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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 355, de 16/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 355
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENTE: DON JAIME JAVIER BARRERO LOPEZ
Sesión núm. 39
celebrada el miércoles, 16 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de Justicia e Interior (Belloch Julbe),
para:
--Informar sobre las líneas generales y objetivos de la política de su
Ministerio. A petición propia. (Números de expediente 214/000053 y
214/000080) (Página 11042)
--Dar a conocer los proyectos a desarrollar en su Departamento durante su
mandato, referentes al presente período de sesiones y al próximo. A
solicitud de Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente
213/000303) (Página 11042)
--Explicar las razones que han llevado a la unión de los Departamentos
Ministeriales de Justicia e Interior en uno solo, así como del proyecto
de reorganización de ambos Ministerios y de los planes de acción que
piensa desarrollar. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número
de expediente 213/000311) (Página 11042)
--Explicar las razones que han motivado la remodelación del Departamento
y el cese de varios de los altos cargos del mismo. A solicitud del Grupo
Parlamentario Federal IU-IC. (Número de expediente 213/000362) (Página 11042)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (BELLOCH JULBE) PARA
TRAMITAR CONJUNTAMENTE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES PARA:
--INFORMAR SOBRE LAS LINEAS GENERALES Y OBJETIVOS DE LA POLITICA DE SU
MINISTERIO. A PETICION PROPIA. (Números de expediente 214/000053 y
214/000080.)
--DAR A CONOCER LOS PROYECTOS A DESARROLLAR EN SU DEPARTAMENTO DURANTE SU
MANDATO, REFERENTES AL PRESENTE PERIODO DE SESIONES Y AL PROXIMO. A
SOLICITUD DEL GRUPO IU-IC. (Número de expediente 213/000303.)
--EXPLICAR LAS RAZONES QUE HAN LLEVADO A LA UNION DE LOS DEPARTAMENTOS
MINISTERIALES DE JUSTICIA E INTERIOR EN UNO SOLO, ASI COMO DEL PROYECTO
DE REORGANIZACION DE AMBOS MINISTERIOS Y DE LOS PLANES DE ACCION QUE
PIENSA DESARROLLAR. A SOLICITUD DEL GRUPO POPULAR. (Número de expediente
213/000311.)
--EXPLICAR LAS RAZONES QUE HAN MOTIVADO LA REMODELACION DEL DEPARTAMENTO
Y EL CESE DE VARIOS DE LOS ALTOS CARGOS DEL MISMO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO IU-IC. (Número de expediente 213/000362.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
El orden del día de hoy de la Comisión de Justicia se limita a la
comparecencia del Ministro de Justicia e Interior, don Juan Alberto
Belloch, al que damos la bienvenida una vez más a esta Comisión, para
tramitar cuatro solicitudes, una a petición propia y otra a petición de
los grupos parlamentarios de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
Popular. Las cuatro iniciativas se van a debatir conjuntamente, y lo
haremos de acuerdo con la tramitación reglamentaria del artículo 202. Sin
más, el señor Ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias,
señorías, por su presencia en este acto. En todo caso, como quiera que a
través de sucesivas interpelaciones he tenido ocasión de hablar
sectorialmente de las cuatro Secretarías de Estado que en sustancia
conforman el conjunto del Ministerio, esta comparecencia la he entendido
más bien como líneas de política general del conjunto del Ministerio que
particularizadamente respecto de todas y cada una de las Secretarías de
Estado, cuyo análisis, por otro lado --como SS. SS. comprenderán--,
desbordaría todo límite razonable de tiempo. Procuraré, por tanto, hacer
un planteamiento general del conjunto del Ministerio de Justicia e
Interior.
En octubre del pasado año, siendo Ministro de Justicia, tuve el honor de
comparecer ante esta Comisión para darle cuenta de las líneas directrices
que se iban a impulsar desde el Ministerio. Como SS. SS. recordarán,
básicamente las centraba en dos grandes objetivos: la preservación del
sistema jurídico y la eficacia de la acción de la justicia. El primero de
ellos atendía no sólo a la conservación del sistema jurídico sino también
a la cooperación con el Consejo General del Poder Judicial y al
desarrollo efectivo del Estado de las autonomías. Posteriormente, el
pasado 5 de mayo de 1994, asumí la cartera del nuevo Ministerio de
Justicia e Interior que reúne las funciones atribuidas a los antiguos
ministerios de Interior y de Justicia. El 17 de mayo tuve ocasión, a
propósito de una interpelación en el Senado, de informar sobre las
modificaciones que comportaba la nueva estructura, y asimismo en una
interpelación en el Congreso, de 29 de junio, con motivo de la
remodelación del Ministerio en el área en concreto de la Secretaría de
Estado de Interior. En ambos casos la línea programática la centré en el
imperio del principio de legalidad desde la necesaria interrelación entre
la preservación de derechos y libertades y la seguridad jurídica y la
seguridad material que suponen el soporte desde el cual es posible el
ejercicio de los derechos y libertades.
Hoy han pasado algo más de seis meses desde esa fecha. El Ministerio de
Justicia e Interior, haciendo un balance, ha presentado o continuado,
desde el comienzo de legislatura, 13 proyectos de ley y una proposición
de ley que hoy son ya leyes. Además, están en tramitación parlamentaria
otros ocho proyectos de ley y seis proposiciones de ley de las áreas del
conjunto del Ministerio; entre ellos, sin duda, los más significativos
--al menos así lo pienso-- serían el Código Penal y la regulación del
jurado. Prácticamente cada mes se han presentado una media de dos
proyectos normativos desde julio de 1993, en una actividad incesante que
continúa y que sobre todo SS. SS., miembros
de la Comisión de Justicia e Interior, conocen sobradamente.
En el área de la Justicia debo destacar, por su importancia, la reforma
urgente de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la que, como SS. SS.
saben y tuvieron ocasión de dictaminar, se atribuye la competencia en
materia de selección de jueces y magistrados al Consejo, se mejora el
sistema de acceso, se define la composición de las salas de gobierno de
los tribunales superiores de Justicia, se regula la potestad
reglamentaria del Consejo, el régimen presupuestario, la definición del
sistema de designación y proposición de jueces sustitutos, se prevé el
desarrollo de los institutos de medicina legal, se configura el uso de
los medios informáticos al servicio de la Administración de justicia y se
perfila y mejora el régimen de disciplinario de jueces y magistrados, por
subrayar quizás temas nodales o nucleares de esa reforma aprobada ya por
sus señorías.
En relación con las comunidades autónomas planteé entonces y sigo
pensando que es preciso lograr una gestión descentralizada y, en
consecuencia, que es conveniente un proceso de atribución de las
funciones estrictamente administrativas, las que habitualmente
denominamos de administración de la Administración de justicia, a las
comunidades autónomas. El primero de enero de 1995 pensamos que tres
comunidades de vía rápida --Galicia, Valencia y Cataluña--, con relación
a los 40 nuevos órganos judiciales en los que todavía no eran
competentes, tendrían ya competencias en la gestión de medios materiales
y personal laboral, estando avanzada igualmente la negociación respecto
de otras comunidades autónomas, siendo los problemas sustancialmente
--como suele ser frecuente en los temas de transferencias, y SS. SS. lo
saben-- la fijación concreta de los importes económicos y presupuestarios
que significa tales transferencias.
En el terreno de gestión, y todavía dentro del área de Justicia, se están
estabilizando las plantillas de jueces, fiscales, secretarios judiciales,
oficiales, auxiliares, agentes de la Administración. Al margen de lo que
ya se ha hecho hasta este momento, cuyas cifras conocen SS. SS., me
parece más importante destacar el impulso que se va a producir en el año
1995 en un tema que para el Ministerio es central, es decir, la
incorporación de 4.792 plazas vacantes de los cuerpos administrativos de
la Administración de Justicia, en definitiva, el mismo número de plazas
que actualmente está cubierto por personal interino. Es un objetivo a
cubrir en el año 1995 y sinceramente pensamos que es uno de los
principales esfuerzos de gestión a que está obligada, en particular la
Secretaría General de Justicia, el área de la Secretaría de Estado de
Justicia. Se resolvería así uno de los problemas que todas SS. SS.,
expertos en estos temas, conocen, cual es el de la fijación de
plantillas. Se han desarrollado cursos de formación continuada, no lo
plenamente satisfactorios que quisiéramos, dadas las limitaciones
presupuestarias, pero afortunadamente ya en este año hemos podido cubrir
un total de 5.618 plazas de diversas áreas de personal en temas de
formación continuada. Para 1995 se han incrementado las partidas
presupuestarias relativas a formación, de nuevo de manera no plenamente
satisfactoria pero muy superior a la del año 1994, con lo cual podremos
incrementar este objetivo de la formación especializada continuada y
permanente, que es uno de los temas clave de esta área.
En en aspecto organizativo de la Administración de justicia, el objetivo
central de 1995 es potenciar el funcionamiento efectivo de los juicios
rápidos que, cuando menos, se ha fijado como objetivo las once grandes
ciudades pero que, en realidad, desearíamos pudiera tener más resultados.
Es verdad que en la potenciación de juicios rápidos hay que dejar
perfectamente claro que el protagonismo es del Consejo General del Poder
Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de los colegios de Abogados,
de los colegios de Decanos, del Secretariado, en definitiva, del conjunto
de agentes que participan en la Administración de justicia. Lo que puede
hacer la Secretaría de Estado de Justicia, y es lo que va a hacer, es
adoptar una serie de medidas de fomento, de estímulo para que se realicen
esos juicios rápidos. Sin la colaboración de los decanos, de las juntas
de magistrados y de las salas de gobierno el objetivo no podría
realizarse satisfactoriamente. La obligación del Ministerio, insisto, es
establecer medidas de fomento que hagan posible la efectiva instauración
de esos juicios rápidos, al menos en las once grandes ciudades. También
se ha abordado la reforma de la medicina forense, por cierto,
modificación que fue iniciada en sede parlamentaria, concretamente fue
una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado, una
enmienda que se aprobó y que después ratificó el Congreso de los
Diputados con ocasión de la reforma urgente de la Ley Orgánica del Poder
Judicial y que debe culminar con el próximo desarrollo de las normas
reglamentarias. También a finales de este año la organización de los
equipos de apoyo en audiencias y decanatos habrá terminado de ser
estudiada por el conjunto de instancias afectadas y estaremos ya en
condiciones de elevar una propuesta al Consejo General del Poder
Judicial. Ante la necesaria, urgente y muchas veces recordada por SS. SS.
regulación de la asistencia jurídica gratuita está previsto que las
subvenciones a abogados y procuradores del turno de oficio y asistencia
jurídica gratuita se regulen por real decreto que podrá entrar en vigor
antes de fin de este año. Posteriormente, resuelto ya el tema urgente del
real decreto mencionado, se podrá presentar, a lo largo de 1995, el
objetivo más ambicioso que sin duda es el proyecto de ley de asistencia
jurídica gratuita.
En el área de Interior se ha producido una reorganización funcional que
ya he expuesto en diversas intervenciones ante la Cámara, procediéndose a
una reforma en profundidad de la gestión policial, cuya manifestación más
inmediata ha sido el recientemente aprobado Plan de Seguridad y Libertad
Ciudadanas, que aprobó el Consejo de Ministros el viernes pasado. Este
plan debe entrar en funcionamiento en enero de 1996. Esta reorganización
no pretende únicamente un despliegue distinto de las fuerzas de seguridad
sino un cambio cualitativo en los procedimientos de trabajo y de
organización. Se pretende organizar un modelo que, teniendo como fines
inmediatos la prevención del delito y la lucha contra la delincuencia,
sea concebido en lo esencial como un servicio al ciudadano, como una
condición material de su libertad.
En cuanto a las iniciativas legislativas para el año 1995, está prevista
la presentación de los siguientes proyectos: ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa, ley de enjuiciamiento civil, ley de
asistencia jurídica gratuita, ley procesal del menor, ley de precursores,
ley de derechos del menor, aunque en este caso la iniciativa sea del
Ministerio de Asuntos Sociales y el Ministerio de Justicia e Interior se
limite a colaborar en su elaboración; ley sobre integración de corredores
colegiados de comercio en el notariado, trasposición de directivas sobre
viajes y circuitos combinados, ley de multipropiedad, regulación de
iniciativas propuestas en el debate sobre la droga, al que aludiré
después aunque sea de manera breve; ley sobre el destino de los bienes
decomisados por tráfico de drogas y otros delitos relacionados,
usualmente conocida como la ley del fondo; ley reguladora de suspensiones
de pagos y quiebras en sociedades mercantiles, trasposición de directivas
sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores,
reformas de aspectos concretos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en
particular el tema de los juzgados de barrio y el tema de la oficina;
trasposición de directivas sobre permisos de conducción, trasposición de
directivas sobre sanciones de importes expresados en ecus. En definitiva,
como SS. SS. comprobarán, el impulso de cambio normativo en el año 1995
va a mantener el mismo ritmo intenso del año y medio anterior. A estas
iniciativas legislativas se unen las presentes por proyectos de ley y
proposiciones de ley que están en las Cámaras. Estoy convencido,
señorías, de que las Cámaras, en particular esta Comisión de Justicia e
Interior estará a la altura del enorme esfuerzo legislativo que se le va
a plantear por iniciativas del Gobierno y por iniciativas surgidas de la
propia Cámara.
En todo caso, el Ministerio no es una suma de contenidos de los
organigramas correspondientes a las cuatro Secretarías de Estado, al
conjunto de órganos centrales y al conjunto de sus órganos directivos. Es
un proyecto unitario centrado en la idea originaria que no me cansaré de
repetir: el principio de legalidad como eje de la preservación de los
derechos y libertades desde la seguridad, como sustrato material y
jurídico, que hace posible, real y efectivo el ejercicio de los derechos
y el ejercicio de las libertades. Este proyecto unitario se plasma
adecuadamente en las siete grandes líneas de trabajo que a continuación
les voy a exponer. Se trata de líneas de trabajo que no corresponden en
particular a una u otra Secretaría del Estado, aunque unas puedan tener
mayor protagonismo según la línea de trabajo a la que aluda, sino que
deben concebirse desde una perspectiva transversal que, en definitiva,
atraviesa el conjunto de los órganos directivos del Ministerio de
Justicia e Interior. Esas siete grandes líneas de trabajo son: una, el
acceso a una justicia ágil y rápida; dos, libertad y seguridad de los
ciudadanos; tres, lucha contra el terrorismo a nivel nacional e
internacional; cuatro, lucha contra la corrupción; cinco, lucha contra el
narcotráfico; seis, la solidaridad entre los ciudadanos, y siete, la
construcción del concepto de ciudadanía en el seno de la Unión Europea.
Insisto en que no son esas siete grandes líneas de trabajo competencia
exclusiva de una u otra Secretaría de Estado. Son, como he dicho,
objetivos transversales del Ministerio a cuya consecución deben
contribuir con su cooperación todas y cada una en muchas ocasiones,
muchas de ellas en todas, de las diversas unidades o centros directivos
del Ministerio para articular un resultado final que el ciudadano debe
percibir, disfrutar y disponer.
La primera línea es el acceso a una justicia ágil, rápida y eficaz. Tiene
como eje central, y no se les escapa a SS. SS., la reforma procesal, sin
duda el gran objetivo por lo que respecta a esta primera línea de trabajo
del año 1995. En el orden penal los juicios rápidos empiezan a ser ya una
realidad que se implantará, como les decía, esperemos que decisivamente a
lo largo de 1995. Respecto a las reformas requeridas en el orden penal,
el Ministerio entiende que son de carácter parcial y afectan a puntos muy
concretos que ya hemos tenido ocasión de plantear y debatir en esta misma
Cámara. Sin embargo, en el orden civil entendemos que se requiere una
modificación completa de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de
racionalizar el número de procedimientos y su tramitación. Por eso
consideramos urgente y prioritaria la reforma íntegra de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, reforma que pensamos que estará definitivamente
preparada en la sede prelegislativa, en definitiva el Gobierno, en el
primer trimestre del año 1995, e incluso antes trataremos de presentar en
la Cámara la nueva ley de la jurisdicción contencioso-administrativa, de
la cual existe en este momento redactado un primer borrador que se
encuentra en fase de consulta con diversas instancias. Estas reformas
permitirán, con el concurso de SS. SS., que las nuevas leyes procesales
en el orden civil y contencioso-administrativo puedan entrar en vigor
efectivamente en el curso del año 1996, siempre que el Gobierno cumpla
sus compromisos y SS. SS. puedan legislar en los período de tiempo
razonables y precisos. Además, esas reformas --procesar civil y procesal
laboral-- deben servir como base a la nueva distribución de la planta
judicial que debe incorporarse a la Ley de Demarcación y Planta. La
entrada en vigor de este conjunto normativo proporcionaría sin duda, y
creo que en ello es fácil estar de acuerdo, una mayor racionalidad,
eficacia, rapidez y calidad a la justicia.
La segunda línea de trabajo se centra en la libertad y seguridad del
ciudadano. Este objetivo no puede cumplirse sólo con un conjunto de
medidas en el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, en el ámbito
de los trabajos de la Secretaría de Estado de Interior, sino que es una
actuación integral, por y para la libertad, que comprende a los
delincuentes pero también a las víctimas; que supone la prevención del
delito, la atención a las víctimas, la investigación de los delitos, el
trato digno a los detenidos, la inmediatez del proceso y la sentencia y
la separación del delincuente de la sociedad para su rehabilitación e
integración. Por tanto, como SS. SS. observarán, no estamos ante un
conjunto de instrucciones administrativas --aunque alguna parte del
trabajo es así-- a los cuerpos y fuerzas de seguridad, sino ante un
conjunto de actividades que comprende el plan de despliegue policial en
las grandes ciudades, el plan de asistencia a víctimas, el reforzamiento
de la policía judicial, la dotación de los medios necesarios para el
desarrollo de juicios rápidos, el proyecto de ley de turno de oficio y
asistencia gratuita y, finalmente,
el desarrollo del sistema penitenciario, con la construcción de nuevos
centros y la formación continuada --asunto siempre recurrente y central
del conjunto del Ministerio-- y permanente de los funcionarios de
Instituciones Penitenciarias. En definitiva, el conjunto de medidas
--transversal a la totalidad del Ministerio-- tiene por objetivo el
tratamiento integral de la vulneración de las libertades que la
Constitución Española reconoce al ciudadano y el mantenimiento o
restauración de la confianza de los ciudadanos y del derecho legítimo de
éstos a ejercer sus libertades. A corto plazo se pondrá en marcha el Plan
de Seguridad y Libertad Ciudadanas que, como saben SS. SS., combina la
acción de la presencia policial con los juicios rápidos y ha sido
aprobado, como les dije, en el Consejo de Ministros del viernes pasado.
En cuanto a Instituciones Penitenciarias, en 1995 también está prevista
la entrada en funcionamiento de tres nuevos centros penitenciarios, con
una capacidad de 3.000 plazas, que compensará, al menos en parte, las
necesidades de la población penitenciaria; desde luego, sí compensará la
supresión de centros antiguos y evitará los casos más extremos de
congestión. En todo caso, me parece evidente que la planificación en la
construcción de nuevos centros penitenciarios no es por sí sola garantía
para reducir la densidad de la población penitenciaria. Si las
detenciones y condenas crecen a un ritmo elevado, si aún no está en vigor
el nuevo Código Penal, la demanda de nuevos centros penitenciarios estará
por encima de la oferta de plazas que somos capaces de hacer, y esto hay
que decirlo con absoluta claridad. Los cálculos de crecimiento vegetativo
se hacen sobre el crecimiento medio de los últimos años. Concretamente,
cuando se hizo el plan se disponía de un crecimiento medio de
aproximadamente el 5 por ciento anual; en los años 1993 y 1994, por otro
lado como consecuencia de reformas positivas desde otra óptica --en
definitiva, la mayor rapidez y eficacia de la justicia penal--, el
crecimiento ha sido muy superior, situándonos hoy en día en las
previsiones reales que el plan preveía para el año 1997. Esto va a exigir
unas necesidades de construcción superiores a las inicialmente previstas
que, como SS. SS. recordarán, eran de tres nuevos centros por año;
seguramente serán necesarios cuatro centros por año y, en algún supuesto,
hasta cinco. Si no logramos ese ritmo, no podremos cubrir
satisfactoriamente las necesidades diseñadas por el plan. A este respecto
hay que decir que, junto a factores que efectivamente estaban vinculados
a una mejora de la justicia penal, lo cierto es que la principal causa
del retraso, desde el punto de vista del Ministerio de Justicia e
Interior, está producida por la demora u oposición sistemática de las
corporaciones municipales en la autorización para la construcción de
nuevos centros, lo que implica procedimientos lentos y que cada
construcción venga precedida de dificultades de toda índole.
La tercera gran línea es la lucha contra el terrorismo. Sus señorías me
permitirán que no entre en la exposición de esta tercera gran línea en
esta comparecencia, primero, porque la información permanente del
Gobierno se desarrolla a través de contactos bilaterales y, en segundo
lugar, porque la información exhaustiva en esta materia se verifica a
través de los pactos de Madrid; por cierto, que habrá una próxima reunión
el día 24.
La cuarta línea de actuación es la lucha contra la corrupción, una de
cuyas premisas es sin duda la actuación rápida y eficaz de la justicia y
de la policía. En un plano más concreto habría que citar como medidas
directamente conducentes a este objetivo de lucha contra la corrupción
las siguientes: el proyecto de ley orgánica que modifica el Estatuto
Fiscal, creando la Fiscalía Anticorrupción --me permitirán que manifieste
la extremada urgencia en la tramitación de este proyecto, que está en las
Cámaras--; la creación --ésta ya una realidad--de una unidad especial de
la Abogacía del Estado para los casos de corrupción; el compromiso de la
tramitación especial en los procesos por corrupción que afecten a cargos
públicos, compromiso incorporado a la ley orgánica de regulación del
jurado, y el proyecto regulador de la utilización de fondos reservados,
también recientemente presentado. Además, en el proyecto de Código Penal,
entre otras medidas y por lo que respecta a este ámbito, destacaría el
nuevo tratamiento penal de los denunciantes en los delitos de cohecho, el
delito de malversación de bienes muebles e inmuebles y la tipificación
del delito de uso de información privilegiada en el mercado de valores,
con los respectivos agravamientos para el caso de que la conducta
delictiva sea realizada por funcionarios. El elenco de medidas es muy
superior, pero SS. SS. las conocen sobradamente. Pensamos que con este
conjunto de actuaciones anticorrupción se daría por cumplido el mandato
de la Cámara y se tendría una base técnico-jurídica y material suficiente
para prevenir y, si llega el caso, reprimir y juzgar con celeridad esta
clase de comportamientos.
