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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 373, de 01/12/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 373
EDUCACION Y CULTURA
PRESIDENTE: DON JOSE LUIS MARTINEZ BLASCO
Sesión núm. 32
celebrada el jueves, 1 de diciembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Relativa a las soluciones que atenúan el fracaso escolar en los niveles
de la educación infantil, primaria y secundaria. Presentada por el Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG serie D, número 100. Número de
expediente 161/000210) (Página 11498)
--Por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas
para resolver la situación actual de los estudiantes de Auxiliar de
Enfermería. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG
serie D, número 149. Número de expediente 161/000240) (Página 11502)
--Relativa a la gratuidad de los libros de texto y a su consideración
como bienes básicos. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
(BOCG serie D, número 149. Número de expediente 161/000307) (Página 11505)
Comparecencias:
--Del señor Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense y Presidente de la Federación de Asociaciones de Catedráticos
de Universidad (Moya Pueyo), para informar en relación al proyecto de ley
de actualización de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma
Universitaria. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000928.) (Página 11508)
--Del señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Salamanca y miembro de la Comisión Gestora de la Asociación de Profesores
Titulares de la Universidad (Ramos Castellanos), para informar sobre el
proyecto de ley de modificación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU).
A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de expediente
212/001185.) (Página 11518)
Se abre la sesión a las cuatro y quince minutos de la tarde.
DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--RELATIVA A LAS SOLUCIONES QUE ATENUAN EL FRACASO ESCOLAR EN LOS NIVELES
DE LA EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO DE IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de
expediente 161/000210.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, el orden del día de la sesión de hoy tiene
dos partes: la primera, debate y votación de tres proposiciones no de
ley, y la segunda, la celebración de dos comparecencias.
La primera proposición no de ley corresponde al Grupo Federal de
Izquierda, y es la relativa a las soluciones que atenúan el fracaso
escolar en los niveles de la educación infantil, primaria y secundaria.
Para su defensa tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, yo creo que el tema del
fracaso escolar preocupa a todas sus señorías, y precisamente esa
preocupación es la que movió, en su día, a mi Grupo a presentar esta
proposición no de ley. Como quiera que considerábamos oportuno que
personas relevantes y competentes en la materia podrían iluminar a esta
Comisión, por dos veces consecutivas solicitamos a la Mesa de la Cámara
la comparecencia del presidente de la Ceapa. Sorprendentemente --y yo
creo que haciendo una interpretación poco rigurosa del articulado del
Reglamento de la Cámara-- no fue admitida a trámite esa comparecencia,
que bien podía haber iluminado a los señores y señoras Diputados. Y digo
sorprendentemente en una interpretación poco rigurosa del Reglamento
porque hoy mismo, y todos los días, cuando hay alguna proposición no de
ley que discutir se llama, como el caso de hoy, a rectores de las
universidades que pueden muy bien opinar sobre el tema de la Ley de
Reforma Universitaria.
Dicho esto para que conste, movió a mi Grupo a presentar esta proposición
no de ley no sólo el conocimiento de la situación de la educación en todo
el país, sino también concretamente que este Diputado tuviera
conocimiento de una encuesta sobre fracaso escolar, realizada en algunos
distritos de Madrid, que quiero ponerles como ejemplo, y que nos
sorprendió y alarmó de tal manera que inmediatamente presentamos esta
proposición no de ley. Estos distritos a los que me refiero que insisto,
señorías, pueden servir de ejemplo son Usera y Villaverde. En Usera, una
media del 44 por ciento de niños en 6.í y el 51 por ciento en 7.í de EGB
no conseguía aprobar todas las asignaturas entre junio y septiembre en
los centros públicos. Pero es que además, en torno a un 35 o un 38 por
ciento de los alumnos que estaban en los centros concertados tampoco
conseguían aprobar entre junio y septiembre, estaba en torno al 30 por
ciento el número de alumnos que al finalizar 8.í de EGB no obtenían el
graduado escolar en el conjunto de esos distritos. Más dramática todavía
era otra de las conclusiones de la encuesta que venía a decir que en
estos distritos había centros de EGB cuyos índices de fracaso escolar se
situaban en torno al 60 por ciento de su población escolar; que los datos
procedentes de los institutos de enseñanza media eran todavía más
negativos, alcanzando el 56 por ciento de los que no obtienen una
calificación global positiva entre junio y septiembre en los centros
públicos de ambos distritos. Estos datos de porcentaje de suspensos
resultan más negativos todavía si tenemos en cuenta que del 15 al 20 por
ciento de la población escolarizada en EGB y del 30 al 38 por ciento en
las enseñanzas medias han perdido, al menos, un curso respecto a su
escolarización normal, según datos de esta misma encuesta. Y por la
información también obtenida en la tantas veces citada encuesta, el 50
por ciento en el caso de la ESO y el 70 por ciento en el caso de la
formación profesional.
Yo creo que estos datos, aunque sean el ejemplo de dos distritos que
seguramente están por encima de la media nacional, son suficientemente
explícitos para que a todos nosotros nos preocupe este tema. Pero es que
hablar del fracaso escolar no es sólo hablar de suspensos, como hasta
ahora he venido relatando como consecuencia de la encuesta citada; es
también hablar de absentismo escolar habitual, que llega a ser del 50 por
ciento en algunos colegios de la zona analizada; es hablar de cantidad de
chicos y chicas que abandonan sus estudios antes de llegar a la edad
laboral, e incluso antes de cumplir el ciclo de la EGB. No quería seguir
insistiendo, porque todos y cada uno de los datos son la antesala de un
problema más profundo, cuyas manifestaciones y consecuencias se presentan
con especial crudeza. Si grave es que un chico o un chaval no sea capaz
de alcanzar unos objetivos académicos, lo son seguramente más las
actitudes antisociales que esta frustración le generará. Esta dimensión
social y personal del problema ha podido ser captada, como he repetido
varias veces,
como consecuencia de entrevistas realizadas o grupos de discusión
celebrados entre los jóvenes en las familias que más directamente sufren
este problema.
Por tanto, nos cabe hacer la pregunta --y voy a terminar ya, señor
Presidente-- de si esta sociedad se puede permitir el lujo de mantener y
reproducir esta situación de incapacidad de integrar en su seno a
importantes colectivos de jóvenes que luego, tarde o temprano, se
rebelarán contra ella o si, como otros autores han cuestionado, habrá
algún interés porque existan estas bolsas de marginación y delincuencia
en las zonas sobre todo periféricas de las ciudades. Hay que tomar,
lógicamente, medidas al respecto, y eso es lo que nosotros venimos a
proponer en esta proposición no de ley. Es conveniente que se incremente
la oferta de plazas públicas del primer ciclo. Es importante que se
incrementen los cursos de formación del profesorado. Es importante que se
termine con la implantación de la reforma educativa y que haya equipos de
orientación psicopedagógicos, que están previstos en los reglamentos. Es
importante que se incremente el número de profesores de apoyo y que en
aquellos centros que abran sus puertas en horario extralectivo se pongan
los medios necesarios para crear escuelas de padres y madres en las que
por verdaderos especialistas se impartan técnicas de apoyo al estudio de
sus hijos. Es importante que en la red de centros se impartan programas
de garantía social. Es importante que las APAs, que juegan un gran papel
en el apoyo a la educación de sus hijos, tengan subvenciones y ayudas
para que puedan desarrollar su labor. Y es importante que haya un
compromiso de la Administración educativa central en el sentido de
ofrecer una plataforma de debate serio que culmine con la presentación en
este Parlamento de un verdadero plan nacional de lucha contra el fracaso
escolar.
El señor PRESIDENTE: Quiero señalar a sus señorías que, de acuerdo con
los portavoces, la votación de las tres proposiciones no de ley se
producirá a las cinco y media de la tarde, habida cuenta de las
circunstancias especiales es las que se ha desarrollado la sesión de hoy,
motivadas por el Pleno de la mañana. Lo digo para conocimiento de sus
señorías.
A esta proposición no de ley han sido presentadas dos enmiendas por el
Grupo Popular. Para la defensa de las mismas tiene la palabra el señor
Rodríguez Espinosa.
El señor RODRIGUEZ ESPINOSA: Señor Presidente, intervengo en nombre de mi
Grupo para fijar posición y defender las dos enmiendas que hemos
presentado en relación de la proposición no de ley de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya sobre las medidas a adoptar para paliar el
fracaso escolar.
El Partido Popular valora positivamente esta iniciativa por cuanto incide
en un problema real, vivo y acuciante de nuestra sociedad sobre el que
urge reflexionar y sobre todo, y a resultas de esa reflexión y debate,
adoptar medidas eficaces para su corrección. Los datos elaborados por el
propio Ministerio de Educación y Ciencia, correspondientes a los cursos
90-91 y 91-92, ya ponían de manifiesto esta realidad. Baste para ello
recordar que un 10,1 por ciento de los estudiantes que cursaron 1.í de
BUP abandonaron la enseñanza, y un 20,3 por ciento de los que cursaron
1.í de FP abandonaron también esta enseñanza. Estos datos se mantienen
con ligeras variaciones en el análisis efectuado en el documento
«Resultados de la evaluación de alumnos de EGB, FP, BUP y COU. Curso
92-93», realizado dentro del Plan general de actuación del Servicio de
Inspección Técnica, según el cual no promocionan el 24 por ciento de los
alumnos de FP-1, el 24,1 por ciento de FP-2, el 19,9 por ciento de todos
los alumnos de BUP o el 31,3 por ciento de COU. En otro orden de cosas,
pero en íntima relación, llama la atención que en la selectividad haya
una diferencia porcentual del 16,5 entre los aprobados de unas
universidades y otras y que entre los resultados de junio y septiembre
llegue al 48,4 por ciento.
Por si esto fuese poco, y haciéndose eco de esta realidad, el informe del
Consejo Escolar del Estado correspondiente al curso 91-92 instó al
Gobierno a que realizase un estudio en profundidad de las tasas de
fracaso académico en los distintos niveles educativos, incidiendo en las
distintas situaciones socioculturales y espaciales que pudieran
explicarlo. Y el mismo organismo, en el informe correspondiente al curso
92-93, dice textualmente: Este Consejo Escolar debe reiterar lo
manifestado en informes anteriores, pues resulta preocupante tanto la
tasa de alumnos y alumnas que no obtienen el título de graduado escolar
como los resultados académicos al finalizar FP, BUP o la reforma. Por
ello, se insta nuevamente al Ministerio de Educación y Ciencia a que
realice los esfuerzos necesarios a fin de evaluar debidamente las causas
de la situación descrita para poder afrontar correctamente el problema.
Así pues, el hecho del fracaso académico con estos datos queda
evidenciado. No obstante, las causas son, sin duda, muy complejas y
variadas, pero precisamente por serlo exigen un estudio profundo y
concreto de las mismas. Efectivamente, aparte de los problemas
individuales que pueden estar relacionados con deficiencias intrínsecas
al individuo, como puede ser un coeficiente intelectual bajo, o con
situaciones psicoafectivas también de carácter personal, existen otros
factores socioculturales que tienen una especial incidencia, dado que las
variaciones de este fracaso escolar en relación al medio donde viven los
alumnos quedan patentes en todos los análisis estadísticos realizados,
siendo evidente, por otra parte, que afecta más a aquellos grupos
sociales desfavorecidos. En consonancia con ello, hay para nosotros dos
factores que de su corrección dependen y pueden derivarse aspectos muy
positivos para evitar, o por lo menos paliar, el fracaso escolar. Se
trata, en primer lugar, de la ampliación de la educación infantil y, en
segundo lugar, de la dotación de los equipos de orientación y
psicopedagógicos de los centros.
Efectivamente, la mayor desigualdad educativa y el mayor problema
respecto al fracaso escolar se produce, desde un punto de vista social,
al no poder ingresar los alumnos en escuelas infantiles debido a que no
existe una oferta pública, concertada o privada, que permita atender a la
totalidad de los alumnos. Y al darse esta realidad, el punto de partida
educativo marca la primera discriminación entre aquellos que tienen la
posibilidad de recibir una
adecuada educación en los primeros años de la vida y aquellos otros que
no pueden recibirla; diferencia que suele estar en relación con las
posibilidades económicas de la familia y con el lugar de residencia,
según se viva en un medio rural o urbano. Es por ello que la adopción de
medidas correctoras del fracaso escolar debe pasar necesariamente por dar
igualdad de oportunidades para todos los alumnos, vivan donde vivan y
tengan los recursos que tengan. El segundo factor en el que queríamos
incidir es en los equipos de orientación y psicopedagógicos, equipos que
cada vez es más urgente ampliar y dotar de medios para que puedan ejercer
una verdadera labor de apoyo con aquellos alumnos o grupos de alumnos que
lo necesiten, con la particularidad de que estos equipos han de ser los
que acometan las labores específicas de educación en colaboración con el
resto del equipo docente, pero sin perder de vista que su misión no
termina en el mero diagnóstico de las situaciones especiales sino en el
tratamiento de las mismas. Y digo esto porque muchos equipos, tal vez por
falta de medios, se limitan a diagnosticar y encargar al resto del
profesorado que cumplan las indicaciones, actitud que incide tanto en el
resto de los alumnos que no tienen esos problemas y cuyo profesor ha de
dedicar un tiempo que es de todos para atender a unos pocos, como también
en la sobrecarga de trabajo del profesor de un determinado nivel, área o
asignatura, que además no tiene una preparación específica para realizar
este trabajo.
No obstante lo dicho y las coincidencias de nuestro Grupo con la
proposición no de ley de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
encontramos dos carencias, que es lo que nos ha llevado a presentar
sendas enmiendas de modificación. La primera, sobre el primer párrafo de
la proposición, hace referencia a que el incremento de oferta de plazas
en la educación infantil que se solicita al Gobierno no sólo sean
públicas sino también concertadas y de convenio, aspecto este último que
se omite en la iniciativa que debatimos. Entendemos que esta ampliación
se justifica tanto en el artículo 11.2 de la Logse, al considerarse en él
la posibilidad de establecer convenios y conciertos con entidades
públicas y privadas sin ánimo de lucro, como en el artículo 27.3 de la
Constitución, que hace referencia y garantiza la libertad de opción
educativa. Creemos que esta incorporación facilitaría y agilizaría la
corrección del problema existente, por cuanto haría posible la
participación de la iniciativa privada y de entidades públicas tales como
municipios, diputaciones, gobiernos autonómicos, etcétera, que de
mantenerse en su actual redacción esta proposición no de ley quedarían
excluidas, dificultando con ello tanto la rápida solución del problema
como la ampliación de la oferta educativa, tanto en cantidad como en
diversidad de posibilidades de elección.
La segunda enmienda que hemos presentado al último párrafo de la
proposición no de ley hace referencia a la necesidad de realizar un
estudio en profundidad de las causas de las altas tasas de fracaso
académico, tanto en EG, BUP, COU y FP como en los estudios de
implantación de la Logse. Con esta incorporación creemos aportar no sólo
el conocimiento de la repercusión de la reforma en el rendimiento
académico, sino dar cumplimiento a una de las recomendaciones del informe
del Consejo Escolar del Estado, al que antes hemos hecho referencia.
Por todo lo dicho, solicitamos de esta Cámara la aprobación de nuestras
enmiendas, que no aspiran sino a contribuir a solucionar un problema que
afecta a nuestra sociedad y que genera no pocas tensiones en la comunidad
educativa, por no hablar de las repercusiones que tiene en el mundo
familiar y laboral.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea intervenir algún otro grupo?
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora García Manzanares.
La señora GARCIA MANZANARES: Señor Presidente, señoras y señores
Diputados, el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
nos presenta hoy, para su debate en esta Comisión, una proposición no de
ley sobre un tema de extraordinaria importancia que viene siendo una de
las principales preocupaciones de los padres, responsables educativos,
Administración y, en definitiva, de la sociedad actual en general. Sin
duda, el llamado fracaso escolar sufrido por niños y niñas y jóvenes, y
que se manifiesta tradicionalmente a través de su insuficiente
rendimiento escolar, no es solamente un problema que aqueje a nuestro
sistema educativo, y tampoco es un problema exclusivamente escolar ni
mucho menos nuevo. Históricamente, con distintos sistemas, con distintos
modos de organización social, no muy lejanos por cierto, ahí ha estado,
afectando en grandes porcentajes a un buen número de niños y jóvenes para
quienes no siempre se han tenido los conocimientos, la voluntad política
y los recursos con los que la sociedad de hoy puede afrontar el problema.
Señorías, hoy, desde el punto de vista del sistema educativo al menos,
los recursos humanos y materiales han experimentado un notable avance y
los datos que aportan, el número de alumnos que promocionan de cada curso
o ciclo al siguiente, así como los alumnos que obtienen su titulación
correspondiente, han alcanzado una cifra en torno al 80 por ciento en
graduado escolar, por poner sólo un ejemplo. Esta cifra se viene
manteniendo estable, lo que hace pensar que el propio sistema educativo
debe contener y contiene la orientación y los elementos positivos que han
hecho aumentar este rendimiento escolar hasta estabilizarse a partir de
los años 86-87 en las cifras actuales, como media. Sin embargo, señorías,
el bajo rendimiento escolar, el fracaso en los estudios, o como quiera
que lo llamemos, siempre va a ser un tema de actualidad y nos debe servir
para mantener la atención permanentemente alerta hacia los elementos más
frágiles de nuestra sociedad, como son en este caso los niños y jóvenes
en situación de dificultad y por tanto de riesgo. Según los expertos y
los estudios consultados, como conocen sus señorías, no es fácil ni
sencillo de solucionar un fenómeno tan complejo como el del llamado
fracaso escolar. En primer lugar, ni siquiera existe unanimidad en la
delimitación del concepto y, como todos ustedes conocen, obedece a
múltiples causas que se entrelazan en una estructura diversa y plural
como es la personalidad humana, y ello ocurre además en los momentos
más vulnerables de su desarrollo, como son evidentemente las edades
tempranas.
Señorías, el conjunto de medidas y actuaciones que presenta Izquierda
Unida en esta proposición no de ley son diversas, quizás unas más
acertadas que otras, y sin duda pretenden ayudar a paliar algunos de los
factores o consecuencias del fracaso escolar. A pesar de la complejidad
de este tema, en esta Comisión nos van a corresponder aquellas medidas
referidas a las posibilidades que ofrezca el sistema educativo, que no
son las únicas, evidentemente; otras escaparán de nuestra competencia y
pertenecen al ámbito de la propia sociedad civil, a su organización e
iniciativa, sin que por ello consideremos que desde la responsabilidad
última de los poderes públicos no se deba hacer nada. En todo caso,
deberán ser objeto de debates previos en otros foros.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte la motivación que acompaña a
esta iniciativa, también algunas, casi todas estas medidas que ya están
formando parte de la actuación del Ministerio de Educación y Ciencia. A
pesar de no haberse observado ningún aumento apreciable, sino todo lo
contrario, en los índices que puedan estar relacionados con el
rendimiento escolar de los alumnos, el Ministerio de Educación y Ciencia
y el Grupo Socialista no consideramos plenamente satisfactorios los
niveles actuales de éxito escolar. Como consecuencia de ello se tomó la
iniciativa de planificar una reforma educativa de gran alcance. Esta
reforma, contenida en la Logse y que está actualmente, como saben sus
señorías, en proceso de implantación, tiene entre sus objetivos
precisamente incrementar los índices de rendimiento escolar de los
alumnos. Si analizamos cada uno de los puntos de la proposición no de
ley, constataremos una amplia oferta por parte del Ministerio de
Educación a cada una de las demandas expuestas y suponen un esfuerzo
permanente del Ministerio y del Gobierno, tanto en el incremento de la
oferta de plazas públicas dentro de la cobertura que marca la Logse, como
en cursos de formación de profesorado, profesores de apoyo, instrucciones
y órdenes de la Dirección General de la Alta Inspección para la
elaboración de los proyectos curriculares o para la supervisión de los
alumnos. A modo de ejemplo expondré solamente algunos datos referidos a
los distintos puntos de la proposición no de ley, y trataré de hacerlo
brevemente porque sin duda sus señorías los conocen bien.
Respecto al primer punto, en cuanto a la oferta de plazas públicas del
primer ciclo de la etapa de educación infantil, y teniendo en cuenta el
carácter voluntario de la educación infantil según el artículo 7.2 de la
Logse, la extensión de esta cobertura del primer ciclo no entra
actualmente dentro de los planes del Ministerio, lo que no quiere decir
que no se vaya a afrontar en un futuro próximo. Por lo tanto, por el
momento se toma como referencia para la oferta de plazas y escuelas
públicas el segundo ciclo, de 3 a 6 años. La escolarización de niños de
4-5 años dentro del sistema público está totalmente cubierta; no ocurre
así con los niños de 3 años. El Ministerio es consciente de que la oferta
no es suficiente, manteniendo su compromiso de ampliar esta oferta
educativa que, por otra parte, ha ido creciendo en la red pública
paulatinamente. El porcentaje de escolarización actual, haciendo un
promedio de estas cohortes de alumnos del primer ciclo de primaria, es
del 50 por ciento aproximadamente y está previsto que en el próximo curso
sea del 60 por ciento. El número total de unidades infantiles es de 4.662
y para el curso siguiente la cifra será de 131 unidades más. Ello
muestra, efectivamente, el interés y el esfuerzo de la Administración por
continuar en esta línea.
Por lo que respecta a aquellos puntos que Izquierda Unida expone
referentes a la implantación de la reforma educativa, la preocupación por
el fracaso escolar así como por sus consecuencias en los ámbitos social,
familiar y personal, saben sus señorías que es una de las inquietudes
permanentes de todo sistema educativo. El propio sistema dispone ya de
mecanismos para obtener información y realizar un seguimiento acerca del
mismo, curso a curso, a través de los servicios de inspección, para
adoptar medidas que puedan contribuir a paliarlo. Deben tener en cuenta
sus señorías, sin embargo, que la mayor parte de las medidas que ya se
han adoptado no obtienen una mejora inmediata a corto plazo de los
resultados, siendo preciso esperar una serie de años para evaluar su
verdadera incidencia. Por otro lado, estas actuaciones no son las únicas
ni sólo responsabilidad del Ministerio de Educación y Ciencia, sino que
corresponden al conjunto de administraciones públicas que se encuentran
en pleno ejercicio de sus competencias en materia de educación. Existen,
asimismo, diversas resoluciones y circulares que se refieren a los puntos
que en la proposición no de ley instan a la Dirección General de
Coordinación y de la Alta Inspección a elaborar tanto proyectos
curriculares como instrucciones sobre la evaluación continua e
integradora, según recoge la Logse. Por otra parte, el incremento, que
plantea también el Grupo Federal de Izquierda Unida, de las cuantías en
las subvenciones a las asociaciones de padres, saben sus señorías que de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto
1.533/1986, de 11 de julio, las ayudas se realizan con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado y figuran en los mismos.
