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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 388, de 19/12/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 388
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 42
celebrada el lunes, 19 de diciembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia de la señora Secretaria de Estado de Interior (Robles
Fernández), para informar acerca de la situación de inseguridad ciudadana
en Madrid. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/001251) (Página 11956)
Preguntas:
--Del señor López Garrido (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
detracción de 400 agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en
Madrid en tareas de seguridad ciudadana para prestar servicios de
vigilancia de edificios oficiales y de escolta de personalidades. Y en
base a qué criterios se está desarrollando en el conjunto del territorio
español la asignación de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado a las funciones de vigilancia de edificios oficiales y escolta
de «personalidades» que afecta a las funciones de seguridad ciudadana.
(BOCG serie D, número 154, de 31-10-94. Número de expediente 181/001077)
(Página 11956)
--Del mismo señor Diputado, sobre existencia de archivos informatizados
en los que se mantienen datos personales de carácter sensible sobre
ciudadanos españoles y extranjeros. (BOCG serie D, número 154, de
31-10-94. Número de expediente 181/001060) (Página 11964)
--De la señora Martínez Saiz (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas
para combatir el contrabando de tabaco y el narcotráfico en la provincia
de Cádiz, especialmente en la zona del Campo de Gibraltar. (BOCG serie D,
número 133, de 16-9-94. Número de expediente 181/000900) (Página 11966)
--De la misma señora Diputada, sobre garantías por el Ministro de
Justicia e Interior del paso por la frontera de España con Gibraltar de
los nacionales europeos. (BOCG serie D, número 154, de 31-10-94. Número
de expediente 181/001066) (Página 11966)
--Del señor González Blázquez (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
expulsión del ciudadano danés de origen iraní Parvic Sirgudsson,
principal testigo en las diligencias judiciales abiertas por un caso de
contrabando decomisado. (BOCG serie D, número 109, de 10-6-94. Número de
expediente 181/000827) (Página 11968)
--Del señor Souvirón García (Grupo Parlamentario Popular), sobre
construcción de una nueva comisaría de policía en Estepona (Málaga).
(BOCG serie D, número 154, de 31-10-94. Número de expediente 181/001062)
(Página 11970)
--Del señor Peralta Ortega (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
conclusiones y resoluciones adoptadas tras la investigación sobre asalto
llevado a cabo el día 24 de marzo de 1994 a los locales de la Societat
Coral El Micalet de Valencia, donde iba a pronunciar una conferencia el
dirigente de ERC, don Angel Colom. (BOCG serie D, número 85, de 15-4-94.
Número de expediente 181/000707) (Página 11971)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para garantizar de forma
permanente la seguridad ciudadana en el barrio de Velluters (Valencia).
(BOCG serie D, número 137, de 23-9-94. Número de expediente 181/000960)
(Página 11972)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas para
garantizar la seguridad ciudadana en el barrio de Velluters de Valencia.
(BOCG serie D, número 146, de 10-10-94. Número de expediente 181/001005)
(Página 11972)
--Del señor Gil Lázaro (Grupo Parlamentario Popular), sobre medidas para
lograr una mayor especialización policial en la defensa del patrimonio
histórico nacional. (BOCG serie D, número 133, de 16-9-94. Número de
expediente 181/000886) (Página 11974)
--Del mismo señor Diputado, sobre razones por las que la Dirección
General de la Policía ha cursado órdenes a los agentes restringiendo su
posible participación en los medios de comunicación social. (BOCG serie
D, número 133, de 16-9-94. Número de expediente 181/000887) (Página 11975)
--Del mismo señor Diputado, sobre realización de tareas de carácter
doméstico ajenas a su misión profesional por agentes policiales adscritos
a servicios de protección y escolta de altos cargos de la Administración.
(BOCG serie D, número 133, de 16-9-94. Número de expediente 181/000895)
(Página 11975)
--Del mismo señor Diputado, sobre valoración del grado actual de
cumplimiento de las previsiones contenidas en el acuerdo marco firmado
por la Dirección General de la Policía y los sindicatos policiales el 27
de mayo de 1992. (BOCG serie D, número 146, de 10-10-94. Número de
expediente 181/001003) (Página 11975)
--Del mismo señor Diputado, sobre motivos de la retirada de la asistencia
letrada que se prestaba a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado incursos en procedimientos judiciales como
consecuencia de acciones derivadas de su ejercicio profesional. (BOCG
serie D, número 146, de 10-10-94. Número de expediente 181/001004)
(Página 11975)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para evitar la detención de
ciudadanos en virtud de órdenes de búsqueda y captura ya canceladas.
(BOCG serie D, número 146, de 10-10-94. Número de expediente 181/001007)
(Página 11975)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para garantizar la seguridad en
la zona industrial denominada «Masía del Juez», sita en el municipio de
Torrent (Valencia). (BOCG serie D, número 133, de 16-9-94. Número de
expediente 181/000893) (Página 11979)
--Del mismo señor Diputado, sobre resultados de las investigaciones
llevadas a cabo para el esclarecimiento del atentado sufrido por la
empresa «Intermediarios Financieros» en el mes de enero de 1993 en
Valencia. (BOCG serie D, número 146, de 10-10-94. Número de expediente
181/001001) (Página 11979)
--Del mismo señor Diputado, sobre causas del incremento de las
actividades relacionadas con el narcotráfico en la provincia de Valencia
durante el año 1993. (BOCG serie D, número 146, de 10-10-94. Número de
expediente 181/001002) (Página 11979)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas para desarticular la denominada
«banda de los peruanos» que opera en la autopista A-7. (BOCG serie D,
número 146, de 10-10-94. Número de expediente 181/001006) (Página 11979)
--Del mismo señor Diputado, sobre medidas urgentes para corregir las
insuficiencias operativas que padece el Cuerpo Nacional de Policía en la
provincia de Valencia. (BOCG serie D, número 146, de 10-10-94. Número de
expediente 181/001014) (Página 11979)
--Del mismo señor Diputado, sobre seguimiento policial de la implantación
y actividades en España de las llamadas «sectas destructivas». (BOCG
serie D, número 133, de 16-9-94. Número de expediente 181/000890) (Página 11983)
--Del mismo señor Diputado, sobre información sobre la lucha contra el
tráfico de armas en la zona española del litoral mediterráneo. (BOCG
serie D, número 133, de 16-9-94. Número de expediente 181/000892) (Página 11984)
Comparecencias (Continuación):
--De la señora Secretaria de Estado de Interior (Robles Fernández), para
explicar las medidas de seguridad y protección que adopta el citado
Departamento en la celebración de actos institucionales. A solicitud del
Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de Expediente 212/001182)
(Página 11985)
Preguntas (Continuación):
--Del señor Romero Ruiz (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
posible presencia de antiguos miembros de los servicios de inteligencia o
de otras instituciones del Estado en los grupos que han enviado diversos
paquetes bomba y han actuado de forma mafiosa en los últimos años. (BOCG
serie D, número 163, de 18-11-94. Número de expediente 181/001112)
(Página 11985)
--Del mismo señor Diputado, sobre actuación de las fuerzas de orden
público contra los jóvenes que se manifestaron en Iruña solicitando la
puesta en libertad de don Jaime Iribarren, Presidente del Consejo de la
Juventud Navarra. (BOCG serie D, número 82, de 12-4-94. Número de
expediente 181/000695) (Página 11985)
--Del mismo señor Diputado, sobre explicación del Gobierno a la actuación
policial llevada a cabo frente a la sede de los servicios general de la
Armada en Cartagena, en la que se realizaban cuatro juicios contra los
jóvenes que, en enero de 1991, no se incorporaron a las corbetas que iban
a zarpar hacia el Golfo Pérsico. (BOCG serie D, número 112, de 17-6-94.
Número de expediente 181/000850) (Página 11985)
--De la señora Maestro Martín (Grupo Parlamentario Federal IU-IC), sobre
actuaciones de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Pamplona. (BOCG
serie D, número 97, de 16-5-94. Número de expediente 181/000740) (Página 11986)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
Iniciamos el orden del día de la sesión de hoy de la Comisión de Justicia
e Interior, que cuenta, para su debate, con dos comparecencias de la
Secretaria de Estado e Interior, doña Margarita Robles, que se encuentra
ya con nosotros y a la que doy, una vez más, la bienvenida a esta
Comisión, y una serie de preguntas acerca de las cuales informaré después
a SS. SS. sobre la acumulación a que esta Presidencia va a someter alguna
de ellas, para su debate.
Comenzamos los debates con la primera de las comparecencias, en la que se
solicita la presencia de la Secretaria de Estado para explicar las
medidas de seguridad y protección que adopta el citado Departamento en la
celebración de actos institucionales. El autor de la solicitud de
comparecencia es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Con independencia de cuál sea el futuro de esta
comparecencia, sí agradecería que no se celebrara en este momento y se
dejara para otra sesión de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: La podemos posponer para el final del orden del día.
El señor LOPEZ GARRIDO: Sí, ésa podría ser una fórmula.
El señor PRESIDENTE: Al final podríamos decidir si la dejábamos para otra
sesión.
El señor LOPEZ GARRIDO: De acuerdo.
COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (ROBLES FERNANDEZ)
PARA INFORMAR ACERCA DE LA SITUACION DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN MADRID.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 212/001251.)
CONTESTACION A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SOBRE:
--DETRACCION DE 400 AGENTES DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA DESTINADOS EN
MADRID EN TAREAS DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA PRESTAR SERVICIOS DE
VIGILANCIA DE EDIFICIOS OFICIALES Y DE ESCOLTA DE PERSONALIDADES. ¿EN
BASE A QUE CRITERIOS SE ESTA DESARROLLANDO EN EL CONJUNTO DEL TERRITORIO
ESPAÑOL LA ASIGNACION DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD
DEL ESTADO A LAS FUNCIONES DE VIGILANCIA EN EDIFICIOS OFICIALES Y ESCOLTA
DE PERSONALIDADES QUE AFECTA A LAS FUNCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA.
FORMULADA POR EL SEÑOR LOPEZ GARRIDO (IU-IC). (Número de expediente
181/001077.)
El señor PRESIDENTE: Segunda comparecencia de la Secretaria de Estado de
Interior, para que informe acerca de la situación de inseguridad
ciudadana en Madrid. Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo
Popular en el Congreso.
Señora Secretaria de Estado de Interior, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): En
relación al objeto de esta comparecencia, que yo quiero entender que es
un informe acerca de la situación de la seguridad ciudadana en Madrid
--porque me parece que hay un juicio de valoración cuando se habla de la
inseguridad ciudadana--, a mí sí que me parece que conviene hacer unas
consideraciones previas. En principio, la seguridad ciudadana es un tema
en el que todas las administraciones que tienen responsabilidad están
implicadas. No se puede decir que la seguridad ciudadana sea competencia
exclusiva de la Administración central o que sea competencia de una u
otra administración. La seguridad ciudadana es un problema en el que
absolutamente todas las administraciones tienen que estar implicadas, y
yo creo que en eso hay un sentido de responsabilidad cuando, como
posteriormente informaré, en los nuevos planes de presencia policial que
se van a llevar a cabo en las once grandes ciudades, todas la
administraciones, no solamente la central sino también las
administraciones locales, han tenido un papel muy importante. Por eso me
importa remarcar, una vez más, que la seguridad ciudadana en Madrid es,
naturalmente, responsabilidad de la Administración central, de la
Secretaría de Estado de Interior, pero lo es también de todas las
administraciones que están cumpliendo una función, porque, en definitiva,
la seguridad ciudadana es una cuestión de Estado.
A mí no me gusta, normalmente, abrumar con números y con estadísticas,
porque ya se sabe que las estadísticas no siempre reflejan fielmente la
verdad, en función de los parámetros que se tomen a la hora de hacer
estadísticas. Es evidente que muchas veces no coinciden los datos que
tiene la Secretaría de Estado de Interior con los que puede aportar la
Fiscalía General del Estado. ¿Por qué? Porque, como decía antes, los
parámetros que se siguen para hacer unas estadísticas son diferentes en
uno y otro caso. Mientras la Secretaría de Estado de Interior opera en
función de los delitos cometidos, la Fiscalía General, en sus memorias,
se fija más en las diligencias judiciales, lo cual no quiere decir
equivalencia al número de delitos cometidos. En cualquier caso, haré una
salvedad diciendo que se ha constituido un grupo de trabajo entre la
Secretaría de Estado de Interior y la Fiscalía General del Estado, que lo
que pretende precisamente es unificar los parámetros a la hora de hacer
las estadísticas. Pero aun cuando digo que no me parece necesario abrumar
con datos, sí que conviene decir que la criminalidad en Madrid, y por
tanto la inseguridad ciudadana, ha disminuido de forma importante en el
año 1994 en relación a 1993 y, por tanto, han mejorado los índices de
seguridad ciudadana.
Simplemente, a modo indicativo, daré unos datos referidos al período
enero-octubre, de los años 1993 y 1994. Así, por ejemplo, en la ciudad de
Madrid, robos con intimidación en bancos, durante el período
enero-octubre del año 1993, hubo 309; en el año 1994 ha habido 218. En
cuanto al resto de robos con intimidación, en el año 1993 ha habido
17.625; en el año 1994, 16.131. Robos con fuerza, en el año 1993 hubo
27.051; en el año 1994, 22.933. Sustracciones de vehículos, en el año
1993 ha habido 37.349; en el año 1994, 35.362. Defraudaciones, en el año
1993, 4.197; en el año 1994, 3.723. Tirones, en el año 1993 hubo 9.109;
en el año 1994, 8.199. Sustracciones de vehículos, en el año 1993 hubo
21.917; en el año 1994, 21.429. Homicidios, en el año 1993 hubo 94; en el
año 1994, 96. Violaciones, en el año 1993 hubo 245; en el año 1994, 262.
Puedo decir que ha habido una disminución en el año 1994, en relación a
1993, del 6,62 por ciento en el número de delitos y también ha mejorado
la eficacia policial, en el sentido de que el número de detenidos en el
año 1994 con relación al año 1993 ha experimentado un incremento de
12,39 por ciento. Eso quiere decir que en el año 1994 han disminuido, de
forma yo creo que evidente e importante, los índices de criminalidad, con
lo que eso incide en la seguridad ciudadana.
Sin embargo, desde la Secretaría de Estado e Interior hemos considerado
que la seguridad ciudadana tiene que ser uno de los puntos clave de
nuestra política, porque en definitiva los ciudadanos tienen derecho a
exigirnos a todos los que tenemos responsabilidades públicas --insisto,
tanto Administración central como administración autonómica o municipal--
una mejor calidad de vida, y para la Secretaría de Estado e Interior es
muy importante que la gente no tenga una sensación psicológica de
inseguridad. Hay que decir --y lo digo refiriéndome a España, pero
concretándome a Madrid-- que Madrid es una ciudad más segura que el resto
de las ciudades del entorno europeo, pero aun así, para quienes tenemos
responsabilidades públicas, eso no tiene que ser suficiente, porque lo
que hemos de conseguir cada día es que la gente tenga una mayor sensación
de seguridad, y precisamente por esa razón recientemente el Consejo de
Ministros ha acordado un plan de libertades y seguridad que pretende
compaginar lo que es una mayor presencia policial con la celebración de
juicios rápidos.
No voy a hablar aquí del tema de la celebración de juicios rápidos,
porque son competencia de la Secretaría de Estado de Justicia, pero sí
sobre la mayor presencia policial. Hay algo que para el Ministerio de
Justicia e Interior es fundamental, y es que los binomios libertad y
seguridad no son valores encontrados, sino que no existe libertad sin
seguridad, y no hay seguridad sin libertad, y ésa es una de las razones
por las que se justifica, entre otras, la fusión de los Ministerios de
Justicia e Interior. Como decía, en la medida en que no existe libertad
sin seguridad, tenemos la obligación de que los ciudadanos puedan tener
una mejor calidad de vida en la calle, y ese plan de presencia policial
pretende responder a ello. Para eso hemos intentado trabajar muy en
contacto con las administraciones, y sobre todo con la administración
local.
Quiero agradecer aquí públicamente el gran esfuerzo que todos lo
ayuntamientos de estas once grandes ciudades han hecho para colaborar con
nosotros, consiguiendo que haya mayor presencia policial en la calle. En
concreto, y refiriéndome a Madrid, hay que decir que, partiendo de una
reorganización de los actuales servicios de policía, vamos, a partir del
1 de enero del próximo año, a tener 1.388 funcionarios más en la calle,
de tal manera que puedo adelantar que para Madrid, a partir del 1 de
enero de 1995, habrá un total de 92 funcionarios en patrullas de a pie
(se van a potenciar las patrullas de a pie, sobre todo en la zona centro
y en las zonas que tradicionalmente se han identificado con la existencia
de mayor delincuencia), va a haber también 110 funcionarios de patrullas
en motocicletas, 120 funcionarios de patrullas a caballo y 956 en
patrullas sobre vehículos.
La Secretaría de Estado de Interior, y en concreto la Dirección General
de la Policía, ha hecho un gran esfuerzo de inversión en la adquisición
tanto de vehículos zeta como de motos. Por tanto, en este nuevo plan de
presentación policial lo que nos importa verdaderamente es que con esa
reorganización que en la primera fase vamos a hacer de los servicios
policiales existan más funcionarios en la calle, más próximos al
ciudadano, porque en definitiva la razón de ser de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado está en servir a la sociedad y nos parece que esa
presencia más próxima a los ciudadanos puede perfectamente responder a
ese objetivo.
Concluyo diciendo que no es verdad que haya una mayor inseguridad en
Madrid, que los datos son muy evidentes si comparamos el año 1994 con el
año 1993, con esa disminución del 6,62 por ciento en cuanto al número de
delitos, y que a partir del día 1 de enero del próximo año estará en
marcha ya el nuevo plan de presencia policial, que comparta, como decía
también antes, que haya en la calle a partir de esa fecha un total de
1.388 funcionarios más, que se van a sacar de la reorganización de los
distintos servicios que en este momento tiene la Jefatura Superior de
Policía de Madrid.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Cortés.
El señor CORTES MUÑOZ: Señora Secretaria de Estado, quiero manifestar, en
cuanto a las palabras que ha dicho usted al referirse a que no es cierto
o que es incierto que hay mayores niveles de inseguridad ciudadana en el
caso de la Comunidad Autónoma de Madrid, quizás en otros tiempos, quizás
en otros momentos, quizás hace años, la palabra de una Secretaria de
Estado hubiera bastado y hubiera sido suficiente como para que no sólo
nosotros, los políticos, sino los ciudadanos en general, la hubiéramos
dado por buena y hubiera sido razón suficiente como para creer lo que
usted está diciendo. Creo que usted tiene que ser consciente de que en
los momentos actuales y en las situaciones actuales no basta,
desgraciadamente, con su palabra, y no voy a incidir en el tema porque
creo que usted lo conoce exactamente igual que yo.
Comenzaré haciendo una nueva referencia a algo que ya el otro día le dije
al Ministro, y es que sin seguridad ciudadana no diré que la libertad sea
imposible, pero desde luego su ejercicio se ve muy mermado, y creo que la
izquierda española en los últimos doce o trece años ha fallado al
equivocar el planteamiento, la premisa principal, la mayor del
planteamiento filosófico-político que hace referencia a estos temas.
Durante todos estos años, o por lo menos al principio de ellos, ustedes
han entendido equivocadamente --y yo creo que demagógicamente también--
que era incompatible un concepto de progresismo con la aplicación
estricta, justa y honesta de la ley y con la actuación también justa y
honesta de los medios policiales, y eso ha conllevado que a lo largo del
tiempo la seguridad ciudadana haya pasado a ser una situación real de
inseguridad ciudadana a lo largo de los años. Si hiciéramos un balance de
los últimos quince años veríamos que esto ha ido progresivamente en
aumento a partir del año 1982, es decir, a partir de llegar el Grupo
Socialista al Gobierno de la nación española.
Otro de los puntos en los que usted hace hincapié es en el de intentar
meter en la misma cesta de responsabilidades y de competencias a las
fuerzas de seguridad nacional con las fuerzas de seguridad locales en
cada caso, ya sean autonómicas en aquellas comunidades autónomas que
tienen competencias, ya sean las fuerzas locales de las policías
municipales, y en el caso concreto de Madrid de la ciudad de Madrid. Ese
concepto es falso. Quien es responsable, auténticamente responsable y al
cien por cien responsable, son las fuerzas de seguridad nacional, a
través del Delegado del Gobierno en el caso de la Comunidad de Madrid.
Esto es tan cierto que yo, señora Secretaria de Estado, le voy a recordar
algo que naturalmente usted no tiene por qué saber, pero en los años 1979
a 1986 yo fui concejal del Ayuntamiento de Madrid. Era alcalde a la sazón
Tierno Galván. Eran los momentos en los que, incidiendo en esa premisa,
en ese planteamiento filosófico-político equivocado, se pretendía hacer
ver que hasta determinados tipos de consumo de droga eran no sólo
viables, sino aplaudibles. En aquellos años yo, en la oposición, era
concejal responsable de los temas de seguridad ciudadana en la ciudad de
Madrid, y hasta la saciedad me fue repetido por los entonces responsables
del Ayuntamiento de Madrid --del equipo socialista y comunista, que
entonces formaban coalición--, algunos de los cuales están hoy en el
Congreso de los Diputados, que la Policía Municipal de Madrid era
absolutamente incompetente en los temas de seguridad ciudadana y que la
única competencia la tenían directa y totalmente las Fuerzas de Seguridad
Nacional, y en el caso de Madrid, insisto, a través de su Delegado de
Gobierno.
Por tanto, no puede usted incidir nuevamente en ese viejo tema equivocado
y trasnochado. Usted tiene la responsabilidad que tiene, que es mucha y
que en materia de seguridad ciudadana es total, y la Policía Municipal
tiene la de coadyuvar en aquello en lo que pueda y en lo que en cada
momento deba.
