CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 350
DE FINANCIACION DE LOS PARTIDOS POLITICOS
Y SU ENDEUDAMIENTO
PRESIDENTE: DON LUIS MARDONES SEVILLA
Sesión núm. 8
celebrada el jueves, 10 de noviembre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Nieto de Alba y de la señora García Crespo,
Consejeros del Tribunal de Cuentas, responsables de la fiscalización y
financiación de los Partidos Políticos y de los procesos electorales,
para informar de temas relacionados con el objeto de la misma. (Número de
expediente 212/001219.)



Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Señores diputados, antes de dar comienzo a la
sesión, con un punto único en el orden del día, que tal como está
distribuido a los señores comisionados es la comparecencia de los
consejeros representantes del Tribunal de Cuentas, informo de lo
siguiente. Ha excusado su asistencia a la comisión de hoy, por motivos de
enfermedad, la representante del Grupo Mixto, de Esquerra Republicana de
Cataluña, doña Pilar Rahola.

También tengo que informar a SS. SS. que ha tenido entrada en el Registro
General de la Cámara la primera información de endeudamiento, facilitada
por el Banco de España.

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Esa primera remesa que ha mandado no obra en poder de esta Comisión, dado
que, de acuerdo con el procedimiento habitual de la casa, ha quedado a
disposición de la Presidencia y de la Mesa del Congreso. Cuando la Mesa
de la Cámara lo acuerde y el señor Presidente del Congreso de los
Diputados lo remita a esta Comisión, inmediatamente, haré llegar a los
señores comisionados la primera información de endeudamiento facilitada
por el Banco de España.

También quiero informar a SS. SS. que han tenido entrada en esta Comisión
dos escritos. Uno del Grupo Parlamentario Socialista, en el que solicita
que se estudie e investigue, si fuera preciso, la posible financiación,
entre los años 1982 y 1990, del Partido Comunista de España por parte del
Partido Comunista de la Unión Soviética. La fundamentación de tal
propuesta se encuentra en la información aparecida en relación con la
documentación que la Fiscalía General de la Federación de Rusia remitió
en septiembre de 1992 a la Fiscalía General del Estado de España.

Hay otro escrito, del grupo Parlamentario Popular, que dice así: El
diario «ABC» en su edición de esta misma fecha publica una información
según la cual desde hace dos años la Fiscalía General del Estado posee
documentación según la cual diversos partidos comunistas de España han
recibido financiación de la antigua Unión Soviética. Se propone a la
Comisión que investigue estas informaciones, comenzando con las
comparecencias del Fiscal General del Estado, don Carlos Granados, y del
ex-Fiscal General, don Eligio Hernández. Palacio del Congreso, 3 de
noviembre.

Estos escritos, señorías, son posteriores a la fijación del orden del
día, con el punto único. Esta Presidencia, de acuerdo con el
procedimiento normativo, salvo que los señores comisionados deseen otra
cosa, que aceptará gustoso la Presidencia, si así se acuerda por mayoría,
propone incluirlos en la próxima sesión que celebre esta Comisión,
incluso por respeto a los señores comisionados que no han podido preparar
los argumentos de sus respectivas intervenciones a este punto del orden
del día. Si los señores comisionados están de acuerdo, llevaríamos esto
al orden del día de la próxima Comisión y no lo trataríamos en ésta,
porque se saldría de la propia formalidad. De todas formas, repito, esta
Presidencia mantiene siempre el criterio de flexibilidad.

Sin más, pasamos a desarrollar el punto único del orden del día. Quiero
agradecer, en nombre de todos los comisionados, la presencia de los dos
consejeros representantes del Tribunal de Cuentas, al que se había
solicitado su comparecencia. Son doña Milagros García Crespo y don Ubaldo
Nieto de Alba, a quienes doy la bienvenida y agradezco su disposición
para informar plenamente ante esta Comisión.

Sin más preámbulos, cedo la palabra, en primer lugar, a doña Milagros
García Crespo, para que informe a la Comisión; seguidamente hará uso de
la palabra don Ubaldo Nieto, y a continuación los señores comisionados
comenzarán su ronda de intervenciones.

Nada más y muchas gracias.




La señora CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Muchas
gracias, señor Presidente. Buenas tardes.

En primer lugar, voy a hacer una pequeña aclaración, porque tanto don
Ubaldo Nieto de Alba como yo misma consideramos que podemos venir a esta
Comisión a informarles a ustedes, puesto que la petición que se
transmitió al Tribunal de Cuentas pedía la comparecencia del Presidente
o, en su defecto, de los consejeros del Tribunal, competentes en la
materia. Voy a intentar explicarles por qué se puede entender que somos
competentes en la materia.

Un Pleno del Tribunal de Cuentas --normalmente nuestros plenos suelen ser
mensuales, uno al mes-- que se celebró en marzo de 1993 nombró una
comisión mixta compuesta por cuatro consejeros para que se estudiase la
situación de la fiscalización anual de las cuentas y se presentaran
propuestas de solución al Pleno.

Con posterioridad, con fecha 14 de julio, se aprueban las directrices
técnicas para fiscalización de las cuentas anuales de los partidos
políticos, como resultado de los trabajos de aquella comisión a cuatro, y
en ese mismo Pleno de julio, día 14, se nombró a los dos consejeros que
comparecen hoy ante ustedes para que se hicieran cargo de la división de
partidos políticos del Tribunal de Cuentas. No recibimos un mandato
abierto, sino que a petición propia recibimos un mandato con finalidad,
con término, en el sentido de que nos comprometíamos --y para eso fuimos
nombrados-- a realizar la fiscalización de las cuentas de los partidos
políticos de los años 1990, 1991 y 1992, y además, por razón del tiempo
que se da por la ley para la realización de las fiscalizaciones de las
contabilidades electorales, de cuantas contabilidades electorales hubiera
que fiscalizar durante el tiempo que se tardara en hacer las de estos
tres años, 1990, 1991 y 1992.

A partir de este nombramiento que, repito se hizo en el mes de julio de
1993 (en este momento, como único trabajo finalizado hace ya mucho tiempo
y entregado al Parlamento), hicimos el informe sobre las elecciones
generales del mes de junio de 1993, que fue aprobado en el Pleno del
Tribunal de Cuentas en el mes de febrero de 1994, prácticamente dentro
del corto período que la ley concede para la realización de este tipo de
trabajos. Tuvimos que reorganizar prácticamente a todos los funcionarios
que estaban en la división de partidos políticos y debo decirles que en
este momento están en pleno trabajo tres equipos que están realizando la
fiscalización de las cuentas anuales de tres partidos, grandes por su
dimensión, que son el PP, el PSOE e Izquierda Unida. En el momento que
terminen el trabajo dentro de las sedes continuarán en otros tres
partidos. Probablemente tendrán que viajar a Cataluña y al País Vasco, al
principio, porque seguimos un poco el orden de mayor a menor, por haber
tomado una decisión como podía haber sido cualquier otra.

Simultáneamente, hay dos equipos que están trabajando en las elecciones
al Parlamento Europeo, por un lado, y en las Elecciones al Parlamento de
Andalucía, por otro, cuyo trabajo está muy avanzado y esperamos
entregarlo dentro de tiempo, y al hablar de dentro de tiempo quiere decir
antes de acabar el año.




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En estos momentos y por esas razones coyunturales hay cinco equipos
trabajando y tenemos más de 30 personas dedicadas a los partidos
políticos. Creo que en este tema la Comisión, en el futuro --y ésta es
una consideración estrictamente personal--, tendría que valorar el coste
que supone la fiscalización de las cuentas de los partidos políticos, si
tenemos que dedicar más personal del que ahora tenemos, porque nos
concedan ustedes mayores funciones. Este es un dato únicamente a tener en
cuenta en su día.

Se plantean muchos problemas que la Ley orgánica de financiación de
partidos políticos dejó abiertos y en los que no voy a entrar porque
espero que con más idea que yo misma lo va a hacer el señor Nieto de
Alba, pero muchas veces nos vemos obligados a hacer interpretaciones de
la ley sobre la marcha, y esto crea graves problemas. Resulta que existen
varios centros de toma de decisiones en este sentido. Incluso las juntas
electorales, bien sea la Junta Electoral Central o las juntas electorales
regionales o provinciales, pueden decidir sobre materia de contabilidad
de partidos políticos, están en su total derecho, no lo dudamos, pero a
veces nos obligan a cambiar después de que el trabajo está bastante
avanzado. Todas estas consideraciones hay que tener en cuenta.

Quisiera decirles que cuando he hablado de las directrices técnicas me
refiero a un procedimiento que en el Tribunal de Cuentas se sigue desde
ya hace años, respecto a cualquier fiscalización que se está realizando.

Es decir, el consejero o consejeros encargados de realizar una
fiscalización presentan al Pleno unas directrices de cómo se debe
realizar esa fiscalización, cuáles son los pasos que se van a seguir,
cuáles son las cuentas fundamentales que se van a mirar, cuál es el grado
de certeza que se quiere aplicar respecto a la representatividad de las
muestras, etcétera, y esto es aprobado por el Pleno. Es decir, nunca un
consejero que tenga a su cargo un trabajo puede realizarlo de la manera
que crea conveniente, a su mejor saber y entender, en absoluto. Para
darles a ustedes una idea, estas directrices técnicas --que fueron
aprobadas hace año y medio aproximadamente, no llega--, tienen más de 50
páginas y se limitan a ir a lo técnico. No quisiera alargarme
explicándoles a ustedes cuáles son las directrices técnicas que hemos
aprobado, pero si tienen interés en ello se las explicaría con mucho
gusto. Por ejemplo, se habla de presentar balance consolidado e indicamos
quizá por primera vez --y a esto sí quiero hacer alusión-- que en el
balance consolidado de los partidos políticos debe aparecer, como una
cuenta más, el resultado de las campañas electorales.

Como ustedes saben los partidos políticos presentan dos contabilidades
distintas: la contabilidad de la campaña electoral, por un lado, y la de
sus cuentas anuales por otro. Según la ley, no existe en aquel momento
ningún elemento de integración de una cuenta en otra. Probablemente ésta
fue una de las primeras decisiones importantes de la comisión que
formamos los dos consejeros que estamos delante de ustedes en el sentido
de que no era tan grave el análisis profundo de la cuenta electoral, y la
ley no puede pretender que se vaya al fondo cuando tenemos entre 45 y 75
días para hacer el informe, pero al introducir los resultados en las
cuentas anuales es cuando, en su momento, se puede profundizar cuanto
hiciera falta sobre el tema.

He intentado pensar, y perdonen la referencia, por qué esto lo hemos
tenido que hacer luego y había quedado ahí como un cabo sin atar.

Probablemente, y doy mi explicación personal, la Ley orgánica de
financiación de partidos políticos española se ha inspirado muchísimo en
la ley francesa; lo que ocurre es que en la ley francesa la financiación
de las campañas electorales corre a cargo de los candidatos y no del
partido que está detrás de ellos. En consecuencia, la fiscalización y el
resultado de esas cuentas no tienen por qué integrarse en ninguna cuenta
anual, sino que, como dice la ley francesa, si existe remanente se
utiliza las obras de beneficencia que se decidan en su momento. Pienso
que en nuestra ley, al estar inspirada en aquélla, pero no en todos sus
términos como es lógico, había un elemento que quedaba suelto.

