Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 386, de 14/12/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 386
P R E S U P U E S T O S
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 23
celebrada el miércoles, 14 de diciembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Ratificación de las Ponencias designadas para informar los siguientes
proyectos de ley:
--Sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de pesetas
3.145.445.073, para el pago de indemnizaciones, derivadas de sentencias
del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, a titulares de las
oficinas de farmacia. (BOCG serie A, número 81-1, de 7-10-94. Número de
expediente 121/000068.) (Página 11892)
--Sobre concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito
por importes de 2.295.268.422 pesetas y 1.324.581.156 pesetas,
respectivamente, en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social para hacer frente a los gastos por prestaciones derivadas del
síndrome tóxico en los ejercicios 1993 y 1994. (BOCG serie A, número
85-1, de 7-11-94. Número de expediente 121/000072.) (Página 11892)
--Sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de pesetas
1.430.420.000, al Ministerio de Industria y Energía, para completar el
pago a la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A. (HUNOSA), de la
subvención correspondiente al ejercicio 1992, según contrato-programa.
(BOCG serie A, número 91-1, de 14-11-94. Número de expediente
121/000076.) (Página 11892)
Dictaminar, a la vista del Informe emitido por la Ponencia, los
siguientes proyectos de ley:
--Sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de pesetas
3.145.445.073, para el pago de indemnizaciones, derivadas de sentencias
del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, a titulares de las
oficinas de farmacia. (BOCG serie A, número 81-1, de 7-10-94. Número de
expediente 121/000068.) (Página 11892)
--Sobre concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito
por importes de 2.295.268.422 pesetas y 1.324.581.156 pesetas,
respectivamente, en el Presupuesto del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social para hacer frente a los gastos por prestaciones derivadas del
síndrome tóxico en los ejercicios 1993 y 1994. (BOCG serie A, número
85-1, de 7-11-94. Número de expediente 121/000072.) (Página 11895)
--Sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de pesetas
1.430.420.000, al Ministerio de Industria y Energía, para completar el
pago a la Empresa Nacional Hulleras del Norte, S. A. (HUNOSA), de la
subvención de explotación correspondiente al ejercicio 1992, según
contrato-programa. (BOCG serie A, número 91-1, de 14-11-94. Número de
expediente 121/000076.) (Página 11897)
Se abre la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.
RATIFICAR LAS PONENCIAS DESIGNADAS PARA INFORMAR LOS SIGUIENTES PROYECTOS
DE LEY:
--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE
3.145.445.073 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, DERIVADAS DE
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL, A TITULARES
DE LAS OFICINAS DE FARMACIA. (Número de expediente 121/000068.)
--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO Y UN SUPLEMENTO DE CREDITO
POR IMPORTES DE 2.295.268.422 PESETAS Y 1.324.581.156 PESETAS,
RESPECTIVAMENTE, EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS POR PRESTACIONES DERIVADOS DEL
SINDROME TOXICO EN LOS EJERCICIOS 1993 Y 1994. (Número de expediente
121/000072.)
--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE
1.430.420.000 PESETAS, AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, PARA
COMPLETAR EL PAGO A LA EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S. A.
(HUNOSA), DE LA SUBVENCION DE EXPLOTACION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
1992, SEGUN CONTRATO-PROGRAMA. (Número de expediente 121/000076.)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, vamos a comenzar la
sesión de hoy.
En primer lugar, la Mesa y la Presidencia someten a SS. SS. la
ratificación del nombramiento de las Ponencias encargadas del dictamen de
los tres proyectos de ley que nos ocupan.
¿Se ratifican sus nombramientos? (Asentimiento.)
DICTAMINAR, A LA VISTA DEL INFORME EMITIDO POR LA PONENCIA, LOS
SIGUIENTES PROYECTOS DE LEY:
--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE
3.145.445.073 PESETAS, PARA EL PAGO DE INDEMNIZACIONES, DERIVADAS DE
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO Y DE LA AUDIENCIA NACIONAL, A TITULARES
DE LAS OFICINAS DE FARMACIA. (Número de expediente 121/000068.)
El señor PRESIDENTE: Ratificados los nombramientos de las Ponencias que
han intervenido en el informe de los proyectos de ley, en primer lugar,
corresponde a dictaminar, a la vista del informe emitido, el proyecto de
ley sobre concesión de un crédito extraordinario de 3.145.445.073
pesetas, correspondiente a indemnizaciones derivadas de Sentencias de
Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, a titulares de las oficinas
de farmacia.
En relación con este proyecto de ley hay una enmienda del Grupo Popular.
En su nombre, el señor Burgos tiene la palabra.
El señor BURGOS GALLEGO: La enmienda que presenta el Grupo Popular a este
proyecto de ley de concesión
de crédito extraordinario para el pago de indemnizaciones a los titulares
de las oficinas de farmacia, es una enmienda técnica, es de modificación,
pero en su motivación guarda un factor añadido que creemos importante.
Se ha enmendado el artículo 1.º por considerar que corresponde al
Ministerio de Sanidad, y no al Ministerio de Economía y Hacienda, asumir
el gasto derivado de las indemnizaciones a los titulares de farmacia por
razones precisamente de competencia sobre la materia. Hay que recordar
que precisamente la Orden de Presidencia de Gobierno, de 10 de agosto de
1985, que ha dado lugar a todo el proceso que ha finalizado con la
presentación de este proyecto de ley (proceso de recursos sucesivos
presentados por varios miles de titulares de oficinas de farmacia) fue
desarrollada por una resolución de la propia Dirección General de
Farmacia y Productos Sanitarios de la misma fecha.
Es evidente que este tema es competencia del Ministerio de Sanidad. Es el
Ministerio de Sanidad, a través de una resolución, quien crea el
conflicto y, por tanto, quien debe de asumir las consecuencias políticas
pero también económicas de la resolución de dicho conflicto.
