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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 368, de 30/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 368
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENTA: DOÑA BLANCA GARCIA MANZANARES
Sesión núm. 16
celebrada el miércoles, 30 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencias:
--Del señor Director General de Salud Pública (Francisco Polledo), para
informar acerca de las políticas de control alimentario que se
desarrollan en el ámbito del Estado, con especial referencia a la
prevención y control de las infecciones alimentarias. A solicitud del
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000703) (Página 11394)
--Del señor Director General de Planificación y Aseguramiento (Sevilla
Pérez), para informar acerca de los principales resultados de la Encuesta
Nacional de Salud. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000701) (Página 11401)
Proposiciones no de ley:
--Sobre adaptación de los antiguos planes de estudio a las nuevas
exigencias creadas por la evolución de la técnica en los servicios de
diagnóstico. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG,
serie D, número 126. Número de expediente 161/000249) (Página 11411)
--Relativa al incremento de los medios humanos y materiales de la Unidad
de Cuidados Intensivos del Hospital CÕan Misses, del Instituto Nacional
de la Salud (INSALUD). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(BOCG, serie D, número 130. Número de expediente 161/000264) (Página 11415)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Señorías, buenos días. Vamos a dar comienzo a la
sesión de la Comisión de Sanidad y Consumo prevista para el día de hoy.
Antes de iniciar el orden del día, quería informar a SS. SS. de que, como
saben, aprobamos en esta Comisión una proposición no de ley por la que se
acordaba la constitución de una Ponencia especial en relación con el
síndrome del aceite tóxico. Recuerdan SS. SS. que en el texto de la
proposición no de ley se instaba a que en el plazo de tres meses se
tuvieran los trabajos realizados. Se ha constituido esta mañana la
Ponencia y hemos llegado al acuerdo de que van a ser tres meses a partir
del momento de su constitución. Por lo tanto se inician estos tres meses
para la elaboración y conclusión de los trabajos de la Ponencia a partir
del día de hoy.
A continuación, pasamos a la celebración de las comparecencias previstas
en la primera parte del orden del día de la sesión de la Comisión.
También quiero decir a SS. SS. que, a solicitud del señor Director
general de Salud Pública, don Juan José Francisco Polledo, por
dificultades personales que tenía, se ha modificado el orden de
intervención de los dos comparecientes que estaban previstos. En primer
lugar se producirá la comparecencia que consta en segundo lugar.
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
--DEL DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA (D. JUAN JOSE FRANCISCO POLLEDO)
PARA INFORMAR ACERCA DE LAS POLITICAS DE CONTROL ALIMENTARIO QUE SE
DESARROLLAN EN EL AMBITO DEL ESTADO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA
PREVENCION Y CONTROL DE LAS INFECCIONES ALIMENTARIAS. A SOLICITUD DEL G.
P. SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000703.)
La señora PRESIDENTA: Comparecencia del Director General de Salud
Pública, don Juan José Francisco Polledo, para informar acerca de las
políticas de control alimentario que se desarrollan en el ámbito del
Estado, con especial referencia a la prevención y control de las
infecciones alimentarias. Ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Tiene la palabra el Director General, a quien damos la bienvenida a esta
Comisión.
El señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA (Francisco Polledo): Señorías,
constituye para mí un alto honor comparecer ante esta Comisión de Sanidad
y Consumo del Congreso de los Diputados, a fin de exponer los rasgos
generales y las peculiaridades de las políticas de control alimentario.
Considero un extraordinario acierto el que esta Comisión tenga datos
directos y actuales relativos a aquellas actividades que desde la
Administración se diseñan y se desarrollan para garantizar algo respecto
de lo que el ciudadano se muestra especialmente sensible y con lo que no
quiere ningún tipo de especulación. Es decir, que los alimentos que
consumen no entrañan ningún tipo de riesgo para su salud.
Permítanme también mi humilde juicio sobre la idoneidad añadida de que
esta información sea solicitada en, y, por lo tanto, proporcionada, en un
momento en el que en nuestro país no asistimos a ningún episodio
trascendente de intoxicaciones alimentarias. Este clima favorece, desde
mi punto de vista, poder acercarnos a este problema con la tranquilidad y
sosiego que se merece y disipa, además, cualquier sensación para el
ciudadano de que los poderes públicos sólo se ocupan de este problema
cuando cobra actualidad a causa de brotes y episodios de intoxicaciones
alimentarias.
Intentaré, señorías, que mi intervención sea lo suficientemente breve
pero, a la vez, lo suficientemente clara, como para, mereciendo su
atención, ser capaz de proporcionarles una visión global de qué es lo que
se está haciendo en materia de control alimentario. No obstante y a mi
pesar, los propios caracteres de la materia no me van a permitir preterir
algunas incursiones técnicas o en el mundo de los datos. Tanto lo uno
como lo otro lo reduciré al mínimo indispensable.
La primera apreciación que me gustaría transmitir a sus señorías es que
en la actualidad la seguridad de los alimentos no se pueden, en modo
alguno, cifrar exclusivamente a la acción del control oficial, es decir,
a la inspección pura y dura. El enorme volumen de actividad del mercado
alimentario, las nuevas tecnologías de producción e industrialización,
los nuevos alimentos y sus nuevas formas de presentación y el comercio
internacional de los mismos hace que la seguridad alimentaria precise de
diversos aliados, además de control oficial. Entre ellos destaca, desde
mi punto de vista, el de la profesionalidad y lealtad de los productores.
Debemos desterrar definitivamente de nuestra mente una visión de la
situación en la que los operadores económicos hacen lo que quieren y la
Administración
va detrás reprimiendo las conductas irresponsables. Esto hoy en día no
sería eficaz y en modo alguno es ni lo que necesita ni lo que pide la
inmensa mayoría de los agentes económicos que operan en el ámbito de la
producción, transformación y comercialización de alimentos. Muy al
contrario, el panorama actual debe ser el definido por un sector
económico cualificado y responsable que pone todos los medios a su
alcance para evitar problemas sanitarios y para cuyo empeño cuenta con la
colaboración y los servicios de una administración que, por otra parte,
reserva su capacidad punitiva y de policía para un minoritario grupo de
infractores. Este es el modelo propio de los países de nuestro entorno y
éste es el modelo por el que hemos optado, un modelo que se desenvuelve
en unas coordenadas competenciales ciertamente complejas y que es
absolutamente imprescindible tener en cuenta a la hora de hacer un
análisis de la situación.
Por una parte, la Comisión de la Unión Europea viene desarrollando desde
hace mucho tiempo (téngase en cuenta que las primeras directivas son de
mediados de los años sesenta) una intensa labor de armonización de los
requisitos exigibles en la producción y transformación de los alimentos.
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señor Francisco Polledo.
Señorías, quiero recordar una vez más las dificultades acústicas y los
grandes inconvenientes que tiene esta sala. Por tanto, les ruego que, si
tienen que hablar, lo hagan muy bajo, para que podamos continuar la
Comisión.
Cuando quiera.
El señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA (Francisco Polledo): Decíamos
que la Unión Europea viene desarrollando desde hace mucho tiempo (las
primeras directivas son de mediados de los años sesenta) una intensa
labor de armonización de los requisitos exigibles en la producción y
transformación de los alimentos. Inicialmente, esta labor estuvo
inspirada, exclusivamente, en la necesidad de eliminar barreras técnicas
que dificultaran la construcción del mercado único. Sin embargo,
especialmente después del Tratado de Maastricht y la inclusión del
artículo 129.a) en el Tratado de la Unión, desde hace ya algunos años,
podemos detectar iniciativas inspiradas en la protección de la salud y en
la defensa de los intereses de los consumidores.
Por otra parte, y siguiendo dentro del ámbito competencial, tal y como
contemplaba la Constitución y recogieron los estatutos de autonomía, las
comunidades autónomas han asumido las funciones de desarrollo normativo y
de ejecución en el campo del control sanitario de los alimentos.
Así las cosas, a la Administración del Estado, a nosotros, nos
corresponde el dictado de la normativa básica, la coordinación de las
actuaciones de las administraciones implicadas y las medidas de control
en el campo de la sanidad exterior.
Una eficaz política estatal de control alimentario, implica,
consecuentemente, el desarrollo de cuatro campos de acción. En primer
lugar, el establecimiento de las bases legales, establecimiento de las
reglas de juego; en segundo lugar, la coordinación de las inspecciones
tendentes a garantizar que esas reglas de juego se respetan; en tercer
lugar, el fomento del autocontrol, y, por último, el desarrollo de un
sistema de previsión de riesgos. El desarrollo de cada uno de estos
cuatro puntos será la estructura de mi intervención.
Primero me referiré al establecimiento de las bases legales. Este
elemento supone un instrumento de primer orden, tanto porque recoge las
condiciones exigibles en la producción e industrialización de los
alimentos (con el objetivo de minimizar los riesgos), como por resultar
imprescindible para poder realizar intercambios comerciales con otros
países.
Si esto ha sido así siempre, la firma del Acuerdo GATT, que incluye, como
ustedes saben, un apartado dedicado a las medidas fitosanitarias y
sanitarias, implicará inexorablemente que todo país que quiera hacer
comercio internacional sea capaz de demostrar --y sobre él pesará la
carga de la prueba-- que su normativa sobre alimentos está inspirada en
claras y rigurosas verdades científicas.
Desde nuestra adhesión a la Unión Europea e incluso yo diría que ya
antes, a este respecto, al de la producción normativa, somos subsidiarios
de las iniciativas mancomunadas de los Doce o de los servicios de la
Comisión de la Unión Europea, correspondiendo a la Administración del
Estado la transposición de las directivas comunitarias, adaptándolas a
nuestro derecho interno. Esta labor, compleja y prolija, está
ejecutándose escrupulosamente y ajustándonos a plazos. Sólo en el período
1992-1994, para que se hagan una idea, se han transpuesto más de
cincuenta directivas a través de más de veinte reales decretos.
Actualmente estamos trabajando en media docena de ellas referentes,
fundamentalmente, a la incorporación a nuestro derecho interno de las
directivas sobre aditivos alimentarios y la general de higiene de los
alimentos.
Aparte de la transposición a nuestro derecho de las normas comunitarias,
hay problemas específicos que tienen que darse cobertura desde el derecho
interno. Así, en 1991, se aprobó una orden que prohibió la utilización de
huevo fresco en la elaboración de alimentos que no sufrieran tratamiento
térmico. Quiero señalar a SS. SS. que ésta fue una disposición que sufrió
críticas, críticas perfectamente comprensibles desde fuera de quien no
tuviera una especialización muy grande en el área. Como anécdota, diré
que hace unas semanas en el «American Journal Public Health» la revista
más prestigiosa sobre salud pública americana, se recogía cómo hace seis
meses el Estado de Nueva York ha adoptado una medida idéntica a la que
nosotros adoptamos en 1991.
Por poner otros ejemplos de derecho interno en directivas comunitarias,
en septiembre del presente año hemos publicado una orden ministerial que
obliga al marcado individual de los hígados procedentes de ganado vacuno,
a fin de evitar la impunidad de aquellos ganaderos que generaban y
estaban implicados en brotes de intoxicaciones alimentarias.
En definitiva, pues, y recapitulando en este extremo, por lo que se
refiere al bloque normativo, contamos con unas reglas de juego completas,
actuales, equiparables a las de los países de nuestro entorno y cuyo
escrupuloso y exacto respeto garantizaría la inocuidad de los alimentos
que se ponen en el mercado.
El segundo punto que señalamos como uno de los ejes de una política de
control alimentario es el de la coordinación de las inspecciones. No es
suficiente, obviamente, contar con un bloque normativo completo, es
necesario garantizar que el mismo se respeta. Para ello, es
imprescindible la inspección y, a fin de evitar distorsiones comerciales
o, incluso, diferentes niveles de protección para los ciudadanos en
función del área geográfica en el que vivan, es necesario coordinar las
inspecciones que se efectúan por las distintas comunidades autónomas. A
tal efecto, la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del
Sistema Nacional de Salud, a través de la Ponencia de Cooperación en
Salud Alimentaria, viene desarrollando una eficaz labor de armonización,
tanto de iniciativas como --lo que quizá sea más importante-- de
criterios. Fruto de esta actividad es, entre otras muchas cosas, un
sistema de información que nos está permitiendo evaluar el esfuerzo
inspector que se hace en nuestro país. Así, por ejemplo, podemos
documentar que, durante 1993 --último ejercicio que tenemos cerrado--, se
realizaron en España 2.331.430 visitas de inspección y se tomaron 159.200
muestras para análisis, lo que permitió detectar irregularidades en
28.041 establecimientos y deficiencias en 8.210 productos.
Con alguna frecuencia, la inspección de los alimentos no es, sin embargo,
fruto de una programación previa, sino que debe hacer frente a una
situación imprevista que está generando un riesgo concreto, actual y
localizado. Son las denominadas alertas alimentarias, situaciones en las
que más que nunca es imprescindible la rápida y eficaz coordinación de
todos los efectivos implicados. Pues bien, en cumplimiento de los
acuerdos adoptados, una vez más, por el Pleno del Consejo
Interterritorial, la Red de Alerta Alimentaria ha gestionado más de 219
alertas durante los años 1991 a 1994. De ellas, 50 tuvieron su origen en
informaciones procedentes de la Unión Europea.
Quiero referirme ahora a un problema muy concreto. Desde el año 1989
vienen produciéndose en nuestro país episodios de intoxicaciones por
consumo de hígados procedentes de animales tratados con sustancias
prohibidas, con hormonas y especialmente con clenbuterol. En concreto, y
de acuerdo con nuestros datos epidemiológicos, tenemos registrados 37
brotes en el conjunto del territorio del Estado, con un total de 725
afectados. A la prevención de este riesgo se destina el Plan Nacional de
Investigación de Residuos, que se creó por un Real Decreto del año 1989 y
cuya Comisión Interministerial es presidida por la Dirección General de
Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. Fruto del mencionado
Plan, durante 1993 se han analizado 64.373 muestras, con porcentajes de
positividad que, en el plan aleatorio (Saben ustedes que el programa
cuenta con dos líneas de actuación, una aleatoria, sobre animales que se
presentan en el matadero o en las granjas, y otro sobre animales
sospechosos, es decir, aquellos que proceden de explotaciones que han
estado implicadas en algún brote o han dado positivo previamente.), han
oscilado desde el 0,7 por ciento en granjas al 2,5 por ciento de los
animales en matadero y, en el plan de sospechosos, los porcentajes de
positivos han oscilado entre el 1,72 por ciento en granja al 14,24 por
ciento en matadero.
Al objeto de potenciar aún más la acción preventiva, en marzo de 1992, el
Ministerio de Sanidad y Consumo, el de Agricultura, Pesca y Alimentación
y las 17 comunidades autónomas adoptaron una serie de medidas
complementarias que han permitido, hasta este momento, detectar en 1.037
ocasiones granjas en las que se ha utilizado algún producto prohibido. En
1.037 ocasiones, que no en 1.037 explotaciones, puesto que algunas de
ellas han sido detectadas positivas en reiteradas ocasiones. Para
facilitar la actuación inspectora en mataderos, el Ministerio de Sanidad
y Consumo ha invertido, durante el año 1994, más de 77 millones de
pesetas en la adquisición de métodos rápidos de detección, a fin de que,
por los servicios de inspección veterinaria de los mataderos de las
comunidades autónomas, sean testados, a lo largo de lo que queda del año
1994 y de 1995, más de 50.000 animales de la especie vacuna, lo cual
representaría controlar, aproximadamente, el 10 por ciento de todos los
animales sacrificados. Algo que está absolutamente alejado de los
planteamientos de cualquier país europeo, en los que no se llega nunca
más allá del 3 ó 4 por ciento de los animales.
Esperamos que, paulatinamente, este conjunto de medidas destierren de
entre nosotros prácticas que los productores --los ganaderos, los
mataderos e incluso las industrias cárnicas-- deben comprender que son
inadmisibles y, además, convencerse de que cualquier actividad de
producción de alimentos es incompatible con la rentabilidad económica si
lleva aparejado el más mínimo riesgo para la salud.
Como consecuencia del creciente comercio internacional de productos
alimenticios, las actuaciones de inspección en sanidad exterior resultan
imprescindibles, tanto más cuanto que, tras la construcción del mercado
interior, en nuestras fronteras se hacen inspecciones que deben dar
garantías no sólo a nuestro país, sino a todos los miembros de la Unión
Europea. Durante 1993 --último ejercicio cerrado--, los servicios de
Sanidad Exterior del Ministerio de Sanidad y Consumo procedieron al
control de 107.604 partidas de productos alimenticios, sometieron a
inspección directa a 70.842, muestrearon 10.341 y sometieron a análisis a
5.031. Producto de esta labor fue el rechazo de casi 400 partidas
procedentes de países extranjeros.
El tercer elemento que mencionábamos inicialmente era el fomento del
autocontrol. Ya al principio de mi intervención apunté la necesidad de
que, para conseguir óptimos niveles de seguridad, los operadores
económicos, los industriales, se implicasen decididamente en su garantía.
Fomentarlo ha sido una tarea que desde el Ministerio de Sanidad y Consumo
ha venido desarrollándose de una forma decidida, y yo creo que eficaz, a
partir del año 1991. En julio de ese año se alcanzó un acuerdo con la
Federación de Industrias de Alimentos y Bebidas, al objeto de extender la
aplicación del Sistema de Análisis de Riesgos y
Control de Puntos Críticos. Hasta el momento, más de doce sectores
--quizá los más importantes de la industria alimentaria-- se han sumado
al proyecto y el nivel de extensión que la aplicación del sistema ha
conseguido en nuestro país puede considerarse --se considera claramente--
como de vanguardia dentro de los de la Unión Europea. Recientemente, en
León y propiciado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, se ha reunido
la «International Commission for Microbiologycal Specification for
Foods», que ha respaldado, y lo ha hecho además expresamente, la labor
que viene desarrollándose en nuestro país, tanto por los operadores
económicos como por las distintas administraciones.
Por último, el cuarto elemento era un sistema de previsión de riesgos.
Señorías, en seguridad alimentaria los riesgos más temibles son aquellos
que debutan, es decir, aquellos de los que no tenemos antecedentes.
Frente a ellos, las medidas ordinarias pueden no ser eficaces, puesto
que, evidentemente, esas medidas se han diseñado sin tenerlos en cuenta,
porque los desconocemos. A fin de minimizar esa posibilidad, la única
herramienta disponible es la de diseñar un programa prospectivo que
proceda a un chequeo continuado del mercado y que efectúe determinaciones
significativas para riesgos potenciales. Me refiero a aspectos como las
dioxinas, los metales pesados, la radioactividad, las aflatoxinas,
etcétera. Con este objetivo, la Dirección General de Salud Pública, en
colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, también del Ministerio
de Sanidad y Consumo, vienen ejecutando un programa, podríamos llamar de
vanguardia, de control del mercado, que está suponiendo la toma y
análisis de más de 5.000 muestras al año y la realización de 20.000
determinaciones de alto nivel. Pretendemos detectar cualquier riesgo
antes de que se manifieste. Algo difícil, pero a lo que estratégicamente
no vamos ni podemos renunciar.