Las directrices técnicas de las que estoy hablando a ustedes hacen una
distinción entre directrices técnicas para campañas electorales y
directrices técnicas para cuentas anuales. Una de las cuestiones que
nosotros introdujimos y que parece muy simple, pero para que vean ustedes
lo que puede significar de simplificación de la tarea fiscalizadora, es
que las directrices técnicas de la campaña electoral dijimos a los
partidos que sólo enviasen los justificantes de los gastos por encima de
100.000 pesetas. Una cosa tan sencilla supuso que el número de
justificantes que enviaban al Tribunal era relativamente bajo, comprendía
más del 95 por ciento de los gastos totales y habíamos tenido que dejar
de mirar gastos muy pequeños con justificantes que hubieran podido sumar
miles de ellos, como conocen todos los que viven dentro de los partidos
políticos. Eso no quiere decir, en absoluto, que los justificantes por
debajo de 100.000 pesetas están libres de fiscalización; para eso está lo
que nosotros llamamos el muestreo.

Esto es, en líneas muy esquemáticas, lo que les quería decir de entrada
que es explicarles lo que estamos haciendo ahora.

Como les he indicado estamos terminando el trabajo respecto a la
contabilidad de los partidos, nos queda la redacción y la comprobación
del informe. Tanto el trabajo de las elecciones europeas, como el de las
elecciones al Parlamento andaluz está prácticamente cerrado. Estamos
trabajando en los tres primeros partidos que hemos comenzado a realizar
los tres años; esperamos terminar el trabajo de investigación en las
sedes de los partidos PP, PSOE e Izquierda Unida para el 30 de noviembre,
o fecha muy próxima y continuar con el resto para ponernos al día lo
antes posible ya que comprenderán es el máximo interés de esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Ubaldo Nieto de Alba.




El señor CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): En primer
lugar, quiero saludarles y manifestar nuestra satisfacción, aunque
naturalmente en este momento un tanto empañada por la enfermedad y
renuncia de nuestro Presidente don Adolfo Carretero



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y ponernos a disposición de los miembros de esta Comisión en
representación del Tribunal; disposición total y plena, entendiendo que
hoy puede ser un primer contacto.

La exposición que les voy a hacer va a girar sobre la problemática con
que se encuentra el Tribunal en la fiscalización de las formaciones
políticas, partiendo siempre del principio que el Tribunal de Cuentas
realiza una fiscalización institucionalizada, es decir, sometida a normas
y, por tanto, esta problemática derivará, tanto del contenido de las
propias normas con que nos enfrentamos, como de los procedimientos con
arreglo a los cuales tenemos que fiscalizar. Somos conscientes de que
hablar de limitaciones y problemática en el ámbito normativo en este foro
exige un poco rigor.

Nos encontramos con que en la Ley de financiación del año 1987 habría que
poner de manifiesto en primer lugar su desconexión financiera interna y
también su falta de relación con otras leyes. Por ejemplo, en el
preámbulo se habla muy ampulosamente de conocer la situación financiera
de los partidos y en el artículo 9.º se configuran con una gran amplitud
las obligaciones contables; pero cuando se llega al control externo que
ejerce el Tribunal de Cuentas, en el artículo 12 se dice que sólo hay que
presentar unos documentos respectivos de ingresos y de gastos. Esto dio
lugar a que la primera fiscalización del año 1987 fuera tan limitada que
la propia Comisión Mixta, en resolución del 22 de mayo de 1992, pidiera
una ampliación de información y hubo que hacer una ampliación del
informe. Incluso después, la propia resolución de la Comisión Mixta,
Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas que aprueba ese informe, pone
de manifiesto la necesidad de que los estados contables sean
representativos, lo cual viene ya a dar una interpretación más amplia de
ese contenido estricto del artículo 11.

Esa falta de conexión también se pone de manifiesto con la Ley Orgánica
del Régimen Electoral General. El artículo 133.1 de esta ley exige a las
formaciones políticas que presenten una contabilidad detallada de sus
respectivos ingresos y gastos; habla de contabilidad de ingresos y de
gastos. Pues bien, en un principio se interpretó que esa contabilidad
debió ser como una especie de contabilidad independiente de la
contabilidad ordinaria, con lo cual nos encontrábamos con que parece que
tenían mayor contenido de independencia las contabilidades electorales
que la contabilidad ordinaria.

Esta falta de conexión entre ambas leyes es la que ha obligado, como ha
dicho la consejera doña Milagros, a que por fin el Tribunal hiciera unas
directrices donde dejara circunscrita la contabilidad electoral
simplemente a los ingresos y gastos, entre otras cosas para hacerla en el
período que marca la ley y, a su vez, que este resultado se integrara en
la contabilidad ordinaria de actividad del partido.

Tampoco hay que olvidar que la multiplicidad de decisores que sobre la
materia electoral recaen, Gobierno central, gobiernos y asamblea
autonómicas, da lugar a que esa falta de conexión reste seguridad y
control, principalmente en lo que se refiere a las campañas. En muchos
casos llevan a cabo esta comprobación los órganos de control externo de
las comunidades autónomas, que es a quien corresponde. Esta falta de
integración de contabilidades y de conexión de las leyes que hemos citado
da lugar a una mayor problemática en el seguimiento de toda la actividad
de los partidos.

Si pasamos al tema de subvenciones nos encontramos con que la Ley de 1987
configura como subvenciones algo que en la terminología del sector
público no son subvenciones, porque pueden ser incluso superiores a los
gastos ordinarios de funcionamiento de los propios partidos; más bien
habría que llamarles aportaciones públicas. Incluso no menciona a las
corporaciones locales y, sin embargo, se percibe que reciben
subvenciones.

Esta multiplicidad de subvenciones (corporaciones locales, Parlamento,
administración autonómica), correspondientes a lo grupos parlamentarios
hace más necesaria esta conexión financiera a la que antes hemos aludido.

En materia de subvenciones también ha surgido y todavía están latentes
muchas dudas de interpretación, por ejemplo, sobre la naturaleza global
de las circunscripciones para los gastos electorales; la imposibilidad,
tal como lo está configurando la Ley Electoral General de imputación de
los intereses de los créditos --no es cuestión de entrar en este detalle,
sino sencillamente señalarlo--; las dificultades en la interpretación de
los límites cuando concurren procesos electorales, la indeterminación que
genera el «mailing» al no formar parte de los gastos y, sin embargo,
poder ir a parar a esos gastos una parte no reconocida; y ya no digamos
la falta de concreción normativa e incluso los procedimientos que habría
que implantar para recurrir cuando el Tribunal fija el «quantum» de
reducción en las pérdidas de subvenciones; la falta de concreción de los
medios a utilizar por el Tribunal, cuando hay incumplimientos de terceros
(bancos, cajas, proveedores); las obligaciones de comunicar los datos
previstos en la legislación.

Si pasamos a las cuotas y a las aportaciones privadas, la propia ley
contempla agregadas las cuotas de las aportaciones de los afiliados,
cuando resulta que las aportaciones tienen unos límites y no están
sometidas a periodicidad. La diferencia entre financiación electoral y
financiación ordinaria a veces viene a resultar meramente formal; es muy
difícil separarla. Las limitaciones cuantitativas que sobrepasan los
límites que pone la Ley es fácil saltárselas con distintas personas que
pueden pertenecer al mismo grupo.

La prohibición de financiación de empresas públicas que tengan contratos
con la Administración es más voluntarista que real. Es muy difícil esa
separación entre lo público y lo privado si la norma no está clara. Las
limitaciones cuantitativas, decir, por ejemplo, que ninguna persona
física o jurídica puede aportar más de 10 millones de pesetas, plantea el
tema de que se renuncia cuando la aportación es mayor o se está generando
ya, se está propendiendo a una falta de transparencia por esa diferencia;
el límite del 5 por ciento global.

Todos estos problemas repercuten en el control. Los gastos de precampaña,
que es difícil diferenciarlos de los gastos de campaña y eludir el
control de éstos en cuanto al límite cuantitativo y temporal. Esta misma
falta de previsiones legales concretas existe para controlar a los
particulares



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que han contratado con la Administración si se ha vulnerado el control.

En idéntico sentido puede afirmarse el vacío en el control de
cumplimiento de la legalidad en la financiación a través de fondos
procedentes de entidades, incluso procedentes de personas extranjeras,
que señala el artículo 128.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General. El control de las limitaciones cuantitativas a las aportaciones
deviene muchas veces en meramente formal.

En cuanto al control interno, la propia Ley en su artículo 10 dice que
los partidos deberán prever el mismo y no señala las competencias de los
distintos elementos del partido en el control y aprobación de cuentas.

¿Quién es el responsable ante el Tribunal de la financiación ordinaria?
Sí está claro quién es el responsable de la contabilidad electoral, que
es el administrador general.

Por ningún sitio se encuentra una desagregación de funciones y asunción
de responsabilidades que corresponde al tesorero, al contable, al
administrador, al gerente. También señala una obligación de auditorías
internas que deben impulsar el control interno, pero éstas no se hacen.

Así pues, el ejercicio del control externo del Tribunal de Cuentas ha
sido necesario ir soslayándolo en esto que doña Milagros llamaba las
directrices técnicas. Incluso este vacío legal se extiende a los órganos
competentes para aprobar o rendir las cuentas. El control se ve limitado
ante la falta de definición de esta normativa, incluso en la propia
definición de los libros oficiales.

Hay otro tema que es el alcance territorial e institucional de las
cuentas que abarca a las sedes centrales, el ámbito que han de tener
muchas veces; incluso rendidas las cuentas sólo es posible comprobar las
mismas en la sede central. Esa tan deseada consolidación de todas las
cuentas es harto difícil y realmente no se ha llevado a cabo por ningún
partido. Precisamente esa falta de auditorías internas, que debían
ponerse a disposición del Tribunal, hace que éste no pueda ejercer
tampoco su función tan claramente.

Otro aspecto no menos importante, es la problemática que deriva de los
procedimientos.

El artículo 11 remite la fiscalización externa de la actividad
económico-financiera (es decir, no se limita sólo a las subvenciones,
sino la actividad económico-financiera) exclusivamente al Tribunal. Así
es preciso recurrir ahora, por tanto, a la Ley orgánica y a la Ley de
Funcionamiento que señala el ámbito competencial en el sector público,
pero no está pensada para la fiscalización de los partidos políticos que
no son entes públicos.

Esta desconexión entre la Ley orgánica de financiación de los partidos
políticos y la normativa del Tribunal de Cuentas se traduce en
limitaciones. Primero, quedan fuera del control todas las personas
físicas y jurídicas (empresas, bancos) relacionadas con los partidos que
no pertenezcan al sector público. El Tribunal de Cuentas no puede entrar
en empresas, en entidades que no sean sector público.

La legislación del Tribunal de Cuentas, tanto la Ley orgánica como la Ley
de funcionamiento, configura no sólo la fiscalización sino también la
jurisdicción contable, las responsabilidades contables. Entendemos que
éstas no son de aplicación a las formaciones políticas; por tanto, ese
elemento que tiene el Tribunal de función jurisdiccional, que aparece
como una culminación que refuerza la función fiscalizadora, no se da
aquí, en el caso de las formaciones políticas. Tampoco en ninguna ley se
confiere al Tribunal esta potestad sancionadora.

En cuanto al procedimiento, la Constitución y la Ley orgánica del
Tribunal de Cuentas configuran a éste como supremo órgano fiscalizador,
pero es la Ley de funcionamiento (que, repito una vez más, está
desconectada, lo mismo que con la Ley orgánica de financiación de los
partidos políticos) la que señala los procedimientos.