También recordar que ante las reclamaciones efectuadas durante junio de
1988 por los farmacéuticos afectados, demandando precisamente del
Ministerio de Economía y Hacienda una indemnización por daños y
perjuicios, el propio Ministerio de Economía y Hacienda, en Orden de 7 de
octubre de 1988, se declara incompetente para conocer sobre estas
reclamaciones, cediendo esa competencia al Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Nos parece, por tanto, que hay que colocar las cosas en su sitio y hay
que trasladar la responsabilidad de la resolución de este problema a
donde corresponde. Da la impresión que con estas medidas se quiere
arropar al Ministerio de Sanidad eludiendo que aparezcan las
consecuencias de algunas de las pésimas actuaciones que en materia de
gestión ha venido realizando dicho Ministerio de Sanidad y Consumo;
pésimas actuaciones que han tenido como colofón que también en la
discusión de los Presupuestos Generales del Estado de este año se haya
habilitado el Ministerio de Economía y Hacienda para que tutele en alguna
medida las actuaciones económicas del Ministerio de Sanidad.
No se puede seguir utilizando este tipo de artificios presupuestarios o
económicos para maquillar, para disfrazar el coste real que para los
españoles está teniendo el gasto farmacéutico y todas las consecuencias
económicas que se derivan de la, a nuestro juicio, mala política respecto
al sector farmacéutico en España. Este es un aspecto más del que
evidentemente se derivan también responsabilidades políticas que
entendemos deben ser asumidas por quien corresponde. En ese sentido se
encuentra nuestra enmienda.
Si me lo permite el Presidente, simplemente me gustaría hacer alguna
reflexión sobre el contenido general del proyecto de ley, con
independencia de lo que al final podamos manifestar en el propio Pleno.
Entendemos que es un mecanismo cuanto menos criticable que se traiga aquí
un proyecto de ley de crédito extraordinario. Hay que tener en cuenta que
las sentencias que dan lugar a este crédito son del año 1993 y que, por
tanto, hubo tiempo más que suficiente para incorporar al proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado de 1994 una partida presupuestaria
para atender estas demandas; que no era necesario el eterno recurso, que
en materia de sanidad ya viene siendo una política excesivamente
habitual, a los créditos extraordinarios o a los créditos ampliables. Ha
habido que esperar al día 16 de septiembre de 1994 para que el Gobierno
nos remita este proyecto de ley, y las consecuencias económicas que se
derivan de este retraso en la toma de decisiones y en la aplicación de
las resoluciones judiciales llevan a que este crédito contenga una
partida extraordinariamente importante, de más de 1.000 millones de
pesetas, que podrían aumentarse precisamente por el carácter de ampliable
que mantiene este crédito, derivadas de los intereses de demora que se
han producido por la tardanza en la resolución de este problema.
Nos parece que este tipo de políticas, que este tipo de decisiones están
encareciendo de forma extremadamente grave y notoria el gasto sanitario,
el gasto farmacéutico en nuestro país , que luego se pretende delegar
irresponsablemente en el propio sector farmacéutico, en lugar de
manifestar con toda claridad, como quiere hacer mi grupo en esta
Comisión, que gran parte, por no decir la mayor parte, del gasto
farmacéutico que se produce en este país es por la mala gestión, por la
mala planificación, por la política de imposición, por la política
autoritaria en materia de gasto farmacéutico, por rehusar establecer un
acuerdo marco con el sector farmacéutico, y al final de todos esos polvos
tenemos estos lodos que se cuentan por miles de millones de pesetas con
cargo al erario público.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Gimeno.
El señor GIMENO ORTIZ: Voy a realizar una intervención breve para
oponerme en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, a la enmienda
presentada por el Grupo Popular al artículo 1.º
Desearía recordar en este sentido que nos encontramos ante un proyecto de
ley de igual naturaleza al que dio lugar a la Ley 6/1993, del 16 de
abril.
El proyecto de ley es consecuencia igualmente de la misma Sentencia de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, de fecha 4 de julio de 1987, mediante
la cual se anulaba la Orden de Presidencia del Gobierno, de 10 de agosto
de 1985, por la cual se reducía el 2,5 por ciento el margen comercial de
las oficinas de farmacia, indicando la Sentencia que el daño tenía que
ser individualizado y, en consecuencia, tenían que asumirlo o solicitarlo
cada uno de los titulares de las oficinas de farmacia y no el Colegio o
el Consejo Farmacéutico, siendo los titulares los que debían solicitar
ésta individualmente. También recordar al portavoz del Grupo Popular que
ordena a la Administración del Estado tanto el pago de las cantidades que
figuran en la Sentencia como los intereses de demora; por tanto, es
idéntica a la Ley que aprobó la Cámara en 1993; la única diferencia
es que antes era el colectivo de 110 sentencias y en el momento actual
son diez sentencias, que corresponden a 3.420 titulares de oficinas de
farmacia.
Igualmente, recordar al portavoz del Grupo Popular que la enmienda
técnica no la entendemos de una manera clara, pues creemos que existe
cierta contradicción; por un lado, ustedes reconocen que es el Ministerio
de Economía y Hacienda el órgano competente para atender los expedientes
de reclamación y, por otro lado, intentan que sea el ministerio de
Sanidad el que realice el pago, diciendo que es competente.
Yo creo que el error de usted está en que la competencia del Ministerio
de Sanidad y Consumo es en relación a la política farmacéutica, en
relación a la Sanidad farmacéutica en el país. Posiblemente usted haya
equivocado el debate, posiblemente usted, cuando habla de arropar al
ministerio por una mala gestión, mala planificación política o
autoritaria, pésima actuación del ministerio, que se intenta quitar el
coste del gasto farmacéutico real con una mala política, en realidad
intenta reiterar el debate a que usted nos tiene acostumbrados, un debate
totalmente equivocado y reiterado, al que en la Comisión de Sanidad, de
una manera permanente, le venimos dando respuesta y ustedes hacen la
política de oídos sordos, igual que cuando insisten también
permanentemente en el déficit de los 1.000 millones de pesetas que
todavía no sabemos de dónde salen, a pesar de que en la Comisión de
Política Fiscal y Financiera sus representantes consejeros autonómicos,
representantes de las Comunidades Autónomas, aceptan el agujero o el
déficit de la desviación presupuestaria del año 1991-92. En cualquier
caso, insisten una y otra vez más.
