación ni funcionalidad
alguna y que sólo gravitaba en sentido negativo sobre la práctica del
servicio militar en cuanto a su realización en el seno de nuestras bases
y unidades.

En relación con la retribución o la compensación económica a los soldados
y marineros de reemplazo, parece más razonable que se vaya por la vía de
gratificaciones, que permite, ante la existencia de recursos
inevitablemente escasos, ponderar adecuadamente aquellas circunstancias
de lugar, modo, complejidad o penosidad en el desempeño de las funciones
inherentes al servicio militar en determinados destinos y unidades, que
no una referencia económica general y lineal. Esto es lo que hemos hecho,
con una inversión total de recursos que, sumando las nuevas
gratificaciones con el importe del haber en mano más una evaluación de lo
que puede suponer el coste de los permisos ordinarios y en algún caso
extraordinario que corresponden a la Administración, nos lleva a una
inversión prevista para este año de cerca de 11.000 millones de pesetas
en gratificaciones a los soldados y marineros de reemplazo.

Singularmente, en esta línea nos vamos a mover de cara al futuro.

En cuanto al juramento a la bandera, señor Celdrán, si compara usted lo
previsto en el Reglamento con las prácticas precedentes y con lo
contemplado en las Reales Ordenanzas, que es una referencia genérica,
lógicamente, no de aplicación inmediata sino traducida a la realidad
concreta de los soldados y marineros de reemplazo, puesto que está
basada, singularmente, en términos de profesionalidad, verá usted el
avance que supone, otra cosa es que guste o no, el hecho concreto de
escindir las dos ceremonias que antes estaban en inextricable mixtura;
una ceremonia de carácter religioso y otra ceremonia de carácter civil,
como es el compromiso de los españoles con su patria mediante el servicio
militar. Esto se corresponde con la laicidad del Estado, que es
respetuoso con las confesiones religiosas en general y con la mayoritaria
en España en particular y, en definitiva, aporta claridad y racionalidad
al hecho de la promesa o juramento ante la bandera, que es un compromiso
moral y personal unívoco de los nuevos soldados con su patria, a través
de ese juramento o esa promesa y, además, en aquellos soldados que sean
creyentes y así lo deseen, deberá ser un compromiso o una puesta en
cuestión de ese compromiso y una caución de carácter religioso.

En relación con lo que usted hablaba de crisis de los ejércitos o el
mayoritario rechazo al servicio militar, me parece, señor Celdrán, que
tal cosa sólo existe en su fértil imaginación, y digo fértil porque es
mucho afirmar que nuestros ejércitos se encuentran en crisis o que existe
un mayoritario rechazo al servicio militar. Quizá, si leyera usted
detalladamente la comparecencia de los Jefes de Estado



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Mayor, por poner una sola referencia, en el acto de presentación de los
presupuestos del Estado, vería usted cómo tal crisis en absoluto existe.

Y, lógicamente, señor Celdrán, el valor y el importe de la preparación de
los soldados y marineros no se limita a 100 millones de pesetas, sino a
muchísimos miles de millones, a muchísimos más recursos. Si quiere usted
una evaluación, con mucho gusto se la proporcionaremos.

¿En qué sentido y con qué criterio se puede decir, señor Celdrán, que
existe un mayoritario rechazo al servicio militar entre los españoles? En
mi opinión, con ninguno; todo lo contrario. Cualquier indicador social
hace ver que, en nuestro país, se incrementa la valoración positiva de
las Fuerzas Armadas entre nuestros conciudadanos. ¿Se puede entender que
es un indicador de tal rechazo el que sólo un siete por ciento,
aproximadamente, del total agregado se declare objetor de conciencia? Ni
por el importe ridículo de la cifra en relación con el total agregado con
el que hay que compararlo, señor Celdrán, ni por las motivaciones de esa
objeción que se manifiesta ejerciendo un deber de carácter constitucional
y que, además, tiene que ver con el análisis coste-beneficio, como tantas
veces he visto, con lo que idealmente se considera objeción de
conciencia, en absoluto se puede entender que existe tal rechazo
mayoritario al servicio militar. Y para seguir ilustrándole, señor
Celdrán, si tal cosa le preocupara, he de decirle que la objeción de
conciencia se encuentra, numéricamente, en descenso en nuestro país, que
va a terminar muy por debajo de las previsiones catastrofistas
interesadas de algunos --y alguna previsión catastrofista se hizo desde
su Grupo Parlamentario, singularmente en la componente senatorial, que no
siempre está de acuerdo con la componente del Congreso-- y que a esa
progresiva adecuación del fenómeno a la realidad ha contribuido de manera
decisiva el nuevo Reglamento del Servicio Militar. Quizá sea ésta la
mejor prueba de hechos que se pueden encontrar sobre la vigencia y
efectividad, además de las estrictamente funcionales de carácter militar,
del Reglamento aprobado por el Gobierno de la nación.

En relación con lo manifestado por el señor Carrera, he de decir que
agradezco sus gentiles palabras con respecto a la inauguración de la
delegación de Girona, donde tuvimos ocasión de contar con su presencia,
así como con el resto de los parlamentarios, ya sean del Congreso o del
Senado, de la provincia, entre otras autoridades. Sobre todo quiero
subrayar lo que muy bien ha dicho el señor Carrera y es que lo que se
pretende es una oficina abierta a todos, singularmente a los gironeses,
para que en la misma puedan encontrar respuesta adecuada en tiempo y
forma a sus necesidades en relación con las Fuerzas Armadas.

Comprometemos nuestro interés en seguir incrementando esos recursos, ya
que estamos de acuerdo con el señor Carrera en que, a pesar del
importante paso dado, como él bien sabe, en la contribución económica
para paliar el coste inevitable que todo servicio de carácter civil o de
carácter militar implica y conlleva, todavía está lejos de lo que
desearíamos y, consiguientemente, en años sucesivos, con el apoyo, que
quisiéramos que fuese de todos los grupos parlamentarios, procederemos a
incrementar esta compensación económica que haga, desde ese punto de
vista, menos gravoso el coste inevitable que cualquier servicio, ya sea
civil o militar, conlleva al respecto.

