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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 372, de 01/12/1994
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 372
D E F E N S A
PRESIDENTE: DON JUAN MUÑOZ GARCIA
Sesión núm. 21
celebrada el jueves, 1 de diciembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Secretario de Estado de la Defensa (Flos
Bassols), para informar sobre las relaciones contractuales mantenidas en
el ámbito de sus responsabilidades con la empresa Control y Aplicaciones
(CAE). A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/001240.)



Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.

Antes de dar la palabra al señor Secretario de Estado de Defensa, les he
de comunicar que, por acuerdo de la Mesa, se ha decidido aplazar a otra
próxima sesión los puntos 2, 3 y 4 del orden del día. Por tanto, hoy sólo
se tratará el punto primero, que es la comparecencia del Secretario de
Estado de Defensa, para informar sobre las relaciones contractuales
mantenidas en el ámbito de sus responsabilidades con la empresa Control y
Aplicaciones (CAE).

Damos la bienvenida al señor Secretario de Estado de Defensa, una vez más
y, a estos efectos, tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Muchas gracias,
señor Presidente.




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(El señor Vicepresidente, Carrera i Comes, ocupa la Presidencia.)
Señorías, muy buenas tardes. La discusión parlamentaria habida
últimamente en torno al grupo de empresas CAE, que no de la empresa CAE,
hace conveniente que la Administración dé una información completa sobre
su contratación con las empresas de dicho grupo, información que
constituye el objeto de esta comparecencia.

A efectos de recopilación de datos, hemos realizado una explotación
exhaustiva del Sicop, que, como SS. SS. saben, es el sistema integrado de
contabilidad y presupuestos. La lista de empresas utilizadas para la
explotación ha sido obtenida de las memorias auditadas del Grupo
consolidado CAE, desde 1987 a 1993, inclusive. Dado que la composición
del Grupo ha ido variando a lo largo de estos años ha sido necesario
examinar un total de 74 empresas, parte de las cuales son filiales de
otras.

Antes de entrar en materia, quisiera situarles sobre algunos aspectos
básicos que creo que delimitan la problemática en lo tocante a Defensa.

En relación con la contratación de Defensa propiamente dicha, debo decir
lo siguiente: Primero. En los ocho últimos años (1986-1994) el Ministerio
de Defensa sólo ha celebrado 15 contratos con empresas del Grupo CAE, por
un importe total de 528 millones de pesetas.

Segundo. Dicho importe sólo representa el 0,29 por ciento de los ingresos
del Grupo CAE en el período 1988-1993. Utilizo este período y no otro más
amplio, porque si incluyo, por ejemplo, 1987, este porcentaje se reduce
muchísimo, pues en 1987 no hubo contratos; y en 1986 hubo uno muy
pequeño. Me parece relevante señalar que estamos hablando de temas
cuantitativamente muy limitados.

Tercero. Los contratos proceden de órganos diversos y de distintos
Ejércitos y se distribuyen homogéneamente a lo largo del período
observado.

Cuarto. Los informes de la Intervención son favorables, sin observaciones
ni reparos.

Quinto. En la mayor parte de los contratos hay amplia concurrencia y las
ofertas adjudicatarias son siempre, aparte de otros factores, las más
económicas. Es más, en muchos casos la decisión se produce por ser las
más económicas.

Esto por lo que se refiere a la contratación de Defensa.

Entrando en la participación de las empresas del Grupo CAE en el Programa
EFA, sobre la que se ha dicho que pudo haber un trato de favor, voy a
señalar lo siguiente para situar un poco toda la exposición que vendrá
después: En primer lugar, debo repetir algo que ya se ha dicho y ha
aparecido en la prensa ampliamente y es que en el Programa EFA la
contratación no corresponde a los Ministerios de Defensa, sino a unos
consorcios empresariales internacionales, que en el caso que nos ocupa
será Eurofighter, que subcontratan siempre mediante concurso público y
bajo el control de una agencia, también internacional, denominada Nefma.

En segundo lugar, que la empresa en cuestión, la empresa Seidef, S. A.,
perteneciente al Grupo CAE, se presentó a los concursos formando siempre
parte de consorcios internacionales en los que había una empresa por cada
país --como verán, este hecho es fundamental, a efectos de explicar
posteriormente los motivos de las adjudicaciones--, consorcios que se
constituyeron antes del año 1989.

En tercer lugar, que Eurofighter, que es este consorcio de empresas que
actúa como contratista principal en el Programa EFA, adjudicó cuatro
concursos a los consorcios a que pertenecía esta empresa. En tres de
ellos, la adjudicación se produjo por tratarse del único consorcio con
una empresa por cada país; en el otro, por tratarse de la oferta más
económica.

En cuarto lugar, la participación en el Programa EFA, obtenida por el
Grupo CAE a través de estos concursos, fue de 635 millones de pesetas.

Sin embargo, en el año 1993, el Grupo CAE transfirió dicha participación
a una empresa externa a dicho Grupo, por lo que estimamos --este dato no
es seguro por cuanto obviamente no conocemos la contabilidad interna de
la empresa-- que sus ingresos procedentes del EFA son del orden de los
253 millones de pesetas, lo que representaría un 0,15 por ciento de los
ingresos totales del Grupo en el período antes citado.

Entiendo que estos elementos generales que acabo de señalar, que afectan
un poco a todo, a los que podría añadirse quizá algún otro aspecto como
las fechas de adjudicación de estos concursos, permiten ya evaluar la
problemática. Pero, como dije al principio, el objeto de esta
comparecencia es informar y esto es lo que voy a hacer del modo más
exhaustivo posible, dentro de las lógicas limitaciones de tiempo que hay
que destinar a un tema de esta envergadura.

Quiero decir primero que el Grupo en cuestión, después de este número de
empresas que les he explicado que hemos tenido que examinar, tiene una
estructura bastante extensa y diversificada y que de hecho, parte de los
contratos con el Ministerio, de los que hablaré más adelante uno a uno,
son simples instalaciones eléctricas o de seguridad, como las que puede
tener cualquier organismo de la Administración o cualquier empresa.

La actividad propiamente del sector defensa es muy reducida y se
concentra o se concentró en una empresa denominada SEIDEF, S. A., que
tiene un capital de 50 millones de pesetas y, por supuesto, un peso muy
limitado dentro del Grupo.

Siempre según las memorias auditadas a que he hecho referencia, en el año
1992 esta empresa transfirió su actividad a otra empresa del mismo Grupo
denominado Sistemas e Instrumentación, S. A., a la que voy a referirme
como SEI, S. A., empresa que ya había desarrollado algún producto
militar, aunque no fuera el elemento sustancial de su producción.

Finalmente también es relevante señalar que en el año 1993 la empresa
Seidef transfirió su participación en el Programa EFA a una empresa
externa al Grupo, concretamente a Page Ibérica, S. A.

Precisamente es la participación en el EFA la que ha sido objeto de
comentario, entiendo que muy desacertado, y por ello empezaré mi
exposición hablando de este tema, aunque, paradójicamente y como ya he
indicado, los contratos del Programa EFA no son materia de los
Ministerios de Defensa afectados, sino de una compleja organización



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internacional creada al efecto por los cuatro países miembros del
Programa.

Suponer que en el Programa EFA pueda haberse producido un trato de favor
para una empresa concreta es algo que no sólo tiene incidencia en nuestro
país, sino que pone en entredicho la seriedad de la organización creada
por los cuatro países socios del EFA para llevar a cabo el Programa. En
este sentido, mis palabras serán también de defensa de la bondad y de la
eficacia de esta organización.