He de decirle que no hay una política autoritaria, las negociaciones que
ha habido con Farmaindustria, para la reducción del 3 por ciento, indican
un diálogo fluido del Ministerio de Sanidad y Consumo, igual que con los
farmacéuticos, con una reducción aceptada del 2 por ciento. Decirle que
lo único que intenta el ministerio no es ningún tipo de recortes de
prestaciones sanitario-farmacéuticas sino un control del gasto, haciendo
que el incremento sea compatible con nuestro desarrollo económico; en
consecuencia, sabe que la desviación de este año ha sido del 8 por
ciento. Recordarle que es uno de los costes más elevados de cualquier
país de Europa, tanto en relación al porcentaje del total de gasto
sanitario como en cualquier otra variable en relación al PIB y, en
consecuencia, yo creo que lo importante es aprobar el proyecto de ley
puesto que lo que entiendo interesa a los farmacéuticos es cobrar pronto
y cobrar lo que legalmente les corresponde.
El señor PRESIDENTE: Señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Para contestar a algunas de las afirmaciones del
Grupo Parlamentario Socialista, que nos acusa a nosotros de querer
reiterar debates aquí que se producen en la Comisión de Sanidad, pero
luego se descuelga con afirmaciones sobre las desviaciones
presupuestarias, yo creo que en una pulsión irrefrenable de aquello del
«excusatio non petita, acusatio manifesta». (Rumores.) En todo caso,
frente a la política de oídos sordos, que dice S. S. nosotros
practicamos, ustedes parecen practicar la política del pozo sin fondo,
porque lo que nos trae aquí a discutir este crédito extraordinario no es
otra cosa que la mala gestión, la política absolutamente insostenible que
el Ministerio de Sanidad y Consumo ha venido realizando en los últimos
años en relación concreta con el tema de las farmacias.
Los farmacéuticos están indignados en este país por la excesiva presión
que se está ejerciendo sobre ellos y que es, no lo olvidemos, la que dio
lugar a aquella orden de Presidencia del Gobierno que les rebajaba los
márgenes comerciales, le recuerdo señor portavoz del Grupo Socialista,
sin haberlo consultado con el sector, imponiéndolo unilateralmente y
dando lugar a la movilización de miles y miles de farmacéuticos en este
país con el consiguiente quebranto económico, por un lado, que trata de
solventar este crédito extraordinario pero también, no lo olvidemos, con
el quebranto en cuanto a tiempo y en cuanto a necesidad de destinar unos
recursos para recurrir contra la Administración que, lejos de trabajar en
cooperación con el sector farmacéutico, parecía estar trabajando contra
él. Hay que recordar que han sido 15.025 titulares de farmacia los que
han tenido que presentar reclamaciones judiciales contra la
Administración para que hoy estemos sentados aquí discutiendo sobre esta
cuestión, y eso no es un reflejo de buena política, de buena gestión, ni
de buena planificación sino todo lo contrario. Hay que recordar que con
los más de mil millones (no sabemos exactamente cuántos serán al final;
yo me temo que podrán acercarse a los 2.000 millones de pesetas por el
carácter de ampliable que tiene este crédito) al final del proceso se
podrían haber hecho muchas cosas por la sanidad española, incluyendo, por
ejemplo, dar una respuesta a los miles de estudiantes que en este momento
están manifestándose en las calles de Madrid (Rumores.) para los cuales,
señorías, sólo hay una respuesta por parte del Ministerio y es que no hay
fondos presupuestarios suficientes. (Grandes y prolongados rumores.) No
puede haber fondos presupuestarios suficientes con la política que hacen
ustedes en el sector farmacéutico y en el sector sanitario en general.
El señor PRESIDENTE: Señor Gimeno.
El señor GIMENO ORTIZ: No se preocupe, señor Presidente, no voy a hablar
de pozos sin fondo, no voy a hablar de fosas asépticas ni de pozos
negros. Solamente recordarle que la cita en latín con la que nos ha
obsequiado la ha realizado mal, lo que indicaría que desconoce usted la
cita, desconoce el latín y, posiblemente, la política farmacéutica.
Son miles las reclamaciones, porque así lo dictó la Sala Tercera del
Tribunal Supremo diciendo que no era competente el Consejo General y
tenían que hacerlo los titulares de farmacia. En cualquier caso, y con
independencia de ello, como le dije, todavía tiene que dictarse alguna
sentencia más como consecuencia de los expedientes ya enviados a los
tribunales, por ser reclamaciones individuales. Igualmente comentarle que
en la propia sentencia en relación con
las reclamaciones de la oficina de farmacia de Almería en el Título II se
proclama la nulidad de la Orden del 7 de octubre de 1988, que dictó
precisamente el Ministerio de Economía y Hacienda, donde se consideraba
incompetente y, en consecuencia, dictó la orden considerándole
competente.
Por tanto, no entiendo bien su enmienda técnica. Insisto en que usted
intenta hacer debate de manera permanente con cualquier tipo de excusa,
disfrazándola con enmiendas de adición, de sustitución y con la palabra
técnica cuando yo creo que a usted le da igual que pague el Ministerio de
Economía o el de Sanidad. Es una excusa, una vez más, que usted nos trae
a esta Cámara para hacer, como le digo, falsos debates ahora incluyendo
también a los futuros compañeros de usted y míos médicos, actualmente
estudiantes de Medicina, y, en consecuencia, embarullando cualquier tema
que trae el Ministerio de Sanidad.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea hacer uso de la palabra? (Pausa.)