La Comunidad Autónoma de Madrid, concretamente la ciudad, tiene enormes
problemas de inseguridad ciudadana. Es un conjunto de causas las que nos
llevan a ello. Está el terrorismo. Sin duda alguna Madrid es una de las
ciudades que ha tenido mayor incidencia, desgraciadamente, y eso no es
culpa, en principio, de quienes dirigen o de quienes son responsables de
la seguridad ciudadana, pero sí es un hecho y un dato a tener muy en
cuenta. La ciudad de Madrid ha sido una de las más castigadas por el
terrorismo. La ciudad de Madrid también tiene un plus extra distinto que,
si se quiere, no es de inseguridad ciudadana, pero que innegablemente
ayuda a crear un caldo de cultivo en el cual pueden crecer niveles de
delincuencia o de inseguridad, como es la de ser capital de
manifestaciones nacionales. En Madrid se producen el 90 por ciento de las
manifestaciones que hay en España y eso conlleva un cierto nivel de
desorden que puede también ser proclive a crear un ambiente de
inseguridad. La inmigración ilegal --y hago referencia específica a la
ilegal-- tiene también una incidencia superior en la Comunidad de Madrid
a la del resto de las comunidades españolas. Este es otro factor y otro
dato a tener en cuenta.
También hay que tener muy en cuenta que Madrid (y eso sí ha sido
responsabilidad de ustedes, no de usted, pero sí del Gobierno de la
Nación española, es decir, el Gobierno socialista) ha tenido la desgracia
desde el año 1982 de tener unos delegados del Gobierno muy malos, por no
utilizar una palabra más drástrica y más clara que sería la de nefastos
--el último recientemente dimitido, cesado, cada uno que lo interprete
como quiera--; ha tenido una política de delegados del Gobierno siempre
denunciada, siempre criticada por nosotros porque su actuación ha sido
muy negativa para esta Comunidad.
Ahora el Ministro presenta un plan, que se ha aprobado en Consejo de
Ministros y que tendrá efectos a partir del 1 de enero de actuación
policial. Cuando se lee el análisis que en ese plan se hace, lo primero
que se constata es una crítica hacia los años anteriores. Una crítica
parecida, con un lenguaje distinto al que estoy utilizando yo,
probablemente con un lenguaje más contemporizador, pero en la cual se
viene a establecer una crítica dura y, a mi juicio, honesta, respecto a
todo lo anterior, es decir, a los últimos diez o doce años. Y esa crítica
la hace el Ministro, la hacen ustedes e, insisto, me parece honesta,
justa y realista; habla fundamentalmente del futuro como es lógico, y
como hay que hacer; y habla de prevención, en eso estamos todos de
acuerdo. Igual que en materia sanitaria, mejor es prevenir que curar.
Pero la prevención debe estar basada en varios hechos: uno, que sí
refleja el estudio que ustedes presentan, que sí refleja el plan; es
decir, para prevenir necesitamos más medios humanos y materiales.
Correcto. Pero olvidan otros dos factores igualmente importantes en el
tratamiento de la prevención. En primer lugar, que los potenciales
delincuentes tengan conciencia clara, tengan conocimiento de que la
situación real con la que se van a encontrar es de tal modo y manera que
sean conscientes que la democracia está dispuesta a defenderse a sí misma
y que está dispuesta a aplicar con rigor, como debiera haber hecho hace
muchos años la Justicia, la honestidad en la aplicación de la Justicia y
también el rigor y la seriedad. En segundo lugar, también para prevenir.
Es fundamental que los ciudadanos, y en este caso los ciudadanos
madrileños, tengan confianza y fe en sus Fuerzas de Seguridad. Y esa fe y
esa confianza al día de hoy no la tienen porque la tuvieron y la han
perdido en el camino y ustedes tienen que hacer todo lo necesario para
que la recuperen, porque sin esa fe y esa confianza de los ciudadanos es
muy difícil prevenir los delitos.
Y van más allá, como también es lógico, justo y honesto que así sea, y
dicen: vamos a establecer un plan. Y el plan se basa, fundamentalmente,
en dos aspectos: Más policía. Ahora reconocen que hace falta más policía.
Si hace falta más policía ello quiere decir, al mismo tiempo, que hasta
el día de hoy había un número de policías insuficiente. Después de doce
largos años reconocen, por fin, que faltaba policía. Y dicen también: Más
medios. Hacen falta más medios técnicos. Claro, más coches, y también
hablan de motocicletas; y también más medios técnicos de toda índole.
Estamos de acuerdo. Luego dicen que el segundo aspecto es acortar el
tiempo que transcurre desde que se
produce la llamada denunciando un posible delito hasta que la policía se
persona en el lugar de los hechos, y hablan de un tiempo de quince
minutos que pretenden recortar a 10. Está bien visto y está bien pensado,
pero es que 15 minutos, un cuarto de hora desde que se avisa a la policía
es no mucho, sino una barbaridad.
En contrapartida con estas propuestas que, insisto, me parecen correctas
--más policías, más medios, vamos a recortar el tiempo que transcurre
desde la llamada--, eso significa más gasto. Eso significa más dinero y
eso tiene que tener una contrapartida, en este caso partida
presupuestaria, que aumente las disponibilidades económicas para que en
temas y en materias de seguridad ciudadana se pueda realizar esto que se
está proponiendo. Sin embargo, vemos en los presupuestos Generales para
el año 1995 que la partida para seguridad ciudadana, una vez más, en una
cascada de años que empieza en el ochenta y pocos, se ha recortado. ¿Cómo
van ustedes a casar las buenas intenciones de lo que se debería haber
hecho hace mucho tiempo, y que por fin piensan que hay que hacerlo ahora,
con una menor disponibilidad económica?
Señora Secretaria de Estado, termino simplemente pidiéndole a usted, en
primer lugar, que acepte el hecho de que los niveles de inseguridad
ciudadana en Madrid son muy altos, objetivamente hablando, políticamente
hablando, desde el punto de vista de los políticos, que somos los que
estamos aquí; y en segundo lugar, que acepte usted también el hecho de
que los ciudadanos de Madrid --con razón o sin ella, no discutamos ahora
si la tienen-- creen que los niveles de inseguridad ciudadana en nuestra
Comunidad son muy altos. Y, tercero, sea usted consciente de que el plan
de actuación que ustedes pretenden, por muy bondadoso y tardío que sea,
no tiene la contrapartida económica suficiente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LOPEZ GARRIDO: Con la venia de la Presidencia, quisiera acumular
en esta intervención la pregunta que aparece en el orden del día sobre la
detracción de 400 agentes del Cuerpo Nacional de Policía destinados en
Madrid en tareas de seguridad ciudadana, en la que también se pregunta
sobre el criterio de asignación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado a las funciones de vigilancia de edificios
oficiales.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, es la pregunta número 27. ¿Y
cuál más?
El señor LOPEZ GARRIDO: La pregunta con respuesta oral en Comisión que
aparece presentada es en realidad una doble pregunta, lo que pasa es que
no está reflejada en este orden del día concreto. La primera es qué
explicación da el Gobierno a la detracción de 400 agentes del Cuerpo
Nacional de Policía destinados en Madrid en tareas de seguridad ciudadana
para la prestación de servicios de vigilancia de edificios oficiales y de
escolta de personalidades; y una segunda que no está en el orden del día
detallada, pero que forma parte del mismo documento en que se hizo la
pregunta al Gobierno que dice: ¿En base a qué criterios se está
desarrollando en el conjunto del territorio español la asignación de
miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a las funciones
de vigilancia en edificios oficiales y escolta de personalidades que
afecta a las funciones de seguridad ciudadana.
¿Puede responder a la pregunta completa la señora Secretaria de Estado?
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor López Garrido, se acumulan todas
ellas.
El señor LOPEZ GARRIDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Secretaria de Estado, la exposición inicial de su primera
intervención sobre el plan de libertades y seguridad y con el plan de
presencia policial requiere, a nuestro juicio, una mayor concreción en
relación con la seguridad ciudadana en Madrid y con el episodio a que
hacíamos alusión en nuestra pregunta de la detracción de 400 agentes del
Cuerpo Nacional de Policía que estaban prestando tareas de seguridad
ciudadana en las Comisarías para pasarlos a servicios de vigilancia de
edificios oficiales.
Eso sucedió en octubre de este año. Como usted sabe, produjo incluso
importantes protestas vecinales. Este fue el evento que originó nuestra
curiosidad para preguntar al Gobierno el porqué se había producido este
hecho de la forma en que se desarrolló, en la forma drástica inmediata y
sin criterio en que se produjo, y todo ello conectado con el problema de
la seguridad ciudadana en Madrid.
Como decía el Diputado portavoz del Grupo Popular, Madrid tiene unas
características específicas de seguridad ciudadana en cuanto a
delincuencia, en cuanto al problema del terrorismo --que afecta no
específicamente a Madrid--, en cuanto a temas de orden público. Aunque
haya bajado estadísticamente el número de delitos (por cierto son unas
estadísticas sobre las que merecería la pena afinar mucho más, ya que no
es precisamente el fuerte de nuestra Administración, ni de Justicia ni de
Interior, que no están suficientemente concretadas en cuanto a todo el
íter de las detenciones, de los delitos o de las sentencias finales),
ante la ausencia de un auténtico plan de seguridad ciudadana para las
características de Madrid que es seguramente la cuestión política más
importante a debatir --la no existencia de un plan concreto para Madrid,
con las características que tiene--, se produce esa detracción de 400
agentes del Cuerpo Nacional de Policía que, de prestar tareas en
Comisarías, de la noche a la mañana --porque fue así, de la noche a la
mañana-- pasan a prestar servicios de vigilancia en edificios oficiales y
en escolta de personalidades.
Posteriormente parece ser que han vuelto algunos de estos policías a sus
tareas originarias --nuestros datos es que no más de cien-- y se ha
intentado paliar esta circunstancia haciendo que la Guardia Civil
sustituya a la policía nacional fuera de Madrid en algunas tareas, por
ejemplo, de vigilancia de edificios penitenciarios, pero con la
consecuencia
de que eso ha producido a su vez un vacío en las funciones que realizaba
la Guardia Civil.
La decisión que se tomó fue bastante absurda, porque ese servicio de
escolta y vigilancia de edificios oficiales, que lo prestaba la Comisaría
General de Seguridad Ciudadana, resulta que necesita ese tipo de
servicios y no se le ocurre otra cosa que extraerlo de Comisarías, es
decir, extraerlo de la Jefatura Superior de Policía de Madrid.
Según los datos que se nos han suministrado --quizá no son exactamente
así, pero me gustaría que usted me lo confirmase-- puede haber incluso
hasta 7.000 funcionarios en servicios centrales, lo cual es
extremadamente exagerado. Pienso que en los últimos tiempos el Ministerio
parece haber reaccionado a ese respecto y existe algún plan de
descentralización mucho más concreta, mucho más definida, desde luego
mucho más definido que simplemente la cifra que nos da usted de que
Madrid va a tener algunos policías más. Esto requeriría sin duda un
planteamiento mucho más estratégico a largo plazo sobre si tiene sentido
esta especie de cabeza enorme de los servicios centrales de seguridad y,
sin embargo, unas extremidades mucho más raquíticas en el caso de las
jefaturas superiores.
En el caso de Madrid es así. Seguramente en Madrid faltan cerca de 2.000
funcionarios para las necesidades de seguridad ciudadana y de orden
público, y no está claro de dónde van a poder sacarse. Hay un
desequilibiro en nuestro país en cuanto a la localización de efectivos
policiales. Hay lugares en donde claramente está sobredimensionado y en
otros, sin embargo, como el caso de Madrid, en el que hay una
infradotación de policías, sobre todo para tareas de seguridad ciudadana,
de presencia en las calles, agravado porque resulta que en Madrid, a
pesar de las promesas del actual alcalde de crear una policía de barrio,
no existe tampoco en la policía municipal. Por tanto, ha fallado también
ese ámbito de la seguridad en relación con la policía municipal, puesto
que tampoco ahí existe una verdadera policía de barrio. Madrid se
encuentra con que tiene unas circunstancias muy especiales de seguridad
ciudadana y con que no tiene una auténtica policía de barrio, una policía
preventiva de seguridad. Eso se agrava todavía más cuando se produce esa
decisión que originó nuestra pregunta, pero que nosotros queremos incluir
en su comparecencia, puesto que llueve sobre mojado porque la
problemática de la seguridad ciudadana de Madrid no está en absoluto
abordada. Probablemente también ocurra eso en otras ciudades españolas,
pero desde luego en la de Madrid no está abordada.
Hay sin duda en el fondo de todo ello, como decíamos antes, una ausencia
de una política de seguridad concreta, específica para Madrid, que tiene,
me atrevo a decir, unas características que no tiene ninguna otra ciudad
española, incluso aunque se hiciese un plan para grandes ciudades, Madrid
exige una problemática muy específica, que por el momento no sabemos que
exista. También hay un problema de fondo, quizá todavía más importante, y
es la ausencia de un auténtico modelo policial que está sobrevolando
sobre todas estas cuestiones. Sin un modelo policial absolutamente nuevo,
que haga salir del caos en que está metido el modelo actual y en el que
engrane bien todo el conjunto, será muy difícil que puedan solucionarse
problemas de fondo de la seguridad ciudadana en Madrid, y nos gustaría
saber cuáles son los planes específicos a ese respecto que tiene el
Ministerio de Justicia e Interior en este momento.
El señor PRESIDENTE: El señor De la Rocha, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Para hacer una breve intervención, comenzando
por agradecerle a la señora Secretaria de Estado su presencia aquí y la
explicación que nos ha dado sobre los planes de la Secretaría de Estado
de Interior para la prevención de la inseguridad ciudadana en Madrid.
Quería en mi intervención, puesto que se ha hecho también así por algún
otro Grupo Parlamentario, hacer una reflexión de cómo entiende la
izquierda y cómo hemos entendido siempre los socialistas las relaciones
entre seguridad y libertad.
Aquí se han dicho algunas cosas que probablemente muchas personas de
izquierda, hombres y mujeres, muchos demócratas, se pueden encontrar
sorprendidos y, sobre todo, no identificados desde el punto de vista
constitucional.
Nosotros siempre hemos entendido y hemos defendido la necesidad de un
alto grado de seguridad ciudadana en nuestras calles, en nuestra
convivencia, nunca la izquierda ha renunciado al valor seguridad, pero
siempre lo hemos situado engarzándolo junto al valor libertad, no de una
manera equiparada, sino de una manera subordinada.
Quiero recordar aquí que la Constitución española es su artículo 1.1, y
no en el artículo 5, ni en el 15, ni en el 25, ni en el último, se abre
diciendo que España propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
La libertad es uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico.
La seguridad no es un valor superior, es un valor instrumental. Como ha
dicho bien la señora Secretaria de Estado, la seguridad es un valor al
servicio de la libertad y para garantizar la libertad. Por eso, un
socialista, un hombre de izquierdas, nunca diría que en Madrid, entre
otros problemas de seguridad es que se celebran muchas manifestaciones,
porque la manifestación, como una forma de ejercicio de la libertad --la
manifestación, la reunión en lugar público--, nunca debe ser un problema
de seguridad ciudadana; puede ser un problema de tráfico, puede ser un
problema de información, nunca es un problema de seguridad ciudadana;
Pero más aún cuando se ha dicho aquí hace un momento que en Madrid hay un
alto grado de inmigración ilegal y que eso es un problema de seguridad
ciudadana, como si la inmigración ilegal --el tema de la legalidad e
ilegalidad-- fuese el problema de la delincuencia. Ese no es el problema
de la delincuencia, sino cumplir o no los requisitos de presencia legal
en España, de tal manera que al que no los cumple el Estado español tiene
el derecho y la obligación, desde el punto de vista de la ley, de ponerle
en la frontera. Pero seguir confundiendo la idea de inmigración
ilegal, es decir, la inmigración que no cumple los requisitos formales,
con la idea de la delincuencia, es, desde el punto de vista de la
izquierda, una cuestión aberrante, algo que, sin duda, diferencia la
derecha de la izquierda.
Por eso, nosotros siempre que hemos defendido un alto grado de seguridad,
siempre entendemos que la seguridad es un valor instrumental al servicio
de la libertad y no al contrario.
Entrando ya, desde esa óptica, desde ese esquema, desde esa filosofía de
valores, en el problema del plan de seguridad para Madrid, quiero decir a
la Secretaria de Estado que de alguna manera lo que acaba de
manifestarnos es enormemente positivo e importante, porque se ha dicho
aquí que hay que reconocer que en Madrid hay un importante grado de
inseguridad. Desde luego, toda sociedad moderna, toda sociedad con
relaciones industriales y con relaciones sociales complejas es siempre
conflictiva; pero lo que hay que reconocer, aunque sea siempre para estar
insatisfecho, es que Madrid es una de las capitales más seguras de
Europa, si no la más segura de Europa. Hay que reconocer también que en
los últimos años ha bajado el número de delitos en Madrid, en lo cual
probablemente tienen que ver muchos factores, pero, también la acción de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. No digo esto para la
autocomplacencia, lo digo también para mostrar la insatisfacción. El
grado de inseguridad que hay en nuestras ciudades y en nuestros pueblos
nos debe dejar insatisfechos, siempre hay que abordarlo con más firmeza,
con nuevos planes. En ese sentido, como Diputado de Madrid, debo mostrar
también la satisfacción de que uno de los objetivos centrales de la tarea
de la Secretaría de Estado sea Madrid y mi satisfacción porque haya un
plan de seguridad para Madrid.
Hay que decir aquí que me complace también haber oído al portavoz del
Grupo Parlamentario Popular decir, casi literalmente, que las propuestas
de ese plan son correctas; porque si todos creemos que las medidas que se
van adoptando son correctas, es que estamos en la buena línea.
Para terminar (no quiero entrar en el problema de la relaciones entre la
policía municipal y las policías locales, y los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado; es un problema que afecta al modelo policial en
España, es un problema mucho más complejo), debo indicar, y lo ha dicho
el portavoz de Izquierda Unida de alguna manera, que fue en la época en
que era alcalde de Madrid el profesor Tierno Galván cuando la policía
municipal abordó el problema de las patrullas de barrio; que hoy esas
patrullas no existen como acción de la policía municipal y que bienvenido
sea que el Ministerio de Justicia e Interior aborde también el problema
de las patrullas de barrio que otras administraciones, de acuerdo con la
legalidad o incumpliendo la legalidad, en su momento abordaron y en la
actualidad tienen abandonado.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor De la Rocha.
Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Gracias,
señor Presidente.
Me gustaría contestar a su señoría que, por un lado --como decía el
representante del Grupo Socialista--, me satisface su aseveración de que
le parece correcto el plan de presencia policial que el Consejo de
Ministros ha acordado. Me congratulo de que a usted le parezca correcto
el plan de presencia policial. De lo que no me puedo congratular tanto es
de que usted no haya querido oír los datos que yo le he dado.
Con independencia de los discursos teóricos que usted ha emitido, que me
parecen, digamos, desde el punto de vista dialéctico, buenos, no ha hecho
más que emitir una teoría de lo que le gustaría que fuera, pero no de lo
que es la realidad. Le he dado unos datos concretos que lo que hacen
precisamente es evidenciar que los índices de delincuencia, le gusten a
su grupo o no le gusten, han disminuido en Madrid. Esta mañana tenía una
entrevista con representantes de la asociación del gremio de joyeros que
me decía que, efectivamente, los índices de delincuencia habían
disminuido en Madrid.
Yo le doy datos concretos; usted hace una reflexión teórica, insisto, de
lo que le gustaría que fuera y no de lo que realmente es. Creo que en un
Partido como el suyo, que aspira a tener responsabilidades de Gobierno
--aunque yo no sé cuándo lo conseguirá--, no me parece bueno el discurso
del catastrofismo. Creo que la seguridad ciudadana es un tema de Estado.
Tengo que decir que gente perteneciente a su partido, que tiene
responsabilidades locales y municipales en este momento, así lo han
entendido. La seguridad ciudadana no es de unos ni de otros, es de todos.
Por eso, insisto en que hay determinadas personas con responsabilidades
municipales en distintas ciudades de España que han decidido colaborar y
que la policía local participe en el plan de presencia policial.
En cuanto a que la seguridad ciudadana es un tema de Estado, no es bueno
hacer catastrofismo, no es bueno permanentemente decir que Madrid es una
ciudad insegura, porque efectivamente se cometen delitos; delitos los hay
en cualquier parte del mundo, pero como decíamos antes muy bien, Madrid
es de las ciudades más seguras de Europa. Eso hay que decirlo
abiertamente y sin complejos. Eso es obra del Gobierno socialista en su
actuación de los últimos doce años, sin perjuicio de que yo le he
reconocido --y no me duelen prendas al decirlo-- que hay ayuntamientos
dirigidos por gente de este Grupo político que así lo han entendido y así
están trabajando.
Por tanto, creo que no es correcto hacer una política catastrofista en lo
que no es real. La seguridad ciudadana ha mejorado en los últimos años;
los niveles de delincuencia no se han incrementado. Yo le decía --fíjese
lo que le decía-- que para nosotros, para el Gobierno, es tan importante
la seguridad ciudadana que aun cuando uno solo de los ciudadanos de este
país psicológicamente se sintiera inseguro, todos tendríamos la
obligación de hacer que la vida en esta ciudad fuera más tranquila. Como
de eso no va hacer nunca dejación el Gobierno socialista, porque defiende
un proyecto de progreso y en él la vida en las calles es fundamental,
cada día vamos a seguir trabajando
para que la seguridad ciudadana sea mejor, para que los índices de
delincuencia disminuyan. Eso es lo que pretende el plan de presencia
policial que, como decía antes, me congratulo de que a usted le parezca
correcto.
Usted hablaba de dinero. Efectivamente, hace falta dinero. Le voy a decir
--y le invito expresamente a ello-- que el próximo viernes día 23 se hará
una presentación pública de la nueva flota de vehículos, y motos que
adquiere la Dirección General de la Policía y que van a servir
precisamente para que se incremente este patrullaje por las grandes
ciudades. Le he invitado y le invito porque precisamente una de las
prioridades que en este momento tiene la Secretaría de Estado de Interior
es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan prestar sus
funciones en las mejores circunstancias.
Usted ha estado hablando en nombre de todos los ciudadanos. Yo nunca me
permitiría hablar en nombre de todos los ciudadanos; quizá usted podrá
hablar en nombre de algunos, pero no en nombre de todos, porque a lo
mejor los datos que le dan a usted determinados ciudadanos no coinciden
con los que me dan a mí. Pero sí le diría que es absolutamente falso que
los ciudadanos no tengan confianza en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado. Me remito a las estadísticas. La verdad es que otros
ciudadanos siguen teniendo, felizmente, una gran confianza en los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, ya que tienen muy clara cuál es su
función, que es la de servir a la sociedad.