En definitiva, y concluyendo, una situación --la del control
alimentario-- paralela a la de los países de nuestro entorno, con una
buena base jurídica, inspirada en las últimas verdades científicas, con
un nivel de coordinación y de colaboración entre administraciones que,
aun considerándose mejorables, puede entenderse suficiente y con un
sector --de productores, de transformadores y de comercializadores--, de
forma abrumadoramente mayoritaria, muy responsable, aunque --no hay que
olvidarlo-- con individualidades marginales capaces de provocar problemas
e incluso graves problemas. Una situación, en definitiva, que ha
permitido que el número de intoxicaciones alimentarias, en cuanto al
número de afectados en brotes, no haya dejado de descender desde 1991
--año en el que se registraron 14.977 casos-- hasta 1993 --en el que se
registraron casi 3.000 casos menos, 11.511--, pero también es una
situación en la que se mantienen escenarios absolutamente inadmisibles,
como las intoxicaciones por consumo de hígados procedentes de animales
tratados, y que tiene aún que mejorar antes de obtener una confianza
absoluta por parte de los consumidores.
Muchas gracias, señorías, por su atención y quedo a la espera de sus
preguntas.
La señora PRESIDENTA: Grupos que desean intervenir. (Pausa.)
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: El motivo de la comparecencia solicitada por el
Grupo Socialista es importante, yo diría que trascendental, en un momento
en que las intoxicaciones alimentarias, en disminución en nuestro país,
según sus datos, siguen preocupando a amplias capas de nuestra población.
Nosotros no podemos compartir el optimismo del Director general en el
sentido de que tanto nuestra normativa como la dinámica de coordinación
entre las instituciones y la configuración de nuestra sanidad exterior
cumplen todos los requisitos y están a la altura de lo que se hace en
estos momentos en el resto de los países de la Unión Europea.
La lentitud que demuestra el Ministerio de Sanidad y Consumo a la hora de
transponer la normativa europea, a la hora de configurar un sistema legal
y normativo en línea con lo que en estos momentos se está haciendo en
otros países, la afirmación de que esa normativa que rige el problema de
las intoxicaciones alimentarias es todo lo completa que podría ser en
estos momentos, no es la impresión que tiene nuestro Grupo parlamentario.
En la coordinación de las inspecciones, es evidente que la constitución
de la Comisión de Salud Pública en el seno del Consejo Interterritorial
de Salud ha hecho avanzar un tanto en la línea de esa nivelación del
trabajo, en la línea de esa armonización del esfuerzo inspector. Empieza
a superarse una cierta situación que se produjo en algunos momentos en la
historia reciente de nuestro país, una cierta sensación de desorientación
con respecto a las actuaciones absolutamente desiguales de unas
comunidades autónomas y de otras.
Nuestra preocupación es animarle a que el trabajo de esa Comisión de
Salud Pública consiga la nivelación en las actuaciones de las diferentes
comunidades autónomas, porque nos da la sensación de que en este país
siguen existiendo todavía profundas desigualdades, en cuanto al esfuerzo
que algunas comunidades hacen, a diferencia de otras, en el control de la
producción, comercialización y distribución de alimentos.
Sí nos gustaría que nos precisara un poco más algunos de los aspectos de
su intervención. En particular el que hace referencia a la red de alertas
alimentarias. Ha expuesto en su intervención que las actuaciones que esa
red de alertas ha puesto en conocimiento de la Administración venían
derivadas de comunicaciones de la Unión Europea. ¿Quiere decir esto que
la Unión Europea ha sido capaz de identificar problemas, intoxicaciones e
irregularidades en nuestro país antes que la Administración española y
que ha sido a instancias de terceros países o de la administración
europea cuando nuestro Gobierno ha decidido actuaciones de carácter
inspector o intervenciones concretas para asegurar el correcto
funcionamiento de nuestro mercado?
En la sanidad exterior ha incidido muy de pasada, no sé si porque
comparte nuestro criterio de que es uno de los aspectos contenidos en la
Ley General de Sanidad, que todavía está pendiente de configuración y de
un desarrollo normativo
y reglamentario, incluso de una dotación presupuestaria y administrativa
mucho más completa y eficaz de lo que en este momento podemos nosotros
tener conciencia.
Sí nos preocupa el alto nivel de irregularidades detectadas por la
Administración en los mataderos de nuestro país. La diferencia que ha
puesto de manifiesto entre las actuaciones positivas ofrecidas por las
inspecciones en las granjas y en los mataderos, las irregularidades que
se están poniendo de manifiesto permanentemente en algunas provincias
españolas y la persistencia en nuestro país de mataderos irregulares, que
no cumplen la normativa al completo, incluso de mataderos que están fuera
del control de las administraciones, es una de las actuaciones
prioritarias que, a nuestro juicio, debería efectuar nuestra
Administración. Nos gustaría saber cuál es el grado de denuncias que han
sido presentadas por la existencia de esos mataderos ilegales, de ese
tráfico de alimentos fuera de lo que son las líneas habituales en este
tipo de actuaciones.
Sobre lo que ha denominado autocontrol o riesgos que se ponen de
manifiesto por primera vez en nuestro país, es evidente que habría que
profundizar algo más en su explicación con respecto a ese programa
prospectivo, a ese control de mercado. En qué medida están colaborando
las administraciones autonómicas, en qué medida es un programa eficaz, en
qué medida tiene cabida la participación de las organizaciones de
consumidores y usuarios, en qué medida están funcionando los sistemas de
información de las corporaciones locales, de las comunidades autónomas,
en qué medida toda esa estructura se pone en funcionamiento, en qué
medida son receptores de esa información, y en qué medida se puede seguir
actuando sobre este tipo de sustancias, aún desconocidas, pero que ya
empiezan a estar presentes en muchas de las denuncias efectuadas por las
organizaciones o por los particulares preocupados por esta cuestión. En
especial el tema de las dioxinas presentes en algunos alimentos, no sólo
en los alimentos, sino también en el medio ambiente de nuestras ciudades,
y en algunas ocasiones sustancias emitidas por los propios centros
sanitarios que en el tratamiento de sus residuos todavía no tienen los
niveles de seguridad, control e inspección que serían de rigor en un país
como el nuestro.
Ha terminado su intervención hablando de la persistencia todavía de
escenarios inadmisibles en nuestro país en materia de salud pública y de
intoxicaciones alimentarias. Hablar fríamente de datos, en el sentido de
que podemos felicitarnos por el descenso del número de intoxicaciones
registradas, que han descendido en los últimos años en términos
absolutos, creo que no es el objeto de esta Comisión; no es tampoco esa
imagen de satisfacción o esa imagen de autocomplacencia lo que esperan
los ciudadanos de la actuación de nuestras administraciones. Usted
tendría que suministrarnos datos sobre la incidencia real que ese número
de intoxicaciones ha tenido, por ejemplo, en la mortalidad de los
ciudadanos afectados, cuál ha sido el nivel de riesgo real de cada una de
esas intoxicaciones, cuáles han sido las consecuencias cualitativas de
estas intoxicaciones, porque, simple y llanamente, los criterios
objetivos de las cifras podrían dar una imagen distorsionada de la
auténtica realidad. A nosotros nos gustaría conocer una valoración, mucho
más en profundidad que las meras cifras, sobre si realmente puede haber
disminuido el número de intoxicaciones --numéricamente consideradas--,
porque tal vez estemos ante la aparición de intoxicaciones de carácter
mucho más grave, de carácter mucho más importante, más relevante, desde
el punto de vista de la seguridad de los ciudadanos y de su propia
integridad física.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Frías Navarrete.
La señora FRIAS NAVARRETE: En primer lugar, en nombre del Grupo
Socialista, quiero agradecer la información y la presencia del Director
General de Salud Pública.
El Grupo Socialista ha solicitado esta comparecencia porque considera que
es fundamental que tanto el Parlamento como los ciudadanos conozcan la
política que se está llevando a cabo en materia de control de alimentos.
La calidad y la seguridad de los productos que consumimos nos preocupa a
todos cada vez más. Vivimos en una sociedad donde la experimentación en
este campo avanza velozmente. Esta semana podemos leer en una publicación
la siguiente noticia: Los consumidores españoles podrán degustar dentro
de poco carne de conejo mejorada genéticamente en laboratorio.
Señorías, la valoración que hacemos del sistema de controles y de la
coordinación que se lleva a cabo por parte del Ministerio --controles,
por supuesto, mejorables, como todo--, es positiva. No nos cabe la menor
duda de que desde las distintas administraciones se están poniendo todos
los medios para que los alimentos sean seguros y de calidad. Desde todas
las administraciones, porque como saben SS. SS., en virtud del reparto
competencial vigente, las tareas de inspección, control y, en su caso,
sanción corresponden a los ayuntamientos y comunidades autónomas, en
colaboración con la policía judicial; corresponde al Ministerio sólo la
coordinación, la planificación de campañas, la información a través, por
ejemplo, de la red de alerta, etcétera.
En este sentido, mi Grupo apoyará siempre que se actúe con el máximo
rigor a la hora de aplicar sanciones a los que realizan fraudes o
adulteraciones, tales como el citado de las vísceras de vacuno, que
atenten contra la salud y la seguridad de los consumidores. Pero a
excepción de problemas puntuales, como son los casos de sabotaje
comercial, que son competencia de la policía judicial, cada vez es más
difícil, cada vez son menos frecuentes los fraudes o adulteraciones,
porque, tal y como acabamos de escuchar al Director General, tenemos en
marcha todos los medios para impedirlos.
Quiero destacar, porque lo considero lo más importante, teniendo en
cuenta, además, el reto de la calidad y la competitividad de nuestros
alimentos y de nuestros productos en el ámbito europeo, la puesta en
marcha del sistema de análisis de riesgos y control de puntos críticos,
iniciativa en la que creo que nuestro país es pionero, iniciativa
voluntaria para las empresas que lo ponen en marcha y que tiene como
objetivo mejorar la calidad y la seguridad
de los productos, al analizar y prevenir posibles riesgos en el proceso
de fabricación industrial, pudiendo tomar así medidas para evitarlo.
Nos gustaría conocer más datos sobre esta iniciativa y qué valoración
hace su Ministerio de los productos en los que ya se ha efectuado y en
qué otros productos se va a llevar a cabo.
Mi Grupo quiere expresarle el apoyo y la colaboración en todas las
medidas que se adopten para proteger y mejorar la salud de los
consumidores.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las cuestiones que SS. SS. han
planteado en sus intervenciones, tiene la palabra el señor Director
General de Salud Pública.
El señor DIRECTOR GENERAL DE SALUD PUBLICA (Francisco Polledo):
Inicialmente contestaré al señor Burgos, del Grupo Popular, con dos
apreciaciones o puntualizaciones previas. La primera es que si en algunos
aspectos he sido parco en los datos, ha sido, sobre todo, para no abrumar
a SS. SS., para no aburrirles, convencido de que este tipo de
comparecencias y que la Comisión vea estos temas debería ser algo que se
repitiese con alguna asiduidad, porque no es razonable que los ciudadanos
estén más preocupados por ellos que lo que pudiera estar el Parlamento.
Por tanto, este Director ha tenido, sobre todo, una cierta intención de
brevedad y de no cansar a SS. SS.
Después hay otra circunstancia que, lógicamente, el señor Diputado no
puede apreciar puesto que no me conoce personalmente; soy tan
intrínsecamente pesimista, vitalmente y en todos los aspectos, que ni
siquiera en mi trabajo me puedo mostrar optimista, sean los resultados
los que sean. Si hay algo de lo que no se me puede acusar es de ser
optimista. Lo que ocurre es que el «Boletín Epidemiológico Nacional» pone
unos datos y yo se los he transmitido a SS. SS.; esos datos dicen que el
número de intoxicaciones alimentarias en los últimos tres años ha
disminuido, a lo mejor a pesar nuestro, pero, en todo caso, ha
disminuido. Es un dato y un juicio de valor.
La verdad es que España no tiene abierto ningún procedimiento en Bruselas
por retraso en transposición de directivas relacionadas con el control
alimentario y éste también es un dato, esto es así. No hay, por tanto,
retraso. Nuestro cuerpo normativo es idéntico en todo al de los países de
la Comunidad.
¿Se puede criticar la política de control alimentario que ha desarrollado
la Comunidad? Hay aspectos que se pueden criticar y se puede hacer
razonablemente, pero, en todo caso, desde luego, no hay peculiaridades
entre lo que ocurre en España y lo que se ha desarrollado desde la
Comisión de la Unión Europea.
Agradezco --y lo agradezco, además profundamente-- la intervención del
Grupo Popular apoyando la labor de coordinación que se ha hecho en el
seno de la Comisión de Salud Pública; se ha hecho en temas referentes al
control alimentario, pero se ha hecho también en otros aspectos que nada
tienen que ver con el control alimentario. El escenario competencial que
la Constitución, los estatutos de autonomía, la Ley General de Sanidad y
otras disposiciones, en definitiva, el escenario competencial que provoca
el bloque normativo sanitario, genera en el campo de la salud pública una
distribución de las competencias que, efectivamente, puede estar
amenazada por distorsiones que generasen diferencias entre los ciudadanos
y también, y eso sería muy grave, diferencias entre las presiones
inspectoras a las que están sometidas las industrias en función del lugar
geográfico en el que están radicadas. Evitarlo ha sido una verdadera
obsesión de la Comisión de Salud Pública y yo saludo tanto que el señor
Diputado tenga conocimiento de ello como su juicio favorable al respecto.
No me expliqué, evidentemente, con claridad cuando me referí a la red de
alerta; citaba casi un 25 por ciento de notificaciones a la red de alerta
que en ese período de cuatro años habían sido emitidas por la Unión
Europea. Daba el dato simplemente para ilustrar el funcionamiento del
mercado interior y hasta qué punto en estos momentos hay bastantes pocas
diferencias entre lo que ocurre en Hamburgo y lo que ocurre en Burgos;
pero en modo alguno quería decir que esas alertas hubieran sido dictadas
por las autoridades comunitarias respecto a deficiencias en productos
españoles. No, no se trataba de eso, era justamente todo lo contrario,
han sido en todos esos casos alertas sobre deficiencias en productos
procedentes de otro país y que podrían estar comercializándose en España;
pero no, desde luego, alertas que, habiendo sido detectadas en otro país,
procedieran de España.
El señor Diputado hace algunas referencias a la sanidad exterior
pendiente de desarrollo. Yo entiendo que no; hay un Real Decreto del año
1986 que regula las competencias en sanidad exterior y después,
justamente, una serie de transposiciones de directivas relativas a
productos procedente de terceros países, de países no miembros de la
Unión Europea. Por si fuese poco, en el seno del Ministerio de Economía
funciona una Comisión, en la que está el Ministerio de Sanidad y Consumo
también, relacionada con el control de todo tipo de productos, pero
también de los alimenticios, en los puertos españoles. Yo no creo, puesto
que si lo pensase lo rectificaría, que en sanidad exterior haya pocos
recursos ni que esté pendiente de una normativa de desarrollo. Ahora, lo
que debo señalar a SS. SS. es que la sanidad exterior hoy en día es una
sanidad exterior que no tiene nada que ver con la de inspiración
decimonónica del siglo anterior. Es en sanidad exterior tanto como, si en
términos de defensa, nos planteásemos la defensa de un país desplegando
el Ejército en las costas y en las fronteras; no es así como se defiende
un país ni tampoco como se garantiza la seguridad en términos de sanidad
exterior. Cada vez las cosas que se hacen en las fronteras son menos
importantes, puesto que las cosas que hay que hacer son más sofisticadas
y, por tanto, no compatibles con el tráfico que se produce en un aduana,
y cada vez más la sanidad exterior está compuesta por actividades que se
desarrollan puertas adentro de nuestras fronteras.
Sobre los mataderos tengo que decir que es un problema tradicional de
nuestro país y lo va a seguir siendo durante algunos años. Es un problema
que tiene unos orígenes muy concretos y específicos. Las leyes de régimen
local han venido obligando durante mucho tiempo a que en
todos los municipios de más de 5.000 habitantes hubiese algún matadero.
Esto ahora ya no es así, lo cual nos provoca una situación histórica con
dos efectos: o existe el matadero en el municipio de 5.000 habitantes, en
cuyo caso es, en la inmensa mayoría de las ocasiones, una instalación no
rentable y que tiene enormes dificultades para subsanar las deficiencias
que se presenten, o desaparece el matadero y, en ese caso, nos
encontramos con un vacío en una situación que tiene algunos siglos de
existencia. En esas situaciones y ante una ruptura con lo que ha venido
siendo tradicional y constante, se produce y emerge el fenómeno de las
matanzas clandestinas. No es un problema, contrariamente a lo que pudiera
ocurrir, exclusivo de nuestro país; es un problema que, en muchas
ocasiones, tiene circunstancias o derivaciones sanitarias, pero que en
muchas otras --y debo señalarlo claramente-- tiene sólo una relevancia
desde el punto de vista estético. En todo caso, yo creo que estamos en el
camino de que esa situación se supere, pero, desde luego, mentiría, y
jamás he mantenido lo contrario, si dijera que la superación absoluta del
problema se fuese a producir el próximo año; no. Venimos de una tradición
de algunas décadas y, por tanto, esto nos llevará algún tiempo.
Sistema de autocontrol. Me gustaría que SS. SS. tuvieran acceso a la
valoración, no a la que hago yo, sino a la que hace el propio sector
industrial, absolutamente entusiasmado con la idea, absolutamente
favorable a la iniciativa del Ministerio; han sido ellos lo que la han
hecho posible, puesto que, por su propia naturaleza, nada conseguiríamos
si no fuese con su colaboración.
Las dioxinas se conocen desde hace tres lustros y desde hace uno se
especula con sus efectos nocivos para la salud. No es un tema específico.
Recientemente, la Agencia Americana de Medio Ambiente se ha mostrado
animada a incluir las dioxinas entre las sustancias cancerígenas y se ha
producido una cierta controversia científica, pues las autoridades
francesas opinan justamente lo contrario. Yo creo que, frente a las
dioxinas, lo que corresponde es una actitud atenta, y ésta es la que
venimos manteniendo. Hay muy pocos laboratorios en el mundo capaces de
hacer determinaciones de dioxinas. Para que ustedes se hagan una idea,
hay sustancias que se buscan en porcentajes, algunas que se buscan en
tantos por mil; hay algunas, pocas, muy peligrosas, que se buscan en
tantos por millón; hay muy poquitas, muy poquitas, que son tan peligrosas
que se buscan en partes por billón y sólo hay unas, que son las dioxinas,
que se buscan en partes por trillón. Esto creo que nos dará a todos una
idea sobre qué estamos hablando. Nosotros, y ésta es una de esas veces en
que un responsable público se puede mostrar orgulloso de responder una
pregunta de una manera muy concreta, hace tres años que estamos
preocupados por las dioxinas y mantenemos un convenio de colaboración con
los únicos laboratorios que en España son capaces de hacer estas
determinaciones, laboratorios dependientes del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, y desde el año 1992 venimos realizando
ritualmente análisis de dioxinas en alimentos españoles, muy poquitos; es
muy difícil hacer más de 50 o 100 muestras al año y es muy difícil,
después de haber hecho los análisis, interpretarlos. Estamos trabajando
en las dioxinas y, de momento, con los datos actuales que tenemos, no
hemos encontrado nada. Por ejemplo, en las determinaciones que se han
hecho sobre la leche, de momento, los niveles que se han encontrado son
cien veces inferiores a los niveles con los que la Organización Mundial
de la Salud viene especulando como potencialmente peligrosos. Es un
problema el de las dioxinas que nos va a ocupar en los próximos años. A
nosotros, de momento, además de ocuparnos, nos preocupa, y estamos
haciendo lo que se puede hacer: obtener datos y poco más. Difícil es,
aunque también --y tengo pendiente una entrevista con algún grupo
ecologista--, trabajar para evitar la contaminación con dioxinas. Es
verdad que la forma principal de acceso a las personas es la
alimentación, pero no la única; también se contagia a través del medio
ambiente. En cuanto a que no estén presentes en el medio ambiente, el
problema es extraordinariamente complicado. La incineración de residuos,
incluidos los residuos sanitarios, es una de las fuentes, pero hay otras
muchas relacionadas con las industrias del cloro, con las industrias
papeleras, etcétera. Yo creo que somos subsidiarios en el tema de las
dioxinas y deberemos ser subsidiarios de lo que a nivel internacional se
realiza.
