CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 343
P R E S U P U E S T O S
PRESIDENTE: DON RODOLFO MARTIN VILLA
Sesión núm. 21
celebrada el martes, 8 de noviembre de 1994



ORDEN DEL DIA
Dictaminar, a la vista del Informe de la Ponencia, el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para 1995. (Número de expediente
121/000067.) (Continuación.)



Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Se abre la sesión.

Señorías, no quiero dejar de manifestar, para cuando estemos exhaustos,
el saludo y el agradecimiento a esta Comisión y a quienes en ella
intervienen, aun no siendo de la misma, por el tono que demuestran,
incluso el humor y la paciencia que han tenido hasta ahora y que van a
seguir teniendo hasta que terminemos este debate de Presupuestos.

Asimismo, quiero agradecer a los servicios de la Cámara y muy
especialmente a los letrados que nos acompañan y al Cuerpo de Taquígrafos
y Redactores, porque sin su ayuda no nos sería posible llevar a cabo algo
de tanta dureza y complejidad como SS. SS. saben que es este debate de la
Comisión de Presupuestos.

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Dicho esto, comenzamos el debate de esta mañana con el Título VII, más
las Secciones 32 y 33, para lo cual tiene la palabra, en primer lugar, el
señor Fernández, por el Grupo Popular, para la defensa de las enmiendas
de dicho Grupo.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, efectivamente, voy a defender
la enmienda a la totalidad del Título VII, de los Entes Territoriales,
que incluye el Capítulo I, Corporaciones Locales, Capítulo II,
Comunidades Autónomas, abarcando, con su venía, en esta defensa las
enmiendas correspondientes a los diferentes artículos que componen los
dos capítulos que integran este título y, su vez --si me lo permite--,
aquellas disposiciones adicionales que hacen referencia al contenido de
este título.

Con su venía, señor Presidente, le anuncio que mi compañero de Grupo
parlamentario Nicolás Villalobos defendería, al final de mi intervención,
en una breve exposición, las enmiendas números 993 y 994, que hacen
referencia a una peculiaridad de los municipios canarios, dada su
condición de Diputado canario.

Hecha esta primera explicación, entro ya a lo que es la defensa y
justificación de la enmienda de totalidad a este Título VII, de Entes
Territoriales.

Comienzo por el Capítulo II, no por el I. Creo que, en este caso, la
enmienda al Capítulo II, relativo a Comunidades Autónomas, señor
Presidente, se la ha hecho al Gobierno directamente el grupo de expertos
que están elaborando el libro blanco sobre la financiación autonómica. Es
evidente que si, 14 años después de la aprobación de la Ley Orgánica de
Financiación de las Comunidades Autónomas --la conocida comúnmente, como
sabemos todos, LOFCA, aprobada en septiembre de 1980--, de los cuales no
podemos olvidar que 12 de esos 14 años son bajo gobierno socialista,
resulta que se tiene que hacer un libro blanco relativo a la financiación
de las comunidades autónomas, que se encarga a un grupo de expertos,
evidentemente técnicos y competentes en la materia, e independientes,
dada su condición de expertos y técnicos y no políticos adscritos a uno u
otro de los Grupos parlamentarios que integran esta Cámara, han dicho lo
que ya conocemos a través de diversos medios de comunicación y, en su
caso, por conversaciones directas con ellos o conocimiento directo de ese
documento, de ese proyecto de libro blanco, lo que han dicho en relación
a las comunidades autónomas, insisto, creo que con esa mera lectura
estaríamos eximidos de justificar el porqué de nuestra enmienda a la
totalidad. No obstante, nosotros nos apoyamos en ese previo dictamen del
grupo de expertos para abundar aún más en nuestros argumentos; pero es
evidente que no nos exime de la defensa de nuestra enmienda de totalidad.

Insisto y reitero que la existencia de un libro blanco quiere decir que
el Gobierno --y en esto coincidimos plenamente con él-- considera que 14
años después de la aprobación de la LOFCA seguimos sin tener un adecuado
modelo de financiación para las comunidades autónomas. Y sobre la base de
lo que existe y, sobre todo, a los incumplidos --como ahora intentaré
demostrar-- acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20
de enero de 1992, me parece que queda bastante claro el íter
gubernamental, racional y lógico que justifica nuestra enmienda de
totalidad.

¿Qué decían los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de
20 de enero de 1992, por los cuales se aprueba el método para la
aplicación del sistema de financiación autonómica, descrito y regulado en
la LOFCA, para el quinquenio 1992/1996? Decía, en síntesis, como todos
sabemos, que, además de fijar otros porcentajes de participación para las
15 comunidades autónomas de régimen financiero común en los tributos del
Estado, se crearían unos grupos de trabajo, que, a su vez, deberían
elevar para su consideración al Pleno del Consejo de Política Fiscal y
Financiera propuestas relativas a la solución de diversas cuestiones que
se consideraba por ese Consejo absolutamente necesaria su resolución para
poder avanzar en la terminación de los problemas de la financiación
autonómica.

Igualmente, hacía referencia a tres cuestiones. En primer lugar, en la
necesidad de evolucionar y avanzar en la corresponsabilidad fiscal entre
el Estado y las comunidades autónomas en lo que hace referencia a esa
financiación. En segundo lugar, hacía referencia a la necesidad de
solventar de una manera definitiva, mediante un adecuado sistema de
financiación, el capítulo de la sanidad. Y, en tercer lugar --y no hago
un orden jerárquico, evidentemente, sino meramente enunciativo--, aplicar
lo previsto en el artículo 15 de la LOFCA, relativo a la necesidad de
asignar unos fondos de nivelación para garantizar un nivel de prestación
mínimo y homogéneo en todo el territorio nacional en los servicios
públicos fundamentales, lo cual nos lleva, evidentemente, a la necesidad
de definir cuáles son esos servicios públicos fundamentales. Ni en eso,
siquiera, ha avanzado desde entonces, 1 de septiembre de 1980, el
Gobierno. Me permito decir que, sin embargo, nosotros, en un ejercicio de
exceso de celo desde la oposición, habíamos avanzado algunas de las
cuestiones o materias en las que a nosotros nos parece que deberían
centrarse esos servicios públicos fundamentales, con independencia de que
esa lista no debería tener el carácter exhaustivo, sino meramente
enunciativo, y así hablábamos de la educación, de la sanidad, de la
vivienda, de los servicios sociales..., por entender que, si hablamos de
servicios públicos fundamentales para la comunidad, sin duda puede haber
más, pero, en todo caso, difícilmente nos pondremos de acuerdo en que han
de ser algunos de esos servicios públicos. Pues bien, ni siquiera en la
definición de esos servicios públicos se ha avanzado; mucho menos,
lógicamente, ya que no había sobre qué establecer esos fondos de
nivelación, cumplir este tercer acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 20 de enero de 1992.

Por el contrario, ¿qué se ha hecho? Se ha hecho, con ocasión de la
elaboración de este proyecto de ley de Presupuestos y dada la situación
de apoyos parlamentarios que hay en esta Cámara, a los efectos de dar
estabilidad y legitimidad al Gobierno tras las elecciones del pasado año,
avanzar una solución sobre la sanidad, aunque no voy a entrar en su
desarrollo ni en la descripción y justificación de esta enmienda de
totalidad por entender que será en el capítulo



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correspondiente a sanidad donde se debatirá, que no resuelve los
problemas de fondo, sino que hace una mera transferencia de partidas
presupuestarias. Sin embargo, está claro que en el asunto de la
corresponsabilidad fiscal ya tenemos algo más avanzado. No voy a reiterar
los argumentos ya expuestos en el debate de Presupuestos del año pasado y
cómo fue la necesidad de aprobar los Presupuestos del año 1994 lo que
llevó a que el Gobierno accediera a lo que su socio parlamentario, el
Grupo Catalán (Convergència i Unió), le pedía, en cumplimiento --hay que
reconocerlo, eso sí-- de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 20 de enero de 1992, es decir, que la corresponsabilidad
fiscal se centrara en la cesión de una parte de un porcentaje, fijado en
el 15 por ciento, de la recaudación líquida por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas en los diferentes territorios de cada una
de las 15 comunidades autónomas de régimen financiero común. Ha pasado,
por no haber hecho las cosas como se debían de haber hecho, y por eso
presentamos enmienda de totalidad a este título y a este capítulo en el
Presupuesto del año pasado y lo reiteramos ahora, que no hubo unanimidad,
ni acuerdo ni consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y
después hemos visto que algunas comunidades autónomas que se han
considerado lesionadas en sus derechos han interpuesto recurso ante el
Tribunal Constitucional. Hemos visto cómo en otra comunidad autónoma, en
el caso, por ejemplo, de Andalucía, unos grupos parlamentarios han
adoptado un acuerdo mayoritario en el respectivo Parlamento autonómico
que obliga a la denuncia de ese acuerdo y de la transferencia de ese 15
por ciento al correspondiente ejecutivo autonómico. Y, finalmente, para
acabarlo de redondear, hemos visto lo que ya ha anticipado ese grupo de
expertos que está elaborando el libro blanco sobre financiación
autonómica. Nos parece a nosotros que eso sólo, y ya por sí mismo,
justificaría esta enmienda. Si a eso, insisto, le añadimos lo que hemos
comentado en relación con los fondos de nivelación, nos parece que está
plenamente justificada la enmienda de totalidad a este capítulo II, de
los entes territoriales, del título VII de este proyecto de Ley de
Presupuestos.

En lo que hace referencia al capítulo I, de corporaciones locales, quiero
comenzar reconociendo, en nombre de mi Grupo Parlamentario, que se ha
avanzado algo en relación con la situación del año pasado. No obstante,
no se ha avanzado lo suficiente como para que no hayamos presentado
todavía enmienda a este capítulo I.

La aprobación de la ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, de
diciembre de 1988, y lo que hemos visto a partir de la aprobación de esta
ley, en cuanto a la evolución de los tributos locales creados en aquella
ley, el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades
Económicas y la historia por la que han pasado las corporaciones locales
en su aplicación me exime en este caso de más comentario, sobre todo si
tenemos presente que mi Grupo parlamentario ha presentado numerosísimas
iniciativas parlamentarias desde entonces criticando la aplicación de esa
ley y, sobre todo, criticando también la inaplicación de esa ley en lo
que hacía referencia a la fijación de los criterios que ahí se
establecían para el quinquenio 1989-1993 por parte del Gobierno en orden
a la participación en las corporaciones locales en los tributos del
Estado, ya que vimos que lo que se había pactado ahí después fue
incumplido unilateralmente por el Gobierno. Ahora se ha rectificado
parcialmente, es cierto. Ha habido un acuerdo entre la Federación
Española de Municipios y Provincias y el Gobierno, acuerdo suscrito el 1
de agosto de 1993, donde se establece la participación en los ingresos
del Estado por las corporaciones locales para el quinquenio 1994-1998.

Es verdad que, aparentemente, como decía el Ministro de Hacienda en su
defensa de los Presupuestos hace unos días ante el Pleno de esta Cámara,
que los Presupuestos teóricamente para corporaciones locales crecen
bastante, alrededor de un 11 por ciento. Lo cierto es que, a la hora de
la verdad, si establecemos una comparación homogénea entre lo que al
final serán transferencias de verdad, en virtud de lo no presupuestado
sobre el 95 por ciento como anticipo a cuenta, sino lo que será después
previsiblemente la liquidación, en la práctica, como la propia FEMP
determina, no vamos a estar en un 11 por ciento, sino en un 6,3. Lo mismo
ocurre no sólo en los ayuntamientos, sino también en lo relativo a las
comunidades autónomas uniprovinciales, no insulares, cabildos y
diputaciones. Pero es evidente que, en todo caso, eso no justificaría la
enmienda a la totalidad. Sí que lo justifica, sin embargo, a nuestro
juicio, lo que está sucediendo en ese proyecto de Presupuestos y en este
capítulo I en lo relativo al incumplimiento del artículo 9.2 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.

Como SS. SS., sin duda, saben, el artículo 9.2 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales, Ley 39/1988, determina que cuando el Gobierno o
las Cortes, mediante una ley aprobada en las mismas a iniciativa del
Gobierno, eximan a diversas personas físicas y/o jurídicas de la exacción
obligatoria correspondiente a algunos tributos locales, el Estado,
lógicamente, deberá compensar a esas corporaciones locales por esas
exenciones de ingresos fiscales a los que, en virtud de esas leyes o
acuerdos del Gobierno, las personas físicas o jurídicas tienen derecho y
que, lógicamente, reducen los ingresos fiscales previstos por las
corporaciones locales.

¿Y qué está sucediendo en la práctica, señorías, y señor Presidente? Pues
que, desde la publicación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
sólo se han reconocido beneficios fiscales sobre tributos locales en 17
normas y, sin embargo, sólo cuatro han aplicado lo dispuesto en el
artículo 9.2 de la Ley de Haciendas Locales. De tal suerte que en 13
supuestos de exenciones fiscales el Gobierno no está cumpliendo lo
dispuesto en la Ley de Haciendas Locales y vuelve a lo mismo en este
proyecto de Ley de Presupuestos, cuando en el artículo 94 vuelve a decir
que sólo establece un crédito ampliable de 1.500 millones de pesetas para
compensar a los ayuntamientos por los beneficios fiscales que haya
concedido el Gobierno a las personas físicas o jurídicas en los tributos
locales (artículo 94). Por eso nosotros hemos presentado después una
enmienda a la rúbrica de este artículo 94 y también una enmienda a su
párrafo primero de modificación, previendo la necesidad de



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que envíe el Gobierno a las Cortes un proyecto de ley de créditos
extraordinario para compensar a los ayuntamientos de estas pérdidas de
ingresos que atentan claramente contra la autonomía local y financiera
consagrada en la Constitución, reconocida en las leyes, especialmente en
la Reguladora de las Haciendas Locales.

Nos parece que ese incumplimiento de la Ley de Haciendas Locales y ese
incumplimiento de la autonomía local y municipal justifican plenamente,
en lo que hace referencia al Capítulo I, esta enmienda de totalidad.

Sobre todo si, insisto, recordamos que está siendo el Gobierno
reiterativo en el incumplimiento de esta norma legal y también
reiterativo en el incumplimiento de las promesas que, a estos efectos,
había formulado a las corporaciones locales, a través de la Federación
Española de Municipios y Provincias.

A estos efectos, quiero recordarle, señor Presidente, señorías, que
nuestro Grupo Parlamentario, precisamente para atender a la necesidad de
compensar a los ayuntamientos por estas minoraciones de sus ingresos
fiscales por decisión unilateral del Gobierno, ha presentado hace unos
días una proposición no de ley aquí en el Congreso en la que se propone
que el Pleno del Congreso mandase al Gobierno a enviar ese proyecto de
ley de crédito extraordinario para subvenir a esos ingresos fiscales con
los que contaban, en principio, en sus presupuestos las corporaciones.

He intentado hasta el momento hacer referencia a los criterios generales
que justifican nuestras enmiendas de totalidad a los capítulos I y II.

Con la venia del señor Presidente, yo incluiría, dentro de esta
argumentación, las enmiendas relativas a las disposiciones adicionales de
este proyecto de Presupuestos que hacen referencia directamente a este
título VII, en particular a las previsiones contenidas en cuanto a la
participación de las corporaciones locales, por un lado, y comunidades
autónomas, por otro, en los fondos europeos, concretamente en el Feder y
los Fondos de Cohesión.

Como SS. SS. saben, para los municipios o corporaciones locales, en
general, de más de 50.000 habitantes, establece el proyecto de
Presupuestos la posibilidad que reglamentariamente, es decir, por decreto
aprobado en Consejo de Ministros, se establezcan los criterios de
distribución de los 50.000 millones que, como dotación para inversión e
infraestructuras de medio ambiente, se prevén en esa disposición
adicional, así como también de los 15.000 millones que hay para
complementar el fondo de corporación local en los municipios de menos de
50.000 habitantes.

Lo mismo podíamos decir en cuanto al criterio que se prevé en las
disposiciones adicionales para regular reglamentariamente los criterios
de participación y distribución de las comunidades autónomas en esos
mismos fondos, los de infraestructuras de medio ambiente previstos en los
Fondos de Cohesión y de infraestructuras en general.

Tengo que decir que, con esa previsión legal que se hace en este proyecto
de ley de Presupuestos de regulación reglamentaria, se está violando en
la práctica lo que prometió el señor Presidente del Gobierno en
contestación a una pregunta parlamentaria que formuló el Diputado de
nuestro Grupo Mariano Rajoy. Para que conste en el «Diario de Sesiones» y
para ilustrar a SS. SS., les diré que fue la primera pregunta oral que
contestó el señor Presidente del Gobierno en esta nueva etapa de mayor
transparencia informativa, donde dijo, y consta en el «Diario de
Sesiones», el señor don Felipe González que habría absoluta
transparencia, absoluta participación de todos en la fijación de esos
criterios reglamentarios. Me parece que esa participación de todos en la
fijación de esos criterios reglamentarios no se garantiza por un decreto
aprobado por Consejo de Ministros. No hablo de la legitimación ni de la
legitimidad; hablo de criterios políticos. Por eso nosotros presentamos
una enmienda en virtud de la cual, si se aceptara, cuando se aprobara el
proyecto de ley, transformado en ley, obligaría al Gobierno a presentar
una memoria, antes del 31 de marzo de 1995, ante la Comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados, donde establecería los
criterios generales, en orden a los cuales se va a atender a esa dotación
y distribución de esos fondos en los cuales van a participar las
corporaciones locales y comunidades autónomas. De esa manera atenderíamos
a lo previsto en el Reglamento de esta Cámara, por una parte, y, sobre
todo, atenderíamos, de verdad, la promesa de don Felipe González sobre
esos criterios de transparencia, de participación democrática de todos
los grupos políticos e instituciones implicadas en este proceso.

Es evidente que, mediante una comunicación del Gobierno ante la Comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados, habría la posibilidad de
hacer un debate y una votación que vincularía al legislativo en una
decisión que, entendemos, si sólo es del Ejecutivo, incumpliría ese
compromiso de don Felipe González, del señor Presidente del Gobierno,
pública y solemnemente hecho en esta Cámara y, por otra parte, y es lo
que nos parece lo más trascendente, garantizaría la transparencia, la
objetividad, la defensa de los intereses generales, que de esta manera,
insisto, estarían mucho mas asegurados que no con un decreto que, por muy
bien intencionado que sea, va a responder, lógicamente, al interés
político, legítimo, pero interés particular del Gobierno.

Por tanto, sobre estas tres consideraciones: atentar contra la autonomía
local en virtud del incumplimiento del artículo 9.2 de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, que se hace en la redacción del artículo 94 del
Proyecto de Ley de Presupuestos, Capítulo I, que estamos comentando;
Capítulo II, por incumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos del
Consejo de Política Fiscal y Financiera, de 20 de enero de 1992, relativo
al quinquenio 1992-96, en cuanto a la financiación autonómica y que ha
ratificado el grupo de expertos que está redactando, a iniciativa del
Gobierno, un libro blanco sobre la financiación autonómica, y, por
último, por el incumplimiento que se prevé en este proyecto de
presupuestos de los compromisos contraídos en esta Cámara por el
Presidente del Gobierno en cuanto a los criterios para la distribución
entre las corporaciones locales y comunidades autónomas de los Fondos de
Cohesión y Feder, fondos europeos en general, justificamos la enmienda a
la totalidad a los capítulos que integran este título.




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No sé, señor Presidente si, llegados a este punto, sigo con las enmiendas
a los diferentes artículos que componen estos títulos o si, por el
contrario, considera que, una vez hecha este defensa general de la
enmienda de totalidad, procede otro turno de intervención.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Fernández, en este mismo
turno haga la defensa de sus enmiendas concretas.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Gracias, señor Presidente.

En el artículo 87 uno, del Capítulo I, presentamos una enmienda de
supresión, por cuanto decimos que no se garantiza con la cantidad que
aquí se concreta el cumplimiento de acuerdo entre el Ministerio de
Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias,
de 1 de agosto de 1994, que recoge la cantidad de 655.887,7 millones de
pesetas. Sé que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda técnica y
tendremos ocasión después de discutirlo, pero quede constancia de que
nuestra enmienda se refiere a que aquí no se recoge lo que en el
documento suscrito entre el Gobierno y la FEM, que tengo aquí, se
recogía. La diferencia es pequeña, pero hay que explicar por qué esa
diferencia; si es un error material o de hecho o, por el contrario, está
basada en otro tipo de argumentos que nos interesaría conocer.

Como he dicho, las enmiendas a los artículos 87.4 y 88.4, relativas a los
municipios canarios, las defenderá, con su venia, mi compañero Nicolás
villalobos.

De la misma manera que justificaba la enmienda anterior porque no recogía
la cantidad exacta que, a nuestro juicio, debe recoger, de acuerdo con el
convenio suscrito entre la FEM y el Gobierno, la enmienda al artículo 91,
cuatro, tercero, a), de modificación, pedimos que se sustituya la
cantidad de 2.480 millones de pesetas por 2.551 millones, que es la
cantidad que figura en el proyecto de presupuestos, si se tiene en cuenta
la pérdida sufrida en el ejercicio de 1994.

Ya he hablado antes de la rúbrica y el contenido del artículo 94 relativa
a la compensación de los beneficios fiscales concedidos a las personas
físicas o jurídicas en los tributos locales. Baste recordar que en la
previsión del artículo 94 de presupuestos simplemente se compensan las
exenciones fiscales que hayan tenido como causa inundaciones u otras
catástrofes de estas características, es decir, en general fuerzas
mayores, atendiendo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo de
acontecimiento imprevisible e inevitable o que, pudiendo ser previsto,
son inevitables sus consecuencias. Por tanto, serían enmiendas a la
rúbrica y enmienda al artículo 94, párrafo primero, donde, de acuerdo con
la filosofía que subyace en el conjunto de enmiendas que hemos presentado
al proyecto de ley, abogamos por la supresión de los créditos ampliables.

Pedimos, para dotar a las comunidades y corporaciones locales de las
compensaciones adecuadas, que el Gobierno remita un proyecto de ley de
crédito extraordinario, en lugar de un crédito ampliable, y sólo de 1.500
millones, que es lo que está previsto que haya de sufragar única y
exclusivamente a esas fuerzas mayores previstas en el proyecto de ley, es
decir, inundaciones y otras calamidades o catástrofes.

El artículo 97, sexto, hace referencia a la documentación que han de
presentar las corporaciones locales para tener derecho a las subvenciones
destinadas a financiar el servicio de transporte público colectivo de
viajeros. El proyecto de ley dice que han de aportar la documentación
necesaria y exigible, según el proyecto y la Ley Reguladora de las Bases
de Haciendas Locales y otras disposiciones que regulan la materia, antes
del 31 de marzo de 1995, y que si no lo hacen así se quedan sin la
subvención. Con nuestra enmienda mejoramos la situación de las
corporaciones locales que no tienen por qué renunciar de una manera tan
sencilla a un derecho tan claro y tan necesario, por otra parte, y, al
mismo tiempo, garantiza la seguridad jurídica.

Decimos que han de presentar la documentación exigible y que mientras
haya, aunque sea fuera de plazo, partida presupuestaria disponible, que
tendrán derecho a esa subvención. De esta manera nos quedamos a medio
camino entre la excesiva cerrazón del proyecto de ley y lo que sería para
las corporaciones locales, que nos parecen también excesivas por su
parte, puesto que sería tanto como dejar «sine die» abierta la
posibilidad de que puedan aportar documentación. Eso atentaría contra la
necesidad de tener cerradas las cuentas del Estado en un período
determinado y con una seguridad jurídica adecuada. Es decir, frente a la
necesidad de aportar antes de una fecha determinada la documentación
exigible para tener la subvención, y que si no es así se quedan sin
subvenciones, nosotros decimos que, aunque incumplan la fecha, si la
partida presupuestaria todavía tiene dotación, podrán tener derecho a esa
subvención. Pido, señorías, que atiendan a lo que decimos porque lo que
se pretende es mejorar lo que hay, sin dejar abiertas «sine die» las
cuentas del Estado y que no podamos liquidarlas, ni siquiera con el
retraso que ya lo hacemos en estos momentos.

Doy por defendida la enmienda al artículo 98, en cuanto a la posibilidad
que tiene el Estado de retener, para compensar las deudas de los
municipios, hasta el 50 por ciento de las deudas que hagan referencia al
crédito que haya a favor del Estado en relación con los municipios, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 65 del Real Decreto 1.684/1990, de
20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de
Recaudación, y donde nosotros lo bajamos al 25 por ciento. En la
justificación que damos en la redacción de la enmienda está
suficientemente explicado como para entender que parece que el 50 por
ciento es excesivo y que con el 25 por ciento habría más que suficiente.

Eso mejoraría, sin duda, la situación de las corporaciones locales y no
atenta, en absoluto, contra la necesidad de velar, sobre todo nosotros,
por las cuentas del Estado.

Paso a las enmiendas del Capítulo II, Título VII. Ya he dicho que, en
cuanto a la enmienda a la totalidad, se basaba en estos criterios
generales que después se traducen en estas enmienda al articulado, de las
que voy a hacer una referencia sucinta a algunas de ellas.




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En la enmienda al artículo 100, cuatro, proponemos sustituir la redacción
que se da en el proyecto de ley de que será efectiva la liquidación
correspondiente en los quince días siguientes a la práctica de la misma
con cargo al crédito, por que se haga efectivo a los quince días
siguientes a la práctica de la liquidación durante el tercer trimestre de
1996, que es lo que dice el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera del 20 de enero de 1992. Lo que está pactado y firmado por los
integrantes del Consejo lo ha de respetar el Gobierno. Y no lo respeta en
su literalidad ni, a mi juicio, inclusive, en su espíritu con la
redacción que se propone al artículo 100, cuatro, del proyecto de
presupuesto.

Por la misma razón y con la idea de cumplir adecuadamente con lo
dispuesto en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20
de enero de 1992, proponemos una enmienda de adición al artículo 100,
cuatro, con un párrafo que dice: «En el supuesto de que el Estado no
pueda hacer frente en el plazo fijado a la liquidación definitiva de la
participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado,
recurrirá a un anticipo de tesorería.» En presupuestos anteriores
habíamos abogado por unas enmiendas que decían que al retrasarse el
Estado y generar en la práctica costos financieros derivados de problemas
de tesorería, esos retrasos en la liquidación suponían para las
comunidades autónomas que se les pagaría un interés de demora. Nos parece
que no es la forma más ejemplar y adecuada como relación entre las
administraciones públicas, en este caso la del Estado, y las
administraciones autonómicas, la que se paga en intereses de demora, pero
sigue existiendo el problema que justificaba aquella enmienda, es decir,
que, en la práctica, las comunidades autónomas --insisto en lo de en la
práctica--, según la información que en el trámite previo a este debate
de presupuestos ha suministrado a esta Cámara el Director General de
Coordinación con las Haciendas Territoriales, la experiencia recogida y
reconocida por las diferentes comunidades autónomas, con independencia de
su color político, así lo avalan, y es que en la práctica esos retrasos
tienden a disminuir, es justo reconocerlo, pero siguen existiendo y
ocasionan costos financieros a las comunidades autónomas. Nos parece que
la fórmula que proponemos de que podrán recurrir a un anticipo de
tesorería compensaría de ese exceso de gasto por un costo financiero a
las comunidades autónomas, y va inserta en lo que fue el espíritu de los
acuerdos de 20 de enero de 1992. Esto sirve tanto para la liquidación
definitiva como para los pagos que con carácter mensual por doceavas
partes tienen que hacer de su participación en los ingresos del Estado y
que recogen los presupuestos Generales.

Hago gracia de la enmienda al artículo 102, que, con todos los respetos,
y a mi juicio, se explica por sí misma, así como a la disposición
adicional vigésima, párrafo primero, que es la relativa a la necesidad de
que el Gobierno remita antes del 31 de marzo de 1995 a la Comisión
correspondiente del Congreso de los Diputados una comunicación, la que se
fije en los criterios de reparto, para su debate y aprobación en las
Cortes Generales. Estoy hablando de los criterios de reparto relativos a
la financiación de infraestructuras para la mejora del medio ambiente
hasta una cuantía de 30.000 millones, procedentes en igual porcentaje del
FEDER y los fondos de cohesión para los municipios con población de más
de 50.000 habitantes.

Lo mismo cabe decir respecto a una disposición adicional nueva que
proponemos relativa a las comunidades autónomas, porque entiendo que con
la explicación que he dado antes queda plenamente entendida cuál es la
motivación, cuál es la justificación de esta enmienda, que sin duda ha de
beneficiar a la credibilidad del Gobierno y, lo que es más importante, a
los criterios objetivos que han de servir de base para el reparto de
estos fondos europeos, que, lógicamente, deben ser distribuidos con
carácter objetivo entre las corporaciones locales y comunidades
autónomas.

Señor Presidente, éste es el conjunto de las enmiendas que a este Título
VII presenta mi Grupo, que serán complementadas con las dos que, con su
permiso, defenderá ahora, por ser relativas a los municipios canarios, mi
compañero Nicolás Villalobos.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra su compañero el
señor Villalobos para defender esas enmiendas.




El señor VILLALOBOS DE PAIZ: En una muy breve intervención me corresponde
defender, en nombre del Grupo Popular, las enmiendas números 993 y 994 al
apartado 4 del artículo 87 del proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado y al mismo apartado del artículo 88.

A través de estas dos enmiendas se persigue equiparar a los municipios
canarios al resto de los municipios españoles en cuanto a su
participación en los tributos del Estado. Se pretende que los municipios
de las islas canarias participen en los tributos del Estado en
condiciones de igualdad con el resto de los municipios españoles, ya que
hoy, a tenor del texto de los artículos que enmendamos, ven recortada su
participación en el capítulo 2 de los ingresos del Estado al 36 y 37 por
ciento de lo que le corresponde en virtud de su población.

El régimen económico fiscal especial de Canarias encuentra su causa
justificadora en la necesidad de compensar las desventajas económicas que
en términos de encarecimiento de sus abastecimientos exteriores y de
obstáculos al desarrollo de sus actividades productivas le vienen
impuestas por su condición geográfica de aislamiento y de lejanía del
resto del territorio nacional. El núcleo esencial del régimen especial
canario se vino a plasmar históricamente en dos formas de compensación:
las franquicias aduaneras de sus puertos y las franquicias fiscales al
consumo, por el que se aplicaba en Canarias un régimen de imposición más
benigno que el vigente en el resto de España.

Así, pues, es cierto que, en virtud de estas especialidades, las islas
Canarias contribuyen a los ingresos del Estado en menor proporción que el
resto de las regiones españolas. Pero es igualmente cierto que con ello
se trata de compensar las referidas desventajas económicas de su
situación de aislamiento y lejanía del resto de España.




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De ahí que se constituya como regla básica de la normativa reguladora del
REF la prohibición de que los beneficios que se derivan del propio
régimen sean contrarrestados, rebajados o anulados por otras medidas que
discriminen a las islas Canarias respecto del resto de las regiones
españolas en cuanto receptoras o beneficiarias de un mayor gasto público
corriente o de inversión con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado. Así lo establece el artículo 6.2 de la Ley 30/1972, de 22 de
julio, del régimen económico fiscal de Canarias y así lo establece el
artículo 3.2 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del
régimen económico y fiscal, que dispone que la existencia del régimen
especial no dará lugar a disminución del volumen de gasto público estatal
corriente de inversión destinable a las islas en ausencia del mismo.

Pues bien, desafiando esa inequívoca y clara voluntad de la ley, año tras
año los municipios canarios han visto cómo los Presupuestos Generales del
Estado practicaban un injustificable cercenamiento en su participación en
el capítulo 2 de ingresos del Estado, discriminándolos respecto al resto
de los municipios españoles al recortarse su coeficiente por población a
un porcentaje inferior al que realmente le corresponde.

Una larga y tenaz lucha de los municipios canarios y, por último, el
generoso apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias, han
conseguido ir elevando el referido porcentaje hasta el 37 por ciento para
el próximo año 1995, previéndose que en 1998 se alcance el 40 por ciento.

Sin desconocer lo positivo de los últimos avances, nuestra postura es que
la participación de los municipios canarios en el capítulo 2, de los
ingresos del Estado, debe estar equiparada al cien por cien con el resto
de los municipios españoles. Porque otra cosa sería contraria al régimen
especial de las islas Canarias y a las leyes que lo regulan.

Los beneficios que se derivan de las especialidades fiscales canarias
tienen por objeto compensar las desventajas económicas de su situación
geográfica de aislamiento y lejanía. Y por imperativo de la propia norma
reguladora, en ningún caso pueden ser contrarrestados, anulados o
restringidos por una disminución de los gastos del Estado en el
archipiélago, en este caso por una disminución de las transferencias
corrientes a las corporaciones locales que figuran en la sección 32, del
estado de gasto de los Presupuestos Generales del Estado.

Por estas razones pedimos el voto favorable de esta Comisión a nuestras
enmiendas números 993 y 994.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, quiero plantear una cuestión
de orden. Se me había olvidado que la sección 32 y 33 quedaban incluidas.

Entiendo ya defendidas en sus propios términos las enmiendas a la sección
32 por los criterios que he señalado como justificativos de la enmienda a
los capítulos 1 y 2, corporaciones locales y comunidades autónomas.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Convergència i
Unió, tiene la palabra el señor Hinojosa para la defensa de sus
enmiendas.




El señor HINOJOSA I LUCENA: En este título tenemos la enmienda 862 a 864,
que doy por defendida para su votación posterior.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Ríos para la defensa de sus enmiendas.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar argumentar las enmiendas que
presentamos al Título VII del proyecto de ley y a las secciones 32 y 33.

El bloque de enmiendas que Izquierda Unida presenta va dirigido a
fortalecer, aun reconociendo que este año ha dado un paso hacia adelante
con el acuerdo entre la Federación Española de Municipios y el propio
Gobierno, a incrementar o favorecer a los municipios en su participación
en los ingresos del Estado y en los recursos que deben recibir.

Por otro lado, van dirigidas nuestras enmiendas a las comunidades
autónomas para incorporar este año el compromiso aplazado desde el año
1981 de la nivelación de los servicios del artículo 15 de la LOFCA y el
incremento del Fondo de Compensación Interterritorial hasta el 40 por
ciento de la inversión nueva del Estado.

El objetivo, por tanto, es fortalecer la participación de las comunidades
y de los propios municipios.

La enmienda 564 va dirigida al artículo 87, al final, para adicionar un
nuevo apartado 7, que propone crear un fondo para la mejora de la
participación en los ingresos de los municipios menores de 20.000
habitantes. Lo cierto es que los municipios pequeños de mayor dispersión,
de mayor territorio, en los que cuesta más trabajo prestar servicio, son
los que reciben una respuesta menor del Estado. Es cierto que el acuerdo
entre la Federación Española de Municipios y el propio Gobierno está más
mediatizado por las grandes ciudades y los grandes municipios que por los
pequeños y medios.

Por tanto, el objetivo es facilitar la participación en los ingresos del
Estado de estos municipios con un fondo de 30.000 millones de pesetas. Lo
que nosotros hacemos aquí, puesto que no planteamos en el texto la
propuesta, la idea, es autorizar al Gobierno para que, en el plazo de un
mes desde la entrada en vigor de los presupuestos, establezca las
condiciones para la distribución de este fondo. Es verdad que hay una
organización de municipios que pide una distribución por igual, pero
muchas veces lo que iguala desiguala y hay que tratar desigual a los
desiguales.

La enmienda 565 va dirigida al artículo 88.1. Es un objetivo que en
realidad no supone mayor gasto al propio Gobierno. Esta enmienda pretende
que los municipios tengan el mismo tratamiento que en la actualidad
tienen las comunidades autónomas. A la hora de liquidar la participación
en los ingresos del Estado del año 1995, que el crédito presupuestario,
la entrega a cuenta que se hace a los municipios, en lugar de estar
cifrada en el 95 por ciento, se establezca en el 98 por ciento, cifra
idéntica a la que tienen ahora mismo las propias comunidades autónomas.

Por tanto, nosotros lo que intentamos es establecer la misma actuación
para cada uno de estos entes territoriales, con lo



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cual las arcas municipales tendrán más recursos durante este ejercicio y
tendrán que recurrir menos a gastos financieros para obtener liquidez a
la hora de actuar.

La enmienda 566 va dirigida al artículo 92. El artículo 92, uno, habla de
las entregas a cuenta de las participaciones a favor de las comunidades
autónomas. Lo cierto es que se establecen unos pagos mensuales por parte
del Estado hacia los ayuntamientos. Esos pagos pueden hacerse
mensualmente o pueden aplazarse en el tiempo. Lo que nosotros proponemos
es que, si se aplaza en el tiempo, el Estado haga frente a los intereses
de ese aplazamiento, puesto que los ayuntamientos tendrán que hacer
frente también a esos pagos.

La enmienda 567 se refiere al artículo 95,3, y pretende que en ese
apartado 3, de las subvenciones a las entidades locales, se recojan,
además de las centrales hidroeléctricas que contempla el propio proyecto
de ley, las centrales de generación eléctrica convencional. ¿Cuál es el
objetivo? La compensación a los municipios en los que exista una central
eléctrica convencional, que ahora mismo estaría excluida, puesto que
solamente recibirían esta subvención o aportación los municipios que
tuviesen centrales hidroeléctricas.

La enmienda 568 pretende añadir un nuevo artículo dentro de la Ley de
Presupuestos para facilitar que los ayuntamientos puedan gestionar todo
lo que va a ser (gracias a ese acuerdo con la Federación Española de
Municipios) la participación de los municipios en los fondos europeos,
sobre todo en el Fondo de Cohesión. ¿Cuál es el objetivo? Que el propio
Ministerio de Economía y Hacienda establezca un convenio con el Banco de
Crédito hacia los municipios de hasta 45.000 millones, que son los
recursos que pueden administrar, para financiar los proyectos que,
correspondientes a los fondos de infraestructuras para el medio ambiente
y al fondo de infraestructuras locales, puedan acometer los
ayuntamientos. Estos créditos serían aportados al final por los propios
fondos (cuando se liquide o se haga frente al pago de ese proyecto se
amortizarían) y los municipios se harían cargo de los intereses. Por
tanto, sería facilitar que los municipios pequeños, que tienen poca
capacidad de endeudamiento municipal, puedan acometerlo, adelantando así
las obras y las actuaciones de estos fondos de infraestructuras, de
mejora del medio ambiente y del fondo de infraestructuras locales.

Las enmiendas 570 y 571 van dirigidas a fortalecer todo lo que pudiera
tener de filosofía de corrección de desequilibrios el FCI. El Fondo de
Compensación Interritorial este año plantea un 35 por ciento. En la
explicación de esta propuesta el Gobierno dice que, si se hubiese
mantenido el 35 por ciento, la cifra de 128.000 millones incluso se
hubiera tenido que reducir. Pero hay que reconocer que esta cifra de
128.000 millones es la misma en los últimos tres años; por tanto, está
congelada, no compensamos territorialmente al Estado si no incrementamos
esa actuación. ¿Cuál es la propuesta de Izquierda Unida? Elevar hasta el
40 por ciento de la inversión nueva con la idea de, al año siguiente,
elevarla al 45 por ciento. Es decir, el Estado, de toda la inversión
nueva que vaya a acometer este año, un 40 por ciento la debe destinar a
corregir, a compensar territorialmente a las zonas más desfavorecidas, y
el resto a todas las actuaciones en general. Este sería el objetivo de
las dos enmiendas. Por tanto, una fija el 40 por ciento y la otra eleva a
unos 16.000 millones de pesetas la propuesta del Gobierno que nosotros
distribuimos entre las distintas comunidades, en la enmienda a la Sección
33, con los mismos criterios de la Ley del Fondo. Por tanto, hemos
aplicado esos mismos criterios y hemos distribuido esos 16.000 millones
de más para obras y actuaciones que gestionan las comunidades autónomas
en política que ellos mismos deciden.

La enmienda 569, igual que la 592, que se refiere a una disposición
adicional que después discutiremos cuando lleguemos a las disposiciones
adicionales, y las enmiendas que dirigimos a la Sección 32, tienen un
objetivo: pretendemos un nuevo artículo 104 bis del proyecto de ley y,
dentro de la sección, que se introduzca un programa nuevo, un fondo de
nivelación, para cumplir con ese compromiso de nivelar los servicios de
las comunidades autónomas, puesto que todos los ciudadanos de este país
no reciben por igual los servicios que el Estado presta a través de su
parte de Estado que es la comunidad autónoma.

Este fondo de nivelación, que explicamos, como decía, en la enmienda que
pretende la adición de un nuevo programa 911-E, cumple ese olvido (que ha
sido declaración inclusive) de los acuerdos del propio Consejo de
Política Fiscal y Financiera, aunque yo reconozco que los criterios de
distribución serán complicados y conflictivos a la hora de discutirlos
comunidad a comunidad.

Por tanto, la enmienda 569 pretende introducir en el articulado de la ley
ese fondo de nivelación que después desarrollamos.

La enmienda 826 va dirigida a la totalidad de esta sección 32, con el
objetivo de devolverla, pero haciendo una propuesta. No queremos caer en
la crítica de suprimir o devolver secciones o propuestas del Gobierno,
sino plantear cuáles son las deficiencias que le encontramos y cuál sería
indicativamente el camino que nosotros andaríamos. Hay que reconocer que
esta propuesta lo que intenta es abrir un debate o, por lo menos, indicar
el contenido de un debate.

Al proponer la enmienda de Izquierda Unida un programa nuevo, aporta a la
memoria de objetivos, en la estructura de funciones y programas, una
descripción de los objetivos que el programa tendría. Fundamentalmente,
el fondo debe incrementar la participación de los ingresos del Estado por
nivelación de los servicios mínimos, desarrollando así el artículo 15 de
la LOFCA, y ese compromiso prescribe una garantía de que las comunidades
podrán disponer de recursos suficientes para prestar en condiciones ese
nivel de servicio que ahora mismo no se está haciendo.

¿Cuáles serían los criterios para elaborar este fondo de nivelación?
Fundamentalmente cuatro: primero, una equiparación a la media de todas
las comunidades autónomas, equiparación a la calidad o al tipo de
servicio. Segundo, una mejora de la suficiencia, en función de los
habitantes que tiene cada comunidad. Tercero, una corrección de esa
financiación por habitante en función de la renta que tiene cada una de
las zonas. Es verdad que, en función de que hay más renta, los ciudadanos
se dirigen a otras ofertas del



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sector privado para satisfacer necesidades, mientras que, donde el nivel
de renta es inferior, se tiene que dirigir a la oferta pública de los
servicios que prestan las propias administraciones regionales. El cuarto
objetivo sería la corrección en función de la población por dispersión.

Por tanto, introduciríamos una compensación a los archipiélagos, por
ejemplo, en un 20 por ciento, a las regiones que tienen muchos municipios
y pequeños, de menos de 100 habitantes, como Galicia, a los municipios
que tienen de 200 a 600 habitantes, como Asturias, o de 1.000 a 1.500,
como Castilla-La Mancha. Por ello proponemos una corrección para que los
servicios que se prestan con este grado de dispersión puedan mejorar.

La distribución de este fondo sería de 121.000 millones de pesetas y con
estos criterios hemos hecho una cuantificación y hacemos una propuesta
por la que todas las comunidades autónomas salen mejoradas. Es verdad que
salen más mejoradas las que tienen una situación peor siguiendo estos
cuatro criterios.

La enmienda número 830 es la misma: la distribución por comunidades
autónomas de esta propuesta.

Las enmiendas 827 y 828 van dirigidas a entes territoriales. Esta sección
recoge aportaciones que el Estado hace a las comunidades autónomas; por
ejemplo, porque sirva de recordatorio, los 5.000 millones de pesetas para
los mozos de escuadra; por ejemplo, la financiación del área
metropolitana para Barcelona y para Madrid en lo que son transportes del
«metro», etcétera. (Esta es una explicación, solamente; no pretendo
quitar esas partidas presupuestarias.) Pues bien, lo que pretende
Izquierda Unida es que las partidas para la Comunidad de Madrid se
incrementen, tanto para las de obras de infraestructura del ferrocarril
metropolitano, en 2.000 millones de pesetas, como la inversión en
material móvil, para lo que significa reposición del material derivado de
la ampliación de la red y la necesidad de renovación del material que
ahora mismo utiliza el servicio del ferrocarril metropolitano.

Y termino, señor Presidente, porque las enmiendas 831 y 832 son las
enmiendas que he explicado antes sobre el Fondo, en este caso a la
Sección 33.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Vasco (PNV), tiene
la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro Grupo parlamentario tiene una
única enmienda al título VII, que es la número 315, dirigida al artículo
103, que es el que regula el régimen de transferencias a las comunidades
autónomas.

Nosotros presentamos una enmienda de modificación a este artículo, por la
que pretendemos que haya una adecuación del texto previsto en el proyecto
de ley a los regímenes de transferencias establecidos bien para
comunidades como la catalana, la vasca, la navarra, etcétera, o bien para
el resto, donde existen unos reales decretos que regulan el régimen de
traspasos entre la Administración central y las comunidades autónomas. A
nuestro juicio, es necesario que de alguna manera el proyecto de ley
recoja el régimen ahí previsto. Por ello nuestro Grupo plantea, además,
que la valoración que se establece en el proyecto de ley para las
transferencias a las comunidades autónomas se realice en pesetas del año
1995 y no en pesetas de 1990, como plantea el proyecto de ley.

Nuestro Grupo parlamentario entiende que este artículo 103 tiene que ser
más acorde con el régimen regulador de las transferencias a las
comunidades autónomas, regulado, por cierto, por reales decretos del
Gobierno central. Por ello hemos presentado esta enmienda de modificación
para adecuar ese texto a los regímenes previstos entre el Gobierno
central y las comunidades autónomas.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): He de preguntarle si la enmienda
313, que sí figura en la relación de enmiendas de su Grupo, se entiende
retirada.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: No, señor Presidente, se mantiene en
vigor.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): De acuerdo. Tiene la palabra el
señor Mauricio, por el Grupo de Coalición Canaria.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Si SS. SS. prestan un mínimo de atención,
voy a intentar argumentar el conjunto de enmiendas que hemos presentado
al título VII y a la Sección 32. Son dos bloques que están basados en la
misma argumentación, que iré repitiendo en el debate de las diferentes
secciones y que se basan en un hecho muy específico, como es el
desarrollo del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

De entrada tengo que decir que nuestro Grupo va a apoyar el conjunto de
enmiendas presentadas por otros Grupos que se refieren a la mejora de la
financiación de las corporaciones locales y para que sea la base del gran
pacto social del que está necesitado este país en este momento.

A mi Grupo le preocupa, y estoy convencido de que probablemente esa
preocupación no es compartida por muchos otros, que, quizá, llevados por
el momento político de este país, donde las historias de corrupción,
etcétera, ocupan la atención necesaria del conjunto de los ciudadanos
españoles, ello nos lleve a olvidar excesivamente problemas específicos y
complejos que vive el conjunto del país y sobre todo una comunidad tan
particular como la canaria. A lo que voy directamente, señor Presidente,
señorías, es que el 6 de julio de este año, recientemente, hemos aprobado
la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, en lo que
supone una actualización de los fueros históricos de las islas, tal como
había establecido la Constitución española en su disposición transitoria
tercera, etcétera, sobre la necesidad de un tratamiento específico para
Canarias.

En el mismo se dice, en su artículo 1.º, en el momento más importante de
la ley --el de la declaración de intenciones--, que se trata de
garantizar que la lejanía e insularidad de Canarias, que la convierten en
región ultraperiférica de la Unión Europea, sean compensadas a través de
políticas específicas y suficientes. Para ello, al mismo



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tiempo, en el apartado 6 se establece un conjunto estable de medidas
económicas y fiscales encaminadas a promover el desarrollo económico y
social de Canarias, que en estos momentos vive una situación de crisis y,
sobre todo, de niveles de paro insoportables que es necesario articular
con urgencia.

Esta declaración reciente de las Cortes Generales mediante la aprobación
de la Ley del 6 de julio, tiene siete u ocho grandes apartados, de los
cuales ahora sólo me referiré a dos, que son los bloques a los que hemos
presentado enmiendas. Se refieren al transporte público de viajeros y a
la equiparación de las corporaciones locales canarias, cuya misma línea
argumental y de razonamiento justifica la mayoría de nuestras enmiendas a
los Presupuestos del Estado de este año.

Empiezo por referirme al transporte público terrestre, artículo 8.º Ahí
se dice que se reconoce al transporte público regular de viajeros el
carácter de servicio público esencial. ¿Por qué la Ley declara el
carácter de esencial? En unas islas donde sólo hay transporte de
superficie, donde no hay ferrocarriles, ni «metro» ni ninguna otra
alternativa al transporte público de viajeros; en unas islas que tienen
un territorio muy limitado, sobre todo en las islas más pobladas, donde
tienen una densidad demográfica enorme, se ha llegado a una situación de
práctico colapso, a una situación terrible que está necesitando de
inversiones enormes de infraestructura en carreteras, ya que, además,
están provocando un desequilibrio medioambiental tremendo en estos dos
territorios --las dos islas mayores-- y que necesita, frente a esa
situación, un apoyo decidido al transporte público de viajeros. Ese apoyo
lo lleva a cabo la política española mediante importantes subvenciones.

En los Presupuestos Generales de este año aparecen importantes
subvenciones al transporte. Naturalmente, eso no afecta a Canarias, pero,
en concreto, sí al programa-contrato de Renfe, que ya está recogido en
estos Presupuestos, aunque no sé si ya está firmado o a punto de
firmarse, no sé en qué nivel está, pero, en cualquier caso, el Estado,
con mucha razón, invierte del orden de 1,6 billones de pesetas en los
próximos cinco años con una cantidad entre subvenciones e inversiones que
significa alrededor de 300.000 millones de pesetas/año en política de
subvención para inversión en transporte. En la proporción que
teóricamente nos correspondería, nosotros estamos enormemente por debajo,
ni siquiera pedimos esa proporción, pero sí que a las empresas públicas
de Canarias se les reconozca el carácter de servicio público esencial.

Por ello presentamos una enmienda que ha sido aprobada por los
ayuntamientos principales de Canarias y por todos los grupos políticos,
en el sentido de que se prevea una subida de 2.050 millones a los
cuatrocientos y pico que están previstos para ciudades de más de 50.000
habitantes, hasta llegar a los 2.500 millones de pesetas, que es el
déficit de explotación calculado actualmente para el conjunto de estas
empresas de transporte en las islas Canarias. Esto no es más que cumplir
el artículo 8.º del REF y el principio de solidaridad de que todos los
ciudadanos españoles tengan una nivelación de servicios. Si el servicio
de transporte público regular de viajeros es un servicio público
esencial, la nivelación estaría muy por encima de nuestra enmienda, muy
por encima, repito, probablemente cuatro veces superior a nuestra
enmienda. Simplemente estamos pidiendo lo imprescindible y necesario para
mantener el transporte público regular de viajeros, cuya desaparición o
crisis está produciendo en este momento, sobre todo en «gua-guas»
municipales de Las Palmas, una situación insoportable, terrible, a punto
de una crisis que está provocando serios conflictos y tensiones. Si esto
no se resuelve, la situación del transporte en Canarias empezará a entrar
en una fase absolutamente dramática y de colapso.

Nosotros hemos presentado un bloque de enmiendas, que comprende las
números 445, 447 y, en la Sección 32, la número 484, que simplemente
concretan este artículo 8.º del REF, ya aprobado y que obliga a todos los
Grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, entiendo yo, máxime
cuando el propio Senado, recientemente, en el debate sobre el estado de
las autonomías, aprobó por unanimidad instar al Gobierno de la Nación
para que, en estrecha colaboración con el Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Canarias, desarrolle y dé pleno cumplimiento a las
previsiones contenidas en la Ley de 6 de julio de 1994, de modificación
de las bases económicas del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Se
trata justamente de esto, y ya me oirán repetirlo insistentemente a lo
largo de todo el debate presupuestario, de siete u ocho grandes
disposiciones que intentan dar cauce al hecho diferencial canario,
difícil de entender desde un territorio continental, en el que está la
Península, a mil kilómetros de distancia de ese continente, pero la
articulación del hecho diferencial canario en un proceso acelerado de
integración europea y desde perspectivas de situaciones de ventajas
comparativas enormes de los territorios continentales. Por cierto, hay
que decir que la Unión Europea ha sido mucho más sensible y que, a través
del Poseican y de otros instrumentos económicos-financieros, etcétera,
reconoce el carácter de región ultraperiférica de Canarias y le da un
tratamiento diferenciado. En el caso de España sólo hay declaraciones
retóricas, como en este REF, en su artículo 1.º, pero que después no
tienen concreción, porque a los ministerios, a la hora de elaborar el
presupuesto, les pesa enormemente su vivencia de ciudadanos peninsulares
y no insulares, hasta el punto de que en el artículo que nosotros
pretendemos modificar se habla de la necesidad de dar cumplimiento al
REF. Según nuestras noticias, había una partida específica para esto, el
transporte público, en la sección correspondiente, que desapareció con el
último recorte que se hizo antes de ir a Bruselas a presentar los
presupuestos y la política de convergencia del Estado.

El segundo bloque de enmiendas comprende las números 442, 443 y 444, y su
argumentación coincide con la que ha expresado el señor Villalobos,
Diputado del Grupo Popular. Se refieren a la equiparación de los
ayuntamientos canarios, porque, efectivamente, en el artículo 3.º del REF
se dice que la existencia de un régimen económico-fiscal en el
archipiélago no dará lugar en ningún supuesto a la disminución del
volumen del gasto público estatal ni de la inversión destinable a las
islas en ausencia del mismo. Sin embargo, se viene argumentando que el
carácter de la imposición



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indirecta canaria que ayuda a la financiación de los municipios canarios,
obliga a un recorte en la participación de los ayuntamientos canarios en
el fondo de participación de las haciendas locales.

Aunque aquí se argumenta que eso quiere decir que esta financiación,
establecida ahora entre el 36 y 37 por ciento de los años 1994 y 1995, se
basa en el propio REF. Sólo en el REF de 1972 se dice, en el artículo 28,
que los municipios canarios participarán en el fondo nacional de
haciendas municipales en la proporción que reglamentariamente se
determine, sin que nadie diga cuál es. Esto ha sido motivo de que todos
los ayuntamientos canarios hayan venido exigiendo, por el coste de
insularidad, de lejanía, etcétera, participación, de acuerdo con el
artículo 3.º del REF, en igualdad de condiciones. Curiosamente, las
sucesivas asambleas de la Federación Española de Municipios y Provincias
han aprobado este planteamiento y han pedido que el Estado negocie una
fórmula para la equiparación de los ayuntamientos canarios.

Aquí lo que se hace es pasar del 31 por ciento al 36 y luego al 37, sin
tener en cuenta que el argumento, si es que existe, de que los
ayuntamientos canarios tienen una financiación propia en el artículo 2.º,
en los impuestos indirectos, no sirve, porque precisamente la integración
en la Unión Europea nos obliga a ir bajando, a un descreste del APIC
--Arbitrio sobre la Provisión e Importación de Canarias--, que es una
figura impositiva que tiene una gran capacidad recaudatoria y que empieza
a descrestarse el 1 de enero de 1996 en una proporción del 20 por ciento
anual, con una desaparición absoluta al final de siglo. Esto conduce
precisamente a una pérdida del argumento, de la justificación, y,
naturalmente, de los fondos. Ante ello, es necesario entrar en la
discusión en serio de una equiparación progresiva, que, por supuesto, no
puede empezar en el 36 por ciento y culminar en el 40, que es la
propuesta que nos hace el Gobierno, absolutamente insuficiente,
inaceptable y que yo espero que este Congreso de los Diputados, en su
Comisión de Presupuestos, corrija, puesto que es una simple cabezonería
de un gobierno que, repito, sólo tiene en cuenta su visión, que
representa el 90 por ciento del Estado, una visión peninsular, y empieza
a entender el hecho insular.

Termino manifestando el incumplimiento del REF en estos presupuestos. No
sólo en estos dos artículos sino en los sucesivos que iré presentando a
lo largo de hoy y mañana, se demostrará que hay un incumplimiento
flagrante de la Ley del 6 de julio, cosa que, lamentablemente, puede
causar un conflicto muy grave entre el Estado y Canarias, que nosotros,
por supuesto, no deseamos. Nosotros mantenemos siempre una actitud
moderada y constructiva, buscando la mejor solución de los problemas,
pero esto puede provocar un conflicto de graves proporciones, y eso es un
problema de Estado; no es un problema de una comunidad autónoma que en un
momento determinado hable aquí de agravios comparativos y demás
historias, sino que esto va a provocar un problema grave. El que avisa no
es traidor y yo advierto que sería bueno que se diera cumplimiento a lo
que el Congreso y el Senado han aprobado recientemente.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Mixto, Unión
Valenciana, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a defender las enmiendas al Título VII y a
la sección 33, respecto a las que mantengo discrepancias en relación con
el proyecto presentado por el Gobierno Socialista.

En primer lugar, respecto al Título VII, quiero dejar claro que la
enmienda 274, al artículo 88, de la diputada del Grupo Mixto señora
Rahola Martínez, se da por defendida en los propios términos que recoge
la enmienda.

Mis enmiendas son dos: una al Título VII, la número 37, y otra, la
enmienda de totalidad con petición de devolución, a la Sección 33,
referente al Fondo de Compensación Interterritorial.

Respecto a la primera, la número 37 al artículo 88, es una enmienda de
adición; crearíamos un apartado nuevo, el apartado seis, referente a la
financiación del Conseill Metropolitá de lÕHorta de Valencia. Con esta
enmienda de adición pretendemos que se declare el área metropolitana de
Valencia como beneficiaria de las dotaciones previstas, en los mismos
términos y características que las recibidas por las áreas metropolitanas
de Madrid y de Barcelona. La cantidad que contemplábamos no podía ser
inferior a 3.000 millones de pesetas y se trataría presupuestariamente
con la baja en igual cuantía de la sección 31, correspondiente a gastos
de diversos ministerios.

La justificación de presentar esta enmienda por enésima vez es poner fin
de una vez por todas a la discriminación del área metropolitana de
Valencia y de su ente, el Conseill Metropolitá de lÕHorta, y que ésta
perciba aquellas dotaciones compensatorias previstas para otras áreas
metropolitanas reconocidas vía presupuestos.

Nuestra enmienda pretende obtener financiación para el Conseill
Metropolitá de lÕHorta, que agrupa 44 municipios y contempla una realidad
que no puede ser olvidada, desconocida y, de ninguna manera,
desconsiderada: un millón trescientos mil ciudadanos, un transporte
público colectivo común prestado por la Empresa Municipal de Transportes
y el Consorci Valenciá de Transports; unos servicios de saneamiento de
aguas comunes, residuos públicos, tanto en su tratamiento como en su
reciclaje, cuestiones de infraestructura viaria, ejes viarios y otras
infraestructuras, así como el planeamiento urbanístico en algunos
municipios.

Pensamos que esta realidad que es el Conseill Metropolitá de lÕHorta,
esta realidad que es el área metropolitana de Valencia, debe tener un
trato similar al de otras grandes áreas metropolitanas, sobre todo porque
la ciudad de Valencia soporta, y así tiene que reconocerse, unos
servicios para 43 municipios, como he citado anteriormente. Consideramos
que esta enmienda debe ser aceptada, porque es absurdo ignorar la
realidad del área metropolitana de Valencia. Por tanto, solicitamos su
consideración, su apoyo y la inclusión en el dictamen de la Comisión.

La segunda de las enmiendas es la presentada a la sección 33, al Fondo de
Compensación Interterritorial. Es una enmienda de totalidad por la que
solicitamos la devolución de esta sección.




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Si consideramos --así lo establecen las directrices que llegan a la
Comunidad Europea-- que nuestra Comunidad, la Comunidad Autónoma
Valenciana, es objetivo prioritario de la Unión Europea por ser una
comunidad desprotegida en muchos aspectos, no entendemos cómo el Gobierno
central no reconoce en el Fondo de Compensación Interterritorial esta
difícil situación por la que atraviesa la Comunidad valenciana: la tasa
de paro un punto por encima de la media nacional y otros indicadores que
no son considerados a la hora de hacer la distribución de las dotaciones
vía Fondo de Compensación Interterritorial. La justificación clave de
esta enmienda es que este fondo, en lo referente a la Comunidad
valenciana, no adecua medios afines y discrimina a la Comunidad
valenciana, que sufre una caída de más del 50 por ciento respecto al año
1991. Así, mientras en el año 91 recibíamos de 257.000 millones a algo
más de 15.000, en el año 95 recibimos poco más de 7.000 millones; la
caída es del 51,5 por ciento.

Otra cosa que nos lleva a plantear esta enmienda de devolución es cómo se
aplican los coeficientes, puesto que si el montante asignado a las
comunidades autónomas, vía Fondo de Compensación Interterritorial
dependen casi un 90 por ciento de la población relativa de la situación
de desempleo que sufre la comunidad, no entendemos cómo la Comunidad
valenciana, que representa algo más del 10 por ciento, sólo recibe el 5,6
del total asignado, algo más de 7.000 millones. Considerando que una de
las variables aplicables a la hora de determinar el Fondo de Compensación
es la tasa de paro, la Comunidad valenciana próxima al 25 por ciento, un
punto por encima de la media nacional, debería tener un trato más
favorable. Por ello, mantenemos esta enmienda de devolución íntegra a la
sección 33 y esperamos que sea considerada, votada y apoyada en esta
Comisión.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, para la
defensa de sus enmiendas y para mostrar cuál es su posición con respecto
a las enmiendas que han sido defendidas hasta ahora, tiene la palabra el
señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: En principio, he de indicar que mis compañeros
don Néstor Padrón y don José Jerez harán uso de la palabra, el primero,
respecto a los temas de los municipios canarios y de la solución del
transporte de Canarias y, el segundo, hará referencia a la sección 33,
Fondo de Cooperación Interterritorial.

Voy a intentar defender la posición de mi Grupo respecto a las enmiendas
de los distintos grupos a este Título VII del proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado, título complejo e importante para el
desarrollo y estructura de nuestro país. Cualquier modificación que se
introduzca tiene que ser meditada y muy pensada debido a las
consecuencias que puede traer consigo porque desde nuestra perspectiva,
está apoyada en dos acuerdos: el del Consejo de Política Fiscal y
Financiera, de 20 de enero de 1992, sobre el sistema de financiación
autonómica en el acuerdo al que recientemente se llegó entre el
Ministerio de Economía y Hacienda y la Federación Española de Municipios
y Provincias respecto a la financiación de las corporaciones locales.

Desde esta perspectiva, he de indicar que me alegra que se reconozca por
parte de los intervinientes que algún paso se ha dado para ir
solucionando y amortiguando las diferencias y los problemas que existían,
tanto a nivel autonómico como local en el tema de financiación, en estos
últimos tiempos y con las perspectivas que plantea este proyecto de
presupuestos.

Si es cierto que se han dado esos pasos, si es cierto que el inicio de
esa mejora en la financiación de los entes locales y de las comunidades
autónomas es un hecho, no entiendo por qué razón se defienden unas
enmiendas a la totalidad del título, cuando existen razones suficientes y
bastante importantes como para pensar que no es bueno una enmienda a la
totalidad, desde luego, respetable bajo la perspectiva de este Grupo pero
no justificable, porque lo que sí parece es que el Grupo Popular presenta
enmiendas a la totalidad a todos aquellos títulos o capítulos que tienen
cierta trascendencia para justificar un posicionamiento que a veces no es
tan distanciado como ellos pretenden.

Se ha alcanzado un acuerdo con la Federación Española de Municipios y
Provincias en el que se contemplan unos sistemas de participación de las
corporaciones locales en los Presupuestos Generales del Estado entre 1994
y 1998, en el que se hace referencia a que, sobre la base del quinquenio
de 1994, se establezca para los municipios una cifra de participación que
efectivamente no es la que figura en el proyecto de ley porque, como
indica nuestra propia enmienda a la que luego me referiré, hay un error
material, pues tiene que estar cifrada en la cantidad que indica nuestra
propia enmienda y no en la que figura en el proyecto. Es una
participación importante, que viene a reconocer un primer paso necesario
para que la financiación de las corporaciones locales experimente una
mejoría bastante considerable. Entiende mi Grupo que desde esta
perspectiva, pueden plantearse enmiendas parciales al contenido del texto
pero, en ningún momento, enmiendas a la totalidad.

De la misma manera, si tenemos en cuenta que, cuando hablamos de
financiación autonómica, hacemos permanentemente referencia al Consejo de
Política Fiscal y Financiera en su acuerdo de 20 de enero de 1992, en
modo alguno se están incumpliendo los pactos que hay en ese propio
acuerdo. Desde luego, lo que sí se reconoció en el debate sobre el Estado
de las Autonomías que se celebró en el Senado hace unas fechas, es que es
necesario perfeccionar el actual sistema de financiación autonómica,
profundizando en lo que es el principio de corresponsabilidad fiscal, sin
perjuicio de que sufra ningún tipo de dificultades el principio de
solidaridad, que también es fundamental a la hora de establecer cuál
tiene que ser la distribución de los recursos que tiene el Estado entre
las diversas instituciones y administraciones, y, por lo tanto, entre las
comunidades autónomas, y, a su vez, también con respecto a los
ayuntamientos.

Rechazamos esas enmiendas a la totalidad porque se ha reconocido que se
han dado unos pasos importantes, son pasos en los que existe una voluntad
política manifiesta tanto en las Cámaras como del propio Gobierno --las
Cámaras



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en el sentido de los acuerdos que se alcanzaron en el Senado con el
propio Gobierno-- en función de cómo ha diseñado la estructura de este
proyecto de presupuestos. Pienso que no es bueno en estos momentos
defender unas enmiendas a la totalidad como las que plantea el Grupo
Popular.

Respecto a las enmiendas parciales a las que me referiré ahora, he de
indicar que la número 313, del Grupo Vasco, según mis datos, hace
referencia al artículo 78 del Impuesto del Valor Añadido, porque lo que
hace es modificar el artículo 91.2, que regula la Ley del Impuesto sobre
el Valor Añadido, pero no modifica el artículo 91.2 del proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado. Mi Grupo en este momento no va a
hacer ninguna propuesta porque entiendo que tiene que ser debatida en el
momento oportuno.

Respecto a la enmienda 315, al artículo 103 dos, apartados c) y d), no
podemos aceptarla. El portavoz del Partido Vasco hace referencia a un
conjunto de comunidades autónomas que tienen un sistema de transferencias
y de financiación que tiene cierto nivel de diferencia respecto al
artículo 143. El artículo 103, letra c), dice en el punto al que hace
referencia la enmienda del Grupo Vasco: «La financiación, en pesetas del
ejercicio 1995, que corresponde desde la fecha fijada en la letra a)
precedente hasta el 31 de enero de 1995, desglosada en los distintos
conceptos presupuestarios que comprenda. La cuantía total de esta
financiación coincidirá con el importe del correspondiente expediente de
modificación presupuestaria.» Y la letra d) habla de la valoración
definitiva en pesetas del ejercicio 1990.

Aquí hacemos referencia, por un lado, a que, efectivamente, la
financiación que tiene que haber tiene que ser con pesetas de 1995.

Cuando hablamos de la base de valoración nos estamos acogiendo al acuerdo
del Consejo de Política Fiscal y Financiera cuando hace referencia a que
el punto de inicio de ese coste efectivo del ejercicio es el año 1990 y
no 1995, o el año correspondiente.

Por esa razón pensamos que la redacción del proyecto es aceptable, es una
redacción que contempla tanto a los intereses de las comunidades del 143,
como a la Comunidad Vasca, Comunidad Navarra u otra comunidad que tenga
algún otro sistema de distinta financiación, y pensamos que esta
redacción es la más correcta.

Respecto a las enmiendas del señor Chiquillo, de Unión Valenciana --y
pido perdón por no seguir el orden de intervenciones sino el orden en que
las tengo previstas, pero siempre siguiendo el criterio de grupos--, en
relación con la enmienda número 37 he de indicar que el intentar que el
área metropolitana de Valencia tenga el mismo tratamiento que las de
Barcelona y Madrid me parece un deseo encomiable y respetable, pero que
en estos momentos es un deseo incumplible por parte de una simple
apostilla en los Presupuestos Generales del Estado, con la aportación de
3.000 millones de pesetas. Piensa mi Grupo que éste es un tema de la
suficiente entidad y calado como para que su estudio se haga con una
mayor reflexión y con un mayor detenimiento, contemplando otras variables
que tendrían que permitir hacer esa equiparación en función de por qué
razón se ha llegado a contemplar las áreas metropolitanas de Madrid y
Barcelona, para ver qué pasos habría que dar para recoger a Valencia como
área metropolitana. Son temas que no se pueden tratar en este momento,
por lo que mi Grupo va a votar en contra de dicha enmienda número 37 de
Unión Valenciana.

Respecto a las enmiendas del Grupo Popular, en concreto las que solicitan
la supresión de los capítulos I y II --a pesar de que se reconozca que se
han dado pasos importantes--, cuando se dice que no se garantiza la
autonomía financiera de las corporaciones locales o que hay que
establecer un sistema definitivo de financiación de las comunidades
autónomas, son deseos, porque todos los grupos entendemos que hay que dar
pasos en esa dirección, en esas cifras mágicas que todos utilizamos a la
hora de hacer nuestras exposiciones políticas. Creo que tenemos que
partir del reconocimiento de que éste es un proceso que no se puede
cerrar con una enmienda en un proyecto de ley de presupuestos, porque
tienen que participar en él otros agentes a la hora de ver el diseño de
esa propia enmienda.

Como es lógico, mi Grupo cree que sí se garantiza la autonomía financiera
de las corporaciones locales. Desde luego, si fuéramos a los hechos, a la
realidad de funcionamiento de cada entidad o corporación local nos
daríamos cuenta de que tienen una enorme capacidad de diseñar su sistema
financiero, de fijar sus niveles de deuda, con unos niveles que vienen
contemplados en la legislación básica del Estado y, desde luego, de
llevar a cabo todos aquellos programas y objetivos que se plantean dentro
de sus perspectivas de Gobierno. Bajo ese criterio, no creo que haya que
decir que no hay garantías de que la autonomía financiera se consiga,
habría que decir que la autonomía financiera que se garantiza por estos
presupuestos debiera ser mayor. En esta dirección van encaminados todos
los pasos que se están dando respecto a los acuerdos firmados entre la
FEMP y el Ministerio de Economía y Hacienda, respecto a los niveles de
participación que tiene que haber por parte de las administraciones
locales en los Presupuestos Generales del Estado. Niveles de
participación que, en función de esos acuerdos, se sitúan este año en las
cifras que he indicado y que en años futuros se adecuarán con los mismos
criterios que se establecen en este acuerdo suscrito entre ambas partes.

Respecto al artículo 87 uno, la supresión que propone el Grupo Popular en
su enmienda 992, lamento recordarle que antes ya he hecho referencia a
que se había producido un error material. No hay ninguna otra
justificación o planteamiento oscuro, ni cosa por el estilo. Se trata
simplemente de un error material en el sentido de que la cifra que
desearíamos que figurara en los Presupuestos Generales del Estado, en
función de las votaciones que se realicen en esta Comisión, es la que
señalamos en nuestra enmienda número 405 cuando hablamos de 656.400,9
millones de pesetas, y no la que figura en proyecto de Presupuestos
Generales del Estado.

Respecto a las enmiendas que hacen referencia al régimen fiscal de
Canarias, será don Néstor Padrón quien fijará la posición de mi Grupo y
mantendrá los criterios



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oportunos para determinar cuál va a ser nuestro sentido de votación.

En cuanto a la enmienda 995, al artículo 91.cuatro. tercero, que sitúa la
cifra no en los 2.480 millones que recoge el proyecto sino en 2.550
millones de pesetas, me gustaría que se hiciera una lectura del citado
artículo para comprobar que lo que se está planteando en el mismo es una
cantidad mínima, es decir, es la garantía, es lo que los presupuestos
tienen en consideración al estimar que el fijar una cifra superior
pudiera no abarcar todas las posibilidades que se contemplan entre las
distintas provincias. Estimamos que mantener esa cifra de 2.480 millones
de pesetas, como una cantidad mínima, es suficiente para garantizar que
aquellos que tengan derecho a percibir una cantidad superior no tengan
dificultad alguna en que así sea, en función de los supuestos que existan
en cada caso concreto.

Respecto a la enmienda número 998, que solicita la supresión del artículo
94.dos, entendemos que no debe realizarse esa supresión porque la
redacción que se formula en el texto del proyecto es más acorde con el
criterio y la intención que demuestra el artículo 94, cuando habla de
compensación en los beneficios fiscales concedidos a las personas físicas
o jurídicas sobre tributos locales, como consecuencia de inundaciones y
otras catástrofes. Además, ustedes, en una enmienda anterior, pretenden
que se supriman los términos «inundaciones y otras catástrofes». Nosotros
pensamos que esa expresión debe mantenerse para situaciones especiales
determinadas, y por ello no podemos aceptar su enmienda de supresión del
párrafo segundo, en tanto en cuanto esa excepcionalidad que se recoge en
el texto, esas condiciones que se mantienen en ese mismo apartado, tienen
que seguir figurando en el mismo tal y como están redactadas.

En cuanto a la enmienda 999 la tenemos en estudio. Tenemos que seguir
trabajando en ella y la contestación se la daremos en el Pleno, porque no
es desacertada la redacción que se da a la misma. Hasta ese momento vamos
a seguir reflexionando sobre su contenido y sobre la trascendencia que
tendría su incorporación al texto del proyecto.

La enmienda número 1.000, al artículo 98, que fija el tope máximo que
debería ser reducido al 25 por ciento, tal y como viene contemplado en el
texto del proyecto, no debe ser admitida, por cuanto en él se establece
tanto el límite del 50 por ciento como la posibilidad de reducirlo al 25
cuando haya una petición razonada por parte de las corporaciones locales,
y en ese caso no habría ningún problema para la Administración en que se
produzca esa reducción al 25 por ciento.

Respecto a la enmienda 1.001, de supresión, que hace referencia al
capítulo II, ya he indicado anteriormente nuestro criterio sobre los
sistemas de financiación de las comunidades autónomas. Pienso que después
de los acuerdos parlamentarios del Senado y del interés que todos los
grupos políticos tienen en trabajar para llegar a un sistema definitivo
de financiación de las comunidades autónomas, el camino que se ha
iniciado y que continúa este proyecto de presupuestos tendrá que seguir
siendo estudiado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Con el
ánimo de buscar un sistema definitivo de financiación que intente
compaginar y establecer fórmulas de compensación con las otras
comunidades autónomas para que no se produzcan desequilibrios que sean
después irreparables, como pudiera ser si se actúa de forma precipitada,
deberemos de trabajar más no en la labor negativa de decir que éste no es
el momento y que hay que buscar una fórmula definitiva, deberemos
reflexionar sobre esa fórmula a partir de los debates y de los exámenes
que tienen que hacerse en este Consejo de Política Fiscal y Financiera
con todas las comunidades autónomas para intentar compaginar los
criterios de cada una de ellas sobre cuál tiene que ser ese sistema
definitivo de financiación.

La enmienda 1.002 al artículo 104 no la vemos con malos ojos. Es casi
seguro que vamos a aceptarla porque efectivamente obedece a los acuerdos
del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero de 1992.

Las enmiendas 1.003 y 1.004 no nos parecen aceptables porque no creemos
que sea la fórmula más adecuada recurrir a anticipos de Tesorería cuando,
en un momento determinado, el Estado no puede hacer frente al plazo
fijado en la liquidación definitiva de la participación de las
comunidades autónomas. La propia norma tributaria que está rigiendo en
este país impide que podamos acudir a anticipos de Tesorería y que
podamos plantear las cosas tal y como ustedes lo dicen en sus enmiendas.

La enmienda al artículo 102 también es aceptable por nuestra parte. En su
momento, daremos nuestra posición definitiva. Responde a los criterios
que se establecen en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera de 20 de enero de 1992.

En el grupo de enmiendas de Izquierda Unida se solicita la creación de un
fondo para municipios rurales de menos de 20.000 habitantes. Nosotros
también somos muy receptivos al problema que se plantea con los sistemas
de financiación de los municipios rurales, el nivel de desarrollo que
tienen que tener estos municipios y la forma de equilibrar los objetivos
que se contienen y de llevarlos a cabo. Me imagino que la Federación
Española de Municipios hablaría con los responsables de Izquierda Unida y
con otros grupos políticos, de la misma manera que habló con nosotros y
le expusimos los temas de la misma manera que lo estamos haciendo ahora.

Somos receptivos al problema, no pensamos que la fórmula sea presentar
una enmienda solicitando 30.000 millones de pesetas para estos municipios
de menos de 20.000 habitantes, porque hay un acuerdo FEMP-Ministerio de
Economía y Hacienda, Gobierno, donde vienen contempladas todas las
aportaciones y la participación que tiene que haber por parte de los
municipios en general, y por supuesto de los rurales, en los tributos del
Estado. ¿Que son cantidades escuetas? Son cantidades que, de acuerdo con
los criterios pactados entre las dos partes en cuanto a territorio,
población, renta y demás, resultan de la aplicación de los mismos. Son
perfeccionables, habría que tener una especial atención con esos
municipios. Estamos en la misma sintonía, lo que sucede es que vemos
bastante complicado y difícil que en estos momentos, y a través de una
enmienda, se pueda arbitrar el establecimiento de un fondo que no tiene
una estructura muy definida de cuál tiene que ser su distribución entre
los



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ayuntamientos. Tiene que ser un elemento de reflexión, con un poco más de
tranquilidad. Desde luego, hay que arbitrar que estos recursos que van a
ir a infraestructuras, a mejora de medio ambiente o a fondo
complementario para la cooperación económica local, sean recursos en los
que los municipios rurales vean refrendados sus propios problemas y
objetivos. (Rumores.)