Pensar que Alemania, el Reino Unido, Italia y España se lanzan a un
programa de I+D y de producción que puede llegar a sumar siete billones
de pesetas, que tiene amplísimas repercusiones tecnológicas e
industriales, sin mecanismos que garanticen su seriedad y transparencia,
es desconocer lo que es un programa de cooperación internacional y la
fuerte competencia entre empresas y consorcios que se da en estos
momentos en Europa.

Precisamente, y esto es lo sorprendente, estos programas de cooperación
se caracterizan por la existencia de una extensa y compleja normativa
interna y de una serie de controles muy severos, que luego explicaré,
dirigidos a preservar la competencia leal y la eficacia de toda
actuación.

Voy a empezar a explicarles cómo funciona la organización del EFA.

Intentaré ser lo más breve posible, pero quisiera hacerlo de forma
completa.

El Programa EFA se inicia hacia el año 1986 por parte de esos cuatro
países que he mencionado, Alemania, Reino Unido, Italia y España, con el
fin de desarrollar y fabricar un avión de combate europeo. España tiene
una participación del 13 por ciento, lo que significa, entre otras cosas,
que aporta un 13 por ciento de la financiación y tiene derecho a realizar
el 13 por ciento de la actividad económica generada, si es capaz de
conseguirla, tema importante en el Programa EFA, quizás no tan importante
en este contexto.

Hasta ahora se calcula que han participado en el programa a distintos
niveles de subcontratación unas 300 empresas españolas. Esta magnitud es
muy significativa, ya que no es fácil para una empresa española alcanzar
el nivel tecnológico necesario para aportar componentes al avión o para
ser aceptada en los consorcios internacionales y hacerse con el 13 por
ciento de actividad que nos corresponde.

El programa, como SS. SS. saben, se inició con la firma de un memorándum
de entendimiento por parte de los cuatro Ministros de los países
afectados. Estos Ministros sólo se reúnen cuando hay que introducir
modificaciones en los acuerdos iniciales y también recordarán SS. SS. lo
importante que fue el acuerdo del año 1992, cuando se reunieron los
Ministros, que decidieron pasar del avión EFA inicial a un avión más
económico denominado EF-2000.

La organización del programa está estructurada en cinco niveles
orgánicos. El primer nivel es lo que en inglés llamamos el «Steering
Committee», es decir, Comité de Seguimiento, compuesto por varios
representantes de cada país, cuyo nivel máximo es el de subdirector
general. El Comité se reúne dos veces al año y su función es supervisar
la marcha general del programa en cuanto a especificaciones, costes,
plazos, y sobre todo en cuanto a equilibrio industrial entre los países.

El Comité de Seguimiento no baja nunca al nivel de la gestión.

El segundo nivel es el llamado «Board of Directors». Es un comité
compuesto por representantes de cada país, cuyo nivel máximo es el de
jefe de programa. En este caso ya se trata de un órgano de reunión muy
continua, se reúne cada seis semanas y examina los aspectos, los mismos
aspectos que el Comité de Seguimiento, pero de forma absolutamente
continua.

El tercer nivel, que es especialmente interesante ya en lo que vamos a
tocar, es el de la gestión, gestión de programa que corresponde a una
agencia internacional denominada Nefma, que se constituyó a estos
efectos. Es una agencia que está en Munich, trabajan en ella 175
personas, de las que un 13 por ciento son españolas, en correspondencia
con nuestra participación total en el programa.

La Agencia es el órgano de contratación de los dos contratistas
principales de que hablaré y lo hace mediante los llamados «Main
Development Contracts». Nosotros los llamamos contratos principales de
desarrollo. En estos programas siempre estamos hablando en siglas que
vienen normalmente en inglés.

Estos contratos con estos consorcios principales comprenden verdaderos
reglamentos de procedimiento de contratación que se aplican a todo tipo
de subcontratos efectuados por los contratistas principales.

Relacionado con el tema que nos ocupa, debo destacar que estos
reglamentos establecen que toda subcontratación, de quien sea, estará
siempre sujeta a la máxima competencia y que las adjudicaciones se
efectuarán mediante concurso público. También señala que deberá
intentarse que a cada licitación --éste es un tema básico en este
asunto-- concursen por lo menos tres consorcios empresariales
internacionales con una empresa de cada país socio del programa y que,
cuando razones técnicas impidan que exista esta competencia de
consorcios, la subcontratación será objeto de una auditoría de precios.

Estos creo que son los hechos básicos que nos pueden interesar aquí, que
vienen de un reglamento, un procedimiento larguísimo.

Les he hablado de este nivel de gestión, luego viene el de los
contratistas principales, que es el cuarto nivel. Estos contratistas
principales son consorcios empresariales internacionales definidos en los
memoranda iniciales que firmaron los Ministros. Hay dos consorcios de
este tipo: uno para el avión y otro para el motor. El consorcio
empresarial correspondiente al avión se denomina Eurofighter y está
compuesto por las siguientes empresas: por Alemania, Dasa; por el Reino
Unido, British Aerospace; por Italia, Alenia, y por España, Casa. El otro
consorcio empresarial correspondiente al motor se denomina Eurojet y está
formado por las siguientes empresas: por Alemania, MTU; por el Reino
Unido, Rolls Royce; por Italia, Fiat, y por España, ITP.

El contrato entre la Agencia Nefma y Eurofighter distribuye los bloques
de trabajo que corresponden a la estructura del avión entre las cuatro
empresas citadas; es decir, hay una parte del trabajo que está
distribuido desde arriba de todo entre estas cuatro empresas. Pero luego
hay otros elementos muy abundantes que deben ser objeto de



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subcontratación; se trata de los equipos que son subcontratados ya sea
por Eurofighter o por las empresas que lo componen.

Pero también debo destacar aquí --y siempre moviéndonos en lo que pueda
interesar a estos efectos-- que tanto en uno como en otro caso las
subcontrataciones siguen las normas de competencia y concurso público que
he señalado, porque son normativas válidas para todo el programa EFA y
que la selección inicial del adjudicatario corresponde siempre a
Eurofighter. Eurofighter ha celebrado hasta hoy 284 concursos para el
suministro de equipos.

Visto, pues, quién gestiona, la Agencia Nefma, visto que hay dos
contratistas principales, que son estos consorcios, viene el quinto y
último nivel, que es el de los subcontratistas, y es cuando empezamos a
acercarnos a nuestro tema.

Como he dicho, salvo excepción, los subcontratistas son consorcios
empresariales internacionales compuestos por una empresa de cada país.

Repito, toda adjudicación se efectúa mediante concurso. La selección
inicial del adjudicatario corresponde a Eurofighter y sus propuestas son
remitidas a Nefma, quien convoca a su vez un panel en el que emiten su
opinión final: primero, Nefma; segundo Eurofighter y, en tercer lugar,
los representantes de cada país. Normalmente, el interés del panel se
centra en que se cumplan las especificaciones y sobre todo --y esto se ve
por las actas-- en el porcentaje de participación industrial de cada
país, que es realmente el tema complejo a discutir.

Visto el funcionamiento general, que he expuesto quizás de un modo muy
rápido, pero que creo que es bastante completo, podemos examinar qué
participación tuvo la empresa Seidef, S. A., en el programa EFA.