El señor Ríos tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
El señor RIOS MARTINEZ: Intervengo muy brevemente para decir que la
posición de mi grupo va a ser en base a la enmienda que se ha presentado
por el Grupo Popular, al margen de la discusión filosófico-teórica,
inclusive latina, que se ha dado en la misma.
Nosotros creemos que el criterio de caja única y el funcionamiento de la
Administración, puesto que a lo que estamos haciendo frente es al pago de
una sentencia producida después de una actuación de la Administración,
corresponde al Ministerio que gestiona el tema de recursos públicos, por
tanto el Ministerio de Hacienda, con independencia de que deba haber los
informes necesarios o las intervenciones preceptivas.
En todo caso, dos comentarios, señor Presidente. Uno, que debiéramos no
abusar --hay un uso excesivo-- del recurso al crédito extraordinario y
esto precisamente podía haber entrado dentro de los presupuestos
generales para hacer frente a ello y no tendríamos ahora necesidad de
hacer un crédito extraordinario. La verdad sea dicha, la tramitación de
los presupuestos para 1994 se hizo en septiembre de 1993, estamos
abocados a aprobar a finales de mes los presupuestos para 1995 y tendrían
que esperar. En cualquier actuación como ésta lo importante es que los
afectados reciban cuanto antes el pago, por eso vamos a apoyar también la
propuesta de crédito extraordinario, porque no hacerlo e introducirlo en
los presupuestos para 1995 sería todavía relegarlo aún más.
Vamos a votar en contra de la enmienda del Grupo Popular y a favor del
texto de propuesta de crédito extraordinario. (Varios señores Diputados:
¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, ruego que reserven sus
entusiasmos para cuestiones que merezcan la expresión de estos
entusiasmos; precisamente no es un crédito extraordinario la cuestión más
apta para este tipo de expresiones.
Señor Homs.
El señor HOMS I FERRET: Intervengo en nombre de mi grupo parlamentario
para expresar nuestra posición favorable a la aprobación de este proyecto
de ley de crédito extraordinario.
Creo que no es el momento de analizar la razón y los orígenes que dieron
lugar al problema que ha terminado con esta sentencia del Tribunal
Supremo, pero la verdad es que en estos momentos en que la Comisión de
Presupuestos dictamina la aprobación de este crédito extraordinario,
nuestro grupo entiende que sin duda debe aprobarse.
Por consiguiente, vamos a votar favorablemente.
El señor PRESIDENTE: La Mesa va a someter a votación, primero, la
enmienda planteada por el Grupo parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda del Grupo parlamentario
Popular.
Sometemos ahora a votación el texto del proyecto de ley de acuerdo con el
informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO Y UN SUPLEMENTO DE CREDITO
POR IMPORTES DE 2.295.268.422 PESETAS Y 1.324.581.156 PESETAS,
RESPECTIVAMENTE, EN EL PRESUPUESTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD
SOCIAL PARA HACER FRENTE A LOS GASTOS POR PRESTACIONES DERIVADAS DEL
SINDROME TOXICO EN LOS EJERCICIOS 1993 Y 1994. (Número de expediente
121/000072.)
El señor PRESIDENTE: En relación al proyecto de ley al que hace
referencia el punto 3 del orden del día, no hay presentada enmienda
alguna, con lo cual podríamos someterlo a votación, con independencia de
que previamente algún grupo deseara fiar su posición. ¿Algún grupo desea
hacer uso de la palabra? (Pausa.) En nombre del Grupo Popular, tiene la
palabra el señor Villalón.
El señor VILLALON RICO: Intervengo brevemente para hacer una pequeña
reflexión sobre este proyecto de ley que el Gobierno presenta al
Congreso.
En principio, al hacer una lectura de lo que es el título de este
proyecto de ley habría que decir que nosotros encontraríamos lógica,
desde nuestra buena predisposición a favor de los afectados por el
síndrome de aceite tóxico, la concesión de estos créditos; pero cuando
uno entra en profundidad sobre lo que es el texto del proyecto de ley,
cuando uno empieza a leer desde la exposición de motivos
a los diferentes artículos que tiene el proyecto, empiezan a surgir
dudas, en primer lugar, presupuestarias o respecto a la técnica
presupuestaria y luego dudas metódicas que nosotros consideramos
razonables desde el punto de vista de lo que son los antecedentes del
Gobierno socialista de cara a los diferentes Presupuestos Generales del
Estado y de cara a la concesión de créditos sucesivos a lo largo de los
años. Nosotros, a pesar de todo (ya se ha puesto de manifiesto que no
presentamos enmiendas, y además quiero adelantar que vamos a votar a
favor de este proyecto de ley), queremos hacer, de una forma breve,
algunas reflexiones, como decía antes. Estas reflexiones irían en la
línea de que nosotros vamos a votar favorablemente lo que sería el fondo
del proyecto de ley a la hora de solucionar los múltiples problemas que
tienen los afectados por el síndrome tóxico, que es lo que a nosotros nos
ha decidido a votar favorablemente, pero cuando consideramos la forma en
cómo se ha presentado aquí, salen a relucir las diferentes dudas que
anteriormente ponía de manifiesto. Creemos que, tanto en la exposición de
motivos como en la memoria que acompaña al proyecto de ley, no se exponen
motivos suficientes ni se justifica esta solicitud de crédito
extraordinario y el suplemento de crédito. También tendríamos que
basarnos, como decía antes, en la tradición del Gobierno socialista a la
hora de lo que es el incumplimiento presupuestario y la mala gestión
presupuestaria.
