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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 369, de 30/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 369
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 40
celebrada el miércoles, 30 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Director General de Tráfico (Muñoz Medina), para informar
sobre las relaciones contractuales mantenidas en el ámbito de sus
responsabilidades con la empresa Control y Aplicaciones (CAE). A petición
del Gobierno. (Número de expediente 212/001241.) (Página 11422)
--Del señor Director General de Instituciones Penitenciarias (Beldrán
Catalá), para informar sobre las relaciones contractuales mantenidas en
el ámbito de sus responsabilidades con la empresa Control y Aplicaciones
(CAE). A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/001242.)
(Página 11430)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
-- DEL DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (MUÑOZ MEDINA), PARA INFORMAR SOBRE
LAS RELACIONES CONTRACTUALES MANTENIDAS EN EL AMBITO DE SUS
RESPONSABILIDADES CON LA EMPRESA CONTROL Y APLICACIONES (CAE), A PETICION
DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001241.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El orden del día de la sesión de hoy de esta Comisión tiene dos puntos
para el debate, ambos a solicitud del Gobierno. El primero de ellos es la
comparecencia del Director General de Tráfico ante la Comisión de
Justicia e Interior para informar sobre las relaciones contractuales
mantenidas en el ámbito de sus responsabilidades con la empresa Control y
Aplicaciones (CAE). Don Miguel Muñoz, Director General de Tráfico, está
con nosotros, por lo que le damos la bienvenida una vez más a esta
Comisión. Reglamentariamente el debate lo haremos mediante el trámite del
artículo 202 del Reglamento.
Tiene la palabra el Director General de Tráfico.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (Muñoz Medina): Muchas gracias,
señor Presidente.
Señorías, como bien ha dicho el Presidente de la Comisión, comparezco hoy
a instancia del Gobierno para hablar de las relaciones contractuales
entre la Dirección General de Tráfico y la empresa Control y Aplicaciones
(CAE).
Si nos ciñéramos estrictamente al tenor literal de la petición de
comparecencia, ésta sería brevísima, porque las relaciones con CAE como
tal empresa --relaciones de tipo contractual, evidentemente-- han sido
escasísimas. De hecho, la Dirección General sólo ha suscrito cuatro
contratos con Control y Aplicaciones desde el año 1984, año que podemos
considerar el punto de partida en el inicio de los trabajos de la
Dirección General de Tráfico en materia de control y gestión electrónica
del tráfico. Esos cuatro contratos fueron: En 1985, un contrato por 57
millones de pesetas para la centralización semafórica de Huesca, que iba,
además, en unión temporal al 50 por ciento con otra empresa denominada
MASA. Este volumen supuso el 2,87 por ciento de la contratación de aquel
año. En 1986 hay un contrato, también en unión temporal CAE, para la
regulación de la travesía de Trujillo, por un importe de 14 millones de
pesetas, que fue el 0,48 por ciento del total de la contratación. En
1987, y también en unión temporal con Control Tráfico y con MASA, en la
travesía de Guardo, obtuvo CAE una adjudicación de 7 millones de pesetas,
que era un 0,26 por ciento. Todos estos contratos que les he referido lo
fueron por concurso. Y en 1989 recibió por adjudicación directa dos
pequeños contratos, para la regulación de las travesías de Monzón y
Alcañiz, por unos importes de 5 y 4 millones de pesetas, respectivamente,
lo cual da un 0,5 por ciento del total de contratación.
Como verán, señorías, el volumen de contratación directa de la Dirección
General de Tráfico con CAE es virtualmente insignificante. Pero cometería
un grave error, sobre todo en aras a la transparencia que quiero imprimir
a esta comparecencia mía, si no diera un dato que es fundamental, y es
que, a partir de 1986, CAE se hace con el cien por ciento del capital
social de SICE (Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas), que era
una de las empresas ya muy asentadas, más potentes de España, en este
terreno del control del tráfico al que nos estamos refiriendo. Y a
continuación, en un proceso de concentración, SICE compró o absorbió, por
distintos procedimientos mercantiles, una serie de empresas que les voy a
mencionar, y que son: Autrón, Codelan, Control Tráfico, Vitra, Eserma,
Masa y Ticsa. Es posible que haya alguna otra más, pero, en definitiva,
de la a veces azarosa vida de las empresas unas con otras, no siempre
nuestra información es muy exacta. Pero creo que no me he dejado ninguna,
al menos ninguna que haya tenido contratación mínimamente relevante con
nosotros.
Durante un tiempo, tal vez un par de años, estas empresas siguieron
compitiendo, incluso entre sí, pese a pertenecer al mismo grupo
empresarial. Poco a poco se fueron especializando dentro del grupo y en
la actualidad es SICE, de todo este conglomerado de empresas, quizá la
única que contrata de una manera regular con nosotros, al menos en
proyectos de una mínima importancia, sin perjuicio de que quedan algunas
adjudicaciones a favor de empresas más pequeñas del grupo, siempre en
función de que son empresas de ámbito regional y nuestros pequeños
contratos se hacen dentro de su ámbito territorial de actividad.
Quizá haya que hacer una precisión previa, y es que el trabajo del que
estamos hablando, que realiza la Dirección General de Tráfico con toda
esta serie de empresas, se refiere al control y gestión del tráfico,
basado en la aplicación de las nuevas tecnologías, fundamentalmente el
tratamiento de la información y la telemática.
Como les decía, en estos momentos podemos considerar a SICE como la suma
de las otras empresas y así, si a lo largo de mi exposición unas veces
hablo de SICE y otras de CAE, pueden tomarlo como términos unívocos,
porque prácticamente, como les decía, la situación es virtualmente la
misma.
Si tuviéramos que definir de alguna manera las relaciones de la Dirección
General de Tráfico con SICE, como empresa más concreta, yo creo que
podríamos hacerlo bajo el denominador común de la normalidad, en el
sentido de que son relaciones que se remontan, como les decía antes, de
manera estable y continuada, al año 1984, que fue cuando la Dirección
General de Tráfico comenzó con estos trabajos de control y gestión a los
que me he referido. Pero es que, incluso si nos remontáramos un poquito
más en el tiempo, nos encontraríamos con que realmente mantenemos
relaciones con SICE probablemente desde los años sesenta o setenta,
porque los semáforos de los parques infantiles de tráfico nos los
suministraba SICE. Estamos hablando, por lo tanto, de una de las empresas
más consolidadas
en este sector desde siempre. Y yo creo, si me permiten la coloquialidad
del término, que en Madrid basta con mirar a cualquier tapa metálica de
un registro o arqueta en el suelo para ver el anagrama de SICE, ya que es
una empresa muy consolidada en este terreno, forma parte de un sector
empresarial que, dicho sea de paso, se ha consolidado en gran medida
gracias a las inversiones de la Dirección General de Tráfico en esta
materia y ha acabado configurando un sector industrial fuerte, potente y
de un alto grado de refinamiento tecnológico.
Como les decía, dentro de este carácter de empresa fuerte que le podemos
atribuir a SICE, ella ha estado normalmente, no me atrevería a decir en
la cabeza, pero sí en el grupo de cabeza de las empresas adjudicatarias
de la Dirección General de Tráfico, con los lógicos vaivenes y los
lógicos altibajos propios de la aleatoriedad del proceso de contratación
administrativa.
Pongo a disposición de la Comisión todo ese voluminoso montón de
documentación que está sobre la mesa y que contiene la información
fundamental de todos los contratos que ha suscrito la Dirección General
de Tráfico con CAE, o con las empresas del Grupo CAE, fundamentalmente,
desde 1988 hasta los días últimos de 1994. El año 1994, por razones
obvias, no está completo. Es una documentación que comprendo que es
extensa y que puede requerir un cierto tiempo de estudio, pero desde
luego, como es natural, obvio es que me pongo a disposición de la Cámara
para cualquier aclaración o ampliación de documentación, o incluso si SS.
SS. lo estimaran necesario para comparecer nuevamente y tratar de aclarar
o de completar cualquier clase de información.
Del estudio de esta documentación, que espero que puedan hacer SS. SS.
con el sosiego que el caso requiere, podrán observar que por parte de la
Dirección General de Tráfico se han respetado escrupulosamente los
procedimientos de contratación previstos en la Ley de Contratos del
Estado. De acuerdo con ello, y de acuerdo en concreto con el artículo 117
del Reglamento General de Contratación del Estado, hemos seguido los
criterios de adjudicación directa o de concurso en función de las
cuantías. Permítanme recordarles que hasta 1986 la cuantía, a partir de
la cual ya es preceptivo el concurso, eran 5 millones. Hasta 1990 eran 25
millones. Y desde 1990 hasta acá son 50 millones de pesetas. Es decir,
que todos los que están por debajo de estas cuantías se han celebrado por
adjudicación directa; y los que son superiores a estas cuantías, según
los respectivos momentos, están todos ellos hechos por concurso, sin que
en ningún momento se haya hecho uso de la habilitación que confiere el
artículo 117 del Reglamento para obviar el proceso de contratación por
concurso público, aun en los casos justificados de dificultad de promover
la concurrencia, razones de urgencia, etc., sino que se han hecho
regularmente por el procedimiento de concurso.
Para terminar esta primera exposición, quisiera insistir en la ya
apuntada idea de normalidad en la contratación de la Dirección General de
Tráfico con las empresas que forman lo que hoy pudiéramos llamar, no la
empresa ya, sino el Grupo CAE. De hecho, si tomamos los datos de estos
once años, es decir, desde 1984, en que comenzamos a trabajar, hasta
1994, aunque, como les decía, no esté completo, nos encontramos con que
la empresa o el grupo de empresas que ha sido más frecuente adjudicataria
ha sido el Grupo Etra, con un 21,82 de la contratación --les ahorraré las
centésimas--, casi un 22 por ciento; seguido del Grupo CAE, con un 19 por
ciento de contratación. Me permito resaltar, para matizar adecuadamente
estos datos, que el tercer adjudicatario, en cuanto a volumen, es Fomento
de Construcciones y Contratas, con un 16 por ciento, es decir, a sólo 3
puntos del Grupo CAE, pero con la peculiaridad de que en realidad, de los
once años que estamos contemplando, Construcciones y Contratas sólo ha
sido licitadora de nuestros concursos en siete años, y de éstos de manera
decidida, digamos constante y permanente, sólo a partir de 1990. Es
decir, si desde 1990 ha tenido un 16 por ciento de los que quedan
matizados, esa segunda posición que ocupa el Grupo CAE sería muy
discutible que le correspondiera de esta forma.
En principio no tengo mucho más que decir. Quedo, como es natural, a la
espera de lo que SS. SS. consideren conveniente plantearme. Si es
necesaria alguna aclaración más, con mucho gusto la haré.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General de Tráfico.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), el señor Casas tiene la palabra.
El señor CASAS I BEDOS: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Director General de Tráfico, por su comparecencia.
Nos parece interesante porque trae una documentación que podrá ayudar a
los Grupos parlamentarios que deseen estudiar a fondo las contrataciones
que ha habido con el Grupo CAE.
Solamente quisiera hacer una pequeña observación. Si la norma habitual de
las contrataciones que efectúa su Dirección General de Tráfico es
coherente con los informes técnicos que hay previos a la adjudicación de
las obras. Si hubiera habido algún caso en que hubiera discrepancia entre
el informe técnico y la definitiva adjudicación, nos gustaría que nos lo
resaltara. Es el único tema que nos interesa en este momento.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Casas.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
tiene la palabra el señor Romero.
El señor ROMERO RUIZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Para agradecer los datos que nos acaba de suministrar el Director General
de Tráfico. Se trata de una comparecencia, a solicitud del Gobierno, para
explicar las relaciones de diversas administraciones con la empresa CAE.
Usted ha dado una serie de datos desde 1985 hasta 1989, hablando de
contratos pequeños --en realidad hay cinco contratos
muy pequeños-- con CAE. Luego habla de una agrupación de empresas, SICE,
donde se empieza a trabajar de manera más general. Y termina con un
resumen, diciendo que tres grupos empresariales, entre ellos CAE con un
19 por ciento, Fomento de Construcciones y Contratas con un 16 por ciento
y Etra con un 21 por ciento, representan el cuerpo general de la
contratación y de la adjudicación.
Nuestro grupo parlamentario va a estudiar con detenimiento la
información, que quedará a disposición de la Comisión para nuestras
consultas. Deseo hacerle dos preguntas. Una, la formulada por el
representante de Convergència i Unió, en el sentido de si hubo
modificaciones sobre la marcha, si se elevaron al alza algunos contratos
inicialmente adjudicados y sufrió variación su cuantía. Y otra pregunta
está relacionada con el hecho de si usted o alguno de sus colaboradores
en la Dirección General de Tráfico conocía que el señor Palomino era
directivo de la empresa CAE, una vez que ésta compra Talleres Palomino y
la incorpora a su núcleo de dirección. Si usted recibió alguna llamada
del señor Palomino, si tuvo algún contacto directo con él o recibió
alguna llamada de algún otro miembro del Gobierno en relación con este
hecho, y lo tuvo usted en cuenta a la hora de adjudicar estos contratos
de semáforos, de electrificación, de travesías, etcétera, a la empresa
CAE.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Romero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández
de Trocóniz.
Señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Muchas gracias, señor Presidente...
(Los ruidos originados por las obras impiden oír con claridad al orador.)
El señor PRESIDENTE: Señor Trocóniz, si no está en condiciones de hacer
una intervención correcta como consecuencia del ruido, podíamos esperar,
si usted quiere, cinco minutos, y así solventamos el problema. Vamos a
suspender la sesión durante cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
El señor PRESIDENTE: El señor Trocóniz tiene la palabra en nombre del
Grupo Parlamentario Popular.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Muchas gracias, don Miguel Muñoz,
por la comparecencia ante esta Comisión.
Señor Presidente, antes de nada quiero manifestar a la Comisión que no
tenemos ninguna intención de utilizar el artículo 202 del Reglamento, en
el sentido de pedir la suspensión por 45 minutos para examinar la
documentación que nos ha proporcionado don Miguel Muñoz. Por dos razones
básicamente. Por una parte, porque creo sinceramente que alargaría
innecesariamente la duración de la Comisión. Y por otra parte, porque en
45 minutos no habría tiempo material ni suficiente para poder examinar
estos voluminosos documentos que nos ha incorporado, tan voluminosos que
antes de comenzar esta comparecencia el Director General de Tráfico los
puso delante de sí y fue preciso retirarlos para que los pudiera
examinar, porque si no seguidamente se hubiera tenido que levantar para
ver a estos diputados en sus intervenciones.
Dicho esto, he de manifestar que, lógicamente, estudiaremos con
profundidad la documentación que se nos ha proporcionado. En este sentido
le ruego, señor Presidente, que a la mayor brevedad posible nos haga
llegar la copia correspondiente de esa documentación. Lógicamente, nos va
a llevar un tiempo largo el realizarlo. A partir de entonces será el
momento oportuno de poder, en su caso, pedir más comparecencias, como
antes ha anunciado y se ha brindado a venir el señor Director General de
Tráfico.
En definitiva, si a lo que vamos a estar presentes es a un desfile de
todos los órganos de la Administración, todos sus diferentes organismos,
todas las empresas públicas, para que nos expliquen su contratación con
Control y Aplicaciones, S. A., o su grupo de empresas, realmente podemos
estar durante años, a menos que nos decidamos a investigar en profundidad
toda la contratación administrativa, cosa que en absoluto creo que es
deseo de la Comisión, ni es absolutamente necesario.
En este sentido, de la necesidad-no necesidad, he de advertirles algo que
me parece importante. Todo esto surge en razón del posible trato de favor
dado a Control y Aplicaciones por parte del sector público estatal como
consecuencia de la incorporación a su plantilla de trabajadores
directivos de don Francisco Palomino Romera, cuñado o hermano político
del Presidente del Gobierno. Este supuesto incremento en la contratación
del sector público se refiere básicamente, de acuerdo con la propia
Memoria de Control y Aplicaciones, dentro del sector de la seguridad y la
administración del Estado, a la Empresa Nacional Santa Bárbara, al
Ministerio de Defensa y a instituciones penitenciarias, no a la Dirección
General de Tráfico. Y, por otra parte, y también en materia de obras
civiles, se refiere básicamente al acontecimiento olímpico de Barcelona y
la Exposición Universal de Sevilla 92, tampoco a la Dirección General de
Tráfico.
Nos parece muy loable, por consiguiente, que se trate aquí, que se
traiga, toda la contratación llevada a efecto por la Dirección General de
Tráfico y SICE, integrada en el Grupo CAE. Pero realmente no era
necesario, por cuanto que entendemos, porque así está en los papeles
escritos y en la Memoria que dice que se incrementa su contratación con
el sector público, que este aumento de contratación no se refiere
precisamente a la Dirección General de Tráfico.
Por consiguiente, y de antemano, he de decirles que, en principio, no
creo que se pueda encontrar nada anormal en la contratación de la
Dirección General de Tráfico con el Grupo CAE. Sencillamente porque
nosotros, desde luego, no lo hemos pedido, y no nos parece que haya
ningún tipo de documentación que ni siquiera indiciariamente exprese que
pueda haber existido un trato de favor por parte de la Dirección General
de Tráfico a CAE. Y tampoco existe ningún indicio racional del cual pueda
deducirse que ha
existido un incremento de la contratación de SICE o de CAE en relación
con la Dirección General de Tráfico en el período comprendido entre 1989
y 1992 en relación a los períodos anteriores. Sin perjuicio de lo cual,
lógicamente, examinaremos con detenimiento la documentación, por si
acaso. Aunque realmente he de decirle que este por si acaso dudo tal vez
que ocurra en ninguna ocasión. Porque, ya le digo, en materia de
seguridad se refiere básicamente el posible incremento en la contratación
con el sector público a instituciones penitenciarias, Ministerio de
Defensa, Empresa Nacional Santa Bárbara, porque es lo que dice la propia
Memoria de Control y Aplicaciones, S. A.
Entrando en esta materia, quiero reiterar las preguntas que le han sido
realizadas con anterioridad. Si en relación con los artículos 36 y 37 de
la Ley de Contratos del Estado, de 8 de abril de 1975, se ha variado la
adjudicación llevada a efecto por la Dirección General de Tráfico de la
propuesta realizada por la mesa de contratación correspondiente en los
casos de concurso; si en los casos de adjudicación directa se ha guardado
la petición de tres ofertas previas antes de la adjudicación de la obra;
y también, como ha manifestado el señor Romero, si el señor Palomino se
ha interesado, directa o indirectamente cerca de la Dirección General de
Tráfico por algún tipo, bien de adjudicación de contratos, bien de
seguimiento de contratos llevados a efectos, bien con SICE, bien dentro
de las demás empresas integradas en el Grupo.
Y nada más, señor Presidente; nada más, señor Director General de
Tráfico. Le agradecemos nuevamente su comparecencia, y a lo mejor nos
volvemos a ver como consecuencia del estudio de la documentación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Trocóniz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Aguiriano tiene la
palabra.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar agradeciendo al Director General de Tráfico su
comparecencia ante esta Comisión para explicarnos las relaciones
contractuales que la Dirección General de Tráfico haya podido tener con
la empresa CAE. Y quiero también felicitar al Gobierno por la idea que ha
tenido de que todos los directores o directores generales de empresas
públicas u organismos del Estado que han tenido relaciones con CAE pasen
por las comisiones correspondientes a explicar cuáles han sido esas
relaciones contractuales. Porque el Presidente del Gobierno y el Gobierno
han sido acusados de realizar un trato de favor con una determinada
empresa debido a unas relaciones familiares de algún director de este
tipo, de esta empresa, con el Presidente del Gobierno.