El señor PRESIDENTE (García Ronda): Perdón, señor Morlán.

Señorías, hablen en voz baja o salgan porque es dificultoso para los
taquígrafos tomar el discurso.

Continúe, señor Morlán.




El señor MORLAN GRACIA: Desde esa perspectiva, entendemos que no es el
momento adecuado de plantear la admisión de esta enmienda, pero es cierto
que habría que estudiar con bastante detenimiento de qué manera se pueden
perfilar de mejor modo las aportaciones por parte del Estado a este tipo
de municipios, de qué manera se tendrían que acometer los problemas
suscitados. Desde luego, tendrían que venir, aparte de por estos fondos,
también por los planes de vías y obras que tienen las diputaciones
provinciales y por otro tipo de actuaciones, no solamente por las
explicitadas en un fondo global de 30.000 millones de pesetas, como se
indica en sus enmiendas.

Respecto a las enmiendas 565 y 566, a los artículos 88 y 92. uno, para
modificar el 95 por ciento de entregas a cuenta el 98 por ciento,
pensamos que no es oportuno admitir esa cifra porque las desviaciones se
podrían producir al contrario. En un momento determinado, podría ser que
la liquidación, debido a esos tres puntos de incremento, diera a devolver
en lugar de a abonar. Por ello, salvo que no se realice un estudio más
riguroso del conjunto de las consecuencias que puede tener, pensamos que
es conveniente mantener este criterio del 95 por ciento.

Respecto al artículo 92 y la aplicación del interés legal, con ello no se
van a evitar los costes financieros, estarán en una u otra
administración, pero los costes financieros seguirán existiendo porque
ese interés legal lo tendrá que pagar alguien. Mi Grupo piensa que lo que
hay que hacer --y me imagino que será el criterio de todos los grupos--
es que se produzca un abono de la entrega a cuenta en la fecha en que
está fijado, al objeto de evitar cualquier tipo de costes añadidos, tanto
a unas administraciones como a otras, que acaban cayendo sobre las
espaldas de los ciudadanos a la hora de fijar esos costes financieros que
deben de pagar las propias administraciones.

Respecto a la enmienda 567, está en relación con la número 406 del
Partido Socialista al incorporar las centrales térmicas. La votaremos a
favor porque es similar a la nuestra.

En cuanto a las enmiendas 568, 569 y 570, todas hacen referencia al fondo
de nivelación. Articular un fondo distinto al que hay establecido
actualmente en el Fondo de Compensación Interterritorial o una nueva
estructura, me da la impresión de que no aclararía cuál tiene que ser el
cometido de estos fondos, porque se podrían producir situaciones de
confluencia entre lo que deciden unos fondos y otros. Efectivamente, la
nivelación a que hace referencia el artículo 15 de la LOFCA es un
objetivo al que hay que ir llegando. No creo que sea necesario en estos
momentos plantear un nuevo fondo. Pienso que, a través del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, de la propia Ley del Fondo de Compensación
Interterritorial, se tiene que ir a buscar ese equilibrio en los
servicios. Lo que sí es cierto, tal y como he comentado antes respecto a
los acuerdos del Senado, es que hay que profundizar en el principio de
corresponsabilidad fiscal, sin que sufra merma alguna el principio de
solidaridad entre las distintas comunidades. Nosotros no vemos positiva
la articulación de ese fondo, por lo que votaremos en contra del mismo.

Hemos presentado dos enmiendas, la 405, a la que he hecho referencia,
respecto a la modificación de ese error material, pues debe ser 656.400,9
millones de pesetas, y la número 406, que pretende incluir centrales
térmicas, que tiene que ver con las enmiendas de Izquierda Unida y de
Convergència i Unió al artículo 95.3. Respecto a las enmiendas 863 y 864
de Convergència i Unió, estamos dispuestos a aceptar el contenido de las
mismas y daremos nuestro voto definitivo en el momento de la votación.

Por último, quiero hacer referencia a la sección 32, en la que vamos a
rechazar, como es lógico, las enmiendas de totalidad del Grupo Popular
porque se han dado razones suficientes en mi exposición sobre la
oposición de mi Grupo a las enmiendas a la totalidad al Título VII, entes
territoriales. De la misma manera, rechazamos las enmiendas a la
totalidad por las razones que he indicado, respecto a la falta del fondo
de nivelación y a la atención a los ayuntamientos pequeños. En algunas de
las otras enmiendas parciales a que hacen referencia tanto Izquierda
Unida como Coalición Canaria, que serán contestadas por el señor Padrón,
he de indicar respecto a las enmiendas 827, 828, 829 y 830, que en esta
sección 32 ya se establecen para la Comunidad de Madrid 5.500 millones de
pesetas que pensamos que son suficientes, a los que, desde luego, habría
que añadir otros 16.287 millones de pesetas del Programa 513.B. Pensamos
que el fondo que tiene la Comunidad Autónoma de Madrid --y me imagino que
los compañeros del Grupo Socialista en la Comunidad Autónoma lo
entenderán perfectamente-- es el que hay y que su distribución para
atender todas las peticiones que existen es el que en estos momentos
consideramos adecuado y por ello nos mantenemos en las cifras que figuran
en los Presupuestos.

Respecto a las enmiendas 829 y 830, que hacen referencia al fondo de
nivelación, ya he indicado que no pensamos que sea oportuno incluirlo en
estos momentos. A título de anécdota, señor Ríos, tendrá que explicarles
a mis compañeros de Aragón por qué razón no les incluye en la enmienda
830, porque están todas las comunidades autónomas menos la aragonesa
pues, a pesar de que, según ustedes, existe una cantidad a abonar de 693
millones de pesetas, no está incluida en su relación. Es a título de
anécdota, porque, aunque la incluyeran, no íbamos a aceptar la enmienda.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Padrón.

(El señor Ríos Martínez pronuncia palabras que no se perciben.)



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Señor Ríos, por favor, cuando le llegue su turno, dice lo que le parezca
oportuno.




El señor RIOS MARTINEZ: Era «sottovoce».




El señor PADRON DELGADO: Muy brevemente, voy a contestar a las enmiendas
del Grupo Popular, defendidas por el señor Villalobos, y por el Grupo de
Coalición Canaria, por el señor Mauricio. Estas enmiendas son
tradicionales en los Presupuestos del Estado. En este caso, para la
justificación de alguna otra partida, se aduce la aprobación de la
modificación del Régimen Económico Fiscal de Canarias, aprobada el año
pasado.

He de decir que con respecto a la solicitud de que los ayuntamientos
canarios participen en el capítulo II, del fondo de cooperación
municipal, en iguales términos que los ayuntamientos peninsulares, las
razones que venimos dando en los debates de otros ejercicios vienen
fundamentadas por el hecho --bien lo saben los señores que han defendido
las enmiendas-- de que este capítulo II se nutre fundamentalmente de
imposición indirecta, que no se aplica en Canarias, que tiene su propia
imposición y su propio régimen fiscal. A pesar de que Canarias no
participa en este capítulo II, se ha venido incrementando la
participación desde que está gobernando el Partido Socialista: del 17 por
ciento en los años 1981 y 1982, al 37 por ciento en que va a participar
en el año 1995. Quiere esto decir que se ha producido un incremento de 20
puntos porcentuales.

Se aducen razones de insularidad, de lejanía, etcétera, pero computando
las cifras de transferencia que reciben ayuntamientos peninsulares de
régimen común con ayuntamientos canarios, y en datos referidos al año
1992, los ayuntamientos canarios recibían por el concepto de
transferencia 4.740 pesetas más por habitante y año que los ayuntamiento
de régimen común. A pesar de este incremento, para el período atrasado
del último convenio suscrito con la FEMP, la participación se eleva al 36
por ciento para el año 1994, que recibirá la correspondiente
consignación, y para el año 1995 esa participación se eleva al 37, con el
compromiso, de acuerdo con la FEMP, de ir elevando este porcentaje hasta
el 40 por ciento en el año 1998. Por tanto, creo que hay una voluntad
decidida del Gobierno socialista de ir elevando este porcentaje de
participación de los ayuntamientos canarios. Las razones que aducen, como
la situación financiera, etcétera, las comprendemos, pero dentro de la
política general, hay que tener también cierta racionalidad a la hora de
no incrementar enormemente las partidas de forma que sigan produciendo
mayor déficit en cada uno de los ejercicios.

Creo que éstas son razones de peso para que comprendan por qué no vamos a
apoyar las enmiendas, al margen de que sigamos considerando la
posibilidad de que este plazo establecido para llegar hasta el 40 por
ciento en el año 1998 pueda acortarse en próximos ejercicios. (Rumores.)
Con respecto a la otra enmienda defendida por el señor Mauricio, haciendo
referencia a una enmienda que pretende la consignación de una partida de
2.500 millones de pesetas para la subvención al transporte colectivo por
carretera... (Rumores.)



El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdón, señor Padrón.

Por favor, esas «voces» que no son «sotto» a ver si nos dejan escuchar.




El señor PADRON DELGADO: Respecto a esta solicitud de dotación de 2.500
millones de pesetas, quiero, en primer lugar, hacer algunas aclaraciones.

Los ayuntamientos canarios participan en el fondo global de 5.835
millones y, por los datos que tiene este Diputado, los ayuntamientos de
Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife reciben un montante, entre ambos,
de 400 millones de pesetas. Posiblemente, esta cantidad sea corta, pero
también es verdad que hay que efectuar las auditorías correspondientes de
las empresas de transporte colectivo para ver hasta dónde llega el
déficit y, por tanto, determinar en qué medida la Administración del
Estado, para dar cumplimiento a lo establecido en uno de los artículos de
esta modificación del régimen de Canarias, hace una consignación o
establece unas cantidades para enjugar una parte del déficit de estas
empresas de transporte colectivo por carretera.

Estas son las razones por las cuales, a pesar de que en este momento
digamos que no, vamos a seguir estudiando el tema para trámites
posteriores, si no con la intención de aprobar esa cantidad, que
inicialmente nos parece algo alta, aunque no digo que sea necesaria, sí
para establecer la posibilidad de consignar una cantidad algo inferior
que pretenda por lo menos solucionar el problema de una de las empresas a
las que ha hecho referencia el señor don José Carlos Mauricio, que es el
transporte municipal en la ciudad de Las Palmas. No así en el caso, al
que no ha hecho referencia, del transporte público en la isla de
Tenerife, donde en los Presupuestos existe una consignación de 923
millones de forma indirecta para un convenio que tiene establecido con la
Administración del Estado y que, por tanto, supone una fuerte inyección
económica para esa empresa.

Aunque en este trámite y con respecto a esa enmienda decimos que no,
seguimos estudiando el tema para llegar a un acercamiento, puesto que
este mismo Diputado intentó presentar una enmienda con una cantidad
inferior a la que ha planteado el señor don José Carlos Mauricio. De
momento no existen los estudios consiguientes que permitan determinar la
cantidad que corresponde para subvencionar ese transporte.

Por estas razones, vamos a rechazar las enmiendas presentadas por ambos
Grupos, con la finalidad de seguir estudiando uno de los temas para
trámites posteriores.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Jerez.




El señor JEREZ COLINO: Tomo la palabra, en nombre de mi Grupo, para
definir la postura sobre las enmiendas presentadas a la sección 33 por
los Grupos Izquierda Unida y Unión Valenciana.




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Izquierda Unida presenta una enmienda en la que propone el cambio del 35
al 40 por ciento. Este, como sabe el representante de Izquierda Unida, es
un acuerdo alcanzado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 20
de enero de 1992. Como sabe también, existe un techo o, mejor dicho, un
suelo de 128.000 millones de pesetas, que se viene manteniendo --así lo
ha expuesto-- durante los años 1993, 1994 y 1995.

Cuando el enmendante del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya propone la subida al 40 por ciento, comete, yo diría, dos
errores: uno de ellos se refiere al 40 por ciento de una cantidad que no
es el 35 por ciento, y no aumentan el 14 por ciento que corresponde. Pero
la cantidad a aplicar sobre las inversiones reales en obra civil del
Estado y organismos autónomos, es otra distinta. Por tanto, el resultado
que obtiene al aplicar el 40 por ciento, es decir, el 14 por ciento de
subida, no se corresponde, ni mucho menos, con la cantidad real, que
vendría disminuida, posiblemente, en más de 2.000 millones de pesetas.

Por consiguiente, toda la enmienda, la primera está mal, y la segunda,
con los números que aparecen de distribución en cada una de las
autonomías, no son las cantidades resultado de la aplicación de la
primera enmienda.

Rogaría al portavoz de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya que, en
función de todo esto, que no hace falta estar muy puesto en el asunto,
pudiera retirar estas enmiendas, con objeto de no tener que salir en el
Pleno con una operación matemática que desvirtuaría el debate político
diciendo que ésos no son los números, como claramente se ve.

Con este reconocimiento --espero yo-- por parte de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya de aplicar a una referencia de subida de
14 por ciento en función de ese 40 por ciento a una base que no es la
real, puesto que está marcando el suelo porque es inferior, habría que
aplicar la de inferior y no a esta cantidad a que hace referencia de los
128.000 millones de pesetas.

En cuanto a Unión Valenciana, el señor Chiquillo presenta una enmienda a
la totalidad con argumentos que no son ciertos. Primero, habla de un
tratamiento favorable por parte de la Comunidad Económica Europea y no
favorable del Gobierno. El Gobierno y la Comunidad Económica Europea
emplean el mismo parámetro, de entrada, en la compensación: el 75 por
ciento de la renta media y, por tanto, o los dos discriminan o los dos
aciertan, pero no es posible que con el mismo concepto, uno discrimine y
otro, no. Como sabe también, es acuerdo del Consejo de Política Fiscal y
Financiera y aplicación de la Ley 29/1990.

Le diría algo más al representante de Unión Valenciana. Cuando están
aplicando sus números, la referencia que tenemos nosotros por parte del
representante de Unión Valenciana en el pasado año, cifraba la cantidad
que recibía la Comunidad Valenciana en 12.000 millones de pesetas; usted
nos da otra cifra de más de 15.000 millones de pesetas, lo que indica que
la referencia porcentual variaría del 6,7, que usted afirma, al 4,6.

Además, que está usted aplicando esa queja en un momento en que la
Comunidad Valenciana sube respecto al año 1994 más del 26 por ciento, lo
que supone que durante este ejercicio es la comunidad que más sube.

Entiendo que con referencia a años anteriores, debiera ser un
reconocimiento al ascenso.

El fondo de reparto que tiene el Fondo de Compensación Interterritorial
es un fondo para las comunidades menos favorecidas. Yo creo que el
interés de lo mejor de su debate debiera ir en la intención de hacer que
la Comunidad Valenciana saliera cuanto antes de las comunidades que
entran dentro del Fondo de Compensación Interterritorial, lo que
supondría una lucha, entiendo yo, que es el empeño de todas las fuerzas
políticas en la Comunidad Valenciana en el sentido de superar esa renta
media del 75 por ciento de la Comunidad Económica Europea. En esta
ocasión, con una subida que es la máxima de todas las comunidades
afectadas por el Fondo y que, si las referencias de su predecesor son
ciertas, se ha subido, y si son ciertas las de usted, se ha bajado, lo
que indica es que ha mejorado el conjunto de la Comunidad respecto al
resto de las comunidades del Estado. Ese razonamiento no es suficiente, a
juicio del partido que represento, para que pueda devolverse al Gobierno
esta distribución y cuantía del Fondo de Compensación Interterritorial.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Puesta de manifiesto la capacidad
de análisis de SS. SS., vamos ahora a otro aspecto, el de la capacidad de
síntesis. Dado que el tiempo no es sólo escaso existencialmente, sino
funcionalmente, vamos a dar un minuto a cada uno de los intervinientes
anteriores, sin que la utilización de este turno sea obligatoria para
nadie.

Comenzamos por el señor Fernández Díaz, del Grupo Popular.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, le prometo intentar que el
minuto no vaya más allá de 120 segundos.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Comience ya, señor Fernández.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Señor Presidente, nosotros justificábamos la
enmienda a la totalidad a este Título VII por tres razones. Decíamos, en
lo relativo al capítulo II, por no establecer un sistema definitivo de
financiación. Hago gracia de extenderme aquí. Simplemente le anuncio,
señor Morlán, que seguramente leeremos en el Pleno el argumento de los
expertos consultados por el Gobierno para redactar un Libro Blanco sobre
financiación autonómica y verá usted hasta qué punto está o no
justificado lo que nosotros decimos en nuestra enmienda y lo que hemos
dicho aquí.

También decíamos, para justificar la enmienda al capítulo II, Título VII,
incumplimiento del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de
20 de enero de 1992. Tengo aquí los acuerdos; seguro que usted los tiene
también. Verá que dice: dotar de fondos de nivelación en desarrollo del
artículo 15 de la LOFCA. Nadie puede discutir algo que es evidente: que
no se desarrolla ese artículo 15. Por tanto, está plenamente justificado
y ustedes no me lo han contradicho. Distinguiendo entre información y
opinión,



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usted ha opinado lo contrario, que es absolutamente legítimo, pero, desde
luego, la información no avala su opinión.

Con relación al capítulo I, decíamos que por no garantizar la suficiente
autonomía financiera a las corporaciones locales, incumpliendo la Ley de
Haciendas Locales, Ley 39/1988, Ley aprobada con la mayoría absoluta
parlamentaria del Partido Socialista. Nadie puede discutir (y, desde
luego, lo dice así también la FEMP) que el Gobierno incumple el artículo
9.2 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y, por tanto, atenta
contra la autonomía financiera de las corporaciones locales en lo
relativo a la compensación de beneficios fiscales. Tengo aquí una nota
informativa del Pleno de la FEMP en la que se dice, entre otras cosas,
que se hace imprescindible que el Gobierno de la nación adquiera el
compromiso de que, en el futuro y con carácter general, sean de
aplicación las compensaciones previstas en el artículo 9.2 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales. Señor Morlán, lo dice la FEMP, no lo
dice sólo mi Grupo Parlamentario; lo dice la FEMP porque los hechos,
evidentemente, lo avalan. Le voy a dar un ejemplo adicional en
relación...




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Vaya terminando, señor Fernández.




El señor FERNANDEZ DIAZ: Voy terminando, señor Presidente.

El Real Decreto-ley 6/94, de 27 de mayo, por el que se adoptan medidas
urgentes para reparar los efectos producidos por la sequía --decreto-ley
de hace cuatro o cinco meses escasos--, artículo 4, condonaciones; se
condona el pago correspondiente al ejercicio de 1994 de las cuotas y
recargos devengados del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Dice
después el artículo 9: compensación a los ayuntamientos por beneficios
fiscales. De acuerdo con el artículo 88 de la Ley de Presupuestos para
1994, se compensará a los ayuntamientos afectados, abonando las
cantidades correspondientes.

¿Qué pretendemos mediante nuestra enmienda a la rúbrica del artículo 94 y
al párrafo primero del mismo? Que no sea preciso tener que estar haciendo
esto, es decir, que en cada disposición legislativa, en virtud de la cual
se condonan del pago determinados tributos locales a personas físicas o
jurídicas, afectando a la autonomía financiera de las corporaciones
locales, tenga que irse con medidas de estas características, que,
además, luego, incumple el Gobierno. Con nuestras enmiendas números 996 y
997 se garantizaría la autonomía financiera a las corporaciones locales
y, lo que es más importante, se garantizaría que se cumpla la ley, cosa
que parece bastante razonable que se exija.

Termino, señor Presidente. Tomo nota de la posibilidad que anuncia de que
nos voten a favor las enmiendas números 998, 1.000, 1.003 y 1.004 y nos
parece que están entrando ustedes en la buena senda. Yo le anuncio
también, con el mismo criterio de razonabilidad, que estamos dispuestos a
retirar la enmienda número 992, si usted, en el turno de dúplica al que
tiene derecho, me aclara definitivamente su enmienda número 405, en
virtud de la cual dice que hay un error material por el que las
cantidades previstas para las corporaciones locales, concretamente
municipios, serían 656.000 millones y no los 655.000. ¿Qué es lo que me
ha de aclarar? Yo tengo aquí el acuerdo entre la FEMP y el Gobierno, y no
dice ni 655.400,9 ni los 656.000 que según usted debe decir, sino que
habla de 655.888,7 millones. Estoy dispuesto a aceptar que es un error
material, pero me tendrá que explicar ese error material a qué se
contrae: el acuerdo del Gobierno con la FEMP o a la que pone el proyecto
de ley de Presupuestos. En todo caso, ya anuncio la retirada, porque
estoy seguro de que me lo aclarará, de la enmienda número 992.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
Villalobos.




El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Señor Presidente, para replicar muy
brevemente a las consideraciones hechas por el señor Padrón acerca de la
defensa de nuestras enmiendas con las que pretendemos que los municipios
canarios sean equiparados al resto de los municipios españoles en su
participación en los ingresos, tributos e impuestos indirectos del
Estado.

Creo, francamente, que o el señor Padrón no ha entendido o no ha querido
entender. En cualquier caso, lo que está claro es que no ha contestado a
las razones y argumentos expuestos en la defensa de nuestras enmiendas.

Nosotros reconocemos que Canarias tiene un régimen económico y fiscal
especial que significa una menor contribución a los ingresos del Estado;
eso es cierto, si bien es verdad que hay que reconocer que hay una
aportación indirecta y oculta, que es el recorte que ha supuesto para la
Comunidad Autónoma Canaria la supresión del Impuesto General de tráfico
de empresas. La recaudación normativa del citado impuesto, cuando fue
suprimido al entrar en vigor el Impuesto General Indirecto Canario, ha
sido restada de la participación que la Comunidad Autónoma tiene que
tener en los ingresos del Estado.

Reconociendo, como hemos reconocido efectivamente, la menor contribución
de los canarios en los impuestos indirectos del Estado, también hemos
dicho que el motivo justificador de esas especialidades es la
compensación del hecho insular, del coste de la insularidad, de la
lejanía y del aislamiento del Archipiélago con respecto al resto del
territorio nacional, y que el propio REF, como regla y como pieza
fundamental de su esquema legal dice que en ningún caso esos beneficios
indirectos podrán ser compensados, contrarrestados, anulados o
restringidos por los gastos del Estado, tanto gastos corrientes como de
inversión. Justamente lo que está ocurriendo es que en este tema concreto
se produce una disminución de los gastos del Estado, en concreto en las
transferencias corrientes a las corporaciones municipales, dela Sección
32 de los Presupuestos Generales del Estado.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida
tiene la palabra el señor Ríos.




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El señor RIOS MARTINEZ: Telegramas a las tres propuestas que se han
hecho.

Primero, crear un fondo o ayudar a los municipios rurales se puede hacer
de dos maneras: o a través del fondo o modificando los coeficientes. Se
ha dicho que se está de acuerdo con la idea pero que es prematuro hacerlo
a través de la enmienda. Pero cuando discutimos los números es ahora.

Cuando repartimos los recursos que tenemos es ahora, por eso hemos
planteado que a los municipios menores de 20.000 habitantes se les dote
de una partida para esas actuaciones. Es verdad que la Federación de
Municipios Rurales lo que pedía era una distribución igualitaria que
nosotros no hemos planteado.

En cuanto a la aportación de participación, si a las comunidades
autónomas se les da hasta el 98 por ciento de entrega a cuenta, no sé por
qué a los municipios no se les puede entregar hasta el 98 por ciento,
porque hay que devolverles, si es el 98 por ciento es menos del 100 por
ciento. No va a haber problema de devolución, después, a cuenta porque la
liquidación será al 100 por cien.

Por último, el tema del Fondo de Compensación es gracioso. Ayer también
se lo dije en la discusión que teníamos en otras enmiendas. Ustedes
tienen un sinfín de acuerdos del Consejo que no cumplen, pero es que el
35 por ciento lo pone la ley, no lo pongo yo. Es verdad que no se cumple
porque ustedes no invierten, pero es que nosotros hemos presentado
enmiendas para que se invierta más, se haga más inversión nueva. Ustedes
invierten poco, han reducido la inversión y la han contenido, por eso el
35 por ciento de poco se va bajando cada año. Es más, la filosofía --no
me saque usted fórmulas-- de lo que nosotros le proponemos es compensar
lo desequilibrado y que el Estado de su inversión en su conjunto vaya
incrementando para corregir esos desequilibrios. Esa es la filosofía que
proponemos nosotros: incrementar esas políticas, porque a pesar de lo que
se ha hecho hasta ahora siguen existiendo territorios desequilibrados.

Por eso creemos que ese Fondo de Compensación Interterritorial debe
crecer hasta el 40 por ciento este año. Usted me puede decir: la ley
habla del 35; el Consejo en el año 1992, habló de una cifra, que se
estableció, y ahí está parada. Nosotros proponemos incrementarlas. Le
hemos presentado enmiendas ahora, que es cuando discutimos los dineros, y
no después. Le hemos aplicado la distribución que ha hecho la ley, los
16.000 millones los hemos distribuido con los mismos criterios que han
distribuido 128.000. Si a usted le parece que la mejor fórmula es sacar
la discusión de números, discutimos de números, pero lo importante es la
filosofía de la propuesta y la cuantificación de la misma. Como está
financiada es posible.

En cuanto a que no se puede abordar el fondo de nivelación, espero que
alguna vez podamos abordar lo que España necesita, porque la política no
es el arte de lo posible. Es el arte de hacer posible lo necesario, y no
al revés.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo del PNV, tiene la
palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA I BASTIDA: Para contestar al Grupo
Parlamentario Socialista, cuyo portavoz en este momento está ausente,
señor Morlán, pero voy a dejar constancia de la réplica de este Grupo
Parlamentario. Entra en este momento el señor Morlán, de lo cual me
complazco.

Nosotros entendemos que la redacción que queremos dar al artículo 103 es
más acorde con el régimen de competencias que disponen las comunidades
autónomas, porque existe una normativa específica para el traspaso de
servicios a determinadas comunidades autónomas que no queda reflejada en
el artículo 103. El artículo 103 del proyecto de Ley de Presupuestos no
diferencia --usted lo ha diferenciado en el debate-- entre las
comunidades del 143 y del 151, pero aquí no se habla, y existe normativa
específica en materia de traspasos que, de alguna manera, se tiene que
contemplar, porque aquí se está hablando de transferencias a comunidades
autónomas, no se diferencia entre las del 143 y las del 151; se
diferencia a efectos dialécticos, pero lo que se va a aplicar es el
artículo 103.

Por tanto, lo que nosotros pretendemos es mejorar el proyecto de ley de
forma que quede plasmado en el mismo de manera explícita que existen
normas reguladoras de los traspasos de servicios a las comunidades
autónomas y, en base a ellos y a lo que disponga esta ley, se hagan los
traspasos de servicios; pero debe recogerse expresamente la existencia en
vigor de estos reales decretos aprobados por el Gobierno central que
regulan el traspaso con las comunidades del 151.

Por último, señor Presidente, en relación a la enmienda número 313 de
nuestro Grupo Parlamentario, cedo la palabra para aclaración de una
cuestión de ubicación de la misma en el articulado de la ley, a mi
compañero señor Olabarría,



El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
Olabarría para esta aclaración.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Es una aclaración dirigida también a los
servicios de la Cámara.

La enmienda número 313 por un error mecanográfico la hemos dirigido a un
precepto inexistente del Título VII, cuando lo pertinente es dirigirla al
Título VI y en concreto al artículo 78.

En cuanto a su justificación, los propios términos de la justificación
literal son los que aquí cabe reproducir. Se trata de que se aplique un
tipo superreducido del IVA a todas las viviendas calificadas
administrativamente como de protección oficial, y no sólo las del régimen
especial. No aceptar la enmienda supondría una discriminación que
nosotros entendemos no objetiva ni razonable.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Ha ratificado lo que ya
sospechábamos en la Mesa.

A continuación, tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Brevemente para contestar al razonamiento
que ha hecho el Grupo Socialista sobre las enmiendas presentadas por
Coalición Canaria.




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En primer lugar, el señor Padrón, sobre el tema del transporte público,
ha razonado diciendo que, en cualquier caso, comprende, pero que él mismo
tenía intención de presentar una enmienda que no le fue aceptada por su
grupo. Yo creo que a partir de ahí lo que tendría que hacer el señor
Padrón es votar a favor de nuestra enmienda u ofrecer alguna
transaccional, porque el Grupo Socialista por lo visto está en un período
de reflexión permanente, y va a seguir reflexionando hasta no sé cuánto
tiempo.

Las auditorías que harían falta para establecer la cifra exacta ya están
prácticamente hechas y el valor del déficit de explotación de las
empresas de transporte público en Canarias está por encima de los 3.000
millones de pesetas. Se habían colocado en los Presupuestos del Estado de
este año, según mis noticias, los mismos 2.500 millones que nosotros
hemos presentado en la enmienda, pero yo he aclarado que eso desapareció
de los Presupuestos cuando por el Plan español aprobado por los doce, el
pasado día 10 octubre, el señor Solbes tuvo que ir a justificar el
déficit público y recortó por los sectores que considera políticamente
más débiles, aunque en este caso el sector más débil, Canarias, incumple
flagrantemente la Ley de Régimen Económico y Fiscal aprobada este año (no
el año pasado como ha dicho el señor Padrón, exactamente el 6 de julio),
y está tan caliente, tan actual, que debería haber servido para que el
Grupo Socialista reflexionara y cumpliera el acuerdo de su artículo 8.º.

Espero que otros grupos voten esta enmienda.

Con respecto a la equiparación de los ayuntamientos canarios, el señor
Padrón argumenta, y muy brevemente le contesto, que como Canarias tiene
cedida la imposición indirecta, lo que hace es reducir la participación
de los ayuntamientos canarios en el capítulo II. Canarias no tiene todo
el gasto; tiene cedida la gestión de la imposición indirecta, pero el
gasto no, porque cede al Estado un 50 por ciento de compensación que el
año pasado fue de alrededor de 16 ó 17.000 millones de pesetas, que luego
una parte de ese dinero nos lo colocan en inversión en infraestructura.

En cualquier caso, sigue el Estado recibiendo una compensación y nosotros
ya nos conformaríamos con que se cumpliera estrictamente lo que dice el
señor Padrón, que nos cedieran toda la imposición indirecta y que la
parte que todavía el Estado recibe de compensación lo convirtiera en una
compensación del hecho insular para los ayuntamientos, y que esa
cantidad, que serían los ocho mil y pico millones, sirviera para
equiparar los ayuntamientos canarios y los Cabildos al régimen común del
Estado. O sea, que es un juego de malabarismo de yo te doy por aquí y te
lo escondo por allí, y al final resulta que, como todos los malabaristas,
si uno está atento a todas las manos y a todos los bolsillos, uno
descubre que nos han engañado en una parte de la operación. En este caso
lo que hay es un flagrante engaño, aparte de una violación del Régimen
Económico Fiscal Canario.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Mauricio.

Por Unión Valenciana, Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Treinta segundos para defender y mantener las
dos enmiendas. La primera, la número 37, respecto al Area Metropolitana
de Valencia, me alegra que, de alguna manera, por lo menos se diga que se
puede estudiar aunque no sea dentro de los presupuestos. Ha dicho que por
lo menos se podría considerar fuera de presupuestos. De todas formas
mantengo que esta enmienda número 37 para financiación del Consell
Metropolità de LÕHorta puede ser considerada para su inclusión en este
artículo 88.

Y, en segundo lugar, sobre la enmienda de totalidad que mantengo a la
Sección 33, con petición de devolución del Fondo de Compensación
Interterritorial, usted me ha dicho que he utilizado algunos datos que
chocaban o eran contradictorios con los utilizados anteriormente por el
Diputado que me precedió a principio de esta legislatura. Mi
intervención, aunque le parezca extraña, la he fundamentado casi toda en
las propias declaraciones del conseller de la Generalitat Valenciana,
Aurelio Martínez, que usted conoce, que fue asesor de Presidencia en
asuntos económicos, y que ha dicho textualmente que en los últimos diez
años la política de inversiones del Gobierno central en la Comunidad
valenciana y lo relativo al Fondo de Compensación Interterritorial, en el
que la Comunidad ha sido gravemente discriminada, han frenado el
progreso, han frenado la competitividad de nuestras empresas y han hecho
que la Comunidad valenciana sufra un actual estado de estancamiento. O
sea, que usted puede decir que los datos o las palabras entran en
contradicción con otras de otro Diputado que me precedió, pero yo he
utilizado gran parte de la argumentación del propio conseller de Economía
y Hacienda de la Generalitat valenciana, que es del Partido Socialista,
que ha dicho que esa discriminación que ha sufrido la Comunidad
valenciana frente a otras comunidades la ha colocado en la actual
situación de graves problemas de infraestructuras, graves déficit en
general que, de alguna manera, están frenando su progreso y su
posibilidad de afrontar los próximos años con expectativas de futuro.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Socialista, tiene la
palabra el señor Morlán, la breve palabra porque seguramente él no estaba
cuando he avisado que daría un minuto, aunque he sido generoso en
atención al hecho insular y a otros hechos.




El señor MORLAN GRACIA: Señor Presidente, voy a ser muy breve. Tengo que
pedir disculpas a los portavoces de los grupos por no haber estado
presente en su contestación ya que la apertura de la Comisión de
Infraestructuras y Medio Ambiente no se podía producir al no estar el
Presidente. Yo, como Vicepresidente primero, me he tenido que hacer cargo
de la misma hasta que se incorporara el Presidente. Por esa razón no
puedo referirme a lo que ha comentado el Grupo Popular, el Grupo de
Izquierda Unida y algún otro grupo. Es cierto que ante las contestaciones
que he oído al señor Gatzagaetxebarría respecto a la enmienda 315 al
artículo 103.2 c) y d) he de indicar que me sigo ratificando en mis
criterios. Creo que el texto del proyecto contempla perfectamente lo que
se pretende con la



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enmienda y deja a salvo y mantiene los criterios que han de respaldar
todo lo relacionado con las comunidades de otro régimen económico
distinto. Por eso creo que no es posible aceptar esta enmienda, porque si
no significaría el unificar los criterios respecto a una determinada
forma de financiación y no manteniendo los que existen en otras
comunidades.

Respecto a lo que plantea el señor Chiquillo, de Unión Valenciana, le ha
comentado, y me ratifico, que el texto del proyecto de ley de
Presupuestos no es el adecuado para hablar en estos momentos de la
equiparación del Area Metropolitana de Valencia con el Area Metropolitana
de Barcelona y de Madrid. Ello tiene que ser motivo de un estudio, más
tranquilo, más sosegado, en el que se plantee y se reflexione sobre todo
lo que llevó en su momento a que Madrid y Barcelona tuvieran la
consideración que se pretende para Valencia.

Nada más.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Padrón tiene la palabra,
si es que tiene alguna consideración que hacer.




El señor PADR0N DELGADO: Intervendré más que nada por cortesía y porque
no parezca que no he oído las intervenciones que ha habido. Aunque el
señor Villalobos no está, he entendido su planteamiento y le reitero que,
por ejemplo, para el año 1995 cuando se sube el IVA un punto para
compensar la diferencia de recaudación en la Seguridad Social, Canarias
no se ve afectada por esta medida. Se ve afectada beneficiariamente por
el hecho de bajar las cuotas de la Seguridad Social pero no por el
incremento del IVA, y aun así participa en este mayor incremento de
recaudación de IVA que se va a producir. Son argumentos lógicos, aparte
de lo manifestado de que se ha elevado la participación del 17 por
ciento, en las etapas históricas pasadas, al 37 por ciento para el año
1995.

Yo creo que éste es un argumento de bastante peso y demuestra la voluntad
del Grupo Socialista de mejorar la financiación para atender ese hecho
insular.

Con respecto al señor Carlos Mauricio, llamar «flagrante engaño» a
acuerdos habidos entre el Gobierno de la nación y la consejería o el
gobierno de la comunidad autónoma me parece que es una frase demasiado
dura y que no se corresponde con la realidad, puesto que, efectivamente,
como él mismo ha reconocido, esa parte de recaudación de devolución al
Estado, más de la mitad se invierte en Canarias en infraestructuras.

Por otra parte, le he manifestado que ya las empresas canarias de
transporte reciben una cantidad del montante global a través de los
municipios. Establecer 2.500 millones para 1995 es un tema que hay que
resolver mediante el acuerdo entre esas empresas de transporte público y
el Ministerio de Economía y Hacienda para, una vez comprobados esos
déficit, establecer la cantidad que corresponde de subvención. Le
manifesté que la empresa de transportes en Tenerife, por ejemplo, recibe
como atención preferente 923 millones de transferencias de capital, que
es una cantidad importantísima. Tenga en cuenta que la cantidad para todo
el Estado, para atender estas subvenciones es de 5.835 millones, señor
Mauricio. Todos hablamos de la necesidad de reducir el déficit, pero a la
hora de defender enmiendas parciales todas las cifras se desbordan.

Seamos un poco coherentes. Seguimos estudiando los temas; no es una
excusa. Iremos dando cumplida respuesta en trámites posteriores.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Jerez tiene la palabra.




El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, intervengo, en principio,
pidiendo disculpas por si, no estando en la primera parte del debate, se
adolece de alguna precisión en las respuestas.

Al Grupo Popular quiero decirle que cuando se está hablando tanto, no
solamente por su grupo, sino por otros, de los incumplimientos en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera de 20 de enero, concretamente en
ése, se debía decir si existe o no voluntad, si se está trabajando y si
existen dificultades, porque usted sabe, señoría, y lo sabe
perfectamente, que el artículo 15 de la LOFCA, que como filosofía no es
discutible y yo creo que con intención de aplicarla por todos los grupos,
presenta unas dificultades importantes que usted conoce y que no es
intención del Gobierno el dejar esto indefinidamente, sino encontrar una
solución que pueda hacer que desde el punto de vista económico se
compense lo que es el equilibrio de los servicios. Es un concepto
interesante, aceptado pero difícilmente plasmable en una ley, y en eso
estamos todos, y usted lo sabe perfectamente y no se puede llamar
incumplimiento a esta situación.

Por otra parte, en cuanto a la Federación Española de Municipios quiero
decirle también que hay muchos acuerdos en financiación, y últimamente
algunos importantes. Por lo tanto, no se puede dar a entender que la
Federación Española de Municipios está en una situación de continua
reivindicación en cuanto a lo que supone las cantidades que le transfiere
el Estado.

Al señor Ríos le diría dos cosas: primero, nosotros no hemos hecho la
enmienda, y hay una enmienda que es numérica exclusiva y cuando se
presenta una enmienda numérica exclusiva, si está equivocada, tendremos
que hablar de números, pero también hablamos de filosofía, que es la
primera enmienda. Lo que no podemos pretender es que una subida del Fondo
del 14 por ciento sea la panacea que equilibra todas las desigualdades en
las regiones dentro de nuestro país. Yo creo que pretender esto, como se
ha afirmado de palabra y como se dice en el propio texto de la enmienda,
es, cuando menos, una temeridad. Porque si eso fuera cierto, estaríamos
cerca prácticamente de 15.000 ó 20.000 millones de pesetas para conseguir
el equilibrio entre las distintas comunidades, regiones y nacionalidades
de España. Me parece que eso no es así.

Por lo tanto, como hay un equilibrio en el planteamiento del asunto,
precisamente con un acuerdo bastante grande en cuanto a lo que supone
representación de fuerzas sociales, me parece que en la subida, por
aquello de que en el pedir no hay engaño, podemos estar de acuerdo



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--todo lo que sea más, mejor--, pero no me parece que concuerde con una
filosofía real en estos Presupuestos y mucho menos con la distribución
que se propone. De los números teníamos que hablar necesariamente porque
están equivocados y hay que decirlo.

En cuanto al señor Chiquillo yo le diría algo.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Jerez, le ruego que
abrevie.




El señor JEREZ COLINO: Señor Chiquillo, en ningún caso me he referido a
las palabras del consejero; me he referido a las de su predecesor, que
figura en el acta de fecha 9 de noviembre de 1993, y estoy ajustado a lo
que le he dicho. Por lo tanto, no he dicho ninguna mentira, he dicho una
verdad. No le he discutido las declaraciones del consejero; me parecen
bien, pero le repito una vez más que el Fondo de Compensación
Interterritorial intenta equilibrar aquellas regiones que están por
debajo del 75 por ciento de la media. Yo creo que es deseo de la
Comunidad que salga. Y este reparto del Fondo que, como usted sabe,
supone cinco mil y pico millones de pesetas a la Comunidad valenciana no
puede ser el culpable de lo que usted dice déficit de infraestructuras, o
pudiera decir el consejero. Por lo tanto, vamos a llevar las cosas a su
sitio, porque hay mucho más campo de actuación que la Comunidad y dentro
de estos propios Presupuestos.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Con esto termina el debate del
Título VII y anuncio que a partir de la una, tal como se ha quedado de
acuerdo ya desde el día de ayer, tendrán lugar las votaciones del Título
V y Sección 06 Título VI; Título VII, Secciones 32 y 33 y Título VIII y
Sección 60, que veremos a continuación.

El debate correspondiente al Insalud se unirá al debate de la Sección 26.

Lo digo para aquellas de SS. SS. que tienen que estar en ese debate.

Ahora comenzamos, precisamente para poder votarlo adecuadamente, el
Título VIII y la Sección 60, que por su brevedad yo creo que nos llevará
poco tiempo y podremos cumplir el plan que tenemos para la mañana, que es
empezar ya con las secciones. (El señor Peralta Ortega pide la palabra.)
Tiene la palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: Para plantear la posibilidad que habíamos
comentado entre los portavoces de los distintos grupos y que está
pendiente de la confirmación por parte del Grupo Socialista. Me refiero a
la posibilidad de incorporar también la Sección 19, Ministerio de
Trabajo, junto con el Título VIII y la Sección 60. Parece que había
conformidad de todos los grupos. Lo digo por si quiere recabar ese
consenso el señor Presidente, puesto que estábamos pendientes de la
confirmación por parte del Grupo Socialista, para acelerar la discusión
de esa Sección, si lo consideraba oportuno la Mesa.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Un momento, señor Peralta. Voy a
tratar de establecer la coordinación con el coordinador del Grupo
Socialista, para ver cuál es la contestación en ese sentido.

Señor Hernández Moltó, hay una petición en el sentido de que también la
Sección 19 se vea juntamente con el Título VIII y la Sección 60. Como
coordinador del Grupo Socialista, le pido su respuesta.




El señor HERNANDEZ MOLTO: No hubiera habido inconveniente, pero debido al
momento en que ha surgido la iniciativa, tenemos serias dificultades para
que el ponente tenga la información adecuada y, por tanto, lamentándolo
mucho, deberíamos discutirlo en el momento en que estaba previsto.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El momento será mañana,
miércoles, a primera hora, al comienzo de la nueva sesión.

Damos comienzo al debate del Título VIII y la Sección 60.

Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Aparicio.




El señor APARICIO PEREZ: Lamentamos que no sea factible la acumulación a
la que se ha hecho mención hace unos instantes, puesto que creo que
simplificaría el debate y quizá aligerase la jornada de mañana. Entramos
así en lo que ya es propiamente este primer binomio. Nosotros entendíamos
que también el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como su nombre
indica, podía formar parte de él, pero sobre todo por nuestra visión y
nuestro rechazo al planteamiento presupuestario que ha realizado el
Gobierno en materia de Seguridad Social.

Unicamente, como grandes novedades, aparece una medida que yo calificaría
sin duda ninguna de simbólica, de aislada y de ineficaz, que es la
reducción en un punto de las cotizaciones a la Seguridad Social, con
algunos olvidos en el propio proyecto de Presupuestos que, en alguna
medida, han sido subsanados por algunas enmiendas de nuestro Grupo y de
otros, como puede ser el caso de los autónomos. Permítame que me detenga
a pensar no sólo en los actuales trabajadores autónomos, sino también en
las expectativas de autoempleo que puede tener la sociedad española, que
creo que nos obligan a hacer un esfuerzo a todos los grupos para
conseguir que esta expectativa se convierta en realidad; esto es, por un
lado, autoempleo como una de las herramientas útiles para combatir el
paro en España y, por otro, este punto de reducción, en cuya estimación
ni siquiera coincidimos. Yo creo que ha habido una cierta alegría
--digamos-- a la hora de buscar la aproximación entre las cifras.

Sistemáticamente, desde el propio Gobierno y desde el Grupo Socialista,
se nos ha hablado de 204.000 millones de pesetas, cuando creemos que es
una cifra bastante hinchada, buscando su aproximación a lo que sin duda
es superior, que es el incremento de fiscalidad, el incremento del
Impuesto sobre Valor Añadido y de los Impuestos Especiales, que no sólo
son superiores, sino que introducen riesgos añadidos en la evolución de
la economía española; riesgos añadidos que, por otro lado, no son sólo
objeto de comentario desde el Grupo Popular y desde otros grupos de la
Cámara, sino que han merecido



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incluso --y sé que es un tema que al señor Cercas le encanta, porque ayer
tarde tuve ocasión de escucharle sobre discrepancias-- la discrepancia de
hasta quien hace bien poco era el máximo responsable de su Grupo. Insisto
en que es una medida simbólica, aislada e ineficaz y, si me permite, un
planteamiento presupuestario con escasa fe en su propia viabilidad o en
su propia eficacia.

Cuesta creer que no se contemple en estos Presupuestos lo que debería ser
lógico en su discurso. No sé si es otro grado de contradicción interna.

Poco optimista es en cuanto a la ampliación de la base de cotizantes.

Poco optimista es en cuanto a creerse el propio Grupo Socialista que va a
producirse una verdadera reactivación económica, con un importante
incremento de la base de cotizantes y, en consecuencia, que vaya a haber
una mejor base, un mejor soporte para el funcionamiento del sistema. Se
nos dice también, y se está asociando este debate al propio debate
presupuestario, que existe un problema en el seno de la economía española
y, por supuesto, de sus aspectos laborales y de Seguridad Social, como es
la existencia de una enorme bolsa de fraude o de una enorme cantidad de
economía irregular. Me permitiría recordar al señor Cercas que este tema
fue objeto de tratamiento parlamentario hace ya ocho años. Me gustaría
que el señor Cercas releyese lo que entonces ya eran grandes
manifestaciones de voluntad. Siempre la voluntad parece que preside las
intervenciones del Grupo Socialista, voluntad que luego no se ve
acompañada por hechos o por una gestión eficaz, y creemos que también en
este área debería hacerse algo más que --insisto-- declaraciones de
voluntad o de voluntarismo. Ocasión habrá en debates que incluso el Grupo
Socialista está dispuesto a producir, yo creo que de una manera un tanto
oportunista en este momento, para comentar cómo podría incidirse en estas
bolsas de fraude. Ciertamente nos alegra que algunas medidas tomadas por
el Gobierno a iniciativa del Grupo Popular, como fue la asociación del
rechazo de acciones formativas o de oferta de empleo adecuado a la
pérdida de prestación por desempleo, comience a tener sus frutos
importantes. Lo digo con satisfacción porque fue una iniciativa del Grupo
Popular, como otras varias en esta materia, que se han mostrado eficaces
y útiles para el buen funcionamiento del sistema.

Le decía y mantenemos que una base de nuestro rechazo es que, sin duda
ninguna, habrá buena voluntad, y eso no se lo voy a discutir al Grupo
Socialista, pero lo que no parece que acompañe a la buena voluntad es una
gestión eficaz. En concreto, si me permiten, en Seguridad Social y en
diseño de lo que es un sistema de protección, creo que cabría hablar de
actuaciones un tanto compulsivas, un tanto a expensas de otro tipo de
fenómenos, bien sean de contestación social, bien sean de reivindicación
sindical, o bien sean de simple proximidad electoral. Creo que todo ello
ha llevado a la existencia de problemas y de dificultades en este momento
para las que no es suficiente plantear reducciones simbólicas e
inconexas. Nada se nos ha dicho de lo que puede ser la posición del
Gobierno en ejercicios próximos y entiendo que no van a resolver algunas
de las dificultades, eso sí, distinguiendo siempre entre las medidas
inmediatas, las medidas de actualidad, y lo que puedan ser actuaciones a
medio y largo plazo, que sin duda ninguna ocasión habrá, y espero que muy
pronto, de debatir en la ponencia de reforma del sistema de Seguridad
Social de esta propia Comisión. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.)
Entrando ya en la desagregación de algunas de las enmiendas, o en su
detalle, creo que es muy importante establecer un sistema más claro, más
fiable y más acorde con lo que son sin duda ninguna las necesidades
presupuestarias, aunque la enmienda 903 ya fue tratada ayer. Me estoy
refiriendo a esa fórmula de préstamos que viene aplicando el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social a la propia Seguridad Social, en la cual se
está embalsando y embolsando una gran cantidad. Creo que la estimación
más correcta es que a finales del año 1995 podríamos encontrarnos con un
volumen de deuda embalsado de un billón 300.000 millones de pesetas como
consecuencia de este tipo de préstamos, de los cuales poco o nada
sabemos. Sabemos que habrán de ser devueltos sin intereses, a partir de
1996, y en plazos de diez años genéricamente.

Yo creo que este tipo de actuaciones únicamente obedecen al deseo de
enmascarar la verdadera envergadura de algunos aspectos de la deuda y del
déficit. De ahí que nosotros hayamos propuesto que si ha de ser
financiada la sanidad, se haga de una forma mucho más directa y clara,
mediante unas transferencias ordinarias. No buscando --insisto-- el
aplazamiento o el enmascaramiento de estas cantidades.

Nos parece incomprensible, y a ese objetivo atiende nuestra enmienda
1.010, que se siga hablando de los remanentes de Tesorería entre el Inem
y la Tesorería General de la Seguridad Social como créditos ampliables.

Se supone que esas grandes mejoras informáticas y esos grandes avances de
gestión deben permitir a ambas entidades conocerse mutuamente y disponer,
incluso, de información mes a mes. De ahí que nos resulte sorprendente
que se esté ahora aplicando --salvo que nuevamente se quieran utilizar
espuriamente los remanentes de Tesorería para disimular otro tipo de
deudas-- como crédito ampliable. Le insisto que no tiene razón de ser.

Muy preocupante sería que no conocieran mutuamente la Tesorería y el Inem
sus obligaciones en lo que se refiere tanto a cuotas de desempleados como
a prestaciones por desempleo.

Hemos incluido también en esta Sección varias enmiendas que afectan al
Inserso, en concreto, la 1.814, la 1.815 y la 1.816. Lógicamente, en el
debate ante el Pleno y en la presentación de la Sección correspondiente
de Asuntos Sociales habrá ocasión de descender más en su detalle, pero
permítame que me detenga un instante en la 1.816. No se nos alcanza
ninguna otra razón que no sea de simple electoralismo para que el único
programa que retiene la Administración central sean los programas de
viajes para la tercera edad y de termalismo. Yo creo que no hay una razón
sólida --y si la tienen me gustaría conocerla-- para que esta acción siga
manteniéndose férreamente anclada en la Administración central, obligando
de hecho a algunas comunidades autónomas, para suplir precisamente las
carencias de gestión, a recurrir a acciones de tipo paralelo y, en algún
caso, incluso --lo digo con toda tranquilidad--, casi, casi a duplicar
acciones.




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Permítanme, finalmente, que llame la atención sobre dos enmiendas
asociadas en las disposiciones complementarias, como son la 1.045 y la
1.054. La 1.045 fija esa voluntad de una reducción enérgica de las cuotas
de la Seguridad Social en un plazo concreto (tres años) y en una cuantía
que estimamos razonable: cinco puntos. No me cuesta mucho imaginar lo que
el señor Cercas dirá, puesto que ayer tuvo una cierta anticipación en su
intervención respecto a lo que sería esta enmienda. ¿Qué es lo que
pretende? Algo tan simple como que esta cuantía no sea simplemente
simbólica, sino que tenga una eficiencia, y le aconsejo al señor Cercas
que haga el cálculo de la actual reducción en lo que sería una empresa
normal en España, una empresa de 10 ó 12 trabajadores, para que vea cuál
es su potencialidad de creación de empleo, si se limita o se circunscribe
a un punto. Creemos que hay que marcarse un objetivo, no digo ambicioso
sino razonable (cinco puntos en tres años). Junto a esta enmienda, la
1.054 propone un camino en el que creo que debe seguirse avanzando, un
camino que se inició en el año 1989 y que hoy, más que nunca, cobra razón
de ser. Entendemos absolutamente necesario avanzar en la separación de
prestaciones e ingresos de carácter contributivo y de prestaciones y
financiación de lo que ya está universalizado, de lo que ya está al
alcance de cualquier español, no por el hecho de ser contribuyente al
sistema de Seguridad Social sino por el hecho de ser español. Entendemos
que esa enmienda debe obligar a reflexionar al Gobierno y a plantear
acciones que, insisto, no tienen otra razón de ser en cuanto a su
congelación desde hace ya varios ejercicios.

Finalmente, le pediría también al Grupo Socialista que en materias que
son sustanciales para el buen funcionamiento de España, como es, sin duda
ninguna, el sistema de protección social, si quiere introducir mejoras,
que yo creo que son necesarias, y si realmente desea el consenso y el
apoyo de otras fuerzas políticas, no actúe como viene actuando y como
recientemente ha actuado el Presidente del Gobierno que, naturalmente,
desde el extranjero, ha hecho declaraciones muy importantes que afectan a
nuestro país. No se puede decir que lo que separa, lo que distingue al
Partido Popular del Partido Socialista son, precisamente, las pensiones
(declaraciones que usted podrá leer en «Le Figaro») e, inmediatamente,
venir a esta Cámara a pedir consenso, ayuda y colaboración. Si realmente
el Grupo Socialista entiende --y desde el Grupo Popular lo entendemos
plenamente-- que estamos ante una cuestión crucial, de las que definen a
un Estado, de las que nos integran en la Unión Europea, no debe hacer un
uso electoral ni frívolo de esta materia. Tengan en cuenta que una de las
dificultades con las que nos vamos a encontrar en cualquier propuesta de
reforma es la abusiva utilización electoral del sistema de protección
social. Y les digo, para concluir, que el Partido Popular se mueve en
coordenadas claras, puesto que no sólo acepta sino que impulsó en su
momento la redacción del artículo 41 de la Constitución. No sólo desea
sino que, además, está intentando poner medios eficaces para consolidar
las garantías de un sistema público de pensiones; lo que no acepta el
Partido Popular es la permanente y continua utilización electoral del
sistema de protección social. Y sepa, señor Cercas, que en esta materia,
si ustedes realmente y de corazón buscan un consenso, buscan un
entendimiento, buscan un apoyo que nuestro Grupo no está dispuesto a
regatear, parece condición necesaria e imprescindible que depongan el uso
electoral de la misma.




El señor PRESIDENTE: La Mesa conoce la disposición del Grupo Socialista
para contestar también a las posiciones de los grupos que tengan
enmiendas a la Sección 19 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

El señor Aparicio puede optar por defender la posición de su Grupo en
este momento, o bien daría la palabra al resto de los grupos y él lo hace
al final; en el turno que desee.




El señor APARICIO PEREZ: A gusto de la Presidencia, y con la mejor
disposición. Realmente, en este tema sería extraordinariamente breve.




El señor PRESIDENTE: Adelante, señor Aparicio.




El señor APARICIO PEREZ: A la Sección 19 ha sido presentada, por parte de
nuestro Grupo, una enmienda de totalidad, con una componente básica, como
he dicho anteriormente. La presencia en un Presupuesto, que en su
conjunto no llegaría a los dos billones de pesetas, de un préstamo de
400.000 millones, que desvirtúa presupuestaria y financieramente el
concepto de estabilidad, supone préstamos que se van acumulando y
embalsando y que a finales del año 1995 alcanzarán la cuantía de un
billón 300.000 pesetas, sin que exista una programación adecuada de
devolución de dichas cantidades.

También plantea, lógicamente, reparos a lo que es el funcionamiento del
principal organismo autónomo afecto a esta Sección 19, como es el Inem.

Un Inem que ahora se ve obligado, por las circunstancias actuales, a
competir en lo que sería una de sus funciones básicas, como es la
intermediación de empleo, sin que veamos que se estén adoptando las
medidas necesarias para adaptarse a estas nuevas circunstancias; un Inem
que ayer mismo nos sorprendía imputando buena parte del fraude que pueda
existir en prestaciones por desempleo al desconocimiento de los
ciudadanos. Me pregunto yo: si no está haciendo de intermediario en el
mercado de trabajo, si no está resultando tampoco eficaz en el control de
sus propias prestaciones, ¿a qué se dedica? A nuestro Grupo le gustaría
que se dedicase a facilitar esa información correcta.

Pedimos también en este apartado que se invierta lo que ha sido la
tendencia y la constante negativa de los últimos años en esa proporción
entre políticas pasivas y políticas activas. Creemos que España debe ir
girando hacia lo que es la normalidad dentro de la Unión Europea: un
mayor equilibrio entre las políticas activas y las políticas de empleo,
que las simples y pasivas políticas de desempleo. Evidentemente, es
necesario que todo español que sufra la pérdida de su puesto de trabajo
reciba protección del Estado, pero el objetivo básico no es otro que
reintegrar a esa persona a un puesto de trabajo, y creo que la concepción
y la gestión que se ha dado en estos últimos años no puede



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calificarse de acertada simplemente desde la lectura de ese parámetro,
cual es la proporción entre políticas activas y políticas pasivas. A ese
objetivo atienden enmiendas como la 1.472 y la 1.473.

Permítanme que me detenga un segundo en la 1.473, que afecta a la
integración laboral de minusválidos, para hacerles dos observaciones.

Parece haber olvidado el Ministerio de Trabajo que algunas de estas
competencias van a ser gestionadas por las comunidades autónomas, como
consecuencia del denominado pacto autonómico. De ahí que, tal vez sin
mala fe, pero desde luego el resultado es el mismo, no se hayan
incrementado en la misma cuantía que otras partidas que se supone que son
susceptibles de transferencia. Eso resulta, como mínimo, poco elegante, y
espero que el señor Cercas, o quien en este momento vaya a contestarme,
me aclare por qué precisamente los grupos de programas susceptibles de
transferencia se ven congelados, y no así el resto de programas de este
Ministerio.

Permítanme también que diga que la Lismi podría ser --y habrá otras
enmiendas, en su momento, en la Sección 27, Servicios Sociales-- un
ejemplo de lo que antes citaba. No basta con la buena voluntad. La buena
voluntad creo que la tienen todos los grupos de la Cámara; no basta con
hacer leyes que puedan ser calificadas de modernas, de progresivas o de
vanguardia europea, si posteriormente no se ponen los medios
presupuestarios y la gestión necesaria para llevarlas a cabo. Esperemos
que situaciones como la generada por la Lismi, de grandes expectativas y
grandes frustraciones, vayan corrigiéndose. También a dicho fin, insisto,
se han presentado enmiendas que responden a intentar dotar de
operatividad a una ley que, sin duda ninguna, será positiva, pero que se
ha visto deficientemente gestionada en estos últimos años y que ha
generado frustración precisamente en un grupo social que necesita, más
que otros, ayuda y colaboración.




El señor PRESIDENTE: Para defender las enmiendas, incluidas las de la
Sección correspondiente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del
Grupo Parlamentario Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, tiene la
palabra el señor Peralta.




El señor PERALTA ORTEGA: En nombre de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, voy a intervenir para defender las enmiendas de nuestro Grupo
al Título VIII de la ley de presupuestos, así como a las secciones 19,
relativa al Ministerio de Trabajo, y 60, relativa a la Seguridad Social,
y algunas otras enmiendas que forman parte de las dirigidas a las
disposiciones adicionales.

Por lo que se refiere al tema de la Seguridad Social, las enmiendas que
presenta nuestro Grupo son muy cortas, porque somos conscientes de que el
presupuesto de esta institución fundamental en el Estado de bienestar,
como es la Seguridad Social, en buena medida responden a un acuerdo
alcanzado con las organizaciones sindicales sobre revalorización de
pensiones, en torno al 3,5 por ciento, así como a la revalorización de
los sueldos de los funcionarios, partida pequeña dentro del monto global
del presupuesto de la Seguridad Social.

En nuestra opinión, ese acuerdo es positivo, si bien insuficiente, por
cuanto no da posibilidades de solucionar algunos de los problemas graves
que tiene la Seguridad Social, como es la cuantía baja de un número
importante de pensiones. Pero cuando se están haciendo tantas
afirmaciones, en nuestra opinión sin fundamento, acerca de los peligros y
la quiebra del sistema de la Seguridad Social, el que podamos presentar
un presupuesto para el año 1995 en unos términos previstos y que dan
respuesta a necesidades básicas de millones de ciudadanos de nuestro
país, es un dato que valoramos positivamente. Por eso, las enmiendas que
hemos presentado buscan, fundamentalmente, mejorar aquellas prestaciones
que en los últimos años han sufrido un deterioro notable, como son
principalmente los temas de protección familiar.

Conocen perfectamente SS. SS. que en la anterior legislatura una
proposición de ley de nuestro Grupo perseguía la revalorización anual de
los niveles de renta necesarios para tener derecho a esas prestaciones,
así como una revalorización de las propias prestaciones. Las enmiendas
del Grupo Socialista en la anterior legislatura dieron lugar a que esa
proposición de ley terminara revalorizando sólo los niveles de renta. En
nuestra opinión es necesario actualizar esos niveles de renta para
recuperar los años en que no se produjo dicha revalorización y es
necesario, asimismo, revalorizar las cuantías de las prestaciones. Esos
dos objetivos son el núcleo de las enmiendas que presenta el Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.

Por lo que se refiere a la enmienda de totalidad que hemos presentado a
la Sección 19, del Ministerio de Trabajo, queremos hacer referencia en la
misma al problema que nos parece fundamental, que es el de la cobertura
de desempleo. Como consecuencia de las modificaciones introducidas en los
dos últimos años, fundamentalmente en la Ley derivada del decretazo, en
el año 1992, y la Ley 22 del año 1993, estamos asistiendo, a lo largo de
los últimos meses, y especialmente en los que llevamos del año 1994, a
una caída verdaderamente notable y preocupante de la tasa de cobertura de
desempleo, más de 10 puntos en lo que va del año 1994.

Ante esta realidad, nos parece que los presupuestos del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social no se pueden hacer con el criterio de lograr
un equilibrio financiero y desconocer los graves problemas que ese
Ministerio tiene obligación de resolver, sin descuidar y sin desconocer
los problemas necesarios de equilibrio financiero, es necesario que ese
Ministerio cumpla con su papel fundamental, que en el tema del desempleo,
sin lugar a dudas, es proporcionar una protección adecuada a los millones
de desempleados que tiene nuestro país.

Estas son las enmiendas fundamentales que plantea nuestro Grupo por lo
que se refiere a este Título y a estas actividades.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Mi Grupo tiene formuladas dos enmiendas en
esta parte del debate del Título VIII y la Sección 19.




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La enmienda 865 al Título VIII, pretende equiparar a los empresarios
individuales y los trabajadores autónomos con los demás empresarios de
este país, a los que se les ha rebajado un punto, en la cotización
social. Asimismo adecua el tipo de cotización cuando el interesado no se
haya acogido a la protección de la ILT. Esta es una medida en la que
naturalmente no me voy a extender --como no suelo extenderme en ninguna
de mis intervenciones--, porque éste ha sido un tema muy debatido con el
Partido Socialista y parece que coincidimos y que será una enmienda
aceptada en este trámite.

La enmienda número 860, a la Sección 19, pretende incrementar la partida
que pueda favorecer la autoocupación. En una época en la que estamos
todos doloridos, preocupados, con un cierto punto de desesperación porque
nuestro índice de paro es un índice brutal, altísimo (dobla el de la
Comunidad Económica Europea, y todos queremos de alguna manera intentar
rebajar este porcentaje y crear actividad para que haya cada día menos
trabajadores en esa desgraciada situación de paro), parece que este
camino, el de incentivar la autoocupación, es un camino válido para ir
sacando personas del paro, que vayan a realizar una actividad. Actividad
que responderá a su propia iniciativa personal pero que si es incentivada
tendrá más éxito que si nos olvidamos de ello. Por ello, mi Grupo tiene
un especial interés en esta enmienda a la Sección 19, para que, en lo
posible, los grupos se sientan sensibilizados y la voten favorablemente.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco (PNV) tiene la palabra el señor
Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Señor Presidente, creo entender que estamos
debatiendo el Título VIII.




El señor PRESIDENTE: Efectivamente, y la Sección correspondiente al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como la Sección 60.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Doy por defendidas en sus propios términos las
enmiendas presentadas por mi Grupo Parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Olabarría.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Brevemente y en relación a las enmiendas al
Título VIII y a la Sección 19.

En primer lugar para mantener la enmienda 273, al Título VIII, de la
Diputada del Grupo Mixto, señora Rahola Martínez, y en el mismo sentido,
en la Sección 19, mantener las enmiendas 269 y 270 de la misma señora
Diputada, para que sean votadas en esta Comisión.

En particular, quiero mantener la enmienda de quien les habla a la
Sección 19, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; quiero mantener
la enmienda 92, en los términos que se contemplan en la misma, referente
al Instituto Nacional de Empleo, consistente en la inversión de 50
millones en la creación de centros docentes de formación profesional
ocupacional en la Comunidad valenciana, por así demandarlo nuestra
sociedad y sectores empresariales importantes de la Comunidad valenciana.

Por tanto, por si ha habido algún tipo de problema respecto a las
enmiendas, quedan mantenidas las de la señora Rahola y, en particular,
queda defendida la enmienda 92 a la Sección 19.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Voy a tratar de ordenar mi intervención empezando
por lo que es más agradable que es --¡cómo no!-- poder presentar alguna
posición positiva sobre trabajos que ha hecho la oposición --en este caso
concreto al que me voy a referir, trabajos hechos después de un debate
con nuestro propio Grupo Parlamentario-- como es el caso de la enmienda
865, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que vamos a votar
afirmativamente. Coincidimos --y a ello responde también nuestra propia
enmienda número 407-- con el Diputado señor Hinojosa en que para dotar de
coherencia al conjunto de intervenciones que hay en la vertiente del
ingreso de la Seguridad Social se debería haber traído en el proyecto del
Gobierno una adecuación de la cotización de los trabajadores del régimen
especial de autónomos, adecuándose a esa previsión de la rebaja de un
punto que tienen el resto de trabajadores por cuenta ajena. Esta laguna
en el proyecto de ley del Gobierno se subsanará con nuestra posición
favorable a la enmienda 865, que le reitero al letrado, junto con la 407
del Grupo Socialista, de igual literalidad.

Empezaré también por decir que a los Diputados que han mantenido vivas
sus enmiendas pero que no las han defendido, les responderemos en el
Pleno. Les anuncio que alguna de ellas está siendo objeto de estudio por
nuestro Grupo y si hubiera alguna posibilidad, sin desequilibrar
gravemente los presupuestos de la Seguridad Social, aún habría algún
esfuerzo adicional, sobre todo con algunas de las que ha planteado el
Grupo Vasco (PNV).

Entro a considerar la posición de Izquierda Unida y del Partido Popular,
que son quienes en este trámite han establecido con precisión sus puntos
de vista, puntos de vista importantes a mi parecer, puesto que pretenden
nada más y nada menos que la devolución al Gobierno de este Título y de
esta importantísima Sección.

Como es lógico no vamos a decir desde el partido que apoya al Gobierno
cómo debe administrar la oposición sus derechos reglamentarios, pero
imaginamos que tendrán que existir razones muy poderosas para pedir la
devolución al Gobierno de este Título y de esta Sección 60, que tan
fundamental es para el bienestar de millones de españoles, lo que, en el
caso de una eventual victoria en las confrontaciones que tenemos en la
Comisión o en el Pleno, ocasionaría un daño de unas considerables
magnitudes. Porque devolver este presupuesto al Gobierno qué duda cabe
que, en la mejor de las hipótesis, al menos



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demoraría en una serie de meses actualizaciones, intervenciones,
transferencias corrientes a familias que en estos tramos de la población
están especialmente necesitadas.

Por tanto, si me permiten y con moderación, expresaré mi opinión de que
al menos en lo que ha sido la defensa que ambos grupos han hecho de sus
enmiendas de totalidad, yo no acabo de alcanzar a entender las razones
para pedir la devolución al Gobierno. En el caso concreto de Izquierda
Unida con mucha más razón, puesto que su parlamento se ha iniciado con la
afirmación cierta de que éste es un presupuesto en el que por primera vez
en las Cámaras en muchos años podemos estar discutiendo los Diputados un
conjunto de programas que han sido plenamente consensuados con sectores
sociales que Izquierda Unida siempre ha defendido que eran un elemento y
una referencia de legitimación de las políticas sociales, y este Título y
esta Sección gozan, yo creo, en sus términos fundamentales, de un
amplísimo consenso de las organizaciones sindicales, de las
organizaciones más representativas de los pensionistas, etcétera. Por
tanto, cabría esperar de Izquierda Unida que hubiera hecho una serie de
enmiendas parciales, lo que nos hubiera ahorrado este trámite de debate
de devolución al Gobierno.

En cuanto a sus enmiendas parciales aprovecho para decir, sobre todo en
relación a la que ha sido objeto de mayor dedicación, la que se refiere a
un incremento de la ayuda a la protección a la familia, que podemos estar
perfectamente de acuerdo con ustedes, señor Peralta. No hay ninguna duda
de que en España hay un amplio camino que recorrer para que nuestra dosis
de protección social a la familia sea más elevada. El problema, señor
Peralta, que ayer comentaba con algún otro Diputado de su Grupo, es que
ustedes son perfectamente conscientes, como lo somos nosotros, de que la
Seguridad Social ha pasado ya tres ejercicios económicos ciertamente muy
preocupantes. Estos días conocemos también los Diputados el cierre de la
cuentas y balances del año 1993. Han sido años dramáticos para el
equilibrio financiero de la Seguridad Social y se han tenido que sujetar
las propias finanzas de la Seguridad Social a un ejercicio de rigor
verdaderamente importante. Solamente el mantenimiento de los compromisos
ya adquiridos con anterioridad ha supuesto obligaciones enormemente
gravosas que han llevado, como tenemos ocasión en estos mismos
presupuestos, a tener que acudir a préstamos del Estado en cuantías muy
importantes y que un día la Seguridad Social tendrá que devolver. Por
tanto, la Seguridad Social no está en este momento en condiciones de
asumir otro objetivo que el de su propia consolidación, el de dar
seguridad a los actuales beneficiarios con los programas que son
importantes, entre otros los del mantenimiento de la capacidad
adquisitiva de las pensiones, que nos obliga a dedicar más de 400.000
millones adicionales cada año solamente a este programa. Nos parece
sumamente importante que Izquierda Unida reflexione que una manera de
tutelar, como yo creo que sí pretenden tutelar, el equilibrio de la
Seguridad Social es en el día a día y no incrementar los compromisos más
allá de lo que razonablemente el propio sistema puede en este momento
atender.

Hay muchas cosas que hacer en España, pero habrá que ir haciéndolas poco
a poco; habrá que ir haciéndolas, sobre todo, a medida de que podamos ir
disponiendo de recursos suficientes, y es evidente que los presupuestos
de 1995 de la Sección 60 no pueden soportar una mayor capacidad de gasto
para diversos programas. Hoy se ha referido S. S. al de la protección a
la familia, pero ayer otros compañeros de su grupo se referían en el
Título IV a otro conjunto de elementos que posiblemente están pendientes
de solucionar, pero que no es éste el momento, puesto que la Seguridad
Social encuentra con dificultad el equilibrio entre los ingresos y las
obligaciones que tiene que atender.

En todo caso, señor Peralta, no quiero terminar sin decirle que al Grupo
Parlamentario Socialista mucho le agradaría --y creo que ya tenemos una
cierta aproximación a Izquierda Unida en lo que son las definiciones
globales de la política de protección social en España-- que se retirara
esa enmienda de totalidad puesto que, en el fondo, no hay un programa
alternativo de Izquierda Unida, todo lo más que hay son pequeñas
modificaciones que pueden ser objeto de este tipo de debates y de
enmiendas parciales, pero no de enmiendas de devolución al Gobierno.

Por último, señor Presidente, cómo no, merece una consideración especial
la intervención del señor Aparicio, que ha hablado como portavoz del
principal Grupo de la oposición. También hubiera deseado que el señor
Aparicio nos hubiera ilustrado con algún mayor grado de precisión en
cuanto al porqué pretenden la devolución de estos programas, por qué
pretenden dejar huérfana a la Cámara de esta parte sustancial de la Ley
de Presupuestos del Estado cuando todos los Diputados hemos oído que no
hay un programa alternativo.

Ayer hubo un debate importante en el Programa más importante de esta
Sección, que eran las pensiones, y efectivamente ya tuvimos ocasión de
demostrar --no reiteraremos los argumentos-- que el Partido Popular no
tiene un programa alternativo en gastos. Las posiciones de su máximo
portavoz, su Presidente, se limitaban a decir que este año lo más que
podía hacer en gastos la Seguridad Social era el mantener la capacidad
adquisitiva de las pensiones, pero no introducir ningún componente
obligacional nuevo.

Por tanto, parece difícil --y en eso ha sido inteligente el señor
Aparicio-- sostener una devolución del Título y de la Sección al Gobierno
por una política alternativa de gastos. El ha intentado establecer de una
manera bastante confusa y contradictoria alguna posición diferencial con
nuestro Grupo en la vertiente del ingreso. Pero yo creo, señor Aparicio
que, como en el refrán, el parto de esa montaña al final ha sido un
ratoncito, un ratoncito de medio punto en la rebaja de las cotizaciones
empresariales a la Seguridad Social. Luego ya llegaremos a este elemento.

En realidad, el señor Diputado ha gastado mucho tiempo, muchos adjetivos,
muchas energías, en descalificar la rebaja de un punto en la cotización
empresarial diciendo que era ineficaz, que era simbólica, que era
realmente insuficiente para hacer lo que había que hacer en España, y
luego, a la hora de la verdad, cuando se termina la literatura, llega a
concretar para el ejercicio de 1995 un punto y medio, de modo que es un
simbolito sobre el símbolo. Bien es cierto que no



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mantienen esta posición, porque luego el discurso va a adornado de toda
una serie de afirmaciones para una parte de la galería, a la que luego me
referiré.

Ha discurrido después el discurso del señor Aparicio acerca de hechos
sobre los que yo tengo la obligación de reconstruir la verdad en este
momento. La gestión de la Seguridad Social la ha calificado de ineficaz
sin aportar ni un solo dato para soportar ese juicio de valor. ¿Cómo
puede el señor Aparicio decir que hay una gestión ineficaz cuando hoy la
Seguridad Social, tras esta larga década de Gobierno socialista, gestiona
con la mitad de recursos con que gestionaba hace doce años en España? Hoy
gestiona con cerca de 4.000 funcionarios menos de los que había en 1982
en la Seguridad Social (en 1982 había 37.000 y en este momento hay
34.000), a pesar de que entonces la Seguridad Social gestionaba 2,4
billones de pesetas y hoy gestiona 10,8 billones de pesetas, a pesar de
que la Seguridad Social entonces tardaba siete y ocho meses en reconocer
las pensiones y hoy tarde días. ¿Cómo puede el señor Aparicio,
sensatamente, hablar de gestión eficaz cuando nuestro país, que no está
precisamente a la cabeza de los países de la Unión Europea prácticamente
en ninguna «ratio», en lo que es atenciones respecto al producto interior
bruto, sin embargo es el país de la Unión Europea que menos dedica a
gastos de administración de su sistema de protección social? Estamos a la
cabeza en la Unión Europea en cuanto a eficacia en la gestión, en cuanto
a eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Cómo puede, señor Aparicio, decir eso y, si no, que lo diga el señor
Núñez que le acompaña. Le reitero un argumento que le dije al señor
Núñez: la Seguridad Social, hoy, tiene menos altos cargos que tenía hace
una década en España; ningún Secretario de Estado, menos directores
generales, menos subdirectores generales. En definitiva, señor Aparicio,
ese es uno de tantos latiguillos que ustedes usan buscando quizá
titulares, buscando impactar a la opinión pública, pero que no tiene
ninguna apoyatura en datos que puedan ser demostrados ni en éste ni en
ningún otro trámite.

Dice que hay mucho fraude en la Seguridad Social y el señor Aparicio sabe
exactamente igual que yo que en todos y cada uno de los ejercicios se van
incrementando las actividades, las iniciativas, las unidades y que este
año el propio presupuesto de la Seguridad Social, las unidades de
recaudación ejecutiva van a incrementar y van a sacar fruto de un
programa que cuesta muy poco dinero, pero que ingresa en la Seguridad
Social 70.000 millones de pesetas y son cifras que se van aplicando cada
año a lo largo de esa última década.

Usted conoce exactamente igual que yo que la Seguridad Social tiene menos
morosos que la banca pública en España, que resiste cualquier comparación
con cualquier entidad pública o privada que se dedique a iguales
menesteres. En otros trámites e incluso otros diputados de su Grupo que
hoy se sientan cerca de usted, no han tenido ningún empacho en reconocer
justamente lo contrario: que si por algo se podía calificar la gestión de
la Seguridad Social era por ser una gestión eficaz y modélica.

También se ha referido, de una manera inconexa en cuanto al fondo de la
cuestión, a temas procedimentales que reiteradamente le han sido
explicados al señor Aparicio por los responsables no solamente de la
Seguridad Social, sino de la propia Intervención del Estado.