Con respecto a lo manifestado por el señor Andreu, agradecemos de
antemano toda crítica constructiva que se pueda hacer y manifestamos la
decisión y la voluntad del Gobierno y del Ministerio de Defensa de
atender esa crítica constructiva de la mejor manera posible. Entendemos
que la crítica constructiva es siempre bienvenida, nos ayuda a mejorar lo
que hacemos, y como, en definitiva, si mejoramos lo que hacemos ello va a
ir en mérito de los que están afectados por la acción de Gobierno creo
que puede ser una buena manifestación y trabajo por parte de todos.

En relación con la señora Sánchez López he de destacar, como ella bien ha
dicho, que los objetivos básicos del modelo puesto en marcha a partir del
acuerdo de 1991 están satisfechos, desde el punto de vista legislativo, y
la práctica ha demostrado que ese modelo no es solamente el más razonable
para nuestro país en relación con cualquier comparación que pueda
establecerse con otros modelos alternativos, sino que es un modelo
perfectamente viable en nuestras condiciones de aquí y ahora. Tomo nota,
porque creo que tiene razón en ello, de lo que significa el cambio
cualitativo que supone el actual Reglamento sobre la situación de
regulaciones precedentes, y quiero recordar que, por primera vez en
España, se ha regulado, en un corpus jurídico unitario, todo lo que es la
prestación del servicio militar --antes no existía nada por el estilo-- y
sí tiene cierto simbolismo, como decía la señora Sánchez López, la
superación del pase de pernocta por la práctica de que se queda el que
quiere y no el que se le deja irse; singularmente se queda dentro de la
base o cuartel aquel que lo desea. Comprometemos, como igualmente he
dicho refiriéndome a la intervención del señor Carrera, nuestra voluntad
de que, si las Cortes Generales lo tienen a bien, incrementaremos, en
años sucesivos, por la vía de las gratificaciones, lo ya establecido y
previsto para el próximo ejercicio presupuestario del año 1995. Y en
relación con ese nivel de aceptación entre los jóvenes, me parece que la
mejor contrastación de ese nivel de aceptación se puede establecer en la
competencia, existente, por así decirlo, entre lo que es la prestación
social, objeción de conciencia, y el Reglamento del Servicio Militar.

Entiendo que no es casual, en absoluto, que haya coincidido la aparición
del Reglamento del Servicio Militar para que inmediatamente,
paralelamente, se dé una reducción creciente en el número de solicitudes
de objeción de conciencia. Obviamente no se limita sólo a esta causa el
fenómeno al que acabo de hacer alusión, pero qué duda cabe de que tiene
mucho que ver
--yo diría que muchísimo-- con que tal hecho se dé.




--DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA, PARA INFORMAR SOBRE EL SISTEMA DE
CONTRATACION DE PERSONAL EN LA BASE DE ROTA (CADIZ). A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.

(Número de expediente 213/000438.)



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CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:



--EXISTENCIA DE IRREGULARIDADES EN LA CONTRATACION DEL PERSONAL LABORAL
EN LA BASE AERONAVAL DE ROTA (CADIZ). FORMULADA POR EL SEÑOR ANDREU
ANDREU (GIU-IC). (Número de expediente 181/000745.)



El señor PRESIDENTE: Sustanciados los puntos 1 y 2, pasamos al 3, que es
la comparecencia para informar sobre el sistema de contratación de
personal en la Base de Rota. Este punto se tramitará conjuntamente con la
pregunta número 8, del señor Andreu.

El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Gracias, señor Presidente.

Con arreglo a las previsiones del vigente convenio de cooperación
hispano-americana en materia de defensa, la selección de personal para su
contratación al servicio de las Fuerzas Armadas norteamericanas --que en
este momento recuerdo a SS. SS. que están radicadas exclusivamente en la
Base Aeronaval de Rota-- queda reservada a las autoridades
norteamericanas.

El denominado personal laboral local que presta sus servicios a las
Fuerzas Armadas norteamericanas en España está sometido, en primer
término, al régimen jurídico especificado en el propio Convenio de
Cooperación para la Defensa suscrito entre España y Estados Unidos
publicado en el «Boletín Oficial del Estado» de 6 de mayo de 1989, y, en
cuanto no se opongan al mismo, a los reales decretos 144 y 166, de 1981,
de 13 de enero y 17 de noviembre, respectivamente.

El Ministerio de Defensa con quien se constituye formalmente --y destaco
que sólo formalmente-- la relación laboral del personal laboral local
tiene encomendada la convocatoria de plazas de presentación de candidatos
y corresponde a las Fuerzas de los Estados Unidos la determinación de las
plantillas y requisitos de cualificación y de calificación de los
puestos, así como la selección del personal y establecer el nivel de
retribuciones, preparar las nóminas y poner a disposición del Ministerio
de Defensa los fondos para su abono.

En la actualidad, cuando se va a proceder a la contratación de un
trabajador como personal laboral local en la Base de Rota, la parte
americana, a través de su Oficina de Recursos Humanos, lo comunica a la
parte española a través del Detall del personal laboral local a que antes
hemos hecho referencia, y éste le facilita una relación de los
solicitantes adecuados a la categoría, titulación y requisitos requeridos
para el puesto de trabajo que obran en su poder, y lógicamente esa
relación se obtiene en función de las peticiones formuladas al respecto
ante el referido Detall, según un formulario previo que existe y que es
rellenado por los interesados.

En el desarrollo normal de la relación entre ambas oficinas han venido
existiendo, es cierto, problemas, que en los últimos tiempos se han
concretado en pretendidas demoras en la tramitación y remisión de las
solicitudes de empleo que en su momento se atribuyeron por el Comité de
establecimiento al Detall español, así como algún incidente que alcanzó
eco en la prensa. Genéricamente, se viene denunciando de modo sistemático
por el Comité de establecimiento la reducción de empleo que se viene
realizando en el personal laboral local, por la doble vía de las vacantes
en cuadro numérico o plantilla, que no se cubren, y de jubilaciones
voluntarias o incentivadas.