Este procedimiento, que aparece configurado en nuestra normativa del
Tribunal de Cuentas, es de tipo contradictorio. Eso supone una superación
de lo que es sencillamente hacer una auditoría. Hay un procedimiento
formal y es precisamente lo que diferencia esos controles
institucionalizados y formalizados de otro tipo de controles que están
basados, y en España tenemos ejemplos de ellos, en la discrecionalidad de
la autoridad que controla. Estos controles del Tribunal de Cuentas, como
digo yo, están institucionalizados y formalizados. Es decir, se hace el
informe, hay un proyecto inicial, pero la Ley de funcionamiento establece
que hay que enviárselo al cuentadante para que haga alegaciones.

Normalmente, el informe que aprueba el Pleno del Tribunal no coincide con
el que se mandó a alegaciones, precisamente porque estas alegaciones se
estudian e incluso se introducen modificaciones. Esto es lo que se envía
después a la Comisión Mixta; pero la Ley de funcionamiento exige que se
envíe el informe y las alegaciones. La Comisión Mixta debate estos
informes, también las alegaciones, y se pronuncia mediante resoluciones,
pero en estas resoluciones suele señalar a veces criterios de actuación
al Tribunal. Por ejemplo, una resolución de la Comisión Mixta dice al
Tribunal con qué metodología, con qué procedimientos y casi, casi cómo ha
de circularizar a los bancos. La resolución de la Comisión Mixta de 2 de
diciembre de 1993, aunque ya requiere al Gobierno para que proponga las
modificaciones normativas necesarias para que la financiación y rendición
de cuentas, examen y comprobación de las mismas, estén reguladas y
obedezcan a criterios de transparencia pública, sin embargo, señala que
la consideración debe alcanzar el nivel de la Ley de financiación de los
partidos políticos de 1987, cuando precisamente esta Ley no alude para
nada a la consolidación. Tenemos una última resolución del 24 de mayo de
1994. Dice que el Tribunal señale aquellas alegaciones de las formaciones
políticas atendidas en el informe y que se le comuniquen al partido las
que se han aceptado o rechazado. Es decir, una resolución de la Comisión
Mixta dice al Tribunal algo que no contempla la Ley orgánica ni la Ley de
funcionamiento y, por tanto, no está contemplado en los procedimientos
del propio Tribunal.

No puedo eludir reconocer que con esta regulación de la Ley orgánica y de
la Ley de funcionamiento, al Tribunal de Cuentas a veces se le plantea la
duda de si, con esta configuración de la fiscalización y este devenir de
la Comisión Mixta en órgano decisor, él es el supremo órgano fiscalizador
que configura la Constitución y la Ley orgánica del propio Tribunal; esto
con carácter general. Tratándose de la fiscalización de las formaciones
políticas, quizá habría



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que concluir que la Comisión Mixta, después de haber sido parte, a través
de criterios técnicos marcados en sus resoluciones, se termina
convirtiendo en juez al decidir sobre dichas fiscalizaciones.

Las conclusiones podrían ser que esta falta de normativa, esta falta de
conexión entre las leyes de financiación de partidos políticos, la Ley
orgánica de Régimen Electoral y la normativa del Tribunal de Cuentas, Ley
orgánica y Ley de funcionamiento, existe. Por tanto, el Tribunal no tiene
potestad sancionadora y no está claro (para algunos, sí; concretamente,
para el que les habla y creo que para muchos más) que las
responsabilidades contables no son de aplicación a las formaciones
políticas.

Y ¿cómo se cierra el ciclo del control? La Comisión Mixta (y no olvidemos
que, en su composición, está relacionada con las formaciones políticas),
al señalar al Tribunal de Cuentas criterios en el procedimiento, sin
amparo normativo, se convierte, a su vez, en juez y parte, y todo ello
puede restar fiabilidad a la fiscalización. Pero más importante que la
fiabilidad de la fiscalización es la repercusión en la credibilidad que
esta forma de proceder puede tener en la propia institución que tiene por
objeto el control del sector público. Quizá ello sea la razón --y con
esto termino-- por la cual ningún Tribunal de Cuentas de nuestro entorno
tiene precisamente esta función y estas competencias fiscalizadoras de
las formaciones políticas.

Muchas gracias por permitirme esta pequeña disertación.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Nieto de Alba, por su
intervención.

Cedo la palabra a los señores portavoces, siguiendo la norma establecida
de mayor a menor, para que les formulen, tanto a la señora García Crespo
como al señor Nieto de Alba, las preguntas, observaciones o cualquier
iniciativa que SS.SS. tengan al respecto.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, don Fernando Gimeno tiene la
palabra.




El señor GIMENO MARIN: Estamos hoy ante una de las comparecencias que
personalmente considero era de las más importantes en el objetivo de esta
Comisión, y lo digo porque se trata de la comparecencia del Tribunal de
Cuentas que, con todas las limitaciones que sin ninguna duda se han
expuesto por los miembros del Tribunal, en realidad tiene un conocimiento
bastante importante y profundo, de las cuentas y de la financiación de
los partidos políticos. Tengo la impresión de que ahora hay menos medios
de comunicación que antes y eso es debido a una cuestión que sí le
preocupa a mi grupo. Con brevedad, sobre todo por respeto a los demás
grupos de esta Comisión y al propio Presidente de la Comisión, quería
aclarar una cuestión y manifestar una preocupación. En primer lugar,
quisiera dejar bien claro que, en lo que se refiere a las funciones de
investigación de la Comisión y yo personalmente, en conversaciones que he
mantenido con los medios de comunicación en esta Cámara, quizá haya
introducido algún tipo de duda y quisiera evitar que se suscitara, si los
demás grupos quieren que comparezcan (además ha sido aprobado) tanto don
Javier de la Rosa como las personas relacionadas con los demás casos que
se estudien, mi grupo no tiene ningún inconveniente; pero mi grupo sigue
creyendo que el objetivo fundamental de esta Comisión es conseguir
cumplir los objetivos que le ha marcado el Pleno de la Cámara, y uno, no
poco importante, es culminar los trabajos de esta Comisión con la
aprobación de unas bases sobre la financiación de los partidos políticos,
que tiene mucho que ver con la comparecencia que hoy estamos celebrando,
que se refiere a una labor de estudio de esta Comisión.

Hecha esta aclaración, quiero manifestar, en primer lugar, que he
escuchado las intervenciones de los dos miembros del Tribunal de Cuentas
y quiero unirme a lamentar la ausencia del que ha sido Presidente del
Tribunal de Cuentas hasta hace pocos días; además desearía que la
Comisión y el Presidente se unieran a ese lamento, porque ha realizado
una labor muy eficaz al frente de ese Tribunal y ha tenido mucho que ver
también con los importantes trabajos que se han hecho por esa institución
en lo que se refiere a la financiación de los partidos políticos y al
estudio de la situación de los partidos políticos.

En segundo lugar, quiero manifestar algunos planteamientos y posiblemente
algunas diferencias con algunas de las cuestiones que se han planteado
por parte de los miembros del Tribunal. En mi caso coincide que soy
también miembro de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas. No sé si es
un planteamiento muy correcto, pero yo diría que es verdad que ha habido
muchas lagunas y que hay lagunas, sin ningún tipo de dudas, pero yo no me
atrevería a decir que la Comisión Mixta pueda ser juez y parte. Mi
impresión personal es que la Comisión Mixta, en función de la legalidad
actual --que yo creo todos debemos respetar-- cumple, mejor o peor, con
las funciones que tiene encomendadas y suple las lagunas que en muchas
ocasiones también se producen. El Tribunal de Cuentas nos hace propuestas
para cubrir y resolver esas lagunas; la Comisión en ocasiones acepta esos
criterios y en otras, no, y la Comisión Mixta, en su papel de relaciones
con el Tribunal de Cuentas, toma decisiones. Yo creo que la Comisión
Mixta, y la propia Cámara, no sólo puede ser juez y parte; yo creo que
cumple con su labor de defensa de los intereses generales y de
representación general a la hora de definir todas estas cuestiones, que
por supuesto afectan a los partidos políticos, que constituyen un
instrumento fundamental de nuestro sistema democrático.

Al margen de hacer esa pequeña referencia, querría decir que el Tribunal
de Cuentas, en todos los informes que ha presentado hasta ahora, que nos
ha remitido a través de la Presidencia de esta Comisión, creo que ha
marcado problemas importantes sobre algunos de los cuales quiero hacer
varias preguntas.

Primero, tenemos una Ley de financiación del año 1987 --no con
anterioridad a esa fecha--, que afecta también a un período importante de
nuestro sistema democrático, con lo cual existe una laguna bastante seria
e importante sobre lo que han sido las finanzas de los partidos
políticos. Esa es una realidad conocida y afectada de lo que ha
significado la transición de la dictadura a la democracia en este



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país. Pero quiero plantear (aunque soy de los que valoran que esa Ley ha
significado un salto muy importante en la financiación de los partidos
políticos, incluso en ese control, con todas las lagunas que existen) que
quizás uno de los problemas que se me ocurren en diversas ocasiones es
que esa Ley no tuvo ningún período transitorio; pasamos de la nada al
todo. Lo digo desde el planteamiento de que creo que se debe entender así
también, y debemos ser suficientemente realistas para reconocer las
situaciones, no para exculpar ningún tipo de responsabilidad de los
partidos políticos, pero sí para dejar bien claro que pasamos de una
situación de nada a una situación que, de golpe, había que cumplir con
muchas normas. Quiero decirlo, no sólo desde la legitimidad que tenemos
todos los que estamos aquí para decirlo, sino, incluso, desde la
pertenencia a un partido y a un grupo parlamentario que, al menos en los
aspectos formales --los informes del Tribunal están ahí y pueden ser
leídos--, manifiesta una voluntad clara de cumplimiento.

Pasar de la nada al todo es imposible, pero lo que quiero preguntar a los
miembros del Tribunal es si se aprecia, en las distintas fiscalizaciones
que se vienen haciendo, una evolución positiva de lo que es el
cumplimiento de las normas de la Ley de financiación de partidos
políticos y de las directrices que se han venido marcando por el Tribunal
y por la Comisión Mixta por parte de los propios partidos políticos. Creo
que dejar pasar un tiempo para ver si la evolución que se está
produciendo es más o menos positiva o más o menos negativa.

Es verdad que hay problemas sin resolver porque la ley, posiblemente, no
los pudo prever, o quizá porque cuando se empezaron a elaborar estas
normas había todavía dificultades para comprender algunas de las
realidades que se producían. Los han marcado los miembros del Tribunal.

Es verdad, es el ámbito integrador de las contabilidades de los partidos,
pero ¿hasta qué ámbito territorial se plantean? Creo que hay que decir ya
claramente, es verdad, que en muchos casos sólo se han presentado las
cuentas a nivel nacional --no en todos los casos y quiero dejarlo bien
claro--; en otros se han llegado a plantear cuentas también a nivel
regional integradas y cuentas a nivel provincial, así como cuentas de
grupos parlamentarios de comunidades autónomas integradas en la
contabilidad. Si somos realistas, podremos llegar a conclusiones de que
los ámbitos territoriales habrá que delimitarlos, pero también conocer
las realidades de los partidos. Lo digo porque no sólo es el Partido
Socialista; creo que posiblemente sirva para otros partidos. También es
una realidad financiera y contable la agrupación de un pequeño pueblo de
los muchos que hay por la geografía española de menos de 250 habitantes,
donde también existen los partidos políticos, y quizá haya que tener
también en cuenta esas realidades a la hora de delimitar y definir cuál
es la integración de todas esas cuentas de los partidos políticos. Lo
digo porque conociendo realidades (por lo menos yo las conozco, y supongo
que todos los que están aquí las tienen que conocer) es muy difícil
hablar de un nivel tan limitado de integración. Habrá que delimitarlo,
habrá que concretarlo y habrá que establecerlo en una ley de financiación
de partidos políticos.