Empezamos a utilizar el lenguaje de una manera que nos indica ya por
dónde van las cosas. No se presenta ningún tipo de pruebas reales de ese
trato de favor, pero ya se habla de que existe un posible trato de favor.
Yo creo que no hay ningún trato de favor, en absoluto. Aquí tenemos una
Dirección General que ha contratado con numerosas empresas, o con
determinadas empresas, durante bastantes años, entre ellas está la
empresa CAE. El director general nos aporta todos los contratos que se
han realizado en los últimos años con este tipo de empresas, y es
conveniente e interesante que los grupos parlamentarios puedan revisar
todos estos contratos para ver si realmente hay no ya alguna
irregularidad, pero sí alguna sombra, alguna duda o alguna cosa que
aclarar. Normalmente, lo que se dice es que se estudiará, pero a pesar de
todo se sigue pidiendo una comisión de investigación. ¡Qué mejor comisión
de investigación que esta misma Comisión que tiene ahí todos los
contratos, que los puede revisar y que, si tiene alguna duda, puede pedir
nueva comparecencia del director general para aclararla! Y si encuentran
algo irregular, no hay que pedir una comisión de investigación, hay que
ir directamente al juez. Pero ahí están las pruebas, que se revisen, que
se vean, a ver si realmente existe algo.
Como digo, no hay pruebas. Se están buscando pruebas prácticamente en la
comparecencia y se está acusando sin ningún tipo de pruebas. La cuestión
es decir lo que haya que decir, acusar, si es necesario sin pruebas, que
siempre quedará alguna duda entre el ciudadano de que realmente ha
existido un trato de favor. Al final, cuando todo quede perfectamente
claro de que no ha habido ningún trato de favor, alguna sombra de duda
siempre quedará entre el ciudadano. Y eso es lo que realmente interesa, y
eso es lo que realmente importa. Lo fundamental no es encontrar, no es
buscar la verdad; lo fundamental es buscar como sea que ha habido trato
de favor. Y si no existe, se pide una comisión de investigación para que
tengamos ese tema sobre la mesa durante varios meses dándole vueltas y
vueltas.
En cualquier caso, es de agradecer que se haya dicho que no hay ni la más
mínima sombra de duda --por lo menos eso consta en el «Diario de
Sesiones»-- contra la Dirección General de Tráfico, sobre que haya podido
haber un trato de favor. Si realmente ha existido una voluntad de trato
de favor hacia un determinado grupo de empresas por el parentesco con el
Presidente del Gobierno, me extrañaría por qué ese trato de favor, que se
ha debido de hacer en otras esferas de la administración, no se ha hecho
con la Dirección General de Tráfico, que tiene un volumen de presupuesto
y de inversiones en algunos años pasados realmente importante. ¿Por qué
hacer ese trato de favor en seguridad o en Fuerzas Armadas y no en la
Dirección General de Tráfico? ¿Es que el trato de favor es
discriminatorio? Si se hace trato de favor, se puede y se debería haber
hecho exactamente en todo tipo de esferas administrativas en que CAE ha
contratado, por qué dejar fuera la Dirección General de Tráfico. En fin,
parece que eso ha sido así. Yo no entiendo esos tratos de favor tan
extraordinarios que se hacen, pero no está mal en cualquier caso que se
reconozca que por lo menos en la esfera de la Dirección General de
Tráfico no ha habido ningún trato de favor.
De todas maneras sí quisiera hacerle alguna pregunta, señor director
general, usted nos ha hablado de cuál ha sido el porcentaje de
contratación de tres empresas diferentes desde el año 1984 hasta 1994. Yo
quería que nos diese esa misma información referida a 1989-1992, que
parece que son los años en que el señor Palomino tiene algún tipo de
responsabilidad dentro del Grupo CAE. Me gustaría que me diese una
referencia especial con respecto a 1990 que, si no me equivoco, fue el
año de principales contrataciones, debido a las actuaciones que la
Dirección General de Tráfico hizo en las tres capitales importantes
durante 1992, como fueron Sevilla con la Exposición Universal, Barcelona
con la Olimpiada y Madrid Cultural. Si no me equivoco, hubo un
presupuesto de inversiones de la Dirección General de Tráfico de
aproximadamente 20.000 millones, y podía haber sido una ocasión magnífica
para que existiese ese trato de favor que algunos medios de comunicación
y algunos partidos políticos están buscando como locos y que, por
desgracia, todavía no han aportado ni una sola prueba.
También quisiera preguntarle cuáles son las razones por las que la
Dirección General de Tráfico decide una contratación. ¿Se basa
exclusivamente la decisión en el precio? ¿Hasta qué punto tienen
influencia las condiciones técnicas? ¿Las posibles condiciones técnicas o
el plazo de realización de la obra a veces tienen más importancia incluso
que el precio? ¿Cuál de esos tres factores es el preponderante? Y en el
caso de que no haya sido el precio, sino que hayan sido condiciones
técnicas o el plazo, ¿existen los informes técnicos correspondientes que
avalan la necesidad de contratar a una empresa que a lo mejor tiene un
precio superior, pero que presenta mejores condiciones técnicas o mejor
plazo de entrega?
Muchas gracias, de todas maneras, señor director general. Gracias, señor
Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguiriano.
El señor Director General de Tráfico tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (Muñoz Medina): Muchas gracias,
señor Presidente.
Quisiera contestar una a una las preguntas que me han formulado SS. SS. y
a continuación hacer un par de comentarios que quizá no han quedado
suficientemente claros en mi intervención previa y, por lo tanto, puede
resultar conveniente para mayor nitidez.
En primer lugar, al señor Casas quiero aclararle con toda rotundidad que
nunca, desde que yo soy Director General de Tráfico, se ha producido una
adjudicación que no venga respaldada por el correspondiente informe
técnico, cuando ha sido por concurso, y por un criterio mucho más
sencillo, que es el de la oferta más barata, siempre la oferta más
barata, cuando era por adjudicación directa. Hablo del tiempo en el que
yo he sido director general, es decir, desde septiembre de 1988, pero me
atrevería a extenderlo también a los años inmediatamente anteriores,
porque durante ese tiempo fui yo subdirector general y no recuerdo ningún
caso en el que se haya producido una adjudicación distinta del informe
que yo, en aquel caso como técnico, había suscrito. No lo recuerdo y,
desde luego, puedo dar garantías absolutas de que en mi tiempo de
director general jamás se ha hecho nada semejante.
Al señor Romero quiero agradecerle el interés que manifiesta por el
estudio de nuestra documentación. Y quiero, puesto que hacía la misma
pregunta del señor Casas, repetirle la contestación: nunca ha habido
ninguna variación. Ha hecho una pregunta, que no sé si interpreto bien,
en cuanto a si ha habido variaciones de precio. Quiero hacer dos
precisiones. En algunos casos, desde que se produce la adjudicación hasta
que se firma el contrato, ha habido variación en el Impuesto sobre el
Valor Añadido. Recuerdo ahora mismo de memoria --y puede que haya más
casos--, por ejemplo, la regulación de los accesos a Valencia y a
Zaragoza, que se adjudicaron en 1993, pero los actos previos de
presentación de ofertas habían sido en 1992. Sin embargo, desde que se
formula la oferta hasta que esa oferta se acepta y se formaliza el
contrato hay una pequeña variación como consecuencia del aumento del IVA.
Por lo demás, no hay ninguna variación. Sí es cierto, sin embargo, que en
algunos expedientes, a lo largo de su tramitación, se ve la necesidad de
complementarlos de alguna forma, y haciendo uso de los mecanismos que
permite la Ley de Contratos del Estado ha podido haber proyectos
complementarios, modificados o reformados. Eso es una práctica que se ha
podido dar, pero no en el sentido en que yo creo interpretar la pregunta
de su señoría. Si se ha dado alguna desviación entre la adjudicación y el
contrato, solamente ha sido en esas pequeñas variaciones como
consecuencia de la variación en el IVA.
En cuanto al señor Palomino, tengo que decirle que no sólo no le conocía,
sino que tengo que decir --y empeño solemnemente mi palabra en ello-- que
es una persona de la que yo no recuerdo haber oído hablar siquiera antes
de que saltara al aire todo este asunto que hoy nos convoca en esta
Comisión. He tratado de hacer memoria porque suponía que esta pregunta me
la formularía alguno de los señores Diputados. Muy vagamente recuerdo
alguna vez haber oído hablar de un cuñado del Presidente del Gobierno,
casado con una hermana, pero sin tener la menor idea ni de su actividad
comercial, empresarial ni nada parecido. Desde luego, nunca he recibido
una llamada, una visita del señor Palomino, una indicación, ni por parte
de otros órganos del Ministerio, ni ajenos al Ministerio, para que
hubiera cualquier desviación de los criterios de contratación. Ni
siquiera cuando me han visitado por distintas razones los directivos de
las empresas me han hecho mención a que entre su personal estaba un
cuñado del Presidente del Gobierno. Yo la primera información que he
tenido de todo ello ha sido reciente, repito, cuando ha surgido todo
esto. Puedo tranquilizar rotundamente a SS. SS. en el sentido de que no
ha habido nunca la menor indicación para que yo, como órgano de
contratación de la Dirección General de Tráfico, pudiera otorgar ninguna
clase de trato de favor al señor Palomino o a las empresas en las que él
tenía alguna participación, algún interés, o simplemente prestaba sus
servicios.
Al señor Fernández de Trocóniz le agradezco también el interés que
manifiesta por la documentación que he aportado, y especialmente ese
cierto acto de confianza que hace sobre la forma de contratación de la
Dirección General de Tráfico y el hecho de que él mismo no vea indicios
de trato de favor por nuestra parte a favor de CAE o de ninguna de sus
empresas participadas. Tengo que decirle, como he dicho a los señores
Diputados que le precedieron en el uso de la palabra, que no ha habido
ninguna variación en la propuesta en relación con los informes técnicos.
En este sentido quiero también dejar absolutamente claro --podrán
deducirlo perfectamente de la documentación que aporto-- que en todos los
expedientes que se han adjudicado directamente por el procedimiento
admitido por el artículo 117 del Reglamento General de Contratación se
han pedido no ya tres, sino normalmente bastantes más ofertas. Es decir,
se han pedido a la práctica totalidad de las empresas que trabajan en el
sector. Cuando hablamos de proyectos pequeños, que son los que van por
adjudicación directa, nos encontramos con que ya no son los cinco grupos
de empresas importantes que son adjudicatarios de los proyectos grandes,
sino que estamos hablando a lo mejor de nueve, diez, o incluso más
peticiones de oferta. Distinto es que luego, por las razones que sea
(porque a una empresa no le interesa un determinado trabajo, porque no es
un territorio en el que le interese trabajar, porque está sobrecargada de
trabajo o por las razones que sean), se hayan formulado menos ofertas,
pero se han pedido varias sistemáticamente. Desde luego, tres es un
número bajo para lo que se hace normalmente. En todo caso, no creo que
aparezca entre la documentación (la verdad es que ha habido poco tiempo
para prepararla), ningún expediente en el que haya menos de tres ofertas
presentadas y, si las hay, estará documentado el porqué no se han
formulado más ofertas pese a haber sido pedidas. Pero repito que lo más
probable es que no haya ninguna en la que aparezcan menos de tres
ofertas.
Y nuevamente, tal como le acabo de referir al señor Romero, tengo que
decir rotundamente (con la misma rotundidad que lo he expresado hace unos
segundos) que nunca he tenido el menor conocimiento de la existencia del
señor Palomino hasta estas fechas en las que ha surgido todo este asunto.
Nunca, y quiero repetirlo porque me parece importante, he recibido
ninguna indicación, ni por parte de algún órgano del Gobierno, ni
siquiera del Ministerio en este sentido. Y recalco --perdón por la
insistencia, pero me parece importante-- que en mis tratos, digamos
relativamente frecuentes, con las empresas que son adjudicatarias de
nuestros contratos ninguno de sus directivos me hizo saber de la
existencia en la compañía, en CAE, del señor Palomino.
Al señor Aguiriano, aparte de agradecerle también la confianza que
exterioriza en sus palabras, quiero darle alguna información que me ha
pedido en relación con el período concreto 1989-1992, que es el que en
definitiva está en cuestión. Y la verdad, no sé por qué no lo he dicho yo
en mi primera intervención, porque son datos que tengo y que me parece
que puede ser importante ponerlos en conocimiento de sus señorías.
El período 1989-1992 ha sido especialmente fructífero, digámoslo así, en
la contratación de la Dirección General de Tráfico. Y respecto del peso
relativo de la contratación de las empresas a las que nos estamos
refiriendo, tengo que decir que la primera empresa que ha contratado con
nosotros durante dicho período es Fomento de Construcciones y Contratas,
con un 28 por ciento. La segunda es el Grupo Etra, con un 22 por ciento.
La tercera, el Grupo Abengoa Sahínco, con un casi 17 por ciento. Y la
cuarta es CAE, con un 7,97 por ciento. Es decir, desde este 8 por ciento,
prácticamente, hasta el 28 que tiene como contratación la empresa Fomento
de Construcciones y Contratas, yo creo que hay una diferencia
suficientemente importante como para ver hasta qué extremo la presencia
del señor Palomino en el Grupo CAE ha sido absolutamente irrelevante
durante este período.
Además, me pregunta el señor Aguiriano por el año 1990, porque también ha
sido importante. En alguna de las informaciones de prensa surgidas
alrededor de todo este asunto, se ha hablado de un año crucial en las
relaciones o en los posibles tratos de favor que pudo sufrir o
experimentar la empresa del señor Palomino. Pues bien, quiero aclarar que
para nosotros 1990 fue un año, como bien ha intuido el señor Aguiriano,
especialmente importante, porque adjudicamos los tres grandes proyectos
ligados a los acontecimientos del 92, y que era un proyecto de 10.000
millones de pesetas, en el caso de Sevilla; de 5.000 millones, en el de
Barcelona, y otros 5.000 millones, en el de Madrid. A este año podemos
añadirle la contratación normal, además de esta que fue ciertamente
excepción en la vida de la Dirección General de Tráfico, y nos
encontramos con que (doy cifras redondas, como es natural, para no cansar
la atención de sus señorías) en el año 1990 en concreto el Grupo Etra fue
adjudicatario de alrededor de 6.000 millones de pesetas; Fomento de
Construcciones y Contratas, 5.000 millones; el Grupo Abengoa Sahínco,
4.500 millones; el Grupo INI (que es fundamentalmente la empresa Disel,
pero como ha cambiado varias veces de nombre le llamamos entre nosotros
coloquialmente el Grupo INI), con 3.000 millones de pesetas, y en quinta
posición aparece SICE, con 2.200 millones de pesetas. Son años en los que
justamente no cabe hablar bajo ningún concepto de trato de favor ni nada
parecido. Son datos objetivos que someto a la consideración de sus
señorías. Pero también les digo que estos años los subrayo porque son los
que están sometidos a cuestión. Porque ha habido otros años, como 1993,
por ejemplo, donde el Grupo SICE sí ha tenido contrataciones muy altas,
incluso que lo destacan con relación a otros grupos; todo ello
absolutamente soportado por los informes técnicos correspondientes.
Además, quiero enlazar esta afirmación con la contestación a otra
cuestión que me ha planteado el señor Aguiriano, y es cuáles son los
criterios de contratación que sigue la Dirección General de Tráfico.
En la adjudicación directa, obviamente, es la oferta más baja, siempre la
más baja. Yo creo que es un criterio absolutamente irreprochable, poco
imaginativo, ciertamente, pero es el que venimos aplicando
sistemáticamente. En cuanto a las adjudicaciones por concurso, en mi
época de director general, repito, desde finales de 1988 (mientras
cambiamos los criterios tal vez pudo ser desde 1989), el criterio
fundamental que estamos siguiendo es el de la baja económica, nos guiamos
por encima de todo por la baja económica. Y únicamente se produce una
alteración en la
contratación, es decir, no se adjudica a la oferta más baja cuando hay
razones tecnológicas de mucho peso que aconsejen variar la contratación.
Pero hay que tener en cuenta que tampoco queremos transformar el proceso
del concurso en un proceso de subasta en el que preceptivamente es la
oferta más barata. Pero sí queremos que sea el motivo fundamental de
adjudicación. Cuando hay empresas que ofertan mejoras, lo primero que
tratamos de hacer es valorarlas económicamente y ver si suponen una
mejora económica respecto de la más baja. Ahora me viene a la memoria,
por ejemplo, un contrato de instalación de estaciones de visión
artificial en el que no lo adjudicamos a la empresa que hacía la oferta
más baja, pero sí a la que resultaba más económica porque aportaba mayor
número de esas estaciones. Al final, el precio unitario por cada estación
de visión artificial resultaba más bajo, más económico que la oferta más
baja. Luego hay otros casos, y recuerdo también otro contrato en el que
la oferta más baja contenía importantes errores de medición. Es decir, si
tenía que haber puesto 15 kilómetros de cable o de canalización,
figuraban 10, por lo que era una oferta inviable. Pese a ser la más
económica no se pudo aceptar. Repito que éstos son los criterios que
seguimos normalmente y que son objeto de crítica en algunas ocasiones por
las empresas, que preferirían criterios más ligados a la calidad de la
empresa, al historial de la propia empresa y su nivel de innovación
tecnológica. Creemos que las empresas fundamentales, esos grupos a los
que me he ido refiriendo anteriormente, están en unas condiciones, en
unos niveles de refinamiento tecnológico suficientemente parecidos como
para que consideremos que estos criterios, que son mucho más objetivos,
son más adecuados a la realidad.
Lamento extenderme, pero hay una cuestión que quizá debía haber dicho en
la primera intervención, y es con la finalidad de facilitarles el estudio
y la comprensión de la documentación que les aporto. Quiero decirles que
en esa documentación que dejo a disposición de la Comisión están los
contratos suscritos con el Grupo CAE y con todas sus empresas desde el
año 1988. Lo anterior a 1988 fue expurgado y destruido, previa consulta
con la Intervención General del Estado y con el Tribunal de Cuentas del
Reino. Como es natural, esas cuentas habían sido aprobadas por el
Tribunal de Cuentas sin ninguna censura, cosa que me parece importante.
En toda la documentación que aparece aquí, en el informe que rinde el
Tribunal de Cuentas a las Cortes Generales, no hay ni un solo caso en el
que se haya producido ninguna censura ni ningún comentario de
irregularidad por parte del Tribunal de Cuentas. Están encuadernados por
años y cada año está precedido por un resumen en el que aparecen algunas
precisiones. Hay algún pequeño error en esta documentación porque es
exactamente la misma que hemos puesto a disposición de la Intervención
General del Estado, a solicitud del Ministerio de la Presidencia. Como
aquella documentación hubo que presentarla con una premura enorme, hemos
preferido tener la seguridad de que la que aportábamos a la Cámara es la
misma que hemos entregado en la Intervención General para que no haya
discrepancias. Por eso hay salvados algunos pequeños errores, tales como
que existe una adjudicación que corresponde a otra empresa y no a una del
Grupo CAE, o en algún caso se ha puesto como si fuera adjudicación del
año una anualidad de un proyecto adjudicado anteriormente. Son pequeñas
precisiones que me parece conveniente hacer.