El quinto objetivo --siempre transversal-- del Ministerio de Justicia e
Interior es la lucha contra el narcotráfico. El Plan Nacional de Drogas
ha sido el instrumento creado por el Gobierno y apoyado por el Poder
Legislativo, siendo respaldado en lo esencial, sin perjuicio de
diferencias particulares en puntos muy concretos, por todos los grupos en
el objetivo absolutamente común --esta vez sí-- de luchar contra el
narcotráfico. En una reciente comparecencia ante el Congreso, con motivo
de una interpelación en materia de drogas, todos los grupos
parlamentarios pudieron tener conocimiento de los objetivos del
Ministerio y las reformas que se pretenden presentar a las Cámaras para
potenciar la efectividad de las actuaciones judicial y policial. Este,
como los demás objetivos, no se corresponde sólo con estrictas medidas
policiales, sino que se contempla una actividad conjunta que, de nuevo,
afecta a las cuatro Secretarías de Estado del Ministerio de Justicia e
Interior. Al margen de los compromisos normativos que ya he aludido en la
primera parte de mi intervención, y que de hecho comenté con ocasión de
la interpelación en el Congreso de los Diputados, destacaré algunas
medidas que creo de especial interés en el ámbito, la mayoría de ellas,
de la gestión en particular la reorganización de los servicios
financiero, fiscal y antidroga de la Policía y de la Guardia Civil, con
especial incidencia en la investigación del blanqueo de capitales. En
segundo término, el reforzamiento de los medios con los que deben contar
y que desgraciadamente todavía
no cuentan de manera satisfactoria las diversas fiscalías antidroga; la
redacción del reglamento de la ley de medidas para la prevención del
blanqueo, que ya se comentó en su día con ocasión de la interpelación, y
la coordinación de la actuación de la Fiscalía Antidroga en los
procedimientos en los que haya decomisos para obtener los datos
necesarios que permitan que los ingresos procedentes de los decomisos
puedan ser aplicados a la dotación de medios contra el narcotráfico.
También anuncié en la misma interpelación el estudio de un nuevo conjunto
de medidas normativas distintas destinadas a la represión de los delitos
y a dotar de instrumentos legales adecuados a la policía, a los fiscales
y a los jueces, que serán presentadas en la Cámara antes de julio de
1995.
Conforme dije entonces, y hoy me reafirmo, pienso que en esta materia
debería tener un protagonismo relevante la Comisión Mixta
Congreso-Senado, para tratar de lograr en ese marco un clima de consenso
que oriente el conjunto ulterior de reformas normativas. Esa propuesta de
consenso, que presentaremos próximamente a la Comisión Mixta, comprenderá
una serie de extremos que hoy estamos estudiando: una posible regulación
legislativa que diferencie los efectos de la prueba obtenida con
violación de derechos fundamentales de los efectos de la prueba obtenida
con vulneración de normas legales ordinarias, con el fin de tratar de
facilitar, en la medida de lo posible, interpretaciones jurisprudenciales
uniformes; una nueva regulación de las intervenciones telefónicas, que
constituyen una herramienta eficaz en la investigación penal de
actividades de narcotráfico y, en general, de actividades delictivas
realizadas por grupos organizados. Vamos a proponer a la Comisión Mixta
que analice si la regulación actual de los números 2 y 3 del artículo 579
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es o no suficiente, si realmente
supone una regulación normativa suficiente o, por el contrario, se estima
que ha planteado problemas interpretativos en la aplicación por los
tribunales. También vamos a proponer a la Comisión Mixta que estudie el
problema, y previamente si realmente es un problema, pues sus SS. SS.
saben que hay opiniones distintas, de los macroprocesos. Esta es una
cuestión que se ha detectado no sólo ya en la lucha contra el
narcotráfico sino, en general, como ocurre siempre en este caso, en toda
clase de delitos realizados por grupos organizados. Se trata de analizar
si la modificación de las normas de conexidad del artículo 17 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal puede ofrecer solución a este problema.
Plantearemos si es pertinente desglosar en piezas separadas los diversos
ámbitos del proceso para que, sin perder de vista el carácter de
globalidad que, por otro lado, también es necesario en toda investigación
de delincuencia organizada, se permita sin embargo una respuesta más
inmediata, más enérgica, más rápida, más coherente, y siempre en términos
de eficacia más que en términos de espectacularidad. También propondremos
a la Comisión Mixta, como uno de los temas a intentar consensuar, la
entrega controlada de capitales procedentes del narcotráfico, así como
una regulación específica de la figura del agente provocador,
distinguiéndola del delito provocado y ajustada a la jurisprudencia ya
vigente, en este caso claramente uniforme, mantenida por el Tribunal
Supremo. En definitiva, un conjunto de medidas que es propósito del
Ministerio tratar de que luego logre un consenso en ese marco.
Evidentemente, si ese consenso no fuera posible, el Gobierno tendría que
asumir sus propias responsabilidades y presentar, siempre dentro del
plazo que les he indicado, antes de julio, el conjunto de medidas de
reforma legislativa. Creemos, sin embargo, que sería muy útil que
lográramos, como de hecho hasta ahora se ha logrado en la Comisión Mixta,
unas grandes líneas de acuerdo, de consenso, que orientaran la propia
actividad prelegislativa del Gobierno. El mapa de medidas concretas para
el logro de este quinto objetivo, lucha contra el narcotráfico, podríamos
cerrarlo con la medida de coordinación zonal, a través de los
gobernadores civiles, para actuaciones cooperativas entre las diversas
administraciones y organizaciones que inciden en la prevención y
represión del narcotráfico y de la drogadicción; concretamente se va a
iniciar con dos planes pilotos en dos zonas que nos han parecido
particularmente obvias, como son Cádiz y Galicia.
El sexto objetivo es, como les comentaba, el desarrollo de instrumentos
de solidaridad entre los ciudadanos. Es evidente que una sociedad
solidaria es imprescindible para la articulación de una sociedad civil.
Es condición necesaria para la reducción de los delitos, para la
prevención de la drogadicción, para el desmantelamiento del narcotráfico,
para la integración de juventud y tercera edad, para la
corresponsabilidad fiscal; en definitiva, para la presencia de una
sociedad progresista que, sin duda, es el principal objetivo del programa
del Partido Socialista. Es evidente que estos objetivos no corresponden,
ni siquiera prioritariamente, al Ministerio de Justicia e Interior, pero
también el Ministerio de Justicia e Interior tiene responsabilidades
concretas en este objetivo global de la solidaridad, a través
concretamente de dos elementos fundamentales: por un lado, el desarrollo
de la prestación social sustitutoria y, por otro, el ámbito de la
protección civil. La prestación social sustitutoria supone el compromiso
de la juventud en una actividad social, en una actividad solidaria con el
conjunto de los ciudadanos. La obligación, sin duda, del Gobierno es
organizar los destinos y las plazas necesarias para cubrir esta
actividad. Es cierto (y lo saben SS. SS. porque también he tenido ocasión
de informar en esta Comisión, así como otros centros directivos del
Ministerio) que en los últimos años se ha producido una demora general
del sistema causada por un incremento evidente de objetores, determinando
la consiguiente falta de plazas y problemas de asignación presupuestaria.
Para ello se realizó y se aprobó por el Gobierno el plan integrado en
este campo que ya empieza a ofrecer sus primeros resultados. Por una
parte, hemos llegado a una cierta estabilidad en el crecimiento de la
demanda y, al propio tiempo, a un incremento notable en la oferta. El año
1993 pudimos ofertar realmente 16.000 plazas; este año 1994 vamos a
llegar a 28.000, y el objetivo de 1995 son 35.000, evidentemente, a
través de los mecanismos, que conocen perfectamente, articulados en el
correspondiente plan, ya aprobado por el Consejo de Ministros, y que
suponen siempre una colaboración entre instituciones, entre las diversas
administraciones, pero también
entre las administraciones y la sociedad civil articulada a través de
diversas organizaciones no gubernamentales. La protección civil está
también íntimamente unida a ese objetivo de solidaridad. Por su propio
contenido se concibe como un servicio público que implica dos grandes
esferas: una, de coordinación de los diversos servicios para hacer frente
a emergencias y reducir daños a personas y bienes; otra, de integración
de ciudadanos en su red, como ejercicio de apoyo mutuo entre los
ciudadanos, por encima de la distribución territorial del poder. En 1995
y 1996 se potenciarán los aspectos de coordinación, se configurará un
plan de equipamiento informático, se organizará un sistema integrado de
comunicaciones y se dotará con medios materiales la prevención y
actuación frente a los riesgos. Se prevé --y es un tema que quizá merezca
subrayarse-- un plan de integración de objetores, en cumplimiento de la
prestación social sustitutoria, en 1995.
Por último, la séptima gran línea transversal del Ministerio de Justicia
e Interior contempla el conjunto de trabajos y de programas destinados a
colaborar en la integración de los ciudadanos en la Unión Europea y en
otros mecanismos de cooperación europeos. La ciudadanía europea no es una
idea retórica; es, por el contrario, una realidad jurídica que estamos
imprescindiblemente obligados a construir. Para la eficaz protección del
ciudadano, para el protagonismo que legítimamente le corresponde, para el
funcionamiento de las diversas instituciones que inciden en el mapa de la
Unión Europea es necesario llevar a cabo actuaciones que, en este caso
sí, competen de una manera profunda al Ministerio de Justicia e Interior.
En términos genéricos, sin duda, es la puesta en marcha del tercer pilar
del Tratado de Maastricht y el funcionamiento de otros mecanismos, en
particular los previstos en los acuerdos Schengen. La puesta en marcha de
las previsiones del Tratado de Maastricht en los ámbitos de la justicia y
de los asuntos de interior está suponiendo un trabajo riguroso --lo creo
sinceramente-- para elaborar las políticas, acciones comunes y convenios
internacionales necesarios. Es evidente que a España le va a tocar
presidir la Unión Europea durante el segundo semestre del año 1995. Para
nuestra presidencia, un objetivo esencial va a ser el reforzamiento
jurídico y político del concepto de ciudadanía europea como eje central
para la construcción de la Unión Europea. El Ministerio de Justicia e
Interior, por su parte, va a impulsar con el mayor empeño este proyecto
íntimamente relacionado, sin duda, con el desarrollo del tercer pilar en
una serie de aspectos que por lo menos me gustaría dejar indicados.
El Tratado de Maastricht prevé una Europa sin fronteras interiores. Para
lograrla están ya avanzados los convenios, especialmente el de fronteras
exteriores, y actuaciones que permitirán a los ciudadanos de la Unión la
máxima libertad de circulación, sin que ello suponga una reducción de la
seguridad. Para ello estamos trabajando, en definitiva, para asegurar
unas fronteras exteriores que no creen problemas en el ámbito de la
delincuencia, pero que al propio tiempo respeten el verdadero significado
de esa Unión Europea que queremos crear, con un sistema de información
común eficaz y con una adecuada coordinación policial y aduanera. En
segundo lugar, y dentro de la Unión Europea, trabajamos también para
elaborar una política común de inmigración y asilo a través de un
análisis conjunto de los flujos migratorios, unas políticas comunes de
inmigración, una uniformización de visados y unas normas comunes sobre
asilo que garanticen la protección eficaz de las personas desplazadas.
Nuestro Ministerio trabaja para evitar la posibilidad de concesión de
asilo entre los ciudadanos de la propia Unión que, desde nuestro punto de
vista, contradice jurídica y hasta dogmáticamente la idea misma de
ciudadanía europea. En tercer lugar, en el ámbito de la cooperación
policial se encuentra próxima la entrada en funcionamiento de la unidad
de drogas Europol. Nuestra pretensión es trabajar para que no se quede
ahí la Europol, para que sea eficaz y exista esa oficina europea de
policía que necesitamos. En concreto, como saben SS. SS., los esfuerzos
del Ministerio y del conjunto del Gobierno están orientados en la línea
de lograr que se incluya el terrorismo entre los objetivos de Europol.
Las fronteras exteriores comunes y la lucha contra la delincuencia
organizada internacional, especialmente en las formas más graves
--narcotráfico, delincuencia económica y terrorismo--, hacen necesario
aumentar la cooperación y el intercambio de información entre las
policías nacionales. No es posible garantizar las libertades, los
derechos y la plena vigencia del estatuto jurídico de la ciudadanía sin
una garantía, insisto una vez más, de la seguridad jurídica, de la
seguridad material de los ciudadanos. Desde luego, en este concreto
ámbito resulta imprescindible una cooperación, en el marco de la Unión,
contra la delincuencia que va más allá de nuestras fronteras. En cuanto a
la cooperación policial, estamos impulsando en la Unión Europea reformas
que hagan más sencilla y ágil la respuesta a las necesidades de los
ciudadanos. En el ámbito del proceso penal estamos trabajando para hacer
también más sencillos y eficaces los mecanismos de cooperación entre
órganos judiciales en la investigación y persecución de los delitos,
incluidos los mecanismos de extradición. En el proceso civil, finalmente,
están muy avanzados los trabajos para extender el convenio de Bruselas a
las materias de derecho de familia, lo que supondrá una notable
simplificación del reconocimiento de resoluciones y sentencias sobre
separación, divorcio y custodia de hijos en beneficio de los ciudadanos
afectados.
En resumen, señorías, les he intentado dar una visión estrictamente
general de las siete grandes líneas transversales en el conjunto del
Ministerio de Justicia e Interior, sin que, por razones obvias, sea
posible entrar en la infinidad de temas que he puesto encima de la mesa y
que abarcan la totalidad de las actividades de este Ministerio. Estas
líneas de trabajo no son más que --lo digo por cuarta vez-- expresiones
de un único principio, que es sobre el que se sustenta el programa y la
existencia misma del Ministerio de Justicia e Interior: salvaguardar el
principio de legalidad, garantizar la libertad y seguridad de los
ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo
Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Olabarría.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Ministro, desde mi Grupo queremos
alentarle y felicitarle, entre otras cosas, por la notable y reconocida
fertilidad legislativa de su Ministerio, fertilidad que nos lleva con la
lengua fuera a los grupos que tenemos escasas dotaciones personales en
este momento. Pero es muy pertinente porque están reformándose
precisamente las leyes que se deben reformar y se está haciendo
razonablemente bien, señor Ministro, de forma equilibrada y atendiendo a
los principios constitucionales, incluso a los principios axiológicos que
la dogmática penal considera pertinentes. Desde esa perspectiva, mi Grupo
le felicita con carácter general. Pero también, y con el mismo énfasis,
le manifiesta algunas incertidumbres, incluso algunas incógnitas, algunas
lagunas en su exposición que resultan motivos de eventual, de hipotética
preocupación para mi Grupo Parlamentario y que nos gustaría que nos
aclarara, señor Ministro, posteriormente.
Vamos a empezar con las cuestiones de rango orgánico, incluso cuestiones
de naturaleza estrictamente material y administrativa. En cuanto a las
primeras, y en relación a la próxima Ley Orgánica del Poder Judicial que
en este momento está redactando su Ministerio, nos gustaría saber cuál va
a ser el tratamiento definitivo que se va a dar a un problema vidrioso, a
un conflicto antiguo sobre el cual no es difícil seguramente consensuar
criterios políticos para su resolución, no tiene más dificultad que la
atinente a la resistencia de algunos colectivos del personal al servicio
de la justicia. Me estoy refiriendo, como se puede imaginar, señor
Ministro, a la transferencia a las comunidades autónomas competentes del
personal al servicio de la justicia, entendiendo por éste a todo el
personal, incluidos los secretarios, oficiales, auxiliares, agentes,
médicos forenses, etcétera; en definitiva, a la posibilidad que no
facilita, pero tampoco impide absolutamente, una sentencia del Tribunal
Constitucional. Si bien la configuración como cuerpos nacionales --ésta
es su configuración actual-- de este personal impide la aplicación de la
cláusula subrogatoria prevista en algunos estatutos de autonomía, ya el
propio Tribunal Constitucional indicaba que ésta no es la única fórmula
para resolver esta cuestión y que la configuración
jurídica-administrativa del personal al servicio de la justicia no
necesariamente tiene que ser la configuración como cuerpos nacionales.
Esa es la primera cuestión que mi Grupo plantea. En cuanto a los aspectos
materiales administrativos, señor Ministro, hay una queja muy extendida
en casi todos los tribunales superiores de las comunidades autónomas, en
casi todas las audiencias (la de Euskadi es una rara excepción), cual es
el lento ritmo que se percibe y que en algunos casos incluso es
inexistente en materia de informatización de los servicios de cobertura
de las vacantes pendientes en estos momentos; en definitiva, de una
evolución que en algunos tribunales superiores de justicia o audiencias
es vegetativamente negativa, peligrosamente negativa, lo que no redunda
en una mayor eficiencia en el funcionamiento de estos órganos. Me
gustaría saber de forma más pormenorizada, señor Ministro, qué planes hay
en este momento para atender a estos problemas de naturaleza material,
pero no baladíes, de terrible relevancia para mejorar el funcionamiento
de la justicia. Es un largo trecho el que tenemos que andar todavía para
garantizar un mejor funcionamiento de nuestra justicia.
Otra cuestión de naturaleza más sustantiva y atinente al futuro Código
Penal, que ya está en esta Cámara en fase de presentación de enmiendas,
es algo que para mi Grupo constituye una preocupación sistemática, una
preocupación recurrente. De autoridades de su Ministerio a veces hemos
escuchado opiniones contradictorias, una línea de opinión un tanto
errática en ocasiones. Me refiero al cumplimiento de las penas por los
condenados a penas de privación de libertad por la comisión de
determinados tipos delictivos. Me gustaría que usted me dijese, con la
misma claridad con que yo se lo expongo, si es partidario o no de que
algunas figuras delictivas o algunos fenómenos delictivos requieran como
tratamiento punitivo la exigencia de cumplimiento íntegro de las penas de
privación de libertad. Se ha comentado que a los terroristas se les
debería exigir el cumplimiento íntegro de las penas o formas subrepticias
que pretenden lo mismo como la aplicación de los beneficios
penitenciarios a los que, en su caso, tengan derecho sobre la totalidad o
el sumatorio de las penas impuestas; otros han comentado que también a
los narcotraficantes; algunos dicen --recuerdo reflexiones del Partido
Andalucista-- que a los que cometen delitos de incendio forestal, a los
pirómanos, también se les debe exigir el cumplimiento íntegro de las
penas; a los violadores, etcétera. Usted sabe cómo ese tipo de
reflexiones, desde una perspectiva dogmática, tiene posteriormente un
gran efecto extensivo y siempre hay colectivos y grandes apologetas de la
extensión de una exigencia que contradice la propia esencia
constitucional de las penas de privación de libertad, tal como las
configura nuestra Constitución y todas las constituciones democráticas
del mundo. Al fin y al cabo, no creo que sea difícil estar de acuerdo en
que los beneficios penitenciarios están configurados como garantes, como
instrumentos para conseguir el objetivo de la pena de privación de
libertad, el objetivo constitucional de la reinserción social de los
delincuentes. Y no se puede someter a determinados colectivos, sólo
caracterizados por el tipo de delito cometido, a una interdicción de
derechos, en nuestra opinión, señor Ministro, de rango genuinamente
constitucional. Este es un viejo debate que yo tengo con los portavoces
del Partido Popular, que siempre opinan lo contrario que yo. Me gustaría
saber su opinión respecto a esta también vidriosa cuestión, señor
Ministro.
En materia de drogadicción se está haciendo bien desde su Ministerio, y
le tengo que felicitar. Se está haciendo bien tanto desde la perspectiva
de las normas, que se están creando en este momento, necesarias para
cubrir las múltiples lagunas que nuestro ordenamiento jurídico tenía
hasta ahora para reprimir eficientemente un fenómeno delictivo tan
complejo, tan multidisciplinar como el del narcotráfico. Sin embargo, yo
no le he oído comentar ni he visto en las propuestas normativas de su
Ministerio algunos instrumentos jurídicos que son bien conocidos en el
Derecho comparado y que pueden incrementar más todavía la eficiencia en
la represión de este fenómeno delictivo. Por ejemplo, en materia de
decomiso de los bienes de los traficantes me
gustaría saber su opinión sobre la posibilidad, utilizada en otros
países, de decomisar todos los bienes del narcotraficante detenido, no
sólo los afectos al delito, a la comisión del tipo de narcotráfico, sino
todos los bienes respecto a los cuales el narcotraficante detenido no
pueda justificar su legítima adquisición. Me parece una fórmula de
actuación terriblemente relevante, porque no sólo se priva de cobertura
material presupuestaria --utilizando la expresión más técnica-- a los
narcotraficantes y a sus mafias, a sus organizaciones, sino que podemos
contribuir también de forma más cuantiosa a estos fondos públicos, a
posteriori, que derivan de los decomisos de los patrimonios y bienes de
los narcotraficantes detenidos. Hay otra posibilidad, ya atinente al
Derecho penitenciario, cual es la exigencia de que los narcotraficantes
cumplan sus penas de privación de libertad en prisiones bastante alejadas
del lugar de comisión del delito o del lugar de residencia del
narcotraficante. Se trata de evitar una perversión que todavía no se
termina de corregir de forma adecuada, y es que desde las propias celdas
de la prisión se mantienen y se dirigen por narcotraficantes las
estructuras del narcotráfico en la zona colindante a la prisión, en la
zona colindante al ámbito de actuación de estas mafias, de estas
organizaciones.
En materia de objeción de conciencia, señor Ministro, usted sabe que hay
una resolución, aprobada por el Pleno de esta Cámara en el debate sobre
el estado de la nación, que compele al Gobierno a presentar un proyecto
de ley regulando la objeción de conciencia y la prestación social
sustitutoria, atendiendo a los requerimientos más progresistas del
Derecho comparado. La verdad es que es un texto un tanto hectoplásmico,
de difícil exégesis el que se aprobó en el debate sobre el estado de la
nación. Me gustaría saber si se está trabajando en el cumplimiento de
esta resolución aceptada por el Pleno de la Cámara. Me gustaría saber si
estos requerimientos más progresistas del Derecho comparado en materia de
objeción de conciencia son los que interpreta mi Grupo Parlamentario como
tales, que serían los siguientes: que la duración de la prestación social
sustitutoria tiene que ser idéntica, nunca superior, a la duración del
servicio militar; que se tenga que admitir la objeción de conciencia
sobrevenida, no sólo la anterior a la incorporación a filas; que los
órganos que se dediquen a la evaluación de las razones de conciencia
alegadas no tengan legitimidad para analizar las razones de conciencia,
que sea un acto casi reglado, un acto casi automático la concesión de la
condición de objetor cuando se cumplan los requerimientos o requisitos
formales para poseer esta condición de objetor y, en definitiva, ver en
qué plazos nos estamos moviendo, con qué calendario cronológico está
trabajando el Ministro para regular esta cuestión para la cual ya tiene
un mandato inequívoco, no tan inequívoco en su literalidad, pero por lo
menos un mandato del Pleno de la Cámara, nada menos.