Por tanto, le diría --y no vuelvo a repetir los datos-- que no me parece
adecuado hacer catastrofismo; que el Gobierno da datos concretos, que
esos datos concretos lo que evidencian es la disminución de la
delincuencia; que un tema es que a usted le guste o no, pero los hechos
ahí están. Aun así, vuelvo a insistir, vamos a seguir trabajando para que
cada día la seguridad ciudadana sea mejor, porque le repito que a mis
efectos, para la Secretaría de Estado de Interior, con que sólo un
ciudadano de este país sintiera inseguridad, desde una política de
izquierdas, desde una política de progreso, tenemos obligación de
ofrecerles las mejores condiciones. A eso responde este plan de presencia
policial, que veo que a usted no le ha desagradado.
Al señor López Garrido, de Izquierda Unida, debo decirle que él sabe que
comparto su filosofía cuando ésta va en favor de una descentralización y
no de unos grandes servicios centrales. Precisamente porque compartimos
esa filosofía, se dio la orden de que todo lo relativo a la seguridad
ciudadana tendría que estar más descentralizado para que pudiera estar
más cerca del ciudadano. Desgraciadamente, cuando se dio esa filosofía y
esa instrucción general, quien tenía que ejecutarlo no lo entendió
debidamente y por eso hubo esa pequeña disfunción, que duró cuestión de
dos o tres días, en cuanto a la detracción de los medios personales.
Puedo decirle (y con eso le contesto sobre la política general de la
Secretaría de Estado en lo relativo a los criterios para vigilancias de
embajadas, personalidades, etcétera) que hay un compromiso evidente, que
va a ser real, de que existan 1.388 funcionarios más en las calles de
Madrid; que se está reorganizando y replanteando, y se ha iniciado ya,
aunque no voy a explicitar más por razones de seguridad, todo lo relativo
a la vigilancia de embajadas, que no se va a hacer según los criterios
tradicionales, sino según los criterios más modernos, que van a permitir
mayor seguridad con menor incremento del personal al servicio de esa
función de vigilancia.
Decía S. S. que no hay un plan para Madrid. Yo no lo comparto.
Evidentemente existe un plan para Madrid, porque el plan de presencia
policial que ha elaborado la Secretaría de Estado de Interior no lo ha
realizado sólo ella, sino después de un largo proceso de diálogo con
todos los sectores implicados. Ese proceso de diálogo ha sido, como ya
decía antes, con responsables municipales --vuelvo a insistir-- de las
once grandes ciudades, con una visión de Estado que a lo mejor algunos no
tienen, y que han decidido participar en ese plan de presencia policial.
Además, también hemos hecho un trabajo muy importante con todas las
asociaciones de vecinos, que han sido oídas y van a ser una pieza clave y
fundamental en este plan de presencia policial para Madrid y para las
demás ciudades, porque desde la Secretaría de Estado entendemos que no
podemos abordar la seguridad ciudadana sin la participación de los
ciudadanos y vecinos.
Por tanto, sí que ha habido un plan específico para Madrid y vamos a
seguir la ejecución de ese plan muy de cerca. Vamos a tener un contacto
permanente con las asociaciones de vecinos y con todos los gremios, con
los cuales no sólo se ha reunido el Delegado del Gobierno, sino yo
personalmente y me pienso seguir reuniendo.
Los planes, como cualquier otro, no son puramente teóricos; no es sólo lo
que aparece en los papeles, sino lo que se ejecuta y lo que se lleva a la
práctica. Insisto en que en la ejecución de ese plan el Gobierno tiene un
gran interés en que, por lo que respecta a Madrid, así como a las demás
ciudades, exista esa gran participación ciudadana con modelos como los
que ya tienen otras ciudades, tales como Barcelona, en el marco del
Consejo de Seguridad Urbana.
Por tanto, existe un plan que no está cerrado, que puede ser
perfeccionado, y lo que sí le digo es que existe ese compromiso de que
cada día trabajemos para que la seguridad ciudadana sea mejor no sólo en
Madrid, sino en todo el Estado. (El señor Cortés Muñoz pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, ¿a qué efectos pide la palabra su
señoría?
El señor CORTES MUÑOZ: A efectos de haber sido aludido y contradicho en
todas mis manifestaciones, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: No esperaría S. S. menos.
El señor CORTES MUÑOZ: Es posible que no esperase menos, por eso tampoco
espero menos ahora.
El señor PRESIDENTE: El trámite que solemos dar a las comparecencias,
como bien habrán tenido cuidado de informarle sus compañeros de la
Comisión, es que no existe réplica en el trámite del artículo 202.
Tiene un minuto por si quiere algún tipo de información o ampliación de
información, señor Cortés, pero no hay debate.
El señor CORTES MUÑOZ: En cualquier caso, señor Presidente, quiero
simplemente hacer referencia a dos temas que sí me parecen importantes y
sobre los que sí creo que tengo derecho a contestar.
Me ha acusado la señora Secretaria de Estado de hablar en nombre de los
ciudadanos. Yo he sido elegido por bastantes miles de ciudadanos
madrileños. Usted ha sido elegida por uno solo, señora Secretaria de
Estado. (El señor Baón Ramírez: Y no madrileño.) Eso marca una enorme
diferencia para poder hablar.
En segundo lugar, me acusa usted, y eso sí que es gravísimo, de que doy
unos índices de catastrofismo en Madrid muy altos y dice: «Eso es lo que
a usted le gustaría que fuera.» Usted no tiene ningún derecho, ninguno,
ni como política ni como ciudadana, a decir eso. Si usted está diciendo
eso, está cometiendo un grave atropello. Usted no puede pensar que yo
quiero que haya mayor inseguridad ciudadana en Madrid. Todo lo contrario.
Y si usted dice eso, insisto en que está cometiendo un grave error, un
grave atropello y yo le pido a usted que rectifique esas palabras. Porque
no tiene usted ningún derecho a pronunciarlas. Decir, de cara a los
ciudadanos madrileños, que Madrid es una de las ciudades más seguras de
Europa es sinceramente una tomadura de pelo y es despreciar lo que
piensan, sienten y padecen los ciudadanos madrileños. Me gustaría que
esas palabras las dijera usted en todos aquellos sitios de la ciudad de
Madrid y de la Comunidad de Madrid en donde se padecen índices muy altos
de inseguridad ciudadana, que fuera usted allí y repitiera las mismas
palabras que está usted diciendo aquí.
Repito, señora Secretaria de Estado, que le pido que rectifique usted la
acusación de que a mí lo que me gustaría es que hubiera mayor inseguridad
ciudadana en Madrid, porque no tiene usted ningún derecho a decir eso.
(El señor López Garrido pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, un minuto nada más.
El señor LOPEZ GARRIDO: Simplemente para apuntar dos cuestiones que
modestamente consideramos desde nuestro Grupo que deben apoyar una
política de seguridad ciudadana y un modelo policial, que seguramente es
uno de los elementos centrales por los que tiene que pasar cualquier plan
de seguridad para las grandes ciudades y en concreto para Madrid.
En la anterior etapa, con otro Ministro al frente del Departamento, la
política sobre seguridad ciudadana --y tengo la sensación de que hay una
inercia importante a ese respecto todavía-- se basó, como todo el mundo
vio, en prácticamente la desaparición de coches radiopatrulla en las
ciudades y en un traspaso importante de una actividad preventiva a una
actividad represiva. Es decir, había una necesidad de justificar
actuaciones judiciales en número de detenidos, había una obsesión por el
productivismo en cuanto a exigir, por ejemplo, determinado número de
identificaciones a los policías. Es algo que en la práctica está
existiendo en Madrid en las llamadas identificaciones de inmigrantes o de
extranjeros, que se hacen de forma masiva y sistemáticamente utilizando
la llamada ley Corcuera a este respecto, en un sentido, por tanto, no
preventivo, y creo que esto no es una política pedagógica para el propio
colectivo policial.
Por tanto, esa línea hacia la descentralización, que compartimos, esa
línea hacia una mayor presencia de funcionarios en las calles de Madrid,
que compartimos, debe pasar necesariamente por una reforma en esa
política de seguridad ciudadana que todavía se mantiene en los grupos
operativos que están funcionando concretamente en Madrid.
También quiero reiterar que sin un modelo policial nuevo, un modelo
policial en donde haya una verdadera coordinación de cuerpos policiales,
que sitúe a cada uno en su lugar, que establezca las funciones de
colaboración de todos ellos en el nivel estatal, en el nivel autonómico y
en el nivel local, sin ese modelo policial, no será posible y no se
sacará toda la rentabilidad a los esfuerzos que se puedan hacer de
mayores dotaciones o de mayor personal.
Hace unas semanas el Ministro Belloch estuvo en esta Comisión, y cuando
yo le comenté este tema del modelo policial señaló que había un gabinete
estudiándolo con personas que yo sé que son muy solventes, pero dijo que
les habían dado un año para que trabajen a ese respecto. Sinceramente, a
mí me parece que es demasiado tiempo para que tengamos un modelo policial
efectivo, sin el cual --repito-- estos planes de seguridad no tendrán
toda su virtualidad, ni se sacará el máximo rendimiento que exige en
estos momentos una reforma a fondo de la política de seguridad. (El señor
De la Rocha Rubí pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: También por un minuto, tiene la palabra el señor De
la Rocha.
El señor DE LA ROCHA RUBI: Por menos tiempo, señor Presidente.
Muy brevemente, para exponer la posición de mi Grupo sobre el tema que se
ha planteado en esta sesión durante las últimas intervenciones: El
problema de la representatividad, de la representación, y el problema de
la legitimidad, porque yo creo que aquí podemos estar intentando inventar
un modelo constitucional nuevo o distinto. Los parlamentarios somos,
obviamente, representantes de la soberanía popular, pero creo que nadie
debe intentar hablar más que en nombre de aquellos que le han elegido. El
Gobierno --y hay que recordar que los secretarios de Estado son miembros
del Gobierno-- tiene una legitimidad distinta, pero constitucionalmente
tan importante como la anterior, la legitimidad basada en que su
Presidente tiene la confianza de la mayoría del Parlamento. Situemos cada
representatividad, cada forma de representación, cada legitimidad, en su
contexto, y no inventemos modelos constitucionales nuevos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández):
Efectivamente, yo comparto la intervención del señor De la Rocha y, por
no repetir argumentos --que creo que no es necesario--, le pediría,
puesto que S. S. ha hablado en nombre de los ciudadanos, que hablara en
nombre de una parte de los ciudadanos, porque no todos --ya que hay tanta
precisión en el lenguaje por parte de S. S.-- comparten el análisis que
usted hace.
Le vuelvo a decir lo mismo: usted no ha dado un solo dato; ha hecho un
discurso puramente teórico sobre lo que a usted le parece que es una
construcción. Yo le he dado datos reales, datos perfectamente
contrastados y, precisamente porque usted hace un discurso puramente
teórico, la valoración que yo puedo hacer de su intervención es puramente
teórica, ya que la suya no es una intervención, repito, basada en datos
reales, como los que yo aportaba.
--EXISTENCIA DE ARCHIVOS INFORMATIZADOS EN LOS QUE SE MANTIENEN DATOS
PERSONALES DE CARACTER SENSIBLE SOBRE CIUDADANOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS.
FORMULADA POR EL SEÑOR LOPEZ GARRIDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/001060.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el trámite de preguntas, con la
advertencia, señorías, de que la intervención máxima por parte de los
distintos autores de las mismas será de cinco minutos.
La primera pregunta es la que aparece en el orden del día con el número
24, sobre la existencia de archivos informatizados en los que se
mantienen datos personales de carácter sensible sobre ciudadanos
españoles y extranjeros. Su autor es don Diego López Garrido, que tiene
la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente, por permitir la
variación en el orden de las preguntas.
Paso a exponer la pregunta, que, como ha dicho el Presidente, figura en
el orden del día con el número 24. Como sabe la señora Secretaria de
Estado, el miércoles 27 de julio de 1994 se publicó en el «Boletín
Oficial del Estado» una orden del Ministerio de Justicia e Interior,
orden de 26 de julio del presente año, por la que --dice-- se regulan los
ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Ministerio de
Justicia e Interior.
El título ya es un tanto pintoresco, porque la verdad es que en esa orden
no se regulan exactamente los ficheros con datos de carácter personal,
sino que, simplemente, se hacen públicas las características de los
ficheros ubicados en los sistemas informáticos, tanto de la Dirección
General de la Policía como de la Dirección General de la Guardia Civil, y
en cada uno de ellos se habla del responsable, de su finalidad, de los
usos, de su estructura, etcétera.
Hay una primera cosa que sorprende, y es que, como nos figurábamos, hay
una enorme cantidad de ficheros informatizados no solamente en el
Ministerio de Justicia e Interior, sino en todos los ministerios, que
contienen datos de carácter personal y algunos datos de carácter
sensible. Esta mañana mismo se me ha suministrado por la Agencia de
Protección de Datos una relación estadística de ficheros inscritos en el
Registro General de Protección de Datos, con algunos sensibles
especialmente protegidos por la Ley Orgánica de regulación del
tratamiento automatizado de Datos, y aparecen 467 ficheros con datos
especialmente protegidos, o que deben ser especialmente protegidos, en
los Ministerios de Sanidad y Consumo, Asuntos Sociales, Defensa, Economía
y Hacienda, Justicia e Interior y Trabajo y Seguridad Social. Por tanto,
aquí aparece una primera virtualidad de la publicación de la ley, y es
que afloran estos ficheros informatizados, que son muchísimos. En el caso
del Ministerio de Justicia e Interior, según la Agencia de Protección de
Datos, hay 17 ficheros con datos especialmente protegidos.
Destaca también, como una característica de la publicación de los
ficheros --y a veces no se sabe bien por qué esa multiplicidad--, el que
muchísimos de ellos se refieren a extranjeros. Hay una especie de
obsesión por los extranjeros, cuyos datos personales se introducen, por
muy diversas fuentes y desde diversos orígenes, en una gran cantidad
--hemos podido contar casi una decena-- de ficheros relativos a
extranjeros. Pero sobre todo, y éste es el centro fundamental de la
pregunta que planteamos, aparecen ficheros cuyo contenido es claramente
ilegal y claramente inconstitucional, como la propia existencia de ese
fichero. En algunos de ellos aparecen datos sensibles que, desde luego,
no están sometidos a las exigencias de la Ley Orgánica de Regulación del
Tratamiento Automatizado de Datos. Probablemente, el más claro ejemplo es
el llamado Perpol, que aparece en la página 41 de ese suplemento del
Boletín Oficial del Estado de 27 de julio de 1994, donde se reseñan datos
de carácter personal: raza, salud, vida sexual, aficiones y estilo de
vida, etcétera. Además, son datos que provienen, no de una investigación
concreta, o para una investigación concreta, según dice el artículo 20.3
de la Lortad, sino que el procedimiento de recogida de datos se hace, vía
teleproceso, por los gestores de información a partir de requisitorias
cursadas por autoridades judiciales o periciales o por reseñas llevadas a
cabo por los gabinetes de policía científico, de los atestados policiales
instruidos por las brigadas y grupos operativos y de sentencias dictadas
por la autoridad judicial; es decir, una muy diversa y generalizada
fuente, que introduce en los ficheros datos de carácter sensible, como
son la raza, la salud, la vida sexual o algo muy genérico, pero donde
cabe todo: aficiones y estilo de vida.
Ya el Defensor del Pueblo, en sus informes --concretamente en el último,
correspondiente a 1993--, en las páginas 125 y siguientes, habla de
diversas quejas que le llegaron sobre la existencia de ficheros donde hay
informaciones
relativas a datos sensibles, reservados, íntimos de la personalidad y que
se manejan en el Ministerio de Justicia e Interior. Una de ellas es la
queja 9320221, que habla de la existencia de los denominados grupos de
análisis y tratamiento de la información --GATI-- en relación con el cual
pide la información el Defensor del Pueblo, ya que pudiera producirse una
violación, tanto de la ley como de la Constitución, en este fichero, y
otras quejas que no voy a relatar aquí porque sería muy pesado, pero que
también se refieren a los mismos temas.
Por esta razón, nosotros hemos hecho esta pregunta al Ministro de
Justicia e Interior y se la hacemos a usted en este momento, ya que la
existencia de ese fichero contradice no solamente los principios
generales de la Lortad, sino artículos concretos de la misma, como el
artículo 7, en el que se dice que sólo con consentimiento expreso del
afectado puede ser objeto de tratamiento automatizado los datos de
carácter personal que revelen la ideología, religión o creencias; que los
datos de carácter personal --dice el apartado 3 de ese artículo 7-- que
hagan referencia al origen racial, a la salud, a la vida sexual, a eso se
refiere exactamente el fichero Perpol, sólo pueden ser recabados...
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, ha consumido el tiempo con
generosidad por parte de esta Presidencia.
El señor LOPEZ GARRIDO: Termino, señor Presidente.
Esos datos sólo pueden ser recabados, decía, cuando por razones de
interés general así lo disponga una ley o el afectado consienta
expresamente. Y lo mismo sucede en el caso del apartado 4.
Querría saber, a la vista de la existencia de esos ficheros, cuáles son
las actuaciones que ha realizado el Ministerio de Justicia e Interior,
cuál va a ser el destino de toda esa multiplicidad de ficheros, que
consideramos incumplen la normativa vigente.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Interior tiene la
palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández):
Efectivamente, como decía el señor López Garrido, en el Boletín Oficial
del Estado del 27 de julio se publicó la relación de un centenar de
ficheros existentes, con indicación respecto a cada uno de sus
responsables, finalidad, usos, personas afectadas y órgano ante el que
pueden ejercitarse los derechos de rectificación.
Hay que decir que la Secretaría de Estado de Interior está dentro de un
proceso que pretende la adecuación de los ficheros que tienen la
Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia
Civil a la normativa que establece la llamada Lortad. Hay que decir
también que los puntos fundamentales en los que nos basamos es que
únicamente se pueden llevar aquellos ficheros de naturaleza policial que
resultan imprescindibles para la seguridad ciudadana, para la prevención
de la delincuencia y la colaboración y prestación de auxilio que demandan
las autoridades judiciales. Esos son los tres puntos que tenemos en
cuenta para la elaboración de los ficheros.
Hay que descartar por completo que los ficheros que tienen ambas
Direcciones Generales tengan una vocación de generalidad, dirigida a
todos los ciudadanos, sino única y exclusivamente a aquellas personas que
entendemos que pueden, por determinadas circunstancias, tener un interés
policial, pero no el interés policial en sí mismo, sino en función del
que judicialmente pueden tener. Además, a estos archivos no tiene acceso
cualquier funcionario, sino sólo unos muy determinados.
Con esto lo que quiero decir --y esa es la razón de ser de la publicación
en el Boletín Oficial del Estado de esos ficheros-- que de lo que se
trata es de dar publicidad a su contenido, que ante los órganos
correspondientes se puedan solicitar las rectificaciones oportunas y que
estamos inmersos en ese proceso de adecuación a la Lortad, de tal manera
que en los ficheros sólo se contengan los datos a que hacía referencia,
en aras a facilitar la actuación, en su caso, de los jueces.
Como digo, en la medida en que estamos en un proceso de estudio, si a la
vista de las rectificaciones que se solicitan, o incluso a la vista de
los informes que pueda dar el Defensor del Pueblo, hay que hacer
modificaciones, la Secretaría de Estado de Interior mandará que se hagan
y, en su caso, la desaparición de los ficheros oportunos. (El señor López
Garrido pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No le queda tiempo, señor López Garrido. De todas
maneras, le doy treinta segundos para que no se vaya insatisfecho de esta
Comisión.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Presidente, por su benevolencia.
Me alegro de que la Secretaría de Estado de Interior piense adecuar, como
era de esperar, estos ficheros a la legalidad. Me hubiera gustado que
hubiese sido más concreta y más contundente en su respuesta, porque este
fichero, concretamente Perpol, y otros no pueden seguir existiendo. Es
necesario que se rectifique, me imagino que desde una publicación en el
Boletín Oficial del Estado y que se eliminen esos datos, con la
comprobación de la Agencia de Protección de Datos de esa eliminación, así
como que se investigue si otros ficheros, aunque no tan claramente
expuestos como en el caso de Perpol (quizás ingenuamente expuestos, según
dicen las malas lenguas), también puedan tener otro contenido claramente
ilegal. Ese tipo de ficheros no pueden existir tal y como están
especificados; por tanto, en ese proceso de adecuación tienen que
desaparecer, y también los datos, así como figurar el control por la
Agencia de Protección de Datos de que se produzca esa desaparición. Eso
tiene que ir unido, naturalmente, a una labor de pedagogía con respecto
al funcionamiento, un poco inercial, de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad, que están acostumbrados a enviar una serie de datos y a los
que hay que decir que no se pueden enviar, porque no son relevantes,
salvo en el caso concreto que
está señalado en la Lortad, que, por cierto, es una ley que está
recurrida ante el Tribunal Constitucional.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Unicamente
deseo tranquilizar a S. S. diciendo que va a haber toda la contundencia
en cuanto a la adecuación de la legalidad por parte de la Secretaría de
Estado.
--MEDIDAS PARA COMBATIR EL CONTRABANDO DE TABACO Y EL NARCOTRAFICO EN LA
PROVINCIA DE CADIZ, ESPECIALMENTE EN LA ZONA DEL CAMPO DE GIBRALTAR.
FORMULADA POR LA SEÑORA MARTINEZ SAIZ (GP). (Número de expediente
181/000900.)
--GARANTIAS POR EL MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR DEL PASO POR LA
FRONTERA DE ESPAÑA CON GIBRALTAR DE LOS NACIONALES EUROPEOS. FORMULADA
POR LA SEÑORA MARTINEZ SAIZ (GP). (Número de expediente 181/001066.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos, señorías, con el debate acumulado de
las preguntas números 14 y 26, cuya autora es doña María Teófila Martínez
Saiz.