Esta empresa formó parte de dos consorcios internacionales. El primer
consorcio estuvo compuesto por: Nordmicro, de Alemania; Ferranti Bendix,
del Reino Unido; Microtécnica, de Italia, y Seidef, de España. El segundo
consorcio estuvo compuesto por: Dasa, Alemania; Ferranti Bendix, del
Reino Unido; Sepa, Italia, y Seidef, de España.

El primer consorcio fue adjudicatario de un concurso y el segundo
consorcio participó y fue adjudicatario de tres concursos.

Estos concursos fueron: primero, un concurso para el desarrollo de un
transformador de presión de la entrada del aire. Eurofighter seleccionó
al primero de los consorcios que he citado por ofrecer la mejor solución
técnica y ser el único con una empresa de cada país. Esta explicación
está sacada de las actas y de las justificaciones de Eurofighter. Seidef
participó con un 11,1 por ciento, lo que representó 80.667.400 pesetas.

Como pueden ver, es difícil llegar a conseguir un peso del 13 por ciento,
ya lo verán; en los otros, también es difícil. Eurofighter remitió la
adjudicación inicial a Nefma el 16 de mayo de 1989.

Segundo concurso: desarrollo de un generador de frecuencia constante.

Eurofighter seleccionó en este caso al segundo de los consorcios que he
citado por ser el más económico. La empresa Seidef, S. A., participó con
un 11,9 por ciento, lo que representó 277.455.900 pesetas. Eurofighter
remitió la adjudicación inicial a Nefma el 11 de marzo de 1989.

El tercer concurso es el de generador de potencia. También aquí el
adjudicatario por parte de Eurofighter fue el segundo consorcio, según se
dice, por ofrecer la mejor solución técnica y ser el único con una
empresa de cada país. En este caso Seidef, S. A., participó con un 12 por
ciento, lo que representó 51.612.400 pesetas. La remisión de la propuesta
de selección por parte de Eurofighter a Nefma se hizo el 8 de agosto de
1989.

El cuarto y último concurso es el generador de corriente continua.

También aquí Eurofighter seleccionó a ese segundo consorcio por ser
simplemente el único que tenía una empresa de cada país.

En este caso Seidef, S. A., participó con un porcentaje más alto, el 33
por ciento, lo que representó 225.292.000 pesetas. La remisión a Nefma de
la adjudicación inicial se produjo el 30 de noviembre del año 1990.

Esta mayor participación se debe a que en cada concurso las empresas
exigen una empresa líder, que es la que desarrolla la mayor parte del
trabajo. En cada uno de estos concursos la empresa líder con el mayor
porcentaje fue una distinta del consorcio.

Como puede advertirse, pues, además de los aspectos técnicos y económicos
que he dicho de pasada, en los concursos de Eurofighter es fundamental ir
constituyendo consorcios con empresas de los cuatro países, tema que, sí
recordarán SS. SS., he señalado antes como aspecto fundamental dentro de
la normativa del Programa EFA.

Recapitulando, estamos, pues, ante subcontrataciones que no corresponden
a los Ministerios de Defensa. Adjudicaciones que se hacen mediante
concurso, en el que compiten consorcios empresariales internacionales.

Con una selección inicial del adjudicatario, responsabilidad también de
un consorcio empresarial internacional, denominado en este caso
Eurofighter, con todo un proceso sometido a una normativa estricta
--insisto mucho en este punto, ya que es una normativa muy larga que
contempla todas las posibilidades-- y, además, a varios controles
internacionales.

A estos aspectos generales pueden agregarse consideraciones específicas
sobre cada concurso concreto que ustedes habrán observado y
adjudicaciones que yo creo que no es necesario repetir. En cualquier
caso, los criterios de adjudicación aplicados a estos concursos dejan
claro que la idea de trato de favor carece de sentido. Estamos en
aplicación de normas específicas de los contratos entre Nefma y
Eurofighter, tales como es consorcio con empresa de cada país o como es
consorcio con oferta más barata. Insisto en un tema que he dicho al
principio: Hay un marco de fuerte competitividad, en el que hay
implicadas empresas de distintos países y con una normativa y unos
controles tan estrictos que es difícil suponer tratos de favor. Piensen
que en estos concursos que he citado este consorcio ganador tuvo que
enfrentarse en total con veintitrés empresas, asociadas de distinto modo,
empresas europeas que son líderes en su terreno.

Visto esto, paso a los contratos del Ministerio de Defensa, aunque
entiendo que deban tener menos interés, pero creo que es bueno que sea
exhaustivo. Debo recordar, como dije al principio, que el peso total de
estos contratos



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es muy reducido, 525 millones en ocho años, casi insignificantes para el
Grupo que estamos contemplando y que los expedientes tienen informes
favorables de la Intervención, sin reparos.

También repito que entre 1986 y 1994 hubo quince contratos con empresas
del Grupo CAE por este valor de 528 millones. De estos contratos, siete
de ellos corresponden a material de defensa, por un importe de
446.804.274 pesetas. Dos de estos contratos van a Seidef, S. A., muy al
principio del período, como verán, y cinco a Sistemas e Instrumentación,
S. A., que es una empresa que había desarrollado un determinado pequeño
sistema del que les voy a hablar.

Otros seis contratos, también como ya indiqué, corresponden a
instalaciones eléctricas y de seguridad, que van a CAE Industrial, S. A.,
y a Penta-3, S. A.

Finalmente, el ordenador ha localizado dos gastos del Hospital Militar de
Sevilla con la empresa Codelán, S. A., y he de confesar que en este caso
los expedientes físicos aún no me han llegado, probablemente están en
camino hacia Madrid. Uno es del año 1989, por un importe de 2.704.280
pesetas, y el otro, del año 1992, por un importe de 165.347 pesetas.

Cuando he dicho que teníamos quince contactos, los he considerado como
tal.

Voy a repasar cronológicamente cómo fue esta contratación. En el año 1986
la Dirección de Material del Ejército de Tierra contrató con SEI, S. A.,
cincuenta calculadoras de tiro de mortero desarrolladas por dicha
empresa, que eran las que venían siendo utilizadas por el Ejército, por
un importe de 16.800.000 pesetas. La contratación fue directa, en virtud
del artículo 247.1 del Reglamento General de Contratos del Estado.

En el año 1987 no hubo contratos con ninguna de las 74 empresas a que
aludía.

En el año 1988, la Dirección de Material del Ejército de Tierra contrata
con Seidef el desarrollo de un simulador de combate para la Academia de
Infantería, por un importe de 107.632.000 pesetas, a pagar en dos
anualidades. También en este caso la contratación es directa en virtud
del artículo 247.1 del mismo Reglamento.

En el año 1989, la Dirección de Construcciones Navales contrata un
simulador de combate para la Infantería de Marina. En este caso la
contratación es directa, con promoción de ofertas. Se reciben ofertas de
Seidef, de Ceselsa, junto con SMC, S. A., de Entel, S. A., y de Eria, S.

A., y se adjudica a Seidef, entre otras razones de carácter técnico, por
ser la oferta más económica, por un importe de 239.950.000 pesetas, a
pagar en tres anualidades. (El señor Vicepresidente, Fernández de Mesa y
Díaz del Río, ocupa la Presidencia.)
Debo quizá señalar que Seidef sólo tiene estos dos contratos de los años
1988 y 1989 para hacer estos simuladores.