En resumidas cuentas, vemos que en la memoria no se explica en
profundidad el crédito extraordinario, y más llamativo es sobre todo el
suplemento de crédito a la hora de hacer una valoración de los cuatro
primeros meses de este año, que se saca por una simple operación
aritmética. Al final, la solución a estos problemas financieros es la
financiación a través de la deuda, que no deja de suponer el retrasar las
responsabilidades, tanto públicas como presupuestarias, con aquella
expresión --si me permiten-- de otro vendrá que ya pagará y, por
supuesto, incrementar la deuda del Estado.
A modo de conclusión, señor Presidente, quiero decir que nosotros creemos
que este proyecto de ley es poco asumible desde el punto de vista de la
técnica presupuestaria --y en el debate parlamentario nosotros lo
rechazamos--, pero para nosotros pesan más las razones de fondo, los
objetivos y compromisos sociales que tenemos adquiridos con las
diferentes asociaciones de afectados del síndrome. Por eso vamos a votar
a favor de este proyecto de ley y no hemos presentado ninguna enmienda.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro Grupo desea intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Cercas tiene la palabra.
El señor CERCAS ALONSO: Señor Presidente, voy a intervenir brevemente
para expresar no sólo nuestra conformidad con el proyecto que el Gobierno
somete a la Cámara, sino también para realizar un ejercicio voluntarista
de eliminar quizá algunas interrogantes que el portavoz del Grupo Popular
acaba de expresar, sumariamente, en su turno, que no sé si ha sido en
contra o a favor, porque no se ha planteado ninguna cuestión relevante.
Parece como si en esta Comisión, y en otras comisiones de la Cámara,
estuviéramos condenados a tener que transitar por ese jardín de las dudas
sistemáticas en las que el Partido Popular pretende que naveguemos.
Nosotros no tenemos ninguna duda, señor portavoz. Nos parece que el
proyecto de ley está plenamente justificado en sus términos, en su
memoria, en su título y en sus disposiciones. Las cuestiones de fondo son
relevantes, claras y cristalinas para todos; las cuestiones de forma
están todas justificadas: la necesidad, la urgencia. Aprovecharé
solamente para darle dos pinceladas, por si sirven para aclarar sus
dudas, aunque mucho me temo que sean metodológicas y sistemáticas, mucho
más que coyunturales.
En cuanto a la técnica presupuestaria utilizada en este proyecto de ley,
léase S. S. el artículo 64 de la Ley General presupuestaria o el 101 del
mismo texto legal, y S. S. tendrá resueltas sus dudas con la simple
comprobación de cuáles son las previsiones generales que el ordenamiento
jurídico español tiene para acometer estas necesidades de financiación
extraordinarias.
Por último, señor Presidente --para que tampoco quede en el género de las
dudas la actuación del Gobierno socialista respecto a estos créditos y
estas atenciones a los afectados del síndrome tóxico--, quiero decirle al
señor Diputado que el Gobierno socialista no hace otra cosa que cumplir
procedimientos de pago señalados en decretos de octubre del año 1981 y de
junio y octubre del año 1982, años en los que efectivamente eran otras
personas y otros grupos políticos los que estaban en la gobernación del
país. Son esas previsiones, de esos decretos de los años 1981 y 1982, las
que motivan un sistema de pagos a los afectados del síndrome tóxico,
hechos a través de un mecanismo de anticipos de Tesorería de la Seguridad
Social, que posteriormente se someten a un trámite de suplementación de
créditos o de créditos extraordinarios en los Presupuestos Generales del
Estado.
Por tanto, señor Presidente, a nosotros ninguna duda nos cabe, en el
fondo ni en la forma, y creemos que las dudas del Partido Popular serían
rápidamente resueltas, simplemente con dedicarse cinco minutos a estudiar
la base jurídica que justifica estos créditos y estas atenciones.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra
el señor Hinojosa.
El señor HINOJOSA I LUCENA: Quiero intervenir brevísimamente en este
debate, que se acerca mucho a lo kafkiano, porque todos estamos de
acuerdo en que sí, aunque todos queremos manifestar alguna disconformidad
con el crédito. Pero los afectados no entienden de matices, ni de
legalismos ni de tecnicismos. Los afectados lo que quieren es que les
atendamos. ¿Y qué pasaría si no se aprobara este crédito? Que no
podríamos disponer del dinero, de los recursos, que el gobierno, a través
del Ministerio correspondiente, está empleando para atender a los
afectados. Déjense de críticas innecesarias en lo que es necesario, si
todos están de acuerdo. Lo que digo es que en este Parlamento hemos
creado por unanimidad una ponencia
para estudiar y ampliar los beneficios que el Gobierno está concediendo a
este colectivo porque no están satisfechos con aquellas cosas que se
aprobaron y que les están ayudando a superar el drama de su enfermedad.
Venimos hoy aquí a aprobar un crédito y a poner matices y pegas que no
entenderían los afectados. Páguese, y páguese con entusiasmo. Y
critíquese aquello que es criticable, en todo caso, que serían las
insuficiencias que estos colectivos todavía padecen.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo había pedido humildemente la
palabra, levantando la mano.
El señor PRESIDENTE: A la humildad con que ha pedido la palabra el señor
Ríos, la Presidencia no le ha contestado con soberbia, es que no le había
visto.
Tiene la palabra el señor Ríos.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente. El Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya quiere expresar
el apoyo a este crédito extraordinario, con independencia de que llegue
más tarde o más temprano y de que cubra todas las necesidades. En todo
caso, en este tema hay muchas cosas oscuras, pero no precisamente el
crédito extraordinario sino otras actuaciones que deberán aclararse con
posterioridad o depurarse con mayor diligencia.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Creo que la Mesa puede ya someter a votación de la
Comisión este proyecto de ley al que hacen referencia los puntos 3 y 4
del orden del día.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
--SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE
1.430.420.000 PESETAS, AL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA, PARA
COMPLETAR EL PAGO A LA EMPRESA NACIONAL HULLERAS DEL NORTE, S. A.
