CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 1994 V Legislatura Núm. 334
CONSTITUCIONAL
PRESIDENTE: DON JOSE BARRIONUEVO PEÑA
Sesión núm. 12
celebrada el jueves, 27 de octubre de 1994



ORDEN DEL DIA:
Comparecencia del señor Ministro de la Presidencia (Pérez Rubalcaba),
para informar sobre las líneas generales de la política de su
Departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000077.)



Se abre la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.




El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras y señores Diputados.

Vamos a dar comienzo a la sesión de esta Comisión, con el único punto del
orden del día, que es la comparecencia, a petición propia, del Ministro
de la Presidencia para informar sobre las líneas generales de la política
de su Departamento.

Tiene la palabra, señor Ministro.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Señor Presidente,
señoras y señores Diputados, comparezco hoy ante esta Comisión con el
objeto de exponerles las líneas fundamentales de la acción que me
propongo desarrollar en el próximo período. Lo hago a petición

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propia, de igual manera que lo ha venido haciendo el conjunto de los
miembros del Gobierno en el inicio mismo de este período de sesiones.

Antes de abordar el contenido material de mi comparecencia, me permitirán
que les traslade y comparta con ustedes algunas reflexiones de carácter
general.

Acabo de señalar que mi comparecencia concluye prácticamente y cierra las
de mis compañeros de gabinete. Al empezar el nuevo año político, el
Gobierno ha querido retomar su actividad, intensificando el ritmo de
cumplimiento efectivo de las propuestas que contenía nuestra oferta
electoral de 1993, una oferta que mereció la confianza mayoritaria de los
españoles.

En la aplicación y puesta en marcha del programa del 6 de junio
pretendemos que se aproveche, colectivamente y en todos los órdenes, el
margen de mayor sosiego y la predisposición más positiva que se deriva de
la constatación, que ya nadie niega, de que hemos entrado en una fase
económica de crecimiento y de generación de empleo.

Entendemos como positivo para el conjunto de la sociedad la superación de
la crisis de expectativas que generó la aguda fase de recesión, que
--insisto-- conllevó un alto impacto de inseguridad colectiva y de
pesimismo social. Aspectos ambos que fueron incrementados por los efectos
de los casos de corrupción, que esta Cámara ha investigado y ante los que
el Parlamento y el Gobierno han reaccionado, dotándose de nuevos
instrumentos jurídicos y políticos para su prevención, persecución y
represión.

A juicio del Gobierno, la sociedad española está en condiciones de
iniciar una nueva etapa, remontando esa fase de pesimismo, una etapa
positiva, de mejora económica y social, de innovaciones y reformas, de
nuevas oportunidades, de nueva motivación política. Una nueva etapa para
fortalecer las garantías sólidas, duraderas y solidarias, de bienestar.

Esta apuesta global ha ido desgranándose sectorialmente ante esta Cámara
en las últimas semanas, en el conjunto de comparecencias que han fijado
prioridades y calendario temporal para el cumplimiento de nuestros
compromisos.

No quiero, sin embargo, dejar de subrayar que la voluntad del Gobierno ha
ido expresamente dirigida a obtener el máximo apoyo posible de esta
Cámara para el conjunto de estos objetivos, sabedor no sólo de que aquí
reside la legitimidad social en su conjunto, sino que de aquí se impulsa
y se motiva la acción de los protagonistas, interlocutores y agentes
sociales, de la que ha de derivarse la fortaleza y capacidad de nuestro
país para afrontar los retos crecientes del entorno internacionalizado en
que nos movemos.

Como miembro del Gobierno encargado de las relaciones con las Cortes, no
puedo sino mostrar mi satisfacción al hacer un balance de estas
comparecencias y expresar, como han hecho mis compañeros de gabinete, mi
agradecimiento por las aportaciones y también por las críticas de los
distintos grupos parlamentarios.

Hace aproximadamente un año, señor Presidente, señorías, comparecí ante
esta Comisión y diseñé las líneas generales, las orientaciones
fundamentales que me proponía seguir a lo largo de la legislatura y me
detuve igualmente en algunos proyectos concretos que pretendía abordar en
el conjunto temporal de la misma. Creo que ésta es una buena oportunidad
para establecer un balance, siquiera somero, de cómo hemos contribuido en
el período hasta ahora transcurrido al cumplimiento de los propósitos
entonces expresados.

Observarán sus señorías que he utilizado la expresión «hemos contribuido»
tratando de significar algo que ya subrayé entonces. No son las
necesidades de la aritmética parlamentaria, sino fundamentalmente los
contenidos de las políticas que en esta Comisión tratamos, los que
aconsejan siempre, y frecuentemente requieren, un alto grado de consenso
para las decisiones.

De ningún ámbito puede decirse con mayor propiedad que de éste que tales
decisiones son por necesidad -- y yo diría por fortuna-- altamente
compartidas.

Creo, por ello, que debemos compartir igualmente la satisfacción por
haber avanzado conjuntamente en la mayor configuración del Parlamento
como centro y eje fundamental de la vida política. Ha sido así por el
incremento de la iniciativa legislativa del Gobierno, por el incremento
todavía más notable de la iniciativa legislativa de las Cámaras, por la
multiplicación de sus actividades de impulso y control y también por la
capacidad de integración de sus propuestas en una amplia base de
consenso.

Desde que se inició la presente legislatura, el Gobierno ha aprobado y
remitido al Congreso 70 proyectos de ley, de los cuales 39 han concluido
ya su tramitación, 26 están en distinta fase en el Congreso y otros dos
en el Senado. Asimismo, el Gobierno ha aprobado 21 Reales Decretos-leyes,
los cuales han sido convalidados por esta Cámara y, de ellos, tres han
sido tramitados ya y uno está tramitándose como ley en estos momentos.

Previo mandato de las Cortes Generales, el Gobierno ha elaborado y
publicado tres Reales Decretos legislativos. Por tanto, estamos ante un
total de 94 normas con rango de ley, que tienen su origen en la
iniciativa legislativa del Gobierno. Una cifra de la que sólo cabe
desprender el juicio de que el Gobierno ha desplegado en esta legislatura
una intensa actividad que se compara muy favorablemente con períodos
homogéneos de anteriores legislaturas.

Con origen en las Asambleas de las comunidades autónomas inician y
concluyeron su tramitación 3 proposiciones de ley, convertidas ya hoy en
leyes orgánicas de reforma de los correspondientes Estatutos de
Autonomía, así como la modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias.

En lo que se refiere a la iniciativa de las propias Cámaras, se han
tomado en consideración al día de hoy 19 proposiciones de ley, de ellas
15 por el Congreso y 4 por el Senado. En la mayor parte de los casos
contaron con un altísimo nivel de consenso.

Si nos referimos a las proposiciones no de ley en esta Cámara y a las
mociones en el Senado, entre ambas figuras se han debatido un total de
289, de ellas 239 en el Congreso, tanto en Pleno como en Comisiones, y 50
en el Senado. Han resultado aprobados 159, de las cuales 123 lo han sido
en la Cámara en la que hoy nos encontramos.