Finalmente, señorías, por lo que respecta al compromiso de la
Administración educativa en el sentido de ofrecer una plataforma de
debate social, una de las funciones establecidas por el Instituto
Nacional de Calidad y Evaluación, que se creó, como saben, por el Real
Decreto 928 de 1993, es la de elaborar un sistema estatal de indicadores
que permita evaluar el grado de eficacia y eficiencia del sistema
educativo. Lógicamente, este sistema tal de indicadores debe aportar
datos fiables para definir la realidad del denominado fracaso escolar y
para valorar adecuadamente sus dimensiones, siendo por tanto necesaria la
objetivación de todos los datos que puedan contribuir a establecer unas
vías de debate constructivo. El mismo Consejo rector de dicho instituto
acordó en una de sus últimas reuniones incluir en su programa de trabajo
para los años 94-97 la elaboración de un primer conjunto de indicadores
sobre el sistema educativo español. Así pues, está previsto que en un
plazo razonable de tiempo se pueda realizar una primera aportación a las
administraciones públicas educativas
y a los agentes sociales en el sentido de tener unos datos que favorezcan
este debate social que plantea el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Todo ello, señorías, siendo importante --termino ya, señor Presidente--,
no cierra en absoluto la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista de
seguir avanzando en la búsqueda de medidas preventivas y paliativas del
fracaso escolar. Consideramos que desde la proposición no de ley que nos
presenta hoy el Grupo de Izquierda Unida no se hace sino reiterar al
Gobierno y al Ministerio de Educación y Ciencia para que continúe en la
línea y en las actuaciones que ya viene desarrollando. Por tanto, mi
Grupo considera innecesario hacerlo desde una proposición no de ley, por
lo que no apoyaremos esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de señalar si acepta o no las
enmiendas propuestas por el Grupo Popular, el señor González tiene la
palabra.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, a los efectos de aceptar
las enmiendas del Grupo Popular y hacer algunas referencias...
El señor PRESIDENTE: No, señor González. Sólo para decir si acepta o no
las enmiendas del Grupo Popular. No hay debate.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: No pienso hacer debate, señor Presidente.
Solamente quiero decir que si todo esto es obvio, apruébenmelo. Es obvio,
lo está haciendo ya el Gobierno, apruébenmelo. No entiendo nada.
En fin, señor Presidente, acepto las enmiendas del Grupo Popular y tomo
nota de que no sé a qué obedece el que continuamente el Grupo Socialista
se niegue --supongo que no habrá ninguna pinza perdida por ninguna
parte-- a cuestiones que ya está haciendo el Gobierno y tan fáciles de
hacer como incremento de la oferta de plazas, incremento de los cursos de
formación, implantación de la reforma educativa. ¡Si es una proposición
no de ley de lo más light!
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS
PARA RESOLVER LA SITUACION ACTUAL DE LOS ESTUDIANTES DE AUXILIAR DE
ENFERMERIA. PRESENTADA POR EL G. P. IU-IC. (Número de expediente
161/000240.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, como habrán observado, los servicios
técnicos de la Cámara hoy tienen un trabajo especial y necesitamos todos
--y así lo ruego-- que hablen con la mayor claridad y lo más despacio
posible, porque además estamos conviviendo con las obras.
Para la defensa de la segunda proposición no de ley, que también es del
Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, señorías, la proposición no
de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya se realiza en virtud de una situación de desfase grave
entre las normativas que suponen reformas importantes del sistema
sanitario y del sistema educativo que en los aspectos de formación son
coincidentes y complementarias. Es decir, así como el desarrollo de la
Ley de Ordenación General del Sistema Educativo conlleva la definición de
perfiles académicos a diferentes niveles que afectan a las profesiones
sanitarias, sorprendente y desgraciadamente el Ministerio de Sanidad no
ha presentado todavía a esta Cámara la tantas veces anunciada ley de
ordenación de las profesiones sanitarias, que supondría el marco lógico
normativo global dentro del cual se inscribieran los perfiles de
formación para cada uno de los grupos profesionales y que, lógicamente,
se deben definir en función de las necesidades y de los contenidos del
nuevo sistema sanitario que la Ley General de Sanidad define. Esta
situación amenaza con concretarse en la aprobación de normativas de
perfiles académicos por parte del Ministerio de Educación, insisto, en
ausencia de lo que parecería imprescindible y que es el marco general
desde el cual el Ministerio de Sanidad define las necesidades de
formación de los futuros profesionales que al sistema educativo compete
desarrollar.
Esta situación concreta afecta al de auxiliares de enfermería que, como
muchos otros colectivos de trabajadores y como ha sido característico en
la historia de nuestro país, por desgracia realizan funciones técnicas en
los centros de atención primaria, en los hospitales y anteriormente en
los ambulatorios, desde mucho antes de que se hubiera definido algún tipo
de formación y de la titulación correspondiente. De hecho, el Ministerio
de Educación y Ciencia, con la anterior Ley de Educación, reconoce el
título de auxiliar de enfermería en el año 1975, mientras el Ministerio
de Sanidad sólo lo exige para incorporar a esos profesionales desde el
año 1987, y siempre por la presión de este colectivo.
Yo quiero señalar también que los grandes principios de política
sanitaria y de política educativa de los que parte Izquierda Unida se
refieren a la necesidad, en virtud del modelo sanitario de Servicio
Nacional de Salud, de definir un tronco común de formación de los
profesionales de la salud a los diferentes niveles, sin compartimentos
estancos que responden a planteamientos jerárquicos que se corresponden
con un sistema sanitario hospitalocentrista y centrado en la figura del
médico, con unas competencias jerárquicas sobre el resto de los
profesionales que deberían corresponder a otro tipo de actividades
sociales y que, desde luego, no tienen nada que ver con el planteamiento
de Servicio Nacional de Salud que pareciera ser el modelo que está detrás
de la Ley General de Sanidad. El colectivo de diplomados universitarios
en enfermería han manifestado su preocupación por el hecho de que las
auxiliares de enfermería accedieran a un nivel de cualificación superior.
Por ello, el Grupo de Izquierda Unida apoyó, como es lógico, la
existencia de un nivel académico superior para los diplomados
universitarios de enfermería que se correspondía, además, con unas
competencias en el marco profesional,
evidentemente integradas dentro del equipo de salud, pero con
competencias y funciones bien definidas por sus especiales
características y no tanto, como decía antes, por una jerarquía más
propia de otras esferas de la actividad social. El planteamiento hecho
por el Ministerio de Educación y Ciencia en este momento, lo que amenaza
con ser un real decreto de aprobación inminente, sitúa a las auxiliares
de enfermería con unos perfiles de formación académica y de titulación
que no corresponden a los tiempos actuales. No corresponden a las
directivas europeas, que hablan de los contenidos y de las condiciones de
trabajo de la enfermería, ni a las recomendaciones de la OIT al respecto,
como no corresponden en estos momentos al perfil actual de trabajo de los
auxiliares de enfermería en este momento dentro del sistema sanitario. De
hecho, un estudio de campo encargado por el Ministerio de Educación al
Inem, en el año 1993, identifica las actividades que ya están realizando
las auxiliares de enfermería y recomienda niveles formativos de tipo
técnico superior. En concreto habla de que la orientación hacia las
necesidades asistenciales implicaría un reconocimiento --reconocimiento,
insisto-- a las auxiliares de enfermería de tareas más cualificadas.
Habla también de la fuerte importancia del papel de auxiliares de
enfermería que requerirían un esfuerzo formativo para adecuarse a las
nuevas funciones que van asumiendo, por tanto lejos de definir a las
auxiliares de enfermería como meras asistentes en la ejecución de las
tareas sanitarias de los diplomados en enfermería, y sí reconociendo
niveles técnicos y competencias diferentes, pero identificando una
especialidad en el trabajo de enfermería. Por otro lado, parece
imprescindible que la formación académica de las profesiones sanitarias
tenga un tronco común que la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo identifica, muy correctamente en nuestra opinión, como el nuevo
bachillerato de ciencias de la salud.
Por todo ello, tanto desde el punto de vista de la concepción del tipo de
profesional de enfermería que necesita el sistema sanitario, partiendo
del carácter de equipo de trabajo que es el más adecuado al modelo
sanitario y a las necesidades de salud de la población, partiendo del
contenido actual de las labores que ya están realizando las auxiliares de
enfermería en los centros sanitarios, hospitalarios o de atención
primaria, y por otro lado identificando como un objetivo que se está
contemplando en el resto de los paí-ses del mundo, y desde luego en los
países de la Unión Europea, como un incremento del nivel formativo de los
trabajadores en general y de los trabajadores de la salud en particular,
es por lo que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida propone al
Congreso de los Diputados para que éste inste al Gobierno a encuadrar los
estudios de auxiliar de enfermería en un ciclo formativo de grado
superior en la futura formación técnico profesional que asegure su
cohesión con el otro nivel de la enfermería española de rango
universitario. De esta manera tendríamos dos niveles dentro de la
enfermería: un nivel básico, que sería el correspondiente a los actuales
auxiliares de enfermería; y un nivel superior dentro de la enfermería,
que serían los actuales diplomados universitarios en enfermería,
permitiendo asimismo que las personas que accedieran a la nueva
titulación pudieran a su vez tener garantizado un acceso directo a las
escuelas universitarias de enfermería en el caso de que así lo deseasen.
En el segundo punto, y en coherencia, se propone adoptar las medidas
necesarias para permitir a las actuales auxiliares de enfermería que
deseen acceder a la nueva titulación vías para hacerlo a través de
medidas que contemplen el reconocimiento de su experiencia profesional y,
en su caso, la formación de tipo académico complementario que se estimara
oportuna.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley ha sido presentada una
enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra
el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRIGUEZ RODRIGUEZ (don Antonio): Señor Presidente, antes de
entrar en la defensa de la enmienda, quisiera que se subsanara un error
de transcripción, una omisión al final del punto tercero. Hay que añadir
la expresión «y las organizaciones sindicales y profesionales».
Señor Presidente, para defender esta enmienda de sustitución del Grupo
Socialista quizá convenga recordar, aunque sea muy brevemente, que la
renovación de las enseñanzas de formación profesional que en cumplimiento
de la Logse está promoviendo el Gobierno, fundamentalmente a través del
Ministerio de Educación y Ciencia, tratan en términos generales de
conseguir el objetivo de que estas nuevas enseñanzas constituyan el
instrumento formativo adecuado para alcanzar las capacidades y
competencias profesionales asociadas a los perfiles profesionales de que
se trate, identificados y demandados en los respectivos sectores
productivos. Esto es lo que todo el mundo viene planteando cada vez que
se trata de la reforma, por otra parte necesaria, de la formación
profesional.
Pues bien, para llevar a cabo este objetivo en todos y cada uno de los
sectores productivos, el Ministerio de Educación y Ciencia ha aplicado o
está aplicando, como es el caso presente, una metodología consensuada con
el Consejo general de la formación profesional y con las comunidades
autónomas que tienen competencias plenas en materia de educación, según
la cual, y para cada sector productivo, a partir de la información
suministrada por el correspondiente estudio sectorial --la señora Maestro
lo llamaba «de campo», y creo que se llama así--, expertos tecnológicos
del sector identifican los perfiles, capacidades, habilidades,
responsabilidad y figuras profesionales que van a constituir el referente
de la formación profesional de grado medio o superior, según la demanda
en la actualidad de los diferentes sectores productivos. Posteriormente,
son expertos educativos los que definen los contenidos formativos que se
consideren necesarios para alcanzar la respectiva competencia
profesional. Por tanto, es ésta la que inspira los contenidos, el grado
medio superior de la correspondiente formación profesional. Este mismo
procedimiento se ha seguido para el sector sanitario. Los expertos
tecnológicos de este sector, así como los empleadores --en este caso es
fundamentalmente la Administración sanitaria porque es la empleadora
mayoritaria de este sector--, han
identificado una figura o perfil profesional que es afín o análogo al
actualmente desempeñado por los o las auxiliares de enfermería,
caracterizado por una especie de competencias profesionales cuya
obtención requiere de una formación profesional específica.
A nuestro grupo le parece que esta Comisión de Educación, más que entrar
a determinar los perfiles o figuras que se definen a través de una
competencia profesional que viene ilustrada por un conjunto de
capacidades, conocimientos de medios, instrumentos, contenidos, etcétera,
así como el nivel medio o superior, lo que debe es velar por que las
ofertas formativas de la nueva formación profesional se correspondan
realmente con las necesidades de cualificación de los correspondientes
sectores productivos, en este caso el sanitario. Por ello presentamos
esta enmienda de sustitución que tiene tres apartados. En el primero se
hace referencia a la necesidad de adecuar, normalizar y actualizar en
profundidad los contenidos formativos de los auxiliares de enfermería. El
segundo, en relación muy directa con la argumentación de la señora
Maestro, es asegurar una formación básica común que permita armonizar la
contribución de enfermeros, auxiliares y técnicos en el proceso
asistencial sanitario, a fin de dar respuesta a las demandas sanitarias
de la población de este momento. Y el último, el tercero, que las
capacidades, contenidos formativos y niveles de titulación respondan a
criterios tecnológicos y educativos y a las demandas del sector
representadas por los empleadores públicos y privados y las
organizaciones sindicales y profesionales.
Creemos que de alguna manera esto permite afrontar el tema de la
titulación futura de los empleados de enfermería. A nuestro grupo le
consta que los empleadores y expertos tecnológicos y educativos están
tratando esta cuestión, que no está finalizada. Nuestro grupo ha tenido
entrevistas y conversaciones con representantes del sector. Creemos,
además, que esta postura coincide con el planteamiento sindical que se ha
manifestado en un comunicado conjunto de Comisiones Obreras y UGT, que
han propuesto y solicitado que la decisión definitiva sea objeto de
debate y de un tratamiento mesurado y sosegado. Por eso creemos que esta
enmienda de sustitución es lo adecuado a tomar como decisión esta tarde
en esta Comisión. Por último, nuestro grupo entiende que sería deseable
que la concreción jurídica en titulación y funciones que se produzca se
haga con el mayor acuerdo o consenso posible entre todos los sectores o
partes implicadas en esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir para fijar su posición
en esta proposición no de ley? Por el Grupo Popular tiene la palabra la
señora Barrios.
La señor BARRIOS CURBELO: Señor Presidente, intervengo en nombre del
Grupo Popular para fijar la posición del mismo en relación a esta
proposición no de ley de Izquierda Unida, en la cual se insta al Gobierno
para que se reconozca a los estudios de auxiliar de enfermería el módulo
tres de formación profesional, y en su segundo apartado se proponen
fórmulas para integrar, teniendo en cuenta su experiencia profesional, a
quienes desarrollan la labor de auxiliar de enfermería pero que no tienen
la titulación correspondiente. Como digo, el Grupo Popular interviene
para fijar ya lo que sería su voto afirmativo a esta iniciativa en base a
lo siguiente.
En primer lugar, la profesión de auxiliar de enfermería ha demostrado su
necesidad de existencia, su valía y su capacidad para adquirir día a día
mayores tareas y actividades que sin embargo necesitan un doble
reconocimiento; un reconocimiento social y un reconocimiento académico y
formativo. El reconocimiento social ya se ha hecho no sólo por el propio
sistema sanitario, sino incluso por la población española en su conjunto.
El reconocimiento académico y formativo se le haría situando los estudios
de auxiliar de enfermería como de técnicos profesionales del módulo tres,
y así preparar a esta profesión para asumir los retos que cada día
imponen las nuevas tecnologías y avances técnico-científicos del sector,
ya que el nivel que propone en este momento el Ministerio de Educación y
Ciencia, que es el de técnico de grado medio, el nivel 2, en la
actualidad ya está desfasado, y el nivel formativo entre los diplomados
en enfermería y los auxiliares de enfermería quedaría muy distante. Dado
que ambos profesionales forman parte también, como ha dicho la
representante de Izquierda Unida, de un equipo de enfermería que presta
diferentes cuidados en cada momento, es por lo que es necesario que el
auxiliar de enfermería tenga una preparación académica superior. Pero no
sólo por esto sino también porque nos obliga la Organización
Internacional del Trabajo, que en la Recomendación 157 de la Conferencia
Internacional de Trabajo sobre empleo y condiciones de trabajo y de vida
del personal de enfermería, en el año 1979, así lo recogía; en segundo
lugar, el convenio que el mismo día se firmó y que ratifica dicha
Recomendación 157 y, en tercer lugar, la intervención del más cualificado
representante del Ministerio de Educación y Ciencia. El Ministro de
Educación y Ciencia compareció en el Senado ante una interpelación del
Grupo Popular que solicitaba unas explicaciones del Gobierno respecto al
mapa y al contenido de formación profesional. El Ministro de Educación y
Ciencia hace quince días, el 15 de noviembre --y leo textualmente-- a
esta interpelación del Grupo Popular decía lo siguiente: Que la formación
profesional ha de responder a las demandas de cualificación del propio
sistema productivo y de aumento de la capacidad productiva de la mano de
obra a través de una formación mejor y más polivalente. Posteriormente
también hablaba de la necesidad de renovación de los contenidos
formativos de la formación profesional superando un enfoque
tradicionalmente alejado de la realidad y que atienda las demandas de
cualificación de los diferentes sectores en el diseño de los nuevos
contenidos de la misma. Por último, señorías, escuchen lo que decía el
Ministro de Educación y Ciencia: Es preciso desarrollar en el sistema
académico el espacio profesional que existe entre las enseñanzas
secundarias, por un lado, y las enseñanzas universitarias, por otro,
mediante la puesta en práctica de la llamada formación profesional de
grado superior.
Por todo ello, y habiendo comunicado el Ministro, en la comparecencia que
antes mencioné en el Senado, que los
títulos de la familia profesional de sanidad ya habían recibido los
informes preceptivos, es necesario y urgente, y así nosotros lo
consideramos, el voto afirmativo a esta iniciativa que resulta de lo más
conveniente, ya que tenemos que abandonar antiguos criterios y que la
formación profesional sea una auténtica formación de calidad que nos va a
ayudar a ser más competitivos en nuestro entorno europeo, y no que por la
prisa se sacrifique la calidad de los estudios, máxime cuando el propio
colectivo ha presentado un proyecto técnico sobre desarrollo de la
profesión como técnico de grado superior, lo cual responde a las
necesidades actuales.
Pero una vez estando aquí, en la Comisión, al enterarnos de la enmienda
presentada por el Grupo Socialista y después de escuchar a su
representante, nos parece su defensa y su lectura de los más ambiguo,
pues no hay en este momento un compromiso serio del Grupo Socialista, que
sustenta al Gobierno, para obligarse a hacer una modificación respecto al
nivel que ya sabemos que tienen fijado, el nivel 2, a estos estudios de
auxiliar de enfermería. Por ello, si el Grupo de Izquierda Unida aceptara
la enmienda presentada por el Grupo Socialista, considerando el Grupo
Popular que no significa un compromiso para solucionar la problemática de
los auxiliares de enfermería en relación a obtener el nivel 3 de
formación profesional, nos vamos a abstener, porque votando, en su caso,
esta enmienda no sabemos verdaderamente qué comportamiento del Gobierno
vamos a apoyar, qué es lo que estamos apoyando, reservándonos, desde
luego, todo tipo de acciones para defender a este colectivo.
El señor PRESIDENTE: Gracias. A los efectos de señalar si se acepta o no
la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, señorías, tengo que decir que
comparto con el Grupo Popular la valoración acerca de la ambigüedad
calculada de la enmienda socialista. Sin embargo, también quiero señalar
que me veo obligada a aceptarla, dada la situación que hay en este
momento. Parecería inminente la voluntad del Ministerio de Educación de
regular este perfil profesional de manera inmediata. Existe un nivel de
combatividad y de crispación importante en el sector, que ha llevado esta
misma mañana a una manifestación de ámbito estatal numeroso, convocada
entre otros por Comisiones Obreras, UGT, CGT, el Sindicato de Auxiliares
de Enfermería, en defensa de contenidos semejantes a los de la
proposición no de ley.
Acepto la enmienda del Grupo Socialista, sobre todo en lo que me parece
más importante, el punto 2, en el que se habla de la necesidad de
contemplar un tronco común de profesión, de formación académica, que no
podría ser otro que el bachillerato de ciencias de la salud. Sobre todo,
recogiendo el espíritu de la enmienda, que a mí me anima, que no se dé en
ningún momento por cerrado el proceso de negociaciones, que el Ministerio
de Educación continúe dialogando con los colectivos interesados, que
finalmente una propuesta de carácter estratégico, como es un perfil
académico y unos contenidos de formación profesional, no cierren las
expectativas de este colectivo y que, al final, la regulación propuesta
satisfaga sus intereses. Como una llamada al consenso, al diálogo y a no
dar por cerrado el mismo, es como acepto la enmienda del Grupo
Socialista.