Finalmente quiero decir, respecto de la adjudicación directa, que cada
expediente contiene la siguiente documentación: el pliego de condiciones
administrativas, lo que llamamos el informe comercial, que es la relación
de empresas que han ofertado con el importe de su respectiva oferta; el
informe del órgano de la Dirección General proponente (aparece en algunos
casos, cuando es necesaria alguna aclaración, no siempre, pero lo hemos
puesto entendiendo que suponía mayor claridad), la resolución del
director general de adjudicación del contrato, y finalmente el contrato
firmado por ambas partes. En los expedientes que se han adjudicado por
concurso aparece el pliego de condiciones administrativas, el informe
técnico, que es por el que se han interesado algunas de sus señorías y
que me parece muy importante que lo puedan examinar y poner en
concordancia con el texto de la resolución de adjudicación; luego tenemos
la resolución de selección del contratista, si procede, es decir, cuando
el concurso se ha convocado por concurso de proyecto y ejecución, y la
aprobación del proyecto en este mismo caso; en caso de que haya sido con
proyecto redactado por técnicos de la dirección general, esta
documentación --como es natural-- no aparece; finalmente el contrato, y
en caso de uniones temporales de empresas, en caso de UTE, el porcentaje
de participación de cada una de ellas.
Estos son los datos que les doy para que les sea más fácil el examen de
la documentación. Por mi parte, señorías, no tengo nada más. Espero que
haya sido suficientemente esclarecedora mi intervención. Y nada más. Les
agradezco su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor director general.
Señor Aguiriano, muy breve por favor.
El señor AGUIRIANO FORNIES: Muy breve porque al hilo de la intervención
del director general quiero preguntarle alguna cosa.
Ha hecho referencia al control que ejerce el Tribunal de Cuentas. Me
supongo que me podrá decir hasta qué año las gestiones de la Dirección
General de Tráfico han pasado por el Tribunal de Cuentas. Y por mi
experiencia en alguna otra empresa pública quería preguntarle si existe
una Intervención Delegada del Ministerio de Hacienda dentro de la propia
Dirección General de Tráfico, y cuál es en realidad el mecanismo de
control que la Administración en general ejerce sobre la Dirección
General de Tráfico.
También quiero preguntarle algo que no sé si usted al final me podrá
contestar, pero es que este portavoz está en un mar de dudas. Porque
resulta que determinada prensa amarilla y determinados partidos,
fundamentalmente la derecha y sus compañeros de viaje, están empeñados en
decir que existe un trato de favor de la Administración hacia una empresa
porque está dirigida por un cuñado del Presidente
del Gobierno. Resulta, como se ha dicho, que ese trato de favor se debe
hacer en todo tipo de empresas menos en la Dirección General de Tráfico.
Usted realmente nos ha dicho que la contratación media con la empresa CAE
desde 1984 a 1994 es del 19 por ciento, siendo CAE la segunda empresa en
importancia en contratar con la Dirección General de Tráfico. Y que los
años 1989-1992, que es cuando el señor Palomino tiene alguna
responsabilidad en el Grupo de empresas CAE, en esos cuatro o cinco años
la contratación de la Dirección General de Tráfico con la empresa CAE
baja al 7,97 por ciento, es decir, baja del 19 al 8 por ciento. O sea,
que cuando existe trato de favor de la Administración, o cuando algunos
dicen que existe trato de favor de la Administración con el señor
Palomino, es el momento en que la Dirección General de Tráfico disminuye
a menos de la mitad la contratación con la empresa CAE. ¡Es que esto no
hay quien lo entienda! Una de dos. O esto es una pura falacia, que es lo
que creo que realmente ocurre, porque si se hace trato de favor se hace,
pienso yo, con todo tipo de empresas y con todo tipo de administraciones
(puestos a hacer tratos de favor, por qué vamos a dejar fuera a la
Dirección General de Tráfico). O resulta que es solamente ahora, porque
estamos hablando de la Dirección General de Tráfico y los datos son tan
incontestables que nadie puede decir absolutamente nada. O esto es una
falacia o esto es una maniobra descarada de pura y exclusiva erosión del
Gobierno y del Presidente del Gobierno, que eso es lo que realmente
sucede.
Gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Aguiriano.
Señor Trocóniz, muy breve también, por favor.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, no tengo que
preguntarle nada al señor Director General de Tráfico, pero es que
estamos ante una comparecencia y el señor Aguiriano quiere plantear una
discusión y un debate. Y una de dos, señor Presidente, o llama a la
cuestión al señor Aguiriano o nos veremos obligados a entrar ya en un
debate. Seriamente he de decirle que a palabras necias, oídos sordos.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor Trocóniz, ¿su señoría se ha sentido aludido en
algún momento por la intervención del señor Aguiriano? En ese caso, puede
S. S. tener la posibilidad de intervenir. Pero no me ha parecido a mí que
le aludieran a S. S. de manera personal, ni a su grupo.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, entiendo que ha
aludido a mi grupo político en la medida que se ha referido a la derecha,
y entiendo también que en esta Cámara la derecha somos nosotros. Y es que
ha aludido a las posiciones que mantenemos en esta comparecencia. En la
medida en que entiendo que no estamos aquí para hacer un debate y
entablar un debate acerca de la Comisión de investigación que hemos
pedido en torno al caso Palomino, entiendo, también, señor Presidente,
que no estamos aquí para preguntar las opiniones al Director General de
Tráfico sobre lo que opina...
El señor PRESIDENTE: Estará conmigo, señor Trocóniz, en que quien debe
moderar, dirigir y calificar las intervenciones es la Presidencia.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Sin lugar a dudas.
El señor PRESIDENTE: En ese sentido, si se siente aludido por esa especie
de concepto tan corrosivo de la derecha, tiene S. S. tres minutos. Si no
es así, que yo creo que no tiene por qué tener ninguna alusión crítica
por el hecho de que conceptúen a su señoría como la derecha, no tendrá
los tres minutos. Si usted considera que es un concepto corrosivo, los
tiene. No tiene mayor problema este tema, señor Trocóniz.
El señor FERNANDEZ DE TROCONIZ MARCOS: Señor Presidente, yo cuando dice
derecha no me siento aludido corrosivamente, o no me siento aludido en un
tono, llamémosle insultante, en absoluto, porque es un término normal de
dirigirse a un tipo de formaciones políticas y debe ser asumido de igual
manera. De igual manera que si nos referimos al Grupo Socialista hablamos
de la izquierda, o si nos dirigimos al Grupo de Izquierda Unida hablamos
de la izquierda. Y no pasa nada por hacerlo así, y no creo, ni mucho
menos, que pueda entenderse en un sentido corrosivo.
Se trata simplemente, señor Presidente, de que se están introduciendo, y
por alusión, motivaciones que no obstan esta comparecencia ni que dan
lugar a esta comparecencia. En este sentido intervenimos simplemente para
llevar las aguas a lo que entendemos su justo término del debate. Es
decir, que no estamos en un debate acerca del tema, por decirlo así,
básico del momento, cual es el caso Palomino en su conjunto, sino en la
comparecencia del señor Director General de Tráfico.
Nada más, señor Presidente, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, señor Trocóniz. Después de este paréntesis
semilúdico, estará usted conmigo, porque estoy seguro de que no hemos
entendido casi nadie nada. Tiene la palabra el señor Director General de
Tráfico.
El señor DIRECTOR GENERAL DE TRAFICO (Muñoz Medina): Gracias, señor
Presidente.
Quiero satisfacer las preguntas que me formula el señor Aguiriano,
aclarando que el Tribunal de Cuentas normalmente nos va pidiendo la
documentación referente a las cuentas del año y que el informe suele
salir con unos dos años de retraso. Es decir, en estos momentos se estará
fiscalizando por parte del Tribunal de Cuentas el año 1992; pero no tengo
constancia de que se haya producido ya el informe de este año. En segundo
lugar, quiero aclarar que, efectivamente, la Dirección General de Tráfico
tiene Interventor Delegado propio; es una especie, digamos, de delegado
del Interventor Delegado del Ministerio del Interior, del cual depende,
pero está instalado en nuestras dependencias y funciona en plena
dedicación respecto de la Dirección General de Tráfico.
Tengo que decirle que los mecanismos de control son los normales. Es
decir, todo expediente se somete a la fiscalización previa de la
Intervención Delegada, salvo que por su cuantía tenga que ir a la
Intervención General del Estado, pero dentro de la más absoluta
normalidad y del más absoluto sosiego, digámoslo así, en el planteamiento
de la función interventora.
Hace S. S. referencia a los porcentajes, poniendo en comparación los
correspondientes a los períodos 1984-1994 y 1989-1992. Efectivamente, se
da el caso de que durante este período ha sido cuando más bajó la
contratación del Grupo CAE. Luego, en 1993, tiene un repunte importante.
Pero tiene razón S. S., en el sentido de que durante este período es
justamente cuando resulta más baja. De todas maneras, cualquier opinión
sobre todo esto prefiero no exteriorizarla, sino dejarlo a criterio de
SS. SS. después del examen de la documentación, en la confianza de que
les satisfará, como espero que así sea.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General de Tráfico.
La documentación del señor Director General de Tráfico quedará bajo la
custodia de esta Presidencia en la sede de la Comisión, donde podrán SS.
SS. estudiarla, investigar sobre ella, etcétera. Se suspende la sesión
durante cinco minutos.
Se reanuda la sesión.
--DEL DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Beltrán Catalá),
PARA INFORMAR SOBRE LAS RELACIONES CONTRACTUALES MANTENIDAS EN EL AMBITO
DE SUS RESPONSABILIDADES CON LA EMPRESA CONTROL Y APLICACIONES, CAE.
(Número de expediente 212/001242.)
El señor PRESIDENTE: A instancias también del Gobierno, comparece hoy,
para cubrir el último punto del orden del día de la sesión de esta
Comisión, el Director General de Administración Penitenciaria --a quien
en nombre de la Comisión doy la bienvenida--, para informar sobre las
relaciones contractuales mantenidas en el ámbito de sus responsabilidades
con la empresa Control y Aplicaciones.
Señor Director General de la Administración Penitenciaria, tiene la
palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Beltrán
Catalá): Muchas gracias, señor Presidente.
Si me permiten SS. SS., voy a dividir mi información en tres grandes
apartados. Primero, referente a contratos de seguridad financiados con
cargo al subconcepto presupuestario 221.09, otros suministros; segundo,
contratos de mantenimiento financiados con cargo al concepto 212,
mantenimiento de edificios y otras construcciones; por último, la
construcción de nuevos centros, bien con cargo al presupuesto del
Ministerio de Justicia, que como saben ustedes Instituciones
Penitenciarias empezó a gestionar ella propiamente el aspecto económico a
partir de mediados de 1991, me parece que fue. Como decía, bien con cargo
al presupuesto del Ministerio de Justicia, bien con cargo al presupuesto
de Instituciones Penitenciarias, inclusive con cargo a la Sociedad de
Infraestructura de Equipamiento Penitenciario, SIEP.
En el primer apartado, en el año 1990 se decidió implantar un sistema de
seguridad activo en los centros penitenciarios. A tal fin, se tramitaron
75 expedientes de contratación. La participación que tuvo en el conjunto
de todas estas contrataciones la empresa Control y Aplicaciones, S. A.,
CAE (llamaré de aquí en adelante CAE), fue la adjudicación de dos
contratos: uno en Santa Cruz de Tenerife, por importe de adjudicación de
7.930.701 pesetas; y otro en Santa Cruz de la Palma, por importe de
8.539.525 pesetas; es decir, el conjunto de estas dos adjudicaciones se
eleva a 16.470.000 pesetas (si me permiten, ya las pesetas las voy a
citar de aquí en adelante), para ser más exacto, 16.470.226 pesetas.
El total de los contratos citados, es decir, de los 75 expedientes de
contratación, incluidos por supuesto todos, los que acabo de citar, se
realizó al amparo del apartado 4.º del art. 87 de la Ley de Contratos del
Estado que, como SS. SS. conocen, permiten la contratación directa para
los supuestos de medidas de seguridad. Los 75 expedientes afectaron a 69
centros penitenciarios y el importe total de estos 75 expedientes fue de
2.182.755.622 pesetas. El número de empresas que han participado en estos
75 expedientes fue de 24, y el tanto por ciento de participación de CAE
en el montaje económico supuso el 0,75 por ciento.
Respecto al segundo apartado citado anteriormente, contratos de
mantenimiento, diré que durante los años 1991 y 1992, los contratos de
mantenimiento en los temas de seguridad, uno de ellos, el Centro de
Sevilla-2, fue adjudicado a la empresa CAE, por unos importes de
7.466.200 pesetas en 1991; y 7.988.843 pesetas en 1992, respectivamente;
es decir, el conjunto de los dos años supuso 15.455.034 pesetas. La forma
de contratación se realizó al amparo del Decreto 1005/1974, de 4 de
abril, por el que se regulan los contratos de asistencia, aplicándosele
el apartado a) del artículo 9, ya que ninguna de las dos cuantías
superaba los diez millones de pesetas.
Para tener puntos de referencia, en este año 1991 se celebraron contratos
de mantenimiento en Sevilla, Madrid-1, Madrid-2, Valencia-2, Madrid-3 y
Madrid-4. El importe de todos estos contratos de mantenimiento supuso
53.117.000 pesetas. El montante de CAE, por el contrato de mantenimiento
adjudicado a Sevilla-2 se eleva al 14,05 por ciento del montante total
económico. Las demás empresas contratadas para estos mantenimientos
citados fueron Esabe Express; Servisegur; Seguridad, Ingeniería y
Control; y Penta 3, S. A.
Respecto al año 1992, entraron más centros en el planteamiento de este
mantenimiento de sistemas de seguridad. El montante total se elevó a
188.743.590 pesetas en la contratación de todos estos centros; y respecto
a la adjudicación a CAE, dicha anteriormente de 7.888.000 pesetas, supone
el 4,23 por ciento. A partir del año 1993, CAE, en mantenimiento, no tuvo
ninguna contratación y Sevilla-2 se incluyó en un lote, el lote n.º 7,
que se adjudicó a la empresa Ferrovial.
Con relación al tercer apartado, la construcción de centros, diré que a
partir del año 1983 la Secretaría General de Administración Penitenciaria
tiene en este momento conocimiento de que la empresa CAE ha participado
en las siguientes subcontratas: En agosto de 1984 se adjudicó por
concurso subasta la construcción del Centro Penitenciario Sevilla-2 a la
empresa Dragados y Construcciones, por importe de 2.499 millones de
pesetas aproximadamente. Esta empresa, ya digo, según noticias que tiene
en este momento la Secretaría de Estado, subcontrató con la empresa CAE
el capítulo de seguridad, por un importe aproximado de 120 millones de
pesetas. Como después me preguntarán, ya se lo voy a adelantar, en esta
empresa también participó, en una subcontrata, Talleres Palomino, por
aproximadamente 180 millones de pesetas. Que tengamos conocimiento,
Talleres Palomino no participó en la construcción de ningún otro centro.
El 3 de octubre de 1985 se adjudicó por concurso subasta la construcción
del centro penitenciario de Alhaurín de la Torre, en la provincia de
Málaga, a la empresa Entrecanales y Távora, por importe de 1.785 millones
de pesetas. Esta empresa subcontrató el capítulo de seguridad con CAE,
por un importe aproximado de 115,8 millones de pesetas.
El 21 de julio de 1989 se adjudicó por concurso la construcción de la
primera fase del Centro Penitenciario de Villabona, por importe de 2.311
millones de pesetas aproximadamente; y en septiembre de 1992 se adjudicó
la segunda fase, por unos 1.579,8 millones de pesetas, por concurso
restringido. La empresa adjudicataria fue Dragados y Construcciones,
quien subcontrató a CAE el capítulo de electricidad y calefacción por un
importe aproximado, en total, de 108,6 millones de pesetas.
En julio de 1993, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamiento
Penitenciario, SIEP, adjudicó la construcción del Centro Penitenciario de
Topas a la UTE, formada por Dragados y Construcciones y Auxini, por
importe de unos 5.287,8 millones de pesetas. Estas empresas
subcontrataron con CAE la parte de instalación eléctrica y la
climatización, por un importe aproximado de 200 millones de pesetas.
Recapitulando, a partir del año 1983 hasta la fecha, que tenga
conocimiento la Secretaría de Estado, en la construcción de
aproximadamente, yo creo que son 16 centros penitenciarios, con una
inversión que supone más de 43.000 millones de pesetas, la
subcontratación con CAE puede rondar los 515 millones de pesetas.
Por mi parte, Presidente, nada más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General de la
Administración Penitenciaria.
¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) El señor Casas, por el Grupo
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra.
El señor CASAS I BEDOS: Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias,
señor director general, por su comparecencia.
Estamos ante una comparecencia a petición del Gobierno, no a petición de
los grupos parlamentarios de la Cámara. Entiendo que es una comparecencia
en la cual el objetivo fundamental que entiendo persigue el Gobierno, es
aportar información. Ha habido una serie de informaciones de prensa que
han insinuado o han hablado de algunas relaciones especiales de
determinada persona con parentesco con el presidente del Gobierno, ante
lo cual el Gobierno responde haciendo comparecer en la Cámara a altos
cargos de la Administración para que ponga en claro la limpieza de la
relación que puede haber habido, relación que puede ser muy lícita, entre
determinada empresa vinculada con esta persona y la Administración
pública. Por tanto, el sentido fundamental de esta comparecencia es
información. Agradezco lo que usted nos ha dicho de forma verbal; creo
que sería más oportuno que hubiera un soporte documental, como ha hecho
el Director General de Tráfico, a fin y efecto de que los grupos
parlamentarios, y no porque dudemos de su palabra, todo lo contrario --no
estoy ni mucho menos insinuando esto--, sino porque creo que requiere un
estudio riguroso por parte de los grupos parlamentarios que tengan
interés en conocer exactamente cómo se han producido estas contrataciones
y estas subcontrataciones, requiere un estudio documental riguroso.
Estudio documental riguroso, porque en algunas informaciones
periodísticas (no son afirmaciones que haga yo, sí que se han leído en
alguna prensa), parece que en algunos casos estas adjudicaciones han sido
contrarias al informe técnico preceptivo de la administración actuante;
por tanto, habría que ver por qué razones en algunos casos, no sé si en
el caso de la Administración penitenciaria, no lo sé, ha habido alguna
contratación que no haya sido coherente con el informe técnico
preceptivo. En todo caso, para poderlo saber con conocimiento de causa,
entiendo que la mejor fórmula es poder hacer un análisis de toda la
documentación que sea preceptiva para estudiar la relación comercial
entre este grupo empresarial y la Administración del Estado.
Por tanto, mi grupo parlamentario no está en condiciones de emitir ningún
tipo de opinión al respecto hasta que no pueda examinar documentalmente
la información verbal, que agradecemos mucho, por parte del director
general.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Casas.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, la
señora Aguilar tiene la palabra.
