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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 354, de 16/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 354
AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA
PRESIDENTE: DON JOSEP PAU I PERNAU
Sesión núm. 23
celebrada el miércoles, 16 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Por la que se insta al Gobierno a defender ante el Consejo de Pesca de
la Unión Europea (UE) la objeción a la fijación de un total de capturas
admisible (TAC) sobre las capturas de fletán negro en el seno de la
Organización para las Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO), así como al
mantenimiento del actual esfuerzo pesquero de la Flota española en la
zona. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/000333) (Página 10998)
--Relativa a la fijación de un total de capturas admisible (TAC) de
27.000 toneladas para el fletán negro en aguas de la Organización de las
Pesquerías del Atlántico Noroeste (NAFO). Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular. (Número de expediente 161/000334) (Página 10998)
Ratificación de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley de
Vías Pecuarias. (BOCG, serie A, número 71-1, de 26-7-94. Número de
expediente 121/000057) (Página 11001)
Aprobación por la Comisión, con competencia legislativa plena, del
proyecto de ley de Vías Pecuarias. (BOCG, serie A, número 71-1, de
26-7-94. Número de expediente 121/000057) (Página 11001)
Comparecencia del señor Presidente de la Entidad Estatal de Seguros
Agrarios (ENESA), Castro Fernández, para explicar el Plan de Seguros
Agrarios Combinados para 1994. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 212/000398) (Página 11024)
Comparecencia del señor Subsecretario de Agricultura, en su calidad de
Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA), Castro
Fernández, para informar sobre la evaluación y el desarrollo de los
seguros agrarios. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular. (Número de
expediente 212/000842) (Página 11024)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se inicia la sesión.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DEFENDER ANTE EL CONSEJO DE PESCA DE
LA UNION EUROPEA (UE) LA OBJECION A LA FIJACION DE UN TOTAL DE CAPTURAS
ADMISIBLE (TAC) SOBRE LAS CAPTURAS DE FLETAN NEGRO EN EL SENO DE LA
ORGANIZACION PARA LAS PESQUERIAS DEL ATLANTICO NORTE (NAFO), ASI COMO AL
MANTENIMIENTO DEL ACTUAL ESFUERZO PESQUERO DE LA FLOTA ESPAÑOLA EN LA
ZONA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/000333.)
--RELATIVA A LA FIJACION DE UN TOTAL DE CAPTURAS ADMISIBLE (TAC) DE
27.000 TONELADAS PARA EL FLETAN NEGRO EN AGUAS DE LA ORGANIZACION DE LAS
PESQUERIAS DEL ATLANTICO NOROESTE (NAFO). PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR. (Número de expediente 161/000334.)
El señor PRESIDENTE: Como cuestión previa al orden del día, quisiera
plantear a la Comisión una modificación del mismo en el sentido de
incluir la tramitación urgente de dos proposiciones no de ley relativas a
la posición del Gobierno español respecto a la negociación sobre el total
de capturas admisibles del fletán negro.
Si la Comisión lo acuerda, se incluirían en el orden del día como punto
primero, ya que parece que tendrían una tramitación relativamente rápida.
¿Hay acuerdo por parte de la Comisión en incluirlo? (Asentamiento.)
Hay acuerdo.
Si les parece, vamos a tramitar esas proposiciones no de ley.
En primer lugar, daré la palabra a los grupos proponentes de la misma,
que son el Grupo Socialista y el Grupo Popular, y luego, a los demás
grupos para que fijen su posición.
Tiene la palabra don Alberto Moragues, en nombre del Grupo Socialista.
El señor MORAGUES GOMILA: Señorías, suele ser habitual que el Congreso
discuta iniciativas de los grupos cuando en la Unión Europea ha de
debatirse algún tema que tenga interés para España. A este hábito
responde la iniciativa que hoy se presenta por urgencia en la Comisión de
Agricultura y sobre la cual, y antes que nada, querría agradecer la
comprensión de todos los grupos políticos para poder pronunciarnos sobre
ella.
El próximo día 23 de noviembre se reúne el Consejo de Pesca de la Unión
Europea que tratará un conjunto de cuestiones de gran importancia para
nuestro sector. Creemos que en el contexto de esta reunión es interesante
que se plantee la situación creada en la pesquería de fletán negro de
profundidad en el área de NAFO. Voy a obviarles a SS. SS. la secuencia de
los hechos acaecidos en la zona 3-M del área NAFO, desde las campañas
experimentales llevadas a cabo en el año 1990 por algunas embarcaciones
españolas, como alternativa a una serie de cierres de caladeros
tradicionales de la flota pesquera española o utilizados por la misma, en
los caladeros de Estados Unidos, en los de Groenlandia o Noruega, hasta
la pérdida del caladero de Namibia.
Saben también SS. SS. que la evolución de las pesquerías en el área NAFO
viene resultando complicada para los intereses españoles en la zona,
intereses que inicialmente iban dirigidos a la pesca del bacalao, que
posteriormente, ante la reducción de capturas introducidas por Canadá en
las zonas 3-L y 3-O, obligó a una reconversión de la flota que pasó a la
extracción de las llamadas especies planas y que acabó hace muy pocos
años, como he mencionado anteriormente, dedicada a la explotación de una
nueva pesquería, la pesquería del fletán negro de profundidad en la zona
3-M, es decir, la zona más alejada de la costa canadiense, fuera de la
zona económica exclusiva y cuya actividad extractiva, por la exigencia
técnica que plantea, sólo ha interesado a Portugal además de a España de
todo el conjunto de trece países que componen la Comisión Internacional
del Atlántico Noroeste.
El pasado mes de septiembre en la reunión que mantuvo la citada Comisión
en Halifax se tomaron una serie de decisiones que afectan gravemente a
las flotas españolas que faenan en la zona. Se tomó el acuerdo del cierre
de la pesquería de bacalao de la zona 3-O, que en el año 1994 habían
experimentado unas capturas de casi 2.000 toneladas; la flota bacaladera
española este año sólo dispondrá de cuota de bacalao en la zona 3-M.
Además, introdujo la prohibición total de capturas de las especies
planas, otra de las especialidades de nuestra flota en la zona y, además,
fijó por primera vez un nivel máximo de... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Moragues. Ruego a SS. SS. que
guarden silencio porque se hace difícil seguir el debate. (Pausa.)
Continúe, señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Decía, señor Presidente, que fijó por primera
vez un nivel máximo de capturas para el fletán negro de 27.000
toneladas/año, capturas autorizadas que, con toda probabilidad y ante el
cierre de otras pesquerías, deberemos repartirnos con los otros países de
la Comisión que hasta la fecha no habían demostrado interés alguno por la
especie.
La inclusión del fletán negro entre las especies reguladas --y a mi
entender esto es lo grave-- se acordó sin reacción de los representantes
de la Unión Europea y sin tener en cuenta los informes de la Comisión
científica que habían manifestado la posibilidad de un esfuerzo pesquero
bastante mayor de hasta 40.000 toneladas para el fletán.
Ante todo ello y dado que la negociación citada no responde a los
intereses de nuestro país y prejuzga la evolución científica de estudios
previos del mismo, ante lo cual el Gobierno español, como saben SS. SS.,
presentó la correspondiente objeción, el Grupo Socialista presenta la
proposición no de ley que discutimos en estos momentos, con la intención
de que sea apoyada por todos los grupos de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fernández de Mesa, en
nombre del Grupo Popular.
El señor FERNANDEZ DE MESA DIAZ DEL RIO: Señorías, yo quiero resaltar la
importancia que tiene en este momento la presentación de las
proposiciones no de ley tanto del Grupo Parlamentario Socialista como del
Grupo Parlamentario Popular, que demuestran, de una vez, el auténtico
interés que tiene esta Cámara por dar respuesta a los problemas que en un
momento concreto se plantean en un sector determinado de la sociedad
española, como es en este caso el sector pesquero y, más concretamente,
las flotas congeladora y bacaladera. Yo creo que es importante resaltar
que de manera urgente dos proposiciones no de ley, que con toda
probabilidad se verían más adelante, se hayan visto en esta Comisión del
día de hoy, teniendo en cuenta que el último Consejo de Pesca de la Unión
Europea es el próximo día 23 de noviembre y nuestra queja formal ha de
llegar al seno de la Unión antes de ese Consejo de Pesca.
Estando totalmente de acuerdo con la exposición que ha realizado el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, nos gustaría resaltar que el
reciente acuerdo de Halifax en Canadá, que aprueba un total de capturas
admisibles para las flotas comunitarias (en este caso concreto solamente
para la española y para la portuguesa, que son las que faenan allí) de
27.000 toneladas, nos deja muy por debajo de lo que hasta ahora veníamos
capturando en aquella zona, en torno a las 60.000 toneladas. Y lo que es
más grave y chocante es que existiendo un acuerdo y un consejo del
--valga la redundancia-- Consejo científico que situaría en torno a las
40.000 toneladas de pesca las capturas que se podrían realizar de fletán
negro, es la primera vez que en Halifax se hace caso omiso de las
recomendaciones del Consejo científico asesor. Por tanto, consideramos,
exactamente igual que el Grupo Parlamentario Socialista, que es una
fijación de un TAC excesivamente corto que acarrearía graves problemas
para el sector pesquero español, a la flota congeladora, pero también
consideramos que el tope de 1.500 toneladas de bacalao que se ha fijado
para la flota bacaladera implicaría la reducción de las doce parejas que
ahora están allí faenando a un máximo de tres y, lo que es más grave, en
mareas tan cortas de dos o tres meses.
Por ello, señoras y señores Diputados, el Grupo Parlamentario Popular
plantea la proposición no de ley que hoy se trae a la Comisión, aunque
estuviera tramitada para el Pleno, dejando muy claro que nuestro grupo no
entiende cómo es posible que los representantes de la Unión Europea en
las reuniones de Halifax no sólo no se hayan opuesto a la propuesta
realizada sino que ni tan siquiera hayan presentado un voto particular
para salvar futuras actuaciones tanto de la Unión Europea como de
aquellas que pudiera promover el Gobierno español.
Hemos presentado una proposición no de ley que, desde luego, recoge en
términos diferentes lo que presenta la proposición no de ley planteada
por el Grupo Parlamentario Socialista y que, de acuerdo con la
conversación mantenida antes de entrar en la Comisión que estamos
celebrando, yo creo que el primer punto debería quedar redactado de la
siguiente manera: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que
presente la objeción al reciente Acuerdo de Halifax entre Canadá y la
Unión Europea que, de manera importante, sería perjudicial para las
flotas congeladora y bacaladera española, única y exclusivamente. El
segundo punto, tal y como queda redactado en la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, que hablaría del mantenimiento del actual
esfuerzo pesquero de la flota española en la zona y de que para cualquier
limitación futura se tengan en cuenta los estudios científicos necesarios
para controlar el estado y evolución de los caladeros.
Como creo que, en cualquier caso, el sentir general de la Cámara es
unánime --los grupos que hemos planteado esta proposición no de ley
compartimos el mismo sentir-- la cuestión de la redacción simplemente
sería un matiz de tipo gramatical. En cualquier caso, lo importante es
que el concepto salga adelante para que el día 23 en el Consejo de Pesca
de la Unión Europea se conozca y se transmita el
malestar y la objeción que el Gobierno español plantea ante un acuerdo
que es totalmente desfavorable para España.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran intervenir en el debate?
(Pausa.) El señor Romero en nombre de Izquierda Unida tiene la palabra.
El señor ROMERO RUIZ: Intervengo para decir muy brevemente que nuestro
Grupo Parlamentario va a votar favorablemente esta iniciativa
parlamentaria que defiende nuestros intereses en la materia y que ayudará
a la posición del Gobierno español ante las instancias comunitarias que
correspondan.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Por la premura que supone el haber
tenido conocimiento instantes antes de comenzar la Comisión de que se
iban a tratar estas dos proposiciones del Grupo Parlamentario Popular y
del Grupo Parlamentario Socialista, nuestro Grupo Parlamentario no ha
podido preparar su intervención. No obstante, nosotros conocemos el fondo
del asunto y en este momento voy a improvisar nuestra posición sobre esta
cuestión.
Señor Presidente, a nuestro juicio el problema de fondo que está
subyaciendo en esta cuestión --porque éste es un problema muy puntual--
deriva de hace años. Nos encontramos ante una organización internacional
pesquera, como es la Organización de Pesquerías del Atlántico
Noroccidental, PAN, o NAFO en inglés, que regula la pesca en pesquerías
que se encuentran fuera de las 200 millas de las aguas de Canadá;
fundamentalmente abarca todos los países nórdicos, pero la posición
política de Rusia y la posición política de Canadá son las que predominan
en los órganos de dirección de la NAFO. A nuestro juicio, la política de
carácter pesquero que está siguiendo la NAFO está muy condicionada por
los planteamientos que está realizando Canadá. Sabe el señor Presidente
que hace dos años, esta Comisión de Agricultura, Pesca y Ganadería
recibió una visita de los responsables parlamentarios de pesca de Canadá
cuyo objetivo era concienciar a los respectivos países miembros de la
Unión Europea del carácter de depredadores del que se acusaba a la flota
pesquera española.
Por lo tanto, entendemos que lo que subyace en toda esta cuestión es el
ámbito de las relaciones políticas entre la Unión Europea y Canadá. Como
recordarán SS. SS., la Comisión Europea reconoció que, como gesto para
normalizar relaciones con Canadá, la Unión Europea no iba a objetar las
cuotas establecidas para el bacalao en los años 1992 y 1993. Por ello,
estos últimos años se ha ido reduciendo progresivamente el TAC y la
posterior cuota que se asignaba, en primer lugar, a la Unión Europea y,
en segundo lugar, la adjudicación que se hacía a la flota pesquera
española y portuguesa. En segundo lugar, además de proceder a esa
reducción progresiva, se han ido cerrando determinados caladeros, como el
23-JKL y el caladero 3-NO, con la reducción en el tercer caladero, el
3-M, de cuota para la Unión Europea.
Por ello, señor Presidente, nos encontramos con otro problema puntual.
¿Qué pasa con el fletán negro? El fletán negro es una especie asociada al
bacalao, que se pesca bien en aguas de Canadá o bien en aguas de la NAFO,
pero con una diferencia, que el fletán negro es una especie asociada que,
hasta el momento, no disponía de TAC. No disponía de TAC porque la pesca
del fletán negro se diferencia de la del bacalao en que ésta es una
especie no susceptible de ser salada, a diferencia del bacalao, siendo
únicamente susceptible de ser congelada, cuando el bacalao es susceptible
de ambas variedades de tratamiento, bien el salazón o bien la
congelación.
¿Qué ha ocurrido, señor Presidente? Está ocurriendo, y nosotros ya se lo
hemos dicho al señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación que la
limitación de algunos caladeros como el de Namibia y en la zona de
Boston, donde tradicionalmente faenaba la flota pesquera española, ha
conllevado a que parte de la flota española, la congeladora en concreto,
haya ido a pescar especies asociadas al bacalao a aguas de la NAFO y no
pueden pescar bacalao porque no aparecen autorizadas por parte de la
Administración pesquera española dentro del censo de bacaladeros. La
diferencia está en que, mientras el censo de bacaladeros es cerrado, el
español es abierto, respecto al que la administración pesquera española
actúa con discrecionalidad para introducir y fijar anualmente en ese
censo qué buques pueden pescar o no. ¿Qué le ocurrió a la administración
pesquera española? Que se encontró con el problema de que empresas
españolas que faenaban en la zona de Boston o de Namibia, al final se han
tenido que desviar a la zona de la NAFO, lo que está originando un
conflicto entre pesqueros españoles congeladores y bacaladeros.
Por ello, señor Presidente, estamos de acuerdo en defender a la flota
congeladora española porque, por primera vez, se establece un TAC --hasta
ahora era libre la pesca del fletán-- de 27.000 toneladas. De estas
27.000 toneladas, 15.000 van a corresponder a la Unión Europea y la Unión
Europea tiene que proceder a una posterior adjudicación entre los países
miembros. A España le van a corresponder unas 10.000 toneladas y esas
toneladas, si se van a repartir entre la flota bacaladera, al ser una
especie asociada al bacalao, y la flota congeladora, va a corresponder a
cada buque pesquero español una capacidad de pesca de unas 250 toneladas,
a todas luces insuficiente.
Por eso, señor Presidente, lo que pedimos como medida política al
Gobierno es que defienda ante la Unión Europea no únicamente las
objeciones al TAC de la especie asociada del fletán negro sino también
que objete los cierres de los caladeros 3-NO, 23-JKL y la reducción de
cuota en el 3-M. Eso es muy importante para la defensa integral de la
flota pesquera española.
Finalizo con una última consideración, señor Presidente. Creo que la
administración pesquera española se encuentra en estos momentos, y vista
la situación del caladero de la NAFO y los planteamientos políticos que
están
prevaleciendo al final, los de Canadá, tiene que liderar la
reestructuración integral de la flota española que faena allí. Cuando
digo integral, me estoy refiriendo a toda la flota, la flota congeladora
que, con ocasión de los caladeros que antes he indicado ha ido a faenar a
aguas de la NAFO, y la flota bacaladera. Es necesaria una visión integral
del tema, puesto que evidentemente no va a haber rentabilidad suficiente
para estos buques pesqueros españoles en función de la densidad y de la
capacidad de pesca que en este momento se ha establecido para faenar en
aguas de la NAFO.
Por ello, señor Presidente, hemos planteado al Grupo Parlamentario
Socialista y al Grupo Parlamentario Popular que en la propuesta que
realiza el Grupo Popular se inste al Gobierno a que defienda
políticamente la objeción de los acuerdos de Halifax en lo que se refiere
a la flota bacaladera y también a la flota congeladora. Esa es la
modificación puntual que he oído del señor Fernández de Mesa que estaría
dispuesto a aceptar y que nuestro Grupo Parlamentario ha ofrecido,
previamente al debate, a los dos grupos mayoritarios de la Cámara.
El señor PRESIDENTE: ¿Se acepta la modificación propuesta por el Grupo
Parlamentario Popular, señor Moragues?
El señor MORAGUES GOMILA: Señor Presidente, aceptamos las dos
modificaciones, tanto la que presenta el Portavoz del Grupo Popular como
la del Grupo Nacionalista Vasco, en el bien entendido que la proposición
no de ley insta al Gobierno a defender y no a presentar, porque la
presentación ya se ha hecho físicamente por parte del Gobierno en su
momento, como saben los portavoces. En estos términos, apoyaríamos las
modificaciones introducidas por los grupos.
El señor PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo los grupos con esto?
Señor Fernández de Mesa, tiene la palabra.
El señor FERNANDEZ DE MESA Y DIAZ DEL RIO: Totalmente de acuerdo, señor
Presidente, pero quiero hacer constar que nadie dice en ninguna parte que
ése le exija al Gobierno que lo haga, puesto que ya tenemos constancia,
en una pregunta oral formulada al Ministro de Agricultura en el Pleno de
la Cámara, de que efectivamente se iba a hacer. No aparece para nada que
se exija del Gobierno, sino de la Unión Europea.
La redacción del primer punto diría exactamente que se insta a la
presentación de una objeción al reciente Acuerdo de Halifax entre Canadá
y la Unión Europea que discrimina de manera importante a las flotas
congeladora y bacaladera. El segundo punto quedaría, con las dos
introducciones, tal y como está presentado en la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Se insta al Gobierno a la presentación de la
objeción.
Tiene la palabra el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Si me permite, señor Presidente, la
presentación de la objeción ya está realizada. Entonces, instamos a que
se defienda la objeción presentada, incluyendo además la defensa de las
cuotas de bacalao.
El señor PRESIDENTE: ¿Se puede indicar a defender la objeción presentada?
(Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA Y BASTIDA: Quería hacer una pequeña aclaración
y es que el Gobierno no la ha presentado en cuanto a la flota bacaladera.
Habría que añadir eso. Es decir, el texto del señor Fernández de Mesa
tiene sentido en el contexto que ha defendido la propuesta del Grupo
Popular, que sea tanto el fletán negro, relativo a la flota congeladora,
como el bacalao, relativo a la flota bacaladera, porque los acuerdos son
de carácter general y abarcan el bacalao como especie genérica y todas
las especies asociadas al mismo.
El señor PRESIDENTE: ¿A presentar y defender? (Asentimiento.)
Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada esta proposición no
de ley.
--RATIFICACION DE LA PONENCIA ENCARGADA DE INFORMAR DEL PROYECTO DE LEY
DE VIAS PECUARIAS. (Número de expediente 121/000057.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos, en primer lugar, a la
ratificación de la Ponencia encargada de informar del proyecto de ley de
vías pecuarias.
Como saben SS. SS., son don Jerónimo Nieto, doña Dolores Sánchez, don
Ramón Rueda, don Isidoro Hernández-Sito, don Leocadio Bueso, don Antonio
Romero, don Pere Vidal y don Ricardo Gatzagaetxebarría. (Asentimiento.)
--APROBACION POR LA COMISION, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA
VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY DE VIAS
PECUARIAS. (Número de expediente 121/000057.)
El señor PRESIDENTE: Antes de iniciar el debate de las enmiendas del
proyecto de ley de vías pecuarias, indico a la Comisión que las
votaciones correspondientes a estas enmiendas se realizarán en un solo
turno al final del debate, previsiblemente dentro de una hora y media
aproximadamente.
El señor NIETO GONZALEZ: Señor Presidente, he querido entender que la
votación no se hará antes de hora y media. ¿Es así?
El señor PRESIDENTE: Sí, como mínimo será a las once y media.
El representante del Grupo Parlamentario Vasco me ha solicitado defender
sus enmiendas en primer lugar, ya que tenía que asistir a otra Comisión.
Si no hay ninguna objeción, damos la palabra al señor Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy a defender brevemente las
enmiendas que tiene nuestro Grupo Parlamentario y a hacer una
consideración de carácter general.
Nos parece que el planteamiento político que el Gobierno ha plasmado en
el proyecto de ley regulador de las vías pecuarias en principio es
correcto. Es correcto porque en el título preliminar --y fijo posición en
cuanto a la ley y defiendo nuestras enmiendas--, cuando se determina el
objeto y la naturaleza de las vías pecuarias, el Gobernador opta por
determinar que las vías pecuarias son un bien integrante del dominio
público de las comunidades autónomas. Yo y mi Grupo Parlamentario nos
felicitamos por esta regulación porque creo que, en definitiva, se
debería caminar por esta vía.
Ha sido habitual que el Gobierno durante muchos años haya regulado
determinadas cuestiones de orden sectorial, del Derecho administrativo
especial, catalogándolas como dominio público estatal. Sus señorías saben
que la configuración de un bien como de dominio público lo que está
otorgando es una naturaleza, una configuración, de carácter de un
instituto, de una organización que es el dominio público que sirve a las
administraciones públicas a la hora de la prestación de un servicio
público. Es un instrumento que tienen las administraciones públicas a la
hora de prestar un servicio público, y como tal instrumento dispone de
unas funciones, de unos objetivos, de unos efectos, como es el que esos
bienes no son susceptibles de ser objeto del tráfico comercial ordinario
y que poseen una facultades exorbitantes a la hora de su defensa en
relación a los ataques que se pueden producir a los bienes de dominio
público.
Y creo que el planteamiento que realiza aquí el Gobierno es sensato, es
correcto. En otras ocasiones, al regular, por ejemplo, el dominio público
radioeléctrico o el dominio público sobre la zona maritimoterrestre o el
dominio público relativo a los recursos hidráulicos ha partido de
posiciones políticas contrarias o diferentes de las que en este momento
parte. Entonces se concebía como dominio público estatal aquello en lo
que el Estado se reservaba las facultades de protección, las facultades
de itervención sobre cualquier posible tráfico ilícito de esos bienes que
he llamado de dominio público y que están catalogados en esas respectivas
legislaciones sectoriales y también de esas facultades de protección del
mismo. El Gobierno, así lo plantea a este cuerpo legislativo, lo ha
catalogado como bien de dominio público de las comunidades autónomas, lo
que está suponiendo que todo ese haz de facultades que va atribuido a la
institución del dominio público corresponde a las comunidades autónomas.
Nosotros nos alegramos de eso. Creemos que es un paso importante y nos
gustaría que se siguiera para posteriores regulaciones sectoriales con
este planteamiento político. Por lo tanto, señor Presidente, nosotros no
tenemos objeciones de fondo sobre el planteamiento que ha realizado el
Gobierno respecto a la regulación general del dominio público de las vías
pecuarias.
En relación a las enmiendas que hemos presentado, diré que son unas
enmiendas dirigidas la artículo 18, donde lo que nosotros solicitamos,
señor Presidente, es una modificación puntual en la que pedimos que la
inscripción del dominio público pecuario que se define en el artículo 2,
en esta red nacional se haga a petición de las comunidades autónomas. No
está definido claramente qué es esto de la red nacional, si es un
registro o no. Según se derivaría de una interpretación coherente e
integral del artículo 18, lo que se está estableciendo es un registro y
que se realice la inscripción a petición de las comunidades autónomas
titulares de ese dominio.
Nosotros planteamos que, en base a lo que define el Gobierno en el
artículo 2 y al desarrollo legislativo y ejecución que corresponde a las
comunidades autónomas, sean éstas las que vayan determinando y
solicitando al Gobierno, al Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación, la catalogación de ese registro de red nacional de las vías
pecuarias que transcurren por las comunidades autónomas, al margen de que
tengan o no una con otras vías que tienen su extensión por otras
comunidades autónomas.
Es por ello por lo que hemos presentado las enmiendas al artículo 18, a
los párrafos primero, segundo y tercero, que van en coherencia. Cuando en
el párrafo tercero se habla de la desafectación y expropiación, es lógico
que, en coherencia con lo que se define en el artículo 2, se diga que son
facultades inherentes dentro del concepto de dominio público, cuyo
ejercicio corresponde a quien es titular del mismo. Lo que no entendemos
es por qué una entidad pública, en esta caso la administración de las
comunidades autónomas, siendo titular del bien de dominio público y, por
lo tanto, titular del conjunto de facultades que le corresponden, de
conformidad con lo que figura el concepto y el alcance del dominio
público, tenga que obtener un informe previo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Si resulta que la Administración
central en esta cuestión ha atribuido la plena titularidad a las
comunidades autónomas, ¿por qué el ejercicio de las facultades inherentes
al dominio público han de estar sujetas a una condición, y que es el
informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación? No vemos un
encaje adecuado a esa petición de informe preceptivo que se establece en
el artículo 18.3.