Por último, señor Ministro --y con esto acabo, no sin agradecerle su
prolija y exhaustiva exposición--, también hay un tema que debe ser
objeto de regulación. Se acaba de aprobar por esta Cámara, aunque todavía
no por el Senado, una proposición de ley presentada por mi Grupo
Parlamentario que pretende establecer medidas de protección a
determinados testigos y peritos que actúen en ciertas causas criminales
en las que se pueda presumir que su actuación pueda resultar lesiva,
gravosa o peligrosa para él. Esta proposición de ley aceptada y que cubre
una de las lagunas del ordenamiento jurídico que privaba de eficiencia
represiva suficiente a determinados fenómenos delictivos, sobre todo los
basados en organizaciones mafiosas, en organizaciones criminales, se debe
complementar con la regulación jurídica de la figura del arrepentido, una
figura que plantea --lo reconozco-- problemas de dogmática penal muy
complejos; una figura discutible y discutida en todos los países donde
tienen asentamiento y reconocimiento en sus códigos penales. Pero debemos
regular la figura del arrepentido porque, para la fenomenología delictiva
que desde el arrepentido se puede atender, los instrumentos jurídicos de
los que disponemos en este momento resultan insuficientes y la regulación
de la figura del arrepentido, los mecanismos de ocultación de su
personalidad, los mecanismos de protección material tanto en la fase
anterior a los juicios como en la fase de instrucción y en la fase del
juicio oral y las medidas de protección posterior constituyen una de las
más clamorosas lagunas de nuestro ordenamiento jurídico punitivo. También
me gustaría saber cuál es su opinión en esta materia, señor Ministro.
Por último --y con esto acabo ya de verdad, señor Presidente--, quiero
hacer una reflexión de naturaleza estrictamente presupuestaria. La semana
pasada estuvimos debatiendo en Comisión los presupuestos del Ministerio
de Justicia e Interior y me encontré con algo que me resultó
presupuestariamente sorprendente, y es que para la atención a las
necesidades del Convenio de Schengen había una consignación, me parece,
de unos doce o trece millones de pesetas. Me parece una cifra muy escasa
para atender a las múltiples actividades administrativas que el
cumplimiento de este convenio requiere. Si me puede aclarar esta sorpresa
le estaría agradecido.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra la señora Alemany.
La señora ALEMANY I ROCA: En primer lugar quiero agradecer la presencia
del Ministro, a petición propia, que ha sido muy conciso. Nos ha dado una
visión del impulso legislativo que tiene el Ministerio. Como muy bien ha
dicho, se ha demostrado la proliferación de leyes que hasta el momento se
han presentado en el Congreso, compromisos normativos que están
configurando una nueva visión de este proyecto de justicia que todos
queremos para España. En este marco, nuestro Grupo parece que echa en
falta una configuración más acentuada en lo que se refiere al Estado de
las autonomías.
Como el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, una
preocupación que tenemos nosotros es el calendario de la reforma
adicional de la Ley Orgánica del Poder Judicial y las leyes procesales,
para que ya, de una manera definitiva, pueda hacerse este traspaso del
personal de las administraciones de justicia a las comunidades autónomas.
También nos parece que hoy, en su intervención, no ha estado empeñado en
consolidar esta figura del gobernador civil --precisamente mañana se verá
una proposición de ley de un grupo de esta Cámara-- y nos gustaría
conocer su opinión, porque tiene un compañero de Gabinete que está
empeñado en darle otra función; cómo y de qué manera los delegados del
Gobierno y los gobernadores civiles, de cara al futuro, podrán realizar
sus tareas.
En cuanto al tema de menores, del que usted nos ha hablado un poco por
encima, el Grupo Catalán (Convergència i Unió) está preocupado y en otras
legislaturas ya lo hemos manifestado. Además, hace poco leímos en un
medio de comunicación que el Grupo Socialista pedía al Gobierno que
elaborase un Código Penal Juvenil. Nos gustaría saber cómo piensa el
Gobierno definir la edad penal, ya de una manera definitiva, y si es
verdad que tiene previsto elaborar ese Código Penal Juvenil.
Usted sabe que la Generalitat de Cataluña y la Consejería de Justicia han
trabajado muy profundamente muchos años en todo esto y pensamos que
cualquier tipo de modificación se tendría que hacer conjuntamente.
Otro de los puntos que a nosotros nos parece muy prioritario es el de la
Ley de Objeción de Conciencia. Estamos preocupados por el proceso de
lentitud que está condicionando todo esto y que está provocando en la
sociedad civil unos trastornos que son muy importantes, tanto para la
juventud como para las familias.
Nos parece que todos estos objetivos que usted nos ha presentado hoy,
objetivos transversales, como los ha llamado, de alguna manera enfocan
los grandes temas que tenemos pendientes. Yo creo que un buen desarrollo
de los mismos nos va a dar el marco, desde el punto de vista de justicia
social, que necesita nuestra sociedad.
Los puntos que usted ha ido exponiendo nos han parecido importantes. En
cuanto a la corrupción, encontramos bien esta Fiscalía contra la
corrupción, esa unidad de abogacía del Estado específica, esas leyes de
fondos reservados, pero hay algunas cuestiones prioritarias. A mí también
me gustaría que usted nos dijera cuáles van a ser prioritarias para
usted.
Tengo que decirle que nuestro Grupo está satisfecho de la tarea
legislativa que lleva su Ministerio y del compromiso de cambio con esta
unión, que ha supuesto para usted un noble esfuerzo, de los dos
Ministerios; pensamos que nos puede dar la oportunidad de un verdadero
cambio.
Por tanto, sólo quiero decirle que estamos dispuestos a colaborar, a
trabajar, pero que también tenemos que insistir en los puntos que a
nosotros nos preocupan.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, el señor López Garrido tiene la palabra.
El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Belloch, por su comparecencia en
esta Comisión y por su intervención, llena de datos, necesariamente una
intervención muy descriptiva, meramente informativa, no muy valorable
políticamente, en la que ha enunciado usted siete grandes objetivos, que
son objetivos de cualquier Ministerio de Justicia e Interior de cualquier
gobierno. No es, desde luego, ninguna novedad que haya que luchar contra
el terrorismo o la corrupción, que se tenga que mantener la libertad y la
seguridad o que se necesite un acceso rápido a la Justicia. Y nos amenaza
con enviar una serie de proyectos de ley a esta Comisión, proyectos que
efectivamente son necesarios, entre otras cosas porque todo está por
hacer en el ámbito de la Justicia. Desgraciadamente, después de quince
años de sistema constitucional, la Justicia ha estado dejada de la mano
de Dios y todo está por hacer; prueba de que todo está por hacer y que se
ha hecho muy poco --y ésta sí que es una responsabilidad política
esencial de los gobiernos que ha tenido nuestro país-- es que hay
pendiente un elenco de leyes, no sé cuántas ha dicho usted, no sé si doce
o trece, pero nosotros podíamos decirle otras catorce o quince más que
podrían añadirse a esa lista. Todo está por hacer, aunque, sin duda, hay
prioridades, entre ellas leyes procesales, que nos parecen las más
importantes, sin duda de ninguna clase. En ese sentido, hemos echado en
falta la mención a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Usted ha hablado de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero no de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
A la vista del proyecto de ley del Tribunal del Jurado, que está ya en
nuestro poder, incluso se ha pasado ya el plazo de enmiendas, con un
cambio en la fase de instrucción, fundamentalmente, en el procedimiento,
con una nueva posición del Ministerio Fiscal y del Juez, lo lógico sería
que hubiera una homogeneización del procedimiento criminal, no solamente
para los delitos que van al Tribunal del Jurado, sino para todo el
conjunto de delitos. Por eso, o dejamos las cosas como están para todo o
habría que cambiarlo todo, que es nuestra posición. Nos ha sorprendido
que no haya habido ninguna mención a una reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.
También nos gustaría saber cuál es, por fin, el calendario definitivo de
llegada a esta Cámara de la ley de plazos o de interrupción del embarazo,
que no acaba de llegar, o al menos yo no tengo noticia de que se haya
enviado ya.
Debo señalarle que usted ha situado el proyecto de ley de justicia
gratuita para el año 1995. Usted sabe que esta Cámara aprobó unánimemente
una moción, consecuencia de una interpelación presentada por Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, sobre justicia gratuita y que el
compromiso es enviar ese proyecto de ley antes del 31 de diciembre de
este año. Esa es la obligación del Gobierno y así está establecido en esa
moción. Sin embargo, usted lo ha situado en el año que viene. Y me
preocupa extraordinariamente que se incumpla el plazo en un primer
proyecto de ley que nosotros pensamos que es el que enfoca problemas
inmediatos, que sufren los ciudadanos y ciudadanas diariamente, en
relación con el funcionamiento de la justicia. Porque las grandes leyes
(el Código Penal, las leyes de Enjuiciamiento) son necesarias, sin duda,
leyes que teníamos que haber tenido hace ya decenas de años, pero los
efectos de esas leyes se van a ver también dentro de años; son leyes que
hay que hacer por las cuales determinados Ministros son conocidos luego
en los libros de historia, por lo menos en los de historia jurídica. Pero
el funcionamiento diario de la justicia es el que sufren, como digo, los
ciudadanos y ciudadanas todos los días y el proyecto es más urgente e
inmediato.
Yo creo que éste ha sido uno de los fallos que, a nuestro juicio, ha
tenido hasta ahora la gestión del Ministerio de Justicia, si se me
permite que todavía utilice la vieja terminología de Ministerio de
Justicia, porque la verdad es que, por el momento, este ministerio, más
que integrado, ha sido pegado al del Interior y casi, podíamos decir,
absorbido, como era de prever. Volviendo a esa terminología de Ministerio
de Justicia, nosotros diríamos que hay una preocupación, un trabajo muy
volcado sobre grandes leyes, muchas de las cuales usted ha mencionado
aquí, y sin embargo, no hay una preocupación tan inmediata, seguramente
porque es más difícil, porque supone una voluntad política mucho mayor,
sobre los problemas diarios de la justicia, requieren otro tipo de
medidas, y no meramente legislativas, que requieren una relación
especial, por ejemplo, con el Consejo General del Poder Judicial, que
seguramente también ha fallado en este período, probablemente, como
dijimos al Presidente del Consejo hace unos días en esta Comisión, porque
este Consejo no ha acabado de creerse que es un órgano de gobierno de la
justicia. Por una serie de razones hay problemas muy urgentes sobre los
que no ha habido tanta voluntad, tanto interés, tanta preocupación, en
los que no se ha volcado tanto el Ministerio de Justicia, o el área de
Justicia del Departamento que usted dirige, y que yo podría sintetizar en
cuatro o cinco fundamentales.
Por ejemplo, la oficina judicial, que usted ha mencionado de pasada como
uno de los temas de los que se van a preocupar --simplemente ha hecho una
mención-- y que es el corazón del problema del funcionamiento o del mal
funcionamiento de la justicia y que debería haber sido una preocupación
desde el primer día. Es algo que requiere tener un diseño de esa oficina
judicial, sobre los funcionarios de justicia, cuál va a ser su
modificación en cuanto a su estatuto. Es un gran problema este de la
oficina judicial y es algo sobre lo que debería haber descansado la
atención prioritaria, porque, en definitiva, estamos hablando de
prioridades, ya que tantas cosas están por hacer en la justicia.
O el tema de los jueces de barrio, la justicia más inmediata al
ciudadano. Una justicia de otro tipo que solucione el conflicto y no
solamente el litigio, o el siempre problema pendiente de la policía
judicial. Usted mismo ha venido defendiendo desde hace mucho tiempo,
junto con otros sectores de la judicatura, de la abogacía, sectores
jurídicos en general, la necesidad de una policía judicial dependiente de
jueces y fiscales, no sólo funcional sino orgánicamente. O la necesidad
de preparar el sistema judicial español para luchar contra la
delincuencia económica, y no solamente la delincuencia, sino en general
todas las materias socioeconómicas, civiles, laborales o contenciosas,
todo lo relativo al aspecto socioeconómico. Nuestro sistema judicial no
está preparado para ello, no tiene suficientes medios, asesoramiento,
especialización, no hay suficientes órganos judiciales. Esta es otra gran
cuestión urgente que todos los días estamos viendo.
O el enorme problema, de lo contencioso-administrativo. Ha dicho usted
que va a enviar un proyecto de ley de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Esta debía haber sido una preocupación
prioritaria. Nosotros, que tenemos una aceptación incluso entusiasta para
que la Constitución se desarrolle en el tema del jurado, consideramos que
mucho más prioritario todavía en este momento es que funcionen los
juzgados unipersonales de lo contencioso-administrativo. Precisamente
éste es el orden que está colapsado absolutamente y tenemos una
Administración que, hay que reconocer, está completamente incontrolada en
la práctica desde el punto de vista judicial, ya que no hay posibilidad
de que en menos de tres, cuatro, cinco y ocho años haya sentencias firmes
en lo contencioso-administrativo.
Estos son algunos ejemplos de grandes problemas cotidianos de la justicia
y nos parece que el Ministerio se ha preocupado más por la definición de
grandes leyes, que son importantes y necesarias, que había que haberlas
hecho hace mucho tiempo, que por acometer estos que son grandes problemas
inmediatos, urgentes, diarios y que son los que más sufre, en definitiva,
el ciudadano cuando le toca estar inmerso en esa maquinaria de la
justicia que afecta, como un gran servicio público, a toda la ciudadanía.
El otro día nos hablaba el señor Sala nada menos que de cinco millones de
asuntos que se iniciaron el año pasado. Eso significa que se trata de un
servicio que prácticamente llega, al cabo del tiempo, a la mayoría, sin
duda, de la población española.
Quisiera referirme a uno de los temas a los que usted ha hecho alusión
como uno de los aspectos fundamentales y prioritarios de su Ministerio,
que es la lucha contra el narcotráfico. Ha citado algunos elementos y
mecanismos para luchar contra ello. Nosotros pensamos --no lo ha dicho
usted cuando se ha referido a la Unión Europea-- que debería replantearse
el problema de la penalización del tráfico de drogas, en concreto las
drogas blandas. Creemos que las reflexiones que hizo el señor López Riaño
hace algún tiempo no son para tomárselas a humo de pajas, sino que
obedecen a un enorme problema de que, lo queramos o no, la guerra, la
guerra final, la batalla contra la droga, tal como va, está perdida en
este momento. Tal como está enfocada, en su sentido de represión pura y
simple, y usted nos ha hablado de mecanismos represivos, judiciales,
legales policiales, la batalla contra la droga está perdida. En estos
momentos hay que reconocer que es así. Además, con efectos diabólicos y
perversos. Es triste tener que reconocerlo pero es que incluso el propio
éxito en la persecución de la droga no conduce necesariamente a medio
plazo a un triunfo final, porque precisamente en eso consiste la enorme
carestía de eso que es la droga, se hace todavía más cara la droga, más
difícil y, por tanto, se hace más necesario cometer más delitos para
conseguir esa droga. Es una espiral diabólica y que nosotros entendemos
que requiere una reflexión decidida. Este sería uno de los debates que
debería llevarse a la Unión Europea sobre el replanteamiento de la
estrategia contra el narcotráfico.
También queríamos referirnos al tema de los juicios rápidos, que ha sido
presentado por usted hace unos días como un acuerdo del Consejo de
Ministros. Si hay que sacar alguna conclusión sobre eso leyendo la reseña
que hace
de ese plan de seguridad y libertad ciudadanas la Secretaría General del
portavoz del Gobierno, hay que decir que resulta bastante genérico y
abstracto, en concreto, el tema de los juicios rápidos, que, como usted
ha dicho, es algo que depende naturalmente de la coordinación en el seno
de la judicatura y que, desde el punto de vista del Gobierno, es dotar de
más medios para que sean más eficaces.
No se me entienda mal, pero que haya juicios rápidos es una cosa
estupenda y que puedan resolverse asuntos de delincuencia menor en un
plazo de quince días está muy bien en principio, siempre que,
naturalmente, se salvaguarden las garantías. Porque este tipo de juicios
rápidos conlleva una lógica y es que se tiende a una prisión preventiva,
para empezar; además, en ese tiempo, en esos días, hay espacio para
reunir pruebas contra el detenido, no tanto en descargo del detenido. Los
juicios rápidos es algo que todo el mundo considera que es oportuno, pero
es en el ámbito penal, no en otros órdenes jurisdiccionales, y está
conectado con un plan de seguridad de mayor presencia policial en las
calles, algo que nos vienen diciendo los ministros del Interior casi
desde que tengo uso de razón y que significa, utilizando, por cierto,
algunas de las armas de la llamada ley Corcuera unas detenciones, o
interrogatorios, o identificaciones masivas, un poco a boleo, que se
viene haciendo sistemáticamente, que puede producir una serie de
detenciones que van a juicios rápidos en el ámbito penal. Esto puede
tener su eficacia un tanto propagandística o de cara incluso a las
próximas elecciones municipales. El asunto de la preocupación por las
grandes ciudades también puede tener una eficacia, pero la verdad es que
el asunto de los juicios rápidos, sólo en el orden penal, permítame que
le diga, es el orden jurisdiccional que menos necesita juicios rápidos,
porque es el que mejor funciona. El orden penal es el que más rápido va
en la práctica, en el que menos asuntos pendientes hay. El otro día, en
la Memoria del Consejo, se vio claramente. Pero en el orden
jurisdiccional contencioso-administrativo hay un colapso total y en el
orden civil hay una importantísima demora en la solución de los casos que
se plantean. No digamos nada del enorme problema de la ejecución de las
sentencias, tanto en lo contencioso como en lo civil, que es un auténtico
calvario y que es otra de las grandes cuestiones que tiene planteada la
Justicia en este momento.
En este caso se ve cómo la lógica del Ministerio del Interior predomina e
impregna necesariamente la lógica del Ministerio de Justicia, por no
citar casos muy gráficos, como lo que sucede en estos momentos con la
Agencia de Protección de Datos, que dependía del Ministerio de Justicia,
cuando estaba separado del Ministerio de Interior, que tiene sobre todo
que controlar el manejo de los archivos, fundamentalmente los del
Ministerio del Interior. Ahora, como se han unido Justicia e Interior, la
Agencia de Protección de Datos tiene que controlar a su jefe, por así
decirlo, tiene que controlar al Ministerio del que depende, al Ministerio
de Justicia e Interior, en donde predomina Interior.
Nosotros, desde luego, siempre lo hemos dicho, nos lo temíamos, y creemos
que la experiencia de este tiempo no lo ha desmentido. No creemos que
haya sido feliz la unión de los Ministerios de Justicia e Interior y se
ve que fundamentalmente hay un Ministerio de Interior más que un
Ministerio de Justicia. Los asuntos urgentes de Interior siempre se
imponen a los asuntos de Justicia, incluso por la lógica de
funcionamiento interno de los ministerios, el funcionamiento interno de
los asuntos que van a Consejo de Ministros. Estos, cuando hay un
Ministerio independiente, en el caso de Justicia, todos ellos van a
Justicia y los tiene que ver todos. Ahora que están unidos quién sabe si
todos los ve el área de Justicia; muchos de ellos no los verá el área de
Justicia y, por otro lado, no podrá impregnar a toda la acción de
Gobierno del impulso garantista, el impulso de preocupación por el Estado
de Derecho, que siempre tiene que ser el fondo de la filosofía de todo
Ministerio de Justicia.
Paso al área de seguridad, a los aspectos referidos a lo que antes era el
Ministerio del Interior. El área de seguridad, la medida que
fundamentalmente se ha planteado es ese plan de seguridad al que yo me
refería anteriormente, un plan de seguridad conectado al plan de
instauración de juicios rápidos y que tiene como objetivos la presencia
en la calle de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía con especial
dimensión en las grandes ciudades. Ese plan de seguridad habrá que ver
luego, en la práctica, cómo se desarrolla, pero, en principio, hay que
decir que algunos aspectos de ese plan de seguridad significa desvestir a
un santo para vestir a otro, porque la reseña que hace la Secretaría
General del Portavoz del Gobierno sobre ese tema dice: Incorporación a
estos servicios, se refiere a servicios de atención directa al ciudadano,
de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que actualmente prestan
servicio en los centros penitenciarios de Madrid II, Sevilla II, Alcalá
de Guadaira, cometidos que serán traspasados a la Guardia Civil. Esto
significa que se va a poner aproximadamente 500 guardias civiles en esos
centros penitenciarios y se van a detraer, por tanto, funcionarios del
Cuerpo Nacional de Policía para lo que se ha llamado «mayor atención
ciudadana» y, naturalmente, esos 500 guardias civiles se van a sacar de
algún sitio. Va a haber una pérdida de presencia de la Guardia Civil en
otros lugares en donde estaba.
También hay otros aspectos bastante genéricos, como aumento de medios
materiales, aumento de la capacidad de efectivos policiales en ese plan
de seguridad.
Pero hay un problema fundamental al que usted no se ha referido, el
problema de fondo en estos momentos del Ministerio del Interior, que es
el modelo policial. Nos parece que éste es el problema fundamental. Un
modelo policial no definido, un modelo policial que podríamos llamar el
antimodelo policial, un modelo que no se puede llamar así porque es un
auténtico caos en este momento y que significa que no se ha resuelto la
transición de la situación de los Cuerpos de Seguridad de la dictadura a
la democracia. No se ha resuelto; desde luego, épocas anteriores no han
ayudado a resolverlo; la época del señor Roldán no ha ayudado
precisamente a resolver ese problema, y siguen existiendo las grandes
cuestiones que permanecen irresueltas de la época anterior.