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Quisiera atraer la atención de SS. SS. sobre el hecho del alto grado de
iniciativas procedentes de otros Grupos parlamentarios distintos del
Socialista, que han merecido y contado con el apoyo mayoritario de la
Cámara. Si agrupamos las proposiciones de ley en el Congreso y en el
Senado, las proposiciones no de ley en el Congreso, las mociones urgentes
en el Congreso y las mociones en el Senado, han encontrado apoyo un
conjunto de 173 iniciativas, de las cuales 76 procedían del Grupo
Popular, 37 del Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, 32 del
Grupo Catalán (Convergència i Unió), 15 del Grupo Vasco (PNV), 9 de
Coalición Canaria y 4 del Grupo Mixto.

Todo cuanto acabo de referirles mide y subraya, lógicamente, la mayor y
creciente incorporación de los distintos Grupos, de todos ellos, a la
elaboración de normas, pero también al diseño de políticas y a la
formulación de decisiones públicas.

No quisiera cansar ahora a sus SS. SS. con una descripción pormenorizada
de las distintas figuras de control, pero convendrán conmigo en que la
mayor parte de ellas se han doblado, triplicado e incluso multiplicado
por un factor superior en relación con anteriores legislaturas. Sólo les
aportaré el dato de que entre las dos Cámaras han sido formuladas al
Gobierno, en el poco más de un año que llevamos transcurrido, un total de
14.570 preguntas escritas y solicitudes de informe. Si extraigo un
balance y un juicio de estos datos, éste no puede ser otro que el de
constatar una creciente actividad normativa tanto del Gobierno como de
las Cámaras, una multiplicación de la labor de control al Gobierno, una
mayor capacidad de prosperar para las iniciativas propias de las Cámaras.

En definitiva, más vida política en el Parlamento, mayor diálogo, más
consenso, mayor participación compartida en las decisiones públicas.

A ese sesgo positivo de la actividad parlamentaria han venido a añadirse,
al inicio del actual período de sesiones, las comparecencias semanales
del Presidente del Gobierno para someterse a preguntas en el Pleno
durante las sesiones de control. Se trata de una figura sobre la que
habíamos manifestado el deseo de que se regulara de acuerdo con unas
pautas comúnmente aceptadas, bien por la vía reglamentaria o por
cualquier otra forma de normas o acuerdos en la Cámara. Al no avanzar en
ese sentido, el Presidente del Gobierno ha decidido adelantar esas
comparecencias y llevarlas a cabo en el marco de la actual regulación.

Además del incremento de su iniciativa y de la intensificación de su
función de control, el Parlamento ha visto, o está en trámite de ver,
sustancialmente ampliadas sus facultades y capacidades fiscalizadoras en
muy diversos ámbitos, a los que me referiré brevemente a continuación.

A propuesta del Grupo Socialista y como consecuencia del debate sobre el
Estado de la nación, esta Cámara instó a que se abordasen las
modificaciones normativas necesarias para un mejor acceso a determinada
información por las comisiones parlamentarias de investigación. El
Gobierno abordó estas modificaciones en el Real Decreto-ley 5/1994, de 29
de abril, que fue convalidado por unanimidad el 19 del pasado mes de
mayo. Esta citada norma permite que la Administración Tributaria
facilite, respecto de los altos cargos en las administraciones públicas o
en organismos y empresas de ellas dependientes, y cuando lo soliciten las
Comisiones de investigación, el acceso a datos de carácter fiscal y a los
de entidades financieras, tanto del sector bancario como asegurador
bursátil, en los mismos supuestos que los establecidos por la Agencia
Tributaria.

El Gobierno ha aprobado igualmente en su reunión del pasado día 14 un
proyecto de ley reguladora de los gastos reservados, cuya tramitación
está iniciándose en esta Cámara. Dicho proyecto circunscribe tales gastos
a los que sean necesarios para la defensa y seguridad del Estado y
establece una particular vinculación presupuestaria entre los créditos y
los gastos así calificados. En lo que respecta a la mayor capacidad de la
Cámara, contempla el control parlamentario de una Comisión presidida por
su Presidente y compuesta por los Diputados que tienen acceso a los
secretos oficiales. Ante esta Comisión comparecerán semestralmente los
Ministros que cuentan con este tipo de gastos con el objeto de informar
sobre la aplicación y el uso de los mismos.

Quería referirme, por último en este ámbito, al proyecto de ley de
Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y de los
altos cargos de la Administración Central del Estado, que el Gobierno
acaba, asimismo, de aprobar. El citado proyecto perfecciona el control a
través de Registro de bienes y derechos Patrimoniales, al que podrán
acceder las Cortes Generales más allá de su carácter reservado, y fija la
obligación para los altos cargos de presentar, asimismo, copias de sus
declaraciones de Renta y Patrimonio y establece fórmulas de participación
parlamentaria en todo el proceso.

Estamos por tanto, señor Presidente, señorías, ante un conjunto de normas
que incrementa las facultades de fiscalización y de control de la Cámara
y ello se enmarca en la línea en que me vengo refiriendo de ampliación de
la función parlamentaria. Señalaré, finalmente, que se ha procedido, con
el acuerdo de los distintos grupos, a la reforma de Reglamento del Senado
y a la creación de la Comisión General de Comunidades Autónomas.

La Comisión ha desarrollado una intensa labor desde su entrada en
funcionamiento al inicio del anterior período de sesiones. Pero, sin
duda, su balance se realza con la celebración del debate sobre el Estado
de las autonomías. No es exagerado afirmar que dicho debate ha
significado un punto de inflexión cualitativa en el desarrollo del Estado
de las Autonomías.

Ha subrayado la contribución del Senado como Cámara territorial, al
desarrollar en la práctica y al mayor nivel simbólico, las
potencialidades que contiene su reforma reglamentaria. Ha propiciado la
reflexión conjunta del Gobierno de la nación, de los Gobiernos de las
comunidades autónomas y de los grupos políticos y parlamentarios sobre el
balance del camino recorrido desde 1978, sobre las grandes cuestiones que
ahora ocupan el desarrollo autonómico y sobre las orientaciones y
cambios, incluida la propia reforma del Senado, que merecen ser
reflexionados, madurados e introducidos de cara al futuro.

El debate ha conducido a constatar, con gran nitidez, la existencia de
una España plural, integrada en nuestra fórmula



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constitucional de manera altamente satisfactoria. Ha permitido que se
exprese de manera inequívoca y general la voluntad de lealtad a esa
España plural y solidaria.

El Gobierno, como ya tuvo ocasión de expresar el Presidente en esta misma
Cámara, comparte con la inmensa mayoría de los grupos políticos la
satisfacción por el resultado del debate. Se ha conseguido un amplio
acuerdo sobre la virtualidad del Estado autonómico. Y dentro de las
resoluciones ha habido acuerdos sobre la eventual reforma de la
Constitución para potenciar el Senado y su representación territorial,
así como el estudio de la financiación de las comunidades autónomas.

Todo ello refleja, señor Presidente, señorías, un espíritu importante de
cooperación que pone de manifiesto que la Constitución sirve, y sirve
bien, a la convivencia entre todos los españoles.