Y para terminar, señor Presidente, quiero referirme a la disposición
final tercera. Nuestra enmienda número 4 tiene un pequeño error. No se
refiere a la disposición adicional tercera, sino a la disposición final
tercera. Con esta enmienda pretendemos realizar una adición especificando
que en cualquier intervención que pueda realizar el Gobierno central,
bien el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación o el de Justicia e Interior --como ahí se dice y se dice
correctamente-- en el ámbito de sus respectivas competencias (puesto que,
en todo caso, tendrá que intervenir en el ejercicio de aquel bloque de
materias que le ha sido asignado por el artículo 149.1 de la
Constitución), a nuestro juicio, sería oportuno el salvaguardar que esa
intervención del Gobierno central de carácter normador, de carácter
integrador del ordenamiento jurídico, novador en definitiva del
ordenamiento jurídico, se realice sin perjuicio de la competencia que
para la materia en cuestión (que está recogida en el artículo 149.1.23.a)
corresponde a las comunidades autónomas en cuanto a la regulación de las
vías pecuarias, que sería la legislación de desarrollo y la ejecución de
la legislación, tanto la básica, a la entrada de este proyecto de ley,
como la de desarrollo que se puede dar.
Con esa pequeña adición a la disposición final tercera es con lo que
concluye la defensa de nuestras enmienda.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular ha pedido
la palabra, en primer lugar, el señor Hernández-Sito.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Después de mí, intervendrán otros
dos compañeros. Mi intervención actual es para hacer una reflexión sobre
lo que nosotros consideramos.
Nos parece una ley importante en el sentido de que volvemos a traer de
una manera clara y determinada lo que es un patrimonio cultural, agrario
y ganadero histórico en España. Yo creo que en estos últimos años ha
habido un abandono de la trashumancia por la realidad socioeconómica y
los nuevos movimientos ganaderos que la hacen imposible en muchos sitios.
Eso ha llevado consigo el abandono de una serie de vías y en muchos casos
se han usurpado, han desaparecido o se han vallado, pero más que por los
propios linderos, por la zona por la que hace veinte o treinta años no
pasa ganado de ninguna clase. Nosotros creemos que el espíritu de esta
ley es volver a hacer el mapa de las cañadas y vías pecuarias de España y
queremos que eso se haga. Lo que no queremos es que esto se convierta en
otro uso alternativo para no sé qué. Si de lo que se trata es de hacer un
mapa y buscar los lindes --que han desaparecido para poner las mojoneras
necesarias y establecer los metros que han de tener las cañadas, nos
parece bien; no nos parece bien, desde el punto de vista ganadero, dar a
las cañadas otro uso alternativo, porque, entonces, esta ley que estamos
haciendo, ¿para qué es? ¿Para restaurar, como decíamos, otra vez las
cañadas o para hacer 125.000 kilómetros de vías de agroturismo o de otro
tipo de turismo?
Nosotros creemos que ése es un gran problema por una serie de factores
que muchas veces no se han tenido en cuenta. A nosotros nos afecta mucho,
y yo hablo desde el punto de vista extremeño, el paso de ganado por zonas
donde hay movimiento de personas, lo que puede llevar a un gran problema
sanitario en cuanto a la peste equina o la peste porcina. También hay un
problema ecológico por la cantidad de personas que pueden pasar por zonas
arboladas y, sobre todo, un problema de incendios; no es lo mismo un
pastor con una manada de ovejas, que sabe hacer fuego, que cualquier
grupo de jóvenes que quieran hacer agroturismo o cualquier otro tipo de
turismo. A nosotros eso nos preocupa tremendamente porque creemos que el
espíritu de la ley es volver a poner, dentro de lo posible, las bases y
decir: éste es el mapa que tenemos de cañada, y que se pueda actualizar,
porque en muchos sitios se han hecho concentraciones parcelarias, ha
habido carreteras, ha habido movimientos inmobiliarios para hacer
viviendas que han usurpado prácticamente la cañada, y es irreversible.
Volvemos a insistir mucho en eso de complementario, porque en el proyecto
se dice en algún momento que, siempre conservando el paso de ganado, se
pueden poner tiendas de campaña o algunas cosas móviles que se puedan
quitar. Yo me pregunto: cuando estén unos señores acampados y lleguen 200
vacas, ¿qué hacen? Me supongo que saldrán corriendo los que estén
acampados, pero ¿cómo se quitan las tiendas?
A nadie se le puede prohibir en una cañada que vaya de paso. Lo que
nosotros creemos es que las cañadas son para el paso. Aquí se dijo una
vez por parte de algún representante, me parece que fue de Izquierda
Unida, cuando se presentó el proyecto, que con el ganado también había un
problema, porque hay muchos pequeños ganaderos que no pueden aprovechar
esas cañadas. Pero es que las cañadas no están para aprovechamiento. Las
cañadas son para paso de ganado, como históricamente ha sido, y lo que no
se puede hacer es decir que vaya a haber grupos de ganaderos estables. A
las personas que pasen por la cañada nadie les puede prohibir que pasen,
y cualquier persona puede pasar a caballo o andando, pero no con
bicicletas o en grupos organizados. Como hay una verdadera obsesión hoy
por la gente de las ciudades, los urbanos, como yo les llamo, por salir
al campo, pues se van a encontrar con un sitio buenísimo para decir: aquí
tenemos unas buenas correrías y muy buenos sitios para disfrutar. Eso
afectaría mucho.
Por tanto, nuestro espíritu, independientemente de que mis compañeros
hablarán de otro tipo de temas jurídicos o de sanciones, es que estas
cañadas son para ganado, tránsito, trashumancia, y no para otra cosa.
Ahora, si lo que se quiere es traer aquí una ley para hacer un mapa nuevo
de vías de otra cosa, la podemos llamar entonces, en vez de vías
pecuarias, ley de nuevas autopistas de barro y hierba, o como se quiera
llamar, para que pasen los urbanos que están aburridos los fines de
semana.
Nuestra postura, por tanto, es que estas vías pecuarias sirvan para lo
que tienen que servir, que se haga un recordatorio histórico de lo que
han sido las cañadas reales, y no que, por mor de la modernidad, se
quieran convertir en otra cosa. Ese es el espíritu que nosotros
planteamos en esta ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Madero, en nombre también
del Grupo Popular.
El señor MADERO JARABO: Para defender, en nombre de mi Grupo, dos bloques
de enmiendas, concretamente
15, referidas a lo que mi compañero Hernández-Sito ha enunciado como usos
complementarios, pues, redundando en sus palabras, nos parece que es de
bastante gravedad lo que en el proyecto de ley se nos plantea.
Como ya ha indicado mi compañero, los usos complementarios --y contra
ellos presentamos 15 enmiendas-- suponen, de hecho, una perturbación de
una actividad deportiva y económica, como es la cinegética; no solamente
se perturba sino que, en todo caso, habrá que recordar que desde las vías
pecuarias no se puede ejercer la actividad económica de la caza. Supone,
de hecho, cargarse de manera radical todas las medidas sanitarias que
pueden hacerse en el territorio nacional, puesto que de nada vale que el
equipo veterinario de cada comunidad autónoma haga los análisis oportunos
en origen o al final de una trashumancia si, a través de esas vías
pecuarias, existen unos usos complementarios, que indudablemente serán
agentes contaminantes, agentes vectores, que transmitirán epizootias y,
en general, enfermedades de tipo ganadero.
Sobre todo, señor Presidente, entiende mi Grupo que hay muchos kilómetros
de vías pecuarias que discurren por zonas de alto valor ecológico, por
ecosistemas muy sensibles, por zonas arboladas o, en general, pobladas
con una vegetación que conviene conservar, y el hecho de ponerlas dentro
de esta ley y de poder utilizarlas para usos no exclusivamente ganaderos
puede significar, de entrada, una degradación permanente y paulatina de
esos ecosistemas, además de, en determinadas épocas y circunstancias, un
gravísimo riesgo de incendios. Sobre este tema creo que no conviene
insistir demasiado en un año en que nos han ardido en España más de
400.000 hectáreas.
Nos parece, señor Presidente, que es un absurdo permitir unos usos
complementarios sin, al mismo tiempo, tener en cuenta que los legítimos
administradores, como aquí se ha señalado, son las comunidades autónomas
y que, por tanto, si se abre la espita a la utilización legal mediante
usos complementarios, habrá también que decir quién paga la guardería,
quién paga los determinados usos y la vigilancia de esos usos que se van
a tolerar desde una ley básica, porque las comunidades autónomas podrán,
en el uso legítimo de las competencias que tienen transferidas, dictar
unas normas para el uso racional de estas vías pecuarias que atraviesan
su propia comunidad autónoma.
Por otro lado, no queremos poner cortapisas a la utilización de estas
vías pecuarias, y por eso, no en el articulado, sino en la enmienda
número 96, concretamente en la disposición adicional primera nueva que
nosotros tratamos de incorporar a este proyecto de ley, decimos que las
comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrán
establecer itinerarios de vías pecuarias susceptibles de usos
complementarios, pero las comunidades autónomas, no desde esta ley
básica. Indudablemente, las comunidades autónomas harán la previsión
oportuna de cuáles son esos usos, cómo los regulan, cómo establecen la
guardería y, sobre todo, eso que se define en el proyecto de ley como
instalaciones complementarias, que, hablando en román paladino, puede que
sean chiringuitos a lo largo de unas vías pecuarias, no se sabe con qué
titularidad dominical, no se sabe con qué propiedad, no se sabe con qué
usos y no se sabe con qué finalidades. Repito, que han de ser las propias
comunidades autónomas quienes regulen el uso de las vías pecuarias al
paso por su comunidad autónoma, por el terreno que les corresponde a
ellos vigilar, guardar y administrar.
Finalmente, la enmienda número 87 se refiere al artículo 18, título VIII,
de la red nacional de vías pecuarias. Aquí debemos decir que, en
consonancia y en bastante coincidencia con la número 141 de Izquierda
Unida, con la cual estamos de acuerdo --y ya anunciamos nuestro voto
afirmativo a la misma--, de lo que se trata es de mejorar el texto en
base a que esa red nacional de vías pecuarias, ese fondo nacional de
documentación sobre las vías pecuarias y que arranca desde hace cientos y
cientos de años con la Mesta, de gran tradición histórica en España, sea
un fondo, en definitiva, completo y útil para el estudio y el
conocimiento de nuestra propia historia. En ese sentido no podemos estar
de acuerdo con las enmiendas que al artículo 18 presenta el Grupo Vasco
(PNV) porque entendemos que si se admitieran, ese fondo podría quedar
fraccionado y, sobre todo, la continuidad de los itinerarios de las vías
pecuarias dentro de la red nacional, que acertadamente se propone dentro
del proyecto de ley, podría quedar truncada.
Con esto, señor Presidente, creo que expreso claramente la postura de mi
grupo en defensa de unas enmiendas para las cuales pido el voto
afirmativo de sus señorías.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, el
señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Voy a defender las enmiendas 68, 69, 74, 75, 88 a
95, 97 y 98, y ello, señorías, en base a las siguientes consideraciones.
En primer lugar, por lo que respecta a la enmienda 68, a pesar de que en
algunas de las enmiendas transaccionales que luego se verán, por el texto
que se nos ha facilitado, figura como recogida, consideramos que, cuando
en el artículo 4.º.1 se dice cuáles son los tipos de vías pecuarias,
nuestro texto, teniendo en cuenta lo que dice el artículo 570 del Código
Civil, es mejor y más claro, puesto que refundimos en un único apartado
los tres a que hace referencia el proyecto de ley.
Por lo que respecta a las enmiendas 74 y 75 voy a extenderme más, porque
no tienen ninguna enmienda transaccional y considero que es de gran
gravedad el hecho de que el texto del proyecto de ley sea el actual,
sobre el que hay que tener en cuenta lo siguiente.
El artículo 8.º apartado 3, cuando habla del deslinde, dice lo siguiente:
«El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a
favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que
las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a
la naturaleza demanial de los bienes deslindados.»
Por si fuera poco, el apartado 4 continúa diciendo: «La resolución de
aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la
forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones
jurídicas registrales contradictorias con el deslinde.» Hago gracia SS.
SS.
de leer el resto de lo que dice el texto porque está en el proyecto y
todos ustedes lo tienen.
A este respecto tengo que decir que bajo ningún concepto se puede poner
en tela de juicio y vulnerar el derecho del tercero hipotecario, conforme
a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. El texto es muy
claro y dice que el tercero que de buena fe adquiera, a título oneroso,
algún derecho de persona que en el Registro aparezca con facultades para
transmitirlo, será mantenido en su adquisición una vez que haya inscrito
su derecho, aunque después se anule o se resuelva el del otorgante por
virtud de causas que no consten en el mismo Registro. La buena fe de
tercero se presume siempre, mientras no se pruebe que conocía la
inexactitud del Registro y los adquirentes a título gratuito no gozarán
de más protección registral que la que tuviere su causante o
transferente.
El artículo 34, al que he hecho referencia, de la Ley Hipotecaria,
señorías, recoge el denominado principio de fe pública registral, y el
tercero al que se refiere el mismo concuerda con lo que señalan los
artículos 28, 31, 207 y 220 de la Ley y a su adquirente es al que no le
afecta la nulidad o inexactitud de la inscripción previa. Creo que
simplemente con este comentario sería suficiente para que, por parte de
SS. SS., en especial del grupo de la mayoría, se reflexionase sobre esta
cuestión y se llegara a admitir nuestra enmienda, puesto que, desde
luego, desde nuestro punto de vista, no pueda llegarse a la conclusión de
que aprobado el deslinde por al Administración se considera, por virtud
de la ley, la titulación demanial a favor de la comunidad autónoma y sin
que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer
frente a la naturaleza de los bienes deslindados.
Como se puede observar se carga de un plumazo la fe pública registral del
artículo 34 de la Ley Hipotecaria y, en consecuencia, la protección del
tercero hipotecario que estaba contemplada, de una forma específica, en
el artículo 11.3 de la ley que se pretende derogar. No sólo se conforma
el proyecto con declarar, mediante el deslinde, la titularidad demanial,
sino que en el siguiente punto al que antes he indicado, que es el 4 del
artículo 8.º, dice que la resolución de aprobación del deslinde será
título suficiente para rectificar las situaciones jurídicas, etcétera. O
sea que el principio de fe pública registral, avalando que lo que publica
el Registro de la Propiedad es cierto mientras no se rectifique,
correspondiendo esta rectificación única y exclusivamente a los
tribunales ordinarios, desaparece como por obra y gracia de la
Administración, que se convierte, nada más y nada menos, que en juez y
parte del asunto.
Por otro lado tenemos que decir que, aparte de la crítica que pueda
merecer por el desprecio a unos principios jurídicos, que están
precisamente en el sentir de nuestra sociedad y que significan la
seguridad jurídica, nada más y nada menos, amén de la confianza en el
registro, creemos sinceramente que choca con los artículos 24 y 106 de la
Constitución Española. Con el artículo 24 por la indefensión que produce
la rectificación sin ser oída la parte interesada, que, incluso, aun
siendo oída en el expediente, la decisión corresponde en todo caso, y así
lo pone el texto, a la Administración. Y con el artículo 106 porque la
Administración está sometida también a los tribunales sin que ella pueda
ejercer dicha función, y menos en su propio interés y beneficio.
No es fácil adivinar que a través de mecanismos poco claros y, en todo
caso, discrecionales, puedan proveerse de grandes extensiones de terreno
para destinarlos a los fines que tenga por conveniente, con invasión y
confiscación posiblemente de la propiedad privada y dando lugar a
infinidad de conflictos, recursos, manifestaciones públicas y todo género
de controversias. En conclusión, consideramos que el artículo 8.º no
puede, bajo ningún concepto, estar como está redactado, porque roza la
constitucionalidad y puede ocurrir que este artículo sea inconstitucional
por las razones a las que he hecho referencia. En el trámite de réplica
podré decir más cosas; depende de las argumentaciones que oiga del Grupo
Socialista.
En lo que respecta a otro tipo de enmiendas, como son la 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94 y 95 que hacen referencia a las sanciones, en realidad lo que
hemos hecho ha sido presentar unas enmiendas que son un poco más
racionales, aunque muchas de ellas coinciden, excepto algunas pocas
palabras, con el texto, lo que no quiere decir que nos hayamos
equivocado, sino sencillamente que consideramos que nuestras enmiendas
son mejores, teniendo en cuenta que cuando se definen las situaciones muy
graves, grave o leves, no es necesario, en nuestra opinión, el poner qué
se entiende por sanción, porque ya está especificado en los distintos
tipos de sanciones. Ese es el motivo de algunas de nuestras enmiendas.
Sí me quiero detener muy brevemente, aunque solamente sea de pasada, en
las cantidades de las sanciones que figuran en el texto. En el artículo
22.1.a) se dice que en las infracciones leves se impondrá multa de 10.000
a 100.000 pesetas y nosotros consideramos que esa cantidad puede
mantenerse, pero en las situaciones graves, el texto habla de multa de
100.001 a 5.000.000 de pesetas y nosotros consideramos que debe ser de
100.001 a 1.000.000 de pesetas. En la letra c) se habla de infracciones
muy graves de 5.000.001 pesetas a 25.000.000 de pesetas y nosotros
decimos que tiene que ser de 1.000.001 a 5.000.000. ¿Por qué. Porque
estamos acostumbrados a que cuando se legisla y se imponen sanciones de
este calibre, cantidades que están fuera de cualquier economía y
posibilidad de hacerlas efectivas, la realidad es que no se pagan. Aparte
de eso es que cuando llega la hora de la práctica y se dice que son
infracciones graves la roturación o plantación no autorizada que se
realice en cualquier vía pecuaria, se da la circunstancia de que la
infracción mínima, con el texto en la mano, es de 100.001 pesetas a
5.000.000 de pesetas. Y ahí se puede decir: se impondrá la base, la
cantidad mínima, 100.001 pesetas, en vez de 5 millones; pero, según quien
sea el instructor, pueden ponerse 5 millones de pesetas. Entonces, qué
criterio se va a seguir cuando hay una roturación o plantación autorizada
que, a lo mejor, no tiene ninguna importancia o muy poca, igual que se
dice en ese apartado a) del artículo 21 sobre la infracción grave podemos
coger, por ejemplo, el aprovechamiento no autorizado de los frutos o
productos de las vías pecuarias no utilizables por... Consideramos que
cualquiera de los apartados
es excesivo y, desde luego, en situaciones muy graves, cuando, por
ejemplo, haya habido una alteración de mojones, que puede ser casi
simbólica se pone el mínimo, 5 millones una peseta. Honestamente, creemos
que ésa es una tremenda barbaridad. No es la primera vez que cuando se ha
puesto este tipo de sanciones en las leyes básicas luego ha tenido que
modificarse cuando se ha visto la práctica de funcionamiento de estas
leyes al cabo de dos o tres años, y a veces hasta menos, porque los
administrados son los que sufren las consecuencias, y la severidad en la
aplicación de las leyes muchas veces lo que hace precisamente es no que
se cumpla la ley, sino todo lo contrario: que no se cumpla. Por eso
nosotros consideramos que son excesivamente elevadas y deben de
atemperarse a lo que nosotros hemos dicho.
He visto que en la transaccional se sigue manteniendo lo que dice el
propio proyecto de ley.
Luego, en el resto de enmiendas, en lo que respecta a la número 96,
concretamente, que es a la disposición transitoria única, volvemos a
decir lo mismo que decimos en la justificación. Cuando se dice: «las
clasificaciones, deslindes, amojonamientos, expedientes sancionadores,
expedientes de innecesariedad, enajenaciones, ocupaciones temporales,
aprovechamientos que se encontraren en tramitación a la entrada en vigor
de la presente ley se ajustarán a la normativa básica y requisitos
establecidos en esta ley». Pues, señorías, si estamos hablando de unos
actos administrativos que están en este momento en tramitación, lo que
procede es precisamente regirse por las normas de la legislación
anteriormente vigente a esta ley que vamos a aprobar, no a la ley actual,
porque no parece adecuado que toda tramitación en curso relativa a vías
pecuarias quede sometida a los preceptos de la nueva ley, porque ello
iría en contra del principio constitucionalmente consagrado de la
irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o
restrictivas de derechos individuales establecidos en el artículo 9.3 de
la Constitución.
Por lo tanto, consideramos que se debe de reflexionar sobre lo que dice
el texto y tener en cuenta lo que dice nuestra enmienda, porque es lo que
procede, por lo menos en nuestra opinión.
En la enmienda número 98, que es una enmienda a la disposición final
primera de adición, decimos: «Y se aplicará en defecto de las normas
civiles forales establecidas por la Comunidad Foral de Navarra de acuerdo
con su competencia exclusiva en materia de derecho civil foral, contenida
en el artículo 48 de la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de
Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.» Y ello
porque, teniendo en cuenta lo que dice nuestra enmienda anterior, la 97,
es totalmente coherente. Así como la enmienda que hemos presentado, que
es la 99, que es una disposición adicional primera bis (nueva), en lo que
respecta a que las comunidades, en el ámbito de sus competencias, podrán
establecer itinerario de vías pecuarias, etcétera.
Por tanto, consideramos que deben ser tenidas en cuenta toda esta serie
de enmiendas para llegar, si no al texto mismo que proponemos, a la
enmienda transaccional.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, la señora Urán tiene la palabra.
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, intervendré brevemente.
Nuestro Grupo da por defendidas las enmiendas que tiene presentadas a
este proyecto de ley y, por lo tanto, se mantienen vivas para la
votación.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el
señor Nieto, en primer lugar, tiene la palabra.
El señor NIETO GONZALEZ: La futura ley de vías pecuarias, cuyo proyecto
estamos debatiendo hoy, establece, como SS. SS. saben, su régimen
jurídico como bienes de dominio público pertenecientes a las comunidades
autónomas. Nosotros creemos que el texto lo precisa de forma adecuada
para intentar conservar y proteger un patrimonio único en el mundo, cual
es la existencia de una amplia red de caminos rurales que supera los
125.000 kilómetros, que cubren una extensión superior a las 400.000
hectáreas y que viene a representar prácticamente el 1 por ciento de la
superficie española. Por lo tanto, creemos que ésta es una ley que tiene
su importancia y nosotros creemos que debe salir el mejor texto posible
en el trámite de esta Cámara y en el Senado.
En este sentido hemos ofertado una serie de enmiendas intentando recoger
las posiciones de los grupos, enmiendas transaccionales, que sirvan para
mejorar este texto. Ahora entraré en ellas. Permítanme SS. SS., no
obstante, que para justificar adecuadamente mi posición, que es la
posición del Grupo Parlamentario Socialista, ante las enmiendas de las
que yo voy a hablar, que son las que han presentado el Grupo Popular y el
Grupo de Izquierda Unida a los títulos en los que yo voy a intervenir,
que son el título preliminar y el título I, permítanme, digo que me
refiera brevísimamente a dos cuestiones: en primer lugar, a cuáles son
las razones que aconsejan la aprobación de este proyecto de ley remitido
por el Gobierno, con las incorporaciones, insisto, que creemos que deben
producirse, y, en segundo lugar, me referiré brevísimamente al contenido
de estos dos títulos del proyecto de ley. Mis compañeros lo harán al
resto del texto.
Si me permiten, las razones las agruparía en dos fundamentales: en primer
lugar, sería la necesidad de poner freno a la continua --entre comillas--
«desamortización» de hecho de estos bienes públicos que se viene
produciendo desde hace muchísimo tiempo; desamortización de hecho que
termina en usos agrícolas, en aprovechamiento forestal, en ocupación por
viviendas, en ocupación por infraestructuras, etcétera, y que la actual
ley, la que está en estos momentos en vigor, la Ley 22/1974, no impide en
absoluto y en algunos casos, incluso, incentiva, me atrevería a decir.
La segunda razón es que creemos que en los tiempos en que vivimos parece
razonable que las vías pecuarias puedan cumplir nuevas funciones, puedan
tener nuevas utilizaciones, siempre y cuando éstas preserven de una forma
prioritaria el uso tradicional ganadero que han venido teniendo a lo
largo de la historia. Pero parece lógico que en los tiempos actuales
estas vías pecuarias tengan otros usos. En ese sentido en la ley se
establecen usos complementarios que, desde luego, van a favorecer el
desarrollo rural por esas amplísimas zonas del país por las que discurren
las vías pecuarias a través de diversas fórmulas, entre otras, y se ha
insistido mucho por los intervinientes del Grupo Popular y lo han dicho
en tono despectivo que no termino de entender; por ejemplo,
convirtiéndolas en caminos de penetración y desarrollo del turismo rural.
Creemos también que hay que potenciar las vías pecuarias como vías que
sirvan de corredores ecológicos. Ustedes, que últimamente se visten de
verde también (El señor Hernández-Sito García-Blanco: De rojo.), deberían
entender que ésta es una función --han pasado del amarillo al verde--
importante de las vías pecuarias.
Me iba a referir también brevemente al contenido de estos dos títulos. El
título preliminar, como SS. SS. saben, define el uso tradicional para el
paso de ganado como prioritario, pero compatible, y en esto queremos
insistir mucho, con otros usos complementarios. Recoge la naturaleza
demanial de las mismas vías pecuarias y la titularidad de las comunidades
autónomas y establece la tipología de esta clase de vías.
El título I, como ustedes saben, se refiere a la creación, clasificación
y administración de las vías pecuarias, a las potestades administrativas
de las comunidades autónomas sobre estas vías, a la posible modificación
de los trazados, a las ocupaciones temporales y los aprovechamientos
sobrantes en las vías, etcétera.
Por tanto, el contenido de este título es, desde el punto de vista del
Grupo Parlamentario Socialista, bastante equilibrado. Equilibrado ¿en qué
sentido? Equilibrado, si me permiten, entre la historia y el presente;
equilibrado, entre lo público y lo privado; equilibrado, entre el uso
tradicional y los nuevos usos; equilibrado, entre el desarrollo sostenido
del medio rural y el respeto al medio ambiente. Esas son las señas de
identidad, si ustedes me lo permiten, de estos dos títulos que nosotros
no solamente queremos preservar, sino que queremos mejorar. En ese
sentido están redactadas las enmiendas transaccionales que, de forma
abundante, hemos ofrecido a los grupos parlamentarios.
A estos dos títulos, ¿qué enmiendas se han presentado? Se han presentado
dos tipos de enmiendas. Por un lado, las que presenta Izquierda Unida,
que, en líneas generales, mantienen estos equilibrios, que en algún caso
los potencian y en otros casos los disminuyen, pero, en general,
mantienen estos equilibrios; por eso nosotros vamos a votar
favorablemente a bastantes de las enmiendas que presenta Izquierda Unida
a estos dos títulos y vamos a hacer transacciones sobre otras varias.
¿Cuál es la línea de las enmiendas que, por el contrario, presenta el
Grupo Parlamentario Popular? Pues que todas ellas tienden a romper este
equilibrio. Por tanto, nuestra postura va a ser ligeramente diferente. A
pesar del intento de acercamiento que hemos pretendido realizar con las
enmiendas de los dos grupos, necesariamente los resultados son diferentes
porque en un caso se mantiene, insisto, este equilibrio, que pienso que
es bueno para la ley, y en el otro caso se rompe.