--RELATIVA A LA GRATUIDAD DE LOS LIBROS DE TEXTO Y A SU CONSIDERACION
COMO BIENES BASICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000307.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la tercera proposición no de
ley. Para su defensa, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Miremos a Europa, señorías, porque
normalmente cuando se nos propone, como la exposición de motivos de la
proposición no de ley, que queremos hacer frente a incrementos de
determinadas tarifas, nos dicen que hay que aproximarse a la realidad
europea. Pues bien, cuando se proponen determinados bienes para los
ciudadanos, acerquémonos a la realidad europea también. Y me voy a
permitir relatar a SS. SS. cómo está la situación de los libros de texto
en algunos países de Europa cercanos a nosotros. En el Reino Unido son
gratuitos hasta los 16 años, incluyendo los materiales escolares. En
Suecia son gratuitos, incluidos cuadernos y demás material escolar, hasta
los 16 años. En Francia, en el nivel equivalente a la EGB española, los
libros y el material son subvencionados hasta el cien por cien. Es verdad
que colabora el municipio, pero existe una ayuda del Estado, de unas
35.000 pesetas aproximadamente, para las familias de renta baja. Y en la
práctica, también existen cuatro o cinco editoriales, especializadas cada
una en un área, por lo que en los centros se reparten las asignaturas. En
Italia son gratuitos hasta los 14 años, y existen también ayudas, bonos
de libros, para familias en función del número de hijos y renta
disponible, a partir de los 14 años. En Alemania son subvencionados y los
libros de texto, además, tienen desgravación fiscal.
Esta es la situación que hay sobre el tema en los países europeos. Por
eso, cuando alguna de SS. SS. me comentaban en privado que qué locura que
los libros de texto fueran gratuitos en España, no es tanta locura. Y sí
que es un problema --como venimos a decir, que se produce en las familias
cada año--, no sólo por la cuantía a la que deben afrontar, sino también
porque cada año no les sirven los libros del anterior, no sabemos por qué
razones. Porque de verdad, si existen editoriales que tengan registradas
y aprobadas por el Ministerio de Educación y Ciencia todos los requisitos
necesarios para que los libros valgan yo no entiendo por qué cada año las
familias españolas se ven obligadas a comprar los libros necesariamente
porque cada año cambian. Yo no les quiero cansar, porque creo que todos
ustedes me han entendido. Seguramente SS. SS. sufrirán este problema a
comienzo de cada curso, porque lógicamente
es un importante esfuerzo económico el de los libros de texto, y porque
además tienen el ejemplo que se ha realizado en otros países similares al
nuestro.
¿Qué es lo que venimos a decir? Simplemente, instamos al Gobierno a que
adopte las medidas oportunas que empiecen a garantizar la gratuidad de
los libros de texto a partir del próximo curso escolar 95-96. ¿Cómo lo
podía hacer el Ministerio, solicitando la colaboración de otras
instituciones? Como sea, pero que adopte las medidas oportunas.
Promover la consideración de los libros de texto como bienes básicos. Si
un libro de texto no es un bien básico, venga usted a contarme qué otra
cosa es un bien básico. Y desde luego, procurar y desarrollar los
criterios necesarios que eviten la continua renovación anual de libros de
texto que hace inservible los textos de un curso a otro.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González. A esta proposición no de
ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Popular. Para su defensa,
tiene la palabra la señora Cremades.
La señora CREMADES GRIÑAN: Al Grupo Parlamentario Popular le preocupa
profundamente este problema, porque la redacción de los gastos en libros
de texto, de material escolar, en el ámbito de la enseñanza obligatoria,
constituye una de las medidas de carácter compensatorio y solidario de la
política a desarrollar en materia educativa. Dicha reducción ha de tener
relación directa con las condiciones socioeconómicas y con los niveles de
renta de los posibles beneficiarios de la medida.
Es verdad que, según ha comentado el compañero de Izquierda Unida,
existen países de la Unión Europea en que los libros son gratuitos o
subvencionados hasta los 16 años. Sin embargo, el coste de esta medida
--reservada solamente para los alumnos de la enseñanza obligatoria, de 6
a 16 años-- supone un coste aproximado de 40.000 millones de pesetas,
según los datos que nos han proporcionado las editoriales del sector. A
pesar de estas consideraciones, el coste de esta medida es muy elevado,
ya que si se propone solamente para la enseñanza primaria, con un total
de 4.075.043 alumnos, a quince mil pesetas de media, supondría un total
de 61.125.645, cantidad que resulta excesiva para poder absorberla en un
solo ejercicio, tal como están las cuentas. Esta experiencia fue llevada
a cabo también durante el curso 1990-91 en la Comunidad andaluza,
suponiendo un coste de 550 millones para un total de cien mil alumnos.
Dada la importancia del tema y para encontrar una solución que permita
que dichas ayudas lleguen directamente a la familia, es por lo que
nuestro Grupo solicita que sea remitido un informe por parte del
Ministerio a la ponencia sobre la familia, para que dentro del conjunto
de las ayudas que se contemplan para la familia se incluyan las
destinadas a la reducción de los gastos destinados a los libros de texto
y al material escolar.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar su posición en esta
proposición no de ley? Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor
Martínez Laseca.
El señor MARTINEZ LASECA: Señorías, intervengo en nombre de mi Grupo, el
Grupo Parlamentario Socialista, para hacer uso de un turno en contra de
esta proposición no de ley que se presenta ante esta Comisión de
Educación y Cultura por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya. Mediante la presente proposición no de ley se solicita del
Gobierno la adopción de las medidas oportunas para alcanzar la gratuidad
de los libros de texto a partir del curso 1995-96. Se pretende igualmente
la consideración de los libros de texto como bienes básicos, así como el
que se establezcan criterios que eviten la renovación excesiva de dichos
libros, de tal forma, viene a decirse, que no resulten inservibles de un
curso para los sucesivos.
Es indiscutible que el contenido de esta proposición no de ley que
estamos debatiendo ofrece en principio un estimable atractivo, y que
naturalmente nadie puede, también en principio, estar en contra de que
los libros de texto utilizados en los niveles de enseñanza obligatoria
sean gratuitos. Nadie podría tampoco defender una continua renovación de
dichos libros de texto, de tal forma que resultara inservibles de un
curso escolar para otro, impidiéndose así, por ejemplo, su utilización
por un hermano menor del escolar.
Pero fácilmente se comprenderá también que las cosas no son tan simples
como se plantean en esta iniciativa. A este respecto, resultan
ilustrativos algunos antecedentes parlamentarios de los que conviene
hacer recordatorio. Así, ya durante la pasada legislatura se registraron
algunas iniciativas que incidían directa o indirectamente en el tema
objeto de esta proposición no de ley. Como ejemplos, el 10 de enero de
1991 el señor Ruiz Povedano preguntaba en el Congreso acerca de la
gratuidad de libros y material escolar. A lo que contestaba el Ministro
aludiendo al programa que se creó con el fin de profundizar y consolidar
la acción compensatoria a realizar desde los centros públicos
dependientes del Ministerio de Educación y Ciencia, especialmente en las
escuelas rurales, en el sentido de procurar las condiciones que hagan
efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades educativas.
Desde otra óptica, sobre la posibilidad de supresión del IVA en el precio
de los libros de texto, el señor Ministro respondía, el 12 de noviembre
de 1991, a la pregunta del señor Galilea, diciendo que, en relación con
la tributación por IVA en los libros, las entregas e importaciones no
están comprendidas entre las exenciones autorizadas por la legislación
comunitaria, debiendo quedar sujetas a los tipos impositivos vigentes.
Conviene también en este aspecto recordar que el anterior Ministro de
Cultura, don Jordi Solé Tura, solicitó ante la Unión Europea el coste
cero en IVA para todo tipo de libros, petición ésta que no fue aprobada.
Ya en la actual legislatura, el Grupo Popular vuelve a interesarse por el
asunto, formulando el señor Ollero una pregunta oral en el Pleno del
Congreso del 27 de septiembre de este año, a la que contestó el Ministro
de Educación afirmando: Son 700.000 los estudiantes que actualmente se
benefician de las ayudas establecidas para la adquisición de libros de
texto y material didáctico. Se destinaron
a dicha finalidad 11.000 millones de pesetas en el último curso escolar.
El importe de las ayudas por estudiante es de 15.000 pesetas en la
enseñanza primaria y de 25.000 en el ámbito de la enseñanza superior. Los
créditos presupuestarios para la indicada finalidad han experimentado en
los dos últimos ejercicios unos incrementos del 12 y el 17 por ciento
respectivamente. Con carácter general, la permanencia de un libro de
texto es de cuatro años, salvo petición del Consejo Escolar, que es
analizada individualmente. Parece, pues, claro, que la iniciativa que
ahora se examina no ha tenido debidamente en cuenta los datos expresados
en aquellos momentos y, sobre todo, los más recientes.
Por consiguiente, el que no consideremos adecuadas las propuestas que se
formulan en la proposición no de ley respondería a que, en unos casos, ya
se vienen acometiendo desde hace tiempo por parte del Ministerio de
Educación y Ciencia, y en otros, porque se entienden como incorrectas o
bien difíciles de poner en práctica. De este modo, en lo referente a la
gratuidad de los libros de texto a que se refiere el punto 1 de la
iniciativa, la política del Ministerio de Educación aborda la
problemática actualmente desde una doble vía: a través de las becas de
material didáctico y mediante las transferencias a los centros docentes
para gastos de funcionamiento, apostando por la libertad del proyecto
pedagógico y permitiendo la potenciación de las bibliotecas de aula, de
forma que en cada una de ellas, desde infantil hasta bachillerato, exista
una diversificación de materiales curriculares a emplear en el trabajo
cotidiano. Estas bibliotecas de aula, complementadas con la biblioteca de
centros y otras del exterior, deben ser la base documental e informativa
imprescindible y necesaria para una educación de calidad.
Respecto al punto segundo de la proposición, nuestro Grupo no considera
adecuado entrar en una regulación del precio de los libros de texto en un
marco de economía de libre mercado como en el que nos encontramos.
Por último, en lo tocante a la renovación anual de los manuales en que se
centra el tercer punto, el artículo 6.º del Decreto 2.531/1974, de 20 de
julio, sobre autorizaciones de libro de texto y material didáctico que,
con las variaciones exigidas por el ordenamiento constitucional de 1978,
se ha aplicado hasta la actualidad, ya incluye la regulación sobre el
tiempo que debe estar vigente un libro de texto: un período mínimo de
cuatro años, para evitar precisamente, tal y como se indica en la
proposición no de ley, que puedan modificarse los libros de texto por
razones no pedagógicas. Cabría aún anotar cómo el Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya presentó a los presupuestos para 1995 una
enmienda, la número 601, de adición a las disposiciones adicionales,
encaminada a este objeto de hacer efectiva la gratuidad de los libros de
texto en la enseñanza obligatoria, y que se vio desestimada al suponer la
misma un incremento del gasto cuyo importe no se cuantificaba y sin una
propuesta de financiación alternativa.
Termino ya advirtiendo que, sin duda alguna, la total gratuidad de los
libros de texto, que constituye el núcleo esencial de la presente
proposición no de ley, es un «desideratum» que bien podría constituir un
objetivo de futuro. Sin embargo, la extensión de la educación obligatoria
hasta los 16 años, la reforma de la Formación Profesional y la ampliación
de la oferta de educación infantil comportan importantes inversiones que
no permiten acometer al mismo tiempo la gratuidad con carácter general de
los libros de texto.
Es indiscutible el esfuerzo que viene realizando el Gobierno socialista
en pro de la atención a las familias realmente necesitadas, que se palia
con el sistema de becas y ayudas, que para el año que viene tiene un
aumento global del 4,23 por ciento, con un importe total de 78.869
millones de pesetas, es decir, 3.200 millones más que en 1994. Las becas
y ayudas de carácter especial, es decir, educación infantil, educación
especial, etcétera, tienen un incremento del 8,9 por ciento y un volumen
total de 3.900 millones de pesetas. Ambos indicadores ofrecen un panorama
que muestra la progresividad en la gratuidad de los libros de texto y
que, en cualquier caso, suponen la adopción de medidas decisivas para que
ningún estudiante de nuestro país tenga que dejar de estudiar por motivos
estrictamente económicos.
Por todas las razones expuestas, entiende el Grupo Parlamentario
Socialista que esta proposición no de ley no debería merecer la
aprobación por parte de esta Comisión de Educación y Cultura. Y de ahí
nuestro voto en contra.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de señalar si se acepta la enmienda
del Grupo Popular, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: No puedo aceptar la enmienda del Grupo
Popular, porque significa dilatar «ad kalendas graecas» la solución del
problema. Si me hubieran ofrecido algún tipo de enmienda relativa a que
hubiera una ayuda del Estado para familias de renta baja; si existieran
bonos especiales dependiendo del número de hijos, lo podría haber
estudiado. Pero remitir simplemente el texto de mi proposición no de ley
a la ponencia de la familia, me parece que no es lo más adecuado.
Decía la señora Cremades que habían hecho un estudio en las editoriales y
que el estudio referido significaba en torno a 40.000 millones de
pesetas. 120.000 millones de pesetas han aprobado estos señores,
juntamente con otros que no están aquí, para una actuación en Lérida hace
poco tiempo. Es la tercera parte. Es decir, que ésa tampoco es una
justificación. Debería haberse buscado usted otra. ¡Ciento veinte mil
millones!, la tercera parte, para satisfacer unas determinadas demandas
que no son tan prioritarias como los libros de texto.
Repito que no puedo aceptar la enmienda y que hubiera deseado que se
hubiera presentado alguna otra en función de subvencionar en alguna
medida por el número de hijos, por renta, etcétera. Pero en los términos
que se me ha propuesto, no puedo aceptarla.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de poder cumplir el horario previsto,
de que las votaciones sean a las cinco y media y de que, además, los
servicios técnicos de la Cámara puedan también hacer un pequeño descanso,
suspendemos la sesión durante cinco minutos.
Ruego a los diferentes grupos que, si no lo han hecho hasta el momento,
hagan llegar hasta esta Mesa las sustituciones en la votación. (Pausa.)
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la primera
proposición no de ley, relativa a las soluciones que atenúen el fracaso
escolar en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria. Se
somete a votación la propuesta del Grupo Federal de Izquierda Unida,
salvo los párrafos primero y último, que se hacen en los términos de la
redacción propuesta por el Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se somete a votación la proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas para resolver la situación
actual de los estudiantes de auxiliar de enfermería, en los términos
resultantes de la sustitución por el texto de la enmienda propuesta por
el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se somete a votación la proposición no de ley relativa a la gratuidad de
los libros de texto y a su consideración como bienes básicos, en sus
propios términos al no ser aceptada la enmienda del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 17; abstenciones, 10.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
COMPARECENCIAS:
--DE DON VICENTE MOYA PUEYO, DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE Y PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
CATEDRATICOS DE UNIVERSIDAD, PARA QUE INFORME CON RELACION AL PROYECTO DE
LEY DE ACTUALIZACION DE LA LEY ORGANICA 11/1983, DE 25 DE AGOSTO, DE
REFORMA UNIVERSITARIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR.
(Número de expediente 212/000928.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos ahora a las comparecencias. En primer lugar,
tenemos la comparecencia de don Vicente Moya Pueyo, Decano de la Facultad
de Medicina en la Universidad Complutense y Presidente de la Federación
de Asociaciones de Catedráticos de Universidad.
La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Popular para que informe
con relación al proyecto de ley de Actualización de la Ley Orgánica
11/1983 de Reforma Universitaria.
De acuerdo con el Reglamento, en primer lugar intervendrá el señor Moya
y, a continuación, se abrirá el turno de los diferentes grupos.
Agradecemos encarecidamente al señor Moya de antemano su presencia en
esta Comisión para tratar de este tema que, como él sabe, tiene
encomendada el debate y la aprobación esta propia Comisión. Estamos en
estos momentos en discusión del proyecto de ley, y ésa es la razón por la
que se producen una serie de comparecencias, para que los diferentes
grupos tengan oportunidad de debatir y de conocer la opinión de los
sectores afectados.
Le ruego al señor Moya que, por lo menos en su primera intervención, no
se alargue más allá de diez a doce minutos, para que pueda dar lugar con
posterioridad a las preguntas o al debate con los diferentes grupos.
Tiene la palabra el señor Moya.
El señor MOYA PUEYO: Gracias, señor Presidente. En primer lugar yo quiero
agradecer la oportunidad de exponer aquí las ideas de un grupo importante
por lo numérico de profesores de la universidad, en tanto que yo
represento a 1.600 catedráticos que están adheridos o inscritos en la
Federación de Asociaciones de Catedráticos de Universidad. Es, por tanto,
para mí una oportunidad y una verdadera satisfacción el poder exponer
aquí una serie de ideas en relación con el proyecto del que habla el
señor Presidente.
El proyecto de ley de actualización, como todos conocen, llega once años
después de haberse aprobado la LRU, tiempo suficiente para extraer
experiencias, conocer los aciertos y las dificultades. Consideramos que
estamos ante una verdadera situación de oportunidad, porque vivimos una
época en cierta medida de calma universitaria, y pensamos que es
conveniente proceder a una actualización de la LRU.
Quiero señalar que la LRU ha cubierto una etapa en la vida universitaria
que ha tenido sus aciertos y algunos aspectos no tan acertados. Vamos a
ocuparnos de unos y de otros, fundamentalmente de aquellos que nosotros
pensamos que deben ser sometidos a una revisión.
En primer término, yo quiero señalar que el proyecto de ley, a nuestro
entender, es un proyecto fragmentario, parcial y que no aborda los
distintos aspectos que debía de comprender, puesto que ya, con once años
de experiencia, se sabe cuáles son los principales defectos en el
quehacer diario de la universidad, provenientes del punto de vista
normativo. Posiblemente debiera darse la oportunidad de reformar todo
eso. Por otra parte, además de estos asuntos no incluidos, hay otros
dentro de los que contempla el propio proyecto de ley, casi reducido al
profesorado, sobre los que quiero hacer una serie de observaciones.
Quiero señalar que este proyecto de ley, al igual que todos los que ha
habido en este país en materia de universidades, tiene, a mi entender, un
problema de entrada; se trata de un proyecto de ley que intenta ordenar
la universidad
de una manera común, un tanto unificada, sin contemplar la diversidad del
mundo universitario. Sería oportuno en la época en que nos encontramos ir
a un proyecto de ley que tuviera una parte común o una parte general y
luego contemplase, de una manera más detallada, los distintos aspectos
del quehacer universitario. Porque nos encontramos ante la situación real
de que lo que se legisla, a lo mejor, en el campo del sector de las
ciencias, no es bueno en la universidad en el campo de las letras, y
viceversa. Estas singularidades deben, a mi entender, recogerse. Es
cierto que el proyecto de ley contempla algunas cuestiones de enseñanza
de las ciencias de la salud, pero en mi opinión, deberían recogerse con
más énfasis.
Sirva de ejemplo el hecho de que cuando se decreta en las universidades
la libertad de matriculación de los estudiantes, puede ser útil en las
facultades de letras, donde los alumnos ocupan los últimos puestos o las
últimas filas y no generan problemas. Pero esto, aplicado al campo de la
medicina o de las ciencias experimentales, es inviable, puesto que hay
que preparar además sitio y horario para el puesto del laboratorio, y ya
no cabe trabajar con esa imprevisión. Lo mismo sucede en el terreno de
las instalaciones y la utilización de medios caros, la utilización de
equipos, la actuación obligada de profesores en equipos, puesto que la
enseñanza es profundamente distinta de unas facultades a otras. Hay
facultades donde la enseñanza es meramente teórica, y el profesor hace
todo, mientras que en el caso de las experimentales o de las ciencias de
la salud, la parte teórica es, a lo mejor, la vigésima parte del conjunto
de la enseñanza: por cada clase teórica hay que dar veinte de enseñanzas
prácticas que hay que compartir entre varios. Sería conveniente que este
trabajo en equipo, forzoso en la universidad, se contemplase de alguna
manera.
Señalados estos aspectos generales, voy a tratar de ir por grandes temas
de los aspectos que no contempla o se separan de la idea que nosotros
tenemos. En primer lugar, refiriéndome al capítulo de los profesores, hay
que reconocer el gran esfuerzo que ha hecho la Administración en los
últimos años en materia de profesorado universitario, puesto que se ha
pasado de 1.000 catedráticos a 6.000, y en una proporción análoga en las
restantes escalas o grupos de profesores. Esto es una realidad, en cierta
medida se ha adaptado el número de profesores al crecimiento numérico de
los alumnos. Esto es un esfuerzo que se ha hecho aproximadamente en diez
o doce años, y es una realidad que ha podido permitir a las universidades
seguir funcionando. Ahora bien, esto, a mi entender, no es suficiente,
puesto que no los profesores en sí, sino el procedimiento, ha sido
sometido a una severa crítica como consecuencia de los defectos, que
quizá los legisladores del año 1982 con buena voluntad no previeron, pero
ahora sí que ya tenemos experiencia y hay algunos defectos que convendría
subsanar.
El primero de ellos, el capital, es el de la endogamia en materia de
selección de profesores. Yo les podría poner ejemplos y datos numéricos,
pero, por no abrumarles con ellos, sólo les diré que hoy es muy difícil
que un profesor pase de una universidad a otra, cuando eso enriquecería
la universidad. Esto genera verdaderos problemas en algunas
universidades, sobre todo en las universidades grandes, que además de
enseñar a los alumnos formaban a muchos profesores e iban a otras, eso
prácticamente ha sido limitado o ha desaparecido, lo que genera una serie
de problemas sin número, y además empobrece a otras universidades.
Parece conveniente, por tanto, poner remedio a la endogamia. Este tema
quizá haya que abordarlo de una manera múltiple. No hay un dato o aspecto
que nosotros reformemos, y ya se ha resuelto el problema. A mi entender,
habría, en primer lugar, que abordar el tema de los requisitos para
acceder, de forma que los requisitos para acceder a las distintas plazas
de profesores deberían limitarse a la exigencia del título
correspondiente, la titulación de doctor o algún año de experiencia; pero
no incluir muchos más requisitos, puesto que entonces probablemente se
produce el efecto negativo del que se busca.
Por otra parte, a la universidad --y es justo-- pueden acudir al
profesorado de la universidad profesionales, profesionales de élite de
distintos grupos; y si se empiezan a poner requisitos adicionales,
entonces estamos haciendo un fenómeno de pantalla y estos profesores no
pueden acudir a la universidad. No pueden acudir los grandes
profesionales porque tienen unos requisitos que son, vistos desde un
punto de vista académico, imprescindibles, pero vistos desde el amplio
punto de mira de la sociedad que quiere los mejores profesionales y los
mejores profesores, los más capacitados para ocupar los puestos de la
universidad, no tienen tanta relevancia, ni mucho menos.