Siguen ustedes confundiendo y dicen que no tienen claro las cuentas de
relación entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el INEM o
entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Instituto Nacional
de la Salud. Es un problema suyo, señor Aparicio. Tienen ustedes que
volver a releer esa comparecencia de altos cargos, donde se les ha
explicado «ad nauseam», cómo funciona la Seguridad Social, cómo exige,
precisamente por el principio de unidad de caja, que la Seguridad Social
sea, de alguna manera, el banquero del conjunto del sistema de la
Tesorería General de la Seguridad Social. Tiene unas cuentas que no es
que no estén en los Presupuestos, sino que ahí están las cuentas de 1993
que han sido presentadas ya cerradas e intervenidas y ahí aparecen
absolutamente todas las posiciones deudoras y acreedoras. Día a día se
van manteniendo en función de las necesidades de cada una de las
entidades gestoras, pero el hecho de que sean extrapresupuestarias no
quiere decir que no estén controladas, no quiere decir que enmascaren
ningún déficit. Todas, absolutamente todas las posiciones de
insuficiencia de financiación que puede haber en cualquier entidad
gestora de la Seguridad Social luce y termina por lucir. Lo que ocurre es
que tienen que acudir a los capítulos oportunos de los presupuestos para
que en ellos luzca. Y hay que decirle que no tenemos inconveniente en
manifestar que en este momento tenemos una necesidad de financiación,
prevista para el año 1995, de 405.000 millones de pesetas que está
perfectamente explicada y expresada en todos los documentos, en la
memoria, en el informe económico-financiero. Lo tiene todo a su
disposición.

No cabe por ello, en un tema de esta relevancia, dejar en el ambiente,
más o menos, la creencia de que las cifras no son claras, son confusas,
de que hay algo oculto. No hay nada oculto y lo sabe el señor Aparicio y
si no lo sabe es porque no se ha dedicado a estudiarlo a fondo, porque
tiene usted todos los datos en su poder, y en ningún caso justifica la
devolución al Gobierno.

Pero voy a entrar en lo que creo que es --más allá de esas pequeñas
enmiendas, que algunas de ellas son al Inserso y que serán contestadas
cuando llegue la correspondiente sección-- relevante, sin contestar
afirmaciones, incluso algún reto que ha señalado el señor Aparicio a
nuestro partido y a nuestro Gobierno. Y quiero empezar por decirle, señor
Aparicio, que si tienen ustedes alguna duda de que nosotros podamos hacer
un uso electoral o frívolo, según sus palabras, de cuál es la posición
del Partido Popular en estas pensiones, tienen el camino expedito para
eliminar cualquier tentación que pudiéramos tener. Y yo le voy a decir
cuál: señor Aparicio, cesen ustedes en sus ambigüedades y en hacer algo
que también han vuelto a intentar otra vez en estos Presupuestos. Cesen
ustedes en sus ambigüedades, en primer lugar, y dígannos con claridad,
porque aún no lo sabemos --y yo soy un lector, no apasionado porque su
literatura no me apasiona, pero sí ocupado en leer la literatura que
produce el Partido Popular--, dígannos ustedes definitivamente no
solamente los nombres



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que ponen a cada uno de los niveles de la Seguridad Social, sino las
características de cada uno de los niveles. Dígannos ustedes, hoy o
cuando quieran, además de decir que va a haber un nivel universal,
profesional y complementario, si quieren que ese nivel profesional --que
es el quid de la cuestión-- siga siendo público; si ustedes quieren que
siga siendo el que sustituya las rentas de activo en una calidad parecida
a la que hoy tiene nuestro sistema, con unas técnicas de reparto, de
solidaridad como la que hoy hay en el sistema o ustedes están por lo que
acabamos de oír en la Asamblea del Fondo Monetario Internacional, de que
ahí tiene que entrar la gestión privada, o ustedes están por lo que dice
la patronal española --y ya lo discutiremos en el Pleno del Congreso de
los Diputados-- de que hay que ir a una pensión de tasa uniforme en el
sector profesional y que el resto debe ir a la iniciativa privada. O
dígannos ustedes si están o no de acuerdo con los expertos que nos han
llevado a la Comisión y a la Ponencia que estudia la reforma de la
Seguridad Social que siguen defendiendo estas tesis, o de personas que
firman manifiestos de apoyo al Partido Popular y que están manteniendo en
la prensa especializada en la prensa generalista opiniones de quiebra del
sistema y de que hay que ir a una privatización del plan profesional.

Dígannoslo ustedes. Si ustedes tienen el coraje de decir que no están de
acuerdo con esas cosas, al menos tendrán la legitimidad para decir que
cesen nuestras ambigüedades porque habrán cesado las suyas, que son las
que justifican las nuestras; que cesen nuestras dudas, porque yo me
espero cualquier cosa del Partido Popular. ¿Sabe lo que me espero? Lo que
sea más útil electoralmente para el Partido Popular (Rumores.), pero, al
menos, den ustedes la cara ante los sectores económicos, ante los
sectores de opinión, ante los sectores académicos que están con ustedes,
que ustedes dejan que estén en la opinión pública drenando el criterio de
la crisis, de la quiebra, de la perversión del sistema público, sin una
palabra de rechazo del Partido Popular. Suba usted a la tribuna del
Congreso de los Diputados la próxima semana y diga que don José María
Cuevas no tiene razón en las Tribunas de Opinión que ha escrito en el ABC
el mes pasado. Diga usted que el Partido Popular no tiene nada que ver
con la patronal española, porque, al menos, de esa manera podríamos saber
a qué atenernos.

Cesen ustedes, por último, señor Aparicio, en esa otra manera, más
taimada, de destruir el sistema público de Seguridad Social, que consiste
en pedir, como han pedido este año, como vienen pidiendo todos los años,
cada vez más obligaciones y cada vez menos ingresos para la Seguridad
Social. Luego lo tamizan, luego nos quedamos en medio punto, pero la
verdad es que ustedes en la campaña electoral decían que iban bajar ocho
puntos las cotizaciones a la Seguridad Social y ocho puntos de bajada son
1,6 billones de pesetas. Y como ustedes no quieren incrementar el déficit
del Estado por razones evidentes, porque si incrementamos el déficit del
Estado vamos a incrementar los tipos de interés y el paro y vamos a
destruir la economía española, si le quitan a la Seguridad Social 1,6
billones de pesetas no tienen más remedio que entrar con la tijera en las
pensiones públicas para igualar y equilibrar los presupuestos de la
Seguridad Social. Ya parece que se han arrepentido de lo que decían hace
unos meses; ya no son ocho puntos, sino cinco, y, al mismo tiempo, dicen:
Pero en tres años. ¿En qué quedamos, señor Aparicio? ¿Cuántos son, cinco
u ocho? ¿Y cuándo son: ya, para que no sea simbólica la medida, o dentro
de tres años? Tiene usted la palabra, señor Aparicio. No le quepa la
menor duda, para terminar, de que al Partido Socialista le interesaría
muy mucho, no sólo con el Partido Popular, que representa a una parte y
no la más importante de la sociedad española, sino con el conjunto de los
partidos que hay en esta Cámara, que en su conjunto sí representamos a la
sociedad española, llegar a un consenso de mantenimiento del sistema
público de protección social, y estaremos encantados de conseguir ese
consenso con ustedes. Lo que no sabemos es si ustedes están en
disposición de dar los pasos suficientes para que este consenso se pueda
producir.




El señor PRESIDENTE Por un error, que no sé si se debe a la Presidencia o
al Grupo Parlamentario Vasco, no ha hecho uso de la palabra en el turno
anterior el señor Gatzagaetxebarría. Si le parece a S. S., yo le daría la
palabra ahora para que, ya en un solo turno, cumpla los dos, el inicial y
el de réplica.

Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Simplemente para conocer cuál era la
posición del Grupo Socialista, porque no he tenido ocasión de escuchar la
intervención de su portavoz y, por tanto, no reproduciría la defensa que
ha hecho el representante de mi Grupo en el momento en que yo estaba
ausente. Unicamente era conocer la opinión del Grupo Socialista, por si
procede la réplica o no.




El señor PRESIDENTE: Quizá pueda complementar S. S. la postura del Grupo
Socialista con la expresada por el señor Cercas y el segundo turno al que
habrá lugar al final de esta deliberación.

Tiene la palabra el señor Moragues para defender la posición de su Grupo
en relación con la Sección 19.




El señor MORAGUES GOMILA: Muy brevemente, en cuanto a la Sección 19,
porque todos los Grupos han pasado casi de puntillas sobre el debate de
la totalidad de la Sección, para presentar las tres enmiendas que
mantiene el Grupo Socialista a los presupuestos de Trabajo, la 426 y la
427, referidas al Consejo Económico y Social, que son dos enmiendas de
carácter técnico, y la enmienda 428, para aumentar la partida 231 del
programa 612 de locomoción, para que quede constancia en el «Diario de
Sesiones».

En cuanto a las intervenciones que han hecho los distintos Grupos acerca
de las enmiendas presentadas, creo que nos encontramos, como cada año, en
una presentación y un planteamiento formal de las mismas para derivar el
debate al Pleno. Evidentemente, las razones que han presentado los
distintos Grupos para la defensa de sus enmiendas han sido tan mínimas
que imposibilitan que el Grupo Socialista pueda plantearse un debate
mínimamente constructivo en relación a ellas. De todas formas, en el



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Pleno tendremos oportunidad, como digo, de mantener un debate más en
profundidad sobre lo planteado por los distintos Grupos. No les quepa
duda, de todas formas, a SS. SS. de que el Grupo Socialista está abierto
en las próximas semanas a discutir en profundidad, bilateralmente con
cada uno de los Grupos, el mantenimiento o la aceptación de las distintas
enmiendas presentadas.

En cuanto a una cuestión muy concreta que ha presentado el señor Aparicio
relativa a la enmienda 1.473, que ha sido la única a la que ha hecho
mención especial, sí querría decirle que, en cuanto a los presupuestos
acerca del programa 322 A, de fomento y gestión del empleo, en relación a
la integración laboral del minusválido, el mantenimiento de la rúbrica
472, en lugar de la 453 que demanda el Grupo Parlamentario Popular,
estando de acuerdo seguramente en la filosofía que se destila de la
enmienda, se debe a no haber resuelto aún el traspaso competencial
abierto por la Ley 9/1992, correspondiente a los traspasos de
competencias a las distintas Comunidades Autónomas. El Grupo Socialista
está dispuesto a apoyar este cambio de artículo que presenta el Grupo
Popular, pero en el momento en que los Reales Decretos de traspasos sean
un hecho y, por tanto, se pueda traspasar del artículo 45 al 47 esta
partida o las que haga falta para poder potenciar en este caso concreto
la integración laboral del minusválido.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Aparicio tiene la palabra.




El señor APARICIO PEREZ: Tal vez por seguir también en una línea de
cortesía y ver algo positivo en la intervención del señor Cercas, me
alegra que haya algún elemento excepcional de autocrítica, tal cual es el
olvido que se había formulado en el proyecto de la existencia de
autónomos y de expectativas de autoempleo. Pues vaya por delante que nos
alegra que, por una vez, y espero que no sea la última, se reconozcan
errores palmarios, como el que creo que puede subsanarse, entiendo que
parcialmente, si se atiende alguna enmienda de la oposición.

Usted ha intentado, puestos a hablar de metodología y de clásicos, decir
una vez más: Yo estoy en una posición intermedia entre Izquierda Unida y
el Partido Popular. Permítame que le diga que empiezo a percibirle no ya
intermedio entre Izquierda Unida y el Partido Popular, sino simplemente
fuera de la realidad, porque aquí es muy fácil decir: «Como nosotros
estamos sociológica y políticamente entre...» Pues da la casualidad de
que bien sabe que hay discrepancias profundas entre todos los Grupos, y
las habrá sin duda alguna entre Izquierda Unida y el Partido Popular, y
creo que tendrán su plasmación en las votaciones que a continuación se
produzcan, pero ya le digo de antemano que no cabe asignarse
gratuitamente un posición. Eso es puro voluntarismo. Al final tiene que
haber unos hechos que, insisto, avalen las declaraciones programáticas.

No se han cuestionado en nuestras enmiendas, y usted lo sabe, los
aspectos en los cuales se da el caso de acuerdo con los agentes sociales,
ni se ha querido ni se va a querer nunca perturbar ese diálogo. A lo
mejor la diferencia es que ustedes, sin embargo, tienen una larga
trayectoria de frustrar acuerdos con los agentes sociales, y me remito a
lo que ustedes entendían que eran las grandes claves programáticas para
esta legislatura. Ustedes sabrán, hablando del parto de los montes, si lo
que han obtenido es el gran acuerdo social al que hacía mención en la
última campaña electoral, la que dio lugar a esta legislatura, y el
balance que pueden presentar a fecha de hoy, y ustedes sabrán si eso es
calificable como el parto de los montes o de otra manera, a lo mejor, más
dulce, pero está usted en su derecho de hacer voluntarismo antes que
sustentar sus afirmaciones.

¿En qué hemos hecho hincapié? En qué, desde esa visión global del sistema
de protección social, del que no cabe segregar la protección sanitaria,
sobre todo en la estructura actual, si a algo hemos asistido en las
comparecencias de los altos cargos no ha sido a explicaciones «ad
nauseam»; permítame que le diga que a lo que hemos asistido es a peloteo
«ad nauseam». No ha habido un alto cargo --y si lo hace usted yo me quito
el sombrero político en este momento--, ningún responsable en su
administración capaz de explicarnos cuál era la programación concreta de
devolución de casi un billón de pesetas que puede alcanzarse a finales
del año 1995. Si ha sido tan «ad nauseam», tan clara y sucinta la
explicación, no tendrá usted inconveniente en repetirla en este trámite,
si usted me dice cómo y cuándo está prevista la devolución de esas
cuantías. Si usted no es capaz de dar esa explicación, no tengo otra
alternativa que pensar que lo único que se busca es un aplazamiento o un
enmascaramiento de una cantidad que sí lastra y pone en riesgo --no voy a
adjetivar, para que no diga usted que soy catastrofista-- la estabilidad
financiera que usted pretende defender.

Cambie el chip, hablando de informática, y le voy a decir por qué. En la
última campaña, si usted recuerda, permanentemente nos hablaban de que no
teníamos programa alternativo ni implantación territorial, especialmente
en alguna Comunidad Autónoma. Todos estamos reflexionando sobre algunos
resultados electorales bien próximos. Valore usted quién avanza en
programas alternativos y en implantación territorial y valore usted quién
retrocede en planteamientos alternativos, en imaginación de gobierno y en
implantación territorial. Creo que tiene los datos bastante frescos y
bastante recientes. Refresque su memoria; le digo que a lo mejor un
problema de este tipo de planteamientos tan reiterativos o de alguna
manera ya tan repetidos durante muchos años es que se olvidan de sus
cosas. ¿Me quiere decir usted en qué programa electoral del año 1982
figuraba una reducción de veinte puntos de cotización de Seguridad
Social? ¿O quiere que bajemos a la biblioteca y le diga en qué programa
electoral del Partido Socialista Obrero Español se contenía esta
afirmación? ¿Quiere usted que le recuerde cuáles fueron las
recomendaciones? Se lo digo con toda franqueza.

Ustedes en el año 1986, también como consecuencia de un debate sobre
economía irregular y sumergida, pidieron a quienes ustedes entendieron
oportuno desde el Gobierno, y sin duda ninguna personas de una alta
cualificación académica y científica, recomendaciones y remedios para el



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paro en España y para la contención de la economía sumergida. Cosa bien
distinta es que no les hayan hecho ni caso, pero en aquel informe, en el
capítulo --comprendo que la palabra es conmiserativa-- de remedios, se
proponía una reducción energética de las cotizaciones empresariales a la
Seguridad Social, se proponía una contención en sus límites de la presión
fiscal y en concreto en impuestos como el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas. Lo tiene usted a su disposición en la biblioteca del
Congreso. Mire, por ilustrar con algún tipo de cifras, que parece que
también son necesarias para dar mayor convicción a las afirmaciones, le
daré algún ejemplo de crecimiento. Usted habla de una reducción que he
entendido sería de unas tres mil o cuatro mil personas en la Seguridad
Social. Se compensa más que ampliamente con las modificaciones habidas en
el Inem, que ha pasado de 5.800 personas a 15.900 en el mismo período.

Supongo que esto le servirá para ver si estamos en plano de eficacia o
no.

Crecimiento burocrático. ¿Recuerda usted que había una dirección general
capaz de gestionar las mismas competencias que el Inserso? Ahora ya tiene
Ministerio e hijuela. Y no es que me parezca mal, en términos absolutos,
que se le dote del rango adecuado y que tenga una especificidad el órgano
administrativo que haya de entender de estas materias, pero no quiera
hacer los dos discursos de que simultáneamente han racionalizado y han
reducido. No sé si han racionalizado, pero es claro que no han reducido.

Decía que España ocupa distintos puestos en los «ranking» europeos. Para
mí el más triste es que estamos en un puesto excepcional en desempleo, en
paro. Ese es el «ranking» verdaderamente preocupante para mí y el núcleo
final de lo que hoy estamos tratando. No concibo un sistema de protección
social que no entienda como la más eficaz protección social proporcionar
empleo a los españoles que no le tienen. Me parece que es una reducción
inadecuada limitar la protección social a nuestra tercera edad, a
nuestros grupos sociales con dificultades y no entender que la mejor
protección social es la consecución de empleo a quien hoy no lo tiene. Lo
otro es una visión muy propia de su ideología, pero que olvida algo
fundamental. Hoy por hoy, insisto, la mejor forma de protección social, y
compartiríamos derechos de autor su Secretario General y quien en este
momento le habla, es crear empleo. Y en esto no me negará que las cuentas
no cuadran.

Quisiera hacer dos afirmaciones que me han resultado simpáticas; y se lo
digo con cordialidad. Posiciones del Fondo Monetario Internacional. Quien
pertenece al Fondo Monetario Internacional, y que yo vi aplaudiendo en
sus secciones, es el señor Solbes. No me pareció ver por allí a ningún
responsable del Partido Popular y no he visto que posteriormente el señor
Solbes, como consecuencia de alguna indignación, haya presentado su
renuncia a participar en dicho foro. Luego algo más implicados estarán
ustedes en las posiciones del Fondo Monetario Internacional que lo que
puede estar un grupo de oposición de esta Cámara. Además, no he visto
ninguna reacción.

Y perdóneme que le pregunte finalmente ¿quién ha creado la inquietud en
la sociedad española sobre la viabilidad del sistema de protección social
a medio y largo plazo? ¿No tendrá algo que ver el señor Ministro de
Economía y Hacienda? ¿No tendrán algo que ver algunos directivos del
actual Gobierno con sus extrañas recomendaciones o con su extraño
lenguaje de ida y vuelta en lo que puede ser la viabilidad del sistema?
¿O es que aquí no ha hablado nadie? ¿Por qué lateraliza o intenta
unilateralizar esta cuestión en el Grupo Popular, que precisamente ha
mantenido una actitud de prudencia para no crear esa desazón, para no
crear esa inquietud y para no agravar la actual situación española? Esto
sí que es la auténtica técnica y frase muy repetida por usted, dado
también a poner en mi boca frases que yo no he pronunciado, de tirar la
piedra y esconder la mano.

Particularmente creo que es bueno que haya acuerdos con los agentes
sociales. Hasta ahora desde el respeto y el afecto a don José María
Cuevas, que creo que está cumpliendo con el papel que la Constitución le
encomienda, de igual modo que lo pueden estar haciendo las centrales
sindicales --ahí sí que no discrimino--, admítame una cosa: hasta ahora,
quien ha llegado a acuerdos con el señor Cuevas son ustedes, firmados,
publicados y ratificados. Y, por cierto, en ocasiones incumplidos. Motivo
por el cual no me extraña que tampoco tengan buena disposición a alcanzar
nuevos acuerdos ni el señor Cuevas ni el resto de los agentes sociales.

Si ustedes hubiesen cumplido los acuerdos alcanzados con el señor Cuevas
y con el resto de los representantes de los agentes sociales, estoy
seguro que habría menos dificultad para el diálogo social. Luego no se
trata de que nos estemos lanzando a nadie contra nadie, y menos lanzando
contra representantes de una fuerza política, a quienes tienen un papel
bien distinto y bien definido en la propia Constitución española. Eso sí,
no me parece elegante tratar de utilizar o lanzar a ningún secretario
general de ninguna confederación sindical ni a ningún presidente de
ninguna confederación española de empresarios. Se lo digo con toda
tranquilidad. Eso contribuye muy poco, y se volverá contra ustedes, si
pretenden, y de corazón, alcanzar acuerdos. Supongo que usted le enviará
copias de sus intervenciones al señor Cuevas y con esto facilitará nuevos
acuerdos, de la misma manera que fracasaron en las últimas experiencias.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Puesto que la defensa de la Sección 60 la ha
hecho mi compañero de Grupo el señor Peralta, en la argumentación el
portavoz del Grupo mayoritario nos ha venido a decir que no es motivo una
enmienda de totalidad a la sección para hacerle pensar sobre la Seguridad
Social, porque las diferencias no son tan grandes, sino que debiéramos de
haber planteado la estrategia de presentar pequeñas enmiendas.

Yo le tengo que aceptar una cosa. Es cierto que estamos preocupados con
la realidad de la Seguridad Social y es cierto que nuestra preocupación
es porque ustedes se están moviendo más rápidos hacia las presiones que
le vienen de un sector que les condiciona la mayoría de Gobierno que



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de las presiones que les vienen de los que, por lo menos en el tema
pensiones, han llegado a un acuerdo. Ayer le discutía el tema de las
pensiones y su revalorización. Hoy podríamos hablar de la protección al
desempleo, del Inem, de la regulación y la reforma de la ILT y podíamos
hablar de otra serie de modificaciones que, en lugar de esperar al
acuerdo de la ponencia, han sido modificados en la propuesta de Gobierno
y van a ser modificados en la discusión de los presupuestos sin esperar a
esas conclusiones globales.

Nosotros estamos dispuestos a llegar a conclusiones en esa ponencia, en
reformar, para consolidar, el sistema de la Seguridad Social,
consolidarlo para garantizar un estado de bienestar, pero no para
desmontar prestaciones de un estado de bienestar o para introducir, por
ejemplo, lo que le decía ayer de la reducción de la cotización sin
plantearse el conjunto. Usted me tendrá que aceptar que es un parche
decir que hemos reducido un punto la cotización a la Seguridad Social,
exactamente 0,8 para las empresas y 0,2 para los trabajadores, y que ha
solucionado el régimen. Para usted todo su centro es que 1993 ha sido un
año complicado para la Seguridad Social a nivel de equilibrio de ingresos
y gastos, pero las medidas que nos traen no solucionan el problema.

Precisamente incrementan la transferencia que va a hacer el Estado por
una reducción de la cotización.

Todos estos elementos, no abordar el tema de la financiación que da
inseguridad, no abordar el tema de la protección de desempleo, hacer una
velocidad rápida para el tema de la ILT, que compartimos que hay que
luchar contra el fraude y compartimos que hay que abordar la reforma de
la ILT, pero la propuesta que nos viene es que al trasladarlo hacia las
mutuas, por decisión de los propios empresarios, va a ser un proceso de
vaciar la Seguridad Social hacia las mutuas o la privatización, y sería
otra realidad distinta. Estas limitaciones son las que nos ha planteado,
en lugar de ir a discusiones puntuales, porque en muchas de las cosas
estamos de acuerdo en su conjunto.

Le acepto, señor Presidente, y con esto termino, que no es un problema de
devolver el monto de los billones que supone la Seguridad Social, no es
ese el planteamiento, sino la reflexión que necesitamos para ver cómo
administramos esos recursos y cómo garantizamos elementos que son puntos
de partida. A nosotros nos gustaría traerles la idea de que no estamos en
unos puntos máximos de un sistema de Seguridad Social desarrollado,
estamos en un incipiente estado de bienestar social que debemos ampliar,
mejorar y consolidar, también regular y reformar, pero para mantener
planteamientos que signifiquen un incremento el día de mañana ya son
niveles de bienestar que hoy todavía no hemos alcanzado, aunque hemos
avanzado en los últimos años.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), tiene la palabra el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Para aclarar un error que he cometido en la
intervención anterior cuando he dicho que teníamos viva una enmienda, que
era la 860, a la Sección 19. Me equivoqué. Es la 876, que ya defendimos
en su momento.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, del
Grupo Parlamentario Vasco.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Nuestro Grupo tiene una única
enmienda a este título, que damos gran importancia, puesto que pretende
adecuar la cotización del régimen de Seguridad Social del Mar a la
situación que padece el sector pesquero español y que esperamos que sea
analizada detenidamente y con especial mimo por parte del Grupo
parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Por Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Solamente para dar por defendidas las
enmiendas del Grupo de Coalición Canaria, porque ya argumenté en mi
intervención anterior respecto a la otra sección sobre la base del
Régimen Económico y Fiscal, y como la argumentación es la misma, las
damos por defendidas.




El señor PRESIDENTE: Señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Señor Presidente, mantenemos todas las
enmiendas que hemos presentado los integrantes del Grupo Mixto a este
Título VIII y a esta Sección 19.




El señor PRESIDENTE: Señor Cercas.




El señor CERCAS ALONSO: Con mayor brevedad y ciñéndome exclusivamente a
los asuntos que han sido controvertidos en los turnos de réplica,
empezaré por decirle al señor Ríos que ningún problema habría si el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida atemperase la producción de sus
enmiendas a su propio discurso. Usted ha hablado de consolidar hoy el
sistema de Seguridad Social y ha dicho literalmente: y el día de mañana
podremos intentar ampliarlo. Pues muy bien, señor Ríos: el día de mañana.

Pero este presupuesto es un presupuesto de consolidación presupuestaria;
por tanto, podríamos perfectamente estar en la misma posición, y creo que
sería más coherente por su parte el retirarlo, ya que el argumento de las
mutuas me tiene que aceptar S. S. que es bastante extravagante, puesto
que se refiere a otra ley que no es la ley de presupuestos, que va en una
ley de acompañamiento que discutirá la Comisión de Economía el próximo
jueves. De modo que este argumento, desde luego, no tiene nada que ver
con la devolución de esa sección y de este título. Lo único que le
quedaría sería esa última argumentación, a la que ayer ya le contesté y a
la que usted no me replicó, porque sabe que tengo razón, y es que la
rebaja de un punto de la cotización de la Seguridad Social, en contra de
su tesis, no desequilibra para nada la viabilidad del sistema
contributivo de pensiones, porque es cierto que hay 204.000 millones
menos



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de ingresos en el sistema contributivo, pero no es menos cierto que,
simultáneamente, se ha eliminado una obligación de igual cuantía en
cuanto a la financiación de la asistencia sanitaria. De modo que el
equilibrio continúa exactamente igual que antes de la rebaja de un punto.

Y aprovecho para decirle, por si eso le tranquiliza, que es posición de
nuestro Grupo, y en eso nos diferenciamos del Partido Popular, que
cualquier esfuerzo adicional que se pudiera hacer en la dirección (y que
es positivo, y a ello me referiré después) de descargar a nuestras
empresas de parte de los costes sociales tiene una restricción y un
límite, y es que ello no puede poner en cuestión el equilibrio del
sistema de pensiones. Pero cuando hubiera oportunidad, bien porque
mejoraran sustancialmente las cifras de la Seguridad Social, o bien
porque tuviéramos otros elementos de compensación como los que hemos
previsto en esta ley de presupuestos, por supuesto que esto caminaría en
el sentido (que además creo que también interesa a Izquierda Unida) de
conseguir, de una u otra manera, que nuestras empresas sean más
competitivas, que haya más generación de empleo en el país.

El problema es que, efectivamente, no podemos poner en peligro el
equilibrio del sistema, y eso se consigue en esta ley de presupuestos,
porque se baja un punto en la cotización a la Seguridad Social y en igual
cuantía se exonera de una obligación de financiar prestaciones de
carácter universal.

En cuanto al señor Aparicio, tengo que empezar por poner en sus justos
términos una verdad que es incontrovertible, y es que usted ha falseado
un dato que está en todas las bibliotecas y en todos los textos que se
pueden consultar de aquellos años. Se lo digo porque yo fui uno de los
autores, precisamente, del borrador del programa electoral del Partido
Socialista el año 1982, y en ningún caso en ese programa electoral se
dijo que se iba a rebajar la cotización de los empresarios a la Seguridad
Social en 20 puntos; falso de toda falsedad. En aquel programa electoral
se prometió, y se cumplió, rebajar un 20 por ciento la cotización
empresarial a la Seguridad Social, y se hizo la rebaja correspondiente de
puntos. No 20 puntos, señor Aparicio, un 20 por ciento en el tipo, y se
hizo en aquella legislatura, se hizo. Y no solamente se ha hecho en
aquella legislatura, sino a lo largo de todo el Gobierno socialista,
porque estamos preocupados por ese tema. Pese a que, en términos reales,
la Seguridad Social hoy necesita utilizar tres puntos del PIB, que es una
cantidad verdaderamente importante, superior a la de aquel año de 1982,
sin embargo, la presión contributiva que sufren nuestras empresas hoy es
inferior a la de 1982 en términos de PIB; no solamente en términos de
puntos, de cotización, no solamente en términos porcentuales de cómo se
financia el sistema de Seguridad Social, sino incluso en términos de PIB.

De modo que aquel compromiso se cumplió y se ha mantenido.

Pero, señor Aparicio, no tiene argumentos. Yo lamento mucho que, a una
mano tendida que yo le he lanzado en mi primera intervención, a un
intento sincero y leal de que usted tuviese una tribuna, incluso para
ponernos contra las cuerdas, diciendo: ustedes están haciendo un uso
abusivo de cuál es la posición del Partido Popular, usted, señor
Aparicio, no ha hablado de la posición del Partido Popular; el señor
Aparicio ha hablado del señor Solchaga, del señor Solbes, del Banco
Mundial, de nuestra posición ante la comisión de expertos del Ministerio
de Trabajo, pero no nos ha dicho exactamente qué les lleva a ustedes a
proponer en la última campaña electoral una reducción de ocho puntos en
la cotización de la Seguridad Social. ¿Cómo pueden ustedes decir tamaña
barbaridad, cuando simultáneamente están diciendo que van a descender el
déficit público del Estado al mismo tiempo que van a mantener la
protección social? Usted ha tenido la oportunidad de decirlo y no lo ha
hecho, y ha ido usted, por tanto, generando toda una serie de columnas de
humo para seguir en la ambigüedad, y tengo que salir al paso de una de
ellas.

Ha utilizado usted, de una manera torticera, la referencia que yo he
hecho a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y a su
presidente. De nada vale traer a colación un disenso importante que hay
entre esa Confederación y nuestro Partido --como ha habido disenso entre
nuestro Partido y otras organizaciones de las sociedad civil-- para decir
por ello que yo poco menos que he estimatizado al señor Cuevas y que le
he hecho reo de no sé cuántas maldades. ¡No, señor Aparicio! Yo
simplemente digo muy claro y muy alto que en este tema no estamos el
Partido Socialista y el Gobierno socialista de acuerdo con lo que ha
expresado el señor Cuevas en tribunas de opinión. Y yo le he dicho a
usted que me diga si S. S. está de acuerdo en este tema con el señor
Cuevas, y
S. S. no me ha contestado. Y éste es un tema nuclear, no por el señor
Cuevas, sino porque él ha explicitado cuál es la posición del
empresariado español respecto al nivel profesional de pensiones en
nuestro país. Y usted no me contesta a esa pregunta. De modo que usted no
tiene ninguna legitimidad para decir que nosotros levantamos sospechas
sobre la auténtica voluntad política del Partido Popular, porque cuando
le damos la oportunidad no la aprovechan, y me atengo a sus palabras, y
créame, señor Aparicio, que si, por parte de usted o incluso de personas
más relevantes que usted en el Partido Popular, estas cosas se aclararan,
cesarían inmediatamente los interrogantes, no las imputaciones, que
nosotros no hacemos imputaciones, sino simplemente nuestra posición
política, que tiene que ser, en un tema de este calibre, exigirles a
ustedes, que se proclaman alternativa de gobierno, que, en un asunto de
este calibre, digan a la sociedad española, a los empresarios españoles,
cuál es su posición, y ésa es una pregunta, señor Aparicio, que mientras
no la respondan les seguiremos haciendo, porque en ello va, y mucho, el
bienestar de los españoles.




El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Diputados, podemos someter a
votación las enmiendas resultantes de las deliberaciones tenidas hasta el
momento y después de las votaciones ayer por la noche.

Como informé a SS. SS., la Mesa y la Presidencia han decidido tener
sesiones continuadas al mediodía y nocturnas, siempre que vayamos
desfasados en relación con el horario previsto, que es la situación en
que nos encontramos en este momento. La Mesa también es sensible a que,
sobre todo, señorías de grupos con menor número de Diputados,



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han estado sometidos a un programa de trabajo grave que ha terminado ayer
a las dos de la mañana y que se ha iniciado hoy a las nueve y media. Si a
SS. SS. les parece, una vez que hayan finalizado las votaciones que ahora
vamos a realizar, suspenderíamos la sesión por tres cuartos de hora para
que SS. SS. repararan fuerzas y la reanudaríamos ya en la sala de
Columnas, en la que nos reunimos ayer. ¿De acuerdo, señores Diputados?
(Asentimiento.)



El señor SANZ PALACIO: Señor Presidente, solicitaríamos tres minutos para
poder ordenar las votaciones.




El señor PRESIDENTE: Lo tendrán ustedes. (Pausa.)
Vamos a comenzar las votaciones que, después de la experiencia de anoche,
espero que resulten más ordenadas.

Quiero informar a SS. SS. que el Gobierno ha contestado formalmente a las
enmiendas sometidas a su consideración por la Mesa de la Comisión en
cuanto que entrañaban aumento de gastos o disminución de ingresos. El
Gobierno ha dado su opinión favorable a que todas las enmiendas sean
consideradas, debatidas y votadas por la Comisión. Habrá que reconocer
esa generosidad del Gobierno, porque entre Gobierno y generosidad suele
haber una cierta contradicción. (Risas.) Cualquier Gobierno.

Señoras y señores Diputados, contribuiremos mucho mejor al orden de las
votaciones si yo indico las enmiendas que se ponen a votación, pero
encomendamos al Letrado, que trabajosamente y espero que muy bien ha
recogido las posiciones de todos los grupos, que indique el grupo de
enmiendas que se someten en cada caso a votación.

En primer lugar, vamos a someter a votación las enmiendas del Partido
Popular al Título V. El Letrado irá diciendo los distintos bloques de
enmiendas, indicando cuál es el origen de ese agrupamiento y si ha sido
pedido por el propio Grupo proponente, o por otros grupos.




El señor LETRADO: En relación con las enmiendas del Grupo Popular al
Título V, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida solicita votación
separada de la enmienda 951.




El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 951 del Partido Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 21; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas del Grupo Popular al
Título V corresponde a las número 952, 953, 955, 956, 957 y 959.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este grupo de enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 23; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas lo constituye las
número 954, 958, 960 y 961.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este grupo de enmiendas del
Partido Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: La última enmienda del Grupo Popular al Título V es la
962.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 962 del Grupo
Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 22; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas del señor Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto.




El señor LETRADO: Aquí corresponde hacer dos bloques de votaciones. En
primer lugar, la enmienda número 31.




El señor PRESIDENTE: Enmienda número 31 del señor Chiquillo, del Grupo
Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 24.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: El siguiente bloque lo constituye las enmiendas 32 y 33
del señor Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación estas enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 24.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: La siguiente enmienda es la número 300, del Grupo
Vasco.




El señor PRESIDENTE: Enmienda número 300 del Grupo Parlamentario Vasco,
PNV.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: La siguiente enmienda es la número 540, del Grupo de
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor PRESIDENTE: Enmienda 540, del Grupo Parlamentario de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sometemos a votación la enmienda 440, de Coalición Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación corresponde votar el texto del Título V, ya que no ha
habido incorporación de ninguna enmienda.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 16; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a las enmiendas correspondientes a la Sec-ción 6.ª



El señor LETRADO: Hay una sola enmienda que corresponde al Grupo
Parlamentario Popular, que es la número 1.071.




El señor PRESIDENTE: Votamos la enmienda 1.071, del Grupo Parlamentario
Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20; abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el texto de la Sección 6.ª, de conformidad con el informe de la
Ponencia y el proyecto del Gobierno.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 15; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pasamos a votar las enmiendas al Título VI presentadas por el Grupo
Parlamentario Popular.




El señor LETRADO: En primer lugar, se pueden votar, salvo criterio en
contrario, las enmiendas números 963 y 1.824, del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas números 963 y
1.824, del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas del Grupo Popular
estaría formado por las enmiendas números 964, 965, 967, 968, 969, 971,
972, 973, 974, 975, 976, 978 y 979.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas del
Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 23; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas estaría formado por las
números 966, 970 y 977.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas del
Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas serían las restantes
presentadas por el Grupo Popular al Título VI, cuyos números serían los
siguientes: 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 1.214,
1.825, 1.826 y 1.827.




El señor RIOS MARTINEZ: Pido votación separada de las enmiendas 1.825 y
1.826.




El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas 1.825 y 1.826, de acuerdo con
la solicitud del señor Ríos, que corresponden al Grupo Parlamentario
Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 21; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las restantes enmiendas leídas por el Letrado correspondientes al
Grupo Parlamentario Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Vamos a someter a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.




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El señor LETRADO: El primer grupo de enmiendas serían las números 541,
542, 560 y 562.




El señor COSTA CLIMENT: Señor Presidente, solicito que la enmienda 562
pase al siguiente bloque de enmiendas; o sea, votación separada en un
primer bloque de las números 541, 542 y 560.




El señor LETRADO: Hay que votarla separadamente porque hay otro grupo que
tiene un sentido diferente de voto.




El señor PRESIDENTE: Aceptamos la posición del señor Costa, pero
simplemente segregando de este bloque la enmienda que él ha indicado.

Así pues, sometemos a votación primeramente las enmiendas 541, 542 y 560,
del Grupo de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos seguidamente la enmienda 562, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 34; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: El siguiente bloque de enmiendas incluiría, salvo
criterio contrario, las números 543, 544, 545, 550, 557, 558, 559 y 561.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: El siguiente bloque de enmiendas es el constituido por
las números 546, 547, 548, 549, 551, 552, 553, 554, 555, 556 y 563.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 34; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: El siguiente bloque de enmiendas correspondiente al
Título VI son del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).

Están retiradas las 853, 855, 856, 859, 860 y 861. Hay una petición del
Grupo Popular de votación separada de la 854.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 854, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37;
abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sometemos seguidamente a votación las enmiendas 857 y 858, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, tres; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: El siguiente bloque de enmiendas al Título VI
corresponde al Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y hay que votar todas
separadas porque no coincide ningún Grupo en su manifestación. La primera
es la 301.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 301, del Grupo
Parlamentario Vasco (PNV).




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 23.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 302.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 37.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 303.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 304.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Ha habido empate. De conformidad con el Reglamento
es rechazada, puesto que los grupos que se han opuesto suponen la mayoría
de la Cámara.

Votamos la enmienda número 305.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 306.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 25.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 307.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 308.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 309.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 24.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda 310.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada, porque los grupos que están en
contra suponen mayoría de la Cámara.

Votamos la enmienda 311.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 312.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 34.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: Salvo error, podrían votarse juntas las enmiendas 313 y
314.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 313 y 314.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 23; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Las siguientes enmiendas corresponden al Grupo
Socialista, números 402, 403 y 404.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, solicito votación separada de
las enmiendas 402 y 403 en un bloque y la 404 sola.




El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas números 402 y 403, del
Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda número 404, del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Vamos a votar ahora la enmienda número 441, del Grupo de Coalición
Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votación de la enmienda número 4, del Grupo Mixto, señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 34, del Grupo Parlamentario Mixto, señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 24.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 35, del señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 23; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 36, del señor Chiquillo.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 23; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: Las siguientes enmiendas, que son las últimas al Título
VI, corresponden al Grupo Mixto, señora Rahola.




El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas 258 y 259, de la señora
Rahola.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Las siguientes enmiendas de la señora Rahola, que
podrían votarse juntas, son la 260, 262 y 263.




El señor PRESIDENTE: Votación de las enmiendas 260, 262 y 263.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 23;
abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda 261, del Grupo Mixto, señora Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Vamos a someter a votación el Título VI con las enmiendas que hemos
incorporado.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 19; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.




El señor LETRADO: Pasamos al Título VII. Enmiendas del Grupo Popular. El
primer bloque serían las números 990, 991, 992, 1.001, 1.003 y 1.004.




El señor PRESIDENTE: Votamos este bloque de enmiendas del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: El siguiente bloque serían las números 993, 994, 995,
996, 999, 1.000, 1.002 y 1.005.




El señor PRESIDENTE: Votamos este bloque de enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Son rechazadas por la mayoría a que se ha aludido en
distintas votaciones.




El señor LETRADO: El siguiente bloque está constituido por las enmiendas
997 y 998.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación estas dos enmiendas del Grupo
Popular.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 23.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: El siguiente grupo de enmiendas sería el
correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista. A petición del Grupo
Popular se votan separadamente las 405 y 406.




El señor RIOS MARTINEZ: Solicito información sobre las enmiendas 1.006 y
1.007, del Grupo Popular. No han sido votadas, por eso pregunto si han
sido retiradas.




El señor PRESIDENTE: Señor Aguirre, tiene la palabra.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Las enmiendas a las que se refiere el Grupo
de Izquierda Unida serán votadas en el trámite de votación de
adicionales.




El señor PRESIDENTE: Parece que se incluyen en el trámite de votación de
las disposiciones adicionales.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, observo que la enmienda 862,
de Convergència i Unió, es idéntica a la 405, del Grupo Parlamentario
Socialista. En ese sentido no sé si convendría la votación conjunta de
ambas enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Aclarada la cuestión que ha planteado el señor Ríos
y que, por tanto, estas enmiendas se votarán en el turno de las
disposiciones adicionales, pasamos a votar la enmienda número 405, del
Grupo Socialista, y la 862, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que
son idénticas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25;
abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmienda número 406, del Grupo Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39; en
contra, uno.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Las siguientes enmiendas corresponden a Izquierda Unida. Votamos la
número 564.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 34; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: Se pueden votar conjuntamente las enmiendas 565 y 568.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas números 565 y 568.




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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 20; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: El siguiente bloque corresponde a las números 566, 567,
569, 570 y 571, de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Las siguientes enmiendas corresponden al Grupo de
Coalición Canaria. Serían las números 442, 443 y 444, que se votarían
separadamente a petición del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Votamos las citadas enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas por la mayoría de los dos grupos
que han votado en contra.

Votamos la enmienda 445, de Coalición Canaria.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, catorce.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 37, del señor Chiquillo, del Grupo Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda 274, de la señora Rahola.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 34; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: Las siguientes enmiendas corresponden al Grupo
Parlamentario Vasco. La 313 se ha votado con el Título VI, con lo cual
corresponde votar la 315.




El señor PRESIDENTE: Votamos dicha enmienda.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmiendas números 863 y 864, del Grupo Catalán.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Son aprobadas por unanimidad.

Sometemos a votación el título con las enmiendas incorporadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Enmienda 1.811, a la sección 32, del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 23; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, las enmiendas de Izquierda Unida a la sección 32, que se
pueden dividir en dos bloques.

Enmienda 826.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 34; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El siguiente bloque serían las enmiendas de Izquierda Unida números 827,
828, 829 y 830.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 20; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

La siguiente enmienda es de Coalición Canaria, la número 484.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Sometemos a votación la sección.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 18; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 33. Enmiendas de Izquierda Unida números 831 y 832.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 34; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda del señor Chiquillo, del Grupo Mixto, número 106.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 34.




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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Ahora corresponde votar la sección 33.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, cinco; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Título VIII. Enmiendas del Grupo Popular 1.006 y 1.007.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20; abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista número 407.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda 865, de Convergència i Unió.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, seis; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Enmienda número 316, del Grupo Parlamentario Vasco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda del Grupo Mixto, señora Rahola, número 273.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 20; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos el texto del Título VIII, con las enmiendas incorporadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 16; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Sección 60. Se pueden votar en un solo bloque las enmiendas números
1.813, 1.814, 1.815 y 1.816, del Grupo Popular.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en
contra, 20; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Corresponde votar ahora las enmiendas de Izquierda Unida números 833,
848, 849, 850, 851 y 852.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Sometemos a votación la Sección 60.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 17; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 19. Votamos las enmiendas del Grupo Popular números 1.471, 1.472,
1.473 y 1.474.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 23; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 426, 427 y 428.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 38;
abstenciones dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida números 783, 784 y
785.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 34; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmiendas de Coalición Canaria números 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465
y 466.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Enmienda número 876, del Grupo Catalán.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Enmienda número 92, del señor Chiquillo, Grupo Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente votamos las enmiendas del Grupo Mixto, señora Rahola, números
269 y 270.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en
contra, 20; abstenciones, 19.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




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Queda votar la Sección 19, con las enmiendas incorporadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 16; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada la Sección 19.

Suspendemos la sesión, que se reanudará a las tres de la tarde en la sala
de columnas.




Eran las dos y veinte minutos de la tarde.




Se reanuda la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señorías, vamos a iniciar el
debate de esta tarde con las disposiciones adicionales, transitorias,
finales y anexos al texto del proyecto de ley de presupuestos para 1995.

Hay disposiciones que ya han sido defendidas por algunas de SS. SS., por
lo tanto no es necesario que vuelvan a insistir y deben darlas por
defendidas. En todo caso, quedan ahora para discutir y debatir aquellas
otras que no hayan tenido correlación con los títulos que antes se han
debatido. De esta manera, creo que podremos ahorrarnos un cierto tiempo,
ya que, aunque no vamos tan mal, tampoco sería malo que lo mejorásemos en
lo que se refiere al debate de esta tarde.

En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor
Aguirre, para la defensa de las enmiendas que permanecen sin debatir.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Como muy bien ha señalado la Presidencia, en
este trámite el Grupo Popular ya ha defendido, con los títulos
correspondientes del articulado, alguna de las enmiendas adicionales,
transitorias y finales y en este turno vamos a proceder a la defensa de
las restantes. Para ello vamos a hacer uso de la palabra tres miembros de
este Grupo: don Manuel Núñez, don Rafael Hernando y yo mismo.

Hechas estas precisiones iniciales, señor Presidente, en el turno que voy
a consumir voy a intentar defender aquellas enmiendas que están
relacionadas, a nuestro entender, con el control del presupuesto.

Como SS. SS. conocen, existe desde hace tiempo el debate sobre cuál es
exactamente el déficit de las administraciones públicas. Es un debate en
el que prima por encima de todo el objetivo de convergencia con Europa y
de definir con claridad cuál es ese déficit para no volver a incurrir en
el expediente que nos han abierto y en el que hasta se ha llegado a
discutir en Bruselas cuál es el montante real de ese déficit. Sin el afán
de poner en ello crítica sino, por el contrario, luz, mi Grupo
Parlamentario solicita, en una disposición adicional nueva, que en 1995
el Gobierno presente a la Cámara una auditoría completa de la situación
actual de las cuentas públicas, con el objeto de identificar el déficit
real de las administraciones públicas. Tema importante sería, una vez
identificado este déficit, recoger en esta auditoría la deuda contraída
por las administraciones públicas con los contratistas y con los
proveedores, y al mismo tiempo proponer un plan especial para la
cancelación de esta deuda. En consecuencia, creemos que es prioritario
que esta auditoría se lleve a cabo.

De manera adicional, el Grupo Popular cree también que, como se ha puesto
de relieve en los últimos trámites de la ejecución presupuestaria, el
Parlamento no sólo debe controlar la ejecución presupuestaria con
carácter general. Todas SS. SS. conocen las tres comparecencias que el
Gobierno hace para el control de la ejecución presupuestaria, previo
informe del Ministerio de Economía y Hacienda. A petición del Grupo
Popular, en 1994, por primera vez, en el mes de septiembre, se ha puesto
en marcha un conjunto de comparecencias de los responsables del
presupuesto en cada Ministerio, al objeto de hacer un seguimiento y
control de la ejecución presupuestaria, por programas, funciones,
económica y orgánica, con el fin de visualizar cuáles son las
modificaciones presupuestarias realizadas para hacer posible, como dice
la enmienda, el seguimiento completo y exhaustivo del presupuesto por las
Cortes Generales. Nosotros queremos ampliar el control de la ejecución
presupuestaria no sólo a las grandes cifras del presupuesto, sino
descender al detalle de cada departamento y cada ministerio.

Creemos que ésta es una enmienda, señores de la mayoría, que va a gozar
--por lo menos así lo esperamos-- de su confianza y de su voto favorable
por cuanto ya en trámites anteriores han apoyado esta iniciativa y no
vemos argumento en contra para que, de alguna manera, hagamos periódica
esta comparecencia de los distintos ministerios para controlar la
ejecución de su presupuesto.

Sin lugar a duda, el Grupo Popular tiene que defender, como viene siendo
ya habitual desde hace cinco años, en cinco presupuestos, la puesta en
marcha de la Oficina parlamentaria de seguimiento y control
presupuestario, que tiene que servir para el asesoramiento técnico de los
órganos de la Cámara en materia presupuestaria, que tiene que servir para
el soporte del control continuado de los presupuestos, que tiene que
servir para informar a los diputados, y especialmente a los miembros de
esta Comisión, de la documentación que se recibe en la Comisión, de la
tramitación, de la aprobación y ejecución de los presupuestos, y de las
actividades parlamentarias que tengan repercusión en los ingresos y
gastos públicos; igualmente, tiene que ser una oficina que facilite
previamente a los diputados las documentaciones que afecten a cada
comparecencia. La oficina presupuestaria, como SS. SS. conocen,
constituye un instrumento valioso de información y asesoramiento para el
desempeño de las funciones de control encomendadas a los parlamentarios.

La oficina presupuestaria, como conocen SS. SS., ya fue aprobada en la
disposición adicional vigésima de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de los
Presupuestos Generales del Estado para 1990, y nunca ha sido puesta en
marcha ni se han adoptado las medidas presupuestarias que faciliten la
dotación para la constitución de la misma. Por esta razón, creemos que
sería un gran avance para el seguimiento y el control presupuestario que,
de una vez por todas, los presupuestos contemplaran la dotación,



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tanto económica como humana, para hacer posible esta oficina
presupuestaria.

Para completar lo que es un paquete de medidas adicionales para el
control del presupuesto, habría que cumplir la promesa del Ministro
Solbes. Como saben SS. SS., el Ministro, señor Solbes, en su última
comparecencia por vía de interpelación de este Grupo, en el mes de
septiembre, a contestación de preguntas del Grupo Popular, se comprometió
a que, a finales de 1994, iba a entrar en esta Cámara un nuevo proyecto
de la Ley General Presupuestaria. Nosotros confiamos en que ese
compromiso del Ministro, señor Solbes, se lleve a cabo, pero, en todo
caso, por si existe alguna dificultad de calendario, quisiéramos que
gozara de su aprobación, señores de la mayoría, en consecuencia con el
anuncio del señor Solbes, que, como mínimo, en el primer trimestre de
1995 ese nuevo proyecto de Ley General Presupuestaria entrara en esta
Cámara. Esa nueva Ley General Presupuestaria tendría que dar una atención
principal al tratamiento en lo que a ampliaciones e incorporaciones de
crédito se refiere, en lo que a las transferencias de crédito entre
capítulos y secciones se refiere. Nos parece que en este trámite ayer
dimos un avance importante con la aprobación de la enmienda en la que se
impide que se vuelvan a repetir las transferencias entre el capítulo IV,
para atender gastos en tendencia creciente, y el capítulo II, por lo que
quisiéramos que el espíritu de esta enmienda y todo lo que está detrás,
se tradujera en un proyecto de Ley General Presupuestaria nueva. Sin
lugar a dudas, este nuevo proyecto de Ley General Presupuestaria tendría
que contener, como no podía ser de otra manera, las recomendaciones que
respecto a la Ley General Presupuestaria ha realizado el Tribunal de
Cuentas en sus sucesivos informes y las que este Tribunal ha realizado en
materia de contabilidad. Sería bueno que esta Ley General Presupuestaria
pusiera, de una manera definitiva, punto y final a las discrepancias que
existen entre los criterios de contabilidad del Tribunal de Cuentas y del
propio Gobierno, fundamentalmente para orientarnos y poder proyectar a la
Unión Europea toda una homogeneización en la contabilidad nacional y que
no existieran, ni se pudieran a volver a repetir, estas discrepancias que
permanentemente se están poniendo de manifiesto entre los criterios de
contabilidad del Ministerio y los criterios de contabilidad del Tribunal
de Cuentas.

Junto a estas cuatro medidas, auditoría, ejecución y seguimiento del
presupuesto por ministerios, Oficina parlamentaria, nuevo proyecto de Ley
General Presupuestaria, habría que introducir también un nuevo proyecto
de ley reguladora de la Intervención General de la Administración del
Estado; nuevo proyecto que encuadrara, funcional y jerárquicamente, la
Intervención General de la Administración del Estado en una adscripción
más adecuada a la que actualmente se encuentra y en que, de alguna
manera, procuráramos, en el contenido de la nueva ley reguladora, el
restablecimiento y control previo de los gastos.

Para cerrar este paquete de enmiendas de control presupuestario, sin
lugar a dudas, hay que plantear, como hacen nuestras enmiendas, una nueva
reforma de funcionamiento del Tribunal de Cuentas; una reforma que
estuviera encuadrada o, por lo menos, dirigida a lo que en su momento han
establecido los diferentes pronunciamientos de este Tribunal en cuanto a
la capacidad que tiene el mismo para atender y hacer un seguimiento,
control y fiscalización de las cuentas del Estado. Se trataría de
potenciar la función fiscalizadora del Tribunal, tanto en lo que se
refiere a su valoración de la gestión pública, como en la propuesta de
medidas para la mejora de la misma, así como su función jurisdiccional en
exigencia de las correspondientes responsabilidades ante el menoscabo de
los caudales públicos.

Señorías, cediendo en este punto de mi intervención el turno a mi
compañero don Manuel Núñez, siempre con la venia de la Presidencia, doy
por defendido el conjunto de las enmiendas en el punto de adicionales,
transitorias y finales, a excepción de las que en los siguientes turnos
defiendan, como he dicho, mi compañero Manuel Núñez y don Rafael
Hernando.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Al comenzar el debate del Título III, dejamos para
la defensa en este turno de disposiciones adicionales, finales y
transitorias las enmiendas 1.038, 1.046 y 1.047, que se refieren, de
manera más clara y concreta, a la reducción del gasto público. En breves
minutos trataré de defenderlas y de solicitar el voto favorable para las
mismas.

Como en años anteriores, el Grupo Parlamentario Popular presenta una
batería de enmiendas con la finalidad última de contribuir a la
moderación del gasto corriente en bienes y servicios y de la burocracia
por la vía de reducción de altos cargos, organismos obsoletos, puestos
directivos innecesarios y determinadas compensaciones incompatibles con
las exigencias de moderación e incluso de pérdida de poder adquisitivo
para el conjunto de los empleados públicos y amplios sectores de
destinatarios de prestaciones sociales. De todas ellas, señor Presidente,
sólo me referiré a las que afectan al gasto de funcionamiento, puesto que
las demás han sido presentadas a la llamada ley de acompañamiento que
debatiremos en Comisión el próximo jueves.

Las enmiendas en cuestión, repito, son la 1.038, la 1.046 y la 1.047, y
proponen nuevas disposiciones adicionales. En su defensa quisiera decir
lo siguiente. Primero, el pasado día 24 de octubre solicitamos la
comparecencia del señor Ministro de Administraciones Públicas para que
informase a la Cámara sobre la incidencia que el capítulo de gastos en
bienes corrientes de los Presupuestos Generales del Estado debe tener en
la reducción del déficit público. Le recordé al señor Ministro, y lo
recuerdo ahora, que la segunda fase del plan de modernización presentado
por el señor Ministro en abril de 1993 subrayaba como línea de actuación
estratégica la del ahorro y contención del gasto corriente, lo cual venía
a ser un claro reconocimiento de la política derrochadora del Gobierno en
estos últimos doce años. Recordé también declaraciones del señor Ministro
para las Administraciones Públicas en esta Cámara y del señor Solbes a
los medios de comunicación, concretando



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en miles de millones el esfuerzo de austeridad que haría el Gobierno en
estos presupuestos que estamos debatiendo.

Sin entrar en una guerra de cifras, señalaré sólo la promesa del señor
Solbes puesto que, según él, el Consejo de Ministros del día 16 de
septiembre aceptó su propuesta de reducir en 150.000 millones de pesetas
los gastos de los Ministerios para adaptar el proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 1995 a la nueva realidad impuesta, entre otras
cosas, por el agravamiento de la tasa de inflación de agosto, cuando
registró una subida del 0,6 por ciento. El ahorro logrado, continúa el
señor Solbes... (Rumores.) No sé quién me va a contestar, porque me da la
sensación de que no se están enterando de lo que estoy diciendo.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Núñez, procuraremos que se
enteren y yo creo que la contestarán adecuadamente este Grupo y cualquier
otro.




El señor NUÑEZ PEREZ: De acuerdo, señor Presidente. Como somos tan pocos,
los rumores se notan más.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Pero los parlamentarios tenemos
oído largo, señor Núñez.




El señor NUÑEZ PEREZ: Me parece bien. Yo, desde luego, lo tengo, por eso
les estaba escuchando.

El ahorro logrado --continúa el señor Solbes-- se distribuirá en una
mayor cantidad para hacer frente al coste de la deuda pública y el resto,
más de 100.000 millones de pesetas, para rebajar la cifra del déficit
público. Pues bien, la pregunta que hicimos al señor Ministro, en la
comparecencia del 24 de octubre y la que ahora volvemos a hacer al Grupo
Parlamentario Socialista es la siguiente: ¿dónde figuran en los
Presupuestos estos propósitos de austeridad en lo que a reducción de
gastos de funcionamiento se refiere? En ningún sitio.

Por eso nuestras enmiendas pretenden que figuren, no sea que se trate de
un simple olvido del Gobierno, al que necesitamos poner remedio. Por eso
la enmienda 1.046 supone una rebaja razonable y posible al capítulo II.

Dicho capítulo comprende, como saben SS. SS., el presupuesto de gastos
corrientes en bienes y servicios del Estado, organismos autónomos,
Seguridad Social y entes públicos.

El Gobierno, en los últimos ejercicios presupuestarios ha gastado siempre
mucho más de lo que figuraba en el Presupuesto inicial dentro del
capítulo II. Por tanto, lo primero que conviene demostrar son estas
desviaciones presupuestarias. Los datos son los siguientes. La dotación
inicial en 1993 fue de un billón 7.202 millones de pesetas, la
liquidación fue de un billón 141.854 millones. En 1994, la dotación
inicial fue de un billón 113.567 millones y la previsión de liquidación
es de un billón 274.623 millones, como señala exactamente el Libro
Amarillo de presentación de los Presupuestos.

La dotación inicial prevista para 1995 es de un billón 111.410 millones,
la liquidación no la sabemos, pero podemos sospechar que será, como
siempre, muy superior.

El Gobierno, al hacer la presentación del proyecto de Presupuestos
Generales del Estado para 1995, se atreve a calificar estos Presupuestos
de restrictivos porque el capítulo II experimenta una reducción del 0,2
respecto del Presupuesto inicial de 1994. Este ridículo esfuerzo de
austeridad que, al final del año 1995 no se habrá cumplido, no tiene nada
que ver con el serio esfuerzo de reducción del gasto en este capítulo que
contribuye a la reducción del déficit público de manera consistente. Y
tampoco tienen nada que ver con las promesas de reducción del gasto que
hicieron, tanto el Ministro de Administraciones Públicas --como antes
reseñé--, como el señor Ministro Solbes a la salida del Consejo de
Ministros del día 16.

La enmienda dice exactamente lo siguiente: Durante el ejercicio
presupuestario de 1995 no podrán autorizarse gastos corrientes en bienes
y servicios con cargo al capítulo II que en el conjunto de presupuestos
del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social y entes públicos
superen los 889.127 millones de pesetas. A tal fin, el conjunto de gastos
con cargo al capítulo II de cada uno de los servicios y organismos
autónomos de los departamentos ministeriales, de la Seguridad Social y de
cada uno de los entes públicos, no podrán sobrepasar el 80 por ciento de
la respectiva consignación.

Se autoriza al Consejo de Ministros --para que no se nos acuse de querer
hacer una reducción lineal y a ojos cerrados-- para llevar a cabo el
reajuste de las diferentes partidas de gastos del capítulo II en cada uno
de los servicios y organismos autónomos en la Seguridad Social y en cada
uno de los entes públicos, sin que en ningún supuesto se rebase el límite
del 80 por ciento del total consignado en cada uno de ellos. En el
supuesto de que la limitación señalada en los apartados 1 y 2 impida
hacer frente a necesidades de gasto inaplazables con cargo al capítulo II
en alguno de los departamentos ministeriales y sus organismos autónomos
en la Seguridad Social o en alguno de los entes públicos, el Gobierno
recabará la autorización de las Cortes, debidamente justificada, para
rebasar el límite del 80 por ciento sin sobrepasar la dotación
inicialmente consignada y siempre que ello se lleve a cabo con la
correspondiente minoración de otras dotaciones del capítulo II, no
utilizadas y sin que en ningún caso se sobrepase, repito otra vez, el
total de 889.127 millones señalados en el apartado a) 1.

Por tanto, proponemos un ahorro de 222.282 millones de pesetas desde el
billón 111.410 millones de pesetas. Lo digo muy claro porque el señor
Ministro Solbes se ha defendido de esta enmienda diciendo que cómo vamos
a ahorrar esa cantidad si el importe del capítulo II para los ministerios
--no habla para nada del presupuesto consolidado-- es mucho menor. Según
él no llega a 500.000 millones, pero también se equivoca porque son
muchos más. En todo caso, damos la pista de que nuestra deducción es
desde el billón 111.410 millones de pesetas. El ahorro se destinaría,
como hemos dicho ayer al defender otras enmiendas, a subir pensiones
asistenciales, las pensiones de viudedad, a superar discriminaciones
entre pensionistas y a reducir el déficit presupuestario.




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Otra enmienda importante que también producirá sin duda ahorro de gasto
público es la 1.038, que propone lo siguiente: «Con carácter, al menos
anual, todas aquellas secciones que gestionen programas y medidas
relacionadas con el fomento o desarrollo de la economía productiva y el
desarrollo de la modernización de las administraciones públicas,
destinarán una parte de sus dotaciones al análisis y elaboración de
propuestas de mejora y simplificación de los procedimientos y métodos de
relación con la Administración así como de las restricciones a la
competencia sobre los principales sectores económicos, remitirán al
Congreso de los Diputados el resultado de este tipo de trabajos y la
información suficiente para valorar su aplicación. Tendrán carácter de
prioritarios a este fin, los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social,
Industria y Energía, Turismo y Comercio, Agricultura, Pesca y
Alimentación, Economía y Hacienda, y Administraciones Públicas.» Queremos
eliminar barreras innecesarias para el desarrollo de la economía
productiva y en las relaciones de los ciudadanos con las administraciones
públicas.

La otra enmienda se refiere sencillamente a que las consignaciones para
atenciones protocolarias y representativas, dentro de los límites
previstos, tendrán carácter global en cada Ministerio y sus organismos
autónomos, y su disposición requiera de la oportuna autorización del
responsable del centro directivo previa oportuna justificación. Es
claramente una medida de desarrollo prácticamente reglamentario de lo que
dice la disposición adicional, que recoge la enmienda 1.046, y que
contribuye al control del gasto, sin merma de la eficacia.

Por todas estas razones, señor Presidente, solicitamos la votación
favorable para nuestras enmiendas. En todo caso, las mantendremos para su
defensa en Pleno.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Hernando tiene la palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: Como manifestamos ayer al defender otra
enmienda al artículo 57, la Ley de Presupuestos Generales para 1995
contiene unas dotaciones para ayuda oficial al desarrollo repartidas
entre distintos programas y Ministerios, que asciende a unos 185.000
millones de pesetas.

Nosotros hemos presentado fundamentalmente dos enmiendas: una, que
defendimos ayer a través de los créditos FAD al artículo 57 y, otra, que
propone una nueva disposición adicional, que es la número 1.065, que
viene a completar la dotación que ayer solicitábamos al FAD mediante
dotaciones adicionales de 37.000 millones, con el fin de alcanzar los
240.000 millones, que es el compromiso parlamentario adquirido no sólo
este año sino también en noviembre de 1992, aprobado además en esta
Cámara por la mayoría de los grupos políticos, prácticamente por
unanimidad.

Lo que hemos querido, debido a la falta de cumplimiento de estos acuerdos
por parte del Gobierno, es presentar enmiendas para que estas dotaciones,
esta consecución del 0,35 fuera un objetivo real mediante partidas
concretas. Así, esta disposición adicional pretende esta dotación de
37.000 millones con cargo a la reducción de gastos en el capítulo II. Eso
nos diferencia, además, de otras enmiendas que han presentado otros
grupos políticos, en las que recurren a los créditos ampliables y, por
tanto, a incrementar el déficit público.

Nosotros creemos que esta figura de los créditos ampliables no es la más
adecuada, y que una consignación concreta permitiría, además, eliminar
arbitrariedades a la hora de incrementar las dotaciones previstas para la
ayuda oficial al desarrollo y eliminar, por tanto, el voluntarismo
dejándolo, como decía antes, en propuestas claras y concretas.

Por otra parte, nuestro Grupo ha presentado la enmienda 1.064, que es de
modificación, a la disposición adicional decimonovena, en la que
pretendemos que si se cumplen determinados objetivos, como son la
reducción del décifit público en España y que éste mismo no supere el 5
por ciento del producto interior bruto, que el Estado pueda remitir al
Congreso de los Diputados créditos extraordinarios por un total de
100.000 millones de pesetas. Esto cumpliría las aspiraciones no sólo de
numerosas organizaciones no gubernamentales que en este sentido se han
venido manifestando a lo largo de los últimos tiempos, sino que también
respondería a los criterios manifestados por los portavoces de los
distintos grupos políticos; manifestaciones que, por cierto, aparecen en
la prensa pero luego vemos que no se plasman en enmiendas concretas
presentadas a los Presupuestos Generales del Estado. Sobre esto sí
queríamos poner especial énfasis.

Estos días se está debatiendo en los medios de comunicación sobre la
enmienda del 0,5 del Partido Socialista, pero hay que decir que el
Partido Socialista no ha presentado ninguna enmienda a los Presupuestos
Generales del Estado en la que ni siquiera se valore la posibilidad de
conseguir ese 0,5 por ciento para programas de ayuda oficial al
desarrollo. Vaya por delante, además, que la ayuda oficial al desarrollo
no puede ser única y exclusivamente una responsabilidad en los
Presupuestos Generales. Creemos que esas dotaciones deben de ir
implementadas a través de cooperación descentralizada en los
ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Además, debe unirse la
iniciativa privada, porque España, señorías, es todavía el país de la
OCDE en el que menos dotaciones se dedican a través de la iniciativa
privada a la ayuda oficial al desarrollo. La Ley de Mecenazgo es un
mecanismo que juzgamos claramente insuficiente, y así lo manifestamos en
el Pleno, pero de alguna manera podría servir para dinamizar esta
iniciativa privada.

No obstante, quiero volver a reiterar que el Partido Popular, sensible
con la situación del Tercer Mundo, ha pretendido que estas dos enmiendas
fueran una llamada de atención y que estas dotaciones presupuestarias
quedaran plasmadas en enmiendas concretas a través de cargos a reducción
de gastos en otros capítulos, y no hacer cantos de cisne a través de
otras enmiendas presentadas por otros grupos.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Izquierda Unida,
tiene la palabra el señor Ríos.




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El señor RIOS MARTINEZ: Voy a defender las enmiendas a las disposiciones
adicionales, transitorias y finales.

Cuando el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya se ha puesto
a estudiar la propuesta del Gobierno y las dificultades que hemos
encontrado en algunas precisiones, hemos tenido que utilizar el camino de
la disposición adicional para actuaciones que, a lo mejor, no son tan de
disposición adicional, sino de previsión presupuestaria en cada una de
las secciones. La filosofía es ampliar la decisión y la actuación que
queremos conseguir con estos presupuestos y que el Gobierno los
desarrolle con posterioridad.

Las primeras enmiendas van dirigidas a añadir, dentro del seguimiento de
los objetivos de la disposición adicional primera, junto con lo que
pudiéramos llamar programas que van a ser de una especial aplicación, el
seguimiento de los objetivos propuestos, uno cual es el programa de
transferencias a comunidades autónomas y a entes territoriales. El
objetivo es garantizar también esa filosofía de los demás programas en
esta actuación del Gobierno.

La segunda enmienda, la 573, va dirigida a lo que pudiéramos llamar
financiación del acuerdo nacional sobre información continuada. Propone
la adición de un párrafo nuevo que pretende trasladar a las distintas
administraciones públicas el acuerdo nacional de formación continua, al
tiempo que se plantea la ejecución de un auténtico programa de formación
y reciclaje necesarios dentro de la Administración pública para
rentabilizar mejor los efectivos de que ahora mismo dispone.

La enmienda 574 propone la supresión de esta asignación que establece a
través de una disposición adicional, porque entendemos que nuestro Estado
debe ser laico y no confesional.

La enmienda 575, a la disposición adicional cuarta, propone añadir,
dentro de las modificaciones del régimen retributivo de los funcionarios,
al final del primer párrafo, una precisión que diga que la ampliación de
esta autorización se producirá de acuerdo con los resultados de la
negociación entre sindicatos representativos de la Función Pública y las
juntas de personal. ¿Por qué? Porque la relación con la Administración
pública no se puede despachar con un acuerdo entre las grandes
confederaciones, sino que tiene que ser una filosofía estable y
permanente en la actividad de los distintos órganos de la Administración.

Por tanto, la negociación colectiva debe estar presente para todas las
actuaciones que afecten a los empleados públicos de la Administración.

La enmienda 576 va dirigida a la disposición adicional sexta y pretende
elevar las prestaciones económicas de la Seguridad Social por hijo a su
cargo de 1.071.000 pesetas a 1.252.000 pesetas.

La enmienda 578, a la disposición adicional séptima, pretende modificar
el apartado 1 para poder recoger una obligación que data del año 1982 y
es que la actuación de integración social de minusválidos debe
equipararse al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional, que ya
era un objetivo a establecer a los diez años de aquella ley y que aún no
ha sido realidad. Proponemos añadir ese objetivo para que todos los
presupuestos lo recojan.

En la enmienda siguiente presentamos una distribución distinta al texto
del Gobierno, puesto que propone la cifra de 24.935 pesetas para el
subsidio de garantía de ingresos mínimos, cifra que es la misma en los
últimos tres años. Creemos que hay que cumplir aquella ley. Es verdad que
con posterioridad se ha producido una modificación legal que facilita que
las nuevas actuaciones de este tipo puedan optar a lo que pudiéramos
llamar una pensión no contributiva, pero mientras existan estas
asignaciones, estos subsidios, creemos que no se deben penalizar. Las
enmiendas proponen que las cuatro propuestas del Gobierno se incrementen
para equipararse al 50 por ciento del salario mínimo interprofesional que
teníamos al año 1994.

La enmienda 79 pretende añadir al final de esta disposición el requisito
de ingresos anuales no superiores a un millón de pesetas previsto en el
artículo 168 de la Ley General de la Seguridad Social. Hay que actualizar
ese requisito para cada uno de los que tienen la condición de
beneficiario.

La enmienda 570 pretende que las empresas de economía social, las que
pudiéramos llamar cooperativas y sociedades anónimas laborales, tengan, a
la hora de actuar el Gobierno, un tratamiento de discriminación positiva.

Es decir, que las bonificaciones fiscales, subvenciones y cualquier tipo
de ayuda que tengan las empresas en general se puedan incrementar para
las que tienen este carácter. El objetivo precisamente es ayudar a que
las empresas que están haciendo frente al mantenimiento de una actividad
productiva la puedan cumplir con el auxilio de la Administración.

Las enmiendas 581 y 582 van dirigidas a algo que tiene enmiendas de todos
los grupos: la disposición adicional decimonovena. Hay enmiendas del
Grupo Socialista, del Grupo Popular, de todos los grupos. Ayer
discutíamos los fondos de ayuda al desarrollo, los FAD. Pretende nuestra
enmienda que se adquiera el compromiso de que la cuantía destinada a los
proyectos que la disposición adicional decimonovena establece para ayuda
a los países del Tercer Mundo a través de las ONG, las organizaciones no
gubernamentales, sea equivalente al 0,5 por ciento del producto interior
bruto de nuestro país, es decir, 340.000 millones de pesetas, y que el
ejercicio 1996 se comprometa al 0,7 por ciento del producto interior
bruto.

Este es el compromiso que el Gobierno adquirió el año pasado, que se debe
ver reflejado en el texto del Gobierno. En todo caso, como hay otras
iniciativas, espero que se pueda producir el consenso a través de las
propuestas de los distintos grupos, o con esa llamada transaccional que
todavía no conocemos pero que parece que se está elaborando.

La enmienda 582 va dirigida a la constitución de ese consejo de
cooperación y ayuda al desarrollo y, sobre todo, a los criterios de
calidad de los proyectos que se deben establecer para la ayuda al
desarrollo. Es importante fijar una filosofía no de beneficiencia, sino
de solidaridad sobre las tareas de máxima necesidad para los países que
la reciben, no para nosotros desde aquí. Creemos que la ayuda al
desarrollo



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debe estar destinada a áreas de prioridad social, como son los programas
de educación básica, de atención médica primaria, de agua potable, de
planificación familiar, de nutrición, de electrificación rural, de
energía renovable, etcétera. Se trata de lo que podemos llamar caminar
para, de verdad, cumplir ese requisito de enseñarles a pescar, teniendo
peces el río, en lugar de regalarles el pez, aunque vaya congelado desde
aquí.

Este es nuestro objetivo. Hay una propuesta orientativa para que en este
año podamos llegar al 25 por ciento de estos fondos destinados a esas
actuaciones y, en el año 1996, al 40 por ciento. De todas formas, ya
veremos cómo evoluciona esta decisión.

La enmienda 583, que al igual que todas las demás que voy a defender,
señor Presidente, pretende la adición de nuevas propuestas, quiere
facilitar que haya una participación de las comunidades autónomas en la
fijación de los criterios de la distribución de los fondos de cohesión.

El criterio para poder territorializar no es solamente el de dar gestión,
sino el participar en las propuestas de nuestro Gobierno a la hora de
adjudicar estos recursos.

La enmienda 584 pretende ampliar los 5.000 millones de pesetas que
propone el Gobierno a 10.000 millones de pesetas, para destinar estos
5.000 millones de diferencia a los municipios de menos de 5.000
habitantes. Esto estaría destinado, a través de la disposición adicional
vigésima, a dotar lo que podríamos llamar infraestructuras locales de los
municipios más reducidos. Esta mañana hemos discutido en la sección
correspondiente también esta realidad.

En la enmienda 585 creemos que el dinero que se pueda obtener a través de
la gestión de recursos que ahora mismo tenga el Estado en distintos
organismos, como puede ser, Defensa (venta de cuarteles, solares,
etcétera) debe de funcionar con un criterio de caja única. No es un
dinero para que administre el Ministerio de Defensa en recursos que va a
obtener para destinarlos a políticas que él quiera establecer, sino que
hay que fortalecer el criterio de caja única, que ya defendíamos ayer
para otras actuaciones.

La disposición adicional nueva, que crea la enmienda 587, va encaminada a
cumplir el artículo 14 de nuestra Constitución y evitar la discriminación
por razón de estado civil, es decir, apoya lo que pudiéramos llamar
uniones efectivas de hecho con independencia del tipo de unión que se
establezca.

La enmienda 588 pretende ampliar los plazos y los benefactores de
indemnización en la disposición adicional decimoctava de la Ley de
Presupuestos del año 1990, ampliando, por tanto, las previsiones de los
plazos de edad que estaban fijados en esa ley y las posibles personas a
incorporarse a esa ayuda.

La enmienda 586 va dirigida a la realidad canaria para subvencionar el
fuel, para potabilizadoras y para la prima del transporte marítimo-aéreo,
que facilita esa realidad que ahora mismo tiene el archipiélago.

La enmienda 589 pretende atender a los pensionistas mayores de 80 años
que necesitan la ayuda de una tercera persona puesto que tienen escasos
recursos. Nosotros proponemos que haya un complemento de pensión porque
éste es un gasto añadido para estas personas que además de la edad,
tienen una dificultad, una limitación y necesitan la asistencia de
terceras personas. Es verdad que hay municipios que están realizando
políticas encaminadas hacia ello, pero todavía no se cubre el volumen de
personas que puede demandar esta ayuda.

La enmienda 590 pretende colocar las pensiones de los presidentes, ex
ministros o altos cargos al nivel que tienen las demás personas, los
demás trabajadores dentro de la Ley del IRPF. Pretendemos, por tanto, la
igualdad ante la ley.

La enmienda 591 va dirigida a la planificación plurianual de la
investigación y el desarrollo para usos civiles. Creemos que hay
investigación y desarrollo con unos recursos limitados pero hace falta
dar estabilidad, una visión plurianual para que las personas que se
pongan a realizar este trabajo tengan una garantía, no haya incertidumbre
en su actuación, al igual que también debiera de ser buena la
coordinación con las políticas autonómicas que, según sus estatutos de
autonomía, abordan las distintas comunidades autónomas. Esta medida sería
positiva y es bueno el que el Gobierno se comprometa, a través de esta
disposición, a regular para el próximo año estas actuaciones.

La enmienda 592 ya la he defendido, puesto que es el tema del fondo de
nivelación, en la discusión de los órganos territoriales. La idea de la
enmienda 593 se dirige a habilitar un crédito extraordinario (algo ha
hecho ya el Gobierno este año) para hacer frente al déficit de la
Sanidad, tanto de las comunidades autónomas como la del Estado, pero
creemos que hay un déficit acumulado histórico que en algunas comunidades
está saliendo a través de lo que son las decisiones de los Tribunales de
Cuentas; déficit histórico de algunas comunidades, como es el caso de
Andalucía, que debe ser tenido en cuenta. Es verdad que no puede ser
solamente para la Comunidad de Andalucía, debe ser para todas las que, al
revisarlos los Tribunales de Cuentas, así se lo vean necesario. Por
tanto, proponemos un crédito de 106.000 millones de pesetas para, en los
próximos cinco años, hacer frente a esta necesidad.