En ese sentido hemos ofertado a las enmiendas de Izquierda Unida
transacciones sobre las enmiendas 112, 119, 122, 124 y 131. Y anunciamos
nuestro voto favorable a la enmienda 133, de este grupo político.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, muy a nuestro
pesar, sólo nos ha sido posible ofertar dos transacciones: una sobre la
enmienda 78, al artículo 11.2, y otra sobre la enmienda 83, al artículo
14. Las razones son que el contenido de las enmiendas del Grupo Popular,
como decía hace un momento, pretenden que desaparezcan, o al menos
aparezcan totalmente disminuidos, desdibujados, los usos complementarios
que deben tener las vías pecuarias.
Evidentemente, nosotros creemos que los usos complementarios que se
realicen en las vías deberán realizarse con todo tipo de cautelas y con
una ordenación clara y precisa que deberán realizar las comunidades
autónomas, ya que ésa es su competencia. No es la competencia de esta
Cámara. Nuestra competencia es lo que estamos haciendo: una ordenación
general, que después deberá ser complementada por las comunidades
autónomas.
Las enmiendas del Grupo Popular a estos títulos están en contra de la
creación de vías pecuarias; quieren que desaparezca la posibilidad de
creación de vías pecuarias, y ahora me referiré concretamente a la
enmienda donde se contempla. Consideran en algunos casos, y lo dice
taxativamente una de sus enmiendas, el interés público como excepcional,
cosa que nos preocupa. Tampoco hemos podido aceptar el conjunto de sus
enmiendas porque el contenido de las mismas dejan muy claro que quieren
mantener la situación actual, con ciertos retoques y con cierto barniz
de, si me permiten, entre comillas, «desamortización permanente», porque,
entre otras cosas, quieren supeditar el interés público a los intereses
particulares.
Me voy a referir a tres enmiendas concretas a las que hacía referencia el
portavoz del Grupo Popular, enmiendas 70, 73 y 74.
En la enmienda 73, que es una enmienda que no tiene ningún sentido, la
van complementando, con otras pretenden que el título pase a denominarse
simplemente «de la clasificación y administración de las vías pecuarias»;
quieren que desaparezca del título la expresión «de la creación,
clasificación y administración de vías pecuarias».
Nosotros creemos que la creación de vías pecuarias es una facultad
tradicionalmente reconocida a la Administración. Y, además, en el
ejercicio de esta facultad se plantea, incluso actualmente, como una
posibilidad de desarrollo para las cabañas ganaderas de algunas
provincias y, de forma muy especial, de algunas comarcas de nuestro país.
Por tanto, esa posibilidad de creación no puede desaparecer del texto de
la ley.
En la enmienda 73, el Partido Popular abunda en las restricciones de las
facultades administrativas, limitándolas con esta enmienda exclusivamente
al restablecimiento de vías pecuarias y omite todo lo relativo a la
creación y ampliación.
Con relación a la enmienda 74, a la que el portavoz Popular ha dedicado
bastante tiempo, creo que se ha defendido una posición respetable, pero
que no comparto. Incluso se nos ha venido a decir al final que puede ser
que el texto del artículo 8.3, que ellos enmiendan a través de la
enmienda 74, sea un texto que roce la inconstitucionalidad. Eso es una
opinión. Nosotros creemos que el texto es adecuado, que es un texto que
no roza la inconstitucionalidad y que lo que afirma es la prevalencia del
dominio público pecuario. Esto ha quedado regulado, en lo que se refiere
al dominio público marítimo-terrestre, en la Ley de Costas; Ley de Costas
que ya pasó por el Tribunal Constitucional y que no ha sido declarada
inconstitucional. Por tanto, nosotros creemos que es un texto adecuado,
pero comprendo la posición del Grupo Popular.
Por todas estas razones que acabo de decir y por alguna más que en la
réplica podremos ampliar, en lo que se refiere a las enmiendas del Grupo
Popular a estos dos títulos les ofrecemos dos enmiendas transaccionales a
las enmiendas 78 y 83. Lamentablemente, por estos planteamientos de fondo
que tienen las enmiendas, no hemos podido producir ningún acercamiento
más.
Con esto, señor Presidente, termino, anunciando que no voy a entrar en lo
que se refiere a las enmiendas presentadas por estos dos grupos al título
de la ley y a la exposición de motivos; que hemos ofrecido una enmienda
transaccional a la enmienda 105, de Izquierda Unida, cuyo texto tienen
todos los comisionados, y que votaremos favorablemente las enmiendas 107,
108, 110 y 111. (El señor Hernández-Sito García-Blanco pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Socialista, porque ha
pedido dividir su intervención y luego habrá réplica por parte del Grupo
Popular.
El señor Velasco tiene la palabra.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: Brevemente, señor Presidente, para explicar
la posición del Grupo Socialista referente a las enmiendas presentadas
sobre los títulos II y III del proyecto de ley que estamos debatiendo; el
título II, cuyo título es: «De los usos compatibles y complementarios de
las vías pecuarias», y el título III: «Red nacional de vías pecuarias».
Nos encontramos con tres grupos de enmiendas, las presentadas por el
Partido Nacionalista Vasco, concretamente 3, al artículo 18, en cuanto a
la Red nacional de vías pecuarias. Nosotros entendemos que es una
cuestión básica que aquellas vías pecuarias que discurran a través de las
comunidades autónomas queden garantizadas. Por lo tanto, si lo dejamos
con el carácter que pretende la enmienda del Partido Nacionalista Vasco,
nos podemos encontrar con que parte de ellas, o fundamentalmente ellas,
por la tramitación en cuanto al tiempo, estarían en una red absolutamente
fraccionada. Por lo tanto, creemos que es bueno que esta competencia
quede como competencia de la Administración central, sin menoscabo, por
supuesto, de las competencias que cada comunidad autónoma tiene
transferidas, pero con esa idea clara de continuidad de aquellas redes
que pasan por distintas comunidades autónomas.
Las otras que presentan son coherentes con esta primera, por lo que ya
anunciamos que el Grupo Socialista no va a aceptarlas.
Asimismo, nos agrada el hecho de que esa misma postura la mantenga el
Grupo Popular, entendiendo que es la red básica la que tenemos que
mantener en esta ley.
En cuanto a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, una serie de ellas no realizan modificaciones sustanciales a
ninguno de los dos títulos, ni al II ni al III.
Quisiera resaltar una enmienda, también coincidente con una del Grupo
Popular, en cuanto a la exclusión absoluta del uso de vehículos
motorizados que no sean de carácter agrícola. Quisiera decir que estamos
de acuerdo con que esa restricción tiene que ser máxima, pero no debería
ser absoluta, puesto que lo que pretendemos es que esta ley se cumpla;
nos podemos encontrar con pequeñas actividades, fundamentalmente de
carácter local, muy localizadas en el espacio y en el tiempo, y es
preferible controlarlas que no excluirlas totalmente, cuando sabemos que,
a la postre, luego no se va a cumplir. Por lo tanto, lo dejamos como un
tema de regulación por parte de las correspondientes comunidades
autónomas, que fijarán el grado de restricción. Creo que la propia ley
contempla la excepcionalidad de esa cuestión.
Por otro lado, proponemos una enmienda transaccional a la presentada por
Izquierda Unida al artículo 17.2. Esperamos que sea aceptada porque
mejora el texto presentado.
Pasando a las enmiendas del Grupo Popular, creo que, por toda la
filosofía de las intervenciones planteadas, uno de los temas que les
preocupa, lo que nos diferencia frontalmente, es el de los usos
compatibles y complementarios. De manera que no hay posibilidad de
transaccionar, puesto que lo que plantea el Grupo Popular es su
supresión. Es decir, es un problema conceptual distinto.
Nosotros no tenemos en absoluto los miedos que plantea el Grupo Popular.
Teniendo en cuenta que, además, es una ley básica, dejamos simplemente la
posibilidad de esos usos complementarios. Entendemos que la vía pecuaria,
cuando se constituye, tiene una finalidad única y exclusiva: el paso de
ganado, pero da lugar a toda una serie de derechos por parte del Estado
sobre unos terrenos importantes que, como digo, son propiedad común. A
partir de ese momento, todos somos conscientes de que la actividad o el
tránsito ganadero ha disminuido cada vez más y posiblemente en algunas
zonas o tramos prácticamente ha tendido a desaparecer, lo cual no quiere
decir que tenga que desaparecer la vía pecuaria. Por tanto, si ese uso no
se va a llevar a cabo, entendemos que es necesario, que es cuestión de
esta ley, que plantee cuáles pueden ser los usos complementarios.
Nosotros dejamos bien claro que esos usos complementarios en absoluto
pueden deteriorar la naturaleza y que sean perfectamente compatibles con
los ecosistemas o con las características de cada zona. De ahí que
solamente se pone la práctica de senderismo, cabalgada, todas aquellas
formas que no distorsionen para nada el medio ecológico. De todas
maneras, no entendemos por qué tiene que ser un problema sanitario, ni
ecológico ni de incendios, porque sabemos que en este momento la
población
está haciendo estas prácticas de senderismo y cada vez las va a hacer
más. Por tanto, creemos que beneficia el hecho de tener unas zonas y
lugares por donde se puedan conducir esas actividades. Eso va a preservar
muchos espacios al tenerlas reguladas, controladas, por lo que se pueden
vigilar. Lo que está sucediendo ahora, sobre todo en zonas sensibles como
puede ser la de montaña, precisamente por no existir esas regulaciones,
es que se está haciendo un uso indiscriminado, y esto se puede resolver
en muchas zonas con las vías pecuarias.
De ahí que no podamos aceptar las enmiendas, puesto que los
planteamientos del Partido Popular son absolutamente contrapuestos a los
que planteamos nosotros.
Por último, quiero decir que estamos seguros de que cada comunidad
autónoma, en el ámbito de sus competencias --y en esa materia es total--,
va a ser capaz de reglamentar correctamente para respetar todas esas
cuestiones que el Partido Popular está presumiendo como problemas
importantes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SANCHEZ DIAZ: En cuanto a las enmiendas presentadas al título
IV, sobre infracciones y sanciones, el Grupo Socialista ha hecho una
especie de recopilación de la mayoría de los dos grupos políticos. Del
total de las quince enmiendas que hay presentadas, tanto por el Partido
Popular como por Izquierda Unida, siete están transaccionadas, hemos
rechazado cinco y tres están admitidas.
Creo que es importante que pase a determinar la labor que hemos hecho de
reorganización, tanto respecto a lo que habíamos presentado nosotros en
principio como por parte de las enmiendas que han presentado los dos
grupos a que me refería. Al reelaborar estas enmiendas, hemos conseguido
consolidar y profundizar un poco más en lo que son infracciones y
sanciones.
Quiero decir que la enmienda de Izquierda Unida al artículo 19 no la
hemos podido aceptar, debido a que lo que ellos consideran un nuevo
apartado sobre vigilancia rural ya existe. Entre otros cometidos de la
vigilancia rural, uno de ellos es sancionar aquello que encuentre en las
vías rurales. Es una de las pocas enmiendas que no hemos podido aceptar.
Respecto al artículo 20, hemos hecho un artículo casi totalmente nuevo.
En el artículo 19 hemos dejado el punto 1, los puntos 3 y 4 han pasado a
ser los puntos 2 y 3 y hemos pasado el punto 2 del artículo 19 al
artículo 20, al que hemos dado un título nuevo, llamado «reparación de
daños». Como todas SS. SS. tienen las transaccionales nuestras, estoy
explicando esta elaboración.
El primer punto del artículo 20, llamado «reparación de daños», es el
punto 2 del artículo 19. Después hemos añadido algo muy interesante, que
dice: «En el caso de que no se pueda restaurar el daño en el mismo lugar,
deberá recuperarse en otro espacio donde cumpla la finalidad de la vía
pecuaria.» Seguimos con el punto 2 del artículo 19, que pasa a ser punto
2 del artículo 20. Es decir, el punto 2 del artículo 19 lo hemos dividido
en dos partes, una es el número 1, que empieza «sin perjuicio de las
acciones penales», hablando de reparación de daños, y otra parte, que
empieza «asimismo las comunidades autónomas». El punto número 3 de este
artículo es nuevo, pero lo hemos recogido del artículo 22, el punto 3 del
artículo 22.
Es decir, el artículo 20 es totalmente nuevo, tiene otro título,
reparación de daños, y hemos traído a él temas que se trataban en el
artículo 19 y en el último punto temas que se trataban en el artículo 22.
En el artículo 21 empezamos a clasificar las infracciones como muy
graves, graves y leves. Nosotros añadimos un apartado nuevo, que es el
apartado d), donde decimos: «las acciones u omisiones que causen daño o
menoscabo en las vías pecuarias o impidan su uso, así como la ocupación
de las mismas sin el debido título administrativo». Este era el apartado
a) del artículo 20.
Después pasamos a las infracciones graves, y ahí eliminamos el apartado
c) y modificamos el g). Por último, en las infracciones leves, también
hacemos un completo cambio, como decía en el artículo 20. Hacemos tres
apartados, el a), el b) y el c). Como tienen las enmiendas
transaccionales, no creo que sea necesario que las vaya leyendo.Respecto
al artículo 22, se elimina el apartado 3, que ha pasado a ser el número 3
del artículo 20, como decía. Respecto a lo que estaba comentando, hemos
ido transaccionando siete enmiendas, de las cuales la mayoría están en la
reelaboración que hemos hecho aquí. No aceptamos, porque consideramos que
no podemos hacerlo, tres enmiendas al Partido Popular y dos a Izquierda
Unida, que van en la línea que argumentaba el Partido Popular sobre las
multas y su cuantía. Creemos conveniente mantener la cuantía, debido a
que con el desarrollo de la Ley en años anteriores, tenemos constancia de
que quizás porque no ha habido cuantías considerables en ciertos
momentos, se ha abusado del uso de las vías pecuarias ni en el momento ni
en el lugar correcto. Además, la cuantía no podemos verla desde un punto
negativo, pensando que la parte sancionadora va a imponer la cuantía más
alta, sino que, como ven SS. SS., los límites van de 10.000 a 100.000
pesetas, de 100.000 a 1.000.000 de pesetas, que se pueden considerar como
100.000 pesetas o, como ustedes proponen, de 1.000.000 a 5.000.000.
Nosotros las cuantías no las hemos bajado, las hemos mantenido.
Los plazos en la Ley de Procedimiento Administrativo se los hemos
aceptado a los dos grupos. Hemos presentado una transaccional en la que
creemos que la Ley debe prescribir en las faltas muy graves a los cinco
años, en las graves a los tres y en las leves al año. En la prescripción
Izquierda Unida --y nosotros lo rechazamos-- pretende que la infracción
se empiece a contabilizar desde el día que se ve y creemos que no es
positivo, sino que tenemos que contabilizar desde el día que se realiza
la acción o desde el que se acaba, porque si no la prescripción puede
caer en manos del sancionador y el marco jurídico donde se desarrolla la
prescripción puede quedar vulnerado.
En resumen, creo que son muy pocas las enmiendas que no hemos podido
aceptar, no tienen apenas importancia. Hay algunas del Partido Popular
que están relacionadas
con los usos compatibles y complementarios y, como nuestro compañero ha
anunciado, en nuestra Ley tienen una importancia tal que no se pueden
aceptar.
Creo que no me han quedado más temas pendientes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Rueda, también brevemente.
El señor RUEDA ESPINAR: Muy brevemente, voy a fijar la posición de mi
grupo en las disposiciones adicionales, transitorias y finales. Se han
presentado 11 enmiendas, de los Grupos Izquierda Unida, Popular y PNV.
En cuanto a las enmiendas de Izquierda Unida, mi Grupo tiene que decir
que vamos a rechazarlas todas. Por referirme a alguna de ellas, la
enmienda de Izquierda Unida a la disposición adicional primera pretende
dar carácter de urgencia al término «deslinde». Creemos que al término
«deslinde» no hay que darle carácter de urgencia. A mi Grupo le parece
que lo urgente en esta Ley es la clasificación de aquellas vías pecuarias
que no lo están y no el deslinde, que nos parece mejor que se deje en
manos de la Administración competente, sin declarar su urgencia en este
proyecto de ley. Por tanto, vamos a votar en contra de esas dos
enmiendas.
A la disposición adicional primera hay una enmienda del Partido Popular
que vuelve a hablar de los usos complementarios que entendemos que van en
contra de la filosofía de este proyecto. Plantean regular el uso y
nosotros entendemos que en el proyecto de ley se recoge como un uso
regulable. Por tanto, también vamos a votar en contra de esta enmienda
número 96, a esta disposición adicional primera.
A la disposición adicional segunda tenemos una enmienda de Izquierda
Unida que, como he dicho anteriormente, votaremos en contra, que lo que
pretende es dejar el texto tal como está y añadir un plazo al
Decreto-ley. Dice lo siguiente: «el Gobierno elaborará, en el plazo de
dos meses desde la entrada en vigor de la presente Ley, un Real Decreto
que determine el régimen arancelario de las inscripciones de los bienes
de dominio público». Entendemos que la regla general no es marcar ningún
plazo determinado para elaborar este Real Decreto, a efectos de dejar un
margen al Gobierno. Por tanto, también vamos a votar en contra.
En las disposiciones transitorias hemos planteado una transaccional.
Izquierda Unida tiene presentadas aquí dos enmiendas, en coherencia con
enmiendas anteriores, a las que vamos a votar en contra.
En cuanto a la enmienda 97, del Grupo Popular, creemos que esta
transaccional puede ser aceptada por este Grupo. Se trata simplemente de
renombrar la disposición transitoria única como primera e incorporar una
segunda, que quedaría en los siguientes términos: «A los expedientes
sancionadores que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de
esta Ley les será de aplicación la normativa más favorable». Entendemos
que esta transaccional puede ser positiva y, por tanto, daría
satisfacción al Grupo Popular.
En lo que se refiere a las disposiciones finales, vamos a rechazar la
número 154, de Izquierda Unida. Entendemos que las enmiendas 92 y 99, del
Partido Popular son innecesarias, que no es necesario incorporar ningún
precepto, como plantean en su enmienda. Ellos mismos reconocen en su
justificación que, aunque este precepto no fuera estrictamente necesario,
lo es para amejoramiento del fuero. La enmienda 99, en coherencia con la
anterior, vamos a votarla igualmente en contra.
Hemos presentado una transaccional a la número 4, del PNV, que creemos
que recoge las aspiraciones de este Grupo y, por tanto, mejora la Ley. La
Mesa ha tenido conocimiento de la misma y paso a leerla rápidamente:
«Corresponde al Gobierno y a las comunidades autónomas en el ámbito de
sus respectivas competencias dictar las disposiciones que sean precisas
para el desarrollo de esta Ley». Creemos que con esta enmienda también
mejora el texto y daríamos satisfacción al PNV.
Por tanto, ésta es la posición de mi Grupo en estas disposiciones.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Madero.
El señor MADERO JARABO: En este segundo turno, en nombre del Grupo
Popular, sí quisiera puntualizar algunas de las cuestiones que ha
planteado el señor Nieto y también el señor Velasco, que no por el tono
ponderado de sus intervenciones, quiere decirse que sus palabras hayan
sido acertadas. Creo que en ninguno de los Grupos aquí presentes existe
ningún ánimo de deteriorar un patrimonio, sino, al contrario, de
conservar, y conservar bien, un patrimonio único en el mundo, como es el
de las vías pecuarias. Quizá, señor Nieto, lo que haya sean diferentes
criterios de cómo se puede conservar ese patrimonio, pero, en todo caso,
criterios respetables y estamos seguros de que a todos nos guía el mismo
afán de conservar ese patrimonio. Por tanto, total acuerdo y nadie ha
dicho lo contrario.
También acuerdo en que hay que poner freno a esa desamortización de hecho
que con acierto ha señalado, y también estamos de acuerdo en que podrá
haber distintos criterios y, además, no cargar las tintas sobre tal o
cual propietario privado o no privado, sino en que esa desamortización se
está produciendo de hecho.
Quizá, al mismo tiempo que a los propietarios colindantes en régimen de
privado, haya que señalar aquí las actuaciones de la Administración con
obras, por ejemplo, como las de concentración parcelaria, a las que no
las estoy criticando. Estoy señalando el hecho de que han corregido de
manera importante, y posiblemente necesaria, el trazado y la anchura de
las vías pecuarias, así como de los lugares de descansaderos, aguaderos,
etcétera. Por tanto, efectivamente, en el momento en que las
modificaciones puedan suponer desamortización de ese patrimonio, todos de
acuerdo en tratar de corregirlo, y así lo intentamos, quizá con
diferentes criterios, en este proyecto de ley que ahora estamos
debatiendo aquí.
Ahora bien, decir que en estos tiempos se requieren nuevas funciones y,
por tanto, usos complementarios y, además, emplear un tono despectivo,
creo que no es de recibo, señor Nieto, y, desde luego, lo que no es de
recibo es
el tono, irónico por lo menos, cuando S. S. nos dice que en nuestro Grupo
nos vestimos de verde. Mire usted, cada cual se viste con el color que
quiere y que le parece más adecuado.
Al final ha dicho algo que me parece de sumo interés y quizá procediera,
señor Presidente, cortar en este momento procesal la discusión de este
proyecto de ley, ya que el portavoz del Grupo Socialista nos dice que se
trata de transformar lo que es y han sido vías pecuarias, con historia
secular y consuetudinaria, etcétera, en corredores ecológicos. De
acuerdo, señor Nieto, pero entonces hagamos las cosas bien hechas. ¿Dónde
está en este proyecto de ley, no mediante un papel que aparece en el
«Boletín Oficial del Estado», el contenido que dice que las vías
pecuarias se acaban de transformar en corredores ecológicos para
determinados usos y que encima echamos el muerto a las comunidades
autónomas de tener que regular, financiar, etcétera? Hagamos unos
corredores ecológicos en condiciones. Es decir, ¿dónde están en este
proyecto de ley los estudios botánicos, edafológicos, de impacto
medioambiental, etcétera? ¿Dónde está en este proyecto de ley la
regulación del uso de esos corredores ecológicos? ¿Dónde está en este
proyecto de ley el estudio de vigilancia y de guardería que conlleva un
espacio dedicado especialmente a lo que es un corredor ecológico? ¿Dónde
están previstas las inversiones, si es que se pueden prever en una ley
básica, en descansaderos, aguaderos, refugios, etcétera, además de las
instalaciones que pueden conllevar los usos complementarios, a los cuales
no nos oponemos? Está claro que no nos oponemos a que se puedan utilizar
ahí. A lo que sí nos oponemos es a que reglamentariamente se pueda
determinar desde aquí, mediante una ley básica, abriendo un abanico de
posibilidades y que, repito, el muerto se le traspase a las comunidades
autónomas. Si queremos hacer unos corredores ecológicos, hagámoslos, pero
bien hechos; hagámoslos, pero completos; hagámoslos, pero, sobre todo,
basados en los estudios botánicos, edafológicos, de impacto
medioambiental y en todos los otros estudios que conlleva un informe
serio de un corredor ecológico.
Repito que nosotros decimos que lo hagan los titulares dominicales de
este espacio, de estos miles de hectáreas, de estos cientos de miles de
kilómetros, que son las comunidades autónomas, con arreglo a sus medios y
a sus propios criterios.
Desde luego, no hay una negativa por parte de mi Grupo a la creación de
nuevas vías pecuarias. Sí es verdad que no será probable que pueda
aparecer la necesidad de nuevas vías pecuarias, puesto que la
trashumancia está en desuso, pero si hubiera que crear nuevas vías
pecuarias, en ninguna de las enmiendas se refleja esa supuesta negativa a
su creación, ni tampoco que queramos mantener la situación actual de
desamortización y mucho menos de someter nada del interés público al
interés privado.
Por tanto, si el proyecto de ley se aprueba tal como ustedes proponen o
tal como ustedes quieren que aparezca --lo ha dicho el señor Velasco--,
autorizará una serie de usos que las comunidades autónomas ya
restringirán, y es justamente donde discrepamos. No toquemos el tema de
manera básica para que puedan legislar en positivo las comunidades
autónomas con arreglo a sus posibilidades y a sus criterios. Además,
señor Velasco, no confundamos usos compatibles y complementarios. De los
compatibles, nadie ha dicho nada. En los compatibles estamos
sustancialmente de acuerdo, entre otras cosas porque no hay más remedio
que estar, ya que muchas de las vías pecuarias se han transformado en
algunos tramos en paso agrícola porque así, sobre todo en las zonas de
actuación de concentración parcelaria, lo decidió quien en su momento
pudo decidir.
En el caso de los usos complementarios, dicen que ustedes no tienen los
miedos que nosotros tenemos. No son miedos, sino que es la constatación
de una serie de experiencias que además hemos contrastado con los
interesados, fundamentalmente con la Confederación Española de
Selvicultores, que agrupa a más del 75 por ciento de los propietarios de
montes de España, que están absolutamente preocupados con que las vías
pecuarias puedan ser agentes vectores y de penetración de esos para
ustedes supuestos peligros y para nosotros peligros reales de
enfermedades animales, de entorpecimiento de una actividad deportiva y
económica, como es la cinegética, y sobre todo que se aumenta de manera
sensible y grave el riesgo de incendios.
Nadie se opone a sus deportivos, nosotros tampoco, pero queremos que los
regulen las comunidades autónomas, y no se puede decir, señor Velasco,
que ahora se hace un uso indiscriminado, porque esto es, cuando menos,
una acusación gratuita a la actuación de muchas comunidades autónomas. En
muchas comunidades autónomas se tienen definidos, por supuesto,
itinerarios para senderismo, cabalgada, etcétera, y por supuesto que
además la aproximación al monte está regulada dentro de los ecosistemas
más sensibles y dentro de las zonas con una mayor cantidad de masa
forestal, incluso con vehículos motorizados, pero a través de caminos y
carreteras de dominio público, y está comprobado que cuenta con la
suficiente guardería y control.
En todo caso, ese mayor control o esa modulación del uso del monte será
competencia de las comunidades autónomas y ahí es donde nos
diferenciamos. Luego no se diga que no queremos una cosa, porque sí la
queremos, pero hecha desde la comunidad autónoma y no desde una ley
básica, que entendemos que es una carga imposible de cumplir para algunas
de ellas, y me retrotraigo a mis palabras iniciales: si lo que se quiere
son corredores ecológicos --y ésa ha sido la palabra, creo que, además,
adecuada que se les puede dar a estas vías pecuarias transformadas en
otras cosas--, hablemos de eso y de todo lo que conlleva, señor
Presidente, un corredor ecológico bien hecho, que será además una buena
manera de evitar esa desamortización de hecho, contra la cual estamos, y
que será incidir de manera positiva en la conservación de un patrimonio
efectivamente único en el mundo.
El señor PRESIDENTE: El señor Bueso tiene la palabra.
El señor BUESO ZAERA: Para contestar al representante del Grupo
Socialista que ha hecho mención a las enmiendas 74 y 75 presentadas al
artículo 8.º, apartados 3 y 4.