Termino contestando al señor Burgos. Yo le insisto en que mi personalidad
me impide ser optimista absolutamente con nada y tampoco con este asunto.
Lo que ocurre es que ciertamente, las intoxicaciones alimentarias han
descendido en los últimos tres años; no hago de eso una valoración
positiva y, desde luego, no me atrevería en modo alguno a considerar que
se debe a la gestión que nosotros podamos estar haciendo. Estamos
hablando de un problema suficientemente insidioso como para que yo me
tiente mucho la ropa antes de hacer una valoración de ese tipo, porque sé
que la realidad me puede callar la boca esta misma tarde. Yo creo que
nosotros tenemos el panorama un poco mejor que hace tres años y, además,
en los últimos tres años, por las razones que sean, los datos son los que
son y son que las intoxicaciones agrupadas en brotes han descendido.
Respecto a la intervención del Grupo Socialista, yo, de nuevo, le
agradezco e incluso, si ello no fuese contra el uso parlamentario,
animaría a que este tipo de comparecencias se repitiese con alguna
periodicidad, porque entiendo que es muy importante que se pueda airear
cuál es la política que se está haciendo en control de alimentos. Créame,
me consta, tengo datos de que a los ciudadanos cualquier tipo de
especulación, cualquier tipo de riesgo o cualquier tipo de inseguridad
con los alimentos es algo que les produce una enorme zozobra.
Por tanto, pienso que el Parlamento debe estar informado al respecto y
agradezco una vez más al Grupo Socialista esta solicitud.
Ha citado la señora Frías el rigor en las sanciones. Este es un asunto
muy importante, pero que escapa totalmente de nuestro ámbito
competencial, corresponde a las comunidades autónomas y, en menor medida,
a los ayuntamientos, y es evidente que ése es un problema importante no
tanto por el efecto que provoca la acción represiva, sino por un fenómeno
de supervivencia. Un inspector que, después
de realizar una detección y levantar un acta, no compruebe que su acción
se traduce en algún tipo de sanción, es evidentemente un inspector que la
siguiente actuación la hará más relajado y la siguiente más relajado y la
siguiente más relajado. Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con ese
aspecto.
Agradezco la diferencia, que no siempre se hace, que hay entre lo que es
el control alimentario y lo que es enfrentarse con sabotajes
alimentarios, detrás de los cuales, en muchas ocasiones, hay verdaderos
casos policiales y que no corresponde a las autoridades sanitarias ni al
sistema de salud evitarlos, sino que es, pura y llanamente, una acción de
policía contra delincuentes comunes.
Por último, el sistema de análisis de riesgos y control de puntos
críticos. Le puedo garantizar que es un asunto en el que insisto, también
sin ningún tipo de optimismo pero constatando y dando fe de una realidad;
es algo que los ensayos españoles están haciendo en este momento en mayor
medida que sus homónimos de otros países; es algo fundamental que
nuestras industrias se caractericen y se asocien con este tipo de
sistemas de autocontrol, ya no tanto por las garantías que puede dar para
los consumidores, que también, como por el prestigio internacional que
eso genera, y nuestra industria agroalimentaria ha sido una industria
necesitada de tener un buen nombre y de tener una imagen absolutamente
clara y transparente; que lo están haciendo; que tenemos por lo menos
doce sectores, los más importantes dentro del sector cárnico, del sector
lácteo, del sector alimentos infantiles, etcétera, incluidos en el
programa; que la valoración es muy positiva y que tenemos unas
perspectivas, yo creo, bastante favorables para que se siga implantando y
desarrollando.
Eso es todo, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias al señor Director General de la
Salud Pública, a quien despedimos de esta Comisión.
--DEL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y ASEGURAMIENTO (SEVILLA PEREZ),
PARA INFORMAR ACERCA DE LOS PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA
NACIONAL DE SALUD. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/000701.)
La señora PRESIDENTA: Comparecencia del Director General de Planificación
y Aseguramiento, don Francisco Sevilla Pérez, para informar acerca de los
principales resultados de la Encuesta Nacional de Salud.
Esta comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Damos la bienvenida al señor Director General de Planificación y
Aseguramiento a esta Comisión y, para presentar el objeto de la
comparecencia, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista,
el señor Sabaté Ibarz.
El señor SABATE IBARZ: Muy pocas palabras porque creemos que la necesidad
o la conveniencia de esta comparecencia se justifica por sí sola.
Se trata de una encuesta a la que han respondido más de 25.000 ciudadanos
españoles respecto a preguntas mediante las que expresan cuál es la
percepción que tienen sobre su salud.
Por tanto, esperamos las palabras de don Francisco Sevilla, a quien
agradecemos de antemano su comparecencia y, en todo caso, al final
haremos nuestros comentarios y las preguntas pertinentes.
La señora PRESIDENTA: Cuando quiera, tiene la palabra el señor Director
General de Planificación y Aseguramiento.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y ASEGURAMIENTO (Sevilla
Pérez): Gracias, señora Presidenta, al igual que a todos ustedes y
especialmente al Grupo Parlamentario Socialista por solicitar la
comparecencia de la Dirección General de Aseguramiento y Planificación
para presentarles los primeros resultados, o los más importantes, de la
Encuesta Nacional de Salud realizada en el año 1993.
Como saben todos ustedes, la salud hoy en día se considera como el
resultado de una serie distinta de variables: variables vinculadas a
factores biológicos, variables que están ligadas a factores del medio
ambiente, variables que están ligadas a los estilos de vida de los
ciudadanos y variables ligadas a la actuación de los servicios
sanitarios.
Para conocer el estado de salud de la población se necesitan múltiples
sistemas de información y hay uno de ellos que nos parece absolutamente
fundamental, que es saber cómo los ciudadanos perciben su estado de
salud, cómo consideran que se encuentran, qué hábitos de vida están
desarrollando y cuál es la utilización de servicios que hacen. Todo ello
es lo que el Ministerio de Sanidad y Consumo pretendió al poner en
marcha, por primera vez en la historia de España, la Encuesta Nacional de
Salud en el año 1987 y que, como saben todos ustedes, se publicó en el
año 1989.
Pasados seis años de aquella Encuesta Nacional de Salud se decidió
repetir la encuesta en el año 1993, con unas características muy
similares, para saber cómo estábamos en ese momento y cuáles son las
orientaciones que, a partir de la percepción de los ciudadanos sobre su
salud, podemos dar hacia los servicios sanitarios y hacia los
responsables de la gestión de estos servicios sanitarios para que puedan
tener criterios objetivos de orientación de esos servicios, teniendo en
cuenta que la encuesta es un elemento que consideramos imprescindible,
pero que no es el único elemento para conocer el estado de salud y que
además tiene las limitaciones que toda encuesta conlleva.
En ese sentido, les voy a presentar lo que son los primeros resultados o
los que, en nuestra opinión, son más relevantes.
La encuesta es tremendamente amplia. Esta es la publicación de 1987, que
me imagino que tendrán todos ustedes y si a alguien le interesa se la
podríamos hacer llegar, que
salió en el año 1990, como les he dicho. Espero que a finales de este año
o principios del siguiente tengamos ya a disposición de todos los
ciudadanos la publicación sobre las tablas y los resultados de la
Encuesta Nacional de 1993, pero sepan también y tengan la seguridad de
que la disponibilidad de la encuesta para poder hacer las explotaciones
que se consideran más adecuadas es algo que se está haciendo. Por tanto,
al igual que en este momento se siguen haciendo explotaciones de la
encuesta del año 1987, durante la vigencia de la encuesta de 1993 se
realizarán múltiples explotaciones. Por tanto, hasta que no se hayan
explotado convenientemente, se hayan analizado y se hayan interpretado
los datos, será difícil poder hacer una valoración sobre ella.
En este sentido, además de hacer la encuesta mediante convenio con el
Centro de Investigaciones Sociológicas, también estamos haciendo las
explotaciones de la encuesta mediante convenios con el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Se está terminando una explotación sobre
el análisis de la cobertura, se está planteando otro convenio con el
Consejo para el análisis de la utilización de servicios, etcétera. Es
decir, la encuesta es un material de trabajo importantísimo para poder
planificar la actuación de los servicios sanitarios.
Igualmente la encuesta y su base de datos se han puesto a disposición de
todas las comunidades autónomas para que puedan analizar cuál es la
situación derivada de los datos de esta encuesta en su comunidad y puedan
tener igualmente elementos de referencia.
Si me permiten ustedes, voy a utilizar el proyecto de transparencias
porque me parece que así es más fácil poderles presentar estos
resultados, que en definitiva son tablas sobre la Encuesta Nacional de
Salud.
La señora PRESIDENTA: Señorías, dado que para la presentación de
transparencias el señor Sevilla Pérez no va a disponer de micrófono,
rogaría una vez más extremen el silencio en la sala.
Muchas gracias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y ASEGURAMIENTO (Sevilla
Pérez): Trataré de elevar el tono de voz.
Vemos aquí (Señalando la pantalla donde se proyectan las transparencias.)
cuáles son las materias de la Encuesta Nacional de Salud. Podemos
agruparlas en cuatro grandes grupos, que son: el estado de salud
percibida por los ciudadanos, la utilización de servicios que hacen estos
ciudadanos, los hábitos de ellos y la realización de actividades
preventivas, todo ello con unas variables de control que son la edad, el
sexo, la comunidad, la educación, el hábitat, la ocupación y el «status»
socioeconómico.
En esta transparencia tienen ustedes reseñadas aquellas materias que ha
estudiado la encuesta y que son nuevas en relación con la de 1987, es
decir, en la encuesta de 1987 no estaban incluidas y se han incluido en
la de 1993.
Dentro del estado de salud, está la valoración subjetiva del estado de
salud, los accidentes, las enfermedades crónicas, las limitaciones de la
actividad y el autovalimiento de los ciudadanos, que es un aspecto nuevo
introducido en la encuesta de 1993.
La utilización de servicios no contempla ninguno nuevo. Los hábitos de
vida tampoco.
En las actividades preventivas se han introducido tres aspectos que nos
parecían tremendamente importantes: cuál es el conocimiento del
calendario de vacunación infantil por parte de los adultos responsables,
normalmente de los padres; cuál es el control ginecológico fuera del
embarazo y el parto, es decir, el control que se realiza de forma
preventiva por parte de las mujeres atendiendo al ginecólogo, y cuál es
el impacto de las vacunaciones antigripales que, como saben todos
ustedes, empezaron a hacerse de forma masiva a partir del año 1989 por
diferentes servicios de salud y diferentes ayuntamientos.
En cuanto a las variables de control, se introdujo el «status»
socioeconómico, por ser una variable que nos parecía importante a la hora
de poder realizar cruces para conocer cuál era el estado de salud de la
población.
La encuesta se ha hecho a través de un muestreo por comunidades
autónomas, habiéndose realizado 21.120 entrevistas a adultos y 5.280 a
niños. Esto supone una diferencia con respecto a la encuesta nacional de
1987, en la cual, como pueden ver en la publicación, la muestra era más
amplia, ya que el objetivo que se perseguía era buscar resultados
significativos a nivel provincial, que fue el problema que presentó,
puesto que no en todas las provincias se obtuvieron resultados
significativos a nivel provincial. Parecía más razonable, de acuerdo con
la configuración del Estado y con las competencias de la Ley General de
Sanidad, buscar una representatividad de los resultados a nivel de
comunidades autónomas, y así ha sido como se ha diseñado la encuesta de
1993 que, en definitiva, ha entrevistado a más de 26.000 personas en todo
el territorio nacional para conocer las diferentes materias que hemos
analizado.
¿Cuál es, globalmente, la valoración del estado de salud que hacen los
ciudadanos españoles? Aquí (Señalando la diapositiva proyectada en la
pantalla.) aparece la comparación entre la valoración correspondiente a
los años 1987 y 1993, y quería decirles que, en algunas de las materias
estudiadas, la comparación entre el año 1987 y el año 1993 (aunque
ustedes la tendrán cuando esté la publicación disponible) hay que
tamizarla, porque el momento en que se produce la encuesta es diferente:
una se hizo en el mes de febrero y la otra se hizo durante un mes de
verano; por tanto, las preguntas relativas al consumo de medicamentos en
los últimos 15 días es tremendamente variable, por la incidencia
temporal. Lo mismo puede ocurrir en cuanto a la utilización de
determinados servicios, etcétera.
En relación con el estado de salud, como ven ustedes, no existe
prácticamente variación entre los datos que aparecen en la encuesta de
salud de 1987 y los que aparecen en la de 1993. El 68 por ciento de los
ciudadanos consideran su estado de salud bueno o muy bueno; el 24 por
ciento, regular, y un siete por ciento de los ciudadanos considera malo o
muy malo su estado de salud. Estado de salud que, si lo analizamos por
edad y sexo, nos da los datos conocidos en los países de nuestro entorno
económico y
social, que han sido publicados en España, a través de estudios
particulares, o a través de encuestas realizadas por alguna comunidad
autónoma o por algún ayuntamiento y que, además, se corresponden con lo
que un análisis lógico nos puede decir. La percepción del estado de salud
empeora con la edad, de tal manera que un 89 por ciento de los ciudadanos
de cero a 15 años consideran su estado de salud muy bueno, mientras que
el 42 por ciento de los varones mayores de 74 años consideran su estado
de salud muy bueno; el 44 por ciento, regular, y el 14 por ciento, malo o
muy malo. En mujeres ocurre exactamente lo mismo en relación con la edad,
y en la comparación entre varones y mujeres, que es la que aparece en el
grupo de arriba y en el grupo de abajo (Señalando en la diapositiva
proyectada en la pantalla.), en general en todos los grupos de edad es
mejor la percepción, en algunos casos de forma significativa y en otros
no, del estado de salud por parte de los varones que por parte de las
mujeres.
La valoración del estado de salud en la población de más de 16 años, por
«status» social, también nos muestra las diferencias descritas, que se
conocen perfectamente y a las que me refería al principio; es decir, el
estado de salud de una población es el resultado de una conjunción de
factores, entre los cuales el factor socioeconómico, el nivel educativo,
etcétera, son tremendamente importantes. Como ven (Señalando nuevamente
la transparencia proyectada en la pantalla.), los ciudadanos que tienen
un «status» acomodado (medio alto o medio medio) tienen una percepción
mejor de su salud que aquellos que tienen un «status» medio bajo o bajo.
El porcentaje de muy bueno baja de niveles superiores al 14 por ciento
hasta el ocho por ciento e igual pasa en los porcentajes de bueno, y al
revés sucede en los otros niveles.
Otra materia de estudio es la relativa a los accidentes: qué población ha
tenido accidentes en los últimos 12 meses previos a la realización de la
encuesta. Como ven ustedes (Señalando la transparencia proyectada en la
pantalla.), se recogen los datos de 1987 y 1993 (les recuerdo la salvedad
que les hice anteriormente), y en los correspondientes a 1993 aparece que
el ocho por ciento de los ciudadanos encuestados habían tenido un
accidente y el 90 por ciento no habían tenido ninguno.
La encuesta se refería a los accidentes que ese ocho por ciento de
ciudadanos habían sufrido en el último año, pero para buscar mejor
recuerdo se les preguntaba cuál había sido el último y dónde había tenido
lugar. Los datos obtenidos ponen de manifiesto que el mayor porcentaje de
accidentes, globalmente, se produce en casa, fundamentalmente en las
escaleras, y en cuanto a los producidos en el trabajo o en el lugar de
estudio, lógicamente el mayor porcentaje se da en los niños, ya que el 32
por ciento de los niños que tienen accidentes los sufren en el lugar de
estudio. Los accidentes de tráfico en calle o carretera representan el 33
por ciento en los adultos, y en la calle, sin ser accidentes de tráfico,
representan el 16 por ciento. También aparece un apartado con el título
de «Otros», que refleja un 10 por ciento de accidentes en adultos y un
ocho por ciento en los niños.
¿Qué tipo de asistencia se requirió cuando se presentaron accidentes o en
caso de accidentes de tráfico? La primera parte que aparece aquí
(Señalando una vez más la diapositiva que se proyecta en la pantalla.) se
refiere a todo tipo de accidentes y la siguiente es la correspondiente a
los accidentes de tráfico. De los ciudadanos que tuvieron todo tipo de
accidentes, un 20 por ciento de ellos no precisaron ninguna actuación por
parte de los servicios sanitarios, un 24 por ciento acudió a un médico,
un 45 por ciento a un centro de urgencias y un ocho por ciento tuvo que
ser ingresado en un hospital. En el caso de los accidentes de tráfico
esto varía significativamente, fundamentalmente en lo que se refiere a
los ingresos en hospitales, que pasa de un ocho por ciento de ciudadanos
que ingresaron en un hospital a un 14 por ciento que precisaron ingreso
en un hospital como consecuencia del accidente de tráfico.
La siguiente materia estudiada era la relativa a las enfermedades
crónicas. Como saben ustedes, el patrón de morbi-mortalidad en el Estado
español es el patrón que corresponde a los países desarrollados, en el
cual las enfermedades crónicas juegan un papel muy importante, a lo que
lógicamente se une el envejecimiento de la población. ¿Cuáles son las
enfermedades crónicas más diagnosticadas en la percepción del ciudadano?
Porque es el ciudadano el que nos dice qué se le ha diagnosticado, no es
un diagnóstico de salud en función de conocer la historia clínica,
etcétera, sino aquello que el ciudadano conoce que se le ha
diagnosticado. Las más frecuentes son la hipertensión arterial, el
colesterol alto, la diabetes, la bronquitis crónica, enfermedades del
corazón, úlcera de estómago y alergias, teniendo la mayor parte de ellas,
excepto la alergia, un patrón que corresponde a su cronicidad y que va
muy ligado a las variables demográficas en las que el país se está
moviendo.
