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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 353, de 15/11/1994
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 353
INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
PRESIDENTE: DON LEOPOLDO ORTIZ CLIMENT
Sesión núm. 29
celebrada el martes, 15 de noviembre de 1994
ORDEN DEL DIA:
Proposiciones no de ley:
--Sobre creación de una oficina independiente que garantice la
neutralidad en la reglamentación de las telecomunicaciones. Presentada
por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D, número 149, de
17-10-94. Número de expediente 161/000309) (Página 10972)
--Relativa a la adquisición y uso de los elementos técnicos que ofrece el
mercado para posibilitar la comunicación telefónica de las personas
sordas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular. (BOCG, serie D,
número 103, de 27-5-94. Número de expediente 161/000218) (Página 10975)
--Por la que se insta al Gobierno a que adopte las medidas necesarias
para que los carteles con la figura de un toro, existentes en las
proximidades de las carreteras españolas, puedan mantenerse, como
elementos del paisaje. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
(BOCG, serie D, número 146, de 10-10-94. Número de expediente 161/000302)
(Página 10978)
--Por la que se insta al Gobierno para que se dirija a la empresa pública
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) y elabore en lo inmediato un plan de
empresa. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC. (BOCG,
serie D, número 130, de 12-9-94. Número de expediente 161/000268) (Página 10983)
--Relativa a la señalización de la carretera N-1411 y la N-152.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (BOCG, serie D, número 154,
de 31-10-94. Número de expediente 161/000323) (Página 10985)
--Por la que se insta al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas
precisas para que la directiva 90/313/CEE, referente al acceso a la
información ambiental, sea íntegramente transpuesta al ordenamiento
jurídico español. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal IU-IC.
(BOCG, serie D, número 109, de 10-6-94. Número de expediente 161/000227)
(Página 10989)
--Relativa al mantenimiento de la línea férrea
Madrid-Aranjuez-Cuenca-Valencia. Presentada por el Grupo Parlamentario
Federal IU-IC. (BOCG, serie D, número 130, de 12-9-94. Número de
expediente 161/000270) (Página 10991)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
DEBATE Y VOTACION, EN SU CASO, DE LAS SIGUIENTES PROPOSICIONES NO DE LEY:
--SOBRE CREACION DE UNA OFICINA INDEPENDIENTE QUE GARANTICE LA
NEUTRALIDAD EN LA REGLAMENTACION DE LAS TELECOMUNICACIONES. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente
161/000309.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Dado lo apretado del programa de hoy y que nos hemos comprometido a
realizar las votaciones de las distintas proposiciones no de ley no antes
de la una, pero, si es posible, a partir de la una en punto, como la
persona que va a defender la primera proposición no de ley, por parte del
Grupo Popular, el señor Camisón, ya está en la sala, porque me comunican
o intuimos que otras personas tienen problemas de atascos y
comunicaciones, lo que procede es que iniciemos la sesión dando la
palabra al señor Camisón para que defienda la proposición no de ley. A
continuación, como es lógico, los distintos grupos políticos fijarán su
posición respecto a la proposición.
El señor Camisón tiene la palabra.
El señor CAMISON ASENSIO: En cuanto a la neutralidad en la reglamentación
de las telecomunicaciones, lo que España necesita es una oficina de
verdad independiente --subrayo lo de «de verdad»--, y por supuesto, no un
remedo de esa oficina. En este objetivo coinciden todo el sector, los
mismos usuarios y, por supuesto, las instituciones europeas. Sin embargo,
tanto el Gobierno como Telefónica siguen manteniendo una actitud tibia en
este asunto, ya que se está intentando conservar a Telefónica como un
monopolio resistente a liberalizarse. Basta observar todo el tipo de
propuestas que abundan en estos momentos en todo el ambiente nacional
para ver que van en esa dirección que acabo de exponer. Por ejemplo,
basta analizar el reciente documento titulado «Disenso político y
recuperación económica», de la Fundación Fondo para la Investigación
Económica y Social de la Obra Social de la Confederación Española de
Cajas de Ahorro, FIES, que va en esa dirección. Idénticos objetivos fija
la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en su reciente
segundo informe sobre la nueva función del Estado en una era de
liberalización de las telecomunicaciones.
Por cierto, para nosotros fue una grata sorpresa cuando, abogando por esa
independencia, en un debate muy reciente con el Subsecretario del
Departamento de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, justamente
en las comparecencias con motivo de los presupuestos, ante nuestros
argumentos, habida cuenta que nosotros habíamos propuesto una oficina
neutral en la línea de las funciones de los organismos internacionales
semejantes, el Subsecretario se mostró conforme con esta línea. Sin
embargo, luego vino el acuerdo del Consejo de Ministros que diseña un
nuevo organismo regulador, radicalmente distinto del que había propuesto
al Subsecretario, con lo cual cabe pensar o que el Subsecretario no
estaba enterado o que no había sido suficientemente informado por el
Ministro del ramo. En ese acuerdo del Consejo de Ministros, lo primero
que extraña es que ese organismo regulador se haga depender prácticamente
en exclusiva del señor Ministro de Obras Públicas, del señor Borrell. Nos
preguntábamos por qué no del Ministro de Hacienda, del de Industria, del
de Asuntos Sociales o del de Trabajo, que tendrán también algo que decir
y opinar al respecto. Parece mucho más lógico que para que este organismo
regulador fuera operativo dependiera o del propio Gobierno en su conjunto
o incluso de las Cortes.
A nosotros ya nos extrañó que el propio Ministro de obras Públicas, en su
informe del primer semestre de este año sobre transportes y
comunicaciones, del Instituto de
esta materia, organismo oficial, por supuesto, y entendiendo que
representa la voz del propio Departamento, defendiera la teoría, por otra
parte compartida de una manera expresa en el propio acuerdo del Consejo
de Ministros --por cierto, presentado ayer por cuarta vez a bombo y
platillo--, repito, que tanto el acuerdo del Consejo de Ministros como el
estudio del Instituto defendieran la teoría de que esa regulación era
defectuosa hasta hace cuatro o cinco años porque dependía de Telefónica,
pero que la gran solución a este problema llegó con la creación como
reguladores de la Dirección General de Telecomunicaciones y de la
Secretaría General de Telecomunicaciones, olvidando el hecho fundamental,
que es que tanto la Dirección General como la Secretaría General están
inmersas de hoz y coz en los consejos de administraciones, o sea, en las
decisiones que se toman tanto en Telefónica como en Retevisión, Hispasat
o incluso en el organismo autónomo de Correos y Telégrafos, y que, por
tanto, malamente pueden regular quienes son juez y parte. Y ahora vemos
que el Consejo de Ministros toma el acuerdo de crear este organismo que
llama de arbitraje y neutral, y vemos que se repite, es una continuidad,
porque vuelve a depender directamente del señor Borrell en este caso, del
Ministro de Obras Públicas, que vuelve a ser juez y parte.
Nosotros creemos, dada la actualidad sobre el proceso de liberalización
de las telecomunicaciones, que existen al menos ya ocho operadores de
servicios de valor añadido que están utilizando los circuitos de
Telefónica. Además, está previsto en breve plazo la iniciación de la
explotación del segundo operador de telefonía móvil automática e incluso
se anuncia la presentación del proyecto de ley del cable, con lo cual
debemos entrar en un entorno de mucha mayor competencia. Por
consiguiente, el Gobierno, a partir de ahora, debe jugar, en este proceso
de separación de funciones, un papel importante pero distinto al actual,
ya que si no, la proliferación de conflictos y paralizaciones va a ser
grande y nos iríamos alejando de ese objetivo de competencia que, en
definitiva, debe tender a proporcionar a nuestros ciudadanos, en esta
materia de las comunicaciones, unos precios cada vez más asequibles.
El proceso regulador hasta la fecha, de auténtica intervención y control,
se ha mostrado ya suficientemente inoperante, lo que ha abocado a que
España se haya convertido, en estos momentos, en uno de los países menos
internacionalizados en la materia. No se han adoptado medidas de
promoción activa para la competencia, se ha jugado con el tiempo,
retrasando el proceso, se han condicionado las medidas reglamentarias
pensando siempre en el impacto que podría sufrir Telefónica, adoptando un
método de control creciente sobre el operador. La misma existencia del
delegado del Gobierno en la operadora, de cinco consejeros adicionales,
de un presidente designado directamente por el Consejo de Ministros,
hacen que la cúpula directiva de la compañía haya estado --como digo--
fuertemente condicionada y se haya llegado realmente a una intimación
entre el órgano regulador y el operador, sin contar que de los otros dos
operadores públicos, uno, el organismo autónomo de Correos, depende del
propio órgano regulador, y Retevisión tiene una simultaneidad de campo.
Por tanto, en estas condiciones es difícil asegurar la independencia de
neutralidad del regulador. Estamos en un momento en el que hay que
aprovechar el escaso tiempo que queda para conseguir esa liberalización
plena y ya hemos malgastado mucho tiempo. Esa primera medida que debe ser
la separación total efectiva entre las funciones de regulación y
operación se debe ajustar a las normas comunitarias que estaban
concretadas en la directiva 90/388 de la Unión Europea, nada menos que
del año 1990. Ahí está patente ese retraso que yo denunciaba.
Por tanto, después de redefinir las actividades que debe tener este
órgano regulador, nosotros, en nuestra proposición no de ley, creemos que
se debe ir a un diseño concreto marcando las funciones relacionadas con
los siguientes aspectos que voy a intentar resumir. Dichas funciones
están relacionadas con las condiciones para la interconexión de redes y
de acceso de los operadores privados a las redes públicas con aplicación
de la normativa comunitaria; con la concesión de licencias con las
exigencias mínimas imprescindibles y con aplicación, si procede, de
criterios selectivos que favorezcan la innovación y la competencia; con
la fijación de políticas flexibles en la determinación de precios límites
de los servicios sobre la base de las contabilidades diferenciadas de
costes e ingresos de los operadores públicos y de la aplicación de un
esquema evolutivo de las tarifas, así como de los criterios de
obsolescencia y amortización de las instalaciones; con la supervisión de
la evolución del sector, de las medidas de gestión internas de los
operadores que tiendan a reducir sus costes de las eventuales fusiones y
adquisiciones, por ejemplo; con la determinación de las tasas de acceso a
las redes y servicios públicos y de las fórmulas de contribución a la
servidumbre de prestación universal de los servicios considerados como
básicos; con la fijación de los estándares y normas de obligada
aplicación, en consonancia con los organismos internacionales, incluida
la numeración de los servicios; con la gestión del espectro
radioeléctrico, con criterios que faciliten su mejor aprovechamiento; y
con la adopción de políticas que promuevan la innovación y el desarrollo
del sector en España con nuevos productos y servicios.
En España, como he tratado de demostrar, la experiencia del organismo
regulador como organismo ministerial ha fracasado ya. Por tanto, no
procede insistir en ese error. En el caso extremo tenemos la experiencia
de la Federal Communications Commision de los Estados Unidos, la famosa
FCC norteamericana, como órgano regulador completamente independiente.
Como alternativa mixta puede servir de referencia la experiencia de la
Agencia OFTEL británica. Por eso en nuestro caso la solución es, tal como
está resumido en nuestra proposición no de ley, la creación de un nuevo
organismo para hacer eficaz este cometido que nos ocupa, que además está
en consonancia con lo que marca el Libro Verde de la CEE sobre el
desarrollo de este mercado, que intenta por todos los medios romper ese
retraso, como el que por ejemplo ya está ahí en todo el testigo de cargo
que supone el retraso en la liberalización de todo el conjunto del
sector; mucho más claro todavía es que la directiva de ONP, de redes
abiertas, ya lleva 3 años de retraso y aún no está vigente. Luego queda
marcada incluso
esa insistencia del Gobierno de retrasar al máximo esta imparable
liberalización.
Resumiendo, señor presidente, nosotros queremos un organismo
independiente de verdad y no un remedo para salir del paso.
Esto es todo de momento, señor Presidente.
El señor PRESIDENTE: A continuación, ¿grupos parlamentarios que deseen
fijar su posición respecto de la proposición no de ley? (Pausa.) Por
parte del Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó tiene la
palabra.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, a nuestro Grupo la proposición
no de ley le hubiera parecido oportuna en el momento correspondiente a la
fecha que la misma tiene. En estos momentos creemos que ya está superada
porque, por lo que se refiere al Gobierno, al que se insta en la
proposición no de ley a acelerar la liberalización, ésta ya está en
marcha. Más que nada, en lo que se basa es en la creación de una oficina
independiente, además de en otras cosas que se piden en el texto, y de
las que no se ha hablado aquí, como es la desaparición del delegado del
Gobierno en el operador principal, etcétera. Centrándome en el tema de la
oficina independiente, que es sobre lo que más se ha hablado, en estos
momentos, en los acuerdos a que ha llegado el Gobierno en los primeros
días de octubre (unos días después de la presentación de la proposición
no de ley) sobre la política de telecomunicaciones, figura la creación de
una entidad reguladora de carácter arbitral.
¿Qué funciones tiene esta entidad reguladora? En la documentación que se
ha ido entregando, incluso en la presentación del acuerdo que se hizo
ayer por miembros del Gobierno ante empresarios del sector se habla de
esos aspectos, entre los cuales, como punto 17, encontramos el que se
constituya una entidad arbitral dotada de autonomía y de los medios
adecuados para garantizar las condiciones de competencia efectiva en los
mercados de comunicaciones. De acuerdo en que esta entidad está adscrita
al Ministerio de Obras Públicas, pero en realidad también el Ministerio
de Obras Públicas, integrante del Gobierno, está bajo el control que
pueda ejercer esta Cámara. Dentro de las funciones que tiene esta
oficina, están la de vigilar los mercados de competencia, informar las
tarifas de servicios públicos, asesorar sobre el desarrollo normativo,
arbitraje entre operadores, etcétera.
Por tanto, a nosotros nos parece que, en estos momentos, ya está superado
lo que se pide en esta proposición no de ley y, por ello, nuestro voto no
será favorable.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Morlán, en nombre del
Grupo Socialista.
El señor MORLAN GRACIA: Por parte del Grupo Socialista vamos a mantener
nuestra posición contraria a la admisión de esta proposición no de ley,
sobre la base de que no estamos de acuerdo en que desaparezca la figura
del delegado del Gobierno, por las razones que ahora diré, y partiendo
también de la base de que se ha acordado por el Gobierno la creación de
esta oficina con carácter autónomo, adscrita al Ministerio de Obras
Públicas, pero es que tenía que estar adscrita a algún órgano de la
Administración, a algún ministerio. Por tanto, nosotros pensamos que
debemos rechazar esos dos planteamientos que se formulan en la
proposición no de ley y lo haremos por las razones que ahora indicaré.
Tras la aprobación por el Gobierno de un acuerdo de tal categoría y
nivel, el hecho de que este acuerdo haya sido expuesto en varias
ocasiones --y aún tendrá que serlo en varias más porque el tema de las
telecomunicaciones es de la suficiente entidad y del suficiente calado
social como para esperar que exista la mayor información posible con todo
tipo de explicaciones, para que la ciudadanía entienda que es un proceso
tan innovador y tan revolucionario que puede plantear una nueva cultura,
dentro de lo que es la sociedad--, la última de las cuales fue ayer y
tuvo lugar en el Palacio de Comunicaciones por parte del Vicepresidente
del Gobierno y de tres Ministros del Gobierno, es un hecho positivo, ya
que es conveniente que este tipo de explicaciones se den a todos los
niveles, para estar permanentemente informados e instruidos sobre lo que
es un proceso que camina con pasos agigantados hacia una modificación
sustancial de lo que es nuestra estructura social.
Bajo esa perspectiva, esta proposición no de ley adolece de una serie de
factores que nosotros no compartimos. El hecho de hacer desaparecer la
figura del delegado del Gobierno en Telefónica supone decirle a
Telefónica que haga lo que le dé la gana. ¿Por qué? Porque la figura del
delegado del Gobierno en Telefónica tiene como misión controlar y vigilar
que los acuerdos, los planteamientos que tiene el Gobierno respecto a la
eficacia del servicio público telefónico, a la eficiencia de ese mismo
servicio, ya que éstos son compromisos y acuerdos que tienen que estar
vigilados, de alguna manera, por un representante del Gobierno,
representación que, de acuerdo con un decreto de 1992, ostenta el
Director General de Telecomunicaciones del Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente.
Esta relación que existe entre el Gobierno y la Compañía Telefónica, o
los operadores de unos servicios públicos, como son ellos, pienso que no
hay que confundirla con lo que es la presencia de la Administración en el
consejo de administración de la compañía, como socio que es de ella. En
modo alguno tiene que ver con el control de la calidad que, por supuesto,
también se tiene que hacer dentro del propio consejo. Indudablemente, la
presencia de la Administración en el consejo de administración tiene más
que ver con el funcionamiento de la propia compañía, con la estructura de
la propia compañía, con la exigencia de resultados positivos que tiene
que tener esa compañía, con lo que es el funcionamiento y la gestión
normal y corriente de la compañía y, sin embargo, el Delegado del
Gobierno tiene que acudir a esa labor de vigilancia y control de todo lo
que supone mantener que esas cláusulas o condiciones que se establecen en
el contrato entre la Compañía Telefónica y la Administración se cumplan
en función de los objetivos y de la calidad de los servicios que se
pretende dar. Por ello, pensamos que esta posibilidad, la debemos
rechazar y que desaparezca esta figura.