En la actualidad, y una vez facilitado al Comité de establecimiento la
situación de los cuadros numéricos y con el informe emitido por éste, se
encuentra pendiente de resolución en el Ministerio y en el Comité
permanente hispano-norteamericano la actualización de tales cuadros
numéricos o plantillas, correspondientes al personal de Rota.

El próximo mes de enero de 1995, dentro de un mes, por tanto, está
inicialmente prevista la constitución de la mesa negociadora para la
negociación del primer convenio colectivo para el personal laboral local,
para cuyo comité de establecimiento se han celebrado unas elecciones el
pasado 4 de noviembre y en cuyo contenido se pretende regular la materia
de contratación, buscándose por parte española la mayor aproximación
posible a nuestra legislación. Sin embargo, señorías, he de recordar que
el régimen jurídico específico establecido en el convenio bilateral de
cooperación impone la aprobación por la parte norteamericana, lo que hace
delicada y singularmente difícil esta negociación.

No obstante lo anterior, por parte de la Administración española, por la
Subdirección General de Personal Civil en el Ministerio de Defensa, se ha
expuesto ante el Comité de establecimiento la posibilidad de llegar a
acuerdos o actuaciones parciales, al objeto de no tener que esperar hasta
el acuerdo total que supondría el convenio en esta materia para algunas
materias y concretamente para la de contratación del personal. Por
supuesto, esto es conocido por los trabajadores y por sus sindicatos
representativos, que van a participar activamente en el proceso
negociador.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo solicitante de la comparecencia, tiene
la palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Por la exposición del señor Secretario de Estado
se deduce claramente que sabía perfectamente de qué trataba la
comparecencia, a pesar de que pudiera considerarse en un principio que
los términos eran abstractos. Vemos que el señor Secretario de Estado
sabe perfectamente que este Grupo Parlamentario se mueve precisamente
porque el Comité de empresa de la Base Aeronaval de Rota considera que la
regulación de las contrataciones de trabajo que se están dando en la
parte americana no se atienen a las normativas laborales españolas,
porque ve con profunda preocupación que han tenido que luchar durante
mucho tiempo para conseguir algo parecido a los cuadros numéricos y que,
una vez que los han conseguido, éstos se consideran bastante incompletos
y no



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se sabe exactamente cuáles son las bajas que se están produciendo ni la
forma exacta en que se están cubriendo las bajas que se producen.

El propio Comité de Empresa --y no me duelen prendas hablar de él porque
el mismo señor Secretario de Estado lo ha hecho-- plantea, además, cómo,
dentro de la parte americana de la base naval, las convocatorias que se
hacen son semiclandestinas, en muchas ocasiones y únicamente se publican
en los tablones de anuncio de la Base, con lo cual sólo es posible que
accedan a los puestos de trabajo quienes tienen conocimiento de ellas por
su acceso a la propia base. Es decir, una persona, un trabajador o
alguien con expectativas de serlo, que no pueda acceder a la base --y es
sabido que sólo lo pueden hacer los que tienen permiso para cruzar--, no
puede acceder, por desconocimiento, a uno de los puestos de trabajo que
pueden darse en la parte americana de la Base.

Esto es algo que no parece muy correcto y, desde luego, esta
irregularidad es la menor que se ha denunciado a este Diputado; lo que
pasa es que las mayores, como tampoco existen pruebas para traerlas aquí,
obvio plantearlas, pero confío en que el señor Secretario de Estado las
haya oído y que tome, por lo menos, las medidas necesarias para
investigarlas.

Aparte de este hecho, se están produciendo continuas bajas en la parte
americana de la Base Naval de Rota que están afectando al propio servicio
de la Base e incluso a la propia salubridad de los trabajadores de la
Base. Me explicaré. Hace tres años, como sabrá el señor Secretario de
Estado, le fue rescindido el contrato a una empresa de limpieza, la
Empresa de Limpiezas Coronas; los trabajadores que formaban parte de esta
empresa luego no han podido acceder a las otras contratas que se han
hecho para llevar a cabo la limpieza, aunque no en todos los sectores de
la parte americana; aparte de esto, que ha significado que los
trabajadores han emprendido acciones jurídicas contra la empresa que ha
contratado ahora, que se llama Filman, si no recuerdo mal, esta empresa,
una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en la parte
social, ha dado la razón a los trabajadores, se encuentra en paradero
desconocido, lo cual es un hecho bastante sorprendente. Aparte de este
hecho laboral, esto está significando que muchísimas oficinas de la parte
americana prácticamente desde hace tres años no se limpian. Así, la
situación de higiene y de salubridad en que se encuentran es francamente
preocupante.

Yo tengo un reportaje fotográfico, también facilitado por el Comité de
Empresa y que le puedo proporcionar, y he podido comprobarlo el viernes
pasado, día en que visité las dependencias de los trabajadores de la Base
de Rota, de la parte americana, en la que, por cierto, he de manifestarle
que fui muy cordialmente atendido por el Almirante Jefe de la Base, que
me manifestó su intención de controlar en el futuro mucho más estos
procesos, de lo cual yo me alegré. Realmente estas dependencias se
encuentran en una situación de salubridad e higiene que difícilmente
resistirían las normativas españolas. Esto se debe al hecho de que unos
recortes presupuestarios de la parte americana han dado lugar a que desde
hace prácticamente tres años se encuentren sin limpiar muchísimas de las
dependencias, concretamente las de la «Accountability», que fueron las
que yo visité; también visité la «Navy Exchange», y otras dependencias de
la parte americana que se encuentran en situaciones de salubridad
bastantes deterioradas.