Una de las materias nuevas incluidas en la encuesta de 1993, que no
aparece en la de 1987, es la relativa al autovalimiento en ciudadanos
mayores de 65 años. Esta es una materia que nos parece transcendental
para la orientación de los servicios sanitarios y, fundamentalmente, para
la orientación de los cuidados que las personas mayores van a precisar.
¿Cuál es la dificultad de autocuidados que tienen estas personas mayores
de 65 años? Como podrán apreciar, aparecen tres niveles (Señalando la
diapositiva proyectada en la pantalla.): una barra representa el
porcentaje de mayores de 65 años que tienen alguna limitación, la línea
azul se refiere a aquellos que además de tener alguna limitación precisan
ayuda para realizar ese cuidado y la línea verde a aquellos que no sólo
precisan ayuda sino que tampoco pueden valerse, es decir, que necesitan
que se lo haga alguna persona. El cinco por ciento de estos ciudadanos
tienen dificultad para preparar su desayuno, el ocho por ciento para
preparar la comida, un seis por ciento para tomar sus medicinas, siendo
el factor más significativo el representado por el 21 por ciento de los
mayores de 65 años que tienen dificultades para cortarse las uñas de los
pies y el 11 por ciento para bañarse o ducharse. Precisan ayuda unos
porcentajes del 12 por ciento para cortarse las uñas y un 9 por ciento
para ducharse o bañarse.
No solamente los mayores de 65 años tienen dificultades para realizar
algunas actividades sino que presentan dificultades de movilidad, que se
valoraron a través de estas
cinco preguntas: cómo coger autobús/metro, andar con/sin bastón,
levantarse/acostarse, subir diez escalones y andar durante una hora. El
19 por ciento de los mayores de 65 años tienen limitaciones para poder
pasear durante más de una hora, o un 15 por ciento para coger el autobús
o el metro y un 10 por ciento de ellos precisan ayuda para coger esos
medios de transporte.
El siguiente grupo de materias era sobre la cobertura sanitaria y la
utilización de servicios sanitarios. ¿Cuáles son los datos de cobertura
sanitaria en España en el año 1993 en relación con 1987? Como ven ustedes
(Señalando la transparencia en la pantalla.), hay dos grupos, uno en el
que se compara 1987 con 1993. Si hacen la suma, asciende a más de cien,
puesto que están incluidos los solapamientos en la doble cobertura que
tienen algunos ciudadanos españoles. Esta es la cobertura exclusiva en
1993. De 1993 a 1987 se ha incrementado --creo que es el factor
diferencial más importante-- la cobertura por Seguridad Social, ha
disminuido claramente la cobertura por beneficiencia y ha descendido algo
la cobertura por las mutualidades del Estado, tanto de aquellos
ciudadanos que eligen Seguridad Social como de los que eligen seguro
privado. La cobertura sanitaria con financiación pública alcanza, como
mínimo, según los datos de la encuesta de 1993, al 98,5 por ciento de la
población.
¿Cómo se distribuye esta cobertura en el territorio nacional? La
distribución de la cobertura en el territorio nacional es la que tienen
en este gráfico. (Señalándolo en la pantalla.) Aquí hablamos de la
cobertura exclusiva por Seguridad Social, y por Seguridad Social como
entidad que cubre el riesgo. Por lo tanto, no están incluidos aquellos
ciudadanos que son atendidos por Seguridad Social, porque están en una
mutualidad y eligen Seguridad Social; estamos hablando de cobertura. Como
ven, la mayor parte del territorio nacional tiene una cobertura superior
al 86,5 por ciento, exclusiva por Seguridad Social. Hay tres comunidades
autónomas en las que es inferior al 81 por ciento (siempre superior al 75
por ciento), que son Madrid, Cataluña y Baleares; luego, la Comunidad
Autónoma de Aragón, que tiene una cobertura entre el 80 y el 86 por
ciento exclusiva por Seguridad Social.
Cobertura por seguros médicos privados, también cobertura exclusiva, que
tienen ustedes en el gráfico (Señalándolo en la pantalla.), que
lógicamente se corresponde con el que hemos presentado anteriormente. En
la mayor parte del territorio existe cobertura por seguros privados, que
oscila entre el 0,7 y el 1,3 por ciento de la población. En este color
amarillo (Indicándolo en el gráfico en la pantalla.) que tiene la mayor
parte de las comunidades autónomas. Hay dos comunidades autónomas que
tienen por debajo del 0,6 por ciento, la Comunidad Autónoma de Galicia y
la de Cantabria, y tres comunidades autónomas que tienen mayor cobertura
exclusiva por seguros privados, Madrid, Murcia y Baleares, sin llegar en
ningún caso al 3 por ciento de la población con esta modalidad exclusiva
de cobertura.
Cobertura total por seguros médicos privados. Aquí ya se incluyen los que
tienen cobertura exclusiva y ciudadanos que tienen duplicidad de
cobertura. La mayor parte del territorio presenta unos niveles de doble
cobertura, cobertura por seguros médicos privados, inferior al 6,4 por
ciento, siendo la Comunidad Autónoma de Extremadura la que menos tiene.
Hay tres comunidades autónomas, lógicamente las tres que tenían menos
cobertura exclusiva por Seguridad Social, Madrid, Cataluña y Baleares,
que son las que tienen unos niveles mayores de cobertura total por
seguros médicos privados: entre el 11,5 y el 18,3 por ciento de la
población.
En la utilización de servicios, la primera materia que se pregunta es si
han consultado al médico en los últimos quince días, por edad y sexo. Se
observa que, por edad, lógicamente aumentan las curvas de frecuentación,
que están perfectamente descritas; se consulta más en las edades primeras
de la vida y se vuelve a consultar más en edades avanzadas. Normalmente
consultan más las mujeres que los hombres. Esta es una curva de
frecuentación a los médicos habitualmente.
¿Qué ciudadanos refirieron que habían precisado ser hospitalizados en los
últimos doce meses? En la Encuesta Nacional de 1987, el 7 por ciento de
los ciudadanos habría precisado hospitalización en los últimos doce
meses, y en la encuesta de 1993 igual número de ciudadanos: un 7 por
ciento de los ciudadanos habrían precisado ser hospitalizados en los
últimos doce meses.
Las visitas al servicio de urgencias presentan una pequeña variación.
Hago la salvedad que les he venido haciendo de los diferentes momentos de
la encuesta, aunque ésta es el recuento del año anterior. El 12 por
ciento de los ciudadanos habían precisado atención en un servicio de
urgencias en el año 1987 y el 14 por ciento había acudido a ese servicio
de urgencias en el año 1993 o, más que en el año 1993, en los últimos
doce meses antes de hacerse la encuesta, que se realizó en el mes de
febrero de 1993.
Si analizamos la hospitalización de los ciudadanos y las urgencias con la
variable de «status» social, vemos un aspecto que me parece absolutamente
importante: que no existen en el sistema sanitario español barreras de
acceso a los servicios sanitarios por «status» social. Como conocen
ustedes, está perfectamente descrito, incluso tiene nombre de ley, la ley
de Say, que en los servicios sanitarios utilizan más servicios aquellos
que menos los necesitan porque tienen problemas en el acceso. El sistema
sanitario español ha conseguido romper esta ley porque permite un acceso
independientemente del «status» social de los ciudadanos y acuden más
aquellos que tenían una peor percepción de su estado de salud.
Igualmente, en cuanto al número medio de ingresos, pueden ver que el 7
por ciento de los ciudadanos es una cifra inferior a la frecuentación que
tenemos de las encuestas de morbilidad: aproximadamente el 9 ó el 9,5 de
los ciudadanos acuden a la hospitalización y es debido a que los
ciudadanos reingresan por diferentes motivos.
El consumo de medicamentos por edad presenta esta gráfica (Indicándola en
la transparencia de la pantalla.) que lógicamente coincide con los
patrones de morbi-mortalidad que hemos visto, con los patrones de
morbilidad y con los de enfermedades crónicas. Consumen más medicamentos,
aunque sea la pregunta referida a los últimos quince días, según avanza
la edad, de manera que el 77 por
ciento de los ciudadanos de más de 74 años habían consumido algún
medicamento en esos últimos quince días.
¿Qué tipos de medicamentos consumen los ciudadanos? En los últimos quince
días, la mayor parte de los medicamentos que se han utilizado coinciden
con aquellas enfermedades crónicas que los ciudadanos referían que
padecían, excepto la más significativa aquí: las medicinas para el
catarro. Les recuerdo que la encuesta se hizo en el mes de febrero, por
lo que se han utilizado medicinas para el catarro en los últimos quince
días, igual que las medicinas para el dolor y/o bajar fiebre. Aparte de
éstos, los medicamentos más consumidos son las medicinas para la tensión.
Les recuerdo que era la enfermedad crónica más diagnosticada según
referían los ciudadanos en la encuesta.
¿Cuál es el motivo de consultar al dentista, según la Encuesta Nacional
de Salud? Los motivos no son iguales, lógicamente, para los niños que
para los adultos. Sin embargo, el más frecuente, tanto en niños como en
adultos, es el empaste de muelas y luego la extracción de alguna pieza
dental. El 22 por ciento de los adultos habían consultado también para
realizarse limpieza de boca y, en el caso de los niños, un 38 por ciento
habían acudido al dentista para hacerse revisiones de su dentadura.
Entramos en otro de los bloques de la Encuesta Nacional de Salud, que es
el conocimiento o la actuación de las actividades preventivas. Ya les
decía que se habían introducido algunas materias nuevas en la encuesta de
1993, una de ellas el conocimiento sobre las vacunaciones recomendadas en
niños menores de seis años, y cuál es el conocimiento que tienen los
responsables adultos sobre el calendario vacunal de cada una de las que
se ponen. Como ven ustedes (Señalando la transparencia proyectada en la
pantalla.), el conocimiento es bastante alto, siendo el más bajo el de
las paperas, con un 61 por ciento, mientras que el de la polio alcanza al
94 por ciento del conocimiento por parte de los adultos.
Otra actividad que se había introducido era la visita al ginecólogo por
grupos de edad, visita que, como he dicho, está fuera del embarazo y el
parto y que se dirige fundamentalmente al conocimiento y seguimiento de
las actividades preventivas. Como vemos, la mayor incidencia de visita al
ginecólogo se produce precisamente en aquellos grupos de población a los
que se dirigen las enfermedades preventivas del cáncer, etcétera, como
son los grupos de edad entre los 25 a 64 años y el de 45 a 64 años.
En cuanto a la vacunación antigripal, los colectivos a los que se dirigen
las campañas son fundamentalmente el de enfermedades crónicas y el de
mayores de 65 años. Como vemos, el 46 por ciento de los ciudadanos de
entre los 65 y 74 años se ponen la vacuna antigripal, y el 55 por ciento
de aquellos de más de 74 años, con lo cual las campañas de vacunación
antigripal están alcanzando a aquellos colectivos para los cuales se han
desarrollado.
En relación con el consumo de tabaco, les muestro los datos de la
encuesta de 1993. En comparación con la encuesta del año 1987, se ve una
discreta disminución en el número de fumadores, incrementándose los que
nunca han fumado y el número de ex-fumadores.
¿Cuál es la tipología del consumo de tabaco? En la encuesta de 1993 y la
que se desprendía de los estudios que se realizaron en el año 1989 sobre
los estilos de vida de la población adulta española el número de no
fumadores ha disminuido un punto; prácticamente se mantiene. Fumadores
moderados, de uno a 10 cigarrillos al día, el 11 por ciento de la
población; fumadores habituales, de 11 a 20 cigarrillos al día, han
bajado del 17 al 15 por ciento; fumadores altos, es decir, de 21 a 40
cigarrillos al día, han bajado del 6 al 5 por ciento. Y de fumadores
pesados (Rumores y risas.), es decir, aquellos que fuman más de 40
cigarrillos al día no parece que haya ningún ciudadano en el año 1993 que
haya preferido encontrarse en esa categoría. (Siguen los rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, les ruego guarden silencio. El
señor Sevilla no ha querido decir que esta Comisión sea la más pesada de
la Cámara, aunque en sentido figurado quizá lo hayamos entendido así.
(Risas.) Guarden silencio, por favor.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y ASEGURAMIENTO (Sevilla
Pérez): Les presento la tipología del consumo de alcohol, sobre lo que
también comparamos los resultados de la encuesta de 1993 con la de 1989.
Se consideran abstemios, es decir, que no prueban el alcohol, el 33 por
ciento de los ciudadanos, y hemos incrementado a un 39 por ciento.
Bebedores ligeros, es decir, hasta 125 centímetros cúbicos de alcohol
puro a la semana, han disminuido del 43 al 41 por ciento. Bebedores
moderados, un 14 por ciento de la población. Los bebedores altos han
disminuido de un 4 a un 2 por ciento y han disminuido de forma muy
importante los bebedores excesivos, que han pasado del 7 al 2 por ciento
de la población.
Para terminar, quisiera presentarles la última materia analizada en la
encuesta, que es la realización de ejercicio físico por «status». Es
imprescindible analizarla por «status social», puesto que hay que poner
en correlación qué ejercicios se realizan en la actividad principal y el
ejercicio que se realiza en el tiempo libre. Lógicamente, caminar,
trabajos pesados, fundamentalmente éstos, los hacen más los que se
consideran «status» medios bajos y bajos, y trabajos sedentarios, también
mucho menos los que están en «status» medios bajos y bajos. Eso tiene su
correlación con el ejercicio en tiempo libre, en el cual en los «status»
altos el 40 por ciento no hace ninguno y, en cambio, en los «status»
bajos hacen el 68 por ciento, y de forma regular o frecuente hacen un 4 o
un 2 por ciento ejercicio.
En definitiva, éstos son los principales resultados en los cuales ya les
digo que la consideración de toda la capacidad que nos permite la
encuesta son análisis que se están realizando bien por las entidades e
instituciones científicas que lo han solicitado, por las comunidades
autónomas que tienen los datos disponibles y por el Ministerio de Sanidad
y Consumo, para lo cual se están realizando algunos convenios con el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas para su análisis.
Con esto termino. Les agradezco su atención, lamentando que alguien se
haya podido sentir molesto con algunas de las explicaciones, y quedo a la
disposición de SS. SS. para responder a sus preguntas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Director General de
Planificación y Aseguramiento.
Además del Grupo solicitante de la comparecencia, ¿grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Sabaté
Ibarz.
El señor SABATE IBARZ: En primer lugar, quiero resaltar otra vez la
importancia de esta encuesta, sobre todo teniendo en cuenta que ya es la
segunda. Quizás, a pesar de ello, será necesario esperar a otras
encuestas para poder establecer comparaciones más fiables. El hecho de
que hasta el momento dispongamos solamente de dos encuestas nos hace
pensar que la comparación todavía tiene aspectos relativos y, en la
medida en que en el futuro exista mayor número de encuestas, nos
ofrecerán mayores posibilidades para comparar la evolución de la opinión
de los ciudadanos españoles en cuanto a la percepción que tienen de su
salud.
A pesar de ello, creo que se desprende de los resultados que nos ha
ofrecido el Director General que la percepción que tienen los ciudadanos
de su salud es satisfactoria. Yo no sé si se dispone también de otros
estudios en otros países para poder hacer una comparación que nos permita
afirmar que estamos a unos niveles equiparables. Esta sería quizá la
primera pregunta para el Director General, y supongo que no hay otra
forma de ver los resultados absolutos en nuestro país más que
comparándolos con los de otros países, como decía.
También se desprende de las comparaciones que se han hecho respecto a la
encuesta que se realizó en 1987 que la percepción que tienen los
ciudadanos sobre aspectos concretos ha mejorado. No sé si ésta es también
la valoración del Director General. Quisiéramos saber, por lo menos en
parámetros que hemos podido observar en las diapositivas, la valoración
del estado de salud general. La primera o segunda diapositiva que nos ha
ofrecido creo que decía que la gente que piensa que su estado de salud es
bueno o muy bueno es un 68 por ciento de media. Entendemos bien que este
dato es la media, porque, en función de la edad (evidentemente, desciende
a mayor edad) , peor percepción de salud, pero en conjunto la media
creemos que es muy aceptable.
Al mismo tiempo, las campañas preventivas (esto quizá sería otro
comentario necesario) ¿hasta qué punto son asumidas por la población?
Hemos visto algunos parámetros que se nos han ofrecido, que en principio
nos harían pensar que estas campañas preventivas, tanto por el
conocimiento que tienen los ciudadanos como por los consejos que se
desprenden de las mismas, son asumidas, pero quisiéramos que el Director
General nos hiciera también algún comentario al respecto.
Otra cuestión que no ha salido y no sabemos si está contemplada
--esperaremos a la publicación de los datos totales de la encuesta--
sería si territorialmente se observan diferencias respecto a la
valoración subjetiva que hacen los ciudadanos.
Otro comentario quizá necesario sería cómo los servicios del Ministerio
asumen luego estos resultados para poder planificar tanto los servicios
como las campañas preventivas que deben realizarse, en qué medida
influyen y cómo lo integran luego en los trabajos de planificación.
Finalmente, no sé si también podría establecerse una comparación entre
los datos subjetivos, las impresiones que tienen los ciudadanos, con los
datos objetivos de que dispone el Ministerio.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida tiene
la palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Director General de Planificación,
gracias por su intervención y por los resultados que nos ha comunicado
que, si no he entendido mal, podremos conocer más en detalle a través de
una próxima publicación.
Como bien decía el portavoz del Grupo Socialista, ésta es la segunda
encuesta que se realiza. La pregunta inevitable es para qué va a servir,
si va a sevir para lo mismo que la anterior. Es decir, no está mal,
siempre ilustra saber qué percepción tienen los ciudadanos de su estado
de salud por clases sociales, por comunidades autónomas, etcétera. Ahora,
lo lógico es que la encuesta, junto con otros indicadores de salud, sirva
para la confección de ese plan integrado de salud, que será el único --y
con esto me permito responder parcialmente a las preguntas del señor
Diputado socialista-- que tendrá indicadores, objetivos, criterios de
evaluación, supongo, como cualquier plan, y que permita tanto planificar
la ordenación de los servicios sanitarios como, lo que me parece a mí más
importante, su contenido de trabajo. Es decir, en el convencimiento que
supongo que compartimos todos de que la existencia de un presupuesto tan
importante como el de la sanidad pública no tiene otro sentido en sí
mismo que contribuir a mejorar la situación de salud de los ciudadanos.
En relación con este tipo de preocupación me permitiría preguntarle cuál
ha sido el coste de realización de esta encuesta.
Quería realizar también algún comentario y alguna pregunta con respecto a
la interpretación que ha hecho el señor Director General de Planificación
acerca de las variables que condicionan el estado de salud de la
población, expresándole mi preocupación porque usted ha hablado de
variables biológicas, de variables medioambientales, de estilos de vida y
de la propia intervención de los servicios sanitarios. No ha mencionado
en ningún momento lo que en cualquier manual de salud pública aparece
como el principal condicionante de la salud de la población, que son los
factores socioeconómicos, tan directamente relacionados con la valoración
que la Organización Mundial de la Salud hace insistentemente de la
intervención de los Estados en la consecución de los --ya, por otra
parte, parece que medio olvidados-- objetivos de salud para el año 2000,
y que recuerdo que el primero de los cuales era la
disminución en un 25 por ciento de las desigualdades sociales en materia
de salud para los diferentes países.