Finalizando ya este apartado de mi intervención, si la revitalización del
Parlamento como eje fundamental de la vida política era un objetivo
esencial que entre todos nos planteábamos hace un año, convendrán conmigo
sus señorías que entre todos hemos dado no pocos pasos y no poco
significativos en esa dirección. Se trata, por tanto, de un balance del
que --creo-- todos podemos sentirnos algo más que razonablemente
satisfechos.

Abordaré ahora algunas otras cuestiones sobre las que hemos sido capaces
de trabajar durante este período con un altísimo grado de consenso, como
el que alcanzó la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General.

Como recuerdan perfectamente SS. SS., dicha modificación tenía dos
objetivos fundamentales. El primero de ellos respondía al compromiso que
suponía la entrada en vigor del Tratado de la Unión, que obligaba a
nuestra legislación electoral a incorporar la garantía de que todo
ciudadano de la misma que resida en un Estado miembro del que no sea
nacional tendría derecho a ser elector y elegible en las elecciones al
Parlamento Europeo. La modificación efectuada reconoció así el derecho de
sufragio activo y pasivo de todos los ciudadanos europeos en dichas
elecciones.

Pero, además, el Gobierno, cumpliendo explícitamente uno de los
compromisos electorales que el Partido Socialista había asumido el 6 de
junio de 1993, propició la presentación, junto a ese mismo proyecto de
ley, de una serie de medidas encaminadas a reducir los gastos electorales
y a garantizar el mecanismo de control de dichos gastos. Tales objetivos
fueron compartidos con los grupos parlamentarios, que enriquecieron el
proyecto y permitieron un consenso general en torno a la ley.

Se aprobó, pues, un conjunto de normas dirigidas a minorar directa o
indirectamente los costes de las campañas electorales, con la reducción
del límite máximo de los gastos que pueden efectuar las formaciones y
grupos políticos que participan en cada elección y con la modificación
del sistema de subvenciones aplicables a las elecciones generales.

Al mismo tiempo, se realizaba una mejor ordenación de la publicidad
institucional a través de espacios gratuitos en los medios de
comunicación social de titularidad pública y se limitaban los gastos en
publicidad exterior, prensa periódica y emisoras de radio de titularidad
privada.

Esa reforma se encaminó en una dirección, en la que debemos continuar con
mayor ambición, la de conformar una democracia austera y sobria. Una
democracia próxima, capaz de suscitar la participación en donde ahora se
instala con demasiada frecuencia la desafección y la lejanía.

Quisiera a continuación, señor Presidente, señorías, consumir un breve
espacio de tiempo para realizar un somero balance sobre otras actividades
y competencias igualmente importantes de mi Departamento durante el año
político transcurrido.

Como conocen perfectamente SS. SS., y de modo especial aquellos que
colaboran con cierta frecuencia con las actividades del Centro de
Estudios Constitucionales, esta institución ha seguido progresando en su
ya consolidada trayectoria de aliento a la reflexión política, con rigor
académico y con atención a los problemas de relevancia, sobre los que
ofrece una aportación intelectual de indudable valor para todos.

Más allá de sus habituales actividades, tales como la organización del
diploma de especialización en Ciencia Política y Derecho Constitucional,
los seminarios y conferencias en los que participaron eminentes
profesores, juristas y políticos y que contribuyeron a la transmisión y
divulgación de los temas más importantes de contenido
político-institucional, la actividad editorial, concretada en la
publicación de más de 30 monografías, etcétera --y no quisiera detenerme
en este aspecto--, han contribuido sin duda a la extensión del debate
político.

Señalé en mi anterior comparecencia que tenía el propósito de propiciar y
canalizar, a través del Cesco, un permanente debate teórico sobre la
profundización de nuestra democracia y sobre las mejoras a introducir en
el funcionamiento de nuestras instituciones. El Centro ha organizado, y
está en proceso de edición de las distintas aportaciones, un conjunto de
encuentros monográficos dedicados a temas tan relevantes como la
financiación de partidos políticos, las perspectivas del régimen
electoral, de su reforma, la cláusula de conciencia y el secreto
profesional de los periodistas o los instrumentos de información de las
asambleas parlamentarias. Cada una de estas cuestiones se encuentra en el
corazón mismo de nuestro sistema parlamentario, basado en la
participación política a través de los partidos, configurado como un
régimen de opinión pública.

Permítanme, en todo caso, destacar de entre ellas el seminario que centró
su estudio en las posibilidades de reforma del Senado, en tanto que
Cámara territorial, por su especial contribución al debate que
recientemente hemos tenido en el mismo y al que antes me he referido con
alguna amplitud --que reitero-- y que ha merecido una valoración tan
positiva de los grupos políticos y de la opinión pública en general.

Haré a continuación un breve balance sobre el funcionamiento del Centro
de Investigaciones Sociológicas. En mi anterior comparecencia tuve
ocasión de referirme a los principios que orientan y organizan las
actividades del



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Centro. Estas no son otras que la realización de estudios que contribuyan
al conocimiento científico de la realidad social española, entre los
cuales los de carácter electoral y político son relevantes, pero
constituyen un porcentaje menor. Aquellos principios no son otros que el
de asegurar la igualdad de acceso a tales estudios, conforme a la
objetividad y al respeto al secreto estadístico y a las normas sobre
protección de datos de carácter personal. La Orden de 31 de marzo de 1993
reguló las bases específicas del procedimiento administrativo para el
acceso a la citada información, lo que no mermó la plena disponibilidad
del Gobierno, expresado por mí en aquella ocasión, de estudiar cualquier
iniciativa que tuviera por objeto asegurar esa regulación a otro nivel
normativo.

Esa predisposición fue puesta de manifiesto a la hora de tomar en
consideración la proposición de ley del Grupo Popular de organización del
CIS que, votada el pasado mes de febrero en el Senado, alcanzó un apoyo
unánime de los grupos. Al iniciar su trámite en esta Cámara, no se
presentó ninguna enmienda a la totalidad, habiéndose cerrado ya los
plazos de enmiendas parciales y estando pendiente del informe de la
Ponencia de esta Comisión Constitucional. Dicha proposición suscribe
básicamente el contenido del Real Decreto que actualmente regula el
organismo, pero eleva el mismo a rango legal y añade a su contenido
material, entre otras cosas, la remisión anual al Parlamento de una
memoria de actividades y la obligación de informar periódicamente a las
Cortes de los trabajos en proyecto, en curso y ya finalizados.

En relación con la situación actual del Centro, quisiera llamar la
atención sobre el esfuerzo de modernización que está llevando a cabo
desde 1992, año en el que se aprobó el plan de desarrollo del sistema
informático del CIS, el cual en la actualidad se encuentra prácticamente
ejecutado en su totalidad, y entre cuyos logros se cuentan la
informatización de la tabulación y explotación autónoma de los datos de
encuestas, la informatización completa del banco de datos y la del fondo
bibliográfico de su biblioteca.