Señor Secretario de Estado, aparte de que me imagino que usted ya tendrá
noticias de este tipo de cuestiones, no sólo por parte del Comité sino de
las propias autoridades de la Base Naval de Rota que le habrán informado
después de esta visita, yo quisiera saber cuáles son las iniciativas que,
cara al futuro, tendrá la Administración para que esa tutela no sea
solamente formal, como usted ha dicho en su explicación, porque yo
considero que a partir del Tratado Bilateral no es solamente formal la
tutela, o la subsidiariedad, o como queramos llamarlo, que tiene la
Administración española sobre la parte americana en lo que se refiere a
la contratación laboral y las situaciones de los trabajadores españoles,
y también cuáles son las iniciativas para que en un futuro esta situación
mejore sustancialmente.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué Grupos desean fijar posición?
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Lago Freire.




El señor LAGO FREIRE: Quiero agradecer una vez más al Secretario de
Estado su comparecencia ante esta Comisión.

Al respecto de este asunto que nos ocupa quiero decirle que ya ha habido
más iniciativas parlamentarias en esa dirección. Creo recordar que la
última fue el 22 de mayo y el Secretario de Estado para la Administración
Militar apuntaba una serie de actitudes por parte del Ministerio ante
estas situaciones, pero también quiero recordar que el Convenio de
Cooperación entre España y el Gobierno de Estados Unidos, en el Anexo
VIII en Asuntos Laborales, y las normas legales que antes ya apuntaba el
Secretario de Estado están regulando las atribuciones del Comité de
Empresa y de los Sindicatos con la parte americana. Indudablemente hay
algunos planteamientos que están contemplados, como son las funciones del
Comité de Establecimiento para el procedimiento de reducción de
plantilla, para los derechos de los trabajadores y sus indemnizaciones,
para los derechos de reingreso, para el programa de jubilaciones,
etcétera.

A pesar de esto, como bien apuntaba el Secretario de Estado, hay algunas
dificultades, dificultades que en la anterior comparecencia y ahora mismo
se plantean, y el Ministerio, a la vista de la puesta en marcha de la
negociación del convenio colectivo entre el Comité de Empresa, el comité
local y la parte americana, acelerará algunas cuestiones, que son las que
nos están ocupando, tales como la contratación de nuevo personal.

Por lo tanto, quiero animar al Ministerio a que trabaje en esta dirección
y manifestar que cuenta indudablemente con el apoyo del Grupo Socialista,
como no podía ser de otra manera.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




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El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo
Arias): A mí, señor Andreu, no me consta que existan irregularidades en
relación con la contratación --no digo que no existan, digo que no me
constan-- y la puesta en un tablón de anuncios exclusivamente dentro de
la Base de a quién ha correspondido la contratación.

Insisto en lo que dije anteriormente. Cuando se va a contratar a alguien
como personal laboral local de la Base de Rota el proceso normal de
contratación no es que la parte americana lo ponga en una oficina, sino
que lo solicita a través de su oficina de recursos humanos, lo comunica a
la parte española a través del Detall del personal laboral local y ésta
le facilita una relación de los solicitantes de empleo adecuados a la
categoría, titulación y requisitos requeridos para el puesto de trabajo y
esa lista de solicitudes se establece de acuerdo con las peticiones
habidas.

En definitiva, no veo la irregularidad posible de que figure la
posibilidad de contratarse en un cuadro o tablón de anuncios, por
ejemplo, dentro de la misma Base de Rota. Si me puede aportar mayor
precisión al respecto, me comprometo a investigar cómo sucede, porque
aquí lo que hay es una petición, se le suministra una lista, de esa lista
los americanos eligen y comunican a quién han elegido. Así funciona más o
menos esto.

En relación con la salubridad y contratas, la verdad es que si esas
oficinas llevan sin limpiar tres años (algunas, menos) deben estar muy
poco limpias, permítaseme esta redundancia. En cualquier caso, quiero
recordar las restricciones legales que hay de acuerdo con el convenio
establecido para la intervención de la Administración española. Lo que
también se da --y me parece legítimo y razonable por parte de los
trabajadores-- es que quizá, detrás de las demandas en relación con este
tema y otros conexos, lo que se desee es incrementar --y me parece
razonable, insisto-- las plantillas de las contratas que prestan servicio
en la Base de Rota a que son directamente contratadas por la parte
americana de la Base.

Este como otros temas se arreglarían si pudiésemos aproximar en la mayor
medida posible el convenio de este personal a la legislación española,
teniendo en cuenta la restricción que supone el régimen jurídico
específico que regulan dentro del propio convenio de cooperación para la
defensa, los temas referentes al personal laboral local. Y en ello
estamos. Yo creo que actuando conjuntamente y remando en la misma
dirección, puesto que se trata de una base naval, con los trabajadores y
sus representantes, veremos en qué medida lo logramos y, en cualquier
caso, intentaremos ver la manera de sacar determinados temas de esa
regulación general y llegar a acuerdos concretos.

En relación con lo manifestado por el señor Lago, como bien ha dicho él,
es cierto que no es la primera vez que comparecemos ante esta Comisión
con este tema quizá sólo en parte para otras cuestiones hoy no
planteadas. Quiero recordar el hecho de que en algunos aspectos se ha ido
progresando en la normalización y homologación a estandarización del
esquema laboral propio de las bases norteamericanas en relación con las
europeas.

Sí tiene sentido repetir también que el personal laboral local dentro de
sus especificidades legales también tiene especificidades económicas y en
este sentido es un colectivo realmente privilegiado, ya que tiene
garantizado como mínimo las actuaciones correspondientes a su categoría
en el Ministerio de Defensa, el equivalente, y además las Fuerzas
americanas abonan un suplemento, un plus, que oscila entre el 100 y el
200 por ciento. La atipicidad o especificidad de esta relación laboral
hay que verla también en todo el contexto, no sólo en la vinculación
estricta jurídica, sino también en la componente económica. Esto explica
lógicamente ante este nivel retributivo y más en una zona como Rota, como
bien conoce el señor Andreu, que exista una --entiendo-- razonable y
legítima apetencia no solamente de que se conserven los puestos de
trabajo ya existentes sino de saber en qué medida se podrían incrementar
dichos puestos de cara al futuro.