Quería comentarle también que me ha sorprendido, y por tanto le pregunto
cuál es la razón, que no hayan aparecido dos elementos que, a mi juicio,
deberían formar parte de una encuesta de autopercepción de la situación
de salud. Uno de los aspectos es todo lo relativo a la actividad sexual,
incluida la utilización de métodos de planificación familiar, y el otro
el consumo de drogas, ya que el consumo de drogas y su relación con las
enfermedades infecciosas es evidente. Por tanto, me ha sorprendido que
eso no haya aparecido en la encuesta de 1993.
Me ha sorprendido también que relacionara la visita al ginecólogo, por
otra parte en las edades fértiles de las mujeres, con la realización de
actividades preventivas, que es un aspecto que desgraciadamente en
nuestro sistema sanitario público todavía dista mucho de estar extendido,
ni mucho menos, a la mayor parte de las mujeres. Ya quisiera yo que
pudiera deducirse de una visita de las mujeres al ginecólogo en esas
edades que la causa fuera la realización de los preceptivos controles
previstos en los programas de salud de la mujer.
El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Gracias, señora Maestro.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: En primer lugar, y como cuestión de orden, sí me
gustaría expresar una cierta sorpresa por el cambio constante de criterio
que se produce en estas comisiones en relación con el orden de las
intervenciones, puesto que a nuestro Grupo le parece lógico, y cree que
así figura en el reglamento, que quien solicita la comparecencia debe ser
el primero en intervenir, y esa situación no se ha producido en la
comparecencia anterior. Por tanto, he de rogar a la Presidencia que, en
la medida de lo posible, que yo creo que es siempre, se mantenga el mismo
criterio en el orden de los grupos que tienen que intervenir.
Pasando al objeto de la comparecencia, decía el portavoz del Grupo
Socialista que la necesidad de esta comparecencia se explicaba por sí
sola. Lo que no se explica en ningún caso por sí solo es que ninguno de
los grupos, o al menos el Grupo Parlamentario Popular, haya dispuesto de
ningún dato con anterioridad a esta comparecencia para haber mínimamente
elaborado nuestras propias conclusiones o nuestros propios criterios a la
hora de plantear preguntas o cuestiones, sin duda trascendentales,
derivadas de la propia elaboración y de las conclusiones establecidas en
esta encuesta. No nos parece el mecanismo más lógico, sobre todo si
tenemos en cuenta que prácticamente las conclusiones que aquí se han
puesto de manifiesto fueron las mismas que ya en el mes de abril de este
mismo año se expusieron ante el Consejo Interterritorial de Salud.
Entendemos que han pasado meses más que suficientes para que desde
aquella primera exposición de unos datos que, como digo, coinciden
fundamentalmente con lo expuesto aquí, se hubiera remitido a los grupos
parlamentarios al menos esa información, lo que sin duda redundaría en un
mayor beneficio para el debate y las aportaciones de los grupos.
Sin embargo, y puesto que al menos hemos podido extraer algunos datos de
la precipitada exposición que se nos ha realizado, nuestro Grupo sí que
querría hacer especial hincapié en cuáles van a ser exactamente los
criterios que el Ministerio va a seguir para la incorporación de los
resultados de esta encuesta a la política general del Departamento. Creo
que estaremos todos de acuerdo en que no se trata de venir a enumerar
unas conclusiones sino de conocer exactamente cuáles son las
implicaciones de los resultados de esta encuesta en las orientaciones
generales de nuestro Ministerio y de nuestro Gobierno. Nos gustaría saber
cuáles son, puesto que desde el comienzo de la explotación de los
resultados de esta encuesta, hace ya varios meses, creo que ha pasado
tiempo suficiente para conocer, por ejemplo, qué resultados de la misma
están siendo incorporados al plan integrado de salud, que le recuerdo,
señor Director General, que usted en el mes de marzo anunció que
precisamente había sufrido un retraso en principio para incorporarle gran
parte de los resultados de esta encuesta.
Ustedes han utilizado todo tipo de coartadas, como ya se ha expuesto aquí
con anterioridad, para ir retrasando paulatinamente la puesta en marcha
de ese plan integrado de salud, y la última de esas coartadas ha sido la
puesta en marcha de la explotación de los resultados de esta Encuesta
Nacional de Salud. Usted anunció, desde luego, que en el mes de abril ese
plan integrado de salud estaría ya aprobado, y a las pruebas y a los
hechos nos remitimos para decir que eso no ha sido así.
Por tanto, le pregunto: ¿quieren ustedes explicarnos cuáles son los
aspectos de esta Encuesta Nacional de Salud que el Ministerio considera
en estos momentos susceptibles de modificar la política, o van a ser
meros adornos o meras elucubraciones teóricas que no van a tener ninguna
influencia real sobre la política de su Departamento?
En relación con aspectos concretos que se han puesto de manifiesto y que
podríamos ilar precisamente con esta argumentación previa: se nos dice
que de la encuesta se deriva un aumento en el número de consultas médicas
registradas en los quince días anteriores a la realización de esa
encuesta, un aumento que pasa del 18 al 24 por ciento respecto de la
última encuesta de 1987. Nos gustaría conocer exactamente qué valoración
hace usted de este aumento y espero que no asocie el incremento en el
número de consultas con un mejor funcionamiento del sistema, porque no
tiene nada que ver sino más bien todo lo contrario. Desde luego, nuestra
valoración es que con estos datos se pone de manifiesto que no funciona
la asistencia primaria en nuestro país, que algún prestigioso analista,
por otra parte, valoraba hace muy pocas fechas como el mayor desacierto
de la sanidad pública actual. Nos gustaría que nos explicara qué efectos
tendrán estos estudios sobre la actuación sanitaria. Tal vez con estos
datos cambien ustedes de actitud y empiecen a basar sus actuaciones en
estudios previos, en análisis, en simulaciones o en experiencias
contrastadas y no tanto en prejuicios ideológicos, que es en lo que han
basado prácticamente toda la estructura, todo el diseño de la asistencia
primaria y de sus funciones en nuestro país.
En segundo lugar, según los datos que usted ha puesto de manifiesto aquí,
se ha producido también un notable incremento en la utilización de los
servicios de urgencia en los doce meses anteriores a la encuesta, que
pasan del 12 al 14 por ciento. ¿Qué puede significar esto? ¿Tal vez que
los ciudadanos están cada vez más cansados de la vía de atención
tradicional, de la establecida, que están cansados de las listas de
espera, que están cansados de la burocracia, que están cansados de la
escasa calidad de la atención y que prefieren asistir directamente a los
servicios de urgencia sobresaturando los hospitales? Tal vez los
ciudadanos tengan un fácil acceso al sistema; aunque habría mucho que
hablar al respecto, vamos a dar por buena tal afirmación, pero desde
luego esa vía de entrada no es la normal, la lógica, sino que los
ciudadanos cada vez acuden más a las vías de urgencia, precisamente como
un mecanismo de «bypass» en el sistema sanitario público.
En tercer lugar, el número de hospitalizaciones aparece mantenido en esta
encuesta respecto a 1987. No hay, pues, una reducción en el tratamiento
hospitalario. ¿Qué ocurre? ¿Que fallan los sistemas de prevención o que
los españoles enferman cada día más? ¿O es que se sigue produciendo en
nuestro país lo que algunos han denominado como «hospitalocentrismo»? Nos
gustaría conocer también sus valoraciones sobre este tema.
A nosotros nos da la sensación de que el sistema de asistencia primaria
montado en este país en torno a la primacía de la promoción y de la
prevención sobre la asistencia está resultando un auténtico fracaso y
sería conveniente que de los resultados de esta encuesta no solamente
extrajéramos consecuencias sobre la percepción subjetiva, por otra parte
muy difícil de estudiar, que los ciudadanos tienen de su propia salud y
que sin duda solamente en un porcentaje muy escaso, valorado por todos
los estudios en menos del 10 por ciento de la influencia real, depende
del funcionamiento del sistema sanitario; más bien en un gran porcentaje,
superior al 90 por ciento, depende siempre de las condiciones económicas,
de la propia formación del paciente o del usuario, en definitiva de
aspectos que poco tienen que ver con el funcionamiento del sistema.
En cuarto lugar, una referencia a los datos sobre el consumo de
medicamentos en los quince días anteriores a la encuesta, que han sufrido
un incremento con respecto a lo reflejado en la encuesta de 1987. Aparece
un 46 por ciento frente a un 42 por ciento anterior. ¿Quiere esto decir
que se está fracasando en traducir una cierta acomodación de los hábitos,
una cierta modificación de las pautas y comportamientos de los ciudadanos
con respecto al consumo de medicamentos? ¿Hasta qué punto esa política de
uso racional de medicamentos que ustedes han puesto en práctica es
meramente un recorte economicista y se está olvidando la otra vertiente
de la educación, de la formación, y no tiene, por tanto, efecto ninguno
sobre las pautas de utilización de los medicamentos por parte de los
ciudadanos que sigan utilizándolos cada vez en mayor número, con
independencia del coste que tengan que pagar por los mismos, con
independencia de su inclusión o exclusión de las prestaciones del sistema
público?
Se ha puesto de manifiesto en la diapositiva que precisamente ustedes han
excluido del catálogo de fármacos con cobertura de la Seguridad Social
aquellos medicamentos que la sociedad demanda en mayor medida, como
pueden ser los anticatarrales, los antigripales, los analgésicos, los
antipiréticos; en definitiva, ustedes se han limitado a excluir de las
prestaciones una serie de medicamentos con independencia de que éstos
sean cada vez en mayor medida, y por algo será, demandados por la propia
sociedad, por los propios usuarios.
Para terminar, señora Presidenta, y no abusar del tiempo, una referencia
que ya se ha hecho aquí sobre las estadísticas de asistencia de las
mujeres españolas al ginecólogo. De los datos que se han puesto de
manifiesto, y con independencia de las razones por las cuales, que no se
precisan en el contenido de la encuesta, se asiste al ginecólogo, ya sea
por prevención o ya sea para recibir una asistencia determinada, a
nuestro Grupo lo que le preocupa fundamentalmente y lo que queremos poner
de manifiesto es que en esa encuesta, y creo que usted no lo ha citado,
aparece que más del 30 por ciento de las mujeres españolas no han
visitado nunca por ninguna razón, ya sea de prevención o de asistencia,
al ginecólogo.
Por tanto, nos preguntamos dónde está quedando en estos momentos una
promoción efectiva de la salud, dónde está quedando la educación
sanitaria de la población, por qué hay un grado tan elevado de personas
que no acuden al ginecólogo, qué resultados están teniendo los programas
de prevención, por encima de notables pero aislados esfuerzos que están
haciendo algunas comunidades autónomas en esta materia.
Sin duda habría mucho que hablar sobre otros aspectos, sobre la
influencia de los factores socioeconómicos, sobre el aumento de las tasas
de mortalidad en nuestro país, muy por encima de cualquier otro país de
nuestro entorno, por ejemplo, en los accidentes de trabajo, pero puesto
que no tenemos demasiado tiempo para ello, nos remitiremos en todo caso a
estudios posteriores, a comparecencias posteriores donde podamos disponer
ya de un análisis mucho más pormenorizado de los datos de esta encuesta.
La señora PRESIDENTA: Para responder a las cuestiones planteadas por los
portavoces de los grupos, tiene la palabra el Director General de
Planificación y Aseguramiento.
Cuando quiera.
El señor DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y ASEGURAMIENTO DEL MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO (Sevilla Pérez): Muchas gracias a los diferentes
grupos que han intervenido porque nos van a permitir aclarar algunas de
las dudas que en mi intervención he podido dejar, seguro que por la
incapacidad para poder hacerlo de una forma más clara.
No sé si el señor Burgos tiene algún problema con el orden de respuesta,
pero me da igual, el que ustedes quieran. Lo haré según el orden de las
intervenciones que se han planteado.
Al Grupo Parlamentario Socialista quisiera agradecerle los comentarios
que ha hecho, al mismo tiempo que, como ya dije al principio, darme la
posibilidad de haber presentado los principales resultados de la Encuesta
Nacional de Salud, los principales resultados que en este momento tenemos
disponibles. La Encuesta Nacional de Salud es un banco de datos que está
en continua explotación; por tanto, es difícil poder presentar los datos,
excepto en un momento determinado en que ese banco de datos se ponga en
una publicación, a disposición de todo el mundo, para que realice sus
análisis y probablemente realice explotaciones sobre esos datos.
Me ha preguntado sobre la realización de estudios en otros países. Como
conocen SS. SS., las encuestas de salud son un instrumento que la
Organización Mundial de la Salud considera fundamental para proporcionar
información relativa a determinados indicadores para el seguimiento del
programa de «Salud para Todos en el año 2000». Ha buscado tratar de
homogeneizar o de definir cuáles serían los criterios de homogeneización
para poder comparar los datos de las encuestas nacionales de salud.
En España, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha hecho un esfuerzo
importante por acomodar tanto las materias de estudio como las variables
de control a las sugerencias de la Organización Mundial de la Salud, en
cuya estrategia estamos vinculados, como todos los que queremos mejorar
la salud de los ciudadanos.
Sin embargo, para contestar a su pregunta, tenemos una dificultad
importante porque conocemos que hay diferentes países desarrollados:
Estados Unidos, Canadá, Italia, Holanda, Alemania, etcétera, que realizan
encuestas de salud, pero estos países, a diferencia de España y excepto
en el caso de Estados Unidos, que tiene una concepción diferente de su
sistema sanitario, no publican estos datos de salud, no se conocen
públicamente cuáles son los datos derivados de las encuestas nacionales
de salud. Por tanto, tenemos una dificultad que es importante para
responder a lo que usted me ha preguntado sobre cómo podemos comparar con
otros países.
Hay que reconocer que el Ministerio de Sanidad y Consumo tiene un
comportamiento lógico, como debe ser, que es poner a disposición de los
ciudadanos aquellos datos que tiene, no solamente utilizarlos para
orientar la política sanitaria, sino ponerlos en conocimiento. Esto es
algo que los países de nuestro entorno económico y social sabemos que
realizan, pero no lo hacen de una forma tan clara como lo hacemos en
España, donde no solamente se publican los datos de las encuestas de
salud del Ministerio de Sanidad y Consumo, sino que también son conocidos
datos publicados por otras instituciones que han realizado alguna
encuesta de salud. Creo que el ánimo de transparencia es un ánimo
fundamental.
La mejora del estado de salud, decía usted. Creo que sí. Me parece que en
mi intervención traté de hacer el análisis sobre los datos presentados;
es un análisis que en este momento no tenemos sobre todos los datos; la
significación estadística de algunos de ellos es difícil, y para eso se
están encargando estudios específicos. Lo que podemos decir es que el
estado de salud de la población española se corresponde, primero, con las
variables o los datos que tenemos de análisis objetivos, tanto desde los
registros de los equipos de atención primaria, cuáles son las
enfermedades crónicas más habituales en la población, como sobre los
registros de morbilidad de los hospitales, como en las variables de
utilización de servicios, tanto de atención primaria como en atención
especializada, y estos datos de salud indican que tenemos que progresar.
Decía el otro día en una reunión en la que estaba un eminente
especialista en salud pública que, desgraciadamente, el progreso en
sanidad no nos lleva a que ninguno podamos morir. Entonces, ese progreso
hay que contrastarlo y hay que ver cuáles son aquellas actuaciones que
podemos hacer desde la sociedad y desde los servicios sanitarios para ir
incrementando progresivamente la cantidad de vida, pero, fundamentalmente
--y ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy importante--, tenemos que
aumentar la calidad de vida de los años que vivamos.
Me preguntaba usted también sobre la existencia de diferencias
territoriales. Ese es el estudio, probablemente, más complejo. Solamente
he presentado aquellos datos que en este momento tenemos disponibles, que
son las diferencias territoriales en cuanto a cobertura, en cuanto a
utilización de servicios, etcétera. Se están haciendo estudios, pero
también creemos que uno de los valores del Ministerio de Sanidad y
Consumo, dentro del Estado en que estamos y dentro de la configuración
del sistema sanitario, es el análisis por cada una de las comunidades
autónomas, que estoy convencido de que progresivamente irán conociendo
sus datos para que entre todos podemos comparar cuál es la situación en
el Estado.
¿Cómo son asumidas las campañas preventivas? Es uno de los aspectos
novedosos de este estudio que se ha introducido en la encuesta de 1993.
Pensamos que por parte de los servicios sanitarios de las diferentes
comunidades autónomas, los servicios sanitarios del Insalud, cuando la
gestión no está transferida, y servicios sanitarios de los ayuntamientos
están poniendo en marcha campañas preventivas y están estudiando y
analizando el impacto de esas campañas preventivas, tanto si llegan a los
colectivos para los que se diseñan las campañas preventivas como
igualmente, que es lo fundamental, para saber cuál es el impacto en salud
que esas campañas van a tener en un futuro.
Lo que queríamos saber en la encuesta es, a nivel general, si realmente
esas campañas estaban llegando a los colectivos para los que teóricamente
están diseñadas, no cuál es el impacto de la campaña y los datos que nos
da la encuesta a expensas de análisis posteriores que haya que hacer,
pero los datos que tenemos disponibles en este momento nos dicen que
están llegando a los colectivos para los que se diseñan. Lo que no se nos
da en la encuesta, puesto que no está orientada en ese sentido, es la
satisfacción o el grado de adecuación de la campaña a la percepción de la
población en relación con esa campaña; ese es un aspecto que se ha
discutido muchas veces en las campañas, cómo se consigue la mayor
aceptación de la población sobre esa campaña. Esos son estudios de
opinión y de satisfacción que no se consideró oportuno introducir en la
encuesta nacional de salud para no desvirtuarla.
En relación con la integración de la política sanitaria --voy a responder
a alguna pregunta para intentar ajustarme rápidamente al tiempo--,
lógicamente, el Ministerio de Sanidad y Consumo utiliza los datos y los
está utilizando a partir de los análisis que sobre los datos se tengan y
se vayan teniendo. Estos datos serán fundamentales para la inclusión
dentro del Plan de Salud del Ministerio, que, como saben todos ustedes,
la Ministra de Sanidad y Consumo se ha comprometido a presentar en el
próximo Consejo Interterritorial. Además, han sido utilizados los datos
del año 1987 por las diferentes comunidades autónomas que en sus planes
de salud han incorporado los datos de la encuesta nacional de salud. Pero
hay un aspecto importante, y es que muchos servicios sanitarios utilizan
los datos de la misma y ven ustedes publicaciones en diferentes revistas
en que a partir del análisis de los datos de salud de la encuesta se han
desarrollado programas de prevención, de cuidados, etcétera.
Por tanto, yo creo --y paso a lo que me planteaba la representante del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-- que los datos de 1987 no son
datos que han quedado ahí, sino que han sido datos que han sido
utilizados y, desde luego, los datos del año 1993 los vamos a utilizar y
espero que cuando tengamos presentado el plan de salud pueda usted
comprobar cómo se han integrado los datos de la encuesta nacional de
salud de 1993 en el análisis de la situación de salud de la población.