En el año 1990 hay dos contratos. El primero es la elaboración de un plan
de emergencia del INTA. Se reciben tres ofertas y se contrata con
PENTA-3, S. A., por ser la más económica, por un importe de 2.489.200
pesetas.

El segundo contrato del año 1990 es el montaje de un sistema de seguridad
del polvorín de Charco Redondo, en Cádiz. Se reciben cuatro ofertas y se
adjudica a CAE, S. A., por ser la más económica, por un importe de
35.946.355 pesetas.

En 1991 no hubo ningún contrato con ninguna empresa del Grupo CAE.

En 1992, la Dirección de Construcciones Navales adquiere repuestos para
simulador de Infantería de Marina, al que me referí, por importe de 30
millones de pesetas, y lo hace directamente con la empresa SEI, S. A., a
quien Seidef, S. A., que fue quien había hecho el simulador, había
transferido su actividad, me ha parecido entender, muy al principio del
año 1992. La contratación es directa porque se trata de unos repuestos.

También en el año 1992, la Dirección de Material del Ejército de Tierra
adquiere otras 125 calculadoras de tiro de mortero, como las anteriores,
por importe de 50.318.000 pesetas.

En 1993, la citada Dirección de Material hace reparar varias de estas
calculadoras, en concreto quince, por importe de 943.000 pesetas.

En el año 1993 hay cuatro contratos, además de éstos, que son: Uno, de
mantenimiento de la instalación eléctrica del Destacamento de Charco
Redondo, ya citado. Se reciben seis ofertas y se adjudica a CAE
Industrial, S. A., por ser la más económica, por seis millones de
pesetas.

Otro del mismo año es la instalación eléctrica del Cuartel de Batallones
del Tercio de Armada. Se reciben siete ofertas y se adjudica a CAE
Industrial, S. A., por ser la más económica, con 32.316.812 pesetas.

El tercer contrato del mismo año es el relativo a la elaboración del
manual de autoprotección, su implantación y el correspondiente curso para
la Residencia Militar «El Alcázar». Se reciben tres ofertas y se adjudica
a Penta-3, S. A., por ser la más económica, por un importe de 1.681.875
pesetas.

Otro contrato del mismo año es el correspondiente al suministro e
instalación de un arco detector de metales en el órgano central, que se
adquiere directamente a Penta-3 por un importe de 286.000 pesetas.

Por último, en el año 1994 hay un concurso de la Jefatura de Personal de
la Armada para impartir un curso de metodología Hood (una metodología de
tipo informático), que se adjudica a Sei, S. A., por un importe de
1.163.274 pesetas.

Sé que, quizá, sea innecesario repetir todo esto, pero he querido darles
una información completa, puesto que se trataba solamente de 15
expedientes.

Así pues, yo les diría que nos hallamos ante unos contratos que, como
señalé al principio de mi exposición, suponen un importe total escaso,
están muy distribuidos por organismos y por años, y no presentan
problemas administrativos.

Por lo que respecta a la participación en el EFA, también supone un
importe total muy reducido (recordarán que la participación teórica de
635 millones queda en nada), el órgano adjudicatario no es una empresa,
como ya he dicho, sino un consorcio internacional, con un órgano
adjudicador que, a su vez, es un consorcio internacional de



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empresas y que se mueve en un marco normativo muy estricto.

Para terminar, señorías, les diré que los criterios de adjudicación son
de tal tipo y responden tan mecánicamente a lo que es la normativa del
EFA que la idea de trato de favor no tiene ningún sentido.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa y Díaz del Río): ¿Grupos
parlamentarios que desean intervenir?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cortés.




El señor CORTES MUÑOZ: Quiero comenzar diciendo que, evidentemente,
nuestro Grupo no ha tenido información previa del conjunto de cifras,
datos y palabras con que nos ha obsequiado el señor Secretario de Estado,
y he de añadir que, sorprendentemente, mi cerebro no ha sido capaz de
almacenar, clasificar y enjuiciar todos estos datos al mismo ritmo que el
Secretario de Estado los iba ofreciendo. Por tanto, hemos hecho lo único
razonable que se puede hacer en estos casos, que es escuchar las palabras
que usted ha dicho, tomar, como es lógico, buena nota de los datos que
nos ha facilitado y reservarnos, como es de rigor, de sentido común y
razonable, para un estudio más pormenorizado y con más calma de todo lo
oído.

También creemos que es absolutamente imposible, o en todo caso una
insensatez, intentar emitir, no diría un juicio sino una opinión respecto
a cosas sobre las que se debe opinar o enjuiciar, sin escuchar a las
personas más directamente implicadas --así lo ha solicitado el Grupo
Popular--, los señores Palomino y Alcalde, pero que no se ha podido
producir, hasta el momento, por la oposición del Grupo Socialista, entre
otros, y también sin poder conocer y sin poder estudiar, hasta el día de
hoy, los expedientes de adjudicación, que son los que, naturalmente,
permiten y permitirán ver qué es lo que hay de verdad en todo lo dicho
hasta ahora.

Yo quiero dejar bien claro, señor Secretario de Estado, que no dudamos de
su palabra, pero que tampoco basta para que, políticamente, podamos
emitir una opinión o podamos siquiera tomar posición frente a unos hechos
tan importantes como éstos.

Se debate mucho si ha habido trato de favor con respecto a la empresa CAE
y sus filiales o si no lo ha habido; lo que sí hay es una realidad
incontestable e incuestionable, que es este acto que se está produciendo
ahora, en el cual ustedes, es decir, una de las áreas de la
Administración del Estado, nos facilita información, como se ha
facilitado durante todos estos días por absolutamente todas las áreas de
la Administración, lo cual quiere decir que ha habido presencia de la
empresa CAE en todas las áreas de la Administración General del Estado, y
yo no sé si eso llevará a la conclusión de que ha podido significar trato
de favor, pero lo que evidentemente significa es que, en cualquier caso,
no ha habido marginación hacia esa empresa.

Ha hecho usted referencia a los 15 contratos realizados por el Ministerio
de Defensa. Todos hemos perdido un poco la noción de las cifras --no digo
usted; yo y creo que todos los españoles--, el valor del dinero; cuando
usted hablaba de esos 525 millones, decía: han sido sólo 525 millones;
fíjese usted qué poco dinero, 525 millones. Insisto en que eso no lo hace
sólo usted, sino que todos hemos llegado a perder un poco el sentido de
lo que vale el dinero en cifras importantes. Pues 525 millones de pesetas
son bastantes. Dice usted que eso sólo significa --y lo da como un dato a
tener en cuenta-- un 0,29 por ciento de los ingresos de la empresa CAE o
de sus filiales. De acuerdo, pero súmele usted a ese 0,29 por ciento los
porcentajes que se han venido dando en las demás informaciones de los
distintos ministerios y verá que se va engrosando esa partida y que, por
supuesto, va teniendo un mayor peso. Pero, sobre todo --insisto en
ello--, una presencia en todas las áreas de la Administración del Estado.

Poco más puedo decir, excepto que, naturalmente, nos reservamos para un
estudio más concienzudo y serio, y para eso lo que sí pedimos formalmente
son los expedientes, desde el año 1987, para poder estudiarlos.