En la enmienda número 594 proponemos una nueva disposición para hacer
frente a las deudas existentes desde enero de 1995, a lo que pudiéramos
llamar préstamos concedidos por el extinguido Fondo Nacional de
Protección al Trabajo, a la vez que proponemos que se faculte al
Instituto Nacional de Fomento de la Economía Social para llevar a cabo
todos los trámites necesarios para hacer frente a esas deudas y a la
posible condonación de las mismas.

Nosotros creemos que es necesario hacer frente a la obligación de la
LOGSE y proponemos una disposición adicional con un crédito de 50.000
millones de pesetas, puesto que la financiación extraordinaria de esta
ley es hoy necesaria, porque en su día no tuvimos esa actuación
presupuestaria paralela que hiciese realidad lo que son los compromisos
de ley. Es decir, pretendemos caminar, por un lado, con lo que dice el
texto de la ley y, por otro lado, los recursos que el Estado pone. Con
esta actuación no creemos que se solucione todo, pero sí que se da un
paso para superar esos déficit y esas limitaciones que tiene el
desarrollo de la LOGSE.




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La enmienda 596 propone una nueva disposición adicional para la
modificación del tendido de las líneas eléctricas, telefónicas, de gas o
de cualquier otro servicio público, puesto que entendemos que no debe
haber un trato privilegiado de las compañías titulares de las líneas de
servicios públicos frente a los particulares
La enmienda 597 pretende superar el déficit del poder adquisitivo de los
empleados públicos durante los ejercicios 92, 93 y 94 y hacer frente a
eso en los próximos dos ejercicios, 95 y 96. Creemos que se puede
abordar, puesto que estamos en un año que puede haber un crecimiento de
nuestra economía.

Hay enmiendas que van dirigidas a propuestas concretas. La número 598
pretende introducir una nueva disposición adicional que contemple la
construcción de un tercer grupo térmico en la central de Aboño, en Gijón.

Esto significaría una dinamización para esa zona, puesto que podría
aportar, para la capacidad de producción de carbón en aquella región, esa
realidad productiva.

La enmienda 599 pretende que el Gobierno cumpla el requisito de presentar
el Plan Hidrológico antes de abordar actuaciones puntuales. La enmienda
600 va dirigida a obtener, por parte del Gobierno, el cumplimiento del
saneamiento de Gijón, suscrito por las distintas administraciones. Es
verdad que hay unas previsiones en la sección 17, pero no aparecen
especificadas y preferimos que figuren dentro de este compromiso.

Asimismo, igual que cuando hablábamos antes del desarrollo de la LOGSE,
proponemos en la enmienda 601 que en la política educativa del Gobierno
se tienda a la gratuidad de la enseñanza. Solicitamos que en la enseñanza
infantil y primaria, así como en la secundaria obligatoria, se camine a
la gratuidad de los libros, cosa que hoy en día todavía no lo es. Es
verdad que en la enseñanza primaria es reducido el costo, pero en la
enseñanza secundaria el valor es bastante alto.

Las enmiendas números 602, 603 y 604 intentan ampliar, por un lado, la
equivalencia de los efectos retributivos y los haberes reguladores de lo
que pudiéramos llamar de empleo militar. Es una actuación parecida a la
que dirigimos de una adición a la disposición adicional vigésima de la
Ley 4/1990. Por otro lado, está la idea de que el personal militar
retirado que hubiese prestado los servicios en la Administración Pública
también tenga una situación clara a su retiro.

La enmienda número 605 va dirigida a algo que está recogido pero no
desarrollado en el proyecto del Gobierno y es el Plan de empleo rural.

Nosotros creemos que hace falta incrementar los fondos de este plan para
acometer la mejora, la reforma y modificación del sistema del citado
plan. Estimamos que para este año la cuantía podría ser de 15.000
millones de pesetas y esa cifra existe a través de un acuerdo alcanzado
entre los sindicatos y la administración, acuerdos que deben concretarse
también en las propuestas presupuestarias.

Paso, señor Presidente, rápidamente a defender las enmiendas
correspondientes a las transitorias. La primera pretende suprimir la
disposición transitoria quinta puesto que creemos que debemos mantener la
filosofía de la oferta pública de empleo que establecía la Ley 30 del año
1984. En todo caso, si no se suprime, la enmienda número 607 pretende que
para esta actuación de oferta pública de empleo sea oída la junta de
personal o el comité de empresa laboral que represente a los trabajadores
de la Administración Central o del organismo correspondiente para hacer
realidad eso de la negociación colectiva que decía antes.

En la enmienda número 608 proponemos que el Gobierno envíe una ley de
financiación de las universidades públicas para que, previamente, sea
dictaminado por el Consejo de Universidades, puesto que creemos que ahí
puede haber un crecimiento excesivo en tasas universitarias si no se
aborda de verdad un sistema de regulación y financiación de estas
universidades.

La enmienda número 609 ya está defendida junto con la enmienda anterior
presentada a la disposición adicional.

La enmienda número 610 pretende que haya, dentro del Plan Director de
Infraestructuras, una actuación para modernizar la línea ferrroviaria de
la línea de La Plata.

La enmienda número 611 pretende que el Gobierno envíe a la Cámara y
presente los criterios y prioridades a la hora de utilizar los fondos
comunitarios cuya finalidad fundamental sea corregir desequilibrios
territoriales. Es lógico que se deban fijar criterios, y nosotros
proponemos que primero se fije como objetivo la modernización al máximo
de las líneas de la red básica de ferrocarril antes inclusive que las
actuaciones de la red de alta velocidad del ferrocarril o la red de alta
densidad de las carreteras, las
autopistas o las autovías.

La enmienda número 612 pretende que el Gobierno envíe al Congreso la
normativa necesaria para que el actual Estatuto de la Mujer, creado por
la Ley de 24 de octubre de 1983 y pendiente del Ministerio de Asuntos
Sociales, eleve el rango de la Dirección General actual a Secretaría de
Estado.

La enmienda número 613 pretende que el Gobierno dicte, en el plazo de
tres meses, disposiciones para desarrollar el artículo 108 de la Ley
General de la Seguridad Social.

La enmienda número 614 persigue que el Gobierno presente proyectos a la
Cámara para modificar la actuación legislativa hacia la protección del
medio ambiente y la erradicación de la contaminación, estableciendo los
cánones que graven la contaminación producida.

La enmienda número 615 pretende que durante el año 1995 se apruebe la
totalidad de puestos de trabajo, compromiso que data ya del año 1984 y
que aún no se ha cumplido.

La enmienda número 616 habla de la participación en los fondos de
cohesión y la número 617 hace referencia a las actuaciones del Gobierno
para el plan de dinamización y reindustrialización de Asturias, que fue
aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de enero de 1992.

Termino, señor Presidente, con las enmiendas correspondientes a las
disposiciones finales. Proponemos en la número 618 que se sustituya el
texto del Gobierno para que se autorice al Gobierno para afectar al plan
de empleo rural créditos destinados a la financiación del programa de
inversiones públicas, preferentemente las dirigidas a la



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conservación y protección del medio ambiente y a la realización de obras
e infraestructuras agrarias.

La enmienda número 619 propugna que el Gobierno desarolle las
bonificaciones que debían tener en discriminación positiva las empresas
de economía social frente a las demás empresas.

La enmienda número 620 propone que el Gobierno cuantifique los gastos
fiscales asociados a los impuestos locales como consecuencia de los
beneficios fiscales que se deriven de la ley de presupuestos del año
1995.

Tenemos presentada una enmienda al anexo IX, que pretende unir a la
propuesta del Gobierno una serie de programas, con carácter plurianual.

El proyecto habla de los compromisos de gasto que se extienden a
ejercicios futuros y propone una serie de programas como los relativos a
infraestructuras en carreteras, explotación de carreteras, recursos
hidráulicos, transporte ferroviario, etcétera. Izquierda Unida pretende
añadir el Programa 443.D, de Protección y Mejora del Medio Ambiente.

Las anualidades que propone Izquierda Unida para los años 1996, 1997 y
1998 no son ni más ni menos que las que el Gobierno nos ha aportado en el
anexo de inversiones.

Por tanto, esta enmienda pretende que entre los programas de gastos
extendidos a ejercicios futuros se recoja también la protección y mejora
del medio ambiente



El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Voy a llamar la atención sobre un
hecho para que tratemos de ser un poco sintéticos. Quizá se me ha pasado
a mí decírselo en un momento anterior a su intervención.

Rogaría a SS. SS. que nos ahorrasen todo aquello que podemos leer ya en
la relación de enmiendas. En todo caso tendrán que hacer la argumentación
sobre ello. No me refiero a usted sólo, señor Ríos, sino que en el tiempo
que llevamos lo he oído con relativa frecuencia. Creo que lo que está
escrito lo leemos todos aquellos a los que nos interesan las enmiendas y
el que tiene que replicar a ellas lo ha leído también. Quizá de lo que se
trata sea de añadir algunas argumentaciones que puedan reforzar la
motivación que ya viene en cada enmienda.

Dicho esto, voy a dar la palabra al señor Olabarría, en nombre del Grupo
Vasco.

Perdón, tampoco es que tenga demasiada importancia, pero por orden de
jerarquía de escaños --digamos--, el señor Hinojosa tiene la palabra, en
nombre del Grupo Catalán.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Sí que tiene importancia, nunca querría
compararme con mi ilustre compañero Olabarría que, como todas SS. SS.

saben, es un magnífico parlamentario mientras que yo soy un humilde
parlamentario.

En este caso, siendo disciplinado y obedeciendo las indicaciones del
Presidente, mi Grupo va a consumir un turno muy breve para defender las
enmiendas que van de la número 866 a la 872, ambas inclusive, que hacen
referencia a distintas adicionales de todo tipo, alguna adicional nueva,
etcétera. Todas ellas para nosotros de mucha importancia.

La 866 tiene componentes de competencias autonómicas que no nos
convendría que se pasasen por alto en esta Comisión y que por ello
pudiesen ser recuperadas por el Gobierno, sino que tienen que estar donde
están, que es en las comunidades autónomas. De entre este grupo hay dos
enmiendas que me interesa comentar. Una es la 869, porque afecta a un
colectivo de trabajadores autónomos o empresarios individuales que viven
desde hace un tiempo una serie de tensiones entre ellos dada la excesiva
proliferación de licencias de taxis, lo que crea una serie de
disfunciones en algunas grandes ciudades, entre ellas Barcelona. Hemos
dialogado bastante con el Grupo Socialista no sólo en concreto sobre este
tema, sino sobre todos los que afectan a estas adicionales. Ellos saben
la importancia que damos a esta enmienda 869, que yo espero que no tenga
ninguna dificultad en ser aprobada, al igual que otras enmiendas que
estoy comentando, pero específicamente ésta.

Otra enmienda importante es la 807, que hace referencia, como SS. SS. han
podido ver, al proyecto de ayuda al desarrollo en países del Tercer
Mundo. No voy a decir nada nuevo, porque ya se ha dicho mucho sobre este
tema. Espero a lo que diga el Grupo Socialista para ver qué hacemos con
esta enmienda.

Finalmente, hay una enmienda 872 al anexo II, que doy por defendida en
sus propios términos.

Con ello acabo mi intervención, creo que batiendo el récord de rapidez en
esta sesión.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo del PNV, tiene la
palabra el señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Estoy un poco abrumado por las palabras de mi
compañero señor Hinojosa, inmerecidamente elogiosas, que se deberían
formular en términos personalmente inversos.

Voy a distribuir el tiempo que corresponde a mi Grupo Parlamentario con
mi compañero Ricardo Gatzagaetxebarría. Me referiré a las argumentaciones
atinentes a las disposiciones adicionales y será mi compañero quien
justifique lo relativo a las disposiciones transitorias.

Con relación a las disposiciones adicionales, para mi Grupo es de la
mayor relevancia la enmienda número 317. Es una enmienda que hace
referencia a la formación profesional continua y, en concreto, a la
formación profesional continua gestionada o acogida al Acuerdo
interprofesional de fecha 16 de diciembre del año 1992. Lo que pretende
fundamentalmente es que aquello que el Estatuto de los Trabajadores en
este momento prevé en materia de concurrencia de convenios colectivos y
acuerdos interprofesionales, se prevea también en materia de ámbitos
territoriales relativos a la negociación colectiva laboral en los
acuerdos interprofesionales que se puedan adoptar por los interlocutores
sociales legitimados.

Como quiera que, tras la vigencia del nuevo artículo 84 del Estatuto de
los Trabajadores, en el Estado español podrán existir no sólo acuerdos
interprofesionales de ámbito estatal sino, concurrentes con éstos y
simultáneamente vigentes, acuerdos interprofesionales de ámbito
territorial inferior, de ámbito de comunidad autónoma o incluso
inferiores,



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nosotros pretendemos que, en relación a la formación profesional
continua, se prevea en esta disposición adicional segunda el carácter
bifurcable, por su propia naturaleza, del crédito consignado en los
presupuestos del Instituto Nacional de Empleo, de forma y manera que si
en el próximo ejercicio presupuestario se adoptan, se perfeccionan otros
acuerdos interprofesionales (además del estatal ya citado de fecha 16 de
diciembre de 1992) en ámbitos diferentes al del Estado español, por
interlocutores sociales, con los requisitos de legitimación previstos en
los artículos 83 y 84 del Estatuto de los Trabajadores, se prevean
consignaciones presupuestarias suficientes para la atención económica
financiera de estos nuevos, y de ámbito territorial diferente, acuerdos
interprofesionales. Ese es el sentido de la enmienda. En definitiva, ¿qué
pretende? Que no sean dificultades, que no sean obstáculos de naturaleza
presupuestaria los que impiden el cumplimiento de previsiones contenidas
en la legislación laboral, en concreto, en el Estatuto de los
Trabajadores y en sus ya citados artículos 83 y 84 recientemente
reformados. Esto en cuanto a la enmienda 317.

Las enmiendas 318 y 319 tienen la misma justificación. Son enmiendas
prácticamente idénticas. Han sido ya referidos y justificados los
presupuestos teóricos en los que se basan estas enmiendas por todos los
portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. En definitiva,
se trata de consignar en la Sección 12 un crédito equivalente al 0,5 por
ciento --es la famosa enmienda del 0,5 por ciento-- del producto interior
bruto, al objeto de atender proyectos de ayuda al desarrollo.

Si bien el compromiso presupuestario contenido en el acuerdo, del
Parlamento, de fecha 15 de febrero de 1994, no compromete más que el 0,35
por ciento del producto interior bruto, es obvio, señor Presidente, que
en este momento la dinámica social ha desbordado este compromiso
presupuestario adoptado por el Pleno de la Cámara, y desde esa
perspectiva es muy difícil en estos momentos ya asumir
presupuestariamente un compromiso que reduzca la cifra del 0,5 por ciento
del producto interior bruto. En este contexto, la propuesta de mi Grupo
hace referencia a que se comprometa por lo menos el 0,5 por ciento del
producto interior bruto, en la Sección 12, como crédito a la atención de
proyectos de ayuda al desarrollo en países del Tercer Mundo.

La enmienda 320 --última relativa a las disposiciones adicionales-- hace
referencia a algo a lo que ya ha hecho mención el portavoz de Izquierda
Unida, es decir, a la condonación de las deudas que sigan vivas con cargo
a subvenciones concedidas por el extinto Fondo Nacional de Protección del
Trabajo. Los beneficiarios de las subvenciones de este Fondo, como es
sabido, son o cooperativas o sociedades anónimas laborales. Todavía con
fecha 1 de enero de 1995 existirán deudas de sociedades anónimas
laborales y cooperativas, en relación al extinto Fondo Nacional de
Protección al Trabajo, es decir, en este momento al Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social, a la Dirección del Fomento de la Economía Social.

Esta es una enmienda en cuya justificación participamos prácticamente
todos los grupos parlamentarios de esta Cámara. El Grupo Socialista la
tiene, la tiene Izquierda Unida y la tienen todos los demás grupos. En
definitiva, lo que se pretende es la condonación de estas deudas, siempre
que las sociedades anónimas laborales deudoras o las cooperativas
deudoras de viejas subvenciones del Fondo Nacional de Protección al
Trabajo puedan demostrar lo siguiente: que siguen funcionando con fecha 1
de enero de 1995, que son titulares del préstamo subvencionado por el
extinto Fondo Nacional de Protección al Trabajo y, por último, que
existan puestos de trabajo fehacientemente demostrados en estas
sociedades anónimas laborales o cooperativas que han sido beneficiarias
de subvenciones del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, y en este
momento resultan todavía deudoras de los créditos o de estas
subvenciones.

Estas son las argumentaciones que, siguiendo sus pertinentes sugerencias,
señor Presidente, las he hecho, desvinculándome del tenor literal de las
enmiendas, y también del tenor literal de sus justificaciones, esperando
haber atendido, en primer lugar, su recomendación y, en segundo lugar,
las disponibilidades temporales en el uso de la palabra que resultan
razonables en un debate tan prolijo y tan exhaustivo como éste, doy por
concluida la justificación y el razonamiento de las enmiendas relativas a
las disposiciones adicionales.

Mi compañero Ricardo Gatzagaetxebarría continuará en el uso de la palabra
y defenderá todo lo relativo a las disposiciones transitorias.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
Gatzagaetxebarría, para continuar con la defensa de las enmiendas
correspondientes a este Grupo.




El señor BATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, la primera enmienda
que me toca defender es la número 325 y va dirigida a la disposición
transitoria cuarta. Lo que nuestro Grupo Parlamentario pretende es que
las comunidades autónomas y las corporaciones locales dispongan de las
mismas facultades que se habilitan al Gobierno en esta Disposición
adicional cuarta, que es la relativa a revisar los complementos de
destino dentro del régimen retributivo para los funcionarios. Nosotros
pretendemos que esa facultad que se otorga a la Administración central de
modular, de complementar y de determinar el ámbito y el alcance de los
complementos de destino, como concepto integrante de las retribuciones
básicas, la tengan también las comunidades autónomas y las corporaciones
locales.

En segundo lugar, planteamos la modificación del inciso segundo de la
disposición transitoria cuarta. Nosotros pretendemos que lo que se
autoriza al Gobierno, también lo puedan hacer las comunidades autónomas y
las corporaciones locales, que es la modificación de las retribuciones
complementarias, que ya se prevé en el artículo 22.2 del mismo proyecto
de ley. Entendemos que es oportuno y adecuado el establecimiento de un
régimen de paridad, de igualdad entre lo que es la Administración central
y las comunidades autónomas y las corporaciones locales en lo que atañe
al régimen retributivo del personal, en este caso



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los funcionarios, dependientes de los mismos, no estableciendo este
régimen de que sean administraciones de segundo orden y no puedan regular
los complementos de destino ni tampoco las retribuciones complementarias,
como pueden ser los complementos específicos, el complemento de
productividad, las gratificaciones extraordinarias, que en cada caso hay
que adecuar a las circunstancias en que cada administración pública se
mueve y presta sus servicios, que es lo que verdaderamente supone la
esencia de la autonomía. Es decir, que cada administración pública pueda
modelar determinados regímenes retributivos de los funcionarios en
función de las circunstancias del servicio público que se presta, de la
dificultad, del rendimiento que se obtiene, etcétera.

La enmienda 321 de nuestro Grupo Parlamentario va dirigida a la
disposición transitoria primera. Lo que pretendemos es una corrección en
el título de dicha disposición, puesto que se habla del sector público
cuando, a continuación, en el contenido de dicha disposición se refiere
al sector público estatal. Evidentemente, una interpretación coherente
nos lleva a la conclusión de que el ámbito al que se refiere el título de
la disposición es el sector público estatal, pero convendría aclararlo,
señor Presidente.

La enmienda 322 va dirigida a la disposición transitoria quinta. Lo que
el Gobierno pretende a través de esta disposición es regular el régimen
de las plazas presupuestadas, pero que no están sujetas a oferta de
empleo público. De acuerdo con esta disposición transitoria, el Gobierno
podrá autorizar las convocatorias sobre puestos de trabajo o plazas
dotadas presupuestariamente. Ello parece que es una cuestión lógica,
puesto que si se presupuestan unos puestos o plazas de trabajo, deben ser
para que se correspondan con sus respectivas convocatorias de oferta de
empleo público. Pero es que en el apartado dos se habla, como en el uno,
de que podrá autorizar. Nosotros lo que queremos saber es: si se dotan
presupuestariamente plazas y puestos de trabajo en el seno de la
Administración central, ¿por qué se dice que se autorizará o que se podrá
autorizar la convocatoria? Si se dotan, es para que se convoquen. Por
ello nos llama la atención y nos preocupa que en el planteamiento
político que se plasma en la filosofía del presupuesto de contener el
gasto corriente, de contener el gasto de personal, se está estableciendo
la puerta de escape, puesto que se está autorizando al Gobierno a que
pueda convocar plazas que están dotadas. Una de dos: o se convocan todas
las dotadas o, si están dotadas y no se van a convocar, se amortizan y,
en ese caso, desaparecería ese crédito en el Capítulo I y pasaría a otra
partida de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, no es muy
ortodoxo que se establezca en esta disposición transitoria quinta, puesto
que, en definitiva, está ubicada también al final de la Ley; vendría a
ser como la letra pequeña, y es la que está estableciendo la puerta de
escape a que el Gobierno pueda realizar las convocatorias de oferta de
empleo público con carácter discrecional, cuando se encuentran dotadas
presupuestariamente dichas plazas. A nuestro juicio, si no existe esa
intención (y esa intención no se ve en los Presupuestos, puesto que si no
diría: el Gobierno autorizará, o no diría nada y se autorizaría), deben
presupuestarse las cantidades que se vinculan al Capitulo I en otros
capítulos de los Presupuestos Generales del Estado.

La enmienda número 323, dirigida a la disposición derogatoria, es de
adición. Lo que pretendemos es una modificación del Real Decreto
480/1993, de 2 de abril, por el que se procedió a la integración de la
Mutualidad de Funcionarios de la Administración Local en el Régimen
General de la Seguridad Social. A nuestro juicio, ahí se estableció un
tipo adicional de cotización que deben efectuar las corporaciones locales
respecto al personal dependiente de las mismas, ligado a una relación de
servicio de naturaleza estatutaria. En este momento, teniendo en cuenta
la situación del Régimen General de la Seguridad Social, los debates que
hay en esta Cámara, que no sabemos todavía cuál va a ser definitivamente
el ámbito de protección de la Seguridad Social, que se ha constituido una
Ponencia, etc. nos parece que es excesivo el índice adicional que se ha
establecido en el Real Decreto 480/1993. Además, tenemos como precedente
la integración en el Régimen General de la Seguridad Social de empresas
de naturaleza pública dependientes del Gobierno, para las cuales se
fijaron índices adicionales de cotización muy inferiores a lo que se ha
establecido para los funcionarios dependientes de las corporaciones
locales, índices que alcanzaban hasta un máximo del 2,2 por ciento y un
mínimo de 1,1 por ciento. Nos parecía excesivo el índice que se prevé en
el Real Decreto 480/1993, por lo cual pretendemos su modificación.

Por último, señor Presidente, paso a defender la enmienda número 324,
dirigida al Anexo II, cuarto, cuatro, relativo a los créditos ampliables.

Lo que nuestro Grupo parlamentario pretende es dar seguridad de que las
prestaciones farmacéuticas, en definitiva, el gasto de farmacia, pueda
ser un crédito ampliable. Hasta ahora lo ha venido siendo así, pero
tenemos miedo de la redacción que se ha dado en el Anexo II, cuando se
habla de los créditos ampliables no queda claramente expuesto, pues la
prestación farmacéutica, por el volumen que tiene (en aras a la
protección de todos los ciudadanos, tanto para el régimen sanitario
dependiente del Insalud, como el dependiente de las comunidades
autónomas), debe mantener la filosofía que está vigente en el artículo
149 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Presentamos la
enmienda puesto que, con la redacción que se prevé en el Anexo II,
cuarto, cuatro, podemos entender que hay una derogación implícita de la
condición de crédito ampliable de los gastos de farmacia. Si ello fuera
así, es preocupante para nuestro Grupo parlamentario, puesto que el
ámbito sanitario de protección, en lo que atañe a la farmacia, a los
ciudadanos españoles, podía quedar aquí minusvalorado y desprotegido y,
por ello, pretendemos garantizar que quedan incluidos como crédito
ampliable los gastos relativos a la farmacia. Por ello hacemos una
pequeñísima modificación en el contenido del Anexo II, cuarto, cuatro,
para que quede salvaguardada esta regulación, hasta ahora vigente, y que
a nosotros nos plantea serias dudas de que se mantendrá vigente con esta
redacción un tanto oscura que el Gobierno ha dado a los créditos
ampliables del Anexo II. Para aclarar tal cuestión es por lo que hemos
presentado esta enmienda de modificación puntual.




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El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Con brevedad, a ver si cunde el ejemplo.

Solamente tenemos presentada la enmienda 446 a la disposición adicional
decimocuarta, que es una simple enmienda de supresión, porque ya está
recogido en la Ley de 6 de julio del REFC y nos parece innecesario.

La enmienda 447 --por eso intervengo, para explicarla-- es una
disposición transitoria nueva para que, en el supuesto --que parece que
va a ocurrir así-- de que el transporte público en Canarias por fin tenga
una partida específica, se separe esa partida, teniendo en cuenta el
artículo 8 del REFC. En ese caso, mientras no exista la entidad o la
institución que regule la gestión y ordenación del transporte en las
Islas, esta disposición transitoria nueva establece que la transferencia
de la subvención del transporte se realice directamente por el Estado a
la Comunidad Autónoma de Canarias.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Por el Grupo Mixto-Unión
Valenciana, tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, respecto a las disposiciones
adicionales, las enmiendas del Grupo Mixto, de la Diputada Rahola
Martínez, se dan por defendidas. Son las enmiendas a la disposición
adicional undécima, bajo el número 268, y a las disposiciones adicionales
nuevas agrupadas en las enmiendas 264, 486, 265, 271 y 272.

Ahora paso a defender la totalidad de las enmiendas de creación de nuevas
disposiciones adicionales que yo mismo he propuesto, que son un total de
treinta y una. Voy a intentar ser breve y hacer un pequeño comentario
acerca de cada una de ellas. Como he dicho, son treinta y una, todas las
cuales aparecen como disposiciones adicionales nuevas. La primera, la
número 1, solicita un proyecto de ley integral de mejora y modernización
de un sector muy afectado por los módulos en el Estado español, que es el
de peluquerías y salones de belleza. Solicitamos que en el plazo de tres
meses se remita un proyecto de ley integral de mejora y modernización del
sector de peluquerías.

La número 2 es de más peso, máxime cuando estamos en tramitación de la
ley de comercio, que contempla la liberalización de horarios a partir del
2001. Pedimos, asimismo, al Gobierno que remita un proyecto de ley de
modernización del pequeño comercio en el plazo de tres meses, porque este
sector, que a nivel de la Comunidad Valenciana engloba más de 60.000
establecimientos, tiene un gran arraigo en todo el Estado español y está
atravesando serias dificultades derivadas de la fuerte expansión de las
superficies comerciales, la mayoría de ellas de capital extranjero,
acaecida en estos últimos años. Por otra parte, esa anunciada
liberalización, libertad total de horarios para el año 2001, supondrá la
definitiva puntilla para los pequeños comerciantes de no incentivar la
modernización de éstos. Por ello solicito se apoye este plan de
modernización del pequeño comercio.

La enmienda número 3 pretende la inclusión, entre las que podrían quedar
exentas de la tributación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, de
aquellas entidades benéfico-sociales en su actividad y sin ánimo de
lucro.

La enmienda número 38, en consonancia con lo que ha mantenido Unión
Valenciana en esta Cámara, pretende la firma de un convenio, acuerdo o
concierto económico entre el Estado y la Comunidad Valenciana. La
disposición adicional, que contemplamos en esta enmienda número 38, habla
de la creación de este acuerdo económico como modelo de financiación de
la Comunidad Autónoma Valenciana; modelo que queremos que se base en la
concertación económica, de la que en estos momentos disponen dos
Comunidades Autónomas dentro del Estado, la Comunidad del País Vasco y la
Comunidad Navarra. Nos parece perfecto que estas dos comunidades lo
tengan y a nosotros, sabiendo el funcionamiento y el rendimiento que les
está dando, nos gustaría que la Comunidad Valenciana pudiera beneficiarse
de este acuerdo económico, porque pensamos que estamos capacitados para
llevar a cabo este concierto económico. Creo que en estos momentos todos
sabemos que los economistas más prestigiosos de la Hacienda Pública
defienden la tesis del federalismo fiscal, tesis por la que los gobiernos
subcentrales --en nuestro caso comunidades autónomas-- gestionan sus
propios recursos y realizan la asignación más eficiente posible de los
bienes y servicios públicos. No es casualidad que sistemas similares sean
los que actualmente estén utilizando los países más avanzados del mundo,
como son Estados Unidos, Canadá, Suiza o la propia Alemania. Desde la
óptica de un partido nacionalista como Unión Valenciana, que aspira a
mejorar el nivel y calidad de vida de Alicante, Castellón y Valencia,
proponemos y pretendemos la adopción de los conciertos económicos para
nuestra comunidad, conciertos económicos solidarios y generalizables a
todas aquellas comunidades que así lo deseen.

Después de defender la enmienda 38 solicitando este acuerdo o concierto
económico Estado-Comunidad Valenciana, tenemos otras disposiciones
adicionales, como la enmienda 61, que es la cofinanciación del palacio de
congresos y exposiciones de Valencia con el Gobierno central, o la
enmienda 79, que es referente a que se contemplen por parte del Gobierno
central ayudas a los agricultores afectados por la enfermedad de la
«tristeza», que afecta a las plantaciones de cítricos en la Comunidad
Valenciana, en Cataluña y en Murcia.

Solicitamos también en la enmienda número 100 la confinanciación o
financiación de inversiones en los puertos de la Comunidad Valenciana. La
enmienda 102 se refiere a la confinanciación del Instituto Valenciano de
Arte Moderno y en particular la 103 solicita la policía autonómica
valenciana, promesa del Ministerio del Interior y que tarda en llegar.

Asimismo solicitamos, vía disposición adicional, por las enmiendas 104 y
105, la confinanciación de sanidad y de la Logse.




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Refiriéndonos a temas fiscales, la enmienda 111, se refiere a la
reducción del importe de los módulos para los pequeños y medianos
empresarios en estimación objetiva, en su modalidad de signos, índices y
módulos. En la enmienda 112 pedimos la introducción de las deducciones
por inversiones en el régimen de estimación objetiva, en su modalidad de
signos, índices y módulos; y en la enmienda 113, la deducción por
inversiones en el régimen de estimación objetiva en su modalidad de
coeficientes, de manera que se puedan beneficiar de estas deducciones del
15 por ciento en ambos casos por inversiones.

En la enmienda 114 se recogen unas reivindicaciones respecto al
acogimiento voluntario al régimen de la Seguridad Social por parte de los
empresarios que así lo soliciten. En la 115 pedimos un proyecto de ley de
investigación y fomento a la investigación universitaria. En la 116
pedimos que se haga efectivo el abono de cantidades a los abogados del
turno de oficio que, en distintas comunidades del Estado español, llevan
un retraso de más de un año y medio. La 117 es una enmienda relativa al
carácter confiscatorio del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, por la
que se solicita del Gobierno que, en el plazo de tres meses, apruebe un
proyecto de ley de reforma del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
para que lo modifique y elimine el carácter confiscatorio que rige en la
actualidad.

En las enmiendas que tengo más interés son las que se agrupan entre la
120 y la 131, excepto la 129, que recoge la petición al Gobierno para
que, en el plazo de tres meses, presente un proyecto de ley de incentivos
fiscales y un plan integral de modernización de importantes sectores
económicos para la Comunidad Valenciana y creemos que para el resto del
Estado español: el plan de incentivos fiscales y el plan integral de
modernización del sector del calzado, del textil, azulejo, juguete,
mueble y mimbre, cerámica, vidrio y lámpara, pirotécnico, vitivinícola,
frutas y hortalizas. Todo ello debido a que los últimos acuerdos sobre la
Ronda del Gatt, así como los proyectos de la Unión Europea respecto a la
organización común de mercados en frutas y hortalizas y en el sector
vitivinícola, ponen a estos sectores vitales para la economía valenciana
y para la economía nacional en situación de desventaja, evitan la
penetración de nuevos mercados y frenan la competitividad de estos
sectores. Por tanto, solicitamos unos planes especiales para cada uno de
estos sectores.

La enmienda 130 es de adición y en ella se solicita que en el plazo de
tres meses el Gobierno elabore un proyecto de ley de incentivos fiscales,
encaminado a la protección para la familia. Con esta iniciativa se
pretende proteger y amparar, a los efectos fiscales y sociales, a la
familia española para alcanzar los niveles de protección que gozan en la
gran mayoría de los países comunitarios de nuestro entorno.

En penúltimo lugar la enmienda 131 --hoy acaba el plazo de presentación
de enmiendas a la proposición de ley sobre el tema de Tous-- propone que
se contemple la consignación presupuestaria de 6.000 millones para hacer
efectivas las posibles modificaciones que suponen la inclusión de nuevos
municipios y el reconocimiento de nuevas indemnizaciones a unos
damnificados que quedaron excluidos en el anterior decreto.

En último lugar, la enmienda 182 es reproducción literal de la del año
pasado. Se refiere a la autovía de Madrid-Valencia, con el ruego de que
se quite el título de Autovía de Levante y se denomine Autovía
Valenciana. Es una denominación más acorde con el sentir mayoritario y
más aproximada a lo que todos los valencianos queremos para esta autovía
que tanto tarda.

Por ello solicitamos que la denominación de esta autovía sea Autovía
Valenciana.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Ahora pasamos a la intervención
del Grupo Socialista. Como sospecho que hay un equipo que está tratando
de intervenir, vamos a empezar por el señor Jerez, quien dirá las
personas que van a intervenir.




El señor JEREZ COLINO: Señorías, no cabe duda que este conjunto de
adicionales, transitorias, final y derogatoria, así como los anexos, da
posibilidades para plantear todo. Eso supone que el Grupo Socialista esté
pensando, de las cerca de 400 enmiendas de los Grupos, cuáles considera
como más importantes. Por ello tenemos que improvisar un equipo para dar
respuesta, lo que necesariamente llevará a generalidades en muchos casos
y en otros a que tengamos más tiempo del deseable, puesto que parece que
ese conjunto de enmiendas que se han presentado por los distintos grupos
necesitan, si no una respuesta puntual, sí por lo menos conceptos,
aspectos y opiniones por parte del Grupo que sustenta al Gobierno.

Por eso, teniendo en cuenta en algunos casos la prisa del compañero y en
otros el orden en que se ha planteado, tomará primero la palabra, con
permiso de la Presidencia, Gerardo Torres, que intervendrá en temas de
agricultura, adelantando que yo contestaré a las enmiendas presentadas
por el Grupo Popular, Partido Nacionalista Vasco y Unión Valenciana; el
compañero Blas Trujillo responderá a Izquierda Unida, Convergència i Unió
y Coalición Canaria; al señor Cremades, todo lo concerniente a las
presentadas por el Grupo Socialista y a lo que se mueve alrededor del
0,7, por decirlo de alguna manera, que nos comprenda tanto la adicional
diecinueve como lo que supondría la sección 12; y al compañero Jordi
Marsal los temas de defensa.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Torres.




El señor TORRES SAHUQUILLO: Con la máxima brevedad.

El Grupo Parlamentario Popular tiene presentada la enmienda 1.041, que
propone una disposición adicional nueva, que no ha defendido, porque me
imagino que ha tenido que hacer, como todos, un orden de prioridad.

En cualquier caso, pedimos en este momento al Grupo Popular que retire
dicha enmienda, por cuanto tiene presentada una moción --esta enmienda se
refiere al sector lechero-- sobre el mismo asunto; de tal suerte que los
dos puntos que contiene esta enmienda son exactamente iguales a los dos
primeros puntos de la moción, y que vamos a debatir en el próximo Pleno
ordinario de esta Cámara. Por



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tanto, sin más, le ruego que la retire, porque vamos a poder hablar de
esto, exactamente de lo mismo, en la moción. Y anunciar que, si no lo
hace, por esta razón no quiero dar más argumentos por falta de tiempo,
votaríamos en contra de la enmienda y fijaremos nuestra posición al
respecto en la moción.

Respecto a las tres enmiendas que tiene el señor Chiquillo, de Unión
Valenciana, en lo que afecta a la sección 21, muy brevemente también para
decirle que la que se refiere a la tristeza del naranjo es una enmienda
recurrente, en este caso no de su Grupo pero sí del Grupo Popular en
otros presupuestos, y sobre ella vamos a decir lo mismo porque la
situación no ha variado.

Sobre la tristeza del naranjo, se actuó con un programa muy ambicioso y
muy intensivo entre los años 1972 y 1989, porque en aquel momento tenía
carácter de epidemia. El problema es que era una epidemia muy amplia. El
propio sector no podía asumir la resolución de este problema.

Desde el año 1989 la virulencia de esta enfermedad ha decaído
sustancialmente. Es así, señor Chiquillo. Ha decaído sustancialmente,
aunque existen casos todavía, y el sector asume la resolución de la
misma, a pesar de que se sigue actuando con ayudas a viveros para
proporcionar al sector material vegetal de calidad contrastada y exento
del virus, o de pie tolerante, como ustedes lo llaman, que es así.

Con ello se subvenciona, por ejemplo, al sector viverista de agrios, a
VASA, y se subvenciona a los viveros agrícolas en general que
proporcionan estos plantones. En consecuencia, nos vamos a oponer a la
enmienda presentada.

De las otras dos, una habla del sector vitivinícola y la otra del sector
de frutas y hortalizas. A las dos les voy a dar el mismo razonamiento por
ser breve también. Como usted sabe, están los dos sectores pendientes de
la aprobación de la OCM, de la Organización Común de Mercado. Nos parece
que no es momento para plantear medidas de reestructuración de un sector,
o de dos sectores en este caso, cuando está pendiente de aprobación por
parte de la OCM. Saben perfectamente cuál es la posición del Gobierno
español respecto al sector vitivinícola, que es de oposición rotunda y
firme a lo que se pretende. En cuanto al sector de frutas y hortalizas,
en este momento hay un documento de reflexión sobre el que se está
estudiando.

Por tanto, nos vamos a oponer a sus dos enmiendas en espera de que, una
vez aprobadas las OCM, veamos qué complementos debemos añadir dentro de
nuestro Estado para completarlo en lo que haya quedado cojo. No nos
parece oportuno poner ahora en marcha algo que puede quedar invalidado
dentro de tres meses.

Por estos motivos nos opondremos a estas tres enmiendas de Unión
Valenciana.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Jerez.




El señor JEREZ COLINO: Para contestar a las enmiendas presentadas por el
Grupo Popular, Partido Nacionalista Vasco y Unión Valenciana.

Señor Aguirre, no cabe duda que siempre es bueno empezar por el contexto
estructural, por así decirlo, económico, antes de entrar en cada una de
las enmiendas. En ningún caso podemos confundir situaciones. Me refiero a
que se está actuando como si fueran sinónimos rigidez y control. Me
parece que el control y la rigidez no son elementos sinónimos. La rigidez
supone crear dificultades a la gestión presupuestaria, y el control tiene
otra función, como es dar cuenta de todo el gasto en por qué, cuándo y
cómo. No deben existir todas esas rigideces con que desde el Partido
Popular se pretenden ahormar los presupuestos. Creo que son dos conceptos
absolutamente distintos.

Por otra parte, el déficit de las Administraciones Públicas es conocido,
está valorado en tanto por ciento del PIB, hay compromiso de cuál va a
ser el déficit de caja en los Presupuestos Generales del Estado y hay
también una presentación del programa de convergencia en Europa que, como
usted sabe, ha sido aceptado (no digo que con «cum laude», por si pudiera
servir esto para decir que sólo fue sobresaliente o notable) diciendo que
era un plan realista y posible, con el compromiso de dedicar después, de
manera preferente, el aumento de los ingresos a financiar el déficit.

Se está diciendo, y creo que es cierto, que hay dificultades para el
control de los presupuestos, quizá porque la mucha documentación
necesitaría ordenarse. Esa oficina presupuestaria, por la que estamos
clamando y que está aprobada, se mueve en un contexto de reforma del
reglamento, por lo que sería deseable que sacáramos entre todos de la
manera más unánime y que pudiéramos tener la documentación adecuada.

No sé si hacer de la ley de presupuestos una especie de compromisos
legislativos que pudieran suponer introducir de manera continua y
permanente qué leyes son las que tienen que aparecer en el ejercicio
siguiente, no supone salir un poco del contexto en el que debe moverse
una ley presupuestaria. Sí es cierto, y se ratifica, que la nueva Ley
General Presupuestaria está en estos momentos en período de informe y,
como ya le dijo el Ministro, contamos con que antes de fin de año tenga
su entrada en esta Cámara.

Esto no quita para que en otros trámites ese ejercicio de control se
realice, que tengamos en cuenta que la rigidez supone siempre
dificultades y que no debe estar en el ánimo de la oposición crear
dificultades a la tarea presupuestaria del Gobierno. Sí al control, sí a
determinadas críticas, pero en ningún caso rigideces previas que hacen
muy difícil la posibilidad de moverse si hiciéramos caso a lo que nos
plantea.

Eso por lo que respecta al señor Aguirre. Ya le decía que eran conceptos
generales. Estoy convencido de que quizá no toco una por una las
enmiendas que me propone, pero esas ideas servirán para que conozca cuál
es la forma de pensar del Grupo parlamentario Socialista.

Al señor Núñez, quizá en esa misma idea. Existe también el concepto de
que reducir el Capítulo II puede ser sinónimo de buena administración. Yo
entiendo que ese concepto crea buena imagen y no son políticamente
desdeñables algunos conceptos que puedan crear buena imagen. Pero le
diría que detrás de este Capítulo II está toda la preparación de lo que
pueden ser después las inversiones. Eliminar



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sistemáticamente, sin que se presente alternativa, cómo debe ser esa
futura administración, que parece que se quiere cubrir detrás de toda esa
reducción, cuanto menos es un deseo, y en el deseo podemos estar de
acuerdo, pero no en cada una de las reducciones. Decir que se reduzca, en
un momento en que, como usted sabe, en el presupuesto de 1994 se hablaba
de una reducción del 19 por ciento, significa el tremendo interés que
tiene el Gobierno en llegar a una disminución lo más posible del Capítulo
II. En total tienen presentadas cerca de 400 enmiendas con conceptos de
este tipo. Esas enmiendas deben suponer una estructura nueva, porque
quitar de distintos conceptos: de investigación, de centros de estudio,
de publicidad, hasta bolígrafos, lápices y cualquier cosa, incluso de los
estudios, será difícil, si prohibimos la salida de encargos de proyectos,
que podamos licitar este año 700.000 millones de pesetas como está
previsto, por ejemplo, en el capítulo de infraestructuras.

Por tanto, yo creo que el Capítulo II no es un elemento aislado que hay
que ir a por él, sino que está enlazado con el concepto de inversiones
públicas y creo que nadie estará en contra.

Por otra parte, al señor Hernando le contestará mi compañero que se ocupa
de los asuntos del 0,7, como ya dije al principio.

El Partido Nacionalista Vasco introduce una serie de enmiendas. Creo que
hay una, que ha sido estudiada lo más detenidamente posible con estas
prisas que llevamos --me estoy refiriendo a la enmienda 317--, en la que
se habla de la forma de gestionar el 0,25. Estoy hablando de la
financiación sobre formación continua.

Propone el Grupo Vasco una fórmula, y es que se gestionara a través de
fundaciones o entes creados con este fin. Parece interesante. Por tanto,
mi Grupo acepta esta enmienda, entendiendo que en el paquete de las que
usted presenta es importante y que en cierta manera cubre muchas
funciones de cara a esta inversión.

No podemos decir lo mismo de las demás enmiendas que ha presentado.

Parece que la enmienda 320 es similar, como muy bien ha dicho, a otras
que presentaba Izquierda Unida u otros Grupos, incluso el nuestro. Yo le
pediría (no sé si porque siempre el Grupo que apoya al Gobierno piensa
que el camino que él elige puede ser el más abierto) que retirara esa
enmienda en este momento para que pudiera incorporarse como una
aportación del Partido Nacionalista Vasco.

He de decir al señor Gatzagaetxebarría que, en cuanto a las enmiendas que
nos propone a las transitorias, no podemos aceptar ninguna de ellas. Lo
digo en aras a la brevedad, no como una descortesía, sino en la idea de
que si en el Pleno, ya eliminada buena parte de lo que en estos momentos
estamos hablando, necesitamos entrar en razonamientos, o bien después,
estaría encantado entrar en ello, agregando simplemente que no aceptamos
las modificaciones a las transitorias.

Respecto a Unión Valenciana, decía al principio que, evidentemente, las
adicionales dan para mucho. Yo diría que las nuevas dan para todo, porque
no sé si ustedes han hecho los números. Eso que se mueve alrededor del
pequeño comercio que ustedes presentan, haciendo números supone una
incorporación de alrededor de tres billones de pesetas. Esta adicional
nueva que ustedes proponen supone una nueva situación para los salones de
peluquería, una ley de incentivos fiscales que abarque desde el calzado
hasta la familia, con una amplia gama en esa dirección, pasando por 5.000
millones de pesetas para los aeropuertos de la Comunidad valenciana y
entrando también en la incorporación de 6.000 millones para Tous y tantas
y tantas cosas. Creo que cada una tendría un camino que podía ser tratada
perfectamente. Yo creo que cada una tendría un camino y que podría ser
tratada perfectamente.

Entiendo que el problema que se plantea de los aeropuertos, en una
entidad que no puede entrar vía Sección 17, tampoco puede entrar en esta
situación. Es decir, tendría que ser otra gestión a un nivel y en otro
momento distinto. Pero quiero decirle que, miradas en su conjunto, muchas
de ellas son tradicionales, como ya apuntaba mi compañero, sobre todo
para esa forma de financiación por concierto. Aunque lo comprendemos,
como usted sabe, tendrían que seguirse unos pasos de cambios legislativos
previos antes de venir aquí. Por lo tanto, éste no es un sitio en el que
nosotros le podíamos dar respuesta adecuada.

Tampoco las adicionales deben servir para que el Gobierno, en función de
su aceptación, vaya asumiendo compromisos legislativos de futuro de la
más variada gama.

Sintiendo no poder aceptar ninguna de sus enmiendas, y teniendo en cuenta
cómo vamos de tiempo, pidiéndole disculpas por anticipado porque sabemos
que ésta es una respuesta un poco general al asunto, quiero decir
simplemente que le paso la palabra con permiso del Presidente,
naturalmente, a mi compañero Blas Trujillo para que defienda el punto de
vista socialista a las enmiendas que presentan Izquierda Unida,
Convergència i Unió y Coalición Canaria.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): El señor Trujillo tiene la
palabra.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Presidente, voy a intentar ser lo más
breve posible en la explicación de la respuesta de nuestro grupo a las
enmiendas de Izquierda Unida, salvo en aquellas que tienen que ver con el
denominado 0,7 y algunas que están relacionadas con el Ministerio de
Defensa, que la harán los compañeros que posteriormente usarán de la
palabra.

Comenzamos por la primera enmienda, la 572, que pretende introducir en la
disposición adicional primera, en el seguimiento de objetivos, un
programa relacionado con transferencias a comunidades autónomas,
corporaciones locales y planes de las comunidades europeas. O sea, lo que
habría que señalar con respecto a las mismas es la no adecuación de
introducir un programa de esta naturaleza por cuanto, como bien sabe el
señor Ríos, el propio Tribunal Constitucional en distintas sentencias ha
establecido que no pueden ser controladas las comunidades autónomas en
los programas que reciben por el Gobierno y que solamente pueden ser
controladas por el Parlamento y por el propio Tribunal de Cuentas.

Asimismo los planes de la Comunidad



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Europea están controlados por los órganos de la misma. De ahí que no
consideremos oportuno introducir esta enmienda.

La segunda enmienda, la 573, habla de establecer, con respecto a los
empleados públicos, una participación de las cotizaciones en el
porcentaje de la cláusula de formación profesional para acogerlos al
acuerdo de la formación continua. Creo que el señor Ríos recuerda que en
el propio debate de la presentación del presupuesto del Ministerio para
las Administraciones Públicas el Secretario de Estado de Administración
Pública ya comentaba que para este año, y de ah í que el presupuesto del
INAP, el presupuesto directo se mantuviese prácticamente en los mismos
términos que en el de 1994; se iban a poder acoger a los fondos de la
formación continua y así incluso lo recogía el acuerdo con las propias
organizaciones sindicales. Por lo tanto, no es necesario introducir, en
principio, una cláusula de esta naturaleza en los propios Presupuestos.

La enmienda 574 pide la supresión de la disposición adicional tercera que
fija las liquidaciones de fondos, los acuerdos que tiene el Estado con la
Santa Sede. Tanto por el acuerdo del año 1979, como lo establecido por la
propia disposición adicional quinta de los Presupuestos de 1988, no
parece oportuno recoger la supresión de dicho apartado, que sigue
manteniendo en vigor el acuerdo con la propia Santa Sede.

La enmienda 575, que hace referencia a la aplicación de los resultados de
la negociación con los sindicatos, trata, en definitiva, de establecer un
proceso de negociación para la modificación de las retribuciones
complementarias. No consideramos tampoco que sea oportuno introducirla
por cuanto ya el propio acuerdo de la Administración con los sindicatos
establece claramente cuál es el proceso que se va a seguir con relación a
esta materia. No nos olvidemos de que la propia Ley lo que hace en el
Título III es fijar las retribuciones y, en cualquier caso, en el Título
II, en el capítulo V, se establece que durante 1995 se llevará con un
programa de racionalización y ordenación de retribuciones complementarias
consistentes, fundamentalmente, en lograr una más adecuada distribución
de las cuantías retributivas. Obviamente, este proceso se realizará en su
momento; lo que hacemos es autorizar al Gobierno a modificar lo que
fijamos en esta ley y se hará en el proceso de negociación, en la propia
mesa de retribuciones, con los sindicatos firmantes del acuerdo. Por
tanto, no parece que sea tampoco oportuno, o al menos sobra, el
introducir una materia de esta naturaleza que ya se contempla en el
propio acuerdo.

Luego vienen una serie de enmiendas, que van desde la 576 a la 579, así
como la 588 y 589, que pretenden establecer unos incrementos en
determinadas prestaciones económicas relacionadas con el sistema de la
protección social. A S. S. no se le oculta que, incluso con respecto a la
576, en determinadas prestaciones, Lismi, etcétera, básicamente el
procedimiento es que vayan siendo sustituidas paulatinamente por
pensiones no contributivas. En cualquier caso, y convendría recordarlo
cuando se debate este tipo de elementos (y lo hemos hecho ya a lo largo
de esta Comisión en distintos puntos), no debemos olvidar que el esfuerzo
que estamos haciendo en políticas públicas de gasto social supera muy
claramente el propio incremento del presupuesto. Esta es una reflexión
que hago en el sentido de recordar (a veces conviene hacerlo) que nuestro
gasto público social crece en torno al 5,7 por ciento en un presupuesto
que, además, hemos señalado no pretende ser expansivo, pero no cabe la
menor duda que sí fija como objetivo el mantener los niveles efectivos de
protección social. Por tanto, tampoco nos parecen oportunos esos
incrementos que se pretenden en estas enmiendas.

En la enmienda 580 se pretenden establecer determinados mecanismos
relacionados con las empresas de economía social y, en cualquier caso,
convendría recordar también que ya existen mecanismos similares para la
atención y la discriminación positiva de este tipo de proyectos
empresariales.

Con respecto a la enmienda 583, que hace referencia a la aplicación del
fondo de cohesión para la mejora del medio ambiente, y que también tiene
en otra enmienda de IU cierta regulación con respecto a esta materia de
los fondos de cohesión, queremos señalar que, en primer lugar, no nos
parece oportuna, sobre todo cuando se ha alcanzado, por el resto de las
Administraciones públicas, un acuerdo muy interesante y muy amplio en
este tema, tanto en cuanto al reparto del fondo como a los objetivos
generales que se van a desarrollar. De hecho, la propia ley recoge en
distintas disposiciones articulaciones y regulaciones de estos fondos con
comunidades autónomas y con las propias corporaciones locales. En ese
sentido, queremos adelantar que hay una enmienda, en cuanto a la gestión
de este tipo de fondos presentada por el Grupo de Convergència i Unió, en
concreto la número 867, que nosotros vamos a aprobar, por cuanto el
mecanismo de asimilarlo al Feder nos parece un sistema de gestión
interesante.

La enmienda 584 pretende aumentar en 5.000 millones más lo que son los
fondos destinados a municipios menores de 5.000 habitantes. Simplemente
queremos señalarle que las actuales disposiciones que recoge el proyecto
de ley lo que vienen a reflejar de manera clara es el acuerdo de
financiación establecido con la Federación Española de Municipios y de
participación de los Entes locales en los tributos del Estado hasta el
año 1998. Por tanto, en esos términos nos estamos moviendo y, en
cualquier caso, también hay que recordar que las cifras son de una
cuantía muy importante. Se ha pasado a 20.000 millones para los
municipios de más de 50.000 habitantes, que pueden llegar hasta 30.000, y
ahora tenemos 20.000 millones también para estos municipios. Por tanto,
como digo, recogemos ese acuerdo con la propia Federación Española de
Municipios.

En lo que hace referencia a la enmienda 586, que es el establecimiento de
las ayudas al fuel de potabilizadoras y al transporte marítimo y aéreo de
Canarias, simplemente queremos señalar dos cuestiones: una, que ya la
propia ley recoge el desarrollo de la Ley de Régimen Económico y Fiscal
en ambas materias y, por tanto, no habrían de establecerse «ex novo» en
una disposición adicional.

En segundo lugar, quiero recordarle, al menos en lo que hace referencia
al transporte marítimo y aéreo de mercancías,



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que el propio REFC establece la creación de una comisión mixta --Gobierno
de la nación-gobierno de Canarias-- para tratar de evaluar y seguir el
resultado de todo este tipo de mecanismos. Probablemente a finales de
este mes se reunirá para, entre otras cuestiones, tratar esta materia. En
cualquier caso, sí quiero señalarles que en el seno del Grupo estamos
estudiando el importe necesario con respecto al transporte de mercancías,
por cuanto al ampliarse a todo el año y a todos los productos las
subvenciones para ese tipo de transportes la cantidad consignada pudiese
estar sujeta a una revisión.

En cuanto a la enmienda número 587, que pretende establecer que el
Gobierno elabore una normativa necesaria con respecto a los derechos
civiles, fiscales, laborales, etcétera, con respecto a las parejas de
hecho, quiero recordar dos cuestiones. Nosotros estamos estudiando esta
materia en el seno del propio Grupo, pero, en cualquier caso, no hay que
olvidar que el propio Gobierno ya ha anunciado, a través de la Ministra
de Asuntos Sociales, que está analizando dicha regulación y también en la
ponencia de la familia, constituida en esta Cámara, a buen seguro
trataremos este tipo de parejas por cuanto ha sido uno de los fenómenos
que hemos venido observando en el seno de esa ponencia en los últimos
años de mayor proliferación.

Las enmiendas números 588 y 589 estarían contestadas en los términos del
incremento del gasto social.

La enmienda número 591 pretende establecer una ley específica relacionada
con los proyectos de I + D.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señor Trujillo, le ruego que
acelere un poquito porque eran muchas las enmiendas, en efecto. Trate de
sintetizar.




El señor TRUJILLO ORAMAS: En cualquier caso, no parece oportuno el
establecer una ley presupuestaria de investigación más desarrollo cuando
ya estamos dotados de la propia Ley 13, de fomento y coordinación de la
investigación científica. En definitiva, la ley de la ciencia, que
establece los planes plurianuales con respecto a esta materia.

La enmienda número 592 fue debatida ayer porque iba relacionada con la
enmienda presentada al ciento cuatro bis. El rechazo está establecido en
los mismos términos y no vamos a repetirlo. Es la que hace referencia al
fondo de nivelación.

En la enmienda número 593 se pretende establecer un crédito
extraordinario para las comunidades autónomas con competencia exclusiva
en sanidad. Prácticamente nos remitimos al acuerdo que en materia
sanitaria se ha logrado, yo creo que positivo, con el conjunto de las
comunidades autónomas, a no ser con las que han tenido estas
competencias.

La enmienda número 594 es igual a la número 320, del Grupos Vasco (PNV),
con respecto al fondo de protección nacional del trabajo. Yo le pediría
al señor Ríos que, en base al mismo argumento que daba mi compañero el
señor Jerez, fuese retirada por cuanto los distintos órganos de Gobierno,
los centros gestores, coinciden en señalar la conveniencia de establecer
este tipo de mecanismos --nosotros hemos presentado una enmienda a la Ley
de Acompañamiento-- en esa propia ley.

Luego tienen tres enmiendas --las números 595, 601 y 608-- en materia
educativa. Ha señalado el propio señor Ríos que alguna de ellas más bien
era propia de las propias secciones.

Quisiera decir tres cuestiones simplemente. Con respecto a la enmienda
que establece un crédito extraordinario para la LOGSE, yo creo que la
propia Sección 18, si la analizamos a fondo, establece una financiación
suficiente y se marca, como uno de esos objetivos, el desarrollo de la
LOGSE.

La enmienda número 601 pretende la gratuidad de los libros. Usted mismo
reconocía la bajada significativa de costos en la enseñanza primaria. En
cualquier caso, el esfuerzo presupuestario que se está haciendo en
educación no debemos minimizarlo por no adoptar una medida de esta
naturaleza. No es que nosotros nos opongamos, pero, en cualquier caso,
creemos que el esfuerzo que estamos haciendo es el máximo posible dentro
del marco presupuestario que tenemos.

En cuanto a la ley de financiación de universidades, usted sabe que
nosotros hemos elevado en el Consejo de Universidades una propuesta para
debatir el sistema de financiación. En estos momentos se está debatiendo
y no tiene por qué necesariamente conllevar que se determine por una ley.

En cualquier caso, con independencia de garantizar la estabilidad de
financiación del sistema, sí que nos estamos marcando como objetivo
primordial el que todos los ciudadanos puedan acceder a ese nivel de la
enseñanza.

La enmienda 596 consideramos que no es pertinente por cuanto ya existe
una ley de expropiación forzosa y además no sería adecuado introducirla
en la ley de presupuestos.

La enmienda 597 hace referencia a la recuperación del poder adquisitivo
de los empleados públicos. Ustedes establecen un mecanismo para aunar lo
que cifran en siete puntos de pérdida de poder adquisitivo a lo largo de
dos pagas en el ejercicio 1995 y 1996. Debo señalarle muy brevemente dos
cuestiones. En primer lugar que, si se hacen los cálculos, como máximo y
siendo tremendamente generosos en el cálculo de la posible pérdida de
este ejercicio en el que nos encontramos, no llegaríamos nunca a superar
los dos puntos. Podríamos emplazarnos a un debate concreto para ver ese
tema, ya que por el ritmo que debemos llevar aquí, no creo que sea el
momento de establecerlo. En cualquier caso, la masa salarial del personal
que tiene representación en la mesa general de negociación representa una
suma de 1,8 billones de pesetas. Estaríamos hablando, para todos los
empleados públicos, de 50.000 millones de pesetas. En cualquier caso, con
respecto a esta materia, usted es consciente de que en el acuerdo con los
sindicatos los propios empleados públicos han asumido el esfuerzo que se
les ha pedido en estos tres ejercicios con respecto a ese --podemos
denominar-- apretarse el cinturón, dada la situación económica, y no
parecería razonable que nosotros fuéramos a superar en reivindicaciones
las que los propios empleados públicos han estado de acuerdo en firmar
para este ejercicio presupuestario.




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Tienen una serie de enmiendas relacionada...




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdón, señor Trujillo. Le he
llamado la atención antes y no tengo más remedio que hacerlo de nuevo. No
nos repita, además, en qué consisten las enmiendas, porque ya lo sabemos,
por favor.




El señor TRUJILLO ORAMAS: La enmienda 598 parece que es más adecuado
debatirla en la Sección.

La enmienda 599 es la relativa al Plan Hidrológico Nacional que, como
usted sabe, todavía no ha sido debatido ni aprobado por las Cortes. Por
tanto, no se puede ejecutar ningún tipo de proyecto en base a ese plan y
tampoco se debe parar ninguna de las obras que está realizando el
Gobierno en estos momentos.

La enmienda 600 también debe debatirse en la Sección.

Con respecto a las enmiendas 605 y 618 hacen mención a incrementar los
recursos destinados al Plan de Empleo Rural. Simplemente debo decirle que
este plan ha sido firmado satisfactoriamente con las organizaciones
sindicales más representativas y el incremento de gasto y de regulación
que ustedes pretenden aquí no nos parece adecuado por cuanto, como digo,
ya se ha llegado a un acuerdo satisfactorio.

Con respecto a la enmienda 606, de sobra es conocido que el Gobierno se
encuentra en ese proceso de reordenación de todos los empleados públicos
a través de los planes de empleo y, por tanto, se cerrará ese proceso en
el momento en que se cierren los planes de empleo de los distintos
departamentos.

La enmienda 607 incluso plantea que los sindicatos han de ser oídos y
parece que minusvalora hasta el propio papel que han venido desarrollando
hasta este momento, por cuanto han sido más que oídos, han negociado los
acuerdos que se han firmado con el Gobierno.

La enmienda 612 pretende modificar orgánicamente el Ministerio de Asuntos
Sociales y pasar al Instituto de la Mujer a que sea una Secretaría de
Estado. La verdad es que esa modificación orgánica no parece necesaria
para conseguir los objetivos que se plantea el propio Instituto de la
Mujer.

Con respecto a la fijación de un canon para la protección ambiental, el
Gobierno está estudiando mecanismos de protección. En cualquier caso, las
propias disposiciones actuales, tanto las penales como otras, establecen
repercutir sobre los que pudieran producir este tipo de efectos las
cargas a que hubiera lugar. En cualquier caso, no parece lo más lógico
establecer este tipo de medidas en una ley como la de presupuestos y
podría ser más propio de una proposición de ley que su Grupo presentara.

Por último, por lo que respecta a Izquierda Unida, la enmienda 620 hace
mención a los gastos fiscales asociados a los impuestos locales. Estamos
estudiando esa posibilidad, pero la verdad es que la complejidad es
bastante. Por otra parte, no consideramos oportuno establecer en el anexo
correspondiente el programa que pretende la enmienda 621.

Por lo que hace referencia a las enmiendas de Convergència i Unió,
nuestra posición va a ser favorable respecto a la enmienda 866, así como
a la 867, que antes comentaba. No así con lo que pretende establecer la
enmienda 868 para los centros concertados de la red de hospitales con la
Seguridad Social. También la enmienda 869. El resto hacen mención al 0,7
por ciento, y las comentará mi compañero.

Respecto a Coalición Canaria, la primera de sus enmiendas no parece
razonable por cuanto la regulación que hace del proyecto de ley es
distinta a la Ley del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ya que aquí
se trata no sólo de Canarias sino también de otros territorios: Ceuta,
Melilla y Baleares. Y con relación a las enmiendas sobre el transporte se
enmarca en el debate que hemos tenido esta mañana, y que el Grupo y el
Gobierno estamos estudiando.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor
Cremades.




El señor CREMADES SENA: Las enmiendas números 408, 412, 413 y 438 las doy
por defendidas con el texto que figura en su redacción, ya que todas
ellas son de mejora de carácter técnico o de corregir algunos errores,
puntualizando que la enmienda 408, en el segundo párrafo, donde dice
artículo 22, debe decir artículo 21.

Voy a defender las enmiendas números 409, 410 y 411 del Grupo Socialista.

La enmienda 409 es de modificación de la disposición adicional
decimonovena, y pretende conseguir el objetivo consensuado por esta
Cámara sobre la dedicación porcentual del producto interior bruto a ayuda
oficial al desarrollo a través de un crédito ampliable que garantiza ese
objetivo del 0,5 del PIB en dos tramos totalmente distintos. Un primer
tramo sería hasta 32.000 millones de pesetas, pudiendo hacer uso del
crédito ampliable sin necesidad de que pase la aprobación de los
proyectos por el Consejo de Ministros, y un segundo tramo iría desde el
0,35 al 0,5, que es el objetivo consensuado prácticamente por toda la
Cámara, en el que, para ser utilizado el crédito ampliable, los proyectos
tendrían que tener la aprobación del Consejo de Ministros. Con ello
pensamos los socialistas que hemos contribuido de una manera clara, no,
como se ha dicho aquí, por un voluntarismo que luego no se puede llevar a
la práctica o por una especie de deseo que se plantea pero que luego no
se ejecuta, a conseguir perfectamente el objetivo del 0,5, sobrepasando
el objetivo consensuado en el Pleno del Congreso en febrero, que no era
del 0,5 sino del 0,35, pero los acontecimientos, la mayor sensibilidad de
la sociedad en estos temas, nos ha hecho elevar esos 0,15 puntos para
llegar al 0,5.

¿Por qué lo hacemos con un crédito ampliable y, de alguna manera,
rechazamos el hecho de que algunos grupos hayan fijado determinadas
cifras muy concretas? Pues porque también hay una preocupación en esta
Cámara, incluso en las propias organizaciones que más directamente se
dedican a la cooperación, sobre la eficacia y la capacidad de gestión que
en estos momentos tiene tanto la Administración como las propias ONGs a
la hora de gestionar, con calidad y eficacia el dinero que los españoles
nos gastamos



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en ese ejercicio de solidaridad y de justicia en la cooperación al
desarrollo. La enmienda, atendiendo las indicaciones del Presidente, como
la tienen ustedes no la voy a leer, pero va en ese sentido.

A la enmienda número 410, del Grupo Socialista, vamos a presentar una
enmienda transaccional. Es la enmienda que se refiere a la creación de un
consejo de cooperación al desarrollo. La vamos a completar porque
pensamos que esta enmienda transaccional --luego pasaremos el texto por
escrito para que la puedan valorar con mucho mejor criterio que sólo a
través de mis palabras-- pretende definir mejor la creación de ese
Consejo de cooperación al desarrollo, y en esta enmienda se recogen
algunas de las propuestas que en este sentido han hecho algunos de los
grupos, empezando por el cambio de nombre. Nosotros le llamábamos consejo
asesor en materia de ayuda al desarrollo; Izquierda Unida y otros grupos
planteaban que se denominase consejo de cooperación al desarrollo.

Partiendo de ahí, también seguimos mandatando al Gobierno para que en el
primer trimestre del año 1995 proceda a la creación de ese consejo de
cooperación y se le autoriza para ello. Además, se especifican algunas de
sus funciones fundamentales, no todas, como son definir los criterios que
deben regir la AOD y sus prioridades, informar previamente los
anteproyectos de leyes que se refieran a la cooperación al desarrollo;
informar previamente el plan anual de cooperación internacional, el PACI,
y también el seguimiento periódico de la ejecución de los proyectos de
AOD y del nivel de cumplimiento global de dichos proyectos. El consejo de
cooperación al desarrollo que creamos con esta transaccional que
presentamos, se dotará del propio reglamento y en él deberán estar
presentes, además de las instituciones representativas que fije el
Gobierno, expertos y representantes de la ONGs más representativas, entre
las que deben estar la Plataforma del 0,7 y otros agentes de la
cooperación privada al desarrollo. (El señor Presidente ocupa la
Presidencia.) Esa es nuestra enmienda.

Asimismo, pensamos que este consejo de cooperación al desarrollo, cuya
creación planteamos en la enmienda 410, no debe contemplar en su
composición una mayoría de la Administración, sino que el 51 por ciento,
como mínimo, de este consejo tiene que estar compuesto por otros agentes
que no sean la Administración. Lo deseamos así claramente. También se
expresa el deseo de que la Plataforma del 0,7 tiene que estar presente,
puesto que ha hecho un trabajo importantísimo, con sus movilizaciones,
para conseguir un objetivo fundamental en nuestra sociedad, como es
sensibilizar a la opinión pública española, a la sociedad española sobre
este problema importante de cooperación que tenemos los países
desarrollados hacia los países del Tercer Mundo.

Respecto a la enmienda 409, de modificación de la disposición adicional
decimonovena, queremos despejar algunas dudas que plantea a algún grupo,
concretamente al Partido Popular, el señor Hernando, que se preocupa por
la posibilidad del incremento del déficit público. Nosotros creemos que
no se debe condicionar la reducción del déficit público, primero, en ir
rebajando el objetivo del 0,5 a medida que se reduzca el déficit público,
sino que lo que pretendemos con la enmienda 409 es que se atiendan esos
proyectos hasta conseguir el 0,5 del PIB y que, en la medida en que el
déficit público se pudiera disparar, sea el propio Gobierno el que, a
posteriori, a través bien del capítulo 2 o de cualquier otro capítulo,
ajuste las partidas para no rebasar ese déficit público. Pensamos que el
esfuerzo debe realizarse de forma inversa a la que plantea el Grupo
Popular. Primero, garantizar esa ayuda hasta el 0,5 siempre que haya
proyectos y capacidad eficaz de gestión de los mismos y, en segundo
lugar, evitar que se dispare el déficit público; en ese orden de
prioridades. Primero la AOD y después ajustarlo a que no se dispare ese
déficit público.

Como pensamos que con esta enmienda transaccional se pueden retirar las
distintas enmiendas de otros grupos igual que nosotros retiramos la
número 410, en aras al consenso una vez más, nos vamos a oponer a las
enmiendas presentadas por los otros grupos en caso de no ser retiradas.

Así, por ejemplo, nos vamos a oponer a la enmienda número 129, del Grupo
Mixto (Unión Valenciana), porque no existe un vacío legal en los fondos
de ayuda al desarrollo. Los fondos de ayuda al desarrollo están
reglamentado en el Real Decreto-ley 16/1976, de 24 de agosto; en el
509/1977, de 25 de febrero; en el 2399/1977, de 19 de septiembre y en el
325/1981, de 6 de marzo. Además, en cuanto a ese vacío legal al que hace
referencia --aunque no me está escuchando en este momento-- el
representante de Unión Valenciana, le tengo que decir que cada año, en
los propios Presupuestos Generales del Estado, se regulan algunos de sus
aspectos; también en el propio consenso de la OCDE hay una regulación de
los créditos FAD e incluso en los organismos internacionales, como el
CAD, que también hace una regularización.

Sin embargo, le vamos a dar razón a Unión Valenciana no en que hay un
vacío legal, como dice en su motivación, sino en que hay una cierta
dispersión de la normativa que regula los créditos FAD. Le puedo
anticipar que el Gobierno está trabajando, en el Ministerio de Comercio y
Turismo, en el borrador de ese anteproyecto que reagrupe o redefina
--estamos todos en este objetivo--, no por ese vacío legal, sino,
simplemente, para intentar hacer suficientemente clara la normativa que
hay en este momento. Finalmente, también porque creemos que técnicamente
los Presupuestos Generales del Estado no son el sitio de plantear ese
proyecto de ley que pretende Unión Valenciana.

En referencia al Grupo Vasco (PNV), y a su enmienda número 319, quiero
decir que con nuestra enmienda pensamos que queda garantizado el 0,5, que
es la preocupación que el Grupo Vasco tiene para este ejercicio de 1995.

Sólo le quiero corregir una cosa, en cuanto a la motivación que hace en
su enmienda, cuando apela al acuerdo por unanimidad alcanzado en febrero
en el Pleno del Congreso: ahí no se planteaba el 0,5 sino el 0,35; es un
error de su propia motivación, pero creo que con nuestra enmienda se
justifica el propio objetivo que pretende el Grupo Vasco (PNV) y, por
tanto, sugeriríamos que retirara la enmienda en aras a aprobar la
transaccional que nosotros hemos presentado.

Al Grupo Popular le quiero decir que no tiene por qué preocuparse, señor
Hernando, por el problema de que se



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pueda disparar el déficit. Pensamos que es mejor, a través de este
crédito ampliable, conseguir el objetivo que todos pretendemos del 0,5 y
no con cifras determinadas, que, de alguna manera, nos obligarían a tener
que gastar esa cifra peor. Usted sabe, puesto que muchas veces lo hemos
comentado, que parece que sería mejor que, en aras a la eficacia y a la
capacidad de gestión, se haga con este crédito ampliable en esos dos
tramos, de garantizar hasta el 0,35, como piensa el propio Grupo Popular,
sin necesidad de hablar del tema del déficit, y de ahí hasta el 0,5, en
ese orden inverso que yo decía, primero, la AOD y, después, la reducción
de las partidas correspondientes para que no se dispare el déficit,
mandatar al Gobierno. En este sentido, creemos que también estamos en
sintonía con los objetivos que pretenden.

Finalmente, al Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
enmienda número 582, quiero decirle que entendemos que su enmienda
--ellos mismos lo van a reconocer-- es muy amplia, mezcla varias cosas,
el tema de FAD, es un poco farragosa y un poco complicada. En el fondo,
pretende ese mismo objetivo del 0,5 para este año. Quizás la única cosa
que aquí no definimos y que, desde luego, nosotros no vamos a aceptar, es
la pretensión que tiene de definir claramente ya, hoy día, que para el
próximo año tenga que ser necesariamente el 0,7. Se ha dicho muchas veces
que el objetivo de conseguir el 0,7 antes del año 2000 es un objetivo de
este Gobierno, es un objetivo de este Grupo Parlamentario. Lo que pasa es
que pensamos que, con el gran salto que vamos a dar en ayuda oficial al
desarrollo en el año 1995, es mejor comprobar hasta dónde se llega en la
capacidad de gestión de este salto tremendo que se da en los presupuestos
en este año 1995, para saber si tenemos que ir al 0,7 en el próximo año o
en los próximos años. Pero el resto de planteamientos que hace Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya no están tampoco en disonancia con los
objetivos que pretendemos con nuestra enmienda.

Para terminar, señor Presidente, tenemos la enmienda número 411 al Anexo
II, segundo, dos, b), que está condicionada a que se aprueben nuestras
enmiendas y las enmiendas a que he hecho referencia del Grupo Catalán
(Convergència i Unió), porque van en el mismo sentido que las nuestras,
870, 871 y 872. Van exactamente en el mismo sentido que las nuestras y
están condicionadas a que se aprueben la 409 y la 410 para que nosotros
defendamos la 411 al Anexo II, que simplemente es de adecuación al nuevo
texto, caso de aprobarse la enmienda transacional que hemos presentado.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marsal.




El señor MARSAL I MUNTALA: Con rapidez, voy a referirme a las cuatro
enmiendas de Izquierda Unida, que se refieren a temas de Defensa. La 585
es la más sustancial de todas ellas, y se motiva, en la exposición de
Izquierda Unida, para un mejor control presupuestario y el criterio de
unidad de caja. Le recuerdo al señor Ríos que todo el asunto relacionado
con la venta de cuarteles, el dinero obtenido y su posterior inversión
para mejora de instalaciones de Defensa viene regulado por la Ley de
Gerencia de Infraestructuras. Por tanto, es algo que tiene una regulación
legal clara y concreta y que se instrumenta con la creación del organismo
autónomo administrativo de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa,
por tanto un organismo cuyo presupuesto debatimos y aprobamos aquí, tanto
en los ingresos como en los gastos. Por consiguiente, existe ya un
control parlamentario del uso de este dinero. Al mismo tiempo, siendo un
organismo autónomo, está sujeto a la intervención, a toda la normativa
legal. En este sentido, las ventas que se realizan son de acuerdo con la
Ley de bases del patrimonio del Estado, y los ingresos también se hacen
de acuerdo con el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Por
tanto, el dinero que se obtiene, en este caso una previsión de 7.400
millones por la enajenación de inversiones reales, es decir, de venta de
solares, se destina casi en su totalidad --7.229 millones-- para la
modernización de las instalaciones. Por consiguiente, existe el control
presupuestario y, siendo un organismo autónomo aprobado por este
presupuesto, su cuenta forma parte también del Tesoro Público y, por
tanto, se respeta el criterio de unidad de caja.

Respecto a la enmienda 602, le recuerdo también al señor Ríos que hace
pocos días fue aprobada definitivamente la Ley de Reglamento de la
Guardia Civil, en la cual ya se fijaba que para los subtenientes el paso
del Grupo C al Grupo B se hacía con efectos de 20 de octubre de 1994.

Siendo una ley que acaba de ser discutida, no parece tener mucho sentido
lo que proponen de hacerlo con efectos retroactivos, porque si además se
hiciese entraríamos en colisión con el artículo 46 de la Ley General
Presupuestaria, que prevé un máximo de cinco años para la retroactividad
de estos derechos, y lo que él propone supondría la retroactividad de
seis años.

Respecto a la enmienda 603, la verdad es que creemos que en su redacción
debe haber algún error, porque no acaba de entenderse. En cualquier caso,
es un tema en el que estamos estudiando la posibilidad de ofrecer una
transaccional teniendo en cuenta alguna sentencias de tribunales que ha
habido y que en este momento estamos estudiando. Sin embargo, en este
trámite no estamos aún en condiciones de poder hacerlo y, por tanto,
tampoco podremos votarla favorablemente.

Finalmente, respecto a la enmienda 604, si lo que nos propone es lo que
realmente está diciendo la enmienda, esto ya sucede. De acuerdo con la
transitoria cuarta de la Ley 50/1984 y de acuerdo con el Real Decreto
legislativo 670/1987, del texto refundido de Clases Pasivas, ya se cumple
el principio de unicidad de pensiones, y en cualquier caso el redactado
que él nos da, al limitarlo a partir de 1 de enero de 1991, lo haría aún
más restrictivo de lo que en la actualidad es. Por tanto, es una enmienda
que no tiene ningún sentido, ya que corresponde a una cosa que ya está
fijada en los dos textos legislativos que le he citado.