Preguntaba usted cuál había sido el coste de la encuesta. Pues bien, creo
que el coste ha estado alrededor de 66 millones de pesetas, según el
convenio que se realizó con el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Estoy totalmente de acuerdo con usted en las variables condicionantes.
Las variables socioeconómicas son absolutamente fundamentales y creo que
me he referido a su importancia cuando he hablado de la utilización
inversa de servicios.
Me sugiere usted dos materias nuevas de estudio. Me parece que pueden ser
importantes y en las próximas encuestas habrá que valorar la introducción
teniendo en cuenta cuál es el objetivo de la encuesta. Además, hay que
buscar la mayor coherencia e intentar dar una respuesta lo más completa a
la encuesta. Este es un aspecto importante a la hora de analizar
materias. Pero la actividad sexual y el consumo de drogas pueden ser
aspectos a tener en cuenta.
La actividad preventiva del ginecólogo se dirige a un grupo de edades
fértiles, entre los 25 a 44 años. El otro grupo más frecuente, donde se
centran las campañas de prevención de cáncer de mama, es el de los 45 a
64 años, como usted conoce.
En relación con la intervención del Grupo Parlamentario Popular, ya le he
contestado a algunos temas. Pero hay una cosa que usted ha dicho que me
ha sorprendido. Se ha referido a la disponibilidad de los datos
utilizados previamente, cuando son los mismos que se han presentado al
Consejo Interterritorial. Resulta que usted ha utilizado datos que se
presentaron al Consejo Interterritorial y que yo no he presentado aquí.
Por tanto, ha estado disponiendo de unos datos que teóricamente no tenía.
Lo cual me parece perfecto porque esto nos permite analizar alguna de las
cosas que usted ha planteado.
He dicho que estos datos, aunque son los principales, son provisionales.
La publicación compila los datos, pero no hace el análisis de los mismos,
porque el análisis de los mismos lo tienen que hacer las Comunidades
Autónomas, el Ministerio, las instituciones y los ciudadanos y estará
disponible cuando esté hecho. Lo que hacemos es extraer aquello que nos
parece más importante y, lógicamente, debe de coincidir con los del
Consejo Interterritorial.
Criterios para incorporar a la política sanitaria. Usted conoce
perfectamente cuáles son las competencias del Ministerio de Sanidad y
Consumo. En la política sanitaria concreta, las competencias de gestión
sanitaria y las competencias de orientación concreta a los servicios las
tienen las comunidades autónomas con competencias transferidas o las
tiene el Insalud. Estoy convencido que estas competencias las están
incorporando a sus planes de actuación porque es fundamental.
Lamento que se haya equivocado. Yo no he anunciado nunca el Plan
Integrado de Salud, entre otras cosas porque no es mi competencia. Usted
lo leyó en un periódico donde me sacaron una foto y ponían unas cosas.
Pero yo, repito, no he anunciado nunca el Plan Integrado de Salud. Lo que
sí está claro es que el Plan Integrado de Salud, que se va a presentar en
el año 1994, debería incorporar --y en eso sí tiene usted toda la razón--
los datos de la encuesta nacional de salud del año 1993. (Un señor
Diputado del Partido Popular: ¿Se va a presentar?)
Acabo de decir que existe un compromiso de la Ministra en esta Cámara de
presentar el Plan de Salud en el próximo Consejo Interterritorial.
Por lo que se refiere a consultas, ha presentado usted unos datos que yo
no he presentado. Lo que yo he presentado ha sido la consulta al médico
por edad y sexo. No he comparado 1987 con 1993, que sí estaba en los
datos presentados al Consejo Interterritorial, por una razón muy sencilla
que he explicado varias veces, y es que el momento de realización de la
encuesta es radicalmente distinto en 1987 al de 1993. En 1987 está hecha
en verano y en 1993 en el mes de febrero. No sé si ésa es una variable
que a usted le sirve de explicación.
Me llaman la atención los comentarios que ha hecho sobre la atención
primaria, fundamentalmente cuando sabe que la reforma de los sistemas
sanitarios a lo que van es a introducir una atención primaria adecuada. Y
la reforma de la atención primaria que se está realizando en España está
sirviendo de referente para reformas que se están introduciendo en otros
países, pero ese aspecto --como usted dice-- es un prejuicio ideológico,
porque yo creo que la efectividad de la reforma de la atención primaria
tiene poca duda, tanto dentro del Estado como fuera de él.
Por lo que se refiere al incremento de la utilización de los servicios de
urgencia, habría que valorar cuál es la significación que usted le da.
Vuelvo a repetirle lo mismo: que pasamos de un 13 por ciento en pleno mes
de verano a un 14 por ciento en el mes de febrero. Creo que esto es
suficiente para explicar lo que usted decía.
Me ha sorprendido muchísimo su análisis sobre que la hospitalización está
mantenida. Hospitalocentrismo. Sabe usted que de los países europeos
España es de los que tiene una menor frecuentación hospitalaria porque
resuelve los problemas fuera del hospital. Precisamente hay países que
están tratando de ir a unas frecuencias hospitalarias como la española.
Lo que no podemos evitar es que los ciudadanos españoles ingresen en los
hospitales.
En el consumo de medicamentos vuelve a tener usted la misma confusión
temporal, a pesar de que lo he intentado aclarar.
En cuanto al ginecólogo, por no alargarme más, le tengo que decir que,
efectivamente, un 30 por ciento de las mujeres no han visitado al
ginecólogo. Desgraciadamente, las campañas de prevención no llegan a todo
el colectivo para el que se ha diseñado. A mí me parece importante que
haya aproximadamente un 10 por ciento en el colectivo de 25 a 44 años que
no haya acudido. Sobre esto podríamos discutir y ver cómo podríamos
mejorar la campaña, pero globalizar, como hace usted, con 30 por ciento,
sin tener en cuenta las personas que tienen menos de 16 años o más de 65
años en las cuales las campañas preventivas tienen poco criterio, es
hacer un análisis equivocado.
Sobre las tasas de mortalidad le tengo que decir que, obviamente, no
tiene relación con una encuesta nacional de salud y, por tanto, no voy a
comentarlo.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Director General de Planificación y
Aseguramiento, por su comparecencia. Le despedimos en esta Comisión.
--DEBATE Y VOTACION DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY: SOBRE
ADAPTACION DE LOS ANTIGUOS PLANES DE ESTUDIOS A LAS NUEVAS EXIGENCIAS
CREADAS POR LA EVOLUCION DE LA TECNICA EN LOS SERVICIOS DE DIAGNOSTICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de expediente
161/000249.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día de la
sesión de la Comisión de hoy: debate y votación de proposiciones no de
ley. En primer lugar, proposición no de ley sobre adaptación de los
antiguos planes de estudios a las nuevas exigencias creadas por la
evolución de la técnica en los servicios de diagnóstico.
Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo parlamentario
de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Para su defensa, tiene la
palabra la señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Señorías, la proposición no de ley que paso a
defender refleja una situación que quiero calificar de bastante anómala,
por la cual se produce un hecho que yo creo que está distorsionando
enormemente el debate y el consenso necesario con los colectivos
afectados a la hora de definir el perfil académico y profesional de
diferentes colectivos trabajadores de la salud. Ello viene determinado
por un hecho comprobado por todos, y es que la aprobación de la ley de
Ordenación General del Sistema Educativo lógicamente conlleva una serie
de plazos en su desarrollo que están siendo más o menos cumplidos, pero
que se corresponde directamente, en el caso de los profesionales de la
salud, con la necesaria definición de un perfil del tipo de profesionales
de la salud que necesita el sistema sanitario y que, obviamente,
corresponde al Ministerio de Sanidad y Consumo su determinación y que
debería estar reflejada en la tantas veces anunciada, pero nunca
aparecida, ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Es decir, en
este momento, el Ministerio de Educación está definiendo perfiles
académicos; está avanzando en los contenidos de formación de los
diferentes profesionales sin que globalmente el Ministerio de Sanidad y
Consumo haya definido qué tipo de profesional de la salud necesita para
qué sistema sanitario.
En concreto, la proposición no de ley que paso a defender se refiere a la
definición de las profesiones de técnico especialista en laboratorio y de
técnico especialista en radiodiagnóstico e imagen. (Rumores.)
Hay que decir, en primer lugar, que estas especialidades vienen
existiendo como títulos desde el año 1972, no siendo hasta el año 1978
cuando se reconoce dentro de las especialidades de formación profesional
de segundo grado y no cuentan con un programa de estudios propio hasta el
año 1980. Hasta el año 1984 no son reconocidos por el Ministerio de
Sanidad y Consumo estos profesionales y sus funciones, siendo el último
país europeo en realizarlo. (Rumores.)
Existen resoluciones del Consejo de Europa, del Consejo de Ministros, ya
en los años setenta y una posterior en el año 1972, en la que se
especifica... (Continúan los rumores.) Por favor, señora Presidenta,
tengo dificultades para seguir hablando.
La señora PRESIDENTA: Disculpe, señora Maestro. Ruego a SS. SS., una vez
más, que bajen el tono de voz o se abstengan de hablar directamente.
Continúe, señora Maestro.
La señora MAESTRO MARTIN: Gracias, señora Presidenta.
Existe normativa europea suficiente hablando no solamente de la
existencia de este tipo de profesionales, sino de la regulación mínima de
la formación y de la equivalencia de los títulos de técnicos en
laboratorio y en radiodiagnóstico.
A nadie se le oculta que en estos años ha habido enormes transformaciones
en el campo del diagnóstico y de la terapéutica que lógicamente han
afectado a los contenidos de trabajo y, en consecuencia, a las
necesidades de formación de estos profesionales. En este sentido, el
planteamiento de Izquierda Unida parte de la base de la necesidad de
ampliar el marco de la formación académica de este tipo de profesionales,
tanto en el aspecto teórico como en el práctico, y la adscripción de las
escuelas donde se formen estos profesionales a centros hospitalarios con
reconocida capacidad docente que garanticen la formación de estos
técnicos por personal especializado de la suficiente cualificación. Esta
evolución se ha producido ya en el resto de países de la Comunidad
Europea, siendo la duración mínima de los estudios de este tipo de
profesionales de tres años académicos después de completar la enseñanza
secundaria, encuadrándose dentro del nivel profesional cuarto.
En este momento, el Ministerio de Educación y Ciencia está definiendo los
contenidos y los perfiles profesionales. Conocemos que puede ser
inminente la aparición de un real decreto regulando estos contenidos de
formación. La propuesta actual sobre la que trabaja el Ministerio de
Educación y Ciencia es, a nuestro juicio, absolutamente insatisfactoria,
por cuanto nos sitúa con una calidad y con unos contenidos de formación
claramente inferiores a los del resto de países de nuestro entorno y, por
otro lado, evidentemente por debajo de las necesidades del propio sistema
sanitario. Se plantea un contenido de carga lectiva teórico-práctica de
2.000 horas a realizar en dos años; no se plantea que la formación sea
llevada a cabo por profesorado especialista; no se garantiza la
adscripción de las escuelas a centros hospitalarios con reconocida
capacidad docente, etcétera.
Por tanto, de todo ello se desprende la propuesta concreta que presenta
el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
En primer lugar, el que los nuevos contenidos de formación, que, insisto,
no se modifican desde el año 1980, sean homologados con el nivel de
formación de profesionales en estas materias en países de la Unión
Europea. Para ello se debe definir una duración en la formación mínima de
tres años, posterior, insisto, a la educación secundaria, con una carga
lectiva no inferior a las 3.000 horas; asegurar que, en cualquier caso,
las escuelas de formación estén adscritas a centros hospitalarios con
capacidad docente; que la formación teórica y práctica corra a cargo de
especialistas en las materias a impartir y que se adecue la oferta de
plazas docentes en estas materias a las necesidades del sistema
sanitario.
Finalmente, una propuesta transitoria mediante la cual se plantea que los
actuales técnicos especialistas puedan acceder a los niveles definidos
por la nueva titulación mediante acreditación de conocimientos en las
disciplinas complementarias y, en su caso, de la formación teórica
necesaria.
Tengo que decir que la propuesta que presenta Izquierda Unida responde a
la preocupación de los colectivos afectados, que, al mismo tiempo, aparte
de refrendar nuestra proposición, expresan --y yo me permito utilizar
este tiempo para señalizarlo-- la enorme dificultad para encontrar
espacios imprescindibles de negociación y de consenso con los afectados
en una materia como la actual que definiría para bastante tiempo el nivel
académico y los contenidos de formación de un grupo de profesionales que
realizan funciones imprescindibles dentro del sistema sanitario.
La señora PRESIDENTA: Para fijación de posiciones, ¿grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Cardona.
El señor CARDONA I VILLA: Participamos de la preocupación que acaba de
exponer la portavoz del grupo proponente en relación con la necesidad de
actualizar y adaptar esos estudios tanto en la formación práctica como
también en la ubicación de escuelas adscritas a centros hospitalarios con
un profesorado especializado en cada una de las materias.
También entendemos justa la pretensión de titulación o titulaciones como
consecuencia de la adaptación de su preparación más adecuada a los nuevos
tiempos y, además, con los perfiles pertinentes, como acaba de decir la
portavoz del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Se trata de unas materias que, efectivamente, se corresponden con las
prestaciones profesionales o bien necesidades operativas actuales o
potenciales de los servicios sanitarios.
La disponibilidad de técnicos titulados formados adecuadamente nos parece
también positiva para una mejor gestión de los recursos, tanto humanos
como materiales.
Ahora bien, no podemos olvidar --también se hacía referencia a ello en la
intervención anterior-- que se trata de ajustar unos sectores
profesionales para que encajen en el conjunto de todo un sistema, a veces
en contraposición a otros sectores profesionales sanitarios también.
Entendemos que difícilmente se puede perfilar todo este conjunto mirando
sólo a una parte, a un sector, sin que se produzcan desajustes que
comportarían, aparte de las consecuencias, protestas y movilizaciones, lo
que es más grave, la propia disfunción, la menor operatividad, en
definitiva, el mal funcionamiento del sistema.
Por ello pedimos, una vez más, que se agilice, en lo posible, la
tramitación de la ley de orientación de profesiones sanitarias, porque
creemos que es la mejor vía para poder solucionar todos y cada uno de los
problemas que han aparecido hasta ahora o que puedan surgir en el futuro.
Es desde este punto de vista que consideramos imprescindible tener cuanto
antes el proyecto de ley, en borrador si se quiere, o en trámite
parlamentario para, a través de un debate tranquilo, sosegado y
constructivo, poder abordarlo con las aportaciones de todos: fuerzas
políticas, sectores afectados, los propios usuarios --no debemos
olvidarlo--, en definitiva, que surja del propio conjunto de la sociedad
la mejor solución a todas estas cuestiones, con el objetivo final de
acertar en lo más adecuado.
En consecuencia, y desde esta perspectiva, nuestro grupo no puede dar su
apoyo en este momento a la proposición no de ley que se nos presenta.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Fernández de Capel.
La señora FERNANDEZ DE CAPEL BAÑOS: La proposición no de ley que se
presenta hoy en esta Comisión tiene como peculiar circunstancia la
práctica coincidencia, en alguno de sus planteamientos, con otra
proposición
que ha sido presentada simultáneamente en la Comisión de Educación.
Todos estamos de acuerdo en la necesidad de establecer un marco estable y
de delimitar claramente una serie de perfiles en los profesionales de la
sanidad (el Partido Popular ha hecho mucho en este tema), y en la
exposición de motivos quedan claras las responsabilidades de los técnicos
en la realización de su trabajo conducente al diagnóstico y al
tratamiento. Intentar pasar, en alguna medida, de lo que serían los
niveles técnicos a la diplomatura universitaria o equivalente que, en
resumen, es lo que pretende esta proposición no de ley --que curiosamente
coincide con la proposición presentada en la Comisión de Educación a la
que antes aludía, por lo que se pasaría de la Formación Profesional I a
la Formación Profesional III, y que nosotros no vamos a dudar en apoyar,
equivaldría a pasar desde los niveles técnicos al nivel 4, a la
diplomatura universitaria o equivalente. Hago este inciso porque más
tarde me referiré a las contradicciones que, en el ámbito de la
formación, nos vamos a encontrar si apoyamos esta proposición no de ley.
Indudablemente, todos tenemos una idea clarísima sobre la necesidad de
establecer y clarificar los contenidos de formación técnica y científica
que sustentan estas carreras, pero esa necesidad de clarificación tiene
como base la formación, y la formación técnica, en esencia, es así en
nuestro país. Lo que tenemos ahora es una formación técnica que puede
llegar a ser superior, pero no a una formación científica, no a una
formación universitaria; mientras que la formación científica
universitaria ya cuenta con amplios sectores especializados, como los de
laboratorios, rayos X, hematología, anatomía patológica, etcétera. Es
decir, aunque haya una necesidad de clarificar aún más las
especialidades, la formación de base y de origen es distinta, y esto hay
que tenerlo en cuenta a la hora de plantear las atribuciones específicas
de cada una de ellas. El Partido Popular presentó en esta Comisión una
proposición de ley sobre atribuciones, que no fue apoyada, en la que se
establecían las funciones, las responsabilidades y las atribuciones de
cada sector sanitario, lo que nos ayudaría a fijar un marco adecuado de
profesiones y unos niveles claramente definidos para acceder a esas
profesiones, así como una necesaria formación para cada uno de esos
niveles que tendría que tener en cuenta la formación cuantitativa y la
cualitativa, que es en lo que difieren básicamente, en este punto de
partida, la formación técnica y la formación científica. Habría que
contar con una formación cuantitativa bien regulada en número de horas y
con una formación cualitativa, que es lo que en mayor medida diferencia
la formación técnica de la formación científica, que estaría basada en
los curricula que habrían de ser esclarecidos en cada una de estas normas
y que claramente nos llevaría al siguiente paso: ¿quién forma, dónde y
con qué medios?
El Ministerio suscribió un acuerdo con el Consejo General de Enfermería
para regular, mediante un proyecto de ley de ordenación de las
profesiones sanitarias, todos estos problemas, pero, «a priori», sin
haber encajado estos supuestos de función y de atribución, no se puede
hacer este tipo de trasvases de unos sectores a otros porque ello
supondría que nos estamos saltando ese tríptico que he señalado antes
(profesión, nivel, formación), sobre todo el de formación, que es el que
resulta básico en el sector sanitario. Esta regulación es necesaria --y
el Partido Popular así lo ha expuesto-- para que no se vean trasvasados
los contenidos jurídicos que constituyen la identidad y esencia de estas
profesiones. En el sector sanitario hay que saber claramente, por la
incidencia que ello tiene en la población, dónde está cada uno. Es
necesario establecer una base jurídica bien definida, que nosotros no
vamos a plantear aquí como una lucha legislativa de decreto contra
decreto, sino haciendo ver que esa diplomadura universitaria está
regulada por distintas normativas comunitarias. No pretendo el decreto
versus decreto, pero desde la directiva 1057 de la Comunidad Europea, del
año 1981, hasta la 595 del año 1989 que lo completó, se ha delimitado
hasta donde ha sido posible; sin embargo, como decía anteriormente, es
necesario establecer con un mayor rigor estos temas, porque además
tenemos la sentencia de 26 de febrero de 1993, del Tribunal Supremo, en
cuyos fundamentos de derecho se determina que los técnicos tienen unas
funciones y una formación específicas, para evitar este conflicto de
competencias entre responsabilidades y formación.