Asimismo, por lo que hace al ejercicio del derecho de acceso al banco de
datos del CIS, hay que destacar que se ha informatizado el registro de
peticiones y que se continúa registrando una sensible tendencia, por un
lado, al incremento del número de peticiones y, por otro, a la
complejidad de las mismas. Por citar a SS. SS. una sola cifra expresiva,
les señalaré que en los meses transcurridos de este año se han atendido
tantas solicitudes como las que recibieron atención durante 1993 que, a
su vez, habían supuesto un notable incremento respecto al año anterior.

El número de investigaciones realizadas durante el mismo período supone
un total de 40 estudios y casi 80.000 entrevistas de encuesta.

Esta actividad investigadora del Centro ha tenido por objeto, como es
habitual, el conocimiento de facetas muy diversas de la sociedad
española, entre las cuales las investigaciones de carácter político
constituyen sólo una parte reducida. Así, a título de ejemplo, entre las
cuestiones tratadas por el CIS este año cabe mencionar las siguientes:
consumo de drogas, tabaco y alcohol, el sentimiento europeísta de los
españoles, la imagen de las Fuerzas Armadas y la objeción de conciencia,
los valores sociales y la dinámica intergeneracional de cambio
axiológico, los servicios públicos y la fiscalidad, la familia y los
cambiantes roles sociales, entre otros.

Quiero detenerme brevemente --sin merma por ello de su importancia-- en
la política informativa del Gobierno sobre la que me comprometí ante SS.

SS. a dar un nuevo impulso, enfatizando la transparencia y el rigor que
pretendía imprimir en ella, haciéndolo con criterios de profesionalidad y
austeridad y ajustada, en todo caso, a los recursos disponibles. Para
alcanzar esos objetivos, se desarrollaron una serie de actuaciones que,
en aras de la brevedad, no considero necesario detallar en este momento.

Sí quisiera resaltar la disponibilidad total que creo que mi Departamento
ha demostrado durante este año hacia los medios de comunicación social,
tanto escritos como audiovisuales. En lo que a mí respecta, he tratado de
hacerlo siempre con el respeto al papel fundamental que cumplen en
nuestra democracia, procurando atender siempre a su pluralidad desde los
criterios de objetividad e imparcialidad.

Señor Presidente, señorías, me permitirán que haga ahora algunas
referencias al proceso de cobertura de las vacantes en distintos órganos
institucionales. Señalé en mi comparecencia anterior que ése era un
objetivo que teníamos inmediatamente ante nosotros. Confieso que confié
en que estábamos ante un proyecto de rápida conclusión. Es obvio que no
ha sido así, pero, por fortuna, pudimos alcanzar un acuerdo satisfactorio
en el día de ayer.

Señalaré, en tono relajado, que me he referido a la fortuna, pero bien
saben SS. SS. con más propiedad que yo que la fortuna también cuenta en
la escena política y que no hay sino que retrotraerse a Maquiavelo para
señalar que la fortuna condensa la capacidad del gobernante para
orientarse en el sentido del desarrollo de la historia.

Señorías, en este caso, gobernantes somos todos los grupos y no es sólo
la fortuna, sino las muchas horas de trabajo, el tesón, la mutua
predisposición a entender los diversos argumentos, lo que nos ha
permitido obtener un acuerdo tan complejo.

Sí es cierto que las conversaciones se han prolongado en demasía, y no
voy a negar que han tenido elementos sobre los que debemos y podemos ser
francamente críticos; no lo es menos que hay múltiples aspectos positivos
en todo el proceso y en el resultado final. Subrayaré los más relevantes.

El acuerdo incorpora a todos los grupos parlamentarios de la Cámara, y al
Senado en la vertiente que le afecta. Los candidatos han adquirido tal
condición a partir de sus propios perfiles profesionales y personales y
de su idoneidad para ser aceptados como tales por las distintas fuerzas,
más allá del origen de cada una de las propuestas. Los miembros de los
distintos órganos lo serán finalmente de toda la representación popular y
estarán avalados por la legitimación conjunta de la misma.

Hemos sido, por tanto, escrupulosamente fieles a las características de
la negociación que entonces diseñamos, por lo que no podemos sino
sentirnos conjuntamente satisfechos.




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Ahora bien, me parece más relevante atender a lo que tenemos por delante
que detenernos en lo que ya hemos dejado atrás. Durante este período
hemos asistido seguramente a un inadecuado reduccionismo que ha
identificado no pocas veces el impulso democrático con la provisión de
las vacantes.

Es obvio que ello no es así. Lo que algunos denominamos impulso
democrático, otros revitalización institucional o regeneración, afecta a
un conjunto de reformas de indudable trascendencia en el ámbito de los
órganos, de la conformación de la opinión pública, de los procesos de
expresión de la voluntad popular, de la actividad de las organizaciones
políticas y de los valores que orientan y justifican la acción política.

Sobre todo ello hay que avanzar con consenso y para ello, sin duda, se
precisa el diálogo.

Creo que estamos en el momento apropiado para afrontar, también aquí, una
nueva etapa. Una etapa de cambios normativos, pero, sobre todo, una nueva
etapa en los instrumentos para fomentar la participación ciudadana en la
vida de las organizaciones partidarias y en el ejercicio del control
interno y externo de las mismas, tanto más para aquellas cuestiones sobre
las que existe soporte y ayuda pública. Desarrollaré más adelante los
contenidos de los cambios que, en este sentido, me propongo impulsar
desde el Ministerio de la Presidencia.

He realizado hasta el momento un balance tal vez más largo de lo que era
mi inicial intención, pero que creo justificado por el intenso y
cualificado trabajo que conjuntamente hemos llevado a cabo durante los
dos primeros períodos de sesiones de esta Legislatura.

Quisiera centrar a continuación mi intervención en las líneas
fundamentales de las acciones que me propongo realizar en el período
político que tenemos por delante. No es pequeño el camino recorrido,
pero, ciertamente, quedan muchas cosas por realizar hasta el final de una
legislatura que aún no ha consumido la mitad de su recorrido. No voy a
realizar una descripción pormenorizada de todas las iniciativas posibles,
pero sí quiero destacar las referencias necesarias a los objetivos más
importantes, o a aquéllos sobre los que me propongo actuar de manera más
inmediata.

En primer lugar, desearía proseguir la línea fundamental de cooperación
con el Parlamento en todas y cada una de sus actividades fundamentales,
con la colaboración, sin reserva alguna, a la información y documentación
que se precise o se demande del Gobierno. Además, quiero señalar
expresamente la voluntad del Gobierno de cooperar en lo que pueda para
que se logre cuanto antes el acuerdo necesario para la reforma del
Reglamento del Congreso. Se trata de una tarea sobre la que los Grupos
han expresado reiteradamente una voluntad general de acuerdo, pero cuya
concreción sigue pendiente. En este año hemos estado frecuentemente cerca
de abordarla con éxito y en fechas recientes hemos retomado los trabajos
con buenas perspectivas de conclusión. En este sentido, si finalmente ése
fuera el deseo de los Grupos, el Gobierno no pondría reserva alguna a una
regulación acordada de la figura de control sobre el Presidente.