El señor PRESIDENTE: Antes de comenzar el otro turno, rogaría se
acercaran a la Mesa los portavoces de los



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grupos con el fin de mejor ordenar los debates a partir de ahora.

(Pausa.)
Señoras y señores Diputados, la Mesa y la Presidencia ha consultado a los
grupos con el fin de ordenar mejor los debates en este momento. Los
portavoces de los grupos tienen la posibilidad de proponer que
intervengan varios representantes de cada grupo, en cuyo caso tendrán
tres minutos de reloj, o bien un solo representante, en cuyo caso podrán
disponer de hasta diez minutos.

En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular parece que desea que sean
varios los intervinientes. Tiene la palabra el señor Aguirre.




El señor AGUIRRE RODRIGUEZ: Quisiéramos contestar, en primer lugar, a las
observaciones que el señor Torres Sahuquillo, del Grupo Socialista, nos
ha hecho sobre la enmienda relativa a la multa láctea. Creemos que lo que
abunda no daña y, por tanto, no entendemos el alcance del porqué nos
solicita la retirada de esta enmienda por el hecho de que se produzca una
votación en el trámite de los presupuestos y otra votación en otro
trámite.

Entrando directamente a contestar al señor Jerez, quiero decirle, con la
rapidez que nos pide la Presidencia, que en ningún caso he utilizado el
término de rigidez, sino el de rigor, empieza por erre, pero es rigor. No
he utilizado el término de rigidez.

¿Que por qué pedimos la auditoría? Pues muy sencillo, señor Jerez. Usted
sabe como yo que, al cierre de 1993, el déficit público estaba cifrado
por la Intervención General de la Administración del Estado en 7,3.

Cuando hemos recibido las cuentas finales, como sabe usted, ese 7,3 ha
sido revisado hasta el 7,5. Por tanto, no tenemos ya ni seguridad en qué
términos estamos de déficit al cierre de 1993. La propia Universidad
anuncia que ese déficit puede ser muy superior al 7,5 en el año 1993. El
propio Tribunal de Cuentas nos indica que ese déficit del año 1993 y los
arrastrados contienen dentro lo que ellos llaman déficit no aflorado. Yo
no sé si recuerda usted la última comparecencia en esta Comisión del
señor Conthe que nos sorprendió con que la deuda pública en términos de
PIB, según oficialmente era del 57,9 y, según él confesó en aquella
comparecencia de control, había que cifrarla en el 59,8 para el año 1993.

Por tanto, lo que estamos pidiendo es que se nos diga, de una vez por
todas, cuál es el déficit de las Administraciones públicas a tenor de la
cantidad de revisiones y variaciones que se están produciendo por
diferentes voces y portavoces del Gobierno. Desde luego, no creo que
debamos ignorar la apertura del expediente de déficit excesivo que tiene
España en este momento en Bruselas, expediente en cuyo texto ayer tuvo
que introducir una modificación por miedo a que el incumplimiento de los
compromisos de déficit para el año 1994 pudiera producir sanciones en los
fondos de cohesión como sabe usted muy bien. O, por ejemplo, por qué no
mencionar los objetivos de déficit para este año que son absolutamente,
como ha calificado el propio Gobernador del Banco de España, unos
objetivos tímidos, escasos, con la previsión de recaudación que se puede
tener para 1995. Por tanto, señor Jerez, por estas razones creemos
absolutamente necesario el averiguar cuál es exactamente la situación de
las cuentas del Estado. Por estas razones hemos defendido el conjunto de
las enmiendas que van de la 1058 a la 1063.




El señor PRESIDENTE: Señor Núñez, tiene la palabra.




El señor NUÑEZ PEREZ: Casi con laconismo.

Las generalidades dichas con toda cordialidad por el señor Jerez, en
respuesta a nuestra argumentación en defensa de nuestras enmiendas, debo
decirle, primero, que debe usted trasladárselas al Ministro de Economía y
Hacienda y a los altos cargos de ese Ministerio, por lo que ahora le
diré, porque en realidad está contestando a sus preocupaciones. En todo
caso, yo le voy a dar respuestas muy concretas.

Primero, la ejecución presupuestaria demuestra que el Gobierno no ha sido
capaz de contener el gasto corriente: informe presentado por el
Ministerio de Economía y Hacienda en esta Cámara el 26 de septiembre de
1994. Esto se confirma en el libro amarillo que tienen ustedes ahí --lo
estoy viendo--, y verá usted cómo en el presupuesto consolidado de 1994
el desvío en gasto corriente es un 12,6. Está ahí, lo tiene usted a su
disposición, si no es en la página 176, por ahí anda. Segundo, el
Ministro Solbes dijo en el Consejo de Ministros del día 16 de septiembre
que era posible reducir gastos corrientes, capítulo 2, en 150.000
millones de pesetas. Por tanto, está mucho más cerca de nuestras
enmiendas que el rechazo general que usted ha hecho de la que yo he
defendido. Y, tercero, en una aproximación del plan de modernización, y
sólo para los Ministerios --no sé si está aquí el anterior Secretario de
Estado de Administraciones Públicas, mi querido amigo don Justo Zambrana;
estaba por aquí hace un momento--, señaló que era posible reducir en un
año 62.000 millones en teléfono, prensa y dietas. En consecuencia, no
estamos aquí hablando del mar y de los peces. Estamos hablando de un
esfuerzo serio en la reducción de gastos corrientes, capítulo 2, sin que
se altere para nada la organización actual de la Administración. En todo
caso, hay enmiendas que también por supuesto tienen serias consecuencias
para esta reducción del tamaño de las administraciones públicas, pero son
enmiendas que en este ejercicio presupuestario hemos tenido que presentar
a la ley de acompañamiento. Por eso no las he defendido en este debate de
presupuestos; el jueves las defenderé y si está usted allí, señor Jerez,
con mucho gusto debatiremos sobre este tema.

Repito, las respuestas que usted me ha dado trasládeselas al señor
Ministro Solbes porque no está usted de acuerdo con él.




El señor PRESIDENTE: Señor Hernando, tiene la palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: El portavoz del Grupo Socialista ha mantenido
fundamentalmente dos criterios para rechazar nuestras enmiendas y apoyar
las suyas. Uno de los primeros argumentos ha sido que queda garantizado
el 0,35 en los presupuestos, a través de sus enmiendas;



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el segundo, que no va a suponer incremento del déficit porque este
control se va a hacer a posteriori.

Respecto al primer asunto he de decirle que no nos gusta la figura de los
créditos ampliables, porque supone dejar esta decisión al Consejo de
Ministros y al Gobierno en concreto, y el Gobierno ya ha demostrado que
no podemos fiarnos de él en esta materia, porque si no, ya en los
presupuestos de 1995 habría incluido los 240.000 millones en partidas
concretas. Por otra parte, con la enmienda que ha presentado el Grupo
Socialista tengo que insistir en que no se llega al 0,35. Sí se llega al
0,31 con los 32.000 millones que aporta a las organizaciones no
gubernamentales.

Compartimos con el Grupo Socialista la duda sobre la capacidad para
presentar programas serios y eficaces, y ése debe de ser uno de los
compromisos de ese consejo de cooperación que anuncio que vamos a apoyar,
pero existen otra serie de programas de ayuda oficial al desarrollo que
nosotros creíamos que se debían de implementar. Por eso en nuestra
enmienda hablábamos no de organizaciones gubernamentales exclusivamente
sino de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y ahí
incluíamos los programas de ayuda alimentaria, ayuda de emergencia, ayuda
humanitaria y los programas de cooperación científica y cultural.

En cuanto al tema del déficit, creemos que se pone delante el carro de
los bueyes. Hace poco el portavoz de mi Grupo hacía referencia al tema
del déficit y a su elevado nivel. Se ha visto, señor Cremades, que la
mayor recaudación no se está aplicando desgraciadamente a la reducción
del déficit como debería de realizarse. En este caso, además, llegar al
0,5 suponen en 100.000 millones. Lo que hay que procurar primero es la
reducción del déficit y luego la implementación de esos programas
mediante la figura de créditos extraordinarios. Estos créditos, a
diferencia de los créditos ampliables, supondrían que estos programas
pasaran antes por el control parlamentario y, por lo tanto, que el propio
Parlamento se pudiera pronunciar sobre la eficacia y eficiencia de esos
programas. Si no, a través de la figura de créditos ampliables, tendremos
que realizar ese control a posteriori, lo cual es mucho más dificultoso,
y no sólo eso, sino que impide que el propio Parlamento pueda certificar
la eficacia y eficiencia de esos programas de ayuda oficial al
desarrollo.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Voy a intentar responder a las propuestas que nos
ha hecho el Grupo mayoritario con ese sistema de autotransaccionar sus
enmiendas, es decir de enmendar sus enmiendas. Yo sé a qué obedece este
criterio. Es positivo que se pueda realizar esta proyección, que
significa una negociación con las personas que han estado ejerciendo una
actuación de reivindicación pero al mismo tiempo de sensibilización de la
opinión pública. Siempre es positivo que estas actuaciones tengan
proyección en los compromisos de las administraciones.

En cuanto a la enmienda transaccional que usted mismo se plantea ofrecer,
tanto para su enmienda como para las enmiendas que hacen referencia a la
composición del consejo, su enmienda 410 y mi enmienda 582, que hace
referencia a ese consejo, anticipo que retiramos nuestra propuesta porque
creemos que ese consejo, conforme se especifica, supera dos limitaciones
de las que había incialmente: habla de qué funciones y de la composición.

Vamos a ver cómo funciona y cómo se pone en marcha. Es verdad que esa
puesta en marcha se delega en el Gobierno, pero siempre hay capacidad
para actuar sobre ello.

En cualquier caso, en cuanto a la primera enmienda, a la 409, que
mantiene y a la 581 que yo también voy a mantener, usted hace un juego de
palabras y de cifras. Esto del 0,5 del 0,35 pero del 0,27, sin
cuantificación, nos lleva a pequeñas equivocaciones. La enmienda que
propone el Grupo mayoritario habla de un crédito ampliable por una
cuantía acumulada del gasto aproximadamente de unos 32.000 millones de
pesetas, que se suman en teoría a los 185.000 que ya hay sumando las
distintas partidas. Pues no suma el 0,35 si suma esos 32.000 millones.

Harían falta como mínimo 37.000 millones para que sumara el 0,35, que fue
el compromiso votado en el Pleno del Congreso para el año pasado en esa
moción a que hacía referencia. Pero dice: nosotros facilitamos ese primer
paso como compromiso para dar el siguiente paso al 0,5, diciendo que la
aprobación de nuevos proyectos a ejecutar para los países requerirá la
aprobación del Consejo de Ministros. Su enmienda no habla del 0,5. En la
enmienda que usted propone no hay un compromiso por el 0,5. Eso es lo que
me lleva a mantener mi enmienda que hace referencia al compromiso del 0,5
para este año, compromiso que pactamos el año pasado, compromiso que
estamos dispuestos a pactar porque es lo que reivindican, con la
filosofía de llegar al 0,7. Yo les insisto a SS. SS. que esta
reivindicación puede parecer que viene de nuevo, pero es un compromiso
que ha respaldado nuestro Gobierno, con las Naciones Unidas desde hace
muchísimos años. Otra cosa es que no hayamos ido caminando y que ahora,
fruto de lo que ha sido la reivindicación social y las organizaciones en
la calle, nos hayamos hecho eco, cosa que yo valoro positivamente. Pero
ustedes reconocerán también que es fruto de esa acumulación de olvidos
más que de otra cosa. Por tanto, yo voy a mantener mi enmienda, aunque,
en la medida en que haya precisiones, nosotros estamos dispuestos a
transaccionar de aquí al Pleno, no por nada sino porque el objetivo no es
la pelea entre los partidos políticos, el objetivo es el compromiso de la
sociedad y del Estado que la representa hacia el Tercer Mundo, ésa es la
filosofía solidaria y no benefactora que nosotros defendemos; por tanto,
estaríamos dispuestos a eso y voy a mantener la enmienda que hace
referencia a ello.

Me gustaría precisar que si mi enmienda era farragosa o era amplia es
porque intentábamos precisar, por ejemplo, el compromiso a dónde
destinamos los FAD. Sabe usted que los fondos FAD van al comercio. Es
verdad que es ayuda al desarrollo, pero van al comercio; por tanto, son
de retorno para nosotros. Los que da Asuntos Exteriores sí van con una
filosofía o un criterio de distribución, pero nosotros estábamos cifrando
un compromiso del 25 por ciento para este año de todos los recursos
destinados a tareas



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de prioridad social y hablábamos de la educación, hablábamos de unos
contenidos determinados por centrar esa ayuda para capacitar a esos
países con el fin de que sean autónomos, que sean independientes y que
tengan capacidad de incorporarse a los demás países.

Me referiré rápidamente a lo que han sido las otras posiciones que hemos
mantenido y que han sido rebatidas por los grupos mayoritarios. Empezando
por defensa, que ha sido la última, quiero decir que es cierto que va
dirigido a defensa, es verdad que administran, pero seguimos pensando que
debe de haber el criterio de caja única. La Administración no puede
funcionar atomizada. Por tanto, vamos a mantener esa enmienda y espero
que la transacción que se ofrecía en relación con las otras propuestas
pueda avanzar de forma positiva.

En cuanto al tema de la Lismi se me decía que ya estaban integrados hacia
lo que pudiéramos llamar pensión no contributiva. He de decirle que eso
es lo que marcaba la Ley 13/1982. Decían que estos subsidios económicos
de integración social para los minusválidos en diez años se equiparaban a
la media. Por desgracia han pasado los diez años, los once y los doce y
no se han equiparado a la media. Las partidas siguen congeladas. Se dice
que muchos ya han optado por la compensatoria. Pero no es bueno que el
Gobierno utilice esto como presión para forzar que todo el mundo se pase
a esa realidad, porque los que hoy cobran eso son solamente los que
habiendo tenido esto antes de 1992, siguen manteniéndolo en lugar de
incorporarse a una pensión no contributiva. Por tanto, actualícese
mientras se sigue el camino de integrarse; actualícese. Por eso
proponemos el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional.

En cuanto al tema de una cierta previsión inicial que ya está recogida de
investigación y desarrollo, creo que nunca es suficiente el trabajo que
se pueda hacer o el incremento que se pueda dar en investigación y
desarrollo. Esta enmienda que nosotros presentamos no pretende hablar de
cuantificaciones, sino de compromisos plurianuales, porque cualquier
proyecto de investigación no se termina en un año, cualquier proyecto de
investigación tiene que tener su consolidación para años siguientes, y es
importante esa tranquilidad, esa normalidad; lo hacen ustedes con la obra
publica, lo hacen ustedes con los compromisos del Estado. Esa es la
filosofía en el fondo de la enmienda. Quizás es farragosa en su
redacción, pero el objetivo fundamental es que haya una posibilidad de
planificación plurianual.

En el tema de la educación, el asunto de los libros no es baladí. Es
verdad que ha habido un esfuerzo, pero la ley --termino, señor
Presidente-- no iba acompañada, y era un defecto. Nosotros apoyamos la
Logse y la apoyamos desde el concepto crítico, porque sabíamos que una
cosa era predicar y, si no había previsión presupuestaria, si no está el
dinero, luego no se concreta. Esa es la deficiencia que queremos
corregir. Pero los libros siguen sin ser gratuitos, ni en la primaria ni
en la secundaria, y proponemos un camino hacia la gratuidad de este
sistema.

Señorías, el Plan de Empleo Rural, aunque está recogido en el proyecto y
está firmado, no sería malo que se proyectara a los presupuestos. Mala
cultura es, cuando discutimos de los números, que los compromisos no se
cuantifiquen. Como se ha producido después de presentar el proyecto aquí,
sería bueno proyectar ese acuerdo al texto, y si es excesiva la cuantía
que propone Izquierda Unida de 15.000 millones para el empleo rural,
póngase la cifra que se ha pactado, pero póngase en los presupuestos; no
que el Gobierno actúe después modificando esta actuación o buscando
previsiones o ajustes presupuestarios. Hágase ya desde el principio.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría, por el
Grupo Parlamentario Vasco.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, ¿por qué me olvida siempre,
si soy el más rápido? (Risas.)



El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Sólo quiero agradecer a los portavoces
socialistas el anuncio de su votación favorable a un grupo de enmiendas
presentadas y defendidas por mí en este trámite, y en el momento de la
votación hablaremos de otras que no han sido mencionadas y que,
probablemente, retiraré.




El señor PRESIDENTE: El señor Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muy brevemente, para manifestar que
esperamos de la bondad expuesta por el señor Jerez, portavoz del Grupo
Socialista, que mirarán con detenimiento nuestras enmiendas. Llevamos un
cómputo de las enmiendas sobre las que el Grupo Socialista nos ha dicho
que va a mirar con detenimiento para luego cotejar en el Pleno, de lo que
nos hayan dicho inicialmente, lo que vaya a resultar en la probación
definitiva. No sabemos si es únicamente una pequeña argucia para poder
trasladar la votación final al Pleno y no fijar posiciones en este
momento, o si verdaderamente existe plena voluntad por el Grupo
Socialista de hacerlo. Esperamos que ésa sea la intención expuesta por el
señor Jerez, no queremos ser mal pensados. Y cedo inmediatamente la
palabra, señor Presidente, a mi compañero, señor Olabarría.




El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: No para contestar, sino para agradecer al señor
Jerez, en primer lugar, la aceptación de la enmienda 317, que logra
compatibilizar una cuestión que no es baladí, que es muy relevante
jurídicamente: nada menos que el sector laboral en el ordenamiento
jurídico, la legislación laboral, con la ley presupuestaria. Si no lo
hubiésemos hecho así, hubiésemos tenido quizá conflictos jurídicos de
difícil resolución, incluso en vía jurisdiccional, señor Jerez, y yo le
agradezco la atención intelectual y jurídica a la propuesta de mi Grupo
Parlamentario.




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Señor Presidente, quiero anunciar la retirada de las enmiendas números
318 y 319, en relación al 0,5 por ciento. Efectivamente, la propuesta
hecha por el Grupo Socialista nos parece técnicamente correcta, más
ajustada incluso a los compromisos parlamentarios, los derivados del
Pleno de la Cámara del 15 de febrero de 1994. No es una retirada en
términos reglamentarios; es una integración en la propuesta del Grupo
Socialista. Nosotros entendemos que el Grupo Socialista nos ha propuesto
una transacción, transacción que aceptamos retirando nuestra enmienda e
incluyendo las dos, la 318 y 319, en la propuesta por el Grupo
Socialista.

Y, por último, señor Presidente, lo que sí nos gustaría conocer es que,
puesto que a sugerencias del portavoz del Grupo Socialista la enmienda
320 la tenemos que desplazar a la ley de acompañamiento, la ley
financiera, nos gustaría que quedara constancia, en el «Diario de
Sesiones» incluso, de que no es una retirada formal lo que hacemos con la
320 sino un deslizamiento. Yo no sé qué consecuencias reglamentarias
puede tener o cómo se articula eso reglamentariamente, y nos gustaría,
señor Presidente, que fueran los servicios de la Cámara los que
determinaran cuál es la ubicación sistemática correcta en esta ley de
acompañamiento de nuestra enmienda número 320 en relación a la
condonación de las deudas del extinto Fondo Nacional de Protección al
Trabajo con sociedades anónimas laborales y cooperativas.




El señor PRESIDENTE: Su señoría tiene responsabilidades en el campo de la
interpretación del Reglamento más importantes que las mías. Pienso que,
desde el punto de vista político, es ciertamente positiva la actitud que
ha manifestado y la que, a lo que parece, ha manifestado en relación con
su enmienda el Grupo Parlamentario Socialista. Pero el llamado
deslizamiento de una enmienda de un proyecto de ley a otro proyecto de
ley me temo que va a ser tarea ardua e imposible en el Reglamento. Por
tanto, creo que no hay otra posibilidad que mantener la enmienda y
votarla, en su caso, con el resultado que al final se tome, o bien que
haya algún cauce hábil en el seno de la propia ley llamada de
acompañamiento. Pero la Mesa y la Presidencia no tienen capacidad
reglamentaria para deslizar una enmienda de un proyecto de ley a otro.

Señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Le agradezco su respuesta, señor Presidente,
porque si usted hubiese aceptado mi propuesta, yo me hubiese visto en la
tesitura de tener que deshomologarla en la Mesa en la que yo tengo
asiento, efectivamente. Su posición es correcta, pero lo que sí voy a
pedir al portavoz del Grupo Socialista es, en atención a este consenso
político, a esta transacción política que estamos intentando articular,
no sin dificultades reglamentarias, saber si estarían en la tesitura de
aceptar una transacción in voce, propuesta por mi Grupo Parlamentario con
esta literalidad, cuando se debata la ley de acompañamiento. Si eso es
así, señor Presidente, lo que hacemos es retirar, sin más, la enmienda.




El señor PRESIDENTE: Señor Olabarría, yo he querido simplemente hacer una
advertencia. La Presidencia está dispuesta a colaborar con S. S. y con el
Grupo Socialista en favor de la fórmula política que permita el
deslizamiento. Lo que sabe S. S. es que yo no tengo fórmula jurídica
reglamentaria para permitir el susodicho deslizamiento. En todo caso,
como siempre hay tiempo para que S. S. pueda ponerse de acuerdo, a la
hora de tener que someter la Presidencia a la Comisión la votación de las
enmiendas lo haré en los términos que resulte más positivo para S. S. y
para su Grupo.

Grupo Parlamentario Mixto. El señor Chiquillo tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: Intervengo simplemente para decir que las
enmiendas respecto a las disposiciones adicionales nuevas, un total de
31, las mantenemos con el ruego de que la reflexión que me ha garantizado
el portavoz del Grupo Socialista sea fructífera a los intereses no sólo
míos y del Grupo Socialista, sino del conjunto de la sociedad valenciana
y española, por lo cual espero que alguna de las disposiciones
adicionales nuevas sea aceptada y considerada por esta Comisión.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista se me ha
advertido que intervendrán y por este orden el señor Jerez, el señor
Cremades y el señor Trujillo.

El señor Jerez tiene la palabra.




El señor JEREZ COLINO: Por orden, y como hay poco tiempo, simplemente
quiero decirle al señor Aguirre que, como él conoce, la definición del
déficit y todo lo que supone gasto corriente tiene interpretaciones muy
diversas en función de quien las coja, pero le diré una cosa, lo que sí
es necesario es reconocer el tremendo esfuerzo del Gobierno para la
reducción del déficit estructural. Yo creo que eso es necesario
reconocerlo. Estoy convencido de que siempre se buscará alguna situación
o algún momento en el que esto no sea así, pero yo creo que eso sí es
necesario reconocerlo, y en el esfuerzo de reducción del déficit de 1995,
que podemos llamarlo realista, yo creo que usted conoce perfectamente que
hay un desfase entre la situación económica y la presupuestaria, de tal
manera que en función de ese desfase que se pueda producir a lo largo de
todo el ejercicio, existe compromiso por el propio Ministro de aplicar,
no de manera exclusiva pero sí de una manera importante, los aumentos de
ingresos en la reducción del déficit. Eso lo sabe usted también y, por lo
tanto, yo creo que en estos momentos estamos en previsiones y cualquiera
pueda aceptarlo.

Me estaba refiriendo, seño Núñez, a cuando nos presentaron el informe de
ejecución presupuestaria, a fecha de septiembre, en que se hablaba de un
diecinueve y pico. De los datos que usted me dice, teniendo parcialmente
razón en el incremento, la cantidad del 12,8 y 0,2 se refiere a la
disminución del gasto corriente de 1995; si lo comparamos con el
presupuesto proyectado en 1994 habría una disminución del 12,8 y si lo
comparamos con la liquidación, de un 0,2. En cualquier caso, la intención
del Gobierno en estos



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presupuestos está claramente por la reducción del gasto corriente. Por lo
tanto, yo creo que eso también lo reconocerá sobre el papel. Depende con
qué lo comparemos.

Por lo que respecta al Grupo Vasco (PNV), existe el compromiso por parte
del Partido Socialista de incorporar la enmienda in voce --no cabe duda
que es la fórmula mejor--, lo que supondrá lógicamente la retirada de la
enmienda número 320 para que con este compromiso que queda en el «Diario
de Sesiones» poder asumir después una situación conjunta a la hora de
presentar esta enmienda. De acuerdo.

Yo diría al señor Gatzaetxebarría que no me he comprometido al estudio,
me he comprometido al debate. Le he dicho que no la podíamos aceptar. Si
mira usted el «Diario de Sesiones», verá que no aceptábamos las
transitorias. Lo que sí le decía a usted, y le pedía disculpas, es que
así como ahora íbamos deprisa y no podíamos entrar en el debate,
podríamos hacerlo en el Pleno o en la réplica. Le he dado a usted esas
dos posibilidades como debate para explicaciones, pero no como
aceptación, pero no cabe duda que siempre estaremos abiertos para la
suya.

Y lo mismo le traslado al portavoz de Unión Valenciana, a que en
cualquier momento antes del Pleno se pueda estudiar porque eso no supone
que en un momento determinado, si se defiende, el texto que va a salir de
la Comisión va a ser uno y no cabe duda que se permiten posibilidades de
modificación en el Pleno y no soy yo en ningún momento el que vaya a
colocar los «no» rotundos en ninguno. Es «no» en esta Comisión y así se
lo he dicho. No sabemos qué es lo que podrá pasar en el futuro en función
de las situaciones que se pueden estudiar o de los cambios que puede
haber.




El señor PRESIDENTE: Señor Cremades, tiene la palabra.




El señor CREMADES SENA: Muy brevemente.

En primer lugar quiero agradecer al Grupo Popular su apoyo a la enmienda
transaccional que hemos presentado, a Izquierda Unida y al Grupo Vasco
(PNV) en esta misma dirección, así como al Grupo Catalán (Convergència i
Unió).

En segundo lugar, contestando al Partido Popular, quiero matizar que
evidentemente cuando tiene esas reticencias con el crédito ampliable, con
respecto a la aprobación por parte del Consejo de Ministros y a esa
impresión negativa de que eso luego no se cumple, le quiero recordar que
nuestra enmienda no dependerá del Consejo de Ministros hasta ese 0,35 que
tiene ese primer tramo del crédito ampliable. Por tanto, el señor
Hernando debería despejar estos temores.

En cuanto al déficit, nosotros también estamos preocupados por que no se
dispare el déficit público. Lo que pasa es que pretendemos que se corrija
y que los proyectos de ayuda oficial al desarrollo hasta el 0,5 sean
capaces de gestionarse y no a la inversa. No ponemos el carro delante de
los burros. Lo que hacemos es decir simplemente que son prioritarios e
importantes en estos momentos ambas cosas, pero siempre condicionado que
si se va cumpliendo ese 0,5 porque hay proyectos de gestión, que entonces
obliguemos al Gobierno a corregir mediante la reducción de las partidas
de otros capítulos, en el sentido no disparar ese déficit.

Agradezco a Izquierda Unida que acepte la transaccional a nuestra
enmienda, pero también le quiero decir una cosa. Las preocupaciones que
tienen Izquierda Unida sobre esta transaccional que presentamos, que por
supuesto ha sido producto de un consenso con la Plataforma del 0,7 es un
esfuerzo de negociación importante que lleva el Grupo Socialista, como
creo que han hecho el resto de los grupos, en aras a que esta enmienda
transaccional sea satisfactoria. Se dota al consejo de competencias
claras y diáfanas, y la hemos transado porque mejora la enmienda que
nosotros hemos presentado en el sentido de que se especifican
perfectamente cuáles son las competencias y funcionamientos de este
consejo, con mayoría no de la Administración sino de los ONGs. Allí se
perfilarán muchas de las preocupaciones que tiene el representante de
Izquierda Unida, muchas de las cuales comparto. Evidentemente, ése será
el foro donde se definan todas esas preocupaciones que tiene Izquierda
Unida y que tenemos también nosotros.

Respecto al 0,5 o a que no se garantiza el 0,35, le quiero recordar al
representante de Izquierda Unida, señor Ríos, que con los 32.000 millones
de pesetas podemos estar en torno al 0,32, de acuerdo, pero usted sabe
que en el cómputo global de lo que es AOD oficial a final de año, computa
también la cooperación descentralizada que desde luego este año se va a
incrementar mucho con las decisiones que están tomando comunidades
autónomas y ayuntamientos; las tres centésimas que en todo caso faltarían
para ese 0,35 se conseguirán. Sabe usted que esto no lo decimos nosotros.

El propio CAD, el Comité de Ayuda al Desarrollo, es el que define a final
de año cuál es la ayuda oficial total de todas las administraciones en
ayuda oficial al desarrollo. Ese 0,35 está garantizado sin necesidad de
recurrir al Consejo de Ministros.

Con respecto al FAD --fondos de ayuda al desarrollo-- que es un
instrumento, no el único, de cooperación, le quiero recordar que hay una
cierta confusión en algunas enmiendas que se han presentado hoy y sobre
todo en algunas que se vieron ayer en el artículo 57, porque se sigue
confundiendo aquí, quizá por el nombre, la parte de FAD que es AOD y la
parte de FAD que es ayuda a la exportación, que no tiene nada que ver con
lo que estamos hablando de ayuda oficial al desarrollo. Por tanto, ruego
que no se confundan ambas cosas por lo menos hasta que hagamos la ley que
regule los FAD con una normativa nueva, que pretendemos realizar muy
pronto para que de una vez por todas, espero, clarifiquemos lo que es AOD
desde el Ministerio de Comercio y lo que es realmente ayuda y fomento a
la exportación.

En ese sentido, quiero recordar que esas preocupaciones que tenía el
Grupo de Izquierda Unida sobre utilizar la AOD para venta de armamentos
no tienen ningún sentido porque lo que es AOD, desde el año 1991, nunca
puede computar como venta de material de doble uso de defensa. No puede
computar porque el propio Comité de Ayuda al Desarrollo no nos lo
computaría como AOD cuando hace



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su evaluación. Nos diría: Mire usted, este crédito no es AOD y por tanto
este crédito no lo pueden computar ustedes como tal.

Finalmente, al Grupo Vasco simplemente quiero agradecerle el hecho de que
retire su enmienda y de que acepte la transaccional. Yo creo que no se
puede decir, como algún portavoz ha dicho, que hay reticencia a la hora
de apostar solidariamente por este tema de la cooperación. Este país ha
hecho un tremendo esfuerzo en los últimos once años y ha pasado de ser un
país receptor de ayuda a ser un país donante, y con las medidas que
estamos adoptando en estos presupuestos de 1995 no estaremos a la cabeza
de los países del CAD, pero estamos muy cerca de la cabeza de muchos
países del CAD. El esfuerzo de cooperación que ha hecho España en los
últimos años ha sido un esfuerzo que no se ha dado en ningún país del
mundo; esfuerzo que habrá que seguir haciendo hasta llegar al 0,7, que es
el compromiso que tenemos con las decisiones de la ONU y que el Grupo
Socialista, una vez más, aquí quiere dejar claro que intentaremos que eso
sea antes del objetivo previo que teníamos consensuado del año 2000. Pero
no podemos garantizarlo desde ahora para que sea el próximo año el 0,7.

Si va bien la economía española y la capacidad de gestión de proyectos de
1995 con este salto que damos, probablemente el próximo año seamos
capaces de apostar por subir las dos décimas que nos separarían ya del
0,7.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Trujillo.




El señor TRUJILLO ORAMAS: Señor Ríos, el Plan Nacional de Investigación
Científica y Desarrollo Tecnológico, en desarrollo del artículo 6.º de la
Ley de la Ciencia, ya contiene las previsiones presupuestarias
plurianuales, los programas nacionales, sectoriales, incluso de
comunidades autónomas, que usted pretende introducir con la enmienda
relacionada con esa ley presupuestaria de I + D. Incluso en los
mecanismos de coordinación para la articulación de esas propuestas y esos
programas está creado el propio Consejo Asesor de la Ciencia y de la
Tecnología, donde participan los distintos agentes y las distintas
comunidades científicas, entes economicosociales, etcétera. Por tanto,
consideramos que no es necesario articular esa medida que usted propone.

Respecto a lo que plantea en cuanto a la ley de integración social de los
minusválidos, efectivamente marcaba un plazo de tres años para
equipararlos al 50 por ciento del salario mínimo desde el año 1982, pero
en el año 1990, como usted sabe perfectamente, apareció la Ley de
Pensiones no Contributivas, que viene a cubrir, a dar cobertura a las
mismas necesidades que esa otra ley y que está por encima de ese 50 por
ciento del salario mínimo. Por tanto, no parece razonable que estemos en
la estrategia de la otra ley que ha sido superada por esta más novedosa.

Por lo que se refiere al Plan de Empleo Rural, quiero señalarle que, tal
como establece la disposición final, se autoriza al Gobierno para que
dote los recursos oportunos para el plan de inversiones. Deberá ser el
Real Decreto que desarrolla el Plan de Empleo Rural, como todos los años,
y que se consulta con los agentes sociales y con las correspondientes
comunidades autónomas, el que fije el plan de inversiones a acogerse a
ese Plan de Empleo.

Por último, señalarle que agradezco la retirada de su enmienda 594, que
coincide con la 320, del Partido Nacionalista Vasco, diciéndole tanto a
usted como al señor Olabarría que tengan la absoluta tranquilidad y la
absoluta seguridad que buscaremos esa fórmula parlamentaria que garantice
el coprotagonismo político de las distintas fuerzas en este tema.




El señor PRESIDENTE: Con esta intervención finalizan las correspondientes
a las disposiciones transitorias, finales y adicionales y comenzamos el
debate relacionado con las enmiendas a las distintas secciones. Como he
indicado antes a los señores portavoces de los grupos, conviene, para la
mejor ordenación del debate, comenzar por la sección 12, Ministerio de
Asuntos Exteriores.

A esta sección ha presentado enmiendas el Grupo Popular. En su nombre,
tiene la palabra el señor Robles.




El señor ROBLES OROZCO: En primer lugar le diré que vamos a dividir la
defensa en dos intervenciones, la mía y la de mi compañero de Grupo
Rafael Hernando. La mía va referida especialmente a los temas de
cooperación, es decir, voy a defender las enmiendas 1.074, 1.075, 1.076,
1.079, 1.080 y 1.081.

La número 1.074, como saben, señorías, es la que hace referencia a una
enmienda de totalidad. El Grupo Popular ha expresado en más de una
ocasión que considera que los presupuestos del Ministerio de Asuntos
Exteriores no están en este momento adaptados o adecuados a los objetivos
que el Gobierno se plantea en una política exterior. Es decir, cada año
vemos cómo aumenta de una forma muy considerable el presupuesto referido
a las cuotas a organismos internacionales, cómo también aumentan, por
defectos no deseables, como la devaluación de la peseta --difícilmente
controlable-- y por otros conceptos, gastos que son difícilmente
defendibles y que, en todo caso, están haciendo del presupuesto del
Ministerio de Asuntos Exteriores un presupuesto claramente inadaptado,
como digo, a los objetivos de la política exterior española. La política
de inversiones ha quedado muy mermada y no hay, por tanto, una adaptación
de los créditos adecuada. Hay una falta de control y, a nuestro juicio,
una discrecionalidad. Este año, además, con el aumento importante que
aparentemente ha tenido el Ministerio, que queda prácticamente destinado
a Capítulo I y a cooperación, todo lo que es acción exterior del
Ministerio queda, como digo, seriamente comprometido. De esta forma vamos
a justificar en su momento la enmienda de totalidad.

La enmienda 1.075 se refiere a un capítulo de Ayuda de emergencia y
reposición. Consideramos que la Secretaría de Estado de Cooperación está
excesivamente dotada en cuanto a asesores ejecutivos, en contraste con
los capítulos que puede destinar precisamente a la ayuda de emergencia.

Por lo tanto, esta enmienda trata de dotar con 25 millones a este
capítulo de Ayuda de emergencia y reducirlos del capítulo de asesores
ejecutivos. Creo que son seis los que



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tiene en este momento el Secipi y nos parece claramente desproporcionado.

La enmienda 1.076 hace referencia a la Escuela diplomática. Creemos que
no está suficientemente dotado el capítulo de becas y de formación de la
Escuela, y con el mismo concepto. Es decir, creemos que existe una
dotación excesiva en la Agencia Española de Cooperación Internacional y
una falta de adecuación de los presupuestos en el capítulo de becas de la
Escuela y esta enmienda trata de transferir al programa 131 B, concepto
481, 10 millones de pesetas.

La enmienda 1.077 es relativa al Instituto Cervantes. Hemos podido
comprobar, por las diferentes comparecencias del Director del Instituto
Cervantes, las dificultades en las que en este momento se encuentra para
poder desarrollar el proyecto de implantación del Instituto y, lo que es
más preocupante todavía, el propio funcionamiento correcto del Instituto
Cervantes. Es evidente que aquel plan quinquenal ha quedado desfasado y,
en ese sentido, la comparecencia del Director del Instituto fue todavía
mucho más clarificadora que lo que los números del presupuesto nos
decían. El presupuesto de inversiones ha quedado limitado a 41 millones
de pesetas y el presupuesto de funcionamiento seriamente comprometido.

Por tanto, nuestro Grupo ha presentado dos enmiendas, que son la 1.077 y
la 1.079, que hacen referencia al Instituto Cervantes. Lo que tratamos es
de dotar al capítulo 4, Funcionamiento, y al capítulo 6, Inversiones
reales, con sendas partidas de 200 millones de pesetas para este
Instituto, al que le damos una importancia muy relevante en la política
cultural exterior española.

La enmienda 1.080 hace referencia a un programa muy concreto que se llama
«Archivos». Como saben SS. SS., este programa surge por la firma de ocho
países hispanoamericanos y trata de poner en marcha un proyecto de
editorialización de escritores latinoamericanos y españoles, que ha
tenido un importante éxito y que además tiene en su plan inmediato su
ubicación editorial en España. Esto tiene una importancia para nuestro
país, como es fácilmente comprobable. Se venía colaborando en este
programa a través de los programas del V Centenario y, desde la
desaparición de estos programas, la colaboración ha quedado seriamente
comprometida. Creo que para España, políticamente, no es presentable que
en este momento dejemos de participar en este programa, que además
tendría unos beneficios importantes para nuestro país al estar ubicado en
Madrid el centro editorial de este programa, y que tendría difícil
explicación en el contexto de los países latinoamericanos, máxime cuando
hay países de no lengua hispana, como Francia, que han tenido y tienen
interés en participar en este programa. Por lo tanto, yo creo que es un
programa que para nosotros tiene toda una trascendencia cultural y
también política, y se trata de dotarlo con la cantidad de nueve millones
de pesetas, que entendemos será suficiente para poder seguir
implementando este programa. Por otra parte, insisto en que veníamos
participando en él en ejercicios anteriores.

La última enmienda es la 1.081, con la que, de entrada, lo que pedimos es
una información, porque, a nuestro juicio, no tiene mucho sentido que se
contemplen gastos financieros en el Ministerio de Asuntos Exteriores
cuando esto parece que debería estar reservado exclusivamente al
Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, creemos que estos gastos
financieros que figuran en estos programas no tienen sentido y por eso
hemos presentado, lógicamente, una enmienda de supresión.

Estas son, muy rápidamente enumeradas, señor Presidente, las enmiendas
que nuestro Grupo ha presentado a la Sección 12, con la salvedad de que
quedan todavía las que va a defender mi compañero.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Hernando.




El señor HERNANDO FRAILE: Señor Presidente, voy a defender las enmiendas
números 1.078 y 1.082, referidas al Programa 134 A. En la primera pedimos
la devolución del programa, porque entendemos que la actual distribución
que tiene la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional no es la
más adecuada; no es solamente algo que hayamos evidenciado en reiteradas
ocasiones desde nuestro Grupo, sino que incluso en el informe del Comité
de Ayuda al Desarrollo se habla especial y específicamente de que el
aparato administrativo y burocrático actual no permite realizar una
cooperación internacional con la suficiente efectividad. En el propio
informe del Comité de Ayuda al desarrollo de la OCDE se hablaba de la
intención de la Secretaría de Estado de organizar los tres institutos que
dependen de ella a través de la Agencia Española de Cooperación
Internacional y creemos que eso debería de haberse incluido ya en las
consignaciones presupuestarias que se han realizado. Entendemos que con
la actual configuración presupuestaria se produce una duplicidad de
funciones entre la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y la
Agencia Española de Cooperación Internacional y que habría que procurar
llegar a un organismo único, con el fin de no duplicar gastos. Hemos
visto que los incrementos que se han producido en este capítulo, según
las consignaciones iniciales previstas, pasan a ejecutarse a través de
los Capítulos I y II, personal y gastos corrientes. Nosotros creemos que
estos incrementos deberían de haber incidido más en el Capítulo IV y en
el de proyectos y de programas. Además, teniendo en cuenta que, como
decía anteriormente, se van a producir incrementos muy importantes por
todas las enmiendas presupuestarias que se van a aprobar a lo largo de
los debates en el Congreso, el mayor incremento, seguramente, lo vaya a
tener precisamente este Programa 134 A, incremento que ya hemos visto que
se va a hacer no sólo por intención de nuestro Grupo, sino por intención
del Grupo Socialista en este tipo de programas. Creemos que incidirían y
mejorarían este programa también establecer los mecanismos que permitan
un mayor control de los programas de ONG desde la propia Secretaría de
Estado.

La enmienda número 1.082 es para una cuestión técnica. Pretendemos que se
evite la duplicidad de dotaciones que existe y reagrupar los conceptos de
subvenciones a familias, instituciones sin fines de lucro y las
subvenciones



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al exterior, con lo cual quedarían ambos conceptos agrupados en torno al
programa y no como viene ahora esa duplicidad de dotaciones, es decir, se
fundirían ambas.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya, tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, las actuaciones de secciones,
como la Sección 12, que plantea hacia el exterior la imagen y la
actuación de nuestro país, por regla general siempre ha tenido un
tratamiento por parte de nuestro Grupo diferenciado del resto de
secciones. Por tanto, no hemos presentado enmiendas que vayan a dirigir
la mayor o menor dotación de algunas actuaciones del Ministerio de
Asuntos Exteriores, aunque es verdad que hay algunos departamentos y
algunas de las actuaciones del Ministerio que no están bien dotadas.

Sin embargo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya ha presentado una
enmienda dirigida al organismo 06 de esta Sección 12, precisamente al
concepto de participación en organismos internacionales. No es que
Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya no quiera que España esté
representada en organismos internacionales, sino que, en concreto, en
estos dos, la contribución española a la Otan y a la UEO creemos que no
son ni necesaria ni básica; ni lo eran en su momento, cuando España dio
el paso para incorporarse a esta organización militar, ni lo es aún hoy
en día, mucho menos todavía, puesto que en la situación de nuestro
entorno, no solamente regional en cuanto a Europa, sino en el concierto
mundial, hoy la guerra fría y la posición de confrontación se ha reducido
bastante. Por tanto, las políticas de presencia externa no deben de
fijarse a través de las organizaciones militares y creemos que nuestro
país no debe de participar en ellas. Por esta razón, Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya, para seguir trayendo a reflexión a los
demás Grupos esta discusión, mantiene esta enmienda que pretende reducir
la dotación de los Presupuestos para el año 1995 en la contribución que
nuestro país tiene por su participación en la Otan y en la UEO.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra
el señor Hinojosa.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Mi Grupo tiene presentadas dos enmiendas a
esta Sección 12, que son la 873 y la 874. Ambas enmiendas vienen a
completar y a perfeccionar la enmienda presentada con el número 870. Por
tanto, las doy por defendidas en sus propios términos.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Chiquillo
tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: Unicamente para que se dé por defendida la
enmienda del señor Mur Bernad, del Grupo Mixto, que lleva el número 251.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Martín Mesa.

El señor MARTIN MESA: Con brevedad, voy a empezar defendiendo las tres
enmiendas que presenta el Grupo Socialista a la Sección 12. Por una
parte, la enmienda 415 y la 417 se presentan en coherencia con la
disposición adicional decimonovena, que se defendió con anterioridad por
mi compañero el señor Cremades. Unicamente se pretende incluir en el
concepto 414, por una parte, y 404, por otra, ambos de la Sección 12, uno
del servicio 03 y otro del organismo 103, Agencia Española de Cooperación
Internacional, un inciso, que es: «incluidos los propuestos o a ejecutar
por organizaciones no gubernamentales». Creemos que es perfectamente en
coherencia, como decía, con la enmienda presentada a la disposicion
adicional decimonovena, y con ello las doy por defendidas.

De todas maneras diré que Convergència i Unió, efectivamente, presenta
dos enmiendas de idéntico tenor, la 873 y la 874, que, lógicamente, e
igualmente por coherencia, anuncio que el Grupo Socialista votará
favorablemente.

Respecto a la enmienda 416, del Grupo Socialista, pretende dotar con un
suplemento de crédito al Instituto Cervantes por importe de 300 millones
de pesetas. En este sentido coincidimos con algunos de los planteamientos
que antes realizaban los portavoces del Grupo Popular en cuanto que la
importante labor de difusión de nuestro idioma, de nuestras lenguas, que
lleva a cabo el Instituto Cervantes en el exterior aconseja dotar más
adecuadamente a dicho Instituto. Concretamente nosotros proponemos una
baja en la Sección 31, en el Servicio 02, y la alta correspondiente en el
Servicio 03, concretamente en el concepto 447, del Instituto Cervantes.

Lógicamente, en función de las necesidades del Instituto, estimamos que
las más acuciantes y las más apremiantes son las de gastos corrientes,
capítulos 1 y 2. ¿Por qué? Porque muchos de los centros que el Instituto
está abriendo en el exterior se hacen en colaboración con organismos, con
Gobiernos internacionales, que permiten obviar la realización de
inversiones reales para la construcción de estos centros. Sin embargo,
una vez construidos los centros, es evidente que los gastos de personal,
concretamente del profesorado que habrá de impartir la enseñanza, o los
gastos de mantenimiento de los mismos centros, aconsejan dotar un crédito
suplementario, concretamente de 250 millones al Capítulo 1 y de 50
millones al Capítulo 2. Somos conscientes de que, en este aspecto, para
una labor tan importante y decisiva como la del Instituto Cervantes
cualquier cantidad puede parecernos pequeña, pero en función del ajuste
presupuestario, de las propias características del presupuesto de no
incrementar el déficit público, creemos que con ello respondemos a la
demanda que el propio Director del Instituto ha realizado en cuantas
comparecencias ha hecho en esta Cámara, concretamente en la Comisión de
Asuntos Exteriores, y planteamos esta enmienda.

Habré de referirme, a continuación, en turno en contra, a las enmiendas
presentadas por el Grupo Mixto-Partido Aragonés Regionalista, en el
sentido de que el incremento que plantean de 100 millones de pesetas no
viene con especificación de concepto artículo ni capítulo, y además
actualmente carece de aplicación en la que queden recogidos



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los convenios a que hace referencia la enmienda. No estimamos conveniente
en este sentido, digo, su mantenimiento.

Respecto a la enmienda 622 que plantea el Grupo de Izquierda Unida, lo
único que pretende es la supresión, supongo, porque no me queda claro.

Después de la intervención del portavoz creo que es la reducción de
1.900.000 pesetas. Yo dudaba, en función de las propias cantidades que
imagino que supondrá la aportación española tanto a la UEO como a la
OTAN, pues es una cantidad nimia. En cualquier caso, llegué a pensar en
algún momento que se referían ustedes a 1.900 millones de pesetas y no a
1.900.000 pesetas y que había sido un error de tres ceros.

De cualquier forma, las aportaciones que se contemplan en el concepto 491
del organismo, los 37.277 millones de participación y cuota
internacionales, es una aportación absolutamente ajustada, absolutamente
pegada a la realidad y cualquier disminución no haría sino permitirnos
incumplir los compromisos de nuestro país. De ahí que no podamos aceptar
la enmienda que ustedes plantean.

Respecto a las enmiendas planteadas por el Partido Popular, intentaré ser
breve. Me referiré fundamentalmente a la enmienda de totalidad que
plantean a la sección 12, concretamente la enmienda 1.074. Cuando uno lee
la justificación: inadecuada distribución de créditos, falta de control y
excesiva discrecionalidad, imposibilidad de alcanzar objetivos,
discrepancia en las prioridades políticas de los gastos, etcétera, es
decir, una descalificación que yo diría que es, si me permiten los
portavoces del Grupo Popular, dura, global e incluso me atrevería a decir
una terrible descalificación de la sección 12; sin embargo, si uno
después se va a las enmiendas 1.075 a 1.082, por un importe, asómbrense,
señorías, de 254 millones de pesetas, es decir, enmiendas que equivale al
0,25 por ciento de los 108.000 millones de pesetas que contempla el
presupuesto; es más, si tenemos en cuenta que el propio Grupo Socialista
plantea una enmienda de 300 millones para el Instituto Cervantes y
quitáramos los 200 millones en un juego de números, la enmienda que
plantean es algo así como el 0,05 por ciento del total del presupuesto.

Yo le diría que por qué no proponen una alternativa a la sección 12,
porque de la enmiendas parciales no se deduce, en absoluto, esta
declaración ampulosa y terrible, como decía antes, de enmienda a la
totalidad.

El proyecto de presupuestos en esta sección se enmarca dentro de los
objetivos prioritarios de la política presupuestaria del Gobierno de los
presupuestos Generales del Estado para 1995 de contención del gasto
público. Todo ello sin menoscabo en la consecución de las prioridades
establecidas en la política general del Departamento.

En cualquier caso, en la memoria de objetivos que acompaña a los
presupuestos puede detectarse claramente cuál es el objetivo del
presupuesto que, dicho sea de paso y en función de las enmiendas aquí
defendidas, es evidente que, afortunadamente, como ocurre con la política
general exterior del Gobierno, goza de un amplio consenso en la Cámara.

Con la enmienda 1.075, que plantea dotar de 25 millones para ayuda de
emergencia y reposición, es evidente que nosotros compartimos el loable
deseo de disponer de mayores dotaciones para ayudas a países necesitados
en situaciones de emergencia. Sin embargo, lo que no podemos compartir es
la financiación que proponen, la baja en el capítulo 1, ya que las
cantidades consignadas son absolutamente imprescindibles para atender a
los compromisos. Pretenden la reducción de asesores ejecutivos en la
Secretaría de Estado.

La enmienda 1.076 va prácticamente en el mismo sentido. Es loable también
el incremento de becas a los alumnos de la Escuela Diplomática; sin
embargo, no consideramos adecuada la financiación que proponen, porque,
igualmente, en el concepto 226, de gastos diversos, se acomodan diversos
conceptos que no pueden ser susceptibles de minoración por la índole de
su naturaleza, desde atenciones protocolarias, publicaciones, reuniones,
conferencias, etcétera.

Yo les pediría que retiraran las enmiendas 1.077 y 1.079, ambas referidas
al Instituto Cervantes, apoyaran la nuestra, la 416, en el sentido de que
no planteamos un incremento de 200, sino mayor, de 300 millones de
pesetas. No al capítulo 6 de inversiones que ustedes plantean, sino al 1
y 2, de gasto corriente, pero ya le he dicho que, a nuestro juicio --y
creo compartir es este sentido el juicio del propio Director del
Instituto Cervantes-- es prioritario en estos momentos atender al gasto
corriente para los centros ya en funcionamiento, más que para la
construcción de nuevos centros.

Respecto a la enmienda 1.078, de devolución, a nuestro juicio plantea una
cierta confusión al replantear el programa 134.A, de cooperación para el
desarrollo. Concretamente debería decir aquí que la función más amplia de
relaciones exteriores acoge a la subfunción de cooperación internacional
y éste, a su vez, comprende el programa 134.A, de cooperación para el
desarrollo. Las dotaciones de este programa, como ustedes saben bien,
están asignadas a diversos ministerios: Asuntos Exteriores, Trabajo y
Seguridad Social y Educación y Ciencia. Creemos que la reorganización del
programa, concentrándolo en la Secretaría de Estado de Cooperación
Internacional, no es viable, toda vez que cada Departamento ministerial
desarrolla una actividad que finalmente confluye en la cooperación
internacional, pero que su gestión la llevan a cabo en sectores o campos
de actuación claramente diferenciados. Pero es más: en Asuntos Exteriores
creemos que es innecesario e inoperante el agrupamiento de la Secretaría
de Estado y de la Agencia Española de Cooperación Internacional, ya que
desarrollan cometidos totalmente diferenciados que aconsejan estructuras
apropiadas a los mismos.

Respecto a la enmienda 1.080, igualmente consideramos inadecuada la
financiación que proponen, por lo que no la podemos apoyar.

La enmienda 1.081 pretende una baja en otros gastos financieros de
aproximadamente 10 millones de pesetas. Incluso el portavoz popular decía
que prácticamente lo que pedía era aclaración o información. El
mantenimiento del concepto es necesario, porque ha de hacer frente a
gastos financieros generados, por una parte, por diferencias en cambios
y, por otra parte, por intereses negativos de cuentas



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corrientes de los organismos españoles en el extranjero, y ello en los
pagos al exterior.

Son gastos que vienen produciéndose fundamentalmente por el desfase que
necesariamente se produce entre la orden de pago y la realización del
mismo, lo cual ocasiona una diferente paridad de la peseta con las
restantes monedas. Esas disparidades de la cotización de la peseta con
las restantes monedas es la que se sufraga con estos aproximadamente diez
millones de pesetas.

Por último, señalar que nos parece absolutamente acertada, y vamos a
apoyar, la enmienda 1.082, del Partido Popular. Es una enmienda técnica
que pretende fusionar los conceptos 480 y 484 del organismo 103, de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, y, por otra parte, los
conceptos 490 y 493, de transferencias al exterior, también de la sección
12, de la misma Agencia Española de Cooperación Internacional. Nos parece
acertada la enmienda técnica en este sentido. La aceptamos y la apoyamos,
únicamente especificando que la dotación que proponen para la 490, de la
suma de los dos subconceptos, les falta mil pesetas, son 737.197.000
pesetas, por exactitud cuadre del presupuesto.

Con ello doy por defendidas las enmiendas y fijada nuestra posición de
turno en contra.




El señor PRESIDENTE: Segundo y muy breve turno.

Señor Robles, tiene la palabra.




El señor ROBLES OROZCO: Señor Presidente, poco más que decir. Sólo que
vamos a mantener todas y cada una de nuestra enmiendas. Las consideramos
que siguen siendo adecuadas y especialmente esperamos que reconsidere el
Grupo mayoritario aquellas que hacen referencia al Instituto Cervantes,
porque consideramos que nuestras enmiendas completan mejor la posibilidad
de desarrollo de este Instituto, así como el programa Archivos, que
tendremos la ocasión probablemente de hablar más sobre él, que
consideramos importante para el sector editorial español y para la
importancia cultural española en América, y todos los demás que hacen
referencia a la capacidad del servicio exterior en el extranjero.

Por tanto, mantenemos vivas las enmiendas.




El señor PRESIDENTE: El señor Hernando tiene la palabra.




El señor HERNANDO FRAILE: En el tema de cooperación decirle al portavoz
socialista que le agradecemos que acepte la enmienda 1.082, que es de
tipo técnico.

En lo que se refiere a la 1.078, volver a insistir en que creemos que es
necesario buscar la unidad de acción de todas las actuaciones de
cooperación internacional y creemos que eso debe de pasar por la
reestructuración de todo nuestro aparato administrativo, tanto el que se
refiere a la Secretaría de Cooperación Internacional como al de la
Agencia Española de Cooperación Internacional, de cara a afrontar
precisamente esa implementación presupuestaria tan importante que se va a
consignar para el próximo año.

El señor PRESIDENTE: El señor Ríos, por Izquierda Unida, tiene la
palabra.




El señor RIOS MARTINEZ: Muy breve, señor Presidente.

La enmienda de Izquierda Unida iba dirigida precisamente no a poner en
cuestión los 37.000 millones de pesetas que tiene nuestra propuesta de
presupuestos para cumplir las obligaciones con los organismos
internacionales en los que participamos, sino la previsión desde el
objetivo de que si nosotros tuviéramos esa responsabilidad no
participaríamos ni en la OTAN ni en la UEO y no tendríamos que pagar
nuestra tarifa. Por eso hemos presentado la reducción del total de
37.000.000, 1.900.000 pesetas, que más o menos viene a ser la cuota que
nos cuesta la participación en ambos organismos.

El porqué, ya lo he dicho antes. Los números los digo ahora, y la
propuesta, para tranquilidad también, se la vuelvo a repetir ahora. La
mantengo para el Pleno porque es nuestra aportación al debate de Asuntos
Exteriores, porque con todo lo demás casi, casi, coincidimos, hasta con
las enmiendas del Grupo Socialista que ha presentado al Instituto
Cervantes, y ya viene a ser raro esto, porque no va a ser lo normal en la
demás secciones.




El señor PRESIDENTE: Termina el debate de la Sección 12, Ministerio de
Asuntos Exteriores.

Vamos a comenzar la deliberación relativa a la Sección 5, Consejo de
Estado, y Sección 8, Consejo General del Poder Judicial, a las que han
presentado enmiendas el grupo parlamentario Popular. En su nombre, tiene
la palabra el señor Cortés Muñoz.




El señor CORTES MUÑOZ: Sección 14.




El señor PRESIDENTE: Hemos pasado a la Sección 5, correspondiente al
Consejo de Estado, y 8, al Consejo General del Poder Judicial.




El señor CORTES MUÑOZ: Señor Presidente, no soy yo el representante del
Partido Popular que va a intervenir.




El señor PRESIDENTE: Si les parece que alteremos el orden, por si el
Grupo parlamentario Popular quiere defender sus enmiendas a las Secciones
5 y 8 y pasamos a la Sección 13.

Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Para recordarle que nuestro Grupo
también tiene enmiendas a la sección relativa al Consejo General del
Poder Judicial.




El señor PRESIDENTE: Lo dije porque estábamos a la espera de la
comparecencia del ponente del Partido Popular para tratarlas toda juntas.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: A nuestro Grupo no le importa. Se lo
digo porque no ha mencionado



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que habíamos presentado enmiendas. Sólo ha mencionado que el Grupo
Popular era el único que había presentado enmiendas a esta Sección. Le
recuerdo que nuestro grupo también las tiene a la sección relativa al
Consejo del Poder Judicial. Mi intervención era únicamente a esos
efectos. Estoy completamente de acuerdo en que esperemos a que el
portavoz del grupo Popular esté presente en la sala y podamos debatir
esta cuestión.




El señor PRESIDENTE: No quiero entrar en polémica con S. S. Yo no he
dicho que sólo tuviera enmiendas el Grupo Parlamentario Popular; es que
no he podido salir del embrollo de la no presencia del representante del
Grupo Parlamentario Popular, que veo que entra en la sala. Por lo tanto,
podemos darle la palabra al señor Padilla, para defender las enmiendas de
su Grupo a las secciones correspondientes al Consejo de Estado y al
Consejo General del Poder Judicial.




El señor PADILLA CARBALLADA: Ruego se disculpe mi ausencia para atender
el teléfono.

Nosotros no tenemos más que la enmienda 1.073, a la Sección 8. Hay una
enmienda del Grupo Socialista a la Sección 5, la 414, en la que
manifestamos nuestra intención de abstenernos porque se dice que es una
enmienda de carácter técnico y nosotros no hemos alcanzado a comprender
su contenido.

En cuanto a la enmienda 1.073, a la Sección 8 a que hacía referencia, se
traduce exclusivamente en acomodar el Presupuesto de 1995 a las
previsiones de la recientemente aprobada por esta Cámara reforma de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, para que, en definitiva, el órgano de
gobierno de los jueces pueda poner en marcha el centro de
perfeccionamiento y formación de jueces y magistrados. A esos efectos
hemos presentado esta enmienda, que supone detraer de la previsión
presupuestaria del Centro de Estudios Judiciales la cantidad suficiente
para atender la puesta en funcionamiento de esta nueva competencia, de
este nuevo servicio, podríamos denominarlo así, atribuido a la
competencia del Consejo General del Poder Judicial. A eso se concreta
nuestra enmienda, la cual quiere traducir a la realidad presupuestaria
una realidad legal plasmada en la reforma de la ley que va a tener
desarrollo en el ejercicio de 1995 y para la que no existía previsión
alguna. A eso se concreta nuestra enmienda. Anunciamos nuestra abstención
a las enmiendas 326 y 327, del Grupo Mixto, señor Albistur, y del Grupo
Vasco a esta Sección 8 de los Presupuestos Generales para 1995.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Señor Presidente, nuestro Grupo
Parlamentario tiene 3 enmiendas, la 326 y 327, que es el incremento de
gasto y la contrapartida de minoración, y la 389, en la que a nuestro
grupo parlamentario nos llama poderosísimamente la atención que en los
planes del Consejo General del Poder Judicial no se hace ninguna
referencia a la formación de los jueces y magistrados en el conocimiento
de lenguas oficiales distintas al castellano, como el catalán, el
gallego, el valenciano, el euskera, cuando el 42 por ciento de los jueces
y magistrados en España ejercen sus funciones jurisdiccionales en
territorios del Estado español en regímenes de cooficialidad lingüística.

A esto nosotros añadiremos la contestación que hace unos días el mismo
Presidente del Consejo General del Poder Judicial daba a los grupos
parlamentarios reconociendo el incumplimiento flagrante del Consejo
General del Poder Judicial de la legalidad de diferentes estatutos de
autonomía donde no se computa como mérito para la ocupación de plazas de
jueces y magistrados en estas comunidades autónomas el conocimiento de
estas lenguas oficiales distintas del castellano ni del derecho foral
específico o administrativo, en su caso, que existe en estas comunidades
autónomas.

El señor Ministro de Justicia e Interior, sobre una pregunta oral que le
hicimos en el Pleno, venía a reconocer explícitamente que existe una
responsabilidad política, no del Gobierno, puesto que el Consejo General
del Poder Judicial no depende del Gobierno, pero sí una responsabilidad
política del Consejo General del Poder Judicial, lo cual, señalaba el
señor Ministro, es una cuestión todavía no zanjada ni analizada doctrinal
ni jurisprudencialmente, pero que, en definitiva, nosotros, como
representantes de la soberanía popular, tenemos que denunciar aquí que el
Consejo General del Poder Judicial no está cumpliendo con la legalidad
vigente, cuando es el órgano judicial que por antonomasia es el encargado
de la aplicación del principio de legalidad en la actuación de los
poderes públicos y como representante de los diferentes órganos
judiciales.

Por lo tanto, nuestro Grupo Parlamentario pretende, mediante una cantidad
insignificante dentro de los Presupuestos Generales del Estado, dedicar
en los planes de formación y de selección de los jueces esta cantidad de
20 millones para que se compute, de alguna manera, en los concursos de
provisión de vacantes y en la selección el conocimiento de lenguas
cooficiales distintas del castellano. De esta manera, entendemos que
iremos cumpliendo lo que está establecido en los diferentes estatutos de
autonomía y en la misma constitución, que es la vigencia, la
cooficialidad de lenguas oficiales distintas del castellano. Esta es
nuestra proposición en las enmiendas 326 y 327 y en la 389 lo que
pretendemos incluir es que, dentro de los objetivos que tiene
establecidos el Consejo General del Poder Judicial en sus Presupuestos,
aparezca la formación en lenguas oficiales distintas del castellano,
puesto que nos encontramos en un Estado plurinacional, pluricultural y
plurilingüístico.

Termino, señor Presidente. Nada más.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor De
la Rocha tiene la palabra.




El señor DE LA ROCHA RUBI: Señor Presidente, voy a fijar la posición de
mi Grupo en relación con las enmiendas que se acaban de defender y
anuncio nuestro voto en contra, por las razones que brevemente voy a
exponer.




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En primer lugar, en relación con la enmienda 1.073, del Grupo
Parlamentario Popular, tendente a dotar con 100 millones de pesetas la
creación de un nuevo centro de selección y formación de jueces y
magistrados en la Sección del Consejo General del Poder Judicial, nuestra
posición venía por innecesaria y ésta se encuentra argumentada o avalada
no por mis palabras, las de nuestro Grupo, sino por las del propio
Presidente del Consejo General del Poder Judicial, que esta misma mañana,
sentado donde está en estos momentos el Presidente de esta Comisión, a lo
largo de cinco horas ha venido explicando la Memoria del año 1993 y del
programa que están desarrollando y ha dicho que el centro de selección y
formación de jueces y magistrados no entrará en funcionamiento hasta el
mes de abril de 1996. A lo largo de 1995 intentará llegar a un acuerdo
con el Ministerio de Justicia para que las promociones que ya están en
marcha sigan en el Centro de Estudios Judiciales. Esa propuesta es
enormemente coherente con el hecho de que él ha dicho que la primera
promoción que el Consejo General del Poder Judicial quiere tutelar, valga
la expresión, será la que salga de la convocatoria que se haga en enero
de 1995. Incluso ha continuado argumentando que a lo largo del año 1995
se pretende establecer el reglamento de funcionamiento y los criterios
básicos.

Por tanto, desde el punto de vista presupuestario, no es necesaria esta
previsión. Sí habrá que hacerla, evidentemente, para el año 1996, pero
nos parece, por consiguiente, innecesario dotar por 100 millones de
pesetas.

En cuanto a las enmiendas que ha defendido el portavoz del Grupo
Parlamentario Vasco, PNV, he de decir que las dos primeras, sobre todo
por el entusiasmo y la pasión que ha puesto (y lo digo con todo el afecto
para el señor Gatzagaetxebarría), son sorprendentes, porque decir que el
Consejo General del Poder Judicial no viene haciendo cursos en euskera,
en catalán o en gallego y que se dote una partida para que esa finalidad
es, probablemente (seguramente, tratándose del señor Diputado que ha
hablado), el desconocimiento de lo que hace el Consejo General del Poder
Judicial.

Tengo aquí en la mano la memoria del año 1994, que esta mañana, por lo
demás, se nos ha expuesto y defendido por el señor Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, en cuya página 69, en los anexos que se
refieren a las actividades de colaboración con los gobiernos de
comunidades autónomas, concretamente en el anexo del País Vasco, dice:
cursos de euskera para jueces y magistrados... se continúa con la oferta
individualizada, de acuerdo con la Comunidad Autónoma Vasca, y en la
página siguiente se dice lo mismo respecto del Gobierno gallego y del
Gobierno catalán.

Por consiguiente, creo que es una omisión, un olvido, un desconocimiento
y no hay más razones para poder seguir argumentando por qué no aceptamos
que se haga lo que ya se está haciendo.

Sí, en cambio, le vamos a aceptar la enmienda 389, porque lo que es
verdad es que no está explicitado en la referencia de objetivos de
actuación del Consejo General del Poder Judicial que entre los objetivos
de formación está también el proporcionar conocimiento, iniciación,
ampliación o mejora del conocimiento de las distintas lenguas del Estado
español distintas al castellano a los jueces y magistrados de esas
comunidades autónomas.




El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra.




El señor PADILLA CARBALLADA: Brevísimamente, señor Presidente.

Efectivamente, ha escuchado este Diputado al señor Presidente del Consejo
General del Poder Judicial esta mañana, pero nosotros no podíamos tener
la presciencia de saber la opinión del órgano de gobierno del Poder
Judicial. En todo caso, nosotros nos atenemos al contenido de la ley, y
la ley no tiene ninguna disposición temporal que implicara que ese centro
no tiene que empezar a funcionar hasta 1996. En ese punto, y con todo
respeto (respeto a la referencia a la persona), exclusivamente para
contraargumentar al representante del Grupo Socialista, hemos de decir
que la ley, naturalmente, obliga a todos, también al Consejo General del
Poder Judicial, también a su Presidente, que además suponemos que ya
estará muy acostumbrado al criterio y al principio de sometimiento a la
ley. De manera que nosotros, como no hay ninguna disposición temporal que
remitiera la puesta en funcionamiento de esa previsión de la ley orgánica
a 1996, nosotros, naturalmente, preferimos el criterio de la ley que el
criterio, por muy respetable que sea, del señor Presidente del Consejo
General del Poder Judicial.




El señor PRESIDENTE: Señor Gatzagaetxebarría, tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Yo le tengo que decir al señor De la
Rocha que no hay ni desconocimiento ni olvido por parte de este Grupo
parlamentario. Al contrario: yo tengo que decir que quizá el
desconocimiento y el olvido es de él, porque yo tengo aquí la respuesta
firmada por el Presidente del Consejo General del Poder Judicial, donde
habla del convenio entre la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero habla
también del convenio con la Comunidad Autónoma Gallega, con la Comunidad
Autónoma de las islas Baleares, de Cataluña, y donde se habla de
convenios de colaboración para la formación de jueces y magistrados, pero
sufragados por las comunidades autónomas; ésa es la diferencia; porque
usted no me ha dicho en qué partida de los Presupuestos Generales del
Estado, en la sección del Consejo General del Poder Judicial, hay
consignación presupuestaria para formación. Efectivamente, se da
formación, en muy pocos casos, porque yo tengo aquí todos los cómputos de
todos los cursos, pero, además, es a costa de los presupuestos de las
comunidades autónomas, quienes fomentan la utilización, en sus ámbitos
territoriales, de lenguas oficiales distintas del castellano para formar
a personal que no depende de las administraciones de las comunidades
autónomas, sino que dependen del Consejo General del Poder Judicial.

Por tanto, lo que usted dice del olvido y el desconocimiento no es de
este Grupo, es de usted, de que las consignaciones



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presupuestarias no responden al Consejo General del Poder Judicial, sino
a las comunidades autónomas.

Lo que nosotros pretendemos es que el cumplimiento de la legalidad sea
del mismo Consejo General del Poder Judicial, que en sus presupuestos
aparezcan 20 millones de pesetas para formación en lenguas distintas del
castellano y no que sean las comunidades autónomas las que con sus
presupuestos sufraguen la formación del Consejo General del Poder
Judicial, como aquí lo manifiesta el señor Pascual Sala, en contestación
dada, a través de la Presidente de Presidencia de esta Cámara, a este
Grupo parlamentario.

Por lo tanto, si usted dice que el desconocimiento es el nuestro, yo lo
reconoceré siempre que me diga dónde está la partida presupuestaria para
dedicarse a estos fines. Como no la hay, no me lo podrá decir.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: El señor De la Rocha tiene la palabra.




El señor DE LAROCHA RUBI: Para un brevísimo turno de dúplica.

En relación con la enmienda del Grupo parlamentario Popular, quiero
insistir en que si a lo largo del año 1995 las actividades que va a hacer
el Consejo General del Poder Judicial para constituir el centro de
estudios de formación de jueces y magistrados no van a necesitar partida
presupuestaria, según ha manifestado su propio presidente, sino que se va
a quedar reducido a la preparación de su reglamento interno y la
selección de sus directores, para lo cual los créditos presupuestarios
actuales son suficientes; el Presidente del Consejo General del Poder
Judicial no creo yo que vaya a incumplir la ley; simplemente la va a ir
aplicando a lo largo del tiempo conforme hoy cree razonable. Por tanto,
nos parece que no hay necesidad de esta partida, que sí la habrá el otro
año, que estaremos atentos todos a que su dotación sea la razonable, la
necesaria, pero no hay por qué forzar a algo que en este momento no es
imperativo.

En segundo lugar, quiero decir que el señor portavoz del Partido
Nacionalista Vasco ha dicho dos cosas en su primera intervención: una,
que el Consejo General del Poder Judicial estaba incumpliendo la
finalidad de formar a jueces y magistrados en las otras lenguas de España
que no son el castellano, y yo le he dicho que eso no era cierto.

Probablemente su afirmación dependía o respondía a ignorancia. Quizá él
me corrije y dice: «No es problema de ignorancia, es un problema sólo de
financiación.»
Creo recordar que en algunos de esos convenios, el Consejo General del
Poder Judicial está pagando parte también de esos cursos de formación.

Pero como usted no dice en qué partida está... Señor Gatzagaetxebarría,
el programa 141 se refiere a selección y formación de jueces. Tiene un
montante global, como usted bien conoce, de 742 millones de pesetas. Ahí
no se hace un desglose curso por curso, actividad a actividad. Sí se hace
una revisión general a todos los cursos, entre ellos a la parte que
aporta para los cursos que hace en colaboración con las comunidades
autónomas. Pero yo creo que su intención, que es una intención que
comparto, queda suficientemente cubierta con forzarle al Consejo General
del Poder Judicial, aceptándole la enmienda --creo que ha dicho que es la
39, porque no la tenía a mano--, a que, entre los objetivos de los
cursos, esté también la formación de los jueces y magistrados en las
otras lenguas españolas distintas del castellano.

Nada más, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Terminadas las deliberaciones relacionadas con las
enmiendas presentadas a las secciones del Consejo de Estado y Consejo
General del Poder Judicial, comenzamos las correspondientes a la Sección
13, Ministerio de Justicia e Interior, en la que tienen enmiendas, entre
otros, el Grupo parlamentario Popular.

En su nombre, en primer lugar, tiene la palabra ¿el señor Padilla o el
señor Baón?



El señor PADILLA CARBALLADA: Empezaré yo, señor Presidente.




El señor PRESIDENTE: Señor Padilla, tiene la palabra.




El señor PADILLA CARBALLADA: Aunque la realidad de la entidad del
Ministerio es Interior y Justicia, la proclamación de orden del
Ministerio es Justicia e Interior.

El Grupo Popular, señor Presidente, señoras y señores diputados, formula,
en lo que al contenido de la sección se refiere a justicia, las enmiendas
números 1.083 y 1.084 y 1.090 a 1.106 de este conjunto de enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado.

La enmienda número 1.083, que, en realidad, es conjunta para todo el
Ministerio, interesa la devolución de la sección en su totalidad;
interesa la devolución de la sección en su totalidad porque entiende
nuestro Grupo que este presupuesto que se concreta en la Sección 13 para
el Ministerio de Justicia e Interior es un presupuesto inadecuado para
alcanzar los propios fines que en la correspondiente memoria señala el
Gobierno que persiguen estos Presupuestos Generales del Estado. Es
inapropiado, entendemos, porque un año más se nos traen unos presupuestos
continuistas, en los que no se abordan, evidentemente, unas soluciones
presupuestarias, unos hitos, unas pautas presupuestarias que permitieran,
naturalmente, después cambiar los modos, las actuaciones, las formas de
luchar contra aquellos problemas que se han manifestado reiteradamente a
lo largo de los años.

En este punto bastaría decir, refiriéndome ahora a Justicia, que estos
Presupuestos no son más que una manifestación continuista de lo que han
sido los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio de Justicia los
años anteriores.

Como esos Presupuestos es patente que no dieron solución a los problemas
de la justicia española, problemas que continúan latentes de atasco, de
atraso, de respuesta judicial no adecuada a las necesidades de la
sociedad española, que siguen acentuando una dotación económica
desequilibrada que fundamentalmente atiende a gastos corrientes y



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que no tiene soluciones ni recetas presupuestadas para paliar el problema
de atasco y atraso de los tribunales españoles y que, en definitiva, lo
que pretenden es una continuidad de esas soluciones que se han
manifestado ineficaces, nosotros entendemos que este Presupuesto no es
adecuado.

Por lo demás, el Presupuesto contiene para los órganos centrales del
Ministerio una dotación económica que entendemos es absolutamente
desproporcionada, una dotación de gastos reservados que casi es del 70
por ciento, por poner un ejemplo, de la cantidad destinada a paliar los
problemas del atraso judicial (se dedican más de 800 millones de pesetas
a gastos reservados y 1.400 millones de pesetas a luchar contra esa
situación de atasco judicial). No tiene ni siquiera coherencia con el
programa del Gobierno plasmado en la reforma de la Ley Orgánica que
pretende acentuar aquellas medidas para resolver los problemas de atasco
judicial, como son la adscripción de jueces sustitutos y la adscripción
de magistrados suplentes a los tribunales, con una cantidad de 1.400
millones de pesetas, como decía antes, que es algo superior, en 200
millones de pesetas, a la del ejercicio anterior y que, por cierto, se
manifestó insuficiente durante su desarrollo.

Por tanto, entendemos que, en términos generales, el Presupuesto de la
Sección no responde ni siquiera a la propia política que el Gobierno
presentó a la Cámara con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial
como solución a los problemas actuales.

Las enmiendas concretas, señor Presidente, señoras y señores Diputados,
responde a un recorte en determinadas partidas de gastos corrientes que
nosotros entendemos están poco justificadas. Entendemos poco justificada
esa dotación para gastos reservados, sobre todo teniendo en cuenta el
poco escrupuloso uso de estos gastos que, al menos aparentemente, se ha
venido haciendo durante esos ejercicios, que además no sólo se han
extendido a las cantidades presupuestadas, sino a las ampliaciones de
crédito, de las que se han tenido conocimiento después en la ejecución de
los correspondientes Presupuestos de las últimas anualidades. Tiene
también capítulos que nosotros entendemos que deben ser cuidadosamente
presupuestados, sobre todo atendiendo al déficit público que uno y otro
año va agobiando el cumplimiento del Presupuesto y que responderían, por
no ser excesivamente pesado en la exposición de nuestras enmiendas en
este momento, a capítulos como el de protocolo, como el de suscripciones,
libros y revistas, como algunos capítulos de personal, en concreto el del
personal eventual de los órganos centrales del Ministerio, en los que
aparece una cantidad absolutamente disparatada de mil y pico millones de
pesetas, que nosotros no entendemos en modo alguno justificado y que,
naturalmente, pretendemos que se reduzca para dedicarlo, en un mayor
esfuerzo, no en nuestra línea, que, evidentemente, era otra, sino en la
línea que el propio Gobierno proponía de luchar contra las deficiencias
de esa respuesta judicial insuficiente que el Estado español da a las
pretensiones de justicia de los ciudadanos españoles.

Consideramos que el presupuesto tiene esos desajustes y hemos procurado,
a través de estas enmiendas, que han ido reduciendo justamente estos
capítulos en todos y cada uno de los epígrafes del presupuesto de esta
sección 13, buscar una política de ahorro y de austeridad, que no
resultan del presupuesto tal como lo remite el Gobierno a la Cámara.