También quería hacerle dos preguntas concretas, por si pudiera usted
avanzarnos algo en la respuesta que ahora nos dé. Nos gustaría saber si
ha habido algún tipo de contrato entre la empresa Seidef y el Inta, y si
también lo ha habido entre CAE, o alguna de sus filiales, y la empresa
Santa Bárbara. También nos gustaría que no dijese algo, aunque sea
levemente, sobre el famoso bunker de La Moncloa, al que creo que no ha
hecho usted referencia en el conjunto de datos con que nos ha obsequiado.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa y Díaz del Río): Tiene la
palabra el señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Mi Grupo Parlamentario tampoco va a emitir un
juicio sobre la información que ha facilitado el señor Secretario de
Estado, información que, en principio, tenemos que dar por buena, aunque
quisiéramos contrastarla, tal y como ha dicho el Grupo Parlamentario que
me ha precedido, con la lectura de los expedientes completos de cada una
de las contrataciones y subcontrataciones existentes. Con ello podremos
dar fe de lo que se nos dice, aunque, por supuesto, en principio, no
tiene por qué ser inexacto, ni muchísimo menos, pero, a nuestro juicio,
la forma de tratar este asunto con un poco de rigor es a través del
estudio de esos expedientes.

Lo que sí queremos poner de manifiesto es que no avalamos la forma que se
está utilizando para resolver parlamentariamente el asunto CAE.

Evidentemente, nosotros consideramos que el Gobierno está en su perfecto
derecho de plantear todas las comparecencias que crea oportunas, lo que
no sabemos es si este río de datos, que difícilmente pueden ser
manejables por parte de los grupos parlamentarios ya que no son estos
últimos los que los gobiernan sino que vienen del propio Gobierno, va a
clarificar realmente la situación. En cualquier caso, es la estrategia
del Gobierno en este asunto y volvemos a repetir que consideramos que
está en su perfecto derecho de hacerlo así.

Una vez hecha la solicitud formal de los expedientes relativos a las
contrataciones y subcontrataciones que ha habido con la empresa CAE, o
con el grupo de empresas



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CAE, como ha manifestado el señor Secretario de Estado, querría hacerle
únicamente una pregunta. Simplemente si tiene noticias de si en la
gestión de alguno de estos contratos o subcontratos participó el señor
Palomino o si intervino de alguna manera en ellos.




El señor VICEPRESIDENTE (Fernández de Mesa y Díaz del Río): Por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moya.




El señor MOYA MILANES: En primer lugar, yo quisiera agradecer la
exhaustiva información suministrada por el Secretario de Estado de
Defensa, que me parece oportuna, necesaria, absolutamente conveniente,
dado el estado de alarma que se ha generado alrededor de este asunto;
probablemente en el área de Defensa ha generado menos expectativas por
parte de la oposición de encontrar algún tipo de responsabilidades. Ello
se traduce en el tono y en el propio contenido de las intervenciones de
los portavoces de los grupos de la oposición que, de manera prudente, a
mi juicio, se han abstenido de emitir una sentencia, por decirlo así, o
un juicio definitivo, sino que simplemente han tomado nota de las
aseveraciones y de las afirmaciones realizadas por el Secretario de
Estado, cosa que contrasta en cierto modo con otros juicios ya
condenatorios que a lo largo de todos estos meses se han realizado por
parlamentarios de grupos que han intervenido aquí esta tarde y que ya, en
otras áreas, han considerado prácticamente tema cerrado y tema zanjado la
responsabilidad del Gobierno en este asunto.

En cualquier caso, yo creo que conviene hacer algunas consideraciones. En
primer lugar, no hay que olvidar que el origen y el motivo de esta
comparecencia tiene su raíz en un hecho muy concreto y es una información
que se produce en un medio de comunicación sobre contratos que, según el
medio de comunicación, atribuye a la Administración en relación con la
empresa CAE, respecto al Programa EFA. Esa información tiene un mentís,
un desmentido rotundo desde el primer momento y parece que nadie lo pone
en duda; nadie lo pone en duda desde el momento en que los hechos son
incontestable sobre la base de que no es la Administración, no es el
Gobierno quien tiene la responsabilidad de esas contrataciones; son
consorcios internacionales, es una agencia internacional y a partir de
ahí ya no hay nada más que discutir sobre este tema.

En consecuencia, como no hay nada más que discutir sobre el tema que nos
ocupa, a partir de esa situación yo creo que se trata de extender una
cierta cortina para decir: probablemente en este tema de EFA --ningún
interviniente ha hecho hincapié prácticamente en el asunto y es el objeto
de esta comparecencia-- trata de arrojarse una cierta duda sobre otras
contrataciones que la Administración haya podido realizar con la empresa
CAE, pero olvidándose del tema de Defensa, dando por sentado que en esta
área no hay prácticamente nada que encontrar.

Este es un tema que, a mi juicio, revela algunas cosas. En primer lugar,
me parece que es oportuno que por parte de mi Grupo se deje constancia
sobre todo de la voluntad de explicación que el Gobierno ha realizado en
este acto, del volumen de información exhaustiva y de rigor a la hora de
escudriñar contratos y todas las relaciones posibles que por parte del
Ministerio de Defensa se han podido realizar con el Grupo CAE, y también
de dejar clara la doctrina, el procedimiento y los controles que en el
tema del Programa EFA están implicados. Pero, al mismo tiempo que eso, no
estaría de más hacer algunas consideraciones al hilo de lo que ha
ocurrido en estos meses, también de las intervenciones de los grupos esta
misma tarde.

A mí no me deja de causar perplejidad lo que yo podría denominar un
cierto procedimiento extraño, porque carece de una lógica a la hora del
planteamiento que se ha realizado en este debate. Prácticamente yo creo
que ha habido un denominador común en las intervenciones de los grupos en
decir: Reconocemos que no tenemos datos sobre los cuales arrojar dudas
--se ha venido a decir--, reconocemos que no podemos hacer juicios,
reconocemos que prácticamente no podemos hacer ninguna acusación, damos
por buenas las explicaciones que nos ha dado el Secretario de Estado,
pero queremos escuchar a los acusados; queremos que el señor Palomino
venga y nos dé las explicaciones.

Y, como portavoz de mi Grupo, me corresponde la obligación y la
responsabilidad de hacer alguna consideración al respecto. Si no hay
datos, como se afirma, si no hay juicios, se ha dicho claramente que no
hay juicios que realizar porque no existe ningún dato sobre los que
sustentarlos, si prácticamente se dan por buenas, por lo menos no se
ponen en duda las afirmaciones exhaustivas del Secretario de Estado, ¿a
qué viene el corolario de que hay que citar a unos señores privados de
los que no se tiene sospecha, porque no existen datos para ello, para que
informen a la Cámara de sus actividades privadas? Si la Administración
ofrece documentación, si de la documentación ofrecida por la
Administración los grupos no derivan ningún elemento de responsabilidad,
después de llevar ya prácticamente un mes y medio con este tema sobre la
mesa, ¿qué objeto tiene eso? Indudablemente, a nadie se le escapa que esa
petición de presencia de los acusados, o del señor Palomino o del señor
Alcalde, sólo tiene una motivación y una estrategia política que poco
tiene que ver con el esclarecimiento de situaciones que los propios
grupos intervinientes saben de hecho que están totalmente esclarecidas.