Las ha despachado diciendo sencillamente que prevalece, en su opinión, el
dominio público frente al privado, como en la Ley de Costas. Yo tengo que
decirle que no tiene nada que ver la Ley de Costas con lo que aquí
estamos debatiendo, porque en la regulación actual de las vías pecuarias
éstas se conceptúan como bienes de dominio público y ese dominio público
no lo da la Administración, como dice este texto, cargándose de un
plumazo, como he dicho anteriormente, la fe pública registral. Por lo
tanto, en las vías pecuarias, aunque sean bienes inalienables,
imprescriptibles e inembargables, hay que tener en cuenta lo siguiente:
de hecho, se han producido invasiones. Nosotros no estamos defendiendo
las invasiones y apropiaciones de estos bienes por particulares, que,
pese a que en teoría son lo que se conoce por «rex extracomercium», la
jurisprudencia, en diversas ocasiones, se ha venido pronunciando, no a
favor de la Administración, sino del particular. Y no solamente durante
la vigencia de la legislación anterior, sino en la actual.
A este respecto tengo que decir lo siguiente: hay proclamaciones solemnes
de que tales bienes de dominio público no son susceptibles de
prescripción ni de enajenación ni podrá alegarse para su apropiación el
tiempo que hayan sido ocupadas, ni legitimarse las usurpaciones que hayan
sido objeto. Pero, siguiendo la normativa anterior a la actual, también
se declara que ello se entiende sin perjuicio de los derechos legalmente
adquiridos de que hayan sido irreivindicables los terrenos ocupados de
vías pecuarias y cuyas situaciones se apreciaron por los tribunales de
justicia.
Por lo tanto, la legislación ha venido reconociendo casos de
irreivindicabilidad administrativa, lo que se traduce, en paralela
adquisición dominical, para los particulares, muchas veces protegidos por
los principios de la fe pública y legitimación registral. Y, por su
claridad, quiero transcribir o dar, aunque solamente sea de pasada, y no
quiero hacerme excesivamente largo, algunas consideraciones
jurisprudenciales.
Así, y a título de ejemplo, en la sentencia de la Sala Cuarta del
Tribunal Supremo de 12 de junio de 1959, sobre deslinde y ocupación de la
vía pecuaria, concretamente la Cañada Real de la Fuente del Maestre, en
Badajoz, podemos leer en sus considerandos, entre otras cosas, que se
aprecia en las alegaciones de los recurrentes y documentación por ellos
aportada que todos ellos han acreditado su condición de poseedores, en
concepto de dueño, a tenor del punto segundo del párrafo primero del
artículo 38 de la Ley Hipotecaria, y 436 y 438 del Código Civil. Y que
tal posesión no es solamente la posesión legal o registral, que arranca
de la presunción a favor de quienes tienen su dominio inscrito, sino
también de una efectiva situación de tenencia y disfrute que nadie ha
perturbado. Y que la Administración no discute. Que esta posesión, tanto
legal o registral como efectiva, sumada a las de las normas sentadas en
el artículo 1960 del Código Civil y 20 de la Ley Hipotecaria tienen una
antigüedad muy superior a los 30 años, pues arranca de las ventas hechas
por el Estado en 1867 y 1868 a los primeros adquirentes particulares y
que fue, por tanto, la propia Administración la que actuó como
transmitente en el acto inicial que sirvió de punto de arranque a la
mencionada posesión.
Igualmente se declara que parece incuestionable la posesión de los
recurrentes como título y buena fe en concepto de dueños y por un período
muy superior a los 30 años, que haría patente la improcedencia de la
inclusión de las fincas de que se trata en la finca deslindada.
También quiero remarcar lo siguiente: que existe la posibilidad de que
haya una legitimación de los particulares, y a este respecto hay
sentencias, entre las que destacan la de 22 de marzo y 26 de diciembre de
1958 del Tribunal Supremo, que dicen que esta legitimación de los
particulares ha de suponer que la situación jurídica de los particulares
se haya logrado acomodándose a los requisitos señalados por las leyes
generales y de superior rango que el Decreto que rige en esta materia. Y
éstas, en el caso de que se trata fundamentalmente, son los artículos 432
a 36 y otros del Código Civil y el 34 y 35, al que se hace referencia en
este artículo 8 de la Ley Hipotecaria, pues, aunque en un deslinde
administrativo --dice esa sentencia-- no se declaren derechos de
propiedad --y aquí estamos declarando derechos de propiedad--, ha de
reconocerse y respetarse en él, sin embargo, la posesión en concepto de
dueño, dotada de todos los requisitos señalados para ella en las leyes.
Y también con ocasión de otros deslindes, y concretamente en el deslinde
de la vía pecuaria de Galapagar, se recordaba que el artículo 1.º del
Reglamento de 1944, que declaraba la imprescriptibilidad, la
inapropiabilidad de las vías pecuarias, admitía la excepción del artículo
2.º, al decir éste que corresponde a la Administración el
restablecimiento y reivindicación de las vías pecuarias usurpadas,
cualquiera que sea la fecha de su ocupación, salvo los casos en que se
haya legitimado, haciéndose la adquisición irreivindicable. Y es forzoso
atenerse a las normas del Código Civil, con lo que se declara sin efecto
la declaración de intrusión del particular en la vía pecuaria afectada.
También hay una sentencia de 1959, concretamente la de 4 de mayo, en la
que se recuerda que el legislador había hecho compatible, con el carácter
imprescriptible de las vías pecuarias, la excepción de la pacífica y
quieta posesión, y durante 30 años, en el artículo 9.º del Real Decreto
de 5 de julio de 1924. Y es importante la naturaleza de la clasificación
--y en el texto se hace referencia-- de las vías pecuarias por su
trascendencia.
En la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1990 --no estoy
hablando de hace 20 años--, Sala Tercera, Sección Octava y, para mayor
dato, en Aranzadi el apartado 5.426, sobre vías pecuarias, del término
municipal de Montoro, en la provincia de Castellón, en el segundo
fundamento de derecho dice: No puede compartirse el argumento expuesto
por el abogado del Estado según el cual la clasificación de los terrenos
afectados por las vías pecuarias no tiene más trascendencia que la
determinación de la existencia y categoría de las pecuarias, puesto
--dice la sentencia del Tribunal Supremo-- que, establecida esta
clasificación, se están conceptuando los aludidos terrenos como bienes de
dominio público, como los define el artículo 1.º de la Ley 22/1974, de 27
de julio, o sea la actual, con la trascendencia que ello pueda tener,
tanto en cuanto
a los derechos de propiedad y disposición de dichos terrenos como su
adscripción a ICONA.
También hay una sentencia de 1988, concretamente...
El señor PRESIDENTE: Por favor, vaya concluyendo.
El señor BUESO ZAERA: Sí, voy a concluir en seguida, señor Presidente.
En el fundamento de derecho primero reconoce el carácter imprescriptible
de las vías pecuarias, como bien de dominio público, con base en el
artículo 132 de la Constitución española, salvo que se produzca
previamente su desafectación. Y no podemos ignorar la desafectación que
se ha producido. No podemos cargarnos de un plumazo, como he dicho al
principio, la fe pública registral por la desafectación. La
desafectación, señorías, hay que respetarla, porque es totalmente legal,
y no estoy defendiendo absolutamente nada mío, que nadie crea que estoy
defendiendo algo mío.
Sobre este último punto, es de interés la sentencia de 26 de noviembre de
1962, en la que, en el cuarto considerando, se recuerda la posibilidad de
prescripción adquisitiva del dominio de bienes inmuebles, mediante su
posesión, no interrumpida sin necesidad ni de título ni buena fe, sin
distinción entre presentes y ausentes.
Es importante --y termino con esto-- la sentencia de 10 de febrero de
1989 de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, que recuerda, en su
fundamento de derecho primero, que, aparte --y esto es muy importante--
las situaciones jurídicas amparadas por el artículo 34 de la Ley
Hipotecaria, que se dice aquí y que se lo carga de un plumazo, a las que
hace referencia el artículo 94 del Reglamento de Vías Pecuarias de 1978,
existen otras situaciones derivadas de la simple inmatriculación en el
Registro de la Propiedad que no pueden ser desconocidas por la
Administración, al llevar a cabo la operación de deslinde de una vía
pecuaria, dado que el titular de la inscripción registral, aunque no goce
de la condición de tercero protegido, sí se presume que tiene la posesión
del inmueble, cuyo dominio esté inscrito a su favor, y ha de ser
respetado el principio --dice la sentencia-- de legitimación registral
del artículo 38 de la Ley Hipotecaria, en relación con el artículo 1.º de
esta misma ley, y si bien los expedientes de deslinde no prejuzgan
cuestiones de propiedad, centrándose en la órbita posesoria únicamente,
la determinación de los terrenos objeto de cada deslinde no puede hacerse
discrecionalmente --y aquí se hace discrecionalmente-- por la
Administración, sino con base y respeto a las situaciones de propiedad o
posesión de los particulares, en la forma que resulta acreditada por
medios probatorios o antecedentes documentales bastantes para justificar
legalmente tales situaciones. Por lo que no cabe desconocer la realidad
de los títulos dominicales inscritos en el Registro de la Propiedad, cosa
que en este texto no se hace de ninguna manera.
Mencionaría bastantes más textos, porque he hecho un trabajo más amplio
de lo que puede ser el de la Comisión, pero creo que he dicho lo
fundamental en relación con este tema.
En definitiva, señorías, quisiera que por lo menor constase en acta que
el Grupo Socialista dijese si está o no de acuerdo en que prevalezca el
dominio público; es decir, si se respeta el derecho registral o no se
respeta o simplemente se limita a decir lo que ha dicho. Es decir,
señorías, concretando, ¿ustedes respetan el derecho registral, sí o no?
Quisiera que se me contestara a este respecto, por lo menos para que
conste en acta.
Por otro lado, terminando, en relación con las últimas enmiendas...
El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Bueso, estamos fuera de tiempo.
El señor BUESO ZAERA: Sí, señor Presidente.
Concretamente la enmienda transaccional que se nos ha ofrecido a la 97
dice en el apartado primero que las clasificaciones, deslindes,
amojonamientos, etcétera, se ajustarán a la normativa básica y requisitos
establecidos en esta ley, y en el apartado segundo dice: A los
expedientes sancionadores que se encuentren en tramitación a la entrada
en vigor de esta ley les será de aplicación la normativa más favorable.
Nosotros decimos que se deben regir por las normas de la legislación
anteriormente vigente. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Cómo se va a aplicar la
normativa más favorable si decimos que la clasificación, deslinde,
etcétera, que se encontrare en tramitación en este momento se ajustará a
la normativa básica, o sea, a esta que aprobamos hoy? ¿Cómo se le va a
aplicar la legislación actualmente en vigor, la de la Ley de 1974 y el
Reglamento de 1978, si lo hemos eliminado? Esta disposición transitoria
segunda está en contradicción palmaria --y perdone la expresión-- con lo
que dice la primera. Luego yo creo que sería preferible dejar el texto
como estaba y no de esta manera, porque es una contradicción evidente, y
si no, al tiempo, cuando haya los recursos correspondientes cuando se
aplique esta ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernández-Sito,
brevemente, por favor.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¿Se han enterado SS. SS. bien?
¿Han tomado nota de lo que se les ha dicho? (Risas.)
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández-Sito.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¿Esta es una Cámara para convencer
a la gente o no?
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, pero su turno es para réplica.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¿Cómo para réplica? Si la réplica
mía es eso... Ahora entraré a contestar al señor Nieto, que siempre es
muy suave pero con un yogur siempre agrio en el fondo, al que ya nos
tiene acostumbrados.
Primero, pone en boca nuestra cosas que no decimos. Aquí no estamos
defendiendo nuestros intereses particulares,
ni los de nadie, sino el derecho de cada persona que lo tenga inscrito en
el Registro, como lo ha explicado muy bien mi compañero. Estamos diciendo
que creemos que hay que amojonar las vías pecuarias que se hayan
usurpado, en las que se hayan metido. Supongo que usted habrá hecho
algunos corredores ecológicos, que es una frase que la voy a usar mucho
porque es divertidísima, pero usted no ha pasado por una vía pecuaria en
su vida. Con la exposición que ha hecho se ha representado usted como un
extraterrestre urbano, un ser que tiene unos conocimientos pero que no
tiene nada que ver (Risas.) Lo digo en el buen sentido de la palabra; los
extraterrestres son gente muy... ¿Usted no conoce a ningún
extraterrestre? (Risas.) Creemos que no es de recibo ese tono despectivo.
Ya mi compañero el señor Madero ha expuesto claramente nuestra postura en
cuanto a esa opinión suya y no quiero hablar más del tema. Le voy a decir
las transaccionales que vamos a aceptar.
Señor Nieto, hace mucho tiempo que nos conocemos, y siempre parece que se
desprende de sus palabras que lo que queremos nosotros es defender
nuestros derechos. ¡Yo qué sé quiénes son lo dueños de las cañadas! Pero
muchas cañadas se han invadido, y usted lo sabe, por los ayuntamientos,
socialistas en su mayor parte, y lo digo porque hasta mayo hay más
ayuntamientos socialistas, luego los habrá nuestros, pero como ya lo han
invadido, no lo vamos a poder quitar. (Risas.), pero hasta entonces han
invadido, han urbanizado, y usted sabe, y lo pone el proyecto, que hay
muchas zonas donde ya se han hecho concentraciones de viviendas por parte
de los ayuntamientos. Y digo socialistas porque la mayoría lo son, no lo
digo en plan despectivo, sino que la realidad es ésa.
En cuanto a las transacciones que han presentado el Grupo Parlamentario
Socialista, a nosotros no nos da vergüenza cuando tenemos que aceptar una
cosa, pero ustedes no aceptan nada porque sí, remachando, no tienen ni la
capacidad de diálogo, de decir si es malo o bueno; no, esta es la ley y
de aquí no nos movemos. Yo no sé si es que les darán unas normas y
ustedes no tienen la capacidad luego de discernir como Grupo, sino que,
según quien se las dé, así lo hacen.
En la exposición de motivos vamos a apoyar las transaccionales ofrecidas
a las enmiendas 105, 111 y 112 de Izquierda Unida. Igualmente vamos a
aceptar las transaccionales ofrecidas a las enmiendas 119 y la 122, del
mismo Grupo. En cuanto a las enmiendas 124 de IU-IC y 78 --esta última es
nuestra--, no es que defendamos a particulares, nos defendemos todos.
Aquí dice que hay que escuchar a organizaciones profesionales agrarias
afectadas, a organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del
medio ambiente. Yo tengo mucho respeto a los grupos ecologistas que salen
en los medios de comunicación, pero muchas veces no sé a quién
representan, porque aquí habrá que escuchar también a los particulares
afectados, porque si se va a hacer una determinación sobre una vía que
afecta a alguien, no sólo hará que oír a las cámaras agrarias, de una de
las cuales soy Presidente --de modo que no tengo duda ninguna--, o a las
corporaciones locales o las organizaciones sindicales. Pero es que luego
pone una serie de organizaciones y colectivos que no se determinan.
Cualquier grupo de personas que diga que representan el ecologismo en un
pueblo tiene que ser escuchado, y resulta que no se va a escuchar al
propietario afectado. Si ustedes dejan en este artículo 11.2, además de
aquellas organizaciones y colectivos cuyo fin sea la defensa del medio
ambiente, también a los particulares afectados, estaríamos dispuestos a
aceptarla. Si no, nos vemos en la obligación de mantener la nuestra.
Vamos a aceptar la transaccional ofrecida a la enmienda de Izquierda
Unida y a la 83 del Grupo Popular En cuanto a la transaccional a la 139,
al artículo 17.2, de Izquierda Unida, el tema va unido a los corredores
ecológicos. Será para desnudarse los corredores, porque dice que hay
instalaciones desmontables, serán duchas o algo que tienen que poner allí
para las carreras. Si ustedes ponen instalaciones desmontables en un
corredor ecológico, como usted dice, que yo ya no sé si son vías o qué
son, ¿cuando llegue el ganado salen corriendo y desmontamos lo que hayan
puesto? Porque el ganado llegará y tendrá que pasar por allí, y dicen que
primero está la defensa del ganado, porque dicen que no puede haber nada
que afecte al paso del ganado. Si se presenta, por ejemplo, mi paisano de
Badajoz, el que ha hecho el paseo por la Castellana, con las tres mil
ovejas, ¿qué hacen los corredores ecológicos que estén allí metidos en
las duchas o donde sea? ¿Salen corriendo y quitan las instalaciones? Me
parece una tomadura de pelo. Perdone que le diga que usted no tiene ni la
más remota idea de lo que es una cañada y lo que es un paso de ganado,
que no va a pasar en muchos sitios, porque, por razones de modernidad,
como usted también ha dicho, la trashumancia se ha condicionado ya a unas
zonas muy concretas. Por tanto, esto de las instalaciones desmontables
que sean necesarias nos parece fuera de lugar, sobre todo si dice que
siempre respetando el ganado. Esto es un contrasentido y nos vamos a
oponer.
La transaccional presentada en el Título IV, de las infracciones,
artículo19, la vamos a aceptar, así como las presentadas a los artículos
20 y 21. La presentada al artículo 22, que es sobre las infracciones --no
voy a repetir lo que se ha dicho aquí--, no la vamos a aceptar. Ha dicho
mi paisana antes que van desde un millón, pero ¿quién va a decir que el
juez va a poner 100.000 y no un millón, o de cinco millones a
veinticinco? Eso es a criterio, y ya lo ha explicado mi estimado
compañero antes, por lo que no vamos a repetirlo. Nos vamos a oponer a
ello.
También hay una transaccional a la enmienda 97, que es a la transitoria.
No voy a incidir en cuál es la normativa más favorable. Por tanto, nos
vamos a oponer, y vamos a aceptar la transaccional presentada a la
enmienda del Grupo Vasco.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Velasco.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: No voy a contestar al señor Hernández-Sito,
porque no es cuestión de sacar aquí la balanza de medir y ver quién ha
paseado más por las vías pecuarias ni la capacidad que tenemos de
conocimiento
de las actividades ganaderas, que sería cuestión de un análisis mucho más
detallado. Por tanto, no voy a entrar en esas cuestiones.
Me quiero referir a las manifestaciones del señor Madero, porque creo
que, en un tono mucho más racional y mucho más lógico con el debate de
esta ley, podemos discrepar en planteamientos, y efectivamente
discrepamos. Nosotros queremos llevar a lo que se consideran usos
compatibles --efectivamente, ahí no han planteado enmiendas
fundamentales-- los usos complementarios, es decir, queremos elevar lo
que son los usos complementarios a lo que eran usos compatibles, pero
como digo, como filosofía de planteamiento y en absoluto entendiendo que
puedan generar problemas medioambientales. Creemos lo contrario, que se
respetan mucho más. En relación con el aspecto sanitario, si existe algún
vehículo para trasladar posibles epizootias, justamente en el paso del
ganado; no es el paso de las personas el que puede originar ese problema.
Por supuesto, en cuanto a protección del medio natural, nosotros
entendemos que el medio natural se protege mucho más ordenando el
tránsito de esas personas, que hoy se está produciendo. Nosotros sabemos
que tanto en fines de semana como en períodos estivales o vacacionales o
cuando existe algún tipo de producción que aún no está regulado por las
propias comunidades autónomas, existe un uso indiscriminado del monte
público, y creemos que hay una forma buena de poder controlarlo: dado que
tenemos un patrimonio estatal que son las vías pecuarias, ordenémoslas,
marquémoslas y pongamos los servicios necesarios para que con ese
ordenamiento estemos protegiendo todas las cuestiones colaterales. Esta
ley básica lo único que plantea es esa posibilidad como elemento
fundamental por el desuso lógico de la propia vía pecuaria, pero a partir
de ahí el camino importante lo tienen que recoger las propias comunidades
autónomas y ahí van a fijar realmente cuáles son los criterios de uso. Yo
creo que no debe dar miedo; es decir, si una comunidad autónoma asume la
competencia de la vía pecuaria, la asume con todos los beneficios y con
todas las cargas que lleva. Lo que no se puede hacer es estar pidiendo
una competencia y después decir que su desarrollo le trae problemas. Yo
creo que hay que ser consecuentes con el tema. Si se transfiere y se pide
una competencia por parte de un comunidad autónoma, que la proteja más y
la desarrolle hasta el final. Y yo creo que con un buen desarrollo
--estoy convencido de que todos los grupos van a participar en ese
sentido--, con toda una buena reglamentación, realmente van a ser
posibles esos usos complementarios sin que distorsionen para nada el
medio ambiente.
El señor PRESIDENTE: El señor Nieto tiene la palabra.
El señor NIETO GONZALEZ: Sin ánimo de reabrir polémica, entre otras
razones porque el Presidente no me dejaría, voy a empezar a responder,
puesto que los tres portavoces han hecho referencia a mi intervención, y
empezaré por el final.
La intervención del señor Hernández-Sito es una intervención a la que ya
nos tiene acostumbrados. (El señor Hernández-Sito García-Blanco: Es mi
carácter.) Es agradable, es su carácter. Dice que yo empleo formas suaves
pero con un fondo agrio (El señor Hernández-Sito García-Blanco: Yogur.)
Yo creo que él habitualmente emplea un tono que yo diría con sabor a
yogur del Cáucaso en el sentido de que es un sabor agrio (El señor
Gayarre Bermejo: ¡Yogur de Cuba!), con aire fresco de las montañas del
Cáucaso, un tanto montaraz, pero que desde luego siempre es agradale y
agradable de digerir, es un yogur que es agradable de digerir. (El señor
Hernández-Sito García-Blanco: ¡No como el suyo! Risas.)
Por tanto, hecha esa puntualización, pasaré a la intervención que ha
tenido el señor Bueso. Yo creo que ha hecho una magnífica exposición en
su intervención. Yo pensaba que estábamos en estos momentos en un
tribunal, no en la sala de una Comisión, y, desde luego, cuando algún
particular quiera contratar a alguien, porque tendrá conflictos con la
Administración autonómica cuando se produzca el deslinde, cuando lean su
intervención le van a llover los contratos. Ha hecho usted una magnífica
defensa que puede servir perfectamente para defender a muchos
particulares que vayan a tener problemas --sin duda, los tendrán-- con la
Administración.
Señor Bueso, el deslinde va a plantear conflictos, evidentemente, pero
esto no es nuevo. Usted ha citado abundante jurisprudencia, una reciente,
otra más antigua y, si me permite, yo voy más allá todavía. Usted sabe
perfectamente que la anchura máxima de las cañadas era, es de 90 varas
castellanas y, como usted sabe, en la época de máximo apogeo de la Mesta,
estas cañadas estaban protegidas por los alcaldes entregadores de la
Mesta, que tenían muchas obligaciones, pero una era procurar ganar
terreno a costa de los terrenos colindantes. Los alcaldes entregadores de
la Mesta lo que hacían era sacar los mojones hacia afuera; claro los
agricultores de los alrededores hacían lo contrario. Esto generó
conflictos desde que existió la Mesta, hay conflictos permanentes entre
la organización ganadera, entre los agricultores que tenían tierras
colindantes con la cañada o con la vereda, y también con los carreteros
que utilizaban las cañadas reales, las vías pecuarias en general, como
medio de transporte o como ruta para el transporte. Quiero decir que los
usos complementarios no son nuevos, han existido siempre; los carreteros
las utilizaban abundantemente. Había conflictos constantes, unos porque
querían meter los mojones para adentro y otros porque querían sacarlos
para afuera, y lo hacían, y tenían que pleitear. Pleiteaban; unas veces
ganaban unos, otras veces ganaban otros. Por tanto, el deslinde, lo que
era el deslinde, si usted quiere entre comillas, es un problema que viene
arrastrándose desde los orígenes de la Mesta y, por tanto, cuando se
produzca la clasificación de las vías pecuarias y el deslinde desde luego
vamos a tener ese problema. Yo le recomiendo para que profundice en estos
temas --así no me alargo más-- que se lea un libro que escribió Klein que
se titula «La Mesta. Estudio de la economía española de 1273 a 1836»,
donde encontrará abundantes ejemplos de lo que le estoy diciendo. Si
quiere, de este mismo autor tiene dos libros más, titulados «Los
privilegios de la Mesta» y «El alcalde entregador de la Mesta».
Le recomiendo su lectura porque le serán muy útiles. También puede
consultar de forma más abreviada, si quiere, un manual, que encontrará en
cualquier sitio, que es el libro de Vicens Vives titulado «Historia
económica de España», en el que hay un capítulo muy bueno dedicado a la
economía agropecuaria castellana, donde habla de forma abundante y
extendida y con datos muy concretos de cuáles eran los problemas, muchos,
pero también de estos a los que usted hacía referencia. Por tanto, señor
portavoz del Grupo Popular, yo creo que cuando se produzcan los deslindes
va a haber problemas.
Ahora bien, ¿que decimos nosotros y qué dicen ustedes? Nosotros lo que
decimos en la ley es que el deslinde es el acto administrativo por el que
se definen los límites de las vías pecuarias, y cuando se produzca ese
acto administrativo de deslinde decimos, dice la ley, dice el artículo 8
en su número 2 que el expediente de deslinde incluirá necesariamente
relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias. Y decimos en el
número 3 --que es adonde voy, a lo que ustedes querían modificarlo con
sus enmiendas-- que el deslinde una vez aprobado declara la posesión y la
titularidad demanial a favor de la comunidad autónoma, dando lugar al
amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad
puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes
deslindados. Esta es nuestra posición, y yo le decía que esta misma
posición es la que hemos mantenido en la Ley de Costas; es un asunto
distinto, pero que, desde luego, puede ser perfectamente equiparable. Yo
no voy a discutir con usted con argumentos jurídicos porque seguro que
usted tiene muchísimos más que yo, porque yo no soy jurista y usted lo
es, pero lo que sí está claro es que con la redacción que nosotros hemos
dado al artículo 8 queremos que prevalezca el bien público, que son las
vías pecuarias, en este caso de titularidad de las comunidades autónomas,
frente a usurpaciones que se hayan producido en las mismas, las haya
hecho quien las haya hecho, aunque las hayan llevado después al Registro
de la Propiedad. Eso es lo que dice la Ley. ¿Que esto va a crear
problemas, va a crear conflictos? Posiblemente. Estamos convencidos de
ello. Nos gustaría que después se dictaran las sentencias pertinentes que
favorecieran el bien público frente a los intereses privados, pero,
insisto, no es algo nuevo. Le recomiendo la lectura de esos libros cuya
reseña le he dado, y si quiere alguno más, le puedo dar una relación
mucho más amplia, porque existe literatura abundante sobre estas
cuestiones.
Respecto a lo que decía el señor Madero, nuestra posición creo que queda
clara en la ley, que es la conservación de este patrimonio que tiene
nuestro país de vías pecuarias amplísimas que, como digo, representa el 1
por ciento de la extensión de España, no es moco de pavo, es algo muy
importante. Y yo me he alegrado cuando le he oído decir que ustedes
también están a favor de la conservación de este rico patrimonio. Ahí
coincidimos. La verdad es que me parece estupendo que haya dicho eso,
porque es coincidente con lo que venimos diciendo nosotros desde siempre.