También hablamos, de conformidad con este acuerdo, al que todos hemos
hecho referencia y que ayer fue comentado de forma bastante explícita
ante una cifra muy numerosa de personas relacionadas con el sector de las
telecomunicaciones, de la creación de esta oficina, de este ente
arbitral, que tiene como objetivos --ya los ha comentado anteriormente el
señor Sedó en su exposición-- garantizar que funciona dentro del sector
de las telecomunicaciones con los niveles de competencia necesarios para
el desarrollo del sector y para que cumpla todas las obligaciones que le
vienen impuestas por las normativas comunitarias y su transposición a las
normativas nacionales; es una oficina que va a informar sobre las
propuestas de tarifas que se van a hacer y que, desde luego, como ya en
reiteradas ocasiones se ha planteado, tienden a evitar esas operaciones
cruzadas que hasta este momento se planteaba o también a intentar
resolver los conflictos que se planteen entre los operadores de las redes
y servicios, entre todos los afectados por el sector de las
telecomunicaciones y otros cometidos más que van a ser tenidos en cuenta
en el momento del diseño definitivo de la oficina.
Pienso que son de suficiente entidad para afirmar que esta oficina va a
poder desarrollar la labor para la que ha sido creada, que esta oficina
va a estar dentro de los puntos importantes del acuerdo elaborado y
diseñado por el Gobierno en relación a lo que tiene que ser el mundo de
las telecomunicaciones y que va a garantizar todos aquellos derechos y
obligaciones que tienen las partes, en un proceso en el que,
efectivamente, los niveles de competencia y de relación van a estar, de
alguna manera, afectados.
Sobre el hecho de que esté adscrita al Ministerio de Obras Públicas,
Transportes y Medio Ambiente, creo que, al fin y al cabo, está adscrita
al órgano de la Administración que tiene la competencia más exclusiva en
asuntos de telecomunicaciones y, como ha dicho muy bien el señor Sedó, se
trata de un Ministerio que forma parte de un Gobierno que, a su vez, está
controlado por esta Cámara.
Por todo ello, señor Presidente, la posición del Grupo Socialista es de
rechazo a esta proposición no de ley y espero que los términos que vienen
recogidos en la misma y que, de alguna forma, respecto a la oficina,
vienen a contemplar lo que ya está contemplado por parte del Gobierno en
el acuerdo al que he hecho referencia, sean lo suficientemente claros y
explícitos para que el señor Camisón y el Grupo Popular entiendan que los
pasos que se han dado hasta este momento son suficientes, posibles y
positivos para el desarrollo de las telecomunicaciones.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Morlán.
--RELATIVA A LA ADQUISICION Y USO DE LOS ELEMENTOS TECNICOS QUE OFRECE EL
MERCADO PARA POSIBILITAR LA COMUNICACION TELEFONICA DE LAS PERSONAS
SORDAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/000218.)
El señor PRESIDENTE: Conocida la posición de los distintos grupos
parlamentarios respecto a esta proposición no de ley, pasamos al punto
número 2 del orden del día, que trata de una proposición no de ley
relativa a la adquisición y uso de los elementos técnicos que ofrece el
mercado para posibilitar la comunicación telefónica de las personas
sordas.
En nombre del Grupo Popular, el señor Gómez va a defender la proposición
no de ley, para lo cual tiene la palabra.
El señor GOMEZ VAZQUEZ: En realidad, señorías, ésta es una proposición no
de ley que se defiende por sí sola; únicamente es necesaria una cierta
sensibilización por el problema. La propia exposición de motivos pienso
que sería suficiente para la defensa de esta proposición no de ley.
La supresión de barreras en las comunicaciones interpersonales constituye
una preocupación para las personas con discapacidades auditivas.
El concepto de igualdad de oportunidades y telecomunicaciones sin
barreras está bien establecido por leyes y normas en un determinado
número de países. La legislación más completa del mundo es la de los
Estados Unidos de América, con la ley de incapacidades. Esta ley elimina
las barreras para las personas con todo tipo de incapacidades. Se hace un
esfuerzo para las personas con incapacidades, tanto en Alemania como en
Gran Bretaña, para aprobar una legislación similar.
Una parte de esta legislación completa obliga a que las instalaciones
públicas, tales como hoteles y estadios, instalen teléfonos públicos de
texto y a disponer de teléfonos de texto para los huéspedes a los efectos
de que los puedan utilizar en las habitaciones del hotel. Suecia ofrece
dos teléfonos de texto por cada persona sorda, de forma que uno de ellos
pueda darse a un amigo o a un pariente; Suiza, Austria y Alemania ofrecen
teléfonos de texto a la gente sorda a través de la seguridad social
nacional o de los servicios nacionales; Gran Bretaña los ofrece a las
personas sordas a través de los servicios sociales y a los empleadores de
personas sordas del Departamento de Empleo. En los Estados Unidos, la
opinión imperante es que los teléfonos de texto son simplemente una
utilidad, al igual que lo pueda ser el agua o la electricidad; por tanto,
los teléfonos de texto están disponibles a través de todas las compañías
telefónicas y muchos establecimientos grandes y pequeños.
Hay muchos argumentos, señorías, que avalan estas actuaciones en otros
países y que avalan lo que nosotros pedimos en esta proposición no de
ley. Los teléfonos de texto son a las personas sordas lo que las rampas a
las personas que van en silla de ruedas. Las personas sordas y sus
familiares pagan impuestos y tienen derecho a acceder a los programas y
servicios apoyados por ese dinero. Los teléfonos son esenciales para la
salud y para seguridad personal. Una persona tiene derecho a ello, poder
hacer una llamada al médico, a una ambulancia, a los bomberos, a la
policía, al farmacéutico, y hacerla por ellos mismos o bien por las
personas a su cuidado. Los teléfonos son básicos para la salud
social personal. Una persona sorda debería poder llamar al vecino de la
puerta de al lado, a la persona a quien ama, a un profesor de la escuela
del niño y a la persona sentada hoy al lado de él o de ella. Los
teléfonos son básicos también para la salud vocacional personal, los
teléfonos son una parte importante de muchos trabajos hoy en día y
ciertamente importantes para la movilidad ascendente.
La supresión de barreras en las comunicaciones interpersonales constituye
una preocupación, por tanto, como decía antes, para estas personas con
discapacidades auditivas. En España la comunidad de sordos supera los dos
millones de personas. Para atender esta necesidad vital de comunicación
existen y se ofrecen ya en el mercado español diversos productos con
variedad de capacidades y de configuraciones, todos ellos dotados de
pantalla de cristal líquido y avisador audible o luminoso, e incluso con
la opción de conexión de impresoras, pero este medio técnico carece
todavía en España de la infraestructura necesaria para que las personas
sordas puedan establecer comunicaciones sin limitación. Por otra parte,
el coste del aparato es elevado y, dado que la comunicación se produce de
forma más lenta, el precio de las tarifas telefónicas derivado de su
utilización se incrementa en comparación con el de la comunicación oral
equivalente.
Pese a todas las dificultades, es necesario llevar a cabo los esfuerzos
que permitan incorporar en España estas aportaciones de la tecnología a
la vida social de las personas con discapacidades auditivas. Así lo han
entendido, por ejemplo, otras instituciones, otras administraciones del
Estado, como es la Xunta de Galicia, que está colaborando ya con la
Federación Gallega de Sordos en este camino.
Por todo lo expuesto y con el fin de lograr una mayor integración
familiar y social de las persona sordas, el Grupo Parlamentario Popular
presenta la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para regular e
impulsar la adquisición, instalación y funcionamiento de teléfonos de
texto destinados al servicio de las personas sordas, para dar pleno
cumplimiento al artículo 49 de la Constitución. Para ello, habrán de
tomarse en consideración los siguientes aspectos fundamentales: crear las
infraestructuras necesarias de Telefónica suficientemente extendidas para
que la comunidad de sordos pueda establecer comunicaciones a través de su
red; estudiar los sistemas económicos de ayudas de distinto tipo que
permitan la adquisición de estos aparatos por un colectivo considerable
de usuarios; establecer un sistema específico de tarifación para este
servicio, en condiciones favorables, análogas a las que existen para
otros casos, que tengan en cuenta sus peculiaridades y utilidad social.
Con esto no inventamos nada nuevo, señor Presidente, lo único que hacemos
es transmitir lo que ya se pedía en el XI Congreso de la Federación
Mundial de Sordos celebrado en julio de 1991 en Tokio, cuando expresaba
en sus conclusiones que la tecnología moderna permite la interacción
extensiva basada en el lenguaje de signos, subtítulos y otros medios
visuales.
También hace posible estandarizar las aplicaciones de la telecomunicación
y sistemas de alarma en emergencia para el uso de las personas sordas.
Incluso la Declaración Universal de los Derechos Humanos pide dichas
aplicaciones de la tecnología; las naciones son responsables de
proporcionar la información y nadie debe de estar excluido en esta
sociedad.
En las recomendaciones de la Comisión de Ayudas Técnicas de este mismo XI
Congreso se habla de los teléfonos de texto, de los sistemas de videotex
y de otros elementos tecnológicos que yo, por no cansar a SS. SS., no voy
a seguir relatando.
Como decía, ésta es una proposición no de ley que entendemos que se
defiende por sí sola y nuestro único ánimo, cuando la presentamos y en
este momento de defenderla, es intentar resolver cuanto antes estos
problemas que tiene la comunidad sorda. Una manera de paliar alguno de
sus problemas sería mediante la ayuda del Estado a la adquisición de
estos aparatos.
Hay una enmienda de sustitución a esta proposición no de ley que nuestro
Grupo estaría dispuesto a aceptar, siempre que se cambiara una pequeña
frase que afecta al plazo de puesta en marcha de este servicio a la
comunidad sorda.
Por tanto, señor Presidente, quedo a la espera de esta enmienda
anunciando que, con ese pequeño cambio, nuestro Grupo estaría dispuesto a
asumirla y a apoyarla.
El señor PRESIDENTE: Espero que el cinco por ciento de sordos que hay en
España, según nos ha manifestado S. S., en esta sala sea proporcional y
todos se hayan dado por aludidos, sin disponer todavía de los medios de
comunicación para sordos, enterándose perfectamente de la proposición.
El señor Gómez podía haber optado por dar su opinión respecto a la
enmienda a continuación. No obstante, ha anticipado ya su postura y como
van a intervenir los distintos grupos políticos, cuando la señora Pardo,
en nombre del Grupo Socialista, defienda y matice la enmienda, ya conoce
la postura del Grupo Popular.
Como hay una enmienda del Grupo Socialista, doy la palabra a la señora
Pardo para que defienda la enmienda y, en consecuencia, defina su
posición respecto a la proposición no de ley.
La señora PARDO ORTIZ: El Grupo Socialista, a tenor de la proposición no
de ley del Grupo Popular, con el objetivo de regular e impulsar la
adquisición, instalación y funcionamiento de teléfono de texto, comparte
plenamente el sentir de esta enmienda, no sólo por las diferentes
alusiones a congresos internacionales que ha hecho el representante del
Grupo Popular, sino porque, bastante antes, en 1990, el Ministerio de
Asuntos Sociales, a través del Inserso, tomó cartas en el asunto y
encontró puntos de acuerdo con las organizaciones más representativas de
sordos de nuestro país.
La proposición no de ley del Grupo Popular tiene tres apartados, que voy
a comentar brevemente para argumentar, después, cuál es el sentido y el
contenido exacto de nuestra enmienda.
En el primer apartado, el Grupo Popular dice: Crear las infraestructuras
necesarias de Telefónica para que se llegue
a toda la comunidad de sordos a través de la red de Telefónica.
Quiero decir al representante del Grupo Popular que esto ya existe en la
actualidad, puesto que la red normal es la que permite la transmisión de
esas conexiones. Simplemente cuando un usuario hace la petición de
solicitud de red a Telefónica se le incorpora un aparato para que, a
través del mismo, pueda conectar su teléfono de texto. Por tanto, la
conexión inicial de Telefónica no se encarece. La conexión es la normal,
sólo que añadiendo ese aparato. Lo que encarece ese tipo de comunicación
es el teléfono de texto. Tengo que decir que, en 1990, el precio de los
teléfonos de texto estaba en torno a las 42.950 pesetas. supongo que en
este momento se habrá visto incrementado. Por tanto, la red normal de
Telefónica sirve para esas conexiones.
El segundo punto de su propuesta era estudiar los sistemas económicos de
ayudas de distinto tipo para que los usuarios tengan acceso a la compra
de ese teléfono.
Aquí tengo que decirle que desde 1990 se han venido celebrando convenios
entre la Administración y las dos federaciones de sordos más importantes
que hay en nuestro país, que son la Confederación Nacional de Sordos de
España y la Federación Ibérica de Asociaciones de Padres y Amigos de los
Sordos. Este acuerdo inicial, que se hizo con el objetivo de la
adquisición por parte de este colectivo de unos 3.000 teléfonos de texto,
tenía un presupuesto de unos 116.000 millones de pesetas. Por tanto, ya
hay no sólo este acuerdo concreto con una dotación presupuestaria para
esa adquisición de teléfonos, sino otros acuerdos tipo piloto --que ya
explicaré más adelante-- que se están también poniendo en marcha.
El tercer apartado de la propuesta del Grupo Popular dice que se
establezca un sistema específico de tarifación para este servicio en
condiciones más favorables para los usuarios normales de la Telefónica.
Quiero comentar que para esa tarifación del servicio ya se está haciendo
un estudio por parte de Telefónica viendo diferentes alternativas para
encontrar una fórmula de ayuda al colectivo de personas, dentro de los
sordos, que más necesiten esa ayuda; no una ayuda indiscriminada,
abaratando el paso para todas las personas con esa disfunción, sino a
través de una fórmula. Para el Grupo Socialista, la fórmula más adecuada
sería como la que ya existe entre Telefónica y las personas jubiladas que
no llegan al salario mínimo interprofesional, que tienen un coste
reducido de los pasos de teléfono. Una fórmula similar, donde se ayudara
y los fondos presupuestarios fueran realmente al colectivo de personas
que más lo necesitan, puesto que llegar al conjunto del colectivo sería
más lento, aunque dicho colectivo no es, como dice la exposición de
motivos de la proposición no de ley, de dos millones de afectados; las
propias organizaciones de sordos cifran en torno a unas 70.000 las
personas con una minusvalía profunda que realmente la necesitan. Se puede
hacer un cálculo de dos millones, pero ahí se incluiría a personas que,
por edad, van perdiendo capacidad auditiva, o por otras situaciones, pero
que no serían los necesitados más acuciantes de este teletexto.
También he de decir a S. S. que el Gobierno ha firmado un acuerdo con la
empresa Amper para desarrollar el prototipo de ese teléfono con una
tecnología española. En ese sentido, el Ministro de Obras Públicas y
Medio Ambiente está elaborando en este momento, y dentro de la revisión
del Plan Nacional de Telecomunicaciones, un plan especial de extensión y
acceso de las telecomunicaciones para las personas con discapacidad. Se
pretende que este plan tenga una duración de 1995 a 1998 y se hace desde
el convencimiento profundo de que las telecomunicaciones convenientemente
adaptadas constituyen el medio ideal para facilitar la integración social
y para mejorar la calidad de vida de las personas que tienen esa
discapacidad.
El Ministerio de Asuntos Sociales está asimismo elaborando el borrador de
un plan que se llama plan de acción para las personas con discapacidad.
En dicho plan se contemplan, además del programa ya firmado con las dos
asociaciones de sordos, programas de adquisición, adaptación y
utilización de ayudas técnicas para la movilidad y la comunicación.
Quiero decir a SS. SS. que no sólo desde 1990 el Gobierno ha puesto en
marcha mecanismos para facilitar el acceso a ese tipo de telefonía de las
personas sordas de nuestro país, sino que, en los marcos en los que se
está haciendo, tanto por parte del Ministerio de Asuntos Sociales como
del MOPTMA, ya se contempla la utilización de la telemática para corregir
ese y otro tipo de discapacidades de personas.
Por esto nuestro Grupo propone al Grupo Popular la siguiente enmienda: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe y profundice
en las actuaciones que está llevando a cabo, con objeto de ir
consiguiendo la integración de la sociedad del colectivo que representan
las personas discapacitadas por sordera. Para ello se profundizará en el
actual convenio firmado entre el Inserso, la Federación Ibérica de Padres
y Amigos de los Sordos y la Confederación Nacional de Sordos de España,
con el objeto de hacer extensiva en el menor tiempo posible la
adquisición de teléfonos de texto a todo el colectivo de discapacitados
por sordera.