El Gobierno vamos a llamarle franquista o preconstitucional era, por una
parte, un modelo de competencia universal
y de confusión entre cuerpos, todos entendían de todo, como usted sabe;
no había ninguna coordinación entre los cuerpos policiales. Era
proverbial incluso la lucha que había a veces entre los cuerpos oficiales
para ocultarse información o servicios que no se podían hacer o que se
perdían por la falta de coordinación de cuerpos. Naturalmente, era un
modelo centralista; era un modelo militarizado, de seguridad; era un
modelo en el que había una separación importante orgánica respecto de los
jueces; una cosa eran las fuerzas de seguridad militarizadas y otra cosa
eran los jueces. Era, por supuesto, un modelo en el que no había ninguna
preocupación por la policía científica ni nada que se le pareciera, entre
otras cosas, porque no era necesario ya que no existían garantías
constitucionales y el atestado tenía presunción de veracidad. No existía
nada parecido a la policía judicial y, desde luego, era un modelo montado
sobre el número, sobre la cantidad, muchos policías. Tenemos en España un
porcentaje de policías por habitante que dobla aproximadamente la media
comunitaria. Tenemos Guardia Civil, Policía Nacional, policías
autonómicas, policías locales, más de 50.000 policías locales en España
en este momento. Esa situación no mejora con la llegada de la democracia
y en estos momentos estamos ante lo que llamaba un antimodelo policial.
En el País Vasco está un cuerpo como la Ertzantza, que monopoliza toda la
acción de seguridad, en todos los aspectos, de seguridad y de policía
judicial, sin presencia de los Cuerpos de Seguridad estatales. En
Cataluña se inicia otra experiencia distinta con los Mossos dÕEsquadra,
que no tiene nada que ver con la del País Vasco. En algunas comunidades
autónomas hay cuerpos adscritos, en otras se está pensando que va a haber
policía autonómica. Los jueces para las labores de investigación, y usted
sabe por su experiencia profesional, se dirigen indistintamente a quien
le parece; pueden dirigirse a la Guardia Civil, a la Policía nacional, a
la Policía municipal o a un policía autonómico; hay un importante
desorden. Esta es una de las manifestaciones de ese crecimiento
desordenado que ha tenido el Estado de las autonomías en donde la
relación del Estado central con las comunidades autónomas ha sido
bilateral y en el que una entrevista del señor Arzallus con el señor
González o del Lehendakari vasco con el señor González determinaba que se
estableciese o se ampliase la capacidad de la Ertzantza o no, pero no ha
habido una discusión de fondo política, de Estado, que es una palabra que
les gusta repetir a los políticos, respecto del tema de la seguridad.
Este es el problema.
En estos momentos usted sabe que no hay una comunicación de información,
por ejemplo, entre la Ertzantza y los Cuerpos de Seguridad del Estado. No
la hay ni en un sentido ni en otro y, por tanto, en estos momentos los
Cuerpos de Seguridad estatales no sabe lo que está pasando en el País
Vasco en muchos aspectos. Incluso está sucediendo que la Ertzantza de
forma natural tiene que preocuparse incluso por delitos que exceden el
ámbito territorial del País Vasco, incluso el ámbito territorial español,
y no hay una coordinación entre los Cuerpos de Seguridad.
Hay una ausencia absoluta de modelo. Hay un mantenimiento de aspectos que
son propios de un modelo preconstitucional. Hay un mantenimiento y una
militarización incomprensible en la Guardia Civil. Seguimos sin entender
cómo se han podido dejar ustedes colar el gol por Defensa de la Ley del
Régimen de Personal de la Guardia Civil, que militariza mucho más la
Guardia Civil de lo que estaba, que la sitúa, estatutariamente, en la
órbita de Defensa y que, por tanto, va en contra de lo que se supone que
tiene que ser el objetivo, la dirección, el sentido de los Cuerpos de
Seguridad estatales, que no tienen nada que ver con las Fuerzas Armadas.
Y, naturalmente, no hay, en absoluto, un modelo de auténtica policía
judicial, ni, que yo sepa, se está trabajando, ni pensando en cómo
tendría que lograrse eso. No hay un modelo policial, un modelo policial
que verdaderamente pueda enfrentarse a los problemas de seguridad,
complejos problemas de seguridad que tiene el Estado moderno, el Estado
democrático.
Esta debería ser una de las preocupaciones fundamentales o el objetivo
político central del Ministerio de Justicia e Interior para el futuro. A
mí me gustaría que, si usted tiene ya alguna idea al respecto, pudiera
explicarnos por dónde piensa que van a ir los tiros, qué papel deben
jugar las policías locales, que en este momento me parece que son 52.000,
cada uno de su padre y de su madre, porque cada ayuntamiento hace lo que
quiere con las policías locales, en cuanto, por ejemplo, a temas de
formación, con competencias muy diversas, con situaciones funcionariales
muy diversas, con salarios muy diversos, con horarios de trabajo muy
diversos. Hay ayuntamientos en los que los policías locales trabajan dos
meses y descansan uno; los guardias civiles, que teóricamente tienen que
trabajar 42 horas a la semana, en la práctica están trabajando mucho más.
Sigue habiendo esa distinción entre el trabajo de los guardias civiles y
el de la policía, hay diferencias, repito, estatutarias y salariales.
Y todo esto, junto a la ausencia de coordinación, al no funcionamiento
adecuado de las juntas de seguridad locales, seguramente porque están
copresididas por el gobernador y por el alcalde y, en la práctica, eso
funciona poco, a una falta de comunicación de la información, que es
esencial en la policía, todo esto, repito, hace que nos parezca que es el
problema fundamental en estos momentos del Ministerio del Interior, que,
sin embargo, nos parece que no ha estado contemplado en su exposición,
que ha girado mucho sobre problemas muy inmediatos y urgentes, que son
problemas que hay que resolver en el plan de seguridad y libertad, pero
no sobre la gran cuestión que es el modelo policial, el modelo de
seguridad en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor Ministro de Interior y Justicia, como
la comparecencia tenía motivo, motivo que era el que solicitó el propio
Ministro como justificación de su comparecencia ante esta Comisión de
Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, que era el mismo que
subyacía en las dos iniciativas que se han acumulado, una del propio
Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya,
voy a desarrollar mi intervención siguiendo la pauta de la razón que
justificaba la comparecencia y, naturalmente, solapando, para abreviar,
lo que ha sido la intervención del señor Ministro en esta mañana, que
poco tiene que ver con la justificación de la comparecencia,
probablemente porque ya ha expuesto, con su locuacidad proverbial, en el
Senado y en otros foros, desde luego no en éste, las razones, como digo,
que justificaban esta comparecencia aquí.
Es usted, señor Belloch, un ministro con una tendencia acelerada a la
reconversión constante. Se reconvierte usted. Cuando estuvo usted aquí el
6 de octubre de 1993, recién iniciadas sus funciones como Ministro de
Justicia del Gobierno del señor González, nos habló usted de las
prioridades del Ministerio de Justicia. En aquellas fechas
--probablemente no columbraba usted la evolución de los acontecimientos--
usted no pronunció (le ruego que relea usted su intervención del 6 de
octubre de 1993) ni una sola vez la palabra corrupción como finalidad
programática, el combate contra la corrupción, que es una de esas
transversales a las que hoy ha dedicado especial énfasis.
Yo me imagino que esas ideas transversales, que están muy bien, desde
luego, tienen muy poco que ver con la teoría general de la organización
administrativa en cuanto a finalidades que pudieran determinar la
creación de una macroestructura administrativa para conseguir unas
determinadas finalidades públicas. Pero tampoco tenía usted, supongo, las
ideas claras, ni usted ni el Presidente del Gobierno, que fue quien, con
arreglo a la Constitución, refrendó el Real Decreto 907/1994, de 5 de
mayo, por el que se modificaba la estructura del Gobierno y se creaba esa
cosa que se llama Ministerio de Justicia e Interior, que ustedes
ventilaban diciendo: Con objeto de alcanzar la máxima eficacia en la
acción del Gobierno, se ha considerado oportuno adecuar la estructura
departamental a las necesidades políticas del momento presente.
¿Estarían, naturalmente, en su conciencia y en la del Presidente del
Gobierno y en la del Consejo de Ministros esas transversales o no? Lo
cierto es que, desde luego, ahí no aparecen.
Vamos a empezar por un cierto orden. Los departamentos ministeriales,
señor Belloch, no son una cosa que se hayan inventado ahora. Están ya,
gracias a Dios, desde aquella vieja escisión del despacho universal de
Felipe V. Han acontecido muchas cosas y esto se ha ido perfeccionando. Yo
reconozco que usted enriquece mucho las cosas, pero ésta concretamente no
la ha enriquecido usted de forma especial.
Los departamentos ministeriales tienen, de acuerdo con la doctrina
general del Derecho Administrativo, del Derecho Público, en general, una
función de especialización integradora. Esas son las dos fuerzas que
determinan la composición de un Gabinete en un Estado moderno y en un
Estado organizado, sobre todo de especialización, porque, a través de los
mismos, se diversifica la actividad administrativa estatal. Ya hubo un
señor que se llamaba Einstein (que no es el Einstein de la física, sino
otro que se dedicaba a estas cosas de la ciencia política), que dijo que
había cinco grandes direcciones a las que había que atender a la hora de
estructurar un Gobierno; se refería a la internacional, la jurídica, la
social, la de defensa y la financiera.
Partiendo de esto, que son cosas muy reflexionadas en la elaboración de
la doctrina y de la ciencia política, cuadra mal esa cosa de Justicia e
Interior que ustedes crearon mediante el Real Decreto de 5 de mayo de
1994. Pero ya todo responde evidentemente a unas causas y es que nuestro
Derecho Administrativo, que no ha sido el más admirable en el conjunto de
los países europeos, ya hacía tiempo que venía intensificando una
tendencia clara a acentuar el carácter reglado de las potestades de
organización de la Administración. Por eso ya en 1957, lo ve usted en el
artículo 3 del texto refundido de la Ley de Régimen Jurídico de la
Administración del Estado, se dijo, porque se creaban varios ámbitos de
poder para la organización administrativa y los ministros, por vía de
orden ministerial, modificaban los negociados y las secciones de su
ministerio; el Gobierno, por real decreto, modificaba la estructura de
los ministerios y el Parlamento, señor Belloch, la creación, modificación
y supresión de los ministerios. Eso ha sobrevivido así desde 1957 --ya
estaba plasmado de alguna manera en la legislación del régimen
anterior--, llegó la transición y naturalmente sobrevivió esa norma y
llegó el Gobierno socialista en 1982. Cuando uno llega a los sitios suele
tener vergüenza y las cosas serias no las suele cambiar de un plumazo. En
la Ley del Gobierno y de la Administración, que hizo el Gobierno
socialista, al que usted se incorporó en 1993, las cosas que tenían una
razón de ser y una razón de permanecer continuaron, por lo que en su
artículo 11 se dice que la creación, modificación y supresión de los
departamentos ministeriales se establecerá por ley aprobada por las
Cortes Generales. Pero a ustedes no les gusta nada lo reglado, ni el
control, ni nada y, como ya les dije en el Pleno al hablar de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, vieron que esto era muy incómodo y ya en
1985, aprovechando la percha de las leyes de presupuestos que han ido
haciendo hasta que el Tribunal Constitucional les dijo que no y ahora nos
traen las leyes de acompañamiento, que son lo mismo, pero con otro
nombre, el 27 de diciembre de 1985 se autorizó al Presidente del Gobierno
a variar, mediante real decreto, la denominación, competencia, etcétera,
de los departamentos ministeriales. A partir de esto, se ha hecho un uso
abusivo de esa previsión, pero el más abusivo de todos ha sido éste. Que
recogiendo, ejerciendo una competencia que hasta ese momento de 1985
tenían atribuida las Cortes Generales, el Gobierno se despache diciendo
esa cosa que le he leído, que no quiero repetir, para justificar nada
menos que una alteración esencial en la estructura del Gobierno; nos
parece algo bastante excesivo. Partía de la base de que usted se
reconvierte y después va incorporando lo demás. Todo lo que no dice ese
Real Decreto de 1994, nos lo dice usted un año después con las
competencias transversales que nos ha contado esta mañana.
Luego, uno va avanzando. Vamos a ir analizando lo que ha expuesto en esa
intervención, en la que ha intentado sintetizar todos esos fines de la
macroestructura organizativa del Ministerio de Justicia e Interior, al
hilo de la historia organizativa que ha ido desarrollando a lo largo de
estos
meses. Le tengo que decir que la justificación explícita no existió y
sigue sin existir. Además, la relación que nos ha hecho de esos objetivos
del Ministerio de Justicia e Interior nos convence más de que todavía
esta menos justificada esa acumulación de órganos complejos
administrativos. Menos mal que no nos ha contado hoy lo de la mariposa;
se lo agradezco mucho, porque tampoco nos convenía nada. Lo digo porque
sus secretarías de Estado andan por ahí difundiendo eso del tronco y las
alas que, desde el punto de vista de la finalidades de este complejo
administrativo, no nos convenció.
Ya sabe usted que soy aficionado a alguna cita castiza y creemos que
aquello de que quien mucho abarca poco aprieta es una realidad. Sobre su
exposición, los otros portavoces han puesto de relieve algunas carencias.
Es lógico porque era mucho lo que tenía que exponer, es mucho lo que
tiene que saber y es mucho lo que tiene que hacer. Empezamos a pensar que
cada período de sesiones de esta legislatura va a venir a decirnos lo que
va a hacer, que es lo que vienen haciendo, desde el señor Ledesma, todos
los ministros de Justicia que ha tenido el señor González en lo que se
refiere a las grandes líneas maestras de las estructuras --hablemos
primero de Justicia y luego de Interior-- de Justicia.
¿Se ha detenido usted alguna vez a pensar qué ha hecho legislativamente
en cerca de catorce años, el Gobierno que ha presidido durante ese tiempo
el señor González en relación con la Administración de Justicia? Me dirá
que ha traído a la Cámara muchas normas jurídicas. ¿En qué se diferencia,
señor Belloch, la Justicia española de 1994 de la de 1982? Seamos
indulgentes con todos esos errores que determinaron que, primero se
dictara una ley, por ejemplo, en relación, como sabe, con la prisión
preventiva, y después se modificara; la legislación relativa al
tratamiento penal de la droga, que como sabe también tuvo una clamorosa
rectificación. Después ¿qué más? Seguir una vieja pauta de fracaso en
buscar nombres ingeniosos para acciones legislativas que tenían después
sistemáticamente el fracaso como consecuencia.
Usted, que ha dedicado gran parte de su vida a la Administración de
Justicia, sabe que, por más que se diga urgente, acelerado, oral, se
puede decir todo lo que se quiera, si después eso no produce esos efectos
de acelerar, etcétera, efectivamente, se ha fracasado en el empeño
legislativo y, desde luego, en el empeño de los objetivos que persigue
una determinada legislación.
Ahora, nos viene a hablar de los juicios rápidos. Eso de rápidos,
mientras no nos explique más, que no nos lo ha explicado, a nosotros nos
suena a lo de urgente, a todo eso que hemos vivido a lo largo de estos
años. Además, resulta que, como tocan las leyes a veces con cierta
precipitación o con el fin de descongestionar como sea el atasco
judicial, resulta que luego la cosa se pone peor, porque en eso acabó,
como sabe usted, la reforma del Ministro señor Múgica respecto del
procedimiento oral, que determinó después que el Tribunal Constitucional
dijera que aquello tenía unos defectos legislativos de relevancia
constitucional y fue necesario proceder a otra nueva reforma que
reformara la anterior que, como digo yo, iba poniendo las cosas peor.
No nos ha dicho, porque no nos lo puede decir, que esas necesidades
políticas del momento presente justifiquen y aconsejen la adopción de la
decisión de refundir en uno solo los ministerios de Justicia e Interior
ni en qué mejora la gestión política. No nos lo dice porque no nos lo
puede decir, señor Belloch, y le emplazo a que nos lo diga. Le
agradecería que nos dijera exactamente cuál es la mejora de la gestión
política a la que se refería el Gobierno en el momento en que acordó esa
fusión. Y díganos usted en qué se refuerza la libertad y en qué se
refuerza la seguridad, porque ésos son los dos macroobjetivos de esos dos
ministerios.
Siguiendo el hilo de su intervención y las de otros portavoces, le diría
que sería ocasión buena de acometer una reforma pendiente. Lo decía usted
hace tiempo, lo decían otras personas y voces autorizadas y lo seguimos
diciendo algunos. Ya que tiene usted ahora mismo la dirección política de
la Administración de Justicia y del aparato de Seguridad del Estado,
reforme esa policía judicial para hacer esa policía judicial que espera
desde hace tiempo la propia organizacion judicial. Esa policía judicial
que, como estaría integrada en la misma estructura
político-administrativa, no supondría tener que superar ningún tipo de
desconfianzas o de circunstancias que pudieran poner alguna dificultad en
el desarrollo de esa idea de acumulación de eficacia en una policía
judicial, en la que la dirección de esa policía por los jueces, una
dirección real y efectiva, no supusiera acontecimientos como el del
relevo del jefe de la unidad de policía judicial a base de reestructurar
desde el Ministerio del Interior esa determinada unidad de policía
judicial, ponerle un mando de mayor rango jerárquico y, por lo tanto,
deshabilitar la autoridad de quien venía siendo su jefe.
Lleva más tiempo, señor Belloch, como titular de la responsabilidad
ministerial de Justicia que de Interior. ¿Qué nos ha traído? Nos ha
traído una reforma que, primero, era urgente, después perdió la urgencia
y ya fue una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el
proyecto de ley del jurado y el proyecto de ley orgánica del Código Penal
y el impulso desde el Gobierno de algunas reformas absolutamente
simbólicas de determinadas normas jurídicas, algunas de ellas a
iniciativa de las Cámaras por vía de proposición de ley.
Decía --y retomo el hilo conductor de esta intervención-- que se
reconvierte usted, porque ya no ha hablado hoy nada de pacto de Estado.
Usted hoy no ha mencionado eso, que era el buque insignia de su
presentación en política. Probablemente, han ocurrido cosas. Le recuerdo,
después de aquella intervención, otra en vísperas de este verano, más en
condición de Ministro del Interior que de Ministro de Justicia, en la
que, después de hablar siempre de que era un hombre que en política tenía
como fin el pacto, nos dijo que tenía una especial vocación a la
confrontación cuando no se trataba de determinados temas. Ya no sabemos
en qué estado se encuentra. Cómo debe tener confusiones internas, no
sabemos en cuál de esos momentos anímicos está.
Esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial no nos ha parecido
bien. Creemos que no resuelve ni siquiera
los fines primordiales de habilitar con más potestades al Consejo General
del Poder Judicial. Ya lo expliqué y no voy a repetir las razones por las
cuales entendemos que eso es así. Como después hizo una precisión, que
leí en algún periódico, diciendo que nosotros teníamos un concepto
centralista de la Justicia y hoy le ha hecho una pregunta otro Grupo que
a mí me gustaría que matizara, le voy a decir que nosotros tenemos un
concepto de una justicia autónoma e independiente; independiente en lo
que debe ser independiente, que es en el ejercicio propio de la
jurisdicción, y autónoma en lo que consideramos que es bueno que sea
autónoma; autónoma en la organización judicial, señor Belloch,
precisamente para ayudar a preservar la independencia.
Resulta que la Constitución de 1978 que rige nuestra organización
política quiso una Administración de Justicia independiente y para ella
diseñó y procuró una organización autónoma. Ya sabe que los tratadistas
del Consejo General del Poder Judicial y de su naturaleza jurídica han
tenido reflexiones en torno a si se trata de un gobierno autónomo, de un
autogobierno, de un gobierno autónomo con notas de autogobierno o de un
autogobierno con notas de autonomía política. Me da igual la calificación
doctrinal, pero para los que crean en la autonomía, ésta no es unívoca,
señor Ministro. También se diseñó hace muchos años el concepto de
autonomía funcional. Hemos diseñado en la Constitución un gobierno
autónomo de la Justicia y lo reclamaba el señor López Garrido, lo lleva
diciendo hace tiempo y lo manifestaba con mucho acierto el día de la
comparecencia del señor Sala al decirle que a ver si se enteraban de que
son el gobierno de la Justicia. No solamente pedimos que se convenzan los
miembros del Consejo General del Poder Judicial de que son el gobierno de
la organización judicial; queremos que lo puedan ser. ¿Cree que
aumentando el número de titulares de potestad pública que intervienen en
la organización judicial se profundiza en la autonomía? ¿En qué autonomía
se profundiza, señor Belloch? ¿De qué autonomía estamos hablando aquí?
¿De la de la Justicia, que es un poder del Estado competencia exclusiva
del mismo? Naturalmente, estamos por la autonomía, pero por todas y por
ésta también.
Tenemos una idea perfectamente clara en nuestro programa de gobierno y
que hacemos público todas las veces que podemos. Luego ocurre que hay
gente que se niega a difundirlo y, además, no lo quiere leer, pero
nosotros no tenemos la culpa de eso. Ahí lo tienen. Hemos dicho que, como
mínimo --lo recordará si tuvo la atención de leer nuestro texto
alternativo a la reforma propuesta por el Gobierno de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y lo recordará si vio algunas de las enmiendas que
formulamos después ya al texto del propio Gobierno--, queremos que quien
integra el órgano jurisdiccional que es el Secretario --ya lo dijimos,
pero yo se lo repito--, esté donde tiene que estar que es en la
estructura de la organización judicial y, por tanto, gobernado por el
mismo órgano de gobierno del Poder Judicial.
Respecto de los restantes integrantes de los cuerpos auxiliares de la
Administración de Justicia, al menos queremos tener la seguridad de que
la dispersión de competencias no incida en la eficacia en la dirección
última del órgano judicial y, sobre todo, en lo que es la consecuencia de
esa dirección, que es el ejercicio o la exigencia de la responsabilidad.
Al menos, le dejo hecha la petición de que, sea cual fuera el modelo que,
si el tiempo y las circunstancias lo permiten, intentan desarrollar en
los próximos meses, tengan en cuenta que creemos modestamente que el
régimen disciplinario de todos los funcionarios de los cuerpos auxiliares
de la Administración de Justicia debe ser ejercido por un solo órgano.
Como quiera que, mientras no se modifique no sólo la Constitución, sino
la misma teoría del Estado de Derecho, el régimen disciplinario de jueces
y magistrados no debe ser ejercido por ninguna Administración ejecutiva,
entonces habrá que llevar todo ese régimen disciplinario al mismo órgano,
que es el único que puede ejercer la potestad disciplinaria de jueces y
magistrados, que es el Consejo General del Poder Judicial.
De todas maneras, le agradeceremos también que nos explique, como le
pedía el señor Olabarría, lo que piensa ahora --no sabemos lo que puede
pensar en el mes de enero--, y lo deja dicho en el «Diario de Sesiones»,
en relación con los cuerpos auxiliares de la Administración de Justicia,
y muy particularmente de los Secretarios, que, como sabe, andan bastante
inquietos con la cuestión, lo cual quiere decir que no debe estar clara.