Hemos considerado que en algún caso concreto (lo cual pone de relieve la
mesura y la reflexión con que hemos formulado nuestras enmiendas), como
sería el caso de la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado,
es donde debería aumentarse esa partida de suscripciones y de medios
bibliográficos, porque esa Dirección General, que tiene encomendado el
asesoramiento del Estado, es la que debe hacer un esfuerzo especial para
tener a su disposición toda la documentación necesaria para conocer en
todo momento la doctrina más moderna, los pronunciamientos de los
tribunales lo más al día posible y, naturalmente, tener un conocimiento
cabal de la doctrina y jurisprudencia que permita también asesorar al
Estado con el mayor conocimiento, con la mayor autoridad y con la mayor
eficacia y efectividad.

Nosotros entendemos que hay una serie de partidas relativas a
asesoramientos externos poco justificadas y notoriamente cuantiosas, que
creemos deben ser en algunos casos reducidas y en otros eliminadas.

En esos términos generales se cifran estas enmiendas números 1.083, 1.084
y de la número 1.090 a 1.155 de esta sección 13. Para terminar he de
decir que la enmienda 1.084, en concreto, pretende la devolución, no del
programa en su totalidad, sino del programa relativo a tribunales de
justicia y Ministerio Fiscal, porque es aquí justamente donde debería
hacerse el mayor esfuerzo presupuestario. Los años van pasando y los
ejecutivos siguen dilatándose, las letras no se ejecutan, la respuesta
judicial a los ciudadanos sigue siendo insuficiente, lenta, retardataria
y perjudica, naturalmente, legítimos intereses y derechos de los
ciudadanos. El esfuerzo presupuestario no va por ahí, y hemos querido
ponerlo especialmente de relieve en nuestra enmienda a este programa, el
142.A, que pone de manifiesto todas las carencias y todas las
insuficiencias de este presupuesto, si de verdad el Gobierno tiene la
voluntad de encauzar, de una vez, nuestra Administración de Justicia.

Finalmente, hay un gran capítulo pendiente, señoras y señores Diputados.

La Subsecretaría del entonces Ministerio de Justicia anunció aquí que
para este año 1995 tendría ya una dotación presupuestaria referida a la
puesta en funcionamiento de los juzgados de lo
contencioso-administrativo. Es una vieja cuestión pendiente de desarrollo
de la Ley de Demarcación y Planta, cuyo plazo de ejecución, como ustedes
saben, está ya agotado. No hemos sido el único grupo que ha incidido en
este problema. Nosotros consideramos que esto no admite espera y
entendemos que un presupuesto serio, coherente, responsable, un
presupuesto que atienda de verdad a las necesidades de este sector de las
prestaciones públicas, no puede obviar por más tiempo este problema.

Naturalmente, si no hay dotación presupuestaria, quiere decir que otro
años más continuaremos en esta misma situación. Eso, combinado con la
ultimación final de la Ley de Demarcación y Planta, en la que



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figura una cantidad ridícula de 150 millones de pesetas, incumplidas,
como fueron en la ejecución de presupuestos anteriores, partidas de 200
millones de pesetas, teniendo en cuenta la propia valoración que el
Gobierno hace del coste de la puesta en funcionamiento de un juzgado, nos
parece que en sí mismo afirma la voluntad de incumplir, un año más, el
desarrollo de la Ley de Demarcación y Planta. Por eso nosotros pedimos
también el aumento de esta partida para, al menos, con las posibilidades
materiales de ejecución en un presupuesto, intentar cumplir en parte las
carencias que en este momento existen en la ejecucion del mandato
legislativo que la propia Ley de Demarcación y Planta entrañaba.

Esas son nuestras enmiendas, señor Presidente, para las que pedimos a los
demás grupos de esta Cámara su apoyo en orden a mejorar este proyecto de
Ley de Presupuestos Generales del Estado.




El señor PRESIDENTE: Señor Baón.




El señor BAON RAMIREZ: Continúo, por lo que respecta al área de Interior,
con la glosa y defensa de las enmiendas presentadas a la sección 13, que,
como bien decía mi compañero señor Padilla, comienza con una enmienda de
totalidad a toda la sección por no ajustarse a los objetivos marcados y
que necesita la realidad social española en materia de seguridad y de
justicia. No obstante, también pedimos la devolución de los programas
222.A, referido a seguridad ciudadana; 222.B, referido a seguridad vial,
y 222.C, referido a actuaciones policiales en materia de droga. Pensamos
que, pese a que la memoria tiene una buena letra, se desvían de los
objetivos necesarios para conseguir la rebaja de la criminalidad en
España, en la que estamos con unas tasas por encima de lo que es normal y
sin previsiones de que puedan disminuir a corto plazo.

Por otra parte, presentamos también 37 enmiendas parciales que, en
conjunto, por decirlo de forma sumaria, vienen a reducir gastos
corrientes del capítulo II, incrementando, a su vez, con esas bajas, las
dotaciones para la lucha contra la delincuencia y la droga, referidas a
esos dos programas. En este sentido, es sintomático que el presupuesto de
Interior tenga una rebaja en inversiones del 2,3 por ciento y se
resienten las inversiones, tanto las de reposición como las nuevas, lo
que entendemos que puede traducirse también en una no consecución de los
objetivos marcados tanto en las memorias de los distintos programas como
en el conjunto del Ministerio.

Por referirme a alguna de las enmiendas más importantes de las 37
parciales ya enunciadas a los distintos capítulos --las otras las damos
por defendidas en sus propios términos--, quiero señalar que nosotros
enmendamos, de forma seria, coherente, el programa 122 A, referido al
Servicio 01, con relación al Ministerio, Subsecretaría y servicios
generales, porque entendemos que viene a crear una superestructura en un
Ministerio y al servicio del Ministro, cuando la tarea del departamento
está dividida en tres secretarías de Estado y una Secretaría General;
superestructura o macrocefalia que entendemos innecesaria. De ahí que,
por vía de enmiendas parciales, aparte de la reducción que hacemos en el
capítulo 2, por lo que se refiere a gastos corrientes como
gratificaciones, pago de servicio de asesoramiento externo, etcétera, por
lo que afecta al capítulo 1, llevemos una distribución a otras áreas del
Ministerio donde hay unos programas concretos de lucha contra la droga o
contra el crimen.

En Protección Civil, que es el Programa 223 A, pretendemos que, con
nuestras enmiendas, se supriman los gastos que entendemos accesorios,
consuntivos, como son los de reuniones y conferencias o estudios y
trabajos técnicos, que referidos a todo el Ministerio suponen partidas
bastante importantes. En este sentido he de destacar que con la enmienda
1.121 pretendemos incrementar en 200 millones la inversión prevista en
este programa 223 A, para 1995, con el fin de poder terminar la Escuela
de protección civil y así acelerar su puesta en funcionamiento, tan
necesaria y clave para evitar catástrofes como los incendios forestales
del verano pasado.

En cuanto al Programa 222 A, referido a Seguridad Ciudadana, entendemos
que, en lo que afecta a Policía y a Guardia Civil, deben suprimirse
muchos gastos generales innecesarios, pero también creemos que debe
suprimirse un gasto extraordinario, que merecería un crédito
extraordinario y no tenerlo como una partida de gasto consuntivo normal,
cual es la factura histórica de Telefónica en estos dos programas. No
pretendemos en absoluto ni restringir el 091 ni ninguno de los teléfonos
básicos, sino traer su costo a las necesidades de ejercicios normales
cuando se pagaba la factura y no traer aquí una partida de 8.543 millones
de pesetas, Servicio 03 de la Policía, que nos parece desmesurado, toda
vez que, repito, pretende pagar deudas históricas.

Lo mismo podemos decir respecto de esa partida de teléfonos en lo que
afecta al Servicio 04, de la Guardia Civil, donde figuran 2.898 millones
de pesetas, casi 3.000 millones de pesetas, para pagar el teléfono,
cuando lo normal sería que figurasen 800, como decimos en nuestra
enmienda número 1.155.

Por lo demás, como es tónica general, pretendemos rebajar el costo de
reuniones y conferencias y, por el contrario, subir, porque lo entendemos
normal, como decimos en nuestra enmienda número 1.138, los gastos que
ocasiona el patrulleo para lograr, por la vía preventiva, unas mejores
tasas en la lucha contra la criminalidad. En ese sentido, entendemos que
debe aumentarse en 200 millones de pesetas el coste de combustible, toda
vez que entendemos también, porque no está reflejado en este presupuesto,
la subida en combustible que ya ha anunciado el Gobierno a partir del 1.º
de enero.

Por otra parte, en lo que respecta a inversiones nuevas, entendemos que
también deben dotarse anualmente las correspondientes a medios,
instrumentos y automóviles en la lucha contra la criminalidad por lo que
respecta a este Programa 222.A, tanto en lo que se refiere a la Policía
como a la Guardia Civil, y eso restándolo de inversiones que entendemos,
por lo menos si no necesarias, sí secundarias, cuales son inversiones en
mobiliario o en adecuación



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de locales, que quizás merecería la pena que esperasen.

Por lo que respecta al Programa 222.B, de seguridad vial, el Grupo
Popular sigue con la filosofía de, en este organismo --me refiero al
organismo autónomo no comercial, la Jefatura Superior de Tráfico--,
insistir mucho más en la vía preventiva que en la represiva. Además, lo
denuncia el presupuesto de ingresos, toda vez que parece que las
autoridades saben que los españoles vamos a infringir las normas de
tráfico en un porcentaje determinado, sabiendo que no vamos a tener
enmienda, que no vamos a tener contrición en ese sentido, lo cual parece
disparatado y, sobre todo, viene a denunciar que es un organismo
recaudatorio por la vía de multas, hasta 17.000 millones de pesetas, o
por la vía de ingresos por tasas, hasta 40.000 millones de pesetas. En
este aspecto, hay una enmienda que entendemos importante, seria,
coherente, que es la número 1.142, en la que pretendemos rebajar en el
capítulo IV, transferencias corrientes, la transferencia que hace la
Jefatura Superior de Tráfico tanto al Ministerio del Interior como al
Ministerio de Economía y Hacienda, como fruto de ese remanente que hay de
tasas y multas, para que se reinviertan, si no en todo, por lo menos en
3.000 millones de pesetas, en dotar de mayor seguridad vial por medio de
la formación. En este sentido, nosotros aumentamos 1.000 millones de
pesetas en formación vial, otros 1.000 millones de pesetas en educación e
información a través de medios masivos de comunicación, para las campañas
disuasorias a los malos conductores, y otros 1.000 millones de pesetas
para la supresión de tramos y puntos peligrosos y conflictivos de los que
está demostrado estadísticamente que cada 32 kilómetros hay uno en
España, con un total de 700.

Por lo que respecta al Programa 222.C, actuaciones en materia de droga,
las enmiendas también van en la dirección apuntada de inversiones nuevas,
para dotar de mejores instrumentos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado que luchan en este campo.

Para concluir, enlazado con el tema de la droga, me refiero al Programa
313.G, sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Droga, Secretaría de
Estado, donde también suprimimos o pretendemos suprimir gastos superfluos
del Capítulo 2, referidos a reuniones y conferencias, donde rebajamos de
40 a 20 millones con nuestra enmienda. Asimismo, en publicidad y
propaganda, rebajamos otros 20 millones y aumentamos, en cambio, las
transferencias corrientes a organizaciones no gubernamentales y a
comunidades autónomas. Entendemos que muchas comunidades están haciendo
una importante labor en la lucha contra la droga y en ese ámbito de
deshabituación o desintoxicación de los drogodependientes, de tal manera
que las bajas a las que me refería con anterioridad en el capítulo 2
pasen a inversiones en esa materia o a transferencias, ya he dicho, a
familias, a instituciones sin fines de lucro, con vistas a obtener los
resultados que como muy razonables y ambiciosos se proponen en la memoria
correspondiente del Ministerio.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Ríos.

El señor RIOS MARTINEZ: Señor Presidente, yo voy a defender las enmiendas
de Justicia y el señor Romero defenderá las de Interior.

Izquierda Unida ha presentado un paquete de enmiendas dirigidas, por un
lado, a fortalecer toda la inversión en Justicia, en juzgados, en
dotarnos de infraestructura y recursos y, por otro, lo que pudiéramos
llamar actuaciones en una vertiente que va ligada a la Justicia, que es
la recuperación o la rehabilitación de personas que en un momento
determinado se separan de la actuación social normal y, por tanto, la
actuación en prisiones.

La enmienda de Izquierda Unida a la totalidad de la Sección pretende que
la reelaboración o la política de esta Sección fundamentalmente haga
frente a tres cosas. Una, que la Justicia recupere los recursos
necesarios para demostrar que todos los ciudadanos somos iguales ante la
ley y que no hay un trato distinto. Por tanto, no es la presencia de
actuaciones especializadas que funcionan con «shows» permanentes la que
soluciona o hace frente a la Justicia, sino la organización en todo el
Estado de una respuesta por la cual todos los ciudadanos se ven tratados
por igual en esa Administración. Pero es que, además, yo creo que el peor
ejemplo lo da el que ejerce el poder y la propia Administración es la que
más limitaciones pone.

¿Cuáles serían las propuestas que Izquierda Unida haría? Primero,
desarrollar y ampliar la Ley de Demarcación y Planta. Presentamos
propuestas para invertir 1.800 millones de pesetas más en dotar de
mayores recursos humanos y mayores infraestructuras a nuestros juzgados.

Segundo, que haya una idea de dotarnos de una justicia gratuita y de un
turno de oficio que de verdad funcione y reciba los recursos del propio
Estado. Por eso, otra de nuestras enmiendas va dirigida a dotar
adecuadamente con transferencias las necesidades para reformar la
organización del sistema de justicia gratuita que hoy en día tenemos y
que funciona a trancas y barrancas.

El año pasado, cuando presentábamos a esta Sección una enmienda que
pretendía hacer un programa específico para la puesta en marcha del
jurado, se nos decía que eso ya estaba previsto, que, en realidad,
tampoco hacía falta un programa para poner en marcha el jurado porque
prácticamente se iba a poner a los pocos meses de aprobarse los
presupuestos y que había una partida ya suficiente para ello. Lo cierto y
verdad es que no había partida, y no por los números, sino por falta de
actuación, no se ha puesto en marcha el jurado. Es verdad que ha sido por
problemas de regulación, pero ésos los teníamos también antes, no era lo
que se esgrimía entonces. Hay que meditar mucho cuál es nuestra
actuación, hay que sacar el mejor ejemplo para que la puesta en marcha de
esta ley del jurado sea lo más asentada sobre la realidad, pero lo cierto
es que todavía no se ha hecho y todavía hay gente que pone más pegas a si
será eficaz o no, si nos aclimataremos o no. Mientras no se tomen las
medidas, desde luego no vamos a avanzar.

Esas serían las tres grandes líneas por las que nosotros presentamos esta
enmienda de devolución, con el objeto de potenciar esto. Es más, yo creo
que el Gobierno debiera hacer una actuación más a la ofensiva de la que
hasta ahora ha tenido a nivel de la acción inversora. Se han aplazado



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muchas actuaciones de inversión, se ha aplazado la dotación y, por
desgracia, tenemos una Justicia lenta, a la que, por su limitación, le
falta rigor, y tenemos procesos que duran eternamente, que en un juzgado
son fallados de una manera, se recurre a otro y a otro y tardamos seis y
siete años en tener solucionado un problema. Ese ejemplo es el que hay
que romper y para eso hace falta esa dotación de recursos.

Las enmiendas concretas que hemos presentado, además de esos 1.800
millones de pesetas para fortalecer o incrementar la creación de juzgados
de primera instancia y la relación con la Administración para este año,
piden la renovación de determinados juzgados, aumentando la dotación de
inversiones para mejorar estos juzgados en distintas zonas de nuestro
país --en Almería, en Calamoche, en bastantes sitios--, pero creemos que
sería necesario aún más.

Por último, señor Presidente, y con esto termino para dar la palabra a mi
compañero del Grupo Federal de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
Antonio Romero, me voy a referir a las enmiendas que van dirigidas a las
mejoras en prisión. Creemos que la actuación penitenciaria hoy está
masificada. Se ha paralizado aquel proceso que había de sustitución de
las cárceles actuales o de las ofertas de puestos actuales en unos
centros que no se han ejecutado. Tenemos, por tanto, paralizada la
conservación de los actuales centros y, sin embargo, no tenemos puesta en
marcha la sustitución o la ampliación de ellos. Por tanto, proponemos
mejoras y renovación en algunos centros, en el caso de Teruel y de
Córdoba, y algunas actuaciones nuevas, como es el caso de Castellón y de
Alicante. En todo caso, sirva como ejemplo esta propuesta. Si trajéramos
una relación de propuestas mucho más amplia nos dirían que no sirve como
indicación, puesto que serían unas partidas para las que no tendríamos
recursos suficientes para poder abordarlos. Hemos tomado estas enmiendas
como ejemplo de la posibilidad de ampliar los recursos que ahora mismo se
destinan.

No se nos puede responder por parte del Grupo mayoritario del Gobierno
que los recursos son escasos y que las prioridades son éstas y no hay
para más, porque hay que ver con qué facilidades, cuando se requiere, se
obtienen miles de millones de otras partidas incluida la sección 31. No
es ése el objetivo nuestro. Lo cierto es que nosotros sacamos todas
nuestras pequeñas partidas de 40, 15, 20, 50 millones de una Sección la
mar de precisa, que se llama: Gastos de diversos ministerios, imprevistos
y funciones no clasificadas. Desde luego, una fábula de la previsión
presupuestaria.




El señor ROMERO RUIZ: Para defender las enmiendas que hemos presentado a
Interior en el seno de este Ministerio de Justicia e Interior.

En primer lugar, quiero manifestar una vez más en este debate
presupuestario la discrepancia radical de mi Grupo parlamentario con la
fusión de Interior y Justicia. Sería bueno para que los objetivos que se
marcaran tuviesen el control adecuado, la dirección adecuada en las
misiones que corresponden a la Administración de Justicia y a la política
de Interior en un Estado de Derecho, que no estuviesen unidos en un mismo
Ministerio. A partir de ahí se presentan grandes dificultades para los
grupos parlamentarios de la oposición cuando son derrotadas sus enmiendas
a la totalidad. Cuando se derrotan estas enmiendas a la totalidad se
entra a jugar en el terreno del Gobierno, en sus márgenes. Y el Gobierno
coloca un piloto automático en sus presupuestos en las distintas
secciones presupuestarias que son habas contadas y es muy difícil,
enmienda por enmienda, y eso es algo a lo que nosotros hemos renunciado
de manera gráfica en este debate presupuestario, aunque hemos presentado
algunas, alterar el sentido político del presupuesto, los objetivos
programáticos y políticos del presupuesto. Hay un margen, pero un margen
escaso, entre otras cosas porque el Gobierno parte de la idea de mantener
una política con unos presupuestos, con una prestación de servicios.

Nosotros en España hemos detectado, y ahí están las memorias de la
Fiscalía, del Poder Judicial, las reivindicaciones de los sindicatos
policiales, sus denuncias, un aumento de la criminalidad y de la
delincuencia. La seguridad es fundamental desde el punto de vista de la
democracia, de los derechos democráticos. Y desde un pensamiento de la
izquierda es fundamental que la gente disfrute de la libertad y de los
derechos constitucionales con seguridad. El concepto de la seguridad ha
sido siempre un concepto que la izquierda no ha defendido ideológicamente
de forma adecuada. La seguridad es fundamental para que los trabajadores,
los sectores populares y el conjunto de los ciudadanos disfruten de los
derechos constitucionales y del Estado de Derecho y ejerzan esos derechos
y esas conquistas democráticas. Y por eso es muy importante que
consigamos que el Cuerpo Nacional de Policía y que la Guardia Civil
tengan medios, tengan dotaciones y tengan infraestructuras adecuadas.

Nosotros hemos presentado pocas enmiendas, pero en esa dirección. Además,
queremos llamar la atención de la discriminación salarial que existe
entre los Mossos dÕEscuadra, la Ertzantza, las policías municipales de
algunas grandes ciudades de nuestro país y los sueldos de los miembros
del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil.

Es muy importante que este tema se aborde y se concrete. Son cerca de
40.000 pesetas mensuales para un funcionario de la escala básica del
Cuerpo Nacional de Policía.

El Gobierno tiene un plan que pide un aumento de 5.000 pesetas en esta
ocasión, e ir progresivamente equiparando a la Policía nacional y a la
Guardia Civil. Son cinco o seis mil pesetas, que nosotros creemos que es
insuficiente. Si se hubiese ampliado el capítulo de ingresos, como
nosotros planteábamos en nuestra enmienda a la totalidad, se hubiesen
conseguido recursos de la lucha contra el fraude fiscal, de otra serie de
medidas, para permitir que hubiese una mayor dotación para inversiones en
nuestro país, para la creación de empleo y para corregir injusticias como
ésta, que se plantean ahora en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en relación con las policías autonómicas y con algunas policías
locales.

Estos son los temas que a nosotros nos preocupan a nivel general y que
hemos incluido en lo que se llama enmienda genérica a la totalidad de la
Sección.




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Luego, algunas enmiendas parciales, son muy pocas y planteamos que se
dote mejor a la Guardia Civil para la lucha contra el narcotráfico, que
entra en las zonas rurales por primera vez en nuestro país y no sólo en
las zonas urbanas, y que necesita de un acompañamiento económico y de una
dotación para que ese reajuste y ese agrupamiento comarcal del nuevo
despliegue de la Guardia Civil en España pueda cumplir su misión.

Esas son nuestras preocupaciones fundamentales. Pero, repito, es bastante
difícil, una vez que estamos en la pista del Gobierno, corriendo, de
acuerdo con los márgenes que el Gobierno plantea en los laterales, hacer
enmiendas que alteren fundamentalmente la orientación política que el
Gobierno ha dado y que sus aliados respaldan. Por eso, desde la oposición
de Izquierda Unida, nosotros lo que queremos es mostrar nuestras
discrepancias, traduciéndolo en algunas enmiendas, de carácter más
testimonial que real, en este caso, y planteando una filosofía distinta
si nosotros hubiésemos distribuido los presupuestos.

El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor
Gatzagaetxebarría tiene la palabra.




El señor GATZAGAETXEBARRIA I BASTIDA: Para defender las enmiendas del
Grupo Vasco relativas a esta Sección.

Voy a empezar, señor Presidente, haciendo referencia a dos enmiendas que
tiene nuestro Grupo Parlamentario al Programa 144.A, denominado Centros
de Instituciones Penitenciarias, donde nosotros pedimos la creación de
dos partidas de inversión.

Pedimos dos partidas de inversión, en el Centro penitenciario de
Martutene, que se encuentra en una situación muy precaria, puesto que ese
centro, dependiente del Ministerio, vierte sus aguas residuales a unas
fosas sépticas, desde allí directamente al río y de éste al mar, en las
proximidades de la playa de Gros, en San Sebastián.

En la práctica, como SS. SS. saben, ninguno de los contaminantes
biológicos más peligroso para la salud, el síndrome de inmunodeficiencia
adquirido, se transmiten por vía oral, pero tanto las normas más
elementales de eliminación de residuos como la hipersensibilidad
ciudadana hacia el tema del Sida, y más en este entorno, aconseja
prevenir urgentemente cualquier tipo de posible contaminación por este
motivo.

Por ello, dentro del capítulo de inversión que solicitamos de una partida
de 36 millones de pesetas, la desglosaríamos del siguiente modo: Se
considera, en primer lugar, necesario comunicar las conducciones que
están en la misma prisión con la canalización general, al objeto de
derivar convenientemente las aguas residuales del centro por la
proximidad de dicha canalización. Ninguna de las alternativas posibles
dista más de 150 metros y la experiencia de otras derivaciones de este
tipo que luego concertamos en 25 millones.

En segundo lugar, dentro de la misma prisión, que se caracteriza por su
obsolescencia, se necesita una adecuación de las dependencias, sobre todo
de carácter higiénico-sanitario, que ha de comenzar con una adecuación de
la cocinas, fundamentalmente unas pequeñas obras pero sin excluir alguna
mejora de instalaciones y equipamiento. Todo ello lo valoramos en un
importe de 5 millones de pesetas, que, juntamente con la renovación de
las duchas y los lavabos, haría un importe total de 7 millones de
pesetas, como segunda partida del total de los 36; estaríamos en 32,
señor Presidente. He de recordar que administraciones públicas no
competentes en la materia como el Gobierno vasco han dado ayudas a este
centro dependiente de los presupuestos generales del Estado, del
Ministerio de Justicia, para poder renovar la enfermería en la prisión,
dotándola de habitaciones dobles, puesto que ni las mujeres ni los
jóvenes de dicho centro pueden ser alojados en el enfermería cuando lo
necesitan, ya que la configuración arquitectónica dificulta la
segregación en espacios comunes de los reclusos según su sexo. En la
práctica eso significa la derivación innecesaria de casos para su ingreso
hospitalario o cuando no la convivencia hacinada de ocho mujeres en cada
celda, cuando fueron concebidas éstas para dos, pudiendo estar alguna de
ellas, embarazada, al lado de otras con sida o con tuberculosis.

Valoramos estas pequeñas mejoras que hay que hacer en cuatro millones. En
total, la partida de inversión que solicitamos para todas estas mejoras
en el Centro penitenciario de Martutene sería de 36 millones de pesetas.

Para el Centro penitenciario de Nanclares de la Oca, solicitamos una
partida de 12 millones de pesetas. La petición nuestra responde a una
concepción trasnochada de estas instalaciones cuando la existencia de los
reclusos enfermos con carácter infectocontagioso o terminal era
excepcional. Hoy en día, al virus de la inmunodeficiencia adquirida, se
añaden otra serie de patologías infecciosas como la tuberculosis, que con
frecuencia requieren un aislamiento. En la práctica la enfermería de
Nanclares de la Oca no se distingue del resto de las instalaciones y
carece hasta de habitaciones de aislamiento. Tan es así que cuando un
recluso necesita aislamiento por motivos de salud, la única posibilidad
consiste en enviarlo a una celda de castigo.

Por ello, lo que nuestro Grupo parlamentario pide con estas pequeñas
intervenciones de inversión en los presupuestos el Ministerio de
Justicia, no es sino una ínfima parte de lo que se considera necesario.

Tenemos un presupuesto ajustadísimo que nuestro Grupo parlamentario se ha
preocupado de realizar sobre estos dos centros penitenciarios. La extrema
precariedad de las instalaciones citadas exige acometer, sin dilación,
las actuaciones reseñadas, so pena de arriesgarse incluso a una clausura
de carácter administrativo-sanitario, por carecer de las condiciones más
elementales higiénicas-sanitarias.

Hemos tenido conocimiento también de que, dentro de las relaciones del
Ministerio de Justicia, en los créditos plurianuales hay una partida de
35 millones de pesetas diferenciada en 30 para Nanclares y cinco para
Martutene. Pero en ese conocimiento que nos da de los presupuestos del
Ministerio vemos que esas cantidades se presupuestan para obras de
carácter general, como parte de un presupuesto plurianual del Ministerio
de Justicia. Se orienta fundamentalmente a otras necesidades que nos
parecen



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bien, pero nosotros complementamos lo que en las relaciones densísimas
que los presupuestos del Ministerio de Justicia tienen, que no pueden ser
en este momento pormenorizadas y que exigen un detallado análisis, al
margen de las publicaciones de la Cámara. Entendemos que son necesarias
estas pequeñas inversiones, al margen de estas reposiciones o
mantenimiento de carácter general de 30 millones para Nanclares y cinco
para Martutene, que se contemplan en la relación de créditos
plurianuales.

Señor Presidente, quiero referirme a continuación a otra enmienda que
tiene nuestro Grupo parlamentario al Programa 144.A, donde pedimos un
programa de intervención, de formación higiénico-sanitaria, tanto para el
personal al servicio de la Administración penitenciaria que trabaja en
los centros penitenciarios de Nanclares y de Martutene, como para la
prevención, información y mejor conocimiento y formación del personal
interno. Es reconocido y tiene un prestigio asumido a nivel de la
Comunidad Autónoma del País Vasco la coordinadora anti-sida de Alava.

Nuestro Grupo parlamentario plantea una serie de medidas de intervención
de carácter formativo, para lo cual solicitamos una ayuda que iría dentro
del programa 144.A para esta asociación coordinadora anti-sida de Alava
que realizaría, como decía, actividades preventivas, actividades
formativas en el ámbito de la salud, la puesta en marcha o la
implantación de programas, permitiendo, tanto al funcionario como al
interno, poder prevenir determinados contagios e infecciones y la
adquisición de determinadas patologías. Por ello hemos presentado esta
enmienda, 38 millones se pesetas, una insignificancia dentro de la
inmensidad de los presupuestos del Departamento de Interior y de
Justicia.

A continuación, paso a defender otras trece enmiendas que tiene nuestro
Grupo parlamentario al programa 142.C, que se refiere a la formación del
personal al servicio de la Administración de Justicia, secretarios,
oficiales, auxiliares, agentes judiciales y demás peritos que trabajan al
servicio de la Administración de Justicia. Nuestra enmienda se justifica
por las mismas razones que exponíamos cuando defendíamos la formación de
los jueces y los magistrados en lenguas oficiales distintas al
castellano.

Entendemos que hay que realizar un esfuerzo en esta materia, puesto que
el 42 por ciento del personal al servicio de la Administración de
Justicia presta sus servicios en territorios del Estado en que están en
vigor regímenes de cooficialidad lingüística. Por ello planteamos la
puesta en marcha de una partida de 60 millones de pesetas dentro del
Programa 142.A.

No voy a ser reiterativo, puesto que la argumentación sería la misma y es
extrapolable a lo que he expuesto con anterioridad en relación a la
formación del personal de magistratura y de judicatura. Por último, la
enmienda 390 pretende incluir dentro de los objetivos que ha de tener el
programa 142.C la plasmación expresa como indicador de la formación de
este personal en lenguas oficiales distintas del castellano.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Mauricio, por Coalición
Canaria.

El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Voy a explicar muy brevemente las tres
enmiendas que presentamos a esta Sección, las números 448, 449 y 450. Se
refieren a algo ya expuesto por el Grupo Vasco sobre compromisos
adquiridos por el anterior equipo ministerial, en concreto con los
secretarios judiciales, en un intento de encontrar una salida a esos
compromisos. Proponemos unas dotaciones sobre infraestructura y
equipamientos en zonas turísticas con la finalidad de seguridad
ciudadana. Hemos hecho unas propuestas específicas para las zonas
turísticas de Gran Canaria y Tenerife. Consideramos que, efectivamente,
hay un vacío de actuación y de dotación en estas zonas, por lo que
merecen una consideración especial las enmiendas que hemos presentado.

Para no cansarles y no agotar el tiempo con esta defensa, mantenemos las
tres enmiendas presentadas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: Voy a ser superbreve; son muchas las
enmiendas, pero voy a intentar ser muy rápido.

Las presentadas a la Sección 13 son en total 36 y la mayoría, en su
espíritu, consisten en la solicitud de proyectos de inversión en obras e
infraestructuras relacionadas con el Departamento de Justicia e Interior.

Mantenemos estas 36 enmiendas.

En lo referente a Justicia, las enmiendas de la 8 a la 28, ambas
inclusive, y la 118 y 119 se refieren a órganos judiciales. Nos induce a
su presentación el propio informe remitido por sindicatos de juzgados de
la Comunidad Valenciana y la federación de servicios públicos de la UGT
respecto a la caótica situación de los edificios de los juzgados de
varios municipios de dicha Comunidad Valenciana. Muchos de ellos, que
pasaré a nombrar rápidamente, tienen instalaciones decadentes,
hacinamiento en pequeños espacios, falta de personal y material, tanto en
lo que se refiere a juzgados de instrucción como a centros de justicia.

Sin ánimo de nombrar todas, están contempladas entre las enmiendas 8 a
28, ambas inclusive, y 118 y 119, a esta Sección. Se refieren a los
juzgados de Denia, Alcira, Villajoyosa, Torrevieja, Benidorm, Gandía,
Carlet, Moncada, etcétera. Estos son los que más carencia y deficiencias
presentan en los órganos judiciales de la Comunidad Valenciana.

En un segundo apartado estarían las enmiendas 67, 68, 69 y 70, que se
refieren a comisarías de policía, en la que solicitamos unas inversiones
que no llegan a los 450 millones de pesetas. Las anteriores, de la 8 a la
28 y la 118 y 119, ascienden a 650 millones. Estas últimas que he citado,
de la 67 a 70, se refieren, como digo, a comisarías de policía en varios
municipios y ciudades de la Comunidad Valenciana.

La enmienda 71 es la que tenemos más interés en que prospere, porque así
nos lo han solicitado los municipios que vamos a mencionar. Se refieren a
la creación de comisarías o mejora de las existentes en zonas turísticas
de la Comunidad Valenciana: Benicasim, Peñíscola, en Castellón;



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Gandía y Cullera en Valencia y Benidorm y Jávea en Alicante. Tenemos
especial interés en que esta enmienda 71 sea considerada por el Grupo
Socialista en esta Sección número 13.

Para ir rápidamente, las enmiendas 132 y 133 se refieren a edificios de
la Dirección General de la Policía, tanto en Alicante como en Valencia,
que ascienden a unos 150 millones de pesetas; las enmiendas 134, 135 y
136, que afectan a Alicante, Castellón y Valencia, sobre edificios de la
Guardia Civil, que se encuentran en un estado bastante lamentable.

Referente a instituciones penitenciarias en Alicante y Castellón,
mantenemos las enmiendas 137 y 138, con unas cantidades casi simbólicas,
que consideramos que son necesarias. Y la enmienda 139 se refiere al
Psiquiátrico de Alicante, dentro de instituciones penitenciarias, por ser
necesaria esta inversión en este apartado.

Mantenemos la totalidad de estas 36 enmiendas por considerar que no
suponen un gasto excesivo, no llega a los 900 millones de pesetas, y
pudieran mejorar notablemente la gestión de Justicia e Interior, tan
importante en la Comunidad Valenciana.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor De
la Rocha tiene la palabra.




El señor DE LA ROCHA RUBI: Señor Presidente, voy a exponer la posición de
mi Grupo sobre todas y cada una de las enmiendas o al menos sobre las más
importantes que han sido defendidas; aunque algunas no lo hayan sido
expresamente, suman en su totalidad alrededor de 120 ó 130, lo cual hace
premioso el trabajo de este Diputado.

Enmiendas formuladas por los señores Padilla y Baón, del Grupo
Parlamentario Popular. Empiezo, lógicamente, por la enmienda a la
totalidad de la Sección XIII, solicitando la devolución de los
presupuestos de esta Sección. Nosotros tenemos que decir que sí nos
parece que el proyecto de presupuestos de la Sección XIII sea adecuado,
sea razonable, sea suficiente para los objetivos políticos que el
Gobierno pretende desarrollar a través del Ministerio de Justicia e
Interior. El instrumento económico del presupuesto es suficiente para
esos objetivos en el marco de un presupuesto de rigor, de un presupuesto,
ya no de austeridad, de restricción como el del año pasado, tampoco un
presupuesto de extensión, un presupuesto de rigor que ve afectadas
determinadas partidas con carácter general. Hay que decir que el
presupuesto de esta Sección se incrementa en el 6,1 por ciento, por
encima de la media general de los presupuestos.

Por consiguiente, hay un esfuerzo en gastos en el ámbito de Justicia e
Interior, esfuerzo que no es solamente en el capítulo I y II, como se ha
pretendido decir por los señores Padilla y Baón a través de muchas
enmiendas --luego comentaré alguna de ellas-- que pretenden recortar
gastos de capítulo II y algunos de capítulo I, muy significativos, sino
que también es un esfuerzo en el capítulo VI. Es, probablemente, este
capítulo, del área de Justicia, de los pocos que se incrementan por
encima de la media. No es que se incremente la media del presupuesto de
inversiones, es que disminuye y, sin embargo, el capítulo VI, de la
Secretaría General de Justicia, se incrementa un 12,7 por ciento. Ello
viene a mostrar, repito, la sensibilidad y la voluntad del Gobierno, del
Ministerio de Justicia e Interior, de seguir abordando uno de los
objetivos centrales, una de las facetas del objetivo central del ámbito
de la Justicia, que es mejorar el funcionamiento de la Justicia en su
triple faceta de, primero, seguir creando, seguir dotando nuevos juzgados
y tribunales, quizá no al ritmo, en los últimos años, de lo que preveía
la Ley de Demarcación y Planta, sobre todo el año pasado, pero sí
manteniendo ritmos importantes de inversión; segundo, seguir
incrementando las plantillas de personal, pero fundamentalmente en esta
faceta ya, en el ámbito de la Justicia, incrementar los aspectos de
formación de personal. Lo que tiene de deficiente la Justicia en muchos
casos ya no es por falta de medios. Si uno acude a cualquier sede de
juzgados que haya sido remozada, y ya lo son la inmensa mayoría en este
país, encontrará que hay edificios nuevos, que hay juzgados nuevos que no
existían hace dos o tres años en gran cuantía, que hay muchos
instrumentos informáticos, que hay más personas, personas de poca
antigüedad, que se han incorporado recientemente y, sin embargo, hay un
déficit de formación, incluida la cúpula del sistema, que son los jueces
y magistrados. Y, tercero, en la faceta, que no tiene una manifestación
presupuestaria directa, que es la procesal, la faceta legislativa
directa. Hay que recordar que en los dos últimos años, o en el último año
y medio, se han traído a esta Cámara la reforma parcial de la Ley del
Consejo General del Poder Judicial, ya aprobada, que permite pasar (y
antes se refería a ello el señor Padilla) al Consejo General del Poder
Judicial, en el futuro, la selección y la formación de jueces y
magistrados, la ley del jurado, que ya está aquí (se ha referido también
a ella otro portavoz parlamentario) y el Código Penal, y están en trámite
muy inmediato de ser presentadas dos leyes, importantes también, que
afectan a dos cuestiones que han sido alegadas por los portavoces de
varios grupos parlamentarios, de manera significativa por el señor
Padilla, y están en sus enmiendas, que son la referente a las partidas de
justicia gratuita (no sé si lo ha dicho expresamente, en todo caso está
en una enmienda importante que ha presentado el Grupo Popular) y lo que
es la creación de los primeros juzgados, órganos unipersonales de lo
contencioso-administrativo.

Pues bien, ambas cuestiones, que requerirán en su momento una dotación
presupuestaria, obvia, evidente, cuestiones a las que nuestro Grupo es
sensible, a las que el propio Ministro de Justicia e Interior en todas
sus últimas intervenciones en el Pleno y en la Comisión en esta Casa ha
hecho constante referencia, necesitan dos proyectos de ley previos: el
primero, muy adelantado, como sabe la práctica totalidad de SS. SS., al
menos de los que están relacionados con la Comisión de Justicia e
Interior, el nuevo proyecto de ley de la jurisdicción de lo
contencioso-administrativo, que es el que tiene que establecer
precisamente qué competencias hay que dar a esos juzgados. Hay que fijar
esas competencias y no es lo mismo que cubran materias, como parece que
en los últimos borradores no se les van a atribuir, materias como los
planes de urbanismo, etcétera, que se quiten por tanto a las Salas de los
Tribunales Superiores



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de Justicia cuestiones más nimias, menores, como pequeñas reclamaciones
en materia de tributos locales. A veces nos encontramos con que una
reclamación de 15.000 ó 20.000 pesetas en una plusvalía va a una Sala y
es vista o es conocida por tres magistrados. Esa ley tiene que reformar
sustancialmente el sistema y sólo cuando lo reforme, a partir de ahí,
será la creación de esos órganos unipersonales de lo
contencioso-administrativo.

Y es muy probable, casi seguro, que para el año 1996 sí que haya, ya
necesariamente, repito, que dotar esas partidas.

Y lo mismo para la mejora de las partidas para lo que globalmente
podríamos llamar justicia gratuita, que son las partidas para el Consejo
General de la Abogacía y el Consejo General de Procuradores, que han sido
incrementadas a lo largo del año 1994, y que van a tener también, por
tanto, respecto al presupuesto inicial del año 1994, en el año 1995, un
aumento significativo. ¿Que hay que aumentar más? Sin duda nuestro Grupo
es también sensible a este tema. A todos nos gustaría poder aportar más;
nos parece que en este momento lo razonable es esperar a ese proyecto de
ley de justicia gratuita al que está emplazado el Gobierno por un
acuerdo, creo recordar que unánime, de esta Cámara, a partir del cual se
podrán establecer nuevos módulos, nuevos criterios, nuevas dotaciones, en
su caso.

En las intervenciones, tanto para defender su enmienda a la totalidad de
la Sección como enmiendas parciales, ambos intervinientes, los señores
Padilla y Baón, se han referido a cuestiones en las que nos parece
necesario insistir. Una de ellas la de los gastos reservados. Quiero
destacar aquí que la partida de gastos reservados para el año 1995 es
exactamente igual que la del año 1994. En segundo lugar, que están todos
concentrados bajo la autoridad de una única partida, bajo la autoridad
del señor Ministro de Justicia e Interior, frente a lo que fue años
anteriores y creo que, además, recogiendo un sentir que algunos grupos
parlamentarios plantearon al propio Ministro. Pedir una disminución de
esta partida, pura y simplemente, sin argumentar nada más que el riesgo,
el temor de que, como se ha dicho, que creo que es una afirmación
gratuita que no debe traducirse en una modificación presupuestaria.

Los gastos reservados no van a poder ser tampoco incrementados sin que
esta Cámara haga una revisión, una reforma de los mismos. En el propio
proyecto de ley presentado por el Gobierno así se recoge y, por
consiguiente, nuestro Grupo piensa que son suficientes y necesarias las
partidas que así están puestas.

Luego, con carácter general, el Grupo Popular hace dos cosas. Permítanme
sus señorías hacer un resumen de todas sus enmiendas en dos grandes
aspectos. Hay, por una parte, la propuesta de que se incrementen de
manera muy significativa algunas partidas, fundamentalmente en inversión,
no sólo la del Consejo General de la Abogacía, el Consejo de
Procuradores, que no sería inversión, sino del capítulo IV pero se
pretende incrementar en 1.400 millones: a partir de ahí, el capítulo VI
de los jueces contencioso-administrativos, 1.100 millones también
aproximadamente; partida del capítulo II para reclamaciones por
responsabilidad patrimonial del Estado, que se pretende también subir
cerca de 100 millones; incremento en los juzgados, otros 1.000 millones
de pesetas; inversión para la fiscalía de la droga, inversión para
equipos de la Guardia Civil, otros 1.000 millones de pesetas; inversión
para equipos de la policía nacional, otros 1.000 millones de pesetas;
inversión para edificios para extranjeros que sean detenidos y estén
pendientes de expulsión, otros 1.000 millones de pesetas; inversión en
seguridad vial para incremento de formación vial, otros 1.000 millones de
pesetas; una inversión muy importante en campañas de seguridad vial creo
recordar que de varios miles de millones de pesetas; otra inversión
directa en puntos negros de seguridad vial de otros 1.000 millones de
pesetas; otra inversión de reposición asociada a funcionamiento de
servicios en instituciones penitenciarias de otros 1.000 millones de
pesetas; más partidas del capítulo IV en el Plan Nacional de la Droga
también de varios cientos de millones de pesetas; transferencias a
comunidades autónomas o a ONG o partidas para rehabilitación y
reinserción de toxicómanos.

La primera faceta supone el incremento de varios miles de millones de
pesetas en gastos de inversión o en gastos del capítulo IV o del capítulo
II pero, digamos, destinados a servicios que son incuestionables.

Destinar más dinero para la rehabilitación de drogadictos sería una
necesidad colectiva, gastar más dinero para la rehabilitación y
reinserción de penados es también una necesidad colectiva. El problema
es, y es la segunda faceta, de dónde sale ese dinero. Ustedes, para ese
dinero yo no me atrevo a decir que hagan, perdónenme, se lo digo con
simpatía, una carta a los Reyes Magos, pero sí hacen algo que me parece
que es enormemente discutible y peligroso. Ustedes ese dinero pretenden
sacarlo fundamentalmente de cuatro o cinco partidas y han comentado las
más importantes. Dos de ellas, las enmiendas 1.084 y 1.086, pretenden
obtener, por una parte, 500 millones de pesetas; por otra, 1.800 millones
de pesetas, la primera al capítulo II, fundamentalmente donde están
metidos los gastos reservados que sufrirían un recorte muy sustancial.

Debo decir, por lo que conozco, que se produciría un riesgo significativo
a la seguridad del Estado si los gastos reservados en esta cuantía son
recortados más de lo que ya han sido. Pero en el capítulo I pretenden, en
esta enmienda 1.086, un recorte de 1.500 millones de pesetas,
probablemente sin saber con exactitud qué es lo que están recortando.

Señorías, en esta partida a la que se refiere la enmienda 1.086 se
encuentran, además de los gastos del capítulo I del Programa 122, los
gastos de productividad, 1.743 millones de pesetas, como complemento a
todos los funcionarios del Departamento. Yo no sé si ustedes quieren
recortar los gastos de productividad, o eliminarlos, de los funcionarios
de todo el Departamento. Y está una partida de 62 millones de pesetas,
también de gratificaciones, a la que en seguida me referiré, porque el
segundo gran bloque es un montón de partidas pequeñas o de partidas no
tan pequeñas que son fundamentalmente reuniones y conferencias, estudios
y trabajos técnicos, publicaciones, gratificaciones a personal,
pensiones. La partida de pensiones es muy pequeña pero es muy
significativo cómo pretenden un recorte sin que haya una verdadera
conciencia de qué se está recortando. Ustedes defienden



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que la partida de pensiones se tiene que pagar con cargo al Instituto
Nacional de la Seguridad Social. Señoría, se trata de tres pensiones que
tiene que pagar el Ministerio del Interior por sentencias de Magistratura
de Trabajo, hechas firmes después de su suplicación a los Tribunales
Superiores de Justicia y que corresponden a personal proveniente del
antiguo diario «Pueblo», cuyo convenio colectivo establecía unos
complementos de pensión por la empresa, y la empresa ha sido al final el
Ministerio del Interior y por eso tiene que pagar esas partidas, que son
complementos a la Seguridad Social.

Están luego los dos grandes filones de donde ustedes pretenden sacar
hasta 12.000 ó 14.000 millones de pesetas, y que son: 3.000 millones que
pretenden cortar, a través de la enmienda 1.142, de la Jefatura de
Tráfico, sin darse cuenta de que, efectivamente, es una transferencia que
hace la Jefatura de Tráfico al Estado y que si ustedes recortan los 3.000
millones, lo que están haciendo es incrementar directamente el déficit de
los presupuestos del Estado en 3.000 millones; y, a través de las
enmiendas 1.154 y 1.155, otros 11.000 millones de pesetas --no 100 ó 200
millones de pesetas--, a través de recortar, como ha explicado el señor
Baón, o reajustar unas partidas de gasto telefónico, para no pagar unas
deudas atrasadas muy importantes que se están pagando en el ejercicio de
1994 y que se pretenden cerrar en el año 1995, para Telefónica.

La contestación es: o bien se hace lo que usted decía el año pasado, que
es que haya un crédito extraordinario, en cuyo caso lo que estamos
haciendo es algo a lo que sus compañeros que llevan la Comisión de
Presupuestos con carácter general suelen oponerse, que es decir que los
gastos que haya que hacer y que se prevea hacer a lo largo del ejercicio
se incorporen en los presupuestos y no en créditos extraordinarios, o
bien pura y simplemente lo que se está pretendiendo es incrementar el
déficit.

Aquí se tienen que poner ustedes de acuerdo. Yo vengo oyendo a lo largo
del día de hoy que no hay que incrementar el déficit y o incrementamos de
manera significativa inversiones y gastos que socialmente podrían tener
un cierto atractivo y a los que cómo no vamos a ser sensibles otros
grupos parlamentarios, pero lo hacemos recortando gastos necesarios, y es
voluntad del Gobierno y de este Ministerio, cuando nos presenta este
proyecto, terminar con esa deuda histórica de los gastos de Telefónica, o
producimos un déficit, que es lo que ustedes, en definitiva, están
generando con sus enmiendas.

Por eso, señorías, no podemos aceptar las enmiendas que nos han
presentado.

Me refiero ahora a las enmiendas de Izquierda Unida. La enmienda a la
totalidad se sustenta en tres facetas. La primera es que no se desarrolla
suficientemente la Ley de Demarcación y Planta; la segunda es la
necesidad de incorporar los juzgados contencioso-administrativos, los
órganos colegiados de lo contencioso-administrativo, y tercera, el tema
de la justicia gratuita, el turno de oficio.

El señor Ríos ha hecho una reflexión sobre el jurado que yo creo que se
puede utilizar dándole la vuelta. Efectivamente, el año pasado se
discutía en esta Comisión el problema del jurado. Se pedía dinero para
poner en práctica el jurado y dijo aquí el representante de mi Grupo que
primero era necesario aprobar la ley para saber, además, qué tipo de
jurado, con qué alcance, qué tipo de delitos, porque sobre eso habría que
hacer los cálculos presupuestarios. En las partidas para 1995 ya hay una
previsión para el jurado, que todavía es una previsión pequeña porque es
sólo para final de año, que habrá que consolidar y ampliar para los años
siguientes. Lo mismo, señor Ríos, entendemos nosotros para los juzgados
de lo contencioso-administrativo y para el turno de oficio. Están
pendientes dos leyes, ya lo acabo de mencionar, que van a tener entrada
pronto en esta Cámara y a partir de ellas es como habrá que establecer
las dotaciones para algo que es necesario, pero que nos parece que es
mejor que tras el desarrollo legislativo se hagan los cálculos
presupuestarios.

Hay otro conjunto de enmiendas al área de Justicia que pretenden
desarrollar más la Ley de Demarcación y Planta, mejorando determinadas
partidas para juzgados concretos o para instituciones penitenciarias
concretas, algunas de las cuales proponen --como S. S. ha mencionado--
mejoras en los centros penitenciarios de Castellón y Alicante. Debo
decirle que en los presupuestos ya hay unas asignaciones para el de
Castellón, 125 millones, que usted pretende ampliar en 50 millones más, y
para el de Alicante, 25 millones, en la que usted pretende también una
ampliación de otros 50 millones. Nos parece que en este momento, período
de verificación plurianual, con unas partidas es suficiente, porque hay
otras necesidades en este propio ámbito.

Quiero recordarle, como le he dicho antes, que éste es, al menos en el
ámbito de los juzgados, uno de los pocos Departamentos que mantiene un
incremento de inversión en nuevos edificios de juzgados respecto del año
anterior, en que efectivamente hubo uno de los recortes más importantes a
la Ley de Demarcación y Planta.

La intervención del señor Romero ha sido más bien de carácter global.

Quisiera únicamente hacer una pequeña reflexión sobre su discrepancia con
la fusión de los Ministerios de Justicia y de Interior en un solo
Ministerio de Justicia e Interior. Esa reflexión se basa en el comentario
que ha hecho que, de alguna manera, yo resumiría en: ¡Ojo!, el Ministerio
de Justicia es un Ministerio garante de derechos; el Ministerio del
Interior ha sido, tradicionalmente, más bien un Ministerio cuya función
era de represión de derechos. Por tanto, se podría producir una confusión
en la que dejara de ser un Ministerio tan garante de derechos para ser un
Ministerio en el que la sensibilidad represora se deje sentir. Sin duda,
la policía tiene también una función represora. Nadie lo puede discutir.

El Estado, mientras exista --y parece discutible que en un horizonte
razonable se pueda eliminar--, tiene que tener instrumentos para imponer
las leyes, reprimir para el cumplimiento de las leyes en garantía de los
derechos y de las libertades. Yo quisiera darle la vuelta a esa
reflexión. Quizá es un tema discutible. Hay países de trayectoria
democrática donde sigue habiendo dos Ministerios y hay países con la
misma trayectoria en los que están unidos en un único Departamento ambas
funciones, la función de garantía de la justicia y la función de
interior, lo que se viene tradicionalmente llamando



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de interior. Quizá en España, los de nuestra edad, tengamos metida en la
cabeza la idea del Ministerio del Interior como el antiguo Ministerio de
la Gobernación, Ministerio represor. Hagamos el esfuerzo de pensar que la
fusión del Ministerio de Justicia y el Ministerio de Interior en el
Ministerio de Justicia e Interior significa un reforzamiento a la
garantía de los derechos y de las libertades. Estoy seguro de que en ese
reto nos vamos a encontrar, vamos a estar juntos. Por eso, ahí está la
decisión del Gobierno, ahí está ese Ministerio. Creo que, aunque no esté
expresamente recogido en su enmienda, sí lo está en su comentario; en eso
podríamos estar juntos muchos de los miembros de lo que llamaríamos el
sector progresista de esta Cámara.

En relación con los demás grupos parlamentarios, al representante del
Partido Nacionalista Vasco quiero decirle que respecto a la enmienda 331,
sobre el centro penitenciario de Martutene, en este momento vamos a votar
en contra, pero le prometo que, cara al Pleno, probablemente vamos a
hacer un esfuerzo, porque la intervención que ha hecho ha sido de
suficiente calado como para entender que no estamos ante la necesidad de
una puesta al día más de muchos edificios en todo el Estado, en todo el
país: hay problemas que probablemente requieren una atención que debe
priorizarse en el próximo ejercicio presupuestario.

En cuanto a la enmienda 390, sobre introducir indicador del objetivo de
la formación también en cursos de otros idiomas, se la vamos a aceptar.

El resto de las enmiendas, lamento decirle que no se las podemos aceptar.

En relación con las tres enmiendas de Coalición Canaria, una de ellas
sobre un incremento muy sustancial de los sueldos de los secretarios
judiciales --un poco incomprensible para este Diputado--, no podemos
aceptarla. Nos parece que están en estos momentos ajustados con el
contexto general de las retribuciones de todos los funcionarios públicos.

Sin embargo, sí le ofrezco una enmienda transaccional a la enmienda de su
Grupo, que pretende un incremento de 150 millones para dotaciones de la
Policía Nacional en las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de
Tenerife, reduciendo este incremento de 150 millones a la provincia de
Las Palmas, porque nos parece que está más necesitada en este momento. Ha
habido debates, preguntas e interpelaciones, en los últimos meses, en
esta Cámara sobre esa cuestión y nos parece de más necesidad en esa
provincia.

En relación con las enmiendas del Grupo Mixto, el representante de Unión
Valenciana nos ha hecho --perdone la expresión absolutamente coloquial--
una retahíla de todos los órganos judiciales, de todas las comisarías de
Policía, de todos los centros de la Guardia Civil, de todos los centros
penitenciarios de la Comunidad Valenciana, y ustedes pretenden que haya
un tratamiento singular previsto claramente en el presupuesto para todos
y cada uno de ellos. Evidentemente, no puede ser. España es algo más
completo que la Comunidad Valenciana. Afortunadamente, hay partidos que
por ser estatales tienen una visión más global, incluso algunos que sin
ser estatales --debo decirlo-- tienen una visión más global de los
problemas de toda España que los puramente segmentarios de entender que
se doten todos y cada uno. En todo caso, quiero decirle que su enmienda
133, que pretende incrementar en 50 millones de pesetas las dotaciones ya
existentes para el edificio de la Dirección General de la Policía en
Valencia, sí se la vamos a aceptar porque, efectivamente, en el propio
Ministerio había ya dudas sobre si incluir en este presupuesto ese plus
de dotación por la necesidad de reforzarla. El resto de las enmiendas se
las vamos a rechazar.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, para un segundo y brevísimo
turno, tiene la palabra el señor Padilla.




El señor PADILLA CARBALLADA: Señor De la Rocha, usted ha hecho una
argumentación en la que ha pretendido enjuiciar peyorativamente algunas
de nuestras enmiendas. Lo ha pretendido hacer como suelen hacer ustedes
siempre, en una especie de afirmación de la contundencia y objetividad
del presupuesto, frente a manifestaciones voluntaristas que pudieran
estar recogidas en las enmiendas.

Ustedes pueden decir lo que quieran, pero en el presupuesto del ejercicio
anterior se equivocaron --usted ha hecho una referencia especial a la
transferencia a los Consejos Generales de la Abogacía y de Procuradores,
por ejemplo--, porque ustedes hacen mal las cuentas. El año pasado,
nosotros dijimos: Hay que dotar más estas partidas porque los compromisos
que ustedes --ustedes, que son el Gobierno-- tienen adquiridos no los van
a poder atender con esa previsión presupuestaria. Naturalmente, tuvo que
haber suplemento de crédito, en la misma cuantía en que el Grupo Popular
había pedido que se modificaran esas partidas. Como este año vuelve a
ocurrir lo mismo, hay que aplicar la misma receta y, si ustedes insisten,
incurren en la misma equivocación. Porque ustedes pretenden en este
ejercicio, con el dinero que les fue insuficiente en el ejercicio
anterior, pagar unos servicios que no se pueden atender con esa previsión
presupuestaria. Aquí no hay ningún tipo de voluntarismo, ni estamos
pensando en la ley de asistencia jurídica gratuita. Estamos pensando en
los compromisos que ya tiene el Gobierno adquiridos en este momento y que
no nos hemos inventado. Nosotros nos hemos atenido a esos compromisos,
hemos examinado cuáles son los volúmenes de turno que han tenido en el
ejercicio anterior, de abogados y procuradores, les hemos aplicado la
media que ustedes aplican en este momento, no antes ni después, a esos
turnos y, naturalmente, los números que nos salen no son los que les
salen a ustedes. Es que a ustedes nunca les salen los números. Parece que
están hablando ustedes de presupuestos ejecutados después con
minuciosidad. Nunca les salen los números, de manera que no hable usted
de objetividades ni de otras cosas.

Nosotros no argumentamos la minoración de la partida de gastos reservados
en atención a juicios de intención. Nosotros entendemos que esa cuantía
es exagerada en proporción a lo que es el presupuesto de este Ministerio.

Lo que decimos es que, si para paliar la problemática judicial, ustedes
destinan 1.400 millones de pesetas --vamos a dejar los gastos
reservados-- y para la pompa y circunstancia



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del señor Ministro de Justicia e Interior destinan 300 millones, a
nosotros nos parece que eso no guarda ninguna proporción ni objetividad.

Desde luego, no es que no tenga nada que ver con un presupuesto destinado
al ajuste del gasto público y a un intento de huida del déficit público.

No. Se trata, evidentemente, de una especie de presupuesto --por lo menos
en esas partidas y en otras que nosotros enmendamos-- que parece que, en
vez de ser Justicia e Interior, es de propaganda, pompa y circunstancia
de su titular. Y como eso ni ustedes lo justifican ahora ni lo pueden
justificar, naturalmente, nosotros lo enmendamos.

Usted ha hablado de los juzgados de lo contencioso-administrativos. La
competencia de los juzgados de lo contencioso-administrativo, en este
momento, salvo que se modifique, está establecida en la Ley Orgánica del
Poder Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial establece para esos
órganos una competencia residual de la que no venga atribuida --es un
cajón de sastre-- a los demás órganos de la jurisdicción
contencioso-administrativa. Claro que se podrá perfeccionar y tecnificar,
pero no diga usted que estamos hablando... Estamos hablando de órganos
que existen, porque están en la Ley Orgánica, que tienen una competencia
atribuida y que podrían ser ya puestos en funcionamiento. Pero es que los
propios miembros del Gobierno han dicho que en 1995 eso se iba a poner en
marcha y, entonces, aquí estamos «ad kalendas graecas». Naturalmente, es
un presupuesto que crece fundamentalmente en gastos corrientes. Sobre lo
que usted habla de inversión, no es más que los presupuestos plurianuales
que se han previsto en ejercicios anteriores que se cumplen en éste para
mejorar la organización judicial y para mejorar, sobre todo, eso que
antes decía yo, que es la carencia reiterada de ejercicios anteriores,
que es celeridad y eficacia en la Administración judicial. Hay muy poco
esfuerzo presupuestario, y eso es, en definitiva, lo que nosotros
queremos enmendar.




El señor PRESIDENTE: El señor Baón, por el Grupo Popular, también tiene
la palabra.




El señor BAON RAMIREZ: Señor Presidente, muy brevemente.

Ha dicho el señor De la Rocha que éstos eran los Presupuestos del rigor.

Todo lo contrario. En definitiva, le voy a exponer unas razones para que
comprenda por qué no son de rigor.

En efecto, el Presupuesto --y no lo base S. S. en un mérito-- sube un 6,1
por ciento respecto del año anterior, pero respecto del año anterior de
la suma algebraica de los dos Ministerios. Una fusión, aunque sólo sea
por aplicación de escala, que supone que es más cara uniendo servicios
comunes --que habría que haberlo suprimido-- técnicamente es un mal
Presupuesto. Usted dice que nosotros, con nuestras enmiendas --luego lo
ha corregido--, reajustamos incluso el capítulo I. En efecto, nosotros lo
abordamos para desmantelar ese Programa 122.A, que supone Ministerio,
Subsecretaría y servicios generales, porque entendemos que es la creación
de una superestructura --lo decía en mi intervención anterior--
macrocefálica al servicio propio del Ministro, desprotegiendo,
raquitizando los servicios que corresponden a los programas de seguridad
ciudadana, de lucha contra la droga y de seguridad vial.

Nosotros creemos que eso es innecesario y que no puede ser una plataforma
para una actuación o para distanciarse un Ministro de los problemas
cotidianos del día a día. Por supuesto que usted ha hecho un esfuerzo y
se ha estudiado nuestras enmiendas y, en efecto, habrá visto que lo que
hacemos es reducir gastos consultivos del capitulo II y pasarlos, como
gastos superfluos que son, gastos de inversión. Me reconocerá usted
--porque lo habrá leído en los periódicos-- que los vehículos con los que
patrullan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están viejos; incluso que no
tienen combustible --también lo habrá oído-- que no tienen medios para
perseguir a los narcotraficantes en lanchas, etcétera. Claro que esa baja
que hay en gastos superfluos la dirigimos a gastos de inversión,
suprimiendo, por supuesto, esas inversiones a mobiliario en los servicios
centrales, que entendemos innecesarios, y que parece ser que aumentan año
a año, sobre todo, después de las mudanzas y las reorganizaciones
ministeriales que ha habido.

Nosotros no pretendemos que el Ministerio deje de pagar una pensión que
está reconocida por sentencia firme, como nos ha recordado el señor De la
Rocha. Lo que sí decimos es que hay un Ministerio, un departamento en la
Administración adecuado para pagar esas pensiones; que no le corresponde
al Ministerio, por mucho que lo diga una sentencia firme, porque, en
cualquier caso, no va a haber una baja para el perceptor, para el
beneficiario de esa pensión si se traslada adecuadamente. Por eso decimos
que técnicamente es malo el presupuesto.

Por lo que respecta a la deuda de Telefónica, mi Grupo nunca ha sostenido
que, si es necesario, venga por la vía de crédito extraordinario. Lo que
no podemos hacer es estar asumiendo deudas históricas en Telefónica,
poniendo unas partidas que son desmesuradas, desproporcionadas y que no
se corresponden con la atención cotidiana de los servicios, como son los
10.000 millones de pesetas que se pagan a Telefónica. Traigan un crédito
extraordinario por importe de 8.000 ó 10.000 millones de pesetas y, por
lo demás, atiéndanse los gastos ordinarios previstos de años anteriores
para esas partidas, pero no traten de camuflarlo, porque técnicamente
también denuncia que estaba mal hecho el presupuesto.

Como ve, estoy partiendo de la premisa de que éstos no son presupuestos
de rigor, como no es de rigor tampoco que, siendo un órgano recaudatorio
la Jefatura Superior de Tráfico, no pueda impedir la muerte de 600
españoles cada año, precisamente por la presencia de 700 puntos negros,
cuando es un organismo que genera por la vía de tasas o de multas hasta
60.000 millones de pesetas. Reinvierta ese organismo en sus propias
atenciones, en la Función Publica de dar seguridad vial a los españoles,
y podremos con eso reducir esa tasa de siniestralidad y de mortalidad que
ocasiona hoy el tráfico en España. Eso es en términos generales.

Con todos estos datos quiero decir que puede buscar cualquier otra
calificación, cualquier otro diagnóstico, pero no me diga que éstos son
unos presupuestos de rigor,



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cuando ha sido la suma, la agregación de los dos Ministerios anteriores,
sin una racionalización adecuada del gasto.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Muy brevemente, señor Presidente, porque
intervendrá Antonio Romero en la parte de Interior y los criterios
generales que ha expuesto.

Voy a mantener las enmiendas para su votación, puesto que la
argumentación --la verdad es que razonada y agradable en esta discusión--
es la misma que la del año pasado. Lo malo es que muchas veces, después
de una explicación, a uno le queda el sabor de que no se concreta la
proyección. El año pasado, cuando hacíamos nosotros la propuesta de un
programa para el jurado, se nos decía por parte del portavoz del Grupo
mayoritario que se iba a acometer al final, que primero se iba a hacer la
ley. Hemos esperado más tiempo. Este año tiene una previsión inicial, y
fíjese si nosotros somos rigurosos con aquello que decíamos que no hemos
vuelto a plantear la enmienda este año. Hemos dicho: por lo menos, que
esto que dice que van a hacer para el final, lo haga, cuando se está
demorando y mucho nos tememos que al año que viene en la discusión
presupuestaria pediremos un programa nuevo, porque la evolución puede no
ser la que nosotros desearíamos.

En cuanto al tema de recursos humanos y materiales, hay buena voluntad,
porque hay que reconocer que hay dos grandes actuaciones que este año se
incrementan sobre el año pasado. Lo que nosotros veníamos a denominar
turno de oficio y justicia gratuita ve incrementada su previsión
presupuestaria sobre el año pasado, y también lo que es el desarrollo de
la Ley de Demarcación y Planta con algunas actuaciones en juzgados.

Nosotros hemos planteado el desarrollo de una actuación determinada, que
es la que está supercongestionada, el contencioso-administrativo, que
está sin desarrollar. Por eso habíamos hecho una propuesta indicativa de
un número de juzgados. Me hubiese gustado decir: vamos a aplazar, vamos a
dar prioridad, no abordemos todos, veamos qué se puede hacer con más
prioridad, pero usted ha preferido decir que falta el desarrollo de la
ley que diga qué función va a tener, qué competencias o qué composición.

Nosotros hemos hecho indicativamente una plantilla básica de ese juzgado,
podría no ser ésta sino otra, pero esto estaría dentro de la
justificación, de la teoría de los números. Sin embargo, en los números
es donde no hemos llegado al acercamiento.

Termino, señor Presidente. Hemos hecho simbólicamente propuestas sobre la
renovación de juzgados y los centros penitenciarios. Es verdad que en
algunos casos hemos incrementado las previsiones plurianuales, pero es
que muchos de estos dineros son para conservación o para rehabilitación,
y los elementos que se deterioran cuesta más rehabilitarlos después.

Me tendrá que reconocer --no me ha respondido al tema de la sustitución
de plazas, puestos o centros-- que en un principio había un proyecto de
no seguir conservando los centros penitenciarios que teníamos y hacer
frente a una adaptación, que no se ha abordado, no se ha puesto en
marcha, porque ha habido resistencia civil a las macrocárceles, porque no
ha habido una actuación en desarrollo, porque quizá los recursos en
principio se valoraron con demasiada buena voluntad. Lo cierto y verdad
es que ni lo uno ni lo otro. En todo caso, tenga usted la seguridad,
señor portavoz, de que la posición de Izquierda Unida es vísteme
despacio, que tengo prisa, es decir, no por mucho madrugar, amanece más
temprano, pero que alguna vez salga el sol.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Romero.




El señor ROMERO RUIZ: De manera muy breve voy a explicar en muy poco
espacio de tiempo, al compañero De la Rocha lo que planteaba sobre la
fusión de Interior y de Justicia. El señor De la Rocha ha dicho que
existía un peso histórico, una concepción de los Ministerios de Interior
o de Gobernación como Ministerios de represión y que el Ministerio de
Justicia era un Ministerio de garantía jurídica de los derechos. Cuando
nosotros nos oponemos a la fusión del Ministerio de Interior y Justicia
no se trata de eso. No se trata de esa tradición, de ese peso histórico o
de esa mentalidad a la hora de abordar la fusión de ambos ministerios en
uno solo. Qué duda cabe que ése es un elemento que tiene su peso, tiene
razón el compañero De la Rocha cuando lo expone, pero hay otro más
material y más concreto.

La gente de la calle cree que los ministros tienen la cabeza grande o
gorda, pero no que tienen dos cabezas. Un ministro no puede ser bicéfalo,
pero un ministerio, sí. Y aquí tenemos un ministerio bicéfalo y un
ministro con una sola cabeza. Aquí lo que se plantea es que haya un
Ministro del Interior que se dedique a trabajar en Interior, a organizar
bien las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a pensar las 24 horas
del día en la responsabilidad política y en la tarea de su Ministerio, en
desarrollar ese Ministerio del Interior que debe ser un Ministerio que
garantice la seguridad en el respeto más escrupuloso de los derechos
humanos, de los derechos constitucionales, de los derechos civiles, a
luchar contra la criminalidad organizada, contra las mafias, contra el
terrorismo, etcétera. Y a partir de ahí que el Ministerio de Justicia
juegue su papel, que en un Estado de derecho está limitado porque la
independencia del Poder Judicial en relación con el Ejecutivo y el
Legislativo, son las señas de identidad básicas del Estado de derecho,
pero que es fundamental en la prestación de servicios, en la dotación de
infraestructuras y en la coordinación de todos los bienes materiales que
se ponen a disposición del Poder Judicial y de la Administración de
justicia de España. Al mismo tiempo hay una gran labor en lo que
significan las instituciones penitenciarias y los 45.000 presos que en
este momento tienen las cárceles españolas, la mayoría de ellos, casi el
80 por ciento, por delitos de droga, por delitos de robo o por atentados
contra la propiedad y los bienes, que proceden de zonas del paro, de la
marginación de nuestras ciudades y pueblos.




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Este era un poco el enfoque que quería hacer. Para no extenderme, quiero
decirle que hay ejemplos en países democráticos, como señala el portavoz
De la Rocha, que unen los Ministerios de Interior y de Justicia, pero en
España no existe esa tradición. En la época moderna y democrática ha
habido esa separación de los Ministerios. Los juristas que se han reunido
reclaman que no es buena esa unión de ambos Ministerios y ahora este
presupuesto consolida la unidad de estos dos Ministerios que nosotros
políticamente no la vemos acertada para nuestro país.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra
el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA: Brevemente para decir que esperamos, como ha
indicado el Grupo Parlamentario Socialista, que den cumplida satisfacción
al planteamiento que inicialmente he expuesto de que nos puedan aceptar
las obras de inversión absolutamente necesarias en el centro
penitenciario de Martutene en San Sebastián. El importe de 12 millones de
pesetas, que nosotros lo tenemos valorado muy ajustadamente, es también
muy necesario en la prisión de Nanclares de la Oca.

Quiero indicarle también que en cuanto a la formación del personal al
servicio de la Administración penitenciaria y de los propios internos y a
la prevención respecto a enfermedades contagiosas, que en este momento
tenemos en la cárceles españolas, como el sida, no me ha contestado nada.

Yo creo que es un programa interesante poder disponer de estos mecanismos
auxiliares de los que ya dispone de manera precaria la Administración
penitenciaria española a través de entidades de un conocido prestigio y
acreditación en el País Vasco, como es la coordinadora Antisida de Alava.

Quiero manifestarle también que no nos ha contestado a las enmiendas de
nuestro Grupo sobre los cursos sobre lenguas oficiales distintas del
castellano. Curiosamente nos aceptan, dentro de los indicativos que
complementan las actividades a realizar por el Ministerio en materia de
formación, la formación en lenguas oficiales distintas del castellano,
pero sin contrapartida presupuestaria. Nos aceptan el objetivo relativo a
esa actividad, pero no sucede lo mismo con la creación de una partida
presupuestaria al respecto. Por tanto, creemos que queda vacío de
contenido. Se acepta el planteamiento, pero no la puesta en marcha de un
programa al respecto, puesto que no se prevé consignación presupuestaria.




El señor PRESIDENTE: El señor Mauricio tiene la palabra.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Mantenemos la defensa de nuestras dos
enmiendas e inicialmente aceptamos la transaccional que nos ofrecen. En
cualquier caso, sugeriría que siguieran reflexionando por qué en una
isla, sí y en otra, no. No encontramos una justificación suficiente. De
cualquier forma, más vale avanzar en una solución parcial en espera de
que haya tiempo para reflexionar sobre una solución total.

Por tanto, aceptamos la transaccional y mantenemos la defensa de las
otras dos enmiendas.




El señor PRESIDENTE: El señor Chiquillo Barber tiene la palabra.




El señor CHIQUILLO BARBER: Una intervención breve para comentar única y
exclusivamente que el argumento de que presentamos enmiendas sólo
referentes a la Comunidad Valenciana no es cierto, ya que cuando
estábamos debatiendo el articulado y cada uno de sus títulos se
presentaban enmiendas del interés general, entendiendo por tal la
colectividad de los ciudadanos del estado español, así lo hemos hecho.

Es lógico que defendamos en estas secciones intereses por los que estamos
aquí actuando. Por eso, desde la óptica de un Partido Nacionalista es
bastante lógico y coherente que presentemos enmiendas de respeto a la
comunidad autónoma de origen. En particular hemos presentado 36
enmiendas, de las cuales 22 se refieren a órganos judiciales, como usted
muy bien ha citado. Yo no las he presentado para que me admita las 22.

Con que me aceptara alguna ya me conformaría.

Usted conoce esta situación igual que yo. A lo mejor yo la conozco algo
más. Por ser de esa Comunidad y ser abogado en ejercicio hasta hace poco,
he recorrido muchas de las instalaciones judiciales de la Comunidad
Valenciana, en concreto algunas de las que le he nombrado, Denia, Alcira,
Villajoyosa, Torrevieja, que están en un estado casi ruinoso, y algunas
de las que también he nombrado, como Benidorm, Gandía o Carlet en estado
muy lamentable y precario. Por eso le solicitaba que considerara alguna
de ellas. Yo no le digo que me admita las 22, pero que tenga un poco de
voluntad con alguna.

En cuanto a si defiendo intereses muy localistas, una de nuestras
enmiendas, en particular la número 71 que solicita 250 millones --que
tampoco son ninguna burrada-- y se refiere a las comisarías en zonas
turísticas de la Comunidad Valenciana: Benicasim, Peñíscola, Gandía,
Cullera, Benidorm y Jávea. Estos municipios emblemáticos del turismo de
la Comunidad Valenciana, que yo sepa son un lugar de acogida en los meses
estivales de más de un millón y medio de ciudadanos del Estado español
distintos a los de la Comunidad Valenciana. Por tanto, esta enmienda no
es única y exclusivamente en defensa de los intereses de la Comunidad
Valenciana, sino para dar bienestar y tranquilidad a muchos ciudadanos
del Estado español.

Deseo agradecerle que haya aceptado la enmienda 133, por lo menos le
honra el gesto; de 36, una. Pienso que alguna más puede ser asumida por
su Grupo. Gracias por la atención.




El señor PRESIDENTE: El señor De la Rocha tiene la palabra.




El señor DE LA ROCHA RUBI: Voy a intentar cerrar brevemente este turno
contestando a cada uno de los intervinientes de los demás grupos
parlamentarios, empezando por el señor Padilla a quien tengo que decirle,
como primera



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providencia --como se dice en el lenguaje forense-- que mi intervención
no ha sido peyorativa, y si lo ha parecido, desde luego la retiro. Ha
pretendido ser, por una parte, tranquila, suave y política, lo que ocurre
es que si se acusa al proyecto del Gobierno y al Grupo que lo defiende de
defender unos presupuestos no rigurosos y yo muestro de manera razonable
--y ahora volveré a insistir en ello-- que la falta de rigor está en la
contradicción del conjunto global de sus enmiendas, no individualmente
consideradas, en muchas de ellas, por lo menos en las que suponen
incremento de inversión o determinadas aportaciones del capítulo IV, si
uno hace una encuesta a los ciudadanos y pregunta: ¿cree usted que hay
que dar más dinero para la droga? Pues sí. ¡Cómo van a decir que no!
Globalmente consideradas suponen una flagrante contradicción. Se nos dice
que es de Telefónica de donde surge la mayor cantidad de dinero para
todos los incrementos que ustedes quieren hacer. Reconozco que pretenden
hacer incrementos de inversión y de algunos gastos del capítulo IV y
alguno puntual del capítulo II que tienen un sentido social y colectivo
bastante importante. Pero sobre unos créditos que ya incrementan en los
términos ordinarios, los del ejercicio anterior, y que nosotros creemos
que son suficientes aunque siempre mejorables --¡cómo no van a serlo!--,
ustedes quieren sacar un dinero, que son 8.000 ó 10.000 millones
fundamentalmente de Telefónica y 3.000 millones --que no me ha replicado,
quizá por falta de tiempo-- de la Jefatura de Tráfico. Dicen: presenten
ustedes un suplemento de crédito. Pero sea ahora, sea a través de un
suplemento de crédito, lo que no cabe duda es que son 8.000 millones más
de gasto sin una contrapartida de ingresos, y 3.000 millones más de gasto
que usted quita a los ingresos. Repito, globalmente hay una falta de
rigor absoluta. Tienen ustedes que ponerse de acuerdo. Si dicen que no
hay que hacer presupuestos más deficitarios y que éstos habría que
recortarlos, hacemos un gran envite --lo digo sin ánimo peyorativo-- que
a todos nos puede gustar: más inversión, más gasto, más juzgados,
etcétera. ¿De dónde? De más déficit. Pónganse ustedes de acuerdo,
aclárenlo y a partir de ahí, hablamos.