(HUNOSA), DE LA SUBVENCION CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 1992, SEGUN
CONTRATO-PROGRAMA. (Número de expediente 121/000076.)
El señor PRESIDENTE: En relación con el proyecto de ley a que hacen
referencia los puntos 5 y 6 del orden del día existe una enmienda del
Grupo Parlamentario Popular, en cuyo nombre tiene la palabra el señor
Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, me corresponde la oportunidad de defender la enmienda de
modificación presentada al artículo 2.º del proyecto de ley de concesión
de un crédito extraordinario a la empresa nacional Hunosa.
El crédito extraordinario de 1.430 millones al que se refiere el proyecto
de ley que se comenta es el resultado de la diferencia entre las entregas
a cuenta y la liquidación definitiva de 1992, correspondiente al
contrato-programa que Hunosa mantiene con la Administración del Estado.
Puesto que el contrato-programa ya está firmado no es pertinente el
oponerse a la aprobación del crédito extraordinario al que se refiere el
proyecto de ley, dado que cumple con lo establecido en el artículo 91 de
la Ley General Presupuestaria y cuenta con el informe de la Dirección
General de Presupuestos y el dictamen del Consejo de Estado. Sin embargo,
lo que sí debe de exigirse es que este crédito extraordinario esté
incluido en el marco presupuestario en vigor, reflejado en los
Presupuestos Generales del Estado de 1994 y sujeto al control que se
establece en esta ley de presupuestos, lo que justifica la enmienda que
se presenta al artículo 2.º del proyecto de ley de referencia.
Lo que se constata con la petición de este crédito extraordinario es que
las desviaciones entre la subvención otorgada en forma preliminar y las
que finalmente hay que liquidar son muy significativas y sistemáticas. La
desviación frente a la subvención prevista que este crédito
extraordinario quiere compensar representa el 3 por ciento de la
subvención inicial que figura en los Presupuestos Generales del Estado de
1992. Esta cantidad fue casi de un 7 por ciento en 1989 y un 8 por ciento
en 1990. Esto demuestra la existencia de un déficit en la empresa mayor
del previsto y, por tanto, un comportamiento más ineficaz que el
inicialmente estimado, que no se atiende a corregir, lo cual resulta
realmente preocupante en un entorno comunitario tendente al recorte de
las subvenciones públicas a las explotaciones mineras no viables
económicamente.
Según manifestaciones del Presidente de Hunosa, las pérdidas para el año
1991 son de 64.000 millones de pesetas; en 1993, 55.000 y en el presente
ejercicio van a superar los 50.000 millones de pesetas. Esta reducción no
tiene, en modo alguno, un reflejo en la reducción del recurso a la
subvención de los Presupuestos Generales del Estado, ya que la cuantía
que figura en los presupuestos se mantiene y se le añaden, año tras año,
créditos extraordinarios significativos. Este es un dato que obliga
indiscutiblemente a tener un mayor control de la empresa minera,
sujetarse al contrato-programa y que la carga sobre el contribuyente
español sea menor de la que realmente se está produciendo. Sin embargo,
también existe la posibilidad --y éste es otro de los motivos-- de que el
cálculo de la subvención fuera optimista y estimado por defecto, no
reflejando en los presupuestos todos los gastos en los que se iba a
incurrir, por lo que es preciso corregir a efectos técnicos esta cuestión
presupuestaria.
En cualquier caso, sea la causa del desfase una u otra hay que constatar
que se están liquidando en este momento las cuentas correspondientes a un
ejercicio desde el que han transcurrido, nada más y nada menos, que dos
años. Eso implica unas cargas financieras que gravan la situación
económica de la empresa.
El Presidente de Hunosa declaró en el Congreso de los Diputados que en el
año 1991 los 12.708 millones de pesetas de gastos financieros habían
representado para la empresa 4.268 millones; más del 33 por ciento fueron
debidos al impacto del retraso en la entrega de la subvención estatal.
La situación no ha mejorado en modo alguno. De los 14.395 millones de
gastos financieros en el año 1993, 4.500 millones de pesetas son debidos
a retrasos en la percepción de subvenciones. Los gastos financieros que
prevé la empresa para 1994 y 1995 son de 10.231 millones y 9.473
millones. Es necesario, a todas luces, demandar una mayor celeridad en
las operaciones necesarias para llegar a las liquidaciones definitivas de
las cantidades que hay que dar a las empresas en virtud de los
contratos-programa suscritos.
Tenemos que decir que el Grupo Parlamentario Popular no puede oponerse a
la concesión de este crédito extraordinario, pero pide mayor
transparencia en su control a través de la enmienda presentada. Asimismo,
también se demanda reflejar en los Presupuestos Generales del Estado
cantidades destinadas a subvencionar a las empresas mineras con
contrato-programa más próximas a lo que en la realidad se indica como
liquidación definitiva, y que estas últimas se practiquen con la
suficiente celeridad como para no gravar la situación con costes
financieros adicionales, que finalmente recaen sobre los contribuyentes.
Debo terminar mi intervención con la lectura del informe del Consejo de
Estado, que viene a justificar nuestra enmienda. El Consejo de Estado
dice: Habida cuenta de que el plazo establecido para la remisión de las
cuentas anuales a la Intervención General de la Administración del
Estado, a efectos del informe financiero que éste ha de emitir, se ha
previsto con anterioridad al 1 de julio de cada año, estima el Consejo de
Estado que hubiera debido de proveerse a la conveniencia para que el
complemento de subvención que se propone se hubiera incluido en los
presupuestos del ejercicio inmediato siguiente --es decir, que esto tenía
que haberse incluido en los presupuestos del año 1993--, en vez de acudir
al recurso de la modificación presupuestaria, cuya excepcionalidad exige
extremar el mayor rigor en su aplicación.