Usted dice: ¿Cómo conservar este patrimonio? Evidentemente puede haber
procedimientos diversos para la conservación del patrimonio. Lo que
ustedes plantean, al menos en las enmiendas que presentan (usted en su
exposición ha ido un poco más allá de lo que dicen las enmiendas, pero yo
me atengo al texto de las mismas), es conservar la situación actual, la
situación presente. Nosotros decimos que hay que conservar ese patrimonio
conservando lo que tenemos en los momentos actuales, pero yendo más allá.
¿Qué quiero decir con yendo más allá? Recuperando lo que se pueda
recuperar, porque hay parte de las vías pecuarias que en estos momentos
están totalmente ocupadas por otros usos o usurpadas. Queremos recuperar
lo que sea recuperable. Pero aparte de eso, habrá cosas --somos
conscientes de ello-- que no serán recuperables, porque sería
prácticamente imposible. Entonces lo que queremos es que se reponga, y
así lo dice la ley, esa parte que no es recuperable, pero sí queremos
incorporar a la red de vías pecuarias. Además, para que la conservacion
sea la adecuada, para que luego el mantenimiento de la red de vías
pecuarias sea también el adecuado, aparte del uso ganadero tradicional,
que debe ser el prioritario y fundamental, deben darse otros usos que no
deben entorpecer este uso prioritario o primordial, sino que deben ayudar
a la conservación de esa red, porque si no, con el único uso ganadero,
sería muy difícil la conservación de la red de vías pecuarias. Entre
otras cosas hacemos referencia a una serie de usos complementarios que
siempre, quiero insistir, deben ser compatibles con el uso prioritario.
Decimos que cuando la red de vías pecuarias esté, en primer lugar,
conservada, en segundo lugar, recuperada, en tercer lugar, rehecha, en lo
que se pueda rehacer, en ese momento tendrá sentido hablar de los
corredores ecológicos, porque para que un corredor ecológico exista, lo
primero que es necesario es que exista el corredor, que tenga
continuidad. Si la red de vías pecuarias está cortada, está troceada,
difícilmente puede servir como corredores ecológicos. Evidentemente, en
ese momento, cuando tengan continuidad, sí pueden servir perfectamente.
Por tanto, resumiendo, señor Presidente, y con esto termino, nosotros
creemos que ésta es una ley importante, que debe servir para conservar un
patrimonio rico que hemos heredado a lo largo de muchos siglos de nuestra
historia, que debe conservarse lo que se tiene, que debe ponerse al día
en todos los sentidos, porque es la mejor forma de que este patrimonio no
desaparezca. Ese es nuestro gran interés, que esto sea así y que además
siempre prevalezca para su recuperación y conservación el bien público
sobre el interés particular. (El señor Bueso Zaera pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Señor Bueso, para qué pide la palabra? No hay turno
de contrarréplica.
El señor BUESO ZAERA: Pido la palabra porque, como S. S. ha podido
comprobar, en la intervención del portavoz del Grupo Socialista que acaba
de hablar, cuando me ha rebatido anteriormente la argumentación de las
enmiendas números 74 y 75 en relación con la Ley Hipotecaria, en la que
más me he extendido, simplemente se ha limitado a una línea, y después
que yo he hablado, ahora él me ha respondido más ampliamente. Aparte de
esto, en un tono un poco entre bueno y suave pero también con otros
matices, ha hecho algunas referencias personales en cuanto a lo de si
estamos en un tribunal o en una comisión, etcétera.
El señor PRESIDENTE: Señor Bueso, estrictamente a los efectos que
comentaba al final le doy la palabra para aclaración.
El señor BUESO ZAERA: Brevemente, señoría, para decirle al portavoz del
Grupo Socialista que le agradezco que haya dicho que he hecho una buena
intervención, pero le ha sorprendido, al decir que parece que estemos en
un tribunal y no en una comisión. Tengo que decirle que estamos en una
comisión. Lo que ocurre es que los argumentos son jurídicos, y si a mí me
ha recomendado literatura, etcétera, con un tono suave pero en cierta
forma irónico, yo tengo que decirle que le recomiendo que se lea las
sentencias a las que he hecho referencia, porque son actuales, y por
supuesto yo no he defendido en absoluto en ninguna de mis intervenciones,
y lo puede repasar en el «Diario de Sesiones», que haya que legitimar
ninguna situación de usurpación por ningún particular, ni de la Mesta, ni
de las referencias que hace al libro de Klein, ni de nadie. De lo que
estamos hablando sencillamente es de la situación del trabajador más
necesitado y más humilde.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer uso de la palabra, señor Nieto?
(Denegaciones.)
Tiene la palabra la señora Urán para expresar también la aceptación o no
de las transaccionales que se han presentado.
La señora URAN GONZALEZ: Señor Presidente, aceptamos las transaccionales
que han sido presentadas por el Grupo Socialista y, por tanto, quedan
retiradas las enmiendas números 105, 112, 119, 122, 124, 131, 139, 143,
145 y 146. Retiraremos también la 144, aunque no ha sido transaccionada,
pero el texto que modificaba ha sido cambiado por la propia transacción.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que no han participado en el debate y que
quieran intervenir para fijar la posición? (Pausa.)
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió el Señor Simó tiene la
palabra.
El señor SIMO I BURGUES: Señor Presidente, nuestro Grupo, como ha visto,
no ha presentado enmiendas a este proyecto de ley por compartir todos los
extremos que en él se contemplan. Consideramos el proyecto necesario
porque viene a cubrir unas carencias legislativas acerca de la
conservación de las vías pecuarias. Creemos que con las enmiendas
trasaccionales y con las aceptadas por el Partido Socialista va a mejorar
el proyecto de ley de vías pecuarias.
El señor PRESIDENTE: Señor Gatxagaetxebarría, tiene la palabra a los
efectos de expresar la aceptación o no de la transaccional que se ha
presentado.
El señor GATXAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, para manifestar que
nuestro Grupo Parlamentario retira la enmienda a la disposición final
tercera, porque el texto transaccional que ofrece el Grupo Socialista
colma los objetivos que nuestra enmienda pretendía, y, por tanto, con una
modificación en su redacción, viene a plasmar el mismo objetivo jurídico
y político que el que pretendía nuestra enmienda y por ello aceptamos la
transaccional a la disposición final tercera.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, vamos a pasar a las votaciones. Les
ruego, como siempre, a SS. SS., sobre todo a los portavoces, que estén
atentos a las indicaciones de la Presidencia y que faciliten el trabajo
de la Mesa en ese sentido. hemos intentado tomar nota de las distintas
enmiendas transaccionales y de las enmiendas que se han retirado, pero
pueden surgir algunas dificultades en las votaciones.
Si les parece, la fórmula más clara sería ir votando las enmiendas
presentadas a los distintos artículos. Luego votamos el texto tal como
quede en función de la aceptación o no de las enmiendas y así iremos
avanzando en este sentido. Finalmente, votaremos la exposición de
motivos.
Al artículo 1 quedan vivas en este momento solamente las enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular y una transaccional que a la de Izquierda
Unida se ha presentado por el Grupo Socialista.
Votamos, en primer lugar, si les parece, las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, la enmienda transaccional del Grupo Socialista a
la enmienda del Grupo de Izquierda Unida, que ha sido retirada.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos, seguidamente, el texto definitivo del artículo 1 con la
incorporación de esta enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 1.
Al artículo 2 queda viva la enmienda número 66 del Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del artículo 2.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 2.
Al artículo número 3 quedan vivas enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular y de Izquierda Unida.
Votamos la enmienda número 67, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 113 y 114 del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del texto del artículo número 3.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 3.
Al artículo 4, quedan vivas las enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, 68 y 69.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular.
Pasamos a votar, a continuación, las enmiendas del Grupo Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, 115, 116, 117 y 118.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.
Pasamos a votar, a continuación, el texto del artículo 4.
El señor NIETO GONZALEZ: Al artículo 4 hay una enmienda transaccional
sobre la enmienda 119 de Izquierda Unida.
La señora URAN GONZALEZ: Es al artículo 5.
El señor PRESIDENTE: Exacto, es al artículo 5.
Votamos el texto del artículo 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo número 5 existe una enmienda transaccional a la del Grupo
Federal de Izquierda Unida, y luego una del Grupo Popular que se
mantiene.
Votamos, en primer lugar, la transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la enmienda 71 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
A continuación, votamos el texto del artículo número 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 5.
Al artículo número 6 quedan vivas las enmiendas 72 y 73 del Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 21, abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el texto del artículo 6.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el artículo 6.
Al artículo 7 queda la enmienda 120 del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida, que se mantiene para votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, el texto del artículo 7.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo 8 quedan dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, 74 y
75, que pasamos a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Señor Presidente, solicitamos
votación separada de las enmiendas 121 y 122 de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: La vamos a votar por separado porque una tiene una
enmienda transaccional.
Votamos la 121 de Izquierda Unida y, a continuación, como se ha retirado
la 122, porque se ha presentado una transaccional, votamos la
transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
A continuación, votamos la enmienda transaccional que se ha presentado a
la 122 del Grupo de Izquierda Unida que se ha retirado.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, votamos el texto del artículo 8, tal como queda después
de incorporar la transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
A continuación, votamos el texto del artículo 9, tal como queda después
de la incorporación en Ponencia de la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Al artículo número 10 hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
la número 76.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos el texto del artículo 10.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo 11 hay dos enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, números
77 y 78, dado que el Grupo Popular no ha aceptado la transaccional a esta
última. ¿Se pueden votar conjuntamente? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 20; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Izquierda Unida tiene dos enmiendas, la 123 y la 124, que ha retirado en
virtud de una transaccional. La 123 se mantiene para votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 123.
A continuación votamos la enmienda transaccional a la 124.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el texto del artículo 11.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo 12 hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular y otra de
Izquierda Unida. Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 125 del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del artículo 12.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos la enmienda número 80 del Grupo Parlamentario Popular, al
artículo 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda 126 del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del artículo 13, tal como viene en el proyecto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 12; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado este artículo.
A continuación votamos una enmienda del Grupo de Izquierda Unida que
propone un nuevo artículo 13 (bis).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Entramos en la votación de las enmiendas al artículo 14.
En primer lugar a la enmienda 83 del Grupo Parlamentario Popular se ha
presentado una enmienda transaccional que ha sido aceptada.
Votamos las enmiendas 81 y 82.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 21; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Ha sido retirada la enmienda 131 del Grupo de Izquierda Unida. Votamos
las números 128, 129 y 130.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Señor Presidente, pedimos votación
separada de las tres; la 129 y la 131 se pueden votar juntas.
El señor PRESIDENTE: La 131 ha sido retirada.
Votamos la 128 del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 129 del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 130 del Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La enmienda 131 ha sido retirada al aceptar la transaccional. Votamos a
continuación la transaccional con la 83 y 131.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad queda aprobada esta enmienda
transaccional.
Votamos a continuación el texto del artículo 14 tal como queda después de
incorporada la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 14.
Al artículo 15 se ha anunciado por el Grupo Socialista la intención de
votar favorablemente la enmienda 133, que votaremos pues separadamente.
Votamos la enmienda 132, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 133 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos el texto del artículo 15 después de incorporar esta enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
El Grupo Parlamentario Popular tiene presentada la enmienda 84 al
epígrafe del Título II, que se mantiene para su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
134, 135, 136 y 137, al artículo 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 85 del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del artículo 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 16.
Al artículo 17 se mantiene viva una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular, la 86, que es la que pasamos a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se ha presentado una enmienda transaccional con la 139. ¿La 138 se
mantiene para votación?
La señora URAN GONZALEZ: Se mantienen todas vivas salvo las que hayan
sido transaccionadas.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 138.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda transaccional que se ha presentado a la 139 del Grupo
de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el texto del artículo 17 después de incorporar esa enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Al artículo 18 se mantienen vivas las enmiendas 100, 101 y 102 del Grupo
Vasco, que son las que pasamos a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 30; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 87 del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 140 y 141 del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Pedimos votación separada.
El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 140.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda número 140.
A continuación votaremos el texto del artículo 18 y después...
La señora URAN GONZALEZ: Queda la enmienda 141.
El señor PRESIDENTE: Es que la 141 proponía un artículo 18 (bis), nuevo.
Votamos la enmienda 141, de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
A continuación votamos el texto del artículo 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 18.
A los artículos 19, 20 y 21 y se ha propuesto una modificación, con una
redacción distinta, a partir de una enmienda del Grupo Socialista, que
creo que conocen todas SS. SS. y, en cierta manera, por lo que más o
menos entendí de las intervenciones de los distintos grupos, se estaría
en disposición de votarlos conjuntamente. Parece que por parte del Grupo
Parlamentario Popular se pide votación separada.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: En un bloque los artículos 19, 20
y 21 y luego el 22 y el 24.
El señor PRESIDENTE: Yo propondría, si hay acuerdo, que se votara la
enmienda transaccional del Grupo Socialista, que incorpora y que modifica
estos tres artículos. Si se acepta esta transaccional, votaríamos los
artículos 19, 20 y 21, nuevos.
La señora URAN GONZALEZ: Al artículo 19 nuestro Grupo tiene presentada
una enmienda, que es la 142, y que habría que votar. las restantes están
retiradas porque están transaccionadas.
El señor PRESIDENTE: Si les parece, votamos en primer lugar la enmienda
142, de Izquierda Unida. Luego votaremos la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 142, del Grupo de
Izquierda Unida.
¿Estamos en disposición de votar a continuación conjuntamente esta
enmienda transaccional, que sustituye al texto de los artículos 19, 20 y
21?
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Pedimos votación separada del 22.
El señor PRESIDENTE: Artículos 19, 20 y 21.
El señor NIETO GONZALEZ: 22 y 24.
El señor PRESIDENTE: El 22 y el 24 los vamos a votar después, que aquí sí
que hay problemas.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: Pedimos votación separada del 22.
El 24 lo podemos incorporar con el 19, 20 y 21.
El señor PRESIDENTE: Será mejor hacerlo de manera más clara.
Enmienda transaccional que sustituye a los artículos 19, 20 y 21.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esta enmienda por unanimidad.
A continuación pasamos a votar el artículo 22. A este artículo se
mantienen vivas las enmiendas 92, 93 y 94, del Grupo Parlamentario
Popular. Se han retirado las 145 y 146.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.
Las enmiendas 145 y 146 se han retirado, como decía, en virtud de la
transaccional del Grupo Socialista, que es la que votamos en estos
momentos.
El señor HERNANDEZ-SITO GARCIA-BLANCO: ¿A qué artículo?
El señor PRESIDENTE: Al 22.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada esa enmienda transaccional.
A continuación votamos el texto del artículo 22, tal como queda después
de incorporar esta transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto del artículo 22.
Al 23 no existe ninguna enmienda, por lo que pasamos a votarlo.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Al artículo 24 se mantienen vivas la enmienda número 95, del Grupo
Parlamentario Popular, y las enmiendas 147 y 148, del Grupo de Izquierda
Unida.
El señor NIETO GONZALEZ: Pedimos votación separada.
La señora SANCHEZ DIAZ: Perdón, en la transaccional que nosotros
presentamos dije que aceptábamos la 95 y la 147, al artículo 24.
El señor NIETO GONZALEZ: Pedimos votación separada de la enmienda número
95, del Grupo Popular, y de la 147 de Izquierda Unida. Por nuestra parte,
las dos se pueden votar conjuntamente, si ello es posible.
El señor PRESIDENTE: ¿Son idénticas? Es que en este momento desconozco el
texto.
La señora SANCHEZ DIAZ: Son las mismas.
El señor PRESIDENTE: Como el Grupo Popular pide votación separada, lo
vamos a hacer así.
Enmienda número 95, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la enmienda número 95, del Grupo
Parlamentario Popular.
A continuación votamos la 147, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad la enmienda 147.
A continuación, votamos la 148, de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 148.
A continuación votamos el texto del artículo 24, con la incorporación de
las enmiendas que antes hemos aprobado.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el artículo 24.
Entramos a continuación en el debate de las disposiciones adicionales,
transitorias y finales.
La señora SANCHEZ DIAZ: Queda el artículo 25.
El señor PRESIDENTE: El artículo 25 no tiene enmiendas. Se somete a
votación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
A la primera disposición adicional existen las enmiendas de Izquierda
Unida, que se mantienen para votación, que son la 149 y 150.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos a favor, uno; en
contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas estas enmiendas.
A continuación, el grupo Parlamentario Popular propone en la 96 una
adicional nueva. Se somete a votación dicha enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta enmienda.
Disposición adicional primera. Perdón, vamos a votar en primer lugar la
transitoria única y la derogatoria única, que no tienen enmiendas.
El señor NIETO GONZALEZ: Tienen enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Votamos, pues, en primer lugar, la disposición
adicional primera.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición adicional primera.
A la adicional segunda hay una enmienda de Izquierda Unida con el número
151.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 20; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la enmienda 151.
Votamos la disposición adicional segunda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33;
abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la disposición adicional segunda.
Parece que la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco es a la final, no a
la adicional.
Votamos, pues, la disposición adicional tercera, que no tiene enmiendas.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
La disposición transitoria única tiene la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular con la transaccional, que no sé si finalmente ha
sido aceptada, del Grupo Socialista. (Pausa.) No se acepta la enmienda
transaccional del Grupo Socialista, por lo que se somete a votación la
enmienda número 97, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 20; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 152, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto de la disposición transitoria única.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20, en
contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto de la disposición
transitoria única.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
propone una disposición transitoria nueva en su enmienda número 153, que
votamos seguidamente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, uno; en
contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A las disposiciones finales están las enmiendas números 98 y 99, del
Grupo Parlamentario Popular, que votamos a continuación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 154, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, seguidamente, la enmienda transaccional que ha presentado a la
del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos las disposiciones finales primera, segunda,
tercera, cuarta y quinta y disposición derogatoria, que no tenían
enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Nos quedan por votar las enmiendas a la exposición de motivos y el texto
de la misma. Se ha presentado una enmienda transaccional a la número 105,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, que votamos a
continuación.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Seguidamente votamos las enmiendas números 104, 106 y 109, del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos favor, uno; en
contra, 33.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas números 107, 108 y 110.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Seguidamente, votamos la enmienda transaccional a la enmienda número 111,
del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos las enmiendas que quedan vivas del Grupo Parlamentario Popular,
las números 58, 59, 60, 61 y 62 a la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el texto de la exposición de motivos con la
incorporación de las enmiendas transaccionales y las que se han aprobado
directamente del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21;
abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la exposición de motivos.
Señorías, finaliza la tramitación y aprobación de este proyecto de ley,
del cual se dará cuenta a la Presidencia del Congreso para su posterior
tramitación en el Senado.
Se suspende la sesión unos minutos. (Pausa.)
CELEBRACION DE LAS SIGUIENTES COMPARECENCIAS:
--DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA),
CASTRO FERNANDEZ, PARA EXPLICAR EL PLAN DE SEGUROS AGRARIOS COMBINADOS
PARA 1994. A SOLICITUD DEL GRUPO SOCIALISTA DEL CONGRESO. (Número de
expediente 212/000398.)
--DEL SEÑOR SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE
LA ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA), CASTRO FERNANDEZ, PARA
INFORMAR SOBRE LA EVOLUCION Y EL DESARROLLO DE LOS SEGUROS AGRARIOS. A
SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 212/000842.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, entramos en los puntos 3 y 4 del orden del
día, petición de comparecencia por parte del Grupo Socialista y del Grupo
Popular del señor Subsecretario del Ministerio de Agricultura, en su
calidad de Presidente de Enesa, para explicar el plan de seguros agrarios
combinados para 1994 y para informar sobre la evolución y el desarrollo
de los seguros agrarios. Por la Mesa y la Junta de Portavoces se acordó
que se tramitaría de manera conjunta, ya que tienen el mismo interés.
Tiene la palabra el señor Castro para informar de estos extremos.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS (ENESA) (Castro Fernández): En mi
condición de Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, tengo
hoy el honor de comparecer ante la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca del Congreso para informar a SS. SS. tanto sobre el plan actual de
seguros agrarios combinados para el año 1994, en que estamos, como, en
términos más generales, sobre la historia y el desarrollo que ha tenido
la política del seguro agrario desde el año 1980 hasta el momento actual.
Me corresponde, por tanto, referirme a un instrumento de política social
y también de política agraria que actualmente constituye, sin ninguna
duda, el más eficaz mecanismo de defensa de los agricultores españoles y
de su economía frente a los extremados riesgos climatológicos que
sufrimos. Además, esta capacidad de defensa ha ido aumentando muy
considerablemente en los años de vida que cuenta el actual sistema de
seguros agrarios, que, como he dicho, empezó a ponerse en práctica y ser
efectivo en el año 1980.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha podido constatar en
estos años la validez de este sistema de protección y puedo garantizarles
que se propone, de una manera decidida, continuar potenciándolo mediante
una constante labor de adaptación y la asignación de los recursos
presupuestarios que en el futuro se necesiten. A lo largo de mi
exposición les ofreceré algunas cifras que reflejan esta evolución del
sistema en estos 14 años, cifras que considero extremadamente elocuentes.
Pero antes quiero llamar la atención de SS. SS. sobre la especial
naturaleza de los seguros agrarios como elemento que se incorpora a la
actividad productiva de los sectores agrícola y ganadero. Cuando se
contempla desde la perspectiva de la Administración pública observamos
que cumple satisfactoriamente una doble función: una función con
contenido claramente social y una función de ordenación del sector
agrario, como antes he mencionado.
Los seguros agrarios constituyen un eficaz instrumento de ordenación de
la política agraria en cuanto que favorecen actividades productivas y
tipos de explotación que quizá no se mantendrían si no contaran con la
garantía de percepción de las ayudas del sistema que supone la
posibilidad de asegurarse. Cuando un agricultor o un ganadero suscribe un
seguro sabe que una metodología adversa no le supondrá una pérdida
sustancial de los rendimientos de las producciones afectadas. Este
agricultor, sabe, además, que mientras dure el ciclo productivo, antes de
la obtención de los rendimientos físicos y económicos de su explotación,
su propia póliza de seguros le otorga una solvencia potencial que puede
abrirle y facilitarle el acceso a canales de financiación que en otro
caso tal vez estarían cerrados. Junto a esta capacidad de convertirse en
instrumento de la política de ordenación agraria, es evidente que los
seguros agrarios cumplen una función social que adquiere particular
importancia cuando las producciones que se garantizan a través del seguro
constituyen la exclusiva o al menos la principal fuente de riqueza, de
ingresos del asegurado.
Por tanto, posee el sistema de seguros agrarios una cualidad de
instrumento de política social que extiende su acción protectora,
especialmente, por supuesto, a aquellos agricultores de economía modesta,
pero también, a través de consideraciones sociales de más amplio alcance,
hacia aquellos productores agrarios que dependen muy directamente, para
su supervivencia económica, de la normalidad en la obtención de sus
producciones. Las dos finalidades que acabo de expresar son, pues, la
productiva, llamando así a la que permite promover las producciones y
explotaciones que se ajustan a los criterios de política agraria, y la
social, consistente en garantizar ciertos ingresos a los productores
cubriendo los riesgos. Ambas configuran una institución de aseguramiento
que debe ser tutelada y económicamente apoyada por la Administración
pública, cuyas pautas de ordenación deben, por tanto, contemplar las
finalidades de política social y política agraria aludidas. Pero estas
finalidades no pueden hacernos olvidar una tercera nota de carácter
esencial que también posee el seguro agrario. Esta tercera nota
característica es que, en definitiva, los seguros agrarios son, antes que
nada, un seguro. Con esto estoy expresando una afirmación tautológica,
pero que tiene pleno sentido, porque frecuentemente se tiende a perder de
vista el hecho de que constituyen una forma de seguro, aunque ciertamente
atípica respecto de los esquemas generales habituales que conocemos.
En el seguro agrario confluyen unas características diferenciales
respecto a otros tipos de aseguramiento que pueden resumirse en lo
siguiente. En el aspecto temporal, los riesgos a cubrir por el seguro
agrario se presentan en forma de acontecimientos de carácter cíclico.
Esto supone que los cálculos necesarios para alcanzar el equilibrio
técnico se deben realizar respecto de períodos de tiempo mucho más largos
que en otras modalidades de seguro. Otros problemas específicos de este
seguro, también de carácter técnico, se ponen de manifiesto al valorar el
riesgo, pues es necesario definir con precisión el agente causante,
cuantificar el daño de forma objetiva, lo cual sin duda presenta mayor
complejidad que en otros tipos de seguros. Otra dificultad específica se
presenta al delimitar las coberturas, pues se necesita determinar el
estado fenológico a partir del cual nace la cobertura de riesgos y
también es preciso impedir, por ejemplo, el posible enmascaramiento de un
riesgo no cubierto por otro riesgo cubierto cuando la sintomatología de
ambos es semejante o muy próxima.
El carácter diferencial del seguro agrario se manifiesta asimismo en sus
particulares características de naturaleza económica, y entre ellas me
voy a permitir destacar las siguientes. En primer lugar, que en este tipo
de seguro se exige una muy elevada capacidad económica del ente
asegurador, lo que se debe a la gran extensión geográfica y dimensión
económica de las indemnizaciones a pagar y también a la alta probabilidad
de concentración de riesgos por la propia naturaleza de los que se
aseguran. No es posible, por tanto, dejar la oferta de este seguro libre
e incondicionadamente en manos de la iniciativa privada, ya que ésta no
podría, al menos de forma aislada, hacerse cargo de la oferta total del
servicio. Además, no lo prestaría con la generalidad deseada, por lo que
acabaría por limitar sus actividades solamente a aquellas líneas y
riesgos en los que la rentabilidad de las operaciones fuera segura e
inmediata.
Por otra parte, la propia naturaleza del objeto que se asegura, añadida a
las características climatológicas y geográficas de nuestro país,
determina un coste muy elevado de cobertura de los riesgos. La
probabilidad de siniestro en este seguro es relativamente alta y,
asimismo, es muy elevado el coste que pueden alcanzar las
indemnizaciones. Todo ello configura al seguro agrario como un
instrumento que debe considerarse algo más que un seguro, pero también
como un seguro. No obstante sus características diferenciales se
encuadra, por su naturaleza jurídica y económica, en la figura
estricta del seguro y, por tanto, su concesión y su gestión deben, en
último término, someterse a los principios que constituyen la esencia
misma de la institución de aseguramiento. Uno de estos principios es el
de equilibrio financiero, entendido este equilibrio financiero como la
existencia en el largo plazo de una correspondencia entre las primas
recaudadas y las indemnizaciones percibidas. Buscar este equilibrio es
uno de los objetivos que debe pretender la Administración pública cuando
diseña, ejecuta y lleva a cabo su estrategia de los seguros agrarios. En
realidad se trata, más que de un objetivo político, de una condición
técnica de suficiencia financiera para que el sistema cumpla, a largo
plazo, la función política para la que ha sido concebido. Para valorar
precisamente en qué medida han cumplido y cumplen los seguros agrarios su
función protectora, ofreceré a SS. SS. algunas cifras básicas sobre la
evolución del sistema, que actualmente incluye a sesenta producciones
agrícolas y a tres ganaderas. Con ello, la cobertura potencial ofrecida
con los mecanismos de aseguramiento comprende a más del 90 por cien de la
producción agrícola y a más del 50 por cien de la producción ganadera.