La integración territorial. Desde luego, la integración institucional
plantea un problema importante en lo que se refiere a la financiación de
los partidos políticos en cuanto es conocido que la Ley de financiación
establece como fuentes de financiaciones públicas hasta el límite de lo
que son las subvenciones de los parlamentos autonómicos --también las
estatales--, pero es claro que la Ley de financiación no habla de las
subvenciones de los grupos políticos de diputaciones provinciales, por
ejemplo, ni de ayuntamientos, que también existen. Es verdad que en los
informes que se presentan por el propio tribunal vienen recogidas todas
esas realidades, pero la Ley actualmente no lo establece, ni siquiera
como obligación, aunque los criterios técnicos y contables que se están
planteando, y parece razonable que se planteen así, exigen ese tipo de
cuestiones. Es un problema que en la futura ley me parece que deberá
plantearse e intentar resolverse, porque si no resolvemos los problemas
reales difícilmente vamos a conseguir la transparencia que todos, sin
ningún tipo de duda, estamos exigiendo.

Se me plantean muchas dudas --lo quiero dejar claro-- en lo que son las
relaciones de los partidos políticos con las empresas. No lo digo por
falta de interés en la transparencia sino por falta de lo que creo es un
criterio que hay que establecer. Es decir, el Tribunal de Cuentas no
tiene hoy competencia para fiscalizar empresas privadas. Tiene
competencia para fiscalizar todo el sector público y empresas públicas,
también tiene competencia para fiscalizar empresas privadas en la parte
que se refiere a la mecánica electoral, con mucho más límite, con muchas
más deficiencias. ¿Debe plantearse que las empresas que se relacionan con
los partidos políticos puedan ser fiscalizadas igual que cualquier
entidad pública? Lo digo para clarificar situaciones. Creo que es
conveniente porque son problemas reales importantes que hay que ir
resolviendo en las bases de esa ley que en opinión de mi grupo deben
elaborarse por los grupos de esta Cámara, o plantearse en una proposición
de los grupos de esta Cámara. Así lo pienso y así lo digo, porque este
debate también se ha suscitado en esta Cámara y deben contemplarse.

Se ha planteado ese problema, de forma importante, cuando se ha
fiscalizado por el Tribunal de Cuentas empresas respecto a asuntos que
han tenido una relevancia importante y que hoy tienen una relevancia
importante en esta Comisión, como es el caso Filesa. Han aparecido
empresas relacionadas con esa situación y el Tribunal de Cuentas tuvo una
dificultad real y legal para afrontar ese problema puesto que no podía
entrar a hacer determinado tipo de consideraciones, e hizo un informe
dentro de los límites que podía hacerlo en aquel momento.

Estoy planteando problemas reales, que el Tribunal de Cuentas ya ha
manifestado. también quiero decir que a mí me parece que don Ubaldo Nieto
planteaba un tema que la Comisión Mixta también ha planteado, y es la
necesidad de normalización de las cuentas de los partidos políticos de
acuerdo con el Plan General de Contabilidad. Hay un trabajo pendiente,
que no sé en qué situación se encuentra,



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pero creo que es un instrumento de enorme importancia a la hora de
plantear ese tema.

Por ir resumiendo, quiero decir que casi todo lo que he manifestado tiene
que ver con las opiniones que estamos intentando obtener para ir teniendo
más opiniones para al final tomar decisiones, que son a veces muy
complicadas.

En cuanto al tema del control, también me preocupa el control interno,
pero más me preocupa lo que es la democracia de los partidos políticos y
toda la institucionalización de esa democracia. Es verdad que todo lo que
son aspectos democráticos exigen aspectos de responsabilidad; pero a mí
me preocupa también la definición del control externo. El Tribunal de
Cuentas, ¿debe tener o no competencias sancionadoras? Ese es un problema
que está por resolver. Habrá que decidir qué se plantea y cuáles son las
opciones que se plantean. A mí me parece difícil otra opción que no sea
el Tribunal de Cuentas. Habrá que entrar luego en lo que son las
tipificaciones de ese tipo de infracciones.

En cualquier caso, lo que sin ninguna duda habrá que tener en cuenta es
que, quizás, uno de los errores fundamentales de lo que fue la Ley de
financiación (que yo siempre he valorado positiva en cuanto a salto
respecto a la realidad anterior) es que no hubo período transitorio que
permitiera ir aplicando y creciendo en la aplicación de lo que son las
normativas contables y transparentes para los partidos políticos.

Empresas, control interno y control externo y las otras cuestiones que he
planteado al principio en cuanto a la integración y a qué nivel, son
cuestiones que me gustaría conocer a través de la información de los
consejeros del Tribunal de Cuentas, para que vayamos alimentando más a
esta Comisión con informaciones y con opiniones.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario
Popular, don Jaime Ignacio del Burgo.




El señor DEL BURGO TAJADURA: Gracias, en lo que a mi grupo corresponde,
por la presencia de los ilustres representantes del Tribunal de Cuentas
en este acto.

No voy a hacer ninguna demostración de mi conocimiento en cómo debería
ser la próxima Ley de financiación de partidos políticos (no me considero
en absoluto capacitado para ello, a diferencia de la experiencia que ya
tiene en este aspecto mi ilustre compañero portavoz del Grupo Socialista)
que es uno de los objetos de esta Comisión y que, naturalmente, deberá
ser estudiado detenidamente para llegar a unas conclusiones que puedan
ser útiles. Sin embargo, voy a hablar como ciudadano; ni siquiera como
Diputado. No sé si hago bien o mal, pero hoy quiero hablar como simple
ciudadano y plantear una serie de dudas que como ciudadano que soy, me
surgen en la actuación del Tribunal de Cuentas en relación a la
fiscalización de los partidos políticos. Como ciudadano --y como Diputado
también, pero como ciudadano sobre todo-- tengo conocimiento de las
conclusiones de un famoso informe que la opinión pública esperaba con
gran expectación, que era el asunto relativo a la fiscalización de las
cuentas del Partido Socialista cuando estalla el caso Filesa. Por cierto,
uno de los asuntos que tenemos que investigar en esta Comisión.

Yo he repasado las conclusiones de ese informe y siento que tal vez se
trata de destapar acontecimientos que produjeron gran convulsión en el
seno del Tribunal y yo no quisiera, en estos momentos, encender de nuevo
la polémica, por lo menos, entre ustedes. Sí, como ciudadano,
transmitirles mi inquietud y mi preocupación.

A la vista de lo que ya conocemos del asunto Filesa como consecuencia de
las investigaciones judiciales que, poco a poco, se van haciendo
públicas, uno tiene la sensación de que el Tribunal de Cuentas en aquella
ocasión estuvo verdaderamente desacertado porque frustró una esperanza
que tenía depositada la opinión pública en el Tribunal de Cuentas de que
si efectivamente se produce alguna situación irregular, se detecta, se
investiga y se llega a conclusiones; por consiguiente, la ciudadanía se
queda tranquila y satisfecha de que hay un órgano fiscalizador que puede
llegar hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, las recomendaciones
del Tribunal de Cuentas o las conclusiones de la fiscalización son
verdaderamente sorprendentes, visto lo que posteriormente ha sucedido. No
se diga que no se tuvo posibilidades de hacer intervención en
determinadas empresas, porque precisamente se habla de las empresas y se
dice que en esas relaciones de las empresas con el Partido Socialista no
hay absolutamente nada irregular. Luego hemos visto que esa afirmación
debe ser puesta en cuarentena. Ya se ha hecho una calificación por parte
del Tribunal respecto a la relación empresas-partido y desde ese punto de
vista no sé hasta qué punto cabe decir que el Tribunal no tiene elementos
ni herramientas legales suficientes puesto que, en caso contrario, debió
haberse dicho así. Hubiera sido más positivo para el propio Tribunal de
Cuentas haber dicho que, a la vista de la legislación vigente, no estaba
en condiciones de hacer esta fiscalización que se le demandaba. Por lo
menos, la credibilidad del Tribunal de Cuentas no hubiera quedado en
entredicho.

Este ejemplo que es muy expresivo y muy trascendental de la oportunidad
perdida por parte del Tribunal de Cuentas, introduce una serie de dudas
en la ciudadanía. Por eso he dicho que yo hablo como ciudadano en este
momento, porque pretendo transmitir la opinión de muchos ciudadanos que
dicen: ¿pero de verdad el Tribunal de Cuentas no sirve a la hora de la
fiscalización de los partidos políticos? ¿Se han detectado, como
consecuencia de esa fiscalización, irregularidades notables? ¿Acaso no se
dice que la corrupción que hoy parece existir en España es consecuencia
directa de la financiación irregular de los partidos políticos y, sin
embargo, que sepamos, el Tribunal de Cuentas todavía no ha detectado una
significativa irregularidad o una grave ilegalidad en ningún partido
político? O si las ha detectado, al parecer no han tenido transmisión a
la opinión pública. Esa es la gran pregunta: ¿Sirve en este momento el
Tribunal de Cuentas para ejercer esa fiscalización, para que los
ciudadanos estemos tranquilos en el sentido de que esa fiscalización
significa que se garantiza la transparencia en el funcionamiento de los
partidos políticos desde el punto de vista financiero, teniendo



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en cuenta que ése es el objetivo principal de la intervención del
Tribunal de Cuentas querida por la Ley de 1987?
¿Qué habría que hacer, en cualquier caso, si la respuesta es negativa?
¿No tenemos posibilidades de llegar a conclusiones en esta materia, que
es la que hoy preocupa? ¿Qué es lo que habría que hacer realmente para
que el Tribunal de Cuentas se convirtiera en un auténtico elemento
fiscalizador que advirtiera que un partido político se está financiando
de manera irregular o ilegal?
Eso es lo que, no tanto como portavoz de mi Grupo Parlamentario, sino
aprovechando que estoy sentado en este escaño, como ciudadano les
pregunto a los ilustres representantes del Partido Socialista..., perdón,
del Tribunal de Cuentas. Quizá en este lapsus que he tenido esté la razón
verdadera de la desconfianza presunta que muchos ciudadanos puedan tener
en relación con el Tribunal de Cuentas. (El señor Gimeno Marín: ¡Lo que
faltaba!) Tengo el máximo respeto por la integridad de las personas que
están representando al Tribunal de Cuentas (El señor Gimeno Marín: No lo
parece.), pero quiero decir que tal vez a un organismo fiscalizador es
imprescindible rodearlo de la máxima objetividad posible en cuanto a que
nadie tenga la duda de que pueda ser objeto de presiones o de
manipulación política.

Comprendo que, a lo mejor, les ha podido molestar mi alusión, pero cuando
uno constata que hay votaciones en el Tribunal y coinciden con bloques de
nombramiento, naturalmente a esa conclusión también se puede llegar sin
poner, en absoluto, en duda la integridad de los miembros del Tribunal de
Cuentas de la que no tengo, en ese aspecto, la menor duda.