No les transmiten claridad ni tranquilidad y es una buena oportunidad de
que los tranquilice, porque es gente que merece ejercer su función con
tranquilidad. Le invito a que les tranquilice todo lo que pueda.
Ha seguido avanzando --y voy a procurar abreviar porque no quiero
alargarme mucho-- y, dentro de la exposición que hacía, termina hablando
de justicia ágil. Nosotros ya --y se lo digo con toda sinceridad-- no nos
creemos nada de lo que nos traiga ningún gobierno del PSOE a ese
respecto. En cuanto a la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, le digo que se lea la comparecencia de su
entonces Subsecretaria de Justicia en la Comisión de Presupuestos del año
pasado, de los Presupuestos para 1994, que, ante las urgencias --en las
que coincidimos, además, con otros grupos de la Cámara, que había que
poner en marcha, como fuera, los juzgados unipersonales de lo
contencioso-administrativo-- aseguró que en 1995 lo tendríamos. Usted nos
lo avisa para 1996 y todo hace pensar que no podrá traerla en esa fecha,
pero no porque no nos lo avise, sino porque esperamos que el tiempo y las
circunstancias, como decía antes, no permitan que siga haciéndonos esos
anuncios.
¿Qué fue de aquellos materiales de la reforma procesal? Tuvieron ahí una
dirección general, con todo el gasto público que eso supone y editaron un
libro, que debe estar almacenado. ¿Todo eso no sirvió para nada? ¿Con
todas las ideas claras que tenían usted y el equipo que se hizo cargo del
Ministerio de Justicia como parte más novedosa del nuevo trabazón del
Gobierno de González, después de un año y medio todavía no tienen las
ideas claras de qué es lo que hay que hacer en el proceso civil? Pues
nosotros sí, y lo van a saber pronto, porque, evidentemente, creemos que
quien tiene la responsabilidad de gobernar debe tener esa iniciativa,
porque es él, en principio, quien va a dirigir la
aplicación. Visto que todo son sólo comparecencias y comparecencias y
anuncios y manifestaciones y después nada, como creemos que ahí radica la
madre del cordero de que el tinglado judicial no mejore, porque, repito,
no ha mejorado desde 1992 (aunque después el señor Pérez Mariño salga con
esa cantinela de «¿Ustedes creen que no ha pasado nada?» Pasar pasan
muchas cosas, pero buenas, pocas), naturalmente nosotros vamos a insistir
en ese particular.
De la Ley de Demarcación y Planta no nos hable, porque se aprobó en 1988,
luego vinieron las prórrogas; ahora, tengo que decirle la verdad, se lo
confieso, confieso aquí mi ignorancia, no sé exactamente si estamos en
una prórroga con cobertura o en una prórroga de hecho, porque no me
acuerdo exactamente cuándo terminaba el plazo. Pero no he oído una
palabra de qué van a hacer ustedes ahora, una vez que ha terminado, en
exceso, el plazo del primer período de aplicación de la Ley de
Demarcación y Planta. Ustedes habían hecho unas previsiones
presupuestarias; después, o no ha habido dinero o no lo han gastado.
Ahora, en el presupuesto de este año nos traen --si usted lo conoce, que
supongo que sí-- 150 millones de pesetas en una inversión plurianual de
tres años, que no me va usted a contar que va a ser suficiente, porque es
mentira y usted lo sabe tan bien como yo, y que va a servir aunque sólo
sea para ultimar las previsiones no desarrolladas de la Ley de
Demarcación y Planta Judicial.
Como el presupuesto es el mismo, a nosotros solamente nos ha llamado la
atención una cosa: que un presupuesto que dice lo mismo --naturalmente
con las correcciones de la devaluación de la moneda y poco más-- produce
los mismos efectos. Luego, usted dirá aquí lo quiera, pero el año que
viene tendremos los mismos efectos que produce un presupuesto que ya
sabemos qué efectos produce, que son los mismos. Luego el año que viene
tendremos lo mismo, en algunas cosas, un poquito peor.
Entrando ya en la libertad y seguridad ciudadana --no sé en qué momento
hay que cambiar de diapasón, porque tengo un poco de anteojeras, pero ya
procuro cambiar--, ustedes, en los Presupuestos Generales del Estado,
inversiones en seguridad ciudadana, en 1989 dedicaron 28.792 millones;
para 1995 prevén ustedes 16.851 millones; por tanto, hay una inversión de
menos 41,5 millones. En los Presupuestos Generales del Estado, en las
inversiones para actuaciones policiales en materia de droga están ustedes
en menos del 16 por ciento en los ejercicios 1994 y 1995.
Creo que le convenía haberse leído --sé que es un hombre de muchos
recursos y sabe que le admiro personalmente por esos recursos-- la
comparecencia del 29 de septiembre de 1993 del primer Ministro del
Interior de la V Legislatura del señor González, porque creo que ahí
radica toda la cuestión; uno, dos, ya tres no se encontró, y entonces
usted, que no hurta nunca el cuerpo a la fatiga, dijo: aquí estoy yo, y
dio un paso al frente. Léase usted el continuismo acertado en la lucha
contra el terrorismo, la consolidación en el proceso de modernización de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todo eso que nos anunciaba
el señor Corcuera ese día y verá usted que en el fondo, como debe ser, no
hay grandes cambios. Solo cambian esas cosas que usted, con mucho
acierto, lanza por ahí y, además, inquieta a la gente. Habla usted de una
reestructuración de la Guardia Civil que está «in pectore» (porque usted
tiene viceministros, etcétera y lo suyo es un poco papal, por tanto,
usted tiene «in pectore» eso), pero no sabemos todavía cuándo saldrá a la
luz pública; pero no tranquiliza.
Las reformas que usted ha realizado en la estructura de la policía no
tranquilizan. Gasto público sí crea usted más. Luego ustedes empezarán a
hacer números. Eso al final sale. Más gasto público, menos inversión, más
aparato propagandístico y organizativo, más tronco y, luego, menos
desarrollo. Luego, mucho cambio de denominación, pero que no cambia nada.
Dígame por qué le llama usted ahora Gabinete de Asuntos Religiosos a la
Dirección General, si usted mismo dice en la organización ministerial, en
el artículo 7, si mal no recuerdo, que el Gabinete de Asuntos Religiosos,
con rango de Dirección General..., etcétera. La Secretaria de Estado nos
intentaba confundir el otro día diciendo: «Se ha suprimido la Dirección
General.» Artículo 9 del Reglamento orgánico del Ministerio de Justicia e
Interior: «El Gabinete de Asuntos Religiosos, con rango de Dirección
General, es el órgano encargado de estudio y asistencia técnica...»
¿Estas tomaduras de pelo a qué vienen, señor Belloch? ¿Es que produce más
eficacia llamarle gabinete que llamarle dirección general?
Nos ha consolado mucho que nos dé usted la razón en relación a lo que
veníamos diciendo de que en el plan de amortización y creación de nuevos
centros penitenciarios tenía mal hechos los cálculos, que iba a ser
insuficiente, que el número total de plazas no iba a ser el necesario,
que el ritmo de creación no era el adecuado. Todo eso que usted ha
reconocido nos llena de satisfacción y le agradecemos la generosidad de
reconocerlo en la Comisión. Sí le queremos puntualizar que no compartimos
--éste es un tema opinable-- la justificación que usted da de que el
retraso obedece fundamentalmente a la oposición de las administraciones
locales, porque entendemos que, sencillamente, es una simplificación en
la argumentación y no la compartimos.
El señor Olabarría le ha hecho una pregunta interesantísima, y me alegro
de que se la haya hecho él, porque pensaba hacerla yo. Sólo la voy a
modular un poco más. Me refiero a la reinserción. ¿Cuál es el sistema
bueno de desarrollar hacia el futuro los pactos de Ajuria Enea y los de
Madrid: el que se diseña en el proyecto de Código Penal que ustedes han
remitido a la Cámara, el que anunciaban a bombo y platillo que iban a
mandar todas las veces que el Grupo Parlamentario Popular --en una de
ellas tuve la oportunidad de ser el portavoz del mismo-- les ha pedido
que reformaran la legislación penitenciaria, la legislación penal para
que terroristas y narcotraficantes cumplieran íntegramente las condenas,
en el sentido en el que eso se entiende (porque es claro que en la
cultura occidental ya no hay cadena perpetua), en el que usted
perfectamente lo entiende y en el que la sociedad también lo ha
entendido? ¿O quizás la aplicación de una filosofía política y, además,
unilateral, sesgada y, a nuestro juicio, discrepante del contenido de los
pactos de Madrid y de Ajuria Enea con la que usted, en esa reconversión
oportunista de todos los días,
nos ha tenido ajetreados todo el verano? Es decir, ¿ésa es la buena
fórmula de conseguir los fines perseguidos, o es la que figura en el
Código Penal? Es que son absolutamente incompatibles, señor Belloch. Si
la buena es ésa, no entendemos por qué nos mandan ustedes un diseño
distinto en el proyecto de Código Penal. Si además ustedes consideran que
en ningún caso es buena, no sé por qué nos remitían ustedes en todas las
iniciativas parlamentarias de nuestro Grupo al Código Penal. Me
sorprendió mucho, y tenía especial interés en preguntárselo; me alegro de
que haya sido el portavoz de otro grupo el que haya formulado la
pregunta. Pero yo le pido esa matización comparativa, que ya establecía
él, porque evidentemente le ha llamado la atención lo mismo que a mí. No
sé si como usted tiene esa filosofía del tiempo considera que lo que es
bueno en el verano de 1994, acaso, no lo sea ya en el verano de 1996.
Vamos a ver lo que pasa, que ya escampará.
Por nuestra parte tenemos unas inquietudes que no hace falta más que
repetirlas, nosotros tenemos las mismas siempre. Nosotros queremos que la
justicia funcione y que la seguridad sea mejor, evidentemente.
Naturalmente, ésas son las dos ideas. Tenemos ideas claras en la lucha
contra el narcotráfico. Nosotros no hacemos bromas que causan una
conmoción como la que ha originado su Delegado del Gobierno para el Plan
Nacional sobre la Droga, con rango de Secretario de Estado, estos últimos
días, que le ha obligado a usted a desmentirle, él a pedir la
confirmación, todos a apoyarle y ninguno a aclarar nada. Eso tampoco nos
gusta. Como ahí tenemos las ideas claras, y además las exponemos con
claridad y las mantenemos con firmeza, ya saben ustedes que no
compartimos ningún tipo de licencia en la lucha contra el narcotráfico y
les exhortamos a que tengan mayor entusiasmo, menos llamadas a la galería
a no sabemos qué reflexiones y que no desmayen ustedes en algo que,
evidentemente, es uno de los azotes, una de las lacras más importantes de
la sociedad del siglo XX. Desde luego, bajar la guardia podría ser un
experimento, pero como si se baja la guardia se puede sufrir un daño
irreparable, creo que es mejor dejar esas tentaciones para noches de
filosofía, nunca ceder a ellas desde la responsabilidad de gobierno. Como
ustedes siempre hablan de su responsabilidad de gobierno, confío que la
tengan también presente en este punto.
Ahora les ha dado ustedes por los jueces de barrio y nos lo cuentan todos
los días. No sabemos qué es esto, porque parece que aquellos jueces
municipales, que prestaron un gran servicio a la justicia española
durante tantos años y a los que el señor Ledesma hizo desaparecer de la
faz de la tierra con su Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985,
probablemente con la crítica más dura de todo lo que era el contenido de
esa ley, no se van a recrear ahora, y si se van a recrear, dígase.
Nosotros, en algunos casos, los daríamos por bien recreados. Hay gente
que viaja a Estados Unidos, no sabe bien inglés, oye allí cosas y después
viene aquí y dice: jueces de barrio. Esto, para llenar titulares de
prensa nos parece muy bien, pero a la hora de hablar de cosas serias creo
que no merece la pena dedicar más tiempo al asunto.
Del despliegue policial, ¿qué le voy a decir? Mucho nos tememos que será
otro fenómeno vivaz de reconversión permanente y de oportunismo político,
aunque, naturalmente, va a afectar seriamente a los fines de la seguridad
ciudadana y no nos gustaría. Recordará que hemos tenido un debate al
respecto, creo que suficientemente intenso, en el pleno del Congreso de
los Diputados, por lo que yo, para no fatigar más a SS. SS., al señor
Ministro y a algún Diputado, que veo que está especialmente fatigado con
mi intervención, no voy a insistir en este punto.
Le voy a hacer una petición. ¿Por qué no hace usted un esfuerzo --utilice
nombres de gabinetes o de lo que quiera; me da igual-- y es capaz de
volver a reducir el número de altos cargos del Ministerio de Justicia e
Interior? Porque, por poner un ejemplo, usted recordará que las
instituciones penitenciarias siempre estuvieron regidas por una dirección
general con un director general. Esto ya se lo pregunté y me dio
contestación formal, pero ahora vamos a hacer los dos un cierto esfuerzo
de imaginación. Usted no lo reconocerá, y hace bien, y yo no dejaré de
decir, y digo, que, por ejemplo, lo que se ha producido ahí ha sido por
necesidades políticas de una determinada persona, a la que le convenía
ser secretario de Estado y, recién hecha una reestructuración de ese
órgano complejo integrado en el Ministerio de Justicia unos meses antes
haciéndolo secretaría general, eso se hizo secretaría de Estado, y eso
significa que aparecen más direcciones generales. Haga usted un esfuerzo
de austeridad al servicio de los ciudadanos españoles y yo le aseguro que
si usted concentra efectivamente competencias, vista la gran capacidad de
síntesis de gestión política que es usted capaz de hacer, conseguirá
reducir el número de órganos administrativos y, sobre todo, de altos
cargos del Ministerio del Interior, y con eso reducirá también los gastos
corrientes del Ministerio del Interior.
Termino con dos cosas. La primera, es decirle que me sumo con toda
cordialidad, pero también con todo disgusto, a la crítica que le hace el
señor López Garrido en relación con la ley de asistencia jurídica
gratuita. Tengan ustedes mayor consideración con los acuerdos de las
Cámaras, que les vinculan. Además, a usted que le gusta tanto el pacto,
ahí, al final, todos estuvimos de acuerdo en un texto, que alcanzó el
apoyo de todos los grupos del Congreso de los Diputados. Cumpla usted
cuando se le da un plazo, vista, además, su gran capacidad de
proliferación legislativa; yo de ésa desconfío. Al menos, si no es así,
le pido que, efectivamente, cumplan eso, de forma que esa ley esté aquí
antes de terminarse el año, tal como se establecía en la moción que le
remitió el Congreso de los Diputados, y vea la generosidad del ruego,
porque le estoy rogando algo que la Cámara le puede exigir al Gobierno. A
nosotros, que somos de parlamento, de conversación, de debate, nos gusta
más esa fórmula.
Voy a terminar recordándole algo que decía un gran clásico español, que
se llamaba Baltasar Gracián, en un libro que conviene leer, que se llama
«El arte de la prudencia», que decía que era mejor lo intenso que lo
extenso. La perfección --decía Gracián-- no consiste en la cantidad, sino
en la calidad. Incluso entre los hombres, los de cuerpo gigante
suelen ser de cerebro enano. Lo extenso solo nunca pudo ir más allá de la
mediocridad y es una plaga de los hombres universales que, por querer
estar en todo, no están en nada.
Nada más. Muchas gracias, señor Ministro.
El señor VICEPRESIDENTE (Arquero Orozco): Por el Grupo Socialista, don
Ventura Pérez Mariño tiene la palabra.
El señor PEREZ MARIÑO: Algunos de los últimos debates que se han
producido en el seno de esta Comisión alrededor de los temas de Justicia
y de Justicia e Interior nos llevan a la conclusión de que pecábamos
absolutamente de ingenuos cuando abonábamos las tesis que el actual
Ministro de Justicia e Interior preconizaba al principio de la
legislatura de que era necesario realizar un pacto de Estado. Estábamos
de acuerdo con él --no dudo que ingenuamente-- porque creíamos, y en
parte seguimos creyendo, que el mejorar una cosa tan importante para los
ciudadanos como la justicia debía escapar en cierta medida a las disputas
políticas partidistas e ir por el camino de la sensatez y de la eficacia.
Yo no digo que nosotros, el Grupo Socialista, al que en este momento
represento, tengamos la capacidad de ser los únicos sensatos y
racionales; justamente porque no lo pensamos así y porque pensamos que en
las reformas de Justicia --en las de Interior también, pero
fundamentalmente en las de Justicia-- la racionalidad ha de buscarse en
el consenso y en las ideas que representan todos los grupos políticos, es
por lo que creemos, pero ya no lo decimos, que ése debe ser el camino.
Pero escuchando las intervenciones que se han hecho aquí esta mañana, y
en concreto la del representante del Partido Popular, como ocurrió en la
última Comisión, en la que rendía cuentas el Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, con la representante del mismo grupo
político, he de pensar que somos, repito, absolutamente ingenuos. Yo
comprendo que todos los grupos tengan la lógica aspiración de llegar al
poder, de lograrlo de la forma más efectiva posible para poner en
práctica sus ideas y de que la vida de este Gobierno sea pequeña, pero
eso no debe impedir una cierta dosis de racionalidad. Esa dosis de
racionalidad, necesaria para poder establecer algunos cauces de
comunicación comunes entre todos nosotros, nos ha de llevar, si es
posible, a que partamos de unas premisas relativamente homogéneas.
Hace quince días se decía aquí, y hoy lo ha dicho también el señor
Padilla, que desde 1982 hasta hoy por la justicia ha pasado Atila, y
Atila somos nosotros. Hemos destruido la magnífica justicia que desde
1982 había, porque todo lo que hemos hecho o ha sido negativo o ha sido
inexistente. Realmente, la intervención ha sido tan poco constructiva
que, sin perjuicio de decirle que hay cosas en las que podríamos estar de
acuerdo, el tono de la misma nos impide y nos dificulta poder llegar a
cualquier tipo de acuerdo.
Es probable que usted, con su intervención, logre el consenso de los
colegas de su grupo. Es probable que usted, con su intervención de tono
sarcástico, tenga un buen tratamiento en la prensa, en la medida en que
se premie todo tipo de ataques. Pero tenga la seguridad de que, con el
tono de su intervención, difícilmente podemos llegar a ningún tipo de
acuerdo, porque su propio tono busca el enfrentamiento y no busca ningún
tipo de consecuencia. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Con esto no quiero escaparme de lo que debe ser mi intervención, corta
por otra parte, sobre lo que el señor Ministro ha expuesto aquí. Yo he de
decir, señor Padilla, que si alguna cosa quisiera decir al Ministro es
que sea flexible en sus propias posturas y en los proyectos que nos manda
aquí, porque creo que él tiene que asumir, lo asume de hecho, y nosotros
como grupo también, la crítica y la búsqueda del acuerdo. Pero haga un
esfuerzo, si le es posible, por no llevar el deseo de la finalización del
Gobierno a las realizaciones prácticas de este Ministerio.
Ese Ministerio se ha encontrado una época difícil, como usted sabe muy
bien, fruto de coyunturas, de errores por nuestra parte, de errores de
gobiernos anteriores o de éste, que hemos reconocido y reconoceremos, y
también de aciertos. En esa coyuntura, ¿no le parece a usted que no es
mal saldo el del Ministerio de Justicia e Interior? Me hubiera gustado
oír alguna cosa. Por ejemplo, en el tema de la seguridad ciudadana, ¿no
acierta usted a reconocer que hay menos atentados de ETA y que algo
tendrá que ver la labor policial que usted ha denostado con tanta
crudeza, con tanta dureza? ¿No ve usted nada positivo en el ingente y
enorme número de proyectos de ley que usted sabe concretamente que se
están elaborando en este momento y otros que han entrado en esta Cámara?
¿No le parece a usted que las medidas de seguridad ciudadana que se ponen
en práctica (aunque siempre habrá un problema de inseguridad en toda
sociedad en conflicto, en toda sociedad desarrollada, porque si no fuera
una sociedad desarrollada habría menos conflicto y menos inseguridad) que
llevan el marchamo de ser razonables, sensatas, sin perjuicio de que a
veces acierten más o menos? ¿No le parece que este Ministerio, con
independencia de las muchísimas críticas que sin duda podrá hacer desde
su posición ideológica, y además muchas que el tiempo nos dirá que son
así, y se reconocerá, ha hecho y hace un especial hincapié en un adecuado
control de los gastos y eficacia de los mismos?
Yo no quisiera, porque me parece que no es verdad, hacer ningún
panegírico de Ministerio, porque para eso está el Ministro. Sin perjuicio
de eso, ¿le parece a usted oportuno plantear lo que piensa el Ministerio
en el tema de la reinserción cuando nos envía un proyecto de Código Penal
en el que nosotros, con la responsabilidad que las Cámaras tenemos, somos
los que hemos de decidir cómo se plantea el problema de la reinserción?
Es más, a veces, le pedimos cuentas al Ministerio de Justicia e Interior
por lo que presumiblemente le va a pasar, porque el futuro proyecto de
ley de asistencia jurídica gratuita tiene de plazo hasta el 30 de
diciembre. Aun antes de que llegue, y sepa usted que en ese momento no
habrá sesiones legislativas, ya estamos echando en cara que no sólo no
llegará sino que se olvidará y casi podríamos decir que es malo. Tenga
usted la seguridad de que el Ministerio elaborará un proyecto de ley
acorde con lo que, de forma
consensuada en la Cámara, su grupo, el grupo de Izquierda Unida y el
Grupo Socialista, fundamentalmente con el apoyo posterior, pactamos,
discutimos, elaboramos y enviamos al Ministerio. A lo mejor no llega el
30 de diciembre pero no creo que a usted le preocupe lo más mínimo que
llegue el 15 o el 20 de enero o el 20 de diciembre. Parece que es
importante que haya un proyecto de justicia gratuita con independencia de
que sea 15 días antes o después.
Pero, en fin, me gustaría que alguna vez, y con eso termino mi réplica,
si usted me lo permite, aun sabiendo que éste no es el trámite más
adecuado, ustedes pensarán desapasionadamente si la justicia mejoró en
este país desde 1982 hasta ahora. Usted dice que es una cantinela. No ser
capaz de ver el cambio que ha habido me impide que yo se lo pueda
explicar. Si usted, que ha sido un profesional de la justicia, que ha
ejercido la abogacía, que ha estado en el Consejo General del Poder
Judicial no detecta, no ha visto que se ha producido una auténtica
transformación, iba a decir revolución, en el mundo de la justicia desde
1982 hasta ahora, yo me siento incapacitado para explicárselo. Pero creo
saber que usted sólo dice esto desde una perspectiva política, no porque
se lo crea. Porque, además, en este caso, los datos son más que
elocuentes. Porque en la jurisdicción social, en la jurisdicción penal,
usted puede llegar incluso hasta la jurisdicción
contencioso-administrativa y hasta a ella me atrevería a referirme, ha
habido cantidad de creaciones tanto de plazas, como de órganos, como de
inversiones, etcétera.