Con el mismo énfasis, quiero mostrar la disposición del Gobierno para
colaborar en los trabajos que habrá de desarrollar la Ponencia de reforma
del Senado, una vez se constituya ésta antes de concluir el actual
período de sesiones. Dicha Ponencia habrá de estudiar, como saben
perfectamente SS. SS., las modificaciones necesarias para integrar más
adecuadamente la Cámara territorial en el desarrollo del Estado de las
Autonomías, reformándola para ello en lo referido a su composición y
atribuciones. Habrá de recabar en este cometido la colaboración del
Gobierno, de las comunidades autónomas y el asesoramiento de expertos en
la materia. Dada la trascendencia de este trabajo, que requerirá la
aportación de instituciones y organismos, comprometo la colaboración con
el Senado del Centro de Estudios Constitucionales y de los expertos,
profesores e investigadores que ese centro puede agrupar.

En segundo lugar, recordarán SS. SS. que, como consecuencia del último
debate sobre el estado de la Nación, esta Cámara aprobó dos resoluciones
por las que instaba al Gobierno a elaborar las normas necesarias para
proceder a modificar la legislación por la que actualmente se rige el
Tribunal de Cuentas. Sobre esta reforma ya tuve ocasión de hablar en esta
Comisión en mi comparecencia anterior. Ciertamente, se trata de una
reforma compleja. Primero, porque afecta a una de las instituciones
capitales en las relaciones entre estas Cortes Generales y el Poder
Ejecutivo y porque, además, lo hace en una de sus áreas más sensibles,
puesto que, de un modo directo, afecta al control de la aplicación
efectiva de los recursos públicos. Segundo, porque si esta reforma se
quiere abordar con garantías, si se quiere que la reforma del Tribunal de
Cuentas vaya más allá de meras operaciones de imagen, es preciso
modificar no sólo la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo (la Ley Orgánica
que regula la composición, organización y funciones del Tribunal), sino
también la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de
Cuentas. Tercero, porque una reforma seria del Tribunal de Cuentas
aparece condicionada por la solución que se adopte en algunos otros temas
actualmente en discusión en esta Cámara; pienso, fundamentalmente, en los
referidos al régimen jurídico de la contratación de las distintas
administraciones públicas y al régimen de financiación de los partidos
políticos.

Las dificultades apuntadas no han impedido que el Gobierno haya procurado
no demorar la toma de decisiones en este campo a la aprobación de una
nueva ley del Tribunal de Cuentas, sino que ha ido asumiendo decisiones
que contribuyan a ofrecer garantías de transparencia y eficacia en el
gasto público. Así, el pasado mes de julio, el Consejo de Ministros
aprobó un acuerdo por el que se refuerzan los sistemas de control interno
mediante el robustecimiento del papel de la Intervención General de la
Administración del Estado y, con ella, el papel de las Intervenciones
Delegadas en los distintos departamentos y organismos públicos. Con la
misma pretensión trabaja actualmente, como conocen SS. SS., en la reforma
de la Ley General Tributaria, que será aprobada con carácter inmediato
por el Consejo de Ministros, y en la reforma de la Ley General
Presupuestaria, que será culminada en el marco más amplio de reforma de
la Administración General del Estado.




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En cualquier caso, y dicho lo anterior, quiero expresarles mi voluntad de
impulsar los trabajos que a lo largo de los últimos meses se han venido
realizando, de modo que el Consejo de Ministros pueda conocer un
anteproyecto de ley de reforma de la legislación del Tribunal de Cuentas
dentro del plazo de los próximos meses. Este anteproyecto responderá a
los siguientes principios generales:
a)La reforma del Tribunal de Cuentas afectará a las dos leyes por las que
hasta ahora se rige. Esto es, tanto la Ley de Composición, Organización y
Funciones del Tribunal como la Ley de Funcionamiento del mismo. Con ello
perseguimos eliminar disfunciones que, aunque eventualmente puedan
parecer menores por referirse a temas como el estatuto de personal, o el
establecimiento de plazos, o la duración del mandato de los miembros del
Tribunal, inciden claramente en la funcionalidad del mismo.

b)La reforma tendrá, como uno de sus objetivos principales, la revisión
de las facultades y del procedimiento de fiscalización contable
atribuidas hasta ahora al Tribunal. Todos, incluyendo en esta expresión a
la Administración del Estado, hemos de comprender la conveniencia de que
el Tribunal de Cuentas refuerce su condición de principal y superior
órgano de control de la eficacia y también de la eficiencia del gasto
público y de que, en consecuencia, no sólo se incorporen modificaciones
que aseguren la mayor cercanía posible entre el cierre del ejercicio y su
fiscalización, sino también de que se le doten de los medios personales,
materiales y de organización y procedimiento que posibiliten esta
condición.

c)La reforma debería contemplar el reconocimiento al Tribunal de nuevas
facultades y competencias que contribuyen a la eficacia de su actuación,
pero también a transmitir a los ciudadanos confianza en la transparencia
con que se gastan los recursos públicos y confianza en la transparencia
con que se financian y funcionan esa pieza esencial de un Estado
democrático que son los partidos políticos. En esta línea, la reforma
habría de contemplar nuevos y más estrictos sistemas de control de la
financiación --pública y privada, general y vinculada a procesos
electorales-- de los partidos políticos, así como respecto de la
contabilidad de los mismos. Tendría que imponer, con carácter general, un
deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de cuantos
realicen operaciones relacionadas con la financiación de partidos y
debería reconocer al Tribunal facultades para examinar la contabilidad
privada de quienes mantengan relaciones comerciales con ellos,
naturalmente limitadas estrictamente a dichas relaciones. Es evidente, a
este respecto, que algunas de las propuestas que en este sentido está
manejando el Gobierno pueden resultar condicionadas por los resultados a
que llegue la Comisión que sobre la financiación de los partidos
políticos está constituida en esta Cámara. Sobre este tema volveré más
adelante.

d)La reforma abordará también la previsión de procedimientos de
coordinación eficaces entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de
control externo de las comunidades autónomas que así los tengan
establecidos para, respetando su condición de órgano superior de control
de toda la contabilidad del Estado, evitar duplicidades de actuaciones o
artificiales conflictos de competencias.

e)La reforma, en fin, ofrecerá también soluciones para algunos de los
problemas que desde el propio Tribunal de Cuentas se han venido poniendo
de relieve en estos años y que afectan, como SS. SS. sin duda conocen,
tanto a cuestiones de funcionamiento interno del mismo, separación del
informe anual respecto de los restantes informes que resulten en el
ejercicio de su función fiscalizadora, incardinación en el Tribunal del
fiscal y del abogado del Estado, procedimiento y plazos de presentación
de alegaciones por los consejeros, como a cuestiones vinculadas con su
relación con estas Cortes Generales.