Esas son las inquietudes a las que me gustaría que los representantes del
Tribunal de Cuentas pudieran dar respuesta e, incluso, si estoy
equivocado en alguna de mis apreciaciones, espero que me convenzan de
cuál es mi error.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, don
Felipe Alcaraz.




El señor ALCARAZ MASATS: En nombre del Grupo Federal de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya agradezco mucho la presencia de los
representantes del Tribunal de Cuentas.

Coincido con el señor Gimeno en que esta Comisión teóricamente era muy
importante --lo esÐ, pero hay que hacerla importante llevando su trabajo
desde sus dos vertientes con un rigor absolutamente necesario: la
vertiente de estudio y la de investigación. Hay que centrar los temas y
el ritmo de la Comisión porque se está desviando o difuminando con
respecto a su objetivo principal, quizá porque coincide con un momento de
gran alarma social, de clima casi irrespirable y mucha gente empieza a
pensar que no va a salir ileso ni el brazo incorrupto de Santa Teresa
(Risas.), que aquí todo va a caer. Es necesario un trabajo muy serio y
centrado en esta Comisión de estudio y de investigación.

Sobre la investigación, cuando llegue el momento y en los casos que ya
están aprobados, y otros que se van a aprobar, tendremos que proceder a
un proceso de selección rítmico y adecuado para pasar al estudio serio de
los precedentes de la Ley de 1987 y de cómo ahora tendremos que aprobar
una ley de democracia interna y de financiación de los partidos políticos
adecuada a la situación, para salir de este tremendo impasse, porque
parece que estamos saliendo de un segundo parto, de una segunda
transición de la que habrá que salir con dignidad, con aseo y con los
objetivos claros.

Quiero decir también, en el pórtico de mi brevísima intervención, que el
Grupo de Izquierda Unida lamenta la enfermedad del señor Carretero y
abogamos por su pronta recuperación. Sabemos que ésta ha sido
fundamentalmente la causa de su dimisión.

Lo que sí hacemos es una llamada sobre las tres o cuatro contradicciones
que notamos en el trabajo del Tribunal de Cuentas para que fuera
absolutamente efectivo, que son las que van a nuclear mi intervención.

De cara al nombramiento del nuevo Presidente --no me estoy refiriendo a
nada de lo anteriormente dicho--, esperamos que se produzca un acuerdo
institucional, en el riguroso sentido de la palabra, para que sus
decisiones no dependen orgánicamente, directa o indirectamente, de ningún
grupo político, sino de la institución que puede proponer al señor
Presidente del Tribunal de Cuentas. Esa era la primera contradicción que
yo quería poner sobre la mesa.

La segunda contradicción enlazaría con la tercera, que después voy a
exponer. Mientras que hay una sola persona dedicada a las distintas
comisiones de fiscalización del Tribunal, parece que hay dos para la
Comisión de Fiscalización de los Partidos Políticos. No quiero decir que
sean muchas, quiero decir que en el equilibrio general aparece un
desequilibrio que quizá también conecte no con la existencia --como se ha
dicho aquí-- de un solo partido, sino de más partidos a la hora de ver
cuál es la matriz que genera el nombramiento de los distintos consejeros.

Esto conecta con la necesidad de solucionar en este caso la falta de
estructura. Habrá que dedicar más personal, más para los partidos y más
para otras comisiones de fiscalización, que son también muy importantes
en el Gobierno, quien tiene que pensar en la revisión legal, normativa,
financiera y presupuestaria que puedan solucionar esta contradicción de
falta de estructura. Falta de estructura que también se agudiza teniendo
en cuenta la forma en la que los partidos nos estamos organizando. Ya el
señor Gimeno describía una parte de este paisaje en el sentido de que,
primero, nos estamos organizando de manera federal y, después, a través
de una serie de escalonamientos, cada vez más pormenorizados, que
culminan en los pueblos; incluso, dentro de los pueblos, en distintas
agrupaciones. Esto quiere decir que el Tribunal de Cuentas, para
fiscalizar las cuentas de las distintas federaciones de los partidos, no
tiene ninguna estructura prevista, por falta de medios pero también por
falta de la propia organización prevista de cara al funcionamiento normal
del Tribunal de Cuentas. Termino con la última contradicción que se sigue
reiterando, que es redundante. Normalmente, las resoluciones de la
Comisión Mixta no tienen consecuencias reales a la hora de superar los
problemas que se vienen repitiendo. En



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años sucesivos, se siguen produciendo exactamente las mismas anomalías,
lo que quiere decir que también, de cara al Tribunal de Cuentas, a partir
de la iniciativa de esta propia Comisión junto a la Comisión Mixta y a
las comisiones correspondientes al seno de las Cortes Generales,
tendremos que adoptar medidas para superar esta situación en un momento
en el que la gente, como se ha dicho aquí, está pidiéndonos
transparencia, claridad, planes de contabilidad, relaciones con las
empresas públicas y privadas, y no adoptamos medidas reales hasta este
momento. Esperemos que esta Comisión sirva también para dinamizar la
solución de las distintas contradicciones que nosotros venimos apreciando
en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que yo hoy aquí he resumido
y que mi compañero Franco González ha reiterado constantemente de donde
correspondían en el momento adecuado.




El señor PRESIDENTE: Finalmente, tiene la palabra por parte del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV), don José González de Txábarri Miranda.




El señor GONZALEZ DE TXABARRI MIRANDA: En primer lugar, quiero agradecer
la comparecencia, en nombre del Grupo Vasco (Partido Nacionalista Vasco),
a los dos Consejeros del Tribunal de Cuentas y manifestar, en nombre de
nuestro Grupo, la alta consideración que nos merece su trabajo y la
disponibilidad que han tenido con todos los partidos, por lo menos en lo
que respecta al Partido Nacionalista Vasco, que no entra en esa cuota de
reparto de poder, puesto que hemos sido suficientemente atendidos y
escuchados en las alegaciones que hemos presentado a los distintos
informes, y manifestar que han existido esos cauces de participación,
incluso en el caso de un partido, como el nuestro, que no goza de esas
cuotas de reparto o de poder. Por ello, desde la neutralidad,
manifestamos nuestra satisfacción por lo menos en la interrelación que ha
existido con el Tribunal de Cuentas desde que éste está trabajando en
estas labores.

A continuación, quisiera manifestar que esta Comisión tiene dos
componentes, como saben SS. SS.: una, de estudio y, otra, de
investigación. La propuesta que realizamos en el Grupo Vasco, al comienzo
de los trabajos de esta Comisión, era que la labor de investigación se
basase precisamente en los informes que el Tribunal de Cuentas disponía
en relación con la fiscalización de partidos políticos, porque
entendíamos que era el elemento de trabajo más elaborado que al respecto
existía en el Estado.

Se ha establecido otra metodología de trabajo, pero nosotros entendemos
que, a la larga, ahí nos vamos a tener que remitir. Esos informes son los
que van a tener que ser examinados, porque, aunque lo que abunda no daña,
es verdad que lo que abunda marea, y tenemos la sensación en esta
Comisión de querer tener documentación exhaustiva, rigurosa, de fuentes
muy diversas, etcétera. Volviendo a la primera parte de mi exposición,
debo decir que si alguien ha trabajado este tema lo ha hecho con el mayor
número de instrumentos posibles y con el máximo rigor, es el Tribunal de
Cuentas, y de ahí derivan los informes que en la Comisión Mixta se han
ido presentando.

Ustedes han hecho una labor autocrítica, que yo creo que es compartida
por la mayoría de miembros de la Comisión, y evidentemente se puede
adoptar la postura del ciudadano. Yo también me pongo como ciudadano a
buscar la perfección, lo que no exijo al vecino es la perfección que uno
mismo no encuentra en su propia casa y, evidentemente, tampoco en esta
Cámara. Si llevásemos esta reflexión hasta el extremo, podríamos decir,
como manifestaba el señor Alcaraz, que esta Cámara tampoco ha tenido
iniciativas legislativas para actualizar estas lagunas o promover
reformas legislativas que fuesen en esta línea.

Realizada esta intervención, quisiera hacer tres consideraciones. La
primera en relación con un cruce de informaciones que desde la postura
que ha adoptado el señor Del Burgo, sí se puede hacer. Si uno lee y
examina (hemos tenido todo el verano para poder contrastar todos esos
datos) la información del Tribunal de Cuentas con relación a la
fiscalización de partidos políticos y la cruza con las informaciones que
aparecen en prensa, poco tienen que ver. Para un consejero esa labor de
comparación o de cruce tiene que ser muy interesante, y nos gustaría
conocer su opinión al respecto. No se lo voy a pedir como ciudadanos,
porque no les corresponde asumir esa función, pero sí que realicen alguna
reflexión en ese sentido, porque si alguien tiene información
privilegiada y rigurosa con relación a la materia que nos ocupa son
ustedes como consejeros que actúan en relación a estas materias y como
también serán lectores de prensa, supongo que se llevarán sorpresas muy
llamativas como nos las llevamos nosotros. Yo creo que en ese cruce
existe una vertiente de decir: éstas serían las cosas que habría que
reformar. No se trata de derivar de ahí que lo hacemos mal o que nos
tenemos que flagelar, sino que una de las consecuencias que hay que sacar
es qué aspectos legislativos (evidentemente, la responsabilidad la
tenemos los grupos parlamentarios y no ustedes que actúan dentro del
marco de la legalidad que desde esta Cámara se pone en vigor), qué
reformas legislativas habría que realizar para que los trabajos de esta
Comisión de estudio fuesen importantes o efectivos, aunque, a la vista de
los medios de comunicación que nos acompañan hoy (agradezco a los que
están la paciencia que tienen), se ve que esto no debe preocupar
significativa y pertinentemente.

En segundo lugar, quisiera realizar otra consideración y es que es la
labor que tiene esta Comisión, por el mandato del Pleno, comienza en el
año 1979. El señor Gimeno hablaba de períodos transitorios, ustedes han
hablado de los ejercicios de 1990 a 1992 por si, en lo que es esta
coordenada temporal del 79 al 94, ven ustedes formas distintas o
acercamientos que se pudieran organizar desde la información que posee el
Tribunal de Cuentas para que podamos cumplir con este mandato del Pleno.

Ustedes hablan de treinta funcionarios trabajando en esta materia de
fiscalización de partidos políticos, aquí les podemos hablar de algo más
de siete Diputados a investigar durante quince años. En tercer lugar, de
cara a la Comisión de investigación, quisiera preguntarles si, además de
los informes que tienen remitidos a la Comisión Mixta, existen otra serie
de documentos que estimen ustedes interesantes para que



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nuestra labor de investigación pueda ser refrendada o pueda ser
interesante de cara a los trabajos que debe llevar esta Comisión.

Señor Presidente, he creído entender en una de las intervenciones de los
consejeros del Tribunal de Cuentas que se albergaban dudas sobre si el
Tribunal de Cuentas cumple con su función constitucional. Es una
expresión que en principio parece muy fuerte. No sé si hace referencia a
los fallos contables que ha indicado antes que no se pueden imputar a
partidos políticos. En todo caso entiendo que es una afirmación muy
gruesa que necesitaría matices que el Grupo Parlamentario Vasco sí
agradecería.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor González de Txábarri.