Empezaré por referirme a la evolución del capital asegurado, que es la
magnitud que refleja con más fidelidad la cobertura efectiva del seguro
agrario. Pues bien, este capital asegurado ha seguido una trayectoria en
el período 1980-1993, último año en que tenemos cerrada la evaluación del
plan anual, que ha triplicado la cifra inicial, que era de 145.554
millones de pesetas en el año 1980, y ha ascendido en el cierre del año
1993 a 424.309 millones. Esta expansión refleja la aceptación que el
instrumento ha tenido en el mundo agrario, pero quiero resaltar que los
cambios cuantitativos y cualitativos de la contratación han tenido
también efectos desequilibradores para el conjunto del sistema. El coste
del seguro ha venido creciendo de forma aún más rápida, multiplicándose
por 10, mientras que las subvenciones de Enesa se han multiplicado por
12, siempre hablando de estos catorce años que he utilizado para contar
la historia del año 1980 a 1993. En suma, entre 1980 y 1993, la
aportación estatal al sistema del seguro agrario supuso más de 138.000
millones de pesetas. Particularmente espectacular ha sido el crecimiento
de las cifras en los últimos años, pues entre 1987 y 1993 el coste del
seguro se ha triplicado y las subvenciones de Enesa se han multiplicado
por 3,6, pasando de 4.487 millones en 1987 a 15.934 millones en 1993. Por
otra parte, las indemnizaciones que se abonan a los agricultores
ascienden en el período contemplado a más de 200.000 millones de pesetas.
En el mismo período se han soportado gastos de reaseguro por importe de
81.848 millones, mientras que los ingresos por el mismo concepto fueron
solamente de 46.128 millones. Esta diferencia implica unos resultados
negativos para el reaseguro de 35.720 millones, que lógicamente recaen en
el Consorcio de Compensación de Seguros. Debo precisar aquí que este
déficit no se reparte por igual en todas las líneas del seguro, sino que
el desfase financiero se produce principalmente en el integral de
cereales, en las frutas y hortalizas.
Por tanto, existen dos desequilibrios económicos que inciden sobre la
actual situación de los seguros agrarios que, de no corregirse, pueden
hipotecar el futuro. Estos dos desequilibrios son, en síntesis y
recapitulando mis manifestaciones anteriores, los siguientes. En primer
término, el desequilibrio financiero, que puede resumirse, como digo, en
el exceso de indemnizaciones sobre primas, y que resulta urgente corregir
porque es de todo punto inviable mantener un sistema con tendencia a un
déficit permanente y creciente. En segundo lugar, el desequilibrio
presupuestario, cuyo control es preciso por la necesidad de contener un
gasto público agudamente creciente y cuya evolución resulta, además,
imprevisible con el actual sistema. De la importancia de este problema
presupuestario les dará una idea el hecho de que las dotaciones
presupuestarias para la Entidad Estatal de Seguros Agrarios, Enesa, han
crecido entre 1989 y 1993 un 71 por cien y que, a pesar de ello, el
déficit registrado por la entidad Enesa en estos cuatro años ha ascendido
a 7.500 millones de pesetas, prácticamente el 50 por cien de su actual
presupuesto.
Hasta aquí he venido exponiendo algunos hechos y datos que expresan la
evolución de los seguros agrarios y, a la vista de los mismos, creo que
puedo, con sinceridad y realismo, trasladar a esta Comisión algunas
conclusiones. En primer lugar, que nuestros seguros agrarios han
cumplido, hasta ahora, muy satisfactoriamente su función y se han
convertido en un instrumento ampliamente utilizado por nuestros
agricultores y ganaderos. Así lo demuestra claramente la evolución de las
cifras básicas de aseguramiento que he utilizado. Además, con ese mismo
realismo hay que sumir el hecho de que, debido precisamente a su éxito,
el sistema atraviesa actualmente por una, podemos llamarla así, crisis de
crecimiento que nos obliga a introducir una serie de reformas si queremos
garantizar su desarrollo futuro.
Ya les he expuesto los dos desequilibrios económicos que soporta el
sistema, pero no son sólo estos factores económicos, financieros,
presupuestarios, los que exigen introducir cambios, sino que para ello
hay otras razones igualmente apremiantes. Una de estas razones viene dada
por la necesidad de adaptarse a la normativa de la Unión Europea que
afecta a esta materia. Esta normativa, que se contiene en el Reglamento
3.773, del año 1985, exige el cumplimiento de determinadas condiciones
para que las subvenciones a la contratación de los seguros sean
consideradas como ayuda nacional compatible. Para cumplir estos
requisitos es necesario realizar cambios en las condiciones de
contratación, ya que sólo con estos cambios es posible mantener un nivel
de subvenciones que puede llegar a alcanzar el 50 por cien del coste del
seguro. De no introducir estas modificaciones, la normativa comunitaria
impone un progresivo descenso de los niveles de ayuda. Esta disminución
debería aplicarse a partir del 1 de enero de 1996 y concluiría con la
supresión total de la ayuda en el plazo de diez años.
Además, la reforma es también necesaria para que el seguro agrario cumpla
su misión de instrumento al servicio de la política agraria del
departamento. Uno de los principios en que se inspira esta política es la
necesidad de apoyar de forma prioritaria a los agricultores a título
principal, por considerar que éstos son quienes de hecho protagonizan
la actividad productiva del sector y, además, por ser estos agricultores
los agentes productivos cuya supervivencia económica depende en mayor
medida de los resultados que obtienen de su actividad agraria que hay que
segurar. Este principio impregna de forma general la política del
Ministerio y se explicita claramente en el texto del proyecto de ley de
modernización de explotaciones agrarias que SS. SS. conocen. Procede, por
tanto, que esta opción política se traslade igualmente a la regulación
del seguro agrario para darle en este campo una concreción práctica.
Las líneas generales del proceso de reforma se contienen en el documento
de bases para la elaboración de los planes de seguros agrarios combinados
de 1995 a 1997. Este documento ya ha sido aprobado por la Comisión
Delegada del Gobierno para asuntos Económicos y constituye el instrumento
de planificación trienal que ha sido desarrollado a través del plan de
seguros agrarios para el próximo año 1995 aprobado el pasado Consejo de
Ministros del viernes 11 de noviembre.
En estos planes se expresan las líneas de desarrollo de los seguros
agrarios para los próximos años y las medidas específicas de reforma que
a continuación les expongo.
A grandes rasgos, las medidas pueden agruparse en cuatro ejes de
actuación, que son: en primer lugar, la ampliación de la cobertura de los
seguros agrarios; en segundo lugar, la aplicación de medidas
estabilizadoras de carácter técnico; en tercer término, la modificación
de los sistemas de subvenciones, medida esta necesaria tanto para otorgar
mayor protección a los agricultores a título principal como para
adaptarse, como decía anteriormente, a la normativa de la Unión Europea.
En cuarto y último lugar, el impulso de las actuaciones de coordinación
con las comunidades autónomas en materia de seguros agrarios.
Descendiendo a medidas más concretas, les expresaré, a continuación, las
actuaciones destinadas a ampliar la cobertura del seguro agrario
intensificando su acción protectora sobre el sector. Estas medidas
consisten en el aumento de la protección que se dispensa a las líneas ya
abiertas, incluyendo nuevos riesgos protegidos y en la inclusión de
nuevas líneas. En 1995 se añadirá a casi todas las líneas de protección
las del riesgo de viento huracanado y se incorporarán nuevas líneas de
seguro que protegerán el kiwi, el aguacate y las piscifactorías de
truchas.
Para los siguientes ejercicios se realizarán con carácter previo los
estudios técnicos de viabilidad necesarios para que el seguro incorpore
con carácter generalizado el riesgo de pedrisco y para que se incluya en
las actividades y producciones protegidas a la estructura de invernaderos
y al ganado caprino.
Esta expansión del ámbito de producciones y riesgos protegidos por el
seguro agrario persigue como objetivo final satisfacer la demanda del
sector, en el sentido de lograr que la práctica totalidad de las
producciones agrarias queden cubiertas y protegidas por el sistema frente
a los riesgos fundamentales a que están sometidas. Con esta finalidad se
iniciarán en 1995 estudios previos necesarios para la viabilidad de esas
nuevas líneas y esos nuevos riesgos. En función del resultado de estos
estudios y de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, se
continuará con este proceso de ampliación de coberturas a nuevas
actividades y nuevos riesgos.
Con estas actuaciones aumentará la cobertura potencial del seguro, pero
para aumentar también su cobertura efectiva los sucesivos planes incluyen
medidas tendentes a la promoción y difusión del seguro agrario, tanto
directamente por la entidad estatal Enesa, como a través de las
actuaciones de las comisiones provinciales de seguros agrarios, de las
organizaciones profesionales agrarias y de las entidades representativas
de cooperativas del sector agrícola y ganadero.
Pero este proceso de expansión del ámbito protegido debe venir acompañado
de una serie de medidas de carácter técnico que consigan la estabilidad
del seguro y corrijan los desequilibrios que he descrito anteriormente.
Entre estas medidas de carácter técnico destaco, en primer lugar, que se
realizarán estudios de las zonas en las que los datos históricos del
seguro nos revelan un alto grado de siniestralidad y en las que
sistemáticamente se viene produciendo un mayor desequilibrio financiero.
Con estos estudios se pretende disminuir los rendimientos asegurados que
están sobrevalorados y, en su caso, determinar posibles zonas a excluir
del seguro o, cuando menos, fijar condiciones técnicas de cultivo más
estrictas para esas zonas.
El objetivo de estas medidas consiste no sólo en contener el gasto, sino
también en asignar mejor los costes, evitándose con ello que una fracción
reducida de asegurados traslade sus costes hacia el conjunto del
colectivo. Hay que tener bien claro que el objetivo del sistema de
seguros es mantener las rentas de la generalidad de los sujetos
protegidos y en ningún caso proporcionar injustificadas rentas
adicionales a una minoría de los mismos.
Este tipo de situaciones anómalas exige una corrección inmediata, sobre
todo si tenemos en cuenta que la obtención de estos ingresos adicionales
puede llegar a comprometer el objetivo de mantenimiento de renta y de
aseguramiento del resto de los integrantes del sistema.
Junto a estas acciones equilibradoras se introducirá un conjunto de
medidas técnicas de aseguramiento que persiguen dotar de mayor eficiencia
al sistema; entre estas medidas menciono el establecimiento de pólizas
plurianuales y de pólizas policultivo, como paso previo estas últimas a
una futura y deseable póliza de explotación. Se procederá, además, a la
implantación de un sistema de selección de asegurados que tenga en cuenta
el criterio «bonus malus» y que aplique recargos o descuentos en las
primas. Se realizará también una determinación de los tipos de medidas
preventivas a aplicar en cada línea, con establecimiento de descuentos en
las primas de riesgo.
En cuanto a la evaluación y tasación definitiva de daños, recordaré que
se trata de una actividad asignada a las entidades aseguradoras privadas
a través del «pool» Agroseguro y que corresponde a la Administración la
función de dictar las normas de peritación que se aplicarán en cada línea
de seguro, mientras que al Consorcio de Compensación de Seguros le
corresponde la función de control de estas peritaciones. Pues bien, la
Administración es consciente de que el perfeccionamiento de estos
mecanismos de evaluación y tasación de daños constituye un factor
clave para la credibilidad del sistema. Por ello, en los próximos tres
años se realizarán las siguientes actuaciones: se dictarán las normas de
peritación pendientes de elaboración y se actualizarán las ya dictadas
para adaptarlas a la realidad del mercado; se revisarán los plazos de
comunicación de daños y los plazos de inspección; se potenciarán los
sistemas de control del Consorcio de Compensación de Seguros, y por
último, se establecerán nuevas líneas, nuevas vías, entre asegurados y
aseguradores, para lograr como objetivo una información más fluida e
inmediata. Se trata de aproximar las dos visiones de un problema tan
complejo como la tasación de daños, estableciendo mecanismos eficaces de
información del asegurado y a la propia administración. Para ello está
prevista la creación de un servicio de atención al asegurado
especializado en materia de peritaciones. Este instrumento ha venido ya
demostrando en otros ámbitos públicos y privados su utilidad para
resolver y, aún más, para evitar conflictos.
Además de estas medidas de ampliación y estabilización de los seguros
agrarios, la revisión del sistema pretende garantizar el tratamiento
preferente de los agricultores a título principal. Con este propósito,
las bases trianuales contemplan un cambio en el sistema ya introducido en
el plan anual de 1995 y que en síntesis es el siguiente: se concederá una
subvención base para todos los asegurados; se concederán, además de esta
subvención base, subvenciones adicionales para pólizas contratadas
colectivamente, sin que esta subvención adicional pueda suponer más de
cinco puntos porcentuales sobre el coste total de la póliza; se
concederán, además, otras subvenciones adicionales que tampoco podrán
superar los cinco puntos a las que tendrán derecho las pólizas
contratadas en zonas de calidad específica, las contratadas en zonas de
menor riesgo y en zonas en las que las primas establecidas sean
superiores a la media, pero en las que no se den desequilibrios
financieros. Además --y esto es muy importante-- se concederá también una
subvención adicional, que puede llegar a quince puntos porcentuales
cuando las pólizas se contraten por agricultores o ganaderos a título
principal.
A efectos del seguro, esta categoría de agricultor a título principal se
define por el cumplimiento de los criterios de afiliación al régimen
especial agrario de la Seguridad Social o al de autónomos por actividad
agraria y que más del 50 por ciento de la base imponible de su impuesto
sobre la renta de las personas físicas proceda de la actividad agraria.
Estos requisitos son de aplicación cuando el asegurado es una persona
física. Cuando se trata de una persona jurídica, el acceso a esta
subvención exige que más de la mitad de los socios estén afiliados y al
corriente de pago en alguno de los dos regímenes de la Seguridad Social
que he mencionado. Cuando esta persona jurídica sea una sociedad, se
incluyen, además, los requisitos adicionales de que las participaciones o
las opciones de sus socios sean nominativas y de que los estatutos de la
sociedad que se asegura establezcan como objetivo exclusivo de la misma
el ejercicio de la actividad agraria.
Con esta subvención adicional se intensifica para los agricultores a
título principal el ya elevado nivel de protección que dispensa el
sistema con carácter general. Precisamente a fin de mantener ese elevado
nivel de protección de forma permanente, adecuándose para ello a la
normativa europea, las reformas incluyen, como antes he adelantado, un
mecanismo de adaptación que, de no introducirse, convertiría a nuestro
sistema de seguros agrarios en una ayuda transitoria, condenada a su
desaparición.
Para evitar esta indeseable restricción, se fijan umbrales mínimos de
daños del 30 por ciento, en que por lo menos un riesgo, que por lo
general es el viento, determina el umbral a partir del cual nace el
derecho a la indemnización. Repito: un daño de un 30 por ciento, como
mínimo, para desencadenar el derecho a la indemnización.
Con esta modificación, nuestro sistema mantiene su carácter de ayuda
nacional compatible y puede incluir subvenciones estatales de hasta el 50
por ciento del coste de la póliza.
Por este límite estará afectado a partir de 1995 un conjunto de líneas
que incluyen los frutales, las uvas, los cítricos, los integrales y el
vacuno y que sumarán un coste de aseguramiento el próximo año de 29.860
millones de pesetas, lo cual representa el 82 por ciento del coste total
del seguro previsto.
Otra línea de actuaciones que debe contemplar el futuro de los seguros
agrarios es la creación de nuevos mecanismos de coordinación y
cooperación con las comunidades autónomas y el reforzamiento de los que
ya existen en este momento. Este tipo de actuaciones son absolutamente
necesarias. En primer lugar, porque con ellas se garantiza el
cumplimiento de la normativa europea en la materia y, en segundo término,
porque con estas fórmulas de coordinación alcanzaremos una mayor
operatividad del sistema, conseguida a través de una cierta unidad de
actuaciones, aunque siempre respetando los particulares criterios,
procedimientos y niveles de ayuda que cada comunidad determine. Está
previsto para ello el desarrollo y mejora de los seis convenios ya
existentes y su extensión al resto de las comunidades autónomas.
Estas son, a grandes rasgos, las actuaciones que en materia de seguros
agrarios se realizarán en los próximos años y que exigirán la
correspondiente disponibilidad de recursos financieros. En este aspecto,
el proyecto de ley de presupuestos que el Ministerio de Agricultura ha
elaborado para el próximo año 1995 incluye unas dotaciones destinadas a
subvencionar los seguros agrarios, que ascienden a 16.066 millones de
pesetas, cifra que supone 1.603 millones más que las dotaciones del
actual ejercicio. Además, la asignación presupuestaria destinada a ser
transferida por el Ministerio al Consorcio de Compensación de Seguros
asciende en 1995 a 1.803 millones de pesetas, es decir, 826 millones más
que la cifra de este año 1994. En 1995, la suma destinada a subvencionar
el conjunto de los seguros agrarios llega a 17.869 millones, con un
crecimiento absoluto de 2.429 millones y un crecimiento relativo sobre el
ejercicio actual de un 15,7 por ciento.
En una época de restricción de gasto como la que vivimos, la realización
de este esfuerzo presupuestario es prueba inequívoca de la importancia
que el Ministerio de Agricultura concede a la política de los seguros
agrarios y
una garantía de su futuro. Ello es así porque somos conscientes, tal como
les he expresado a lo largo de mi intervención, de la gran utilidad
social y económica de este instrumento que ha logrado ya implantarse en
el mundo agrario, muy especialmente en las explotaciones que se gestionan
con criterios más racionales. En ellas los seguros agrarios se han
convertido en un elemento clave de los procesos de producción, y hay que
celebrar esta implantación que se ha conseguido superando la dificultad
objetiva que suponía insertar en el mundo de la explotación agraria un
instrumento de una complejidad técnica como el seguro.
Debemos tener en cuenta que el proceso de aseguramiento agrario tiene
como eje una institución juridicoeconómica complicada, la institución del
seguro, y que a ella se superpone, además, un abanico de subvenciones
generalizadas, pero de distinta cuantía y cuyo nivel está marcado por las
directrices de la política agraria del Gobierno.
La complejidad del propio instrumento se proyecta también sobre el
proceso de reforma ya emprendida, que incluye medidas técnicas, cambios
en los criterios de protección y mejoras en la gestión de un sistema
organizado también de una forma necesariamente compleja.
Todas estas medidas son importantes, pero, si tuviera que resaltar la
trascendencia de alguna, subrayaría las que pueden considerarse como de
estricta política agraria, y particularmente las encaminadas a conseguir
que las acciones protectoras del seguro agrario se ejerzan especialmente
sobre los agricultores a título principal. Esta política pretende, ante
todo, hacer posible la permanencia de esta categoría de agricultores en
la actividad productiva, reduciendo la incertidumbre que para ello
suponen las adversidades climatológicas. No debe confundirse con otras
políticas, aunque éstas tengan también indiscutible validez y que están
orientadas al aumento de rentas en zonas y producciones desfavorecidas.
La distinción es importante, porque confundir políticas y destinatarios
podría afectar irreversiblemente al delicado mecanismo de los seguros
agrarios y podría privar con ello al sector de un instrumento protector
de primera necesidad.
Quiero terminar trasladando, una vez más, a la Comisión que introducir
criterios de racionalidad y de eficiencia económica en nuestro sistema de
seguros agrarios no constituye nunca un fin en sí mismo, sino que es una
opción instrumental al servicio de la política agraria y social del
Gobierno. La revisión emprendida no sólo está justificada, sino que es
imprescindible para que el sistema continúe ejerciendo en los próximos
años la función de protección que actualmente cumple. Este proceso de
reforma mantendrá los principios básicos de los seguros agrarios, que
seguirán siendo la máxima difusión del aseguramiento, la ampliación
paulatina de la cobertura del seguro y la prestación de ayuda económica
importante por el Estado. Así, pues, la reforma está dirigida, tanto a
profundizar en los objetivos básicos del sistema como a actualizarlo,
para garantizar su continuidad e incluso para aumentar su eficacia en la
defensa de las rentas de nuestros agricultores y ganaderos.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra el señor Gallarre.
El señor GALLARRE BERMEJO: Señor Presidente, señoras y señores Diputados,
ya que ha hablado de celebrar, efectivamente, vamos a celebrar, una vez
más, la comparecencia del Presidente de Enesa. Esto demuestra la
importancia que todos los años tiene el seguro agrícola en el Estado
español. Creo que nadie le piensa discutir, y muchísimo menos este
Diputado, las ventajas que la creación del seguro integral y específico
ha supuesto para la economía de nuestros pueblos y nuestras gentes,
después de los avatares que una política llena de incertidumbres ha
dejado a nuestro llamado mundo rural en la más absoluta indefensión. Esto
lo digo en base a conocer la vida de los pueblos en un sentido amplio.
Ha pasado una época en que toda alabanza me parece pequeña. En los diez
años que llevamos con las líneas de seguros hemos alcanzado cuotas de
penetración muy importantes, y esto no ha pasado desapercibido para el
sector. Pero la situación ha llegado a un extremo en que se pueden echar
por tierra diez años de bonanza e ilusión conseguidos con la iniciativa
de la Sociedad Estatal de Seguros.
Estamos en el otoño que marca el inicio de un nuevo ciclo agrario con las
labores de siembra, abonado, etcétera. De forma simultánea, deberíamos
decidir si se suscribe la correspondiente póliza, y me refiero al seguro
integral. Esto no debería de ser meditado, sino convertirse en una acción
inmediata similar a la aplicación de fertilizantes y herbicidas. No hay
mejor remedio que la prevención. El seguro aportaba seguridad de cubrir
unos riesgos que resultaban menos costosos a través de los integrales.
Quiero reconocer que estos años han sido, por desgracia, catastróficos,
con una escasez alarmante de precipitaciones en momentos decisivos de la
vegetación de cereales, y han reflejado unos campos auténticamente
desoladores. Las acciones emprendidas para paliar sus efectos y permitir
la continuidad de las explotaciones en ningún momento deben ser
comparadas con el seguro, fundamentada en la acción corresponsable
asegurado y administraciones públicas.
El Ministerio de Agricultura subvenciona el coste de los seguros. Las
comunidades autónomas gastan millones en complementarlos y el consorcio
cubre en su mayor parte la diferencia entre las primas y las
indemnizaciones pagadas. Por ello, señor Presidente, se debe hacer todo
lo posible para que se mantenga el equilibrio, pero está ocurriendo a la
inversa; el seguro agrario ha sido uno de los principales logros de la
política socialista, pero ha entrado en crisis. El déficit
presupuestario, junto con el agujero financiero de años pasados, han
dejado a la entidad estatal en una posición comprometida para mantener el
continuismo tradicional del seguro agrario concebido como compensación de
rentas ante las inclemencias climatológicas que afectan a los cultivos.
Esta filosofía de rentas debe y tiene que ser el objetivo prioritario, ya
que las percibe el sector y son la mitad de los otros activos de la
economía española.
Se nos prometió la remisión del estudio sobre frutos secos. Sabemos que
se ha terminado, pero todavía no se nos
ha remitido a esta Comisión de Agricultura. Por lo tanto, no somos
optimistas al analizar el presente y futuro de los seguros agrarios.
Voy a analizar, en primer lugar, el seguro integral de cereales. Esta
línea de seguro por sí sola supone el 50 por ciento de las primas netas
consideradas como experimentales y el 25 por ciento del total de las
líneas del seguro agrario, con unas primas de riesgo recargadas que
suponen 4.500 millones de pesetas. En los diez años de vigencia se
asegura, a través de esta línea, una superficie que ha oscilado entre
1.200.000 y 2.100.000 hectáreas, lo que se sitúa en torno al 25 y 30 por
ciento de la superficie asegurable.
La implantación --tiene que quedar claro-- varía de unas comarcas a
otras. Al subvencionar parte del coste de la prima del seguro, ENESA
destina en los últimos años unos 4.000 millones de pesetas y el Consorcio
de Compensación una media de 8.000 millones/año. Es decir, con 12.000
millones la Administración da respuesta a la situación catastrófica que
se produce en nuestro país y cumple simultáneamente con la filosofía que
impregna la política del seguro agrario desde sus orígenes y que se
refleja en la publicación de la entidad que usted, Presidente,
precisamente dirige: ser un eficaz instrumento de la política agraria y
en este mismo documento se resalta la importancia social, como se ha
dicho, y política que puede desempeñar el seguro agrario, por las
siguientes razones.
Textualmente dice: «Eliminar la incertidumbre en la agricultura creando
un beneficioso efecto psicológico en el agricultor que pasa de la
situación de dependencia, de las ayudas y subsidios, que le puede
conceder el Estado en años catastróficos a otra en la que es protagonista
independiente para adoptar decisiones económicas propias.» Muy buena
filosofía. «Mantener un nivel de rentas que permita la continuidad de las
explotaciones posibilitando la fijación de población al territorio
rural.» Mejor todavía. «Cuantificar, Òa prioriÓ, las partidas
presupuestarias que en concepto de subvenciones a primas y exceso de
discrecionalidad son necesarias para su funcionamiento, aplicado, además,
a los agricultores a través de la parte de prima en la prevención de sus
riesgos.»
Pues bien, parece que en los maravillosos principios se quedan en el
papel porque la línea que ahora están iniciando marca un rumbo totalmente
contrario a sus fines u objetivos.
Si me detengo en el seguro integral del año 1994, actualmente en fase de
contratación, usted tuvo que corregir su propuesta de adaptar los
rendimientos máximos asegurables a los planes recogidos en el plan de
regionalización productiva. Está claro, si se conoce cómo se tuvo que
elaborar dicho plan de regionalización, que es un reflejo de la realidad
productiva de España. Finalmente adoptó una solución que tampoco es
satisfactoria, que fue la de actuar en 21 comarcas con mayor
siniestralidad acumulada entre el período 1983 a 1991. Entre estas 21
comarcas se encuentran: 6 en Zaragoza, 4 en Valladolid, 2 en Navarra,
Huesca, Segovia y una en Zamora, Teruel y Toledo. He analizado la
evolución de primas comerciales en estas comarcas desde el año 1986,
primer año en el que las primas se establecen a nivel de comarca, y
resulta este tipo de circunstancias: primero, estas primas se han
incrementado en este período en porcentajes que oscilan entre el 300 y
550 por ciento. De forma reiterada, las primas continuamente se han
modificado, creciendo más o menos bruscamente. Por ejemplo, en la comarca
sur y sureste de Valladolid las primas se ha modificado absolutamente
todos los años.
Desde luego, éstas no son las condiciones óptimas para estabilizar y
consolidar el seguro integral. No son buenos estos sobresaltos y por ello
esta línea en estos momentos es seriamente cuestionada por los propios
agricultores.