En consecuencia, habría que revisar esta cuestión de los requisitos para
no incluir más de los que existen actualmente, porque ya hemos visto que
cuando se ha incluido algún otro, como era el relativo a los ayudantes,
hubo que modificarlo por vía reglamentaria, en una palabra. Había que
modificar, a mi entender, el tema de las comisiones. Como es bien
conocido, estas Cortes tenían aprobado un proyecto de ley antes de la
disolución del 13 de abril de 1993, y este asunto se solucionaba
acertadamente, porque iban a ser cuatro miembros por sorteo, lo cual iba
a fomentar, por supuesto, la movilidad geográfica de los profesores.
Dejando aparte lo relativo a las comisiones --muy importante, por
supuesto--, habría que tener en cuenta el tema de las pruebas. Yo creo
que las pruebas que hoy existen para acceso al profesorado son
verdaderamente insuficientes. Se mide, en cierta manera, el nivel como
tal investigador, pero no el nivel como docente. Se puede, en algunos
casos, ser profesor de una asignatura sin sabérsela. Esto son realidades
y se podrían poner ejemplos abrumadores y situaciones que se plantean de
hecho día a día en la propia universidad como consecuencia de esta
realidad. Habría que ir a poner pruebas, con independencia de que siga
valorándose, y muy fundamentalmente, la investigación. Pero habría que
poner pruebas de que el propio candidato conoce teórica y prácticamente
la materia que va a impartir. Conocer los grandes problemas, su análisis,
los antecedentes, el estudio crítico de los distintos temas, a mí me
parece que eso es elemental. Y en algunos campos, como es en el campo de
las ciencias de la salud y de las
ciencias experimentales, el no llevar a cabo simultáneamente una prueba
práctica da pie a que puedan acceder personas sin experiencia. Esto
supone en algunos casos que accedan a la universidad, incluso algunos no
acceden, pero pretenden reiteradamente acceder a los puestos de
profesorado cuando no han podido ingresar en otros campos de la
Administración. De tal manera que quizás en otros momentos históricos el
ser profesor de universidad o el ser catedrático era la culminación de
una vida profesional a la que se llegaba por diversos caminos y hoy en
día esto no es así, puesto que algunos que no han podido entrar en
situaciones o en puestos de escasa relevancia, pueden luego acceder a la
universidad. En mi opinión, habría que modificar esto, lo que
contribuiría bastante a resolver la endogamia.
Quiero señalar, en el campo del profesorado (quizá sea la única petición
que yo haga de carácter gremial, a fin de cuentas yo soy representante de
los catedráticos de la universidad), que la situación administrativa del
profesorado es desigual, puesto que si son funcionarios debían de tener
una situación análoga al resto de los funcionarios. Los profesores de
universidad, de hecho, no tenemos la situación administrativa de
excedencia, puesto que aunque existe nominalmente, cuando se quiere
reingresar hay que hacer una nueva oposición. Ni existe de hecho tampoco
el concurso de traslado, lo cual ha contribuido también a fomentar la
endogamia. Es evidente que estos derechos están en contraposición con la
autonomía universitaria. Pero por lo menos no erosionar la autonomía
universitaria y, por ejemplo, exigir a una universidad que si uno ha
quedado excedente en ella poder reingresar con ocasión de vacante, o el
intercambio de unas universidades a otras sin tener que volver a
examinarse y hacer ejercicios, parece que debería de recogerse de alguna
manera.
Otra cuestión que se plantea en lo relativo a los profesores --y esto hoy
en día tiene ya cierto interés-- es la especial preocupación del
profesorado en los momentos actuales por la investigación. Como todos
saben, hace unos años se instauró un nuevo sistema de retribuciones del
profesorado universitario en donde se prima la buena docencia y la buena
investigación, lo cual parece lógico, cuestión ésta que debemos todos
apoyar; es un estímulo y un incentivo, por supuesto. El tema de la
docencia se concedió de una manera generalizada, no, por el contrario, el
de la investigación. Esto conduce al fenómeno de que hay grupos de
profesores que lo que quieren es ir al laboratorio tal o al puesto tal a
hacer investigación y más investigación, y las actividades docentes
pueden en algunas ocasiones quedar en muy segundo término. Esto habría
que contemplarlo a través de la ley o dar directrices para que se recoja
luego por vía reglamentaria.
En cuanto a los alumnos, si me permite el señor presidente, yo quería
también señalar algunas cuestiones. En primer lugar, tenemos los alumnos
que llegan a la universidad por vía de la selectividad, selectividad que
ya lleva aproximadamente unos dieciséis años de vigencia y que no es
fácil, precisamente por el número de años que lleva, de modificar por
otro sistema mejor. En realidad, las pruebas de selectividad lo único que
hacen es clasificar a los alumnos antes, cuando se hacía la valoración
por décimas de los alumnos, en cincuenta grupos: los que tenían 10, los
que tenían 9,9, y así sucesivamente. Y le servía a los alumnos para
elegir --por así decir-- la carrera y el centro en donde pretendían
llevar a cabo sus estudios. Con otra finalidad, no tiene vigencia la
selectividad por el elevado número que aprueban, que supera el 90 por
ciento. Pero luego viene la segunda parte, y es que, como consecuencia de
que aprueban tantos la selectividad y el número de plazas que se ofertan
a los alumnos no son suficientes, en particular en algunos campos, no
todos van a estudiar lo que quieren. Y resulta que los profesores tenemos
que hacer que elijan entre varias opciones, alguno llega a la tercera o a
la cuarta opción, y un señor que pretende ser médico acaba siendo abogado
o economista. Esto son realidades que se dan en los momentos presentes.
Posiblemente, este tema podría, si no solucionarse de plano, puesto que
la cuestión es bastante difícil --y eso hay que reconocerlo--, se podría
paliar por el procedimiento que se ha instaurado del distrito único, pero
no el distrito único del 5 por ciento, sino muy incrementado, por
supuesto; e incluso facilitando que los centros examinasen y un
porcentaje de las plazas accedieran a centros determinados previo un
examen, por supuesto objetivo, público, etcétera, en donde no hubiera
reclamaciones y todos comprendieran que allí se había seleccionado a los
más capacitados para la facultad de que se tratase. Por otra parte, esto
daría pie a que desaparecieran estas situaciones de tercera y cuarta
opción. Por lo menos aquellos alumnos que tienen un adecuado nivel,
tendrían otras vías. Hoy en día, el que no aprueba la selectividad con
suficiente nota, no tiene más alternativa que volverse a presentar al año
siguiente. Parece mucho más lógico darle una opción para que hiciera un
examen específico en aquel campo en donde él pretende llevar a cabo su
carrera, no repetir otra vez todas las pruebas conjuntas de la
selectividad.
Otro problema que tampoco contempla el proyecto de ley es el relativo a
las ayudas de los estudiantes. De una manera reglada, pienso que debía
existir un capítulo claro en donde se definieran las ayudas, las becas,
etcétera. Posiblemente la universidad española es de las pocas, dentro de
los países desarrollados, en donde no existe un sistema de ayudas a los
alumnos por vía de devolución. Cuando el alumno ya lleva un año o dos en
la propia universidad, se ve que tiene un rendimiento adecuado, que va a
acabar la carrera, se le puede dar una ayuda. Incluso las entidades
bancarias podrían colaborar, con la particularidad de que tendría que
devolverlo en lo sucesivo. Esto remediaría no pocas situaciones, sobre
todo de los alumnos valiosos que llegan a la universidad y que se ven en
graves dificultades por cuestiones económicas.
En cuanto a los alumnos tenemos como tema capital el de la permanencia en
la universidad. Existe un decreto ley de la época de la transición, en
materia de permanencia en la universidad, que luego se interpreta
generosamente y da pie a que --quizá no tanto como en otras épocas
históricas-- todavía existan alumnos que llevan más de catorce años en
las universidades. En un centro que dirijo, al examinar las peticiones de
los alumnos que quieren acceder a
él de provincias, hemos visto que había alguno hasta con dieciocho años.
No acaece aquello de la casa de la Troya, o por lo menos en esas
proporciones, pero todavía se da el fenómeno. Alguna limitación tendría
que establecerse. Está claro que esa limitación existe, pero quizás el
proyecto de ley debía detallar y precisar más en este terreno, puesto que
a fin de cuentas están quitando puestos de estudio que los dota el Estado
español y los podrían utilizar otros alumnos más diligentes, más
voluntariosos y más preparados.
Para agotar este asunto, me voy a referir a la representatividad de los
alumnos. Es un logro que las universidades tengan dentro de sus órganos
de gobierno, a todos los niveles, alumnos que representen, que lleven
allí las ideas y las aspiraciones de los alumnos. Ahora bien, hay un
problema que se está dando en las universidades, y es que hay un
verdadero pasotismo en esta cuestión, y no hay alumnos que quieran ser
representantes. Los que hay de representantes son unos, digamos,
representantes institucionalizados o profesionalizados que van un año y
otro. Yo no sé de qué modo se podría reglamentar esto o incluso dar
directrices a través de la ley, limitando el que los alumnos puedan ser
representantes años y años. Hay profesionales verdaderos de la
representación.
En otro orden de cosas, y entrando en las instituciones, yo quisiera
señalar que la introducción de los departamentos, que fue un logro
importante dentro de las universidades españolas y ha contribuido
claramente a su modernización, tienen un problema capital, y es el de la
delimitación de cada uno de los departamentos.
Si el departamento está formado por profesores de la misma área, esto no
es siempre sí: existen los departamentos mixtos, cuando hay pocos
profesores, que les obligan a agruparse. En numerosas universidades se ha
establecido un número mínimo para componer o formar un departamento, lo
que da pie a que en un departamento haya psiquiatras, ginecólogos y
oftalmólogos, o profesores de Derecho administrativo, de Derecho
comercial y de Historia, pongo por caso, lo cual conduce a que estos
departamentos no funcionan, no pueden realizar actos comunes, puesto que
persiguen objetivos singularmente distintos. Y quizá fuera conveniente
que además del departamento hubiera otras unidades. Cuando el
departamento no puede alcanzar, por el tamaño de la universidad, un
número suficiente, quizá fuera pertinente que hubiera otras unidades que
asumieran esta función del departamento, sobre la base de que fueran
todos los profesores de la misma área, puesto que si no el problema que
yo señalo es verdaderamente importante.
Otra figura u institución que existe en las universidades, y que ya venía
desde tiempos históricos pero que ahora se ha intentando darle más
énfasis, es lo relativo a los institutos. Los institutos tienen un
problema capital y es que no tienen profesorado propio, los profesores
son todos profesores del departamento A, B o C, y pertenecen, si es que
pertenecen, además a un instituto. En el departamento tienen que llevar a
cabo sus obligaciones docentes e investigadoras, y además asumen lo del
instituto. Esto ha generado el que no haya prácticamente institutos que
funcionen correctamente. Es claro que el llevar profesores a los
institutos ofrece no pocas dificultades. Habría gran parte de los
profesores que querrían ir a un instituto, donde tendrían sólo alumnos
del tercer ciclo, se dedicarían preferente o casi exclusivamente a la
investigación. Pero si queremos tener institutos, alguna medida habrá que
tomar al respecto. Si el profesor además de pertenecer a un instituto
tiene que desempeñar sus funciones en el departamento, a mí me da la
impresión de que los institutos van a continuar en la misma situación. En
una gran universidad de Madrid, por ejemplo, existen tres institutos,
funciona sólo uno a base de los recursos que recaba por vía de los
trabajos científicos y técnicos, pero es extraordinariamente difícil por
la limitación señalada.
Otra cuestión que se plantea es la relativa a los centros.
Tradicionalmente, en la universidad española había un centro para cada
carrera. Yo recuerdo, cuando estudiaba, que había ocho carreras y ocho
facultades. Hoy día esto ya no puede darse puesto que, como saben
ustedes, puede que existan más de doscientas titulaciones; debemos rondar
las 180, aproximadamente. Está claro que no puede haber tantas facultades
y tantas escuelas universitarias. Tenemos que ir --como pasa por ejemplo
en Francia-- a facultades de medicina y farmacia, facultades que agrupan
tres o cuatro carreras o varias enseñanzas, agrupándolas forzosamente
alrededor de aquellas tradicionales que ya existían, por así decir.
Por otra parte, yo quisiera hablar (voy a tomarme unos minutos más, señor
Presidente, muy pocos, le prometo ajustarme al tiempo que me ha dado) de
los problemas en relación con las actividades de la universidad, pues ya
hemos hablado algo de las instituciones y de los profesores y alumnos.
Quizá uno de los aciertos más singulares que tuvo la Ley de 1983 fue la
nueva ordenación del doctorado, que de un doctorado múltiple, donde se
hacían materias de la más variopinta naturaleza, pasó a ser un doctorado
por especialización, y ha dado pie a un incremento del número de doctores
que son especialistas en tal o cual materia. Este ha sido un paso
importante. Otra cuestión en la que se ha prosperado notoriamente es en
los títulos propios. Las universidades, además de sus títulos oficiales,
tienen hoy un amplísimo repertorio de títulos propios sobre los que ya se
tiene experiencia. Yo pienso que quizá se podía avanzar en el campo de la
ley, por ejemplo, creando un catálogo nacional de títulos, un registro
nacional de títulos, estableciendo algunas normas sobre su denominación y
clases, con la finalidad de homogeneizarlos, con independencia de que
siguieran siendo títulos de cada una de las universidades pero con unos
peldaños o moldes, y todo el mundo supiera en qué consiste un master o
una especialidad, su duración, etcétera. Pienso yo que adoptar medidas de
esta naturaleza no incrementaría el gasto, no generaría dificultades y se
progresaría en la situación que tenemos ahora.
Otro acierto claro de la LRU fueron los trabajos científicos, técnicos y
artísticos, que han dado pie, en la práctica, a resolver graves problemas
económicos de muchos departamentos y profesores. De hecho, en algunos
campos, aunque todavía muy limitados, estamos aproximándonos a
otras universidades donde en un mismo departamento hay profesores ricos y
profesores menos ricos, me refiero desde el punto de vista intelectual y
de los recursos ajenos que son capaces de recabar. Pienso que fue un
logro que hay que potenciar, no sólo mantenerlo sino potenciarlo, incluso
facilitando al profesorado y a los departamentos la captación de
recursos, estimulando a la iniciativa privada desde el punto de vista
fiscal, también a otros entes o instituciones públicas. Aunque a mi
entender la respuesta social, por lo menos en las ciudades grandes, ha
sido verdaderamente positiva, yo pienso que habría que potenciarlo.
Cuestión también de extraordinaria importancia son los planes de estudio.
La universidad española está elaborando planes de estudio eternamente. La
LRU entró en vigor en septiembre de 1983; en 1987 se aprobó el decreto
sobre planes de estudio, las directrices generales, y en 1990 se
aprobaron el 40 o el 50 por ciento de las directrices para cada carrera
de los planes de estudio, con unos plazos que todavía se están
cumpliendo, en una palabra. Es decir, desde que se aprobó la LRU hasta
que estén en vigor los nuevos planes de estudio van a pasar 16 ó 18 años
en muchos casos. Yo pienso que los legisladores no habían pensado en
esto, ni mucho menos. Luego se ha tropezado con una serie de
dificultades. La primera de ellas es que, en el transcurso de la
elaboración de los planes de estudios, ha habido modificaciones de
criterios que suponen el cambio de más del 50 por ciento de los planes de
estudio, lo que genera verdadero daño en la universidad, y voy a explicar
por qué. La elaboración de un plan de estudios como se hace ahora, con
carácter democrático, con intervención de todos los profesores, genera
tensiones en el seno de los centros. Cada profesor quiere que su materia
sea la más importante, como nos decían cuando íbamos a los cursos de
bachillerato el primer día, hace años. Y pretenden que esa importancia se
manifieste en la extensión. Como digo, elaborar un plan de estudios
genera verdaderas tensiones. Si una vez que se han superado las tensiones
resulta que en más de la mitad de los casos hay que rehacerlos, esto
genera un problema importante que habría que abordar, por supuesto, de
una manera u otra. Esto es claro y evidente. Incluso las áreas de
conocimiento, que yo me imagino que no las modificarán hasta que no estén
elaborados los planes de estudio, sería otro factor que incidiría en este
tema.
Yo quisiera hablar --y voy acabando, señor Presidente-- de los órganos de
gobierno de la universidad. Con motivo de la LRU, aunque ya existían
algunos atisbos al respecto, se instauraron unos órganos de gobierno,
tanto unipersonales como colegiados, de carácter democrático. Quizá nos
encontremos en el momento de establecer una revisión sobre la base de
mantener la elección periódica, por supuesto. Posiblemente esto se
mejoraría si el cuerpo electoral de los profesores fuera el conjunto de
la universidad, no sólo un órgano o unos cuantos, la junta de facultad o
el claustro, que son trescientos, pero los profesores y los alumnos son
millares. Se podría establecer una cuota proporcional para que todo el
mundo participase y tuviera la sensación de que de alguna manera
contribuiría al gobierno de la universidad. Los órganos de gobierno,
sobre todo los unipersonales, tendrían la sensación de mayor firmeza y
mayor permanencia. Quizá pudiera perfeccionarse por la vía de establecer
una limitación en el mandato. Se puede argüir que algunas universidades,
quizá la mitad, ya lo tienen; pero yo pienso que debería generalizarse,
de tal manera que cuando llegase un decano o un rector con un programa de
ocho años, o los que se determinasen, supusiera que lo tenía que cumplir
puesto que luego iba a venir otro decano o rector con otro programa, y no
como ahora que puede haber profesionales de los órganos de
representación, extraordinariamente difíciles de mover, prácticamente sin
programa. Esto es una realidad. Quizá se contribuya precisamente por esta
vía a su perfeccionamiento.
También querría hablar --y con esto ya voy a acabar, señor Presidente--
de las tasas académicas, que es un tema que no ha sido adecuadamente
resuelto entre nosotros. Las tasas académicas se han mantenido en unos
niveles bastante bajos, de tal manera que lo que contribuye con sus tasas
un alumno de la universidad es muy superior a lo de un alumno de
bachillerato. Todos los padres de familia quieren que sus hijos lleguen a
la universidad para perder el recibo mensual, si es que no van al sector
público. Esto es claro y evidente. Pero las tasas no han seguido un
crecimiento paralelo, lo cual genera verdaderos problemas en la
universidad, sobre todo en estas épocas de crisis económica simultánea a
la implantación de los nuevos planes de estudios. Ha habido intentos de
elevar las tasas sin los estudios adecuados. Yo pienso que en el propio
texto se podrían incluir unas ideas directrices o unas bases a las cuales
deberían atenerse las tasas para que no existieran problemas con los
alumnos, reticencias por su parte. Ha habido intentos de subir las tasas
universitarias, en los últimos tiempos, con reacciones y conflictos en el
campo estudiantil. En el año 1993 hubo tres o cuatro conflictos de esta
naturaleza, por no haberse estudiado adecuadamente. En el caso concreto
de las facultades de Medicina, el incremento de las tasas, de haberse
aplicado el que primero se aprobó y se promulgó, hubiera supuesto un
mínimo de un 72 por ciento y alrededor de un 500 por ciento para los
alumnos de primer curso, según los casos, en relación con el plan de
estudios anterior. Yo creo que sería cuestión de establecer unas bases
nuevas, explicárselo a los alumnos, simultáneamente hacerles ver que
están utilizando dinero público, que pueden acudir a préstamos que
devolverán cuando ya sean licenciados, que pueden utilizar becas, que el
sistema de concesión de las becas es claro y diáfano, etcétera, con lo
cual se podría remediar en buena medida el tema económico.
Yo pienso que las universidades tienen --y con esto acabo
definitivamente-- un verdadero problema económico en los momentos
actuales por lo que he dicho, porque se están implantando nuevos planes
de estudio que generan gastos, porque a veces son nuevas enseñanzas de
las que no existe bibliografía, no existe material y no existen
instalaciones adecuadas. Todo esto tendría que ir forzosamente acompañado
de un esfuerzo que no se ha podido hacer en los años pasados. En
consecuencia, considero que sería muy interesante que la ley incluyera un
capítulo en relación con las bases de financiación, si no hay más remedio
diferido en el tiempo, pero que de alguna manera se
contemplase, puesto que si no la ley, por mucho que se haga, será
meramente especulativa y no va a contribuir al mejoramiento de la
institución que todos pretendemos.
Muchas gracias, señor Presidente. Perdone por el abuso porque he hablado
más tiempo del que me ha concedido. Ahora puedo, si lo desean, ampliarles
alguna cuestión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moya.
Como ya he señalado antes, de acuerdo con el Reglamento, ahora hay un
turno para que los diferentes grupos formulen preguntas. Además del grupo
solicitante de la comparecencia, el Popular, ¿algún otro grupo tiene
intención de hacer uso de este turno? (Pausa.)
Por el grupo Popular, solicitante de la comparecencia, tiene la palabra
el señor Ollero. Le advierto, puesto que hay precedentes, que es un turno
para hacer preguntas y pedir ampliación de las explicaciones, pero esta
Presidencia no le va a permitir que se reproduzca un debate de totalidad
no ya sobre la Ley de Reforma Universitaria, sino sobre la universidad
española. Tiene la palabra el señor Ollero por diez minutos, con los que
esta Presidencia será inflexible.
El señor OLLERO TASSARA: Señor Presidente, espero que también sea
inflexible si se diera el caso, que se ha dado en otras ocasiones, de que
algún grupo pretenda debatir con este modesto portavoz en vez de
preguntar al compareciente.
Quiero agradecer ante todo la presencia aquí del profesor Moya, en su
doble condición de presidente de la Federación de Asociaciones de
Catedráticos de Universidad y de decano de una facultad de medicina, y
¡cómo no! expresar la satisfacción de mi Grupo Parlamentario al recordar,
sobre todo, que el designio inicial de este proyecto es que se hubiera
ventilado por trámite de lectura única en una mañana de junio.
Afortunadamente estamos ya en diciembre, ha habido un trámite de enmienda
a la totalidad, estamos pudiendo dar curso a estas comparecencias dejando
que la universidad, y el Consejo Superior también, deje oír su voz,
podremos debatir estas enmiendas presentadas en Comisión y, además, sea
abocado al Pleno del debate final, lo cual significa darle a este
proyecto el rango que al menos su deseable contenido merecía. Por otra
parte, nuestro Grupo, como ya se irá viendo a lo largo de estas sesiones,
ha solicitado la presencia de unos expertos, en plural, en todos los
sentidos, por su especialidad y también por sus planteamientos, como yo
creo que fácilmente irá quedando de relieve.