--ADJUDICACION DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA BASE AEREA DE
ZARAGOZA, SECTOR SUR, SIN TENER EN CUENTA EL COMPROMISO DE RECOLOCAR A
LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA PAE QUE PRESTABA TALES SERVICIOS PARA LAS
FUERZAS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USAF), FORMULADA POR EL SEÑOR
MARTINEZ BLASCO (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.) (Número
de expediente 181/000686.)



--RAZON POR LA QUE EL MINISTERIO DE DEFENSA NO PARTICIPA EN LA MESA
TRIPARTITA --GOBIERNO CENTRAL, GOBIERNO DE ARAGON, AYUNTAMIENTO DE
ZARAGOZA-- A QUE SE REFIERE LA PROPOSION NO DE LEY 3/1994, APROBADA POR
LAS CORTES DE ARAGON EL DIA 10/2/94, FORMULADA POR EL SEÑOR MARTINEZ
BLASCO. (GRUPO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.) (Número de
expediente 181/000688.)



--RECOLOCACION DE LOS EX TRABAJADORES DE LA EMPRESA PAE EN LOS SERVICIOS
DE MANTENIMIENTO DE LA BASE



AEREA DE ZARAGOZA, FORMULADA POR EL SEÑOR MARTINEZ BLASCO. (GRUPO
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.) (Número de expediente
181/000689.)



El señor PRESIDENTE: Pasamos al turno de preguntas.

Preguntas del señor Martínez Blasco números 5, 6 y 7.




El señor MARTINEZ BLASCO: Estas tres preguntas son la segunda parte de
una sesión en el mes de mayo sobre una parte de los trabajadores del
sector sur de la base aérea de Zaragoza que hasta 1992 ocupó el Ejército
de los Estados Unidos. En 1991, el Ministerio, conociendo la



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paulatina reducción que se iba a producir en la presencia norteamericana
en nuestro país, hizo un convenio con los trabajadores intentando
resolver esa reducción, que iba a ser evidente, y así se hizo,
fundamentalmente con unos 1.200 trabajadores de Torrejón y con una parte
de los trabajadores de Zaragoza, pero quedaron fuera (por un problema
formal, al que se ha hecho referencia antes, de que estaban conceptuados
de diferente forma unos y otros trabajadores de esa base aérea) 426
trabajadores de Zaragoza, que fueron despedidos y han estado percibiendo
el desempleo hasta fechas muy recientes y que no han obtenido hasta el
momento una solución a sus problemas.

El debate durante estos años --porque ya ha sido largo el debate en esta
Cámara y en el Senado-- ha sido si había obligación jurídica o no por
parte del Ministerio de atender a estos trabajadores residuales de
Zaragoza. Yo creo que no es una cuestión a discutir en estos momentos,
máxime cuando hay una intervención del señor Ministro que dice que más
allá de la relación jurídica hay un problema social y que el Ministerio
estaba en conversaciones para intentar resolverlo. Este compromiso social
y político ha sido reafirmado sistemáticamente cada vez que se acercan
elecciones; cada vez que ha habido elecciones generales o autonómicas, el
Ministerio ha hecho promesas, la última con motivo de una huelga de
hambre en fechas anteriores a las elecciones europeas, cuando, tras la
intervención del Vicesecretario General del Partido Socialista y del
Secretario General de la UGT, apareció en la prensa --días antes de las
elecciones, repito-- que el Ministerio de nuevo se comprometía a buscar
algún tipo de solución.

Si eso no es así, evidentemente nadie se preocupó de decir que era falso
en vísperas electorales, y siendo las personas del Secretario General de
la UGT y del Vicesecretario General del Partido Socialista quienes hacían
mención a la conversaciones con el Ministro yo creo que decían verdad,
que había un compromiso por parte del Ministerio. La cuestión está en
estos momentos en que, como digo, se les ha terminado la percepción del
desempleo, hay una resolución de las Cortes de Aragón instando a que
entre las tres administraciones que tenían interés --es decir, la
autonómica, la municipal de Zaragoza, puesto que la base aérea estaba en
el término municipal de Zaragoza, y la Administración central-- se
buscase alguna solución.

Durante algunos meses la excusa también ha sido que el futuro de la base
aérea era incierto, que no había seguridad de que las fuerzas aéreas
españolas o cualquier otra parte del Ejército español tuviesen interés en
esa inmensa base aérea que era el sector sur de Zaragoza, pero, como
digo, esta es la segunda parte de unas preguntas que hice en el mes de
mayo, y en el mes de mayo quedó confirmado que el sector sur de la base
aérea de Zaragoza no sólo no iba a abandonarse, sino que la actividad se
estaba incrementando mes tras mes con la ubicación allí de diferentes
servicios de lo más heterogéneo pero que, se nos aseguró, iban a obligar
a utilizar la mayor parte de las instalaciones que utilizaban antes las
Fuerzas Aéreas norteamericanas.

En estos meses hemos visto también que, efectivamente, una tras otra han
ido saliendo contratas de mantenimiento de la base. Yo hice una pregunta
por escrito al Ministerio, que me remitió los contratos en los últimos
meses. Tengo aquí unos 51 contratos de mantenimiento en dieciocho meses
--quitados los contratos de mantenimiento específicos, es decir, por
ejemplo la energía eléctrica, etcétera-- y he visto las obras por las que
se contrató, y en algunos casos podrían pensarse que eran contratos
específicos, efectivamente, pero la mayor parte de los casos son
limpieza, acondicionamiento de planta baja, mantenimiento de
instalaciones eléctricas, mantenimiento de calefacción, mantenimiento de
albañilería..., es decir, conceptos todos ellos que coinciden con los
servicios que estaban prestando estos trabajadores de la empresa PAE
Por tanto, las preguntas son por qué se están adjudicando contratos de
mantenimiento con nuevas empresas sin el compromiso --como el señor
Secretario de Estado quiera-- o sin la voluntad de la recolocación de los
trabajadores de la antigua PAE; por qué el Ministerio no ha acudido a los
llamamientos que desde las Cortes de Aragón se han hecho para resolver el
problema, e incluso es más, por qué el Ministerio se niega a recibir a
este colectivo para intentar buscar una solución.