Sobre las cuestiones concretas a que se ha referido no tengo ningún
empacho en reconocer, señor Padilla, que, efectivamente, el año pasado,
en el inicio del debate presupuestario, tenía razón cuando decía que el
cálculo de los gastos para el Consejo General del Colegio de Abogados
estaba mal hecho, y efectivamente era la cifra que decía. He estudiado y
recordado el debate del año pasado en el que usted planteaba, por
ejemplo, que había un gasto excesivo en objetores de conciencia frente a
las previsiones que tenía el Gobierno para cubrir el incremento que se
iba a producir de objetores de conciencia y que se ha producido incluso
por encima de lo previsto por el Gobierno. Esto no es una cuenta
perfecta, sino una cuenta de razonabilidad de los criterios. En ese
sentido, los criterios que están planteando globalmente tienen ese gran
error.

Ha dicho en un determinado momento que los gastos reservados no, pero que
hay 300 millones para pompas del Ministro del Interior. No creo yo...

El señor PRESIDENTE: Sea usted congruente también, señor De la Rocha, que
prometió brevedad.




El señor DE LA ROCHA RUBI: Efectivamente, señor Presidente, voy a ser
breve.

Para terminar la idea en la que estaba, no creo que el actual Ministro
del Interior sea un hombre de muchas pompas.

Sobre los juzgados de lo contencioso-administrativo, me dirijo a usted y
al portavoz de Izquierda Unida que en este momento no está.

Efectivamente, la Ley Orgánica del Poder Judicial prevé que existan
órganos unipersonales de lo contencioso-administrativo, pero no atribuye
qué competencias y qué asuntos tienen que ver. Hay una necesidad de que
sea la ley de la jurisdicción. Usted sabe como yo que esa ley va a estar
probablemente a primeros de año en esta Cámara, y que será en nuestra
sede en la que pondremos el calendario. Para el año 1996, no le quepa
duda que habrá juzgados de lo contencioso-administrativo.

Por acelerar y refiriéndome a las argumentaciones del señor Ríos y del
señor Romero, el señor Ríos ha dicho un latiguillo que me parece muy
útil. Dice: Vísteme despacio que tengo prisa. Desde luego, en el ámbito
de la justicia nunca algo ha estado mejor dicho. El año pasado ustedes
tenían prisa en vestir al jurado. Nosotros dijimos: para que el jurado
vaya deprisa, vamos a vestirlo a su ritmo. Ya está el jurado. Si ahora va
despacio es culpa de esta Cámara. No echemos la culpa al Gobierno, lleva
dos o tres meses en la Cámara. Se está discutiendo en la Cámara y su
Grupo, como el mío y como los demás somos los que podemos acelerarlo. El
grupo Socialista no es mayoritario para eso. Lo mismo para los jueces de
lo contencioso y para otras facetas a las que se ha referido, como la
justicia gratuita. Dejemos que se aprueben las leyes con la tranquilidad
necesaria.

En cuanto al resto de las intervenciones, tengo que hacer un levísimo
apunte a la reflexión del señor Romero sobre la fusión del Ministerio de
Justicia e Interior y sobre la bicefalia y unicefalia del señor Ministro.

Yo creo que el sentido de sus palabras es: necesitamos un ministro que se
ocupe de interior para potenciar aún más que el Ministerio del Interior
sea fundamentalmente garante de las libertades y derechos humanos. Creo
que el Ministro de Justicia e Interior está sin duda alguna potenciando
esa faceta y ocupándose del área de interior. Si no está en la tradición
española, hay muchas cosas que no han estado en la tradición española y
que, sin embargo, luego se han tenido que ir cambiando. Entre otras cosas
porque el Ministerio de Gracia y Justicia, que es uno de los
primitivísimos de la historia de las secretarías del Estado de España,
hacía todo en la justicia y hoy es un ministerio que está perdiendo
competencias porque hoy existe, y no forma parte de nuestra tradición
política ni jurídica, una cosa muy importante que se llama el Consejo
General del Poder Judicial.

Respecto a los demás Grupos, mantenemos la oposición a las enmiendas que
he dicho antes y la aceptación que ya en la anterior intervención expuse.




El señor PRESIDENTE: Con su intervención, señor De la Rocha, finalizan
las correspondientes a la sección 13, Ministerio de Justicia e Interior.




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Es propósito de la Mesa someter a votación todos los títulos, las
secciones y las disposiciones pendientes lo más cerca posible a las nueve
de la noche, entre otras cosas porque algunos diputados que, como el
conjunto de la Comisión, sufren los rigores del ritmo a que estamos
sometiendo el debate, me han planteado que por necesidades de su programa
desearían que se votara a las nueve.

Es propósito también que en estas votaciones pudiera entrar esta sección
14, Ministerio de Defensa. Yo rogaría a SS. SS. que dispongan del tiempo
necesario para exponer sus posiciones, pero a la mayor brevedad posible.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Cortés Muñoz tiene la
palabra.




El señor CORTES MUÑOZ: Señorías, atendiendo a la petición del Presidente,
vamos a defender de forma conjunta todas nuestras enmiendas a la Sección
14, desde la 1.156 a la 1.167, ambas inclusive.

Nuestra defensa gira fundamentalmente en torno a tres objetivos políticos
básicos. En primer lugar, el del incremento de la retribución a la tropa
de reemplazo. En segundo lugar, a la reducción del gasto burocrático que
origina el órgano central de la defensa. En tercer lugar, a la
racionalización en las adquisiciones de material en el Ejército de
Tierra.

En el primer objetivo, que se refiere al incremento de retribución a las
tropas de reemplazo, hemos de decir claramente, una vez más, que
consideramos dicha obligación, mientras no cambie la situación o el
ordenamiento actual de nuestro ejército, de cualquier joven español el
acudir a prestar el servicio militar con las excepciones que,
naturalmente, recoge la ley, entre las que se encuentra, como es lógico,
la objeción de conciencia. Dicho esto, no es menos cierto que
precisamente esos jóvenes tienen que acudir a prestar este servicio a la
nación española en una edad en la que se encuentran en plena fase de
preparación para el resto de su vida, ya sea estudiando en la
universidad, ya sea aprendiendo un oficio o un trabajo.

Parece ilógico y es, objetivamente hablando, injusto que estos chicos
tengan, además, la obligación de atender a sus gastos personales, todos
ellos motivados precisamente por su participación activa en el servicio
militar, con su dinero, con esfuerzo de su propio patrimonio.

La idea del Partido Popular, y la venimos manifestando ya hace muchos
meses, es llegar a un punto en el cual durante el tiempo que están
prestando el servicio militar estos jóvenes tengan un haber en mano, una
remuneración que alcance las 30.000 pesetas mensuales, que nos parece
cifra adecuada para atender a estos gastos que les produce
específicamente esa prestación.

Para llegar a ello hemos calculado un tiempo de tres años y cuantificado
en 25.000 millones de pesetas. Es por eso, precisamente, por lo cual en
los presupuestos para el año 1995, en la enmienda 1.164, nosotros
pretendemos un aumento en 7.950 millones de pesetas que va destinado al
incremento de la retribución de la tropa de reemplazo y que en tres años
nos llevaría al objetivo que nosotros nos hemos marcado.

El segundo objetivo al que antes he hecho referencia es el de la
reducción de los gastos burocráticos del órgano central de la Defensa y
que se han visto en los últimos meses, en los últimos años incrementados
de forma exagerada de forma exorbitada y, sobre todo, de forma
escasamente defendible con argumentos sólidos. Cuando hablamos de
reducir, de apretarnos el cinturón, hay que acudir a jerarquizar las
necesidades, y es exactamente lo que nosotros pretendemos a través de
nuestra enmienda 1.157, en la cual llegamos a una disminución, a un
ahorro exactamente de 5.100 millones de pesetas, que se compone de
distintas partidas variopintas de este órgano central de la defensa,
tales como arrendamientos, suministros, y en el que no falta,
naturalmente, una partida a la que se ha hecho referencia en otra Sección
anterior, que es la de pompas --y yo añadiría: pompas y circunstancia-- y
que nosotros rebajamos, en el caso del Ministerio de Defensa, en 200
millones de pesetas.

Al final, el total que nosotros proponemos reducir en este órgano
corresponde a un 3 por ciento de lo presupuestado para el órgano central
para 1995.

El tercer objetivo es el de la racionalización. Naturalmente en todo,
pero en este caso concreto en la adquisición de bienes materiales en el
Ejército de Tierra. Lo hacemos a través de la enmienda número 1.166, en
la cual proponemos una reducción de 4.000 millones de pesetas que,
naturalmente, después serán aplicados a otros fines, a nuestro juicio más
racionales y más efectivos para nuestro Ejército de Tierra.

Ocurre aquí que el Ejército de Tierra español en estos momentos está
jugando con una baraja de tres carros de combate diferentes y de tres
nacionalidades distintas. Por un lado, estamos con el M-60 americano, y
aquí se le ha presupuestado una cantidad importante de dinero para
intentar arreglarlo para que pueda seguir funcionando. Es un carro de
combate que tiene muchos, muchísimos años, que todos conocemos, y que
está prácticamente en desuso. Además de ése tenemos el AMX-30, de
nacionalidad francesa, y ahora vamos a recibir en cesión por parte de
Alemania un total de 100 carros de combate Leopard 2. Hay un aspecto que
conviene también tener en cuenta y no olvidar: que no sólo vamos a
recibir 100 carros Leopard 2, sino que además podemos llegar a tener el
compromiso cercano en el tiempo de que este carro pueda fabricarse a
partir de poco tiempo en España, lo cual redundaría naturalmente en
beneficio de la industria armamentística española.

Parece exagerado tener un número tan excesivo de carros. El Ejército de
Tierra español no necesita tantos y, en segundo lugar, parece desacertado
tener tres tipos de carros distintos. Entendemos que debemos centrarnos
en uno solo, y parece que el presente y el futuro debe pasar por el
Leopard 2.

Por otra parte, nosotros al liberar 4.000 millones de pesetas en esta
partida pensamos que ese dinero puede aplicarse precisamente para que se
fabrique en España un nuevo vehículo de combate de infantería que,
además, sustituiría al famoso Toast con el que muchos de nosotros, los
que ya tenemos algunos años, hicimos el servicio militar,



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lo que indica la vetustez de tal vehículo. Por lo tanto, estos 4.000
millones de pesetas servirían para sustituir a los Toast y, sobre todo, y
fundamentalmente, para que también la industria española se viera
mejorada en este aspecto, en este sentido.

Nada más, señor Presidente, simplemente entendemos que el buen sentido de
nuestras enmiendas coincidirá con el de los Diputados de los demás Grupos
parlamentarios representados en esta Cámara y que, naturalmente, verán
con buenos ojos, y de forma favorable, nuestras enmiendas.




El señor PRESIDENTE: El señor Romero tiene la palabra.




El señor ROMERO RUIZ: De manera muy breve, quiero exponer la enmienda a
la sección y explicar que se trata de 19 enmiendas concretas de
supresiones de gasto, teniendo en cuenta los siguientes criterios de
nuestro Grupo parlamentario.

Desde 1989 hemos visto estancarse, e incluso disminuir, las cantidades
destinadas para los presupuestos del Estado en el Ministerio de Defensa.

En 1994 se quebró esta tendencia y en 1995 el total del gasto militar,
que siempre hemos elaborado siguiendo los criterios presupuestarios de la
OTAN, ascenderá a casi un billón y medio de pesetas. La austeridad que se
pretende imponer en los presupuestos generales para 1995 no ha alcanzado
al Ministerio de Defensa. La cantidad asignada a este Ministerio aumenta
un 7,57 por ciento respecto a 1994, lo que equivale al doble,
aproximadamente, de lo que se prevé de inflación para el año próximo.

La distribución económica de los presupuestos en el Ministerio y en sus
organismos autónomos nos permite observar un ejército que, desde
Izquierda Unida, hemos dicho siempre que está sobredimensionado, ya que
casi la mitad es absorbido por gastos de personal; en total, casi tres
cuartas partes del presupuesto van a parar a sueldos y salarios de los
militares y funcionarios civiles, así como a gastos corrientes.

En el capítulo de inversiones reales, mientras la inversión civil
disminuye en un 1,38 por ciento, la inversión militar aumenta un 6,44 por
ciento, incrementando su participación en el total de inversión del
Estado en dos puntos, llegando al 24 por ciento.

Los principales proyectos de inversión corresponden a la modernización de
las Fuerzas Armadas, como son los aviones AV-8B PLUS, en su fase de
producción, 17.308 millones; modificación y adquisición de aviones F-1,
más de 10.000 millones; construcción de cazaminas, ocho unidades, 7.000
millones; construcción del buque mixto P/A, 7.397 millones. Esta
distribución poco racional del presupuesto no se soluciona incrementando
más el dinero que se destina a la defensa, ya que un 2,15 por ciento del
gasto militar respecto al producto interior bruto, y casi un 5 por ciento
respecto a los presupuestos generales totales, es un porcentaje elevado,
dada la situación económica del país y las necesidades defensivas del
momento.

A investigación y desarrollo militar se destinan 48.465 millones de
pesetas, aunque su aumento es menor que el I + D civil, y ocupa la nada
despreciable proporción del 23,5 por ciento del total del I + D
financiado por el Estado, sabiendo además que el gran bocado lo da el
proyecto de avión de combate EFA, con 20.000 millones de pesetas, un
proyecto cuya viabilidad se ha puesto a menudo en duda y en el que España
lleva gastados aproximadamente 100.000 millones de pesetas, sólo en su
etapa de desarrollo. Otros programas importantes de I + D militar son:
comunicaciones y guerra electrónica, 1.680 millones de pesetas, sistemas
y mandos de control, 1.542 millones de pesetas.

Se plantea, por tanto, un modelo de ejército del que cada cuatro pesetas
que recibe dos se destinan a pagar su salario, una a pagar los gastos
corrientes y una al mantenimiento y modernización, y un ejército con esa
distribución interna del gasto es un ejército escasamente dotado, pero no
porque la cantidad destinada sea pequeña (hay que tener en cuenta que son
248.000 millones los que se destinan al capítulo de modernización y
dotación), sino porque hay una sobredimensión que impide una asignación y
un aprovechamiento más eficaz de los recursos, y de prolongarse esta
situación, se va a agudizar el modelo de ejército basado en gastos de
sueldos y gastos corrientes, y una falta de eficacia en la asignación
interna de recursos para hacerlo más operativo.

Esta es la filosofía general que nos lleva a la enmienda a la totalidad
de la sección, a defender nuestro modelo alternativo de ejército pequeño
y defensivo y a plantear una serie de supresiones, con objeto de
testimoniar cómo nosotros consideramos que se debería hacer un
presupuesto más adecuado a las necesidades del país y de las Fuerzas
Armadas.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marsal.




El señor MARSAL I MUNTALA: En primer lugar, voy a defender las dos
enmiendas que nosotros tenemos presentadas a esta Sección. La enmienda
número 418 consiste en un reajuste interno de cantidades entre distintas
partidas motivado por la adecuación de las gratificaciones a los
militares de reemplazo, una vez se ha podido hacer el cálculo exacto por
cada uno de los ejércitos, mientras que la enmienda número 419 significa
un cambio de 700 millones de pesetas de un proyecto de inversión de
mantenimiento de aviones debido a que hay una opción de no mantener
determinados tipos de aviones y pasarlos a un proyecto de inversión de
adquisición de nuevos aviones y así dotarlo mejor.

Respecto a las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Popular,
en la que se refiere a la totalidad de la Sección 14, uno de los motivos
que argumenta es la inadecuada distribución de los créditos. Sin embargo,
cuando sumamos la movilidad de cantidades, observamos que solamente
proponen mover 12.000 millones de pesetas, es decir, sólo un 1,4 por
ciento del presupuesto de Defensa. Esto indica que no hay inadecuada
distribución de los créditos. Como sabemos que estas enmiendas son pocas,
no



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por falta de trabajo o de desidia, ello nos lleva a la conclusión
--conclusión satisfactoria-- de que por parte del Grupo Popular no existe
un modelo alternativo de Fuerzas Armadas. Digo con satisfacción porque no
sería bueno para el país que los dos principales partidos tuviesen
modelos alternativos y que la alternancia en el poder pudiese llevar a ir
cambiando año tras año este modelo.

Las enmiendas concretas que han sido presentadas por el Grupo Popular,
como muy bien ha señalado el señor Cortés, inciden básicamente en el tema
de incremento de retribución de los militares de reemplazo en los casos
del órgano central de Defensa y en la racionalización de adquisiciones.

Para ello proponen una serie de bajas en el órgano central. Aquí, como
otras veces, y es un debate que hemos tenido, existe una confusión al
pensar que el órgano central es únicamente el edificio del Ministerio. El
órgano central es, además del Ministerio en el sentido más estricto, el
Estado Mayor de la Defensa, las delegaciones territoriales, el CESID; una
serie de organismos que son operativos. Pero, además, en las enmiendas
que nos presentan no sólo inciden en el órgano central de Defensa, sino
también en los ejércitos y en otros temas. Solamente por citar algunos
ejemplos, con la misma rapidez que el señor Cortés ha tenido, algunas de
las propuestas que hacen de distribución de gasto corresponden a partidas
que ya han disminuido o se mantienen estables respecto al año anterior.

Otra partida de gastos ordinarios en la que proponen una disminución
corresponde a la implantación de las delegaciones de defensa en todas las
provincias españolas, lo que se está llevando a cabo. Por otra parte,
proponen la disminución en gastos de reposición de material de transporte
del órgano central. Precisamente estas cantidades están destinadas a
aumentar su seguridad, a blindar una serie de vehículos. Por lo tanto, no
consideramos que pretenda el Grupo Popular precisamente esto. También
propone, por ejemplo, la disminución del programa 126 F, de
publicaciones. No tienen en cuenta que bajo este programa no entran
únicamente las publicaciones en el sentido estricto, sino, por ejemplo,
entran también 200 millones que van a ser destinados precisamente a
captar más jóvenes para la profesionalización del ejército, objetivo que
compartimos y que, de hacer caso de su enmienda, rebajando 200 millones
en esta partida, precisamente lo que estaríamos haciendo es disminuir la
capacidad de incentivar a los jóvenes para que se enrolen en el ejército
profesional.

Proponen también, por ejemplo, la disiminución en algunas partidas que se
dedican a centros de investigación, y aunque están asignados
contablemente al órgano central, corresponden a centros de investigación
de cada uno de los ejércitos.

Otro ejemplo es que en una de las partidas en la que proponen una baja
más importante es en la de los incentivos al rendimiento. Precisamente en
esta partida, donde hay más de 5.000 millones de pesetas, sólo el 24 por
ciento corresponde al órgano central, 1.265 millones; 3.989 millones, un
76 por ciento, corresponden a incentivos al rendimiento de cada uno de
los ejércitos. Por tanto, hacer la reducción que ellos pretenden de unos
2.000 millones de pesetas no incidiría en el órgano central, sino que
básicamente incidiría en las gratificaciones a los miembros de los tres
Ejércitos.

Con estas enmiendas consiguen rebajar 7.950 millones, pero si se rebajase
esa cantidad tendría consecuencias negativas para el propio
funcionamiento y operatividad de nuestros Ejércitos. Destinan estos 7.950
millones a mejorar las retribuciones y gratificaciones a los militares de
reemplazo. En primer lugar, el objetivo que ellos fijan de llegar a
30.000 pesetas por cada soldado supondría un gasto muy superior a los
25.000 millones de pesetas que ellos calculan, supondría casi el doble.

Por otra parte, lo proponen en un plazo entre tres y cinco años, que es
precisamente el mismo que se fija el Ministerio con su actuación. La
diferencia está en que en este primer año, en vez de distribuirlo
homogéneamente a cada uno de los militares de reemplazo, se hace de una
forma selectiva, teniendo en cuenta criterios de mayor dificultad, de
desplazamientos fuera de la región militar del soldado y, por tanto, nos
parece más justa y racional esta distribución.

Finalmente tienen dos enmiendas que se refieren, como muy bien ha dicho,
a cambios en los destinos para los carros de combate. Nos dicen que
dejemos de modernizar el M-60 y que lo destinemos a vehículo de combate
de infantería. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunas
consideraciones que hacen imposible aceptar su propuesta. (El señor
Vicepresidente, García Ronda, ocupa la Presidencia.)
En primer lugar, el M-60, modernizado, va a tener vida hasta el año 2010.

Por tanto, no es un carro obsoleto, sino que tiene aún vida si se hacen
las reparaciones previstas.

Por otra parte, el Leopard 2, que aún está en negociación y que las
cantidades ofrecidas no son de cien Leopard, sino que son de la mitad, va
ligado a la negociación para que se pueda construir por Santa Bárbara.

Sin embargo, no sería posible que Santa Bárbara empezara a realizarlo
hasta el año 1998. Por tanto, hasta esa fecha no podremos tener en cuenta
la incidencia de la modernización y la construcción del Leopard en
fábricas españolas.

Además, tampoco podemos reducir los 4.000 millones que ellos proponen en
cuanto a la modernización de los M-60, porque esto corresponde ya a un
contrato realizado con Santa Bárbara. Por tanto, es imposible de
realizarlo. Además, supondría un efecto negativo para esta empresa, que
al mismo tiempo tiene que fabricar el vehículo Ascot, el vehículo
Pizarro, y, sin embargo, en este momento para el año 1995 aún no está en
condiciones de hacer una producción masiva. No obstante, ya existe,
también en contrato con Santa Bárbara, para los años 1995 y posteriores,
un programa que señala para cada año un número determinado de vehículos y
que por tanto... Rumores.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Señorías, por favor, un poco de
silencio porque no se oye bien por parte de la Mesa, ni por parte de los
servicios de la Cámara, ni probablemente por parte del propio
interviniente.

Muchas gracias.




El señor MARSAL I MUNTALA: Gracias, señor Presidente.




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Por tanto, hacer caso de las tres enmiendas que nos propone el Grupo
Popular es imposible por motivos de contratos. Pero, hay más, no sería
beneficioso porque no compensaría a Santa Bárbara el ofrecerlo en la
forma en que ellos nos proponen.

Por parte de Izquierda Unida, todos sabemos que su modelo es diferente.

Lo hemos discutido muchas veces. Pero resulta que su modelo no es
mayoritario. No solamente no es mayoritario en nuestro país, sino que
tampoco corresponde al modelo de todos los países de la Unión Europea.

Esto se muestra claramente en la propia justificación de su enmienda a la
totalidad, en la que dicen que es misión del ejercito la función de
defensa del territorio. Esta es una concepción estrictamente tradicional.

La concepción de modelo de defensa y de modelo de Fuerzas Armadas no se
basa en la defensa del territorio nacional, sino en la defensa de
intereses nacionales. En su concepción, sería imposible defender
estrictamente, por ejemplo, las operaciones de paz, que, por otra parte,
él defiende en otro sentido.

Al mismo tiempo nos dicen que tienen que ser unas Fuerzas Armadas
suficientemente dotadas, que no tienen que gastar tanto en personal y más
en inversión. Sin embargo, todas las enmiendas que nos proponen no
reducen el gasto de personal sino que, precisamente, lo que hacen es
reducir los gastos de inversión y de material.

Por otra parte, las enmiendas 635 a 650, que nos presentan, resulta que
son exactamente la fotocopia de las enmiendas 1.405 a 1.422 que
presentaron a los presupuestos de 1994. Esto no parece que sea muy serio
por su parte.

En conjunto, las enmiendas que propone Izquierda Unida afectan
principalmente al programa de modernización de la Fuerzas Armadas, que es
el programa básico; afectan a los programas de desarrollo tecnológico más
avanzado, inciden en los programas de compensación para nuestras
industrias. Por tanto, hacer caso de sus enmiendas tendría también
consecuencias negativas para algunas de nuestras industrias de defensa.

Además, supondrían el incumplimiento de compromisos adquiridos, incluso
en algunos casos tendrían la posibilidad de sanciones de costo económico.

Citaré sólo tres casos de los que ha mencionado el portavoz de Izquierda
Unida y que propone que se rebajen. Uno es rebajar la inversión en
Harrier. Si hiciésemos eso tendría consecuencias terriblemente negativas
para una de nuestras empresas, INDRA, que precisamente gracias a este
programa ha conseguido una serie de contrataciones en el extranjero, y
supondría también que INDRA perdería unos 10.000 millones de pesetas,
cosa que no creo que proponga el señor Romero ni nadie del grupo de
Izquierda Unida.

Propone también la baja, casi la desaparición del programa Eurofighter.

En esto quiero recordarle solamente que hace año y medio, cuando se
debatió en Comisión este programa, hubo acuerdo por parte de todos los
grupos. Le recomiendo que relea la intervención que él mismo tuvo, en la
que se mostró casi entusiasta de este programa. Por tanto, no tiene
ningún sentido que ahora, de repente, sin elementos nuevos distintos de
los que había en aquel momento, nos proponga dar de baja precisamente el
programa más importante para el I+D en nuestro país y que afecta a
empresas como CASA, como ITT, pero también a un conjunto de 40 ó 50
pequeñas empresas.

Como último ejemplo de lo poco pensadas que están algunas de sus
enmiendas, nos propone también abandonar la adquisición del helicóptero
Superpuma. Aparte de que existen unos compromisos y dejarlo nos llevaría
a unos costes económicos negativos, resulta que el Superpuma es
precisamente un helicóptero de los que, por parte del Ejército, tienen
también un uso civil en misiones de rescate. Es una muestra más, repito,
de que muchas de sus enmiendas no están claramente pensadas. Por tanto,
no pueden ser aceptadas, incluso a pesar de su discurso de modelo de
Fuerzas Armadas distinto del que es mayoritario en este país.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para un breve turno de réplica,
tiene la palabra el señor Cortés Muñoz, por el Grupo Popular.




El señor CORTES MUÑOZ: Señor Presidente, atenderé su petición.

En primer lugar, quiero decirle al señor Marsal, que nos acusa de
inadecuada expresión en nuestro lenguaje --porque acusábamos al Partido
Socialista, en nuestra enmienda de totalidad, de inadecuada distribución
en el presupuesto de Defensa, y de que, al final, nosotros sólo
transferíamos créditos por valor de 12.000 millones de pesetas, que es
posible que el señor Marsal haya perdido un poco la perspectiva del valor
de los millones --12.000 millones son muchos-- y, en segundo lugar, que
hemos cambiado aquello que considerábamos que debía ser cambiado. Por
eso, porque hemos movido un total de 12.000 millones de pesetas, es por
lo que hemos utilizado la expresión «inadecuada distribución». Si
hubiéramos hecho una transferencia de cero pesetas, no hubiéramos
utilizado esa expresión.

Me ha dicho después que no sabemos lo que es el órgano central y que
creemos que el órgano central es simplemente el edificio del Ministerio
de Defensa. Yo agradezco a S. S. que me haya ilustrado con tan expresivas
palabras, y ahora ya sé que el órgano central de la defensa es algo más
que el edificio del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, no he perdido la
tarde, señor Marsal.

Dice usted también: ¿Cómo nos piden que bajemos todavía más los créditos
en algunas partidas, que ya nosotros hemos bajado? Pues eso nos da más la
razón. Eso quiere decir que esas partidas se pueden bajar y se pueden
bajar más. Lo que pasa es que ustedes lo han hecho con la mano encogida,
no las han bajado lo suficiente, pero hemos acertado en las partidas que
proponemos bajar.

Dice después: Al final, de ahí se produce un ahorro en el órgano central
de la defensa --más que un edificio-- de 7.950 millones de pesetas, y
dice que los queremos utilizar única y exclusivamente para incrementar la
retribución a las tropas de reemplazo. Pues naturalmente que queremos
hacerlo, porque insistimos en que, cuando los medios son escasos, hay que
jerarquizar las necesidades, y nos parece más justo y más necesario
atender a las necesidades



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de los chicos que están haciendo el servicio militar como tropas de
reemplazo, que no, a lo mejor, a algunas de esas publicaciones a las que
usted ha hecho referencia, como tampoco a algunas de esas pompas y
circunstancias a las que aquí también anteriormente se ha hecho
referencia.

Termino con una referencia breve a lo que usted nos ha explicado y nos ha
intentado razonar sobre los carros de combate. Dice que los M-60 --carros
ya de por sí viejos, por no decir antiguos, puesto que tendrían que tener
cien años--, modernizándolos, van a estar en activo hasta el año 2010.

Pueden estar en activo hasta el 3000, como ejemplares, en el Ministerio
del Ejército, pero eso no quiere decir que sea lo acertado. Dice, por
otra parte: Los Leopard, al margen de los que nos ceda Alemania, en Santa
Bárbara no se podrán fabricar hasta el 98. No está tan lejos. Además, que
nuestra planificación sobre carros de combate la podamos hacer a unos
años vista, teniendo en cuenta los que ya tenemos en la actualidad, no es
ni mucho menos descabellado.

Señor Presidente, termino manteniendo todas nuestras enmiendas.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Tiene la palabra el señor Romero,
por el Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya.




El señor ROMERO RUIZ: Señor Presidente, voy a intervenir de manera muy
breve.

La Constitución española, en su artículo 8, establece la composición que
tienen nuestras Fuerzas Armadas y sus misiones, y sus misiones son dos:
la defensa de la integridad territorial de España y de su ordenamiento
constitucional. Eso es lo que dice la Constitución española en su
artículo 8, en el título preliminar, y no dice que tengamos un Ejército
que defienda los intereses nacionales en el extranjero; una concepción
que nosotros no compartimos. (El señor Presidente ocupa la Presidencia.)
Otra cosa es que la ONU pida a sus países miembros que aporten fuerzas
para la pacificación, la ayuda humanitaria, la protección en las
catástrofes, y nosotros queramos contribuir. Debemos contribuir y desde
Izquierda Unida hemos apoyado esa contribución, pero no hemos apoyado de
ninguna manera que participemos en una guerra abierta, entendiendo que
nuestros intereses nacionales de civilización o de costumbres están en
juego en un país de Africa, de América o de otro lugar. Nosotros no
tenemos una concepción imperialista ni tenemos una concepción de dominio
del Norte sobre el Sur. Nosotros tenemos una concepción muy clara, que es
la que tiene la Constitución española.

Luego ha dicho el portavoz socialista que nuestro proyecto es
minoritario. Nosotros somos conscientes de que Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya supone la tercera fuerza política de España y, por tanto,
tenemos una minoría parlamentaria y tenemos el apoyo electoral que
tenemos, el que nos dan los ciudadanos libremente expresando su voluntad,
pero ello no nos evita defender en cada trámite parlamentario, y para eso
estamos aquí con toda la dignidad y con todo el esfuerzo de nuestro
trabajo, nuestro modelo; ésa es una cosa evidente, porque es que el
portavoz socialista defiende tus enmiendas, se mete en tu modelo,
defiende tu modelo, te dice que es minoritario, defiende lo tuyo y lo
suyo. No defienda usted su oficio de esa manera tan integral y tan
totalitaria, metiéndose en todas las demás fuerzas políticas y en sus
aspiraciones, señor Diputado socialista.

Y luego, a partir de ahí, hay una serie de enmiendas que nosotros estamos
dispuestos a defender de manera parcial, pero yo he defendido la
filosofía y la crítica general, a la que estoy legitimado como cualquier
otro, como usted mismo para rechazarla. Creo que no tendrá usted que dar
certificados aquí a nadie; desde luego , yo no acepto que me firme uno.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Marsal.




El señor MARSAL I MUNTALA: Señor Presidente, con la misma rapidez, quiero
decir al señor Cortés que 12.000 millones son 12.000 millones, y son
muchos millones, pero significan el 1,5 por ciento del presupuesto; por
tanto, la inadecuada distribución que hay en la enmienda de totalidad
afecta únicamente al 1,5 por ciento, por lo que no parece lógico que,
afectando al 1,5 por ciento dé lugar a una enmienda a la totalidad.

En cuanto al órgano central, evidentemente, yo sé que el señor Cortés
sabe lo que es, como seguramente la mayoría de Diputados. Sin embargo,
conviene recordarlo, porque éste es un debate y es siempre uno de los
elementos del mensaje del Partido Popular, decir que el órgano central
está sobredimensionado, cuando, por ejemplo, en el órgano central casi un
50 por ciento de su gasto va destinado a las pensiones, 100.000 millones,
que corresponden a toda la reserva y que, por tanto, en vez de estar
distribuidos por cada uno de los Ejércitos, está todo concentrado en el
órgano central. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque, si no, para quien
no esté suficientemente informado de qué significa el órgano central
podía llevarse a equivocación.

Proponen una serie de rebajas en partidas que el Ministerio también ha
rebajado, porque, precisamente, se han ajustado las rebajas lo máximo que
se podía hacer en estos momentos.

Para nosotros es importante también dedicar dinero a la retribución de
los soldados de reemplazo. Sin embargo, el resultado de aquí a tres años
será muy parecido en su propuesta y en la nuestra. No proponemos un
término de tiempo distinto. Ustedes hablan de tres a cinco años; nosotros
hablamos de tres años. El resultado, al final, será muy parecido. Lo que
es distinto es el orden de prioridades en que nosotros vamos a
realizarlo. En vez de hacerlo por igual a todos los militares de
reemplazo, en el primer año hemos preferido hacerlo atendiendo a unas
prioridades: a aquellos destinos que comportan mayor riesgo, que
comportan mayores problemas o que comportan mayores desplazamientos.

El tema de pompas y circunstancias son 200 millones, aún menos que 12.000
millones; por tanto, seguramente, tampoco es necesario darle tanta
importancia.




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Respecto al asunto del M-60 y al del Leopard no voy a extenderme, porque
es un tema que hemos debatido varias veces. Unicamente, para quien esté
interesado --y no se lo digo a usted, porque sé que es consciente--, si
se leen con atención las actas de las Comisiones de Defensa números 18 y
19, en la intervención del Teniente General Faura hay una exposición
intensa del programa, de los términos en los que se va a llevar a cabo y
de los costes que esto va a suponer.

Finalmente, al señor Romero quiero decirle que su modelo es tan legítimo
como el nuestro o como cualquier otro modelo. No he criticado la
legitimidad del modelo ni la legitimidad que tiene usted para defenderlo.

Lo único que he dicho es algo evidente, que es un modelo minoritario, y
esto se demostró cuando hubo la votación del modelo de Fuerzas Armadas:
el 95 por ciento de la Cámara estuvo a favor del modelo de Fuerzas
Armadas que es mayoritario y únicamente un 5 por ciento de la Cámara
estuvo a favor de su modelo, que es un modelo minoritario. No discuto su
filosofía general, que no comparto, que creo que es equivocada e
inadecuada. Lo único que le he dicho en el trámite de crítica a sus
enmiendas ha sido que las enmiendas particulares que usted presenta no
corresponden a su filosofía general, sino que corresponden en cualquier
caso a otra filosofía que no sé exactamente cuál es.




El señor PRESIDENTE: Terminan las intervenciones correspondientes a la
Sección 14 del Ministerio de Defensa. Vamos a proceder ahora a las
votaciones de disposiciones adicionales, transitorias y finales y de las
secciones que se han debatido esta tarde, es decir, desde la votación
realizada en la mañana de hoy.

Las previsiones de trabajo para la sesión de esta noche son las
siguientes. Después de las votaciones que tendrán lugar ahora, habrá un
pequeño descanso, y al fondo de la sala estará preparado un pequeño
refrigerio para reparar fuerzas. Daremos del orden de un cuarto de hora o
veinte minutos y comenzarán las deliberaciones correspondientes a la
Sección 15, del Ministerio de Economía y Hacienda, y a la Sección 17, del
Ministerio de Transportes, Obras Públicas y Medio Ambiente. Con ello
finalizará la sesión de esta noche y mañana comenzaremos a las nueve y
media con la Sección 18, del Ministerio de Educación y Ciencia.

Vamos a levantar la sesión durante unos cinco minutos para que el Letrado
y los portavoces de los grupos puedan ponerse de acuerdo sobre el sistema
para mejor ordenar las votaciones. (Pausa.)
Señoras y señores Diputados, vamos a comenzar las votaciones.

En primer lugar, vamos a realizar las votaciones relativas a las
disposiciones adicionales, transitorias, finales y anexos.

Enmiendas del Grupo Popular. Por parte del letrado se irán indicando los
distintos bloques de agrupación de enmiendas.




El señor LETRADO: A petición de Izquierda Unida, enmiendas del Grupo
Popular 1050, 1034, 1036, 1039, 1047, 1048, 1053, 1009, 1010, 1011, 1017,
1018, 1021, 1023, 1054, 1057, 1062, 1068, 1069 y 1070.




El señor PRESIDENTE: Sometemos este bloque de enmiendas del Grupo
Parlamentario Popular a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 20; abstenciones, cinco.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




El señor LETRADO: A petición del Grupo de Izquierda Unida, enmiendas del
Grupo Popular 1828, 1045, 1049, 1058, 1066, 1067, 1008, 1012, 1013, 1014,
1015, 1016, 1019, 1020, 1022, 1024 y 1025.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación estas enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 23; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




El señor LETRADO: Resto de enmiendas del Grupo Popular a disposiciones
adicionales, transitorias y finales.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación estas enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 20; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. A
petición del Grupo Popular; enmiendas 572, 586, 589, 590, 598, 600, 601,
602 y 604.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación este bloque de enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




El señor LETRADO: A petición del Grupo Popular, enmiendas de Izquierda
Unida números 574, 575, 582, 587 y 599.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación estas enmiendas.




Página 10537



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




El señor LETRADO: Enmiendas de Izquierda Unida, a petición del Grupo
Popular, 608, 609, 610, 611, 613, 615 y 616.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación estas enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




El señor LETRADO: A petición del Grupo Popular, enmiendas de Izquierda
Unida 606, 607, 612, 614 y 617.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación estas enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas las enmiendas.




El señor LETRADO: Enmienda 618 del Grupo de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación esta enmienda.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: Enmienda 619 del Grupo de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación esta enmienda.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 35; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: Enmienda 620 del Grupo de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: Restos de enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 21; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Vasco, a petición del Grupo Catalán
Convergència i Unió y Socialista, número 317.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Vasco 323, 397, 398, 399 y 400.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación este bloque de enmiendas del
Grupo Parlamentario Vasco.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 23; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Resto de enmiendas del Grupo Vasco.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmienda transaccional del Grupo Socialista, número 1,
sobre la enmienda 410 del mismo Grupo.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




Página 10538



El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Socialista número 413.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en
contra, 14; abstenciones, dos.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Socialista 408.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23;
abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Socialista 409, 411 y 412.




El señor RIOS MARTINEZ: Pido votación separada de la 409.




El señor PRESIDENTE: Enmienda 409 del Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 37;
abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Socialista 411 y 412.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25;
abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.




El señor LETRADO: Enmienda 866 del Grupo Catalán de Convergència i Unió.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, fue aprobada por unanimidad.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió,
número 867.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26;
abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Enmienda número 868, del mismo Grupo.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, éste es el momento procesal
para comunicar a la Cámara que retiro la enmienda 868 para una mejor
formulación en el Senado, y la 871 la retiro también en este momento en
función de una transaccional con la 410 del Partido Socialista Obrero
Español, que se ha votado favorablemente.




El señor PRESIDENTE: Se retiran, pues, las enmiendas 868 y 871 del Grupo
Parlamentario Catalán de Convergència i Unió.




El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmienda número 872.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24;
abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Enmienda del mismo Grupo número 869.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, tres; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Enmienda del mismo Grupo 870.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, tres; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, tengo la impresión de que
la 867 no se ha votado, porque la anunciaba el Letrado cuando le he
interrumpido para decir que retiraba unas enmiendas y no se llegó a
votar.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda 867.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25;
abstenciones, 15.




Página 10539



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Enmiendas de la señora Rahola, 264 y 265.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 24; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas. (El señor Ríos Martínez pide la
palabra.)
Tiene la palabra el señor Ríos.




El señor RIOS MARTINEZ: Nuestra intención de voto era favorable a las
enmiendas 264 y 265, y en el recuento que se ha hecho no se nos ha
considerado así. Es a favor en lugar de en contra.




El señor PRESIDENTE: Consta en acta la intención que tenía el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, que a lo que parece no se correspondió
con su votación. (Risas.)



El señor LETRADO: Enmiendas de la señora Rahola, 268 y 486.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 35; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmiendas del mismo Grupo 271 y 272.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro;
en contra, 21; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Mixto, señor Chiquillo, Unión
Valenciana, números 79 y 102.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 112 y 113.




El señor PRESIDENTE: Enmiendas del grupo Parlamentario Mixto números 112
y 113.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas números 126 y 128.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Del mismo Grupo, 103, 104, 105 y 116.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación este grupo de enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 23; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 117 y 130.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 23.




El señor PRESIDENTE: Son rechazadas.




El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 182 y 38.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 23; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 1 y 2.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación las enmiendas 1 y 2 del Grupo
Parlamentario Mixto.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




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El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmienda número 3.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 20; abstenciones, 17.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 61, 100, 111 y 115.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación este bloque de enmiendas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cinco;
en contra, 20; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Son rechazadas.




El señor LETRADO: Del mismo Grupo, enmiendas 114, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 127, 129 y 131.




El señor PRESIDENTE: Sometemos este bloque de enmiendas a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20;
abstenciones, 20.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.




El señor LETRADO: Enmiendas 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129 y
131.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, se está produciendo una
confusión. Hemos votado en contra de ese bloque de enmiendas.




El señor PRESIDENTE: Repetimos la votación. La Presidencia creyó también
que habían votado en contra y así había hecho el recuento. Repetimos la
votación. ¿Quiere repetir el señor letrado los números de las enmiendas?



El señor LETRADO: Enmiendas 114, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 129 y
131.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en
contra, 20.




El señor PRESIDENTE: Son rechazadas.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo de Coalición Canaria 446 y 447.

El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos el dictamen con las modificaciones introducidas por las enmiendas
aprobadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 19.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Si a SS. SS. les pareciera oportuno, las Secciones 1, Casa de Su Majestad
el Rey; 2, Cortes Generales; 3, Tribunal de Cuentas, y 4, Tribunal
Constitucional, como no tienen enmiendas, las podíamos votar
conjuntamente. ¿Les parece? ¿Alguien tiene inconveniente en votar
conjuntamente las cuatro Secciones? (Pausa.)
Pasamos a la votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.

Sección número 5.




El señor LETRADO: Enmienda 414, del Grupo Socialista.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, tres; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Dictamen Sección 05.




El señor PRESIDENTE: La sometemos a votación, teniendo en cuenta la
enmienda introducida y aprobada por el Grupo Parlamentario Socialista.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en
contra, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Sección 08.




El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Popular número 1.073.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 20; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Página 10541



El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Vasco números 326 y 327.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 23; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Dictamen Sección 08.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; en
contra, 15; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Sección 12.




El señor PRESIDENTE: Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores.




El señor LETRADO: Enmienda número 622, del Grupo de Izquierda
Unida-Iniciativa per Catalunya.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 36; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per
Catalunya números 540, 581 y 582.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 21; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Socialista números 415, 416 y 417.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 39;
abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.




El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Catalán de Convergència i Unió,
número 870. (El señor Hinojosa i Lucena pide la palabra.)



El señor PRESIDENTE: Señor Hinojosa.

El señor HINOJOSA I LUCENA: Señor Presidente, a esta Sección 12, las
enmiendas de mi Grupo son las números 873 y 874.




El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación las enmiendas números 873 y 874
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Popular números 1.078 y 1.081.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 20; abstenciones, seis.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Popular números 1.074, 1.075 y
1.080.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en
contra, 23; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Popular número 1.082.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dijo:



El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) números 300, 318 y 319.

Señor Olabarría.




El señor OLABARRIA MUÑOZ: Intervengo solamente para indicarle que estas
enmiendas están retiradas por parte de mi Grupo parlamentario.




El señor LETRADO: Enmienda del señor Mur número 251.




El señor PRESIDENTE: Se somete a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 34; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Página 10542



Pasamos a votar el dictamen con las enmiendas incorporadas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en
contra, 14; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Es aprobado.

Sección número 13, Ministerio de Justicia e Interior.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Popular números 623 y 627.

Señor Sanz.




El señor SANZ PALACIO: Son enmiendas del Grupo de Izquierda Unida, señor
Presidente.




El señor PRESIDENTE: Perdón, enmiendas del Grupo de Izquierda Unida
números 623 y 627.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Popular.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación todas.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en
contra, 21; abstenciones, cuatro.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo de Izquierda Unida números 623 y
627.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en
contra, 21.




El señor PRESIDENTE: Son rechazadas.




El señor LETRADO: Resto de enmiendas del Grupo de Izquierda Unida.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 21; abstenciones, 16.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmiendas del Grupo Vasco (PNV) números 330 y 331.




El señor PRESIDENTE: Se someten a votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Vasco número 329.

El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en
contra, 20; abstenciones, 18.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Parlamentario Vasco número 390.




El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, tres; abstenciones, 15.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Resto de enmiendas del Grupo Vasco.




El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
23 en contra; 14 abstenciones.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmiendas del señor Chiquillo, del Grupo Mixto, Unió
Valenciana, números 67, 68, 69, 70, 132, 71, 134, 135 y 136.




El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres;
en contra, 23; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.




El señor LETRADO: Enmienda transaccional sobre la 450, del Grupo
Coalición Canaria.




El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 26;
abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Enmienda del mismo Grupo, número 448.




El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en
contra, 20; abstenciones, tres.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




Página 10543



El señor LETRADO: Enmienda del mismo Grupo, número 449.




El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor HERNANDEZ MOLTO: Señor Presidente, si no estoy equivocado,
faltaría por votarse la enmienda 133, del Grupo Mixto, de Unión
Valenciana.




El señor LETRADO: Enmienda del Grupo Mixto, Unión Valenciana, número 133.




El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, cuatro; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.




El señor LETRADO: Resto de enmiendas del señor Chiquillo, del Grupo
Mixto, Unión Valenciana.




El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, seis;
en contra, 20; abstenciones, 14.




El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.




El señor LETRADO: Dictamen con las enmiendas incorporadas.




El señor PRESIDENTE: Comienza la votación.




Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en
contra, 18; abstenciones, una.




El señor PRESIDENTE: Es aprobado.

Sección 14, Ministerio de Defensa. (Pausa.)
Señoras y señores diputados, el letrado no ha tenido tiempo para hacer la
agrupación de las enmiendas correspondientes a la Sección 14, porque
ciertamente ha sido la última que se ha debatido. Si a SS. SS. les
parece, sería la primera sección que votaríamos en la mañana de mañana, a
partir de la una.

Suspendemos la sesión hasta dentro de un cuarto de hora. (Pausa.)



Se reanuda la sesión a las diez y quince minutos de la noche.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Señorías, se reanuda la sesión
con las enmiendas a la Sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda.

Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Popular, tiene la palabra
el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE GOMEZ: Señor Presidente, a la Sección 15, el
Grupo Popular ha presentado un bloque de enmiendas comprendidas entre los
números 1.168 y 1.208, ambos inclusive.

La primera es una enmienda a la totalidad, con la que queremos expresar
nuestra disconformidad con la gestión del Ministerio de Economía y
Hacienda, que lleva a distorsiones en el funcionamiento, a presupuestar
partidas absurdas, créditos para gastos sin que el Ministerio tenga
pasivos financieros que los puedan provocar, créditos para gastos
jurídicos y contenciosos cuando estos servicios los realiza la Dirección
central del Servicio Jurídico del Estado, etcétera. Lleva a seguir
incluyendo programas cuya operatividad está muy en duda. Además, con esta
enmienda a la totalidad mostramos nuestra disconformidad con el esquema y
algunas técnicas presupuestarias que entendemos que no están dotadas de
mucho rigor.

El Ministerio de Economía y Hacienda prevé dedicar un 61,5 por ciento de
su presupuesto al capítulo 8 de activos financieros. El programa 612.F,
gestión del patrimonio del Estado, desarrollado por la Dirección General
del Patrimonio, comprende un crédito superior a 84.220 millones de
pesetas a diversos conceptos del capítulo 8 de activos financieros, y
dentro de ése destaca con una dotación de 63.225 millones de pesetas el
artículo 85, adquisición de acciones dentro del sector público, concepto
850, compra de acciones de sociedades estatales. Cuando en la
comparecencia del Director General del Patrimonio se le preguntó por un
mayor detalle de estas operaciones, afirmó que la sociedad de
equipamiento en infraestructuras penitenciarias, Siepsa, recibirá en 1995
29.385 millones a través de aportaciones de capital del Grupo Patrimonio,
que es su único accionista --además, recibe 5.000 millones en concepto de
subvenciones--, dinero que va destinado a financiar el plan de
amortización y la creación de nuevos centros penitenciarios.

Desde mi Grupo no terminamos de entender por qué este tipo de gasto tiene
la consideración de adquisición de activo financiero, cuando claramente
se trata de una inversión real. Ayer ya, en el debate del Título V, lo
hablábamos. Nos da la impresión de que se trata de eludir la
contabilización como operación no financiera, porque eso se sumaría a lo
que es déficit del ejercicio, no la contabilización en el grupo 4 ni en
el grupo 6, sino en el 8, y así el déficit presupuestario no financiero
queda disminuido.

Esta sociedad ha recibido entre 1993 y 1995 una cifra próxima a 60.000
millones de pesetas. Por otra parte, Agesa recibirá 16.000 millones de
pesetas que, sumadas a las aportaciones de 1993 y de 1994, arroja un
total de 78.000 millones. El Director General, en la comparecencia, decía
que era para poder llevar a cabo la financiación, tanto el principal como
los intereses, de un crédito multidivisa suscrito en el año 1993 con el
Banco de negocios Argentaria. En este caso la composición del activo, en
su mayor parte infraestructura, no justifica que su financiación se
contabilice como adquisición de activo financiero, igual



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que pasa con la anterior. Parecería más lógico seguir la práctica
habitual de considerarlas inversiones reales o, en el mejor de los casos,
una transferencia de capital.

Por otro lado, la financiación de los intereses podría ser una subvención
de explotación. Además, nos parece algo desorbitada la ampliación en el
programa 631.A, dirección, control y gestión de seguros, que en el
subconcepto 821.0.4 amplía su crédito de 59.000 millones en 1994 a
151.000 millones en 1995. Hasta el 30 de junio, esta partida se había
ejercitado en un tercio del crédito definitivo y no sabemos si las
décimas de aumento de cobertura en el seguro de la exportación justifican
multiplicar por tres esta partida.

Nosotros, y ya lo hemos señalado en diversas intervenciones, entendemos
que el Ministerio de Economía y Hacienda debería servir de ejemplo para
el resto de los ministerios. En unos momentos en que se hace necesario, y
ha salido a lo largo de este debate, para ayudar a la recuperación,
disminuir el gasto público, entendemos que el Ministerio debe afrontar
más racionalización en su gestión, mejora en la eficacia del uso en los
recursos y servir, con respecto a los demás ministerios, de ejemplo. Este
Ministerio tiene una enorme responsabilidad porque sus acciones producen
un efecto mimético en las actuaciones de otros ministerios. Nosotros
entendemos que el presupuesto debería estar hecho desde una
reorganización administrativa, estudiando uno a uno los programas y las
asignaciones presupuestarias a cada uno. De hecho en algunas enmiendas
pedimos la devolución de programas para su reestudio. En concreto, en las
enmiendas 1.169 a 1.175, solicitamos la devolución de algunos programas
en su totalidad, elaboración y difusión estadística, previsión y política
económica, resolución de reclamaciones económico-administrativas,
transacciones corrientes e inversiones exteriores, planificación,
presupuestación y política fiscal, gestión del patrimonio del Estado y
ampliación del sistema tributario estatal.

Nosotros entendemos que estos programas que suponen crecimiento de gastos
no están acompañados con aumentos de objetivos que justifiquen ese
aumento. Entendemos que estos programas no han cumplido el cometido que
tenían establecido hasta ahora. Y se puede hablar del sistema tributario
estatal con un fraude fiscal de los mayores de Europa; se puede hablar de
una gestión del patrimonio estatal del Estado que no ha dado los
resultados apetecidos; se puede hablar de la previsión en política
económica, que no han acertado ni en una de las previsiones que ha hecho
en los últimos años.

Nosotros entendemos que estos programas, y así lo pedimos en nuestras
enmiendas, que no han cumplido los objetivos marcados para 1994 con
eficacia, se presenten del mismo modo que estaban fijados en 1994. No se
producen modificaciones que nos hagan pensar que van a pasar de no ser
eficaces a eficaces. Por eso pedimos que se devuelvan y se reestudien con
profundidad.

Luego presentamos un grupo de enmiendas que piden reducción de gastos en
los capítulos II, III y IV; no suponen cantidades importantes en relación
al presupuesto general del Estado, pero podrían alcanzar un ahorro bruto
de 1.361 millones de pesetas que, restando la introducción de un programa
de 100 millones, daría un ahorro neto de 1.261 millones.

Las enmiendas 1.176 a 1.187 plantean reducciones en los artículos 21 y
22, en base a la ejecución presupuestaria de 1994. No nos hemos inventado
nada al hacer estos recortes de los gastos, simplemente hemos calculado,
según el crédito definitivo para 1994, no el crédito inicial, y el
porcentaje de ejecución a 30 de junio, cómo se podrían producir rebajas
en el crédito inicial de 1995.

En las enmiendas 1.188 a 1.195 pedimos reducir las partidas de estudios y
trabajos técnicos realizados por otras empresas. No son grandes recortes,
pero entendemos que, en un año de control presupuestario mayor, hay
técnicos en el Ministerio que podrían realizar estos trabajos y que se
podrían rebajar los gastos por este concepto.

En las enmiendas 1.203 y 1.204 hablamos de eliminar gastos que se prevén
para unas funciones que no corresponden al Ministerio de Economía y
Hacienda. Creemos que, en concreto, estas dos enmiendas deberían
aprobarlas todos los grupos sin ningúan problema.

También pedimos la reducción de crédito en una partida de gastos
financieros, en la enmienda 1.207, porque no encontramos pasivos
financieros que puedan ocasionar esos gastos. Entendemos que esta
enmienda debería ser aprobada por todos los grupos. Planteamos, además,
la eliminación de un alto cargo en la enmienda 1.206. Es una enmienda
pequeña, es poco dinero, pero las funciones que realiza podría
desempeñarlas la Secretaría General de Planificación y Presupuestos y
serviría de inicio para una reducción mayor de los altos cargos, que es
lo que nuestro Grupo está pidiendo desde hace ya bastante tiempo.

Las enmiendas 1.196 a 1.200 hacen referencia al Instituto Nacional de
Estadística. En el Instituto Nacional de Estadística se plantea un cuadro
donde los gastos del capítulo II aumentan en un 18 por ciento. Nosotros,
haciendo un breve cálculo, situando el crecimiento en el 3,3 por ciento,
pensamos que se podría lograr un ahorro de 315 millones, y eso sin variar
la partida que tiene un gasto comprometido, como es la de arrendamientos.

No creemos que en la situación actual se justifiquen aumentos del 25 por
ciento, del 29 por ciento, del 12 por ciento en algunos conceptos.

En la enmienda 1.200 simplemente solicitamos que la transferencia no se
haga al Instituto Nacional de Estadística. Es una enmienda técnica, si se
aprueban las anteriores.

Las enmiendas 1.201 y 1.202 hacen referencia a la Agencia Estatal
Tributaria. Hay un aumento en uno de los gastos de 500 millones, en
concreto en publicidad y no encontramos la justificación en ningún lugar
de la documentación que tenemos. Nosotros creemos que en esa partida se
pueden rebajar 500 millones sin grandes dificultades.

En la enmienda 1.205 pedimos que la traslación de los pagos por las
indemnizaciones e intereses de demora a los titulares de oficinas de
farmacia se sitúen en el Ministerio de Sanidad. Eso ya lo hemos venido
diciendo en otras intervenciones y en otras comparecencias. Creemos que
el sitio más adecuado es el Ministerio de Sanidad y no el de Economía y
Hacienda.




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Por último, y para no alargarme, ya que es tarde, proponemos añadir un
nuevo programa; es la enmienda 1.208. Nos parece que es un programa que
se hace supernecesario para mejorar la relación de la Administración y
los administrados. Estudia la simplificación de los procedimientos y
métodos de la Administración.

Nos parece básico ir eliminando burocracia, y los Ministerios que tienen
relaciones directas con los administrados deben hacer un esfuerzo en esa
línea. Para las empresas se hace básico --hay recomendaciones de la
Comunidad Europea a los Estados miembros que lo piden-- eliminar
burocracia, simplificar los trámites administrativos. En España un
pequeño empresario dedica más tiempo a hacer papeles que a trabajar.

Pedimos un esfuerzo en esta línea. No pedimos un gran esfuerzo, sino que
se acepte esta enmienda que está en otros Ministerios. Creemos que puede
servir de experiencia piloto para ir eliminando burocracia de la
Administración y nos parece que es una enmienda perfectamente asumible
por todos los grupos, ya que simplemente va a facilitar a los ciudadanos
las relaciones con la Administración.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Frutos, para defender su enmienda a la
totalidad.




El señor FRUTOS GRAS: A diferencia de los presupuestos de 1994, hemos
presentado una enmienda a la totalidad a la Sección 15, por entender que
presentar enmiendas parciales no tenía mucho sentido y podía conducir a
la melancolía, ya que cambiar aspectos muy parciales de una negociación
de calderilla a estas alturas del año no representaría nada, cuando
durante este año prácticamente se ha hecho toda la política que se podrá
hacer a través de estos presupuestos.

Presentamos una enmienda a la totalidad de acuerdo con la presentada al
conjunto de los presupuestos generales del Estado para el año 1995,
coherente con lo que mi Grupo, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya,
ha defendido en política económica, financiera, social, laboral, durante
este largo año que está a punto de fenecer, con unos presupuestos que
sancionaban de forma meticulosa esta política que hemos calificado de
laminación de derechos sociales y económicos.

Ha habido pocos acuerdos en el conjunto de las políticas y continuamos
sin coincidir en la política económica global, en la política financiera
y en la política fiscal. En relación con la política fiscal, puede servir
como elemento ilustrativo de lo que queremos decir que un punto de
aumento del IVA, del tres al cuatro por ciento, representa para la
inmensa mayoría de la sociedad un 33 por ciento de aumento de los
precios; sin embargo, en el aumento del IVA alto, el del 15 por ciento,
pasar un punto representa un 6,5 por ciento. Es decir, hay toda una
vocación de liquidar algunas cosas que nos parecían interesantes, de ir a
una regresión en todo lo que es sistema fiscal. Esto se sanciona de nuevo
con carácter bastante total en estos presupuestos de 1995.

No hemos visto tampoco un planteamiento de buena administración en lo que
son recursos de la Unión Europea, los que se aplican a través de la Ley
de Incentivos Regionales, para nuevas industrias, para mejoras
tecnológicas de la industria endógena, entendiendo la industria endógena,
no la que viene a partir de las multinacionales a instalarse aquí y que
se larga cuando le interesa, caso de Gillette, Suzuki o Volkswagen, que,
además, se subvencionan con los presupuestos generales del Estado, sino
la industria que nace de condiciones de producción que en este país
deberían haberse desarrollado durante los años precedentes porque había
fuerzas productivas suficientes, capacidad técnica suficiente,
trabajadores con una cultura industrial suficiente, para poder
desarrollar estas industrias. No ha sido así. Se ha apostado por otras
cosas y nosotros tampoco apostamos por ello.

Piden también la reducción del programa donde podía haber una cierta
planificación, al menos de objetivos, la gestión presupuestaria y la
política fiscal. Nos parece que reducir este programa que tiene que
gestionar casi 30 millones de pesetas de los presupuestos generales del
Estado de 1995 no es ir hacia adelante, sino, como los cangrejos, ir
hacia atrás. Si funciona mal el control de estos 30 millones de pesetas
de cada uno de los programas, corríjase, hágase de otra forma, pero no es
justo reducir el programa de planificación, de gestión presupuestaria y
de política fiscal reduciendo personal, capacidades técnicas, etcétera.

En definitiva, los presupuestos generales del Estado de 1995 son, a mi
entender, como si te devolvieran la cartera después de haberte sacado el
dinero de dentro. Durante todo el año 1994 ya te han quitado el dinero de
la cartera con una serie de políticas ecónomica sociales, laborales,
fiscales y luego, a través de los presupuestos, se quiere sancionar esta
política. No podemos estar de acuerdo con esta política.

Defiendo al mismo tiempo la enmienda a la totalidad número 653 y la 655,
que es una enmienda de adición. Proponemos lo mismo que propusimos para
los presupuestos de 1994, pero para todo el Estado, 15.000 millones de
pesetas para incentivos de carácter regional para la realización
empresarial. Pedimos que se destinen dineros a toda una serie de
actividades de empresas cuyo fin más importante, además de cubrir el
mercado nacional, es la exportación. Consideramos que necesitaban una
cobertura. Proponemos 15.000 millones de pesetas más, que se minorarían
de la Sección 31, con lo cual el servicio 03, programa 602.12 F, artículo
85, dedicado a la adquisición de acciones, pasaría de la cifra inicial de
37.000 millones de pesetas a 22.000 millones, más o menos.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo Vasco tiene la
palabra el señor Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una
enmienda a la Sección 15 que trata de los incentivos para las empresas
acogidas a los planes de desarrollo ZUR i ZID, que son planes de zonas de
urgente reindustrialización y zonas industrializadas en declive. Fueron
planes o programas vigentes en los años 1985 y 1990 que comprometieron
una serie de ayudas importantes para la creación y desarrollo de
determinados



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proyectos empresariales con unas condiciones concretas de inversión y de
empleo en estas zonas que estaban de alguna forma en proceso de
reconversión y de reindustrialización por los problemas de la industria
fundamentalmente en el País Vasco.

En estos programas participan el Ministerio de Industria y el de
Hacienda, participación que se vio complementada por la del Gobierno
vasco, a través del Departamento de Industria y Energía y por la sociedad
que se creó a este fin para la promoción y reconversión industrial, la
SPRI, con la aportación de un tercio de la ayuda en el primer caso por
parte del Estado y con la asunción de los costos de mantenimiento de la
oficina ejecutiva gestora del programa en ambos casos, por el Gobierno
vasco y por el Gobierno del Estado.

Los compromisos del Gobierno vasco han sido cubiertos. Aquellas
cantidades que tenían que aportar a estos programas han sido pagadas de
una forma puntual y cumplidos los compromisos, pero en la liquidación de
las ayudas a estas empresas, en cumplimiento, por cierto, de las
resoluciones que estaban ya recogidas en los respectivos boletines
oficiales del Estado, no ha sido así. Hay retrasos permanentes,
constantes en el pago por parte de la Administración central, hasta el
punto de que nunca ha existido la menor regularidad en los pagos de la
Administración del Estado. En la actualidad estas deudas atrasadas se
elevan a un importe de 1.193.781.346 pesetas, es decir, 1.200 millones de
pesetas en números redondos, que tiene pendientes de pago el Estado a
proyectos empresariales ya iniciados en esta etapa. Las empresas,
lógicamente, han hecho las inversiones correspondientes en base a que
habían sido aprobados sus planes de reindustrialización.

Esta situación actual de impagos está produciendo, como es lógico
suponer, un efecto totalmente opuesto al que pretendían los programas en
su momento. Las empresas se ven en cierto modo defraudadas en las
expectativas y la verdad es que están creando verdaderos problemas en
algunos casos en ciertos proyectos empresariales.

Hay que tener en cuenta que, al margen de esos 1.200 millones de pesetas
que están comprometidos por la Administración, en este momento con un
retraso en el pago, tienen que sumarse las previsiones para el año 1995
de los proyectos que siguen en curso, que cumplen los requisitos
establecidos y que, por tanto, tienen que ser atendidos de acuerdo con lo
que se estableció en la ley y el reglamento correspondiente. Esto puede
suponer para el año 1995, entre los proyectos de la ZUR (Zona de Urgente
Reindustrialización), posteriormente convertida en ZID (Zona de
Industrialización en Declive), alrededor de 4.200 millones, con lo cual
nos pondríamos en 1995 en una deuda firme ya de 1.200 millones y una
previsión de deuda posible de otros 3.500 ó 4.000 millones de pesetas.

Este es el motivo por el cual nuestro Grupo Parlamentario ha presentado
una enmienda que pretende destinar 3.000 millones de pesetas a estos
incentivos regionales con cargo a la Sección 15, correspondiente a la
gestión del Patrimonio del Estado, que tiene unos fondos destinados para
adquisición de acciones dentro del sector público del orden de 63.000
millones de pesetas. Creemos que es posible hacerlo, que tiene que haber
esa voluntad porque en estos momentos hay serios problemas en proyectos
empresariales que en su momento entraron precisamente en dichos proyectos
por cuestiones que estaban aprobadas, recogidas y prometidas por la
Administración central. Esta es una obligación del Gobierno y es una
necesidad imperiosa que tiene que cumplir el Gobierno de sus promesas,
obligaciones, estando refrendado en algunos casos en los propios
Boletines Oficiales del Estado como reconocimiento de estas deudas.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Martínez Sanjuán tiene la palabra.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, con relación a nuestra
posición, me va a permitir que vaya en el orden inverso al que han
intervenido los portavoces de los grupos parlamentarios.

Señor Zabalía, en este momento mi Grupo Parlamentario no está en
condiciones de pronunciarse de acuerdo con la información que usted ha
suministrado, pero que nos puede parecer interesante para aceptar esta
enmienda en los montantes y términos en los que S. S. ha planteado los
3.000 millones de pesetas. Está claro --yo no conozco el dato
formalmente-- que puede haber unos retrasos en los pagos de 1.200
millones de pesetas. Dinero tiene la Dirección General de Incentivos
Regionales; 17.000 millones de pesetas tenía en el ejercicio anterior;
17.300 aproximadamente tiene en éste. El orden en el que se producen los
pagos por parte de la Dirección General es habitualmente en función del
que habitualmente se realizan las inversiones.

Es verdad que a lo largo del tiempo ha habido ciertos retrasos en el pago
de estas cantidades subvencionables no solamente en las zonas ZUR y en
las zonas ZID, sino en otras que, por ejemplo, recogían las antiguas
áreas de expansión u otras objeto de promoción o de ayuda a proyectos de
inversión.

Le puedo garantizar que de aquí al Pleno mi Grupo Parlamentario va a
estudiar si efectivamente el problema del retraso es un problema de
gestión o de dificultades financieras, porque si tal es el caso, mi Grupo
Parlamentario tratará de llegar a un acuerdo con la enmienda que ha
presentado su Grupo Parlamentario y el diputado señor Albístur.

Con relación a la intervención del señor Frutos, señor Presidente,
realmente me lo pone complicado; su intervención global es una
intervención hecha de retazos, fruto de reflexiones en voz alta de sus
insatisfacciones permanentes en debates parlamentarios anteriores
(fiscal, de funcionamiento económico, políticas financieras, políticas
económicas) que no es el objetivo central del presupuesto del Ministerio
de Economía y Hacienda. Es verdad que siempre que hay un debate de estas
características en relación a la Sección 15, no solamente con su Grupo,
sino con otros grupos parlamentarios, surge esta especie de enmienda de
totalidad al conjunto de los presupuestos, al conjunto de la política
económica del Gobierno y al conjunto de todas las actividades del mundo
humano, sobre la base de que sirve, parecer ser, hablar del presupuesto
del Ministerio de Economía



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para hablar de todas las políticas: las políticas industriales,
sectoriales, de infraestructuras, de las políticas absolutas que recogen
los 30 billones de pesetas que decía S. S. en torno al debate
presupuestario, a la cantidad global.

Desde luego, su argumentación respecto a que la modificación de un punto
en el tipo del IVA, como consecuencia del cambio establecido para
compensar la menor recaudación, debido a la menor cotización de la
Seguridad Social en las cuotas de los empleados y los empleadores, va a
suponer un 33 por ciento en el aumento de los impuestos y de los gastos
para el conjunto de los ciudadanos, me permitirá S. S. que le diga que
esto no es así. Simplemente el IVA superreducido sube del 3 al 4; es
verdad que es un 33 por ciento en el tipo, pero éste no es un aumento de
la financiación o de la fiscalidad indirecta de un 33 por ciento
prácticamente a casi todos los ciudadanos que parece que solamente
consumen productos de estas características. Es el IVA el que sube un
componente del precio final de producto un 33 por ciento, no el producto
final un 33 por ciento.

Su señoría hacía una amplia reflexión respecto a la política industrial
del Gobierno de la nación. Me va a permitir que, con sus mismos
argumentos, le diga que ha empleado mal el recurso que S. S. ha utilizado
para dar de baja una cantidad para incrementar otra, concretamente la de
los 15.000 millones de pesetas. Los 15.000 millones de pesetas con que su
Grupo quiere incrementar la partida destinada a las ayudas a las
empresas, no a las empresas en general, no a las empresas exportadoras,
como S. S. ha dicho, sino expresamente a las de un determinado colectivo
que, además, conociendo como conozco (después de amplios debates
parlamentarios) de dónde viene esta enmienda, va dirigida
fundamentalemente a un sector, y dentro de un sector, a un territorio
concreto o bastante focalizado en un área concreta.

No se puede poner un epígrafe global, como S. S. quieren introducir en el
apartado 77 de la Dirección General de Incentivos Regionales, de esta
magnitud, de 15.000 millones de pesetas, que es prácticamente lo que el
conjunto de las empresas de todo el país y de todos los amplios sectores
de actividad tienen para repartir en el año 1995 en calidad de incentivos
regionales.

Además, S. S., que ha hecho una defensa apasionada de la industria
española, de la capacidad de la industria productiva española, ni más ni
menos quiere quitar esos 15.000 millones de un proyecto industrial de la
suficiente envergadura como es la Corporación Siderúrgica Integral, que
es la que va a dar salida y perspectivas a un sector tan importante como
es el sector del acero, con los nuevos planes de la industria siderúrgica
española, en la que intervienen el Gobierno, Altos Hornos y Ensidesa, en
unas zonas muy importantes que requieren precisamente una amplia
reindustrialización, utilizando sus palabras. En este caso concreto, el
sitio de donde sacan, el cajón en donde han intentado buscar 15.000
millones de pesetas, no me parece que sea el más oportuno. Por esas
razones y por alguna otra más, no podría aprobar nuestro Grupo
Parlamentario esa enmienda que ha presentado sus señoría.

Con relación a la intervención del señor Martínez-Pujalte, me va a
permitir que no entre en el desglose individualizado de todas sus
enmiendas que, en definitiva, suponen una reducción en torno a los mil y
pico millones de pesetas, como reducción del capítulo 2, dentro del
Ministerio de Economía y Hacienda.

Su señoría ha empleado en la defensa de sus enmiendas los argumentos que
el Grupo Parlamentario Popular viene utilizando en todo el debate
presupuestario de todas las secciones: tratar de ahorrar dinero del
capítulo 2, gastos corrientes.

Su señoría conoce y sabe que el capítulo 2, gastos corrientes, de la
sección 15, Ministerio de Economía y Hacienda, no crece; prácticamente se
mantiene estable. Se mantiene estable a un nivel de los 12.556 millones
de pesetas. El año pasado el presupuesto inicial fue de 12.292 millones.

Como bien decía S. S. tiene que ir precisamente en el Ministerio de
Economía y Hacienda, en la Dirección General de Servicios, en pago en
concepto de las atribuciones al sector farmacéutico porque así lo marca
expresamente la sentencia, no porque el Gobierno quiera incluir
precisamente el gasto de farmacia o de pago a farmacéuticos en el
Ministerio de Economía y Hacienda. Es que la setencia obliga, de acuerdo
con las características de su emisión, a que debe ser el Ministerio de
Hacienda. Concretamente lo que se incorpora este año a los presupuestos
del Ministerio de Economía y Hacienda son 300 millones de pesetas. Si a
los 12.556 millones de pesetas le quitamos estos gastos extraordinarios,
como consecuencia de una sentencia, de 300 millones de pesetas, estamos a
los niveles del año 1994, que ya habían producido, concretamente con
relación a los años 1993 y 1992, una merma importante en el capítulo 2 de
los gastos del Ministerio.

Pero es que no son gastos ociosos, y usted lo conoce, señor
Martínez-Pujalte. Son gastos absolutamente necesarios para el
funcionamiento de un Ministerio que tiene 50.000 funcionarios
desperdigados en todas las provincias españolas, con centros de gestión
en torno a las organizaciones de Hacienda, centros de gestion catastral,
Instituto Nacional de Estadística y oficinas abiertas en todas las
ciudades españolas importantes, los gastos de mantenimiento, los gastos
de los funcionarios, los gastos de los amplios y complejos sistemas
informáticos y su mantenimiento.

Realmente, no se puede hablar de unos gastos excesivos. No hay más que
hablar con los funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda. Ellos
saben las dificultades que tienen de gestión precisamente para el mínimo
desenvolvimiento de su función dentro de cada una de sus actividades.

Tampoco se puede decir que éste sea un Ministerio con una amplia
profusión de altos cargos y organismos extemporáneos. Un Ministerio que
tiene 50.000 funcionarios y personal laboral, «grosso modo», tiene
concretamente 50 altos cargos en su concepto más amplio. Pensemos incluso
que están recogidos ahí nueve personas que forman parte del Tribunal de
Defensa de la Competencia, que tienen rango de director general porque la
propia Ley del Tribunal de Defensa de la Competencia así lo marca en las
caraterísticas del mismo. Estamos hablando



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de prácticamente menos de 50 altos cargos y de un Ministerio con tres
Secretarías de Estado, en términos generales y un Ministro que tiene un
personal eventual de gabinete de siete personas. No se puede decir que es
un Ministerio que tiene que dar ejemplo porque lo da --no lo tiene que
dar, lo da-- en su austeridad, en su presupuestación, en el crecimiento
de sus gastos.

Su señoría conoce que el crecimiento aparentemente desorbitado que pueda
tener el presupuesto del Ministerio de Economía y Hacienda este año tiene
una única razón de ser: el crecimiento de los activos financieros, en
torno a casi noventa y tantos mil millones de pesetas, como consecuencia
de una transferencia al consorcio de seguros para financiar las primas
por el riesgo político (para eso está, estoy seguro) con Argelia. Es el
crecimiento único y exclusivo que tiene este Ministerio.

Es normal que a su Grupo Parlamentario, que ha presentado iniciativas
desde el punto de vista de privatización, etcétera, no le guste. Puedo
entender, pero no compartir, el que les parezca excesiva la cantidad
recogida entre estos presupuestos en dos conceptos básicos, que son
compras de acciones dentro del sector público y fuera del sector público.

Su señoría hacía algunas referencias respecto a qué van destinadas estas
cantidades. Por una parte, el Ministerio de Economía y Hacienda recoge
este año, como consecuencia de cambios normativos, el atender los
compromisos internacionales que tiene España en su doble vertiente de
participación como socio activo y miembro del Banco Mundial, Fondo
Monetario Internacional, Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo;
diferentes organismos multilaterares a los que España debe contribuir,
primero, con sus cuotas y, segundo, con su participación en las
ampliaciones de capital, concretamente en el Banco Europeo de
Inversiones, cantidades que en otros momentos estaban concretamente
referenciadas en el Banco de España y que el próximo año 1955, en función
de la normativa que hemos aprobado en esta Cámara, el Ministerio de
Economía y Hacienda debe de hacerlas frente.

A S. S. le parecía desorbitada la adquisición de acciones y el sistema
por que el Ministerio de Economía y Hacienda presupuesta unas cantidades
importantes --tengo que reconocerlo-- para la adquisión de acciones y no
se utilizan otras técnicas presupuestarias, que pueden ser transferencias
de capital o transferencias corrientes. No pueden ser transferencias de
capital y transferencias corrientes en determinadas ocasiones.

Concretamente, S. S. hacía referencia a la sociedad estatal de gestión de
activos, Agesa. Decía S. S. que Agesa, que se hace propietaria y
gestionadora de todos los fondos e instalaciones y equipamiento con
ocasión de la Exposición Universal de Sevilla, recoge un activo y recoge
un pasivo; un pasivo que tienen que ir financiando y refinanciando a
través de ese crédito multidivisas. Si fuera una transferencia de
capital, en su estricto sentido, sería una cantidad destinada
fundamentalmente a realizar inversiones. El sistema que está utilizando
la Dirección General del Patrimonio es el de ampliaciones de capital,
precisamente para aportar a esa sociedad, Agesa, sus compromisos
financieros recogidos ampliamente en su memoria de gestión.

Los otros 63.000 millones de pesetas también van recogidos, como decía S.

S., no solamente a financiar, a través de adquisición de acciones, todo
ese programa de infraestructura de equipamientos penitenciarios que el
Gobierno aprobó hace un par de años con un objetivo básico, que es el de
mejorar la gestión, la agilidad en la gestión de los activos que eran
propiedad del Ministerio de Justicia en un momento determinado, con el
fin de dotar de más fondos a toda esta política (que su Grupo
Parlamentario quizá no le guste, desde luego, a muchos alcaldes de su
Partido parece que tampoco les gusta), que es la creación de esas
macrocárceles o de sistemas penitenciarios, y que a la vez gestionan los
ingresos provenientes de los antiguos edificios de penitenciaría. Además,
estos 63.225 millones de pesetas van dirigidos a financiar y a comprar
acciones de empresas que ni este Gobierno ni este Partido Socialista han
querido comprar nunca o hacerse empresario en determinados sectores,
como, por ejemplo, la Empresa Nacional de Autopistas, que gestiona dos
autopistas hasta ahora muy poco rentables, aunque empiezan a serlo ahora,
como son la autopista gallega y la autopista asturleonesa, que tienen
unos déficit de explotación y que han tenido que estar financiándose a
través de ampliaciones de capital de su propietario, que es la Dirección
General del Patrimonio. Lo mismo ocurre con la empresa Segipsa, que tiene
problemas a través de un contrato no demasiado cubierto por el Ivima, de
Madrid, y algunas otras empresas que explican con toda exactitud y
claridad a qué van destinados esos 63.200 millones de pesetas.