Tienen la palabra la señora y el señor Consejero del Tribunal de Cuentas
para responder como lo estimen pertinente repartiéndose, coincidiendo los
dos en distintas versiones «ad libitum» para que sea lo más enriquecedora
para los señores comisionados.




La señora CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Señor
Presidente, ¿prefiere una respuesta a todas las intervenciones o de cada
consejero a cada intervención? No lo sé.




El señor PRESIDENTE: Como ustedes lo estimen y como lo deseen los señores
consejeros. Esta Comisión se mueve en unos parámetros de flexibilidad
inteligente y lo desearíamos hacer así sin protocolizarnos demasiado. A
fin de cuentas, se trata de aclarar todas las cuestiones que han
planteado los señores consejeros y eso es lo fundamental.




La señora CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Con su
permiso, señor Presidente. Permítanme una reflexión personal. Como han
manifestado algunas de SS. SS., que tienen una tarea muy difícil de
realizar, y creo que con nuestra comparecencia y con otras que ustedes
pidan van a ir observando la dificultad de que quienes venimos aquí
resuelvan su propio problema. Yo no sé si en esta comparecencia ustedes
habían puesto muchas esperanzas por resolver sus problemas y si ahora se
han defraudado en ese sentido.

Yo personalmente --esto no lo he comentado con el señor Nieto de Alba--
estoy un poco sorprendida de alguna de las intervenciones, porque,
efectivamente, ésta es una Comisión bifronte: tiene dos cuestiones
distintas a resolver, y yo creía que nosotros veníamos al tema de la
investigación y no a dar cuentas de cómo ha actuado el Tribunal de
Cuentas. Yo no creía que ésta era una Comisión de investigación del
Tribunal de Cuentas y de períodos que nosotros no hemos realizado. Yo no
era consejera del Tribunal de Cuentas entonces. Yo he creído que venía a
ayudar en mi muy modesta capacidad. Lo comprendo. ¿Decepcionante?
Probablemente, pero, desde luego, yo no creía que venía a responder a
preguntas ajenas a lo que desde mi punto de vista teníamos que hacer
aquí.

Dicho esto, voy a intentar contestar, una por una, a las cuestiones que
se han planteado, y perdonen porque es posible que no haya tomado nota de
todo. Nos pregunta el señor Gimeno cuál es la posición de los partidos
respecto a sus obligaciones contables a lo largo del tiempo, si
observamos diferencias. Aquí vamos a ser unánimes. Pienso que hay
diferencias muy positivas de cumplimiento generalizado de los partidos.

También debo decir que al menos desde que estamos nosotros hace año y
medio, hemos tenido unas relaciones personales con los partidos, hemos
hablado con los responsables, les hemos citado al Tribunal, les hemos
dicho que nos expongan sus pegas, les hemos dado teléfonos directos para
que nos cuenten qué es lo que les ocurre en cada momento, si existe
alguna dificultad de comprensión de nuestras peticiones; lo hemos hecho
absolutamente con todos y, en general (y ustedes son representantes de
partidos), la actitud de los técnicos que trabajan a las órdenes del
señor Nieto de Alba y a las mías es abierta para resolverles problemas
puntuales a los partidos y procuramos no actuar como inquisidores.

Nosotros estamos muy contentos de la respuesta de los partidos en este
sentido. Estoy hablando en términos generales.

¿Que los ámbitos territoriales deben ser delimitados de alguna manera?
Dice el señor Gimeno. Yo creo que sí, que es cierto que en esa necesidad
de ir adaptando la ley de funcionamiento nuestro a la Ley Orgánica de
Financiación de Partidos Políticos y cuestiones que quedaban en el aire
sin resolución han ido resolviéndose por distintas vías. Yo me refiero a
un aspecto de la fiscalización en general, un aspecto que habla de la
materialidad de la fiscalización. Lo que se está fiscalizando tiene que
tener cuerpo o sustancia financiera suficiente para que responda a ese
esfuerzo. Perdonen ustedes, yo he oído decir a la persona que lleva el
registro de partidos políticos en el Ministerio del Interior que tiene
más de 1.300 partidos. Evidentemente, a ninguno de ustedes se le ocurre
que nosotros vamos a fiscalizar a los 1.300 partidos, porque su
contabilidad no tiene materialidad. En ese mismo sentido podríamos decir
que aquel pueblo de 250 habitantes puede tener unos gastos, pero
normalmente todos sabemos de qué tipo son esos gastos y esos ingresos, y
el hecho de que en el Parlamento no se conozca exactamente su forma de
trabajar a través de nuestro informe probablemente no tiene importancia.

Ahí iríamos a que nosotros nunca podemos ser el gran controlador, porque
entonces seríamos el controlador de todo el país.

Igual ha quedado un poco confuso el sentido que daba a mis palabras
cuando he dicho que en este momento hay 300 funcionarios. Señor González
de Txábarri, a mí me parecen excesivos, me parecen muchísimos. Lo he
dicho en ese sentido. Les he dicho que si aumentan nuestra necesidad de
investigar, eso va acompañado de muchísimos más, y a mí no me parece que
los Presupuestos Generales del Estado tengan que dedicar muchísimo más
dinero al control, sino que el control tiene que ser efectivo sin
necesidad de aumentar más, sino yendo al núcleo de los problemas y no
perdiéndonos en eso que decía usted antes, en las pequeñas decisiones de
los partidos a nivel de unidades locales muy pequeñas, de barrio,
etcétera. Siempre se puede hacer un muestreo sobre cuatro, cinco o diez,
para que tampoco crea algún interventor listo que por ahí va a



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poder meter ingresos que luego no se van a controlar, siempre que tenga
esa sensación.

Respecto a la relación entre partidos políticos y empresas como
competencia del Tribunal de Cuentas, yo les puedo contestar a ustedes (mi
respuesta es muy personal, creo que tendrá su propia respuesta el señor
Nieto de Alba) que la Ley Orgánica que regula el Tribunal de Cuentas y la
propia Constitución --ya que se ha citado antes-- dice que el Tribunal de
Cuentas es el máximo órgano fiscalizador del gasto público. Los gastos de
una campaña electoral son públicos y privados, pero la financiación de la
campaña electoral a través del dinero público es tan fuerte que, a mi
juicio --estoy hablando a un nivel personal totalmente--, el control de
una campaña electoral por un órgano de control en cualquier país está
perfectamente justificado. Cuando estamos hablando del funcionamiento
normal de los partidos políticos, del funcionamiento año a año con sus
propias necesidades y las cuotas, las financiaciones que reciben y los
medios financieros que consiguen, etcétera, a demás de la financiación
pública, nos estamos metiendo en un terreno en el que parte es gasto
público, utilización de gasto público, de financiación pública en otra
palabra, y parte no. Yo incluso tengo mis dudas, pero las acepto
absolutamente porque soy fiel acatadora de la ley, acepto totalmente que
el Tribunal de Cuentas tenga que controlar a los partidos políticos en su
totalidad. Tal vez --y esto lo ha dicho el señor Nieto de Alba--, cuando
se habla de subvenciones, como no son finalistas, como la subvención para
la financiación anual de los partidos políticos no lleva el nombre y
apellido y no se dice: Con el dinero que le da el Estado ustedes van a
pagar el personal o van a pagar tal y tal gasto, probablemente nosotros
nos limitaríamos a comprobar que la subvención se ha dedicado a los fines
para los que fue creada, pero al no ser una subvención finalista y
controlar el gasto público en la financiación normal de los partidos, te
ves obligado a ver toda la contabilidad en conjunto, todos sus gastos e
ingresos en conjunto. Nos hacen ser instrumento --no me parece mal-- del
cumplimiento de la legalidad de los partidos políticos en todos los
ingresos: tenemos que comprobar si las subvenciones o las cuotas que han
recibido conformes, si los donativos de particulares o de empresas no
sobrepasan una determinada cifra; es decir, tenemos que comprobar la
legalidad total de los partidos. Y ahora se nos dice: Es que también
trabajan con empresas privadas. ¡Claro que sí! Ahí está, a mi juicio, el
quid del futuro del Tribunal de Cuentas respecto a la financiación de
partidos políticos: en entrar o no entrar en las empresas privadas.

Mi postura personal es que cada vez nos alejamos más de la idea de que el
Tribunal de Cuentas es un organismo que controla el gasto público. Esa es
la idea fundamental. Yo he intentado entender --creo que tiene una
explicación-- la intervención para controlar el gasto de los partidos
políticos incluso en su totalidad, pero, desde un punto de vista
absolutamente personal, creo que es demasiado pedir que las empresas,
porque sean proveedoras o clientes de un partido político, tengan que ser
a su vez objeto de fiscalización por el Tribunal de Cuentas, porque así,
hacia el infinito, nuestra tarea sería convertirnos en el gran
fiscalizador, cosa que no es deseable para nadie.

Respecto a la normalización de las cuentas de partidos políticos, si
también tenemos que hacer unas normas --por cierto, todavía no tenemos
normas contables para el propio Tribunal de Cuentas, no lo sé, en la Ley
no lo ponía, pero yo no sé--. No lo rechazo, pero la verdad es ésa. Creo
que he respondido más o menos a todas las preguntas.

El señor Del Burgo me dice que va a hablar como ciudadano. Yo le tengo
que contestar como parlamentario. Yo no le puedo hablar a usted aquí como
ciudadano porque quedaría feo. Lo he dicho al principio: yo no sabía que
habíamos sido llamados aquí para fuera juzgada nuestra actuación pasada
del Tribunal de Cuentas. Yo he creído que nos han llamado para ver cómo
se puede resolver en el futuro y entender cuál es nuestra postura que, en
parte, es institucional en muchas cosas, pero cuando me alejo de
decisiones institucionales les digo que es a título exclusivamente
personal y que no tienen que dar ningún valor por encima de ése.

Nos pregunta usted qué hay que hacer para que el Tribunal de Cuentas sea
un organismo fiscalizador auténtico. Pues, efectivamente, cumplir las
leyes y no pedirnos lo que está por encima de las leyes, porque si no nos
ajustamos a eso, de verdad que tendríamos muy perdido el rumbo de qué es
lo que tenemos que hacer.

También debo decirle que no sólo ha tenido un lapsus, sino que ha tenido
otro menor; ha hablado de desconfianza presunta. Yo creo que se estaba
entendiendo como desconfianza preconcebida. Es muy duro para nosotros
pero, qué le vamos a hacer.

Dice usted que las votaciones coinciden con bloques. El señor Nieto de
Alba y yo creo que estamos dando ejemplo de que no se elabora un informe
tan complicado y con tantas repercusiones políticas por bloques. Si hemos
aceptado entrar en una comisión, si hemos aceptado dedicarle más horas de
lo que es habitual, y si hemos aceptado que se nos diga por parte del
señor Alcaraz, con toda razón, que por qué dedicamos tanta gente a un
tema menor, es porque queremos que sea más transparente que ninguno; es
que queremos evitar que desde fuera se diga que actuamos sectarialmente.

Por lo menos será un sectarismo compartido, señor Nieto de Alba. Nosotros
intentamos no hacer ruido de las actuaciones internas, y si ése no hacer
ruido nos obliga a dedicar muchas más horas, pues lo hacemos muy
contentos, de igual manera que ustedes están dedicando muchas horas a un
tema de bien común en este caso. Yo creo que todos trabajamos en esa
línea y no se debe, en principio, desconfiar de cuál es la actuación de
cada cual. Yo les aseguro a ustedes que actúo de buena fe.