Quisiera hacer, en efecto, unas preguntas concretas. En primer lugar,
profesor Moya, en relación a este aspecto de los órganos de gobierno, al
que se ha referido y que, como muy bien ha señalado, pone de relieve la
insuficiencia del proyecto, que no alude en absoluto a estas cuestiones
once años después de su puesta en práctica. En concreto, dado que es
decano de una facultad, yo quería que nos informara de su experiencia
sobre en qué medida se está produciendo una relación adecuada, libre de
confusiones, perplejidades o aspectos disfuncionales, en el juego de los
centros, las facultades y los departamentos a los que la LRU daba un
protagonismo que quizá haya podido plantear alguna cuestión digna de ser
comentada. En segundo lugar, como sé que es persona desde hace tiempo
activa en la vida académica, le agradecería también cualquier información
sobre en qué medida la regulación de los órganos de gobierno en la LRU
haya podido tener como consecuencia, y por qué, un curioso
distorsionamiento o proliferación de los organigramas universitarios.
Creo que también esto sería interesante a la hora de valorar el
tratamiento de esta cuestión. Y, en tercer lugar, entiendo de sus
palabras que sintonizaría con la idea de que los rectores y los decanos
fueran elegidos mediante un sufragio universal ponderado, con arreglo a
la representación que en el claustro correspondiera a cada cual, pero con
intervención directa de todos y cada uno de los implicados.
En un segundo bloque de cuestiones quisiera referirme a lo relativo a la
financiación, aspecto que también ha abordado. Yo le pediría que ampliara
un poco algunas sugerencias sobre qué aspecto de financiación debería
contemplar el proyecto. Y una pregunta concreta, si considera razonable
que cualquier aumento de las tasas universitarias estuviera condicionado
por el cumplimiento de unos determinados requisitos por el centro. Antes
ha hablado --me parece interesante-- de cómo la universidad no es
homogénea, hay mucha diversidad, y yo creo que también la hay a la hora
de cumplir o no determinados requisitos de calidad. Por tanto, le
pregunto si no sería razonable supeditar cualquier subida de las tasas al
cumplimiento de determinados requisitos de calidad, en vez de subir las
tasas en general, tanto en un centro que las cumple como en otros que
pueden estar absolutamente abandonados.
Querría preguntarle también por una cuestión que ha abordado pero ya de
manera más concreta. Usted ha dicho que para acceder a plaza de
profesorado no debería someterse a otro requisito que la titulación
exigible, más luego, lógicamente, el currículum. Yo quería preguntarle de
manera muy directa cuál es, a su modo de ver, la opinión de la comunidad
académica, por lo menos de esos 1.600 catedráticos a los que representa,
sobre el condicionamiento
--que el proyecto contempla-- de la posibilidad de, para presentarse a un
concurso de titular o catedrático, tener determinados tramos, por
ejemplo, de investigación, de seis años --que se mantiene igual después
del trámite de enmiendas-- e incluso, según las enmiendas presentadas
--que no sé si usted conocerá--, la posibilidad de que se condicione la
participación en tribunales al cumplimiento también de una evaluación
positiva de esos tramos, y la circunstancia, de todos conocida, que se
está produciendo, hechos por no especialistas en unos comités
clandestinos que nadie conoce su composición y sin ningún criterio mínimo
de publicidad, como las mismas sentencias que todos los días salen en el
BOE dejan de relieve. En concreto me alegra haberle oído lo relativo a la
facilidad de que los profesores tengan concurso de traslado, incluso
excedencia, porque creo que la fórmula de habilitación que proponemos
resolvería esa cuestión. Una última pregunta sobre este punto sería --ya
que usted ha aludido a las pruebas-- si lo que contempla el proyecto y es
la posibilidad de que haya una prueba sobre el conocimiento del programa,
pero
que el proyecto deja facultativamente a que cada universidad decida sí o
no, su opinión sobre esa circunstancia concreta.
Y por último, dado que usted es decano de una facultad de medicina, le
ofrecería también la posibilidad de pronunciarse sobre el tratamiento que
el proyecto hace de las llamadas plazas vinculadas a la asistencia
clínica y si piensa que están resueltos adecuadamente en el proyecto los
problemas que lleva consigo.
El señor PRESIDENTE: El representante del Grupo de Convergència, que
había anunciado que deseaba intervenir, ha tenido que ausentarse. En
consecuencia, por el Grupo Federal de Izquierda Unida tiene la palabra el
señor González.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Señor Presidente, en principio no pensaba
intervenir para preguntar al señor rector, no porque no considerara
interesantes las propuestas o experiencias que nos fueran a contar hoy,
sino porque él conoce la posición de mi Grupo respecto a la Ley de
Reforma Universitaria, que sólo aborda un capítulo muy importante entre
los principales problemas de la universidad; pero él mismo,
sorprendentemente, se ha visto obligado a mencionar otros que no aborda
el proyecto de ley del Gobierno. Y como quiera que se ha referido a
cuestiones a mi juicio importantes, voy a aprovechar para hacerle tres o
cuatro preguntas muy concretas.
Primero, sobre la selectividad. Nos ha venido a decir que la selectividad
que existe --entiendo que en eso coincide conmigo-- es el mal menor,
aunque nos da algunas soluciones que no comparto. De todas formas, me voy
a referir a una cuestión muy concreta, como le decía. ¿Usted cree que
mejorarán los tribunales de selectividad cuando en los próximos cursos
hayan de elegirse sus miembros por sorteo entre aquellos que estuvieren
capacitados para serlo y lo hayan solicitado?
Se ha referido también a las tasas académicas y a las becas en general.
Sin duda el señor doctor conoce que pronto será definitiva una enmienda a
los presupuestos por la que las familias de tres hijos serán consideradas
numerosas. ¿Cree que eso vaya a afectar sustancialmente a la universidad
y a su precaria situación económica?
Se ha referido también a la representatividad de los alumnos, diciendo
que hay un tanto de pasotismo en los alumnos a ser representante en los
diferentes órganos de la universidad. Y es que los alumnos, los jóvenes
de hoy día, señor rector, permítame que se lo diga, pasan efectivamente
de ser representantes de algo en lo que no influyen. Es decir, no existe
un pasotismo porque no quieran influir, sino porque su representatividad,
a mi juicio, en los diferentes órganos de la universidad no va a tener
ninguna influencia y pasan.
No me voy a referir a la Ley de Financiación, sobre la que ya ha hablado
el señor rector y le ha preguntado otro portavoz.
Y la última pregunta es referente a la elección de los órganos de
gobierno, que ha calificado de democráticos, según la LRU, aunque ya lo
eran. ¿No le parece que en vez del voto ponderado sería más democrático
que existiese el principio de un hombre o una mujer, un voto?
El señor PRESIDENTE: Señor González, le advierto que el señor Moya sólo
es decano.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Perdone el decano señor Moya, pero
acostumbrado a que comparezcan los rectores le he hecho rector
inmediatamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor
Lazo.
El señor LAZO DIAZ: Señor Presidente, como los grupos anteriores
agradezco extraordinariamente y con toda sinceridad la presencia aquí, en
esta Comisión, del señor Moya. Lo hemos escuchado con mucha atención,
hemos seguido sus palabras (yo he ido tomando una serie de notas) y vamos
a reflexionar sobre sus opiniones exactamente igual que estamos
reflexionando sobre las opiniones de otros muchos profesores de la
universidad española, de otros muchos catedráticos, aunque no pertenezcan
a su asociación; catedráticos y profesores con los que tanto el Gobierno
socialista como el Partido Socialista viene teniendo contactos, desde
hace bastante tiempo, con vistas justamente a la elaboración del proyecto
de ley de modificación de la LRU. Es, por otro lado, la forma habitual
que tienen los grupos parlamentarios de ponerse en contacto con los
sectores interesados y puesto que el Partido Popular ha querido pedir
estas comparecencias, naturalmente nosotros las aprovechamos y pedimos la
palabra fundamentalmente para plantear algunas preguntas.
Usted sabe, y se acaba de recordar aquí, que lo que discutiremos en la
Comisión y en el Pleno no es solamente el proyecto de ley remitido por el
Gobierno y al que usted se ha referido, sino que vamos a discutir al
mismo tiempo una serie de textos en forma de enmiendas que han presentado
todos los grupos políticos, incluido el mío el Grupo Socialista. Si usted
ha visto las enmiendas presentadas, si las ha echado una ojeada, se habrá
dado cuenta de que es un tocho bastante voluminoso, lo cual significa que
la ley que salga finalmente de esta Cámara y del Senado puede tener
cambios, a lo mejor cambios considerables, en relación con el texto
actual. Sobre esta idea de que lo que vamos a discutir aquí no es
solamente el proyecto de ley sino mucho más, son también las propuestas y
las opiniones de los otros grupos políticos, lo que yo quería preguntarle
era si conoce las propuestas del Partido Popular. Supongo que sí dada la
identidad de criterios que parece existir entre su intervención y otras
intervenciones anteriores aquí, en diferentes ocasiones, del Partido
Popular. Pero si usted las conoce, y creo que sí, debido a esa identidad,
me gustaría que me dijese qué opinión le merece el sistema de selección
del profesorado que propone el Grupo Popular, en el sentido de volver al
antiguo mecanismo de selección centralizada de profesores para todo el
país. Me gustaría su opinión sobre ello.
También me gustaría su opinión sobre la propuesta del Grupo Popular en
torno a la desaparición de la comisión de
reclamaciones en las universidades. Me estoy refiriendo a esa comisión a
la que pueden reclamar los opositores cuando la oposición termina y no
están de acuerdo con sus resultados. ¿Qué opinión le merece la propuesta
de desaparición de esa comisión?
Y por último --simplemente tres preguntas porque si no, sería muy larga
la sesión--, qué opinión le merece la propuesta del Grupo Popular de
declarar a extinguir los cuerpos de catedráticos y de profesores
titulares de las escuelas universitarias.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas que le han formulado
los tres grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Moya.
El señor DECANO DE LA FACULTAD DE MEDICINA EN LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE
Y PRESIDENTE DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE CATEDRATICOS DE
UNIVERSIDAD (Moya Pueyo): Voy a comenzar con las preguntas del señor
Ollero. Se refieren las primeras a los órganos de gobierno. Yo pienso que
los órganos de gobierno tienen que poseer una amplia base a la hora de
ser elegidos, con la participación de todos los componentes de la
universidad y con un sistema proporcional. Luego lo justificaré al
contestar a otro señor Diputado.
Respecto de cómo influyen los órganos que hoy existen en las distintas
universidades a la hora de adoptar decisiones, yo creo sinceramente que
se puede mejorar el sistema de toma de decisiones. Se lo voy a explicar
con un ejemplo. Para nombrar un profesor asociado, que va a cobrar 40.000
pesetas al mes, resulta que hace falta el informe del consejo del
departamento, el informe de la junta de facultad, el informe de la junta
de gobierno, ¡y menos mal que el Tribunal Constitucional eliminó el
informe del consejo social! Cuatro órganos colegiados para un puesto cuyo
mandato es de un año. Y luego tiene que ir a la función pública para ver
si cumple las compatibilidades y demás normas que exige la función
pública y que le den el plácet. Forzosamente esto tendrá que corregirse y
evitarse; es decir, habrá que arbitrar un sistema mucho más ágil que ya
tiene la Administración en otros campos. Yo quiero que el señor Ollero
comprenda esta situación.
Pregunta el señor Ollero por las diferentes tasas según los centros, que
ya existen ahora. La prueba está en que hay un ranking de siete grupos de
tasas, empezando por las ciencias de la salud hasta otras enseñanzas que
son meramente teóricas. La propia Administración ha reconocido desde hace
cuatro o seis años esta realidad. Antes las tasas eran sólo de dos
grupos, ciencias experimentales y las demás enseñanzas; ahora son siete
grupos de tasas. Partiendo de la realidad de que la enseñanza
universitaria no puede ser gratuita para todos y que el alumno debe
contribuir, no cabe duda de que esta contribución tendrá que ser
proporcional al costo o al gasto que genera; es claro y evidente. Luego
de alguna manera eso tendrá que recogerse, si no daría que un alumno de
letras estaría contribuyendo a pagar lo de otro de otras profesiones que
tienen mucho más elevado costo, puesto que el costo de las plazas
universitarias es muy distinto de unos caso a otros, varias veces
superior el costo de una plaza universitaria. Si ahora está rondando las
300.000 pesetas aproximadamente, puede ser dos o tres veces superior en
algunos casos que en otros. Entonces, yo pienso que debía de contribuirse
a través de las tasas forzosamente, tal y como se recoge ahora, pero
incluso de una manera más acentuada.
Respecto del tema que plantea del condicionamiento por tramos, que se
exijan tramos como requisito para ser candidato a una plaza de
profesorado, tramos de docencia y de investigación, yo ya lo he expuesto
inicialmente. Nosotros consideramos que se debe exigir el nivel que debe
tener el que va a acceder a una plaza de profesor, la titulación de
doctor y alguna experiencia previa, pero nada más. Cuantos más requisitos
se pongan, se va a dificultar el acceso al profesorado, se va a eliminar
la competencia de un modo claro y evidente y va a contribuir a
empeorarlo, no va a dar pie de ninguna manera a que vengan grandes
profesionales a la universidad, puesto que no han hecho ese período de
los tramos o cualquier otro requisito adicional. Y la universidad,
históricamente, ha tenido profesionales muy distinguidos y de muy elevado
nivel que han accedido a ella, grandes profesionales de la medicina, de
la abogacía, por supuesto. Y por esa vía, entonces, estamos cortando esa
posibilidad. Yo pienso que no es, por tanto, bueno el tema de los tramos.
Por otro lado, la cuestión de los tramos está enormemente contestada --no
sé quién lo ha dicho aquí-- en el campo de la universidad. Yo quiero
señalar que los tramos, en el campo de la docencia --lo dije-- se habían
dado prácticamente a todos, mientras que en el tema de la investigación
había limitaciones, posiblemente presupuestarias o de otra naturaleza.
Entonces, parece lógico que en una organización que tienda al
perfeccionamiento, como debe ser la universidad, se premie o se incentive
al que más investiga y mejor investiga. Ahora bien, a la hora de llevar a
la práctica --por lo menos en esta primera fase-- la cuestión de los
tramos de investigación, se han formulado numerosísimos reparos: no se
han conocido las comisiones, han sido secretas o semisecretas; han sido
inespecíficas, de tal manera que ha habido seis u ocho o diez comisiones,
yo no lo sé exactamente, para valorar las 180 áreas de conocimiento que
existen en la universidad española; han trabajado a un ritmo galopante.
Por ahí había un trabajo sobre el tiempo que pudieron dedicar las
comisiones a la primera valoración; era verdaderamente infinitesimal,
dividiendo el tiempo normal de ocupación entre el número de trabajos que
habían sido sometidos. Los propios valoradores no tenían a la vista los
trabajos que se habían presentado, o sea, eran sólo referencias que
habían sido publicadas en tal o cual sitio. En una palabra, ha sido
notoriamente contestado.
Yo, al tema de los tramos, en mi nombre y en el de los profesores a los
que yo represento, digo claramente que sí, pero no así. Con cautelas, con
garantías, que el profesor pueda defenderse públicamente, que pueda
hacerlo ver, es decir, solucionando el tema del ocultismo, de la
inespecificidad y de la falta de garantías, en una palabra. Pero, por lo
demás, el que exista un sistema de esta naturaleza parece en principio
positivo.
Respecto de las pruebas en lo que respecta a la selección del
profesorado, está claro que el proyecto nos lleva a una situación
intermedia entre la antigua universidad y la que introdujo la LRU, puesto
que establece la posibilidad de que las universidades incluyan en la
convocatoria un ejercicio teórico o práctico, pero no de una manera
generalizada. Esto lo considero capital. A la hora de seleccionar en
cualquier orden de la vida, para cualquier profesión, se hace una prueba
para ver si se conoce aquello, si se sabe desempeñar; esto parece, a mi
entender, elemental. La no exigencia de estas pruebas da luego pie a
verdaderos problemas de mucho mayor calado. Por ejemplo, en el campo de
las ciencias de la salud, como no han hecho pruebas, se intenta valorar a
los profesores en una situación de inferioridad respecto de otros
profesionales, porque dicen «éste no ha demostrado que sabe operar; éste
no ha demostrado que sabe diagnosticar, puesto que, a fin de cuentas,
sólo ha hecho muchos trabajos de investigación». Parece lógico que estas
pruebas debían extenderse de una manera generalizada; todo ello sin
deterioro ni menoscabo de los temas de investigación, que deben ser
también capitales a la hora de seleccionar a los profesores.
Respecto del tema de las plazas vinculadas, le diré que se presenta en
realidad a partir de un decreto del 86 que se ha aplicado luego,
ulteriormente; lleva tres o cuatro años en fase de aplicación. Las plazas
vinculadas generan infinidad de problemas, es una manera de remediar la
situación de la enseñanza de la Medicina, como consecuencia de haber
pasado de ser el titular patrimonial de los hospitales clínicos el
Ministerio de Educación y Ciencia a serlo la Seguridad Social, en fin de
cuentas, para lo cual se ha creado una figura de profesor vinculado que
es, en cierta medida, mitad profesor y mitad asistencial. Yo pienso que
queda mucho que regular en el tema de las plazas vinculadas, queda mucho
que perfeccionar. El propio Tribunal Supremo ha modificado los decretos
ordenadores en las partes sustantivas a la hora de señalar las
actividades, los horarios, las programaciones. Y, en consecuencia, yo
pienso que el tema de las plazas vinculadas es susceptible de mejorar
notoriamente. Pero mientras los hospitales dedicados a la enseñanza no
sean titularidad patrimonial de las propias universidades, las plazas
vinculadas tendrán que existir. No obstante, en otros países esta figura
de plaza vinculada, que no ha progresado en otros campos de la
Administración, parece ser que está en fase de involución y no quieren
seguir por esta vía por las dificultades que se han generado.
Continuando luego con el señor Diputado del Grupo de Izquierda Unida, y
relativo al tema de la selectividad de profesores, ya me he explicado
claramente, en el sentido de que las pruebas deben hacerse, tanto en el
campo de la docencia como en el campo de la investigación, cumpliendo los
requisitos para acreditar que se es doctor en la materia y alguna
experiencia en el campo de la docencia y de la investigación y, luego,
entrar en competencia con otros profesionales. Todo lo que sea poner
dificultades en este campo yo creo que va en detrimento de los que
pretendan ir a la propia universidad.
En el tema de las tasas y de las familias numerosas, le voy a explicar al
señor Diputado lo que acaece. En el campo de las universidades, las
universidades tienen un presupuesto pequeño, en cierta medida, por lo
menos las grandes universidades. Vienen a tener alrededor de un 75 por
ciento (que es, por así decir, la parte del conducto nutricio que viene
del Ministerio de Hacienda vía Educación y Ciencia) y un 25 por ciento, o
un 30 en los más de los casos, proveniente de las tasas, y ahora, en los
últimos años, de otras vías: los títulos propios, los trabajos
científicos, convenios, etc., etc., que se están desarrollando y son
extraordinariamente útiles. Eso es claro y evidente. Lo que acaece es que
algunas áreas de la Administración obligan a las universidades a que
matriculen con carácter de matrícula gratuita, es decir, matrícula gratis
absoluta, y luego, los órganos de la Administración no restituyen a las
universidades. Ahora se pasa de cuatro a tres, lo cual yo creo que es
positivo, puesto que la natalidad está descendiendo de una manera clara
en este país y de alguna manera habrá que estimularlo. El año pasado, me
parece que los nacimientos han sido del orden de 370.000; es decir, en
unas cuantas décadas ha habido un 40 o un 50 por ciento de merma en la
natalidad. Entonces, esto, me parece a mí, debe ir acompañado de que los
órganos de la Administración que asumen esta nueva definición de familia
numerosa apliquen diligentemente la compensación económica
correspondiente a las universidades. Si se obliga a las universidades a
dar matrícula gratuita a estos alumnos y no tienen compensación
económica, eso va a contribuir al deterioro. Por supuesto que estos
familiares tienen derecho, y si lo considera el Parlamento que debe ser
así, tienen derecho y no se puede hacer, por parte de la universidad,
ningún aplazamiento ni se puede imponer ninguna dificultad. Pero la
Administración tendrá que adoptar simultáneamente las medidas necesarias
y recabar y arbitrar los recursos económicos para hacer frente a esta
situación, eso es claro y evidente.
Respecto del tema de la representatividad de los alumnos y del pasotismo,
yo creo que los alumnos, y su representación en la universidad, son
básicos y fundamentales --se lo digo con claridad porque lo considero
así-- y contribuyen notoriamente a que los profesores no adoptemos a
veces decisiones gremiales, decisiones de grupo. Yo, en mi centro, lo
fomento de un modo verdaderamente exacerbado, les estimulo a que se
presenten, a que vengan bastantes, a que no apliquen la teoría de la
economía procesal, viniendo los mismos que plazas se anuncian, etcétera,
y contribuyen notoriamente al mejoramiento de los centros en todos sus
campos. Habría que estimularlo por todos los procedimientos. Creo que en
algunos campus y en algunos centro sí que tienen verdadero peso las
decisiones de los alumnos, eso es claro y evidente. Lo que sucede es que
el alumno está poco tiempo en los centros. Ustedes imagínense los centros
de tres años de duración: llegan los alumnos, cuando quieren enterarse,
ya al otro año dejan de ser alumnos. Es escaso el tiempo, esto es una
realidad, pero habría que fomentar esta representatividad porque es
básica para el buen funcionamiento de los centros. En el tema de la
elección de los órganos de gobierno, yo no comparto
su teoría de que un hombre un voto de una manera generalizada. Todo o
casi todo se ha hecho ya en la universidad española. Si usted se lee los
grandes tratadistas que se han ocupado de los temas de la universidad
española de los siglos XVI y XVII, verá que este fenómeno ya se
experimentó, y daba pie a que el rector fuera un alumno, lo que algunos
pueden considerar que sea positivo, pero también puede contribuir a que
se deteriore la universidad. Esto es claro y evidente. Si se fuera a ese
sistema de un hombre un voto se llegaría a situaciones y a decisiones
verdaderamente aberrantes. Los alumnos exigirían, en el órgano
correspondiente de la universidad donde se señalan los exámenes, que se
los dijeran, se llegaría a situaciones verdaderamente curiosas, que si
quieren luego se las refiero, pero que están recogidas históricamente por
numerosos tratadistas ya en este país. Esa es la realidad. Pienso que
debe haber una ponderación. ¿Que quizás tengan que tener más peso los
alumnos? Es posible. Pero totalmente, de la otra manera, no. En una
universidad resulta que el 90 por ciento son alumnos y serían los que
gobernasen la universidad y organizaran la enseñanza con arreglo a sus
criterios. El alumno, desde el punto de vista intelectual, es una persona
que quiere incrementar su saber, parte de una determinada cuota de
ignorancia (aunque tiene ya muchos conocimientos el alumno que llega a la
universidad española) y muchas decisiones estarían basadas precisamente
en esta falta de saber.