Tiene la palabra, señoría.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señora Secretaria de Estado de Interior, el
contrabando de tabaco es una actividad ilícita practicada en algunas
zonas de España desde hace muchísimos años, y una de las más afectadas
por ese contrabando de tabaco es el Campo de Gibraltar y la provincia de
Cádiz. Desde hace ya muchos años, no voy a distinguir colores o
regímenes, ha sido tolerada por los distintos gobiernos que ha habido en
este país, quizá para paliar su falta de capacidad para poner en marcha
reformas económicas necesarias y crear puestos de trabajo en una zona tan
castigada como es la provincia de Cádiz y el Campo de Gibraltar.
En los últimos años, yo creo que a causa de la profunda crisis económica,
la actividad ilícita del contrabando de tabaco ha ido en aumento, y
también en paralelo, sin duda, otra mucha más rentable para los
contrabandistas y los narcotraficantes, que ha sido el narcotráfico, que
han aprovechado precisamente las redes existentes de contrabando para
introducir la droga por el Campo de Gibraltar y por la provincia de
Cádiz.
No es la primera vez que en los últimos años el Grupo Popular ha pedido
en esta Cámara más medios humanos y técnicos para la lucha contra el
contrabando, el narcotráfico y el blanqueo en la provincia de Cádiz, y
especialmente en el Campo de Gibraltar. Siempre, señora Secretaria de
Estado, con la misma respuesta por parte del Gobierno socialista. Aquí
creo que es innecesario hablar de conceptos progresistas, conservadores o
de centro en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando --yo nunca
los he manifestado en mis numerosas intervenciones--, pero sí quiero
decirle que me han decepcionado en multitud de ocasiones, cuando se me
decía, por parte del ex Ministro de Interior, señor Corcuera, que se
estaba haciendo todo lo posible, que no era lo necesario, pero que
intentaban --y éstas son palabras textuales que no se me van a olvidar en
mi vida-- que lo posible se acercara a lo necesario. Señora Secretaria de
Estado, yo no he hecho nunca catastrofismo con el narcotráfico, con el
contrabando ni con el blanqueo al denunciarlo, pero sí es cierto que
desde el año 1990 el Gobierno socialista puso en marcha, según los
anteriores responsables del Ministerio de Interior, un plan Sur --no sé
si usted tendrá conocimiento de él-- para la lucha contra el narcotráfico
y contra el contrabando de tabaco.
No sabemos, pues nunca nos han informado, los resultados de ese plan Sur
que presentó el ex Ministro Corcuera, el señor Vera y otros altos cargos
del Ministerio en 1990 en La Línea de la Concepción. Lo que sí es
palpable --parece que lo acaban de descubrir todos los responsables del
Gobierno-- es que en este momento en Gibraltar hay doscientas lanchas
rápidas dedicadas al narcotráfico y al contrabando con su sede en
Gibraltar. Esto es notorio, porque recuerdo cuando, en el año 1990, las
planeadoras iban a alijar de doce en doce y de diez en diez en la playa
de La Atunara y en playas cercanas. Ahora ya van de cuarenta en cuarenta,
de cincuenta en cincuenta, cantidades que parecen desembarcos, no alijos.
Se han puesto en funcionamiento lanchas de la Guardia Civil del Mar, se
han aumentado las lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera, algunas no
estaban operativas porque llevan muchos años en funcionamiento y sus
motores ya no están para muchas prisas. También se han aumentado las
dotaciones de la Guardia Civil en La Línea de la Concepción, y
últimamente se han puesto dos controles en la aduana entre Gibraltar y La
Línea de la Concepción.
Nuestra preocupación cuando hicimos esta pregunta en septiembre, después
de los accidentes desgraciados que se produjeron en la playa de La
Atunara y otras agresiones a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado
por parte de narcotraficantes y contrabandistas refugiados en el Peñón
hacia helicópteros y lanchas del Servicio de Vigilancia aduanera y de la
Guardia Civil del Mar, es porque hemos pedido muchas veces un plan
especial, parece ser que ahora existe, pero nos hemos llevado una gran
decepción porque, según su presentación en la prensa de Cádiz, y parece
ser que también en la provincia de Pontevedra, consiste en coordinar los
efectivos existentes, no hacen falta más. Nosotros creemos que sí hacen
falta más medios y mejores expertos, mejores lanchas, funcionarios más
capacitados. También necesitamos efectivos del Ministerio de Hacienda que
hagan que por el Puerto de Algeciras y por el de La Línea se puedan
controlar las mercancías que entran. No sabemos lo que está en los
contenedores y en los camiones que entran porque sólo disponemos de
cuatro
funcionarios del Ministerio de Hacienda en el puerto de Algeciras.
La realidad es que en este momento hay más de 60.000 sociedades opacas
operando en Gibraltar que blanquean dinero en nuestro país. Hay varias
operaciones internacionales, una muy llamativa, que implica a ciudadanos
de Estados Unidos, Italia y España, que se ha descubierto en los últimos
días. Por fin, no va a quedar otro remedio al Gobierno socialista que
reconocer que, efectivamente, en el Campo de Gibraltar, en Cádiz y en
Andalucía hay mafias de blanqueo, de contrabando de tabaco y de
narcotráfico, en lo que se ha convertido Gibraltar desde hace muchos
años; para nosotros no es nada nuevo porque lo venimos denunciando,
siempre representando a los ciudadanos en el Parlamento que nos decían
cosas que parece que el Gobierno ha descubierto hace poco, pues si lo
hubiera descubierto antes no habría consentido que se pasara de cuarenta
lanchas rápidas a doscientas, no habrían consentido que las lanchas de
inmensos motores que vinieron desde Galicia estuvieran operando en este
momento desde Marruecos y Gibraltar hacia España.
Señora Secretaria de Estado, me gustaría que, además de contestarme a
esta pregunta sobre los planes que tiene para luchar contra el
narcotráfico y el contrabando de tabaco, también me contestara, de forma
rápida porque la pregunta no es muy extensa, cuáles fueron los motivos
por los que en los últimos meses en esa aduana entre Gibraltar y La Línea
ocurriera el incidente, no sabemos por qué, si era por un error o por una
prueba o algo especial, de que no fuera necesario durante un día enseñar
el pasaporte para poder pasar de un lado a otro y fuera suficiente
presentar el carnet de identidad.
Me gustaría que me contestara a esas dos cuestiones, para nosotros muy
importantes, y que fuera lo más concreta posible, porque en la provincia
de Cádiz conocemos las cosas por desgracia de forma real. No quiero que
nos diga lo que no nos deba decir, lo que sea secreto según los planes
del Ministerio; lo que queremos es que nos diga aquellas cosas que
podemos conocer para tranquilizar a los ciudadanos y colaborar con el
Gobierno, no aquellas cosas que, lo mismo que se saben aquí, las puedan
saber los narcotraficantes, aunque ellos tienen más medios que nosotros y
desde luego están al cabo de la calle de todo lo que pueda hacer el
Ministerio del Interior.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de
Interior.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Me consta
que S. S. nunca ha hecho catastrofismo con el narcotráfico, cosa que le
agradezco. Creo que, en la lucha contra el narcotráfico, todos los
esfuerzos son pocos, y me parece que desde la Administración se llevan
haciendo durante mucho tiempo grandes esfuerzos en la lucha contra el
narcotráfico.
Somos conscientes de que, en determinadas zonas de la geografía nacional,
como ocurre en Galicia y en el Campo de Gibraltar, ha habido un
desarrollo importante del contrabando y del narcotráfico; somos
conscientes de ello. Recientemente, como bien decía, se ha presentado un
plan en la provincia de Cádiz para esa lucha contra el narcotráfico y el
contrabando. Lo que ocurre es que, sin perjuicio de que hable de lo que
vamos a hacer en el futuro, no me resisto a aceptar que no se ha hecho
nada durante este tiempo. Puedo decirle, y lo sabe perfectamente, que la
Guardia Civil, además de la comandancia de Cádiz, tiene una comandancia
«ex profeso» en Algeciras, que ha incrementado el personal que tiene
destinado allí en este momento, donde normalmente suelen colaborar
también efectivos antidisturbios de los grupos rurales de seguridad
precisamente para potenciar más la actuación de la Guardia Civil. Sabe
perfectamente que se creó en su momento el servicio de la Guardia Civil
del Mar y que es precisamente en la zona de Cádiz donde esa Guardia Civil
del Mar, a la que se ha incrementado el número de patrulleras haciendo un
esfuerzo económico importante, tiene un campo más amplio de actuación.
Estamos colaborando muy de cerca con el Servicio de Vigilancia Aduanera,
que en este momento tiene siete lanchas rápidas, un helicóptero y un
avión, que está siendo perfectamente coordinado, junto con la Guardia
Civil del Mar, por el Gobernador Civil de la Provincia. El Cuerpo
Nacional de Policía, además de lo que tiene en la ciudad de Cádiz, desde
el año 1986, precisamente cuando fue elaborado el Plan Especial Sur,
tiene una comisaría en Algeciras, lo que quiere decir que desde ese año
se ha duplicado el número de efectivos personales.
Como digo, creo que se ha hecho una inversión importante de medios
materiales y humanos en la provincia de Cádiz, tanto en cuanto a Guardia
Civil y Policía como al Servicio de Vigilancia Aduanera. Como digo, hay
un plan conjunto que se presentó recientemente en la provincia de Cádiz,
ejecutado ya desde principios de 1994 por el Gobierno Civil de Cádiz, que
ha permitido que se coloquen tres cordones de vigilancia, en el mar, en
la playa y en la carretera, que han hecho que se reconduzca a las horas
nocturnas la actividad de los contrabandistas, pero creo que es en los
últimos meses cuando se ha profundizado mucho más en la lucha contra el
narcotráfico y el contrabando.
Después de múltiples reuniones que hemos tenido con los alcaldes de la
zona, se ha ideado un plan global, que va desde el incremento de medios,
personales y materiales, que como digo se iniciaron en el año 1986, hasta
una política concertada de actuación, cuya manifestación ha sido
precisamente lo relativo a los dobles controles fronterizos. Me parece
que es importante que hayamos conseguido, después de todos estos años,
con una política cuidada, detallada, para en ocasiones no pasar de
determinados marcos diplomáticos, que el Gobierno planteara claramente
cuál es la situación en Gibraltar. Precisamente hoy tenían una entrevista
los dos ministros de Asuntos Exteriores y me parece que hemos situado
perfectamente el problema, que se están poniendo todos los medios
necesarios para ello, que se van a seguir poniendo con el refuerzo de
efectivos, en el mes de julio se enviaron más medios personales de la
Guardia Civil y se va a incrementar el número de patrulleras. Insisto en
que se ha hecho un gran
esfuerzo y que se va a seguir haciendo en algo que para mí es importante,
conseguir la concienciación de la sociedad, tanto británica como en parte
gibraltareña, sobre lo que está ocurriendo en el Peñón.
Por lo demás, en cuanto a la última pregunta que me hacía, he de decirle
que no sé si un día concreto se produjo algún caso extraordinario, pero
sí le puedo decir que somos absolutamente respetuosos con la aplicación
de la normativa comunitaria, que es la que se va a aplicar siempre, en el
paso fronterizo de los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Señora Martínez, tiene un minuto.
La señora MARTINEZ SAIZ: Señora Secretaria de Estado, yo no he dicho que
no se haya hecho nada, he dicho que se ha hecho todo lo posible, pero,
según parece, no era lo necesario. Para mí eso es gravísimo, porque, como
le he dicho antes, si se hubieran ido tomando esas medidas sin esperar
cinco años, no habría pasado lo que está pasando, que haya doscientas
lanchas desembarcando. ¿Sabe lo que son doscientas lanchas rápidas
desembarcando? Yo he visto doce y es como si fuera un hormiguero atacando
a dos lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera o a la Guardia Civil
del Mar. Algo impresentable, desde luego, porque es prácticamente
torearles. Como en la madrugada del jueves, que había 54 lanchas
desembarcando desde Gibraltar hacia la playa de La Atunara, y la Guardia
Civil del Mar y el Servicio de Vigilancia Aduanera consiguieron que 18 no
alijaran; alijaron 36.
Cuando hay un problema de esta magnitud, no se puede decir que hay,
cuatro, seis o siete lanchas, es que hay que poner todos los medios al
alcance para no sufrir esa destrucción, por parte de los narcotraficantes
y los blanqueadores, de nuestra sociedad. Yo he visto los Patrol, con
matrícula de Gibraltar, patrullando el paseo marítimo de La Atunara
tomando nota de los alijos, porque les deben de cobrar, supongo yo, por
mercancía alijada. ¿Sabe usted cuánto cuesta una caja de Winston, un
cajón vacío, para meter droga? Mil pesetas. O sea, que lo compran vacío
para, entre los alijos de Winston, meter hachís, coca o lo que les venga
en gana. Eso, desde hace cinco años no es nada nuevo, señora Secretaria
del Estado. A nosotros es lo que nos llama la atención, que no es nada
nuevo, ha ido en aumento, ha ido haciéndose de forma más descarada si
cabe. ¿Sabe qué tiene como material técnico un miembro de la Guardia
Civil de los que patrullan la costa de Tarifa por la noche? ¡Una
linterna! No tienen nada más que una linterna. Con eso no se puede luchar
contra los narcotraficantes ni contra los contrabandistas, a no ser que
sean unas hermanitas de la Caridad.
Señora Secretaria de Estado, yo le pido que, por favor, no esperen más,
que si hay un plan especial para la provincia de Cádiz y para Pontevedra,
allí es fácil ponerlo en marcha, porque, realmente, sabiendo que con tres
o cuatro lanchas se ha evitado que alijaran 18 lanchas, con una simple
operación aritmética se sabe lo que se necesita. Por tanto, yo le hago la
petición para que, con sus responsabilidades, le diga al Gobierno
socialista al que usted pertenece que ya no se puede más. Quizá esto le
haya venido muy bien al Ministro de Asuntos Exteriores para sus
conversaciones con el Ministro de Exteriores inglés, para presionar más,
pero la sociedad gaditana y campogibraltareña ya está muy concienciada y
necesitamos pasar de las palabras a los hechos para acabar con una
economía sumergida que, además de estar matando a jóvenes, está
arruinando a los empresarios que ejercen legalmente su actitud.
El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado, tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández):
Efectivamente, como ya le he dicho, no es que el plan lo vayamos a poner
en marcha, sino que el plan está puesto en marcha. Quizá usted, que ha
visto tantas patrulleras, etcétera, habrá observado cómo, en concreto
desde el verano de este año, ha habido un incremento muy importante tanto
de los medios humanos como de los medios materiales, y en esa línea está
trabajando, y va a seguir haciéndolo, el Gobierno Civil de Cádiz.
--EXPULSION DEL CIUDADANO DANES DE ORIGEN IRANI PARVIC SIRGUDSSON,
PRINCIPAL TESTIGO EN LAS DILIGENCIAS JUDICIALES ABIERTAS POR UN CASO DE
CONTRABANDO DE TABACO DECOMISADO. FORMULADA POR EL SEÑOR GONZALEZ
BLAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 181/000827.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 6, expulsión del ciudadano danés de
origen iraní Parvic Sirgundsson, principal testigo en las diligencias
judiciales abiertas por un caso de contrabando de tabaco decomisado. El
autor es don Franco González Blázquez, que tiene la palabra.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señora Secretaria de Estado, el pasado mes de
mayo, los medios de comunicación y alguno especialmente --le cito para
que lo recuerde «Diario 16»-- se hicieron eco de una denuncia referente a
que empresarios vinculados a determinada fuerza política habían ofrecido
a traficantes de armas, extranjeros de la Costa del Sol, tabaco
decomisado previamente por las Fuerzas de Seguridad del Estado. Parece
ser que, cuando se les ofrecía este tabaco, se les señalaba que tales
partidas permanecían depositadas en los almacenes de Tabacalera. Se
citaba, además, a altos responsables de la Administración, cuyos nombres
fueron públicos en ese momento y que omito ahora. Entre los traficantes
citados se encontraba el ciudadano danés de origen iraní Parvic
Sirgudsson, residente en Marbella.
Un juez de Sevilla había abierto en 1991 --creo recordar-- una
investigación sobre este tema, en la que las declaraciones de este
ciudadano podrían ser determinantes. Pues bien, paralelamente a todo este
escándalo, funcionarios
del Cuerpo Nacional de Policía, el 27 de mayo --creo recordar--, a las
siete de la mañana, montaron en un avión a Parvic Sirgudsson --ciudadano,
como decía, de origen iraní y con pasaporte danés-- con destino a
Copenhague, tras ser detenido el día anterior en Marbella, para dar
cumplimiento a una orden de expulsión que existía contra él. En aquel
momento se sorprendieron incluso algunas fuentes jurídicas de toda
solvencia de que la Policía tuviera tanta prisa para sacar de España a un
ciudadano cuya información podría ser fundamental en las diligencias
abiertas por el juez de Sevilla que había citado anteriormente.
La pregunta concreta que quiero hacer a la señora Secretaria de Estado es
la siguiente: ¿Consultó el Gobierno con el juez de instrucción competente
la situación procesal del ciudadano danés de origen iraní Parvic
Sirgudsson, principal testigo en las diligencias judiciales abiertas por
el caso del contrabando del tabaco decomisado, antes de proceder a su
expulsión?
El señor PRESIDENTE: Señora Secretaria de Estado de Interior, tiene la
palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Voy a
darle a S. S. los datos policiales que tenemos. Hay que decir que el
ciudadano danés don Parvic Sirgudsson fue detenido el 29 de septiembre de
1993 por su presunta implicación en un delito de tráfico de armas y
falsificación de documentos, en unas diligencias que se instruyeron por
el Juzgado Central de Instrucción número 2. Al mismo tiempo, se le incoó
un expediente de expulsión del territorio nacional, según lo que
establece la Ley de Extranjería.
El 21 de octubre de 1993, el entonces Secretario de Estado para la
Seguridad dictó resolución de expulsión, para la que solicitó la oportuna
autorización del Juzgado Central número 2; autorización para la expulsión
que fue concedida por el Juzgado Central de Instrucción número 2 el día 1
de enero de 1994. La resolución de expulsión le fue notificada al
interesado el 18 de enero de 1994, fijándose el plazo de un mes para
abandonar el territorio nacional, lo cual no realizó. El 16 de mayo de
1994 el señor Sergudsson es detenido en Marbella. El señor Sergudsson
interpone un procedimiento de «habeas corpus» ante el Juzgado de
Instrucción número 2 de la localidad de Marbella, el cual no le admite a
trámite y autoriza su traslado a Málaga para que se cumplimentase la
orden de expulsión. Se vuelve a consultar nuevamente al Juzgado Central
número 2, que es el que tenía la causa contra él, dando la autorización
para la expulsión, y al no existir ninguna constancia escrita, ni en
Málaga ni en el archivo central de la Dirección General de la Policía, de
que dicho ciudadano tuviera que quedar en España, ni como acusado ni como
testigo en ninguna causa, por esa razón, el 27 de mayo de 1994, al no
existir, insisto, después de consultadas todas las autoridades
judiciales, ningún obstáculo legal para ello, se procedió a su expulsión
del territorio español en cumplimiento de la resolución dictada y que era
firme.
El señor PRESIDENTE: Señor González Blázquez, tiene la palabra.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muchas gracias, señora Secretaria de Estado,
por su información, pero convendrá usted conmigo que en aquel momento se
seguían unas diligencias de un escándalo muy importante. Tengan en cuenta
que en aquel momento la empresa pública Tabacalera había sido acusada
--si me permite la expresión-- de haber incluso camuflado tabaco de
contrabando de la marca Winston y Marlboro en cartones de una marca de
producción nacional, que habían sido empaquetados y distribuidos por la
empresa pública española; que los estancos en los que aparecieron esas
cajetillas de contrabando, empaquetadas y distribuidas por Tabacalera en
cartones de Ducados, estaban en Madrid; que, como consecuencia de esas
actuaciones, se abrieron también unas diligencias en el Juzgado número 40
de Madrid; teniendo en cuenta además que, a preguntas de este Diputado,
Tabacalera Española, que había afirmado previamente a un medio de
comunicación haber destruido 57 millones de cajetillas durante el año
1993, le contesta: tres millones de cajetillas --por tanto, habían
desaparecido en torno a 54 millones-- ha de reconocer conmigo que, en
todo caso, había circunstancias un tanto oscuras, que había acusaciones
graves no desmentidas, en muchos casos a altos cargos de la
Administración e incluso a miembros de la Policía y del CESID, y creo que
el quedarse sin el principal testigo de estas diligencias puede suponer
que un escándalo que nadie sabe en este momento a quién podía alcanzar,
puede quedar indemne.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Señoría,
yo creo que en un Estado democrático cada uno tenemos que asumir nuestra
responsabilidad. El Poder Ejecutivo tiene que asumir la responsabilidad
cuando la tenga, y lo que no puede hacer es invadir competencias del
poder Judicial. Insisto, lo que no puede hacer el Poder Ejecutivo ni la
Administración es interpretar o pensar a qué testigos de cargo, en su
caso, va a utilizar el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares.
Hay un procedimiento administrativo, que se sigue con todos los
requisitos legales, se consulta con los jueces que tuvieron en su momento
algún poder de disposición sobre este ciudadano y la Administración
cumple exclusivamente su cometido.
Insisto, en un Estado democrático y de derecho lo que no puede, ni debe,
ni hará nunca la Administración será suplir la voluntad de los jueces y
mucho más interpretando una posible voluntad judicial o fiscal que ni
siquiera nos consta que hubiera sido así. (El señor González Blázquez
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor González Blázquez, no sólo le queda algún
minuto, sino que le sobran unos cuantos.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Muy breve, treinta segundos, si me permite,
señor Presidente.
Yo comprendo los razonamientos de la señora Secretaria de Estado, pero a
este Diputado quién le dice dónde están los 54 millones de cajetillas
que, según Tabacalera, no fueron destruidas, porque se afirmó a un medio
de comunicación que había destruido 57 y a mí se me dijo que tres,
entonces, quedan 54 millones perdidas. Yo creo que alguien nos tendrá que
consultar sobre este tema, y desde luego uno de los testigos
fundamentales que podría contestar a esta situación está fuera de España.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Me parece
muy loable la preocupación de S. S., pero yo creo que la averiguación de
los posibles hechos delictivos en un Estado de Derecho corresponde a la
Administración de Justicia.
--CONSTRUCCION DE UNA NUEVA COMISARIA DE POLICIA EN ESTEPONA (MALAGA).