Por último, quiero hacer una referencia a esas enmiendas, concretamente a
una. Me ha hecho gracia cuando decía S. S. que no sabían a qué podían
estar destinados en activos financieros sesenta y tantos millones de
pesetas, concretamente en la Dirección General del Tesoro. El Gobierno,
de acuerdo con las leyes y los reglamentos vigentes, se hace cargo de la
retirada de todos los billetes antiguos, de fuera de circulación.

Precisamente a la financiación de todo ese proceso van destinados los
sesenta y tantos millones de pesetas que están recogidos en el
Ministerio. Lo digo porque a veces, por la falta de información, utilizan
las comparecencias para preguntar cosas que no tienen que ver con los
presupuestos. Si su Grupo Parlamentario y otros grupos parlamentarios
preguntaran de verdad las cosas que interesan en los presupuestos, quizá
determinadas informaciones se podrían dar previamente y no las trendría
que dar yo.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra, en turno de
réplica, el señor Martínez-Pujalte.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Muy brevemente.

Nuestro Grupo Parlamentario pregunta en las comparecencias lo que cree
conveniente y, a veces, se escandaliza de lo mal que están las cuentas en
el sector público. Cuando me respondía a algunas de las cuestiones que yo
he suscitado --por encima, algunas de ellas-- decía que nosotros
proponemos una reducción de casi 1.300 millones de pesetas en el capítulo
2. Eso no es así. Nosotros



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planteamos una reducción en el capítulo 2 de alrededor de 500 millones de
pesetas, porque los otros 800 millones de pesetas están recogidos en el
capítulo 4, de transferencias, porque pretendemos reducir las
transferencias al INE y a la Agencia Estatal Tributaria, como
consecuencia --eso sí-- de reducción de gastos corrientes, del capítulo 2
--si así quiere llamarlos-- en el INE y en la Agencia Estatal Tributaria.

Queremos reducir una serie de gastos en el INE, que antes enumeraba, en
reparaciones, material, indemnizaciones por razón de servicio o
publicaciones. Como consecuencia de esa reducción en el capítulo 2 del
INE, proponemos hacer una transferencia menor de fondos al INE. Lo mismo
pasa con la Agencia Estatal Tributaria. Al reducir en 500 millones una
partida de algo así como publicidad, que la presupuestan en 1.000
millones, pretendemos que la transferencia a la Agencia Estatal
Tributaria disminuya en 500 millones. Eso da una reducción en capítulo 2
sólo de 500 millones y no de 1.300, y en el capítulo 4 de 800 millones.

Nosotros entendemos, y así lo manifestamos con toda honestidad, que el
Ministerio de Economía y Hacienda no da ejemplo, porque la técnica
presupuestaria que usa --ayer lo discutimos, es muy tarde y no me voy a
extender-- oculta el déficit real. Usted ha respondido a casi todo, a lo
del BEI y nos parece correctísimo. Ha respondido a lo de autopistas, que
no lo habíamos mencionado porque mi Grupo lo había considerado correcto.

Nosotros hemos presentado, en concreto, dos enmiendas: una con relación a
Agesa y otra a Siepsa, que son las cuestiones que no vemos claras, y la
explicación que usted nos ha dado no nos ha aumentado la luz, seguimos
sin verlas claras. Yo sigo entendiendo que la ampliación de capital en
Siepsa podría ser una inversión. Usted me ha hablado de que era mejor y
que así se había entendido para hacer más ágil la nueva dotación de
establecimientos penitenciarios. Nosotros creemos que eso debe ser una
inversión controlada y no una inversión descontrolada a través de una
sociedad. En cuanto a la ampliación de capital de Agesa --así se lo había
explicado antes--, ya no decía que eso fuera una transferencia de capital
de capítulo 6, sino que podría ser una subvención a la explotación.

Nosotros creemos que ése es el sistema adecuado, pero no me quiero
alargar. Sólo quiero recalcar que lo que nosotros pedimos es rigor, para
poder saber exactamente cuál es el déficit presupuestario no financiero.

Nuestras enmiendas lo que reclaman es control, disciplina, reducción de
gasto.

Por último, tengo que decirle que no ha respondido a una de las enmiendas
creo que podrían asumir perfectamente, que es la introducción del nuevo
programa que proponemos de estudio para simplificar las gestiones
administrativas.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Tiene la palabra el señor
Zabalía.




El señor ZABALIA LEZAMIZ: Sí, señor Presidente. Voy a intervenir muy
brevemente, para agradecer al portavoz del Grupo Socialista las promesas
de estudiar la propuesta de nuestro Grupo Parlamentario en la enmienda
número 333. Yo espero que esa reflexión va a ser positiva; que, como él
ha dicho, si son problemas financieros, en los Presupuestos se podrá
recoger la partida necesaria para hacer frente a las deudas pendientes y
a las previsiones de compromiso de pago que tendrán en el año 1995; y que
si es un problema de gestión --los problemas de gestión, al final,
siempre son problemas financieros--, ahí también podremos tener alguna
aclaración y podremos trabajar en este área de gestión para agilizar los
pagos de los compromisos adquiridos por el Gobierno por parte de la
Administración.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): El señor Martínez Sanjuán tiene
la palabra.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Señor Presidente, muy brevemente, quiero
decirle cordialmente al señor Martínez-Pujalte que de todas las enmiendas
que han presentado, desde la 1.176 a la 1.208, que hacen referencia a
esas pequeñas enmiendas que en total yo he calculado que suman 1.200
millones de pesetas --suponen ahorrar en el capítulo 2 1.200 millones de
pesetas--, no he encontrado ninguna que haga el juego contrario. Todas
son de reducción del capítulo 2, y como tal, a eso me he referido. Le
ruego vuelva a leer todas sus enmiendas, señor Martínez-Pujalte, de aquí
al Pleno, y verá que no hay ninguna enmienda de minoración del capítulo
4, transferencias.




El señor MARTINEZ-PUJALTE LOPEZ: Las enmiendas números 1.200 y 1.202.

Perdón, señor Presidente.




El señor MARTINEZ SANJUAN: Perdón, se me habían pasado. Retiro lo que he
dicho. En términos generales, la doctrina de sus enmiendas va dirigida a
esta filosofía.

Yo he hecho referencia al espíritu de austeridad con el que el Ministerio
de Economía y Hacienda afronta su propio presupuesto en el capítulo 2, de
gastos corrientes. El capítulo 2, de gastos corrientes, lo mismo que
otras partidas del Presupuesto de 1994, fue informado en la Comisión de
Presupuestos por el Subsecretario del Ministerio, que habló sobre el
grado de control precisamente de todas estas partidas y de los problemas
de gestión que estaban produciendo, hasta el punto de que algunas
partidas, dentro del mismo 1994, se estaban teniendo que suplementar,
porque habíamos terminado el año 1993 incorporando gastos en materia de
correos, teléfonos, etcétera, de un Ministerio tan complicado en el
ejercicio de 1994 y que estaba teniendo problemas de tensión.

Fuera de la Comisión, le enseñaré un documento de uso interno que he
podido conseguir dentro del Ministerio de Economía y Hacienda, que si
usted lo lee, como lo he leído yo, da ejemplo de esa austeridad, de ese
funcionamiento de las fotocopias, de los fax, de los teléfonos, etcétera,
en el que se ve clarísimamente esa austeridad que el Ministerio de
Economía y Hacienda incorpora a la gestión diaria de su presupuesto.

Ustedes también serán alternativa de gobierno algún día y estoy
convencido de que cuando vean las cosas de cerca, como ya lo ven en el
sitio en que tienen



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responsabilidad, sabrán que sería deseable que pudieran bajar
determinados gastos corrientes, pero tienen graves problemas de reducción
en un presupuesto que, insisto, en el capítulo 2, de gastos corrientes,
ha ido aminorando sensiblemente sus gastos desde el año 1993 y 1994 y
continuará en el año 1995.

Decía que no me había referido a una enmienda. No voy a hacerle una
ampliación, porque parece que estamos en diferente sintonía respecto a
las empresas Agesa y Siepsa. Usted considera que debiera ser inversión;
nosotros creemos que el sistema de aportación de capital para el
desenvolvimiento de esta sociedad, que nos parece que está haciendo una
muy buena gestión en la modernización de todo el sistema penitenciario
español, es la aportación de capital, con el fin de que este organismo
pueda tener fondos suficientes, aunque sería difícil de hacer una
transferencia a una empresa de estas características más allá de lo que
se está haciendo, concretamente, con la compra de acciones por parte de
la Dirección General de Patrimonio.

Por el mismo argumento que a usted no le parecía bien: que hubiera 300
millones de pesetas residenciados para un pago específico en materia de
gastos de farmacia en el Ministerio de Economía y Hacienda, no parece
tampoco oportuno que tuviera que ser residenciado exclusivamente en el
Ministerio de Economía y Hacienda todo un programa específico que tiene
que ver con lo que es deseable. La Administración pública española está
en ello, de acuerdo con el programa de formación pactado con los
sindicatos y con la simplificación burocrática de la Administración, en
que no tiene que estar residenciado única y exclusivamente en el
Ministerio de Economía y Hacienda. De esto entiende, lógicamente, el
Ministerio para las Administraciones Públicas y todos los ministerios
operativos del Gobierno. Aceptamos su filosofía, pero no la inclusión de
este programa exclusivamente en el Ministerio de Economía y Hacienda, por
cuanto que la solución a este problema debe estar en el conjunto de las
administraciones públicas y no exclusivamente en el Ministerio de
Economía y Hacienda.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Terminado el debate de la
Sección 15, pasamos a la Sección 17, Ministerio de Obras
Públicas,Transportes y Medio Ambiente. Antes de comenzar el debate,
quiero hacer una llamada a todos los portavoces para que hagan un
esfuerzo de síntesis. Tengo delante el listado de enmiendas y ocupa
dieciséis páginas, desde la 8 a la 24. Dado lo avanzado de la hora, creo
que esta llamada a la síntesis es obligada, y con este ruego doy la
palabra, en primer término, al señor Posada, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular.




El señor POSADA MORENO: En efecto, su sugerencia me parece muy
pertinente, porque el Grupo Popular ha presentado a esta Sección desde la
enmienda 1.207 a la 1.459, o sea, 252 enmiendas. Pretendo, por tanto, ser
muy sintético en su exposición e intentar que los señores Diputados se
puedan hacer una idea bastante clara de cuál es nuestra propuesta de
presupuesto.

Nosotros hacemos bajas en el Capítulo 1 por valor de 149 millones de
pesetas y en el Capítulo 2 por valor de 2.181, y se incrementa el
Capítulo 4 en 2.330 millones, suma de ambas cifras. En el Capítulo 1, las
enmiendas 1.216 a 1.224 pretenden variar el rango de dirección general de
algunos servicios, por considerar que no debe haber el número de
directores generales que hay en este Ministerio. De la 1.225 a la 1.235
se trata de enmiendas sin alta ni baja, pero pretenden el cumplimiento de
la Ley General Presupuestaria para que los gastos de personal se sitúen
adecuadamente, y de la 1.325 a la 1.350 hay una serie de bajas por
conceptos tales como gratificaciones, que no tienen a nuestro juicio la
debida transparencia.

En el Capítulo 2 las enmiendas de baja van de la 1.267 a la 1.324, y se
reducen parcialmente siempre, porque consideramos que no puede hacerse de
forma total en ningún caso: atenciones protocolarias y representativas,
publicidad y propaganda, estudios y trabajos técnicos que deben
realizarse por los funcionarios, comunicaciones y teléfonos, que están en
partidas muy elevadas, partidas inconcretas como otros suministros,
reuniones y conferencias, etcétera. Sé que esta reducción de gastos
corrientes que el Grupo Popular plantea una y otra vez es dolorosa y
difícil. Ciertamente, el crecimiento de los gastos corrientes en el
presupuesto de 1995 en el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente no es excesivo. Por tanto, estas reducciones en algún caso
pueden resultar dolorosas, porque habrá que sacrificar algunos gastos que
tienen un carácter conveniente, pero es preciso hacer esos ahorros para
poder sacar el dinero suficiente para otras atenciones más necesarias.

Esos 2.330 millones de pesetas así ahorrados se destinan en las enmiendas
1.263 y 1.264 precisamente a transferencias para el transporte de
Canarias, y esas dos enmiendas, con brevedad, las defenderá cuando yo
termine el señor Villalobos.

Pero es en los Capítulos 6 y 7 en donde el Grupo Popular, a través de sus
enmiendas de baja y de alta, quiere señalar su política para la Sección
17. No se trata aquí de hacer un presupuesto alternativo, porque el no
poder variar las cifras totales nos lo impide, pero sí queremos marcar
las prioridades que el Grupo Popular tiene. Así, hacemos bajas en el
Capítulo 6 por 29.574 millones, y altas en el mismo Capítulo por 22.274
millones. Los 7.300 millones de diferencia son enmiendas de alta en el
Capítulo 7, transferencias de capital, luego en operaciones de capital
dejamos la misma cantidad, pero con aplicaciones diferentes.

Las bajas en el Capítulo 6 comprenden las enmiendas desde la 1.351 a la
1.455. Se refieren fundamentalmente, rebajándose de forma parcial en unos
casos el 50 por ciento, y en otros menos, a programas indeterminados,
acondicionamientos y mejora de edificios del propio Departamento,
adquisiciones de mobiliario, programas informáticos redundantes, estudios
y trabajos que, insistimos, deben hacer los propios funcionarios del
Ministerio, excesos en reposiciones de maquinarias, incidencias,
actuaciones terminadas hace tiempo, etc.

Hechas estas bajas, las altas son las siguientes: El aumento más
importante es de 11.400 millones de pesetas en el Capítulo 6, que se
dirige al programa 512 A, obras hidráulicas.




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Señalaba el Gobierno que una de sus prioridades en este presupuesto del
Ministerio de Obras Públicas eran precisamente las obras hidráulicas.

Pues bien, no se corresponden las cifras con esa prioridad.

Ciertamente no se ha aprobado el plan hidrológico nacional y el Congreso
en un Pleno pidió una serie de documentos, como, por ejemplo, un plan de
regadíos que indudablemente lo van a retrasar. En el Senado se aprobó que
los planes de Cuenca fueran antes que el plan hidrológico nacional, lo
cual supone otro retraso. Retraso que no es perjudicial porque es preciso
hacer un esfuerzo grande para llegar a un acuerdo entre partidos y en la
propia sociedad sobre un plan hidrológico nacional. Mientras ese Plan se
aprueba hay muchas actuaciones que pueden llevarse a cabo y que permiten
una dotación mayor.

Estamos hablando, por ejemplo --y éstas son nuestras enmiendas de la
1.246 a 1.253--, de abastecimientos en zonas de interés turístico; de
investigación geológica, sondeos de investigación; de mejora y
cumplimiento de la red meteorológica, de mapas de riesgo de zonas
inundables, con 200 millones; del control de la salinización de acuíferos
costeros; de nuevas regulaciones, como el Pacto del Agua de Aragón. Ahí
se puede emplear un dinero porque hay una serie de presas que están ya
aprobadas por todos los partidos y no se ponen en marcha y dedicamos
2.200 millones, o actuaciones en encauzamiento, con mil millones.

Quiero insistir aquí en un plan en el que ya lo hice el año pasado. Es
preciso ahorrar agua. Esto es algo en lo que todos los grupos estamos de
acuerdo. Pues bien, hagámoslo. Nosotros pedimos en una enmienda 3.500
millones de ahorro de agua en zonas costeras. ¿De qué se trata? Se trata
de hacer un gran plan de pequeñas obras entre las confederaciones
hidrográficas, comunidades autónomas y corporaciones locales, para
reparar los conductos de regadío, reparar las condiciones de
abastecimiento y evitar así, sobre todo en zonas costeras en donde esa
agua no se recupera porque no va al subsuelo, una pérdida de agua que
supone miles de millones de pesetas de ahorro. Este es un plan que puede
actuar en grandes zonas; es un plan anticíclicos, y en estos momentos en
que la economía está despegando es cuando hay que aplicarlo. Yo creo que
este plan es algo que se debe estudiar a fondo mientras se discute el
plan hidrológico nacional.

A carreteras destinamos 9.874 millones. Fundamentalmente en la enmienda
1.254, dotada con 5.600 millones, pretendemos adelantar a 1995 obras en
autovías que tenían que estar ya terminadas, que tienen sólo dinero hasta
el año 1996 y que, por tanto, pueden acabarse en 1995. Esta misma idea
tiene también la enmienda 1.255, con 3.900 millones, sobre
acondicionamientos. Hay muchos acondicionamientos que deben ser
rápidamente puestos en marcha.

Hay otra enmienda importante, la 1.243, que está dotada con sólo 200
millones, pero plantea un problema de principio. Se trata --quiero
corregir la enmienda, porque no está perfectamente redactada-- de
transformar la N-122 en la Autovía del Duero. Por supuesto, es frontera
portuguesa, Valladolid, Soria, eje de la carretera de Aragón, sale desde
la frontera portuguesa.

¿Por qué traemos esta enmienda aquí? Es la única de carácter concreto.

Porque esa autovía no está contemplada en el PDI. El PDI no está aprobado
todavía, pero hay un plan puente en que ya se actúa como si las obras
contenidas en el PDI fueran todas las que hay que hacer.

Nosotros aquí tenemos una discrepancia, porque consideramos que esa
autovía es absolutamente necesaria para vertebrar una comunidad autónoma
como es Castilla y León, y además establecer un eje internacional entre
Portugal y Francia que atraviese toda la península.

Queremos decir con esto que hay obras que no están en el PDI y que
nosotros estamos en desacuerdo con que no lo estén.

Finalmente, las enmiendas del Capítulo 6. La 1.245, en el programa de
infraestructura ferroviaria, destina 500 millones para estaciones a fin
de facilitar el acceso a trenes a personas con minusvalía física. Es una
actuación que debe de empezar en las grandes estaciones, pero que revela
la preocupación social que todos debemos tener por estas personas.

En política ambiental, la enmienda 1.259 propone en el Capítulo 6 una
dotación de 500 millones para el plan de medio ambiente. Es un plan que
se ha prometido reiteradamente y que nunca sale adelante. Pues bien,
empecemos con actuaciones.

Por otra parte, la 1.260, con 300 millones, propone una transferencia
para el Plan Nacional de Residuos a empresas privadas. Ese Plan no está
funcionando. Está siendo un fracaso. Tratemos de que salga adelante.

Y una enmienda, la 1.261, de mil millones, de transferencias de capital a
corporaciones locales dentro de ese Plan Nacional de Residuos. Yo doy a
esta enmienda enorme importancia, porque creo --lo hemos comprobado una y
otra vez y el Plan Nacional de Residuos ha fracasado por esto-- que el
problema está en que no se pueden instalar estaciones de tratamiento de
residuos porque las rechazan los habitantes de la corporación a la que
van; y lo rechazan fundamentalmente porque no ven ninguna ventaja en
ello. Esta es nuestra propuesta. Hay que compensar a esas corporaciones,
a esos pueblos, a esos ayuntamientos, que están dispuestos a admitir una
de estas instalaciones, con otras ayudas que permitan que ellos mismos
consideren que han hecho una buena operación con la instalación de esta
planta de residuos.

En vivienda consideramos que el Plan no está funcionando lo
suficientemente bien, y por eso pretendemos en la 1.256 una transferencia
de 1.500 millones a comunidades autónomas para el Plan, y en la 1.257, de
500 millones a corporaciones locales.

La 1.258 es una enmienda importante porque pedimos una transferencia de
2.000 millones de pesetas precisamente para facilitar la residencia y
circulación de minusválidos.

En transporte terrestre, enmienda 1.244, pedimos una transferencia de
1.200 millones para el transporte de mercancías. Esta es una actuación
que ha autorizado Europa, que está establecida en poco tiempo, porque
creo recordar que en el año 1997 termina, y no puede prorrogarse; que no
se está dotando suficientemente, y que es vital para los



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transportistas de mercancías. Se pretende precisamente reordenar el
sector; conseguir unas empresas de mayor fuste, favoreciendo las uniones;
favorece las jubilaciones anticipadas porque en este momento hay exceso
de oferta en mercancías. Es necesario aprovechar al máximo el tiempo que
la Unión Europea nos concede para conseguir el efecto buscado.

Finalmente, en el programa 521 B, Ordenación de las comunicaciones y
gestión del espacio radioeléctrico, nosotros hemos presentado una
enmienda de devolución, a ese y a algún otro programa, como a Correos,
etcétera, pero a ése especialmente, porque no contempla la liberalización
de las comunicaciones, que es un poco el porvenir en el que ahora mismo
nos hallamos. A ese programa tenemos la enmienda 1.262, de 500 millones
de pesetas, precisamente para establecer cabinas para sordos, algo que se
está haciendo en Europa y que indudablemente debe implantarse en España.

Termino ahora con una enmienda «in voce» que hemos presentado a la
disposición adicional undécima, que si le parece a la Presidencia voy a
dar lectura. La enmienda dice: «Las infracciones de la legislación
reguladora de los transportes terrestres de tráfico y circulación de
vehículos a motor y de seguridad vial prescribirán según los plazos y
condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, salvo cuando se trate de infracciones leves, en
cuyo caso el plazo de prescripción será de tres meses.» Parece que, tal
como va esta disposición, se daría el caso de poner unos plazos
superiores a los vigentes por esta ley.

Finalmente, comunico al señor Presidente que la enmienda 1.265 queda
retirada porque repite la 1.383. La 1.343, que se refería a los gastos
reservados en la Confederación del Norte, la retiramos porque el Ministro
en el Pleno dio cumplida explicación de que se trataba de un error.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Muchas gracias, señor Posada,
especialmente por el esfuerzo de síntesis que ha hecho y que le
agradezco.

Haga llegar a la Presidencia el texto de esa enmienda «in voce» para que
los Servicios de la Cámara estudien el momento procesal oportuno y la
procedencia de la incorporación de la misma.

Por unos muy pocos minutos, tiene la palabra el señor Villalobos.




El señor VILLALOBOS DE PAIZ: Con la mayor brevedad posible, para defender
las enmiendas 1.263 y 1.264.

En la primera de ellas proponemos se eleve la cantidad consignada como
compensación al transporte marítimo y aéreo de mercancías y productos
originarios de Canarias a la Península entre islas y hacia los puertos de
la Unión Europea, este último de particular importancia para las
exportaciones hortofrutícolas. Nuestra enmienda incrementa esta partida
en 1.572 millones de pesetas, pasando de 1.188 a 2.700 millones de
pesetas. Esta es la cantidad que se ha calculado como necesaria para
satisfacer los porcentajes de cobertura del coste de los fletes previstos
por las normas reguladoras como razonable compensación, y que son del 35
por ciento para los envíos de mercancías a la Península, y del 25 por
ciento para las exportaciones de Canarias a la Unión Europea.

La segunda de las enmiendas incrementa en 758 millones de pesetas la
cifra consignada para la subvención al tráfico aéreo regular de viajeros
entre Canarias y la Península, así como entre las islas, elevándola de
6.529 a 7.017 millones de pesetas.

Si los transportes y comunicaciones son hoy un servicio público esencial
en todo Estado moderno, por cuanto integran y dan cohesión en lo político
y en lo económico a las diferentes partes de su territorio, en el caso de
las Islas Canarias su comunicación y transporte con el resto de España
adquieren particular importancia por su circunstancia geográfica de
aislamiento y lejanía.

Es justamente en el sobrecoste de los transportes y comunicaciones de
Canarias con la Península y los países de la Comunidad Europea donde se
hacen patente y de forma especial sus desventajas económicas de
situación, el denominado coste de insularidad.

Si gravoso es el encarecimiento de sus abastecimientos exteriores, su
circunstancia geográfica de aislamiento y lejanía, más onerosos son sus
efectos sobre el desenvolvimiento de sus actividades productivas, por
cuanto que los envíos al exterior y las exportaciones de sus bienes y
productos necesarios, dada la reducida dimensión del mercado interior, se
enfrentan a las barreras y al obstáculo que representan los elevado
fletes de transporte marítimo y aéreo que deben soportar.

Por ello, la compensación al transporte de Canarias con el resto de
España y la Comunidad Europea constituyen hoy pieza esencial de su
régimen económico fiscal que a tenor del artículo 73 de la Ley 19/1994,
de 6 de julio, tendrá en cuenta el principio de continuidad territorial
con la Península. Este principio rectamente entendido significa que en
términos de coste de transporte se debe situar a Canarias en la
contigüidad geográfica del sur peninsular.

Pues bien, frente a la inequívoca expresión de la ley y al carácter
estratégico de los transportes y comunicaciones de Canarias con el resto
de España, nos encontramos con una actitud cicatera y de recorte por
parte del Gobierno de la nación en esta vital cuestión.

En lo que se refiere a la compensación al transporte de mercancías, la
partida presupuestaria está congelada desde hace muchos años en 1.188
millones de pesetas, que no cubren siquiera el 15 por ciento de los
fletes, donde está previsto alcanzar el 25. Este porcentaje de cobertura
quedará, además, sensiblemente disminuido si se hace efectiva la promesa
de instancias gubernamentales en orden a extender a todo el año la
subvención al transporte de las exportaciones hortofrutícolas de Canarias
a la Comunidad Europea, rompiendo la injustificable limitación que lo
reducía a las realizadas sólo en el segundo semestre del año.

En este punto se hace preciso denunciar la decisión del Gobierno de
declarar indisponible la partida presupuestaria a la compensación del
transporte para el año 1992, con lo cual la consignación de los
presupuestos de 1993 se habrá



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de repartir entre ambos ejercicios. Este hecho reviste suma gravedad y
pone de manifiesto la absoluta insensibilidad del Gobierno en este tema.

En cuanto a la solución al tráfico aéreo de pasajeros, se da la llamativa
paradoja de que, siendo insuficiente el crédito inicial que se viene
consignando en los presupuestos, de manera que ha habido que recurrir a
su ampliación. Sin embargo, para este próximo año la consignación se
reduce en más de 300 millones de pesetas. Con esta reducción se está
quebrantando, además, el artículo 6.2 de la Ley 19/1994, de 6 de junio,
de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, que obliga al
Gobierno a no disminuir la ayuda prestada a este tráfico.

Este es el escenario en que se enmarcan nuestras enmiendas y a través de
ellas queremos instar al Gobierno a que dé un giro de 180 grados en su
política de apoyo al transporte con Canarias, que asuma el compromiso de
solidaridad y cohesión con esa región española alejada para que, como he
dicho en otra ocasión, la lejanía no sea nunca barrera de separación y
aislamiento.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Andréu, con el mismo ruego de brevedad.




El señor ANDREU ANDREU: No se preocupe, señor Presidente, que atenderé su
ruego.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya presenta una enmienda de
devolución, la 656, por la cual considera que la Sección 17 debería ser
devuelta al Gobierno en su totalidad. Y ello es así porque este
Ministerio necesariamente tendría que hacer un presupuesto malo, a
nuestro juicio, descompensado y desequilibrado, porque desde hace tiempo
viene actuando sin planes, de forma descompensada entre sus diferentes
departamentos, que son muchos y muy variados. Es un Ministerio que
continuamente refleja la ficción de estar actuando en muy diversos
frentes y con muy diversos planes, pero en realidad no tiene acabado
ninguno y estamos esperando que algún día se acabe el plan hidrológico,
que otro día se acabe el plan de infraestructuras, que otro día se acabe
el plan nacional de comunicaciones y no se sabe cuántos planes más, pero
ninguno de ellos acaba. Sin embargo, sigue invirtiendo de forma rutinaria
y casi inercial con respecto a presupuestos anteriores, con lo cual el
resultado no puede ser bueno.

Buena muestra de ello es la escasa dotación que tiene el Ministerio para
los programas medioambientales. Cuando se ha convertido en el auténtico
cuello de botella de este Ministerio, que tiene problemas para resolver
los importantes impactos medioambientales de muchas de sus obras
públicas. Así, por ejemplo, nos parece muy escasa la dotación para
protección y mejora del medio ambiente, asistencia en las obras públicas
y a planificación y concentración territorial y urbana. Esto hace que ni
haya equipos suficientes dentro del Ministerio para abordar los estudios
de impacto medioambiental y que se tengan continuamente problemas con tal
o cual embalse, o con tal o cual autovía que pasa por lugares
extraordinariamente bellos y con los que siempre tiene auténticos
problemas el Ministerio de Obras Públicas y que, como decía
anteriormente, se ha convertido en un auténtico cuello de botella.

También es preocupante que la inversión tan importante que se consigna en
recursos hidráulicos se haga sin que aún esté terminado el plan
hidrológico. Se trata de una inversión nada más y nada menos que de
162.312 millones de pesetas. Es una inversión importante. Sin embargo, el
plan hidrológico no está aún hecho y no sabemos, sobre estas inversiones
--de las cuales en embalses de regulación se destinan nada más y nada
menos que prácticamente 60.000 millones de pesetas--, los impactos que
sobre el conjunto del territorio nacional van a tener estos embalses ni
si pudiera haber alternativas a los mismos, como tampoco sabemos
exactamente la eficacia que van a tener esos 27.900 millones de pesetas
destinados a la mejora de regadíos, cuando en el plan hidrológico se
dice: se debería estudiar si realmente es necesario, útil y compatible
con la ordenación agrícola que dimana de la Unión Europea el que existan
todos estos regadíos que hay en nuestro país, a no ser que gran parte de
esta dotación estuviese destinada al cuidado de muchísimas de estas redes
de regadío por las cuales se pierden importantísimas cantidades de agua.

A nosotros también nos preocupa bastante que mientras que la inversión en
carreteras, de una forma inercial, como decía anteriormente, continúa
siendo importantísima --concretamente en autovías vamos a ponernos en
773.000 millones de pesetas--, la dotación en infraestructuras
ferroviarias sea extraordinariamente escasa, escasísima, por no decir que
ridícula. Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya considera que debe
equilibrarse mucho más la relación entre medios de transporte en nuestro
país y muy concretamente hacia el ferrocarril. Muchas veces pensamos que
el Gobierno socialista se ha embarcado en una política auténticamente
suicida de cara al futuro de nuestro país, dejando prácticamente de la
mano de Dios la red ferroviaria española; red ferroviaria a la que ya se
le asestó un duro golpe al haberse transferido prácticamente todo el
dinero que existía del Plan de Transporte Ferroviario a la línea de AVE.

Nos parece muy bien que esa línea esté ahí y que sea tan cómoda, tan
estupenda, pero es gravísimo que a cambio de ello nuestra red ferroviaria
nacional esté hecha unos zorros.

Incluso dentro de la propia inversión en carreteras llama también la
atención el desequilibrio que existe entre la inversión en autovías y el
medio urbano. En medio urbano estamos en los 232.000 millones de pesetas.

Es decir, menos de un 30 por ciento de lo que existe en autovías, cuando
es muy importante esta inversión en medio urbano porque tienen un alto
valor añadido. Son inversiones que no solamente facilitan y mejoran la
relación interterritorial, sino la descongestión de las propias ciudades.

También nos llama mucho la atención y denunciamos cómo cosas a las que se
ha dado tanto bombo y platillo, como el plan de salvamento marítimo,
luego, a la hora de ejecutar los presupuestos tienen una dotación
francamente ridícula, como son esos 2.300 millones de pesetas que
nosotros consideramos que deben incrementarse sustancialmente, dados los
problemas que se pueden ver continuamente en nuestras costas.




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Esta es la enmienda fundamental de mi Grupo Parlamentario, ya que
considera que los Presupuestos se deben confeccionar desde un punto de
vista muy diferente al que lo ha hecho el Gobierno. Nosotros consideramos
que se debe planificar más. No sólo decir que se va a planificar, sino
realmente hacerlo y tener un sentido más social, más equilibrado de
nuestro territorio. En cuanto a las enmiendas parciales, siendo
coherentes con estos planteamientos que hemos ofrecido, nosotros tenemos
muchas que se refieren a la infraestructura ferroviaria. Bien es cierto
que nos gustaría hacer estas enmiendas con un plan de infraestructuras
encima de la mesa y aprobado, exigiendo que partidas concretas de ese
plan se llevaran a cabo, pero, a falta de ello, nosotros solicitamos que
haya inversiones en el ferrocarril de San Sebastián de los Reyes, no sé
si castigado por aquel asunto de corrupción que le costó el cargo al
Ministro García Valverde; que se actúe también en las cercanías de
Málaga. Pedimos los acondicionamientos a eso que se llama velocidad alta,
no alta velocidad, para las conexiones Albacete-Murcia, Sevilla-Huelva,
Sevilla-Cádiz, Vitoria-Pamplona, Madrid-Cáceres, Guadix-Baza-Almendricos.

Pedimos la famosa variante de Pajares, tantas veces aplazada, la
Santander-Palencia, Madrid-Aranjuez-Cuenca, etcétera.

Pedimos asimismo una mayor inversión en cuestiones medioambientales,
sobre todo en actuaciones de saneamiento y depuración de aguas, enmiendas
669 y 670. Pedimos también que programas concretos para salvar las
barreras arquitectónicas se contemplen en los Presupuestos Generales del
Estado. Reitero que pedimos las depuradoras del río Tajo; en fin,
inversiones que vayan en el sentido de que tengan mayor relevancia lo que
hoy es la Secretaría General de Medio Ambiente, ya que
administrativamente hasta ahora el Gobierno se niega a que haya un
auténtico Ministerio del Medio Ambiente, que debería ser el que
controlara toda la actuación de este Ministerio de Obras Públicas, porque
la situación administrativa en que nosotros nos encontramos es tanto como
que el sospechoso se vigile a sí mismo.

En definitiva, más allá del conjunto de enmiendas parciales, de cuya
lectura libero a SS. SS., nosotros insistimos en la necesidad de que,
desde otros presupuestos, se planteen (y valga la redundancia, aunque sea
con significado diferente) unos presupuestos de la Sección 17
sustancialmente diferentes.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Muchas gracias, Señor Andréu,
por su esfuerzo de síntesis realmente importante.

Se dan por defendidas las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i
Unió, a petición del Grupo enmendante, y tiene la palabra, en nombre el
Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Gatzagaetxebarría.




El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: La primera enmienda que presenta
nuestro Grupo Parlamentario a la Sección 17 es la número 334, en la que
planteamos la previsión, en los presupuestos generales, de un convenio
entre el Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente y la
Comunidad Autónoma del País Vasco para poder abordar la construcción de
una línea II del metro en la zona del Gran Bilbao.

Como SS. SS. saben, el Plan Director de Infraestructuras, dentro del
listado de actuaciones, prevé expresamente la figura del convenio entre
el Gobierno central y el de la Comunidad Autónoma del País Vasco en
relación al metro de Bilbao. Lo que nuestro Grupo Parlamentario pide es
que, en el listado de actuaciones del plan intermodal de transportes, se
incluya expresamente la posibilidad de que sea financiado con una
participación, que estaría en este momento sin concretar, del Gobierno
central en la construcción de esta segunda línea del metro que va a
propiciar un cambio, una modificación en el sistema del transporte.

Por ello, lo que nosotros pretendemos, en definitiva, es que haya una
concreción de la previsión general que se contiene en el Plan Director de
Infraestructuras, de forma que ese futuro convenio que ahí se recoge
respecto a la construcción del metro de Bilbao se refiera también a una
segunda línea que abarcaría toda la margen izquierda del Gran Bilbao y
que se podría financiar con la supresión progresiva de la línea de
ferrocarril, que en estos momentos depende del Gobierno central y que
gestiona la empresa Renfe. A nuestro juicio, las consignaciones
presupuestarias que se están destinando en este momento por Renfe para
esta línea de ferrocarril podían ser sustituidas por la construcción del
ferrocarril metropolitano, línea II, que circularía por toda la margen
izquierda del Gran Bilbao.

La segunda enmienda nuestra es la número 337, relativa a actuaciones en
la costa. En ella planteamos la posibilidad de establecer un programa de
inversiones en el litoral en colaboración con las comunidades autónomas.

Por tanto, de los 14.700 millones que el Gobierno presupuesta en el plan
de actuaciones en la costa, nosotros planteamos que la mitad, 7.350
millones, sean objeto de transferencias de capital a las comunidades
autónomas para que éstas puedan intervenir sobre espacios protegidos,
como es en este caso, y así está catalogado en la Ley reguladora de
costas, el litoral español.

La enmienda número 340 de nuestro Grupo Parlamentario pretende la
realización de una obra de urbanización del litoral del Camino de la
Galea, en el municipio vizcaíno de Guecho, con el objetivo de mejorar la
calidad ambiental en la costa, rehabilitando el borde marítimo y
permitiendo de esta forma garantizar su uso y utilización de forma acorde
con la naturaleza en una zona de alta densidad de población y de intensa
presión sociodemográfica.

La enmienda número 339, dirigida al programa 513A, lo que pretende es que
se presupueste por el Gobierno con una reducción correspondiente en ese
mismo programa en lo que se refiere a las transferencias a Renfe para que
el Gobierno realice las inversiones necesarias para la supresión de pagos
a nivel en la Comunidad Foral de Navarra.

En la enmienda número 334, dentro de la Dirección General de Marina
Mercante, pedimos que en la financiación de las actividades de la
Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima se prevea una
cantidad de 1.349 millones, de los 7.349 --por lo tanto, reservaríamos al
Gobierno 6.000 millones-- para que sea transferida como



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operaciones de capital a las comunidades autónomas por la razón de que
las comunidades autónomas están ejerciendo y disponen de competencias de
salvamento marítimo en lo que concierne a la zona de dominio público del
Estado, que es el mar territorial; en las aguas jurisdiccionales que
alcanzan hasta las 12 millas, las operaciones de salvamento marítimo
corresponden a las comunidades autónomas. Por lo tanto, planteamos que
dentro de los presupuestos del Ministerio dirigidos a financiar a la
Sociedad se transfirieran estos 1.349 millones a todas las comunidades
autónomas que disponen de litoral, que disponen, en definitiva, de mar en
sus diferentes condiciones, en sus diferentes acepciones.

También, señor Presidente, dentro de esta Dirección General de Marina
Mercante, en el programa 514A proponemos una transferencia a la Escuela
de formación de administración marítima de Bilbao. No podemos olvidar que
la Dirección General de Marina Mercante ha estado financiando durante
muchos años al Instituto de Estudios Europeos Marítimos y que esta
escuela es una escuela de posgraduados de las más avanzadas en este
momento y de las que otorgan una mayor formación en materia marítima,
para la cual nosotros solicitamos una ayuda a cargo del Programa 514A.

Para finalizar, señor Presidente, nuestra enmienda número 336 lo que
plantea en este momento es un convenio en los Presupuestos Generales del
Estado para la realización por parte del Gobierno central en colaboración
con la Comunidad Autónoma del País Vasco de la autopista que uniría los
municipios de Armiñón con Maltzaga. Por lo tanto, dentro de las
previsiones que tiene el proyecto de presupuestos en el programa 513D en
materia de inversiones reales, proponemos que se realice una
transferencia de 2.000 millones a la Comunidad Autónoma del País Vasco,
en su caso mediante la suscripción de un convenio, para la construcción
--repito-- de la autopista que uniría Maltzaga con Armiñón.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Por el Grupo de Coalición
Canaria tiene la palabra el señor Mauricio.




El señor MAURICIO RODRIGUEZ: Muy brevemente, intervengo para dar por
defendidas nuestras tres enmiendas --las números 451, 452 y 453--. La
primera coincide, y me evito la explicación, con una que presenta el
Grupo Popular, y coinciden nuestros argumentos y nuestros razonamientos.

Está prevista en el artículo 7 del REFC, y en él se dice de una manera
muy clara que, en todo caso, el sistema de compensación tendrá en cuenta
el principio de continuidad territorial con la península. Ese principio
es absolutamente imposible cumplirlo a partir de la cantidad que se
destina en estos presupuestos. Por tanto, pedimos una ampliación como
mínimo de 1.000 millones de pesetas, que creo que incluso sería
insuficiente y habría que volver a ampliarla. Es una partida para la que,
en cualquier caso, deberíamos de encontrar una enmienda transaccional
entre todos los grupos, porque le guste o no le guste al Grupo del
Gobierno, evidentemente esto tendrá que pagarlo, porque está establecido
así y es necesario para compensar el coste de insularidad y la lejanía,
que es la razón fundamental de esta enmienda. Igualmente, en el REFC se
establece un programa de inversión en infraestructuras que nosotros, en
este caso, lo concretamos en 1.000 millones de pesetas, y que está
también establecido de una manera específica, concreta y clara en las
disposiciones del REFC y que, por tanto, deben de tener una concreción en
estos presupuestos.

Por último, en la enmienda número 453, para el programa de costas y
playas, de la Dirección General de Costas, pedimos una ampliación, pues
si bien en algunas islas están recogidas actuaciones interesantes, en
cualquier caso insuficientes, sin embargo en la isla de Tenerife no es el
caso, cuando tienen una serie de actuaciones que se proponen,
concretamente seis, que contabilizan 250 millones de pesetas, que
completarían el programa que ya previsto para las islas de Gran Canaria,
Lanzarote, etcétera.

Estas son nuestras tres enmiendas. En espera de su consideración por los
grupos mayoritarios de la Cámara, las doy por defendidas, agradeciendo la
palabra al señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): A continuación tiene el uso de
la palabra, con el ruego de brevedad análogo al de los grupos anteriores,
por el Grupo Mixto, el señor Chiquillo.




El señor CHIQUILLO BARBER: En primer lugar, lo que quiero decir es que
voy a ser breve en agradecimiento a los Diputados que se han quedado a
escucharme, al señor Letrado y al personal de la Cámara.

Voy a dar por defendidas las enmiendas del señor Mur, números 225 a 234,
las 241 y 242, 243 y 244, 236 a 239, 245, y de la señora Rahola la 439.

Rápidamente paso a las enmiendas que presenta Unión Valenciana a la
Sección 17, Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
que son en total 125.

Vamos a mantener todas para su votación en esta Comisión. Está claro que
el motivo que ha inducido a Unión Valenciana a presentar estas enmiendas
ha sido el grado de concienciación de los graves déficit de
infraestructuras de que adolece la Comunidad Valenciana. Los valencianos
--es un clamor popular-- tenemos sed de justicia en inversiones, que en
los últimos 12 años no se han visto cristalizadas en nuestra Comunidad.

Estos déficit en infraestructuras condicionan el desarrollo de la
Comunidad Valenciana. Un instrumento bueno del Gobierno que hubiera
servido para conseguir que saliéramos de esta situación de desencanto
respecto al Gobierno central y sus inversiones en la Comunidad, como son
los presupuestos para 1995 o el Plan Director de Infraestructuras, deja
de lado la Comunidad Valenciana.

Los motivos y las justificaciones del propio Ministerio para establecer
sus criterios de inversión, nos llevaron a presentar estas enmiendas,
aduciendo los mismos objetivos, criterios y planteamientos que a ellos
les han llevado a dirigir las inversiones a otras comunidades o a otras
obras que nosotros no consideramos tan prioritarias. El objetivo



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de nuestras enmiendas es crear, impulsar y mantener las infraestructuras
de carreteras, ferrocarril, puertos, aeropuertos, obras hidráulicas y
costas en la Comunidad Valenciana; que se presten los servicios públicos
de saneamiento aguas, correos, telégrafos, explotación portuaria y
aeroportuaria, y la potenciación política medioambiental. Esos son los
objetivos que tiene marcados el Ministerio de Obras Públicas en su propia
memoria de actividades. Basándonos en ellos, pensamos que algunas de las
enmiendas que presenta Unión Valenciana deberían haber sido consideradas
y contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para 1995.

Mantenemos un grupo importante de enmiendas referentes a obras
hidráulicas, que tienen como finalidad la corrección del déficit hídrico
y la consolidación e impulso de los sistemas hidráulicos actuales de
abastecimiento, regadío y otros usos en la Comunidad Valenciana; la
defensa contra inundaciones, la mejora, modernización y conservación de
las obras e infraestructuras para el ahorro y racionalización del uso del
agua e incremento de la oferta de recursos hidráulicos. En puertos y
aeropuertos solicitamos que se impulsen las obras de infraestructura y de
equipamiento que resuelvan los déficit de capacidad y operatividad de los
aeropuertos de Valencia y Alicante, así como los puertos de las mismas
ciudades.

Respecto a costas, formulamos enmiendas que promueven actuaciones que
mejoran la calidad ambiental de nuestras costas, eminentemente
turísticas. Solicitamos que se desarrollen actuaciones preventivas y
protectoras para controlar los procesos de erosión y degradación de la
costa valenciana; mejora, ampliación y regeneración de playas,
rehabilitación de los bordes marítimos, defensa de costas y accesibilidad
a las playas. (El señor Vicepresidente, García Ronda, ocupa la
Presidencia.)
Respecto a medio ambiente y calidad de aguas, proponemos un impulso de
acciones básicas para la mejora y conservación de la calidad de las
aguas, y sobre todo, a través de alguna de nuestras enmiendas, una acción
firme y decidida que frene el progresivo proceso de desertificación que
afecta a amplias zonas de Almería, Málaga, Murcia, Alicante, Castellón y
Valencia. Los propios estudios del Centro Superior de Investigaciones
Científicas sitúan a grandes zonas de la Comunidad Valenciana y de
Andalucía entre las más afectadas por los riesgos de desertificación
dentro de la Unión Europea. Solicitamos, igualmente, la regeneración y
mejora forestal de la Comunidad Valenciana y cuenca mediterránea azotada
por los incendios de este año en particular, que en la Comunidad
Valenciana han supuesto la desaparición de 144.000 hectáreas.

Así, sin ánimo de nombrarlas todas --mantengo las 125 enmiendas--,
tenemos especial interés en que se considerara por el Grupo Socialista la
enmienda 83, respecto a la depuración de aguas residuales urbanas; las
141 y 142, relativas a la depuración de aguas residuales en Elda-Petrel y
en la Marina Baja y Vinalopó, en la provincia de Alicante; las enmiendas
55, 56 y 57, que son las que contemplan la regeneración y mejora forestal
de la Comunidad Valenciana, en particular en las comarcas de Els Ports y
El Maestrat, afectadas por la lluvia ácida de la central térmica de
Andorra, las sierras Calderona, Espadán y Desierto de Las Palmas,
gravemente afectadas por los incendios forestales de los últimos años.

Repito que han sido 144.000 las hectáreas quemadas en el último año. Por
no ser extenso, no le comento las que han ardido en los últimos quince
años, aunque usted lo conoce porque sé que le preocupa el tema.

Respecto a infraestructura hidráulica precisa, dados los graves déficit
hídricos de nuestra Comunidad, mantenemos las enmiendas 85, 86, 87 y 88,
respecto al canal Xerta-Calig, así como a otros trasvases Tajo-Segura,
Júcar-Vinalopó y acondicionamiento del cauce del río Júcar; y las
enmiendas 161 a 172, relativas a obras de infraestructura hidráulica
vitales para el progreso de la Comunidad Valenciana en lo referente a
turismo y a agricultura.

Mantenemos una enmienda --y queremos que sea considerada porque los
sectores le han presentado los proyectos al Ministro Borrell, la
Generalitat Valenciana está dispuesta a colaborar y esperamos que el
Ministro Borrell también--, que es la 177, que es un plan integral, a
seis años vista, de actualización, mejora y modernización de los regadíos
históricos de la Comunidad Valenciana, encaminados a evitar la pérdida y
a favorecer la mejor utilización de los recursos hidráulicos,
racionalizando el uso y consiguiendo ahorro de agua.

Luego también me referiré a las enmiendas 94, 95 y 96, respecto al
transporte colectivo público en las ciudades de Alicante, Castellón y
Valencia. Ya en particular, las relativas variantes de la red viaria, un
impulso a inversiones que son diferidas en los años, intentar llevarlas a
los años 95 y 96. Son las enmiendas 5, 6, 73, 77, 181, 183, de la 184 a
la 192 y de la 196 a la 211, que no sólo afectan a la Comunidad
Valenciana sino también a varias comunidades por las que pasa la autovía
N-3, la de Alicante-Baeza, y la autovía del Mediterráneo, que uniría
Málaga, Nerja y Motril; la enmienda 187 plantea que se adelanten las
inversiones en esta autovía.

Solicitamos también inversiones en materia de ferrocarril en las
enmiendas 41 a 50, sobre el eterno problema del soterramiento de vías
férreas en distintos municipios de la Comunidad Valenciana, y la
supresión de pasos a nivel, y sobre todo, la enmienda 99, relativa al
proyecto mejora estación Renfe en Alicante y la enmienda 222 --bonito
número--, referente al parque central en Valencia, que lleva tantos años
en el cajón del Ministerio de Obras Públicas.

En conjunto, éstas serían nuestras enmiendas. Ruego al Grupo Socialista
que las mime y que las estudie con el máximo cariño.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias, señor Chiquillo,
por esta deferencia, aparte de por sus palabras rápidas en defensa de sus
enmiendas.

Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Jerez.




El señor JEREZ COLINO: Señor Presidente, en principio, quiero presentar
las enmiendas del Grupo Socialista, números 420, 421, 422, 423 y 424, que
las doy por defendidas en sus propios términos. Vamos a no perder el
tiempo en este apartado.




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Contestando a cada uno de los grupos, en primer lugar, quiero agradecer
al señor Posada su exposición, no solamente por su brevedad, sino por su
buen sentido. Yo creo que hay un avance importante en las enmiendas que
presenta el Grupo Popular, y es huir lo más posible de lo que llamábamos,
en tono cariñoso porque yo creo que cada obra es necesaria siempre,
enmiendas de campanario, porque le dan otra agilidad al debate. Siento
que haya coincidido que esas enmiendas de campanario --llamadas así
cariñosamente-- se hayan sustituido por algunas enmiendas que llamaríamos
de manguito, es decir, enmiendas de entrar en cada departamento para ver
dónde puede estar la pequeña economía. Porque no tenemos que olvidar que,
de las 254 enmiendas, prácticamente 194 corresponden a este tipo de
enmiendas en las que se entra en una gran cantidad de temas, desde
problemas de mobiliario, supresión de compras para informatización,
eliminación de planteamientos de investigación, supresión de
publicaciones, es decir, una gran cantidad de temas que le llevan a ese
ahorro de más de 2.000 millones de pesetas.

Yo estoy convencido de que en ese tema que de manera global, en el
capítulo 2, lo hemos tratado muchas veces, de forma muy especial en lo
que supone el presupuesto de la Sección 17, creo que se hace una
injusticia al hacer este traslado mimético, sin más. ¿Por qué digo esto?
Porque si repasamos cuál ha sido la trayectoria en este capítulo del
Ministerio de Obras Públicas, veremos que en 1992, el gasto en este
capítulo es de 16.500 millones de pesetas, mientras que, en este año, es
de 11.600 millones de pesetas, llegando a representar únicamente el 0,9
por ciento de los presupuestos que se presentan, por lo cual no deja de
ser especial que se dedique tanto tiempo a una situación ya en descenso,
con números comprobados, y cuya representación presupuestaria no es
excesivamente alta. Yo creo que en la situación en que se plantea ahora
mismo las reducciones del capítulo 2, estamos corriendo alto riesgo de
que algunos de los proyectos y algunas de las situaciones que en estos
momentos ayudan a las inversiones no se puedan realizar en detrimento,
lógicamente, de las propias inversiones.

Se ha hablado de obras hidráulicas, de carreteras, de muchas cosas. Yo
creo que en estos momentos, estos presupuestos de Obras Públicas tienen
una serie de virtualidades importantes, entre ellas, su ajuste al Plan
Director de Infraestructuras. En estos momentos, la inversión completa
con los organismos del Ministerio de 940.000 millones de pesetas se
ajusta prácticamente a lo que se preveía en el Plan Director de
Infraestructuras, y no solamente como globalidad, sino diría que en cada
uno de los apartados estamos en cifras muy cercanas a las previstas en el
propio Plan Director de Infraestructuras, entre ellas, las propias obras
hidráulicas, en las que estamos de acuerdo, es una filosofía que
manifestaremos siempre, y estoy convencido de que el plan hidrológico
debe ir en la dirección de ahorro del agua. Por ello, creo que en ese
camino necesariamente nos vamos a encontrar cuando empecemos a hablar de
situaciones, de filosofía, de obras y de realizaciones.

Ocurre un fenómeno, que yo sé que usted lo entiende perfectamente,
señoría, y es que cuando se hacen las enmiendas, hay un elemento de
desilusión fuerte en esta Sección 17, motivado por un desfase que existe
entre la inversión y el proyecto. Cuando se plantea la necesidad de una
inversión cuantificada en una gran obra pública, sabemos que primero
tiene que haber un período de información, normalmente un proyecto de
trazado o un proyecto previo y, después, un proyecto de obra; es decir,
por mucha voluntad política que hubiera de plantear una inversión de una
cuantía determinada en cualquiera de las obras que se presentan, sería
prácticamente imposible llevar a buen fin la inversión que se propone.

Por tanto, en muchos aspectos, yo creo que sería mucho más interesante
que se sepa esto previamente, cuando se empiece a hablar de planificación
hidráulica, que existe como usted sabe y lo ha afirmado, con un plan
puente, hasta que se apruebe el plan hidrológico, aprobación que es un
deseo de todos, pero cada vez más difícil, los sucesos que van ocurriendo
y las movilizaciones que se van produciendo en uno y otro sitio, no crean
el ambiente más favorable posible para esta situación.

Quiero decir también que en vivienda se hace un gran esfuerzo, como usted
sabe; se intenta, con el importante ascenso que se produce en vivienda,
aumentar y acelerar las inversiones en la parte de situaciones
comerciales, viviendas no residenciales, que es donde precisamente está
la gran caída que ha existido estos años atrás.

Por entrar ya de lleno --y es difícil anotar cada una de las enmiendas
que se presentan, pero por grandes bloques--, yo le diría que de la 1225
a la 1235 se pretende presupuestar de forma diferente el capítulo 1. No
podemos aceptar este concepto, puesto que, por el funcionamiento que
tiene el propio Ministerio --y usted lo conoce--, lo prioritario es la
asignación de recursos a los programas presupuestarios que posteriormente
se sitúan en las unidades encargadas de gestionarlos. De otra manera crea
dificultades de funcionamiento, y ya no es un problema de cuantía, sino
tal y como se está expresando en esas enmiendas del capítulo 1.

La 1326 propone suprimir el rango de director general a los presidentes
de Puertos, y usted conoce perfectamente que éstos, en estos momentos,
por ser un órgano autónomo, tienen un contrato laboral o una categoría
laboral y difícilmente pueden tener categoría de director general, puesto
que esta situación no lo permite. No sé si tendrán sueldo de director
general, pero categoría de director general en ningún caso.

De la 1237 a la 1242 se propone realizar una serie de estudios por el
propio personal. Yo estoy convencido --y usted es técnico-- de que muchas
veces tendríamos que filtrar estas opiniones de tipo general. Llevar una
gran cantidad de proyectos para ser realizados por el propio personal del
Ministerio de Obras Públicas, que tiene un ritmo de trabajo alto y ya
ocupado en estos momentos, incorporar nuevas actuaciones de este tipo
sería sacrificar con certeza muchas de las inversiones del futuro
próximo, y sobre todo muchas inversiones de las que pudieran ir
aceleradas.

De la 1243 a la 1265 se intenta aumentar dotaciones por proyectos en
estos momentos en fase de actuación y con dotaciones existentes. Eso nos
lleva a un riesgo de eliminación



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de inversiones. Como sabe, cada cantidad que puede salir a licitación
puede alargarse durante tres ejercicios consecutivos con cantidades del
90, 80 y 70 por ciento sucesivamente, según hablemos de 1996, 1997 ó
1998. Por tanto, parece que esa idea de incremento en cantidades que ya
están asignadas va en detrimento de cantidades mayores a la hora de
licitación, y usted sabe que este año se intenta mantener la licitación
de 1994, que es año récord, en torno a los 700.000 millones de pesetas, y
estas situaciones verdaderamente no lo favorecen.

Tiene una enmienda, la 1244, que nos parece interesante. Quizá convendría
que más adelante entráramos a hablar de ella --digo más adelante, fuera
ya del entorno de la Comisión--, porque tal vez habría que ajustar en las
cuantías, pero en principio nos parece interesante, no digo que sea
aceptada, sino simplemente que vamos a intentar estudiarla despacio para
que pueda serlo.

Prácticamente en cuanto a las demás estamos ya entrando en el campo del
capítulo 2, sobre el que hemos hablado yo creo que largamente, y lo que
sí está claro es que las que hablan de ahorro del agua, aunque tienen
dificultades, vamos a intentar también que puedan ser estudiadas para, si
necesitan alguna corrección, llegar a un acuerdo, o, si no, intentar
asumirlas de una manera general. Por las conversaciones que llevamos con
el propio Ministerio, nos parece interesante poder entrar en este campo,
pero sin que podamos asegurar ninguna cosa, puesto que, como usted sabe,
depende mucho de cómo está la situación de proyectos para que las
inversiones puedan ser llevadas a efecto dentro del ejercicio de 1995.

Quiero terminar, como empezaba al principio, agradeciendo el tono y la
forma de exposición tremendamente positiva, que yo creo que en cierta
manera es la mejor forma de encontrar situaciones receptivas, aunque se
puede llegar, por lo que ya he apuntado, en realidad a muy pocas de las
cosas que se presentan.

Por Izquierda Unida --y siento que su representante no esté en estos
momentos presente--, se actúa con planes. Es sabido que se han creado
para cada una de las actuaciones planes puente, y en otras se está
hablando de planes. El está mencionando, cuando habla del plan de
salvamento marítimo, un plan que existe prácticamente en todas las
secciones del Ministerio de Obras Públicas, planificación, y él en muchos
momentos está haciendo alusión a estos planes.

No se puede hablar de que no se consideran en las obras situaciones
medioambientales, cuando es preceptivo que toda obra lleve una
declaración de impacto ambiental y las formas de corrección, hasta tal
punto que tenemos obras de mucha importancia que, por esta causa, en
estos momentos están en expectativa, en espera, o muchas de ellas no han
podido ni licitarse. Por tanto, no es cierto. Y eso de que parta del
propio Ministerio de Obras Públicas y por eso haya que desconfiar de las
declaraciones de impacto ambiental yo creo que hace un flaco servicio a
los técnicos que están encargados, que parece que se les debe presuponer,
por lo menos de entrada, objetividad y conocimiento en sus informes, y no
estar continuamente haciendo planear la duda y la sospecha de que, porque
salen del Ministerio, por eso no tienen que ser objetivos. Se habla de
las carreteras frente al ferrocarril y se dice que en carreteras se
continúa invirtiendo mucho y en ferrocarriles poco. Yo creo que no ha
habido una lectura detenida de cómo son los presupuestos de la sección 17
de este año, puesto que en carreteras se baja respecto al año anterior y
en la inversión de ferrocarriles se sube un 14,7. Esta es la subida más
alta que ha tenido en los últimos años el ferrocarril y, además, es la
subida más alta de todos los organismos que dependen del Ministerio de
Obras Públicas. Por tanto, no creo que pueda decirse que en carreteras y
ferrocarriles en este momento el Ministerio está apostando
fundamentalmente por ferrocarriles. Lo único que pasa es que hay muchas
más carreteras, 20.000 kilómetros, que estamos metidos en un plan de
autovías y que hay que seguir financiando las obras que en este momento
están en marcha y las nuevas, ya que hay que completar la red estatal de
autovías, que es un compromiso del Gobierno, con una planificación hecha
en su momento.

Lo mismo podría decirle de otras muchas cosas. Su señoría nos ha dado una
relación de enmiendas presentadas. Lo único que puedo decirle en la
globalidad de las enmiendas, aparte de que, como decía anteriormente, la
mayor parte de ellas no tienen proyecto, es que muchas de ellas están ya
incluidas y otras están metidas en plan con otra denominación. Por tanto,
yo le agradecería al representante de Izquierda Unida que las lea
despacio, porque también ha incluido alrededor de 15 enmiendas en las que
aparecen cuantificaciones de uno, dos, tres millones de pesetas para
resolver problemas de autovías. Yo entiendo que debe de haber habido
algún error, porque en un conjunto de unas 12 enmiendas hay una inversión
completa pedida al Gobierno de unos 18 millones de pesetas que intenta
arreglar autovías, carreteras y hasta ferrocarriles. Por eso entiendo que
debe haber errores, como ocurre con muchas bajas de la sección 31, que
sería bueno, según nos manda el Reglamento, que correspondan a otras
partidas dentro de la propia sección 17.

Al Partido Nacionalista Vasco le voy a contestar no en el orden en el que
me ha dado sus enmiendas, sino en el que yo tengo en función de los
propios programas.

La enmienda 339, que corresponde al programa 513.A, que pide pasos a
nivel en la Comunidad navarra, quiero decirle que esto está incluido en
los presupuestos presentes. Que lo mire despacio, porque figuran
incluidos los pasos a nivel de la Comunidad de Navarra cada uno en su
sitio. Se espera que con esta planificación prácticamente no quede ningún
paso a nivel, no sé si quedará alguno en alguna carretera secundaria,
pero en las carreteras principales y en algunas de la propia Comunidad
con convenio se harán. Por tanto, esto está incluido ya.

La enmienda 340, del programa 513 B, se refiere a la urbanización del
camino de la Galea, en Guecho (Vizcaya). Están incluidas las obras de
rehabilitación del borde marítimo de Vizcaya, siempre que los terrenos
estén disponibles. El único problema que existe es el de expropiación del
propio Ayuntamiento para que las obras puedan ser realizadas. Por tanto,
es un problema de expropiación de suelo.




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La enmienda 335, del programa 513. A, se refiere a la línea II del
Metropolitano de Bilbao, con dotación de 1.000 millones de pesetas. Yo
creo que lo ha dicho usted muy bien; primeramente hay que hacer el
convenio; es decir, para que tenga dotación tendría que hacerse el
convenio a tres bandas y, después del convenio a tres bandas, tendría que
hacerse el proyecto para ver la cuantificación. Mientras tanto, estoy
convencido que el convenio, ojalá, pueda ser terminado y firmado en el
año 1995 para luego hacer el proyecto, pero es imposible en estos
momentos que podemos incluir ninguna inversión.

Respecto a la enmienda 336, que se refiere a la autopista Urbina-Malzaga,
con 2.000 millones, el digo lo mismo. Esto necesitaría, además,
información pública, proyecto de trazado y proyecto de obra. Es
prácticamente imposible en el año poder adelantar ningún tipo de
inversión.

Las enmiendas 334 y 338, programa 514A, seguridad de tráfico marítimo y
navegación costera, no podemos asumirlas, no por lo positivo, sino por lo
negativo. Es decir, nos quita y se lleva los 1.349 millones y los 500
millones de un crédito de 7.340 millones de pesetas de la Sociedad
Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, que a todas luces la deja sin
posibilidad de poder ejercitar sus programas, y no sería, parece, bueno
vestir a un santo desnudando a otro. Por tanto, esas bajas nos
imposibilitan poder entrar en el estudio afirmativo de esta enmienda.

La 337, al programa 514, que nos habla de financiación convenio
Comunidades Autónomas, sabe que se financian estos convenios a través del
capítulo 6, Dirección General de Costas. Por tanto, esa denominación
genérica no nos serviría para poder aplicarla en ningún concepto concreto
que nos permitiera inversión.

Respecto a Coalición Canaria, cuyo portavoz se ha marchado, no podemos
entrar en lo del transporte aéreo de mercancías privadas, que es igual a
la que nos presentaba el Partido Popular, que estudiaremos, aunque no
sabemos las posibilidades de éxito; no lo de viajeros, porque eso es una
partida realmente abierta, porque es una financiación parcial del
billetaje y se pone la cuantía en función de la experiencia de otros
años, pero, si fuera más, esa cuantía sería mayor. Por tanto, es absurdo
bloquear una cantidad mayor teniendo en cuenta que el resultado final va
a ser el mismo. En consecuencia, ésa de ninguna de las maneras se
movería, sino que estaría en la cantidad que figura, que es la que la
experiencia del propio billetaje de otros años nos está dando y que es la
que posiblemente se acercará al final de 1995.

En la enmienda 452 existe un convenio con fecha 30 de abril de 1994,
firmado en Santa Cruz de Tenerife, que recoge los compromisos del MOPTMA,
en la que presentaba infraestructuras en áreas turísticas por mil
millones de pesetas. Por tanto, no sería necesario decir nada, sino que
está en convenio.

En la enmienda 453 de este mismo Grupo, efectivamente hay situaciones en
el PID y afectan a las playas de Teresitas --cada una con su problema--,
Candelaria, La Barranqueta, el Barranco de Troya y los Llanos de Aridane,
cada una con un problema; una con explotaciones de terrenos, otra porque
necesita un convenio urbanístico, en este último con el ayuntamiento, y
otros porque están en marcha. La realidad es que en estos momentos sus
enmiendas están siendo atendidas.

Respecto a Unión Valenciana, no sé si por atención o porque es la última,
nos podremos permitir algún lujo de ir avanzando despacio. Yo creo que
Unión Valenciana nos presenta con frecuencia --y en este caso yo creo que
se da mucho-- situaciones de enmiendas que tienen una cierta tradición y
que siguen incorporándose, a pesar de que algunas de ellas ya están
inauguradas, como una que lo fue el año 1993.

Simplemente, por programas le diría que, por ejemplo, del programa 431A,
la 84 está incluida con un crédito de 784 millones, superior al que usted
propone. O sea que su enmienda, que parece que va al alza, tendríamos que
bajarla para acoplarnos a la misma si fuera aceptada, con lo cual nos
ahorraríamos cuatrocientos y pico millones de pesetas.

Le diría lo mismo en los que me habla usted de saneamiento y calidad del
agua. Yo creo que todo este tipo de enmiendas que nos presenta debieran
venir contrastadas con un convenio, porque usted sabe perfectamente que
para actuar en muchos de los sitios, desde la Albufera hasta Petrel, la
Marina Baja o Vegalopop, harían falta convenios con las respectivas
autonomías, en un caso, o con autonomía y ayuntamiento, en otro, porque
de otra manera sería difícil, como ya he dicho en otros momentos, la
realización de inversiones.

En la enmienda 86, lo mismo. Existe una dotación superior a la
solicitada, y le diría que en obras hidráulicas existen bastantes de
ellas; la enmienda 161 y la 180, que tienen actuaciones previstas ya con
dotaciones, pero no figuran actuaciones específicas en las dotaciones que
usted pone.

Concretamente, en la 163 solamente es posible la subida de un aliviadero
en embalse, y la cantidad que se necesita para esta actuación es bastante
menor. Por tanto, no podríamos movernos en una cantidad mayor, puesto que
no existe donde actuar. Así en buena parte de ellas, en las que yo se lo
diría, si quiere, más despacio, por no cansar y que no aparezcan en el
acta un montón de actuaciones. Le diría, por ejemplo, que están incluidas
en la E-5 la variante de safor; que está incluida la que usted pide como
variante de Gandía-Oliva, que figura en ese mismo proyecto. La variante
de Buñol se encuentra en el tramo de la autovía Requena, que está en
servicio, o si no se refiere usted a otra carretera de las que dan a
Buñol y que debe ser de competencia autonómica, porque el Estado no tiene
otra que pase por Buñol, con lo cual debería dirigirse a la respectiva
comunidad autónoma.

La autopista Madrid-Valencia no se contempla en el Plan Director de
Infraestructuras. Si ya va a haber una autovía con todo lo que está
costando, si además tenemos que hacer el estudio de una autopista, que me
imagino que tendría que tener un trazado similar, parece mucho. En estos
momentos la autovía está en la autopista. (El señor Chiquillo Barber: Yo
pido un estudio.) Es que un estudio en una autovía que ya tiene origen
Madrid, destino Valencia,



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o viceversa y que va a ser autovía, con lo que está costando el esfuerzo,
no vamos a meter una autopista a la vez. No sé si es que vamos a hacer la
paralela y fija, una parando y otra no. Me imagino que el Estado no va a
adjudicar nunca una autopista de ese calibre a simple vista.

De lo que sí estoy convencido, y hay que reconocerlo, es de la gran
preocupación que en estos momentos demuestra el representante de Unión
Valenciana por su conocimiento del territorio, como no podía ser de otra
manera, y porque presenta 125 enmiendas, que aunque muchas de ellas están
en ejercicio en estos momentos, otras contratadas, otras en marcha, otras
en proceso de contratación y otras ya incluidas, se las podría dar cuando
quiera. Agradecemos la preocupación que tiene por su región, como no
podía ser de otra manera, y que, no obstante, nos hemos preocupado, como
creo que ha quedado claro en estos momentos, de estudiar todas y cada una
de sus intervenciones.

Creo que no hay nada más. Las demás han sido defendidas en sus justos
términos. Agradecer la paciencia a los que quedan y de una manera muy
especial a los funcionarios. Y no sé si decir, muchas gracias, señor
Presidente, o buenas noches.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Para una réplica breve, tiene la
palabra el señor Posada, por parte del Grupo Popular. Pero, antes de que
se me olvide, sí quisiera decir que, con objeto de que queden en el
«Diario de Sesiones» con precisión los nombres de determinadas
poblaciones del Archipiélago canario, le rogaría que los compulsase con
su compañero Néstor Padrón, para que no fuese objeto de protesta o
pareciese que había un desconocimiento o ignorancia acerca del asunto.

Siempre me han gustado las precisiones de tipo geográfico y cultural, en
general.

Tiene la palabra el señor Posada.




El señor JEREZ COLINO: Muchas gracias, señor Presidente.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Perdón, pero es al señor Jerez, a
quien doy la palabra, ya que se ha adelantado. Le ruego que tenga un poco
de paciencia, señor Posada.




El señor JEREZ COLINO: Es aridane.




El señor VICEPRESIDENTE (García Ronda): Muchas gracias. Para cualquier
cosa que haya en ese sentido, se pone en contacto con el redactor de
turno y así lo hacen con precisión.

Tiene la palabra el señor Posada.




El señor POSADA MORENO: Muy brevemente. Quiero, en primer lugar,
agradecer al señor Jerez su intervención con respecto a la mía y el
estudio de esas enmiendas que se ha ofrecido a ver a fondo para ver en
qué forma se pueden aceptar. Enmiendas de baja, todas ellas juntas. Yo le
diría al señor Jerez que en el año 1991, cuando se discutía el
presupuesto de 1992, que no estábamos aquí ni él ni yo, estoy seguro que
el portavoz del Grupo Popular presentó una serie de recortes al Capítulo
II y estoy seguro también de que el portavoz del Grupo Socialista dijo
que, si aceptaban esos recortes, sería imposible que el Ministerio
funcionara. Al cabo de tres años resulta que los 16.000 millones del
Capítulo II del año 1992 han pasado a once mil y pico millones en 1995.

Luego sí se podían hacer recortes.

¿Qué es lo que yo digo en todas estas bajas? No pienso que todas ellas
deban aceptarse simultáneamente, yo mismo no lo propondría, pero no es
bueno que se descarten estas enmiendas, consideradas todas, como ha dicho
el señor Jerez, de manguito y que, por ser de ese tipo, no se miren. Creo
que hay que mirar porque algunas de ellas podrían aplicarse.

Las enmiendas de alza son las que tienen para nosotros importancia,
porque es donde marcamos nuestra política como Grupo. Por ejemplo, en
carreteras sí tenemos en cuenta la tramitación de la obra pública. Por
eso proponemos adelantar obras que están ya muy avanzadas, cuyas últimas
consignaciones están en el año 1996 y, por tanto, si las empresas
constructoras recibieran ese dinero antes, desde luego las podría llevar
a cabo en muchos casos. No en todos, porque en alguno puede haber
dificultades, ya lo sé, pero es imposible conocerlo desde la oposición
exactamente; es el Gobierno el que lo conoce.

Para terminar, yo creo que sí debía estudiar las enmiendas dirigidas a
minusválidos, quizá no con la magnitud con que nosotros las planteamos,
pero yo creo que en estos momentos existe un deseo social y de alguna
forma podrían incorporarse por lo menos como un inicio hacia el futuro.

Finalmente --y con esto termino--, me gustaría que reflexionaran sobre la
enmienda 1.261, transferencias de capital a corporaciones locales para el
plan de residuos industriales, para el plan de residuos sólidos urbanos.

En la Comisión de Infraestructura y Medio Ambiente aprobamos una
proposición no de ley de este tipo. Coincidíamos en lo importante que era
motivar a las corporaciones locales para aceptar estos establecimientos.

Ponemos 1.000 millones --quizá es una cantidad excesiva--, pero yo creo
que conviene por lo menos estudiar a fondo cómo podría tratarse esa
enmienda.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): El señor Chiquillo tiene la
palabra, también con brevedad.




El señor CHIQUILLO BARBER: Quiero agradecerle que haya estudiado con
detenimiento las 125 enmiendas. Repetiré el argumento de que los
valencianos tenemos sed de justicia en inversiones porque pensamos que no
estamos considerados de la manera que deberíamos y el ruego de que de las
125 enmiendas podamos llegar a un entendimiento en alguna de aquí al día
21 de noviembre. Puede ser vía transaccional que ustedes presenten con
algún recorte sobre alguna de mis cantidades --son tantas, y teniendo en
cuenta el tiempo que he tenido para estudiar toda la sección, que ha
podido haber error, porque a veces se te escapa algo.




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Me gustaría que mirara con especial celo la referencia a la regeneración
y mejora forestal, la número 55, reforestación de las zonas quemadas de
la comunidad valenciana. Están actuando ayuntamientos y la Generalitat y
sería interesante que el Gobierno central se sensibilizara del grave
problema que afecta a la Comunidad Valenciana como consecuencia de los
incendios forestales, aunque no se contemplara la cantidad que pedimos en
la enmienda nosotros.

La enmienda 177, relativa a un plan de modernización de los regadíos
históricos de la Comunidad Valenciana, contiene un estudio que en el
propio Ministerio de Obras Públicas se conoce. El señor Borrell es
conocedor y diversos directores del Departamento de Obras Públicas
conocen este plan de mejora de los regadíos históricos de la Comunidad
Valenciana. Los regantes del Júcar lo han puesto en conocimiento de la
Consellería de Obras Públicas de la Generalitat Valenciana y del
Ministerio de Obras Públicas para intentar entre todas las
Administraciones dar un impulso a este plan, que supondría una mejora en
el objetivo, en particular en el ahorro de agua, que es a lo que va
encaminado este proyecto, y constituir un beneficio para todos.




El señor VICEPRESIDENTE (Ortiz González): Si el señor Jerez lo estima
pertinente, tiene la palabra, también con brevedad.




El señor JEREZ COLINO: La verdad es que no sé si la rapidez en la
respuesta de las ciento noventa y tantas enmiendas ha dado la impresión
de que no estaban miradas. Le aseguro que sí, le puedo contestar a cada
una de ellas porque han sido estudiadas. Tengo constancia, con informes
de Ministerio, de todas ellas, una por una. Lo que pasa es que no merece
la pena, entiendo yo, pero si quiere se las puedo enseñar en cualquier
momento, no hay ningún problema. No niego --pudiera ser-- que esa rebaja
se debiera a todas estas peticiones. Yo creo que la fiebre del capítulo 2
es posterior a 1992. Yo creo que éste es el segundo año de la fiebre del
capítulo II. No sabemos lo que durará hasta que lleguemos a situación
cero, en cuyo caso esto será tremendo; no sé; pudiera se.

Yo creo que en casi todos los municipios y normativa general de
construcción existe la necesidad de hacer accesible a los minusválidos
cualquier tipo de edificación o de obra.

Por tanto, toda nueva obra debe llevar necesariamente una eliminación de
barrera arquitectónica por obligación y, por supuesto, también los
edificios públicos. Pero si hay alguna situación que haya que mirar en el
futuro, se intentará.

Sobre los 1.000 millones de corporaciones, le diré una cosa. Los planes
de residuos son complicadísimos. El lugar y el encuentro donde se tienen
que hacer los vertidos también. Las negociaciones, cuando tiene que
hacerse entre varios municipios en cooperación, es mucho mayor. Por lo
tanto, no habría problema ni entiendo que lo ha habido cuando un
municipio encuentra o un grupo de municipios tiene la posibilidad de
encontrar una situación de eliminación. Me parece que el Ministerio esta
normalmente receptivo a estas situaciones concretas. De manera genérica
no creo que esto deba ser legítimo.

Después, al señor Chiquillo le diré que está bien que siga la sed de
justicia; eso es bueno.

Sobre la reforestación yo le diría, y no se lo he contestado en la
respuesta general, yo le diría que depende del Ministerio de Agricultura,
en convenio con los ayuntamientos. Es decir, ese conjunto de enmiendas no
depende del Ministerio de Obras Públicas. Este Ministerio reforesta
únicamente las caídas grandes para evitar aterramientos en zonas de
embalses o en zonas determinadas de cauces de ríos, pero, como elemento
general, la reforestación la hace el Ministerio de Agricultura en
convenio con autonomías o ayuntamientos. Tendrían que ser reforestaciones
muy concretas, sobre todo para librar de aterramientos los embalses, no
para otra casa.

En los riegos históricos usted tiene partidas incluidas para lo que son
las acequias generales, las acequias globales fundamentales, no la red de
azarbes pequeña que ya entra dentro de otro tipo de temas; puede ser del
propio particular, del ayuntamiento, de la autonomía, pero el
ayuntamiento tiene partidas que, si se las mira usted, están destinadas
prácticamente para toda la cuenca del Júcar y sus afluentes. Hay partidas
para evitar las filtraciones de las zonas de regadío, sobre todo en los
canales principales que son competencia del Ministerio de Obras Públicas.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: Con esta intervención termina el debate sobre la
Sección 17, Obras públicas.

Mañana continuaremos, como ya ha quedado dicho en el debate de los
Presupuestos en comisión, con la Sección 18, Educación, a las nueve y
media de la mañana.

Muchas gracias a todos. Hasta mañana.

Se levanta la sesión.




Eran las doce y cuarenta y cinco minutos de la noche.