Por lo que respecta al señor Diputado del Grupo Socialista, le quisiera
señalar, en cuanto a lo que pide sobre la selección centralizada de los
profesores, que yo creo que no hace falta recurrir a que todas las
pruebas de selección se realicen en Madrid: en la Facultad de Derecho,
las de Derecho; en la de Medicina, las de Medicina. El principal
problema, que es el de la endogamia, se toca modificando las comisiones
de selección, modificando, por otra parte, las pruebas, modificando la
mecánica de selección. Porque ahora, fíjese usted en la situación que
tenemos en la universidad, quizá no tiene precedente en la Administración
pública; un mismo profesor que vaya a pretender ascender o quiera ser
profesor numerario, valga la expresión, puede influir en el nombramiento,
lícitamente y aplicando las leyes, de los mismos de su tribunal en la
denominación de la plaza, es decir, con arreglo al perfil
correspondiente, porque cuando se convoca la plaza él no es candidato.
Como no es candidato, él puede asistir al consejo de departamento e
influir allí en la denominación; como dentro del área puede tener
infinidad de denominaciones, puede injerir para lograr una adaptada a su
conveniencia, pongo por caso. Puede influir también en el nombramiento de
los miembros que inicialmente propone ya el consejo de departamento. Otra
de las modificaciones que debían de introducirse es que, respecto de las
convocatorias, se hicieran primero en fase inicial, como ha habido en
otros momentos históricos, y cuando ya existiera la relación de
admitidos, se progresase luego en el perfil de la plaza, en la
designación de los miembros de la comisión correspondiente, con lo cual
ya no podrían actuar lícitamente los que ahora sí pueden hacerlo. Esto
también contribuiría. O sea, que yo pienso que el tema de la selección
tiene que ser tocando simultáneamente varios aspectos, y yo creo que se
contribuiría a abordarlos todos notoriamente, a que desapareciera ese
problema.
La desaparición de la Comisión de Reclamaciones es un problema
verdaderamente complejo. Si la justicia contencioso-administrativa
funcionase con suficiente celeridad, no sería necesaria. Lo que pasa es
que si un profesor --de no existir esta Comisión de Reclamaciones, como
sucedía antes, en otra época-- no está de acuerdo con la decisión y va a
los tribunales, puede esperar cuatro o cinco años, lo cual le hace
inviable su proyecto vital. O sea, que, en realidad, estas comisiones,
que han de atenerse a la ley, forzosamente actúan en base y tienen como
fundamento el que no existe un órgano dentro de la administración de
justicia en donde dentro de un período razonable se resuelvan estos
problemas claramente.
Y, luego, está el tema de la extinción de los cuerpos de profesores
titulares y catedráticos de escuelas universitarias. El cuerpo de
catedrático de Escuelas Universitarias está prácticamente homogeneizado o
casi identificado, diría yo, con el cuerpo de profesores titulares de
universidad. En muchas universidades se les considera lo mismo, las
mismas competencias docentes e investigadoras y la misma consideración a
todos los efectos. El cuerpo de profesores titulares de escuelas
universitarias plantea en la universidad española en los últimos años
serios problemas, y voy a decir por qué. Porque han proliferado estos
profesores y han proliferado sobre la base de darles más atribuciones de
las que la ley les confiere inicialmente. Aquí hay que hablar en términos
concretos. Una universidad tiene tres profesores de éstos por menor costo
que si fueran tres titulares de las facultades. Y entonces, algunas
universidades, ante el problema de carencia de recursos y de necesidad de
regularizar la situación de su profesorado, han ido por esta vía, ésta es
la realidad. Estos profesores tienen un nivel distinto, en tanto en
cuanto no poseen el doctorado. Algunos no son licenciados, puesto que hay
determinadas materias --no pocas-- en donde pueden ser diplomados. Pero
luego resulta que, como han accedido a una plaza fija muchos más de los
que son necesarios para las propias escuelas universitarias, están
impartiendo clases en las facultades, lo cual ha dado lugar a problemas
de verdadera entidad, con reclamaciones por parte de unos y otros,
recursos, etcétera. Esta es una situación clara y evidente.
Yo pienso que estos profesores titulares de escuela universitaria
deberían limitarse y circunscribirse a su propio campo de acción. Si
estos profesores no son licenciados, debían tener el nivel que con
arreglo a su titulación posean dentro de la Administración y las
competencias de acuerdo con ello y limitarse solo y exclusivamente a este
campo de la docencia universitaria. En el momento en que estos profesores
se utilizan para otras finalidades, estamos cometiendo un verdadero
fraude, puesto que estamos habilitando como profesores a aquellos que no
han superado las pruebas correspondientes, no tienen la titulación ni la
experiencia consiguiente y, en consecuencia, les estamos atribuyendo unas
competencias respecto de unos alumnos para las que no han demostrado la
preparación adecuada.
Creo que he contestado a todas y cada una de las preguntas que han hecho
los señores Diputados. Yo pienso, y con esto quiero acabar, si me permite
el señor Presidente, que de tenerse en cuenta algunas de las cuestiones
que yo digo aquí, probablemente, bien porque vengan en el proyecto o
bien, como dice el señor Lazo, porque vengan en la lista de enmiendas que
se han planteado, se contribuiría a la mejora de la universidad y si nos
circunscribimos a reformar sólo parcialmente el título del profesorado,
vamos a perder una oportunidad. Tengan en cuenta que leyes universitarias
en este país ha habido pocas: la del año 1858 de Claudio Moyano, la del
43, la del señor Villar Palasí en el 70 y la que se hizo en la época del
señor Maravall, que es la actual LRU. ¡Cuatro leyes en siglo y medio!
Creo que una oportunidad de éstas no la podemos perder y no debemos
circunscribirnos a, por así decir, una faceta o un campo determinado y ni
siquiera abordarlo globalmente.
Esto es lo que yo les pido a ustedes como representante de los
catedráticos, de los que soy portavoz, y estoy muy agradecido a SS. SS.
de poder hablar en su nombre. Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, sabe S. S. que no está previsto un
nuevo turno, salvo excepcionalmente. Y esta presidencia considera que,
dado el transcurso de la sesión, que se está alargando desde el comienzo
de esta comparecencia...
El señor OLLERO TASSARA: Si me permite, no sería un turno, sería una
pregunta de un minuto, puede cronometrarlo.
El señor PRESIDENTE: Bien, señor Ollero. Haga S. S. la pregunta.
El señor OLLERO TASSARA: Muchísimas gracias, señor Presidente.
Profesor Moya ha aludido en algunos momentos de su intervención a la
necesidad de una especialización por parte de los que juzgan. Sólo una
pregunta respecto a la Comisión de Reclamaciones a la que se ha aludido:
¿qué le parece su forma actual en la ley, según la cual los que van a
decidir sobre la reclamación son catedráticos de áreas de conocimiento,
todas ellas diversas, y por tanto se puede dar el caso de que ninguno de
ellos sea del área de conocimiento afectada y, en el mejor de los casos,
sólo uno lo será? ¿Le parece que eso cumple los requisitos de
especialización a los que usted se refería?
El señor MOYA PUEYO: No, yo pienso que no los cumplen, y estas comisiones
tienen unos graves defectos. No hubieran aparecido si existiera una
celeridad en el campo de la administración de justicia. Yo creo que, en
todo caso, deberían ser específicas de cada campo concreto. Debían ser
una comisiones específicas que pudieran entrar no sólo en los aspectos
formales sino en el análisis de fondo, en los temas de fondo, cuando
éstos se suscitan.
El señor PRESIDENTE: Señor González, tiene S. S. otro minuto.
El señor GONZALEZ BLAZQUEZ: Es para una aclaración, señor Presidente,
porque queda en acta lo que aquí se habla. El señor decano, ante una
pregunta mía, ha hecho la interpretación que le ha parecido oportuna y ha
calificado de aberrante un supuesta propuesta que hacía yo de un hombre
un voto. Yo no estoy intentando, señor Decano, convertir la universidad
en una comuna, no se preocupe usted. Simplemente quería que todo el mundo
tuviera la capacidad de ser elector, luego, lógicamente, los candidatos
deberían reunir determinadas condiciones. Era una aclaración.
El señor PRESIDENTE: Agradezco en nombre de toda la Comisión de nuevo al
señor Moya sus opiniones que efectivamente nos ayudarán en la reflexión y
en el debate de la Comisión, puesto que --creo que ha sido el señor Lazo
quien lo ha dicho-- quedan literalmente recogidas en el «Diario de
Sesiones». Y pasamos a la segunda comparecencia.
--DEL SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA Y MIEMBRO DE LA COMISION GESTORA DE LA ASOCIACION DE PROFESORES
TITULARES DE UNIVERSIDAD (RAMOS CASTELLANOS), PARA INFORMAR SOBRE EL
PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DE REFORMA UNIVERSITARIA (LRU).
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente
212/001185.)
El señor PRESIDENTE: La segunda comparecencia, también a petición del
Grupo Popular, es la de don Pedro Ramos Castellanos, decano de la
Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Salamanca, miembro de
la Comisión Gestora de la Asociación de Profesores Titulares de
Universidad, a quien también agradecemos su presencia en esta tarde.
El objeto de la solicitud que ha sido formulada para su comparecencia, es
que ilustre a esta Comisión con sus opiniones sobre el proyecto de
modificación de la Ley de Reforma Universitaria que en estos momentos
estamos tramitando. Tiene la palabra el señor Ramos.
El señor DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
(Ramos Castellanos): Antes que nada, dar las gracias a la Comisión por
haber pedido mi comparecencia y voy a intentar, como ya se me ha
solicitado en privado, ser breve.
En primer lugar, creo que debo dar mi opinión en relación con el proyecto
de actualización de la Ley de Reforma Universitaria, indicando que me
parece a todas luces insuficiente, incluso teniendo en cuenta las
posibles enmiendas, si es que estas enmiendas tienen que ser las que
aporta el Grupo Socialista.
Noto unas deficiencias muy graves en el proyecto de actualización que en
principio se ceñía a analizar sólo el
capítulo V, que se refiere a la carrera docente universitaria. Y entre
esas faltas importantes está la de que no hay un tratamiento de los
problemas que afectan a la universidad como consecuencia de la
organización de ésta en facultades, departamentos, sino que todavía se
haya podido definir con claridad cuál es el modelo de universidad
española. Pienso que hay deficiencias en cuanto a la organización del
gobierno de la universidad, que no se ha tratado debidamente el problema
del acceso y de la permanencia de los alumnos en las universidades, que
se debería de haber considerado un cambio drástico en relación con el
tercer ciclo y que el proyecto de actualización de la LRU, en lo que se
refiere al capítulo V, no aporta nada nuevo y, lo que es peor, no aporta
nada bueno.
Porque represento en parte a los profesores titulares --soy miembro de la
comisión gestora de una asociación que intenta acoger a todos los
titulares de la universidad española, en este momento ya represento a
cerca de dos mil titulares de universidad--, no tengo más remedio que
hacer hincapié en lo que se refiere a esta modificación del Título V de
la Ley de Reforma Universitaria.
Entiendo que las modificaciones que se vienen haciendo, y hasta las
enmiendas que se han presentado por los diferentes grupos parlamentarios
van en el mismo sentido de poner parches a una situación, como entiendo
que fue poner un parche también a la situación actual la LRU, y que
realmente no se acomete con convencimiento la verdadera reforma de la
carrera docente.
Si yo hago relación a números de la universidad española a finales del
curso 92-93, al final del año 93, resulta que en la universidad española
hay en torno a unos 29.000 profesores ordinarios --acogiendo las cuatro
categorías-- y hay aproximadamente unos 27.000-28.000 profesores no
ordinarios, entre los cuales hay unos 4.000 interinos. Me parece que
estos números ya son preocupantes. Creo que de nuevo estamos en una
situación parecida a lo que ocurrió antes de las pruebas de idoneidad: el
número de profesores no ordinarios es enormemente grande. Este es uno de
los problemas que ya tiene la universidad española.
Si me ciño más al problema que más me preocupa, diría que en la
universidad española hay 5.000 catedráticos y hay unos 15.000 ó 16.000
titulares de universidad. Como yo entiendo que el Documento n.º 3 está en
vigor, aunque nunca llegara a publicarse, y todos asumimos la relación
3-1, titular catedrático, pues estamos justo en esa proporción. Es decir,
que un titular hoy no debe de pensar en acceder a la categoría de
catedrático, porque no hay esa posibilidad. Y eso me parece que también
es una situación preocupante. No podemos tener a la inmensa mayoría del
cuerpo de profesores ordinarios de universidad en una situación que no le
dé unas expectativas de poder culminar su carrera docente.
Estos problemas entiendo que no se arreglan para nada, y que incluso se
agravan con el proyecto de actualización. Así, el proyecto de
actualización establece tres figuras para iniciar la carrera docente: la
de ayudante, la de profesor ayudante y luego está, sin que parezca que
forma parte, pero está ahí, la de colaborador docente. Y luego ya vienen
las categorías de titular de escuela, catedrático de escuela, titular de
universidad y catedrático de universidad. Para cada una de ellas da una
duración de ocho años, para las previas: ocho años de ayudante, ocho de
profesor ayudante y hasta ocho de colaborador docente. Es decir, que un
señor puede estar en la universidad 24 años, ¡24 años!, sin acceder a
ninguna categoría de profesor ordinario. Es evidente que estamos dando
vía a que se quede ahí quien quiera, y habrá muchos que lo deseen y que
lo intenten, porque como no tienen ninguna selección previa, 24 años son
24 años de vida resuelta. Y lo que es peor, cuando pasen los veinticuatro
años y el señor tenga casi cincuenta, ¿qué hacemos con él: lo mandamos a
la calle, hacemos otra prueba de idoneidad? No sé, tal vez sea la
solución. Entiendo que este es un problema que está generando el proyecto
de actualización. Hemos visto que ya la actual normativa nos lleva a un
exceso de profesor no ordinario. Si encima damos estas facilidades,
entiendo que vamos a incrementar el problema. Por eso pienso que el
Título V, tal y como se modifica, se empeora.
Se me podrá decir que aportemos soluciones. Yo lo intentaría. Creo que la
carrera docente se debe modificar desde el principio. Y para modificarla
desde el principio, entiendo que se debe tener una mayor exigencia, mucha
mayor exigencia en cuanto al acceso a los inicios de la carrera docente.
Y los inicios de la carrera docente, evidentemente, pasan por el
doctorado o la ayudantía, como queramos decirlo, por ser becario, por ser
ayudante. Yo entiendo que por ahí es por donde debíamos empezar. No puede
ser ayudante cualquiera, no puede iniciar el doctorado cualquiera. No sé
otras universidades, pero tengo la mía. En mi universidad, los que hacen
el doctorado son los que se quedan porque no tienen otra ocupación, y se
quedan a hacer lo que allí llamamos el grado de Salamanca, que no tesina,
porque eso se suprimió. Cuando acaban el grado de Salamanca, si no tienen
otra ocupación, hacen los cursos de doctorado. Hacen los cursos de
doctorado y con un poco de suerte leen la tesis y les dan su
sobresaliente «cum laudem». Creo que este es el fallo más grave que tiene
la carrera docente: que la inicia cualquiera. Y yo entiendo que no debe
ser así. Que se deben poner unos criterios de capacidad y de mérito ahí,
al inicio de la carrera docente. Y que, además, el doctorado debe tener
unos medios adecuados para garantizar que aquel señor que apruebe o que
obtenga un sobresaliente «cum laudem» en su tesis de doctorado se pueda
decir de él que está cualificado para la investigación. Y si esto no es
así, creo que seguiremos teniendo problemas.
Una vez dicho esto, que pienso que sería un primer paso, me parece que,
evidentemente, debería de haber otro paso intermedio, en el que el
posible doctor adquiriera la experiencia docente. Para eso podría estar
la figura de profesor ayudante. Pero en todo caso, tanto una como otra
--ya he visto que algunas enmiendas van en este sentido--, la de ayudante
o la de becario complementada con la de ayudante cuando fuera necesario,
y la propia de profesor ayudante, deben de tener una limitación mucho más
estricta en lo que se refiere a tiempo. Entiendo que ninguna de las dos
debería ir más allá de los cinco años. Al posible candidato a profesor
titular de universidad lo que
se le tendría que exigir es esto, ser doctor y tener una experiencia
docente. ¿De cuánto?, de tres años. Pues de tres años, una experiencia
docente tutelada como profesor ayudante. Y nada más. Creo que no hay que
establecer más requisitos para la carrera docente.
En cuanto a las pruebas, ya casi me da igual cuáles sean. ¿Las
comisiones? También casi me da lo mismo. No estoy seguro de que la
endogamia sea problema, no estoy convencido de que sea problema. Creo que
hablamos de endogamia cuando queremos decir calidad de profesorado. Estoy
convencido de que es así. Cuando decimos es que hay mucha endogamia, lo
que pensamos es que hay falta de calidad del profesorado. Ni siquiera con
4.1, ni siquiera con 5.0, entiendo yo que el problema de que la comisión
pueda influir en uno u otro sentido se va a resolver. Porque cuando había
unos tribunales únicos en Madrid también se sabía para quién era la plaza
o para quién no era la plaza. No vamos a resolver el problema por esa
vía. Creo que la vía es la de la calidad desde un principio. En cuanto a
lo demás de la carrera docente, ya digo que me preocupa poco. ¿Mantener
la categoría de catedrático? Por qué no, es un incentivo más. Pero sin
oposición, con méritos, concursos de méritos o unos méritos acreditados
por las vías que se consideren pertinentes. ¿Queremos mantener las
oposiciones a catedrático por si alguien tiene prisa? Tampoco creo que
sea ningún problema. El que tenga prisa que acceda a la cátedra por el
método de la oposición, una vez que cumpla unos requisitos de haber
permanecido cinco años, tres años como titular, me da igual.
Como ven SS. SS. estoy pensando que todo esto es ya como más irrelevante,
que lo importante son los inicios de la carrera docente y si acaso el
primer concurso oposición. Una vez pasado esto, creo que todo lo demás
debe ser un desarrollo de la carrera docente e investigadora del profesor
sin más sobresaltos, con tranquilidad, con dedicación. ¿Y queremos
evaluar su labor docente e investigadora? Pues evaluémosla. Pero no la
evaluemos como ahora, y voy a ser más claro, ni la docente ni la
investigadora. La valoración docente ahora no vale para nada, y la
investigadora de ahora sólo hace daño. Entonces, hagámoslo de una manera
que sea positivo. Supongo que a los que se les ha sido reconocida la
valoración investigadora se sentirán felices, porque tienen un
complemento de sueldo. Pero lo peor de todo esto es que habrá muchos que
tengan esa evaluación sin merecerla. Y lo más grave de todo es que habrá
muchos que merezcan tener la evaluación positiva y por circunstancias
específicas no la tienen.
A mí me gustaría poder dar números sobre a quiénes se les ha concedido
los escalones de investigación. Por ejemplo, y volviendo a mis intereses
como profesor titular, me gustaría saber si los escalones que se han
concedido a los titulares de universidad son equiparables a los que se
han concedido a los catedráticos de universidad cuando eran titulares. Me
gustaría saber ese número. Me gustaría saber si en todas las áreas de
conocimiento ha habido un porcentaje aproximadamente igual de concesión
de escalones de investigación, o ha habido diferencias muy importantes
entre unas y otras áreas. Cuando se está haciendo ahora la evaluación
investigadora, no se está teniendo para nada en cuenta la verdadera labor
investigadora del profesor. Se utilizan unos índices de impacto, se
utilizan unos criterios de revistas, pero para nada se analiza la labor
investigadora a través de los trabajos que ha hecho el profesor, eso
nunca se tiene en cuenta. Por otra parte, no se tiene en cuenta si el
profesor viene de una universidad, como puede ser la de Madrid, o viene
de una universidad, como puede ser el año que viene la de Burgos, que se
acaba de crear, donde los medios son completamente distintos, donde las
posibilidades del investigador son totalmente diferentes. Creo que todo
esto no se está teniendo en cuenta.
¿Soluciones? Pues muchas, y me atrevo a dar soluciones. Desde luego, la
objetividad. ¿Es posible que para cada área se establezcan unos criterios
concretos medibles para la concesión de los escalones de investigación?
Me consta que no es lo mismo para un área experimental, que para un área
de filología, que para un área de derecho, me consta que no es lo mismo.
En unos casos las revistas están bastante bien clasificadas y, además,
los profesores publican; en otros casos lo que publican son libros, y los
libros son todos nacionales porque, por ejemplo en Derecho, no creo que
haya revistas internacionales sobre esta especialidad, ya que es
específico de cada Nación o de cada Estado. Me parece que se podrían
establecer unos criterios perfectamente definidos. Hasta ahí deberían
llegar como mucho las comisiones evaluadoras, hasta el establecimiento de
los requisitos o de las puntuaciones o del baremo, como queramos
llamarlo. Pero luego, a la hora de dar los escalones, apliquemos ese
baremo al currículum de cada señor y que la comisión no intervenga para
nada. Y, por supuesto, que las comisiones no sean nombradas ni por el
Ministro, ni por el Congreso de los Diputados, ni por el Senado, sino que
las nombren los rectores de las universidades, las universidades, es
decir, académicos y no políticos. Entiendo que eso debe ser así. No estoy
acusando de que ahora las comisiones actúen con tendencias políticas.