Por todos estos razonamientos, pido el voto favorable para la enmienda
defendida por este Grupo Parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González García, por el
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GONZALEZ GARCIA: Voy a ir rápidamente porque creo que sería
inútil repetir algunas cosas de las que ya se ha hablado en relación con
créditos anteriores.
Se trata de aprobar el crédito para Hunosa y hay que decir si se está de
acuerdo o no con el crédito, lo demás es buscar algún tipo de enganche,
lo que comúnmente se denomina coger el rábano por las hojas, con la
finalidad de hablar de otros problemas que tienen poco que ver con el
crédito extraordinario.
Hay algunos errores de concepto que sí merece la pena aclarar al
interviniente del Grupo Popular. Primero, que el contrato-programa al que
se refiere este crédito no está en vigor, prescribió el 31 de diciembre
de 1993, pero sí derivan obligaciones del mismo, que se están cumpliendo.
Hay otro contrato elaborándose; se ha firmado un nuevo pacto
empresa-representantes de los trabajadores que se está traduciendo en un
nuevo contrato-programa, que se está elaborando precisamente ahora. Quizá
el hecho de que haya sido una negociación tranquila y no haya dado lugar
a lo que venían siendo históricamente grandes huelgas haya despistado un
poco al representante del Partido Popular, pero ésta es la realidad. Por
tanto, este contrato-programa no está en vigor, lo estuvo hasta el 31 de
diciembre de 1993.
En cuanto a las desviaciones sistemáticas y magníficas que se dicen, creo
que lo mejor es decir la causa de las desviaciones por las que se tiene
que articular este crédito extraordinario: se derivan exclusivamente de
lo que representaba la previsión del IPC para el año que nos ocupa y lo
que fue el IPC real y de las variaciones que hubo en el Mibor, es decir,
en cuanto a los intereses que pudieran derivarse, que estaban previstos.
En el caso del IPC, en el proyecto figuraba el 5 por ciento y fue el 5,3,
lo cual significó 122,51 millones de pesetas, y en el caso del Mibor, del
12 previsto varió al 13,3, que significó 1.389,91 millones de pesetas. Es
decir, que no existe ninguna otra aplicación que no sea la que he
referido, y esto es lo que estamos dilucidando aquí: cómo se pagan los
mil cuatrocientos y pico millones de pesetas desfasados que por
contrato-programa tiene obligación de abonar el Estado y no el INI,
porque así lo establece el contrato-programa, y lo demás es darle vueltas
a algo que ya ha venido diciéndose a lo largo de toda esta sesión. En
realidad, en relación con la enmienda que nos plantea el Grupo
Parlamentario Popular quizá necesite leer algo de lo que ya insinuaba mi
compañero Alejandro Cercas en una intervención anterior. El artículo 64.1
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria establece que en los
proyectos de ley de concesión de créditos extraordinarios o de
suplementos de créditos --que era el caso anterior-- debe especificarse
el recurso que haya de financiar el mayor gasto público. Es decir, que
hay que decir si va a ser o no por la vía de deuda pública, y lo mismo
ocurre para el efecto de pago. Por tanto, señorías, creo que estamos ante
un nuevo caso, como ha ocurrido con los dos anteriores, que se utiliza
para otras cosas que tienen poco que ver con la aprobación o no del
crédito.
Cuando SS. SS. quieran un debate sobre Hunosa, yo estoy presto a hacerlo,
pero inmediatamente, me da igual que sea ahora, lo que ocurre es que si
hablamos de un crédito extraordinario del año 1992, no se puede decir que
lleva dos años de retraso, porque, que yo sepa, el año 1992 termina el 31
de diciembre de 1992; como máximo puede llevar un año de retraso. En todo
caso, ese dictamen, obligatorio por el contrato-programa, por parte del
Ministerio de Hacienda en el seguimiento del cumplimiento de estos
contratos-programa, tiene una fecha de emisión de febrero de 1994, y es
el que aceptaba este crédito extraordinario. Por tanto, de la
documentación que se adjunta se puede deducir fácilmente que ni existe
desfase ni es voluntario, ni nadie pretende ocultar este pago a Hunosa.
Por consiguiente,
vamos a oponernos a esta enmienda que plantea el Grupo Parlamentario
Popular y nos prestamos para el debate sobre Hunosa cuando lo crean
conveniente los grupos de la oposición.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Landeta.
El señor LANDETA ALVAREZ-VALDES: Para ratificarnos en todas las
alegaciones que expusimos y decir que es cierto, que es para pagar el
contrato-programa de 1992; pero tenemos que tener en cuenta que, con
arreglo al dictamen del Consejo de Estado, se debiera haber incluido en
el presupuesto de 1993 y no traerlo al presupuesto de 1994.
En segundo lugar, he de decir que los retrasos del Estado en el pago de
las subvenciones son totales y permanentes; prueba evidente es que el 18
de noviembre de 1994, la empresa Hunosa ha tenido que pedir un crédito de
46.500 millones de pesetas para superar los problemas de liquidez y ése
es el objeto de los cuatro acuerdos financieros firmado con cuatro
empresas, con cuatro bancos privados: la Caja de Segovia, 30.000
millones; el Banco de América, 10.000 millones; el Banco de Santander,
5.000 millones y el Banco de Asturias, 1.500 millones, y se dice que es
consecuencia del desfase de tesorería por el posible retraso en el pago
de las subvenciones. Eso es a lo que tiende realmente nuestra enmienda, a
que se paguen las subvenciones a su debido tiempo y se incluyan en los
presupuestos para ser objeto de control presupuestario.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor González García.
El señor GONZALEZ GARCIA: Ratificarse en las mismas alegaciones
rectificando parte de aquello que eran las primeras alegaciones y que
estaban equivocadas, me parece muy bien, pero no se puede ratificar uno
en todo cuando lo corrige.