La señora AGUILAR RIVERO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, decir que, efectivamente, la comparecencia se hace a
petición del Gobierno. Es una operación, por tanto, que ha diseñado el
propio Gobierno y que, desde nuestro punto de vista, lo importante, a
pesar del énfasis que ponen los comparecientes, no está en las cantidades
o en el porcentaje de participación total, sino en conocer la forma en
que se ha llevado a efecto la contratación, cuáles han sido los criterios
que han prevalecido en la misma, qué estado de uso tienen las
instalaciones que en ese momento intervino la empresa en cuestión; cuáles
han sido, en el ámbito de Instituciones Penitenciarias, los criterios que
han prevalecido en todo momento para la adjudicación; cómo se ha
controlado el tema de la subcontratación, porque el Director General de
Administración penitenciaria hacía alusión a la seguridad como un
elemento importante dentro, precisamente, de la Administración
penitenciaria, qué control ha ejercido la Administración penitenciaria
sobre las subcontrataciones que hayan permitido un seguimiento exhaustivo
de las mismas y de los trabajos realizados por las distintas empresas, en
este caso por la empresa de la que hablamos, trabajadores que han estado
a su cargo, etcétera; es decir, las medidas que se han arbitrado o que se
han tomado.
En ese sentido, de manera específica, en relación a la instalación de las
cámaras de circuito interno del Centro Penitenciario Sevilla-2, nos
gustaría conocer la forma de adjudicación, el coste inicial y el coste
final, las empresas que se presentaron --si es que las hubo-- para dicha
adjudicación, el estado actual del circuito, las subcontratas que hubo en
esa obra y si hubo algún proyecto adicional, y la razón, en todo caso, de
por qué lo hubo.
En cualquier caso, de todas y cada una de las obras a las que ha hecho
mención el director general, nos gustaría conocer el precio inicial y el
precio final, en las que ha participado CAE, y cuál ha sido la evolución
del incremento, por qué se han producido incrementos, si acaso los ha
habido, entre el precio inicial de adjudicación y el precio de
finalización de la obra.
En ese sentido, también nos gustaría conocer específicamente sobre la
contrata de cerrajería del Centro Penitenciario Sevilla-2 y Hospital
psiquiátrico penitenciario de Sevilla, para saber también el precio
inicial y final, la forma de contratación, el criterio de adjudicación y
la situación actual de la instalación. Digamos que hay tres elementos
fundamentales que a nosotros nos gustaría conocer, además de contar,
lógicamente, con el soporte de la información suficiente a nivel de
documentación, que son los costes iniciales de la obra y la finalización;
las subcontratas que han participado en ella; el estado actual de las
instalaciones que se han llevado a efecto; los criterios que han
prevalecido a la hora de la adjudicación. Son, digamos, elementos para
nosotros fundamentales a la hora de tener una información amplia y
exhaustiva, de saber cómo se ha operado. Insisto nosotros no creemos que
el trato de favor a una empresa haya que medirlo por el volumen de
adjudicación sino por la forma en que se ha hecho dicha adjudicación, si
ha supuesto o no un trato de favor en relación a otras empresas que se
han podido presentar a la licitación o al concurso que se haya podido
realizar.
En ese sentido, también nos gustaría conocer, en todas y cada una de las
obras a que ha hecho mención el Director General de Administración
Penitenciaria, cuál ha sido, específicamente si ha habido una
contratación directa en todas y cada una de ellas y el volumen de
participación, llamémosle así de CAE antes de 1989, y a partir de 1989
hasta 1993. Qué volumen de obras se le adjudicó a esta empresa antes de
1989 y qué volumen se le ha adjudicado con posterioridad a esa fecha y
hasta 1993, y también si durante el año en curso ha habido alguna
contratación o adjudicación a la empresa de la que estamos hablando.
Nosotros esperamos que se incremente la información concreta y puntual,
que ha dado el Director General de Administración Penitenciaria, para
luego poder adentrarnos en temas más específicos que nos pueden parecer
importantes a la hora de que se vierta aquí, en esta Comisión, la
información, pero también absolutamente imprescindible es que se nos
remita o que se nos dé la oportunidad a los grupos parlamentarios de
estudiar la información que tenga Administraciones Penitenciarias, porque
si no es a todas luces imposible llegar a una conclusión concreta, clara
y exhaustiva en relación a lo que estamos hablando. Por eso decía en el
inicio de mi intervención que consideramos que es una operación de imagen
diseñada por el Gobierno de todo un rosario de comparecencias, donde lo
único que se pretende demostrar, por quienes comparecen, es que ha habido
una escasa participación en cuanto a volumen de adjudicación, de una
empresa concreta, que es CAE. A nosotros nos interesa conocer cómo se ha
operado con esa empresa, independientemente del volumen de adjudicación
que haya tenido o no. Por eso son las cuestiones específicas y concretas
que planteamos al director general para tener mayor volumen de
información, que es nuestro objetivo con estas comparecencias, para «a
posteriori» poder llevar a efecto un estudio riguroso y amplio, en la
medida que la documentación que nos aporte lo permita, y llegar a
conclusiones lógicamente concretas y puntuales y a iniciativas
parlamentarias que creamos convenientes por parte de nuestro grupo
parlamentario.
Nada más, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Aguilar.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Director General de Administración Penitenciaria, evidentemente,
como han recordado algunos de los portavoces que me han precedido en el
uso de la palabra, este asunto parte de una iniciativa del Gobierno en lo
que parece ser, en todos sus contenidos, una clarísima operación de
imagen, en este caso exculpatoria sobre culpas presuntas que nadie le ha
atribuido ni prejuzgado en un planteamiento inicial.
Sin embargo, de su intervención de hoy tengo que decirle, en primer
lugar, que no se agota la cuestión aquí; que nosotros, a partir de su
comparecencia y de sus palabras
--especialmente por lo que han sido sus palabras--, vamos a continuar
profundizando en este asunto, y lo vamos a hacer, en segundo lugar, señor
director general, porque ciertamente de sus palabras, que han sido muy
medidas, que han sido incluso breves, surgen muchas cuestiones, a tenor
de los antecedentes documentales que obran en nuestro poder. Surgen
muchas incógnitas, y esas incógnitas, señor director general, sin lugar a
duda, no sólo la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, sino ya
directamente el propio titular del departamento de Justicia e Interior va
a tener que aclararlas.
Mire usted, nosotros tenemos que poner en cuestión la información que S.
S. esta mañana nos ha proporcionado, porque creemos que hay mucho más;
pero sobre todo porque, en el trasfondo de lo que se nos ha dicho en
relación con algunas de las cuestiones que vamos a citarle a
continuación, surgen, si usted me lo permite, cuanto menos una hipótesis
de trabajo, de duda, o una cierta duda metodológica.
En primer lugar, en los antecedentes documentales de que disponemos en
relación con las preguntas que hemos ido formulando al Gobierno y la
solicitud de informe por la vía del artículo 7.º, apareciendo consignadas
numerosas obras de naturaleza eléctrica o de seguridad, no aparecen
consignadas ni una sola de las que S. S. ha citado.
En segundo lugar, en cuanto al procedimiento. Nosotros creemos que en
este momento la Administración penitenciaria no está en disposición de
podernos decir exactamente cuál ha sido la participación de la empresa en
cuestión en la relación contractual directa o indirecta con esa
administración. No lo está porque obra en nuestro poder el texto de un
informe de la Intervención general de la Administración del Estado, con
fecha 27 de noviembre de 1992, relativo precisamente a la fiscalización
de la adjudicación de obras e instalaciones de seguridad, que es muy
explícito en sus conclusiones y sin embargo no nos consta que, a partir
de este informe de la Intervención General, por parte de la
Administración penitenciaria se adoptara ningún tipo de elemento
corrector en función de los criterios explicitados en este informe. No
voy a leérselo en toda su extensión, pero sí voy a decirle algunas de las
conclusiones más llamativas.
Mire usted, en este informe, la Intervención dice que se desprende que en
el procedimiento de contratación de suministros de sistemas de seguridad
se han producido diversas infracciones de la normativa de contratación,
derivadas, primero, de la incompetencia de los directores de prisiones
para celebrar contratos en nombre del Estado; segundo, de la ejecución de
modificaciones en los contratos sin la tramitación de los oportunos
expedientes; y tercero, de la inobservancia de los límites establecidos
por la Ley de Contratos del Estado y el Reglamento General de
Contratación para adjudicar las nuevas prescripciones al contratista
originario, tanto si se califica el contrato de obras como de suministro.
Es en este informe cuando se cita explícitamente que prácticamente en
todos estos contratos se han producido modificaciones sustanciales en la
prestación concertada inicialmente, llegando en algunos casos a afectar
hasta el 74 por ciento del presupuesto primitivo. Y dice: Según se
desprende de la documentación aportada, y por manifestaciones de
funcionarios dependientes del órgano gestor, parte de los cambios eran
propuestos por la contrata y autorizados por el propio director del
centro, órgano sin competencia para ello.
El señor Director General de Administración Penitenciaria nos ha citado
hoy el caso concreto de unas obras realizadas en los centros
penitenciarios canarios. Yo quiero recordar que en la interpelación que
tuve el honor de plantear ante el Pleno de la Cámara el pasado 16 de
noviembre, esa pregunta la formulé y quedó en el aire, sin ninguna
respuesta por parte del señor ministro. Sin embargo. Sin embargo, según
nuestros propios datos, las cifras que ha dado el señor director general
no constan o no cuadran con lo que son algunas de las cifras de la propia
Administración penitenciaria. No voy a hacer detenimiento de todo ello,
pero sí decirle que, en cuanto a la empresa Control y Aplicaciones, el
cuadro resumen de las obras efectuadas en los Centros Penitenciarios
canarios es el siguiente: Centro Penitenciario de Santa Cruz de la Palma:
adjudicado, 13.502.102 pesetas; pliego de bases no instalado, 5.076.462;
modificaciones, 334.242 pesetas; variaciones, 3.133.122. Tenerife:
adjudicado, 7.080.929 pesetas; pliego de bases no instalado, 2.093.604
pesetas; modificaciones, cero; variaciones, 1.722.333 pesetas.
Por tanto sobre los aproximadamente 16 millones de que nos hablaba el
señor director general en cuanto a estas obras canarias, el cuadro
resumen dice que el total de lo adjudicado por las obras en ambos centros
es de 20.583.031 pesetas; que el total del pliego de bases no instalado
es de 7.170.066 pesetas; que el total de las modificaciones es 334.242
pesetas; y que el conjunto de las variaciones entre lo adjudicado y
finalmente no instalado, corresponde a un montante de 4.855.455 pesetas.
Pero siendo esto muy llamativo, lo es mucho más alguna de las
valoraciones que, en relación con esta intervención de la empresa CAE en
los centros penitenciarios canarios, se hace. Según nuestras notas, se
pudieron detectar errores de facturación a favor de la empresa, que en
aquel momento se consignaron por importe de 252.000 pesetas. La
instalación de un solo mueble en centralización por el precio de dos, que
eran los que correspondían al pliego de bases, 149.666 pesetas. La falta
de instalación de un importante número de metros en materia de cable
sensor, lo que puede suponer una diferencia --siempre, naturalmente, a
favor de la empresa-- de 1.282.500 pesetas. Y, desde luego, se dice que
el sistema de circuito cerrado de televisión instalado se había revelado
ineficaz. Algunos de estos errores coinciden en su planteamiento con las
afirmaciones hechas por un antiguo responsable de la empresa, hechas
públicamente en los periódicos --nosotros no prejuzgamos si son ciertas o
no son ciertas--, pero, en todo caso, decimos que algunas de las
anomalías detectadas coinciden sustancialmente con las manifestaciones
efectuadas por este antiguo responsable.
Lo más llamativo, si me permite, de todo lo que S. S. hoy ha dicho es que
deja entrever con rotundidad que el señor Ministro de Justicia e
Interior, en la comparecencia del pasado 16 de noviembre, ante el Pleno
del Congreso,
intentó evidentemente confundir a la Cámara o, en todo caso, señor
director general, no aportar a la Cámara los datos completos. Me voy a
remitir al «Diario de Sesiones», para hacer ver al señor director general
que lo que estoy diciendo no forma parte de meras impresiones u opiniones
personales, sino del dictado literal de lo dicho por el señor ministro.
En el planteamiento de nuestra interpelación, nosotros preguntamos al
señor Ministro de Justicia e Interior en estos solos términos: ¿Está el
señor ministro en condiciones razonables de ilustrar a la Cámara acerca
de si ha existido o no relación contractual directa entre la
Administración penitenciaria y las empresas Talleres Palomino y CAE, o si
éstas han realizado o no trabajos en centros a través de subcontratas de
obras? Antes de entrar en la contestación del señor ministro, quiero
recordar que no nos sirve de excusa que la Administración Penitenciaria
pueda hacer referencia, en cuanto a la matización de los volúmenes de
contratación, a la posibilidad de que las empresas adjudicatarias
acudieran a las subcontratas porque, como el propio señor Ministro de
Justicia e Interior reconoce en la interpelación, el art. 185 del
Reglamento de Contratación del Estado es explícito en cuanto al deber de
las adjudicatarias de poner en conocimiento de la Administración para que
ésta vise previamente aquellos contratos, aquellas subcontratas, que
tengan que realizar en la ejecución de la obra. El propio señor Ministro
de Justicia e Interior, en esa interpelación, reconoce efectivamente (él
dice que en ciertos casos, nosotros pensamos que casi en la generalidad
de los casos) el precepto del 185 no se ha cumplido.
Pero el señor Ministro de Justicia e Interior, en respuesta a esa
pregunta que literalmente he leído, dice: Respecto del tema CAE, tres
aclaraciones. Picassent, según los datos de que disponemos, la empresa
adjudicataria fue Ginés y Navarro; no se realizó ninguna subcontratación
con CAE ni tampoco con Talleres Palomino, siendo otra empresa la que
realizó la seguridad, concretamente Clamer. Eso es simplemente una
falsedad integral; nos adjudica el señor ministro una falsedad integral
cuando no le habíamos formulado ninguna referencia geográfica concreta. Y
continúa el señor ministro: Alhaurín de la Torre (subrayo lo dicho, señor
director general), Alhaurín de la Torre: la seguridad activa fue
subcontratada con CAE, en 1985, por Entrecanales y Távora, por tanto
cuatro años antes de que CAE adquiriera Talleres Palomino. Termina el
señor ministro diciendo: Tercera falsedad, Sevilla-2 fue construida por
Dragados y Construcciones y las obras se realizaron en 1984, en
definitiva, como cada vez que plantean algún tema (se refiere a nosotros,
naturalmente), simplemente de oídas, incurren en errores de bulto.
Pues bien, hoy el señor director general nos ha dicho que, efectivamente,
CAE trabajó en Sevilla-2 y Talleres Palomino trabajó en Sevilla-2 y el
señor Ministro de Justicia e Interior hurtó esa información a la Cámara.
Pero lo que es más grave, el señor Ministro de Justicia e Interior nos
dice que Alhaurín de la Torre la seguridad fue subcontratada con CAE en
el año 1985 por Entrecanales y Távora, por tanto cuatro años antes de que
CAE adquiriera Talleres Palomino.
Muy bien, señor director de Administración Penitenciaria. En fecha 13 de
febrero de 1992 (¡13 de febrero de 1992!), el Director del Centro
Penitenciario de Alhaurín de la Torre se dirige al señor Director General
de Administración Penitenciaria y, entre otros extremos, le dice: Adjunto
remito varios informes relativos a temas de electricidad, fontanería y
seguridad del nuevo Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre. No
obstante, conviene recalcar los siguientes extremos y dice: seguridad,
está sin terminar, tal y como se refleja en los informes, sin que haya un
acuerdo entre la empresa subcontratista CAE y Entrecanales a causa de la
pérdida de material que, según CAE, ha instalado y que en la actualidad
no está, tal y como 39 emisores, 15 transformadores, etcétera, motivo por
el cual no funcionan los llamadores de celda, alguna de las cámaras de
televisión de la Guardia Civil, la megafonía, etcétera.
El 17 de febrero de 1992, desde un determinado servicio del propio centro
penitenciario se dirigen al administrador del centro en los siguientes
términos literales: Señor administrador, se le informa a usted en
relación al fax enviado por CAE, el día 12 de febrero de 1992, lo que
sigue. Primero, que el suministro de las 39 emisoras no se había
entregado anteriormente, como ellos alegaban, aunque con fecha 4 de
febrero de 1992 fueron expedidas desde Barcelona, pero no pueden entrar
en funcionamiento porque el circuito no está activado por la empresa de
seguridad CAE. Segundo, independientemente del suministro de 15
transformadores de consola, llamada de celdas, le comunico que dicho
sistema no ha sido puesto en funcionamiento por la empresa en ninguna
celda de la prisión. Tercero, en relación al equipo de antenas de
televisión de las salas de día de los módulos, le comunico que nunca la
empresa ha puesto en funcionamiento las televisiones por su sistema, sino
de manera provisional, conectando las antenas a nuestras antenas de
celda, con el perjuicio que conlleva de tener las luces de las celdas
encendidas. Cuarto, al día siguiente de marcharse el instalador de CAE,
hay pantallas de televisión en el cuerpo de guardia que no funcionan.
Quinto, según contrato, el detector de rayos X para el departamento de
comunicaciones no cumple las condiciones exigidas y no poseemos ningún
tipo de indicaciones técnicas ni de seguridad en el manejo.
El 21 de febrero de 1992, la Comisión de Seguridad del Centro
Penitenciario de Alhaurín de la Torre manifiesta lo siguiente: Esta
Comisión de Seguridad, reunida en su sesión ordinaria del día 13 de
febrero de 1992, acuerda por unanimidad elevar informe a la Comisión
Nacional de Seguridad sobre el estado actual del establecimiento, ante
las gravísimas anomalías apreciadas desde su inauguración en materia de
seguridad activa y pasiva, que provocan el malestar y quejas de los
trabajadores de este centro, de los que se hacen portavoces sus
representantes sindicales, constituyentes de esta comisión.
El 14 de julio de 1992, el Director del Centro Penitenciario de Alhaurín
se dirige nuevamente al señor Director general de Administración
Penitenciaria y, en un largo informe, entre otros extremos, le dice:
Asimismo, le participo que transcurridos más de cinco meses desde la
apertura del centro, siguen subsistiendo una serie de graves
problemas sin solucionar, tales como: sigue sin funcionar y sin ser
entregada formalmente la seguridad del establecimiento, por lo que ya
empiezan a fallar algunas cámaras; los internos no pueden llamar al
funcionario a través de los pulsadores de celda; las televisiones de las
salas de día no van, etcétera. La empresa con que subcontrató
Entrecanales y Távora, S. A., tal cometido, CAE, hace más de quince días
que no aparece por el establecimiento.
El 10 de diciembre de 1992, nuevamente el director del centro
penitenciario se dirige al señor Secretario general de Asuntos
Penitenciarios y le dice: Que en relación con las diversas reuniones
mantenidas con la empresa constructura Entrecanales y Távora para la
entrega de los sistemas de seguridad del establecimiento penitenciario de
Alhaurín de la Torre, aun sin poder especificar con exactitud cada una de
las fechas y los asistentes a las mismas, se puede estimar lo que sigue.
Primero, la empresa constructora Entrecanales y Távora, S. A.,
subcontrató dichos sistemas de seguridad a la empresa CAE, con sede
central en Barcelona. Segundo, en dichas reuniones han participado
representantes de Entrecanales y Távora, CAE, Centro Penitenciario,
Unidad técnica de proyectos y obras, y en dos de ellas el Interventor de
la Delegación de Hacienda de Málaga. Tercero, las fechas aproximadas de
dichas reuniones fueron: 29 de enero de 1992; mayo y 28 de octubre de
1992. En resumen, en la primera de dichas reuniones se realizó un acta de
recepción negativa, ya que faltaban elementos o no funcionaban muchos de
ellos. En mayo no se procedió a la recepción, ya que faltaba el detector
de rayos X que figuraba en proyecto, así como algunos de los elementos de
la consola de control. En octubre, el problema fundamental radicaba en
que la mayoría de los componentes de los sistemas de seguridad no estaban
operativos, ya que CAE desde hacía varios meses no ha vuelto por el
centro. Se concretó que en unos quince días la empresa constructora
resolvería el tema, sin que en la actualidad haya dado respuesta.