FORMULADA POR EL SEÑOR SOUVIRON GARCIA. (Número de expediente
181/001062.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 25, construcción de una nueva
comisaría de policía en Estepona. El autor es don Federico Javier
Souvirón García, que tiene la palabra.
El señor SOUVIRON GARCIA: La importancia de la zona a la que nos vamos a
referir se pone de manifiesto en que llevamos en las dos últimas
preguntas hablando de localidades muy cercanas a Estepona.
Estepona tiene cerca de 40.000 habitantes, que pueden llegar a ser
150.000 en los períodos vacacionales y estivales; tiene 23,5 kilómetros
de costa; en su esfera de influencia, como sin duda sabe la señora
Secretaria de Interior, hay dos puertos deportivos, el propio de
Estepona, dentro de su término municipal, y el de la Duquesa, a sólo seis
kilómetros, que son realmente fronteras con Gibraltar y con Marruecos y
que carecen, por otra parte, de servicios policiales que hasta hace poco
tuvieron pero que en la actualidad no tienen.
Por otra parte, toda la superficie del municipio está recorrida por la
carretera nacional 340, que une y facilita las comunicaciones de toda la
Costa del Sol, alrededor de las cuales, entre una y otra orilla, hay unas
68 urbanizaciones. Es un centro turístico de importancia, por lo que ello
tiene de movilidad de la población. Son todos, por tanto, datos objetivos
que ponen de manifiesto, sin duda, la especial atención que el Ministro
del Interior tendría que prestar a una localidad como ésta. Sin embargo,
si nos atenemos a las realidades, la atención que parece prestar la
Secretaría de Estado de Interior es exactamente ninguna, porque la
impresión que produce la visita a la Comisaría de Estepona es simplemente
bochornosa, por lo menos es la que produjo a este diputado y no me cabe
la menor duda que es la misma que produciría a cualquiera de los
diputados presentes y también a la Señora Secretaria de Interior, con más
razón, porque de alguna manera tiene la responsabilidad de que no siga
siendo como es.
La Comisaría de Estepona, sin entrar en detalles muy particulares, está
en el centro más antiguo de la ciudad, rodeado de pequeñas callejuelas
que no tienen más de dos metros; no tienen medio de que los vehículos
policiales aparquen si no es en la puerta de los vecinos; comparte el
edificio con otros inquilinos, que tienen que asistir al triste y
lamentable espectáculo que produce la realidad de una comisaría y de sus
detenidos, muchos de ellos con el síndrome de abstinencia y con todo lo
que lamentablemente ello produce. En sus dependencias, los presentados, y
al mismo tiempo los que van a denunciar, tienen que compartir el mismo
sitio; los vestuarios no tienen más allá de doce metros para 60 personas;
los servicios están inutilizables, tienen que salir los funcionarios,
cuando lo necesitan, a bares cercanos e indicárselo así a los usuarios de
la propia comisaría, y los calabozos es una forma de entenderlos, porque
son dos auténticas mazmorras, sin ventilación ninguna, que no tienen más
allá de tres metros, sucios, en los que tienen que convivir muchas veces
dos y tres personas y donde lo que hay es un poyete y un jergón. Desde
luego, yo no sé desde una política de Izquierda y progresista, como la
que invocaba anteriormente la Señora Secretaria de Estado lo que le
parecerá, pero desde una política seria de servicio a los ciudadanos, de
buena administración, desde una política basada en el resto a la dignidad
de las personas y a los derechos humanos esta situación es simplemente
intolerable.
No voy a seguir con el detalle. Lo que sí digo es que no tiene sentido
ninguno que solamente la profesionalidad de los funcionarios haga que
funcione la comisaría en Estepona y en toda aquella zona donde, por otra
parte, las atenciones y los temas que se tratan son muchas veces de
delincuencia internacional; sólo hace falta visitar la comisaría para ver
en las paredes metopas de servicios internacionales, que deben irse
horrorizados de lo que ven allí; teniendo en cuenta, además, que el orden
público es una sensación de una realidad, la sensación que produce a
cualquier visitante de la comisaría de Estepona es que difícilmente se
puede creer en la existencia del orden público en Estepona cuando sólo se
basa en un estímulo que no sabemos de dónde aparece, de los propios
funcionarios policiales.
Por tanto, y en base a todo lo expuesto, es por lo que le pregunto a la
señora Secretaria de Estado cuándo tiene previsto su Secretaría construir
una nueva comisaría de policía en Estepona, teniendo en cuenta que el
propio Ayuntamiento, en el Plan General de Ordenación Urbana aprobado,
está dispuesto a ceder unos terrenos para ese fin.
El señor PRESIDENTE: La señora Secretaria de Estado de Interior tiene la
palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): La
Secretaría de Estado de Interior se preocupa no sólo por la Comisaría de
Estepona, sino por todas las comisarías, porque es cierto que hemos de
intentar que nuestros funcionarios presten los servicios en las mejores
condiciones posibles. Aún así, me consta que hay comisarías, como es la
de Estepona, que no reúne las mejores condiciones, pero me consta también
la entrega de los funcionarios que allí trabajan y que, desde luego, no
está comportando este deficiente estado de la comisaría el que haya
ninguna merma en la seguridad ciudadana ni en la eficacia de los mismos.
En cualquier caso, en la medida en que somos conscientes de que es
necesario que exista una mejor construcción, estamos esperando a recibir
formalmente la oferta del ayuntamiento. Sabemos que el ayuntamiento tiene
voluntad de ceder un solar, y en cuanto tengamos la constancia formal y
fehaciente de la cesión de ese solar por parte del ayuntamiento,
iniciaremos las obras, siempre que las disponibilidades presupuestarias
nos las permitan.
Lo que yo puedo decirle en este momento es que estamos a la espera de la
confirmación oficial por parte del ayuntamiento de la cesión de ese
solar.
El señor PRESIDENTE: El señor Souvirón tiene la palabra.
El señor SOUVIRON GARCIA: En cualquier caso, me imagino, después de su
respuesta, que el ayuntamiento tomará buena nota, pero yo también tomo
buena nota de una cosa tan evanescente como son las disponibilidades
presupuestarias. Me temo que es alargar mucho el asunto, porque con esto
de las disponibilidades presupuestarias, en el estado en que nos
encontramos, es muy difícil que podamos hacernos a la idea de que en un
corto plazo vamos a ver la nueva comisaría de Estepona.
Lo que tengo que decirle es que la situación es auténticamente
insostenible, que por no exagerar la nota simplemente he expuesto alguno
de los temas de aquella comisaría, pero que se requiere, y en ese sentido
instamos desde el Grupo Popular, a la Secretaría de Estado a que proceda
cuanto antes a la construcción de esa comisaría.
--CONCLUSIONES Y RESOLUCIONES ADOPTADAS TRAS LA INVESTIGACION SOBRE
ASALTO LLEVADA A CABO EL DIA 24-3-94 A LOS VOCALES DE LA SOCIETAT CORAL
EL MICALET DE VALENCIA, DONDE IBA A PRONUNCIAR UNA CONFERENCIA EL
DIRIGENTE DE ERC, DON ANGEL COLOM. FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 181/000707.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta número 4, conclusiones y resoluciones
adoptadas tras la investigación sobre asalto llevada a cabo el día 24 de
marzo de 1944 a los vocales de la Societat Coral El Micalet de Valencia,
donde iba a pronunciar una conferencia el dirigente de ERC, don Angel
Colom.
El señor Peralta Ortega tiene la palabra.
El señor PERALTA ORTEGA: Señora Secretaria de Estado de Interior, la
pregunta que le voy a formular guarda relación con unos hechos que se
produjeron el pasado 24 de marzo en Valencia capital. Estos hechos tienen
la gravedad de que contienen una tradición en el caso concreto de la
ciudad de Valencia, fundamentalmente --en algunas otras ciudades, en
ocasiones, de la Comunidad Valenciana--, que son precedentes de lo que
allí se conoce como violencia blavera. En definitiva, actuaciones de
personas que pretenden imponer sus convicciones, respetables como tales
convicciones, pero repudiables en cuanto se recurre a procedimientos
violentos. Así ocurrió el pasado 24 de marzo. Estaba anunciado que en un
local, por otra parte con una gran tradición de actividades culturales,
con posiciones abiertas a todo tipo de actuaciones, como es la Societat
Coral El Micalet de Valencia; en ese local, repito, se daría una
conferencia por don Angel Colom, dirigente de Esquerra Republicana de
Cataluña. El título de esa conferencia, «Nación Catalana y la izquierda
en Europa», desde luego hacía conocer a quienes fueran, aparte de la
personalidad de quien iba a pronunciar la conferencia, cuál iba a ser el
contenido de la misma.
Extrañamente, a esa conferencia (digo extrañamente desde el punto de
vista de lo que podría ser la curiosidad intelectual, perfectamente
explicable si iban a lo que iban) acudió toda una serie de personas
relacionadas con ese entorno de violencia blavera. Como era presumible,
se produjo lo que buscaban: graves daños materiales en el local, la
agresión de un conserje que presta servicios en el mismo y, lo que
posiblemente es más grave, el atentado a la convivencia democrática en la
medida en que se boicoteó, recurriendo a ese tipo de procedimientos
violentos, la conferencia que iba a pronunciar una determinada persona.
Estos hechos, insisto --los conoce perfectamente la Secretaria de Estado
de Interior--, son graves en sí mismos, son graves en relación con los
precedentes que existen. Es grave también el dato de que se produjeran
determinadas intervenciones de destacadas personalidades intentando
justificar estos hechos; que se manifestara, por ejemplo, como dijo un
destacado dirigente político: ¿Quién es más culpable, el que insulta,
refiriéndose al señor Colom, o el que contesta a ese insulto,
refiriéndose a quienes recurrieron a la violencia? ¿Qué fue antes, se
preguntaba este dirigente político, el huevo o la gallina? La respuesta
es clara, al menos desde nuestra posición. Lo condenable, en todo caso,
es el recurso a la violencia. Eso, desde luego, no era imputable a quien
iba a pronunciar una conferencia.
Ese mismo personaje político hablaba de que no se puede proteger al
individuo que viene a insultarnos a casa. Muy acertadamente, un
periodista la contestaba a los pocos días diciendo que era grave hablar
de casa a quien iba a dar una conferencia a una ciudad determinada y que,
por tanto, no era la casa de nadie, sino la casa de todos, donde impera
el principio democrático, y que no se entendía por qué se insultaba
cuando se exponían determinadas opiniones políticas.
El propio abogado de algunas de las personas implicadas en esos hechos
tenía la osadía de decir que estas personas actuaron ejerciendo la
libertad de expresión. Pone de manifiesto el sentido democrático y la
concepción que tiene esa determinada persona.
Insisto, los hechos fueron graves, y a mí me gustaría saber, señora
Secretaria de Estado de Interior, puesto que el Delegado del Gobierno
anunció que presentaba una denuncia, lo cual parece una actitud muy
positiva, con independencia de que fuera obligada en virtud de la
denuncia que presentaron los afectados, cuáles son las conclusiones y las
resoluciones adoptadas tras la investigación abierta a raíz del asalto
que se produjo en la Societat Coral El Micalet.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Secretaria de Estado de
Interior.
La Señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): La
relación fáctica la ha expresado muy bien su señoría. Quiero decir que
comparto perfectamente su apreciación, es totalmente condenable cualquier
acto contra la libertad de expresión, lo que pasó sobre las 21,15 horas
del día 24 de marzo en la Sociedad Coral El Micalet solamente se puede
considerar como un acto contra la libertad de expresión.
Hay que decir que se pusieron dos denuncias en los juzgados de Valencia:
una, que puso el representante de Esquerra Republicana de Cataluña en la
Comunidad Valenciana, y que le tocó al juzgado de instrucción de guardia
número 10 de Valencia, y otra denuncia que se puso el día 30 de marzo por
el gerente de la Sociedad, don Federico Llordán Calvo, que se presentó
ante el juzgado de instrucción de guardia número 15. Por tanto, dos son
los juzgados que conocieron de los hechos que posteriormente se
acumularon. (La señora Vicepresidenta, Pelayo Duque, ocupa la
Presidencia.)
Desde el punto de vista policial podemos decir que en el lugar de los
hechos aparecieron unos pasquines firmados por el grupo Vinatea. En esos
pasquines se rechazaba el catalán como lengua de los valencianos. Ya sabe
que a ese acto comparecieron unas 40 personas, de ellas, unas 20 tenían
edades comprendidas entre los 15 y 18 años. Aunque es cierto que algunas
de las personas que tomaron parte en esos hechos manifestaron en sus
declaraciones su pertenencia a un partido político, lo que no podemos,
policialmente hablando, es concluir que ese partido político estuviera
detrás de la agresión que se produjo contra la libertad de expresión.
Quiero decir que son los jueces los que están conociendo de estos hechos;
que desde el punto de vista policial nos consta la participación del
grupo Vinatea, que es conocido por su carácter nacionalista,
independentista y anticatalán, y que no podemos en este momento, repito,
desde el punto de vista policial, y siempre dejando a salvo lo que digan
los jueces --en lo que no podemos entrar--, establecer la vinculación de
las personas que tomaron parte en ese hecho, manifestando ellas mismas
que pertenecían al grupo Vinatea, con ningún partido político.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Interpongo muy brevemente, señora Presidenta,
para agradecer a la señora Secretaria de Estado de Interior su respuesta.
Le agradezco, además --me atrevería a decirlo--, la valentía que se
desprende de la misma. Celebro que, en primer lugar, se respete lo que es
la independencia de los tribunales, evidentemente, y que, partiendo de
ese respeto a la independencia de los tribunales, se haya pronunciado
políticamente estableciendo determinadas implicaciones que, al menos
desde el punto de vista policial, es útil saberlas.
Creo que, efectivamente, es difícil extraer conclusiones definitivas
sobre la implicación de partidos políticos en determinadas actuaciones
que llevan a cabo personas o grupos distintos de los partidos políticos;
pero, desde luego, celebro que haya sacado esas conclusiones la
Secretaria de Estado de Interior y que esas conclusiones obren en poder
de la policía, porque creo que ésa es una manera de evitar que en el
futuro se vuelvan a producir acontecimientos de este tipo. La sociedad
valenciana está perfectamente incardinada en el conjunto de la sociedad
española, es constitucional, democrática y repudia este tipo de
actuaciones, pero hay que terminar con ellos, y una de las vías es que
los medios policiales acentúen su control sobre los mismos.
Celebro que se haya llegado a ese tipo de conclusiones y espero que en el
futuro se aclaren estos hechos.
--MEDIDAS PARA GARANTIZAR DE FORMA PERMANENTE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN
EL BARRIO DE VELLUTERS (VALENCIA). FORMULADA POR EL SEÑOR PERALTA ORTEGA,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER
CATALUNYA. (Número de expediente 181/000960.)
--MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL BARRIO DE
VELLUTERS DE VALENCIA. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Numero de expediente 181/001005.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Pasamos, a continuación, al
punto número 15 del orden del día de esta Comisión que, como ha quedado
ya expresado, va a ser acumulado en este trámite al punto número 20, que
consiste en preguntas de don Ricardo Peralta Ortega y de don Ignacio Gil
Lázaro, sobre las medidas para garantizar
la seguridad ciudadana en el barrio de Velluters de Valencia.
Para su formulación, en primer lugar, tiene la palabra el señor Peralta
Ortega, por un tiempo de cinco minutos.
El señor PERALTA ORTEGA: En primer lugar, quiero dejar constancia de mi
agradecimiento al compañero señor Gil Lázaro por su amabilidad al
permitirme formalizar esta pregunta antes del turno ordinario para poder
acudir a otra Comisión, así como a la Presidencia por acceder a lo mismo.
Señora Secretaria de Estado de Interior, le voy a plantear una pregunta
relativa a la situación, desde el punto de vista policial
fundamentalmente, que se vive en el barrio de Velluters. Es un barrio de
la ciudad de Valencia.
Quiero decirle, con carácter previo, que entiendo que este tipo de
situaciones no son ajenas a un problema que es voluntad, al menos así ha
sido anunciado, de la responsable del Ministerio darle solución, que es
el problema de la falta de medios policiales en la ciudad de Valencia
fundamentalmente.
Es verdad que este problema se puede hacer extensivo a otras ciudades,
pero, desde luego, en la ciudad de Valencia se presenta con unos
caracteres especiales y en este barrio de Velluters, de una manera
destacada. Este es un barrio de la ciudad de Valencia sometido a un
proceso de degradación de muchos años y por circunstancias muy diversas
sin lugar a dudas. Es un barrio, por ejemplo, dentro del cual se
encuentra lo que es conocido como el barrio chino de la ciudad, lo cual
pone de manifiesto que se trata de un barrio tradicionalmente sometido a
unos determinados problemas.
Ahora bien, con esa historia, con esa realidad y con esas tradiciones, lo
bien cierto es que éste era un barrio que no planteaba los problemas tan
graves que se han presentado en los últimos años como consecuencia,
fundamentalmente, de la aparición del tráfico de drogas en el mismo. La
gravedad de este hecho ha complicado extraordinariamente la situación en
el barrio llegándose a extremos tales como el fallecimiento, por
apaleamiento, de un vecino durante el pasado mes de agosto. Esta fue un
poco la gota de agua que colmó el vaso de la paciencia ciudadana y dio
lugar a toda una serie de manifestaciones y reivindicaciones por parte de
las asociaciones de vecinos radicadas en ese barrio. Como consecuencia de
las mismas se ha producido una respuesta muy positiva por parte de la
Administración. En el mes de noviembre algún medio de comunicación local
hablaba de que en las ocho redadas practicadas en los últimos cuatro
meses en ese barrio se había producido un elevado número de detenciones.
Tengo también unas declaraciones recientes del presidente de la
asociación de vecinos diciendo que se empezaba a ver el fin de lo malo y
el principio de lo bueno.
A mí me gustaría saber, señora Secretaria de Estado de Interior, qué
medidas se van a tomar para corregir la situación. Ya me anticiparía a
decirle que sería bueno que las medidas no fueran la respuesta coyuntural
a un problema que puede ser coyuntural si se aborda eficazmente. Hay una
comisaría de policía en ese barrio que es de las que practica más
detenciones de la ciudad. Evidentemente hay un problema estructural en
ese barrio concreto y requiere medidas estructurales, sin perjuicio de
las que se adopten ante circunstancias coyunturales específicas, como han
podido darse, pero hacen falta medidas estructurales.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): A continuación para formular la
pregunta número 20, del orden del día, tiene la palabra el señor Gil
Lázaro sobre el mismo tema por tiempo de cinco minutos.
El señor GIL LAZARO: Con toda brevedad quiero señalar tan sólo que
evidentemente nos sumamos al retrato de hechos formulado por el señor
Peralta, porque, entre otras circunstancias, no puede ser otro, pero sí
queríamos hacer alguna consideración más.
Quiero manifestar que efectivamente la fecha de formulación de nuestra
pregunta era del momento en que el conflicto, que se venía larvando en el
barrio desde hace muchos años, estalló como consecuencia del asesinato de
un ciudadano a manos de dos presuntos narcotraficantes, y a partir de
este momento, como ha señalado el señor Peralta, se desencadenó toda una
lógica situación de grave crispación social.
Nosotros habíamos tenido ocasión, en esta legislatura y en legislaturas
anteriores, de llamar básicamente la atención sobre los problemas que en
algunos puntos de la ciudad de Valencia se estaban viviendo y,
especialmente, en este barrio y en otro, ambos del casco antiguo. Yo hoy
simplemente quiero hacer especial hincapié en algo que también ha
mencionado el señor Peralta. Evidentemente las medidas que se han puesto
en marcha a partir de estos graves sucesos no pueden tener, pura y
simplemente, un carácter circunstancial. Hay, evidentemente, que avanzar
mucho más en un contexto como el ya previsto, dentro del marco general
del plan de seguridad de las grandes ciudades, que no estaba todavía
aprobado en el momento de formulación de nuestra pregunta, y en otro
contexto que es singularmente importante, el de la colaboración entre las
administraciones directamente implicadas.
Le consta a la señora Secretaria de Estado de Interior que sin ser la
función principal de las fuerzas de policía local, en virtud de lo
establecido en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la
misión de la seguridad pública y teniendo ese carácter complementario o
subsidiario o cooperante de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, sin embargo ha habido, por parte del Ayuntamiento de Valencia,
una predisposición absoluta --y la hay y la habrá-- de colaboración con
la Administración del Estado, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con
la Delegación del Gobierno para poder abordar definitivamente este
problema concreto del barrio de Velluters en el conjunto del desarrollo
de ese plan de seguridad de las grandes ciudades en lo que afecta a la
ciudad de Valencia. No es tan sólo una cuestión de efectivos, como bien
señalaba el señor Peralta, siéndolo, sino también una cuestión que afecta
a infraestructuras policiales (y luego hablaremos de ello en otra
pregunta) que además la señora Secretaria
de Estado de Interior ha tenido la oportunidad recientemente de comprobar
in situ.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Para responder tiene la palabra
la señora Secretaria de Estado de Interior.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández):
Efectivamente el problema del barrio de Velluters era conocido. Había
unas causas ciertamente estructurales, pero desde la Secretaría de Estado
de Interior, y hay que decirlo abiertamente y sin ningún tipo de
complejos, en colaboración, como muy bien decía S. S., con el
Ayuntamiento de Valencia, se inició un plan conjunto de actuación
policial que ha permitido que en este momento la situación en ese barrio,
desde el punto de vista «delicuencial», esté bastante controlada.
Yo puedo decir, y hemos hecho en Valencia la presentación pública de este
plan de presencia policial, que en este marco genérico del plan de
libertades y de seguridad, vamos a poner más policía en la calle,
lógicamente también en la ciudad de Valencia y también en el barrio de
Velluters, y quiero decirle nuevamente que se ha contado con la absoluta
colaboración del Ayuntamiento de Valencia, que ha ofrecido 400 policías
locales para, entre todos, contribuir a dar una mejor seguridad ciudadana
a la población de Valencia.
Por tanto, no va a ser algo coyuntural lo que se ha hecho en el barrio de
Velluters, sino que dentro de todo el marco de la ciudad de Valencia
vamos a seguir trabajando para que, policialmente hablando, esa mayor
presencia permita una mayor tranquilidad en la vida cotidiana de los
habitantes de la ciudad de Valencia y, lógicamente, del barrio de
Velluters.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor
Peralta.