Puesto que ahora ya está demostrada que la actividad se mantiene y que se
va a incrementar el uso del sector sur en los próximos meses, ¿tiene
intención el Ministerio de ayudar a la recolocación de estos
trabajadores? Puesto que en la búsqueda de soluciones --si el señor
Secretario de Estado me permite una pregunta complementaria-- hay un
programa de la Unión Europea, el programa Konver, para ayudar
precisamente a este tipo de casos, a resolver los problemas sociales y
económicos que genera el desmantelamiento de instalaciones militares,
vemos con la mayor sorpresa, por lo menos por mi parte, que estaba la
ciudad de Barcelona, donde yo no sé qué instalaciones militares se han
desmantelado, estaban otras ciudades y no estaba la base aérea de
Zaragoza, que evidentemente es una instalación abandonada por el Ejército
de los Estados Unidos.

Para terminar, señor Presidente, no quisiera que el debate fuera en
términos jurídicos, puesto que sé que además hay sentencias, sino en
términos políticos y sobre todo en términos sociales, de que se están
produciendo contratos de mantenimiento sistemáticamente para las
funciones que desempeñaban esos trabajadores. Es cierto que hay muchos
colectivos que desgraciadamente, por la crisis que estamos atravesando
--algunos dicen que estamos saliendo, pero todos los días se siguen
cerrando empresas o haciendo suspensiones de pagos de miles y miles de
trabajadores--, sufren este problema, que es extraordinariamente
generalizado, pero yo creo que había una vinculación evidente entre los
trabajadores y la presencia de las fuerzas aéreas norteamericanas y que,
por tanto, había un cierto compromiso --y pongo lo de cierto para evitar
el debate-- social y político por parte del Ministerio de Defensa.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
Yo creo que el Ministerio de Defensa en este tema, que lógicamente



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consideramos tremendo para los trabajadores afectados todavía no
colocados, que son una minoría, según nuestra información, respecto de
los que en su tiempo fueron despedidos por la empresa PAE, que no por el
Ministerio de Defensa, ha tenido siempre una actitud de enorme claridad y
de enorme rigor, soportando no solamente tensiones sociales, sino
problemas emocionales lógicos ante hechos tan tremendos como es una
huelga de hambre de determinadas personas, y por supuesto aguantando las
barbaridades informativas que hemos tenido que escuchar en ocasiones
sobre este tema. En cualquier caso, nos parecía tremendamente positivo no
engañar en ningún caso, ni a los trabajadores, ni a la opinión pública,
no crear falsas expectativas y mantenernos en una línea, insisto, de
rigor y de seriedad, sin compromiso alguno. Nosotros no somos
corresponsables, en absoluto, de lo que digan algunos medios que hemos
dicho; sí somos responsables de lo que hemos manifestado reiteradamente
por activa y por pasiva. Ni siquiera circunstancias electorales o de otra
índole nos han apartado de esta línea de rigor y de seriedad.

He de decir, además, que todos los afectados, trabajadores de la empresa
PAE e instituciones de Aragón, han conocido siempre y en todos los casos
cuál era la posición del Ministerio que era muy simple, al mismo tiempo.

Si no hemos tenido relación laboral alguna con los trabajadores de la
empresa PAE, no podemos pasar a recolocar y convertirnos en agencia de
colocación, no sólo de los trabajadores de la empresa PAE, sino de
cualquier otra empresa que en algún momento de su vida laboral o
profesional haya tenido relación con instituciones, centros directivos,
bases u organismos del Ministerio de Defensa. Si tal fuera, señor
Martínez Blasco, no sólo nos convertiríamos en una agencia de colocación,
sino, además, en un centro de desempleados o de subempleados. Y si encima
se nos pide, con este coste adicional, que reduzcamos más, como se nos
pide en ocasiones, los presupuestos de Defensa, aviados estábamos para
garantizar la defensa y la seguridad de este país.

Y sin irnos al aspecto legal, lo que no podemos es perjudicar
gratuitamente a un grupo de trabajadores en beneficio de otros. En
definitiva, nosotros no podemos, señor Martínez Blasco, forzar a una
empresa contratista que tiene relación con la base de Zaragoza a que
contrate a unos trabajadores en lugar de otros. ¿En función de qué razón
o de qué motivo moral y político --además de ser manifiestamente ilegal--
tenemos que forzar a una empresa a que utilice en una contrata a un tipo
de trabajadores en detrimento de otros? ¿Quién tiene fuerza legal y moral
para pedirnos, señor Martínez Blasco, que manipulemos los concursos
públicos para darles, sin pasar por lo establecido en la Ley de Contratos
del Estado, determinadas contratas a determinados colectivos, ¿En función
de qué legalidad o compromiso moral podríamos hacer eso? ¿Cómo podemos
hacerlo si nos encontramos en un período de reajuste y de reasignación de
personal, este sí, contratado directamente por el Ministerio de Defensa,
de acuerdo con sus funciones, sobre el que sí tenemos responsabilidades
morales, políticas y legales y que está afectado por los planes estrictos
de disminución y traslado de las instalaciones y las unidades? No podemos
asumir compromisos en relación con terceros trabajadores que no han sido
nunca contratados por el Ministerio de Defensa y que, en el momento de su
despido, fueron objeto de una indemnización generosísima por parte de
quienes les habían contratado, según la información que consta en nuestro
poder.