De estos antecedentes documentales, y algunos más que podríamos citar
pero que en este caso vamos a reservarnos, entre otras cosas por no hacer
excesivamente larga esta intervención, nosotros tenemos que plantearnos:
Primero, por qué el señor Ministro de Justicia e Interior (si nos constan
a nosotros estos antecedentes, igualmente le tienen que constar a él)
dijo que no había habido esos trabajos en Sevilla-2 y ahora resulta que
el señor Director General de Administración Penitenciaria confiesa que ha
habido esos trabajos con Talleres Palomino y CAE en Sevilla-2. Segundo,
por qué el señor Ministro de Justicia e Interior ante el Pleno de la
Cámara quiso establecer un planteamiento en relación con los trabajos de
Alhaurín de la Torre como si fuera una cosa lejana y pasada del año 1985,
cuando estamos viendo que la Administración penitenciaria hasta el año
1992, cuanto menos, ha estado dándole vueltas al asunto CAE-Alhaurín de
la Torre. Y tercero, señor Director General de Administración
Penitenciaria, y si me permite la pregunta coloquial, ésas dos podrían
ser las preguntas del millón: ¿por qué el señor Ministro de Justicia e
Interior hace ese tipo de intervención ante el Pleno?, y sobre todo, ¿por
qué, constando --y no son opiniones, he hecho cita literal-- los datos de
Canarias y constando los datos de Alhaurín de la Torre, nuevamente en el
año 1993, como S. S. hoy ha manifestado, se atribuye a la empresa?
Decimos se atribuye, porque, aunque sea por la vía de la subcontrata, en
virtud del principio ya antes citado del art. 185 del Reglamento de
Contratación del Estado, tenemos que entender que la Administración da la
venia a que se produzca esa subcontrata en relación con las obras de
Topas.
Creemos, señor Director General de Administración Penitenciaria, que hay,
por tanto, muchas más cosas que explicar, de trasfondo político y de
detalle. Creemos que la moción que ayer aprobó el Pleno de esta Cámara va
a contribuir, sin duda, al esclarecimiento de algunas de las cuestiones;
pero nosotros, sin duda también, en este aspecto concreto, en lo que
afecta al asunto CAE, vamos a continuar con nuestras líneas de
investigación, porque no hemos pedido nosotros su comparecencia, ha sido
el propio Gobierno el que la ha explicitado. Sin embargo, en la
interconexión entre lo dicho el pasado 16 de noviembre por el señor
Ministro de Justicia e Interior en el Pleno, lo dicho hoy por S. S. ante
esta Comisión, y algunos de los antecedentes que hemos citado, quedan sin
duda algunas sombras que habrá que resolver.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rodríguez, tiene la
palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias también al Director General de la Administración Penitenciaria
por esta información y por la comparecencia que se ha producido en este
acto para informar del conjunto de relaciones contractuales que ha tenido
en los casi últimos diez años la Administración penitenciaria con la
empresa CAE.
Sorprende un tanto, y queríamos partir de esta consideración, lo
manifestado por el portavoz de algún grupo parlamentario. Sorprende de
manera destacada que se considere esta comparecencia como una operación
de imagen, como alguna otra que el Gobierno está intentando y
desarrollando en esta Cámara. Sobre todo sorprende mucho más que cuando
se comparece aquí a informar por parte de la Administración, resulta que
no se prejuzga nada, resulta que no se atribuye ningún tipo de presunto
trato de favor, sino simplemente se da vueltas y vueltas, como hemos
estado durante más de diez minutos, hablando de la seguridad o de los
problemas, en todo caso, que hubiera habido de la seguridad.
Señorías, después de haber escuchado lo que han dicho algunos portavoces
durante estos últimos días, lo que se dijo en el Pleno de la Cámara en
una sesión de control, yo me atrevería a preguntar, simplemente a
preguntar, aquello ¿qué era? Si esto se considera una operación de
imagen, aquellas posiciones políticas, dentro y fuera de la Cámara, no
son más que una operación política de naturaleza poco
calificable, cuando después se comparece y se entra en los datos
concretos de cada una de las situaciones, como estamos analizando hoy
aquí.
Puede preocupar mucho al Grupo Popular, y al señor Gil Lázaro con
especial fruición, porque le caracteriza ese tipo de actividad
parlamentaria, los problemas que se han generado en el centro de Alhaurín
de la Torre, en Málaga, con la adjudicación y el desarrollo por la
empresa CAE; pero yo creo que el sentido político de lo que aquí se está
informando y de lo que corresponde valorar a los grupos parlamentarios,
es muy distinto. Las conclusiones a que se puede llegar con nitidez de la
información que ha aportado el Director General de Administración
Penitenciaria son dos. Primero, que la empresa CAE ha tenido una relación
contractual de prestación de servicios a través, fundamentalmente, de
subcontratas por parte de grandes empresas constructoras en los años
1984, 1985, 1989 y 1993, justamente en momentos o en períodos de los que
este episodio político, este intento de montaje que se ha producido,
resultan escasamente críticos desde el punto de vista de la relación que
se ha querido mantener o vincular de la participación en la empresa del
cuñado del presidente del Gobierno.
Realmente, podríamos estar hablando de la información, que ha sido un
poco objeto de atención por parte de algún grupo parlamentario, de lo
sucedido con esas adjudicaciones a CAE en el año 1991, en el año 1992, en
el Centro Penitenciario Sevilla-2; o en el año 1992 la adjudicación a CAE
en Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la Palma. Estamos hablando,
señorías, quiero recordarlo, de un montante económico que se elevó a 15
millones de pesetas en el Centro Penitenciario Sevilla-2 durante los años
1991 y 1992; y, en el año 1990, de una adjudicación para seguridad de 16
millones de pesetas, lo cual representa en su conjunto un porcentaje
extraordinariamente escaso de este tipo de proyectos y de conceptos
presupuestarios que desarrolló la Administración penitenciaria. En
consecuencia, señorías, más allá del análisis, ya sin entrar, porque aquí
no ha habido ni una sola presunción, ni una sola afirmación, sino un
exhaustivo análisis de la empresa CAE, que seguramente pasará a la
Historia de España como la empresa cuya actividad mercantil ha sido más
analizada, sin duda alguna, yo creo que fruto de la miopía política en
muchas ocasiones de algún grupo parlamentario, y en otro caso que algún
grupo parlamentario actúa, a mi juicio, con una intención que yo creo que
la Historia situará en su sitio. Esa es la ventaja que existe en un
debate político de esta naturaleza; que la perspectiva y el tiempo pondrá
las cosas cada una en su lugar.
En conclusión, señorías, desde la posición del Grupo Socialista, conoce
muy bien el Grupo Popular que hemos apoyado toda la solicitud de
información que se pueda producir por parte de la Administración
penitenciaria, aunque sean volúmenes ingentes, aunque sean cientos de
documentos a analizar, porque creo que ésa es la voluntad clara del Grupo
Socialista; pero, desde luego, lo que parece poco serio, poco riguroso,
políticamente poco presentable, es que cuando se comparece por parte del
responsable de la Administración, en este caso de la Administración
penitenciaria, que ha sido considerada una de las que teóricamente,
presunta hipotéticamente, había tenido algún mínimo o trato de favor,
ningún grupo político haya tenido la capacidad política ni siquiera de
aproximarse de lejos a insinuar esa posibilidad, porque, señorías,
coincidirán conmigo que analizar cuál fue el desarrollo o la prestación
del servicio de instalación de un sistema de seguridad en uno de los
centros penitenciarios poco tiene que ver con la finalidad política que
aquí nos ocupa.
Seguramente por ello algunos grupos consideran que esto es una operación
de imagen, porque les interesa escasamente que la imagen del Gobierno
quede donde tiene que quedar, que es, desde nuestro punto de vista, el
punto de vista del Grupo Socialista, en la transparencia, en la
información exhaustiva, en el contraste de todos los datos y en la
demostración palmaria y clara de que quien ha afirmado trato de favor ha
podido incurrir en una grave irresponsabilidad política; lo malo es que
eso normalmente tiene una escasa sanción en el marco de la opinión
pública. Sólo nos queda, seguramente, esperar que con el desarrollo
último de todas las informaciones, de todas las presunciones y de la
contrastación, algún grupo político tenga la valentía de decir que no
había o que no ha habido trato de favor donde se quería ver, donde se
deseaba ver que lo hubiera o que se hubiera producido. Mucho me temo que
esa valentía no forma parte de las características de algún grupo
político, sin identificar cuál, pero en todo caso, como antes
reflexionaba, seguramente, en términos históricos, las cosas quedarán en
su sitio, y algún grupo, y algún portavoz especialmente, habrá quedado
ante sus propios ciudadanos en un lugar poco deseable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Tiene la palabra el Director General de Administraciones Penitenciarias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Muchas
gracias, señor Presidente.
La verdad es que me han expuesto ustedes, sobre todo el señor Gil Lázaro,
un montón de preguntas, y le rogaría que si me olvido de alguna me la
recuerden, porque es muy difícil de tomar notas.
Empezando por la primera, efectivamente, podemos aportar el soporte
documental que el Grupo de CiU ha solicitado. Es difícil aportar lo que
no tenemos. Yo recalqué, cuando hablaba de obras, según información que
consta, no según expedientes que constan; según información que consta en
esta Secretaría de Estado. Es muy difícil aportar los expedientes de
subcontratación porque las grandes obras fueron adjudicadas a las grandes
empresas. Y nosotros, o el equipo que anteriormente estuviese,
recepcionaba esas obras, bien fuesen de seguridad, bien fuesen de
carpintería metálica, bien fuesen obras eléctricas, cualquier tipo de
obra la recepcionaba con la empresa adjudicataria. No hay expedientes de
subcontratación en la Secretaría de Estado.
¿Se puede incumplir el artículo 185 de la Ley de Contratos del Estado?
Mire, señor Gil Lázaro --me adelanto ya--, la obligación es de las
empresas si subcontratan. A no ser que vaya en el propio contrato, a no
ser que se ponga en el propio contrato, es obligación de las empresas, si
subcontratan, comunicarlo a la Administración. Sinceramente, le diría
también que es un tema que se da en todas las grandes obras, no en la
Administración central, sino en la periférica. No es quizá el momento,
pero podía ponerle a lo mejor otros ejemplos en los cuales no he entrado.
En este momento, la Administración penitenciaria se tiene que limitar a
ser responsable de las cuatro subcontrataciones que ella ha hecho y que
les expliqué con anterioridad, y de esas cuatro contrataciones, pueden
tener SS. SS. toda la información que crean conveniente.
Siguiendo con S. S., pregunta la forma en que se ha llevado a efecto la
contratación. Bueno, más o menos, antes, en mi explicación, intenté un
poco, sobre estas cuatro, explicar cómo se había realizado la
subcontratación. Es decir, en los contratos de seguridad dije que había
sido con cargo al concepto 221.09, que es otros suministros, y la
contratación se llevó a cabo amparándose en el apartado 4 del artículo
87, que rige para suministros como contratación directa, y por ser
supuestos de medidas de seguridad. Si me permite su señoría, le voy a
ampliar un poco la información.
Había dicho que el monto total eran 2.184.819.085 pesetas y que habían
participado 24 empresas. Así, por encima, las empresas, si quiere se las
leo: Nutrónica, Montinsa, Bedinsa, Servicios de Seguridad, Ferlan,
Protecsa o Protección y Custodia, Seguriter, THM, Page Ibérica, Fichet,
Esabe, Ingeniería de Seguridad, Servisegur, Hisprosa, Icusi, Aisa,
Mecaninsa, Grupo Cuatro, Seguritas, Segur Balear, Prosegur, Compelet,
Sintel, Ipre, Deinselect, Clippe Técnicos, Control y Aplicaciones y Dasa.
Control y Aplicaciones había tenido 16.470.226 pesetas.
Con respecto a la seguridad, efectivamente, son instalaciones muy
delicadas. Me pregunta también su señoría cómo están ahora esas
instalaciones. En este momento, de las que ha hecho CAE no tengo
información, pero, por supuesto la pondremos a disposición de la Cámara.
Son instalaciones muy delicadas y que se estropean con seguridad, sobre
todo las cámaras exteriores. Como ejemplo, que yo ayer leía en los
recortes de prensa, cuando se escapó el grapo de Granada, hubo una gran
disputa entre la empresa que había realizado estas obras de seguridad,
entre su presidente, José Mayor Oreja, con Instituciones Penitenciarias.
La empresa decía que ella había realizado estas obras perfectamente e
Instituciones Penitenciarias decía que fallaba el sistema perimetral. A
esta empresa, de estos suministros, se le adjudicaron más de 176 millones
de pesetas.
Siguiente pregunta, criterios de adjudicación. Yo le he comentado los
suministros, y los mantenimientos fueron a tenor del Decreto 1.005/1974,
que ya se lo dije antes.
Precio inicial y final en que ha participado CAE. Al ser subcontratas, no
tenemos absolutamente idea, porque no ha sido contratado por la
Administración. La obra total, sí. La obra total, CAE, Alhaurín de la
Torre, que fue por concurso subasta y fue adjudicado a Entrecanales y
Távora, la construcción del centro, tuvo un presupuesto de adjudicación
de 1.785 millones de pesetas y un presupuesto final de 2.694 millones de
pesetas. Hubo un modificado de 353 millones y una liquidación de 253.
Sevilla II: un presupuesto de adjudicación de 2.499.460.384 pesetas y un
presupuesto final de 2.966.155.166 pesetas. Hubo un reformado de
198.688.000 pesetas y una liquidación definitiva de 268.006.573 pesetas.
Topas, como su señoría sabe, está sin inaugurar; posiblemente se inaugure
en el primer trimestre del año que viene. Y Villabona, la primera fase,
un presupuesto de adjudicación de 2.311.298.548 pesetas y un presupuesto
final de 3.126.818.962 pesetas. Y la segunda fase, un presupuesto de
adjudicación de 1.579.865.433 pesetas y un presupuesto final de
1.594.881.000 pesetas.
Volumen de contratación de CAE 1989-1993. Si nos limitamos a lo que
podemos afirmar, porque tenemos los expedientes, es muy sencillo, otros
suministros y mantenimiento. Otros suministros por un total, como le
había dicho antes, de 16.470.226 pesetas la adjudicación, y mantenimiento
por un total de 15.455.034 pesetas. Vienen a salir unos 31.900.000
pesetas, aproximadamente, adjudicado directamente por la Administración.
Si nos fijamos en la información que tenemos de subcontratas, antes le
dije que eran unos 515 millones aproximadamente en subcontratas en la
construcción de centros.
No sé si me olvidaré de alguna pregunta de su señoría, pero, si es así,
por favor, recuérdemela.
Con respecto al señor Gil Lázaro, dice que surgen muchas incógnitas.
Acepto que puedan surgir incógnitas, porque es una primera exposición, y
además reconozco que el señor Gil Lázaro está al tanto perfectamente de
todo lo que pasa en Instituciones Penitenciarias, ya que prácticamente me
tiene a la Subdirección de Servicios paralizada para darle información,
todo dicho sea de paso, si me lo permite.
No aparece consignada en la contestación de las preguntas ninguna obra de
electrificación. La respuesta está muy clara, señor Gil Lázaro, son obras
realizadas en la construcción de centros. Como acabo de decir, no tenemos
esos expedientes, no se lo podemos decir. Nosotros le podemos decir que
tal centro fue asignado a Dragados, a Entrecanales, a ETCC, o a una UTE
entre Dragados y Auximi, porque es a quien se le adjudica. No sabemos, en
principio, nada más sobre las subcontrataciones.
Me comenta usted un informe provisional del 27 de noviembre de 1992,
relativo a infracciones de contratos, creí entender de contratos de
mantenimiento. (El señor Gil Lázaro: De seguridad.) De seguridad. En
contratos de seguridad, si se refiere a aquéllos de los que yo he estado
hablando hasta ahora, del plan de seguridad que se ha puesto en marcha
--no conozco este informe de 1992, porque como sabe usted no estaba yo en
aquella época; ni siquiera lo conocía--, a lo mejor puede referirse, me
imagino, a alguno de los expedientes que se habían iniciado y que se han
paralizado. Se barajaba por ahí que se había gastado en seguridad 2.800
millones. Como ven ustedes, fueron dos mil ciento y pico millones de
pesetas. No se andaba equivocado,
porque posiblemente la iniciación de expedientes haya supuesto 2.800
millones de pesetas. Pero se ha anulado. En Herrera abierto se ha anulado
un expediente. En Madrid II se ha anulado un expediente. En Madrid
Jóvenes se han anulado dos expedientes. En Madrid y Sevilla se han
anulado dos expedientes. En Madrid Hospital se ha anulado un expediente.
En Madrid Central de Observación se ha anulado un expediente. En Málaga
se ha anulado un expediente. En Melilla se ha anulado un expediente. En
Murcia se ha anulado un expediente. En Segovia Cumplimiento se ha anulado
un expediente. En Segovia se ha anulado un expediente.
Me imagino que puede ser por ahí. Porque lo que está claro es que,
excepto dos expedientes pendientes de pago en la actualidad, que es
Badajoz con Esabe, por el problema que tuvo Esabe y que posiblemente su
señoría ya conozca, y Murcia, Ingeniería y Protección Eléctrica, todos
los demás están pagados. Alguno de ellos, inclusive, venía de la deuda
histórica de la que en otro momento, y en la Comisión de Presupuestos, ya
le informó mi Secretaria de Estado. Había seiscientos y pico millones de
pesetas de todo esto. Todos los demás están pagados. Y al estar pagados,
como su señoría sabe, un expediente pasa Intervención previa,
Intervención de pago, etcétera. Es decir, que no hay ningún problema con
estos expedientes, que yo conozca.
Yo, si quiere, le puedo dar datos de los dos en los cuales estamos
centrados; que se ha recepcionado el material, que se ha realizado el
contrato el 23 de enero de 1991, que se ha intervenido el contrato, que
ha pasado el pliego de bases a informe del servicio jurídico el 10 de
agosto de 1990, que este pliego de bases fue aprobado por el servicio
jurídico el 11 de septiembre de 1990... Son todos los datos normales en
un expediente y, al final, como le digo, no se puede pagar si no está
intervenido, lógicamente.
Cifras de suministros pagados. Errores de facturación de CAE. Señor Gil
Lázaro, en la cifra que yo le he dado aún he sido demasiado benévolo,
porque eso no fue lo pagado. Lo pagado fue menos de esa cantidad
adjudicada. Por una razón muy sencilla, porque cuando se adjudicó ese
contrato estaba en vigor el ITE y en el momento de pagarlo estaba en
vigor el impuesto canario, y la empresa facturó por el impuesto canario
que, como muy bien sabe su señoría, es un 4 por ciento, y creo que el ITE
andaba por un 12 o una cosa así. Le voy a dar la cifra de lo realmente
pagado en estos dos contratos. La cifra pagada --y si quiere también se
le manda documentación-- es, en Santa Cruz de la Palma, 7.929.559
pesetas. Y lo que se le había adjudicado a esta empresa eran 8.539.525
pesetas. La diferencia está en este cambio de impuestos, del ITE al
impuesto canario. Y en Santa Cruz de Tenerife lo pagado es 7.364.222
pesetas y lo adjudicado era 7.930.701 pesetas. Como ve usted, no hubo
errores de facturación; fue cumplir la normativa que estaba en vigor en
cada momento.