Estas son las líneas fundamentales que guiarán el proyecto de ley que,
como les he dicho, el Gobierno examinará en los próximos meses. Con ello
queremos cumplir el mandato que recibimos de esta Cámara. Pero queremos,
sobre todo, contribuir a mejorar el control del uso de los recursos
públicos y así contribuir a hacer evidente a los ciudadanos que la
transparencia en la gestión es asunto en el que estamos implicados todos
los grupos políticos y parlamentarios. Desde esta perspectiva, quiero
formularles hoy mismo mi deseo de que éste sea un proyecto que obtenga el
mayor respaldo por parte de los grupos de la Cámara. El Gobierno no
regateará esfuerzos para conseguirlo.

En tercer lugar, una vez concluido el acuerdo sobre las vacantes
institucionales del Consejo de Administración de Radiotelevisión
Española, me propongo plantear al Gobierno un proyecto de ley para
reformar el Estatuto del ente en las próximas semanas. Los criterios que
inspirarán esta reforma son los siguientes:
En primer lugar, acentuación del carácter público de la Radiotelevisión
Española, intensificando el objetivo institucional de fomentar la
comunicación y transmisión activa de los valores constitucionales, así
como la garantía del cumplimiento estricto y escrupuloso de sus
preceptos, tanto en la programación como en los mensajes publicitarios.

En segundo lugar, la definición de la segunda cadena de Televisión
Española como una cadena cuya programación estará, fundamentalmente,
dedicada a la información objetiva de interés general y a temas
educativos, deportivos y de entretenimiento, con un contenido básicamente
cultural.

En tercer lugar, la separación neta entre la gestión económica,
financiera, laboral y profesional, cuya competencia corresponde,
lógicamente, al Director General del Ente y al Consejo de Administración,
y el seguimiento y control político, así como la tutela del cumplimiento
de los fines institucionales del Ente, que se residenciaría en la
Comisión de Control del Parlamento.

En cuarto lugar, la intervención de esa Comisión de Control de
Radiotelevisión del Parlamento en el proceso de nombramiento y cese del
Director General de Radiotelevisión Española.

En quinto lugar, el establecimiento del principio de equilibrio
presupuestario en la gestión económica del Ente, planteando una
progresiva supresión de la capacidad de endeudamiento de Radiotelevisión
Española.




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Y en sexto lugar, la limitación anual de los ingresos publicitarios de
Televisión Española en la ley de Presupuestos Generales del Estado y la
adecuación del tiempo y formas de la publicidad a esta limitación.

También deseo anunciar la voluntad del Gobierno de que, en paralelo a la
tramitación parlamentaria de la modificación del Estatuto de
Radiotelevisión Española a que me acabo de referir, este Ente público
pueda elaborar un plan de reestructuración que cuente con el beneplácito
del Consejo de Administración, de la Comisión de Control parlamentario y
del Gobierno, plan al que el actual Director general de Radiotelevisión
se ha comprometido en esta Cámara.

Si logramos entre todos culminar con éxito la reforma del Estatuto y la
puesta en práctica de este plan habríamos contribuido a despejar
totalmente el futuro de este importante servicio público para que pueda
concentrarse plenamente en la configuración de una programación de
calidad que responda a la demanda plural de toda la sociedad española.

Quisiera, a continuación, en cuarto lugar, informarles que durante este
año pasado hemos venido trabajando en el seno del Gobierno en una nueva
regulación de los partidos políticos y de su financiación. El Gobierno
entiende, sin que ello suponga renunciar a su capacidad de iniciativa
legislativa, que sería lógico que una regulación sobre partidos contara
con la iniciativa de los grupos parlamentarios y tuviera por supuesto el
máximo consenso posible. Sin embargo, consideramos que estos trabajos
pudieran ser útiles para la Comisión que en el seno de esta Cámara
estudia la financiación de los partidos políticos y los suministraríamos
gustosos a la misma, si así se estima necesario y oportuno por los
diferentes grupos parlamentarios.

Los criterios que han venido inspirando los trabajos del Gobierno en esta
materia son los siguientes: en primer lugar, la plena adaptación a las
exigencias del espíritu constitucional para la creación e inscripción
registral de los partidos del contenido básico de sus estatutos, de la
publicidad de los mismos y del control de su legalidad. En segundo lugar,
el establecimiento de requisitos básicos en la estructura y
funcionamiento interno de los partidos para asegurar la democracia
interna y el carácter representativo de sus órganos propios, así como los
procedimientos que fomenten la participación directa o indirecta de los
afiliados en la designación de los candidatos a las distintas elecciones
públicas. En tercer lugar, la garantía de protección a los derechos de
los afiliados, en especial el reconocimiento de su libertad de expresión,
la intervención en los asuntos del partido y la existencia de comisiones
de garantías de carácter imparcial. En cuarto lugar, la reforma del
actual sistema de financiación de los partidos políticos, que ciertamente
admite formulaciones distintas.

El Gobierno, en consonancia con el programa electoral del Partido
Socialista, entiende que el futuro sistema debería tener carácter mixto y
en él habrían de incrementarse la financiación privada de carácter
popular, fomentada con desgravaciones fiscales, y reducirse
progresivamente la dependencia de las subvenciones estatales para gastos
ordinarios. Asimismo, habrían de prohibirse expresamente las donaciones
anónimas o de las entidades mercantiles.

Y, por último, un criterio final: el establecimiento de obligaciones
específicas de contabilidad de los partidos y del procedimiento para la
rendición de sus cuentas, sin perjuicio de la ulterior fiscalización por
el Tribunal de Cuentas de la subvenciones públicas otorgadas.

Quisiera, asimismo, indicarles, en quinto lugar, que me propongo someter,
junto al Ministro de Justicia e Interior, a la aprobación del Consejo de
Ministros que se celebrará mañana, un anteproyecto de ley de modificación
de la Ley Orgánica del régimen Electoral que dé cumplimiento a las
resoluciones aprobadas por esta Comisión Constitucional en relación con
el informe elaborado por la Ponencia para el estudio de las condiciones
actuales de elaboración del censo electoral.

Las principales novedades de este texto legal, como bien conocen SS. SS.,
se refieren al régimen de actualización periódica del censo, a la
consulta permanente del mismo por los electores, a las certificaciones
censales específicas y otras innovaciones importantes que guardan
relación con la optimización del gasto y la eficacia en los
procedimientos de envío y de certificación de datos.

En sexto lugar, quisiera manifestar a SS. SS. la absoluta disposición del
Ministerio de la Presidencia para colaborar, en lo que al Gobierno
concierne, con el proceso de tramitación de la Ley reguladora del CIS,
cuyas líneas básicas comparto, como he señalado anteriormente. Con ella,
el CIS podrá cumplir plenamente el servicio que presta a este Parlamento,
a la comunidad científica y a la sociedad general.

Pero, además de este esfuerzo legal, quisiera destacar el proceso que
continuamos en lo que a la modernización del Centro se refiere; hemos
incluido, en la segunda fase del Plan de Modernización de la
Administración del Estado, un proyecto que, bajo la denominación de
«proyecto de mejora de los procedimientos y de la difusión de la
información del CIS», engloba cuatro programas de actividades acometidas
por sus Departamentos de Investigación y de Banco de Datos.