Y esto porque creemos que lo fundamental para ayudar a este colectivo es
seguir profundizando en ese marco de acuerdo y de entendimiento que ya
está establecido por parte del Inserso con las dos federaciones de sordos
más representativas de este país.
El señor PRESIDENTE: Señora Pardo, ¿podría especificar cuál es su postura
respecto a la enmienda transaccional «in voce» realizada por el señor
Gómez, sustituyendo la expresión «los próximos años» por «el menor tiempo
posible»?
La señora PARDO ORTIZ: En la lectura que he hecho de la enmienda ya he
incorporado la enmienda «in voce» del representante del Grupo Popular. O
sea que ya ha sido aceptada.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Grupos parlamentarios que quieran fijar su posición respecto a la
proposición no de ley y la enmienda.
En nombre del Grupo Catalán, Convergència i Unió, tiene la palabra el
señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Brevemente, señor Presidente.
Nuestro Grupo está de acuerdo en la supresión de barreras para personas
discapacitadas --yo estoy trabajando precisamente en la exposición de
motivos-- y mucho más en este caso para las discapacidades auditivas. Aun
cuando, como ya ha comentado la portavoz del Grupo Socialista, nosotros
en esta exposición de motivos veíamos alguna contradicción en el hecho de
considerar que la comunidad de sordos supera los dos millones de
personas, hemos de considerar que no todos tienen un cien por cien de
sordera que no les permita hablar por teléfono. Ya se ha dicho el número
de personas afectadas que más o menos existe. Los dos millones puede dar
la impresión de que es un problema muy grave, que lo es, pero el número
no es tan alto.
Estamos de acuerdo en que son necesarios todos los esfuerzos, pero,
habiendo ya una enmienda presentada por el Grupo Socialista, yo hubiese
pedido una votación parcial, porque la proposición no de ley es de ese
tipo de las que instan al Gobierno a tomar unas medidas de tipo general y
después se marca el índice. Nosotros no somos partidarios de que se
marquen índices y, por tanto, hubiese pedido votación separada. Al haber
una enmienda, ya sé que reglamentariamente no es posible y votaremos a
favor de ella.
Sin embargo, tengo algo que decir respecto a la redacción de la enmienda,
ya que me parece que no es correcta. La enmienda dice: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a que continúa y profundice en las
actuaciones que está llevando a cabo, con objeto de ir consiguiendo la
integración en la sociedad de los colectivos que representan las personas
discapacitadas por la sordera. Hasta aquí me parece bien, el Congreso
insta al Gobierno. Y sigue: «Para ello se profundizará...» Aquí ya viene
la respuesta. Es decir que el señor que ha redactado esta enmienda sabe
lo que se va a hacer, porque ya nos dice que se profundizará en el actual
convenio entre el Inserso y la Federación. Me parece que el tiempo del
verbo no es correcto. Instamos a que se profundice. Si ya decimos que se
profundizará, no instemos al Gobierno; ya sabemos que se hará.
El señor PRESIDENTE: ¿El señor Gómez tiene algo que añadir respecto a la
propuesta de modificación de enmiendas de la señora Pardo en nombre del
Grupo Socialista?
El señor GOMEZ VAZQUEZ: Simplemente decir, señor Presidente, si me lo
permite, como ya anuncié en mi primera intervención, que aceptamos esta
enmienda de sustitución que expresa, de una manera muy similar, lo que
nosotros pedíamos en los puntos primero y segundo. Sí me parece que es
más concreto decir «en el menor plazo de tiempo posible» que «en los
próximos años», que parece una inconcreción.
En cuanto al punto 3 de nuestra proposición no de ley, lo retiramos en
este momento, pues creo que con la explicación que nos ha dado la
portavoz del Grupo Socialista es suficiente. Seguiremos con atención el
desarrollo de cómo se va aplicando esta tarifación especial en el futuro.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS
PARA QUE LOS CARTELES CON LA FIGURA DE UN TORO, EXISTENTES EN LAS
PROXIMIDADES DE LAS CARRETERAS ESPAÑOLAS, PUEDAN MANTENERSE, COMO
ELEMENTOS DEL PAISAJE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN
EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000302.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, sin más dilación, al punto tercero del
orden del día.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Perdón, señor Presidente. Una cuestión de
orden.
El señor García Fonseca y yo queríamos plantear, si es posible y ningún
Grupo se opone, que, dado que él tiene obligaciones en otras Comisiones,
si podría pasarse la proposición que compete a Izquierda Unida sobre
ferrocarriles de vía estrecha --que va a ser muy corta, que está
consensuada--, a este momento, en lugar de discutirla cuando le
corresponda.
Es una petición que hacemos, si no hay ninguna posición contraria por
parte de los grupos.
El señor PRESIDENTE: Yo, como siempre, soy flexible y sensible a este
tipo de adaptación, sabiendo que hay muchos Diputados que tienen
obligaciones en distintas comisiones. Me consta que hay muchos Diputados
que tienen compromisos de intervención en otras comisiones.
En consecuencia, someto a los portavoces de la Comisión la conveniencia o
no de anticiparnos al punto número 6 del orden del día, en lugar de
seguir con el punto número 3. ¿Cuál es la posición de los grupos
parlamentarios?
Tiene la palabra el señor Posada, en nombre del Grupo Popular.
El señor POSADA MORENO: Comprendo la necesidad y el deseo, pero es que
nuestro portavoz en esta proposición, don Miguel Angel Cortés, está
esperando que termine para irse.
Cuando terminemos la tercera, podríamos pasar directamente a la otra. De
todas formas, aprovecho para pedir brevedad a todos y así iremos mucho
más rápido.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Presidente en funciones. Le agradezco
la sugerencia; me ha ahorrado insistir, una vez más, en algo que es
habitual en mí, de cara a las señoras y señores Diputados.
Pasamos al punto número tres, que, como Presidente, me apetece leer:
Proposición no de ley por la que se insta
al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que los carteles con
la figura de un toro, existentes en las proximidades de las carreteras
españolas, puedan mantenerse como elemento de paisaje.
Ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular y va a ser
defendida por el señor Cortés, que tiene la palabra.
El señor CORTES MARTIN: Procuraré ajustarme a las sugerencias de la Mesa
y de la sala. Puesto que se nos ha hecho llegar la enmienda que ha
presentado el Grupo Socialista, quizá en la misma intervención pueda
opinar tanto sobre nuestro texto como sobre la enmienda.
La verdad es que este debate tenía que haber sido tan breve como que, a
mi juicio, hubiese sido mucho más razonable que no se hubiese producido.
Hubiese bastado para ello una simple decisión del Gobierno modificando el
Reglamento que desarrolla la Ley de Carreteras o procediendo a la
declaración de bien cultural del objeto que hoy nos ocupa. Hubiese
bastado, sencillamente, que el Gobierno tuviera un mínimo de sensibilidad
cultural o estética para haber adoptado medidas cuando surgió el primer
conflicto. En cambio, procedió a la sanción, cuando ya no había
publicidad en el toro. Eso lo ha mantenido hasta la fecha y sigue en esa
posición.
Es evidente que esta deseable sensibilidad no ha existido. Hasta hace
poco, al menos el Partido Socialista atendía a razones de opinión
pública. Pues bien, en este caso tampoco ha sido así hasta el último
momento.
Creo, señor Presidente, que ha habido muy pocas actuaciones de un
Ministerio que hayan tenido una unanimidad en contra, como ha ocurrido
con esta decisión del Gobierno de sancionar y forzar, por tanto, a la
retirada de un elemento que ya se ha incorporado plenamente al paisaje de
España; no sólo dentro de España, sino incluso fuera de nuestras
fronteras. Seguro que todos los señores comisionados han podido ver,
desde el mes de septiembre hasta ahora, la cantidad de referencias que ha
habido en la prensa de personas de toda opinión y profesión al respecto.
No conozco --a lo mejor alguien en la sala nos lo puede facilitar-- una
sola declaración de apoyo a la decisión del señor Borrell, salvo, eso sí,
las de los portavoces socialistas que han dicho hasta ayer que no tenía
que haber excepciones, y que se tenían que aplicar la ley y las normas
que la desarrollan sin que hubiese excepción a la misma, porque no se
podían crear agravios. Sólo de manera muy reciente, cuando ya la
avalancha de la opinión pública ha sido tal, ha habido declaraciones de
algunos responsables autonómicos --y muy recientemente de la Ministra de
Cultura-- diciendo que sería bueno que fuese un bien cultural. Yo no
entiendo muy bien por qué quienes pueden en lugar de hacer declaraciones,
sencillamente firmar decretos, firmar órdenes, no lo hacen. Lo tenía en
su mano, y hubiésemos retirado de mil amores una proposición, porque a
nosotros lo que nos mueve es salvar al toro.
Siempre se produce ese debate de si los políticos actuamos a instancias
de los medios de comunicación o si los medios de comunicación siguen a
los políticos. En este caso tenemos que reconocer meridianamente que lo
que hemos hecho ha sido hacernos eco de un auténtico clamor de la opinión
pública, que ha llegado a la opinión pública a través de los medios de
comunicación. Eso es lo que hemos hecho, pensando que bastaría
simplemente el que presentásemos esta iniciativa para que el Gobierno
tomase las medidas adecuadas para corregir esta situación. Y me interesa
mucho, señor Presidente, insistir en que es el Gobierno, porque esta
situación se ha producido por decisiones del Gobierno: una ley aprobada
por esta Cámara y un reglamento aprobado --como no puede ser de otra
forma-- por el Gobierno que no ha tomado las medidas para que quedasen
claras las dudas y los conflictos que pueda haber sobre si es publicidad
o no, una vez que se han quitado las letras que figuraban en el toro. Eso
se podía haber aclarado perfectamente en el reglamento. Se podía haber
hecho también por otra vía, por la declaración de bien cultural.
Voy a entrar ahora en la valoración de la enmienda socialista. La
enmienda socialista tiene dos partes: una primera, en la que actúan como
si fuesen la abuela del señor Ministro y le dicen qué bueno es, qué bien
lo ha hecho, y valoran muy positivamente los efectos de su política.
¡Pues ya está! Lo concedemos de barato, simplemente pedimos que se
retiren las palabras «sin embargo». Dice: El Congreso de los Diputados,
valorando muy positivamente el efecto que en el paisaje español ha tenido
la prohibición de publicidad prevista en la legislación de carreteras,
reconoce, sin embargo, que la significación artística... Nosotros pedimos
que se suprima el término «sin embargo». Luego, en el segundo párrafo, en
contra de lo que se hace en todas las proposiciones no de ley y en las
enmiendas a las proposiciones no de ley (acabamos de debatir una, donde
una enmienda del Grupo Socialista lo que hace es lo que tienen que hacer
las proposiciones no de ley: se insta al Gobierno), se recomienda a las
administraciones públicas. Estamos dispuestos, «pro bono pacis», a
plantear una transaccional a la enmienda. Se retiran las palabras «sin
embargo» y quedaría el texto: Por ello, el Congreso de los Diputados
insta al Gobierno y recomienda a las demás administraciones públicas
competentes que garanticen la permanencia de la silueta del toro.
A nosotros nos corresponde instar al Gobierno y no nos corresponde
recomendar a las demás administraciones públicas. Lo podemos hacer,
tampoco hace daño, pero no es ésa nuestra competencia. Eso no tendría
ninguna consecuencia para ellas, sin embargo sí tiene consecuencias
políticas --que no jurídicas, como bien sabe la Comisión-- el que
nosotros instemos al Gobierno y el que se manifieste la opinión de la
Cámara, a través de esta Comisión, diciendo que la opinión de los
representantes del pueblo español es que el Gobierno adopte las medidas
que están en su mano para que esta situación se corrija. Además, si
manifestamos nuestra opinión de que si las demás administraciones
públicas quieren tomar alguna iniciativa, que también la tomen, eso no
hace daño aunque no sirve para nada. Mucho menos sirve el que valoremos
muy positivamente lo que ahí se ha hecho.
¿Adónde lleva todo esto? Esto lleva sencillamente a que aquí no se ha
corregido esta situación, en contra de la
opinión unánime, por la pura tozudez, la pura soberbia de un señor que
dice que él no da su brazo a torcer. Ahora dice: Como yo no voy a
corregir mi posición, les paso la patata caliente a otras
administraciones, a las que indirectamente hace responsables de la
situación que sólo él ha creado.
Yo creo que esta Comisión, sin necesidad de recordar errores pasados,
tiene que actuar sin procurar tener como principal objetivo salvar el
orgullo del señor Ministro de Obras Públicas. Los orgullos de los
responsables políticos muchas veces hay que tragárselos un poco. En este
caso parece que se lo tiene que tragar mucho, pero es un problema que se
ha creado él mismo. Nosotros no estamos aquí para salvar el orgullo del
señor Ministro de Obras Públicas, sino para salvar al toro y lo que
estamos pidiendo, por usar los términos taurinos, es que esta Comisión
levante el pañuelo del indulto y que pueda seguir incorporado al paisaje
de España uno de los símbolos que por el talento de quienes lo diseñaron
y porque se ha integrado de una forma tal en nuestro paisaje, como puede
ver cualquiera que se acerque a las representaciones plásticas,
literarias, la prensa internacional, es uno de los símbolos que dentro y
fuera de nuestras fronteras más representan el paisaje español.
Merece la pena que hagamos lo que está en nuestras manos para salvarlo y,
por tanto, que instemos al Gobierno --y, si se quiere, que recomendemos a
las demás administraciones públicas-- a que tome las medidas que estén en
sus manos, pero que por nosotros no quede.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Roncero
para defender la enmienda del Grupo Socialista.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, lógicamente fijaré la
posición sobre la proposición del Grupo Popular y sobre el discurso y la
defensa que de la misma se ha hecho aquí hoy.
Yo diría que esta exposición en la defensa de la proposición, que no me
ha extrañado nada, viene a confirmar la tesis --por otra parte, hay que
decir que ha habido un gran consenso social en la defensa del toro de las
carreteras--, que algunos mantenemos de que al lado de ese gran consenso
social hay por parte del Partido Popular no un interés por salvar al toro
y buscar mecanismos jurídicos para salvarle, sino por atacar al Gobierno
y al Ministro de Obras Públicas. Es palmario y habrá que leer el «Diario
de Sesiones».
Puedo repetir frases literales en las que prácticamente nada se ha
hablado del toro, de lo que significa, del valor cultural que tiene, de
su simbología, etcétera, pero se ha hablado de no tener la deseable
sensibilidad, reacciones frente a un ministerio tozudo, soberbio..., a
quien curiosamente se le acusa de no decidir por decreto, cuando otras
veces se le acusa de lo contrario. Hay que leer detenidamente esta
intervención que se ha producido aquí para alimentar más todavía, si
cabe, la tesis que algunos venimos manteniendo de que hay ciertos
sectores a los que les importa muy poco el toro y resolver el tema que
nos ocupa en este caso, porque les interesa más destacar los ataques, las
descalificaciones al Gobierno o a uno de los ministros del Gobierno,
etcétera.
Dicho esto, hay que entrar a analizar el fondo del problema. De ahí viene
nuestra enmienda que avanzo que queremos mantener. No estamos en contra
de retirar las palabras «sin embargo», como se nos ha propuesto, pero sí
queremos mantener en nuestra enmienda, como argumentaré a lo largo de
todo el alegato, el término «recomendar a las administraciones públicas».
Creemos que hay que acercarse al problema teniendo en cuenta una
legislación que, repito, no es tozudez de nadie (aquí no hay tozudez ni
soberbia), sino que es una legislación aprobada por este Parlamento, por
las Cortes Generales: la Ley de Carreteras del año 1988, y ese artículo
24, aprobado por todos los grupo políticos en su momento. Repito que no
hay tozudez ni soberbia de nadie, sino una legislación vigente que ha
producido grandes beneficios al paisaje y carreteras españoles. Eso hay
que destacarlo y no es hacer ninguna alabanza a nadie, sino hacer a las
Cámaras y a nosotros mismos un reconocimiento por haber incorporado a la
legislación española unos términos modernos de protección del paisaje y
de la prohibición de publicidad, como se hizo en el año 1988. Eso ha sido
trasladado por un reglamento.
Esto viene a confirmar todavía más estos hechos objetivos, y cuando se
hacen discursos de tozudez y soberbia, se comprueba que no tienen base
real alguna. Aproximándose al problema y teniendo en cuenta que hay una
legislación que hemos aprobado unánimemente en ese aspecto de la
publicidad de carreteras en el año 1988, hay que considerar los otros
aspectos. A aplicar esa legislación, y precisamente por su aplicación, no
ya por la aplicación del Reglamento en el mes de septiembre, sino desde
la propia Ley de 1988 y después del período transitorio de un año que se
dio para retirar la publicidad, empieza a retirarse publicidad, empiezan
a denunciarse infracciones y se denuncia una valla del toro en una
carretera, concretamente en el punto kilométrico 16,800, margen derecho
de la A-8, Gijón-Avilés. Eso se denuncia, sigue su trámite administrativo
y, en función de la tipificación de la ley, va a Consejo de Ministros y
se impone la sanción más leve permitida por la legislación vigente. Se
recurre y se siguen los trámites legales y jurídicos normales.