Si la Comisión de Educación, como prevemos, aprueba, con el apoyo del
Partido Popular, el paso hasta el último grado de la Formación
Profesional desde el primer grado, con unas normativas que habrá que ir
desarrollando, y a su vez la Comisión de Sanidad apoya esta medida, ello
significaría que estaríamos pasando de una formación profesional
procedente de la EGB, no homologable con los estudios secundarios, como
prevé la Logse y como prevé la legislación europea, saltándonos todo un
período de formación cuantitativa y cualitativa, lo que supondría que
estos técnicos pudiesen incluso pasar al ámbito universitario sin haber
pasado anteriormente por algo tan importante como es la Logse, o como
pueden ser estas normativas de la Comunidad Europea a que acabo de
referirme. Por ello, el Partido Popular, para evitar esa devaluación de
la diplomatura universitaria, va a abstenerse en la votación de esta
proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra la señora Pardo.
La señora PARDO ORTIZ: En relación con la proposición no de ley
presentada por el Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, relativa a la formación y cualificación de profesionales hasta
ahora reconocidos como técnicos especialistas de la rama sanitaria de
radiodiagnóstico, medicina nuclear, etcétera, mi Grupo quiere manifestar
su oposición, basándose en algunas consideraciones que a continuación
paso a poner de manifiesto.
En primer lugar, en el marco de la reforma de las enseñanzas
profesionales establecido por la Logse, el Ministerio de Educación y
Ciencia ha adoptado un procedimiento de elaboración de los nuevos títulos
profesionales, acordado con las comunidades autónomas que tienen
competencias en esta materia y con la Comisión Permanente del
Consejo General de la Formación Profesional, por el que al Ministerio de
Educación le compete, fundamentalmente, definir los contenidos formativos
de las citadas enseñanzas profesionales, las cuales deben orientarse a la
obtención de las competencias profesionales requeridas en el empleo e
identificadas en cada uno de los sectores productivos a través de
perfiles y de figuras profesionales. Estos últimos (los perfiles y las
figuras profesionales), mediante los estudios sectoriales respectivos que
se vienen haciendo, son identificados y definidos por expertos
procedentes del correspondiente sector y propuestos por los agentes
sociales y las administraciones competentes. Por lo tanto, la afirmación
que hacía la representante del Grupo de Izquierda Unida respecto a lo
distorsionado que estaba el debate por la carencia de su participación en
él de los colectivos afectados creo que no se corresponde con la
realidad, puesto que son estos colectivos afectados los que designan a
los expertos tecnológicos para que participen en esa identificación y
definición de perfiles.
Por lo que respecta al sector sanitario, el Ministerio de Educación y
Ciencia ha aplicado la metodología en este campo que viene aplicando en
todos los demás. Es decir, se ha realizado, en primer lugar, el
correspondiente estudio sectorial, se han designado, a propuesta de los
agentes sociales, que se supone que son los representantes del colectivo
afectado, los expertos tecnológicos de dicho sector y en el proceso de
identificación de perfiles o figuras profesionales se han recogido los
criterios de la administración sanitaria, que es la fundamental
empleadora de este sector, a efectos de su oportuna validación. Por lo
tanto, también se ha hecho dentro de un marco previamente debatido y
consensuado.
En lo que concierne a los campos profesionales, a los que se refiere
directamente la proposición no de ley --lo relativo a radiodiagnóstico,
radioterapia, medicina nuclear, etcétera--, quiero señalar que los
expertos han identificado y la administración sanitaria ha validado un
conjunto de perfiles profesionales definidos por la competencia requerida
en el empleo correspondiente a cada campo ocupacional, cuya ubicación
dentro de la ordenación general del sistema educativo debe situarse, como
ya lo han dicho otros portavoces que me han precedido en el uso de la
palabra, en la formación profesional de grado superior.
En este sentido debo señalar que la identificación de estos perfiles
resulta precisamente de una actualización que viene dada por la exigencia
de cualificación de los antiguos técnicos especialistas, en la que se han
tenido en cuenta, como no podía ser de otra manera, los avances
tecnológicos y los nuevos requerimientos de cualificación profesional de
estos sectores.
Como consecuencia de esta mayor exigencia de cualificación se ha
producido también un mayor reconocimiento del nivel de formación que
requieren estos profesionales, aprovechando la nueva ordenación académica
establecida por la Logse, ya que es la Logse la que hace posible que
estos profesionales reciban, a partir de ahora, una formación
postsecundaria o superior, aunque no universitaria, que se tiene
reconocida a efectos profesionales, según se establece en la segunda
directiva europea. En esa directiva se considera así para todas las
formaciones superiores no universitarias.
Y, en relación con las horas, quiero señalar que la Logse ha definido la
formación profesional como el conjunto secuenciado de enseñanzas de
formación profesional básica, que se impartirán en la educación
secundaria obligatoria y en el bachillerato y también por la formación
profesional específica impartida en los ciclos formativos. Por todo ello,
a las dos mil horas que la mayoría de los ciclos formativos incluyen como
formación profesional específica, deberá añadirse las horas de formación
profesional básica adicional que se ha cursado a lo largo de la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato. Creemos que la estimación
supera el cómputo de horas que en la proposición no de ley que estamos
debatiendo se reflejan como las deseables.
En cuanto a las prácticas en centros hospitalarios, ha sido precisamente
también la Logse la que ha establecido con carácter obligatorio, lo que
no venía ocurriendo hasta ahora, que todos los alumnos que cursen
formación profesional a través de ciclos formativos, realicen una
formación en centros de trabajo. En el tema que nos ocupa, esos centros
de trabajo tienen que ser centros hospitalarios que dispongan de recursos
humanos y técnicos adecuados para la actualización de dichas funciones.
Respecto a la formación del profesorado que ha de impartir estas
enseñanzas, quiero señalar que su grado de especialización, al igual que
ocurre para el resto de las enseñanzas profesionales, viene garantizado
por el sistema previsto en la Logse; es decir, una formación inicial de
nivel de licenciatura y, en su caso, diplomatura, siendo además posible
que para determinadas áreas se requiera el concurso de otro tipo de
titulaciones.
Termino resumiendo que una formación postsecundaria de tres años, no
superior, se correspondería con un nivel académico cuya formación no es
requerida por la competencia profesional identificada; que la formación
práctica en centros hospitalarios está ya garantizada en la propuesta de
las nuevas enseñanzas profesionales; que el profesorado especialista
queda también garantizado a través de la selección y formación del
profesorado definido ya en la Logse; que la adecuación de la oferta de
plazas a la necesidad del sistema sanitario, si bien no es una cuestión
que sea el eje fundamental de la proposición no de ley que estamos
debatiendo, está siendo suficientemente considerada en éste y en otros
sectores productivos por las diferentes administraciones educativas; que
la Logse ha establecido ya la equiparación académica y profesional de los
actuales técnicos especialistas con los nuevos titulados de formación
profesional de grado superior. Y porque también el procedimiento, como
decía al principio de mi intervención, para la elaboración de los nuevos
títulos profesionales ha sido acordado ya entre las comunidades autónomas
con competencias, repito, y en la Comisión Permanente del Consejo General
de la Formación Profesional, órgano éste en el que están representados
todos los agentes sociales, creo que queda suficientemente demostrada la
inoportunidad de que en esta Comisión de Sanidad se tomara en
consideración dicha proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Finalizado el debate de esta proposición no de ley,
vamos a proceder a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 16; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición no de ley.
--RELATIVA AL INCREMENTO DE LOS MEDIOS HUMANOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD
DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL CÕAN MISSES, DEL INSTITUTO NACIONAL
DE LA SALUD (INSALUD), DE IBIZA. PRESENTADA POR EL G. P. POPULAR. (Número
de expediente 161/000264.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley relativa al incremento de los
medios humanos y materiales de la Unidad de Cuidados Intensivos del
Hospital CÕan Misses, del Instituto Nacional de la Salud de Ibiza. Esta
proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa y presentación, tiene la palabra la señora Cava
de Llano.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Señoras y señores Diputados, la
proposición no de ley que presentamos tiene como objetivo asegurar a los
habitantes de las islas de Ibiza y de Formentera algo tan esencial y tan
básico como es una correcta asistencia a pacientes con patologías
críticas, en cualquier momento del día y de la noche, mediante una unidad
de cuidados intensivos, dotada con los medios humanos y materiales
necesarios para ello.
La historia de la UCI, entre comillas, del Hospital del Insalud de Ibiza
es la siguiente: en el año 1985 se inauguró el Hospital de CÕan Misses,
en el que existía una unidad de reanimación, en la que lo que se hacía
era estabilizar la situación del paciente hasta que éste estuviera en
condiciones de soportar un traslado en avión-ambulancia al hospital de
referencia, que era, y sigue siendo, el Hospital de Son Dureta, de Palma
de Mallorca.
Ante el aumento de la demanda asistencial, se estableció la llamada
unidad de cuidados máximos, atendida por un solo médico intensivista. En
marzo de 1992 existían dos intensivistas, comprometiéndose la dirección
del centro a contratar a un tercero para el 1 de enero de 1993. Esta
promesa, señorías, se incumplió, por lo que el 22 de enero de 1993 los
médicos del Hospital de CÕan Misses anunciaron a los medios de
comunicación el cierre de la mal llamada unidad de cuidados intensivos.
La alarma social creada por el plante médico se extendió por la
población, llegando incluso a la adopción de acuerdos por parte de los
plenos municipales y del pleno del Consejo Insular de Ibiza y Formentera,
en los que se instaba a la Dirección Provincial del Insalud para que, sin
más dilación, se arbitraran los medios necesarios para que la UCI del
Hospital de CÕan Misses funcionase con total normalidad y de manera
permanente, asegurando así algo tan esencial como una completa asistencia
sanitaria a los habitantes de Ibiza y Formentera.
Ante esta situación, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y
Unidades Coronarias informó a la dirección del centro que creía necesaria
la institucionalización de esa unidad médica, por considerar que, a pesar
de ser el de Ibiza un hospital de ámbito comarcal, la situación
geográfica y los enfermos susceptibles de ser ingresados superaba con
creces los 300 al año, que es la cifra aceptada para justificar una UCI.
Pues bien, el 23 de marzo de 1993, la Comisión de participación ciudadana
del sector sanitario de Ibiza y Formentera, solicitó por escrito a la
Dirección Provincial del Insalud el reconocimiento oficial de la unidad
de cuidados intensivos, con la finalidad de que en los Presupuestos
Generales del Estado se incluyera la correspondiente dotación económica.
Estas ilusiones se desvanecieron cuando se recibió respuesta de la propia
Delegación Territorial del Insalud al acuerdo adoptado por el Consejo
Insular de Ibiza y Formentera. Dicha respuesta decía que la dotación de
la UCI era la adecuada para satisfacer la demanda existente. Fue en ese
momento, señorías, cuando los habitantes de Ibiza y Formentera empezaron
a creer que las excusas dadas por la dirección del centro referentes a la
dificultad de encontrar intensivistas no eran más que excusas moratorias.
Señorías, ha habido amenazas de instar expedientes por parte de la
dirección a los médicos del hospital que denunciaban la situación de la
UCI, ha habido represalias a los médicos que denunciaban esa situación.
¿Cuál es la situación? La situación a primeros de este mes de noviembre
se agravó considerablemente al producirse dos vacantes, lo que originó el
anunció de los profesionales de remitir un escrito a los juzgados de
Ibiza con la finalidad de aclarar los límites de su responsabilidad.
Actualmente, justo es decirlo, se ha mitigado la situación, pero la
inestabilidad, el parcheo, la provisionalidad, siguen siendo el factor
determinante y la constante de la unidad de cuidados intensivos de Ibiza.
Esta es, señoras y señores Diputados, la situación de la UCI del hospital
de Ibiza.
¿Por qué antes he hablado del cierre anunciado por los médicos de la mal
llamada UCI? Por la sencilla razón de que no lo es y ello por los
siguientes motivos: La UCI del hospital de CÕan Misses no está reconocida
como unidad independiente, sino que depende del servicio de medicina
interna. La UCI no tiene dotación económica alguna, motivo por el que mi
Grupo Parlamentario ha presentado en el Senado una enmienda para que se
dote económicamente a la misma. Otro motivo es que la mal denominada UCI
está instalada en lo que en términos médicos se denomina «despertar de
quirófano» y ello a pesar de que existe en la tercer planta del hospital
sitio suficiente para instalarla como Dios manda. Y, por último, porque
el material del que disponemos es, a juicio de los médicos, obsoleto. Por
eso, señorías, es por lo que les digo que lo que existe no es una UCI, a
pesar de que, prescindiendo del nombre que se le dé, todos tenemos
suficientes conocimientos para saber que los pacientes que allí se tratan
son enfermos críticos
que en el resto de España reciben unos cuidados que se administran en
unidades de cuidados intensivos.
Señorías, a nuestro juicio y al de la Sociedad Balear de Medicina
Intensiva y Unidades Coronarias, la asistencia del enfermo crítico en un
hospital comarcal debe cubrir dos aspectos: la asistencia sanitaria en el
propio hospital y el transporte correcto al hospital de referencia.
Para resolver este problema existen dos modelos organizativos. Uno, el
que opta por el traslado de todos los pacientes críticos desde el
hospital comarcal al hospital de referencia y, dos, un modelo mixto en el
que se trasladan al hospital de referencia aquellos enfermos críticos que
precisan tratamiento quirúrgico o médico superespecializado y al resto de
enfermos se les trata en la UCI del hospital comarcal, obviamente bajo el
control de especialistas en medicina intensiva. Creemos que el modelo
mixto es el más idóneo debido al carácter insular que obliga a que todos
los traslados de Ibiza se realicen por vía aérea, lo que plantea graves
problemas de calidad, rapidez y eficacia.
¿Por qué solicitamos que los enfermos críticos sean tratados por médicos
intensivistas y no, como ahora se está haciendo, por médicos de otras
especialidades? Por tres motivos fundamentales, señorías. Primero, por el
bien del paciente; segundo, porque el no aceptar la presencia de
especialistas en medicina intensiva comporta un aumento de traslados de
enfermos críticos al hospital de referencia, cosa que no nos parece
recomendable, porque puede llegar a suponer, incluso, un bloque de la UCI
del hospital de referencia, cosa que no es de ciencia ficción, sino que
ha ocurrido en diversas ocasiones, entre otras, a finales del mes de
marzo de este año en que dos enfermos del hospital de Ibiza, a causa de
la saturación de los servicios de la UCI del hospital Son Dureta de Palma
de Mallorca, tuvieron que ser trasladados a Barcelona, y, tercero y
fundamental, porque en muchas ocasiones las condiciones meteorológicas no
permiten el traslado de enfermos críticos en avión-ambulancia.
Queremos también, señorías, que se mejore el servicio actual de
transporte avión-ambulancia con la finalidad de definir no sólo el tiempo
de respuesta, sino el entrenamiento del personal sanitario para ofrecer
un nivel de calidad, rapidez y eficacia inexistente en la actualidad.
Solicité al Ministerio copia del pliego de condiciones del convenio
suscrito entre el Insalud y Ambulancias Insulares, S. A., ya que al
parecer, según informaciones aparecidas en prensa, una inspección
realizada en el mes de marzo de este año descubrió que Ambulancias
Insulares realizaba el servicio con un avión Islander diferente al que
figuraba en el concierto, un Rockwell Turbo Commander, que no cuenta con
la posibilidad de ser presurizado, lo que es altamente beneficioso para
el traslado de enfermos del corazón por elevarse por encima de los 12.000
pies y salvar las zonas de la atmósfera en las que se producen las
tormentas.
¿Por qué pedimos en nuestra proposición no de ley que se amplíe hasta
cinco la plantilla de especialistas en medicina intensiva, que se aumente
el número de camas hasta llegar a siete y que se correlacione el número
de ATS y auxiliares con los índices de referencia de ATS/cama en el resto
de las UCI del Insalud? Porque el colectivo médico estima que es
necesario que sea así y aportan pruebas para demostrar la necesidad de
medios y de personal. Así, explican que la ocupación media real de la
UCI, que es de un 90 por ciento, sobrepasa la media nacional, cifrada en
un 72,6 por ciento, y la máxima ideal, que es de un 85 por ciento.
Si no hemos incluido ningún plazo para que esta solicitud nuestra en esta
proposición no de ley se cumpla es porque hemos considerado que no era
oportuno en principio establecer un límite temporal para no entrar en
disquisiciones temporales sino bajar al fondo del asunto, pero yo creo
que en la mente de todos está que si esta proposición saliera adelante
tendrían que cumplirse estos requisitos que nosotros solicitamos en un
plazo máximo de seis meses.
Por todo ello, señorías, solicitamos una UCI acorde a las necesidades y
singularidades de nuestras islas de Ibiza y Formentera para poder ofrecer
una asistencia adecuada a los pacientes con patologías críticas.
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Cava de Llano, por favor.
Quiero hacer dos ruegos, señorías. Uno, dirigido a S. S., para que
concluya y, el otro, dirigido al resto, para rogarles una vez más que
guarden silencio.
La señora CAVA DE LLANO I CARRION: Decía, señorías, que solicitamos una
UCI acorde a nuestras necesidades para poder ofrecer una asistencia
adecuada a los pacientes con patologías críticas. Pretender supeditar
esta asistencia a limitaciones presupuestarias supondría admitir que la
población de Ibiza y Formentera no tiene derecho a las mismas
prestaciones básicas que la población de otras regiones.
Acabamos de oír al Director General de Planificación y Aseguramiento, don
Francisco Sevilla, que gran parte de la población de Ibiza tenía que
hacer seguros privados ante la carencia de cobertura pública. Esto puede
ser admisible en personas con un nivel económico alto, pero no es
admisible que esta carencia de medios de salud pública obligue a ello a
personas económicamente débiles.
Señoría, nosotros sabemos que las islas menores como Ibiza y Formentera
se convierten en muchas ocasiones en islas olvidadas. Carecemos de muchas
cosas que resultan normales en zonas peninsulares o en islas mayores,
como puede ser universidad para nuestros hijos, autopistas, servicios
ferroviarios y un largo etcétera. Soportamos todo a pesar de que no se
nos descuenta de los impuestos los servicios que no recibimos, pero el
nuestro es un pueblo solidario y aguanta y calla.
Es en nombre de esa solidaridad, que entendemos que ha de ser de ida y
vuelta, en el que yo les pido que no nos nieguen su apoyo en una
reivindicación tan justa y necesaria como ésta, en la que está en juego
la vida de muchas personas, adelantando ya a SS. SS. que si así lo hacen
el pueblo de Ibiza y Formentera se lo agradecerá.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos Parlamentarios que desean fijar posición?
(Pausa.)
Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor
Cardona. (El señor Vicepresidente, Blázquez Sánchez, ocupa la
Presidencia.)