En el Departamento de Investigación se concluirán dos de estos programas,
que tienen como objetivo, respectivamente, la mejora del procedimiento e
ingreso de la información en el Banco de Datos y la mejora también de las
rutinas del proceso de investigación mediante encuestas. En el
Departamento del Banco de Datos queremos finalizar los programas de la
depuración de la Base de Datos del CIS y el de acceso al Banco de Datos
del CIS mediante la red Ibertex. No quiero detenerme ahora en la
pormenorización de los contenidos de cada uno de estos programas, pues
sería, además de prolijo, impropio seguramente de una explicación de
carácter general, pero sí quisiera concluir este apartado poniendo a su
disposición cuanta información estimen oportuna sobre el desarrollo de
los mismos. Igualmente, estimularé las líneas de trabajo del Centro de
Estudios Constitucionales, incrementando su capacidad como foro
permanente para el estudio, debate y aportaciones teóricas a los
principales retos que supone la construcción de la Unión Europea, la
consolidación de nuestro Estado de las



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autonomías y el perfeccionamiento de los cauces de participación de los
ciudadanos en las instituciones democráticas. El papel incentivador de
las investigaciones de nuestro Centro de Estudios Constitucionales es
especialmente relevante en el próximo futuro por la importancia que
tienen los trabajos que España debe coordinar para la revisión de la
Unión Europea y la reforma del Senado para desarrollar plenamente nuestro
Estado autonómico.

Finalmente, seguiré impulsando el esfuerzo de comunicación entre el
Gobierno y los ciudadanos a través de los medios de comunicación,
propiciando la optimización de los instrumentos a nuestro alcance para
incrementar la línea de transparencia, de rigor, de disponibilidad y de
claridad que deseo configure siempre la política informativa del
Ministerio de la Presidencia, en tanto Portavoz del Gobierno. Me acerco
señor Presidente, señorías, al final de mi intervención. Quisiera volver
a retener algunas ideas que han formado parte de la misma. Estamos en
disposición de aprovechar el clima de mejores expectativas que ha
avanzado en la sociedad española. Hagámoslo conjuntamente trabajando por
el fortalecimiento de las instituciones y por la mejor adaptación de las
mismas a los requerimientos de los ciudadanos.

Aprovechemos este punto de inflexión que supone la conclusión de la
existencia de vacantes, para trabajar a pleno ritmo en el seno de los
distintos órganos. Aprovechémoslo también para abordar las nuevas
cuestiones a las que me he referido ante SS. SS. Si así lo hacemos, y
estoy seguro de que unos y otros pondremos en ello lo mejor de lo que
seamos capaces de aportar, estaremos contribuyendo a una mayor
dignificación de la acción política, a un incremento de su credibilidad y
a un robustecimiento progresivo de la legitimidad democrática.

Para todo eso, solicito a SS. SS. la plena colaboración y esfuerzo y
ofrezco desde este momento toda la que pueda prestar yo mismo desde mi
Departamento.

Nada más.




El señor PRESIDENTE: ¿Qué grupos desean intervenir?



El señor CISNEROS LABORDA: Señor Presidente, solicitamos una breve pausa
de tres minutos en el desarrollo de la sesión.




El señor PRESIDENTE: Se concede un receso de tres minutos. (Pausa.)



El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión, señoras y señores Diputados, y
siguiendo el orden habitual de mayor a menor en la Comisión, en cuanto al
número de componentes de grupo parlamentario, tiene la palabra, en primer
lugar, el señor López Garrido, en nombre de Izquierda Unida-Iniciativa
per Catalunya.




El señor LOPEZ GARRIDO: Gracias, señor Ministro de la Presidencia, por su
presencia en esta Comisión. Hace algo más de un año que tuvimos el honor
de tenerle entre nosotros y, lógicamente, tenemos ese punto de
referencia, la sesión del 6 de octubre de 1993, en donde el señor
Ministro de la Presidencia habló, desde el comienzo de su intervención,
de algo que llamó «una nueva etapa de la vida política española». Esta
tarde ha utilizado exactamente la misma expresión para referirse a lo que
vendrá a partir de hoy; «una nueva etapa» fue la misma expresión que
empleó entonces, y se habló de la necesidad de un nuevo impulso
democrático, de la generación de un nuevo impulso democrático. Sin duda,
la idea del impulso democrático fue lo más interesante de la propuesta en
el discurso de investidura del Presidente del Gobierno y se acogió con
una cierta esperanza, aunque también hay que decir que ese impulso
democrático se ha diluido de una forma muy evidente en este año desde
aquella comparecencia suya en esta Comisión, hasta el punto de que usted
mismo ha reconocido que casi se ha llegado a identificar esa dilución con
la provisión de vacantes, cuyo final, que parece que ha llegado, ha
seguido una trayectoria no demasiado brillante, hay que decirlo, muy poco
brillante, y prácticamente con eso se identificaba el impulso
democrático, con la provisión de vacantes cuando la provisión de vacantes
no era exactamente el impulso democrático. La provisión de vacantes es
simplemente el cumplimiento de la Constitución y, por tanto, no podía
entenderse que eso fuese el impulso democrático.

Yo quisiera referirme a esta comparecencia suya, ya que la mayor parte de
su intervención ha consistido en un dilatado balance de lo que ha
sucedido desde entonces y, por tanto, creo que es un punto inevitable de
referencia las cosas que usted mencionó aquí hace, como digo, un año y un
mes, aproximadamente. Decía al comienzo de la legislatura que se trataba
--y mencionó, entre otros, precisamente al Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida--, se trataba de democratizar y de acercar las
instituciones a los ciudadanos, de potenciar la independencia de los
poderes del Estado y la ampliación de las fórmulas participativas en las
distintas instancias del poder. Yo no creo que se haya conseguido eso
porque si vamos examinando aquellos propósitos que había en el programa
del impulso democrático, vemos que se han conseguido pocos de ellos y,
sobre todo, que los más importantes, los más ilusionantes están inéditos
en este momento. Se hablaba --y estoy siguiendo el «Diario de Sesiones»
de su intervención entonces-- de mecanismo de participación y control, en
donde, por cierto --y a eso me referiré más adelante--, había una
ausencia clamorosa de la vertiente de participación socioeconómica; se
hablaba de revalorizar la vida de los partidos e instituciones,
convirtiendo el Parlamento en el centro real del debate democrático.