Este tema surge ahora, con el Reglamento, que no tenía por qué, porque
viene de antes. La sociedad se ha movilizado en estos momentos y,
efectivamente, puede haber un gran consenso social, puede haber una
valoración añadida a los términos publicitarios y que no sean simplemente
publicitarios. Se suscita un gran consenso de la sociedad sobre la
necesidad de adoptar alguna medida o algún tipo de iniciativas jurídicas
o políticas que permitan el mantenimiento en el paisaje de la figura del
toro que está en nuestras carreteras.
Lógicamente, esta publicidad que, como decía, se ha ido retirando en
aplicación de la legislación que todos aprobamos, ha tenido un efecto
beneficioso no sólo en el paisaje en general, sino también para la propia
figura del toro, porque ha venido a destacarla mucho más y a destacar
mucho más sus valores --que los tiene-- artísticos, de diseño, su
integración en el paisaje, por la buena suma de acciones que ha tenido la
prohibición de publicidad en las carreteras españolas. (Risas.) No se
rían SS. SS., porque eso vuelve a confirmar que no están por salvar al
toro y por argumentar en favor del toro, sino en contra del Gobierno y yo
aquí solamente estoy mostrando un efecto positivo.... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor Roncero.
Señorías, el señor Roncero está en el uso de la palabra y, por lo tanto,
ruego siempre el máximo respeto para la persona que está exponiendo y
defendiendo sus posturas. Eso no quiere decir que sutilmente cada uno
pueda reaccionar con sus labios o como quiera ante cualquier comentario,
pero, por favor, respetando el silencio necesario para poder escuchar la
defensa del señor Diputado.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señor Presidente, por su
amparo, pero, desde luego, esas actitudes denotan que no saben nada de
esta controversia social, de lo que aquí se ha producido y de lo que
opinan los promotores o el grupo de reflexión de artistas, intelectuales,
etcétera, que se han agrupado en la defensa del toro en las carreteras,
que hacen esta valoración tajante y taxativamente: que precisamente la
prohibición de publicidad y la eliminación del resto de la publicidad ha
acentuado los valores del toro que ya de por sí tenía. Esto no debe mover
a risa, porque cuando mueve a risa da más razón a mis argumentos en el
sentido de que aquí no se va al fondo del problema, sino que se está en
contra o se descalifica al Gobierno o a uno de sus Ministros.
Reconocemos que hay un problema jurídico y político, pero que no es
resoluble autorizando o exceptuando una determinada publicidad, porque, a
pesar de haber sido borrada la marca comercial patrocinadora de la valla
del toro, no cabe duda que sigue siendo un reclamo publicitario en cierta
medida subliminal. No habría que hacer la excepción en la legislación de
prohibición de publicidad en las carreteras, sino que si todos --y hay un
gran consenso social en ese sentido-- reconocemos valores superiores
artísticos, culturales, paisajísticos, sociológicos, de la cultura
española y de nuestra imagen en el exterior, etcétera, si valoramos eso
como positivo y si nos atenemos a los principios constitucionales, al
artículo 46, en el que se nos dice que los poderes públicos promoverán la
protección y el enriquecimiento de los bienes culturales y del patrimonio
de los pueblos de España, nos llevará a decir que hay que mantener la
legislación sobre la publicidad en las carreteras y que hay que tomar
actitudes y emprender el camino que ha tomado ya una Comunidad Autónoma
como la de Andalucía, y que el Congreso de los Diputados recomienda a las
administraciones competentes en bienes culturales y patrimonio, que son
las comunidades autónomas (que es lo que puede hacer el Congreso frente a
administraciones sobre las que no tiene competencia de instancia), que
garanticen la permanencia de la silueta del toro en las carreteras
españolas, en el marco de la legislación de conservación del patrimonio
cultural y artístico de los pueblos de España, que es de su competencia.
No podemos aquí pedir decretos del Gobierno sobre materias que no son de
su competencia. Y respecto a las materias de su competencia, como es la
legislación de carreteras, conviene mantener la prohibición de publicidad
porque aquí no se va a hacer excepción de la publicidad como publicidad;
se va a exceptuar como bien cultural y artístico de los pueblos de
España, que es lo que recomendamos a las administraciones públicas dentro
de su competencia y deberán hacerlo dentro de su competencia.
Señor Presidente, señorías, nuestro Grupo que viene siguiendo este tema y
controversia social atentamente y que participa de ese consenso, pero que
ha analizado el problema de verdad, en el fondo, y con ganas de
resolverlo, sin querer atacar ni establecer controversias ni
descalificaciones con nadie, propone una enmienda que debe ser avalada
por este Parlamento, por este Congreso de los Diputados que es, por una
parte, valorar positivamente, porque así lo valoran todos los que
defienden la valla del toro, el efecto que la legislación de carreteras
ha tenido en nuestro paisaje y, por otra parte, recomendar --como no
puede ser de otra forma-- a las administraciones públicas competentes que
garanticen la permanencia de la silueta del toro en las carreteras
españolas, en el marco de la legislación en la que son competentes las
comunidades autónomas, que es la conservación del patrimonio cultural y
artístico en los pueblos de España.
Por eso, señor Presidente, aceptaríamos retirar de la enmienda
transaccional que proponía el Grupo Popular el «sin embargo», pero
mantenemos la palabra recomendación y no instancia al Gobierno, que no es
a quien hay que instar, porque el Gobierno sólo ha trasladado --y debe
seguir haciéndolo-- el cumplimiento de una ley que aprobó este
Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, entonces y resumo, que usted está
dispuesto a aceptar en la enmienda transaccional del señor Cortés, en
nombre del Grupo Popular, el «sin embargo», pero mantiene la expresión:
recomienda a las administraciones públicas, con lo cual es una aceptación
a medias de la propuesta «in voce» del señor Cortés, a quien le voy a dar
la palabra inmediatamente. Pero antes quiero hacer una matización
respecto a lo que se ha hablado cuando se ha mencionado la palabra
«publicidad», sin querer malinterpretar. En la proposición no de ley se
habla del toro como elemento de paisaje y no como elemento publicitario,
porque todos sabemos que se ha quitado el nombre de la firma.
Le doy la palabra al señor Cortés para que manifieste su opinión respecto
a la enmienda transaccional que había sugerido y que ha sido cualificada
por parte del señor Roncero, en nombre del Grupo Socialista.
El señor CORTES MARTIN: No podemos aceptar que se supriman las palabras
«sin embargo», ni podemos aceptar la enmienda --puesto que es una
enmienda de sustitución-- porque esta Cámara no tiene competencias para
recomendar a las administraciones públicas. El Parlamento de Andalucía ya
ha tomado una decisión o la tomará. El
Parlamento de la Comunidad de Madrid podrá hacer lo que quiera, pero
nosotros nos tenemos que dirigir al Gobierno de la nación, que es al que
controlamos. Podemos tomar iniciativas de ámbito nacional y no en otros
ámbitos competenciales. Así se hace en todas las proposiciones no de ley
y así se ha hecho en esta misma Comisión exactamente en el punto
inmediato anterior al que hemos tratado, en una enmienda que también ha
planteado el Grupo Socialista.
Hay responsabilidad, hay competencia del Gobierno para hacer esto.
Bastaría, por ejemplo, con que se dijese claramente qué es y qué no es
publicidad y que no se interpretase como publicidad un anuncio que no
tiene ninguna leyenda. Bastaría con que eso se dijese reglamentariamente.
Eso lo puede hacer el Gobierno en virtud de su propia capacidad
reglamentaria. ¿Se podría proceder también a la declaración vinculante
por parte del Ministerio de Cultura? Se puede hacer. Nosotros por materia
competencial y porque es la forma en que creemos que se tiene que
proteger al toro, puesto que lo que se intenta aplicar para que se retire
es legislación estatal y reglamentos estatales, creemos que son
instancias estatales las que tienen que actuar. Aceptamos que se diga:
«insta al Gobierno y recomienda a las demás administraciones públicas».
Sabemos que no vale más que como declaración o recomendación piadosa,
pero lo aceptamos en aras de ese acuerdo al que aludía el señor Roncero,
aunque sabemos que no es válido.
Lo que les ocurre al Grupo Socialista y al Gobierno es que les ha pillado
el toro y ahora quieren pegar un capotazo para desviar el morlaco hacia
otro lado. No, si nosotros no queremos más que salvar al toro. No
queremos atropellar en esto a ningún Ministro. En lo que sí estará de
acuerdo conmigo es en que no ha sido el Grupo Socialista el que ha
intentado el indulto del animal. Aquí ha habido una opinión pública que
ha hecho que este asunto aflore y ha habido un grupo parlamentario que,
haciéndose eco de esa opinión pública, ha traído el asunto a la arena, y
ahora es a esta Comisión a quien corresponde decir si se indulta o no se
indulta. Nuestra posición es que tiene que ser el Gobierno quien lo diga,
porque si no no valdría nuestra declaración. Esta es la piedra de toque:
si el Partido Socialista antepone el que se salve el toro o salvar la
cara del Ministro Borrell.
Señor Presidente, no podemos aceptar esa enmienda de sustitución más que
en estos términos.
El señor PRESIDENTE: Si me permiten, antes de dar la palabra, finalmente,
para dar opción a que los representantes de otros grupos parlamentarios
puedan dar su opinión al respecto, yo he entendido, y creo que así va a
figurar en el «Diario de Sesiones», que el señor Roncero, con un espíritu
de intentar llegar a un consenso, ha hecho un añadido en la lectura de su
enmienda que no figura.
Usted ha leído el segundo párrafo de la enmienda y ha añadido: de su
competencia. Cuando habla de: «recomienda a las administraciones
públicas...» ha añadido verbalmente: «de su competencia», cosa que no
figura en el escrito.
Tiene la palabra el señor Roncero para aclarar finalmente su posición.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Señor Presidente, lo he dicho sin leerla; me
he referido a ella en el contexto coloquial del debate sin leerla
literalmente. Nos mantenemos en la literalidad del segundo párrafo de la
enmienda.
Respecto a lo que dice el señor Cortés, no se debe amparar en que hace
unos minutos hemos instado al Gobierno. Instamos en las cuestiones de su
competencia. Aquí estamos instando a las administraciones públicas en los
asuntos de su competencia. Nosotros creemos que la competencia del
Gobierno en la legislación de carreteras debe mantenerse en cuanto a
prohibición de la publicidad. Fíjese en una cosa. Si nosotros decimos que
se excepcione esa publicidad, estamos admitiendo que es publicidad, con
lo cual estamos contradiciendo los propios argumentos de los que defiende
que eso no es publicidad. Por tanto, la excepción deberá venir por las
declaraciones culturales y artísticas correspondientes a diferentes
administraciones competentes.
Esa es nuestra posición. Creemos que es razonable y que este colectivo,
este grupo social que apoya estas medidas valora como una posibilidad
jurídica y política muy razonable para solventar el problema. Sumémonos a
solventar el problema. Dejémonos de traer un toro ya bastante toreao
--utilizando un símil taurino, como usted estaba diciendo--, con el ánimo
de que por estar tan toreao quisiera empitonar al Gobierno que no debería
ser empitonado por esto. El toro debe ser mantenido en la dehesa libre y
cuidado por los que deben tener la competencia sobre él.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición
respecto a la enmienda? (Pausa.) Por parte del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), el señor Sedó tiene la palabra.
El señor SEDO I MARSAL: Bien, señor Presidente, vamos a picar el toro.
En primer lugar, quiero decir dos cosas. Nuestro Grupo categóricamente
vota que no; vota en contra. Cuando se habla aquí del rechazo unánime de
la decisión del Gobierno o del Ministro, decimos que no hay unanimidad
porque hay mucha gente que no está de acuerdo con que varíe el paisaje.
El paisaje es el que es y no necesita ningún aditamento de cartón-piedra
o metálico como es; el paisaje es el que es. Nosotros no vamos a votar
favorablemente la propuesta que se nos hace.
También quisiera decir otras cosas. Se habla aquí de que no hay
publicidad en el toro porque si han quitado las letras, no hay publicidad
en el toro. Si vamos, no ya por la carretera porque no existe, por la
ciudad y vemos un símbolo metálico redondo con una estrella, todo el
mundo sabe que hablamos de una muy prestigiosa marca de coches; si vemos
una figura más o menos humanoide hecha con neumáticos, todo el mundo sabe
a qué marca corresponde, sabe de qué va; si vemos otras figuras antiguas
como una especie de rana en una forma clásica, todo el mundo sabe de qué
producto de limpieza doméstica se hablaba; todo el mundo sabe
subliminalmente lo que es. El
toro hace esto actualmente. Si la gente va por la carretera viendo el
toro entonces estamos incurriendo en contradicción, porque lo que
pretendía la Ley de Carreteras era que no se distrajese el conductor, y
aquel hombre, aquella mujer está predispuesto a ver una marca
determinada.
Si yo en estos momentos salgo de la Cámara, voy a un supermercado y
compro una botella de un producto de aquella marca, el símbolo del toro
está en la etiqueta. Por tanto, publicidad. Si yo quiero ir al Registro
de Patentes y Marcas y registrar cualquier marca, aunque sea de otro tipo
de producto, con el símbolo de aquel toro, a mí el Registro me lo
deniega. ¿Por qué? Porque ya está registrado. Por tanto, el símbolo del
toro es una marca de un producto. No nos digan que no es publicidad. Es
publicidad. ¿Quién hace el mantenimiento de todos los toros que hoy en
día están en la carretera? Yo no lo sé. Antes se lo he preguntado a algún
compañero que, posiblemente, ha contestado espontáneamente: la casa
propietaria del toro. Por tanto, continúa reconociéndose, si ellos hacen
el mantenimiento, que para ellos es un bien publicitario el mantener el
toro. Luego, no se diga aquí que no es publicidad.
Segunda parte: si es publicidad, ¿el Ministerio cobra tasas? Si cobra
tasas, las debe cobrar ilegalmente, porque la ley no permite cobrar tasas
por publicidad. Si no cobra tasas por la publicidad que hay, en estos
momentos estamos ante una irregularidad; si no se cobra, alguien está
aprovechándose gratuitamente de una publicidad subliminal a todo el país.
¿Qué trato de favor debe tener el toro? En todo caso, la actitud del
Gobierno, que dice fuera, ¿es para evitarse eso? ¿Los otros grupos
permitiremos, aprobando que entre a formar parte del paisaje el toro, que
se haga una publicidad subliminal, sin que el propietario que se
beneficia de ello pague nada a la Administración, a la que sea?
Francamente, señores, no se puede hacer.
Después, respecto a la enmienda del Grupo Socialista, que parece que no
va a ser admitida, las administraciones públicas competentes ya
resolverán, pero no hace falta que se les pida que garanticen la
permanencia. No se pide que las administraciones públicas competentes
dictaminen lo que les parece; no. Es que en esta enmienda se les dice que
las administraciones públicas competentes garanticen la permanencia. Esto
no nos va.
En todo caso, para terminar de una forma anecdótica, yo, que no soy
entendido en cosas de toros, ni mucho menos, he oído hablar de que hay
toros mansos, bravos, sementales, cuernicortos (me parece), paticortos;
otros también los definen por el color. Ahora, señores, hay una nueva
especie, según esta enmienda: ahora existe el toro de las carreteras.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sedó.
Con ello terminamos un debate interesante por el que, al parecer, había
gran expectación.
Pasamos a proponer a la Comisión lo que, previamente a la presencia de la
señora Rahola, habíamos acordado. El señor García Fonseca había
solicitado alterar el orden del día y pasar al punto número 6, porque
tenía urgencia en marcharse. Habíamos acordado en su ausencia (si no
tiene inconveniente la señora Rahola) pasar directamente al punto 6,
dando satisfacción al señor García Fonseca, en lugar de seguir con el
punto 4.
Tiene la palabra la señora Rahola.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: No quisiera negarle satisfacción al señor
García Fonseca. Lo que ocurre es que yo también tengo una Comisión. Si es
breve, no tengo inconveniente en alterar el orden del día.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE SE DIRIJA A LA EMPRESA PUBLICA
FERROCARRILES DE VIA ESTRECHA (FEVE) Y ELABORE EN LO INMEDIATO UN PLAN DE
EMPRESA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000268.)