En definitiva, señor Martínez Blasco, en ningún caso ha habido compromiso
con éste o con cualquier otro colectivo de trabajadores que no hubieran
sido contratados por el Ministerio de Defensa, porque tal compromiso no
sólo hubiera supuesto un agravio comparativo injustificable, desde el
punto de vista moral y político para los trabajadores del Ministerio,
estos sí contratados por él mismo y afectados por los procesos de
reestructuración en curso, sino porque supondrían, en las insinuaciones
que se nos hacían explícitamente, una transgresión permanente de la
legalidad y además optar gratuitamente y sin justificación moral alguna
por unos colectivos en detrimento de trabajadores de otros colectivos.

Lo que es más importante, señor Martínez Blasco, es que esta actitud del
Ministerio de Defensa, que ha sido acompañada de gran comprensión,
lamentando el problema personal que haya podido suponer para algunos
trabajadores de la empresa PAE, ha dejado de ponerse en conocimiento de
los afectados por parte del Ministerio de Defensa --yo diría que hasta
setenta veces siete-- en una línea de rigor, sin hacer demagogia, ni
engañar a los ex trabajadores de la empresa PAE.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Blasco.




El señor MARTINEZ BLASCO: No sé si sabe el señor Secretario de Estado que
cuando en 1991 se firmó el convenio entre el departamento y los distintos
comités de empresa de las instalaciones, tanto de Torrejón como de Rota y
Zaragoza, y los sindicatos, a estos trabajadores les pasaron la encuesta.

Es posible que ahora diga el Ministerio que nunca les ha dado esperanza,
pero les pasaron aquella famosa encuesta donde preguntaban qué aptitudes
tenían, cuál era su situación, en qué querían trabajar y demás, como al
resto de los trabajadores. No sé si eso es dar esperanzas o no, pero lo
que ha ocurrido con la situación social, que efectivamente es lamentable,
lo que está ocurriendo y lo que ocurrirá es que trabajadores, muchos de
ellos con una muy alta cualificación profesional, a los que se les hizo
la encuesta, pensaran que estaban dentro del bloque.

En un determinado momento aparece esa distinción de que no hay relación
laboral con el Ministerio de Defensa. Como he escuchado en la
comparecencia anterior hay una relación laboral con las Fuerzas Aéreas
norteamericanas, eso es evidente. Lo que pasa es que puesto que son unas
fuerzas militares extranjeras, había una intermediación del Ministerio de
Defensa en algunos contratos. Esto era una empresa autónoma. Pero deducía
de eso que existiera una relación directa con las Fuerzas Aéreas
norteamericanas y que a partir de ahí se diga que no hay relación
laboral, es evidente que no la había. Pero ha explicado antes el señor



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Secretario de Estado que alguna intermediación tiene incluso en los
contratos que establecen las fuerzas norteamericanas. Con los
trabajadores de la base de Rota en estos momentos hay una cierta
participación del Ministerio de Defensa.

Es una salida muy favorable para el Ministerio de Defensa hacer esa
distinción jurídica de quién era el responsable. Está probado que aquí
eran las Fuerzas Aéreas norteamericanas, lo han probado las sentencias
habidas, el contratador directo. Pero de ahí a que el Ministerio de
Defensa se desentienda del problema, que efectivamente ha sido global, no
lo entendemos. El resto de los casos ha intentado resolverlos el
Ministerio, que ha hecho recolocaciones, mantenimiento en algunas de las
bases aéreas y en otros servicios del propio Ministerio.

¿Cuál era el problema, a mi modo de ver, y cuál debería de haber sido la
solución? Yo reconozco aquí, y figurará en el «Diario de Sesiones», que
el problema que tenía el Ministerio de Defensa es que estos trabajadores
tenían unos altísimos salarios, puesto que eran pagados por las fuerzas
norteamericanas. Entiendo que esto hubiera supuesto un problema para el
Ministerio de Defensa en el caso de tener que asumir a estos
trabajadores. Pero para eso están las conversaciones, para eso están las
mesas tripartitas o las mesas bilaterales, para llegar a acuerdos.

Efectivamente, el Ministerio de Defensa no podía pagar los altísimos
salarios que pudieran tener estos trabajadores, pero de ahí a no resolver
el problema, hay bastante diferencia.

¿Cuál hubiera sido la solución, y enlazo con el tema de las contratas y
de las empresas? He hecho mención al programa Konver que es del año 1993.

Antes o después de ese programa el Ministerio de Defensa podía haber
aportado como solución la constitución de una empresa por parte de los
trabajadores. El señor Secretario de Estado ha hecho un canto a la
libertad de las empresas a las que no se las puede obligar, pero me
hubiera gustado también haber escuchado un canto a la economía social. Es
decir, los propios trabajadores se podían haber constituido en sociedad
laboral, en cooperativa y acudir en igualdad de condiciones, y seguro que
con mejores precios, a las contratas que ha hecho el Ministerio.

Ninguna de esas salidas se ha aportado por parte del Ministerio, ninguna
de esas salidas se ha encontrado hasta el momento. ¿Que es
responsabilidad de los trabajadores? Probablemente, en parte; pero, desde
luego, del Ministerio, que no lo ha aceptado en ningún momento. Habrá
podido hablar claro en la prensa, yo también tengo los recortes de
opiniones contradictorias, en la estancia del señor Ministro en Zaragoza
con ocasión de la visita del Rey, donde se podía interpretar cosa muy
diferente, etcétera, pero no se han sentado a la mesa ambas partes para
buscar las soluciones.