Me comentaba usted la frase: El ministro intenta confundir a la Cámara.
El ministro, señor Gil Lázaro, dijo textualmente, igual que le estoy
diciendo yo, según datos de los que disponemos. Lo dijo textualmente.
Como muy bien sabe, y sigo insistiendo, de las subcontrataciones, en
principio, nosotros no disponemos de datos; fuimos disponiendo un poco
para facilitar a sus señorías toda la información posible. Y si ve usted,
en mi intervención sigo diciendo lo mismo, yo creo, casi que el ministro,
me atrevería a decir, aunque no me acuerdo textualmente, según datos de
que dispone la Secretaría de Estado. Si queremos saber exactamente, habrá
que preguntar a las empresas que he citado: ¿Usted subcontrató con
alguien?, ¿por cuánto? Nosotros tenemos esos datos, ya le digo, si usted
me permite, casi diría de manera informal. Y el señor ministro tampoco
mintió ni desvió la conversación cuando dijo lo de Alhaurín y lo de
Sevilla; es lo mismo que he dicho yo, señoría. ¿A quién se le adjudicó
Alhaurín? Alhaurín se le adjudicó a Entrecanales y Távora, que fue lo que
dijo el señor ministro. ¿A quién se le adjudicó Sevilla? Sevilla se le
adjudicó a Dragados y Construcciones, que es lo que dijo el señor
ministro. Pienso que en este caso quizá sus afirmaciones son demasiado
alegres y no sé, inclusive, si pretende otro estilo demagógico, si me lo
permite.
Dice usted, Alhaurín de la Torre, 13 de febrero de 1992. ¿Pero qué pasa,
señor Gil Lázaro, que todas las empresas van a tener que hacer las obras
perfectamente? ¿No pueden tener fallos las empresas? Yo creo que las
empresas en muchas obras cometen fallos y no me atrevería a decir más
cosas, pero posiblemente más cosas. ¿Cuáles son las armas que la
Administración tiene? Las que le permite la normativa vigente. Usted me
ha dicho una retahíla de cosas de Alhaurín de la Torre. Posiblemente haya
más cosas de las que me ha dicho usted, no sé, como mínimo, seguro que
las que ha dicho usted. Pero ¿qué pasa? Que Alhaurín de la Torre no está
recepcionado? Y no está recepcionado ¿por qué? Porque a quien se le
adjudicó y a quien se le va a recepcionar es a Entrecanales y Távora. Y
cuando, siguiendo el procedimiento establecido, el interventor del
Estado, acompañado de un arquitecto de Hacienda y de un técnico
arquitecto de la Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, va a
recepcionar esa obra y no coincide con los encargos que le habían hecho,
no a CAE ni a otra empresa, a Entrecanales y Távora, no recepcionan la
obra. Y es lo que pasa ahí. ¿Qué sucedió en Alhaurín? Al ir allí y no
recepcionar la obra, le dieron un plazo para que la empresa Entrecanales
y Távora, que es con quien la recepcionan, cambiase aquello que estaba
mal hecho. Y ahora están en espera de ese plazo.
Pero tenga usted la seguridad de que si la Intervención delegada, el
arquitecto de Hacienda que es el asesor técnico de la Intervención,
porque es una obra de cuantía mayor y la recepcionan ellos y nuestro
técnico no ven que las obras se acomodan a lo establecido en el proyecto,
no la van a recepcionar, porque, por supuesto, señoría, sabe usted muy
bien, porque es abogado, que eso incurriría en tema penal, lógicamente.
No me hace falta que me explique usted toda la retahíla de cosas. Es el
procedimiento normal que se sigue con una empresa que no cumple con el
contrato y con los pliegos de cláusulas administrativas que se le han
adjudicado. No tiene más misterio.
Después me hacía usted una pregunta del millón. ¿Por qué el Ministro de
Interior dijo esto? Creo que antes ya se la contesté y no tiene tampoco
más vueltas.
Si me lo permite, para terminar, y ya que usted insiste tanto en el tema
de la contratación directa, yo le diría una cosa: Conoce usted muy bien
la Institución Penitenciaria. La Institución Penitenciaria es un sitio
francamente difícil de gestionar, es un sitio cuyo entorno es muy
dinámico y cuyas demandas externas, bien por parte de sus señorías, por
parte del Defensor del Pueblo, por parte de los jueces de vigilancia, por
parte de los sindicatos, por parte de los propios internos, etcétera, son
muchas veces difíciles de cumplir. Inclusive yo le diría que, muchas de
ellas, aun persiguiendo el mismo objetivo, que es el de la calidad de los
servicios penitenciarios, son contradictorias. Y si su señoría quiere le
pongo algún ejemplo. Desde este aspecto, como decía, es francamente
difícil de gestionar. En muchos momentos hay que tomar decisiones o
cambiar los rumbos de acción de algunas decisiones, según sea una
situación determinada. Para juzgar esas decisiones tomadas en ciertos
momentos, pienso que lo tenemos que hacer despacio, meditándolo mucho y
teniendo en cuenta los parámetros que han influido en esa toma de
decisiones.
Y si me permiten que salga un poco del contexto de lo que estamos
hablando, por ejemplo, en el año 1981, hay un acuerdo del Consejo de
Ministros que posibilita la construcción de centros penitenciarios por
pura y absoluta contratación directa, pura y absoluta contratación
directa, a tenor del art. 37.2. Cosa que a partir de 1983 no se ha hecho
nunca. Se ha hecho por concurso, o por concurso subasta, etcétera. Que yo
conozca en este momento, en 1981-1982 se empezaron a construir tres
centros por ese sistema: Logroño, Daroca y Almería. Y eso supuso 4.400
millones de pesetas. Pero no por eso, porque se permita la contratación
directa de un centro penitenciario, podemos en estos momentos decir ¡qué
barbaridad, qué burrada!, no. En el año 1981 lo pasó muy mal
Instituciones Penitenciarias. Y como usted sabe también, en el año 1989,
1990, 1991, sobre todo 1990, 1991, 1992, en Instituciones Penitenciarias
hubo grandes problemas de motines, rebeliones de presos, etcétera. Yo
pediría a todas sus señorías que reflexionemos un poco antes de empezar a
juzgar ciertas actuaciones con, si me permiten, cierta frivolidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Director General de
Administraciones Penitenciarias.
Señor Casas, muy breve, por favor.
El señor CASAS I BEDOS: Simplemente quería precisar algunas cosas que se
han dicho a lo largo del debate de esta mañana, que creo que deben ser
matizadas. Me refiero a la intervención del señor Rodríguez Zapatero.
Sobre todo para que quede muy clara cuál es la posición del Grupo
Parlamentario Catalán y que no haya ningún error.
El señor Rodríguez Zapatero ha dicho literalmente que ningún grupo
político ha tenido ni siquiera capacidad esta mañana de insinuar.
Entiendo que él ha querido decir otra cosa. Por lo que respecta a mi
Grupo parlamentario, nunca ha insinuado nada y nunca en el futuro va a
insinuar absolutamente nada; éste no es el estilo parlamentario nuestro.
Entiendo que no se me estaba requiriendo para que insinuara, sino todo lo
contrario. A veces ocurre en un debate parlamentario que la literalidad
de una afirmación no coincide exactamente con lo que uno quiere expresar,
es normal y así ocurre. Pero valía la pena precisarlo.
Y también decía el señor Rodríguez Zapatero que ningún grupo
parlamentario ha tenido la valentía de afirmar que no ha habido trato de
favor con la empresa CAE. Yo lo afirmo. Mi Grupo parlamentario en este
momento no tiene ningún elemento de juicio para afirmar que haya habido
trato de favor en la relación que ha habido entre la Administración y
CAE. Pero inmediatamente después digo lo siguiente: si a instancias del
Gobierno comparecen altos cargos de la Administración para que podamos
sustentar documentalmente esta afirmación que yo he hecho anteriormente,
a mi juicio lo procedente es hacer lo que ha hecho el director general de
Tráfico, que ha venido con un gran volumen de documentación que nos
permitirá a todos los grupos parlamentarios profundizar documentalmente
en esta relación que ha habido entre Administración y el grupo
empresarial CAE para disipar cualquier tipo de duda.
Si ayer usted hubiese estado en el debate de la moción que hubo sobre
temas penitenciarios, hubiese escuchado cuál fue la intervención de mi
Grupo parlamentario, que hice yo mismo. Dije que el debate penitenciario
no es éste ni es saber si se ha contratado bien o se ha contratado mal.
Es otro de mucho más alcance. Es que entre todos generemos el consenso
necesario para que se pueda cumplir la Ley General Penitenciaria en el
aspecto, a nuestro juicio, más fundamental, que es la rehabilitación del
preso. Este es el gran tema del debate penitenciario. Incluso entendemos
que la práctica de la adjudicación directa haya sido un poco habitual en
este campo por una razón, porque ha habido una situación especialmente
delicada en la administración penitenciaria de un incremento de la
población reclusa que ha exigido una respuesta rapidísima por parte de la
administración actuante, que ha justificado el uso de la práctica de la
contratación directa. Y lo dije. Y además dije que el Gobierno de la
Generalitat, competente en la materia, único Gobierno autonómico
competente en la materia, ha tenido también que dar respuesta a esta
especial situación penitenciaria actuando con mucha diligencia.
A partir de aquí, es necesario restablecer el consenso que permita
implicar a todas las administraciones. Porque luego ocurre que, cuando se
planifica la construcción de un centro penitenciario, te sale el
ayuntamiento de turno con unas críticas tremendas, que además, en muchos
casos, son manifestaciones públicas. Y ocurre también que en el
Parlamento de Cataluña hemos de soportar nosotros, como Gobierno,
intervenciones parlamentarias, del mismo tono que el PP hace al Gobierno
central, hechas por el Partido Socialista de Cataluña. Por lo tanto, hace
falta elevar el tono del debate penitenciario a lo que realmente nos
preocupa, al menos a nosotros, que es la rehabilitación del recluso.
Dicho esto, y a la vista de la especial situación que hay en este momento
de sospecha --no sé si es la palabra adecuada-- de que pueda haber trato
de favor entre una empresa determinada con una persona cercana al
Presidente
del Gobierno, insinuaciones que dice el Grupo Socialista que hay en
algunos medios de comunicación, en democracia la respuesta a la sospecha
es la información y la documentación. En este sentido, yo pido que se me
deje ver toda la documentación que me permita decir a la opinión pública
lo que yo pienso, que es que no ha habido trato de favor. Pero déjenme
documentalmente confirmar esta afirmación que, ya he dicho, no tengo
ningún problema en hacer.
Por tanto, pregunto al señor director general si aportará documentación a
la Cámara, como ha hecho el director general de Tráfico, que nos permita,
no creernos lo que usted ha dicho, comprobar que no ha habido ningún
trato de favor.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: En primer lugar, quiero decir que mi Grupo
Parlamentario se reafirma absolutamente en todo lo dicho y en una frase
concreta, que es que el Gobierno y el partido que le sustenta son los
responsables políticos directos de una cultura instalada en la
administración pública que creemos que ha perjudicado gravemente la
imagen de lo público, de la vida política y de las propias instituciones.
En ese sentido, nosotros, en el inicio de nuestra intervención, hemos
dicho que esto era una operación de imagen. Y lo reiteramos ahora por una
razón fundamental y es que, si hubiera habido voluntad política de
informar, lo primero que se tenía que haber hecho es haber mandado a los
grupos parlamentarios la información suficiente --¡que la hemos
solicitado!-- para poder estudiarla con tranquilidad, con rigor y
seriedad, y después que se hubieran practicado las comparecencias que
ahora se están dando. Se ha invertido el orden porque sí que altera el
producto de los factores. Y, en ese sentido, nosotros sí que queremos
dejar esto meridianamente claro.
Nuestro Grupo Parlamentario ha pedido información de todo tipo. Se
debiera haber dado esa información, no sólo a nuestro Grupo
Parlamentario, sino al resto de los grupos; y después de un estudio
riguroso de la misma, haber hecho las comparecencias, para que pudiéramos
estar en igualdad de condiciones a partir de un conocimiento previo de
datos exhaustivos, de información y de toda una serie de elementos que
creemos que son importantes para una valoración global. Por tanto, sí que
nos reiteramos en la afirmación de que esto es una mera operación de
imagen que nos obliga a posteriori a los grupos políticos a examinar la
documentación que se nos deje en estas comparecencias y a demandar toda
aquella que creamos necesaria para seguir el estudio y la investigación.
Y después, lógicamente, a entablar toda una serie de iniciativas
parlamentarias para llegar o para intentar llegar a una conclusión
definitiva. Se está intentando posponer en el tiempo la acción
parlamentaria, teniendo en cuenta incluso que ahora viene un período en
el que no va a haber sesiones y tendrá que ser en el próximo período de
sesiones donde sigamos demandando documentación, que esperamos que se nos
mande completa para poder llegar a una conclusión, insisto, cierta.
Nosotros hemos dicho con absoluta claridad y rotundidad en estas
comparecencias que venimos a conocer la información que se nos dé. Pero,
señores del Grupo Socialista, no nos pidan que hagamos ningún acto de fe.
Primero queremos ver la documentación, queremos estudiarla y queremos
analizarla, reitero. Y después sacaremos las conclusiones a que haya
lugar y demandaremos toda la información que creamos absolutamente
imprescindible para llegar hasta el final. Nosotros estamos objetivamente
interesados en que se llegue hasta el final, que se dé transparencia y
que se dé claridad al tema del ámbito de la Administración Penitenciaria
y al resto de los temas, también al de FEVE.
En ese sentido, nosotros en nuestra primera intervención solicitamos, y
ahora la reiteramos y demandamos, el soporte documental suficiente de
todo cuanto aquí ha dicho el director general, y algunos otros elementos
que los grupos parlamentarios le tenemos requerido como información
necesaria para su estudio.
Hay una cuestión que sí nos llama poderosamente la atención, y es cuando
el director general dice que no sabe las empresas que son subcontratadas,
porque esto lo hacen las empresas adjudicatarias y no hay ningún control
por parte de la administración de la subcontratación. Esta afirmación nos
parece extremadamente grave, máxime cuando hemos de tener en cuenta el
elemento de la seguridad en el ámbito de Instituciones Penitenciarias,
que se nos diga por parte del director general que no hay control de la
subcontratación. ¿Quiere esto decir, señor director general, que la
información que usted ha ofrecido en esta comisión parlamentaria sobre la
subcontratación se la han dado las empresas adjudicatarias y que no la
tenía la dirección general?
Nosotros queremos que esto se nos diga. Y que se aclare si es que usted
aquí ha venido a darnos los datos que le ha suministrado Dragados o
Entrecanales, o nos ha dado los datos que tiene la Administración
penitenciaria. Creemos que es importante, lógicamente, quién suministra
el dato, en qué medida lo suministra y qué obligación tiene de
suministrarlo. Nosotros entendemos que lo lógico es que cualquier nivel
de subcontratación, máxime en un centro penitenciario donde el elemento
de seguridad está permanentemente presente, hubiera estado
convenientemente comunicado a la Administración penitenciaria y, por
tanto, se hubiera conocido en todo momento de manera fehaciente quiénes
eran las empresas subcontratadas por las empresas adjudicatarias de
cualquier tipo de obra que se haya llevado a efecto en el ámbito de la
Administración penitenciaria.
En ese sentido, usted nos decía también que con facilidad se estropean
las instalaciones, y nos ponía algún caso, como el de Granada. Pero es
que además hay algunas otras que no han llegado nunca a funcionar. O sea,
hay más casuísticas donde se ven envueltas algunas empresas concretas y
no otras, que también han efectuado instalaciones en el ámbito de la
Administración penitenciaria. Entonces, es casual que no funcionen o se
estropeen casi siempre las
que instalan determinadas empresas y con carácter general, con carácter
general, insisto, no haya problemas con otras empresas a las que se les
han adjudicado obras de la misma naturaleza. También nos gustaría que
esta sombra que ha quedado a lo largo de la intervención usted la
aclarara, porque me parece que al conjunto de la Comisión beneficiaría
conocerla, y a la propia comparecencia.
Cuando yo planteaba, señor director general, cuáles eran los criterios
que habían prevalecido en el ámbito de Instituciones Penitenciarias a la
hora de la contratación, no se lo planteaba en cuanto al modelo o a la
forma legal en que se han materializado las contrataciones, sino si el
criterio seguido por la Administración penitenciaria ha sido la oferta
más barata, o ha habido algunos otros elementos que han incidido a la
hora de la adjudicación. En ese sentido, sí nos gustaría que se aclarara
qué criterios han prevalecido. ¿Hay alguna unidad de criterio en el
ámbito de la Administración? ¿Hay alguna coordinación al respecto? ¿Cada
sector o ámbito de la Administración actúa con los criterios que cree
convenientes y oportunos a la hora de la selección, y en unos prevalecen
unos, y en otros prevalecen otros? Nos gustaría conocer, al menos, los
criterios con que se ha actuado, con que se ha operado en el ámbito de
Administraciones Penitenciarias.
Hay dos cuestiones, que yo le planteé al principio de mi intervención, en
relación al centro Sevilla-2. Uno es la instalación de cámaras de
circuito interno, para que un poco desbrozara todo lo ocurrido en torno a
esa instalación, en cuanto a la forma de adjudicación, el coste inicial,
el coste final, las empresas que se presentaron, el estado actual del
circuito, las subcontratas que hubo, si es que las hubo, las adicionales,
etcétera; y en cuanto a lo que es la contrata de cerrajería también del
Centro Penitenciario Sevilla-2 en la misma medida que le he referido de
la instalación de cámaras de circuito.
Por último, conocer un dato que también nos parece importante, y es si en
1993-1994 ha habido alguna contratación con la empresa CAE. Si no la ha
habido, por qué razón; o si es que acaso no ha ocurrido en ninguna de las
obras, y qué obras son las que se le han adjudicado durante 1993 y 1994,
que también nos parece es bueno conocerlo.
Reitero que nos parece esencial a nuestro Grupo Parlamentario que nos
diga si los datos que ha ofrecido en esta comparecencia en relación a la
subcontratación, son datos que le han suministrado las empresas
adjudicatarias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Aguilar.
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Director General de Administración Penitenciaria, créame que, con
toda cordialidad, comprendo de alguna forma que hoy estamos planteando a
S. S. unas cuestiones, indudablemente graves, que no afectan a la gestión
personal de S. S., pero que le afectan en función del principio de
continuidad de la acción de Gobierno. Esa es una descripción que nosotros
damos por obvia y que no hemos explicitado porque, evidentemente, basta
acudir al «Boletín Oficial del Estado» para ver fechas de ceses y de
nombramientos.
Pero el problema fundamental con que S. S. se encuentra hoy, a la hora de
comparecer ante esta Comisión, es que hay una desconexión absoluta entre
lo que ha querido ser el planteamiento inicial de S. S., básicamente
diciendo ha habido un escasísimo volumen de relación económica con la
empresa CAE, y lo que la propia empresa explicita en su Memoria cuando
señala que ha habido un importante volumen de contratación con la
Administración penitenciaria en materias eléctricas y de seguridad. Por
cierto, me permitirá que recuerde, simplemente a título incidental, que
el tono que suele emplear el PP en todo este tipo de iniciativas
parlamentarias referentes a la Administración penitenciaria, es siempre
el tono documental que nace de datos y documentos oficiales, y ésa ha
sido, sin lugar a dudas, también la referencia esencial de las
afirmaciones que hoy hemos realizado.