El señor PRESIDENTE: Con ese compromiso de brevedad que había sido
solicitado ya por el señor Posada, y aceptado por todos, pasamos al punto
6 del orden del día que reza así: Proposición no de ley por la que se
insta al Gobierno para que se dirija a la empresa pública Ferrocarriles
de Vía Estrecha (FEVE) y elabore en lo inmediato un plan de empresa,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y que va a defender el señor García
Fonseca, en primer lugar. Luego, hay dos enmiendas, una del Grupo Popular
y otra del Grupo Socialista, que serán defendidas por el señor Camisón y
por el señor Roncero.
Sin más dilación, tiene la palabra el señor García Fonseca.
El señor GARCIA FONSECA: Gracias, señor Presidente, y gracias a los
colegas que me han permitido adelantar la defensa de esta proposición;
voy a ser muy breve en la defensa de la misma. Entre otras cosas, creo
que no hace falta extenderse mucho, porque la propia proposición no de
ley, en sí misma, contiene razones suficientes como para que pueda ser
aceptada, según el criterio de mi Grupo, obviamente.
Cualquier empresa del volumen y de la entidad de Feve, que es una empresa
mediana, debe tener un plan de empresa. A nosotros nos llama la atención
que Feve, a pesar de que desde hace al menos cuatro años se le ha venido
planteando por parte de directivos, de sindicatos, etcétera, hasta ahora
no tenga ningún plan de empresa.
En este sentido, quiero mencionar un escrito dirigido al Presidente de
Feve por un grupo de unos 17 directivos, que hacen este tipo de
recomendaciones: «Ante esta convocatoria, estimamos conveniente y
mostramos nuestra esperanza en que se inicien las exposiciones,
detallando aspectos funcionales y objetivos básicos para el desarrollo
presente y futuro de nuestra empresa», e indican una serie de puntos que
debieran contemplar estos aspectos funcionales y objetivos básicos, lo
que sería un plan de empresa. Y añaden: «En función de lo anteriormente
expuesto, entendemos
que la estructura de la empresa debiera responder a este plan previo de
la empresa.»
De facto, y desgraciadamente, en Feve no ha sido así. Se ha hecho primero
una estructura, que en estos momentos se está aplicando, sin tener
previamente un plan de empresa; y, desdichadamente, a las personas, como
en este caso, estos directivos, que hacían estas recomendaciones tan
prudentes y tan mesuradas, no solamente no se les ha tenido en cuenta,
sino que, desafortunadamente, se les ha marginado, cuando no reprimido.
En todo caso, lo que mi grupo plantea es que se haga un verdadero plan de
empresa que inclusa análisis de recursos económicos, financieros,
materiales y humanos; estudios de mercado a medio y largo plazo; estudios
de la evolución de la competencia; definición de productos a
comercializar; planificación temporal de recursos propios y ajenos;
incluiría dimensionamiento de la oferta de transporte presente y
prognosis de futuro; mecanismos a aplicar para asegurar el cumplimiento y
análisis de las desviaciones..., es decir, un verdadero plan de empresa.
Desde luego, no se cumple este objetivo con unos cuantos folios con
declaraciones mejor o peor presentadas, sino que, nosotros, para evitar
un plan de empresa que no sea tal, planteamos al Gobierno que el plan de
empresa que presente Feve profundice en la concreción de programas,
especificando los programas en curso, su definición, los recursos
necesarios, su desarrollo e implantación, así como un cronograma de
resultados.
Esta es la propuesta de nuestro Grupo y, en ese sentido, va literalmente
nuestra proposición no de ley, que espero que cuente con el voto positivo
de SS. SS.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender la enmienda del Grupo
Popular, tiene la palabra el señor Camisón.
El señor CAMISON ASENSIO: Señor Presidente, nuestro Grupo ha estudiado
con todo interés esta proposición no de ley del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, y lo primero que tengo que advertir es
que nos ha extrañado la aseveración que se hace en la propia proposición
cuando califica de contradictorio que la actual dirección de la empresa
pretende imponer una nueva estructura. Quiero recordar al respecto que
está obligada por la Directiva de la Unión Europea, que exige, por un
lado, separar, en las empresas públicas de transporte ferroviario, la
explotación de la infraestructura y, por otro, un saneamiento financiero.
Yendo a la almendra de la cuestión, la proposición va en la línea de que
se elabore un plan de empresa. Nosotros, en este aspecto, estamos
completamente de acuerdo, pero en la proposición, al enumerar las
cuestiones que debe reflejar ese plan, se eligen sólo algunas, por lo que
pensamos que queda incompleto. Creemos que es el momento de incluir en
ese análisis la elaboración de un estudio sobre la posibilidad de
integración de Feve en Renfe como una unidad de negocio de vía estrecha.
No me voy a extender en justificar nuestra propuesta puesto que hace
escasas semanas la hemos defendido en el Pleno y además es coherente con
lo que venimos manteniendo en este tema desde hace mucho tiempo en
nuestro Grupo Parlamentario. Sucintamente, recuerdo que esta integración
situaría a la empresa en mejores condiciones de explotación y permitiría
mejorar las condiciones de trabajo con más rendimiento y mayores
oportunidades de promoción para el personal. Estamos pensando en una
mejora de las condiciones de los trabajadores de Feve, que indudablemente
mejorarían sus oportunidades de promoción personales.
Analizando con detenimiento la oportunidad de este plan de empresa, a la
vista de los últimos informes proporcionados por el Gobierno sobre la
evolución de Feve en cuanto a inversiones realizadas en transporte
ferroviario y en lo que afecta a Feve, apreciamos una notable disminución
de inversión de instalaciones fijas. En cuanto al parque de material
remolcado, comparando por ejemplo la relación del año 1992 con la de
1991, que marca un poco la pauta de los últimos tiempos, se aprecia un
descenso en locomotoras, un muy ligero aumento en automotores y una baja
tanto en coches de viajeros como en vagones. En cuanto al tráfico de
viajeros y mercancías, resumiendo todos los análisis últimos, vimos que
hay un tráfico de viajeros-kilómetro totalmente estancado, y ocurre lo
mismo con el tráfico de mercancías en unidades de tonelada-kilómetro, que
aunque tiene un aumento es muy ligero.
Resumiendo, señor Presidente, vemos que Feve sigue arrastrando su
penuria, sus cadenas, y por tanto es muy oportuno, a la vista de estos
datos, proporcionar en este aspecto un revulsivo. Ese revulsivo,
efectivamente, puede ser un nuevo plan de empresa, que apoyamos,
coherentemente con lo que hemos venido manteniendo, pero la solución
ideal, además de ésta, sería aprovechar para hacer la integración en
Renfe, dado que entendemos que ello eliminaría muchos defectos y, sobre
todo, daríamos a los trabajadores de Feve una gran oportunidad de
promoción.
El señor PRESIDENTE: A continuación, el señor Roncero, en nombre del
Grupo Socialista, tiene la palabra para defender su enmienda.
El señor RONCERO RODRIGUEZ: Nuestra enmienda es muy breve y mi defensa
también lo será. La empresa Feve ha estado funcionando estos años en base
a un plan de actuaciones que presentó en 1991 referido al período
1991/93. Actualmente, después de dicha fecha, está trabajando en nuevas
líneas de futuro que pasan por la adaptación de la contabilidad a la
nueva estructura funcional, a través de unidades de negocio, al igual que
Renfe, y en la necesidad de conseguir un equilibrio económico en sus
resultados, en la línea de lo establecido en la legislación vigente y
para contratos de servicios públicos. En este contexto, Feve viene
trabajando en esas líneas de futuro, y lógicamente está haciendo una
actuación similar a la que ya hemos conocido en esta Comisión, efectuada
por Renfe, de elaboración de un plan estratégico por la empresa y su
posterior aprobación y debate en este ámbito, si lo consideramos
oportuno, en donde procederá discutir algunas de las cuestiones como las
que plantea
la enmienda del Grupo Popular, pero creemos que en este momento, y en
función de lo que dice la proposición de Izquierda Unida, esas líneas de
actuación que la propia proposición establece son las lógicas y se están
teniendo en cuenta en ese plan estratégico que se está elaborando. Lo que
debe hacerse es elaborarlo con la máxima urgencia y presentarlo a la
mayor brevedad posible, que es lo que nuestra enmienda viene a proponer
como sustitución, manteniendo prácticamente todos los términos de la
proposición pero sin condicionar la libertad de la empresa, que
lógicamente tendrá que tratar esos temas y también otros que se apuntan
en la proposición. Por ello, nuestra enmienda simple y brevemente, dice:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que, a la mayor
brevedad posible, se ultime la elaboración del plan estratégico de la
empresa Feve.
El señor PRESIDENTE: Señor García Fonseca, ¿cuál es su opinión respecto
de las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo
Popular?
El señor GARCIA FONSECA: Vamos a aceptar la enmienda socialista en el
bien entendido que mi Grupo mantiene políticamente, por lo que se refiere
al plan de empresa, todo lo que literalmente dice en su proposición,
aunque la retira en función del resultado positivo de esta proposición no
de ley. Mantiene lo que decimos literalmente en nuestra proposición no de
ley y mantiene lo que este portavoz desarrolló en cuanto a lo que debiera
ser un plan de empresa por parte de mi Grupo.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Popular, entendemos que
es una enmienda con la que mi Grupo no discrepa en su contenido; es
decir, me parece que es una enmienda que pudiera ser interesante como
propuesta en sí misma y mi Grupo en otras ocasiones ha planteado también
mociones en sentido parecido, pero creemos que éste no es el contexto
adecuado. Lo que nosotros planteamos es un plan que tenga una serie de
requisitos metodológicos. No entramos en los contenidos específicos del
plan. Ocasiones habrá, tanto por parte del Grupo Popular como por parte
de nuestro Grupo, para hacer propuestas sustantivas específicas. En este
sentido, repito, sin rechazar el contenido de la propuesta del Grupo
Popular, políticamente hablando, no nos parece pertinente en este momento
incluirlo en la proposición no de ley que vamos a votar.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún Grupo Parlamentario quiere manifestar su
posición respecto a la proposición no de ley y a las enmiendas? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Sedó en nombre del Grupo Catalán (Convergència
i Unió).
El señor SEDO I MARSAL: Nosotros, al decir el señor García Fonseca que
acepta la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, vamos a votar
favorablemente. En el texto de la proposición inicial --hoy estoy en plan
de ingeniero gramatical-- se decía: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno para que se dirija a la empresa Feve y elabore... Elabore
¿quién? ¿El Gobierno o la empresa Feve? Por tanto ahí yo hubiese cambiado
la palabra «elabore» por la de «solicitando», en todo caso, a Feve.
También quiero decir que esta proposición no de ley, dentro de su primer
carácter general, da el índice, cosa que, como ya he declarado antes, no
es un esquema que a nosotros nos parezca bien, aunque algunas veces
también hemos incurrido en ese defecto.
--RELATIVA A LA SEÑALIZACION DE LA CARRETERA N-1411 Y LA N-152.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/000323.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate sobre el punto número 6 del
orden del día, volvemos al debate inicial del punto número 4, proposición
no de ley relativa a la señalización de la carretera N-1411 y la N-152.
Con respecto a la denominación de la carretera N-1411, tengo que aportar
una rectificación de la proponente, señora Rahola, del Grupo Mixto. En
vez de poner carretera N-1411, hay que poner N-260. Hay un error
mecanográfico que se ha comunicado en esta Presidencia al inicio de la
Comisión y que ahora, llegado el momento del debate, transmito a SS. SS.
Por tanto, la proposición no de ley se refiere a la señalización de la
carretera N-260 y la N-152, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Mixto y
cuya defensa corresponde a la señora Rahola, que puede hacer uso de la
palabra.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: A pesar de que S. S. ya lo ha dicho, quiero,
sin embargo, hacer una aclaración, puesto que en el redactado de la
proposición hay este error de forma que, si bien no dificulta la
comprensión de la proposición, no es exacto. En la proposición se hablaba
de la N-1411 (y ya verá por qué hago esta salvedad) y no como sería
perceptivo de la N-260. La semana pasada presentamos en el registro la
corrección. El error, que deploramos, se debió al hecho de que el propio
MOPTMA en sus señalizaciones habla de la N-1411, carretera que, en
realidad, no existe. Tengo aquí delante unas fotos donde se puede
comprobar el error. Hechas las averiguaciones pertinentes la proposición
se refiere a la carretera N-260 que va de La Seu dÕUrgell hasta
Puigcerdá. Aprovechamos, sin embargo, la ocasión para levantar acta del
error del MOPTMA, con la esperanza de que éste se corrija.
La proposición, señorías, es de redactado simple, puesto que se trata
sencillamente de instar al Gobierno a señalizar en dicha carretera N-260
en su tramo de la Seu a Puigcerdá el nombre de Barcelona por la ruta de
la N-152 y de señalizar también los nombres de Ripoll, Olot y Vic. Esto,
que parecía ser menor y sobre todo obvio, es de una gran importancia para
toda la zona implicada y ha significado una presión de diferentes
sectores de la comarca del Ripollés, hasta el punto de que se han enviado
diferentes cartas al Ministro Borrell, de las cuales tengo copia de
algunas, para pedir esta señalización, pero hasta el momento esta cartas
no han tenido nunca respuesta.
El problema es que hasta el momento la única señalización para ir hacia
Barcelona es la que indica la derivación hacia el túnel del Cadí que,
como SS. SS. saben, es de
peaje. Más de 10 carteles del MOPTMA anuncian la ruta de este túnel para
ir hacia Barcelona a través de la comarcal 1411, y ninguno anuncia la
ruta por la N-152, que era la ruta tradicional y que reforzaba el eje
Ripoll-Vic-Olot.
Entendemos que esta peculiar elección del MOPTMA de la señalización a
favor de la ruta de peaje en detrimento de la tradicional crea un doble
problema: la promoción unilateral a favor de una ruta con un alto coste
económico para el usuario que quiere desplazarse hacia Barcelona,
silenciando, a la vez, la ruta gratuita, y la discriminación de un eje,
el de Ripoll-Vic-Olot, que es de una enorme importancia económica y de
articulación equilibrada del país.
Señorías, la comarca del Ripollés es una de las más degradadas de
Cataluña y, a pesar de la indiscutible importancia que ha significado
para Cataluña la creación del túnel del Cadí, es indiscutible que ha
significado también un problema en los ingresos económicos de la comarca,
y sus repercusiones son importantes. La necesidad, pues, es de
promocionar la zona también indicando esta ruta.
Finalmente, para ser breve, entendemos que es un servicio obligado del
Ministerio la correcta información sobre todas las alternativas que el
usuario puede coger en ruta hacia una ciudad. Nos parece incomprensible
en este sentido que el Ministerio opte por primar una ruta económicamente
gravada y silencie otra.
Por todo ello y por lo razonable de la demanda, por lo importante que es
para las comarcas afectadas y por la necesidad de corregir lo que
entendemos que es, como mínimo, un olvido injustificable, pedimos que se
señalice en la carretera Nacional-260, en su tramo de La Seu a Puigcerdá,
el nombre de Barcelona también por la ruta tradicional, ala de la 152,
como ya está por la otra ruta alternativa.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley no se ha presentado
ninguna enmienda. Por tanto, damos la palabra, para fijar su posición, en
nombre del Grupo Popular, al señor Carreño.
El señor SEDO I MARSAL: ¿No va de abajo a arriba?
El señor PRESIDENTE: No, de arriba a abajo. En este caso concreto le
recuerdo al señor Sedó que reglamentariamente, para su tranquilidad, es
de mayor a menor. Simplemente para dejar las cosas claras. Entiendo
perfectamente su inquietud por hablar de un tema que le afecta muy
directamente, pero estamos siguiendo el procedimiento de mayor a menor.
Tiene la palabra el señor Carreño, en nombre del Grupo Popular.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: A mí también me afecta como
Ingeniero de Caminos y funcionario en excedencia del Ministerio de Obras
Públicas, Transporte y Medio Ambiente.
Efectivamente, había detectado el error de que no existe la N-1411, y por
lo menos hay otro mapa de carreteras, del cual no voy a hacer publicidad,
en el que sí viene como C-1411, y además es competencia de la Generalitat
de Cataluña. Por tanto, ahí entraríamos en la recomendación de instar a
otras administraciones, lo que, desde luego, nuestro Grupo no va a hacer.
Entendemos, en consecuencia, y lo ha corregido la señora Rahola, que es
la señalización de la N-260 como itinerario alternativo al de peaje del
túnel de Cadí hacia Barcelona. Ha explicado ella las razones y nosotros
añadimos que no sólo para las poblaciones citadas por la señora Rahola,
sino que también ese itinerario alternativo constituye acceso a las
estaciones de esquí de La Molina y Masella, y evidentemente es
conveniente señalizar ese itinerario y el acceso a las estaciones de
esquí.
Por ello apoyamos esta proposición no de ley con las correcciones antes
señaladas tanto por la señora Rahola como por este Diputado.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó. (El señor Ríos
Martínez pide la palabra.) Perdón, una vez más me ha vuelto a influir con
su inquietud, señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Señor Presidente, yo no influyo en nadie. Usted
ha establecido el orden de mayor a menor y yo hablaré cuando me toque,
cuando usted me lo diga. Yo no influyo en nadie.