Termino en este apartado, como siempre. ¿Estamos contentos? Por supuesto
que no. Me imagino que ni en el Ministerio (seguro, por eso quiere hacer
los proyectos legislativos) ni, por supuesto, nosotros, ni por supuesto,
los ciudadanos, pero siempre después de reconocer que la estructura
judicial se ha modificado desde 1982 hasta ahora más que en los 100 años
anteriores. Piense usted, por ejemplo, en la creación de plazas
judiciales o en la participación del presupuesto del Ministerio de
Justicia en el PIB o en la modificación de las instalaciones judiciales.
Usted lo sabe mejor que cualquiera de los ciudadanos porque ha sido un
abogado en ejercicio durante mucho tiempo y lleva muchos años en la
justicia. Lo sabe mejor que nosotros, si cabe. Por tanto, ése es un hecho
indiscutible, señor Padilla. Podemos decir que se podía haber hecho más;
podemos decir que uno no está contento, pero no sin reconocer los logros.
Yo no quiero convertir esto en acto electoral diciendo había no sé qué y
ahora hay no sé cuánto; no es ése el problema. Es para ponernos de
acuerdo en algo.
A partir de ahí, y con respecto a lo que el señor Ministro ha dicho en su
alocución, yo creo que el Grupo Socialista está aceptablemente satisfecho
de la labor de ese Ministerio. No podemos ir con la satisfacción por
delante en todo, pero me parece que el esfuerzo de racionalización del
antiguo Ministerio de Interior, el esfuerzo legislativo del antiguo
Ministerio de Justicia, el esfuerzo de sensatez en las realizaciones
prácticas de un ministerio, en singular en este momento, que son
especialmente candentes, yo creo que, sin echar las campanas al vuelo, es
para mostrar nuestra satisfacción.
¿Podrían haberse hecho las cosas mejor? Pues, indudablemente, como todo
en la vida. ¿Se han tomado las decisiones con todos los elementos
racionales en cada momento? Yo creo que sí; el Grupo Socialista cree que
sí. ¿Los resultados han sido malos? Nosotros creemos que son
aceptablemente buenos. ¿Qué nos parece lo que nos plantea el señor
Ministro para el futuro? Nos parece sobresaliente; nos parece que la
capacidad creativa de impulso legislativo, de impulso organizativo del
actual Ministerio es especialmente notable. Si le tuviéramos que hacer
alguna crítica, le diríamos que parase, porque nos va a traer a nosotros,
al órgano legislativo, a su grupo y al nuestro, a todos los grupos de la
Cámara, una ingente labor que probablemente no tenemos tiempo de poder
desarrollar. Si me permite que diga a la Cámara alguna cuita, siempre le
digo al Ministro de Justicia que no se pase, que jerarquice los
proyectos, que no nos mande tantos, porque no tenemos capacidad de tiempo
--y usted lo sabe-- en esta Comisión para, de aquí a corto plazo, poder
hacer algo que nos parece absolutamente importante, el nuevo Código Penal
con las nuevas figuras delictivas y la supresión de otras --gran parte de
las cosas que usted decía son necesarias--, la nueva ley reguladora de la
jurisdicción contencioso-administrativa, la Ley de enjuiciamiento civil,
la Ley de enjuiciamiento criminal... Tenemos una tarea y una labor que,
si nos pusiéramos todos de acuerdo, olvidando ya sé que no nos podemos
olvidar, pero por lo menos dejando un poco al margen nuestros criterios
políticos, y nos preocupáramos, cuando llegue ese proyecto de la ley
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa --que yo insto
al Ministro a que sea con celeridad--, dedicar tiempo al Jurado, al
Código Penal, a todos estos grandes proyectos que tenemos por delante, no
sé si alguien nos lo agradecería, pero quedaría la satisfacción que
tendríamos con nosotros mismos. Con independencia de que el Gobierno
socialista sea mejor o peor, si en la Comisión de Justicia y en esta
legislatura hubiéramos cambiado tres o cuatro de las grandes leyes que no
se han cambiado desde el siglo pasado en nuestro país, si fuéramos
capaces de quedarnos ahí, nunca rendiríamos un servicio tan importante a
nuestros ciudadanos, gracias a los cuales estamos en esta Cámara.
Por eso me gustaría que el mensaje que quedase fuese: envíenos pronto las
cosas, sea flexible el ministerio en las críticas que se les pueden hacer
a sus proyectos (me refiero al mejor grado en cuanto a que permita,
porque éste es un poder independiente, como todo el mundo sabe y que
nadie me quiera malinterpretar); permita la aportación de los grupos en
esta Cámara y lo entrecomillo otra vez para que no quede la menor duda, y
dediquémonos nosotros, sin perjuicio de la crítica política, a las
labores que se quiera para poder sacar adelante este cúmulo de leyes.
Termino exclusivamente con una petición: envíenos cuanto antes, señor
ministro, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que
una parte importante de la sociedad española --cree el Grupo Socialista--
ansía su nueva regulación, que usted ya ha anunciado.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, tiene la palabra, muy rápido,
por favor.
El señor LOPEZ GARRIDO: Entendíamos que iba a tratarse como punto
separado el último del orden del día. Ya que va a contestar en su
integridad a todos ellos el Ministro de Justicia e Interior, simplemente
voy a enunciar en pocos segundos esta petición que hacíamos de
comparecencia del Ministro de Justicia e Interior en relación con las
razones que motivaron la renovación del departamento y el cese de varios
altos cargos del mismo. Nos referimos específicamente a la conocida
remodelación de cargos, concretamente en lo relativo a la Dirección de la
Policía, remodelación que nuestro grupo apoya, a la que creo hay que dar
un plazo de confianza para que desarrolle sus proyectos y sus ideas.
También queríamos saber por qué no se ha hecho lo mismo con la Dirección
General de la Guardia Civil, en donde, salvo algún caso esporádico, no ha
habido prácticamente ningún cambio. Es claro que un nuevo concepto de la
forma en que se lleva la seguridad, un nuevo concepto de la seguridad y
del desarrollo de los mandatos constitucionales y a lo que yo me refería
antes, el modelo policial, exigen nuevas personas al frente de esas
importantes direcciones.
En el caso de la Guardia Civil es especialmente espectacular esa
necesidad, dado que estuvo al frente de ella el señor Roldán. Hay que
reconocer que siguen ocupando cargos de responsabilidad en esa dirección
general personas que fueron cargos de responsabilidad, y los más
inmediatos, del antiguo Director General de la Guardia Civil, y
querríamos saber cuáles son los propósitos del señor ministro a ese
respecto.
Para terminar, y ya que se ha planteado anteriormente en algunas
intervenciones, quiero dejar claro que, por nuestra parte, el pacto de
Estado por la justicia al que hizo alusión el ministro en su primera
comparecencia en esta comisión y que hoy no ha mencionado sigue siendo
imprescindible y necesario, consideramos esencial ese pacto de Estado. De
hecho, me reconocerá que, cuando usted lo planteó, fue porque era
consciente de que persistían problemas básicos y esenciales de la
justicia española que exigen un pacto de Estado, y nuestro grupo, sin
duda, está por ese pacto de Estado de la justicia, sin el cual no creemos
que puedan resolverse esos grandes problemas, a alguno de los cuales
hemos hecho alusión esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Muchas gracias
a los representantes de los diversos grupos parlamentarios por sus
intervenciones, llenas de espíritu constructivo. (Risas.) Lo digo sin
ninguna ironía, a excepción del Partido Popular porque, realmente, su
intervención no ha tenido espíritu constructivo; pero respecto del resto
de intervenciones de los grupos parlamentarios no hay la más mínima
ironía y quiero que quede clara constancia de que lo decía, por tanto,
rigurosamente en serio.
Dicho esto, me parece importante hacer una aclaración inicial sobre el
tema del pacto de Estado. Señor Padilla, ¿cómo hablan ustedes, cómo se
atreven políticamente a hablar, usted y su grupo parlamentario, de eso?
¡Si se han quedado permanentemente solos; si el resto de los grupos
parlamentarios han aceptado ese pacto de Estado y lo han consolidado
precisamente en la tramitación parlamentaria! El pacto se hace con las
personas que desean pactar. Ustedes, de manera voluntaria y consciente,
se han excluido del pacto de Estado en materia de justicia, y se han
excluido por ese tipo de urgencias y premuras electorales que caracteriza
su oposición, que ha determinado consideren que no vaya a ser que, como
consecuencia de un pacto, en esta legislatura se hagan cosas positivas
que puedan ser percibidas como tales por el conjunto de los ciudadanos, y
al servicio de sus premuras electorales han sacrificado una necesidad de
Estado que el resto de grupos parlamentarios ha entendido y asumido.
Naturalmente que debe continuar el espíritu de pacto de Estado, señor
López Garrido, ése es el sentido de la actividad prelegislativa del
Ministro de Justicia, aunque evidentemente ese protagonismo de pacto de
Estado esté en esta casa. El Ministro de Justicia, en la medida de su
actuación prelegislativa, tratará de mantener el mismo espíritu que ha
mantenido con todos sus grandes proyectos, aunque finalmente, como es
natural, el Congreso y el Senado sean protagonistas en la confluencia de
ese pacto de Estado, y aprovecho también para referirme a la intervención
del señor Pérez Mariño, que sin duda, en mi opinión, iba en esta misma
línea. Es en esta casa, y por los diversos grupos parlamentarios, donde
se debe cimentar un pacto de Estado en materia de justicia. Aquí está la
soberanía de los ciudadanos, aquí está el poder legislativo y de aquí
debe salir, sin duda, ese pacto de Estado, en el que estoy convencido de
que van a participar todos los grupos parlamentarios y en el que estoy
convencido que no va a participar en ningún caso el Partido Popular. Es
su estrategia; qué le vamos a hacer. Considero que es una pena, mi
propósito inicial fue la incorporación del Partido Popular al pacto de
Estado en materia de justicia, creo que existían bases razonables para
haberlo logrado, pero desgraciadamente la postura del Partido Popular es
de una notable falta de flexibilidad en diferenciar los intereses
electorales de los intereses de Estado.
Evidentemente, no puedo contestar y ya pido disculpas con anticipación, a
todos y cada uno de los problemas --por lo menos aludiré a ellos-- que
han planteado los distintos grupos parlamentarios. Sin duda, será
conveniente que a lo largo de la legislatura las diversas secretarías de
Estado, en sucesivas comparecencias ante esta Comisión, vayan haciendo un
examen más pormenorizado. Eso he tratado de decir en mi planteamiento
inicial, en el que he intentado más bien fijar las líneas generales, los
planteamientos globales del Ministerio como tal, lo que desde luego ha
determinado que haya habido muchos huecos y muchas lagunas que SS. SS.,
acertadamente, han subrayado. Es consecuencia de ese planteamiento
general tratar de hacer un uso razonable del tiempo.
Por cierto, respecto de la locuacidad de que hablaba el señor Padilla, le
recuerdo que acudí al Senado, para explicar, a instancias del Grupo
Parlamentario Popular, lo que ahora me vuelven a preguntar. Quiero decir
que, efectivamente, fue una iniciativa que yo agradecí y pude explicar
con detalle; lo que no entiendo es por qué permanentemente se vuelve a
los mismos temas una y otra vez. Su Partido ya hizo el gesto, para mí muy
positivo, de invitarme a explicar en el Senado el conjunto de motivos, y
por descontado, si lo desean, podré volver a reiterar alguno de esos
aspectos, pero es un discurso que ya tuve ocasión de hacer en el momento
oportuno. Por otro lado, el Partido Popular, en general, tiende a
facilitar la locuacidad de este Ministro, lo cual yo agradezco
profundamente, a través de las sucesivas preguntas e interpelaciones de
todo tipo, que me permiten explicar al conjunto del Congreso y del Senado
y a la ciudadanía los programas y proyectos del Ministerio de Justicia e
Interior y del Gobierno, en suma, en esta materia.
Con relación a la intervención del señor Olabarría, representante del
Partido Nacionalista Vasco, la verdad es que me atengo a lo que vengo
diciendo, y así consta en actas, por lo que será fácil contrastarlo. Yo
siempre he distinguido entre el personal compuesto por oficiales,
auxiliares y agentes y el secretariado. Vengo diciéndolo de manera
reiterada y constante a lo largo de todas mis intervenciones. También
vengo sosteniendo en relación al personal colaborador, oficiales,
auxiliares y agentes, siempre que el respectivo estatuto de autonomía
tenga base para ello, que la política del ministerio es tender a la
transferencia de competencias en esa materia, en ese campo, y tenerlo en
cuenta en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial con ocasión de
la regulación de la oficina judicial a que he aludido, con lo que
contesto también indirectamente al planteamiento que había hecho la
representante de Convergència i Unió.
Sin embargo, respecto a los secretarios, en ningún momento he defendido
una postura u otra. He dicho que dependía del modelo que finalmente el
Congreso de los Diputados y el Senado, en definitiva el Poder
legislativo, determine de cuál debe ser el papel protagonista del
secretario. He sostenido y sigo sosteniendo, no hay modificación (cuando
presente las reformas por vía de ley adicional será el momento en que las
Cámaras deberán enjuiciar la propuesta que haga el Gobierno), sigo
sosteniendo, repito, que depende de que el secretario judicial se
configure como un órgano cuasi jurisdicente, es decir, en la medida en
que se potencie su aspecto de juez del procedimiento, en cuyo caso, desde
mi punto de vista, no sería posible la transferencia a las comunidades
autónomas o, por el contrario, se configurara como un gerente. En ese
caso, en el supuesto de que fuera un gerente, el modelo final del
secretariado, lógicamente, no habría, desde mi punto de vista, obstáculo
constitucional a la transferencia.
No voy a avanzar más, porque el proyecto no está cerrado. Comprendo que
en el colectivo de secretarios, lógicamente, genere intranquilidad. Es
normal. Todos los colectivos que se ven afectados por reformas legales
hasta que se verifica una definición por SS. SS. pueden tener esa
inquietud; de ahí que tratemos de abreviarla en lo posible y que cuando
ha hablado de Ley Orgánica del Poder Judicial he dicho, como temas
prioritarios, lo relativo a la oficina judicial precisamente para
resolver ese y otros temas que son prioritarios y, por otro lado, el tema
de los jueces de paz y de barrio a los que luego haré alguna referencia.
Respecto al cumplimiento íntegro o no, también es un tema recurrente, que
he tenido ocasión de exponer ante el Congreso y el Senado en muy diversos
trámites y en varias ocasiones. No creo que tenga mucho interés, si me
perdonan SS. SS., volver a repetir, porque la postura del Gobierno ahora
es clarísima, está en el proyecto del Código Penal que ya tienen SS. SS.
Ya no cabe, en mi opinión, que sigamos especulando sobre cuál va a ser o
no ser. En este caso está expresamente reflejado en el proyecto del
Código Penal que mantiene, como SS. SS. saben, la tesis del cumplimiento
efectivo y rechaza la tesis del cumplimiento íntegro. En fin, ahí está el
Código Penal; SS. SS. tendrán que resolver si la fórmula que propone el
Gobierno es satisfactoria o no lo es, pero ciertamente, en ese caso, la
voluntad prelegislativa del Gobierno ya se ha expresado en un proyecto y
a él se atiene el Gobierno.
Tiene toda la razón, señor Olabarría, me he olvidado y es un tema
importante, el referido a la protección de testigos y peritos que,
además, fue a iniciativa del Grupo Nacionalista Vasco. Considero que es
un tema esencial, una de las medidas realmente importantes para tratar de
combatir eficazmente los fenómenos de la delincuencia organizada; en
particular, los programas de protección de testigos, que es algo más
amplio y va a ser uno de los puntos que llevaremos a la Comisión Mixta
Congreso-Senado. Esos programas funcionan correctamente en Derecho
comparado y creo que ya podemos intentar articular en serio esos
programas de protección de testigos.
Con relación al tema del narcotráfico que ha planteado el señor
Olabarría, ya he dado instrucciones precisas a la Secretaría de Estado de
Instituciones Penitenciarias a fin de que no se puedan producir fenómenos
como los que S. S. ha descrito, es decir, la permanencia de
narcotraficantes en centros penitenciarios en los que exista el riesgo de
que puedan continuar directa o indirectamente su actividad delictiva. He
dado también instrucciones precisas y con seguridad podrá dar cuenta de
ellas la Secretaría de Estado cuando S. S. se lo requiera, para
garantizar que no tengan ningún trato de privilegio, ni de favor, directa
ni indirectamente.
En cuanto al tema de la objeción de conciencia, tuve el honor de
contestar a S. S., que íbamos a empezar por el reglamento, que
afortunadamente en este momento existe con texto sustancialmente
consensuado a nivel interno del Gobierno y que, por tanto, podremos
afrontarlo de manera rápida.
Respecto a la intervención de la representante de Convergència i Unió,
algunas de las cuestiones las he respondido al tratar de contestar,
aunque sea muy esquemáticamente, al señor Olabarría. Desde luego,
respecto de la concepción que nosotros tenemos del Estado de las
autonomías, no cabe ninguna duda de que se parece mucho más a la que
tiene su grupo y no a la que tiene el Grupo Popular. No compartimos, en
absoluto, la visión que tiene del Estado de las autonomías, en materia de
justicia, el Partido Popular. Me ha parecido escuchar una frase poco
menos que de llevar a cabo las transferencias prevenidas en los estatutos
de autonomía equivaldría a pérdida de eficacia o de control. Esa
concepción del Estado centralista como el mecanismo para asegurar la
coherencia y la eficacia no es, en opinión del Gobierno, lo que dice la
Constitución ni lo que dicen los estatutos de autonomía y,
consiguientemente, tenemos una concepción mucho más próxima, en
definitiva, a la de S. S.; tenemos la concepción que yo creo marca
inequívocamente la Constitución española.
Está claro que la ley penal juvenil es un compromiso, señoría, porque la
decisión del Gobierno sobre la mayoría de edad penal, también en el
ámbito que le corresponde, ya está en el proyecto del Código Penal y
hemos recogido, como S. S. sabe, la mayoría de edad a los 18 años. En
consecuencia, es evidente que debería entrar en vigor, que se deben
tramitar simultáneamente el Código Penal y la Ley penal juvenil. Lo que
ocurre es que la tramitación de la Ley penal juvenil, por sus propias
características, no va a requerir de tanto tiempo para su tramitación
como el Código Penal, de ahí que hayamos anticipado la presentación del
Código Penal, pero es evidente que tendremos que llevar a cabo esa Ley
penal juvenil sin la cual la medida de la mayoría de edad penal a los 18
años no tiene sentido.
Agradezco, además, y seguro que utilizaremos su oferta, señoría, de
aprovechar la experiencia que en este campo ha tenido el Gobierno de la
Generalitat que es puntero en este terreno, como lo es abiertamente en
medios materiales destinados a la justicia el Gobierno Vasco. Aprovecho
para dejar constancia de ambos datos, de uno y otro, en dos temas que
consideramos han planteado con particular acierto. Seguro que trataremos
de recibir las experiencias que ustedes han realizado en estos terrenos.
En el tema del gobernador civil, señoría, no voy a entrar. En el programa
del Partido Socialista se mantiene la figura del gobernador civil. El
Gobierno no ha adoptado ninguna postura que implique modificación de ese
planteamiento y, por tanto, me atengo a lo que dice el programa del
Partido Socialista sin que en este momento haya habido decisión en ningún
ámbito, que yo sepa, de la Ejecutiva del Partido Socialista, ni de sus
órganos representativos. Lo que sí me consta es que no ha habido ninguna
decisión en el Gobierno, por lo menos no tengo conocimiento de ellas y,
por tanto, no me parece adecuado profundizar más en el tema.
En lo que sí estamos todos de acuerdo es en otra cosa, en que hay que
regular y tener capacidad de concebir la Administración periférica del
Estado con una serie de modificaciones, más bien en la línea de
simplificar dicha Administración periférica del Estado. La opción
concreta del Ministerio de Justicia e Interior consistiría en que a ser
posible se concentraran en el gobernador civil, sin perjuicio de la
superior coordinación del delegado del gobierno, un número de las
administraciones periféricas que en este momento existen a nivel
provincial.
Respecto a Cataluña, señoría, me permitirá que le diga una cosa: falta
también que en Cataluña se avance o no en la configuración de Cataluña en
comarcas. Es un tema que S. S. sabe que está ahí y que incidiría de
manera directa, pero no quiero avanzar más, simplemente porque no hay
ninguna decisión tomada a nivel de Gobierno más que la voluntad política
de mejorar la Administración periférica y tratar de introducir mecanismos
que logren esa mejora; en lo demás, no existen decisiones.
Respecto a la intervención del señor López Garrido, me da la impresión
general, no sé si acierto, de que en el ámbito de los trabajos
específicos de la Secretaría de Estado de Justicia, más bien nos reprocha
--constructivamente, sin duda-- que nos hayamos dedicado más a las
grandes leyes y menos a la gestión y cuando habla de la Secretaría de
Estado de Interior más bien hace el planteamiento contrario. Parece que
ése era el espíritu global que, por lo menos, yo entendía. Es decir, no
hemos entrado en los grandes proyectos, como es el modelo policial, y nos
hemos dedicado prioritariamente a temas de gestión y organización.
Supongo que si S. S. lo percibe así tendrá parte de razón, de eso no me
cabe duda. No coincide con la percepción del Ministerio, pero atiendo
seriamente su crítica en esta formulación general.
Nosotros pensamos que en el campo de la Secretaría de Estado de Justicia,
sin perjuicio de que creo debe ser la Secretaría de Estado de Justicia la
que a petición propia o de cualquiera de ustedes comparezca ante esta
comisión y explique con detalle los programas de gestión en los que hoy
no me he detenido, por lo menos de manera indicativa sí podría indicar
--valga la redundancia-- alguna cosa que manifieste la preocupación por
los temas de gestión, que yo creo es prioritaria, sobre todo de la
Secretaría General de Justicia.