El señor CARDONA I VILA: Señorías, permítasenos, con todos los respetos,
hacer un ejercicio puramente teórico de una hipótesis. Podríamos decir en
este caso, vistos y oídos los argumentos de las dos partes (de una parte,
la acusación: falta de especialistas suficientes, escaso número de camas,
necesidad de transporte coherente con la circunstancia de insularidad,
etcétera; y de otra parte, la defensa: hay recursos suficientes tanto
desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista humano), que
nos correspondería dar un veredicto a través de los votos que nosotros
tenemos en función de la composición de la Comisión. Podríamos también
abstenernos por falta de pruebas suficientes, pero, señor Presidente,
señorías, con toda seriedad y con el mayor sentido de responsabilidad,
debo manifestar que nos hemos informado, oportunamente y dentro de
nuestras posibilidades, y hemos deducido que, aun reconociendo que puedan
ser mejorables las condiciones objetivas de asistencia --todo es
mejorable--, no encontramos razones suficientes para pensar que existe un
agravio comparativo con otros territorios en razón a una hipotética
deficiencia asistencial sanitaria.
En consecuencia, desde este punto de vista, nosotros no podemos apoyar la
proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Blázquez Sánchez): Tiene la palabra la señora
Maestro, por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
La señora MAESTRO MARTIN: Señor Presidente, señorías, la verdad es que la
historia de los servicios sanitarios de Ibiza es, como en otros lugares
de España, una historia de reivindicaciones populares, de movilizaciones
populares, que van consiguiendo dotaciones de recursos con los que
anteriormente no se contaba y que realmente eran considerados como
imprescindibles. Es decir, que hasta el año 1985 no haya en Ibiza, en una
isla, un hospital comarcal, es, cuando menos, llamativo. Evidentemente,
en historias complejas como lo es ésta hay aspectos muy diversos, pero yo
creo que uno de los fundamentales --es necesario decirlo-- es que se
trata de una historia de gestores que han entendido el cumplimiento
presupuestario en un sentido economicista, más allá de criterios
económicos más amplios y más allá de criterios de responsabilidad
personal y administrativa con los ciudadanos cuyos servicios administran.
Hasta el año 1991 no había ningún intensivista en la unidad de cuidados
intensivos de Ibiza, es decir, los pacientes críticos eran, todos,
trasladados, cuando era posible y cuando la capacidad instalada de camas
lo permitía, al hospital de Palma de Mallorca. Como todos ustedes saben,
señorías, profesionales o no de la sanidad, el tiempo es un factor
fundamental a la hora de valorar las posibilidades de recuperación, y más
en un paciente crítico, en un accidentado o en un enfermo cardiovascular,
y hasta el año 1991 había una imposibilidad absoluta de que ningún
paciente crítico de Ibiza contara con la atención intensiva
imprescindible. Después de esto, han ocurrido una serie de
movilizaciones, por parte de la población y por parte del personal. Una
negativa inexplicable --lo digo con todo respeto, pero también con toda
dureza, a los señores del Partido Socialista que sostienen al Gobierno--,
porque no es admisible que los gestores hayan estado obstruyendo el
desarrollo de una unidad de cuidados intensivos que ahora parece que se
pretende poner en marcha. ¿Es que esa unidad de cuidados intensivos no
era necesaria en el año 1991? ¿Es que los pacientes críticos de Ibiza no
tenían el mismo derecho, en el año 1991 que ahora, a ser atendidos como
es debido, con los medios técnicos y con el nivel de especialización
técnica y científica requerido? Ha sido una historia de obstrucción y de
oscurantismo en los datos --yo he realizado una pregunta parlamentaria a
la cual todavía no he tenido respuesta--, porque existe evidencia
documental de una tergiversación de los datos reales de ocupación y de
asistencia en la unidad de cuidados intensivos, que han sido alterados en
la transmisión de los mismos al Insalud, con lo cual los criterios por
los cuales el Insalud valora la necesidad o no de instalar determinados
servicios, estaba realizándose sobre datos alterados. Porque,
evidentemente, la fuente de datos con los que cuenta cualquier gerencia
no tienen otro origen que los proporcionados por los propios médicos, por
las personas responsables de cada servicio. Se está hablando
insistentemente de datos de ocupación entre el 60 y el 70 por ciento,
cuando el propio servicio habla de una ocupación del 90 por ciento. ¿Cuál
es el misterio? El misterio es que los muertos en menos de 24 horas, que
son ingresos de menos de 24 horas, no se contabilizan como tales, cuando
ese tipo de paciente, por desgracia, es enormemente frecuente en una
unidad de cuidados intensivos. Y es evidente que una unidad de cuidados
intensivos con una ocupación del 90 por ciento está sobresaturada, porque
los criterios de saturación de camas no son los mismos en un servicio de
estas características que en cualquier otro servicio. (La señora
Presidenta ocupa la Presidencia.)
Al principio de mi intervención yo hacía una afirmación que quiero
explicar. ¿Por qué digo que se está actuando en función de criterios
presupuestarios y no de criterios económicos globales? El traslado de
pacientes al hospital de Palma de Mallorca no es solamente un riesgo para
la supervivencia de los pacientes críticos, sino que además es
enormemente más caro que la dotación adecuada a una unidad de cuidados
intensivos que, insisto, dadas las condiciones de insularidad, debería
requerir un nivel de cualificación y de dotación material, en alguna
medida, superior a la de cualquier UVI comarcal que pudiera contar con un
hospital de referencia más accesible que el hospital de Can Misses de
Ibiza. Además, el traslado de enfermos es más caro que esa dotación; lo
que pasa es que es otra partida presupuestaria. Es decir, se pueden
cumplir presupuestos perfectamente cuando las partidas presupuestarias
son diferentes, aunque el coste global y --lo que es más importante-- las
posibilidades de supervivencia de los pacientes en el primer sentido
aumentan y en el segundo disminuyen.
Quiero terminar diciendo que es verdad que la Administración ha tomado
medidas. Con fecha 6 de octubre, la
Directora General del Insalud define una plantilla para la unidad de
cuidados intensivos de Ibiza de cuatro especialistas. El 6 de octubre de
1994. Para algo han servido las presiones, para algo. Pero no es de
recibo que una administración esté actuando en un tema como éste, tan
sensible y tan lógicamente sensible para la población de Ibiza, a golpe
de presiones por parte de la población y a golpe de presiones por parte
del propio personal sanitario. En este momento se define una plantilla de
cuatro intensivistas. Teniendo en cuenta otro hecho que está en la mente
de todos, cual es que en la época de verano la población de Ibiza casi se
triplica, y teniendo en cuenta las vacaciones a las que los trabajadores
de la unidad de cuidados intensivos tienen derecho, como lo tiene todo el
personal, es evidente que durante una parte importante del año existirían
tres personas en cuidados intensivos, con una guardia cada tres días;
insisto en que las guardias en cuidados intensivos no se parecen en nada
a las guardias en cualquier otro servicio.
En consecuencia, nosotros compartimos la preocupación del Partido Popular
por esta cuestión, con una afirmación sobreañadida: la mejor defensa de
la sanidad pública es la defensa de la calidad y de la cantidad de
servicios sanitarios. Nosotros también compartimos que en la UCI de Ibiza
es necesaria una capacidad instalada de siete camas. Insisto, porque en
la gestión ha presidido el oscurantismo y la persecución de aquel que se
atrevía a levantar la voz, incluidos traslados de familiares, etcétera,
como forma de presión para que los trabajadores de la unidad de cuidados
intensivos abandonaran la misma, y la imposibilidad real de definir el
presupuesto de la UCI como unidad presupuestaria identificable, si la
Mesa me lo permite, partiendo de la base de la aceptación de los
planteamientos de fondo del Grupo Popular, yo querría plantearle al Grupo
Parlamentario proponente una enmienda «in voce», si es posible. Como bien
decía la Diputada interviniente, pediríamos la concreción a seis meses en
el período para poner en marcha una UCI con las características completas
y una dotación global, no un incremento de dotación, sino una
identificación presupuestaria de 50 millones de pesetas para gastos de
personal, incremento de plantilla en médicos y ATS, y 100 millones de
pesetas como gasto global, insisto, no como incremento de dotación
presupuestaria en la capacidad instalada existente.
La señora PRESIDENTA: Debo informar a S. S. que su propuesta de
presentación de una enmienda «in voce», desde el punto de vista
reglamentario, no es posible, dado que debió ser presentada, al menos con
seis horas de antelación. Hubiera sido posible en el caso de un enmienda
ya existente que enmendara de manera transaccional, pero
reglamentariamente esto no es posible.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Costa.
El señor COSTA COSTA: En primer lugar, me gustaría centrarme en el
espacio en que estamos debatiendo una problemática desconocida para la
mayoría de las personas que tienen que adoptar esa decisión. Sería
conveniente que centráramos la problemática recurriendo a la historia
reciente.
No es en el año 1991 cuando Ibiza no tiene una asistencia sanitaria como
es debido. En el año 1991 empieza a tenerla. Históricamente hay un
situación lamentable de la sanidad. Mientras muchas personas
progresistas, gente sensata que luchaba por la sanidad pública, se estaba
manifestando a favor de implementar los medios humanos, los recursos
materiales y las dotaciones para crear esa infraestructura sanitaria,
había otras personas que vivían instaladas cómodamente viviendo de las
rentas de la sanidad privada, cosa legítima, pero que no legitima para
actuar ahora en defensa de la sanidad pública, ya que lo que pretenden es
quebrar el sistema para volver a lo que es su origen: vivir mejor de las
rentas de la sanidad privada. Es conveniente conocer estos datos, porque,
si no es así, no se puede tomar una decisión rigurosa y seria sobre la
problemática que planteamos.
Es verdad que Ibiza es una isla con 70.000 habitantes y que un hospital
comarcal de esta medida no tendría una unidad de cuidados intensivos,
sino que esta unidad estaría en un hospital de referencia a unos
kilómetros de distancia, probablemente en la capital de una provincia,
como sucede en el conjunto del sistema sanitario del Estado español. Es
verdad que esto funciona así dentro del sistema sanitario público que nos
hemos dado. Pero porque Ibiza es una isla, porque tiene esas
singularidades, porque ha habido gente que ha reivindicado, con razón, la
necesidad de una UCI, porque el Partido Socialista y el Gobierno han sido
sensibles a esos argumentos y los han apoyado hasta lo razonable, se ha
creado una UCI en un hospital comarcal con las dimensiones que se han
dicho y para atender a la población que aquí se ha dicho. Luego la
excepcionalidad ya se ha producido, y es que allí exista una UVI,
necesaria y bien dotada, humana y materialmente.
Creo que la mayoría de SS. SS. conocen que está dotada suficientemente,
dentro de las limitaciones presupuestarias que tiene nuestro país para
atender una demanda que no tiene límite, que siempre sería mejorable y
que en Ibiza y Formentera está mejor dotada que en otros lugares de
nuestro país. Es un privilegio que tenemos por ser islas y porque no
tenemos la posibilidad de recurrir de manera inmediata a hospitales de
referencia.
Aclarada esta parte, quiero recordarles a SS. SS. que en Ibiza no había
ni en 1985 ni en 1982 un hospital comarcal. Desde que el Gobierno
socialista está en el poder se ha construido no sólo un hospital
comarcal, sino que además atiende las necesidades de los ciudadanos de
las islas Pitiusas con un alto grado de satisfacción, algo que duele a
muchos agentes sanitarios privados. Porque hay mucha gente que prefiere
pagar en la sanidad pública antes que ir a la oferta privada que existe
en nuestras islas. Por lo tanto, hace daño a determinados sectores
económicos relacionados legítimamente con la sanidad. Insisto que hay un
alto grado de satisfacción por parte de los ciudadanos con los servicios
sanitarios que se están prestando.
Es verdad que existe alarma social. ¡Claro que la hay! La han creado
quienes han traído esta propuesta, que se han encargado de llevarla a
todos los ayuntamientos. (Rumores
y protestas.) Pero ¿qué manifestación pública de ciudadanos ha habido en
la isla de Ibiza, no de interesados políticamente de captar votos, ni de
arreglar el problema sanitario, sino de personas que nunca han estado en
esto, exigiendo mayor calidad en la prestación del servicio que nosotros
deseamos y vamos a seguir impulsando? (Risas.) Pero, señorías, ustedes,
que ahora se ríen y que seguro que han ido allí de vacaciones, podrían ir
a visitar nuestro hospital y seguramente sentirían envidia, en el caso de
que en su provincia usen la sanidad pública, cosa que dudo.
Para aclarar conceptos les diré que la UCI está dotada con cuatro
intensivistas y un cardiólogo que concurre en los turnos de guardia, es
decir, cinco personas, con cinco diplomados en enfermería y con recursos
técnicos necesarios para poder desarrollar su función. El conflicto
actual no ha sido derivado de la necesidad de mayores servicios, cosa que
no pedían los médicos de la UCI. Decían que eso estaba correctamente
planteado y ésa era la reivindicación original. El conflicto se ha
planteado cuando ha salido a concurso una plaza que estaba cubierta de
forma provisional por una de las personas que han estado luchando para
lograr que exista una UCI. Y cuando esa persona se ha visto desplazada
por la ley, porque ha salido a concurso público esta plaza, ha originado
una alarma social que no tiene ningún contenido. Porque al día siguiente
de quedarse vacantes por concurso esas plazas de la UCI, eran cubiertas
por el Insalud y S. S. lo conoce perfectamente.
El índice de ocupación de la UCI es del 62,96 por ciento, habiéndose
incrementado la estancia media, debido a una mayor preocupación por la
atención a los pacientes de esta unidad, porque un año antes era de 2,75
días.
Quiero recordarles a SS. SS. que los médicos implicados en este servicio
pidieron a la inspección del Insalud que hiciera un estudio respecto a
las cifras oficiales que se ofrecían por parte de la dirección del
hospital. Ha habido una inspección y ha determinado que las personas
implicadas en el servicio estaban falseando los datos de ocupación de la
UCI para alarmar a la población injustificadamente. (Rumores en los
bancos del Grupo Popular.) Esto se hizo a petición de los propios
profesionales.
Señorías, quiero recordarles que el Insalud tiene la posibilidad, y
probablemente la está ejerciendo, de abrir un expediente a aquellos
profesionales que injustificadamente han alarmado a la población con
datos falsos para lograr unos objetivos que no se corresponden con su
cuestión profesional ni con su función... (Rumores en los bancos del
Grupo Popular.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Costa, por favor. Señorías, les
ruego respeten el turno de intervención de los distintos portavoces.
Todas SS. SS. son muy libres de expresar las opiniones, ya que, de
acuerdo con los conocimientos y la información de que disponen, pueden
hacerlo. Respeten, por favor, las discrepancias que se producen
habitualmente entre los distintos portavoces.
Continúe, señor Costa, y le ruego concluya.
El señor COSTA COSTA: Voy concluyendo, no sin antes decir que quien tiene
legitimidad para hablar aquí de sanidad pública en las islas Pitiusas no
son los proponentes de esta proposición no de ley, sino quienes nos hemos
ocupado durante años de que exista una asistencia sanitaria equiparable
por lo menos a la que hay en el conjunto del país. Vamos a seguir
defendiendo esta asistencia con los medios de que dispone el Estado y
mejorarla según se van produciendo las necesidades.
Quiero aclarar dos cuestiones más de la proposición no de ley, una de las
cosas que no ha dicho. Primero, el servicio de traslado de enfermos está
funcionando; efectivamente, está en concesión a una empresa que termina
su contrato el 31 de diciembre y el Insalud no tiene --y así lo ha
manifestado reiteradamente-- ningún inconveniente en rescindir ese
contrato y hacer uno nuevo que tenga una mejor cobertura, si eso es
posible, de los traslados de Ibiza la hospital de referencia o a otros,
porque no es solamente al hospital de referencia donde se producen los
traslados. En estos momentos existe un plan acordado con los
profesionales de urgencias del Hospital de Can Misses y del Hospital de
Mont de Tor en Menorca, que han participado en la elaboración de un plan
para eliminar las disfunciones que se habían producido en algunos casos
para evacuación de enfermos, sobre todo si tenían que ser evacuados a un
hospital que no fuera el de referencia, el de Son Dureta.
En estos momentos eso está perfectamente instrumentado con un sistema de
061 que está dando unos resultados, considero, plenamente satisfactorios.
Hay planes de formación continuada para estos profesionales que se
dedican a hacer las evacuaciones y, por tanto, se está desarrollando en
base al interés de los ciudadanos todo este proyecto sanitario para las
islas Pitiusas.
Finalmente, señorías del Partido Popular, espero que tarden mucho en
ganar las elecciones, pero el día en que las ganen no van a poder mirar a
la cara a sus electores (La señora Cava de Llano y Carrió: ¡Eso tú!),
porque van a querer hacer universidades para 71 personas en la isla de
Ibiza. Ustedes serán capaces, además, reduciendo el presupuesto,
reduciendo el gasto público y el déficit público, de dar todo aquello que
nosotros no hemos sido capaces de hacer.
La señora PRESIDENTA: Señor Costa, le ruego que concluya.
El señor COSTA COSTA: Por tanto, espero que, aún tardando mucho tiempo,
algún día puedan demostrar su capacidad, que hasta ahora la han
demostrado poco, al menos donde gobiernan. (Rumores.--La señora Cava de
Llano y Carrió pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señora Cava de Llano, ¿para qué solicita la
palabra?
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Entiendo que la intervención del
representante del Grupo Socialista ha sido ofensiva. Creo que mis
manifestaciones han sido absolutamente respetuosas, aunque discordantes,
con lo existente y me parece que me corresponde un turno de réplica.
La señora PRESIDENTA: Señoría, como sabe, en este trámite parlamentario
no existe esta posibilidad de réplica. No parece, en opinión de esta
Presidenta, que el señor Costa haya sido ofensivo. Es verdad que ha
habido discrepancias, pero las habituales.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Alusiones.
La señora PRESIDENTA: Alusiones son otra cuestión, pero su señoría me
está hablando de una intervención molesta.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Insultante.
La señora PRESIDENTA: En absoluto podemos valorar la intervención del
portavoz socialista como insultante, sí como fuertemente discrepante,
evidentemente. Efectivamente, también se han producido algunas alusiones.
Si su señoría quiere tomar la palabra por alguna alusión concreta, se la
concedo muy brevemente.
Le ruego no reabra el debate.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: Lamento el papel que le ha tocado jugar
en esta ocasión al representante del Partido Socialista, diputado de
Ibiza y Formentera, y conocedor de la sanidad pública...
La señora PRESIDENTA: Perdone, señora Cava de Llano, limítese, por favor,
al objeto de la réplica, que es la alusión.
La señora CAVA DE LLANO Y CARRIO: La alusión simplemente es que yo
siempre miraré a la cara, y con la frente muy alta, a mis electores, cosa
que dudo que pueda hacer él. (Rumores.--El señor Costa Costa pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Costa, por favor, no reabramos el debate.
El señor COSTA COSTA: Por la misma alusión, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Finalizado el aclarado debate de esta proposición
no de ley, señorías, vamos a proceder a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición no de ley.
Señorías, concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Era la una y treinta y cinco minutos de la tarde.