El señor PRESIDENTE: Pero ha habido un gesto espontáneo por el que esta
Presidencia, por lo visto, ha malinterpretado que se lanzaba al ruedo el
micrófono para poder hablar.
El señor SEDO I MARSAL: El ruedo era antes, en la anterior proposición.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente. Tiene uste razón. (Risas.)
Tiene la palabra, con todos los respetos, y con la máxima consideración,
el señor Ríos, en nombre del Grupo Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya.
El señor RIOS MARTINEZ: Para defender la posición del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, desde la óptica, no de un ingeniero de
Caminos, sino de un Diputado de esta Cámara y estar interesado porque la
actuación que propone la proposición no de ley salga hacia adelante. Por
tanto, nuestro apoyo como grupo a la iniciativa del Grupo Mixto,
defendida en este caso por la señora Rahola.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su brevedad, señor Ríos.
Ahora sí, y ahora no está en su sitio, señor Sedó. Tiene la palabra el
señor Sedó. (Risas.)
El señor SEDO I MARSAL: Mi intervención iba a empezar por este tema en el
que ya se ha hecho la corrección. La carretera N-260 es la que debe
figurar. Antiguamente era la 1313. Nosotros vemos alguna pega en esta
proposición no de ley, no para votar que no, pero quisiéramos hacer
algunas puntualizaciones.
A lo largo de la exposición de motivos se habla de la carretera N-152,
que va de Ripoll a Vic, pero no es la que marca un eje con Olot, porque
Olot está en la carretera comarcal 150, a unos 50 kilómetros de Ripoll.
Por lo tanto, cuando hablamos del eje Ripoll-Olot-Vic no es tal eje, en
todo caso sería un triángulo.
Nos parece bien que haya una señalización en la carretera N-260, pero la
redacción tiene que ser otra. Yo pediría a la señora Rahola que retirara
la proposición para redactarla de forma más correcta. Porque el apartado
final dice: «El Parlamento insta al Gobierno a señalizar en la carretera
N-260 en su tramo de La Seu dÕUrgell a Puigcerdá el nombre de Barcelona
también por la ruta de la N-152.» Hasta aquí me parece perfecto. Pero
dice: «Al mismo tiempo, sería necesario incluir en estos indicadores los
nombres de Ripoll, Olot y Vic», que están en la zona de la N-152. Pero el
que vaya por Ripoll-Olot se encontrará con que para ir a Barcelona sale
por Banyoles-Girona, y en todo caso ya no es la N-152.
Si hay que poner los nombres de Ripoll-Olot-Vic para potenciar la zona,
también tendríamos que considerar que la señalización por el túnel del
Cadí no nos habla ni de Berga, ni de Gironella ni de Manresa que están en
la ruta de la carretera N-1411. Por lo tanto, si se critica, y no por el
hecho de criticar, que sólo exista la indicación de Barcelona por el
túnel del Cadí, para ser coherentes la otra indicación debería ser
Barcelona por el Collado de Tossas y
N-152, porque en un lugar se habla del túnel del Cadí y en el otro de
poblaciones. A lo mejor hay que hacer una señalización de poblaciones y
otra del túnel del Cadí y del Collado de Tossas, y a la vez de
kilómetros, porque si se va por la ruta del túnel del Cadí, hay 50
kilómetros de diferencia respecto a la N-152. También debería de decirse,
que el túnel del Cadí es de peaje porque en general muchos de los que van
por esta ruta la conocen, pero para el que no la conozca que sepa que si
entra por el túnel del Cadí se ahorra 50 kilómetros pero paga. Y por el
otro lado tiene el Collado de Tossas que en invierno es relativamente
difícil. Es decir, la información, si la damos, que sea de manera total y
coherente.
Me hubiese gustado que la redacción de esta proposición no de ley hubiese
dicho: El Parlamento insta al Gobierno a señalizar en la carretera N-260,
en su tramo de La Seu dÕUrgell-Puigcerdá con indicadores de Barcelona por
la ruta de la N-152, y también por el Collado de Tossas. Aunque no lo
tengo redactado así, también debería indicar el peaje en el túnel del
Cadí. Si hay que aclarar que por allí se va a Olot, a Vic y a Ripoll, que
se diga también que se puede ir a Manresa y a otros sitios. Mi posición
en este momento es la de ver si llegamos a una transacción con la señora
Rahola o si piensa en la posibilidad de modificar la redacción de su
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Vamos a ver si la señora Rahola es igualmente
comprensiva y llegamos a un consenso que permita abordar con eficacia
esta proposición no de ley.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Me parece razonable lo que ha dicho el señor
Sedó. En aras de la unanimidad no tendría inconveniente en completar la
información de la proposición, de hecho la voluntad de la proposición era
doble. Por un lado, señalizar la ruta alternativa hacia Barcelona. Me
parece correcto poner por el Collado de Tossas ya que toda información
para el usuario es buena. De la misma forma, recojo la sugerencia de que
se diga claramente que el túnel del Cadí es de peaje ya que de esta
manera los usuarios tendrán una información completa. Al mismo tiempo,
entendíamos que como la comarca es muy deprimida era bueno señalizar por
dónde se podía ir para llegar a Ripoll o a Vic; eran dos indicadores
diferentes, dos informaciones alternativas.
En principio, acepto las sugerencias del señor Sedó sin ningún tipo de
problema. Por tanto, el redactado final de la proposición, si les parece
bien, sería en los términos en que decía el señor Sedó: El Parlamento
insta al Gobierno a señalizar en la carretera N-260, en su tramo de La
Seu dÕUrgell a Puigcerdá, el nombre de la zona también por la ruta de la
N-152, por el Collado de Tossas. Asimismo, si no está indicado
--continuaría la redacción-- que el túnel del Cadí es de peaje, tendría
también que indicarse.
Finalmente, si le parece correcto al señor Sedó, sería bueno indicar al
Ministerio que se pudieran incluir en los indicadores los nombres de
Ripoll, Olot y Vic, que es una reivindicación de la zona bastante usual;
pero no tendría inconveniente en suprimirlo si esto impidiera la
unanimidad.
El señor PRESIDENTE: Creo que con ello da satisfacción al señor Sedó. No
obstante, tengo que pedir a los distintos grupos políticos su opinión
sobre si están de acuerdo con esta enmienda transaccional «in voce» que
ha sido propuesta por el señor Sedó para una redacción más completa, en
la que la defensora de la proposición no de ley ha dado su conformidad,
sujeta a una redacción precisa y más completa, como ha dicho el señor
Sedó.
Antes de proceder a la aceptación de la enmienda «in voce», pido la
opinión al respecto de los portavoces de los distintos grupos
parlamentarios.
El señor SEDO I MARSALL: Quiero hacer un matiz para aclarar que
posiblemente la señora Rahola se haya olvidado de una cosa, y es que
también debería indicarse el kilometraje; a Barcelona, tantos kilómetros.
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Sí, efectivamente.
El señor PRESIDENTE: He interpretado que la redacción conjunta «in voce»
estaba correcta, por tanto, que se admitía de antemano por parte de la
señora Rahola.
Como es una enmienda «in voce» realizada por el señor Sedó y tiene que
tener autorización del resto de los grupos políticos, antes de dar la
palabra al señor Carreño se la voy a conceder al señor Sabaté para
expresar su opinión, en nombre del Grupo Socialista, respecto a la
proposición no de ley y, a su vez, le ruego que conjuntamente responda a
la enmienda «in voce» para que, en el supuesto de que sea aceptada por la
Cámara, podamos avanzar.
El señor SABATE IBARZ: Nosotros necesitaríamos ver la redacción final
exacta que se propone, porque si no resulta difícil manifestar nuestra
opinión en estos momentos.
Voy a hacer unas cuantas consideraciones. Efectivamente, no es la 1.411,
es la 260. En los mapas del Ministerio de Obras Públicas figura de esta
manera. Por tanto, es posible que aún quede algún cartel que no diga 260;
pero yo me refiero a los mapas, he estado consultando esta noche los
últimos del Ministerio, incluso el disquete que ha salido adjunto a los
mapas, y efectivamente figura ya como N-260 en todos.
A pesar de ello, la proposición no de ley es imprecisa, no sólo porque
contenía ese error subsanable, que podría ser mecanográfico, sino porque
es difícil poder aceptar una proposición no de ley que no dice dónde hay
que colocar estos carteles. Parece un detalle menor, pero no es así. ¿Por
qué? Porque el trazado al que se refiere es extenso, es de La Seu
dÕUrgell a Puigcerdá; es muy diferente si estamos hablando desde la Seu
dÕUrgell, donde ya existe otra alternativa que no es ésa y a la que
siempre han recurrido todos los ciudadanos del área metropolitana de
Barcelona; una gran mayoría de catalanes que han querido acceder hasta La
Seu dÕUrgell y hasta Andorra, han tomado otra alternativa, otro
itinerario que debe conocer muy bien la señora Rahola; no es por el
Collado de Tossas, sino que ha sido por Igualada, por Pons y subir hasta
La Seu dÕUrgell. No es la nacional a la que se refiere la señora Rahola.
Por tanto, ha sido muy difícil encontrar un ciudadano de Barcelona, de
toda el área metropolitana, de los tres millones de personas que viven en
esa área, que se hayan dirigido por el Collado de Tossas hasta La Seu
dÕUrgell. Está claro que para ir a La Seu dÕUrgell desde Barcelona es muy
difícil que se tome esa alternativa; antes de que existiera el túnel del
Cadí se han dirigido siempre --como decía hace unos instantes-- hacia La
Seu dÕUrgell por Igualada y por Pons. Esa es, además, la alternativa más
recomendable en estos momentos, porque la otra, aparte de --como ha dicho
el señor Sedó-- tener un recorrido más largo, no es recomendable por las
dificultades que tiene, hay unas curvas de radio muy cerrado y en
invierno las dificultades se incrementan muchísimo más, en algunas
ocasiones hasta está cerrado. Por tanto, es innecesario por lo menos
señalizarla desde La Seu dÕUrgell, porque ya existe esa otra alternativa.
Desde La Seu dÕUrgell se indica Barcelona con el indicativo de peaje por
el túnel del Cadí y, si no es así, por la otra alternativa que no
repetiré en estos momentos. Desde Puigcerdá, que sería el otro extremo,
ya existe la doble señalización. Se señala que se pueden dirigir los
ciudadanos a Barcelona por la collada de Tossas y por el túnel de peaje
del Cadí. Por tanto, sería innecesario también volver a señalizar una
tercera alternativa que no es la recomendable en estos momentos.
En consecuencia, desde nuestro punto de vista, a no ser que se presente
un texto que podamos admitir, esta proposición no de ley es imprecisa y,
además, innecesaria. Las dos alternativas para dirigirse a Barcelona
existen y están señalizadas tanto desde Puigcerdá como desde La Seu
dÕUrgell. O sea, quien no quiera dirigirse a Barcelona por el peaje,
puede hacerlo por las otras dos carreteras, por la que baja hasta
Pons-Igualada-Barcelona, si es que el usuario está en La Seu dÕUrgell, y
si está en Puigcerdá está claramente señalizado que o se toma el túnel
del Cadí, que es de peaje y consta así, por la collada de Tossas. Desde
este punto de vista nosotros no podemos apoyar esta proposición no de
ley. En todo caso, estaríamos dispuestos, más adelante, incluso a
recomendar al Ministerio que estudiara la posibilidad de señalizar, como
pide la proposición no de ley, las poblaciones de Vic, Olot y Ripoll. En
cualquier caso, siempre sujetos a la normativa que sobre señalización ya
existe en estos momentos; normativa que dice que la señalización de la
red de carreteras del Estado se rige por los principios de claridad,
seguridad y eficacia, con el fin de no sobrecargar de información al
usuario de las carreteras. En este sentido, la señalización de nombres de
población se efectúa en función de aquellos que corresponden a nudos
importantes de la red estatal, o a poblaciones que o son grandes ciudades
o son finales de un itinerario, las cuales, a su vez, suelen ser nudos
viarios de la red. Elaborar y aprobar esta instrucción de señalización de
carreteras fue muy laboriosa en su momento. En todo caso, quizá forzando
esta normativa, podría adoptarse la decisión de señalizar estas
poblaciones que pide la proposición no de ley, pero necesitaríamos saber
el texto exacto, y tampoco podemos aprobarla en estos momentos.
Finalmente, para poder aprobarla tendría que constar, desde nuestro punto
de vista: «con sujeción a las normas de señalización que tiene
establecido el Ministerio», para no establecer precedentes que podrían
sobrecargar innecesariamente las carreteras de señalizaciones e incluso
inducir a confusión.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Carreño, en nombre del
Grupo Popular.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Voy a ser muy breve, señor
Presidente.
Estamos de acuerdo con la corrección de la redacción y, por tanto, con la
proposición doblemente corregida. Quiero aclarar que la C-1313,
itinerario desde La Seu dÕUrgell, en todo caso es competencia de la
comunidad autónoma, no es competencia estatal. Por supuesto que nosotros,
al apoyar esta proposición no de ley, estamos queriendo hacerla
compatible con la legislación actual, con la vigente reglamentación
aprobada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, y entendemos
que es perfectamente compatible con ella la proposición no de ley
enmendada actualmente. Por ello ratificamos nuestro apoyo a la misma.
El señor PRESIDENTE: Creo que hay un texto que me gustaría poder leer
para que de antemano se sepa cuál es y ver, en consecuencia, si en el
momento de la votación los grupos parlamentarios pueden tomar su decisión
en función de su acuerdo o desacuerdo con el texto. ¿Sería tan amable la
señora Rahola de entregarme el texto para poderlo leer? Como ya no es una
propuesta solamente suya, sino que está consensuada con muchos grupos
políticos, prefiero que sea la Presidencia la que resuma el acuerdo
adoptado por los distintos grupos políticos y así se podrá conocer, cara
a la votación, el texto consensuado y podrán opinar en consecuencia. (La
señora Rahola i Martínez hace entrega del texto al señor Presidente.)
Espero entender la letra.
El texto es el siguiente. Aunque aquí pone «el Parlamento» creo que
debemos corregirlo y decir: «El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a ampliar la señalización de la carretera Nacional 260 en su
tramo de La Seu dÕUrgell a Puigcerdá en los siguientes aspectos: a)
Indicar también la ruta de la Nacional 152 por el Collado de Tossas. b)
Especificar que la ruta por el túnel del Cadí es de peaje. c) Indicar en
ambas opciones la distancia kilométrica. d) Dar información respecto a la
situación de la ruta de las poblaciones de Ripoll, Olot, Vic y otras. e)
Sugerir o hacer constar que la señalización se hará con arreglo a las
normas establecidas por el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente.» Este es el texto consensuado que se me pasa.
El señor CARREÑO RODRIGUEZ-MARIBONA: Es obvio que tiene que basarse en
las normas.
El señor PRESIDENTE: Señor Carreño, si lo he manifestado y se ha incluido
como un punto e) adicional ha sido a petición del portavoz del Grupo
Socialista, el señor Sabaté.
¿Les parece claro el texto que se va a proponer a votación a posteriori?
(Asentimiento.) Cerramos el punto cuarto del orden del día.
--POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR URGENTEMENTE LAS MEDIDAS
PRECISAS PARA QUE LA DIRECTIVA 90/313/CEE, REFERENTE AL ACCESO A LA
INFORMACION AMBIENTAL, SEA INTEGRAMENTE TRANSPUESTA AL ORDENAMIENTO
JURIDICO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL IZQUIERDA
UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente 161/000227.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos a continuación el debate del punto quinto
del orden del día: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno
a adoptar urgentemente las medidas precisas para que la Directiva
90/313/CEE, referente al acceso a la información ambiental, sea
íntegramente transpuesta al ordenamiento jurídico español. El autor es el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya y
tiene la palabra el señor Ríos para defender dicha proposición.
El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente, el objetivo de
la iniciativa del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya es intentar cumplir una resolución que se debatió en 1987 y
que, aunque fue aprobada en la indicación referida al acceso a la
información ambiental en el año 1990, daba un plazo hasta el año 1992
para integrarse. El objetivo que se marcaba la Comisión era lograr una
política y un programa común medioambiental. Para ello fijaba un plazo de
1988 a 1992. Después el Parlamento Europeo, precisamente en una
resolución específica del año 1987, también instaba a dirigirse a los
Estados miembros de la Comunidad para que facilitaran este acceso a la
información. (Rumores.) Lo cierto y verdad es que el plazo que esta
directiva daba...
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego silencio para que podamos escuchar
al señor Ríos debidamente. Gracias.