Si hubiese datos significativos, si hubiese pruebas, por supuesto,
indudablemente, con que hubiese indicios racionales de trato de favor,
entendería que después de esos elementos se derivara de ellos una
petición de aclaración por parte de las personas que supuestamente se
consideran favorecidas. Pero cuando no se dan esas premisas, no entiendo
absolutamente, no entiendo para nada que se cite o que se pretenda citar
a unos señores a los que no se sabe qué se les va a preguntar, entre
otras cosas. ¿Se va a investigar su vida privada? Sinceramente, me parece
que estamos en una situación en la que en algún momento, a mi juicio,
hemos invertido papeles y hemos generado una cierta confusión en el
propio sistema de funcionamiento de las instituciones democráticas y del
propio Parlamento. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.) Ayer
tuvimos un debate ilustrativo en el Pleno del Congreso y por parte del



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Gobierno, a mi juicio, de una manera muy acertada, se venía a afirmar de
una manera rotunda que una comisión de investigación no es un acto, no es
un foro para que personas inocentes tengan que probar su inocencia. Ese
no es el objetivo de una comisión de investigación. Por esa regla de
tres, podríamos citar aquí a multitud de españoles; por mor de que un día
un medio de comunicación pone en duda determinado procedimiento, hay que
llamarle para que demuestre la inocencia frente a la acusación que le ha
hecho. Eso es realmente perverso dentro de lo que es una institución
democrática como es el Parlamento. El Parlamento está para juzgar
conductas políticas, para juzgar conductas de la Administración sobre las
que se tienen indicios de que ha actuado de manera poco razonable o no
sometidas a la legalidad, pero en ningún caso, cuando no se tiene algún
indicio racional, no está para citar a señores o a ciudadanos privados
para que vengan a demostrar su inocencia ante sospechas más o menos
generalizadas, del todo punto infundadas, que han aparecido en medios de
comunicación, que no han tenido ningún eco de respuesta probada por parte
de los grupos parlamentarios y que, por tanto, carecen de todo
fundamento.

Yo quisiera terminar diciendo que me congratulo de que en este acto el
Gobierno haya manifestado y haya expresado con la información exhaustiva
suministrada lo que ha quedado claro a lo largo de todo este
procedimiento y que yo creo que en el fondo para todos los grupos
políticos también está ya suficientemente claro: que no ha existido trato
de favor por parte de la Administración a la empresa CAE, ni en el área
de defensa, ni en otras áreas. Y, en segundo lugar, que me ha servido y
me sirve de ocasión para que, en nombre del Grupo Socialista, exprese las
extrañezas de un cierto proceder ilógico y, a mi juicio, fuera de lugar a
la hora de comportarnos dentro del juego de las instituciones que, desde
mi punto de vista, deben merecer el respeto debido y la consideración
debida.




El señor PRESIDENTE: Señor Cortés.




El señor CORTES MUÑOZ: Señor Presidente, desearía intervenir por
alusiones y por haber sido contradicho en mi argumentación. Un breve
turno de réplica.




El señor PRESIDENTE: ¿Usted cree que es necesario ese turno, brevísimo en
todo caso?
Este tipo de comparecencias se produce a tenor del artículo 203. Hay una
intervención de los señores portavoces y a continuación una intervención
del compareciente. Luego, excepcionalmente, la Presidencia, si lo estima
porque ha habido alguna cuestión, puede conceder el uso de la palabra
para cosas muy concretas, pero no para reabrir debates.




El señor CORTES MUÑOZ: Le garantizo, señor Presidente, que si me concede
el uso de la palabra seré absolutamente breve.




El señor PRESIDENTE: No es problema de brevedad sino de abrir o no de
nuevo el debate. En este momento va a contestar el Secretario de Estado y
luego, a tenor de las facultades de que puede disponer el Presidente, le
ofreceré un turno suplementario.

El señor Secretario de Estado tiene la palabra.




El señor SECRETARIO DE ESTADO DE DEFENSA (Flos Bassols): Señor Cortés,
lamento haber ido muy rápido en la explicación debido, quizás, a que he
intentado tocar en breve espacio de tiempo contratos que, sin pretender
valorarlos, eran pequeños y no me parecían muy relevantes. Lo siento. Si
lo desea puedo entrar más a fondo, aunque creo que realmente no merece la
pena.

Usted dice y se lo agradezco, que no duda de mi explicación. Le quiero
decir que hay un elemento importante, al que también me he referido muy
rápidamente, pero del que en estos momentos, por mi responsabilidad, me
siento muy orgulloso, y es que no he contestado en abstracto. Le aseguro
que hemos hecho una exploración nada más y nada menos que de 74 empresas,
que no se hace en un día. También es importante decirle que no es una
exploración que la hayamos hecho en Defensa, la ha hecho el Ministerio de
Economía y Hacienda sobre sus sistemas. Incluso he reconocido, porque
quería ser preciso y exacto en todo lo que decía, que dos de los
expedientes físicamente no me han llegado, luego, aunque sean muy
pequeños, no puedo opinar sobre ellos.

En relación a la evaluación de cómo han ido las cosas en la contratación
con este grupo, efectivamente, he ido rápido y es difícil seguir esa
evolución. Lo sé. Ahora les voy a decir, muy rápido, las anualidades para
que vean cómo se han distribuido. Voy a partir desde el año 1986, y es
muy breve. En el año 1986, 16 millones; 1987, cero; 1988, 35; 1989, 197,
es cuando hay el simulador de la Infantería de Marina; 1990, 97 millones;
1991, 57; 1992, 35 millones; 1993, 46; 1994, 41 millones. El hecho de que
la distribución sea homogénea y sean estas magnitudes quizá me ha hecho
ir muy rápido.

Ha señalado el señor Cortés, creo que muy acertadamente --y pienso lo
mismo que usted-- que 525 ó 528 millones quizá no sean importantes desde
un punto de vista, puede que lo sean desde otro. He hablado del 0,29 por
ciento. ¿Por qué lo he hecho? No para quitar importancia a una cifra de
500 millones de pesetas, en absoluto, sino para dar a entender que
realmente no nos hallamos ante una empresa que esté muy interesada en el
campo de la defensa ni muy interesada en el Ministerio de Defensa. Ocho
años con una facturación de este tipo quiere decir que esta empresa se
dedica a otras cosas.

Me he hacho preguntas concretas que le puedo contestar. En relación a si
ha habido contratación de Seidef por parte de INTA, le diré que no, por
lo menos no consta en los sistemas informáticos de contabilidad pública.

Lo que sí he dicho es que INTA, en un momento dado, creo que fue en el
año 1990, tuvo que desarrollar un plan de emergencia, por una serie de
razones, que costó 2.489.000 pesetas, y que fue encargado, con promoción
de cuatro ofertas, si no recuerdo mal, a Penta-3, que es una empresa del
grupo que he citado; es una empresa especializada en sistemas de
seguridad.




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Luego me pregunta si ha habido contratación de CAE por parte del Seidef.

Lo desconozco absolutamente; pero en esto quisiera decir que este tipo de
investigación se hiciera en otro contexto. Es decir, las
subcontrataciones de empresas a otras empresas, por muy de Defensa que
sean, cuando no aparecen en las ofertas que nos llegan a nosotros dentro
de un concurso, son prácticamente imposibles de conocer desde Defensa.

Conocemos las subcontrataciones importantes. De todos modos, por lo que
he ido viendo de este grupo y de los productos que tiene, supongo --sólo
supongo--, que no las hubo. De todas formas, es una línea que no digo que
no haya que investigar.