Segundo, la Intervención Delegada del Ministerio de Industria y Energía,
que tiene que hacer los informes preceptivos sobre las cuentas de
resultados de sus empresas y, en todo caso, aprobar o no esos desfases,
los tiene hechos desde el 21 de marzo de 1994. El informe propuesto por
el propio Ministerio de Economía y Hacienda es de junio de 1994, por
tanto, éstas son las cuestiones que hacen que un crédito se pueda o no se
pueda habilitar inmediatamente en el mismo año 1993 o no. Esto ha
ocurrido en el año 1994, es el dictamen definitivo, puede pagarse ahora,
vía Presupuestos Generales del Estado, con el presupuesto de 1994. Su
enmienda podría incluso poner en duda que fuese aplicable para los
presupuestos de 1994. Por favor retírenla, y con eso aprobamos con los
presupuestos este crédito extraordinario para Hunosa, para que pueda
llevar a cabo esa finalidad de evitarse cargas financieras. En todo caso,
es lo que les pedimos, retiren ustedes la enmienda, porque pondría en
duda que se pudiera gestionar este crédito sobre el presupuesto de 1994.
Finalmente, insisto, estamos dispuestos a debatir sobre Hunosa lo que
ustedes quieran, pero no estamos dispuestos a confundir una enmienda que
ustedes plantean, un crédito extraordinario con el debate sobre Hunosa.
No es éste el momento y, si quieren ustedes, pídanlo, lo debatiremos en
la Comisión correspondiente.
El señor PRESIDENTE: El señor Ríos, en nombre del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya tanto en cuanto a la
enmienda como al proyecto. La verdad es que estamos intentando agilizar
lo máximo posible, aceptando los retrasos que haya, un crédito
extraordinario que cumple un contrato-programa ya finiquitado. Muchas
veces lo que se dice y lo que se escribe no tiene una relación directa
causa-efecto. En junio de 1993 ya había espacio para haber hecho una
iniciativa determinada y para que los informes del Ministerio de
Industria y del Ministerio de Economía se hubiesen producido en el año
1993. Eso es cierto. Lo malo es que nos encontramos en diciembre de 1994
y tramitando algo que se debiera haber agilizado con anterioridad. Por
tanto, aún aceptando la filosofía que se dice, y es que no se proyecten
hacia créditos extraordinarios lo que pueda ir por presupuestación
ordinaria y que, una vez iniciado el ejercicio presupuestario, se haga
dentro de él, lo más rápido es aprobar este crédito extraordinario. Por
tanto, lo vamos a apoyar.
En cuanto a la enmienda, considero que es una declaración de intenciones.
Como declaración de intenciones, yo estaría de acuerdo, pero como
enmienda pondría en cuestión alguna evolución y yo no la voy a votar a
favor.
El señor PRESIDENTE: Señor Homs, por el Grupo Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra.
El señor HOMS I FERRER: Quiero manifestar que vamos a dar nuestro voto a
favor a la aprobación de ese crédito extraordinario; creemos que debe
aprobarse.
Al margen de las razones que han llevado a ese desfase de las
subvenciones de explotación a esta empresa, quisiera manifestar, señor
Presidente, que desearíamos que las razones que han llevado a esta
situación por la que ahora tenemos que aprobar este crédito
extraordinario intentasen solventarse y no hubiera necesidad de tener que
complementar o extender las subvenciones y las ayudas a la explotación de
la empresa Hunosa.
Quisiera trasladarle, señor Presidente, en nombre de mi Grupo lo
siguiente: En esta Comisión de Presupuestos deberíamos estudiar un día
que se introdujera en la legislación vigente el que en la tramitación de
un crédito extraordinario para habilitar una subvención a una empresa
pública debería ser preceptivo u obligatorio que en la documentación que
acompaña a la tramitación del crédito extraordinario que aprueba esta
Cámara figurara el plan de viabilidad de dicha empresa. El Congreso de
los Diputados
no debiera ya, en un futuro, aprobar más subvenciones a empresas públicas
si los diputados no tenemos en la documentación adjunta a dichos créditos
extraordinarios los planes de viabilidad de esas empresas públicas. Si
las empresas públicas no tienen viabilidad, deberíamos reflexionar,
cuando adoptamos políticamente la decisión de subvencionarlas, sobre si
es o no es necesaria la distribución de estos recursos públicos a estas
empresas. Para ello, deberíamos conocer los planes de viabilidad. Creo
que algún día la Comisión de Presupuestos debería incorporar en la ley
que corresponda el hecho de que sea obligatorio que, junto con la
documentación de una subvención o de un crédito extraordinario a una
empresa pública, se enviara un plan de viabilidad.
Nada más, señor Presidente. Repito que vamos a aprobar este crédito
extraordinario para la empresa Hunosa. Entendemos que hay que hacerlo y,
sin discusiones, debería aprobarse.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: En relación con la propuesta a la que ha hecho
referencia, sabe S. S. que, en el seno de la Comisión, la Mesa y los
portavoces de los distintos grupos hemos avanzado bastante a nuestro
nivel, que es corto y bajo, sobre la reforma del Reglamento de la Cámara
en lo que toca a la elaboración de la Ley de Presupuestos y, de alguna
manera también, a la elaboración de los distintos proyectos de ley de
créditos extraordinarios o suplemento de créditos.
La Presidencia, y estoy seguro que la Mesa, no tiene ningún inconveniente
en sumar esa iniciativa y esa inquietud a nuestros trabajos. Ya sabe que
en el seno de la Comisión los trabajos estuvieron presididos por una casi
unanimidad. No podemos decir que haya sucedido lo mismo en ámbitos
superiores a nosotros en la Cámara; por eso, se han quedado en trabajos
internos de la Comisión.
Sometemos, entonces, a votación la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y defendida por el señor Landeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sometemos a votación el texto del proyecto de ley de acuerdo con el
informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.