El señor RIOS MARTINEZ: El plazo que daba esta directiva de 1992 y que
dio un contenido a la Ley 30, del año 1992, aún no ha sido cumplido. En
el artículo 9.1 de la directiva, que dirigida a los Estados miembros, se
instaba a que se tomaran las medidas legales, reglamentarias y
administrativas para acometer este acceso a la información medioambiental
y que se informara a la Comisión de las mismas. Y en el artículo 9.2
decía que se le remitiera el texto de las actuaciones legales o
reglamentarias que adoptara cada uno de los Estados miembros.
Pues bien, el objetivo de nuestra proposición es que, ampliamente
cumplido ese plazo, se urja del Gobierno las medidas precisas para que la
Directiva 313, de 1990, de la CEE, sean íntegramente transpuestas a
nuestro ordenamiento jurídico y que nuestro país se acoja a esta
actuación que ahora mismo debiera de ser igual para todos los países. Es
cierto que el ordenamiento legal de origen era distinto, diferente para
cada país, pero el compromiso en este proceso deber ser igual para todos.
Por tanto, doy por defendida esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo
Popular, el señor Gortázar.
El señor Gortazar ECHEVERRIA: Señorías, este debate sobre una proposición
similar lo tuvimos el año pasado --recuerdo que mi Grupo votó
favorablemente una proposición no de ley similar-- y un año después
vuelve a la Cámara con las mismas características. Ante esto tendría que
manifestar, en primer lugar, que lógicamente vamos a ser coherentes con
nuestra posición de entonces, vamos a votar favorablemente, y querría
destacar un par de cuestiones. La primera, que nos gustaría que el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida fuera coherente con estas
transposiciones que solicita al Gobierno de la nación, cuyo retraso puede
ser más o menos comprensible o disculpable en función de lo que supone la
elaboración de un proyecto
de ley, pero no se entiende, en función de esa coherencia, que cuando el
Grupo Popular pide la transposición de otras directivas con plazo
vencido, sin embargo, el Grupo de Izquierda Unida, en temas
medioambientales --me refiero a la Directiva de Hábitats--, vote en
contra en función de un argumento jurisprudencial de tipo dilatorio,
etcétera. De manera que apoyamos la proposición, estamos de acuerdo en su
contenido, pero le pedimos coherencia al Grupo de Izquierda Unida cuando
el Grupo Popular pida también transposiciones de otras directivas.
En relación con la directiva concreta --y con esto termino, señor
Presidente--, es sabido que hay un proyecto de ley en elaboración, como
se ha publicado en la Prensa hace unos días, y es inminente su
presentación. Llama la atención que, tanto por el Grupo de Izquierda
Unida como por el Grupo Socialista, de un acto que debiera ser normal se
haga un elemento de debate, cuando realmente tenían que haberse cumplido
los plazos y haber hecho normal lo previsto en una directiva que está
firmada por el Presidente del Gobierno. Encontramos de nuevo una
circunstancia que es permanente en los problemas medioambientales de
nuestro país, que es que mientras los problemas medioambientales
profundos no se resuelven, sin embargo, tenemos debates paralelos
formales, de publicidad, de propaganda, gestuales, tanto por parte del
Grupo de Izquierda Unida como del Grupo Socialista, que no van al fondo
de las cuestiones, sino simplemente a manifestar posiciones de tipo
gestual, como digo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran manifestar su
opinión al respecto? (Pausa.)
Tiene la palabra el señor Dávila, en nombre del Grupo Socialista.
El señor DAVILA SANCHEZ: El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a
favor de la proposición no de ley, y ello a pesar de que, no en la forma
en que lo ha planteado el último interviniente, sino en una forma
intrínseca, consideramos no sé si el debate, pero sí, desde luego, la
votación como algo realmente innecesario o inútil, en el sentido riguroso
de «inútil» como aquello que no es necesario para el fin o el objetivo
que se pretende o, dicho de otra manera, aquello que no dándose, no por
ello deja de conseguirse el objetivo previsto, porque, señorías, si
Gabriel García Márquez me lo permite, esta proposición no de ley es la
historia de una transposición anunciada. Esto es algo que --y ahora en
castizo-- para que no parezca la purga de Benito de eficiencia política,
porque entre el momento en que aprobemos esta proposición no de ley y
momento en que en la Mesa de Subsecretarios tenga lugar la aprobación del
anteproyecto de ley, no llega a haber ni 24 horas, puesto que mañana por
la mañana tendrá lugar esa previsible aprobación y, en consecuencia, en
no más allá de una o dos semanas la aprobación en Consejo de Ministros.
Señorías, éste no es un caso de alta eficiencia de la instancia
parlamentaria. Es simplemente que estamos queriendo olvidar la historia
que hay detrás de esto, y la recuerdo en forma muy sucinta porque creo
que es pertinente en este momento.
Señorías, la transposición de esta directiva comunitaria del año 1990 fue
abordada por el Gobierno en el año 1992 --todavía, por tanto, en plazo
absolutamente correcto--, con una interpretación que el tiempo ha
demostrado que había que complementar, pero no es que fuese incorrecta.
En aquel momento, la Ley 30 del año 1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento
Administrativo Común cubría los requerimientos de acceso de los
ciudadanos españoles a toda información que exista en registros o en
archivos administrativos en el Estado y, por tanto, parecía que las
previsiones que se encontraban en los artículos 35 al 37 de esa ley eran
más que suficientes. ¿Qué sucedió después? Unicamente que se verificó, y
a ello ayudó el procedimiento de infracción que no debe escandalizar a
nadie, que ante la Comisión se interpuso, y la propia Comisión llegó a
concluir que había una incorrecta transposición. Pero, señorías,
incorrecta tansposición quiere decir que alguna parte del contenido de la
directiva no tenía el reflejo amplio que se pretendía en nuestra ley, a
que he hecho referencia. ¿Qué pasaba? Simplemente que no estaba
contemplado que en la directiva comunitaria el derecho al acceso a la
información era a toda persona, cosa que, en cambio, la ley
administrativa española circunscribía, lógicamente, a los ciudadanos
españoles, puesto que era a ellos a los que iba dirigido el planteamiento
en el régimen administrativo. Por tanto, había una necesidad de ampliar
ese concepto a algunos otros aspectos como el de los plazos a partir de
los cuales la Administración tiene mandato de resolver las demandas de
acceso a la información que se le planteen; había períodos temporales
diferentes, pero tampoco en una forma excesiva. En resumen, se verificó
que existía la necesidad de una complementación. Celebro que el portavoz
del Grupo Parlamentario Popular haya recordado que este debate lo hemos
tenido el año pasado. En aquel entonces, el Grupo Parlamentario
Socialista presentó una enmienda transaccional, que el Grupo de Izquierda
Unida no aceptó, en la que se recordaba al Gobierno la necesidad de esa
complementación. Pues bien, con independencia de todo ello, con toda
lógica el Gobierno ha procedido a esa complementación. Lo que sucede es
que como esto se produce en cumplimiento del artículo 105 b) de la
Constitución que regula el acceso a la información que existe en el
Estado, por tanto el rango de ley es imprescindible, y si a su vez es una
complementación de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas tiene que ser rango de ley. Y, señorías, cuando hay rango de ley
los procedimientos son más lentos que en otros casos. Y cuando, como en
este caso, se ha hecho mediante consulta con las comunidades autónomas,
puesto que el acceso a esa información va a afectar a muchas de las
administraciones de ámbito inferior, y se ha querido, además, disponer
del dictamen del Consejo Asesor de Medio Ambiente, todo ello ha hecho
que, con toda lógica, los tiempos se hayan consumido y lo que parece una
dilatación no es más que un ir al cumplimiento de lo que estaba previsto.
Por eso, señorías, haciendo estas precisiones de que incluso aunque esto
no lo hubiéramos hecho y la transposición de la ley de derecho de acceso
a la información de todos
a los contenidos informativos que existan en la Administración española
se hubiera conseguido, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a
unir sus votos, incluso sin necesidad, para que se exprese que todos
estamos de acuerdo en el objetivo previsto por la proposición no de ley
(El señor Ríos Martínez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Ríos, ¿es una cuestión de orden?
El señor RIOS MARTINEZ: Es para pedir un turno de palabra al Presidente
para demostrar la coherencia del Grupo de Izquierda Unida. Lo intentaré
hacer en un minuto.
El señor PRESIDENTE: Brevemente y con el compromiso de que a la una hemos
de terminar el debate, pero nos queda una proposición no de ley
precisamente del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Por
tanto, tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: La proposición está presentada el día 7 de junio
de 1994 y estamos a 15 de noviembre. Por tanto, lo de mañana por la
mañana, lo de la crónica de una tramitación anticipada hubiera hecho
innecesaria esta proposición, si ya hubiera estado presentada. Eso
hubiera sido demostrar que era innecesaria la proposición. Pero como no
lo es y las palabras se las lleva el viento, incluso las que se dicen
aquí, mantenemos la proposición porque lo que abunda no daña.
--RELATIVA AL MANTENIMIENTO DE LA LINEA FERREA
MADRID-ARANJUEZ-CUENCA-VALENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL IZQUIERDA UNIDA-INICIATIVA PER CATALUNYA. (Número de expediente
161/000270.)
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate del punto 5 del orden del día,
pasamos al último punto, el número 7: Proposición no de ley relativa al
mantenimiento de la línea férrea Madrid-Aranjuez-Cuenca-Valencia, cuyo
autor es el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya y que va a ser defendida por el Diputado señor Ríos. A esta
proposición no de ley hay presentadas dos enmiendas del Grupo Popular,
que va a defender el señor Martínez Villaseñor.
Por lo tanto, el señor Ríos tiene la palabra.
El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, seré breve para cumplir la
recomendación que me hacía antes la Presidencia.
El objetivo de esta proposición no de ley es intentar cumplir una idea de
Izquierda Unida, y es que las inversiones en ferrocarril, las previsiones
del Plan Director de Infraestructuras y la actuación de la propia
compañía hagan frente a una actuación integrada de todo el territorio,
vertebre el territorio con una oferta ferroviaria y no esté planteando la
actuación intermodal desde la fórmula de que algunas zonas disponen como
único modo de la carretera y otras tienen la carretera, el ferrocarril,
el avión, etcétera. Por tanto, el objetivo de la proposición es intentar
que se haga frente a lo que pudiéramos llamar grave deterioro de algunas
infraestructuras, porque en el ferrocarril esto es una pescadilla que se
muerte la cola: si se deterioran las infraestructuras, los vehículos que
funcionan van lentos; si van lentos, los servicios no son de calidad, si
no son de calidad no se usan y si no se usan quedan deteriorados y por
tanto se archivan. Para evitar eso la propuesta va dirigida a tres
niveles de decisiones. Primero, intentar que el Gobierno incorpore al PDI
--una ponencia se va a poner en marcha dentro de poco en esta Comisión--
una inversión de 3.000 millones de pesetas, en los próximos cinco años,
para mejorar el trazado, mejorar la red en la línea
Madrid-Aranjuez-Cuenca-Valencia. La segunda dirigida a lo que pudiéramos
llamar mejora de los medios materiales que se destinan a esa línea para
aumentar la capacidad de arrastre, la potencia que se pueda tener y poder
así captar mayor número de viajeros y, sobre todo, transporte de
mercancías de esta línea. Y por último, tercer punto, que esta línea sea
compatible, a nivel de estado de explotación, con lo que pudiéramos
llamar línea de alta velocidad o de velocidad alta, según sea el estado
de desarrollo, de Madrid-Alcázar-Albacete-Valencia, línea de alta
velocidad que, si al final el PDI recoge, terminará siendo una inversión
importante. ¿Por qué? Porque esta línea podría significar sacar de esa
red, de esa línea Alcázar-Albacete-Valencia, todo lo que es el transporte
de mercancías y, al mismo tiempo, optimizaría un servicio de una zona que
perdería el servicio ferroviario, puesto que el tren de alta velocidad no
va parando en cada esquina, tiene una utilidad de punta a punta y no en
los tramos intermedios. Ese es el objetivo de la proposición.
Como también hay propuestas dos enmiendas del Grupo Popular, dirigidas en
una parte a la terminología, que lleva también un compromiso no en
mejorar sino en modernizar, y otra que es una precisión en el punto
segundo, como las dos mantienen el fondo de la proposición, anuncio al
señor Presidente que las voy a aceptar como mejora de la proposición no
de ley. La enmienda segunda hace referencia al punto 2 y se refiere
efectuar las inversiones necesarias que modernicen la línea férrea
Madrid-Aranjuez-Cuenca-Valencia, con la mayor urgencia posible.
Por tanto, doy por defendida la proposición en estos términos.
El señor PRESIDENTE: A continuación, para defender las enmiendas, y
conociendo la predisposición a su aceptación por el portavoz de Izquierda
Unida, el señor Martínez Villaseñor tiene la palabra, en nombre del Grupo
Popular.
El señor MARTINEZ VILLASEÑOR: Señor Presidente, señorías, antes de
comenzar a hacer la argumentación de la defensa de las enmiendas, pese a
la posición del Grupo de Izquierda Unida, que agradezco, quiero
explicitar
las necesidades de esta línea, para dar cumplido conocimiento a todos los
señores Diputados componentes de esta Comisión. Por tanto, quiero decir,
como portavoz del Grupo Popular, que nos congratulamos de que, una vez
más, se trate en las Cortes Generales sobre la línea ferroviaria
Madrid-Aranjuez-Cuenca-Valencia.
Desde 1987 en el Senado y desde 1990 en el Congreso, todos los años hemos
debatido peticiones del Grupo Popular para que se dotaran partidas
presupuestarias con las que poder realizar obras de conservación y mejora
en la línea Madrid-Valencia, vía Cuenta. Pero también todos los años, y
sistemáticamente, los votos en contra del Grupo Socialista
imposibilitaron que se aprobaran esas peticiones, por lo que hoy nos
encontramos con una línea ferroviaria en situación de abandono, que ha
hecho necesario y muy oportuno que se presente la proposición no de ley
que estamos debatiendo y con la que se pretende ordenar al Gobierno,
desde la soberanía popular, a que cumpla con su obligación de conservar,
mejorar y modernizar la línea ferroviaria más directa y más corta, en
cerca de 100 kilómetros, entre Madrid y Valencia. Nuestro apoyo a esta
iniciativa es total, y si la hemos enmendado ha sido con el deseo de
completar su contenido, dando expresión escrita más explícita al espíritu
que ha animado al Grupo proponente de Izquierda Unida al formular esta
iniciativa.
El deseo de completar la proposición es el que justifica nuestra enmienda
al punto número 1, ya que para nosotros esta línea se encuentra en tan
lamentable estado que no basta con realizar tareas de mantenimiento,
conservación y mejora, sino que es imprescindible introducir el concepto
y ejecutar las obras necesarias para su modernización. No se puede
permitir que en estos finales del siglo XX, y menos aún en el horizonte
del 2007 que fija el Gobierno en el PDI, exista una línea de ferrocarril
entre Madrid y Valencia cuyo viaje dure el doble, repito, dure el doble
de lo que desde ayer tarda en recorrerse la distancia... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdón, Señorías, estamos terminando, y ruego un
silencio suficiente para poder escuchar al representante del Grupo
Popular.
El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente,
por su amparo. Creo que el tema tiene la suficiente entidad como para que
algún Diputado, sobre todo de algún grupo, escuche con atención.
Repito que existe en la actualidad una línea de ferrocarril entre Madrid
y Valencia cuyo viaje dura el doble de lo que, desde ayer, tarda en
recorrerse la distancia entre París y Londres, atravesando el Canal de La
Mancha. O, si nos queremos quedar en España para hacer comparaciones, el
viaje en tren, si se cumplen los horarios (cosa infrecuente en esta
línea, ya que se suelen producir retrasos), entre Madrid y Cuenca, que
está casi a la vuelta de la esquina, tarda más tiempo que el que se
emplea en ir de Madrid a Sevilla o, si lo prefieren, un viajero puede
salir de Madrid, tener una breve reunión en Sevilla y estar de vuelta en
Madrid antes de que haya llegado a Valencia otro viajero que hubiese
salido de Madrid a la misma hora por la vía de Cuenca. Por lo ilógico, lo
perjudicial y lo que supone de agravio esta situación consideramos
necesario introducir en esta proposición la idea de modernización.
La segunda enmienda pretende concretar el punto 2 de la proposición. Por
ello se incluye en la primera parte un párrafo que dice: 2. Efectuar en
la línea férrea Madrid-Aranjuez-Cuenca-Valencia, con la mayor urgencia
posible, todas aquellas otras inversiones modernizadoras necesarias para
alcanzar, como mínimo, los estándares medios de la red ferroviaria
española, de forma que sea posible su adecuada explotación. Aquí termina
el texto de la enmienda y ya enlazaría con el resto del texto de la
proposición. Pienso que no tendré que hacer grandes esfuerzos para
convencer a SS. SS. de la conveniencia de que se acepte esta enmienda.
Como pueden ver, no estoy haciendo un planteamiento maximalista, ya que
únicamente pido que se inste al Gobierno para que esta línea alcance los
estándares medios de la red. Así de modestos somos en nuestra pretensión,
lo cual no quiere decir que no estemos dispuestos a aceptar complacidos
cualquier enmienda transaccional de otro Diputado que eleve nuestra
humilde petición.