El señor PERALTA ORTEGA: Muy brevemente.
Es verdad, y es positivo, señora Secretaria de Estado de Interior, que
existe colaboración por parte de las otras instituciones, y ha hecho
usted referencia al Ayuntamiento de Valencia. Yo creo que esa
colaboración es obligada en función de las competencias y
responsabilidades que se tienen en relación con estos temas. Por tanto,
es bueno que se avance en esa colaboración y que se asuman las
responsabilidades que tienen todas las instituciones en relación con este
tema.
Yo le diría que también es muy positivo --se lo he dicho ya en mi
intervención inicial-- las medidas que se han tomado en los últimos meses
y que han producido resultados evidentes, y ahí están. Bueno sería,
señora Secretaria de Estado de Interior, que en el futuro evitemos llegar
a situaciones tan graves como las que se vivieron allí y que cuando haya
protestas vecinales relacionadas con estos temas se atienda, más que a si
plantean un problema de orden público en lo inmediato, en el día
concreto, a cuál es el fondo de esa situación y se busquen las
soluciones. Los ciudadanos están dispuestos a colaborar, como ha ocurrido
en este caso concreto y es bueno también, y contribuirá a la solución de
los problemas, que las instituciones también colaboren.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muy brevemente, señora Presidenta, para incidir en
lo dicho básicamente en una cuestión que también apuntaba ahora el señor
Peralta. Evidentemente, cuando hay un determinado conflicto latente
conviene, por parte de todas las administraciones y en este caso sin
lugar a dudas, por parte de la Delegación del Gobierno como representante
de la Administración del Estado, dar una pronta salida, dentro de las
limitaciones incluso de medios que podemos entender, a la solución de los
problemas para evitar que estallen. Insisto en que creo que dentro de ese
marco de entendimiento en material policial entre el Ayuntamiento de
Valencia y el Ministerio del Interior puede ser y va a ser singularmente
muy útil en la estructuración de ese plan de seguridad de nuestra ciudad
la experiencia de la policía de barrio puesta en marcha por este
Ayuntamiento.
Finalmente quiero señalar que hay algo que ha sucedido en Velluters, que
ha estado sucediendo y que sucede en otras zonas de las grandes ciudades
en general y que, desde luego, nadie nos podemos permitir, ni se lo puede
permitir el Ministerio del Interior ni ninguna otra de las
administraciones afectadas, ni siquiera nosotros como representantes de
los ciudadanos, es decir, que en un determinado momento y lugar de
nuestra geografía pueda existir un amplio colectivo de ciudadanos
aterrorizados por aquellos precisamente que actúan profesionalmente al
margen de la ley. Yo creo que, como se señalaba al principio de esta
sesión, cualquier línea de contundencia dentro del marco legal y de
colaboración es absolutamente necesaria, porque, al fin y al cabo, como
alguien dijo, la libertad la han de administrar los ciudadanos, nunca
jamás los delincuentes.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Estoy
fundamentalmente de acuerdo con la intervención de los dos Diputados.
Creo que el plan de presencia policial responde a ese objetivo que ambos
comentaban y vuelvo a insistir de nuevo en que ninguna Administración
puede hacer dejación de sus competencias y por eso yo he hablado del
Ayuntamiento de Valencia y por eso vuelvo a insistir en la gran
colaboración de todos los ayuntamientos en el plan de presencia policial.
--MEDIDAS PARA LOGRAR UNA MAYOR ESPECIALIZACION POLICIAL EN LA DEFENSA
DEL PATRIMONIO HISTORICO NACIONAL. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO
(GP). (Número de expediente 181/000886.)
--RAZONES POR LAS QUE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA HA CURSADO
ORDENES A LOS AGENTES RESTRINGIENDO SU POSIBLE PARTICIPACION EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP).
(Número de expediente 181/000887.)
--REALIZACION DE TAREAS DE CARACTER DOMESTICO AJENAS A SU MISION
PROFESIONAL POR AGENTES POLICIALES ADSCRITOS A SERVICIOS DE PROTECCION Y
ESCOLTA DE ALTOS CARGOS DE LA ADMINISTRACION. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL
LAZARO (GP). (Número de expediente 181/000895.)
--VALORACION DEL GRADO ACTUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS PREVISIONES
CONTENIDAS EN EL ACUERDO MARCO FIRMADO POR LA DIRECCION GENERAL DE LA
POLICIA Y LOS SINDICATOS POLICIALES EL 27/05/92. FORMULADA POR EL SEÑOR
GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 181/001003.)
--MOTIVOS DE LA RETIRADA DE LA ASISTENCIA LETRADA QUE SE PRESTABA A LOS
MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO INCURSOS EN
PROCEDIMIENTOS JUDICIALES COMO CONSECUENCIA DE ACCIONES DERIVADAS DE SU
EJERCICIO PROFESIONAL. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de
expediente 181/001004.)
--MEDIDAS PARA EVITAR LA DETENCION DE CIUDADANOS EN VIRTUD DE ORDENES DE
BUSQUEDA Y CAPTURA YA CANCELADAS. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP).
(Número de expediente 181/001007.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Obra en poder de la Presidencia
una ordenación de las preguntas. De acuerdo con dicha ordenación, para
formular las preguntas números 8, 9, 13, 18, 19 y 22, tiene la palabra el
señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Hay una serie de cuestiones que nosotros planteamos
en su momento que nos parecían singularmente importantes y, en todo caso,
merecedoras de atención en esta Comisión. Comprendemos que por una razón
de calendario al final ha habido una acumulación y que sería
excesivamente denso, en el orden del día de esta Comisión, darles un
análisis singularizado e individualizado. Por ello, con el permiso de la
Presidencia y contando con la amabilidad de la señora Secretaria de
Estado, hemos procedido a la acumulación en cuatro bloques. En un primer
bloque trataremos cuestiones que afectan, en términos generales, a lo que
pudiera ser la Dirección General de la Policía o política policial del
Ministerio del Interior; un segundo bloque que afecta a cuestiones
particulares referentes a la situación de seguridad en diversos aspectos
concretos ocurridos en el ámbito de la provincia de Valencia y,
finalmente, de manera aislada, trataré dos temas que nos parecen
singularmente llamativos por la incidencia que están teniendo sobre el
conjunto de la sociedad española y que afectan a las investigaciones en
materia de sectas destructivas y de tráfico de armas.
Respecto al primer bloque, con la pregunta número 8 pretendemos que se
nos expliquen qué medidas están previstas para lograr una mayor
especialización policial en la defensa del Patrimonio Histórico. Todos
coincidiremos que desde hace largas décadas --y por desgracia-- el
Patrimonio Histórico Nacional viene sufriendo un expolio por parte de
organizaciones que trafican, de alguna manera, con las obras de dicho
Patrimonio. Recientemente hemos tenido ocasión de conocer una experiencia
piloto a través de un seminario que en su momento realizó la Dirección
General de la Policía en colaboración con el Ministerio de Cultura, y, a
partir de las conclusiones de ese seminario se preveía el destino en
jefaturas superiores de policía, en colaboración con las correspondientes
consejerías de Cultura de los gobiernos autónomos, de unos funcionarios
policiales para poder seguir de manera más detallada esta cuestión. Se
realizó un esbozo de este tema, pero no hemos vuelto a tener ninguna
noticia en concreto, pero por su importancia quisiéramos que la señora
Secretaria de Estado pudiera ilustrarnos acerca de esta cuestión.
En segundo lugar, la pregunta número 9 hace referencia a las razones por
las que la Dirección General de la Policía ha cursado órdenes
restringiendo la participación de agentes en los medios de comunicación
social. Esta fue una de las últimas instrucciones dadas por el anterior
Director General de la Policía, señor Conde Duque, y aunque en su momento
formulamos esta pregunta porque nos parecía, cuando menos, sorprendente
esa instrucción, quisiéramos saber si con la sustitución al frente de la
Dirección General de la Policía continúa vigente esa instrucción y qué
sentido tiene, habida cuenta que nos parece que esa comunicación entre
policía y ciudadanía es tremendamente positiva --es enriquecedora, yo
creo, para la función policial-- y teniendo en cuenta que el vehículo
directo, casi el vehículo necesario para poder llevar adelante esa
comunicación, aparte de la labor a pie de obra que realizan los agentes
en cumplimiento de sus servicios, en términos generales lo son los medios
de comunicación.
La pregunta número 13 parte de una denuncia que han venido realizando
algunos sindicatos policiales, especialmente uno, la Unión Federal de
Policía, acerca de la posible utilización de agentes policiales adscritos
a servicios de protección y escolta de altos cargos de la Administración
para la realización de tareas de carácter doméstico ajenas a su misión
profesional. Es una pregunta que, formulada en el tiempo responde a una
denuncia hecha ya hace algunos meses, y quisiéramos saber --y estamos
seguros que probablemente así ha sido-- si en el marco de la nueva
reorganización del Ministerio se ha adoptado
algún tipo de medidas para que estas situaciones no se vuelvan a
producir, porque como esta fuerza sindical establecía --y nosotros
creemos que es así-- realizar tareas impropias de la función policial no
parece que sea lo más adecuado para quienes desempeñan este servicio,
para la naturaleza misma del servicio y para lo que el coste del servicio
supone al Erario público.
La pregunta número 18 hace referencia a una petición por nuestra parte de
una valoración, por el Ministerio del Interior, del grado de cumplimiento
de las previsiones contenidas en el acuerdo-marco firmado por la
Dirección General de la Policía y los sindicatos policiales en fecha 25
de mayo de 1992, habida cuenta que, a tenor del propio texto de dicho
acuerdo-marco, su período de vigencia está muy próximo a expirar, lo hace
el próximo día 31 de diciembre del presente año, y según la valoración
que realiza casi el conjunto de los sindicatos policiales --insisto--, la
mayor parte, nos dicen, de las previsiones de naturaleza administrativa,
estructural, económica o social de este acuerdo-marco no han sido
llevadas a cabo.
La pregunta número 19 hace referencia a algo que nos parece singularmente
preocupante. Quisiéramos saber los motivos --quizá se nos diga que son
exclusivamente presupuestarios-- de la retirada de la asistencia letrada
que se prestaba a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado incursos en procedimientos judiciales como consecuencia de
acciones derivadas de su ejercicio profesional. Como bien sabe la señora
Secretaria de Estado, se cursó una orden por la que a partir del 1 de
junio se dejaba de prestar esta asistencia letrada. Yo no quiero hacer
ahora ningún tipo de consideración porque voy a esperar a la respuesta de
S. S. en relación con este asunto, pero creemos que es un asunto
especialmente delicado.
Finalmente, en cuanto a la pregunta número 22, no tenemos la sensación de
que sea exclusivamente la señora Secretaria de Estado de Interior la que
nos deba responder, porque entendemos que es una cuestión mucho más
amplia, pero en todo caso y en la parte que le corresponde al ámbito de
sus competencias, quisiéramos saber qué medidas se han adoptado para
evitar la reiteración de situaciones de detención de ciudadanos en virtud
de órdenes de búsqueda y captura, ya canceladas, puesto que esta es una
cuestión que si no es grave cuantitativamente, sí se siguen produciendo
algunos casos aislados, y eso merece una consideración, desde luego
cualitativa, tal y como en los últimos informes del Defensor del Pueblo
ha venido haciéndose mención.
En definitiva, somos conscientes, señora Secretaria de Estado, somos
conscientes de que estas cuestiones que le planteamos hubieran merecido
--y así hubiéramos deseado poder hacerlo-- un análisis mucho más
detallado. Sin embargo, creemos que, dada la densidad del orden del día
de hoy --como anunciaba al comienzo de mi intervención--, no podíamos
sino acumularlas.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado, para responder a las preguntas formuladas.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández):
Efectivamente, yo comparto con S. S. que las preguntas tienen bastante
densidad. Intentaré realizar un análisis lo más somero posible.
La primera pregunta, sobre las medidas adoptadas para una mayor
especialización policial en la defensa del Patrimonio Artístico, hay que
decir que, efectivamente, la Dirección General de la Policía tiene una
especial preocupación en todo el tipo de delitos que van contra el
Patrimonio Histórico, y por ello, dentro de la unidad central operativa
de la Policía Judicial hay un grupo policial ex profeso que en este
momento está compuesto por tres inspectores-jefes, cuatro inspectores,
dos funcionarios de la escala básica y una funcionaria del Cuerpo General
de la Administración.
Ya desde el año 1991 se inició toda una política de acercamiento --como
bien se decía-- al Ministerio de Cultura y a las distintas consejerías de
Cultura. Podemos decir que en este momento, por lo que se refiere al
Ministerio de Cultura, existe ya adscrito un inspector jefe en dicho
Ministerio, que cuenta con despacho en el mismo y que realiza allí todas
las funciones de conexión y coordinación que son necesarias. Por lo
demás, para este año 1995, en cuanto a los planes de formación de la
policía, está prevista la realización de distintos cursos, en concreto un
curso denominado IV Curso de formación en materia de investigación de
delitos contra el Patrimonio Histórico. Hay que decir que este grupo, que
está dentro de la unidad central operativa, en esta línea de colaboración
a que yo me refería con el Ministerio de Cultura y como consecuencia de
la decisión de que esta unidad policial participara en todos los ámbitos
y foros internacionales, ha tenido una participación muy destacada en los
congresos que ha celebrado la Unesco y, en concreto, uno que se ha
celebrado en París del 24 al 27 de mayo de 1994 sobre lo relativo al
retorno de bienes culturales al país de origen o de restitución en caso
de apropiación ilegal. Ahí la participación de este grupo español ha sido
francamente valorada por la Unesco y ha permitido que la normativa
europea en esta materia haya tomado las bases que, entre otras, expuso
este grupo. Por lo demás, somos perfectamente conscientes, se está
potenciando su actuación y hay que decir que en el año 1993 y en lo que
va de 1994 ha habido nueve operaciones francamente importantes de este
grupo, que yo diría que está situado entre los mejores en este momento de
Europa.
La siguiente pregunta sobre la circular de la Dirección General de
Policía, efectivamente, había sido dada por el anterior Director General
de Policía; sin embargo, compartimos la filosofía, y la compartimos desde
una perspectiva, y es que no se limita la libertad de los funcionarios a
la hora de comunicarse con la televisión o con otros medios de
comunicación, porque una de las claves fundamentales de la política de la
Secretaría de Estado de Interior es la transparencia y el poder comunicar
a los ciudadanos los trabajos que se están realizando. Lo que pretendía
esta circular era simplemente tener un conocimiento previo para evitar
que pudieran trascender a medios de comunicación determinadas diligencias
que eran declaradas secretas por los jueces.
Ocurre en ocasiones, y es normal, que en el marco policial se realizan
unos trabajos, y que esos trabajos, posteriormente, al incorporarse a una
causa judicial, la autoridad judicial correspondiente los declare
secretos. Lo que la Dirección General de Policía precisamente quería
evitar es que los funcionarios pudieran dar algunas noticias que los
jueces entendían que tenían que estar bajo secreto de sumario. Por tanto,
la única razón no es limitar la libertad de expresión, al contrario,
dentro de nuestra política, es la mayor transparencia y la mayor
comunicación, pero lo que se pretendía y se pretende es evitar que puedan
trascender datos declarados secretos por los jueces.
Respecto a una posible utilización de funcionarios policiales adscritos a
protección y escolta a tareas ajenas a la profesión, ni qué decir tiene
que, si eso fuera así, se tomarían las medidas oportunas para que, en
ningún caso, funcionarios que están expresamente preparados al efecto y
que realizan una función en beneficio de la sociedad con carácter
general, aunque luego se concrete en la protección a determinadas
personas, puedan realizar tareas domésticas o tareas que son totalmente
ajenas a su función policial. No tiene constancia la Secretaría de Estado
de Interior de que eso haya sido así, pero, en cualquier caso, si la
tuviéramos, evidentemente que adoptaríamos las medidas oportunas.
Respecto a la valoración del grado de cumplimiento de las previsiones del
acuerdo-marco, efectivamente, hay que decir que el acuerdo-marco, cuado
se firmó en el año 1992, hacía especial hincapié en que muchas de las
cuestiones que en él se recogían no eran solamente competencia del
Ministerio del Interior, sino que afectaban también a otros ministerios.
Hay que decir que desde el año 1992 aquí ha existido y hemos pasado un
proceso de modernización en el marco de la policía y que en este momento,
hace poco, recientemente, la Dirección General de la Policía ha
presentado un plan de actuaciones, a corto y a medio plazo, en el que se
pretende dar cumplimiento a aquellas cuestiones del acuerdo-marco que
todavía no hubieran sido objeto de cumplimiento.
En cuanto a algunas de las cuestiones que allí se recogían, por ejemplo,
la ley de segunda actividad, hay que decir que esta ley ya está publicada
en este momento y que está en aplicación. En lo relativo a la promoción
profesional, sabe perfectamente S. S. que se acordó dar un impulso
importante a la promoción en el acuerdo-marco, y precisamente por eso se
está potenciando todo lo relativo a la selección, formación y
especialización de los funcionarios que posibilite el desarrollo de la
carrera profesional.
Desde el punto de vista del régimen disciplinario, en este acuerdo-marco
lo que se pretendía fundamentalmente es cubrir una salvaguarda del
interés general en la actuación de los policías y que hubiera una
profundización de las garantías de los funcionarios durante el
procedimiento administrativo. En línea con lo que se había pactado el año
1992, sabe que en la reorganización del Ministerio de Justicia e Interior
se ha creado una Subdirección de Inspección que tiene por objeto
fundamental que todo lo relativo al régimen disciplinario se lleve con
absoluto y escrupuloso respeto a los derechos de los policías en
beneficio de la sociedad.
Sobre el tema de la relación de puestos de trabajo, la Dirección General
de la Policía está en estos momentos terminando el catálogo de puestos de
trabajo. Yo creo que a principios del año que viene puede estar terminado
dicho catálogo.
En materia de actuaciones económicas, hay que decir que efectivamente no
ha existido un cumplimiento pleno del acuerdo-marco. La Secretaría de
Estado de Interior es perfectamente consciente de ello y va a poner todos
los medios necesarios para que así sea. En cualquier caso, hay que decir
que desde el mes de junio ha existido un incremento por lo que se refiere
a la partida productividad y ese incremento se traducirá en que, a partir
del día 1 de enero de 1995, se va a elevar en dos puntos el complemento
de destino de los integrantes de las escalas básicas y de subinspección y
en un punto el correspondiente a la categoría de inspectores del Cuerpo
Nacional de Policía.
Hay que decir que la Dirección General de la Policía está en un proceso
de negociación en este momento con los sindicatos. Nosotros somos
conscientes, porque es de justicia decirlo, de que los funcionarios de
policía han trabajado mucho y bien, que no se han cumplido todas las
previsiones económicas a las que se había llegado en el acuerdo-marco,
por circunstancias precisamente ajenas al propio Ministerio de Justicia e
Interior y cuya posibilidad ya se contemplaba en la firma del acuerdo,
pero saben los sindicatos que existe un compromiso por parte del
Ministerio de Justicia e Interior para que dentro de las disponibilidades
económicas, además de esos dos puntos y punto respectivamente que se van
a elevar, se puedan hacer los ajustes salariales que sean necesarios y
que también se van a poder arreglar con la realización del nuevo catálogo
de puestos de trabajo que, como digo, a partir del día 1 de enero, no a
partir del 1 de enero pero sí a principios de enero estará en vigor.
En cuanto a por qué se ha retirado la asistencia letrada a funcionarios,
eso lo rechazo categóricamente. No solamente no se ha retirado la
asistencia letrada a funcionarios de seguridad en los juicios sino que lo
que se ha pretendido es regularla en forma para que los funcionarios
estén perfectamente atendidos. Aquí, en materia de asistencia letrada,
vamos a distinguir dos situaciones: aquellas causas que estaban en
tramitación en este momento, en las que evidentemente los funcionarios
van a seguir con los letrados que tenían, porque no pueden ser de otra
manera y porque además yo estoy convencida y confío en la ética de todos
los letrados que están llevando estos asuntos. Para los asuntos de
futuro, la Secretaría de Estado, con la exclusiva finalidad de reforzar
precisamente la asistencia letrada de todos los funcionarios que prestan
servicios en la misma, ha establecido la necesidad de que la Abogacía del
Estado se haga cargo de aquellos asuntos en los que están implicados los
funcionarios, pero, además, siendo plenamente consciente de que la
Abogacía del Estado no puede llegar a todos los asuntos concretos y
determinados, se ha fijado en nueve ciudades del territorio nacional el
que la Secretaría de Estado firme contratos de asistencia jurídica.
Yo puedo decir que en el norte, en este momento, tanto en las tres
provincias vascas como en Navarra, esos contratos están firmados ya, hay
letrados que tienen contratos en forma y con todos los requisitos legales
firmados con la Secretaría de Estado de Interior, y, en cuanto a las
otras siete ciudades, en este momento, tanto la Dirección General de la
Policía como la Dirección General de la Guardia Civil están tratando de
ultimar la relación de letrados que firmarán esos contratos con la
Secretaría de Estado de Interior. Si se ha dilatado un poco más en el
tiempo la firma de estos contratos, que se han suscrito ya en las
provincias del País Vasco y Navarra, como digo, si se ha tardado un poco
más en las demás ciudades, es porque estábamos intentando escoger a los
mejores letrados. Es decir, no vale decir que tengo un abogado defensor,
sino que queremos que sea el mejor, y por tanto, junto con el Servicio
Jurídico del Estado, que tiene órdenes estrictas del Ministro de Justicia
e Interior de asumir las defensas correspondientes, estamos ya en un
proceso prácticamente terminado, yo incluso diría que algunos contratos
de algunos letrados están a punto de suscribirse, por lo que yo sé,
porque precisamente estamos escogiendo a los que pensamos que son los
mejores letrados. Lo que nos parece muy importante es que exista una
vinculación contractual de dichos letrados con la Secretaría de Estado de
Interior.