Concretamente en el plan de juicios rápidos al que hemos hecho alusión y
han hecho alusión también SS. SS. está claro que el protagonismo es del
Consejo General. No voy a repetir que el protagonismo es de los órganos
judiciales, es una evidencia, pero conviene que nadie pueda dudar al
respecto. Sin duda el Gobierno de la nación puede hacer cosas, también el
Ministerio de Justicia de Interior y en particular la Secretaría de
Estado de Justicia. Concretamente las medidas específicas que vamos a
adoptar en ese terreno son de estricta gestión y fundamentalmente las
siguientes: En primer lugar, dotación a los órganos jurisdiccionales, a
todos los que se incorporen a la práctica de juicios rápidos, de sistemas
informáticos con aplicaciones específicas para juicios rápidos, lo que,
de paso, responde también a una de las intervenciones que SS. SS. han
realizado.
En segundo lugar, conexión de todos los juzgados en servicio de guardia
de 24 horas o que lleven a cabo juicios rápidos, en este caso a través de
los juzgados decanos, con las terminales correspondientes del Registro
central de penados y rebeldes, tema que, como sabe S. S., provoca muchos
retrasos innecesarios en la vía judicial.
En tercer lugar, instauración en todos los juzgados que se acojan al
programa de conexiones con el Instituto Nacional de Toxicología o con los
servicios de Sanidad, a fin de efectuar en el propio servicio de guardia
las determinaciones precisas de alcohol, presencia de drogas, fluidos,
carácter y pureza de las sustancias intervenidas; en definitiva, el tipo
de dictámenes que también incide directamente en los temas de gestión.
En cuarto lugar, contratación de medios personales para fomentar esa
realización de juicios rápidos. Concretamente
estamos pensando y está expresamente prevista la contratación de peritos
en temas de muebles, joyas, automóviles e intérpretes, que constituyen
precisamente otros dos elementos clásicos que inciden en el retraso de
esos juicios.
En quinto lugar, establecimiento --no voy a entrar al detalle-- de
sistemas de coordinación que garanticen la posibilidad legal del
ofrecimiento de acciones sensibles policiales que se puedan llevar a
cabo.
En sexto lugar, modificación de los sistemas de prestación de las
guardias en las grandes ciudades acomodando la estructura material y
personal para permitir la celebración generalizada de juicios rápidos
mediante una modificación de la distribución de efectivos e incremento en
las plantillas de los juzgados de lo penal, puesto que en definitiva, el
mayor número de procedimientos implicará un incremento de trabajo en los
juzgados de lo penal. Además será necesaria alguna medida estructural en
dos grandes ciudades para poder atender a estas necesidades, que sería la
creación de juzgados de lo penal, el número 7, concretamente en Bilbao y
en Zaragoza.
Digo eso porque es un ejemplo que estamos ahora manejando y que ha salido
en el conjunto. ¡Claro que tenemos programas de gestión, que hacemos de
la gestión un tema y una preocupación prioritaria! Y claro que también,
sin duda, como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se
puede mejorar siempre y seguro que hay muchos aspectos de gestión que
admitirían soluciones mejores que las que estamos intentando. Lo que le
puedo asegurar es que nos esforzamos en poner el acento también en las
políticas de gestión, aunque en esta comparecencia me haya parecido
preferible, dado el enfoque de la misma, hablar de los grandes
planteamientos generales.
Respecto de la otra parte, lo que me ha parecido a mí la esencia de su
crítica en el ámbito de la Secretaría de Estado de Interior, le diré que
creé un gabinete cuya única finalidad es diseñar un modelo policial, pero
a ese gabinete yo le he dado un año de tiempo para que me presente su
propuesta y me parece absolutamente razonable proceder así. Actualmente
no creo que se pueda decir que no tengamos un modelo; yo no comparto sus
críticas. Tenemos un modelo diseñado por ustedes en la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado; ahí está el modelo, luego sinceramente
no puedo compartir ese planteamiento.
Es verdad que el desarrollo competencial de los estatutos de autonomía de
las comunidades autónomas que tienen competencias específicas en materia
de orden público, el crecimiento de las policías municipales y otra serie
de factores aconsejan abordar en serio el estudio de un modelo policial
que haga posible armonizar el conjunto de planteamientos en este campo,
pero sinceramente creo que es un proyecto de tal envergadura que no sería
razonable emprenderlo sin una fase de estudio en profundidad, una fase
ulterior de presentación, tanto en el ámbito interno del Partido
Socialista como desde luego en el ámbito del Gobierno porque supone
modificaciones centradas a ese respecto de un determinado modelo que está
reflejado en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y después un
proceso de diálogo con el conjunto de fuerzas políticas, porque en el
modelo policial, desde mi punto de vista, también estamos tratando un
tema de Estado para el cual desde ya le digo que contaré, si su grupo lo
considera adecuado, tanto con la colaboración del partido político que
usted representa como de todos los representados en esta Cámara. Exceptúo
«a priori» al Partido Popular, que sé no va a querer colaborar en nada a
lo largo de toda esta legislatura.
Ha planteado también otros muchos temas. Yo también estoy deseando que se
presente cuanto antes la ley de interrupción voluntaria del embarazo. El
Ministerio de Justicia e Interior ya ha terminado su parte en los
trabajos, la comisión de subsecretarios ya ha emitido su informe y está
pendiente nada más que de decisión de Consejo de Ministros, que espero se
produzca en un plazo razonablemente rápido.
Respecto de la ley de la jurisdicción contencioso-administrativa estoy de
acuerdo y además recojo de paso también el comentario del portavoz del
Grupo Socialista. Efectivamente vamos a tener que priorizar estos
proyectos de ley. Incluso en algún caso, por ejemplo en la ley de
multipropiedad les anticipo que no estaría mal que lo viera otra
comisión, a lo mejor la de comercio. En un momento determinado incluso
podrían pensar SS. SS. si alguno de los numerosos proyectos puede tener
encaje en el marco de otra comisión, porque yo asumo que el trabajo que
estamos enviando es masivo, muy complejo y muy ambicioso. En todo caso le
puedo decir que la ley de jurisdicción contencioso-administrativa va a
ser la primera nueva gran ley que presentemos. Me parece evidente que esa
prioridad la vamos a compartir todos con la excepción, naturalmente, del
Grupo Parlamentario Popular. El resto de grupos parlamentarios estarán
conformes en que constituye la prioridad absoluta para esta nueva
andadura, en esta legislatura. Lo mismo diría para la Ley de
enjuiciamiento civil; me parece que son las dos grandes prioridades.
Las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (y ya aprovecho para
contestarlo porque era otro interrogante que planteaba S. S.) nosotros
pensamos que deben limitarse a temas muy concretos más que abordar una
ley en su integridad. Me parece poco realista que podamos abordar una Ley
de enjuiciamiento criminal también nueva en el curso de esta legislatura;
sin embargo, me parece que hay puntos que sí deben ser abordados y a ser
posible resueltos en esta legislatura. Estoy pensando fundamentalmente en
la casación. Es evidente que la casación penal debe estar resuelta antes
de la entrada en vigor del nuevo Código Penal, porque ahí se plantean
problemas evidentes. Segundo, en el terreno de la ejecución, creo que
también hay que introducir modificaciones específicas; y, tercero, la
regulación del procedimiento abreviado y en el ámbito concretamente del
conjunto de medidas en el juicio de razonabilidad de la pretensión
acusatoria. Estas son las tres prioridades que, por cierto, he sostenido
en esta Comisión de Justicia e Interior con anterioridad a mi actual
presencia, sin embargo creo que debemos ser así de modestos.
En el tema que ha planteado S. S. en relación a qué anticipamos en el
Jurado, le diré que es evidente que el modelo que se contiene en el
Jurado, por lo menos desde el punto de vista del Ministerio, no es
incoherente. Nosotros
pensamos que si en algunos tipos de procedimientos está justificado ese
mayor protagonismo del Ministerio Fiscal es por definición en los
procedimientos de Jurado. Consideramos que es coherente, puesto que en
los precedimientos de Jurado es evidente que sólo va a ser prueba de
aquello que se diga y se realice ante la presencia de los miembros del
Jurado. Respecto a ese tipo de procedimiento me parece que insistir en
una procelosa, larga y lenta instrucción judicial no se aviene con los
planteamientos característicos del juicio de Jurado. Por tanto, me parece
que es coherente, aunque comprendo que se puede opinar lo contrario, que
avancemos por la vía de la ley del Jurado en el tema que S. S. ha
planteado.
Respecto de la Agencia de Protección de Datos, si me lo permite, creo que
S. S. ha cometido un desliz. Es evidente que la Agencia de Protección de
Datos es independiente. Lo dice la Ley Orgánica que aprobaron las Cortes.
Su relación con el Ministerio, sea de Justicia, sea ahora de Justicia e
Interior, es un encuadre estrictamente administrativo, pero,
afortunadamente, es un órgano dotado de independencia.
Comprendo, por otro lado, porque su Grupo lo ha manifestado públicamente
muchas veces, su falta de acuerdo con la fusión del Ministerio de
Justicia e Interior, que se ha planteado igualmente en el caso del Grupo
Popular. Lo comprendo, pero simplemente es que no coincidimos en el
modelo. En esta comparecencia, más que repetir los argumentos que he
repetido hasta la saciedad que, en definitiva, es un modelo perfectamente
experimentado nada menos que en Inglaterra, el «Home Office» tiene
sustancialmente las mismas competencias que tiene el actual Ministerio de
Justicia e Interior, que es, evidentemente, el modelo de Maastricht, que
es el modelo de futuro, al margen de toda la serie de argumentos que he
estado utilizando, hoy he tratado de enfocar el tema desde otro punto de
vista, con la esperanza --a lo mejor de nuevo he sido demasiado ingenuo,
como cuando pensé que el Partido Popular podría aceptar el pacto de
Estado en materia de justicia-- de que aquellos que son susceptibles de
ser convencidos, se convenzan de que he hablado de siete líneas
transversales. A través de cada una de esas siete líneas trataba de
explicar el fundamento ya no teórico ni histórico ni de Derecho
comparado, sino el fundamento político central que justifica la fusión.
En las siete grandes líneas transversales se evidencia, naturalmente,
desde nuestro punto de vista, más allá de toda duda, la extraordinaria
conveniencia de que el Poder Ejecutivo concentre el conjunto de
instrumentos que en esta materia tiene competencia, porque en todas y
cada una de las siete grandes líneas transversales existen programas que
necesariamente van a implicar a la práctica totalidad de centros
directivos de este Ministerio. Ese era el fondo político, sin decirlo
explícitamente, de mi intervención: tratar de explicar hasta qué punto es
absolutamente razonable y que potencia tanto a la especialización --para
eso están las Secretarías de Estado-- como a la coordinación del conjunto
del Ministerio ese modelo por el que ha apostado el Gobierno.
Comprendo, sin embargo, que en ese punto S. S. y su Grupo Parlamentario
--además, es una opinión generalizada, por ejemplo, en el mundo judicial,
que está en la misma línea que S. S.-- sigan manteniendo la para mí
tradicional dialéctica libertad-seguridad, planteada casi como términos
antagónicos. Es una dialéctica que simplemente no comparto. Que los
Ministerios no son independientes es una noción que, desde mi punto de
vista, no tiene verdadero contenido político. No hay más que un Gobierno
y una mayoría parlamentaria que apoya a ese Gobierno. No comprendo los
ministros o los ministerios concebidos como una especie de órganos
autónomos independientes. Ya tenemos bastante órganos independientes. El
Gobierno, desde luego, no es independiente ni respecto de las relaciones
de los Ministerios entre sí ni respecto del Grupo Parlamentario
Socialista y de la mayoría parlamentaria que le sirve de sostén. Nosotros
no somos independientes, todo lo contrario. Tratamos de realizar un
trabajo coordinado, en nuestro caso coherente con el conjunto del
proyecto socialista, y para eso nos parece mejor este método de organizar
el trabajo.
En el otro tema que ha planteado, los ceses o los cambios en la cúpula
también lo he tratado de explicar. He tratado de explicarlo desde una
óptica que, según los resultados, no suele ser satisfactoria, pero, desde
mi punto de vista, creo que se debe trabajar con equipos y que lo
razonable es que cada responsable político en un momento determinado
asuma el riesgo de elegir un equipo para realizar un determinado
proyecto, y no hay más. No estoy dispuesto a caer en la tentación de
decir que hago política contra el anterior equipo, y lo digo con esa
claridad, porque francamente me resulta inadecuado ese intento permanente
de concebirlo como una especie de política contra el anterior equipo, en
absoluto. Se trata simplemente de que para realizar el proyecto actual
del Ministerio, el Ministro se ha reservado lo que considera que es una
facultad suya evidente: tener su propio equipo, el equipo que considera
más adecuado para realizar los cometidos que pretende. Comprendo que se
trate de buscar otro tipo de interpretaciones, pero sinceramente no lo
comparto. Se reduce exactamente a eso: tratar de nombrar el equipo que
nos parece más coherente, en muchas ocasiones renovando a personas que
llevan demasiados años en un puesto determinado, que conviene que
trabajen en otro ámbito y, finalmente, por razones de creación de equipo
que es, sin duda, la médula organizativa del Ministerio de Justicia e
Interior. Suelo presumir siempre y con verdaderas ganas del equipo que
tiene el Ministerio de Justicia e Interior, que es un equipo serio y
competente. Por cierto, ese comentario, aparentemente despectivo, a un
comentario a su vez de una de mis Secretarias de Estado, no se lo
agradezco en absoluto, señor Padilla. No me parece el tono correcto con
que hay que hablar de estas cosas. Es un equipo serio, riguroso,
competente y que, en definitiva, constituye la razón misma de que el
Ministerio esté intentando trabajar con seriedad y con solidez.
Ha dicho que sigue habiendo responsables que trabajaron con el señor
Roldán y vamos a ver si matizamos. Con el señor Roldán trabajó,
obviamente, y a sus órdenes el conjunto de la Guardia Civil. No hay que
ver si trabajaron a sus órdenes, porque la Guardia Civil no tiene
responsabilidades
por haber tenido ese Director General. Las responsabilidades que, por
cierto, han quedado claramente reconocidas y asumidas políticamente por
el Gobierno, están en otro orden. Desde luego, a cualquier persona de la
que tuviéramos cualquier indicio de connivencia con el señor Roldán, lo
que haríamos sería enviarla, sin más, al fiscal o al juzgado de guardia;
no haríamos otra cosa. Los cambios que efectuamos tampoco son debidos a
ese elemento. Se han hecho donde nos parecía que había que hacer un
esfuerzo mayor de gestión y una cierta política de contratación de
suministros que nos parece más adecuada, con unos objetivos distintos. Es
en ese área donde se han efectuado los cambios, pero, desde luego, no
encubren en ningún supuesto connivencia con el señor Roldán. El más
mínimo supuesto de connivencia, señoría, tenga la completa seguridad de
que lo llevaría al juzgado. No habría una alternativa diferente a la de
llevar al juzgado a alguien que haya tenido una actividad de connivencia
con las maniobras presuntamente delictivas del señor Roldán.
Respecto a la Policía Municipal, le voy a anticipar una cosa, señor López
Garrido. Tenemos el propósito en este caso, incluso antes de cerrar el
mapa cuyo problema sustancial son las diversas competencias y los
diversos niveles de competencia de los diversos estatutos de autonomía,
como a S. S. no se le escapa, sin embargo, de avanzar una respuesta en el
área de la Policía Judicial. Concretamente, esa respuesta la avanzaremos
de manera paralela a la presentación de los juzgados de barrio, de
ciudad. Nuestra impresión, como Ministerio de Justicia e Interior --y lo
reflejo porque todavía no existe un proyecto, pero, con mucho gusto se lo
anticipo--, es que las policías municipales sean la Policía Judicial
ordinaria de los juzgados de paz de las ciudades, de suerte que la
resolución del tema competencial de los juzgados de paz de ciudad fuera,
en mi opinión --por lo menos así debería ser--, estrictamente coherente
con las competencias de las policías locales en materia de Policía
Judicial. No es más que un avance de un simple proyecto del Ministerio de
Justicia e Interior. No es, insisto, una decisión tomada a nivel de
Gobierno, sino que es un avance que le hago del tipo de trabajo que está
elaborando mi Ministerio a nivel interno.
Con la intervención del señor Padilla, me pasa lo mismo que al señor
Pérez Mariño. Señor Padilla, tal como lo ha planteado, se ha contagiado
del clima global de su Grupo Parlamentario, de su Partido. Lo lamento,
porque en otras ocasiones he tenido oportunidad de responderle y decirle
que con tal cosa estaba parcialmente de acuerdo, que con tal otra no, que
podríamos avanzar en una línea, que podríamos avanzar en otra. ¿Qué le
voy a decir, señor Padilla, a partir del tono de su intervención?
Realmente es complicado. Comprendo la actitud que tenía el portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
Voy a intentar, sin embargo, aludir a algunas de las cuestiones que por
lo menos no implicaban necesariamente una descalificación o un
planteamiento apriorístico, como que no tendrá confianza en nada de lo
que diga el Gobierno. Eso se acaba diciendo que no tengo ninguna
confianza en lo que usted dice, y ése es un juego, una dialéctica que
realmente no conduce a nada civilizado. Al margen de este tipo de
planteamientos, que me parecen muy poco adecuados a su personalidad,
señor Padilla, que es abogado, que ha pasado por el Consejo General del
Poder Judicial y que me tenía acostumbrado a un tono completamente
diferente, lo que dije entonces respecto a que estoy dispuesto a entrar
en cualquier nivel dialéctico, es que si se empeñan en no argumentar,
¿qué le vamos a hacer? Si se empeñan en expresar frases, conceptos vagos,
generales, que parten de la premisa de que hasta que no nos vayamos del
Gobierno no se va a poder arreglar nada, porque todo se va a arreglar
justo cuando ustedes estén en el Gobierno --ésa viene a ser la esencia
metafísica de todo su pensamiento político--, resulta francamente duro
tratar de contestar en términos de seriedad.
Vamos a ver si consigo encontrar un aspecto que sea comentable a alguno
de los puntos que usted ha tocado, dado los términos en que los ha
planteado.
Materia de drogas. Hasta este momento su propio Grupo Parlamentario en
este tema parece que está dispuesto a que sea ésa la vía; me da la
impresión de que ese tema, independientemente de su falta de confianza
personal, su Grupo parece que sí está dispuesto a que llevemos el
conjunto de propuestas y que las discutamos razonablemente en el marco de
la Comisión Mixta Congreso-Senado, con la finalidad de encontrar, en la
medida de lo posible, ciertos niveles de consenso.
Desde luego que no hemos cambiado en materia de prisión preventiva; las
normas de prisión preventiva están ahí y las limitaciones temporales,
¿quién las ha cambiado? ¿Qué retroceso ha habido? Lo que pasa es que
ustedes siguen hablando del supuesto desastre que se organizó con esa
medida, cuando es una medida estrictamente positiva, progresista, que se
ha consolidado como un mecanismo sumamente eficaz que ha permitido que en
este momento ya no estemos jugando --factor esencial-- con porcentajes
como los que teníamos de 80 por ciento de preventivos y 20 por ciento de
condenados. Hemos pasado a unos niveles absolutamente homologables con
cualquier país serio en que ya predominan mayoritariamente los condenados
sobre los preventivos. Hemos establecido una medida con la que lo único
que va a ocurrir, y está ocurriendo en Derecho comparado, es que la
imitan, porque es una gran reforma que se hizo y que está ahí.
En materia de drogas, sigue siendo una distinción la de drogas que causan
grave daño a la salud y las que no la causan. Es su Grupo el que
obsesivamente considera que esa distinción no es correcta, pero ahí está
y se mantiene. Desde luego, es voluntad política del Gobierno mantenerla
hasta el final.
Realmente no se cree usted que no hayamos hecho cosas normativamente. Me
parece más atinada la opinión del Grupo Socialista sin duda, no sólo por
coherencia lógica de ser el Grupo Parlamentario que sirve de sostén al
Gobierno, sino desde un punto de vista puramente intelectual, aún si
prescindiéramos de ese factor; si algún reproche se puede dirigir al
Ministerio en su capacidad normativa es que puede llegar a bloquear está
Cámara. Es el único. ¿Cómo se puede decir en serio que no hemos tenido
impulso normativo? Dicen, «Total, sólo
han hecho la Ley del Jurado, el Código Penal...» ¿No se da cuenta, señor
Padilla, de que eso francamente produce un cierto sonrojo? No se lo cree
nadie; el conjunto de los ciudadanos sabe que tenemos un impulso
normativo central. Lo que me ha parecido ver, casi como una música de
fondo, es que a usted le preocupa que los ciudadanos y los medios de
comunicación hagan bastante caso a los programas del Ministerio de
Justicia e Interior, porque constantemente decía: «Claro, usted habla
tanto, es tan locuaz, usted no sé qué.» Da la impresión de que lo que le
preocupa es eso. Desde luego, al Gobierno no le preocupa, el Gobierno
está satisfecho con que el conjunto de los ciudadanos entiendan las
políticas de impulso, de cambio, que se realizan desde el Ministerio de
Justicia e Interior.
Es evidente que muchas de las medidas que adoptamos son criticables,
algunas, sin duda, erróneas. Eso es así, es un Ministerio que,
efectivamente, tiene un ámbito de competencias muy grande, sin duda, y es
frecuente, casi todos los días haremos alguna cosa que no sea la mejor
posible. El que pretenda sostener otra cosa, no es que no tenga realismo
político, es que incluso su personalidad debería ser objeto de revisión.
Está claro que nos equivocamos, pero está claro, absolutamente claro para
todos, que hay un impulso normativo y político central en el Ministerio
de Justicia e Interior y que simplemente a su Grupo político eso no le
hace feliz. Pero, en fin, el estado psicológico de su señoría y su Grupo
no debería ser el factor de la vida política. Los ciudadanos tienen un
interés claro en las políticas que se originan desde este Ministerio de
Justicia e Interior. Me parece que eso no debería ser objeto por su parte
de ninguna crítica, de lo que debía ser objeto sería de revisión de su
planteamiento. Y con eso voy a terminar.