Señor Alcaraz, debo de decirle que su intervención es muy aceptable por
mí, pero, desgraciadamente, a sus cuestiones apenas le puedo contestar.

No le puedo contestar al acuerdo institucional para nombrar nuevo
Presidente. Sí le diré que la ley dice que se le nombra por parte de los
miembros del Tribunal de Cuentas. Eso dice la ley. Yo no sé si se
incumplirá la ley y los nombrarán ustedes en otro lugar. Yo no le puedo
decir nada en ese sentido.




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Pregunta por qué hay una sola persona por comisión y aquí hay dos. Señor
Alcaraz, porque seguimos haciendo el otro trabajo también, no lo hemos
dejado. Como usted sabe, a mí me toca una pequeñísima tarea de ocho mil y
pico municipios españoles. He contestado --creo que usted no estaba
delante-- que no es mi postura aumentar los presupuestos e incrementar el
personal, sino centrar la fiscalización en los puntos neurálgicos que
deben ser y que sean suficientes.

En cuanto a si en la Comisión Mixta no tienen repercusión las tomas de
decisiones, nosotros sí somos obedientes con las decisiones de la
Comisión Mixta y procuramos realizar lo que se nos indica en ellas. No
somos insumisos en ese sentido, ni muchísimo menos.

Termino con el señor González de Txábarri, agradeciéndole su
manifestación. Yo también creo que las relaciones con los partidos
políticos, como he dicho al principio, son excelentes, yo casi diría que
cordiales. No tienen nada que ver las buenas maneras con ir al fondo de
los problemas.

Dice S. S. que hay relación entre las declaraciones en prensa sobre
partidos políticos y lo que se contiene en nuestros informes. Señor
González de Txábarri, usted que se dedica a la vida política sabe que
tampoco hay relación entre lo que ustedes hacen y lo que de ustedes se
dice, o lo que ustedes creen que hacen, etcétera. Esta es una realidad de
la vida política, ¡qué le vamos a hacer!
¿Qué pasa desde el año 1979? Yo difícilmente les voy a contestar a
ustedes qué es lo que pasa desde el año 1979 en partidos políticos,
cuando en ese año yo estaba alejadísima de cualquier actividad pública,
si descontamos el ser catedrático de universidad, que es lo que era
entonces exclusivamente.

¿Tenemos otros documentos distintos de los enviados? No, no tenemos
ningún documento, más que los documentos de trabajo que han servido de
base exclusivamente para la elaboración de los informes: las
contabilidades de los partidos entregadas y los justificantes y la
circularización a bancos y empresas en su caso, etcétera.




El señor PRESIDENTE: Don Ubaldo Nieto tiene la palabra.




El señor CONSEJERO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Nieto de Alba): Yo tengo que
empezar por disentir de algo de mi compañera. Yo no me encuentro
sorprendido, porque sé en el foro en el que estoy. Soy consciente de que
estoy en un foro en donde yo tengo unas limitaciones institucionales que
debo respetar y, por tanto, ésta es la servidumbre. Sé que toqué algunos
temas que rozan el filo de la navaja, pero lo he hecho conscientemente.

Don Fernando Gimeno, que forma parte de la Comisión Mixta, dice que no
cree que la Comisión Mixta sea juez y parte. Vamos a precisar. ¿En qué
sentido he querido decir yo que era parte? En el sentido de que cuando en
sus resoluciones señala criterios y procedimientos que inciden en el
funcionamiento técnico de la institución, después, cuando decide si están
bien o mal aplicados por la propia institución, es juez y parte. He
querido poner de manifiesto que estos criterios y estos procedimientos, o
se le dejan a la autonomía de la institución, o se enmarcan en normas que
trasciendan de quien los fija y de quien los aplica.

En cuanto a la integración, me remito a lo que ha dicho mi compañera.

Respecto a si se puede entrar en empresas que, relacionadas con los
partidos políticos, son privadas, tengo que decir que, con arreglo a mi
exposición, he señalado dos aspectos: la competencia, que puede ser el
contenido, y el procedimiento. Y aun teniendo la competencia --y fue la
tesis que yo mantuve en su momento, cuando el tema Filesa--, si no se
tiene el procedimiento, creo que no se puede entrar en ningún sitio. Por
ejemplo, el procedimiento sería para mí que si yo entro en una empresa
privada, cuando voy a decir algo de ella en el informe, tendré que darle
la oportunidad para que alegue, para que se defienda, porque si no estoy
violentando un principio mucho más importante, que es el de la garantía
de los procedimientos que debe tener la institución, y esta garantía
muchas veces está por encima --por no decir siempre-- de los propios
resultados.

Como es de la Comisión Mixta sabemos que tenemos pendiente un plan
contable, esto queríamos tener la experiencia por nosotros mismos de lo
que estamos haciendo, porque aunque es fácil remitirnos a los planes y a
los principios contables, sin embargo, creemos que a lo mejor hace falta
alguna matización o algo que nos lo dé la experiencia de fiscalizar los
partidos.

Por lo demás, relacionar el control interno con la democracia interna, sí
que no respetaría yo los límites institucionales. A nivel personal diré
que, como economista, yo siempre relaciono la financiación con la
organización. Dígame usted cómo está financiado y le diré cómo está
organizado. Mi experiencia me dice que cuando la financiación está muy
basada en recursos públicos, esa organización está más centralizada, más
burocratizada y menos democratizada. Si está financiada con recursos
privados, los propios que aportan los recursos tiran de la
descentralización o de la centralización y hacen las organizaciones más
participativas. Pero esto es a título puramente personal.

Don Juan Ignacio del Burgo, antiguo compañero de tareas parlamentarias,
plantea aquí unas cuestiones. Yo sí creo que está en todo su derecho,
pero quiero decirle que nosotros tenemos unas limitaciones, y son que una
vez que el informe del Tribunal va a la Comisión Mixta y resulta
aprobado, tendríamos que traer unos mandatos específicos para debatir
estos informes.

A propio intento, cuando yo hablé de las resoluciones de la Comisión
Mixta que, a diferencia de doña Milagros y por mi antigüedad en el
Tribunal, conozco un poco mejor la historia, he rehusado citar la del 18
de junio de 1991, en la que la Comisión Mixta le pide al Tribunal de
Cuentas ese informe sobre el asunto Filesa. Lo he rehusado
intencionadamente porque aquella resolución dio lugar a un debate donde
tuvo su origen una división que renació tiempos después, al entender
algunos miembros del Tribunal que no había competencias para hacer
aquello y que aquello no se podía hacer en los estrictos términos en que
lo pedía la Comisión Mixta.




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Naturalmente, la bondad --llamémoslo así-- del funcionamiento
institucional es que siguió funcionando, la propia Institución se
pronunció y los mecanismos institucionales han permitido a los que han
discrepado fundamentar sus discrepancias. Lo único que cabe es que, a lo
mejor, ha sido un trabajo excesivo, pero ahí están las discrepancias y yo
creo que en la información que ustedes manejan estarán los informes del
Tribunal y los votos particulares.

¿Sirve el Tribunal para fiscalizar a los partidos políticos, se pregunta
don Juan Ignacio del Burgo? Sirve para hacer aquello que nos permite la
legislación, tal como está configurado y tal como a su vez es muy lógico
y natural que la interprete cada uno de los miembros del Tribunal y que,
utilizando los cauces que la propia Institución da, se manifieste o salve
su responsabilidad en cada uno de los informes.

Si nos tuviéramos que pronunciar ante la pregunta: Con la legislación y
las normas que ustedes tienen, ¿es posible dar una contestación
afirmativa?, tendría que contestar que por unanimidad diríamos que no;
con las actuales normas no es posible dar una respuesta afirmativa. El
problema está con qué normas. Ese es el interrogante.

En los demás temas, yo creo que mi compañera ya ha apuntado algo, pero
quiero dejar siempre sentado por dónde voy. También soy catedrático y yo
digo que no doy conferencias, sino coloquios con conferencias, y me
parece muy sana esta apertura.

En cuanto a las preguntas de don Felipe Alcaraz, en efecto hay una que ya
ha contestado mi compañera sobre un acuerdo institucional para elegir al
Presidente, pero hay otra que hay que rematar un poco. Cuando ha dicho
que para los demás asuntos hay una persona y para el de los partidos
políticos dos, me parece que se refería a consejeros. Se puede querer ver
en esto --es muy lógico que se vea, y hay que admitir que se puede dar
esta imagen-- una imagen que puede no ser positiva. ¿Qué está en las
manos de estos consejeros? Que la realidad de lo que hacen y de cómo lo
hacen no dé lugar a que esa imagen sea así. Es lo único que está en
nuestras manos.

Se han nombrado dos consejeros. En el Tribunal hay muchas comisiones para
muchos temas, de dos o de cuatro consejeros, y se nombran comisiones. Que
en ésta, por las circunstancias y por los antecedentes, se puede dar esa
imagen, los primeros en lamentarlo somos nosotros, porque nos obliga a un
esfuerzo mayor todavía de objetividad y de transparencia en nuestras
actuaciones. Creo que este esfuerzo suplementario es un precio que
tenemos que pagar precisamente porque alguien puede ver las cosas así.

Nos dice que las resoluciones no tienen consecuencias reales. Una vez que
el Tribunal manda el informe a la Comisión Mixta y existen esas
resoluciones, a partir de ese momento, si esas resoluciones recomiendan
al Gobierno que haga algo y no lo hace, eso ya no entra dentro de las
funciones del propio Tribunal.

De todas formas, hay un auto del Tribunal Constitucional nada halagador,
porque dice que tanto los informes del Tribunal de Cuentas, como las
resoluciones --es el auto 664, de 1984-- de la Comisión Mixta, son actos
que propiamente no declaran derechos y obligaciones de la sociedad, ni
tampoco crean, sino que se limitan a dejar constancia de ciertos datos o
apreciaciones sobre el grado de incumplimiento. El propio Tribunal
Constitucional viene a decir que se necesitarían actuaciones posteriores.

En cuanto a la falta de medios, si el Tribunal de Cuentas dice que para
controlar mejor a los partidos políticos hay que hacer una organización
del propio tribunal regional o comarcal, como se le quiera llamar...

Todos los consejeros comparten la opinión de que la función de los
Tribunales de Cuentas de todo el mundo es la de controlar el gasto
público. La prueba está en que esta función de control o de fiscalización
de los partidos políticos, nuestro Tribunal es el único que la tiene de
los países de nuestro entorno. Lo que ha querido decir la Consejera,
señora García Crespo, es que, a su juicio --y en eso coincido--, son
demasiados los recursos que estamos dedicando a controlar una mínima
parte del gasto público.

En su intervención, el señor González de Txábarri pregunta si al conocer
las informaciones que vienen en la prensa y contrastarlas con lo que
hacemos en el Tribunal ello no nos causa una cierta sorpresa. Yo tengo
que decir que a mí particularmente no sólo me causan sorpresa, sino que
me causan una tremenda insatisfacción. Tengo que reconocer que en mi
composición mental estoy siempre con contradicciones, con el deber ser.

Esto puede ser algo de mi persona, pero creo que es para que a uno le
cause insatisfacción. ¿Por qué? Porque es muy difícil explicar que con
las normas que uno tiene, y en las circunstancias en que uno está, no es
posible hacer las cosas mucho mejor. Desde luego, sí mejor y creo que
posiblemente bastante mejor. Ante esa imposibilidad de dar esta
explicación y ver que la Institución puede llegar a una falta de
credibilidad --y no digamos ya si esto avanza y llega incluso a una falta
de aceptación social--, esto no es para sorprender, sino para estar
tremendamente insatisfecho.