Pero lo que es evidente es que, si son comisiones nombradas
políticamente, en cualquier momento podrán actuar políticamente. Y creo
que eso hay que evitarlo de cualquier forma. Creo que las comisiones
tienen que ser académicas y nombradas académicamente.
Creo que con esto he dicho lo que quería manifestar en relación con el
proyecto de actualización de la LRU, en lo que se refiere al Título V. Me
gustaría, como además soy decano, plantear algunos otros problemas que a
mí me parecen muy graves y que intentaré plasmar de una manera lo más
escueta posible.
El acceso a las universidades --no sé si el sistema que tenemos es el
menos malo-- es malo y deberíamos intentar resolverlo. De alguna manera
se podrían hacer pruebas específicas para el ingreso en cada facultad. Ya
se están haciendo en Bellas Artes, por lo menos en algunas universidades.
¿Es que las cualidades que tiene que tener uno para ser artista no se
pueden exigir también para ser químico o ingeniero o filólogo? No lo sé.
Me parece que para traducción e interpretación también se hacen pruebas
previas. O bien tener en cuenta alguna de las pruebas que se hacen de
manera que tenga un mayor peso, la de Ciencias para los que van a hacer
ciencias, la de Letras para los que van a hacer
letras. De alguna manera habría que ver la manera de que esto se pudiera
hacer.
Hay otro problema también muy grave, y es el del número límite de
alumnos, que en cada universidad se adelanta, ve la oportunidad, ve la
coyuntura, y ocurre como ha ocurrido en la Facultad de Químicas este año.
Farmacia y Biología en Salamanca ponen un número límite de alumnos, y los
que no pueden entrar allí automáticamente a Químicas. Y Químicas con,
normalmente, setecientos alumnos, se ve de repente con mil. Y como no
tuvo la oportunidad, o no fue oportuna al proponer el número límite en el
curso pasado, se encuentra con un problema de difícil solución. ¿Eso
tiene que ser así? ¿Tenemos que seguir haciéndolo de esta manera? Yo creo
que no. Porque, desde luego, la docencia que van a recibir los alumnos
este año en la Facultad de Químicas va a ser mucho más deficiente, sobre
todo en lo que se refiere a los laboratorios, donde no caben, es
imposible. Pero además, luego va a haber un fracaso horrible. Y esto lo
digo con mucha pena.
Hace una semana yo estaba decidiendo sobre la solicitud de séptima
convocatoria que el alumno tiene que hacer obligatoriamente ante la
facultad, si la facultad se la concede. El Consejo Social de la
Universidad de Salamanca decidió que el alumno tendría derecho a seis
convocatorias normales, una que concedería la facultad, y una octava que
concedería el rector, ocho, no contándole aquellas en las que no se
presente. Esto significa que en la Universidad de Salamanca hay alumnos
que están hasta doce, trece y quince años haciendo una carrera. ¿Es que
no hay manera de remediarlo? Repito, hace unos días, en una comisión que
tenía que decidir sobre este problema, se planteaba la petición de
séptima convocatoria por alumnos que llevaban seis años en una facultad y
no habían pasado del segundo curso, no lo habían aprobado, tenían
aprobada aproximadamente una asignatura por año. Me pregunto que si eso
es algo que puede permitirse un servicio público que de por sí es
deficitariamente económico. Yo entiendo que no.
Esto quizá nos podría llevar al problema de las tasas. Entiendo que la
universidad debe estar abierta para todo el mundo, que nadie por razones
económicas puede ser excluido de ella. Eso lo digo y lo defenderé
siempre. ¿Pero las tasas tienen que estar como están? A lo mejor la tasa
del primer año se debe subir de una forma moderada, ¿pero y la del
segundo año, segunda matrícula, que es la tercera y cuarta convocatoria?,
¿y la de la tercera matrícula, quinta y sexta convocatoria?, ¿y la de la
cuarta matrícula, séptima y octava?, ¿se deben mantener como están o
estamos premiando al mal estudiante y estamos penalizando al becario que,
como no apruebe un tanto por ciento de asignaturas, pierde la beca y a lo
mejor tiene que dejar de estudiar? Entiendo que la segunda, la tercera y
la cuarta matrícula deberían de subirse y, además, de forma drástica. Si
alguien dispone de medios para hacer la carrera en veinte años, que la
haga, pero que lo pague, porque esto es un servicio público.
Con eso acabo de tratar lo que se podría referir a acceso y permanencia
en los centros universitarios, que en cierto modo también podría resolver
un poco el problema de la masificación al que he hecho referencia, sobre
todo en relación con mi facultad.
No viene al caso, pero desde luego pido a SS. SS. que, como miembros de
la Comisión de Educación, miren la manera de intervenir en relación con
el problema de los planes de estudio. No se puede hacer una reforma de
esa envergadura con los medios de que dispone en estos momentos la
universidad. Había unas perspectivas muy buenas desde el punto de vista
económico, pero parece ser que se han frustrado por las últimas crisis
económicas, y desde luego entiendo que la forma en que se están poniendo
en marcha los nuevos planes de estudio puede inducir a pensar que son
malos, cuando a lo mejor no lo son tanto.
Yo creo que nada más. Estoy a su disposición para cualquier pregunta que
quieran hacer.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos.
Además del grupo solicitante, ¿qué otros desean intervenir? (Pausa.) Por
el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ollero para formular las
preguntas.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quisiera ante todo agradecer aquí la presencia del profesor Ramos
Castellanos, decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
de Salamanca, que hoy ha brindado a los representantes de la soberanía
popular un día, un día entero. Porque me consta que, dadas las
peculiaridades de desplazamiento desde Salamanca y la ajetreada jornada
parlamentaria que hoy hemos vivido, su presencia aquí le ha costado todo
un día, que para él, sin duda, es muy valioso y para su mismo centro
universitario. Se lo quiero por eso agradecer expresamente.
Al igual que antes decía que mi Grupo estaba satisfecho de esta
iniciativa, ahora con toda tranquilidad diré que está orgulloso de esta
iniciativa después de lo que está oyendo aquí y de cómo se está viendo
que personas con gran experiencia universitaria, absolutamente
independientes, al margen de torpes insinuaciones que se hayan podido
hacer en el transcurso de la sesión, están ofreciendo sus sugerencias, de
las que todos tenemos muchísimo que aprender.
Quería simplemente hacer unas preguntas muy concretas que se referirían,
en primer lugar, algunas al operativo, a órganos de gobierno de la
universidad, dado que el profesor Ramos Castellanos es titular de uno de
ellos. Quería preguntarle por algo que ya ha salido a lo largo de la
sesión, y es su opinión sobre la conveniencia de que el rector y los
decanos fueran elegidos por sufragio universal ponderado y en qué medida
eso podría mejorar la situación.
En segundo lugar, le quisiera preguntar también sobre qué opina en
relación con lo que mi Grupo al menos entiende que es un excesivo
predominio de los órganos colegiados en el diseño de órganos de gobierno
de la LRU que, como bien es sabido, el proyecto del Gobierno no alude
para nada a él.
En tercer lugar, respecto a las competencias deseables de los diversos
órganos de gobierno, qué opina sobre la conveniencia, en su caso, de
exigir unas mayorías específicas
según el tema de que se trate, por ejemplo, temas de docencia o de
investigación, en esos órganos de gobierno, para evitar que al final todo
el mundo opine de todo, y eso a lo mejor no siempre es muy favorable.
Y luego una pregunta que quedó sin contestar en la comparecencia
anterior, lógicamente, dado las muchas que se suscitaron, sobre los
organigramas de la universidad y sobre el nivel de burocratización que la
universidad viene experimentando desde la LRU.
Pasando a otra cuestión, le preguntaría su opinión sobre la posible
conversión del actual Consejo de Universidades en dos órganos distintos,
y uno de ellos una conferencia de rectores que asumiera todas las
competencias de orden estrictamente académico y científico. Por ejemplo,
entre otras, por supuesto, la de la evaluación de la investigación.
Y ya que ha salido esto a relucir, le preguntaría al profesor Ramos
Castellanos qué opina de este sistema, presente en el proyecto y presente
en las enmiendas, de condicionar una evaluación por tramos absolutamente
centralizada (porque yo no sé si en Salamanca reside algún comité
evaluador de investigación, en Granada no hay ninguno), clandestina,
puesto que no se sabe quiénes son sus miembros. Usted ha dicho en un
momento dado que en etapas anteriores se sabía quién iba a sacar una
plaza en muchísimas ocasiones, y me consta que así es. Pero yo creo
recordar que aquellas pruebas eran públicas y, por tanto, se sabía quién
perpetraba la arbitrariedad y, en la medida en que la publicidad sea un
órgano de control, como decía Kant --yo, al fin y al cabo me dedico a la
filosofía del Derecho--, indudablemente algún papel jugaba. Hoy día
tenemos la misma centralización mediante unos comités clandestinos, que
además usted oportunamente ha señalado que son comisiones políticas. Al
respecto, yo le preguntaría --porque creo que ha dejado entrever que
conoce las enmiendas-- qué opina sobre esa enmienda que se ha introducido
por el Grupo Socialista, según la cual la Comisión Nacional de Evaluación
va en adelante a ser formada por una serie de miembros, entre otros,
algunos nombrados por el Congreso y el Senado; si cree que eso redundará
en beneficio de la racionalidad científica y del papel que a esas
comisiones se le atribuye presuntamente.
Quería hacer dos preguntas más antes de terminar. Una, qué opina sobre la
existencia del cuerpo de catedráticos de escuelas universitarias; unos
profesores doctores, como son los titulares, exactamente igual, y que
simplemente su única diferencia es que van a dar, van a impartir docencia
en ciclo corto. ¿Le parece lógico que exista un cuerpo de funcionarios
dedicados simplemente a explicar con el mismo nivel científico, puesto
que son doctores, una asignatura que se va a enmarcar en un plan de
estudios de menos años?
Y por último, qué opina de la posibilidad, que se refleja en una enmienda
de mi Grupo, no lo oculto (pensando sobre todo en la inminente
transferencia de universidades a las comunidades autónomas y pensando en
comunidades autónomas como la de la universidad a la que yo pertenezco,
Andalucía, o como la de la universidad a la que pertenece usted, Castilla
y León, que son abundantes en universidades), de que se establezca la
obligación por parte de la Administración central del Estado de
contribuir a financiar un mapa que garantice un cierto equilibrio
interterritorial, manteniendo unos centros y unas titulaciones con unos
mínimos requisitos de calidad y abiertos sin distinción, en distrito
único, por supuesto, a todos los ciudadanos.
Esto serían mis preguntas. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ollero.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Sanz.
El señor SANZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Agradezco, en primer lugar, la presencia del señor Ramos en la Comisión.
Nuestro grupo ha tomado buena nota de las reflexiones que ha hecho sobre
diversas cuestiones. Obviamente, en la interpretación que ha hecho al
comienzo sobre la inexistencia de un modelo de universidad en la LRU o
sobre el proceso que durante estos años se ha desarrollado no estamos de
acuerdo. Por eso ha procedido el Gobierno a enviar un proyecto de ley.
Entendemos que, naturalmente, hay cuestiones que la experiencia misma y
el desarrollo de la LRU obligan a plantear de nuevo para modificarlas y
mejorarlas.
Fuera de las valoraciones generales que ha hecho al comienzo, en lo que
se refiere al análisis que ha hecho del proyecto de ley y de una serie de
deficiencias que existen en la universidad, en el funcionamiento mismo de
los mecanismos para el acceso al profesorado, por ejemplo, que es quizá
en lo que a mi juicio ha hecho más hincapié, no hay duda de que ha
planteado una visión que en cierto modo reproduce bien los mecanismos
internos que en la universidad se están produciendo, y especialmente
algunas lacras del corporativismo. En ese sentido, me parece que puede
ser útil. Yo le voy a preguntar algunas cuestiones, sobre todo en lo que
pueden ser salidas a las situaciones que ha planteado.
Es cierto que a veces se producen perversiones en mecanismos que desde el
punto de vista legislativo están ideados con la finalidad de que, con un
espíritu estricto de honestidad intelectual, puedan desarrollarse en el
ámbito universitario. Sin embargo, la corporación termina por imponer
viejas maneras que sin duda a personas que, como usted ha indicado y me
ha parecido que manifestaba, están preocupadas por la calidad
universitaria probablemente les repugnan. Entiendo que esto es complejo
de resolver en la práctica, puesto que hay que contar, por ejemplo, para
la selección del profesorado, con los mismos que han estado en la
universidad española, y que por muchos años van a seguir en la práctica
controlándola a través de los mecanismos y de su presencia en las
distintas instituciones, los departamentos y las instituciones superiores
de gobierno de la universidad.
Me ha parecido interesante la observación que ha hecho sobre que quizás
la clave de la calidad de la enseñanza no sea tanto la endogamia, en el
sentido peyorativo en que se utiliza. Creo que ha dicho con acierto que
ahora es cada universidad la que selecciona su profesorado, y lo malo es
cuando lo selecciona sin criterios de calidad, simplemente por antigüedad
en haber entrado en el departamento, y que
antes se hacía por criterios de escuela nacional, las escuelas potentes
que seleccionaban a sus candidatos y que los colocaban en todas las
universidades del país. En la situación actual hay aspectos que son
negativos. La situación anterior en este punto no era idónea y tampoco
volver a ella, me ha parecido que usted no lo planteaba en ese sentido,
sería positivo. En este sentido, a mí me ha parecido especialmente
interesante lo que ha dicho sobre la selección al comienzo.
Efectivamente, la selección de los ayudantes, o la selección de los
doctores, en realidad está marcando el futuro de la universidad. No tanto
--al menos en lo que yo he entendido-- en cuanto que pudiera impedirse
que alumnos que desean cursar el tercer ciclo sin aspiraciones
universitarias, o al margen de la universidad, pudieran hacer su tercer
ciclo, su doctorado; profesionales que están fuera o personas simplemente
que quieren mejorar su capacidad intelectual y su capacidad de aportación
científica. Quizás ahí, en la expresión que ha utilizado, era demasiado
limitativo en cuanto que pudiera incorporarse al tercer ciclo todo el que
quiera y sea licenciado. Entiendo, sin embargo, que lo que usted ha
querido indicar es que aquellos que están en la universidad, ya dentro de
la estructura universitaria, como ayudantes, como becarios, y que quieren
hacer el doctorado, que desde dentro de la universidad se debería tener
mucho cuidado en los departamentos para dar vía libre a tesis doctorales
que pudieran no tener ninguna viabilidad por las razones que fuesen:
porque no se ajusten a criterios científicos, por cualquier otra razón, o
que quizá se debieran aplicar criterios, que me parece que ya incluso
están reglamentados, como que al cabo de un cierto tiempo una tesis
doctoral desaparezca simplemente, es decir, no se pueda continuar.
Ha hablado de la selección de ayudantes y del reconocimiento del
doctorado, es decir, la calificación del doctorado con sobresaliente «cum
laude», en casi todos los casos, con tesis buenas, con tesis mediocres y
con tesis malas. A mí me parece que aquí es muy difícil legislar sobre
esta cuestión. Aquí sí que le sugeriría que nos plantease un poco qué
criterios desde el punto de vista del legislativo se pueden abordar,
puesto que la selección de los ayudantes la hace el departamento, y el
departamento está constituido por sus profesores y una representación de
los estudiantes, de los estudiantes vinculados al departamento. Y en lo
que se refiere a las tesis doctorales, todo el mundo que está en la
universidad ha estado en tesis doctorales, y al final hay muchos
profesores que, viendo que la tesis es mediocre, dan el sobresaliente
«cum laude». No sé si habrá algún caso en que se ha negado el aprobado.
Como muy bien sabe usted porque lo habrá practicado, incluso en el primer
momento en que se reúne el tribunal hay que aceptar expresamente que la
tesis tiene calidad y, por tanto, se puede entrar a enjuiciarla.
En ese sentido, la actuación de los que forman los tribunales, que son
propuestos por los departamentos y, en definitiva, por los miembros del
área, no digo que con generalidad, pero en muchas ocasiones puede ocurrir
que esté más motivada por ligazones de tipo corporativo que por criterios
estrictamente científicos, donde para decirlo con claridad hay que dar la
cara y tiene uno que enfrentarse a sus compañeros y decirles: a pesar de
que yo soy amigo del catedrático que ha dirigido la tesis doctoral, y
además ahora ya no puede estar en el tribunal. Eso el legislativo lo
hizo. Parece que es inoperante, por lo menos en algunos casos, como usted
ha indicado. Efectivamente, los miembros de la corporación tendrán que
dar la cara y decir: a pesar de que el catedrático es colega mío,
compañero mío, el pupilo que ha presentado la tesis, el trabajo que ha
dirigido, es un trabajo que no tiene calidad. Por tanto no puede pasar ni
siquiera a juzgarlo, o incluso, si se juzga, puede quedar suspenso, en
lugar de pasar el bochorno de darle sobresaliente «cum laude».
En ese sentido, yo no acabo de ver qué soluciones podríamos aportar desde
el legislativo, pero sí me parece que S. S., que ha reflexionado sobre
esto, perdón, usted, que ha reflexionado sobre esto, seguramente nos
podrá indicar algo.
Me ha parecido también que el tema de la evaluación docente e
investigadora lo ha descartado como criterio. La verdad es que no es éste
el momento de debatir este tema. Como usted muy bien sabe, se han
barajado por parte del Ministerio varios criterios para el acceso a las
pruebas y finalmente se ha optado por uno que tendrá defectos o virtudes,
pero en realidad actuamos dentro de un relativismo. En este sentido, se
ha optado por decir: Bueno, pues que tengan, digamos, una docencia
reconocida, unos años de docencia reconocida positivamente y unos años de
investigación también positivamente. Bien, es un sistema. Efectivamente
no es éste el momento de discutirlo, aun cuando, en lo que pueda aportar
usted, le estaríamos agradecidos.
En cambio, me parece que el tema que se plantea de la evaluación docente
no sirve para nada; sirve, simplemente, como una bufanda, que es lo que
ha dicho, para un complemento, un complemento retributivo, por decirlo en
términos no peyorativos, un complemento retributivo que se le da a todo
el mundo. No tendría por qué ser así; las universidades podrían hacerlo.
Yo creo que las universidades no están en condiciones de hacerlo o no
están dispuestas a hacerlo. Todos sabemos que hay profesores que tienen
poca calidad, muchos que no asisten a clase con frecuencia y algunos que
son un bochorno para sus alumnos. Las universidades, con toda
tranquilidad le dan a todo el mundo, o a casi todo el mundo, o, salvo
casos flagrantes, le dan la docencia sin distinguir eso que había
pretendido el legislador y que seguramente, incapaces luego en su
aplicación, no fue un criterio oportuno, y es que la evaluación docente
fuesen los mejores profesores..., no los mejores, sino aquellos que dan
clases dignas en la evaluación docente, y aquellos que preparan las
clases sobre la marcha, no digo ya los que no asisten a clase, que ésos
deben tener una sanción, pero aquellos que dan clases mediocres, no deben
tener la evaluación docente, y yo creo que así debería ser. Pero, la
verdad, esto sí que depende de los departamentos.
En el tema de la evaluación investigadora, yo diría algo parecido, aunque
ha señalado usted algunas cuestiones que yo no desdeñaría. Hombre, no
estoy de acuerdo en el tema del ocultismo; sé que se ha planteado.
También le indico, y seguramente lo conocerá, que la comisión ha
evolucionado
bastante entre, digamos, los ensayos iniciales y el momento actual. La
propuesta que en este momento ha hecho nuestro grupo parlamentario para
que haya una máxima transparencia, que luego reglamentariamente se
concretará y que ya, de alguna manera, está pensada, se encuentra en el
ámbito del Ministerio, en lo que se refiere a la comisión, esta comisión
actúe con transparencia, con criterios de objetividad, en fin, con todas
las garantías que deben tenerse. Por tanto, yo le aseguro que la
pretensión en este punto del Grupo Socialista es asegurar que existen las
garantías para que la evaluación científica que se haga sea la adecuada.
Los rectores ya están entre los que plantean, entre los que votan a la
comisión evaluadora, puesto que están en el Consejo de Universidades,
pero, en todo caso, incluso son los que la controlan y constituyen,
digamos, el meollo de la parte académica del Consejo de Universidades. La
contraposición que ha hecho entre política y docencia e investigadores,
yo también tendría aquí... En fin, entiendo que, realizado a través de
las Cortes Generales, donde están representados los intereses generales
de la Nación y en ningún caso deben estar mediatizados por intereses
corporativos, y con el pluralismo que las Cámaras requieren, pienso que
mejora la fórmula actual.
He tomado nota, desde luego, de las observaciones que ha hecho. No tengo,
naturalmente, como político en ejercicio, digamos, esa..., una visión un
poco, me ha parecido, negativa, ¿no?, de la política en este punto,
aunque seguramente ha sido, digamos, una sensibilidad excesiva por mi
parte. Pero lo que sí que me ha parecido correcto es que diga que hay
diferencias entre las evaluaciones que se han hecho entre áreas.
Efectivamente, yo creo que eso es un hecho. Hay áreas donde las
comisiones que han evaluado son más estrictas y otras que lo han sido
menos. Hay grupos de áreas, en realidad ha sido por comisiones, y luego
estas comisiones han señalado a los expertos de las distintas áreas para
que colaboren con ellos. Le aseguro que en la nueva comisión evaluadora
todas estas cuestiones van a tener la máxima transparencia y, sin duda,
los candidatos a la evaluación tendrán la seguridad de que son evaluados,
por lo menos la posibilidad, digamos, de tener, de conocer los criterios,
los baremos, aquello por lo que han sido juzgados y, en su caso, hacer la
reclamación que estimen conveniente.
Termino, señor presidente.