¿Por qué no olvidan, por lo menos en esos terrenos, su actitud
deliberadamente de pura obstrucción? ¿Por qué --aunque me acuse de
ingenuidad de nuevo el señor Pérez Mariño-- no revisan a fondo sus
políticas en este campo? ¿No comprende que no lo entiende nadie? ¿Que en
este campo el conjunto de los ciudadanos están deseando que existan
políticas unitarias del conjunto de las fuerzas políticas? ¿Por qué
emplea un tono que me ha obligado a mí a responder con este tono? Así le
responderé siempre que ustedes empleen ese tono, no antes. En ese sentido
decía que nunca rehúyo un combate dialéctico, lo que no hago jamás es
iniciarlo. Pero si ustedes deciden que ése es el tono de la conversación,
lo positivo, lo razonable, no les podré tomar demasiado en serio, señor
Padilla; sí al resto de los grupos parlamentarios que demuestran su
sentido de Estado y su responsabilidad en los temas de Justicia e
Interior.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por tres minutos, el señor
Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Como hay incluso alguna pregunta que me ha
hecho el Ministro, yo, en un trámite, en los términos que le expuse,
quisiera hacer alguna brevísima puntualización.
Señor Ministro, comprendo que a usted le haya molestado mucho que yo le
haya recordado sus alusiones constantes al pacto de Estado y comprendo
también que se encuentre usted bien, confortablemente bien, en un intento
siempre de recordar algo que no es cierto: y es que usted siempre está
acompañado y los demás siempre están solos, los demás que a usted le
convienen, como es natural. Parece que a usted le ha dejado solo bastante
gente, porque he visto que las personas que participaban en el momento
inicial de ese impulso normativo en todas esas reuniones y mesas que
usted convocó, alguna --que creo que no me han mentido-- me han dicho que
jamás fueron más que formalmente llamadas, pero nunca convocadas.
El problema es que usted no ha entendido lo que es el pacto, señor
Ministro. Lo primero que hay que entender para saber qué es el pacto es
que aquí en esta Cámara hay Diputados en el número, circunstancias y
relevancia política que el pueblo español ha querido. Usted se ha
empeñado en que nosotros debemos ser una especie de apéndice en esta
Cámara, señor Ministro; nosotros no somos un apéndice en esta Cámara,
nosotros somos el segundo grupo de esta Cámara, porque lo quiso el pueblo
español y porque parece que, a pesar de que usted cree que nosotros no
comprendemos a ese pueblo, ese pueblo en la últimas oportunidades en que
se ha manifestado no parece que haga la interpretación que usted hace. No
quiero hacer otra cita del asunto más que ésa, pero eso es así.
Yo he intentado, porque he sido el que en nombre de mi Grupo he tenido
con los demás grupos de la Cámara el diálogo en relación con la reforma
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporar una serie de cosas y
también le digo que no entiendo cómo usted puede decir que hay gente que
no quiere pactar, no lo entiendo. Usted se ríe y hace bien; vamos a
dejarlo en la sonrisa y quizá es mejor que en afirmaciones y contiendas
dialécticas. Si quien ofrece el pacto no lo quiere negociar, después no
puede decir que no se ha negociado, porque naturalmente lo que nosotros
no vamos a decir es que sí a lo que usted dice. Nos equivocaremos, pero
nunca diremos sí cuando pensamos que usted no está acertado. Nosotros
pensamos que el único ante quien queremos responder es ante el pueblo al
que representamos y que nos llamó, aceptó nuestra oferta, para la
responsabilidad de estar aquí para representarle en la fracción de ese
pueblo, afortunadamente no unánime, que quiso que estuviéramos aquí para
defender también un modelo legítimo de Poder Judicial, de pacto de Estado
de la Justicia y, si me lo permite, de ser y estar en política.
Usted ha dicho una cosa que yo nunca le diré. Usted dice --y termino,
señor Presidente--: «¿Cómo se atreve usted?» Yo no le he dicho nunca a
usted que cómo se atreve a nada. Usted atrévase todo lo que quiera,
mientras pueda en política atrévase usted todo lo que quiera. Dice usted:
«Se ha contagiado usted de los argumentos de su Grupo.» Será del
Presidente del Gobierno, del Vicepresidente y de usted, que parece que
son la «troika» de formulación de no sé qué encasquillamiento dialéctico,
y que llevan mucho tiempo diciendo que nosotros no queremos que las cosas
funcionen mejor.
Discutan ustedes todo lo que quieran lo que decimos, critiquen lo que
quieran cómo lo decimos, y naturalmente en política eso puede ser un
estilo; descalifiquen todo lo que quieran, porque dicen que nosotros
descalificamos, yo creo que ustedes descalifican más, pero, al menos,
acepten lo que nosotros no les discutimos a ustedes y es que están aquí
al servicio del pueblo español. No nos discutan a nosotros, que también
estamos al servicio del pueblo español. Porque eso, evidentemente, es lo
único que en política es una falta de respeto, señor Belloch.
Le quiero decir una última cosa. Yo he dicho que para la reforma
operativa de la justicia, es decir, para que la justicia funcione mejor,
usted sólo ha traído un proyecto, y ésa es la verdad. ¿Ha traído usted
más proyectos? Tiene usted a la Cámara en un estado de angustia. Hemos de
despachar el Código Penal y la ley del jurado. Yo mismo he estado
trabajando muy intensamente en ese tema, intentando aportar mejoras a esa
ley, que serán equivocadas, pero lo habremos intentado; hemos hecho 100
enmiendas a la ley del jurado, señor Belloch, y no hemos hecho enmienda
de devolución, ni vamos a hacer enmienda de devolución del proyecto de
ley de delitos económicos, aunque, si siguiéramos su estrategia, la
deberíamos hacer. ¿Sabe por qué? Porque nosotros queremos colaborar a que
las cosas mejoren. No haremos una enmienda de devolución; ahora bien, no
nos diga que estamos aquí para ser asistentes de ningún solio pontificio
de nadie porque, desde luego, no nos hemos sentido llamados a eso.
Ha hecho usted otra cita centralista. ¿Qué constitución dice eso que
usted ha dicho que dice la Constitución de que hay que territorializar
aspectos auxiliares de la Administración de Justicia? Eso no lo dice la
Constitución, señor Belloch. Reléase --puesto que los habrá leído muchas
veces-- los artículos 118 y siguientes; ahí se dice que el estatuto de
esos funcionarios tiene reserva de la ley orgánica y, que yo sepa, ley
orgánica no pueden hacer más que estas Cámaras. De manera que no
frivolice usted. Yo le he dicho que nosotros creemos. Le he dado la
salida. Ha dicho usted: No es usted constructivo. Digo: por lo menos
tenga en cuenta nuestra sugerencia de que, para la operatividad y mejor
funcionamiento de la Administración de Justicia, el Régimen disciplinario
de todos los integrantes de la Oficina Judicial debe estar centralizado
en un solo órgano.
Si en política hay que ser contundente en algunos casos, yo le vuelvo a
decir: Respeten ustedes nuestra vocación y nuestro compromiso de servicio
con la sociedad española, como nosotros respetamos el suyo.
El señor PRESIDENTE: El señor López Garrido tiene la palabra, por tres
minutos
El señor LOPEZ GARRIDO: Quisiera referirme a tres aspectos de su
contestación a la intervención de nuestro Grupo y hacer una reflexión
sobre esto que parece haber resucitado en este debate: el famoso pacto de
Estado sobre la justicia.
En primer lugar, la definición que ha hecho de la filosofía de la
intervención de nuestro Grupo no es exactamente como usted la ha
formulado. No es que hayamos dicho bien a la parte legislativa, en donde
se ha empleado más el Ministerio; menos bien o mal la parte de gestión.
No es exactamente ésa la disyuntiva, porque temas como los que yo he
planteado de la Oficina Judicial, los jueces de barrio, la policía
judicial, o la especialización de órganos judiciales en materia
socioeconómica y de lucha contra la corrupción, la cuestión de lo
contencioso-administrativo u otro gran aspecto, como pueden ser la
necesidad de un nuevo diseño de Ministerio Fiscal, son grandes temas, no
de gestión; sin duda requerirán una actividad legislativa, pero son
cuestiones que afectan muy directamente al funcionamiento cotidiano de la
justicia, del corto plazo de la justicia. La disyuntiva está más bien en
el medio o largo plazo y el corto plazo. En el medio o largo plazo están
las grandes leyes procesales, pero hay un corto plazo fundamental, que
lleva mucho tiempo esperándolo en nuestro país y que tiene que
afrontarse, y es lo que nos parece que el Ministerio no afronta
suficientemente: el corto plazo, el funcionamiento cotidiano de la
justicia, que hemos sintetizado en esos puntos esenciales que ya hemos
avanzado. Esperamos el proyecto de ley de justicia gratuita, que es lo
que nos preocupa fundamentalmente en este momento.
En la definición inversa que nosotros hacemos de las prioridades en
cuanto a Interior, le diría lo mismo: es un problema de que en la gestión
política de un ministerio, en este caso de dos áreas tan grandes como son
Justicia e Interior, tiene que haber un equilibrio entre el medio y largo
plazo y el corto plazo y nos parece que en Justicia hasta ahora ha
predominado la preocupación por el largo plazo y en Interior predomina el
corto plazo. Políticamente, ésa es la crítica que le hacemos, el
desequilibrio que hay en ambas áreas; en un lado hacia el largo plazo, en
otro hacia el corto plazo. Nos parece que, políticamente, esa orientación
debe corregirse. Usted ha rebatido nuestra posición contraria a la fusión
en una Ministerio de Justicia e Interior y lo ha hecho con una
argumentación, basada en su intervención, de que hay unas líneas
transversales --las ha definido así--, grandes objetivos, para cuya
consecución tienen que participar departamentos, direcciones, organismos
de ambas áreas: Justicia e Interior.
Ha hablado de la necesidad de que un gobierno sea, efectivamente, un
gobierno; de que los ministerios no son independientes. Es verdad que los
ministerios no son independientes, por eso entre otras cosas, existe un
presidente del Gobierno. Sin embargo, llevando su argumentación a las
últimas consecuencias, habría que hacer desaparecer todos los ministerios
y fundirlos en uno, porque no cabe duda de que toda la acción que se
propone en Justicia e Interior depende de más medios materiales, que
vienen del Ministerio de Hacienda. Toda la acción de justicia, de lo cual
no hemos hablado, de grandes temas pendientes en relación con la
justicia, por ejemplo, la violencia doméstica, que tiene que ver con la
seguridad y con la justicia, necesita del auxilio de un ministro, en este
caso, de asuntos sociales. Todos los ministerios, por supuesto, colaboran
en una acción conjunta, pero eso no significa que, por esa razón,
tengamos que fusionar uno tras otro los ministerios, porque, en
definitiva, todos están al servicio de unos objetivos
comunes. A nosotros nos sigue pareciendo que esa fusión es una fusión no
positiva y que trae muchas más desventajas que las ventajas, de gestión
en este caso, que puedan existir.
En cuanto a las personas que trabajaron con el señor Roldán, nosotros
creemos que lo mismo que ha sucedido con la dirección de la Policía, que
requería un aire fresco, un relevo, debe suceder con la dirección de la
Guardia Civil. No solamente porque haya pasado por allí el señor Roldán,
que, desde luego, ya es una buena justificación, sino porque el impulso
que se supone que usted quiere dar al Ministerio del Interior, al área de
seguridad, requiere, lo mismo que lo ha requerido en la Policía, un
relevo en la Guardia Civil. Y todavía seguimos sin saber cuál va a ser el
futuro de eso que se llaman los equipos. Precisamente en función de los
equipos, creemos que en la Guardia Civil se requiere en nuevo equipo.
Por último, en relación los pactos de Estado, con el pacto de Estado por
la justicia --hace mucho tiempo que venimos diciendo que es necesario un
pacto de Estado por la justicia, sin el cual no es posible resolver de
fondo los grandes problemas que tiene el servicio público de la
justicia-- nos alegramos que lo haya ampliado al modelo policial.
Efectivamente, el modelo policial también requiere un amplio pacto, un
amplio pacto de Estado. Acogemos favorablemente su ofrecimiento de ir a
ese pacto de Estado sobre el modelo policial. Naturalmente, tanto en el
caso del pacto de Estado sobre la justicia como en este pacto de Estado
sobre el modelo policial, el pacto siempre es algo en lo que confluyen
varias partes. Nosotros esperamos que las manifestaciones concretas de
ese pacto se vean en las grandes leyes de justicia, en los grandes
proyectos de justicia y en esto que he señalado como urgencias de la
justicia. Si no, no habrá pacto. La buena disponibilidad, en este caso,
de nuestro grupo para ese pacto no será posible si no hay una
correspondencia.
Y en el caso del modelo policial lo mismo. Desde luego, tengo que decirle
que no es un buen comienzo la ley del régimen de personal que la Guardia
Civil; es un comienzo fatal.
El señor PRESIDENTE: Señor López Garrido, concluya, por favor.
El señor LOPEZ GARRIDO: Termino, señor Presidente.
Es profundamente negativo para el modelo oficial; es un punto legislativo
de difícil arreglo y, aunque seguimos aceptando la necesidad de ese
pacto, porque nos parece que es esencial, efectivamente, en el tema del
modelo policial, ya que es un modelo para muchos años y fundamental para
la consecución de la seguridad y de la libertad de nuestro país, ese
comienzo no ha sido feliz y esperamos que se rectifique y podamos llegar
a un acuerdo, que es de varias partes, en el que todas las partes tienen
que ceder, porque si no, evidentemente, no merecerá el nombre de pacto
por la justicia y de pacto de Estado por el modelo policial.
El señor PRESIDENTE: El señor Olabarría tiene la palabra.
El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, no es mi intención aludir al
señor Padilla. Verdaderamente, también me habían sorprendido sus
reflexiones despreciativas, minusvalorando lo que se ha venido en llamar
impulso normativo del Ministerio diciendo algo así como: ¿en total, qué
se ha presentado? Un código penal, dos leyes orgánicas del Poder
Judicial, una reforma parcial del Código Penal regulando los delitos
contra la Hacienda pública y la Seguridad Social; en definitiva, se están
preparando en trámite prelegislativo en este momento tres nuevas leyes de
procedimiento. La verdad es que resulta un tanto paradójica esta
argumentación, como si éstas fuesen cuestiones baladíes o irrelevantes.
La verdad es que este impulso normativo del Ministerio de Justicia a
algunos grupos nos lleva materialmente con la lengua afuera, nos deja
exhaustos, señor Presidente, y resultan chocantes reflexiones de esta
naturaleza.
En materia de territorialización de competencias, señor Padilla, hay que
ver los artículos 17 y siguientes, que usted ha citado bien; hay que ver
también el Título VIII de la Constitución y los artículos 148 y 149,
porque ahí residen los títulos competenciales, y estamos hablando, en
este tipo de debates, de títulos competenciales.
En cuanto al pacto de Estado, y con esto acabo mis palabras, señor
Presidente, he de decir que mi grupo se adhirió, con entusiasmo incluso,
al pacto de Estado propuesto por el Ministro de Justicia e Interior; y se
adhirió por una razón que parece obvia (a veces es lamentable argumentar
fundando la exposición en auténticas obviedades) y es que las cuestiones
que estamos regulando son cuestiones de Estado, su naturaleza
jurídico-política es la de cuestiones de Estado. Es una cuestión de
Estado la organización y funcionamiento de los jueces, del Poder
Judicial, la forma de gobernar a los jueces, de autogobierno de los
jueces. Son cuestiones verdaderamente de Estado, lo que pasa es que es
una adhesión, la de mi Grupo Parlamentario, como bien ha dicho el señor
López Garrido, no acrítica, no incondicional y, desde luego, yo no voy a
urgir, como ha hecho el señor Pérez Mariño, a que se presenten leyes como
la del aborto, porque seguramente no son ésas las que van a afianzar el
consenso político que tiene que servir como presupuesto necesario para un
pacto de Estado en la resolución de los graves problemas de la justicia.
Casi colateralmente con esto quiero decir, aunque es algo diferente a lo
que estamos discutiendo en el día de hoy, que también es una cuestión de
Estado el problema de los gobernadores, como bien decía la señora
Alemany. Yo también le pediría, puesto que es una cuestión sin resolver
por su Gobierno, sin resolver definitivamente, que tampoco es preciso,
para afianzar los consensos políticos necesarios para resolver esta
cuestión, hacer reflexiones tan entusiastas en la toma de posesión de los
gobernadores civiles cuando éstas se produzcan.
El señor PRESIDENTE: La señora Alemany tiene la palabra.
La señora ALEMANY I ROCA: Señor Presidente, en primer lugar, quiero
agradecer al señor Ministro el reconocimiento de la tarea, desarrollada
por la Generalitat de Catalunya en el especial tratamiento de la política
de menores, así como para (no quiero repetir lo que ha dicho el señor
Olabarría) hablar del sentido de Estado. Cuando le he pedido que usted
nos definiera, a nivel de política de descentralización y de autonomía,
cómo concebía usted la justicia, yo creo que con el modelo que usted nos
ha expresado seguramente podemos estar tranquilos en este pacto de
Estado, porque lógicamente es el mismo.
Cuando usted ha hablado de los gobernadores civiles ha dicho que en el
programa del Partido Socialista no se consideraba su desaparición, pero
también ha dejado entrever que esto dependería de cómo se hiciera la
organización a nivel comarcal de cara al futuro. Esto nos sitúa en un
proceso de trabajo constructivo para que España sea un Estado de las
autonomías y para que la justicia sea un elemento de progreso, de futuro
para todos los ciudadanos y ciudadanas españoles. Yo creo que este pacto
de Estado de justicia, en el que nosotros estuvimos de acuerdo, en este
momento es una esperanza de futuro; esperanza de futuro para muchos
cambios que seguramente serán necesarios.
Lamento muchísimo no poder estar de acuerdo con el señor Padilla, pero
como el camino es largo y tendremos muchas ocasiones de trabajar
conjuntamente, todos podremos profundizar y llegar a unos acuerdos más
amplios.
El señor PRESIDENTE: Señor Ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA E INTERIOR (Belloch Julbe): Contestaré muy
brevemente.
Señor Padilla, el tono de su réplica me parece que iba en la línea en que
estaba acostumbrado a oírle. Si usted hubiera planteado así su
intervención, seguro que hubiéramos tenido un diálogo más constructivo.
En la réplica ha recuperado el tono que sería lógico. Si, evidentemente,
nadie dudara, como constantemente, desgraciadamente, se hace desde la
óptica de su partido, de quién es el Gobierno y cuál es la mayoría
parlamentaria, nadie cuestionaría cuál es el papel del primer partido de
la oposición, que son ustedes. Esa es una buena relación dialéctica, pero
requiere que, por su parte, se asuma el papel de lo que son: el primer
partido de la oposición; papel fundamental, sin duda, pero sólo ése.
Un único comentario. Ha hablado de la Constitución. De nuevo, fíjese
hasta qué punto (y esto es de fondo, se lo diría en cualquier tono y en
cualquier sitio), su concepción del Estado de las autonomías no es la
misma que la que tiene el Gobierno en el proyecto socialista. Nosotros
preferimos hablar siempre de bloque de constitucionalidad. Por ejemplo,
los estatutos de autonomía forman parte del bloque de constitucionalidad.
Es necesaria esa lectura. Esa es la esencial diferencia. Es una esencial
diferencia conceptual y filosófica, que es la que yo he tratado de
subrayar sin más descalificaciones. Nosotros pensamos en el bloque de
constitucionalidad y tratamos de lograr un desarrollo armónico del
estatuto de las autonomías conforme con la Constitución, formando parte
de un bloque de constitucionalidad. Ese es el fondo de la diferencia y,
como ese tema sí me parece serio, por eso, por lo menos, intento
responder.
Por descontado que otra serie de iniciativas que S. S. plantee las
tendremos en consideración en el Ministerio y si, como espero, su actitud
como grupo se parece a la réplica y no a la intervención inicial, seguro
que podrán tener una mejor relación con el resto de grupos
parlamentarios. Les toca elegir a ustedes. Le toca elegir a su Grupo
Parlamentario si se incorpora o no, porque es evidente que siempre habrá
discrepancias parciales. El señor López Garrido las ha puesto de relieve
y, con espíritu absolutamente constructivo, hace un balance político de
la situación; lo ha puesto en términos de medio y corto plazo. Por
descontado lo acepto. En modo alguno quería interpretar palabras de otra
persona; lo hacía simplemente para expresar cómo yo había percibido el
tema. Pero, por ejemplo, cuando he relatado la lista de temas, estamos de
acuerdo. Todos y cada uno de los temas que ha mencionado en su réplica
habrá que tratarlos. En el ritmo a lo mejor discrepamos en ocasiones, y a
lo mejor también en ciertos aspectos del diseño concreto, porque es
evidente que el pacto de Estado no presupone que nos pongamos de acuerdo
en la fase prelegislativa, y veo muy difícil que lo logren SS. SS. en la
verdadera fase central del pacto, que es en esta Casa y en el Senado; veo
muy difícil que se llegara a lograr un esquema de absoluto acuerdo en
todos los puntos, siempre habrá aspectos parciales lógicamente
diferenciales. Pero lo que me interesa subrayar es que, desde esa óptica,
es posible, conveniente y necesario trabajar. Desde luego, reitero lo que
he dicho respecto del modelo policial.
En cuanto al tema de la fusión solamente voy a hacer un comentario. La
verdad es que el tercer pilar del Consejo de Ministros es Justicia e
Interior. En Maastricht no se planteó como análisis que además deberíamos
incorporar Hacienda o Pesca. Está claro que es compatible, creo yo, el
discurso que he hecho sobre cuál es la posición real de un ministro como
miembro de un gobierno, a su vez apoyado en un grupo parlamentario y en
un partido, que es a lo que me refería sustancialmente, con que haya
áreas en que parece más lógico que exista esa única dirección de
iniciativa, como es en los ámbitos de Justicia e Interior. Me parece que
en ese caso está perfectamente justificado.
En el ámbito de la Guardia Civil, insisto en el planteamiento anterior,
es verdad --y así lo ha anunciado el Director General de la Guardia
Civil-- que existen planes en torno a ciertas modificaciones en el ámbito
de la Guardia Civil. Incluso le daré una línea general: la línea general
es descentralización, y no voy a entrar en análisis más concretos, puesto
que en definitiva el programa no está cerrado y tiene que pasar por el
Gobierno y convertirse en una iniciativa, pero la idea sobre la que
políticamente le he ordenado trabajar al Director General de la Guardia
Civil
es sobre la idea de descentralización, la conveniencia de que en materia
de Guardia Civil se analice el problema de su operatividad y su eficacia
desde esa óptica concreta. Es la única alusión que voy a hacer.
Respecto a las intervenciones de los representantes del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) y del Partido Nacionalista Vasco, efectivamente
compruebo que es muy alto el grado de conciencia. Sobre el tema de los
gobernadores civiles no voy a hacer ya más comentarios, he hecho
sinceramente los que creía que se podían hacer en este marco y en este
ámbito.
Muchísimas gracias a todos, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, por su información.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.