Sin embargo, estamos tan mal servidos por Renfe y por el Gobierno en la
actualidad que nos conformamos con lograr una velocidad de 120
kilómetros/hora en estos últimos años del siglo XX, ya que con ello se
haría el viaje entre Madrid y Cuenca en algo más de hora y media y entre
Madrid y Valencia, en poco más de tres horas. Si a eso le uniéramos un
material rodante, locomotoras y vagones normales, no de desecho, como los
que se utilizan en la actualidad, estoy seguro de que seríamos muchísimos
los españoles que utilizaríamos el tren como medio normal de transporte
entre Madrid, Cuenca y Valencia.
El Gobierno bien puede encontrar sensata y moderada esta propuesta, no
sólo en cuanto al fondo, sino en lo relativo a los plazos de ejecución,
ya que, como observarán, se fija un tiempo razonable, al pedir solamente
que se haga con la mayor urgencia posible.
Señor Presidente, señorías, en 1987 se aprobó en España algo que
conocemos comúnmente como el PTF, con una inversión prevista de 2
billones 100.000 millones de pesetas. Con posterioridad, Renfe aprobó el
plan de empresas, que establecía para las líneas menos importantes una
inversión, sólo para mantenimiento, de 1.900.000 pesetas/kilómetro/año,
lo que supone, para el tramo Aranjuez-Valencia, 670 millones anuales.
Como en los doce años de Gobierno socialista no se ha invertido nada en
esta línea, a esta línea, sólo para mantenimiento, se le deben 8.040
millones más los 670 millones de cada anualidad futura --15 años prevé el
PDI--, lo que supondrían otros 10.050 millones, que harían un total de
más de 18.000 millones, y ello sólo para mantener una línea
tercermundista como la que ahora padecemos.
Hágase un proyecto serio y razonable, que es lo que pretende esta
proposición con nuestras enmiendas, y evítese que se siga despilfarrando,
porque eso y no otra cosa es lo que se está haciendo en la actualidad, ya
que el peor despilfarro que se puede cometer es abandonar y arruinar una
infraestructura tan importante como es la unión más corta entre Madrid y
Valencia por Cuenca.
A estos planteamientos económicos, habría que sumarles los perjuicios
sociales, para nosotros tan importantes, que suponen el práctico abandono
del transporte ferroviario al que se ha condenado a muchos pueblos de la
línea y a las comarcas de La Alcarria y la Serranía conquenses, que son,
precisamente, las que más necesitan del tren, por ser las más deprimidas
y las peor comunicadas.
El señor PRESIDENTE: Termine, por favor.
El señor MARTINEZ-VILLASEÑOR GARCIA: Termino, señor Presidente, señorías.
Estoy convencido de que Izquierda Unida, como nos ha anticipado, acepta
gustosamente estas enmiendas y que el resto de los grupos votarán a
favor, por la justicia y la necesidad de las propuestas y porque hace
tiempo que desde Valencia se están pidiendo estas mejoras. Y en Cuenca es
tal la necesidad que se constituyó de manera espontánea una comisión de
defensa del ferrocarril, de la que forman parte las organizaciones
empresariales, la Cámara de Comercio, los sindicatos UGT, Comisiones
Obreras y SEMAF; organizaciones ecologistas y todos los partidos
políticos implantados en Cuenca: Partido Popular, Izquierda Unida, CDS e,
intermitentemente, el PSOE, que últimamente, tras su prolongado abandono
de la comisión, se ha vuelto a incorporar, representado por sus dos
Senadores, señores Casas y Grimaldos.
Ante la unanimidad en Cuenta de los partidos políticos, estoy convencido
de que seremos correspondidos por la unanimidad de los grupos del
Congreso con el voto favorable de todos los Diputados de esta Comisión.
Muchas gracias, por anticipado, por ese voto favorable.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra, en nombre del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó.
El señor SEDO I MARSAL: Ya ve, señor Presidente, que he esperado hasta
que dijese mi nombre, para no comenzar, como antes, con estos problemas
de disquisición de si me correspondía o no.
Nuestro Grupo cree que el PDI, que todavía debe discutirse en esta Cámara
y que, como se ha dicho ya en alguna intervención, va a discutirse en
ponencia inicialmente y después ya en Comisión...
El señor PRESIDENTE: Perdone que le interrumpa, señor Sedó, pero para los
Diputados que no lo sepan les recuerdo, a la vista de que se ha
mencionado ya dos veces
--por el señor Ríos y ahora por el señor Sedó--, que mañana a la una se
reúne por primera vez la ponencia sobre el PDI.
El señor SEDO I MARSAL: Me parece que en esta proposición no de ley se
concretan unos esquemas muy claros respecto a una prioridad que deberían
analizar los grupos dentro del desarrollo que del PDI haga el Ministerio,
porque, en todo caso, si las prioridades que se establecen siguen esta
línea, Aranjuez-Cuenca-Valencia, nuestro Grupo puede analizarlo y podría
estar de acuerdo en que fuese una de las primeras prioridades que tuviese
el PDI, pero en estos momentos creo que tenemos que esperar para ver su
desarrollo y las inversiones que conlleva para el capítulo de
conservación y mantenimiento.
Me extraña un poco que se considere en la exposición de motivos que
resultan claramente escasas --son las palabras textuales-- las
inversiones que se dedican en el plan director de infraestructuras --yo
no conozco este detalle; para mí en el PDI las inversiones están todavía
consignadas de una manera global-- y, por otra parte, que se pida ya que
estas inversiones escasas sean consignadas en cinco ejercicios
presupuestarios. Me parece que esto no es correcto. Es más, me extraña
oír al portavoz del Grupo Popular decir: hágase un proyecto. Decir esto
cuando previamente ya pedimos las consignaciones presupuestarias no me
parece lo más adecuado, sino que las consignaciones presupuestarias
deberían salir de un anteproyecto previo. De todas maneras, no nos
negamos a que sea prioritaria esta línea y, por tanto, cuando se debatan
las prioridades que pueda establecer el PDI, procuraremos ayudar y
trabajar en aquel momento para que la prioridad de esta línea esté por
delante de otras que posiblemente no lo sean tanto desde nuestro punto de
vista.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor
García-Arreciado, en nombre del Grupo Socialista.
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Yo creo que no se deben decir en esta
Casa, que en definitiva debe ser el templo del interés general de los
españoles, razonamientos del tipo de que se le debe a alguien o se le
deja de deber, que unos nos debemos a otros, porque eso sería
introducirnos --y más en esta Comisión, que tiene el deber de estar
controlando las grandes inversiones públicas-- en un debate realmente
complicado. Yo creo que lo que sí debemos hacer, y mi Grupo lo hace y lo
manifiesta en este acto, es ver con simpatía estas iniciativas, porque
responden a inquietudes que tienen un fundamento razonable. Es lógico que
todos pensemos que las inversiones que se han propuesto por el Grupo que
ha presentado esta iniciativa y las enmiendas formuladas por otros grupos
son buenas, que es bueno que esta línea tenga esas inversiones, igual que
lo sería que otras muchas líneas y otras muchas necesidades de
infraestructuras en España tuviesen las inversiones que, desde nuestra
forma particular de ver los problemas, máxime si son de nuestra
circunscripción, pensamos que son convenientes. Incluso nos atrevemos a
situarlas en un orden de prioridades que después, cuando se ven los
problemas desde el punto de vista del interés general, puede ser
distinto.
El país en su conjunto tiene pendiente un gran debate de infraestructuras
que va a ser fundamental para condicionar un poco la geografía física y
económica de España en los próximos años. En esta Comisión tenemos además
el gran privilegio de que vamos a ser actores importantes de ese debate.
Es el debate que debe de ocasionar la discusión en sede parlamentaria del
plan director de infraestructuras. Cuando se produzca la discusión de
este plan, vamos a tener
que ver la totalidad del territorio español, vamos a tener que utilizar
sistemas multicriterio, vamos a tener que comprender todos de una vez la
estrecha relación que hay en la intermodalidad dentro del transporte,
vamos a considerar en su conjunto los aeropuertos, los puertos, las
carreteras y el ferrocarril y vamos a tener la opción de decir, por
circunscribirme a la infraestructura del transporte interurbano, si los
11 billones de pesetas de inversión que están previstos en el plan
director de infraestructuras son suficientes, si nos parece que hay que
invertir más, si nos parece que ese plus de inversión deba ser con cargo
a los usuarios, a través de cánones o de ciertos peajes, o debe ser con
cargo, exclusivamente, al esfuerzo fiscal. Tendremos que discutir
entonces, si esta línea es prioritaria con respecto a otra, qué volumen
de recursos estamos dispuestos a asignar a esta línea, qué volumen de
recursos estamos dispuestos a asignar a otras, y el equilibrio, en
definitiva, que tenemos que encontrar entre el óptimo paretiano de que
todos salgan ganando y las limitaciones que introduce la existencia de
unos recursos que, con ser extraordinariamente cuantiosos, van a ser
insuficientes para atender todas las necesidades y para situar a todas
las necesidades en el orden de prioridad que todos deseamos para aquellos
proyectos a los que nos sintamos más vinculados.
Por tanto, me parece que la iniciativa que estamos discutiendo hoy es,
con todo respeto, extemporánea. Digo que la miro con simpatía. Cuenca, en
concreto, corrió el peligro de quedar descolgada de los grandes ejes de
desarrollo de infraestructuras. Se ha solucionado un grave problema, que
era su conexión por autovía con los grandes corredores nacionales, y
existe la garantía del mantenimiento de esta línea ferroviaria. Bien es
cierto que las previsiones de Renfe y las previsiones que constan en el
PDI son exclusivamente las de mantener el nivel de calidad actual de
estas infraestructuras, que tienen que dar amparo a tráfico de
mercancías, exclusivamente regional, y a un tráfico de viajeros que no
parece que sea excesivo; es más bien corto el número de usuarios que
utilizan esta línea. Pero no me atrevo a decir que ésa sea la conclusión
que tenga que salir de esta Cámara, cuando se debata el plan director de
infraestructuras y cada grupo plantee las propuestas de resolución que
crea convenientes en orden a alterar las previsiones, que pueden ser no
acertadas, a lo mejor ésta es una de ellas, que el Gobierno incluye en el
plan director de infraestructuras.
Quiero subrayar una vez más en esta Comisión, ya lo he hecho varias
veces, que el indiscutible punto de razón que tienen todas estas
iniciativas cuando se consideran particularmente en sesiones disconexas
de esta Comisión, como lo tiene ésta sin duda --y digo que hay que
mirarlo con simpatía--, a lo mejor resulta muy atenuado cuando se produce
el debate en su conjunto. Un conjunto o una serie de iniciativas que una
a una son dignas de apoyo por todos los grupos de la Cámara, cuando se
integran en el escenario general de las prioridades de infraestructuras y
en el coste que estas infraestructuras tienen, a lo mejor, sin perder
punto de razón, resultan inviables, resulta que no podemos pagarlas,
resulta que no es posible atender a todas las necesidades de una manera
conjunta, y hay que hacer el esfuerzo ineludible de priorizar las
necesidades... (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señor García-Arreciado.
Señorías, guarden silencio, porque está a punto de terminar el señor
García-Arreciado y vamos a iniciar las votaciones de inmediato. Déjenle
terminar su brillante exposición. (El señor Ríos Martínez: ¡Muy bien,
Presidente!)
El señor GARCIA-ARRECIADO BATANERO: Gracias por lo de brillante, señor
Presidente.
Decía que por lo tanto no debemos obcecarnos en iniciativas particulares
de éstas, ya que corremos el gravísimo riesgo de construir una suma de
sumandos correctos, pero cuyos resultados escapan a las posibilidades que
tiene este país.
En todo caso, quiero decir, como he afirmado hace unos instantes, que
desde este punto de vista esta iniciativa resulta extemporánea. El plan
director tenemos que debatirlo; como consecuencia de ese plan director
habrá que debatir unos planes sectoriales entre los cuales estarán los
planes ferroviarios. Ese es el momento de ponernos todos de acuerdo en la
política ferroviaria conjunta de este país, y no a través de iniciativas
particulares, como ésta, que son dignas de respeto, dignas de simpatía,
pero que de tomarse en cuenta una a una, pudieran desvirtuar el debate
del conjunto de las infraestructuras del país y llevarnos a soluciones
que, en su conjunto, se muestren inviables.
El señor PRESIDENTE: Para tranquilidad de todos los grupos políticos he
dado instrucciones al ujier para que avisara a todos los Diputados que se
encontraban esperando, por motivos profesionales y políticos, en la
antesala de esta Comisión. (Rumores.) Sin más dilación, porque hace cinco
minutos que he anunciado que íbamos a empezar las votaciones, vamos a
iniciar el proceso de votación de las proposiciones no de ley que han
sido debatidas a lo largo de esta mañana.
Me imagino que todos los Diputados tienen delante de sí el orden del día
y han aportado sus manifestaciones al respecto. No obstante, me complace
leer cada una de las proposiciones no de ley.
Votamos, en sus propios términos la primera proposición no de ley, sobre
creación de una oficina independiente que garantice la neutralidad en la
reglamentación de las telecomunicaciones, cuyo autor ha sido el Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (La señora Rahola i Martínez pide
la palabra.)
¿Señora Rahola?
La señora RAHOLA I MARTINEZ: Quería preguntar si hay que indicar las
sustituciones, ya que, en su caso, yo sustituyo al Diputado del Grupo
Mixto que es miembro de esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Eso lo podía haber comunicado con antelación a esta
Mesa. La hemos dado por asumida y por admitida con mucho agrado; por lo
tanto, huelga la formalidad que tenía que haber sido cumplimentada con
anterioridad. (Risas.)
Pasamos a la segunda proposición no de ley relativa a la adquisición y
uso... (Rumores.) Se me ha exigido que la lea. Por favor, escúchenme.
Proposición no de ley relativa a la adquisición y uso de los elementos
técnicos que ofrece el mercado para posibilitar la comunicación
telefónica de las personas sordas. Autor. Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso. Se vota esta proposición no de ley en los términos de la
enmienda del Grupo Socialista con la corrección realizada in voce.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Tercera proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que
adopte las medidas necesarias para que los carteles con la figura de un
toro, existentes en las proximidades de las carreteras españolas, puedan
mantenerse como elemento del paisaje. Autor de la proposición no de ley.
Grupo Parlamentario Popular. Se va a votar en los términos de la enmienda
del Grupo Socialista, con las correcciones realizadas con un texto
consensuado que me permito leer: Primer párrafo, suprimir «sin embargo».
Según párrafo, quedaría redactado de la siguiente manera: «Por ello,
insta al Gobierno y recomienda a las demás administraciones públicas que,
en el marco de sus respectivas competencias y de la legislación de
conservación del patrimonio cultural y artístico de los pueblos de
España, promuevan medidas que garanticen la permanencia del toro en las
carreteras españolas.»
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; en
contra, siete.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la proposición no de ley número 4. del orden del día, relativa
a la señalización de la carretera N-260 y la N-152, cuyo autor es el
Grupo Parlamentario Mixto. Se vota en los términos de las distintas
enmiendas in voce que han sido pluriconsensuadas y leídas con
anterioridad.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: ¿Ven ustedes cómo estaba pluriconsensuada? Por
unanimidad queda aprobada la proposición no de ley. (Un señor Diputado:
Queda pluriaprobada). Perdón, admito incluso la corrección de alguien del
Grupo Socialista que ha dicho: pluriaprobada, por unanimidad.
Pasamos a votar la proposición no de ley número 5, en sus propios
términos, que dice: Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno
a adoptar urgentemente las medidas precisas para que la Directiva 90/313
de la CEE referente al acceso a la información ambiental sea íntegramente
traspuesta al ordenamiento jurídico español. Autor, Grupo Parlamentario
Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley por la que se insta al Gobierno para que se dirija
a la empresa pública Ferrocarriles de Vía Estrecha (Feve) y elabore en lo
inmediato un plan de empresa. esta proposición, cuyo autor es el Grupo
Parlamentario Federal Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, es
sometida a votación en los términos de la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo:
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. Así da gusto.
(Risas.) Si lo ven los ciudadanos en los medios de comunicación, no se lo
van a creer. Van a decir: Este país está cambiando. (el señor
García-Arreciado Batanero: Buen reconocimiento, señor Presidente, el país
está cambiando.)
Punto séptimo del orden del día, proposición no de ley relativa al
mantenimiento de la línea férrea Madrid-Aranjuez-Cuenca-Valencia,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya. Se somete a votación en los términos
resultantes de las dos enmiendas del Grupo Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Doy las gracias a SS. SS. por su colaboración y porque me hayan permitido
estar un poco más distendido hoy que en otras ocasiones, porque hoy es mi
santo, entre otras cosas. (Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Era la una y treinta minutos de la tarde.