Sigo insistiendo en que hay un punto básico en todo el planteamiento que
no podemos compartir y que --si me permite decirlo con todo respeto-- es
un planteamiento capcioso por parte de la Administración. No sirve una
interpretación cómoda --entre comillas--, hecha por la Administración de
lo imperado en el artículo 185 del Reglamento General de Contratación; no
sirve que la Administración diga: No; son las empresas las que tienen el
deber de comunicarlo. Ahí, en función del principio del uso debido de los
fondos públicos y en función del principio del control adecuado del
destino de esos fondos públicos hay una relación de deber, sin duda, que
afecta a la propia Administración. Lo que acabo de decir ustedes mismos
son conscientes de que es así, debe ser así y debería haber sido así,
porque el señor ministro, en la contestación a la interpelación de la
pasada semana dice: Efectivamente, ha habido este incumplimiento, vamos a
adoptar medidas para que esto no se vuelva a producir, y vamos a
establecer la obligación de que las empresas adjudicatarias que vayan a
realizar subcontrataciones por valor superior a 10 millones de pesetas
tengan que comunicarlo previamente a la Administración. Eso no es más que
tratar de reinterpretar ahora lo que tiene de principio una
interpretación clarísima, nacida del propio sentido finalista del
precepto contenido en el artículo 185 del Reglamento General de
Contratación. Por tanto, ahí no sirve excusa, señor director general, no
sirve excusa en modo alguno, máxime cuando estamos hablando de algunas
subcontrataciones por importes muy significativos, como alguna que ha
citado S. S. cercana a los 200 millones de pesetas.
Ha hecho también S. S. una referencia en la que podría tener razón, pero
que sin embargo no la tiene, señor director general, porque es cierto que
este diputado pidió, es cierto que pidió la referencia de las obras de
reparación, conservación y mantenimiento efectuadas en los centros
penitenciarios, y que ésa es sola mi petición. El problema, señor
director general, es que ustedes en la contestación a mi requerimiento,
amplían ese requerimiento e introducen también obras de naturaleza
eléctrica y de seguridad. Están a disposición del señor director general,
subrayadas. Sin embargo, a pesar de que ustedes mismos incluyen las de
naturaleza eléctrica y de seguridad, no citan, como yo he señalado
anteriormente, algunas de las que ahora S. S. ha reconocido.
En tercer lugar, no admito que quiera hacer un planteamiento equívoco en
cuanto a los errores de facturación, o a la facturación real abonada a
esta empresa en las obras realizadas en los centros penitenciarios
canarios en función de deducciones de naturaleza fiscal. No es eso, señor
director general; no es eso. Se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir: los
errores de facturación afectan, primero, a una suma aritmética a favor de
la empresa, de 252.000 pesetas; segundo, a una discordancia entre el
cable enterrado que se tenía que haber instalado y el instalado
realmente, que supone, si mis datos no son erróneos, un volumen de algo
más de 1.300.000 pesetas a favor de la empresa, y, en tercer lugar, a la
instalación, por parte de la empresa, de una sola consola centralizada de
seguridad, una sola cuando en el pliego de adjudicación figuraban dos,
pero que la empresa factura las dos, por un total, ese error, de algo más
de 200.000 pesetas. No hay solamente una cuestión fiscal, hay una
cuestión expresa de facturación que corresponde --no digo que sean
ciertas las manifestaciones hechas públicas por un ex directivo o
empleado de esta empresa--, en el diseño a lo que ha dicho este señor,
sin prejuzgar por mi parte que lo dicho por este señor sea cierto.
Mire usted, el quid de la cuestión en relación con la intervención del
señor ministro es que no es entendible que el señor ministro diga según
los datos de que disponemos y que este modesto portavoz de la oposición
tenga más datos oficiales que el propio titular del departamento; eso no
es justificable, eso no es de sentido común. Y como no es de sentido
común, hay que pensar que hay alguna otra razón. Mire usted, de la
intervención del señor ministro ante el Pleno se deduce que en el caso de
Alhaurín de la Torre quiso dejar como una referencia lejana la relación
contractual que podía haber existido con la empresa CAE del año 1985,
pero no citó, como yo le he citado, todos los documentos que he leído
literalmente, que establecen que todavía continúa habiendo esa relación
en función precisamente de lo que S. S. ha reconocido, es decir, de que
no se han hecho las recepciones de las obras precisamente por los errores
apreciados en la obra. En segundo lugar, el señor ministro fue explícito
cuando dijo: tercera falsedad, Sevilla-2 fue construido por Dragados y
Construcciones y las obras se realizaron en 1984. Punto final. Como
siempre, cada vez que plantean ustedes algún tema hablan de oídas e
incurren en errores de bulto. Pero es que S. S. hoy no ha tenido más
remedio que reconocer, porque S. S. suponía, desde la inteligencia que le
caracteriza (y lo digo en tono absolutamente riguroso, sin ningún tipo de
ironía), tenía que suponer que yo tenía esos datos, y no ha tenido más
remedio que reconocer que hubo unas relaciones por valor de varios
millones de pesetas con ambas empresas, y el señor ministro, esos datos,
tanto en el contexto de Alhaurín como en el contexto de Sevilla, no los
incluyó.
No nos sirve que se invoquen las razones de urgencia en un ámbito tan
especial como el de Administración penitenciaria, porque desde un punto
de vista del más elemental sentido común nosotros podemos comprender,
naturalmente, que sí, que hay determinadas obras que por su naturaleza
--por ejemplo, reparación urgente de daños ocasionados por un motín--
exigen de un procedimiento de urgencia, pero lo que no podemos aceptar,
señor director general, porque es sospechoso, es que se generalice el
procedimiento de adjudicación durante todo un período en función del
procedimiento de adjudicación directa por muchos miles de millones de
pesetas, y no podemos aceptar que obras como, por ejemplo, la instalación
de una cocina o el levantamiento de una red metálica para cubrir un
invernadero sea una obra de estricta urgencia que exija procedimiento de
adjudicación directa. Y lo que ya no entendemos, por ejemplo, permítame
que le señale una referencia concreta --podría hacer muchas más, pero
solamente ésta--, es que levantar una valla metálica, modesta valla
metálica, de separación de dos invernaderos cueste más, según sus propios
datos, que la construcción de una piscina en un centro penitenciario.
Esto podrían ser en todo caso anécdotas; lo que nos importa señalar en
relación con el tema que nos ocupa es básicamente, primero, que ustedes
no han aportado ninguna documentación, y no la han podido aportar en
algunos casos porque las conclusiones de esa documentación, tal y como yo
he señalado, no les son convenientes, y en otros casos porque no disponen
de esa documentación, y no disponen de esa documentación porque se
generalizó un procedimiento de incumplimiento de la reglamentación
vigente en materia de contratación y de subcontratación, especialmente de
subcontratación. Segundo, lo que nos importa señalar es que de alguna
forma, no he dicho jamás que mintiera, pero sí que el señor Ministro de
Justicia e Interior, en el Pleno, intentó desviar la cuestión. Tercero,
lo que nos importa señalar es que no podemos comprender cómo después de
los antecedentes documentales que tienen que constar en sus archivos,
porque son documentos oficiales, que yo he señalado en relación a las
disfuncionalidades apreciadas, por ejemplo, en los centros canarios, o al
caso manifiesto de Alhaurín de la Torre, donde ni siquiera se ha
recepcionado la obra, cómo después de eso la Administración acepta que en
el año 1993 se conceda a esta empresa la subcontrata de las instalaciones
de seguridad de un centro nuevo que exige de una inversión milmillonaria.
No lo podemos entender.
En su consecuencia le decimos, señor director general, que evidentemente
vamos a seguir hablando de esto, le anunciamos que por la vía del
artículo 7.º le vamos a pedir documentación específica y concreta en
relación con si hubo o no subcontratación, y algunas otras cuestiones de
interés añadido, al menos, al menos en relación con medio centenar de
obras concretas, obras concretas de naturaleza eléctrica o de seguridad
que se han producido en todos estos años.
Nosotros no entendemos, señor director general, y con esto concluyo, cómo
después de que la Memoria de la empresa dice lo que dice, usted ha
querido hoy casi, casi rememorar al poeta compareciendo ante nosotros muy
ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Señor Rodríguez, por el Grupo Socialista, tiene la palabra.
El señor RODRIGUEZ ZAPATERO: Sí, muchas gracias, señor Presidente.
Para matizar algunas consideraciones que se han realizado en unos casos
de forma explícita y en otras implícita hacia la posición fijada por el
Grupo Socialista.
Es evidente, por referirme al portavoz del Convergència i Unió, que la
trasposición literal que ha hecho de mis palabras iba referida a aquellos
grupos, lógicamente, que fuera del ámbito de esta Comisión, en el ámbito
de algún órgano de esta Cámara, y por supuesto mucho más en los medios de
comunicación, habían proferido notorias y evidentes insinuaciones y, sin
embargo, hoy aquí no hay más que vueltas y vueltas a temas que poco
tienen que ver con el fondo político de lo que estamos debatiendo.
En segundo lugar, es justo reconocer la valentía de la afirmación que ha
hecho el portavoz de Convergència i Unió de que tiene el convencimiento,
hasta que no haya lógicamente prueba en contrario, de que no ha habido
trato de favor y, desde luego, que existe una coincidencia yo creo que de
todos los grupos, todavía manifestada ayer con una rotundidad que supongo
va casi a bloquear la Dirección de Administración Penitenciaria de que
toda la documentación de todos los centros penitenciarios que se han
hecho desde 1983, de todo lo que se ha hecho en prisiones esté en esta
Cámara y la analicemos conjuntamente.
Por tanto, parece bastante pobre el argumento de que hay reticencias
hacia la documentación cuando hemos aprobado ayer una moción que
desborda, en fin, lo propio y lo razonable de lo que debería de ser un
debate político en materia de instituciones penitenciarias.
En relación con lo que ha manifestado la portavoz del Grupo de Izquierda
Unida, la señora Aguilar, he de decir que su valoración puede ser que
estemos ante una operación de imagen, la mía desde luego es que ustedes
están ante una operación fallida en términos políticos que el tiempo
aclarará, que el Gobierno, en efecto, responde de lo que existe, de lo
que se ha producido, pero que el Gobierno no responde de lo que gustaría
que existiera o de lo que gustaría se hubiera producido. Creo que es
llegar hasta el límite del sentido común tener que reafirmar estas cosas
de una manera tan clara. Por consiguiente, a no ser que uno no sea capaz
de salir de una incoherencia lógica manifiesta como la que ha creado
aquí, es sorprendente que se ratifiquen en lo que se ha dicho, porque yo,
como todos los Diputados de esta Cámara y como seguramente muchos
ciudadanos, escuchamos lo que escuchamos --y constará y seguramente sería
bueno que se releyera--, lo que en su momento se dijo, precisamente a una
pregunta parlamentaria, por el Presidente del Gobierno, hecha por la
misma portavoz que está aquí. Si eso tiene algo de coherencia con venir
aquí ahora a decir que cuando tengamos la información, tengamos la
documentación, emitiremos un juicio, señorías, estamos ante un auténtico
disfraz político que, desde luego, me parece poco sostenible, mucho más
cuando todavía se dice aquí insistentemente: Señor Director General,
usted ha venido sin papeles y cuando veamos los papeles diremos. Señora
portavoz, cuando usted hizo la pregunta al Presidente del Gobierno ni
siquiera había habido comparecencias, ni papeles, y usted hizo allí un
prejuicio notorio, un conjunto de insinuaciones evidentes y una
valoración política durísima al Presidente del Gobierno, que desde luego
debería al menos ejercitar un esfuerzo de reflexión autocrítica, si es
posible, desde la fe o desde el auto de fe, desde donde usted quiera,
señora Aguilar, pero sí sería bueno yo creo para el propio buen
funcionamiento de la institución parlamentaria.
No se altera ningún producto porque haya primero comparecencia,
información verbal, después documentación y luego volveremos a hablar de
la documentación. No tengan ninguna duda; vamos a hablar de esto mucho
tiempo porque evidentemente ya lo ha anunciado algún portavoz y porque en
términos políticos tiene bastante interés, resulta interesante en
términos políticos. Para eso estamos aquí todos los grupos parlamentarios
y para eso está lógicamente el Gobierno. Por tanto, no hay ninguna
alteración del resultado en este caso, porque va a haber todos los
documentos, va a haber toda la información, ha habido ahora una primera
aproximación, yo creo que con agilidad por parte del Gobierno, en lo que
estamos, en lo que nos ocupa en este tema.
Desde luego alguna cosa sí tengo que intentar matizar al portavoz del
Grupo Popular porque me parece importante, sobre todo en lo que afecta y
ayer ya había alguna consideración en el debate de la moción. Mire usted,
es yo creo poco seria toda la argumentación construida aquí sobre lo que
el ministro contesta en la interpelación, porque esa interpelación
planteada por el grupo Popular, que ayer tuvo su oportuna moción, fue una
interpelación con una carga de trampa política notoria. Se interpelaba
textualmente qué medidas va a adoptar el Gobierno para una gestión
económico-administrativa adecuada en el marco de las instituciones
penitenciarias, algo así decía, y se sube a la tribuna a hacer un
repertorio de análisis crítico, teóricamente o supuestamente documentado,
de las cosas que podían haber pasado o habían pasado desde el año 1983,
exigiendo al señor ministro que, sin saber qué era lo que se quería
interrogar, inquirir o interpelar, contestara de prácticamente todo lo
que había sido la gestión económico-administrativa.
Reconózcase, téngase la valentía de reconocer que eso es una trampa
parlamentaria en el método utilizado por el propio texto literal de la
interpelación, y lo que luego se produce, lo que se requiere al propio
Gobierno. Eso genera sencillamente indefensión parlamentaria; indefensión
parlamentaria, porque a nadie le es exigido, cuando se plantea un acto de
esa naturaleza (ni al Gobierno ni a nadie se le puede exigir), que pueda
responder absolutamente de todo lo que se plantea, cuando además nada
tiene que ver con el texto literal de la interpelación. La mejor prueba
es el resultado político de la moción y de que toda la información va a
estar a su disposición.
El señor Gil Lázaro ayer también me dio la oportunidad de hacer alguna
alusión a otro ámbito de Gobierno, pero es
que hoy (iba a utilizar una expresión coloquial que no parece decorosa
para la Cámara) me la da mucho más. Si usted considera sospechosas las
adjudicaciones directas que se han producido en el ámbito de
instituciones penitenciarias por estar más o menos generalizadas, en un
ámbito de actuación de un servicio público que tiene connotaciones de
seguridad, connotaciones que todos hemos valorado aquí y que todos
reconocemos, repase usted la gestión de alguno de sus gobiernos autónomos
porque entonces no es la sospecha, sería ya algo terrorífico: la inmensa
mayoría de la adjudicación en el Gobierno de Castilla y León es por
adjudicación directa y ni una sola competencia en materia de seguridad,
en materia de interior, nada, de nada, de nada. Por tanto, he querido
entender, la deducción política es que está usted sospechando, a lo mejor
con razón, de alguna de sus responsabilidades de gobierno.
Para terminar, por tanto, he de decir que el Grupo Socialista también
coincide en que esté toda la documentación que se ha requerido aquí, más
la de la moción de ayer, que es inmensa, si es posible en los tiempos que
hemos previsto, que va a ser ciertamente complejo para la Administración
penitenciaria, la analizaremos gustosamente y, desde luego, estamos
dispuestos incluso a determinar si es verdad o no es verdad que hay una
consola centralizada o dos de las que se habían presupuestado y si eso
tiene algo que ver con el trato de favor presunto al cuñado del
Presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
El señor Director General de Administración Penitenciaria tiene la
palabra.
El señor GIL LAZARO: Señor Presidente, perdone, para una cuestión de
orden.
Simplemente señalar que en la anterior intervención, no ésta, sino en la
anterior del portavoz del Grupo Socialista, ha tenido la amabilidad de
hacer referencias y alusiones constantes. Yo las he querido obviar
precisamente para no distraer el debate, pero habida cuenta que en esta
segunda intervención las referencias ya son únicas y exclusivas, como el
señor Presidente lo considere más oportuno, ahora o después de la
intervención del señor director general, debería tener un mínimo turno
por alusiones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Siempre que sea mínimo turno por alusiones, señoría,
lo tiene, pero tan mínimo como de un minuto, señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente señalar que mi buen amigo y sin duda brillante parlamentario,
insisto, con la misma rigurosidad que antes lo refería a la inteligencia
del señor director general, sin ningún tipo de ironía, el señor Rodríguez
Zapatero hoy yo comprendo que tiene que desarrollar el papel que tiene
que desarrollar.
Es muy poco serio que diga que es poco serio lo que yo estoy diciendo,
porque lo que yo estoy diciendo, al fin y al cabo, no es más que
transcripción literal de lo que el señor ministro, yo no sé si con poca o
mucha seriedad, dijo ante el Pleno de la Cámara. No es de recibo, señor
Rodríguez Zapatero, y usted lo sabe. Yo comprendo que S. S. tenga que
hacer uso de esa argumentación o de ese recurso dialéctico, pero no es de
recibo que diga que nuestra interpelación fue tramposa porque de la
fundamentación de esa interpelación se desprendía claramente la
orientación de la misma. Y no es de recibo que diga que el Gobierno quedó
indefenso ante esa interpelación cuando por puro sentido común, como
antes yo señalaba, el Gobierno debe disponer, dispone sin lugar a duda,
de mayor anclaje documental del que pueda disponer este modesto diputado,
pero sobre todo cuando el Gobierno viene a la Cámara a darnos en esa
interpelación, por boca del señor ministro, unos datos que no le habíamos
solicitado, los relativos a la empresa CAE, y que de la intervención hoy
del señor director general se han demostrado que, por lo menos, no eran
exactos en las referencias hechas por el titular del departamento.
Comprendo también que S. S., porque eso forma parte de los recursos
dialécticos, en la posición que hoy tiene que estar, traiga a colación lo
hecho en otras administraciones. Mire usted, yo tengo una ventaja
personalmente, a mí lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está
mal. No tengo una doble moral o un doble criterio de interpretación: las
cosas son blancas o negras, no blancas o negras en función de quien las
haga; lo que pasa es que nos da la sensación que éste no ha sido el
planteamiento que durante estos últimos doce años ha llevado adelante el
Gobierno socialista a la hora de valorar e interpretar sus propios actos
y valorar e interpretar los actos ajenos.
Y concluyo, señor Presidente, simplemente diciendo que valoro la valentía
del Grupo Socialista, sin lugar a dudas, al apoyar ayer una moción de las
características de ésa, porque ya lo dije ayer y lo repito hoy: es
interés de todos, y principalmente del Gobierno en función de su
responsabilidad ejecutiva, poner claridad sobre lo que pueda estar en una
cierta sensación de sombra.
En cuanto a los plazos, yo creo que no son plazos tan perentorios, porque
si ha habido una previa ordenada y clara administración, en un mes hay
tiempo de sobra simplemente para hacer las fotocopias correspondientes.