Hay un tema que también roza el filo de la navaja: cuando dice que el
Tribunal de Cuentas no cumple con la Constitución. No, eso no lo he
querido decir, ni mucho menos. Lo que he querido decir es que, a veces,
desde el punto de vista técnico, las cosas funcionan de tal manera que, a
la hora de configurar las normas, se pueden violentar principios de mayor
altura. Por ejemplo, cuando la ley de funcionamiento dice: Junto con el
informe, manden ustedes las alegaciones. Había precedido un período donde
iba sólo el informe, donde no iban las alegaciones y, entonces, en la
Comisión Mixta se pedían las alegaciones, se pedían antecedentes y se
abría un debate en la Comisión Mixta en donde las resoluciones, muchas
veces, estaban más apoyadas en otras informaciones que en el propio
informe del Tribunal.

Desde el momento en que se mandan las alegaciones, y el debate rueda en
torno a si el informe las ha recogido o no las ha recogido, no cabe la
menor duda de que se le está restando importancia a ese principio de que
está usted ante un informe pronunciado por un órgano superior de
fiscalización. Eso con carácter general y, por tanto, sería una
información oportuna para quien, por ejemplo, quiera modificar la ley de
funcionamiento. Yo no lo hubiera traído a colación



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si esto, que es una cosa un tanto etérea, ahora, al llegar a la
fiscalización de los partidos políticos, el propio procedimiento le resta
fiabilidad y credibilidad. Por ejemplo, la Comisión Mixta ha dicho: Como
aquí ha habido en una ocasión un lapsus en el informe, en donde una
formación política alegó algo que en el informe no se recogió y parece
ser que la formación política tenía razón, ¿qué ha dicho la Comisión
Mixta? Que se comuniquen las alegaciones aceptadas y las rechazadas; pero
está incidiendo en el procedimiento, está señalando un procedimiento que
no está regulado en la ley de funcionamiento. Eso es lo que he querido
decir, que a partir de ese momento, si no se cuida el procedimiento, se
puede transformar en juez y parte. Porque lo interesante es que los
informes tengan una fiabilidad técnica, puesto que son los que van a
generar después la credibilidad. Si hubiera dos tribunales de cuentas:
uno que hiciera estos informes y otro que hiciera el resto del sector
público, no habría posibilidad de contaminación. Estamos aquí ante un
tema de una gran importancia desde el punto de vista de la credibilidad.

Y si una institución pierde, por sus propios errores, credibilidad y
aceptación social, es el peor beneficio que se le puede hacer a unas
instituciones de tipo democrático. Hagamos que tengan fiabilidad, para
que, después, tengan también credibilidad, no sólo estos informes, sino
la propia credibilidad de la Institución.

No sé si habremos sido muy afortunados en contestarles a ustedes, pero
seremos pacientes para seguir con ustedes contestando y compartiendo toda
la sesión.




El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los señores comisionados quiere hacer
alguna petición de palabra o intervención aclaratoria?
Seguiremos con el orden de mayor a menor, si no va a haber otras
intervenciones.

Tiene la palabra, por tanto, el señor Gimeno.




El señor GIMENO MARIN: Señor Presidente, muy brevemente.

Mi intervención va dirigida a la sorpresa de la intervención del portavoz
del Grupo Popular más que a las aclaraciones hechas por los Consejeros.

He entendido ahora mejor lo que quería decir el Consejero cuando hablaba
de juez y parte; ahora me acerco más a esa posición y estoy de acuerdo en
que, quizás, los procedimientos deberían regularse normativamente con
carácter general. Como digo, estoy de acuerdo con él y nos acercamos más
a esa posición.

Quiero recordar a don Jaime Ignacio del Burgo (quizá no deba hacerlo) que
hay una resolución aprobada en esta Cámara --no sé si los Consejeros me
lo podrán confirmar-- en la que se pedía que se hiciera una fiscalización
específica al Partido Popular en relación con el caso Naseiro. La aprobó
el Pleno de esta Cámara.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Del Burgo.




El señor DEL BURGO TAJADURA: Señor Presidente, muy brevemente, para dejar
constancia de algunas cuestiones con relación a las respuestas dadas
especialmente por la señora García Crespo.

Empieza por decir que agradezco a mi antiguo compañero en el Senado, don
Ubaldo Nieto de Alba, que ha tenido bastante mejor comprensión de las
cuestiones que he planteado y que las ha respondido incluso haciendo
aportaciones muy interesantes para lo que constituye el objeto de esta
Comisión.

Esta Comisión se ha creado con dos finalidades: una, para investigar dos
asuntos concretos, más algunos etcéteras y, además, para estudiar la
financiación de los partidos políticos, pero no por ser un tema
abstracto, sino en relación con una situación muy concreta y con una
preocupación que tiene la opinión pública --de la que se hizo eco el
Congreso de los Diputados--, de que la financiación de los partidos
políticos estaba siendo cuestionada en la medida en que los supuestos de
corrupción parecían estar vinculados también a la financiación de los
partidos.

No podemos olvidar que esta Comisión nace precisamente con esa
preocupación: ver cómo conseguimos evitar que los partidos políticos se
financien de manera irregular. Cuando traslado este planteamiento a los
ilustres miembros Consejeros del Tribunal de Cuentas, no creo que sea
como para alegrar que mi pretensión es investigar al propio Tribunal de
Cuentas. No sé lo que les habrán dicho cuando han venido a esta Comisión,
pero la razón de ser de estas comparecencias era la ilustración a los
miembros de la Comisión a los efectos de poder tener elementos de juicio
que les permitan, en su caso, llegar a una nueva ley de financiación de
partidos políticos. Y si el Tribunal no tiene medios legales o
procedimentales, en este momento, para llevar a cabo una fiscalización
que permita detectar las supuestas irregularidades en que puedan incurrir
los partidos políticos como consecuencia de una financiación irregular,
lógico es que en esa futura ley de financiación de partidos, si ése es el
sentido del Congreso o de las Cortes Generales, se le dote al Tribunal de
Cuentas de los instrumentos necesarios para ello.

Por consiguiente, cuando manifestaba esas inquietudes --evidentemente, yo
no puedo desdoblarme, soy Diputado, represento a ciudadanos y aquí traigo
la expresión de los ciudadanos y he dicho que quiero hablar como
ciudadano-- quería trasladar cuáles eran las inquietudes que tienen
muchos ciudadanos para ver si son desmentidas o rectificadas ante la
opinión pública a través de esta Comisión y de esta comparecencia. En
consecuencia, creo que nada de ello es censurable, y lamento el tono de
reproche con que he sido contestado por la Consejera del Tribunal de
Cuentas, señora García Crespo.

Creo que el señor Nieto de Alba ha apuntado muchas cosas importantes e
interesantes como consecuencia de su intervención. Desde luego, por lo
que a mí se refiere, me ha ilustrado extraordinariamente algunos campos
que no tenía claros.

Si hay alguien que nos pone en duda que en este momento, puesto que el
Tribunal, por las razones que sean, no ha sido eficaz a la hora de
enfrentarse a unos de los



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problemas más graves de financiación, tengo que decir que no sé si ha
sido eficaz, pero supongo que si en este momento hay una fiscalización
del Partido Popular, la fiscalización estará intentando llegar hasta sus
últimas consecuencias y nos ilustrará respecto a si el Partido Popular, a
juicio del Tribunal, ha cometido alguna irregularidad en función de una
financiación irregular o no. Supongo que ése es el objeto, por lo menos
ése creo que era el objeto de la fiscalización. Porque si la
fiscalización del Tribunal de Cuentas se reduce exclusivamente a
comprobar si los elementos formales de la contabilidad han sido
cumplidos, me parece muy interesante, pero yo creo que tienen razón el
señor Nieto de Alba y la señora García Crespo cuando dicen que no están
muy seguros de que el Tribunal de Cuentas deba tener esta intervención y
deba perder muchas de sus energías en fiscalizar tan escasa cuantía de
gasto público como la que representa la financiación de los partidos
políticos, cuando tiene además que fiscalizar todo el sector público de
las administraciones, que es la misión esencial del Tribunal y que es la
realizada, sin duda, con absoluta eficacia.

Por tanto, creo que la credibilidad del Tribunal fue puesta en entredicho
por una actuación en un tema en el que efectivamente se le pidió que
actuara. Los hechos han demostrado que en aquella ocasión --no he hablado
de que siempre, en toda ocasión y momento, el Tribunal de Cuentas esté
votando en bloques, he dicho que en aquella ocasión, y no hay más que
referirse a las informaciones de la prensa y además a la documentación,
que es pública y notoria--, el Tribunal se dividió en dos bloques, hasta
el punto de que daba la casualidad de que coincidía que un bloque
correspondía a un grupo de consejeros y otro bloque correspondía a otro
grupo de consejeros, en función de las propuestas que inicialmente
hicieran los partidos políticos representados en las Cortes Generales.

Esa es una realidad que está ahí y no creo que por haber rescatado de la
historia reciente ese episodio se tenga que molestar nadie, porque es una
realidad.

Señor Presidente, insisto y termino, agradezco las intervenciones, la
crítica intervención de la señora García Crespo, que acepto en lo que
vale, y la aclaratoria intervención del señor Nieto de Alba.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Consejera.




La señora CONSEJERA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (García Crespo): Perdonen mi
última intervención, que va a ser muy breve.

No quiero entrar en polémicas en absoluto. He dado una opinión, si no le
ha gustado al señor Del Burgo, qué le vamos a hacer. Yo no pretendo que
todo el mundo me quiera, la vida es así. Muchas gracias y perdone usted.




El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias a los dos consejeros, tanto a
doña Milagros García Crespo como a don Ubaldo Nieto de Alba, por haberse
prestado a este coloquio vivo. No sé si ustedes son conscientes en este
momento, pero yo sí lo soy, de la importancia de sus intervenciones
dentro de los dos aspectos que tiene esta Comisión, tanto de
investigación de unos casos concretos, Filesa, Naseiro, o esos etcéteras
que se han dicho aquí, como de estudio --igual de interesante-- para
proponer las bases de una futura ley de financiación de partidos
políticos. Esto me permite, ya que ha sido hecho por ambas personas en
representación del Tribunal de Cuentas, aceptar su ofrecimiento, primero,
para recibir todos aquellos datos, que hay que poner al día, de las
auditorías correspondientes a los años 1990, 1991 y 1992, como de esa
faceta que nosotros, a partir de los próximos meses, emprenderemos
también en cuanto a los temas de estudio para situar esas bases. Les
pediremos, de una manera formalizada en documento escrito, sus ideas al
respecto.

Les quiero agradecer mucho que se hayan sometido a este debate
parlamentario abierto, pedirles disculpas si les ha supuesto alguna
molestia, pero quiero que lo entiendan en libertad parlamentaria, pues
esta Presidencia quería que estos debates tuvieran el frescor de lo vivo,
y no tiene esta Presidencia que dar amparo a nadie porque ustedes conocen
perfectamente la materia en cuestión.

Reitero a doña Milagros García Crespo y a don Ubaldo Nieto de Alba la
gratitud de esta Comisión por el inestimable servicio informativo que nos
han prestado.

Sin más, se levanta la sesión, señorías.




Eran las seis y treinta y cinco minutos de la tarde.