Me ha parecido que, efectivamente, ha planteado usted un tema que existe,
y es el tema de universidades donde hay buenos equipos y buenos grupos de
trabajo y otras universidades que están más aisladas, que tienen menos
medios y donde difícilmente pueden confrontarse con los grandes equipos
de investigación y que tienen una desventaja, que en realidad es una
desventaja objetiva. Es decir, hay quien, por tener oportunidades de
investigación y buenos equipos, investiga e investiga bien, y quien, por
tener menos oportunidades, investiga menos o investiga con más
dificultades. Quizá el problema ahí sería más bien la dotación de medios
y, en fin, otros sistemas, que, evidentemente, no son para este momento.
Yo, para concluir, le haría una pregunta, reiteraría la pregunta del tema
de los catedráticos de escuela universitaria y profesores titulares de
escuela universitaria, cuál puede ser su criterio sobre la unificación de
la carrera docente. También le preguntaría si entre los dos modelos que
alternativamente al que ha presentado el Gobierno y que pretende ser
mejorado por las enmiendas del Partido Socialista si entre los otros dos
modelos usted estima que habría enmiendas, criterios, que podrían
incorporarse. El tema de la oposición centralizada, por ejemplo, que
plantea el Grupo Popular, o algunas otras enmiendas de calado, no me
refiero a cuestiones de detalle, sino modelos de carrera universitaria
que plantean los grupos del Partido Popular e Izquierda Unida.
Finalmente, plantea algunas otras cuestiones que me han parecido
interesantes, como es el tema de las convocatorias, etcétera, pero que
sobrepasan el ámbito para el que nos viene a ilustrar usted. Por lo
tanto, y ya a estas horas, no le voy a preguntar sobre este tipo de
cuestiones complementarias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sanz.
Para contestar a las cuestiones y a las preguntas que le han formulado,
tiene la palabra de nuevo el señor Ramos.
El señor RAMOS CASTELLANOS: Voy a intentar contestar primero al portavoz
del Grupo Popular en algunas de las preguntas que me ha hecho. Yo creo
que me hace un bloque de preguntas que en su conjunto se refieren a
órganos colegiados.
Yo formo parte en este momento de dos órganos colegiados, que son el
claustro de la Universidad de Salamanca, de la junta de gobierno de la
Universidad de Salamanca, de la junta de facultad del centro y también,
por supuesto, del consejo de departamento, del que, además, he sido
secretario durante seis años. Además, ostento el órgano unipersonal de
decano de la Facultad de Ciencias Químicas y ostenté el de secretario del
departamento de Ingeniería Química, como ya he dicho, durante seis años.
Tengo una cierta experiencia en lo que se refiere a órganos colegiados y
una experiencia más reciente en lo que se refiere a elección de rector,
que será motivo de una votación mañana en la Universidad de Salamanca,
otra de las razones por las cuales yo no podía quedarme aquí hoy.
Me ha parecido verdaderamente triste lo que ha pasado con motivo de las
elecciones del claustro de la Universidad de Salamanca, que han estado
influenciada o polarizadas por la existencia de tres candidatos a rector.
La consecuencia es que al claustro se presentan profesores, alumnos y
miembros del personal de administración y servicio que a lo mejor no
tienen en absoluto interés por lo que ocurra en el claustro, pero que sí
son amigos de fulanito, candidato a rector, y que por ello les parece muy
bien aparecer en su lista. La conclusión final de todo es lo que venía
ocurriendo en el claustro de la Universidad de Salamanca en los últimos
años, en los que era prácticamente imposible hacer un quórum para el
claustro funcionara. Porque estos señores que están en la lista por
compromisos personales, luego, a la hora de asistir a los claustros, no
tienen ningún interés. Y luego, como más grave todavía, están las
declaraciones de uno de los candidatos hace una semana en los
periódicos locales, en los que decía: «No voy a represaliar, no voy a
tomarme venganza de los que han perdido.» Creo que esto es algo que hay
que evitar de cualquier manera. Es muy triste que esto ocurra en la
Universidad. Por desgracia, cuando esto ocurrió, hace ocho años, la
Universidad quedó dividida en vencedores y perdedores. Y no sabemos si
los vencedores se cebaban en los perdedores o los perdedores se hacían
las víctimas, pero el caso es que esto estuvo así durante mucho tiempo.
En esta ocasión, que ha habido tres, pues va a haber dos perdedores, lo
cual es más grave todavía, ¿no? Creo que esto habría que resolverlo de
alguna manera. Posiblemente una de las formas sería llevar las elecciones
a rector a sufragio universal --desde luego que ponderado, pienso yo-- y
que luego el claustro fuera por otras vías distintas. De lo contrario, yo
creo que va a seguir ocurriendo esto, que entiendo que debe de ser
evitado.
Es evidente que la burocratización de la Universidad es un hecho. Todos
nos vemos demasiado obligados a rellenar muchos papeles, y ello nos hace
perder demasiado tiempo; hay demasiadas reuniones, quizás como
consecuencia --y por eso estoy contestando a todas las preguntas de una
forma conjunta-- de las competencias que tienen los órganos colegiados y
que obligan a reunir estos órganos colegiados con excesiva frecuencia. Yo
entiendo que, salvo aspectos muy concretos en los que debe de decidir la
junta de facultad o el consejo de departamento, en líneas generales, de
política universitaria del centro o del departamento, para cosas de más
trámite se debería de dar una mayor facilidad, se debería de hacer una
delegación en los órganos unipersonales, con el fin de evitar el exceso
de reuniones, que al final obligan a que la gente no acuda a ellas y que
entonces se aprueben las cosas con la asistencia de un número que muchas
veces no llega ni siquiera al 30 por ciento de los miembros del órgano
colegiado correspondiente. Porque el tercio está allí para constituirse,
pero a lo largo de la reunión se van si pueden.
Evidentemente, y también en relación con el tema, una pregunta que me
hacía el portavoz del Grupo Popular sobre cuestiones específicas. Yo he
visto situaciones dolorosas: un miembro del personal de administración y
servicio votando el informe sobre la actividad docente e investigadora de
un profesor, conocedor de su total ignorancia al respecto. Y los alumnos,
un poco lo mismo, que en torno a la labor docente podrían quizás opinar,
pero nunca sobre la labor investigadora. Con situaciones de tensión real,
en las que el miembro del PAS tenía que votar, porque, si no votaba,
encima no tenía un voto en contra o un voto en blanco, con lo cual no
sabía cómo se interpretaba eso. Incluso en algún caso puede llevar a que
si hay muchos miembros del personal de administración y servicios y la
mayoría que se exige es muy cualificada, pues hasta por una abstención
pueda no sacarse algo adelante. Esto ocurre, por ejemplo, para nombrar
profesores eméritos en la junta de gobierno de la Universidad de
Salamanca, donde hay varios representantes del PAS. Creo que, de verdad,
en algunos casos concretos se debería de permitir o de establecer que,
aquellos miembros del órgano colegiado que no estén especialmente
cualificados para entender en esos asuntos, no participen de la votación,
y que esto no se tenga en cuenta, claro, a efectos de mayorías; que se
establezcan otras mayorías diferentes.
Y ya entrando un poco en esto, me gustaría haber hecho una referencia a
la influencia de los alumnos en los órganos colegiados de gobierno, que
con frecuencia es muy importante. Yo aseguro a sus señorías que el
claustro de la Universidad de Salamanca, durante los últimos ocho años,
no ha hecho otra cosa que aprobar las líneas generales que marcaba el
rector y hacer declaraciones institucionales promovidas por los alumnos;
eso es todo lo que ha hecho el claustro de la Universidad de Salamanca.
Los alumnos han sido determinantes a la hora de elegir al rector hace
ocho años --que no hace cuatro-- y podrían ser determinantes a la hora de
elegir este rector. Nosotros creemos que ya sabemos quién es el rector de
la Universidad de Salamanca. Pero si todos los alumnos --y no lo tienen
decidido-- decidieran votar al otro, saldría el otro. Creo que la
influencia que pueden tener los alumnos, con un 25 por ciento de peso en
estos órganos colegiados, es más importante de lo que parece.
Digo que conecto ahora un poco, en relación con esto de la cualificación
o del voto cualificado para algunos aspectos de los órganos colegiados,
con lo que me preguntaba también el señor Ollero en relación con el
consejo de rectores. Desde luego, se hace como mucho más razonable que
para ciertas cuestiones de carácter académico --y me va a perdonar que
vuelva a hacer referencia a lo de la política-- sean órganos académicos
los que tomen decisiones; en este caso el Consejo de Universidades,
aunque una gran parte del mismo esté constituido por los rectores de las
universidades españolas, pues no es académico en su totalidad, ya que
creo que tienen influencias políticas.
Y ahora entro en dos preguntas, creo, si no me he saltado nada, que
podrían ser de los dos portavoces, del Grupo Popular y del Grupo
Socialista, porque los dos han hecho referencia a las comisiones
evaluadoras y su nombramiento al Cuerpo de Catedráticos de Escuela
Universitaria. Yo creo que ya lo he dicho: la aplicación de la evaluación
como criterio previo para el acceso a plaza de profesor universitario,
¡de ninguna manera!, ¡de ninguna manera! Yo entiendo que la evaluación
docente e investigadora se debe hacer al profesor, que es el que tiene
capacidad docente investigadora, a ése sí, pero previamente no entiendo
que de ninguna manera se deba de introducir esto, pero mucho menos en las
actuales circunstancias. Creo que es algo que han dicho todos los grupos
políticos, prácticamente todos los grupos parlamentarios; creo que es
algo que han reflejado en la prensa todos los grupos de profesores
ayudantes, de profesores titulares, de profesores catedráticos. Todos los
colectivos de la universidad que están un poco preocupados por el tema se
han opuesto a que esto influya como criterio previo para el poder acceder
a una plaza de profesor ordinario. Entonces, mi postura es de oposición
radical a que esto siga siendo así, además de que volvería a incidir en
aquello que yo hablaba de los muchos años, porque el período de
investigación es de seis años. Y para tener méritos que sean válidos para
un sexenio de investigación, hay que esperar unos años; porque no
desde que eres licenciado puedes empezar a hacer méritos de
investigación. Entiendo yo que no puedes hasta que no eres, por lo menos,
doctor. Con lo cual estamos demorando de nuevo la posibilidad de acceder
a la carrera docente. Y además disminuimos lo que yo entiendo que no
deberíamos de disminuir, según una enmienda del Grupo Socialista: a tres
años lo de docencia. ¿Para qué? Si con eso no mejoramos nada, si tenemos
el sexenio de investigación, ¿para qué nos sirve llevar a tres el de
docencia? Si uno dura seis y éste dura tres, aunque durase cinco nos daba
lo mismo; dura más el otro. Además, me parece que porque sean cinco
tampoco pasa nada. Creo que eso es una enmienda sin mucho fundamento; no
lo sé. Prefiero que quede como está ahora. Pero, claro, ustedes la habrán
hecho por algo, entiendo yo.
En cuanto a las comisiones, sigo insistiendo en lo mismo, que tienen que
ser académicas, tienen que ser comisiones nombradas de forma académica,
no sé si por el consejo de rectores o por quién. Pero entiendo que de
ninguna manera deben de estar nombradas de forma que influyan en ello los
grupos políticos, aunque sólo sea para evitar que alguien pueda decir que
se lo dan a los amigos de los políticos, aunque sólo sea para eso. Yo no
creo que el que lo elija el Senado o el Congreso de los Diputados vaya a
beneficiar en nada ni dé unas mayores garantías de control público... ¡Si
ese control tampoco debe ser público, sino de la propia Universidad! Es
más: yo creo que la evaluación investigadora, si se ha de llevar a cabo,
debería de ser obligatoria para todo el profesorado, no para el que lo
solicite, no, sino para todo el profesorado. Y acreditar una calificación
por lo menos mediocre, en esas evaluaciones para no recibir una regañina.
Y luego, si queremos, lo primamos para aquellos que adquieren una
determinada puntuación. ¿O es que el que lo solicita tiene que investigar
y el que no lo solicita puede no investigar? ¿Acaso no establecen las
normas que el docente tiene ocho horas de docencia y treinta y dos de
investigación? Creo que en algún sitio he leído esto. Entonces, me parece
que si se evalúa de forma obligada la tarea docente, porque los alumnos
van allí, en mi Universidad, a evaluarte, ¿por qué no la investigadora?
Pero, repito, al profesor, al que ya lo es, y con unos criterios
académicos, con unos criterios objetivos, teniendo en cuenta las
diferencias sustanciales que hay entre áreas y entre universidades. Esa
es mi opinión.
En cuanto a cómo organizar esto de la carrera, parece ser que hay ciertas
dificultades para entenderlo. Perdón, contesto primero a la pregunta, que
seguiría siendo común. Yo creo que, efectivamente, el cuerpo de
catedráticos de escuela universitaria es un cuerpo... A mí me llaman
muchos compañeros catedráticos de escuela universitaria y me dicen: «Oye,
¿podríamos incorporarnos a la asociación de titulares?» y yo les
contesto: Pues mira, la verdad es que la figura es la misma. No sé si
alguien dijo aquí que las competencias son distintas, no lo sé. Pero yo
creo que, siendo doctores, podrán impartir, incluso, segundo ciclo
incluso; no lo sé. El sueldo, los niveles, todo es igual que el de
titular. Entonces, mantener una figura ahí que no tiene ningún
significado especial, cuando hoy mismo existe en Salamanca una escuela de
educación, perdón, una Facultad de Educación, donde se imparten
enseñanzas de facultades de pedagogía y de EGB, del profesorado de EGB,
es estar mezclando las cosas. Por tanto, ¿por qué mantener ahí la figura
del titular, perdón, del catedrático de escuela universitaria? No lo
entiendo; yo creo que se podría quitar. Otra cosa es que alguno de los
que hoy son catedráticos de escuela universitaria deseen seguirlo
siéndolo. Pero me parece que eso es algo que se puede mantener con eso de
que son cuerpos a extinguir, y no hay ningún problema. Pero seguir
aumentando ese problema, quizá no sería conveniente. El titular de
escuela universitaria sí que puede plantear algún problema y debería de
dársele mucha especificidad, para ver dónde tienen que actuar y dónde no.
Alguien --no sé si es el Grupo Popular-- los llama profesores específicos
o algo así. Pues bien, podría ser eso. Me parece que, en cualquier caso,
en algún escrito del Grupo Socialista da también un poco la impresión de
que es para algunas áreas concretas.
En relación con la selección al principio en lo que se refiere a la
carrera docente, yo le rogaría a su señoría que le pidiera al señor
Ministro que le haga una copia de una carta que yo le he remitido hace
unos quince días --no me acuerdo exactamente con qué fecha--, en la que
le hago una propuesta en ese sentido. Se la he mandado con fecha 4 de
noviembre. Le pediría que, por favor, le facilite una copia de la carta
que yo le remití a él hace esos veinte o veinticuatro días.
Es evidente que yo no pretendo limitar a la gente que haga el doctorado;
lo que sí pretendo es darle seriedad al doctorado, así como que la
selección para el inicio de la carrera docente sea seria, en base a
currículum, en base a algún examen. En algunos casos, ese problema está
resuelto. Los becarios lo tienen resuelto, ya que les dan las becas
porque tienen un buen currículum. Pero en otros casos, como el de los
ayudantes, a veces no está resuelto, y a veces se coge a cualquiera, por
razones que no son las más adecuadas. Establezcamos que tiene que tener
una nota mínima para acceder a la categoría de ayudante o, que si no la
tiene, que pueda hacerlo mediante un examen. No lo sé, hay maneras de
hacerlo. Y luego, el que quiera hacer el doctorado, que lo haga, pero que
lo haga y que se atenga a las consecuencias. Que los cursos de doctorado,
los programas de doctorado sean programas de doctorado en serio. ¡Claro
que se puede legislar! pero si legislamos que los programas de doctorado
no cubren docencia, pues nadie lo hará con interés. Si no se establecen
unos mínimos requisitos y no hay que hacer exámenes, y no hay que dar
papeleta, y no se tiene que garantizar... O se hace un tribunal para que
al final examine de los cursos de doctorado. Y en cuanto a los tribunales
de las tesis, digo tres cuartos de lo mismo: prefiero que sea aquí donde
haya una comisión nombrada por sorteo entre los doctores específicos de
esa área a nivel nacional. ¿Por qué va a tener que hacer la propuesta el
director de la tesis? Ya estamos viciándolo. ¿Y por qué lo va a elegir el
departamento? El departamento no quiere que le echen para atrás ninguna
tesis. Entonces, exijamos en este momento esos requisitos y no luego, más
adelante, cuando lleva quince o veinticuatro años en la universidad.
Ahí es donde luego vamos a generar problemas. Por tanto, ésa es mi
postura en cuanto a esto.
¡Claro que se puede legislar!, y seguramente que ustedes tendrán más
ideas que yo o podrán tener más ideas que yo en relación con este tema.
Pero me parece que es primordial que sea allí donde se pongan cortapisas
y que, por lo menos, se tenga una garantía de que aquel que hace la tesis
doctoral es un doctor de verdad. Porque nosotros exigimos que se nos
reconozca a todos los efectos, incluso en los económicos, el ser
doctores. Lo venimos defendiendo desde hace muchos años, y siempre se nos
ha denegado. A lo mejor se nos deniega porque realmente el doctorado,
como decía el profesor Tortiella o Norniella hace poco o hace bastante en
«El País», es una filfa. ¡Pues evitemos que sea una filfa! Démosle las
suficientes garantías para que el que acabe siendo doctor ya tenga una
cualificación investigadora garantizada y, a partir de ahí, permitamos
que adquiera la cualificación docente. Pero no con evaluaciones, no,
porque todavía está empezando y eso le puede pesar mucho. Y luego, cuando
sea profesor, evaluémosle.
En la carta que le escribí al señor ministro, decía: Arbitrar medios para
la evaluación docente me parece difícil; aparte de las encuestas a los
alumnos, a las que les veo muchos defectos, que me parecen muy
interesantes, pero no me parecen definitivas. Porque a mí me ocurrió una
cosa muy curiosa, y es que un alumno o, mejor dicho, varios alumnos me
pusieron --entre el 1 y el 5, entre el 0 y el 5-- un 1 en lo que era
asistir a clases, cuando yo no había faltado ese año ni una sola vez,
incluso fui algunas veces enfermo, y me pusieron un 1. Y resulta que los
que hacen la evaluación tuvieron en cuenta esos datos. Además, en este
mismo sentido se han manifestado otros profesores. Y resulta que,
preguntando a los alumnos, dijeron: «Es que usted da las clases un poco
más largas de lo que tiene que darlas, y por eso le hemos puesto el 1», y
figura como que no he asistido a clases prácticamente ni un día, porque
me pusieron una calificación mínima. Preguntas como: «¿Entiende usted que
el profesor explica un programa actualizado?», me parecen ridículas y
aberrantes. ¿Es que va a saber el alumno cómo está el programa
actualizado de una asignatura determinada cuando está empezando a
tomarla? Y aparece en el cuestionario que se emplea en la Universidad de
Salamanca. En relación con los exámenes, se hacen las preguntas cuando
todavía no se han hecho los exámenes. Y hay quien contesta, es curioso,
son generalmente los repetidores y te ponen todos mala nota. Yo, que
quede bien claro que las evaluaciones éstas las he tenido siempre
positivas, siempre he andado por cerca del 4 o del 5, con lo cual estoy
muy satisfecho, pero a pesar de estas anomalías, ¿eh? Entonces, ésta
puede ser una cosa más a tener en cuenta a la hora de la evaluación
docente. Pero quizás con esto tampoco baste. Porque un grupo de alumnos,
a profesores que no tengan muchos alumnos en su clase, le pueden crear
problemas, como ha ocurrido.
¿Qué alternativa me parece más adecuada para la carrera docente? La que
yo propongo. Respeto la que propone el Partido Popular, respeto la que
propone Izquierda Unida, respeto la que proponen ustedes, pero desde
luego se mueven en unos límites muy distintos de la que yo propongo y,
por eso, no me puedo inclinar por ninguna de ellas.
¿Cuál evitaría la endogamia en mayor medida? En mayor medida, porque yo
creo que eso al final no se evita, como he dicho ya. Antes había
tribunales y yo sé que compañeros míos, cuando venían --entonces estaba
iniciándome en la universidad--, decían: «No, es que ésta no es la mía».
Y venían, pero además tenían que venir, aun sabiendo que no era la suya,
tenían que venir para hacer méritos. Evidentemente, la situación actual
facilita mucho más que estos amiguismos, o como queramos llamarlo,
injerencias o interferencias entre unos y otros se den con más facilidad.
Y a lo mejor una comisión a nivel nacional, que diera la habilitación,
podría evitar esto. Pero yo sigo pensando que lo mejor no va por ahí.
Pienso que la propuesta del Partido Popular podría mejorar la calidad de
la docencia, en el sentido de que una oposición más dura --que no me
gusta, no me gusta--, con tres ejercicios, me parece que son para
titular, y cuatro para catedrático, que no me gusta, porque yo soy
contrario a las oposiciones, podría garantizar en mayor medida la calidad
de los profesores. Me gusta más el modelo que actualmente tiene la LRU,
preservando el principio de la carrera docente, de manera que ya entre
gente cualificada, y, desde luego, llevando todo a un concurso único para
ser profesores ordinarios de universidad, con la categoría que queramos,
o con las categorías intermedias que queramos, a las que se accedería por
méritos. En este sentido, a lo mejor comulgaba con la propuesta de
Izquierda Unida.
Creo que, más o menos, he dado una contestación a todas las preguntas que
se me han hecho.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En todo caso, quiero señalarle que si desea hacer llegar a los diferentes
grupos tanto el texto de la carta a la que ha hecho referencia como
cualquier otro documento que pueda servir para los trabajos de la
Comisión, con mucho gusto lo recibiremos y se repartirá después.
Quiero terminar reiterando nuestra gratitud, la gratitud de la Comisión,
por su presencia, por haber dedicado, como decía el señor Ollero, el día
de hoy a la Cámara. Seguro que las reflexiones quedan de forma íntegra
reproducidas en el «Diario de Sesiones» y servirán a los trabajos que
esta Comisión está llevando a cabo con el fin de dictaminar el proyecto
de reforma de la Ley de Reforma Universitaria.
Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.
Eran las ocho y cinco minutos de la tarde.