Por eso, como decía ayer, y al señor Director General de Administración
Penitenciaria me permito decírselo ahora, porque le afecta, nosotros ayer
pedíamos simplemente 48 horas para que se nos remitiera desde ahí detrás,
desde la calle Alcalá, hasta la Cámara, el plan de gestión, el nuevo plan
de gestión económico-administrativa que el señor ministro en el
transcurso de la interpelación nos dijo que ya estaba dispuesto. Cuarenta
y ocho horas para cruzar una calle parece tiempo suficiente. No hemos
tenido, sin embargo, inconveniente alguno en prolongar ese plazo durante
una semana, y no es que pensemos que al pedirnos una semana se va a hacer
en esa semana el plan porque no estaba hecho en el momento que se anunció
como tal; no sospechamos en modo alguno eso.
Finalmente, vuelvo a insistir en lo que he dicho, en lo que llevo
diciendo durante meses y en lo que será siempre mi nota constante de
actuación, porque lo ha sido siempre en los ya muchos años que llevo en
la vida parlamentaria. Yo, cuando hago una afirmación, la hago con base
documental, y cuando no tengo esa base documental cierta, rotunda y
clara, planteo interrogantes. Eso es cumplir con mi deber como
parlamentario. Porque es muy importante --y lo decía algún otro portavoz
en la sesión de hoy--, es muy importante hablar de esos principios de
reeducación y de reinserción. Sabe perfectamente el señor Rodríguez
Zapatero que hemos planteado alternativas propias y concretas, algunas de
ellas, y lo celebramos, apoyadas por el Grupo Socialista, en ese ámbito
de cosas, pero es muy importante también saber cómo y por qué se han
utilizado los recursos públicos, y eso es algo sobre lo que ni en el
ámbito de la administración penitenciaria, ni en ningún ámbito, sea quien
sea quien gobierne, hoy unos, mañana otros, esta Cámara puede pretender
correr un tupido velo. Aquí, cuando pedimos información, lo único que
estamos haciendo es cumplir con nuestro deber, y ese deber es, en
definitiva, la razón de ser por la que el pueblo español nos ha sentado a
todos en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar, muy breve también, por favor.
La señora AGUILAR RIVERO: Con absoluta brevedad, señor Presidente.
El portavoz del Grupo Socialista, con la intervención que ha realizado,
ha conseguido aclarar una cosa, desde nuestro punto de vista muy
importante, que nos da la razón cuando hemos manifestado en el ámbito de
esta comparecencia que esto obedecía a una operación de imagen con
carácter de urgencia y por razones de necesidad. Y es que ha planteado
que esto era una mera primera aproximación. Nosotros nos damos por
enterados con esa información, nuestro Grupo parlamentario, y concretamos
que el Gobierno, con estas comparecencias, simplemente quería aproximarse
en un primer momento a la situación que ha podido concurrir con CAE y que
lógicamente de esas palabras se deduce que seguiremos discutiendo y
esperamos tener la suficiente documentación. Nosotros creíamos que
estábamos ante comparecencias donde se iba a dar toda la información y
estamos antes una primera aproximación. Pues bien, cogemos ese trapo
lanzado por el portavoz socialista en la seguridad de que vamos a
continuar hablando de esto a partir de la información que se nos
suministre. En las actas se podrá comprobar perfectamente lo que estoy
manifestando, eso es justamente lo que el portavoz socialista ha afirmado
y ha aseverado; nosotros nos damos por enterados y sacamos la conclusión
de que el Gobierno, con estas comparecencias, simplemente pretendía
aproximarse al problema.
El señor PRESIDENTE: Señor Director General de Administraciones
Penitenciarias, tiene la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Yo creo que
quizá se está, si me permiten la expresión, desmadrando un poco el tema.
El señor Gil Lázaro ha dicho que venía ligero de equipaje y, por otra
parte, ha dicho inteligente; si fuese inteligente no vendría ligero de
equipaje... De todas formas, le agradezco lo de inteligente porque me
anima mucho. Yo pensaba que con la información que les estoy facilitando
era suficiente. Porque el problema se circunscribe, y quizá lo podamos
dividir en dos partes, no en tres como yo antes indicaba, a cuatro
contratos por valores inferiores a 10 millones de pesetas, que permite
contratar la legislación actual perfectísimamente, con tres ofertas, como
hubo en estos casos, y después una serie de subcontratos, que son los de
obras. Fíjense ustedes que yo empecé mi intervención diferenciando con
qué se financiaba cada una de estas partidas. Y los cuatro contratos se
financiaban con cargo al capítulo II. Me parece que en alguna
intervención se ha confundido capítulo II y capítulo VI, inversiones
reales. No es eso.
Son cuatro contratos, de cientos que ha hecho la Administración
Penitenciaria, y cuyo peso específico es significadamente bajo; antes
hablábamos de que significaban un 0,75 por ciento de la partida de
suministros, que el capítulo II lleva mucho más que eso, y capítulo VI,
que son obras. Por supuesto, quiero decirles que se remitirá a la
Comisión toda la información que ustedes necesiten. Lo de los cuatro
contratos, no hay ningún problema porque es un tochito y no hay problema.
Pero si ustedes piden que se remita a la Comisión todos los papeles que
implica la contratación, no estoy hablando de subcontratación,
simplemente la contratación de un centro penitenciario, nos podemos
encontrar..., 16 centros por 4 maletas cada centro, sesenta y tantas
maletas; es decir, que ni en un mes ni en tres meses. Lo que sí podemos
remitir a la Comisión es los cuatro contratos, clarísimo, y, si quieren
ustedes, los expedientes administrativos de las obras realizadas con
cargo al capítulo VI, bien del Ministerio, bien de Instituciones
Penitenciarias o de Siep. Los expedientes administrativos, pero no todo
el conjunto de planos. De esos expedientes administrativos yo me
imaginaba que daba información cuando leía todos los pasos, por concurso,
por concurso subasta, fecha en que se han iniciado la obras... Tengo
todos los datos por si quieren saber alguno más, no hay problema.
Su señoría decía que la Administración no ejerce ningún control sobre los
temas de seguridad. Todo lo contrario. Sobre las subcontratas de
seguridad. Todo lo contrario. Lo que comentaba antes al señor Gil Lázaro:
la Administración contrata con Entrecanales y Távora, con Dragados y
Construcciones, con quien sea, y la empresa responsable ante la
Administración es esa empresa que contrata. Y cuando se van a recepcionar
esas obras, bien en la fase provisional o bien en la fase definitiva, la
que responde, como en el caso de Alhaurín, de esa contrata,
independientemente de quien lo haya subcontratado, es esa empresa.
Imagínese usted que Dragados no hace bien o no subcontrata el tema de
seguridad, Dragados es la que responde ante la Administración, como en el
caso de Alhaurín, Entrecanales, de que eso no se puede recepcionar. Claro
que se ejerce un control, y se ejerce un control no por parte de
Instituciones Penitenciarias, sino por órganos ajenos a la
misma, como es la Intervención General de la Administración del Estado, a
la que acompaña un técnico, que es el arquitecto de Hacienda. Existe ese
control y la prueba la tenemos en el caso de Alhaurín.
Decía usted que algunos elementos no han llegado a funcionar y qué forma
de adjudicación teníamos. Yo aquí tengo la de Santa Cruz de la Palma. Y
el contenido principal eran cuatro cámaras, cuatro microondas, una
impresora, una central de alarma, una central interna de comunicación,
dieciséis focos y cuatro extintores. El contenido principal de Santa Cruz
de Tenerife eran cerraduras, tres cámaras de televisión, dos infrarrojos,
dos microondas, una impresora, una central de alarma. De todas formas
aportaremos la documentación a la Comisión, pero no veo de momento
ninguna observación; a lo mejor hay algún informe más actualizado. Veo
que la tubería permitía el acceso al recinto vallado, es decir, que a lo
mejor hay que desviar la tubería; que las nieblas afectan en ciertos
momentos a la visibilidad de las cámaras, esto sucede. Con los temas de
seguridad puede suceder esto, se monta una cámara en un sitio determinado
y después, al realizar otro trabajo, se ve que esa cámara no está en el
sitio idóneo y se cambia de lugar. Y se pide también una canalización por
todo el barranco. Más o menos, se puede comentar esta documentación.
¿Cuáles son los criterios? En estos dos expedientes, en todos estos
cuatro expedientes de CAE, hablando ya de suministros y de mantenimiento,
es la oferta más barata. En las contrataciones directas, y, como su
señoría sabe, son necesarias tres ofertas, normalmente se adjudica a la
oferta más barata, a no ser que esa empresa haya tenido grandes pegas con
la Administración o qué sé yo. Normalmente es la oferta más barata por
adjudicación directa.
¿La cerrajería de Sevilla II? Me parece que su Grupo parlamentario ha
pedido algo más que el expediente administrativo o no sé si el expediente
administrativo nada más, no me acuerdo en este momento. Pero se le
enviará, lógicamente.
Y ¿durante 1993-1994 ha habido contrataciones con CAE? Las únicas
contrataciones directas que la Administración ha realizado con CAE son
las cuatro que le he comentado. Estamos enterados de que efectivamente,
en 1993, el tema de Topas, que empezó, creo recordar, en 1993, se
adjudicó en julio de 1993, lo adjudicó Siep ya a la UTE que antes le
decía, Dragados y ConstruccionesAuxini. Ahí estamos enterados de que CAE
lleva parte de la instalación eléctrica y de climatización y que eran 200
millones.
Me decía usted que aclarase si efectivamente nosotros tenemos algo que
ver con las subcontrataciones. Le he dicho que no, que nosotros lo que
hemos hecho es contratarlo. Lo que le comentaba antes también de 1981, de
Daroca, etcétera, se hace lo mismo. Se contrata con una empresa y la
empresa tiene obligación, no es cuestión de desvirtuar el artículo 185, y
si su señoría quiere lo podemos leer, tengo la Ley de Contratos y el
Reglamento, es que la empresa es la que puede tener obligación de
comunicar a la Administración las subcontratas. Ahora, díganme ustedes en
una obra de dos, tres, cuatro, cinco mil millones, que no haya ninguna
subcontrata. Eso es yo creo que bastante difícil. Pero como la que va a
responder ante la Administración y la que va a responder ante la
intervención y la que va a responder ante el arquitecto de Hacienda es la
empresa contratada, no hay menoscabo de control en absoluto.
Ya me parece que contesté a todas sus preguntas, no sé si me quedará
alguna. (La señora Aguilar: Los datos de las subcontratas.) Los datos de
las subcontratas se los he comentado... (La señora Aguilar: ¿Se lo han
dado a empresas adjudicatarias?) ¿A empresas adjudicatarias? No, no. La
Administración ha dado contratas.
La señora AGUILAR RIVERO: Si me lo permite, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: Señora Aguilar.
La señora AGUILAR RIVERO: Lo que le preguntábamos, señor director
general, es si los datos que usted nos ha ofrecido aquí, en la
comparecencia, en relación a subcontratas en Dragados, Entrecanales,
etcétera, se los ha suministrado Dragados o Entrecanales, si los han
conocido a través de esas empresas.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Efectivamente.
Sí. Eso ha quedado aclarado antes, cuando insistía en los datos de que se
dispone en la Administración, en Asuntos Penitenciarios.
Con respecto a lo que indica el señor Gil Lázaro, el tema de
subcontratación ya está. Medidas para que esto no vuelva a producirse,
las medidas que dice que expuso el ministro en su comparecencia.
No es que se pretenda que esto no se vuelva a producir, no hay
irregularidades que no se vuelvan a producir, lo que se pretende cada vez
más es ir perfeccionando la gestión. Pero es que eso pasa en cualquier
organización. Si nosotros mantenemos siempre los principios de
transparencia, de concurrencia, me imagino que será bueno que
Administraciones Penitenciarias tenga una base de datos con todas las
empresas que puedan concurrir a un determinado servicio o suministro; me
imagino que inclusive con esas empresas sobre actuaciones que hayan
realizado en la Administración; me imagino que aunque la Ley de Contratos
exija tres contratos para una adjudicación directa... Porque fíjese que
estamos hablando aquí de cosas grandilocuentes. Si la mayoría de las
adjudicaciones directas son por un millón, lo que pasa es que es una
multitud de expedientes, pero son cifras insignificantes. La mayoría de
las adjudicaciones son cifras insignificantes y después pasaré a
comentárselo a revisar un poco el tema desde 1994, excepto en casos
graves, por supuesto, casos puntuales, pero graves.
Es bueno en vez de tener tres ofertas poder tener seis o poder tener
diez. Siempre se dará y siempre se profundizará en conseguir mayores
ahorros, mayor conocimiento del mercado, etc. Pero es muy loable, aunque
no lo exija la ley, y hacia eso se tiende. Y, señor Gil Lázaro, sí está,
lo
que pasa es que falta pasarlo a limpio, pero está definido y yo lo tenía
preparado, no para ahora, sino para la comparecencia que usted me pidió
hace varios meses, el plan de gestión de la Dirección General de
Administración Penitenciaria. Por supuesto que lo tenemos definido y lo
tenemos claro. Quizás, a lo mejor, durante el transcurso del año
aparezcan nuevos proyectos. Quiero decir que es un intento de ir
avanzando cada vez más en una mejor gestión; no creo que a nadie le
repugne la idea.
Dice usted: la reparación, conservación y mantenimiento --que yo le acabo
de dar-- no se cita en las partidas que se le han entregado, en la
información que se le ha entregado a usted. A lo mejor es que cogí mal la
nota. Yo tengo aquí apuntado reparación, conservación y mantenimiento,
orden de instalación eléctrica, seguridad, no se citan algunas de las que
usted haya reconocido.
El señor GIL LAZARO: Si me permite, para precisar la duda que tiene el
señor director general.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: El señor director general en su intervención me ha
dicho: No, es que las obras que yo he citado son de naturaleza eléctrica
y de seguridad, y su señoría lo que nos pidió fue obras de reparación,
conservación y mantenimiento.
Y yo lo que le he dicho es: Tendría razón su señoría en ese planteamiento
si no fuera porque ustedes mismos, a pesar de yo haber pedido sólo obras
de reparación, conservación y mantenimiento, me introducen más de medio
centenar de obras eléctricas y de seguridad en las que no figuran en
ninguno de los casos las que hoy ha señalado su señoría. Esa era la
precisión.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Perfecto. Pues
ahí me permitirá el señor Gil Lázaro que le diga que está usted
confundiendo las churras con las merinas. Y se lo explico otra vez: una
cosa es el capítulo II y otra cosa es el capítulo VI. Las obras que yo le
estoy citando como subcontratas de electricidad van con cargo al capítulo
VI, de inversiones, construcción de centros. Y lo que usted está
pidiendo, lo que nos ha pedido, se lo hemos dado. Y voy a ir un poco más
allá, posiblemente algún dato que le hemos dado, alguna relación no
coincide con otra, porque su señoría me parece que pidió dos relaciones
de la misma cosa, me imagino que sería para comparar; a lo mejor una no
coincide con otra. Su señoría una vez la pidió con respecto a centros
penitenciarios y otra vez con respecto a la Administración Penitenciaria.
Cuando usted pide con respecto a centros penitenciarios, no se incluye
servicios centrales y cuando usted lo pide con respecto a la
Administración Penitenciaria sí se incluyen. En el caso que nos ocupa
(por si tiene pensado hacerme otra pregunta, se lo aclaro con
anterioridad), las obras que yo le estaba diciendo de electricidad,
calefacción, etcétera, van en construcción de centros nuevos, que bien se
financian con capítulo VI, de inversiones reales, o bien con el
presupuesto de la sociedad anónima Siep. Por eso nosotros no se las
podemos poner, porque las obras de conservación, reparación y
mantenimiento que usted pide son el 212 del presupuesto de gastos del
Estado.
La facturación equívoca. Le comenté antes un poco. No obstante, por
supuesto, le remitiré la información que antes decía.
Sigue usted insistiendo en lo del ministro. Yo creo que queda claro ya, a
partir de que le he dicho que la información de las subcontratas la hemos
obtenido de esa forma.
Comentaba usted como caso puntual el tema de cocinas. Una instalación de
una cocina puede ser urgentísima, me perdonará usted. Porque si usted a
los presos no les da de comer un día, el motín que se organiza es bueno.
Y si usted tiene un catering contratado hasta el 31 de diciembre y no le
da tiempo a sacar la siguiente contrata, a lo mejor tiene que poner un
módulo, pero contratado directamente para el tema de cocinas.
El señor PRESIENTE: Señor Gil Lázaro, recupere el sosiego, por favor.
El señor DIRECTOR GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS: Aportar
documentación. Yo cro que el señor ministro no intentó desviar la
gestión, está clarísimo, antes lo expliqué; es un tema que no veo por qué
vamos a seguir dándole más vueltas.
Y para terminar (yo creo que ya he contestado a todas sus preguntas), la
contratación. Verá usted que los años peores que pasó la Administración
Penitenciaria es efectivamente cuando se contrataba más con contratación
directa. El año 1994, ciñéndome a lo que a usted siempre le interesa, que
son las obras de conservación, reparación y mantenimiento, en lo que va
de año está, por subasta, un 69,28 por 100, y por contratación directa un
30,72. Más aún, fíjese usted que aquí no se ha dicho, creo que en ninguna
comparecencia, pero en contratación directa está el organismo autónomo al
cual Administración Penitenciaria le compra muchas cosas. Siempre salimos
perjudicados cuando se analiza esto. Porque dicen: Tienes un 30 por 100
de contratación directa. No, no es un 30 por 100 de contratación directa,
porque está metido el organismo autónomo. En el año 1993, fíjese usted
que también hay un porcentaje muy bueno. Hay, por concurso, un 60,41, y
por contratación directa un 39,59, si mis datos no me fallan, siguiendo
siempre con el 212. ¿Cuándo empieza un poco a bajar? Cuando hubo grandes
conflictos en la Administración Penitenciaria. En el año 1992 ya empieza
a bajar un poco, porque hay un cinco y pico por ciento de subasta y ya
empieza contratación directa. En el año 1991 lo mismo, ya pasamos a
contratación directa. En el año 1990, igual. Es decir que, como antes le
pedía, cuando analicemos un dato, no seamos fríos--porque ésta yo
considero que es una organización especial en muchos aspectos--, diciendo
«tal cifra, tal cifra», sino que vayamos acompañándolo un poco de qué es
lo que sucede en cada momento y qué obliga en cada momento a tomar una
serie de decisiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LAZARO: Sería un minuto solamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, estoy seguro de que toda la
Comisión sentiría un enorme placer en poder escuchar a su señoría una vez
más...
El señor GIL LAZARO: Sería un minuto sólo, una frase.
El señor PRESIDENTE: No, señor Gil Lázaro. Hemos ido incluso más allá de
lo que es propio de la comparecencia, que se limitaba a las relaciones
contractuales con CAE. Se ha entrado incluso en debates que no tienen
nada que ver con esta sesión y, en consecuencia con ello, esta
presidencia da por terminado el debate y da como suficientemente debatido
todo el asunto que nos ha traído aquí. Gracias, señor Gil Lázaro por la
comprensión.
Agradezco al señor director general, también en nombre de la Comisión,
que haya comparecido en la misma y la información que ha dado. Esperamos,
por lo tanto, desde esta presidencia que se remita lo antes posible la
documentación a que se ha obligado usted, documentación que, como he
comentado en la otra comparecencia, bajo la custodia de esta Mesa estará
para su estudio y su investigación en la sede de la Comisión de Justicia
e Interior.
Señorías, la mesa y portavoces inmediatamente se reunirán en la Sala
Argüelles.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.