Debo mencionar también, porque así se ha producido, que, en función de la
siniestralidad, los agricultores están recibiendo comunicaciones por las
que se reduce el rendimiento máximo para asegurar un 15 o un 25 por
ciento. Nos gustaría conocer en esta Comisión, señor Subsecretario,
cuántos agricultores están afectados por estas reducciones en cada una de
las provincias de este país, porque mucho me temo que no se han valorado
las repercusiones de estas reducciones sobre la contratación del seguro.
Desde luego, el objetivo del seguro como eficaz instrumento de política
se diluye totalmente con este esquema. Sin duda están a punto de provocar
la desaparición del seguro integral. Son tan incoherentes que recortan
las prestaciones de este seguro y de forma simultánea establecen una
serie de ayudas contempladas motivadas por la sequía en cereales, riesgo
cubierto precisamente por el seguro integral, y usted lo sabe
perfectamente. ¡Inaudito! y fue en vísperas de las elecciones andaluzas.
Sin embargo, no acaba aquí el desaguisado. Ustedes se están preparando
para el seguro integral, y enlazo ahora con el plan anual de seguros para
el año 1995 que están a punto de aprobar. A partir de 1995 proponen un
nuevo esquema basado en el ajuste de subvenciones máximas a la
legislación comunitaria. Lo ha dicho usted hace un momento, pero usted
personalmente ha reconocido en reuniones que ésta es simplemente una
excusa para modificar la línea directriz de los seguros agrarios y
reducir el gasto de la Administración en las subvenciones.
En el documento informativo elaborado por el Comité Económico y Social
con su colaboración, se reconoce que los seguros agrarios constituyen un
eficaz instrumento de política agraria. Sin ningún requerimiento por
parte de la Unión Europea, han encontrado una puerta grande para imponer
un nuevo esquema para regular las subvenciones al pago de primas que debe
aportar la Administración, lo que va a tener un impacto sobre este
sistema de dramáticas consecuencias, porque supone que el costo del
seguro al agricultor se va a incrementar hasta un 74 por ciento en el
ganado vacuno, un 58 por ciento en el integral de cereales, un 34 en los
frutales y un 30 en las hortalizas. Usted sabe perfectamente que esto no
está justificado más que por el hecho de reducir la aportación del
Ministerio de Agricultura a subvencionar el coste del seguro.
¿Ha evaluado seriamente ENESA las consecuencias de este nuevo esquema de
subvenciones? ¿Cuántos agricultores, de los que en el último plan
suscribieron la línea, lo son a título principal? ¿Cómo va a incidir cada
línea de seguro?
No nos oponemos a que se diferencie la subvención concedida a los
agricultores a título principal respecto al resto de los asegurados, pero
con su propuesta el plan anual de seguros agrarios reduce en ciertos
casos la subvención a agricultores a título principal.
Por otra parte, el nuevo sistema puede reducir de forma muy importante el
número de asegurados y con ello echar por tierra el trabajo de hace
muchos años. Concretamente, aquí hay un dato y es que en el año 1992 se
aseguraron 66.664 pólizas y en el año 1993, 62.758.
Efectivamente, existen 42 líneas de seguro, pero en muchas de ellas la
relación superficie asegurada a superficie cultivada no llega al 10 por
ciento, y así tenemos un 8 por ciento en leguminosas/grano, un 2 en
aceituna, un 6 en el girasol y un 3 en el vacuno, reproductores, y un 2
en el de recría.
Lo que sí me cuesta creer es que en el seguro integral, con unas
condiciones de seguro seriamente endurecidas y poco incentivadoras, se
pueda pasar de un nivel de aseguramiento de un 30 hasta un 45, y eso sabe
usted perfectamente que no va a ser posible.
También se ha analizado la evolución de las subvenciones a las distintas
líneas del seguro e igualmente se constata la reducción continua, dentro
de esta línea, del apoyo que el Ministerio está siguiendo en los últimos
años. Concretamente, usted que ha dado tantas cifras, aquí tengo otras.
Por ejemplo, en el año 1992, el presupuesto del Estado fue de 577.338
millones y la subvención de Enesa 11.600 millones, es decir, un 2 por
ciento del presupuestado agrario. En el año 1993, el presupuesto fue de
765.634 y la subvención de Enesa 14.926 millones, un 1,8 por ciento del
presupuesto. En 1994 fueron 932.554, con 14.000 millones y un 1,5 por
ciento, y en el año 1995 un billón 114.174 millones, con 16.000 millones
de Enesa, que representa un 1,4 por ciento. Luego en este tema las cifras
que usted está dando salen al revés, porque disminuyen según el
presupuesto.
Señor Subsecretario, es conocida la frase de que los experimentos se
deben hacer con gaseosa o con champán. Lo que ahora pretenden desarrollar
puede suponer --y le aseguro que desearía equivocarme-- el fin definitivo
del seguro integral. Por ello, porque estoy seguro de que no es lo que
usted desea, el Ministerio debe corregir sus propuestas de cambio y dotar
al seguro agrario de una estabilidad de la que ahora carece, con cambios
continuos cada año: cuando no se suben las primas, bajan los
rendimientos, recortan bruscamente las subvenciones o se modifican las
coberturas.
También debe buscar el incremento de la contratación y, por último, debe
resolver los desequilibrios presupuestarios por otras vías que no incidan
sobre el sector productor. Porque con el esquema que ahora proponen en el
plan de 1995, con 15.000 millones de pesetas destinados a subvenciones,
incluso puede sobrarles algún dinero.
Y si todavía existen problemas de desequilibrios financieros, resuélvalos
por otras vías que no interfieran sobre los asegurados. Rectifique ahora
que está a tiempo, porque el agricultor pierde la confianza y el daño
puede ser irreversible. Existe un proverbio que dice: si quieres saber
cómo es alguien, no oigas lo que dice; observa lo que hace.
Usted nos habla de cifras macroeconómicas, pero la partida presupuestaria
del Ministerio de Agricultura, como he dicho, ha descendido bastante. Por
eso toda reforma debe basarse en igualar a los hombres entre sí. Aquellos
principios de justicia distributiva, dar más a quien más lo necesita,
creo, señor Subsecretario, que brillan por su ausencia.
Para conseguir el ideal igualitario --y ahora nos metemos en cierta
filosofía socialista--, existen dos caminos: o la revolución o la
reforma. El primero creo que supone desprecio del derecho; el segundo
debe ser el reformismo permanente. Para nosotros, y particularmente para
este Diputado, el único aceptable, a pesar de que el Ministerio de
Economía limite los presupuestos, la reforma de la vida rural, es algo
que el pueblo español valora, porque poner en marcha una sociedad activa
exige compromiso a largo plazo --no piense usted que hacer las cosas de
la noche a la mañana puede cambiar todo--, y en diez años que ya llevamos
es un camino bastante andado. (El señor Vicepresidente Hernández-Sito
García-Blanco ocupa la Presidencia.) Los pueblos crean estructuras con
las que tendrán que funcionar mañana.
Actualmente se cobran unas primas abusivas, la cobertura prácticamente es
nula en las comarcas antes citadas.
Yo le voy a explicar, por ejemplo...
El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Señor Gayarre, no
explique mucho porque lleva más de quince minutos.
El señor GAYARRE BERMEJO: Ya termino, señor Presidente.
Prácticamente, en mi zona, con un seguro de 1.100 kilos la hectárea, con
una rebaja del 25 por ciento, si nos quedan 750 kilos a 19 ó 20 pesetas,
y así en las 21 comarcas, ¿cómo pueden tener todavía la santa cara de
decir que es una ayuda a las rentas? ¿Cómo pueden decir que esas rentas
son activadas en la cosecha que se coge si sabe perfectamente usted que
los gastos de producción suman estas cantidades? Es una pena --y esto lo
saben ustedes-- que un seguro que tanto dignificó --y lo repito-- al
Grupo Socialista les lleve ahora a perder el mundo rural, los pueblos que
tanto habían creído en la política de rentas prometida por el Partido
Socialista. Señor Subsecretario, repito, téngalo en consideración.
Y si hablamos de peritación, los criterios no son justos, rozan la
parcialidad. Las transacciones amistosas son casi imposibles. La rapidez
y la justicia en las valoraciones tienen mucha trascendencia. La economía
agraria requiere reposiciones de dinero, agua, seguros, contribuciones,
colegios, y digo colegios porque nuestros hijos también empiezan a ir a
los colegios, pero con esto del seguro integral que ustedes van a quitar,
dígale a cualquier vecino de mi tierra de la Ribera de Navarra si
efectivamente puede mantener y llevar los hijos a los colegios.
Usted, señor Subsecretario, conoce la letra pequeña de los seguros,
estudiada perfectamente por la Administración,
pero desconocida por los agricultores y ganaderos, que no queda otro
remedio que firmar o, si no, abandonar. ¿Cuántas veces han hecho labores
preparatorias, abonados perfectos y, según la contextura de la tierra,
nacen o no, en zonas concretas de cada parcela? ¡Como si yo tuviera que
retirar la tierra arcillosa o hacer llover donde hay que elegir las
muestras del seguro! Eso también lo debe saber usted perfectamente.
Señor Presidente, señores Diputados, me atrevo a decir que ésta no es una
incongruencia. En la sequía interviene o no el seguro integral. Llevamos
seis años de sequía. ¿Qué dice a esto la teoría competitiva? Competimos
con la verde Francia, Inglaterra o Alemania. Usted sabe que no invento
nada, no trato de criticar lo que tenemos, sino de exponer lo que
conozco. Si hay diagnóstico, se podrá solucionar. Sabe usted también que
el cereal suele nacer y cuando tiene tres hojas, se seca. ¿Quiere usted
mayor problema que ése? Ustedes vienen y dicen que no ha nacido, y eso no
entra en el seguro.
Tampoco se tiene en cuenta que si en años buenos la producción se
duplica, en años malos lo que se recolecta no vale, no tiene el peso
específico, y hay que venderlo al 20 por ciento más barato a compradores
que se aprovechan precisamente de los que menos posibilidades tienen.
Estas pérdidas se producen por la sequía o no. ¿Quién pierde en este
caso, Enesa, Agroseguros o el agricultor? Esto no lo contemplan y nadie
habla de daños paralelos.
El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Señor Gayarre, le
veo con un paquete...
El señor GAYARRE BERMEJO: Un minuto.
El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): ... no va a ir
usted leyéndonos todo.
El señor GAYARRE BERMEJO: Un minuto.
Nadie habla de daños paralelos que van unidos a las tormentas, carbón en
el maíz, asurado, las podredumbres por las lluvias, que en mi tierra, en
la Ribera, llegan a grandes cantidades en el tomate y en la fruta. ¿Qué
ocurre con la helada de viña y con la peritación previa que se ha hecho
este año en Castilla y León y en Castilla-La Mancha? ¿Qué piensa, que se
puede ir a una peritación previa, provisional, y que digan después que ha
sido cosa de la sequía? Hace falta tener mucha cara, porque luego la
sequía, como no entra en el seguro integral... Eso es lo que están
haciendo, aconsejando a los peritos que busquen esas fórmulas, y los
agricultores tienen que estar presionándolos para que Enesa tenga que
pagar. En estas circunstancias, lo que ha hecho usted es ir a favor de
las compañías aseguradoras, no a favor del agricultor, cuando el
Ministerio de Agricultura tenía que estar a favor del agricultor. Que se
defiendan las compañías aseguradoras, no usted.
En las actas abundan las deducciones, porque existen productos para
cicatrizar que suelen salvar un tanto por ciento de la fruta, pero son
gastos adicionales que deberían correr a cargo del seguro. Eso tampoco lo
tienen en cuenta. No digamos de peritajes. Se pierde el tiempo,
lamentablemente, detrás de ellos. Los peritos cobran por la tasación que
realizan. Los agricultores están perdiendo el tiempo tras ellos, y en las
pólizas no se ponen más que los derechos del asegurador y las
obligaciones del asegurado, pero no los derechos del agricultor ni las
obligaciones de quien te asegura. Esto lleva a grandes discusiones,
incertidumbres, aumentando los descubiertos, embargos de Hacienda,
créditos que firmaron cuando valía el cereal y ahora no vale lo mismo, y
el sol se encarga de todo lo demás. Yo, señor Presidente, ya sé que es un
poco rollo, si queréis decirlo, pero estoy basándome en realidades de
hechos concretos, conocidos por todos ustedes...
El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Señor Gayarre,
vaya usted cortando el rollo.
El señor GAYARRE BERMEJO: ... y precisamente por la Comisión de
Agricultura.
Le pido una mejor gestión interna --acabo en medio minuto-- de la propia
entidad, más sensibilidad ante la crisis del sector, participando con los
agricultores, valoración justa de los daños, teniendo en cuenta el jornal
de los que vamos detrás, de los peritos, eliminar estos hechos para
Agroseguros, aumentar la eficacia pericial y de sus ayudantes: formación
continua de administrativos, sobre todo colaboración con quien desea que
Enesa triunfe, que somos los agricultores y ganaderos españoles. (Varios
señores Diputados: ¡Muy bien!)
El señor VICEPRESIDENTE (Hernández-Sito García-Blanco): Tiene la palabra
el señor Vidal.
El señor VIDAL I SARDO: Señor Presidente, señor Subsecretario de
Agricultura, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió), le
agradecemos su comparecencia en esta Comisión, hoy en calidad de
Presidente de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios. La verdad es que
nuestro Grupo no había pedido su comparecencia, pero la celebramos, como
todos los demás, porque la creíamos necesaria, sobre todo después de los
anuncios que se habían publicado en la prensa sobre acuerdos adoptados
últimamente.
El balance que usted ha hecho sobre estos catorce años --1980/1993--, en
el que ha reflejado un crecimiento constante tanto en el capital
asegurado como en los costes del seguro y, por tanto, en las
subvenciones, nos parece correcto, puesto que manifiesta una tónica
progresiva. Sin embargo, tenemos la duda de si en los últimos años no se
ha producido un descenso en el número de contrataciones, especialmente
referidas al año 1993, en el que nuestro Grupo ha tenido conocimiento de
que ha habido un descenso del 5 por ciento en dicho número de
contrataciones. Si esto fuera así, andaría parejo el descenso de las
rentas de los agricultores en muchas producciones, lo cual sería
indicador de que muchos agricultores se hallan en dificultades con la
financiación del seguro y, por tanto, que preferirían correr el riesgo de
no asegurarse, lo que trasluciría una cierta desconfianza en el seguro.
Respecto al seguro combinado, en lo que va del presente ejercicio de
1994, las indemnizaciones ya abonadas,
según parece, alcanzan un 4,8 por ciento más que las de todo el año 1993.
Si este incremento de siniestros y de indemnizaciones no fuera parejo al
incremento de las suscripciones de pólizas, sería cuando nos acercaríamos
a la quiebra del sistema y al incumplimiento de lo que es el propósito o
finalidad principal del seguro agrario, cual es el mantenimiento de las
rentas.
Parece ser también --creo que usted lo ha dicho-- que las líneas viables
registran un saldo positivo, un superávit que recoge especialmente la uva
de vinificación en un 80 por ciento. Pero, en cambio, las otras líneas de
seguro, especialmente en el seguro integral de cereales, con un déficit
de 16.700 millones de pesetas, y el de frutales, con 3.500 millones de
pesetas, nos muestran unas cifras realmente preocupantes que nos obligan
a preguntarle cuál sería la corrección para evitar la posible quiebra del
sector que usted ha anunciado. Usted lo ha dicho con menos énfasis: ha
dicho hipotecar el sector. Por ello yo le pediría que nos diga, si son
éstas la líneas más deficitarias, cuáles serían las actuaciones para
evitarlo.
Estamos seguros de que en su conjunto ha mejorado la gestión acortando el
plazo de los pagos, por lo cual nuestro Grupo seguiría apoyando la
inmediatez en el pago del siniestro, así como apoyamos, como lo hacemos
en general al Ministerio, que se progrese en la efectividad y prontitud
de la gestión, lo que supongo que se apoya en buena parte también en la
gestión realizada desde las propias comunidades autónomas.
A nuestro Grupo le preocupa tanto como lo acontecido hasta ahora en
seguros agrarios, el que se anuncia como nuevo plan trienal aplicable a
partir del próximo ejercicio de 1996 y cuya principal finalidad nos ha
anunciado que sería la de adaptarse a las exigencias de la propia de la
Unión Europea para que en el plazo de 10 años no desapareciera la
posibilidad de la subvención a los seguros agrarios. Nos preocupa también
que esta exigencia de adaptación a la Unión Europea nos lleve hacia una
máxima subvención del 50 por ciento de la prima, que significaría en todo
caso una fuerte reducción de las subvenciones a algunas líneas de seguros
y a algunos colectivos. Este tope máximo de subvención sólo lo podrían
alcanzar, según lo que nosotros hemos entendido, los agricultores a
título principal, dejando a los demás agricultores en la situación de
lograr un máximo de alrededor del 30 por ciento de la subvención. Si
fuera así, le pido, señor Subsecretario, que nos lo aclare.
Otro punto discutible sería el de la suficiencia o no de estos 16.000
millones de pesetas que se dedicarían, en 1995, a subvencionar las nuevas
líneas que usted nos ha anunciado que van a aplicar a partir de este año.
Nos preocupa sobre todo porque hay una constante que se ha repetido en
los últimos años como es la sequía, que afecta a tantos sectores,
principalmente a los que entran en este seguro. ¿Cuál sería, señor
Castro, la salida que ofrece Enesa a otros tipos de siniestros, que
también han proliferado en los últimos años, como son los forestales e
inundaciones? ¿Qué participación podría haber en estos siniestros que
últimamente han arrasado campos, granjas y han destruido ganado y medios
de producción?
Sobre la modalidad de subvención base que usted nos ha dicho para todos
los asegurados en general, que se vería complementada con otras
subvenciones en unos puntos adicionales para la contratación colectiva,
para zonas de menor riesgo, para pólizas combinadas, etcétera, nos
interesaría conocer si su acumulación no podría superar este 50 por
ciento que se exige desde la Unión Europea en la subvención total,
incluidos los 15 puntos que van dirigidos sólo a los agricultores a
título principal.
Ha manifestado usted aquí como una de las grandes finalidades
prioritarias del seguro, la de mantener las rentas más modestas. Algunas
veces no coinciden , señor Subsecretario, las rentas más modestas con la
denominación a título principal de los agricultores, y precisamente a
estos agricultores más modestos, que tienen que buscar otras salidas u
otros lugares de trabajo para continuar sus explotaciones, habría que
buscarles una salida, por descontado. Esto no impide que nuestro Grupo
esté plenamente conforme con que sean los agricultores a título principal
los sujetos de las principales ayudas en seguros y en no seguros, para
garantizar la agricultura competitiva a la que debe aspirar nuestro país.
En cuanto a la determinación de rendimientos máximos por zonas para
establecer indemnizaciones no hemos acabado de captar la modificación del
nuevo plan sobre el anterior. Se habla también de selección de los
asegurados. ¿Qué significa esto, o es que, de alguna forma, se puede
rechazar a alguna persona que solicite alguno de los seguros? Le rogaría
que nos lo aclarara, señor Subsecretario.
Como objetivo final de este nuevo plan trienal de los seguros, se habla
de cubrir todos los riesgos de todos los cultivos. Aquí sí que querríamos
saber en qué cadencias se van a aplicar los riesgos de los frutos secos
durante estos tres años, porque supongo que se incluirán los frutos secos
en este aseguramiento total de todos los productos.
Sobre la implantación de nuevas líneas de seguros, como esta que se nos
anuncia, inmediata, sobre el viento en general a todos los productos,
¿hay alguna condición restrictiva, como la de que se pierda el producto
para poder tener derecho al 30 por ciento del seguro? Nosotros le
rogaríamos que nos dijera si es que además de ésta hay alguna otra
condición restrictiva en el seguro de viento. Si no es así, tendríamos
que aceptarla como primera introducción y, luego, veríamos si en años
sucesivos este 30 por ciento podría descender. En los últimos ejercicios
algunas comunidades autónomas, como ha dicho, han practicado algunos
seguros complementarios a los que se dan desde el conjunto de Enesa.
También sería de interés ver si en esta coordinación que usted nos ha
anunciado con las comunidades autónomas, en esta unidad de actuación --me
parece que es la expresión que usted ha utilizado-- será siempre con los
topes máximos a los que nos obliga la Unión Europea o no. Le agradecería
alguna respuesta a las dudas que le he transmitido. En todo caso, le
agradecemos su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: (Hernández-Sito García-Blanco): Tiene la palabra el
portavoz del Grupo Socialista, señor Velasco.
El señor VELASCO RODRIGUEZ: Señorías, en primer lugar, el Grupo
Parlamentario Socialista quiere dar la bienvenida al Subsecretario por su
comparecencia como Presidente de Enesa.
La información que ha proporcionado a la Comisión es extensa, que deberá
ser objeto de estudio a través del acta de la propia Comisión, por cuanto
aparecen elementos importantes para el objetivo básico del seguro después
de estos 14 años de andadura, que es su consolidación. Creo que estamos
en un momento en el cual, efectivamente, por todos los grupos de la
Cámara se reconoce el acierto en la gestión de los seguros agrarios por
parte del Gobierno Socialista. Lo que nos preocupa a todos, de una manera
especial al Grupo Socialista, es buscar los mecanismos necesarios para
que se consolide el seguro agrario en general.
De una manera breve, dado que algún interviniente anterior se ha
extendido suficientemente que después tendremos la oportunidad de oír la
contestación del propio Subsecretario, voy a centrarme exclusivamente en
resaltar algunos aspectos básicos que se recogen en esta intervención.
En primer lugar, el Grupo Socialista se ratifica una vez más como Grupo
en que los seguros agrarios han sido y están siendo un elemento básico
para la consolidación de las rentas de los agricultores. Por tanto, este
Grupo se mantiene satisfecho por el desarrollo que han tenido los seguros
agrarios, si bien la ampliación que ha supuesto en estos últimos años la
apertura de nuevas líneas y la climatología adversa que hemos tenido nos
llevan a una profunda reflexión para, precisamente, mantener esta
consolidación. Apoyamos y valoramos muy positivamente el incremento
sustancial este año en la participación estatal que se recoge en los
presupuestos del año 1995. Creemos que aquí se reflejan dos cuestiones.
Por un lado, se intenta resolver el problema de estos años anteriores por
el bache que se ha producido, pero, además, se incrementa la
participación del Estado con respecto a los seguros agrarios,
limitándonos, lógicamente, a la propia normativa que nos marca la Unión
Europea.
Me ha parecido, sobre todo en la intervención de algún grupo político,
que lo que hasta ahora se ha venido considerando un aspecto favorable,
destacado por todos los grupos, se ha truncado un poquitín en esta
comparecencia. Yo creo que tenemos la obligación en esta Comisión y este
Parlamento de analizar seriamente cuáles pueden ser los peligros de
consolidación y actuar sobre ellos, es decir, no presentar exclusivamente
un cuadro de lloros y lamentaciones, sino aportar aquellas iniciativas
que garanticen el objetivo fundamental, que son las rentas de los
agricultores, el propio equilibrio financiero, poniendo sobre la mesa
cuáles son las propuestas concretas para que esta supervivencia se
garantice. Por ese camino hasta ahora nos hemos estado entendiendo todos
los grupos y, como es objetivo de todos, por lo que se está manifestando,
yo creo que podemos llegar a acuerdos a lo largo del año. Sería bueno que
esta Comisión analizase en profundidad algunas cuestiones e hiciera
algunas propuestas concretas que ayudasen a resolver este tema. Yo creo
que deberíamos introducir esa tónica e ir viendo los pasos que debemos
seguir.
Consideramos fundamental también la separación que se hace en cuanto a
las subvenciones, dando un mayor número de ayudas a los agricultores a
título principal. Creemos que es un elemento esencial dentro de las
modificaciones que se plantean y que nosotros valoramos muy
positivamente, y debe ir en consonancia con otra serie de medidas que ya
se están adoptando y las que se están estudiando en este momento en esta
Cámara.
El paso que se da en cuanto a las nuevas líneas es una aspiración que
también se ha manifestado en otras ocasiones por distintos grupos. Queda,
yo creo, un tema pendiente de resolver que ha planteado el portavoz del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), que es el tema de los frutos secos,
sector que tiene una complejidad importante, donde hay que intentar
buscar las vías de posible solución, puesto que creo que es uno de los
cultivos que más problemas puede presentar. Por tanto, cuando entremos en
él hay que abordarlo con suficiente garantía para que no se produzca
ningún desequilibrio más, sino que podamos consolidar los cultivos que
tenemos sin someter a más riesgo las propias líneas de seguros.
Aparece un tema que ha sido muy recurrente en los medios de comunicación
en últimas fechas, con algunas declaraciones, yo creo que poco
afortunadas, de algún portavoz de algún grupo parlamentario relativas a
lo que son las tasaciones. Es un tema importante que tiene que
resolverse, porque hay que conjugar el seguro con las propias
valoraciones y con el propio entendimiento que tiene que existir entre
los técnicos y los afectados. Es un tema fundamental. Hay que clarificar
al máximo la normativa de tasación. Sobre eso se pueden y se deberían
hacer propuestas. Hay que informar muy bien a los agricultores de qué
están asegurando; luego --y lo he escuchado en la intervención-- hay que
poner medios o incentivarlos para que el agricultor sepa exactamente qué
es lo que asegura, porque normalmente parte de los conflictos en las
tasaciones surgen porque el agricultor pensaba cuando hacía el seguro que
le iba a cubrir otras cosas que realmente no ha asegurado. Por tanto, ese
nivel de crispación bajaría muchísimo si fuéramos capaces, primero, de
conocer qué se está asegurando y, en segundo lugar, de clarificar muy
bien la normativa de tasación. No se puede manifestar ni pensar, por
respeto exclusivamente, aunque sólo fuera a los técnicos que están
trabajando, que cada vez que aparece un perito va a engañar al
agricultor. Eso es echar por tierra el primer principio básico de la
profesionalidad de un colectivo que merece el mismo respeto que cualquier
otro. Habrá que darle también una normativa suficientemente clara para
que sea posible un entendimiento.
Con esto, por supuesto, no le quiero sacar la cara a ningún tema ni le
quiero sacar la cara a Agroseguros. Lo que quiero decir es que dentro de
todo el proceso siempre va a existir un elemento de tasación, porque
alguien tiene que valorar, y lo lógico es que haya un entendimiento o
busquemos las fórmulas para que eso se produzca. En la medida en que
todos colaboremos a esa clarificación de normativa, estaremos dando pasos
para el buen entendimiento y para el buen desarrollo del seguro.