Es cierto que yo hubiese sido el primero en protestar si las contratas
estuviesen amañadas. ¡Pero es que están amañadas! La mayor parte de las
contratas son adjudicaciones a dedo. ¿Es que eso no es amañar las
contratas? Son adjudicaciones absolutamente directas. Yo tengo aquí toda
la relación y, efectivamente, como el Ministerio se ha permitido ponerme
las claves de si es concurso o es contratación directa, la mayor parte de
las contratas de mantenimiento han sido adjudicaciones directas. ¿A qué
viene ahora hacer un canto a la libertad de las empresas y que no se las
puede obligar a contratar trabajadores para que puedan ser recolocados
los de la antigua PAE si se han hecho contrataciones a dedo?
De la misma forma --ya no digo con privilegio-- se podrían haber hecho
contrataciones a una sociedad laboral o a una cooperativa de los
trabajadores si el propio Ministerio, que era responsable, si no
jurídico, sí político y social, hubiese encontrado esta salida.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRACION MILITAR (Arévalo Arias):
No ha habido desentendimiento en ningún caso sobre los trabajadores que
tengan vinculación con el Ministerio de Defensa. Incluso forzando las
situaciones hasta los límites por encima de la racionalidad económica,
señor Martínez Blasco.

Las instalaciones de la base USA de Zaragoza eran atendidas por personal
militar norteamericano, personal laboral local contratado directamente
por el Ministerio de Defensa, ante el que tenía una responsabilidad, y
una serie de empresas de servicios de mantenimiento, no solamente PAE,
sino otras muchas, contratadas directamente por las fuerzas aéreas
norteamericanas.

El personal laboral local contratado por el Ministerio de Defensa, que
eran 814 en Torrejón y 271 en Zaragoza, sobre el que existía no solamente
un compromiso moral, sino jurídico, lógicamente, con ocasión de la
retirada de las bases, firmó un acuerdo con este Ministerio para
recolocarles. Pero no se puede extender de manera exorbitante, insisto,
porque supondría, entre otras cosas, un atentado a la razón, la
pretensión de colocar en el Ministerio a cualquier trabajador de
cualquier empresa que en cualquier momento de su historia haya tenido
alguna relación con el Ministerio y que por causa equis haya quebrado o
desaparecido del mapa empresarial de nuestro país, porque entonces
llegaríamos a un absurdo desde el punto de vista laboral y desde el punto
de vista de las competencias funcionales que corresponden a cada
departamento o a cada órgano o centro directivo de la Administración.

En definitiva, forzando, se ha encontrado salida cumpliendo el compromiso
legal que existía con aquella parte del personal laboral que ha sido
contratado directamente por el Ministerio de Defensa.

Está mal informado, señor Martínez Blasco. Hemos sugerido, y lo he
manifestado así, a distintos responsables institucionales y de partidos
de Aragón que se constituyera por los trabajadores una cooperativa o
sociedad laboral, que si las administraciones aragonesas afectadas
entendían a bien apoyarlo nos parecería muy razonable que se hubiera
hecho con la colaboración de la administración laboral aragonesa o las
instituciones de Aragón, y que esa cooperativa o sociedad laboral
participase en igualdad de condiciones en la relación económica
establecida con las autoridades de la base para la contrata en común. La
respuesta



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que se nos dio es que eso podría hacerse con el compromiso de dárselo a
quienes se constituyeran. ¡Hombre!, eso no. ¿Por qué A y por qué B?
Señor Martínez Blasco, si le consta el amaño --ha dicho que los contratos
son amañados--, mi sugerencia y petición es que ponga un delito de estas
características en conocimiento del juez y del fiscal. Dice: las
contratas están amañadas. Especifique usted dónde, cuándo y cómo e
investíguese el amaño de tales contratas si tal situación existe.

En definitiva, yo creo que son de lamentar las circunstancias personales
que todavía afectan a algunos trabajadores de estas empresas, como de
otras igualmente afectadas por situaciones dramáticas que suponen la
pérdida del puesto de trabajo como consecuencia de su quiebra o
desaparición del panorama empresarial, pero, lógicamente, el Ministerio
de Defensa tiene poco que resolver y, consiguientemente, poco que decir,
salvo mantener una actitud de claridad, de no engaño, de no demagogia, de
no oportunismo en relación con los trabajadores afectados por una
circunstancia tan dramática como es siempre la pérdida del puesto de
trabajo. (El señor Martínez Blasco pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Blasco, sabe que los turnos en las
preguntas están cumplidos.




El señor MARTINEZ BLASCO: Pero, señor Presidente, yo tenía tres preguntas
y he aceptado su concentración.




El señor PRESIDENTE: Una cosa es que esta Presidencia le pida que las
formule conjuntamente y otra que, por primera vez, que yo conozca,
establezcamos un tercer turno.




El señor MARTINEZ BLASCO: Como el señor Secretario de Estado ha hecho una
mención con dureza a los amañamientos, quería aclarar esta cuestión.




El señor PRESIDENTE: El señor Secretario de Estado se ha manifestado con
claridad en torno a una afirmación que usted ha realizado. Tiene la
palabra a los efectos de matizar.




El señor MARTINEZ BLASCO: Me ratifico en que la mayor parte de los
contratos de mantenimiento han sido hechos por adjudicación directa y con
fraccionamiento. Para no superar los 50 millones se están haciendo
fraccionamientos y, evidentemente, eso es amañar por dos vías: primero,
porque en algo tan fácil como los mantenimientos no veo la razón de
adjudicaciones directas, y, segundo, porque se están haciendo
fraccionamientos para no entrar en la infracción directa.

Como siga así, con el proyecto de ley que va a aprobar el Congreso, por
el que no se podrán superar los 5.000.000 de pesetas para la adjudicación
directa, vamos a obligar al Ministerio a hacer fraccionamientos ad
absurdum» de todos estos contratos. Me mantengo en que, a mi modo de ver,
en eso consiste el amañamiento, en que hay adjudicaciones directas
innecesarias, puesto que son trabajos de lo más genérico de
mantenimiento, y, segundo, que, además, hay fraccionamientos para no
vulnerar directamente la ley.




El señor PRESIDENTE: Los puntos 4 y 9, correspondientes a las preguntas
del señor Peralta Ortega, que ya me advirtió que dejara para el último
momento de la sesión, dado que no se encuentra presente, quedan
aplazados.

Señorías, se levanta la sesión.




Eran las seis de la tarde.