Por último, en lo relativo a que se adopten medidas para que no se
produzcan detenciones de personas que tienen canceladas las órdenes de
busca y captura, como bien decía S. S. éste es un problema que excede
muchas veces de la Secretaría de Estado de Interior. Sabe que todo lo
relativo a las buscas y capturas se canaliza en los distintos archivos
generales, que están informatizados, y que yo asumo la parte de la
responsabilidad que se puede tener, pero lo que sí que es cierto es que
siempre que la Dirección General de Policía y la Dirección General de la
Guardia Civil reciben la cancelación, enviada por los órganos judiciales,
la incorpora a los archivos y por tanto da las órdenes oportunas. Puede
ocurrir que haya existido en algún caso muy puntual y muy excepcional
alguna desconexión entre las resoluciones judiciales y la comunicación de
dichas resoluciones judiciales a los archivos generales. Creo que son
unos casos muy puntuales. Yo no voy a hablar aquí de lo que se refiere a
los órganos judiciales, pero sí de que desde luego en los archivos
generales de Policía y Guardia Civil están tomadas todas las medidas
necesarias para que, una vez recibida la cancelación en forma de una
orden de busca y captura, de ninguna manera se lleve a efecto una orden
de busca y captura que ya está sin efecto.
He pretendido ser lo más sintética posible, aunque soy muy consciente de
que todas las preguntas formuladas eran de una gran enjundia y de que
cada una requería largo tiempo de exposición.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Secretaria de Estado por su
respuesta. Evidentemente, S. S. y yo tenemos hoy que hacer este esfuerzo
de síntesis, pero, en términos generales, yo creo que, tanto la
intervención de S. S., como, modestamente, la mía propia, han servido
para enmarcar una serie de cuestiones que merecían ser tratadas aquí,
algunas por el efecto social que tienen y otras por el efecto que tienen
sobre el propio cuerpo funcionarial. Yo quiero instar a que continúe esa
línea, creemos que inicialmente bien trenzada en origen, en materia de
prevención y de investigación de los delitos contra el Patrimonio
Histórico Nacional. Creo que una sociedad moderna, una sociedad
democrática, tiene que ser una sociedad esencialmente culta, y, desde
luego, la prevención y represión de este tipo de delitos tiene
evidentemente un valor sustantivo, yo creo, en nuestro contexto cultural.
Compartimos la filosofía de la circular del ex Director General de la
Policía que nos ha explicado la señora Secretaria de Estado. Nosotros la
podemos aceptar, la aceptamos, sin lugar a dudas, como buena, y si es esa
la intención real de esa circular, no tendríamos nada que objetar en
cuanto al sentido de la misma que hoy nos ha explicado la señora
Secretaria de Estado. Sin embargo, coincidirá conmigo en que, de alguna
forma o en alguno de sus matices, ha podido tener una interpretación
equívoca y que convendría por tanto que en el futuro, a través de la
aplicación de los hechos, es decir, a través de cómo se aplique esa
circular, queden absolutamente disipados esos posibles matices equívocos
que pudo tener la misma, y, desde luego, para nosotros quedan disipados
si se va a aplicar en los términos señalados por la señora Secretaria de
Estado.
En referencia a las denuncias, que no hacíamos nosotros, sino que, con un
carácter específico, realizaron algunos sindicatos policiales en materia
de un uso, digamos, no regular de determinados servicios de escolta,
simplemente quiero señalarle que creo que ahí tanto el Ministerio de
Justicia e Interior como nosotros coincidiremos en que convendría en el
futuro, cuando alguna fuerza sindical policial haga este tipo de
denuncias públicas (porque normalmente se realizan siempre a través de
los medios de comunicación), que se pongan los medios inmediatos para
poder comprobar el asentimiento o no a la realidad de este tipo de
denuncias.
En cuanto al acuerdo-marco, yo celebro que la señora Secretaria de Estado
de Interior haya hecho un retrato cabal, cabal y sincero de lo que ha
sido, por desgracia, el escaso cumplimiento de las previsiones de ese
acuerdo-marco, que se ha convertido en un gran documento frustrado para
la mayoría del cuerpo funcionarial. Esperamos y confiamos que esas nuevas
previsiones y promesas, de las que ya hoy nos ha hablado la señora
Secretaria de Estado en sede parlamentaria, pero de las que ya teníamos
conocimiento documental, puedan llegar a un puerto mejor que al que ha
llegado este acuerdo-marco de 1992, y, en todo caso, creemos que
convendría, en este asunto como en el que comentaremos brevemente a
continuación, realizar una buena información directa sobre la base
policial, para que se conozcan cuáles son las intenciones exactas del
Ministerio en este ámbito de cosas, porque creemos que información
directa sobre la base policial hace falta en
lo concerniente al asunto de la asistencia letrada a funcionarios.
Yo quiero agradecer la claridad y la contundencia con la que la señora
Secretaria de Estado ha establecido los términos exactos de la cuestión,
pero tengo que decirle, señora Secretaria de Estado, que, por desgracia,
y lo subrayo, por desgracia, no es esa la percepción que tiene el
funcionario de base. Convendría, en todo caso, que el propio Ministerio
de Justicia e Interior, a través de los servicios correspondientes, y
naturalmente a través de la Dirección General de Policía, desarrollara
una campaña de información exacta sobre los funcionarios policiales para
que tengan una percepción real de en qué términos de futuro se va a
plantear esta cuestión, porque yo le digo (y lamento tenerlo que decir, y
estoy seguro de que S. S. compartirá también ese lamento) que, hoy por
hoy, para el funcionario policial de a pie, la cuestión se reduce a
pensar: nos han quitado la asistencia letrada, nos hemos quedado sin
protección jurídica. Celebro, insisto, que eso no sea así en el diseño
hecho por el Ministerio y solamente le pediría que se informe debidamente
de cuáles son los términos reales de la cuestión a quien naturalmente
debe ser el perceptor inmediato de esa información, porque, S. S. estará
de acuerdo conmigo, esta percepción errónea ha creado y crea en los
funcionarios policiales una situación de inestabilidad muchas veces en el
ejercicio de su misión diaria en la calle.
Y, finalmente, como ya he dicho en la propia fundamentación de la última
pregunta, la que afecta a las órdenes de busca y captura ya canceladas
que, sin embargo, han seguido produciendo alguna detención, que es algo
que no afecta solamente a la Secretaría de Estado e Interior, y tan sólo
le afecta en una parte, simplemente nosotros quisiéramos insistir en lo
mismo que hemos dicho. Somos conscientes de que ésta no es una situación
generalizada, que es una situación puntual, pero esos casos puntuales
tienen un valor especial en el contexto de lo que debe ser la actuación
de la policía y, en general, del aparato de la Administración de Justicia
en una sociedad democrática. Por pocos casos que se produzcan (y se
producen muy pocos), son significativos, y en este sentido yo creo que
convendría que el Ministerio de Justicia e Interior realizara el esfuerzo
presupuestario necesario para modernizar o mejorar sus infraestructuras
informáticas y, en todo caso, para garantizar una mejor coordinación de
la información de que se dispone.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Señora Secretaria de Estado,
tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): Unicamente
quiero decir que yo estoy de acuerdo, en el tema relativo a la asistencia
letrada (porque en cuanto a lo demás no tengo nada que añadir), en que
quizás haya habido una falta de información o que la información que ha
llegado a los funcionarios no ha sido la correcta.
Desde luego, no solamente existe la voluntad, sino que la realidad de lo
que se va a hacer en la Secretaría de Estado es reforzar todos los
mecanismos de asistencia letrada con lo que establece la ley.
--MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN LA ZONA INDUSTRIAL DENOMINADA
«MASIA DEL JUEZ», SITA EN EL MUNICIPIO DE TORRENT (VALENCIA). FORMULADA
POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 181/000893.)
--RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO PARA EL
ESCLARECIMIENTO DEL ATENTADO SUFRIDO POR LA EMPRESA «INTERMEDIARIOS
FINANCIEROS» EN EL MES DE ENERO DE 1993 EN VALENCIA. FORMULADA POR EL
SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 181/001001.)
--CAUSAS DEL INCREMENTO DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL
NARCOTRAFICO EN LA PROVINCIA DE VALENCIA DURANTE EL AÑO 1993. FORMULADA
POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 181/001002.)
--MEDIDAS PARA DESARTICULAR LA DENOMINADA «BANDA DE LOS PERUANOS» QUE
OPERA EN LA AUTOPISTA A-7. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO (GP).
(Número de expediente 181/001006.)
--MEDIDAS URGENTES PARA CORREGIR LAS INSUFICIENCIAS OPERATIVAS QUE PADECE
EL CUERPO NACIONAL DE POLICIA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA. FORMULADA POR
EL SEÑOR GIL LAZARO (GP). (Número de expediente 181/001014.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): El segundo bloque se contiene en
los puntos números 12, 16, 17, 21 y 23 del orden del día. Para la
formulación conjunta de las citadas preguntas, tiene la palabra el señor
Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Señora Presidenta, este bloque afecta a una serie de
cuestiones concretas que se vienen produciendo en el ámbito de la
circunscripción que me honro en representar en parte, junto con otras
señorías, en esta Cámara.
La pregunta número 12 hace referencia a las medidas que se van a adoptar
para garantizar la seguridad en la zona industrial denominada «Masía del
Juez», situada en el término municipal de Torrente, Valencia, y, en
general, ésta es una cuestión que tiene conexión con el conjunto de las
zonas industriales del área próxima a la ciudad de Valencia, porque se ha
llegado a vivir una situación tan especialmente conflictiva que la propia
Confederación Empresarial
Valenciana tuvo que hacer público, en un momento determinado, un
comunicado instando a que efectivamente se adoptaran medidas de
protección que pudieran garantizar incluso la permanencia de estas
industrias.
Como bien sabe la señora Secretaria de Estado, porque estoy seguro de que
le habrán informado convenientemente, no sólo en la «Masía del Juez»,
sino, por ejemplo, en otros polígonos industriales próximos, como los de
Cuart de Poblet o Catarroja, se han producido asaltos de esta naturaleza,
algunos incluso especialmente violentos, porque, si bien es cierto que
parece que han estado operando, por una parte, grupos que inicialmente
perpetraban sus actos delictivos por la técnica conocida policialmente
del butrón (en una noche, por ejemplo, en el polígono industrial de Cuart
de Poblet llegaron a penetrar hasta en doce industrias), sin embargo,
parece también o bien este mismo grupo u otro confluyente está actuando
ya con una técnica mucho más peligrosa, que es la del atraco a mano
armada, sobre las industrias instaladas en estos polígonos y, además, en
horarios de trabajo, llegando a producirse en alguna situación, si no
recuerdo mal, en concreto en el polígono industrial de Alacuás, retención
de los trabajadores que en ese momento estaban en el interior de la
fábrica, uso de armas con carácter evidentemente intimidatorio, etcétera.
Sin lugar a dudas, ésta es una cuestión que preocupa; preocupa a los
empresarios del sector, pero preocupa también igualmente, no sólo en
cuanto a la dimensión de seguridad de su propia industria sino de la
seguridad de sus propios trabajadores, y preocupa a los trabajadores y
también, naturalmente, a las centrales sindicales, por el carácter
violento que últimamente este grupo parece que ha adoptado. Incluso la
propia Jefatura Superior de Policía de Valencia llegó a advertir, según
nuestras noticias, a los empresarios y trabajadores de estas zonas que
llevaran sumo cuidado porque, efectivamente, se trataba de un grupo
singularmente violento.
La pregunta número 16 hace referencia a un suceso todavía no esclarecido
sobre el cual ha habido versiones que yo no me atrevería a decir si son o
no contradictorias, pero en todo caso, hoy por hoy, permanece en la más
absoluta nebulosa, y es el resultado de las investigaciones que se hayan
podido efectuar con motivo del esclarecimiento del atentado sufrido por
la empresa Intermediarios Financieros en el mes de enero de 1993 en
Valencia... Hay un error de fecha, por lo que estoy observando, en el
texto de la pregunta, porque estamos hablando de la fecha exacta del 18
de mayo de 1990, hay un error en la transcripción de la fecha en la
pregunta. En concreto, como sabe la señora Secretaría de Estado, el 18 de
mayo de 1990 se produjo la recepción en la sede de la empresa
Intermediarios Financieros de un paquete que resultó ser un paquete bomba
y que causó la muerte de uno de los trabajadores de esta empresa.
Inicialmente la Delegación del Gobierno atribuyó el resultado de este
hecho a un posible atentado terrorista. Sin embargo, y con el transcurso
del tiempo se ha llegado a hablar de un asesinato por encargo, se ha
llegado a hablar incluso de que estábamos ante una acción de grupos
profesionales contratados, se dijo, por la mafia italiana, incluso en
algún medio de comunicación recientemente se ha vinculado este atentado
con la posible comisión por parte de un grupo en el que podrían
participar antiguos miembros de las Fuerzas Armadas españolas, incluso
antiguos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo
cierto es que a estas alturas, cuando ya ha transcurrido un tiempo
desgraciadamente notable, todavía no hay o por lo menos la opinión
pública no tiene todavía un conocimiento cierto de cuál pudo ser el móvil
de ese crimen y, sobre todo, quiénes pudieron ser los autores del mismo,
y nos parecía justo plantearlo en esta sede parlamentaria.
La pregunta número 17 hace referencia a las causas, según la valoración
de la Secretaría de Estado de Interior, Ministerio de Justicia e
Interior, por las cuales las actividades relacionadas con el narcotráfico
en la provincia de Valencia durante el año 1993 han sufrido un incremento
importante, según los datos manejados por la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad valenciana. Somos conscientes de que
la señora Secretaria de Estado probablemente nos hará referencia a esa
distinción entre lo que son las estadísticas judiciales y las
estadísticas policiales. En todo caso, lo que sí nos parece oportuno a la
hora de valorar esta cuestión son algunas causas estructurales que
parecen evidentes, que por fin parece que están admitidas por todos en
relación con la infraestructura policial de la provincia de Valencia, y
evidentemente también algunos otros fenómenos que han ido apareciendo en
los últimos tiempos en puntos muy singulares de la geografía de esta
provincia como los vinculados a la denominada ruta del bakalao.
Sistemáticamente, por parte de autoridades policiales se nos ha dicho que
no había una presencia significativa de tráfico de droga en esta ruta así
denominada. Sin embargo, las noticias de capturas de alijos que tenemos
tanto a través de los medios de comunicación como a través de otros
medios nos demuestran que esos éxitos policiales sí acreditan que
efectivamente hay un tráfico singular en algunos puntos de esta ruta.
La pregunta número 21 hace referencia a las medidas que se han adoptado
para desarticular la denominada banda de los peruanos que opera en la
autopista A-7. Como bien sabe su señoría, estamos ante un fenómeno que es
algo parecido a lo del Guadiana: sistemáticamente se dice que esta banda
ha sido desarticulada, pero sistemáticamente esta banda vuelve a operar.
Recientemente nos consta que se ha producido la detención de uno de los
miembros vinculados a esta banda y que eso probablemente abra vías para
una desarticulación definitiva de la misma. Pero sin ir más lejos, este
mismo verano ha vuelto a operar con ese carácter que S. S. conoce bien de
discriminatorio, es decir, esta banda solamente atraca vehículos de
matrícula extranjera y produce, evidentemente, una sensación no sólo de
inseguridad sino de mala imagen para una actividad que es primordial en
el contexto de la economía española y singularmente primordial en el
contexto de la economía de algunas zonas de nuestra provincia como es la
turística.
Por último, la pregunta número 23 tenía una razón de ser fundamental en
el momento en que la formulamos,
según consta la fecha en el correspondiente documento. Hoy es una
pregunta enmarcada en nueva concepción de futuro, pero, evidentemente, en
el momento en que la formulamos queríamos saber cuáles iban a ser las
medidas urgentes para corregir las insuficiencias operativas que padecía
el Cuerpo Nacional de Policía en la provincia de Valencia. Insisto, hoy
tenemos el documento de ese plan de seguridad de las grandes ciudades y
tendremos que ver en qué medida ese plan de seguridad cuenta con la
infraestructura material y presupuestaria adecuada para poderse
desenvolver. Pero comprenderá su señoría, y permítame que se lo explique,
que nosotros formuláramos esta pregunta después de muchos años de
insistir en esta Cámara, en el Senado y nuevamente en esta Cámara en el
comienzo de esta legislatura, acerca de las graves insuficiencias en
materia de dotaciones policiales que sufría la provincia de Valencia, y
sistemáticamente tengo que decir que no S. S. pero sí otros equipos y
otros responsables políticos nos negaban que esa insuficiencia fuera
real. Sin embargo, para nuestra sorpresa, en el acto de despedida del
anterior Jefe Superior de Policía se produjeron por parte de este
funcionario policial unas importantes declaraciones que en el mismo acto
fueron reafirmadas por el nuevo Jefe Superior de Policía y por el
Delegado del Gobierno y que confirmaban lo que nosotros habíamos venido
diciendo estos años. Se llegó a decir, hay manifestaciones que conoce
perfectamente S. S., que no había habido una inversión en infraestructura
policial adecuada en Valencia en los últimos treinta años. La frase no es
mía sino del funcionario policial o del jefe policial que la formuló.
Reconociéndolo, se llegó a decir por parte de la Delegación del Gobierno
que en la ciudad de Valencia hacían falta más de 300 agentes del Cuerpo
Nacional de Policía y más de 1.500 en el conjunto de la Comunidad
Autónoma, y se llegó a hablar de graves insuficiencias por ejemplo en
materia de dotación de vehículos.
Recientemente la señora Secretaria de Estado de Interior ha tenido
oportunidad de conocer in situ esas insuficiencias, ha hecho unas
declaraciones que yo celebro porque, sin lugar a dudas, son valientes,
son valientes porque retratan exactamente la realidad de la carencia de
las dotaciones debidas, humanas, técnicas y de infraestructura que viene
padeciendo desde hace tiempo la provincia de Valencia, y en todo caso,
por una parte, confirman lo que nosotros veníamos señalando de una manera
constructiva en los últimos años en esta Cámara y creo que, además,
suponen --y así lo valoramos nosotros-- un compromiso político de futuro
por parte del Ministerio de Justicia e Interior para poder solventar esas
deficiencias.
Desde estas consideraciones, nosotros estamos convencidos de que a partir
de la aplicación del plan marco de seguridad de las grandes ciudades, por
una parte, en lo que afecta al ámbito urbano de la ciudad y, por otra, en
lo que afecta al conjunto de la provincia y de la Comunidad Autónoma,
desde los testimonios y conocimiento directo de la realidad que ha podido
tener S. S. personalmente y las valoraciones efectuadas por S. S.,
creemos que también hay ahí un compromiso político que va a permitir en
el futuro corregir estas circunstancias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): La señora Secretaria de Estado
tiene la palabra.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández): En
relación con los diversos robos con fuerza que han tenido lugar en la
«Massía del Juez» del Municipio de Torrent hay que decir que,
efectivamente, durante el mes de marzo de este año 1994 hubo toda una
serie de robos con fuerza que causaron una gran alarma y una gran
preocupación. A la vista de los distintos procedimientos se llegó a la
conclusión de que podrían ser dos grupos diferentes los que estuvieran
operando y se puso en marcha todo un dispositivo de actuación del grupo
de Policía Judicial con un dispositivo también de prevención y vigilancia
en la zona, en la que colaboró la policía local de Torrent. Hay que decir
que como consecuencia de estos operativos, los primeros frutos tuvieron
lugar el 4 de abril de 1994, en el que hubo la detención de dos personas,
posteriormente el día 5 de abril se detuvo a otra persona más, el 23 de
abril de detuvo a dos personas más, el 1 de mayo hubo otras dos
detenciones, el 17 de mayo hubo otras dos detenciones, el 7 de julio hubo
una detención y el 9 de julio dos detenciones. En este momento podemos
decir que policialmente hablando entendemos que ya no es una zona de
conflicto como era el mes de marzo. Eso ha sido debido gracias a las
detenciones que se han producido, pero, en definitiva, lo que está
haciendo la comisaría de Torrent es tener un dispositivo permanente para
evitar que se produzcan esos robos, y en ese dispositivo permanente sigue
colaborando, también, la policía local de Torrent.
En cuanto a las investigaciones realizadas por el atentado sufrido por la
empresa Intermediarios Financieros, efectivamente, tenemos que decir que
como consecuencia de la explosión de un paquete bomba falleció don Juan
Antonio Pérez Herrero, que existieron daños de diversa consideración y
siete personas heridas, que inicialmente la policía trabajó con la
hipótesis de que pudiera ser un grupo terrorista, ya ETA, ya Grapo, se
exhibieron distintas fotografías a las personas que hubieran podido tener
algún tipo de relación con el paquete bomba. Causó alguna dificultad
pensar que pudieran ser grupos terroristas, al fallecido tampoco se le
conocía ninguna filiación política conocida, y hoy en día
desgraciadamente tengo que decir que desde el punto de vista policial no
se sabe quién puede haber sido el autor de los hechos. La carencia de
móvil aparente, la inexistencia de reivindicación por parte de alguna
organización terrorista y el resultado infructuoso de las múltiples
gestiones que se han efectuado arrojan como conclusión la indeterminación
de las personas presuntas autoras de los hechos. El procedimiento sigue
abierto judicialmente, pero ya digo, desde el punto de vista de las
investigaciones realizadas por la Dirección General de la Policía, no se
puede saber quién fue el autor de los hechos, aunque sí que parece que
podemos descartar ya que hubiera podido ser un hecho terrorista cometido
por ETA o por Grapo. Parece ser que las motivaciones podrían haber sido
de otro tipo y, por lo tanto, lo único que estamos en condiciones de
decir en este momento es que se descarta un hecho terrorista de
ETA o de Grapo y que vamos a continuar las investigaciones, pero que en
fecha actual no se sabe quién ha podido ser el autor de los hechos o las
posible connotaciones o relaciones que dichos hechos tuvieran.