Yo creo que no es bueno llegar a situaciones límite ni calentar
excesivamente los ánimos, porque al final el trabajo hay que realizarlo
por bien de los agricultores, porque al fin y al cabo son los que van a
tener que recibir las indemnizaciones; que este tema, que para mí debería
ser casi un elemento extra del seguro, no se convierta en el
protagonista. Creo que el seguro tiene unos objetivos muy claros, una
finalidad muy clara, tiene que contemplar una serie de equilibrios muy
claros, y, al igual que alguien tiene que rellenar el acta, hay un
técnico que tiene que hacer una valoración. Eso no puede ser el elemento
punta que se saque de los seguros agrarios. Hay un nivel más de fondo en
el que todos hemos estado de acuerdo y es el que todos debemos preservar.
(El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Termino, señor Presidente, diciendo que valoramos positivamente el
desarrollo en estos años. Nos preocupa realmente cómo llegar a ese nivel
claro de consolidación que permita a los agricultores tener una garantía
en el seguro agrario para consolidar sus producciones, pero también
entendemos que además del seguro agrario, debe existir otro tipo de
ayudas que complementen en algunas zonas y que en absoluto se ponga en
riesgo el seguro. En la medida en que se den los pasos para ir
consolidando, sabe que va a contar con todo el apoyo y con todo el
esfuerzo que desde el Grupo Socialista podamos prestar.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a las preguntas, observaciones y
sugerencias formuladas, tiene la palabra el señor Castro.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS, ENESA (Castro Fernández): Han sido
muchas las cosas que se han ido diciendo en las intervenciones de los
representantes de los grupos y voy a ir contestando, en primer lugar al
señor Gayarre.
Usted ha coincidido conmigo en destacar la importancia que tiene el
seguro. Yo creo que estamos de acuerdo en algunos puntos; vamos
obteniendo una coincidencia en los planteamientos, comparto las ventajas
que ha revestido esta importancia, la historia positiva que presenta el
seguro nos une a todos y también nos une encontrar una garantía de futuro
para el seguro agrario. Incluso, como ha dicho, pintando con algunos
colores un poco apocalípticos la situación de un mundo rural en
indefensión, años catastróficos, alguna de esas pinceladas es correcta,
cómo no; es verdad que tenemos algunas situaciones como la sequía
prolongada de estos últimos años, pero tengo que empezar a alejarme de
usted de una manera rotunda cuando dice que el mundo rural está en
indefensión, y reencuentro la coincidencia cuando usted mismo afirma:
vamos a luchar por mantener el equilibrio del sistema de seguro.
Por eso yo creo que ha sido el elemento fundamental de mi intervención la
descripción de cuáles son esos desequilibrios y cómo los estamos
corrigiendo. Por tanto, sí quiero destacar, pues creo que no se ha
presentado a lo largo de estos últimos meses de una manera correcta, el
problema del seguro agrario. El seguro agrario tiene buena salud, pero
tiene un problema de crecimiento --lo he identificado-- y hay que
corregir esas desviaciones. No hay ninguna amenaza de quiebra para el
seguro agrario. Tengo que ser rotundo y esa buena política, todos
coincidimos en valorarla positivamente. Pero no son diez años, señor
Gayarre, son catorce años, y la historia que presento y los datos que he
manejado son todos de catorce años. Tampoco quiero vincular a una
determinada década, la de los ochenta o la de los noventa. No, son
catorce años y muy sólidos.
Ahora bien, ha mencionado algo que es nuclear en el debate que estamos
manteniendo hoy: compensación de rentas. Aquí es donde yo creo que hay
que hacer un ejercicio de análisis para no confundir políticas. Si
desvirtuamos el mecanismo y vía seguro lo que queremos es inyectar rentas
adicionales a la zona o comarca, sí garantizamos la quiebra del sistema.
Por tanto, no volvamos a plantear que aquí estamos haciendo un mecanismo
de compensación. Para la otra cuestión hay otras políticas de
compensación de rentas. He insistido en que la política del seguro --lo
he dicho en mi intervención--, además de esos componentes que tiene de
política agraria con un fuerte contenido social, se instrumenta mediante
la institución del seguro; es un seguro y no podemos quebrarlo como
seguro. Por consiguiente, si hay unos rendimientos que son ficticios, que
no se han producido nunca, que esa comarca no los puede producir nunca ni
los ha producido, y pretendemos asegurarlos, estamos inyectando renta
adicional falseada. La política del seguro agrario nunca debe servir para
eso. Habrá otros instrumentos y otras políticas para ayudar a esa
comarca. Procedo de una comarca, provincia de León, en la que el año
pasado se vivió uno de los conflictos más importantes con el tema del
seguro agrario en determinadas producciones en la comarca de El Bierzo.
El señor Gayarre ha centrado su intervención en el SICI, qué pasa, y yo
creo que lo ha convertido en el 60 por ciento de su intervención. Me
parece bien que la haya centrado en ese punto por el peso que tiene el
integral de cereales, el llamado en el argot SICI, porque yo creo que es
una pieza clave para el seguro y, efectivamente, como usted bien ha
dicho, ocupa una magnitud muy importante.
¿Qué se ha hecho en el SICI? Sí debo tomarlo para eliminar alguna
incertidumbre. En el SICI nos encontrábamos al borde de este verano,
cuando yo me hago cargo de la Presidencia de Enesa, que se había tenido
un ligero crecimiento, presentaba el mayor desequilibrio entre las primas
y las indemnizaciones. En los últimos diez años ese desequilibrio
primas/indemnizaciones en porcentaje era del orden del 300 por ciento y
en pesetas se había «comido» --dicho entre comillas-- 95.000 millones de
pesetas sólo el SICI. Analizando la localización geográfica del problema
efectivamente encontramos esas veintiuna comarcas, básicamente de
Zaragoza, Navarra y Valladolid como provincias en las que se sitúa, y en
ellas está ese mayor desequilibrio. El aseguramiento en esas zonas es de
un treinta y tantos por ciento del total y se lleva en indemnizaciones
más del 60 por ciento. Había tres alternativas para abordar y corregir
ese desequilibrio
que amenaza no al SICI, sino al conjunto, porque esto es un sistema
equilibrado, y esta línea, con ese peso y esa magnitud, amenaza al
conjunto del sistema. No teníamos más que tres alternativas y supongo que
va a coincidir conmigo en que no hay otras. En cuanto a la alternativa de
endurecer las condiciones de aseguramiento usted mismo ha dicho: se están
haciendo, por esa línea no se puede caminar, eso ya resulta muy duro,
cada año ponen más duras las condiciones de aseguramiento. Efectivamente,
podríamos haber elevado el porcentaje de daños, para poder tener derecho
a la indemnización; podríamos haber puesto el 40 por ciento de daños,
etcétera. Creíamos que no y yo creo que todos compartimos, los que
estamos en este tema, que aunque, efectivamente, se pagarían menos
indemnizaciones sería una equivocación esa política, se considerarían
condiciones muy duras y se reduciría drásticamente el número de pólizas
de seguro. Conclusión: alternativa no viable.
Segunda alternativa: encarecer las primas, cosa que, efectivamente, a
pesar de que aparentemente es la línea que se nos imputa, nos ha parecido
una política equivocada. Las primas ya son caras, se ha dicho por parte
de alguno de los intervinientes --y lo reconozco-- y el desequilibrio
financiero podía agravarse porque una prima más cara supone una
subvención más elevada, con lo cual la cantidad que tenemos que poner a
través de Enesa es mayor y, en definitiva, nos encontrábamos con que no
abordábamos eficazmente el problema y aumentábamos el desequilibrio
financiero.
La tercera opción era la razonable y justa. Consistía en modificar los
rendimientos porque consideramos que esos rendimientos responden más al
deseo, al sueño, a la fantasía que a la realidad de esas comarcas. No se
trata de rendimientos PAC en absoluto, pero al mismo tiempo hablamos con
las organizaciones agrarias, lo saben los señores Diputados; S. S. saben
que yo mantuve intensas reuniones con las organizaciones agrarias para
que esa política de reducir rendimientos tuviese el menor impacto
posible, pero llegando a fijar determinados umbrales. Lo digo porque el
señor Diputado ha hecho filosofía y me ha agradado oír, cuando se habla
de un tema tan árido como el SICI, elevarse a esas consideraciones
filosóficas sobre la igualdad, citar algunos proverbios, y hablar de si
la filosofía socialista es de revolución o de reforma. Yo también me voy
a permitir algún adorno filosófico; quiero hacer filosofía. Creo que la
filosofía socialista coincide en este caso con Aristóteles, quien definía
y quien hablaba de que no hay mayor desigualdad que tratar por igual lo
desigual. Eso es lo que me llevó a diferenciar precisamente esas comarcas
porque son desiguales. Esa es la verdadera definición de la Justicia. Lea
a Aristóteles, que es un buen pensador. No pretendo con ello apuntármelo
en la larga nómina de pensadores socialistas, ¡Dios me perdone!, pero sí
es una lectura que he hecho y hago con frecuencia y me encanta su
definición de la Justicia.
No se podía tratar por igual lo desigual. Por tanto, había que
diferenciar esas veintiuna comarcas y eso es lo que ha hecho la Orden
publicada en el mes de agosto con la que yo creo, sinceramente, que hemos
introducido una corrección en el SICI que tenía un peso enorme en el
conjunto del sistema y nos llevaba a su desequilibrio.
Ha hablado de peritación y a continuación ha vuelto a salir el tema. La
peritación nos ha preocupado, es verdad. Las transacciones amistosas son
casi imposibles. Pues lo lamento, pero eso tampoco responde a la
realidad. Haciendo mención a lo que ha ocupado algunas páginas de prensa
en los últimos meses, se ha hecho, yo creo que desacertadamente, una
información centrada en las peritaciones contradictorias de uva para
vinificación en Castilla-La Mancha. Tengo que decir que las parcelas
contradictorias tasadas en esta campaña en Castilla-La Mancha, parcelas
no conformes, suman 1.787 de un total de más de 101.000 parcelas, luego
es el 1,7 por ciento. Por tanto, permítaseme un refrán, comentario,
adagio o similar, señor Gayarre: las opiniones pueden ser libres, pero
los hechos son sagrados.
Claro que es posible llegar a esas transacciones amistosas, pero
reconozco que es un camino que tenemos que desarrollar mucho más. Por eso
en mi intervención he anunciado (y en eso también creo encontrar un
consenso en los intervinientes) que hay que desarrollar una política
mucho más activa de información al asegurado.
Para ello he tenido, efectivamente, contacto con las aseguradoras, las
entidades de seguros que integran el «pool» de Agroseguro. Se lo he
planteado y hemos llegado al compromiso mutuo de que vamos a desarrollar
esa política de mayor información al asegurado. Aprovecho para hacer el
inciso de que el tomador del seguro en muchas ocasiones es una
organización agraria. Llamo también a la responsabilidad de las
organizaciones agrarias, como decía el representante del Grupo
Parlamentario Socialista, para que informen correctamente y el asegurado
sepa efectivamente qué es lo que ha firmado en su póliza y no se vea
luego sorprendido en su buena fe.
Reitero, señor Gayarre, que los hechos son sagrados y con las cifras no
puede usted hacer malabarismos. Si es verdad --y creo que nos felicitamos
por ello-- que tenemos más ingresos del Feoga-garantía, ¿cómo se atreve
usted a hacerme esa cuenta donde utiliza el incremento de los
Feoga-garantía para decirme que cada vez estamos dedicando menos dinero
al seguro agrario? Pero bueno, ¿qué cálculos me hace usted? Es verdad que
hemos crecido y que están en más de un billón de pesetas de presupuesto,
porque somos el tercer país de Europa en recibir fondos del
Feoga-garantía, después de Francia y Alemania, y éramos el noveno en el
momento de nuestro ingreso en el año 1986. Eso es lo que nos permite ese
crecimiento espectacular. Este Ministerio presenta esa dualidad, ¡qué le
vamos a hacer! Conózcalo a fondo. Lo que usted no puede hacer es sacarme
esa «ratio» que me hace. Es verdad que le sale correcto, pero es un
truco, es un engaño burdo sacar los porcentajes sobre el presupuesto del
ministerio. (El señor Gayarre Bermejo: Ustedes lo hacen.) No, mire usted
el presupuesto de Enesa, mire usted el dinero que destinamos, mire usted
las subvenciones que se pagan, mire el número de pólizas que se suscriben
y mire --lo vuelvo a reiterar-- que hemos crecido en un año el 15,7,
mientras que el proyecto de ley de presupuestos, que SS. SS. aprobarán en
su momento, presenta un crecimiento del 3 por ciento.
He dicho --y ahí están los datos-- que crecemos un 15,7; por tanto, yo
creo que es un truco muy burdo el que usted ha hecho con los datos del
presupuesto.
Para terminar, quiero hacer un comentario. Es verdad que hay ese problema
en la peritación, pero no puedo admitir que haya presión a los peritos
que actúan y tengo que decir que aplican sus normas. He dicho que entre
los elementos que integran el plan de los tres próximos años está
elaborar algunas normas de peritación, que nos faltan y que debemos
completar, y eventualmente corregir las que sea necesario, pero lo que no
puedo admitir es que se pueda estar ejerciendo algún tipo de presión
sobre los peritos. Sí digo --y forma parte del plan trienal aprobado por
la Comisión delegada de Gobierno para asuntos económicos-- que existe ese
compromiso de completar las normas de peritación pendientes y
eventualmente hacer los retoques de las que están en vigor.
Quiero destacar que lo más importante, y usted lo ha dicho, señor
Gayarre, es el desconocimiento de la letra pequeña, porque se firma, no
se sabe muy bien lo que se ha firmado y de ahí se produce, como ha dicho
muy bien el señor Velasco, esa situación de crispación que hemos de
corregir con una mejora de la política de información.
Comparto alguna afirmación positiva que ha hecho sobre la mejora de
gestión en Enesa. Creo que hay que seguir en esa línea y en pagar más
pronto, aumentar la formación, etcétera. Efectivamente tenemos campo por
delante para seguir trabajando, pero quiero decir que no hay ninguna
amenaza para que el sistema del seguro agrario, sino al contrario, esas
correcciones en los rendimientos máximos asegurables, objeto de su
preocupación, son una garantía para la corrección del desequilibrio que
amenaza el sistema.
Al señor Vidal, representante del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
quiero darle las gracias por las manifestaciones iniciales que ha hecho
reconociendo cuáles son las líneas correctas en las que se sitúa esta
política del seguro agrario. Me planteaba con algún interrogante si
efectivamente es cierta la cifra que le han dado respecto a la caída de
las contrataciones, posiblemente del orden del cinco por ciento, según
decía en su intervención. Efectivamente las pólizas crecen, pero hay un
bache. En el año 1991 es cuando el número de pólizas obtiene el máximo,
321.000 después hay una ligera caída, en el año 1992 son 304.000; en
1993, son 307.000. Efectivamente hubo un momento de caída, pero hay una
recuperación en el número de pólizas suscritas. Luego podemos afirmar, y
es un elemento más del análisis que estamos haciendo, que efectivamente
no se pone de manifiesto un descenso del número de pólizas. Estamos
hablando de un sistema que arrancó con un número de doscientas y pico
mil, o sea que se ha ido consolidando, sigue creciendo y salvo un momento
en el que tuvo descenso tenemos una línea de crecimiento. Por supuesto
que en valor de capital asegurado también la línea es de crecimiento. El
capital asegurado en el año 1992 era de 436.000 millones, en el año 1993
es de 424.000 millones y hay una línea de crecimiento en el
aseguramiento.
Si es preferible correr el riesgo por elevado coste y la otra incógnita
que ha hecho como comentario general, si es posible que si las primas son
caras pueda preferir correr el riesgo por un coste muy elevado del
seguro, yo desde luego no lo recomendaría porque tampoco se puede decir
que ese coste sea elevado, sino todo lo contrario. Voy a utilizar algún
ejemplo significativo, y lo voy a hacer en este caso sin referirme a la
zona que ha mencionado de frutos secos. Tengo aquí a mano, por ejemplo,
el melocotón en la zona del Segura, 45 pesetas kilo de valor asegurado;
coste del seguro, 6 pesetas kilo; bonificación 0,7 pesetas; subvención
3,49 pesetas, coste neto para el agricultor 1,8 pesetas kilo; es decir,
el 4 por ciento del capital asegurado. Trigo en la provincia de Sevilla:
21 pesetas valor asegurado el kilo, coste del seguro 0,69 pesetas kilo,
más subvención, bonificación, etcétera, coste neto para el agricultor
0,21 pesetas kilo; es decir, el uno por ciento del capital asegurado.
Sería una decisión errónea de ese profesional de la agricultura que
tomase ese riesgo. Creo que, efectivamente, se puede confiar en que el
coste no es disuasorio; debe seguir suscribiendo y no debe elegir correr
el riesgo.
Posible quiebra y la hipotética dificultad que pueda haber en el sistema
del seguro en el futuro. Rotundamente no hay, tengo que desmentirlo de
nuevo, ningún peligro. La salud del sistema es buena y lo que estamos
haciendo son elementos de corrección en los desequilibrios que se habían
planteado en estos años, pero es una garantía abordar y corregir a tiempo
esos desequilibrios para el futuro del sistema.
La gestión acortando el plazo de los pagos. Hemos venido trabajando.
Efectivamente, podemos congratularnos de algunos éxitos en acortar esos
plazos y deseamos seguir acortándolos, seguiremos trabajando en reducir
esos plazos para que el pago sea lo más inmediato posible.
Respecto al nuevo plan que le preocupa al señor Vidal y es verdad que
presenta algunas novedades, debo decir que tenemos que encajar el plan
del seguro en la normativa comunitaria. Esto lo vuelvo a reiterar y es
una verdad porque lo contrario nos llevaría en un plazo de diez años a la
desaparición. Por tanto, tenemos que hacer lo posible para que el plan de
seguros agrarios tenga la consideración de ayuda compatible.
Efectivamente, es deseable que se llegue lo más cerca de ese umbral del
50. A nadie se le oculta que esto lo debemos respetar porque ya sabemos
que estas infracciones luego se acaban pagando caras.
Suficiencia del presupuesto y nuevas líneas que se abren. Le plantea a
usted la duda de que cómo en esta situación nos atrevemos a abrir líneas
nuevas. Lo hemos hecho, creo, en tres líneas que estaban muy demandadas y
que los estudios de viabilidad nos presentan una cifras muy razonables,
el coste es mínimo y creo que también el kiwi, el aguacate y las truchas
en las piscifactorías eran merecedoras de su inclusión. Es una cantidad
irrelevante, del orden de 20 millones cada una y en una cifra de 17.000
millones, realmente no hay problema alguno en poderlas incluir. ¡Ojalá
suceda lo mismo con otras líneas que tenemos en estudio de viabilidad en
esa idea de llegar a una cobertura del cien por cien! Con eso tomo el
tema de frutos secos como una demanda que está ahí para un futuro y que
los estudios de viabilidad nos presenten unos datos positivos que nos
permitan su inclusión en el futuro. También
habría que considerar la otra opción que he dicho. No todo hay que
llevarlo a la política del seguro. A veces, algunas de estas producciones
tiene cabida no por una línea de aseguramiento, sino por otras políticas
para determinadas zonas. Lo dejo como posible planteamiento.
Con los otros siniestros que ha mencionado, de naturaleza claramente
catastrófica, la actuación no puede ser otra que la que ha habido en este
mismo año 1994. Ahí vemos la paradoja de país que tenemos. En un plazo de
cuatro o cinco meses este Gobierno ha aprobado dos decretos-ley: un
decreto-ley de sequía y un decreto-ley de inundaciones, de daños
catastróficos para paliar los efectos de las inundaciones. Ese es el
marco en que nos movemos, es el país en que cultivamos, ése es el país,
señor Gayarre --efectivamente, tiene razón--, en el que nuestros
agricultores tienen que trabajar y cultivar, pero hay otras medidas de
carácter excepcional para esos otros siniestros también de carácter
excepcional.
En cuanto a los rendimientos máximos por zonas, no lo ha aceptado. He
dado los datos de las comarcas y no lo conoce con detalle, pero ha
obligado a decirle a un agricultor a la hora de asegurar que sí puede
asegurar --luego en ese sentido no hay problema de rechazo--, pero se le
dice que el máximo asegurable --el señor Gayarre me lo trata de enseñar--
de la producción de los kilos de trigo o de cebada de esa explotación son
tantos y no una cifra superior deseada que no responde a la realidad de
los hechos, sin que se trate de un proceso de rechazar o de seleccionar.
Todos ellos, efectivamente, son el objetivo final, en el futuro, si es
posible. Es cierto que estamos trabajando en esa unidad de actuación y de
coordinación con las comunidades autónomas y reitero que ésa será la
línea que sigamos.
Por último, señor Velasco, agradezco sus manifestaciones. He presentado
una información que puede resultar un poco pesada o abrumadora, pero creo
que tenemos material para hacer esa reflexión y esos posibles
planteamientos alternativos en el futuro. Tenemos que seguir
reflexionando sobre este sistema del seguro agrario. Es básico --comparto
su afirmación-- el papel que juega nuestra política del seguro y tenemos
material para ello.
El incremento en el Presupuesto, como bien ha dicho el señor Velasco,
viene a corregir esa situación en la que nos veíamos. Creo que ahí está
el signo más inequívoco de cuál es la apuesta que hacemos. Lo hemos
corregido a tiempo y estamos en condiciones de ofrecer una situación
saneada en el futuro inmediato del año próximo.
Hemos optado, no podía ser de otro modo, y es nuestra seña y nuestra
política diferencial, esa apuesta por los que perciben esa mayor atención
y, por tanto, pueden verse más beneficiados por las subvenciones en el
sistema.
Comparto que esas nuevas líneas y la aspiración de futuro no debe
llevarnos a más riesgo. Por tanto, supedito la afirmación de la inclusión
de líneas en el futuro a los resultados de los estudios de viabilidad que
sobre ellas se vienen realizando.
En cuanto a lo que ha sido el debate que en estos meses se ha suscitado
en la prensa, relativo a las tasaciones, quiero compartir la afirmación
de S. S. Es verdad, señor Velasco --y me agrada oírlo--, no podemos poner
en duda la profesionalidad de los peritos que ejercen su actividad
profesional en este campo.
Sí en cambio, y lo vuelvo a reiterar, porque yo creo que merece la pena
trabajar en esa mayor información a los asegurados; clarificar al máximo
los datos; que conozcan exactamente los términos de sus pólizas, que no
se vean frustrados, engañados, y se genere esa crispación en el momento
de la peritación, aunque ya digo que no se puede generalizar y convertir
en protagonista --no puede ser ese debate--, cuando todo el conflicto que
se ha mencionado en Castilla-La Mancha, zona de Tomelloso-Socuéllamos,
presenta, en parcelas no conformes 1.787, que después han sido conformes
1.527, y por fin no conformes y no firmadas son solamente 259, de un
total, tengo que reiterarlo y me van a perdonar esta pesadez, de más de
100.000 parcelas. Por tanto, no hay objeto para el debate.
Por último, debo manifestar que sí debemos ser responsables en la toma de
decisiones sobre este sistema, porque no en vano son las afirmaciones que
he hecho sobre la necesidad de hacer compatible esta política en el marco
de la Unión Europea en el inmediato futuro. De lo contrario,
efectivamente, reitero mi afirmación, en un horizonte de diez años
desaparecería esta política. (El señor Gayarre Bermejo pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Brevísimamente, señor Gayarre, por favor y, en todo
caso, no reabramos debate.
El señor GAYARRE BERMEJO: Encajar el plan, señor Castro, de la normativa
comunitaria sabemos que hay que hacerlo, pero usted sabe perfectamente
que España es seca, muy seca, y lo que ha tenido que hacer antes es
intentar algún objetivo como ha hecho Finlandia, que va a estar incluida
en objetivos por ser una zona ártica.
Quizá somos el único país que prácticamente no podemos ser fuertes con el
seguro integral, porque en el resto de las comunidades --ya hemos dicho
antes-- la zona verde difiere mucho de la situación española.
Después, sobre el tema tabla «bonus», a mí me molesta muchísimo que el
señor Velasco ha hablado de la profesionalidad de los peritos, pero hay
un tema muy claro y es que también, como me siento agricultor a mí no se
me puede decir la tabla «bonus», porque no depende de mí. Para su
conocimiento --y ahí hay un compañero mío-- el año 1988 quien está
hablando tuvo 300.000 kilos de cebada y los años 1989, 1990, 1991, 1992,
1993 y 1994, 20.000; o sea, que es un tema que no depende de mí y se sabe
perfectamente que en estas 21 comarcas lo que tenemos es una situación de
total indefensión por la climatología.
Usted que se ha puesto a hablar de filosofía, efectivamente, ha dicho
¿cómo ha dicho? tratar por igual lo desigual...
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS, ENESA (Castro Fernández): Esa es la
justicia.
El señor GAYARRE BERMEJO: Esta es la justicia, pues aplíquese. Por
ejemplo, tenemos el PER, y cantidad de ocasiones hay para demostrarlo,
que tratemos igual lo desigual. El PER de empleo rural en Andalucía no es
lo mismo que los agricultores, que también hay allí paro obrero, y
también hay agricultores afiliados a la Seguridad Social Agraria que son
autónomos, que son trabajadores por cuenta propia...
El señor PRESIDENTE: Señor Gayarre, a la cuestión.
El señor GAYARRE BERMEJO: Respecto a la profesionalidad que ha dicho el
señor Velasco, nadie duda de la profesionalidad de los peritos agrícolas,
pero tiene que quedar muy claro que el Colegio de Peritos criticó esta
situación, y no le voy a decir nada más; la criticó en prensa. ¿Cómo
vamos a poner nosotros en duda la profesionalidad de los peritos
agrícolas? Totalmente al contrario. Queda muy clara, pero no hay lugar a
dudas sobre los problemas que surgen continuamente.
El señor PRESIDENTE: El señor Castro tiene la palabra.
El señor SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA
ENTIDAD ESTATAL DE SEGUROS AGRARIOS, ENESA (Castro Fernández): Un
comentario muy breve. El titular de prensa lo tengo delante de mí: Los
Colegios de Peritos Agrícolas piden a Atienza un mayor control de
Agroseguro.
Creo que ése no es el debate, en absoluto. Hay que dejar a los peritos
hacer su trabajo pues son unos buenos profesionales.
Reitero, señor Gayarre, mi cita filosófica que le interesa, veo que le ha
suscitado interés; no hay mayor injusticia que tratar por igual lo
desigual. Esa es la cita. Si las cosas son desiguales hay que tratarlas
como desiguales, no como iguales.
Por tanto, en su caso, y usted lo ha dicho, un año 300.000 y otro 20.000.
¿Qué quiere usted, hacer todos los años una póliza por 300.000? Convendrá
conmigo que no es posible. Luego este rendimiento es excepcional, no
marca. Por desgracia, la condición normal, usted lo ha dicho, es la otra.
Tenemos una climatología muy adversa. Por eso, no podemos fiarnos y tener
sólo el recuerdo del buen año que hemos tenido en una década o en dos.
Los rendimientos normales, que son los que la póliza de seguro quiere
garantizar, por desgracia, en muchas comarcas son mucho más bajos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castro.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.