En relación al mal llamado bunker de la Moncloa, Defensa no tuvo nada que
ver. Aprovecho la ocasión, eso sí, para decir que, no utilizando la
palabra Bunker. Sean SS. SS. conscientes de que nosotros tenemos unos
compromisos de comunicaciones con la OTAN y de sistemas de mando y
control que nos obligan a proteger determinadas instalaciones, siguiendo
unos estándares de la OTAN, estándares que manifiestamente nos llevan a
costes importantes y que intentamos evitar. Son estándares que responden
a tipos de amenazas concretas, --no me refiero a amenazas de tipo
nuclear--, de bombardeos hipotéticos que se puedan producir. Esto quiere
decir que nos vemos obligados a defender determinadas intalaciones con
unos niveles de protección superiores a los habituales. Lo de menos en
este tipo de instalaciones --quiero decirlo-- es su carácter de enterrado
o no, sino claramente la cantidad de cemento que hay que poner para hacer
frente a un peso de bomba concreto con el que se cuenta. Es un tema de
estándares OTAN, que podemos seguir o no en cada caso; Pero, con relación
a lo que usted me preguntaba, nada que ver el Ministerio de Defensa en el
bunker de la Moncloa. Por supuesto, los expedientes están a su
disposición; se lo digo a ambos grupos, al señor Andreu también. No es
nada fácil contrastar, los expedientes, también lo adelanto, porque
aunque sean cantidades muy pequeñas cada expediente es muy gordo.

Me parece importante destacar un hecho, y es que en muchos casos en los
que se sigue contratación directa, porque así está previsto y todo es muy
legal y está aprobado por el interventor, aun así hay mucha concurrencia.

Hay casos de 4, 5, 6, 7 empresas y 8 en alguno. En estos casos me parece
que es suficiente. También me parece importante recordar algo que a mí me
ha tranquilizado mucho cuando he visto los expedientes, y es que las
empresas de este grupo ganaban por ser las más baratas. Esto me ha
importado especialmente. En el único expediente realmente importante que
han tenido, que ha sido el del simulador que hicieron para la Infantería
de Marina, ascendía a 239 millones de pesetas y tengo aquí un extracto de
las ofertas de los demás grupos que eran mucho más caros.

Me plantea el señor Andreu si hubo gestiones del señor Palomino en
contratos. Por supuesto no, que yo sepa; es decir, ni del señor Palomino
ni de nadie. Es más, mi experiencia me dice --no en este caso sino en
todos-- que basta que se acerque al Ministerio de Defensa alguien con
alguna relación relevante, con algo que se acerque a Defensa o al
Gobierno, para que tenga muy crudo vender un solo tornillo. Supongo que
en Defensa y en los demás Ministerios. Está clarísimo.

El señor Moya ha dicho que el origen del asunto era el Programa EFA, y
tiene toda la razón. Lo que a mí me preocupa es lo que se ha dicho en
relación al Programa EFA. No me preocupa, lo mismo que he dicho antes,
por cuestiones de peso económico, que ése es verdaderamente
insignificante; me preocupa --y lo he dicho-- por lo que supone de poner
en cuestión unos mecanismos internacionales que yo les aseguro --si
quieren pueden leerlos-- que son enormes, detalladísimos, y vigilan de
forma totalmente exhaustiva que no haya manera de que se produzca ningún
hecho de este tipo.

Creo que ha quedado claro --también he ido rápido, lo reconozco y lo
siento-- que cada uno de los concursos que hubo del EFA, los criterios de
contratación fueron aplicación estricta de la propia normativa del EFA,
es decir, un consorcio donde participe una empresa de cada país, lo tiene
mucho mejor que cualquier otro consorcio e incluso, en algunos casos,
empresas individuales por fuertes que sean. Criterios de adjudicación,
por tanto, muy claros. También, si se han fijado, ha sido el único caso
en que he citado las fechas concretas de adjudicación, hecho que
personalmente me desagrada porque, la verdad, creo que no es necesario
entrar en esta dinámica. Por las fechas que se manejan en este contexto,
queda claro que estas adjudicaciones, los análisis y demás se producen
mucho antes.

Cuando hace poco alguien me decía una cosa de este signo, le hice un
razonamiento del siguiente tipo, que creo no es necesario pero lo hago y,
por supuesto, no va dirigido a ninguno de ustedes, pero que creo es
importante. Pensar que puede haber un trato de influencia en un tema EFA,
supone ser capaz de imaginar lo siguiente: que un país influye a cuatro
empresas del calibre de DASA, British Aeroespace, etcétera; que influye
al mismo tiempo a una Agencia Internacional, Nefma, sometida también a
mucha normativa, con presencia de todos y que es capaz también de influir
ante cuatro países para que se salten la normativa que estos países han
hecho, una normativa que no va a defender una cosa de nada, ya le he
dicho: va a defender billones de pesetas y va a defender cuál será el
futuro de la estructura de construcción de aviones en Europa. Por tanto,
el tema es muy serio y les aseguro que esta gente, en público, con actas
públicas, sea capaz de saltarse esta normativa para favorecer --fíjense
ustedes-- a una empresa con un capital de 50 millones de pesetas frente
--ya lo he dicho-- a 23 empresas europeas de primera línea; pensar que
todo esto es posible hacerlo en público, saltarse la normativa... en fin,
señorías, no tiene el menor sentido, no es imaginable. Quizás sea
imaginable para alguien que no ha visto cómo funcionan estas cosas y que
no tiene ni idea de lo que es la competencia internacional. Desde luego,
las cosas no funcionan así.

Esta ha sido mi preocupación, no tanto demostrar que en tal concurso
había habido o no había habido. No. Es muy grave pensar que las cosas son
así; es grave, les diré, desde un punto de vista de entendimiento de los
hechos, que no van por ahí.

Muchas gracias y perdonen.




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El señor PRESIDENTE: Ahora sí, damos un turno extraordinario y muy breve
a los señores portavoces.

Señor Cortés.




El señor CORTES MUÑOZ: Señor Presidente, quiero decir al señor Secretario
de Estado que no es cuestión de velocidad o de rapidez al dar los datos:
es, sencillamente, que son demasiados datos, muchos de ellos conocidos y
muchos desconocidos y, naturalmente, mientras se le escucha --como he
dicho antes-- es imposible almacenarlos, clasificarlos y enjuiciarlos
sobre la marcha.

Quiero matizar porque veo que hay que matizar inevitablemente. Cuando
digo que no dudo de su palabra, estoy diciendo exactamente lo que pienso,
y lo que pienso es que estoy convencido de que usted está hablando de
buena fe y que usted cree en la información que nos está facilitando. Eso
no quiere decir que la información que usted nos facilita sea exacta o no
lo sea, sea justa o sea injusta; ése es otro tema y cuestión diferente.

Lo que sí digo es que creo que usted cree en lo que está diciendo.

También quiero matizar y aclarar respecto a la intervención del portavoz
del Grupo Socialista, que me ha parecido una intervención política, a mi
juicio, absolutamente innecesaria. Aprecio personalmente mucho al señor
Moya, pero me ha parecido que es de esas que pretenden poner la mano en
un avispero; me parecía absolutamente innecesaria. Ha convertido un
silogismo en un sofisma desde un punto de vista filosófico, y desde un
punto de vista político, naturalmente, una metedura de pata innecesaria.