En cuanto al incremento de actividades relacionadas con el narcotráfico
en Valencia durante el año 1993, he de decirle que efectivamente es
cierto que lo relativo a la ruta del bakalao produjo, como no podía ser
de otra manera, un aumento en el consumo y lógicamente en el tráfico de
droga. También es cierto y hay que decirlo que ha existido una gran
eficacia policial durante el año 1993 y que en total, como consecuencia
de hechos relativos a la salud pública, han sido detenidas en Valencia
durante dicho año 1993 873 personas, y que ha habido operaciones
importantes: por ejemplo, en enero de 1993, se incautaron 55 kilos de
hachís con cinco detenidos; en marzo de 1993 hubo 17 detenidos, en su
mayoría colombianos, incautándose 156 kilos de cocaína; en mayo de 1993,
4 detenidos, con incautación de 17 kilos de cocaína; en septiembre de
1993, 8 detenidos, con incautación de 103 kilos de hachís; ese mismo mes
hubo otros 19 detenidos, con incautación de 75 kilos de hachís y 30
gramos de cocaína; en noviembre de 1993, 12 detenidos con incautación de
13 kilos de cocaína; en diciembre de 1993, 5 detenidos, con incautación
de cuatro kilos de cocaína y 2,5 de heroína. Hay que decir que una parte
importante de los detenidos procedía de países extranjeros,
fundamentalmente de Colombia. Por lo tanto, se ha hecho un importante
esfuerzo durante el año 1993 que ha llevado a la conclusión,
policialmente hablando, de que durante el año 1994 está habiendo en este
momento en Valencia una gran disminución de delitos relativos a la salud
pública. La policía ha constatado ese palpable descenso en lo que se
refiere al número de decomisos de importancia y al número de detenidos.
Creemos que eso ha sido consecuencia de los resultados policiales
favorables que se realizaron en el año 1993 y que llevaron a esas mafias
colombianas a considerar que la zona de Valencia era una zona difícil
para introducir la sustancia estupefaciente.
En cuanto a las medidas que se han adoptado para desarticular la banda de
los peruanos, sabe perfectamente S. S. que lo relativo a dicha banda ha
recogido toda la zona de la autopista A-7 (Valencia, Cataluña, etcétera).
Es verdad que periódicamente, como el Guadiana, aparecen y desaparecen
aun cuando yo creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante y hoy en
día la banda de los peruanos ya no puede considerarse con la virulencia
que tuvo en los años 1991 ó 1992. Efectivamente estas personas sabían muy
bien cómo actuaban, el tipo de delitos que cometían, en los que atacaban
fundamentalmente a vehículos extranjeros, porque eso hacía más difícil la
identificación de los mismos y la celebración del juicio oral. Hay que
decir que se realizó una política, un trabajo compartido entre los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y las
autoridades judiciales. Desde luego, por lo que se refiere a los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado, incrementaron de forma considerable su
presencia en todos los puntos de la autopista A-7, pero además, como
digo, ha sido muy importante el trabajo que se realizó en colaboración
con el Ministerio Fiscal, que permitió que hubiera agilidad en los
procedimientos. Una vez más se vuelve a poner de relieve que cuando hay
un trabajo conjunto entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y actuación
judicial, sobre todo en materia de juicios rápidos, los resultados son
mucho más positivos. En concreto, en este tema de la banda de los
peruanos --yo puedo hablar de mi experiencia personal porque yo estaba
entonces en Cataluña como Presidenta de la Audiencia Provincial de
Barcelona-- desarrollamos una acción coordinada que permitió que el
Ministerio Fiscal ejercitara acciones en determinados casos y que en
otros sobre todo se impulsara la política de expulsión. Yo creo que ésa
fue la clave fundamental: incremento de la presencia de Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad del Estado y coordinación con la actuación del Ministerio
Fiscal e incoación de expedientes de expulsión. En esa misma línea es en
la que de va a seguir trabajando, sin olvidar que efectivamente hoy ya no
puede hablarse de la banda de los peruanos como de un problema genérico,
aunque haya casos puntuales que no se van a desatender.
Por último, en cuanto a lo que se ha referido sobre las insuficiencias
operativas del Cuerpo Nacional de Policía en Valencia, vuelvo a remitirme
a lo que ya he dicho del plan de presencia policial. Yo creo que este
plan de presencia policial va a permitir ese mayor acercamiento a los
ciudadanos, va a permitir dar una mayor respuesta a las necesidades de
éstos y yo creo que en el plazo de tres o cuatro meses estaremos en
condiciones de hacer una primera valoración; pienso que esa primera
valoración incluso se puede hacer sobre el terreno. Insisto en que la
Jefatura Superior de Policía de Valencia ya tiene las instrucciones para
que a partir del día 1 de enero eso se realice así, con incremento de
dotaciones de vehículos y de motos, e insisto una vez más en la
colaboración ofrecida por el Ayuntamiento de Valencia.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Intervengo con toda brevedad, señora Presidenta.
Simplemente quiero señalar que nosotros desearíamos, y estamos
convencidos de que el Ministerio de Justicia e Interior es el primero en
desearlo, que se produjera dentro de lo posible el más rápido
esclarecimiento de los sucesos que afectaron al hecho delictivo sufrido
por la empresa Intermediarios Financieros, porque evidentemente, como S.
S., bien conocerá, este suceso y el denominado crimen de Alcácer han sido
los dos sucesos delictivos que de una forma más notables han conmocionado
a la sociedad valenciana en los últimos años, y desgraciadamente ambos
permanecen todavía en la más completa nebulosa.
En el caso del crimen cometido en la empresa Intermediarios Financieros
han aparecido noticias --y suponemos que sobre eso habrá las
correspondientes líneas de investigación policial, que en todo caso como
es natural no queremos que nos desvele S. S. hoy aquí-- en determinados
medios de comunicación acerca de un posible grupo criminal profesional
vinculado con este atentado. Se ha hablado
incluso de un número de teléfono móvil localizado en Barcelona, que es el
que recibe estos «encargos», entre comillas, estos criminales encargos, y
desde luego nosotros lo que desearíamos es que esta situación quedara
cuanto antes esclarecida, porque --insisto-- éste y el famoso y triste
crimen de Alcácer son los dos sucesos que más han conmocionado a la
sociedad valenciana y que están todavía por esclarecer.
Agradecemos que la señora Secretaria de Estado haya tenido hoy la cordura
de decir que es cierto, que es verdad que se ha producido, por desgracia,
este aumento de las actividades del narcotráfico en la provincia de
Valencia y especialmente vinculado a esta ruta, porque otros predecesores
en responsabilidades que hoy S. S. ostenta, sistemáticamente nos negaban
que hubiera una vinculación entre esa ruta y el incremento de las
actividades vinculadas al narcotráfico. Yo creo que es bueno empezar a
reconocer en sede parlamentaria la realidad, porque eso nos permite
coincidir o aproximar los análisis y, por lo tanto, estar en mejor
disposición de colaborar todos en la búsqueda de soluciones que atajen
las causas que motivan esos análisis. Esa línea para nosotros por lo
menos es especialmente satisfactoria, porque nos permite coincidir en el
retrato de los hechos y, por tanto, es favorecedora del diálogo.
Ha dicho algo S. S. que es muy interesante y que es cierto que en un
principio de detectó la vinculación de grupos profesionales, de
criminalidad profesional, organizados, procedentes de otros países en el
comercio de este tipo de sustancias en la denominada ruta del bakalao.
Eso es cierto y es cierto también que efectivamente la acción de estos
grupos se ha visto entorpecida últimamente como consecuencia de las
acciones policiales. Sin embargo, quisiéramos apuntar hoy algo que ha
dicho también el propio Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad de Valencia y que merece ser tenido en cuenta. Ha señalado que
la mayoría de las actividades del narcotráfico, de venta del tráfico
callejero en este momento en la ciudad de Valencia y en su entorno están
en manos de redes de inmigración ilegal. Sobre eso también conviene tomar
buena nota a los efectos oportunos.
Quiero terminar diciendo que desearíamos que la valoración que ha hecho
S. S. en cuanto a la incidencia futura de la denominada banda de los
peruanos se corresponda con la realidad. Hoy nos ha dicho que no es
problema genérico. Otros responsables políticos anteriormente nos habían
dicho que era ya una banda desarticulada, y, sin embargo y por desgracia
este verano, como bien sabe S. S., ha vuelto a actuar y con cierta
intensidad. Esperemos que para el próximo verano se hayan tomado ya las
medidas policiales oportunas para que efectivamente ya no sea ni siquiera
un problema específico sino simplemente que ya no sea tal problema. Y
tomamos la palabra, desde un tono absolutamente constructivo, a S. S. en
cuanto a que en un plazo de tres o cuatro meses podremos ya realizar,
también, insisto, desde ese planteamiento constructivo, una valoración de
lo que han sido las previsiones de corrección de las insuficiencias de
infraestructura policial que ha venido padeciendo la provincia de
Valencia.
--SEGUIMIENTO POLICIAL DE LA IMPLANTACION Y ACTIVIDADES EN ESPAÑA DE LAS
LLAMADAS «SECTAS DESTRUCTIVAS». FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000890.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): A continuación tiene la palabra
el mismo Diputado, para la formulación de su pregunta número 10.
El señor GIL LAZARO: Evidentemente, la cuestión que ahora vamos a
plantear es una cuestión tan amplia que nosotros simplemente queremos hoy
apuntarla, reservándonos para, probablemente en el próximo período de
sesiones, poder hacer un debate mucho más extenso y mucho más pausado
sobre esta cuestión. Porque, como bien coincidirá conmigo la señora
Secretaria de Estado de Interior, hoy el fenómeno de las llamadas «sectas
destructivas» en España es un fenómeno, por desgracia, creciente. Según
los expertos, la proporción de crecimiento de la incidencia social de
estas sectas destructivas en nuestro país es superior a la media de
Europa occidental; es un fenómeno que causa, evidentemente, alarma social
en términos globales, pero que también ha causado conflicto civil en
términos específicos, en algún punto concreto de nuestra geografía, y eso
lo conoce perfectamente bien la señora Secretaria de Estado. Según los
expertos, además, hoy, en un arco comprendido entre los 75.000 y 300.000
ciudadanos españoles, pueden verse afectados por sometimiento o
dependencia a alguna de estas denominadas «sectas destructivas». Y no
solamente según los expertos, sino también, según los considerandos de
hechos de algunas sentencias como consecuencia de procesos relativamente
conocidos, se ha detectado que algunas de estas sectas operan con una
relación directa con actividades que son claramente delictuales, en
materia de prostitución de menores, en materia de tráfico de
estupefacientes o de otro tipo.
Nosotros creemos que ésta es una cuestión singularmente importante, que
hoy conviene, quizá con carácter testimonial en el cierre de este período
de sesiones y en las fechas en las que estamos, apuntar aquí, pero que
desde luego en el próximo período de sesiones tendremos que analizarla
mucho más detalladamente porque, en definitiva, estamos hablando del
problema individual de miles de ciudadanos y colectivo de una parte
sustancial de nuestra sociedad, es decir, las familias afectadas, que en
este momento tienen completamente enajenada su libertad individual como
consecuencia de esa situación de dependencia de estas denominadas «sectas
destructivas».
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (Robles Fernández):
Efectivamente, el tema de las sectas es un tema de gran amplitud que
requeriría un
debate monográfico. Yo simplemente puedo decir que la Policía está
cumpliendo la instancia que le hizo el propio Congreso de los Diputados
el 2 de marzo de 1989, cuando hablaba de promover la información policial
especializada en relación con la prevención y denuncia de actuaciones
sectarias de carácter delictivo. Sabe perfectamente S. S. que en el nuevo
organigrama de la Dirección General de la Policía se va a potenciar de
forma notable la Comisaría General de Información. Pues bien, en el marco
de la Comisaría General de Información, se ha creado una unidad
especializada en el seguimiento e investigación de los grupos o
asociaciones consideradas de carácter destructivo y que pueden vulnerar
el ordenamiento jurídico. Eso quiere decir que la Secretaría de Estado de
Interior es perfectamente consciente de la importancia de este fenómeno,
y por eso ha tenido intención en crear esa unidad especializada en la
Comisaría General de Información.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Entiendo que, como el señor Gil
Lázaro ha anunciado que tomará el «resuello» para la próxima legislatura,
no ha lugar al turno.
El señor GIL LAZARO: Treinta segundos sólo, señora Presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Pues treinta segundos.
El señor GIL LAZARO: Treinta segundos, para decir que, efectivamente,
habrá que hablar de esto con más detenimiento. Nos preocupa que algunos
de los expertos que participaron en la elaboración de aquella serie de
conclusiones que en su momento aprobó el Congreso de los Diputados y,
desde luego, alguno de los responsables políticos muy protagonistas en
todo aquel proceso de elaboración y de debate, han coincidido en que en
los últimos tiempos no se ha apreciado una voluntad política clara y
contundente de poder llevar a efecto y adelante aquellas conclusiones.
En primer lugar, nosotros celebramos que la afirmación hecha hoy por la
señora Secretaria de Estado puede suponer una corrección importante en
cuanto a la apreciación que estos expertos y responsables políticos
hacían en relación con los años precedentes más inmediatos. En segundo
lugar, queremos apuntar algo que nos parece trascendental y que bien
conoce la señora Secretaria de Estado. Si estamos hablando de posibles
actividades heterodoxas, en cuanto a su atenimiento a la legalidad, de
entidades que sí que están reconocidas legalmente, mucho más preocupante
es si nos planteamos la posible incidencia de algunas de esas sectas que
no están reconocidas legalmente, pero que sí que tienen una amplia
implantación mundial. Yo creo que el asunto es lo suficientemente
preocupante como para que, en una colaboración absoluta entre todos los
grupos parlamentarios y el Ministerio de Justicia e Interior, y de otras
entidades cívicas, podamos abordarlo serenamente en los próximos meses.
--INFORMACION SOBRE LA LUCHA CONTRA EL TRAFICO DE ARMAS EN LA ZONA
ESPAÑOLA DEL LITORAL MEDITERRANEO. FORMULADA POR EL SEÑOR GIL LAZARO, DEL
GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 181/000892.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Pregunta número 11, del mismo
señor Diputado.
El señor GIL LAZARO: Y con ello concluimos, agradeciendo a la señora
Secretaria de Estado el esfuerzo de síntesis que ha tenido que realizar
en la sesión de hoy.
La pregunta número 11 hace referencia a una cuestión que nosotros también
venimos planteando, que hasta la fecha se nos venía negando como una
cuestión incidente en lo que afectaba a la política policial en España y
que, sin embargo, hechos recientes parece que nos dan la razón en cuanto
al señalamiento de que se venía produciendo desde puertos españoles,
especialmente desde puertos del litoral mediterráneo, un cada vez más
creciente tráfico ilegal de armas. Nosotros venimos señalando esto en
relación especialmente con algunos puertos de la Comunidad Valenciana.
Recientemente, el Juez Bueren, por ejemplo, ha hecho una advertencia
expresa sobre la instalación en España de redes internacionales, y
especialmente en el litoral mediterráneo, vinculadas al narcotráfico y al
tráfico de armas. Recientemente, un brillante servicio policial ha puesto
de manifiesto hasta qué punto esto está sucediendo. Como bien sabe S. S.,
en fechas próximas se ha producido la desarticulación de una banda
dedicada al tráfico ilegal de armas, se han producido siete detenciones,
entre ellas --y eso para nosotros es un elemento valorativo preocupante--
la de un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en
concreto de un agente del Cuerpo Nacional de Policía. Además, el material
incautado en el momento de producirse esas detenciones era un auténtico
arsenal porque, si nuestros datos no son equivocados, se incautaron nueve
miras telescópicas, dos granadas de mano, 58 cargadores, 17 armas
blancas, transmisores, pólvora, 83 armas cortas, 18 largas, un arma de
guerra, 21 silenciadores, detonadores y abundante munición. Según las
propias fuentes policiales, se trataba de una red que estaba operando en
todo el litoral mediterráneo.
Nos resulta especialmente preocupante por la conexión que puede tener, en
cuanto a la incidencia de este tráfico de armas con situaciones
previsiblemente de futuro, el que en esa incautación de material se pudo
detectar la presencia de un subfusil Uzi de 9 milímetros «parabellum»,
que, como bien sabe usted, es el utilizado frecuentemente por terroristas
integristas islámicos. Segun los expertos, esa situación de incremento de
tráfico de armas desde puertos españoles, en relación con el conjunto del
litoral mediterráneo, puede tener una significativa relación respecto de
ciertos movimientos que se están produciendo en el norte de Africa.
Conocerá muy bien usted que, recientemente, la prensa extranjera, dos
periódicos argelinos en concreto, publicaban la noticia de que, desde
puertos de la
ciudad de Alicante, se estaba efectuando un tráfico en relación con estos
movimientos integristas islámicos. Segun declaraciones públicas de
responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la propia Guardia Civil,
en concreto y en relación con este hecho, se afirma que se está
desarrollando una vigilancia intensa respecto a lo que es la línea
marítima regular Alicante-Orán, pero, evidentemente, todos podemos
suponer que no es esta línea marítima regular la utilizada para poder
desarrollar este tipo de tráfico. Y las propias fuentes oficiales del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil señalan que no descartan
--y lo han dicho así literalmente-- que, a través de embarcaciones
pesqueras y embarcaciones de calado medio, se esté desarrollando, desde
estos puertos del litoral mediterráneo, tráfico de armas destinadas a la
antigua Yugoslavia y al norte de Africa. A nosotros esto nos parece una
cuestión muy preocupante, especialmente teniendo en cuenta que la presión
que vienen realizando las autoridades policiales francesas sobre
determinados colectivos de dirigentes de determinados movimientos
islámicos puede hacer plantear el traslado de la sede de éstos a
territorio español, y toda una serie de consecuencias que de ello se
derivarían.
En definitiva, creemos que estamos ante un problema muy grave y que hace
falta un esfuerzo común para poder prevenir las circunstancias de este
tráfico antes de que pudiera ir a más. En ese sentido, y dentro de los
límites de la discreción y de la seguridad, que entendemos deben estar
presentes en la información que S. S. pueda aportarnos hoy aquí, queremos
saber qué valoración se hace de toda esta situación desde las autoridades
del Ministerio de Justicia e Interior.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra la señora
Secretaria de Estado.
La señora SECRETARIA DE ESTADO (Robles Fernández): Efectivamente, tanto
la Dirección General de la Policía como la Dirección General de la
Guardia Civil han puesto en marcha toda una serie de mecanismos de
control en los recintos aduaneros, inclusive en poblaciones de la zona
mediterránea, con la finalidad de evitar cualquier tipo de tráfico de
armas.
Hay que decir que el tráfico de armas no es un fenómeno nacional, sino
que, desgraciadamente, se produce dentro de un contexto internacional y
que puede producirse en el marco de la cuenca de los países del
Mediterráneo.
Su señoría decía que podía tener algún tipo de relación con fenómenos
como los del radicalismo islámico. Por razones obvias, yo no puedo
profundizar mucho más en el tema. Lo único que puedo decir es que somos
conscientes de que este problema se puede plantear, y que, si se plantea,
como no se va a plantear sólo a nivel nacional, sino a nivel
internacional, tanto la Policía, como la Guardia Civil, hemos puesto en
marcha unos cauces de colaboración y, sobre todo, de intercambio de
información, que creo que es lo importante, con policías de otros países.
Recientemente puedo decir que tanto el Ministro como yo hemos asistido en
Francia a una reunión de trabajo, en la que había representantes de
países de la cuenca mediterránea, donde se abordó toda la problemática
relativa a la delincuencia que fundamentalmente incide en el área
mediterránea. Yo creo que la línea de trabajo es una línea de
colaboración entre las distintas policías de los países del ámbito
mediterráneo y precisamente en este ámbito se está trabajando ya.
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): Tiene la palabra el señor Gil
Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Simplemente para decir que nos damos por satisfechos
inicialmente con esta información, porque comprendemos que no se puede
extender en demasía. Pero también quiero advertir que en este momento,
por los puntos de origen que se detectan provenientes de este tráfico, la
colaboración entre las policías española, italiana y francesa es
especialmente necesaria. Nos consta que en esa línea quiere avanzar el
Ministerio de Justicia e Interior.
COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA DE ESTADO DE INTERIOR (ROBLES FERNANDEZ)
PARA EXPLICAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION QUE ADOPTA EL CITADO
DEPARTAMENTO EN LA CELEBRACION DE ACTOS INSTITUCIONALES. A SOLICITUD DEL
GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 212/001182.)
PREGUNTAS:
--POSIBLE PRESENCIA DE ANTIGUOS MIEMBROS DE LOS SERVICIOS DE INTELIGENCIA
O DE OTRAS INSTITUCIONES DEL ESTADO EN LOS GRUPOS QUE HAN ENVIADO
DIVERSOS PAQUETES BOMBA Y HAN ACTUADO DE FORMA MAFIOSA EN LOS ULTIMOS
AÑOS. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/001112.)
--ACTUACION DE LAS FUERZAS DE ORDEN PUBLICO CONTRA LOS JOVENES QUE SE
MANIFESTARON EN IRUÑA SOLICITANDO LA PUESTA EN LIBERTAD DE DON JAIME
IRIBARREN, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA JUVENTUD NAVARRA. FORMULADA POR
EL SEÑOR ROMERO RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA
PER CATALUNYA. (Número de expediente 181/000695.)
--EXPLICACION DEL GOBIERNO A LA ACTUACION POLICIAL LLEVADA A CABO FRENTE
A LA SEDE DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA ARMADA EN CARTAGENA, EN LA QUE
SE REALIZABAN CUATRO JUICIOS CONTRA
LOS JOVENES QUE, EN ENERO DE 1991, NO SE INCORPORARON A LAS CORBETAS QUE
IBAN A ZARPAR HACIA EL GOLFO PERSICO. FORMULADA POR EL SEÑOR ROMERO RUIZ,
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA.
(Número de expediente 181/000850.)
--ACTUACIONES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN PAMPLONA.
FORMULADA POR LA SEÑORA MAESTRO MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE
IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
181/000740.)
La señora VICEPRESIDENTA (Pelayo Duque): El punto número 1 del orden del
día, comparecencia de la Secretaria de Estado e Interior ante esta
Comisión para explicar las medidas de seguridad y protección que adopta
el citado Departamento en la celebración de actos institucionales, ha
quedado decaída, como saben SS. SS., por incomparecencia del Grupo
Proponente.
Asimismo, también ha quedado decaída la pregunta número 28, que ha
formulado el señor Romero Ruiz.
La pregunta que figura en el número 3 del orden del día de don Antonio
Romero Ruiz queda retirada.
La pregunta número 7, de don Antonio Romero Ruiz, pasa a pregunta
escrita, lo mismo que la pregunta número 5, de doña Angeles Maestro
Martín.
Con todo esto hemos agotado el orden del día.
Antes de levantar la sesión, queremos dar las gracias a la señora
Secretaria de Estado por su presencia aquí y por las respuestas que ha
formulado a la Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y quince minutos de la tarde.