Acusarnos, creo, y utilizar torticeramente el hecho de que tanto el
representante de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya como el del
Grupo Popular --que en este caso soy yo-- hemos dicho que no podemos
emitir juicio y opinión, después de haber escuchado la información
exhaustiva que nos facilita el Secretario de Estado y sacar de eso la
conclusión y decir que estamos bendiciendo, santificando y diciendo amén
y que no hay nada que investigar ni que ocultar... Después de haber
escuchado esa intervención, decimos que ahora todavía no hemos podido
analizar y estudiar esa información en profundidad que nos reservamos la
opinión, que nos reservamos el juicio; pero decir que con eso lo que
hemos dicho es que está todo bien, me parece, cuando menos, un
atrevimiento y una exageración. La documentación ni siquiera la tenemos
sobre la mesa; lo que hemos hecho en este acto es pedir la documentación
y pedir los expedientes. Cuando los tengamos, hablaremos y opinaremos;
hasta que no los tengamos, no podemos hacerlo.




El señor PRESIDENTE: Señor Andreu.




El señor ANDREU ANDREU: Señor Presidente, he de manifestar que a mí la
comparecencia del señor Secretario de Estado me parece muy convincente.

Supongo que todo lo que él nos manifiesta no solamente es la verdad que
él considera sino, en principio, pienso que se ajustará a los hechos y
tengo la certeza de que los datos que nosotros pedimos corroborarán lo
que nos ha manifestado. Para mí la sorpresa sería que no lo corroboraran,
pero tengo la obligación, por supuesto, de pedirlos para hacer ese
ejercicio de confirmación.

Lo mismo que me he sentido muy convencido por las manifestaciones del
señor Secretario de Estado, he estado en otras comparecencias --en el
caso CAE-- en las que no me he sentido igualmente convencido, francamente
no me he sentido igualmente convencido y, por tanto, yo me abstendría de
hacer ningún juicio de tipo general sobre este asunto. Me atrevo a hacer
juicios sobre cada comparecencia en particular, no sobre lo general, que
es lo que he oído al señor portavoz del Grupo Socialista, que ha hecho
juicios sobre la generalidad apartándose del debate o de la información
que nos venía al caso. Las manifestaciones no son inocentes, porque se
deslizan conceptos extraordinariamente espinosos en un asunto como éste,
como cuando se habla de juicios a un particular. Aquí claramente nosotros
estamos hablando de la Administración y si la Administración ha actuado
de forma injusta con cualquier persona, pero estamos hablando de la
Administración y controlando a la Administración. Cuando se habla de la
vida privada de las personas, me parece hay un intento de intromisión en
la vida privada y un deseo por parte de determinados grupos
parlamentarios de crucificar la vida privada de alguien, no podemos
soslayar estos aspectos y tenemos que salir al paso de estos conceptos,
porque son conceptos erróneos y creemos que maliciosamente traídos a un
debate de esta naturaleza. No se trata de esto, ni muchísimo menos.

La vida privada del señor Palomino y del señor Alcalde nos trae
absolutamente al fresco. Desde luego, aquí no se trata de enjuiciar a
ningún particular; se trata, simplemente, de conocer cómo ha funcionado
la Administración en el caso de las contrataciones que se hacen con una
empresa.

Por tanto, creemos que no ha lugar a este tipo de manifestaciones;
nosotros las rechazamos si implican algún tipo de acusación y, en
consecuencia, presuponemos que los datos que se han dado en esta
comparecencia, salvo que comprobación posterior demostrara lo contrario
--que nos sorprendería--, han sido datos ciertos.




El señor PRESIDENTE: Señor Moya.




El señor MOYA MILANES: Brevísimamente, señor Presidente, más por
alusiones que por añadir nada nuevo.

Centré una buena parte inicial de mi intervención en tratar de recordar
que el origen de esta comparecencia estaba vinculado con informaciones de
contrataciones en conexión con el Programa EFA. Tenía la impresión de
que, a la vista de la información, que ya en una pregunta parlamentaria
el señor ministro facilitó en un Pleno del Congreso, como la intervención
que hoy ha proporcionado el secretario de Estado, como la falta o la
carencia de respuesta contraria, al menos en este tipo de información
sobre el Programa EFA por parte de los grupos de la oposición, me daba
pie, lógicamente, a pensar que el origen de esta comparecencia, centrada
en esa información alrededor del Programa EFA, tenía una base muy
endeble, muy débil para sospechar ningún tipo de irregularidades por
parte de



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la Administración. Yo creo que eso ha quedado suficientemente claro.

Por otra parte, sinceramente creo que el propio señor Cortés convendrá
conmigo en que no hace falta escudriñar, ni hacer un estudio exhaustivo
de toda la documentación que se le pueda pedir o que pueda brindar el
propio ministerio en relación con este tema, en relación con el programa
EFA, cuando la filosofía que se ha descrito aquí (compartida, porque es
así no es por un hecho puramente fáctico, de cómo funciona la
contratación dentro de este sistema) lleva a la conclusión de que es un
ejercicio bastante inútil e innecesario.

Si no es la Administración, ni el Gobierno quien contrata, me parece que
puede ser un ejercicio intelectual, quizá interesante, ver cómo contrata
la Agencia Nefma, o ver cómo se ha desarrollado en sus criterios
Eurofighter o Eurojet, pero no más de esto. Derivarlo luego hacia las
responsabilidades del Gobierno, entra en el campo de la pura
especulación, porque no tiene ninguna base. Eso es lo que he pretendido
dejar sentado en mi primera parte de la intervención.

En cuanto a la segunda parte de la intervención, que se me ha reprochado
en cierto modo, no he querido hacer ningún tipo de acusaciones, y en ese
sentido puede tener la tranquilidad el señor Andreu de que mis palabras
no iban orientadas hacia acusar ningún tipo de malas intenciones a un
grupo ni a otro, pero sí a dejar constancia de que me parece, y me sigue
pareciendo (me parecía antes y ahora también), que hay cierto proceder
ilógico --ya que el señor Cortés ha hablado de cierta intervención poco
lógica o innecesaria-- cuando ayer, día 30 en el calendario física y
periódicamente, los grupos que hoy han intervenido aquí pedían comisión
de investigación, y hoy, en este acto concreto, se dice que hay que
estudiar la documentación. Parecería más lógico en el puro cartesianismo
del proceder de las personas que, en todo caso, primero se estudia la
documentación y, una vez que se ha estudiado, dice: encuentro algo que no
me convence y voy a solicitar una comisión de investigación. Ese no ha
sido el proceder de los grupos. Anunciaron comisión de investigación en
los primeros días del «affaire»; la ratificaron ayer en el Pleno y en las
sucesivas comparecencias --yo me ocupo de ésta que es la de Defensa, no
tengo conocimiento de las otras-- se nos dice, y lo reconocen los propios
señores portavoces: damos por buenas, porque creemos en la buena fe del
Secretario de Estado; nos sorprendería encontrar nada contrario a sus
manifestaciones; no tenemos por qué dudar de que esa documentación revela
realmente lo que ha dicho el Secretario de Estado; en todo caso,
estudiaremos la documentación.

La lógica de los hechos más bien exigiría lo contrario: estudiar la
documentación y, «a posteriori», a la vista de ese estudio, en todo caso,
proceder o no a la petición de una Comisión; pero nunca al revés.

Ese ha sido el planteamiento que yo quería, de alguna manera, desvelar
con mi intervención, y que ratifico en este momento.

Nada más y muchas gracias.




El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moya.

Agotado el orden del día, gracias, señorías.

Se levanta la sesión.




Eran las seis y cinco minutos de la tarde.