También me va a permitir que me detenga en ello un poco más adelante
porque entiendo que el Parlamento es un centro de debate, pero no ha
habido un acercamiento a los ciudadanos ni ha habido una mayor
comprensión ni visión positiva del Parlamento por parte de éstos. Se
hablaba de dotar de mayores poderes al Consejo General del Poder Judicial
para hacer más eficaz la justicia, algo que de alguna manera se ha podido
entender que se ha hecho con la ley recientemente aprobada y que está por
ver si realmente esto va a servir para hacer más eficaz la justicia. Nos
da la impresión de que la tendencia, la



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orientación del Ministerio de Justicia e Interior, en su vertiente
Justicia, está muy dedicada a grandes leyes que son importantes, pero
menos dedicada al funcionamiento eficaz, cotidiano de la justicia, y es
una orientación que, sin duda, falta en la política actual del Ministerio
de Justicia e Interior. Y se hablaba de aumentar la eficacia, la agilidad
y la transparencia de la Administración, que consideramos que tampoco se
ha conseguido en este período, y casi ni siquiera intentando; no hay una
percepción ciudadana al respecto. También se hablaba de la necesidad de
abordar la legislación de partidos políticos --no se ha hecho-- y de
culminar las reformas de los reglamentos del Congreso y del Senado. Ha
habido una reforma del Senado en cuanto a la Comisión de Autonomías; no
ha habido una reforma del Reglamento del Congreso, en el sentido en que
se empezó incluso a negociar en aquellas primeras reuniones llamadas del
impulso democrático. También habló usted de las modificaciones a
introducir en el Tribunal de Cuentas. Tampoco se ha hecho. Y se anuncia
un proyecto de ley, cuya música, por lo que usted ha dicho, suena bien,
pero que habría que ver la letra, naturalmente habría que ver la letra.

Además, tanto el proyecto de ley sobre reforma del Tribunal de Cuentas
como de partidos políticos, que también anuncia, son proyectos un tanto
alejados, por lo menos no a corto plazo, ya que va a depender de lo que
suceda en la Comisión de investigación sobre la financiación de partidos
políticos, que parece que no está empezando demasiado bien, ya que en esa
Comisión de financiación de partidos políticos hay enormes reticencias a
profundizar, a llevar a sus últimas consecuencias la investigación sobre
la financiación de partidos políticos, por tanto, la financiación
irregular o la corrupción en la financiación de los partidos políticos,
que es, sin duda, la madre de todas las corrupciones.

Se hablaba también de una revisión del Estatuto de Radiotelevisión
Española, que tampoco se ha hecho, y se anuncia en este momento con un
carácter algo intemporal; no se sabe muy bien cuál es el calendario
exacto que se nos propone, fundamentalmente sobre estos tres proyectos,
el de Tribunal de Cuentas, Radiotelevisión y partidos políticos, y forma
parte también del futuro; desde luego, no del pasado porque no se ha
hecho en este período. Se habló asimismo de la configuración del Centro
de Estudios Constitucionales como foro de documentación, debate y génesis
de propuestas, y, en este sentido, sí hay que decir que ha funcionado
bastante mejor el Centro de Estudios Constitucionales a través de algunos
de los debates a que usted ha hecho alusión en su intervención.

Quisiera referirme en especial a la revalorización del Parlamento, ya que
usted le ha dedicado una cierta atención en su exposición. Tengo aquí una
encuesta reciente del Centro de Investigaciones Sociológicas --por
cierto, que se me ha proporcionado por su Departamento amablemente-- en
la que creo que hay motivos para una cierta preocupación, no diría yo que
alarma exagerada pero sí una importante preocupación.

Es una encuesta muy reciente en la que hay una desvalorización
significativa, muy significativa, en la opinión pública respecto del
papel del Parlamento. Esto no quiere decir que los ciudadanos y
ciudadanas españoles no valoren el Parlamento, porque también tengo otra
encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, reciente, referida a
diciembre del año pasado, y el 75 por ciento de españoles, para el Senado
baja al 65 por ciento, considera muy importante o bastante importante al
Congreso de los Diputados para que la democracia funcione bien. Luego la
percepción de la ciudadanía es que para que la democracia funcione bien
es muy importante el Parlamento.

Sin embargo, ha habido una evolución espectacular en cuanto al grado de
satisfacción o insatisfacción en el funcionamiento del Parlamento español
solamente en 4 meses, de diciembre del año pasado a mayo de este año. En
diciembre del año pasado, según esta encuesta del CIS, el 43 por ciento
de los encuestados se mostraba muy satisfecho o satisfecho con el
funcionamiento del Parlamento y el 42, prácticamente el mismo porcentaje,
insatisfecho o muy insatisfecho. En mayo de este año, la cifra de
satisfechos, en general, desciende al 28 por ciento y la de insatisfechos
sube al 59 por ciento. Es decir que, de haber un empate en cuanto a
satisfacción o insatisfacción respecto del funcionamiento del Parlamento
español, se produce un desempate clamoroso, en perjuicio del
funcionamiento del Parlamento español. Un 28 por ciento satisfechos, casi
un 60 por ciento insatisfechos.

Naturalmente que esto coincide con una época en la que todos los casos de
corrupción estaban a flor de piel en este país, pero nos parece que es
una tendencia muy preocupante y, además, desde el punto de vista de
algunas instituciones, medios de comunicación que dependen directamente
del Gobierno, el caso de la televisión pública, no se ha hecho
prácticamente nada para que esto mejore. La televisión pública dedica una
atención bastante relativa al funcionamiento del Parlamento y sería
cuestión de plantearse si no es el momento de hacer llegar de una forma
mucho más decidida lo que sucede en este Parlamento, lo que se hace en
este Parlamento, a la opinión pública. Y, al decir lo que se hace en este
Parlamento, quiero decir lo que se hace en las Comisiones y en el Pleno
de este Parlamento. No hay prácticamente programas en la televisión
pública sobre el Parlamento --hay uno un tanto clásico que se emite a una
hora y en un día bastante intempestivo y nada más-- y en los medios de
comunicación puede haber una expresión del debate político, pero la
verdad es que muchas veces extraparlamentario, no parlamentario. Repito
que es muy importante, y la gente lo entiende así, que el Parlamento sea
bien visto y considerado bien por la ciudadanía para la estabilidad
democrática. Y la evolución ha sido muy negativa.

Creo que su Ministerio debería trabajar a fondo, preocuparse por esto, y
la televisión pública fundamentalmente debería plantearse de verdad cómo
está informando y en qué sentido de lo que pasa en este Parlamento.

Ha hablado usted de la necesidad de ir a un nuevo Estatuto de
Radiotelevisión. Por supuesto. Este estatuto está absolutamente obsoleto,
pero, en general, toda la legislación de la comunicación en España está
obsoleta. Nos parece insuficiente una mera modificación del Estatuto de
Radiotelevisión. Desde luego, es necesario porque la televisión



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pública en los últimos tiempos no ha brillado por su carácter público ni
ha hecho una propuesta de programación que la distinga nítidamente de la
televisión privada, sino que ha ido a la lucha por el rating, ha ido a
situaciones entre grotescas, ridículas o penosas como la de la serie de
«El sexólogo», que se ha retirado de la programación después de unos
gastos millonarios, y es triste pensar que es algo positivo que se haya
retirado dicha serie. Habría que ir a un viraje muy serio en el enfoque
de la televisión pública y esperemos que el nuevo consejo de
Radiotelevisión contribuya a ello. Pero --repito-- en nuestro país es
necesario una nueva regulación, a nuestro juicio, de la comunicación.

Hace falta una ley de la comunicación; no solamente un retoque del
Estatuto de Radiotelevisión, sino una verdadera propuesta política y
jurídica sobre la comunicación, sobre la transparencia de las empresas de
comunicación, sobre la no oligarquización de las empresas de comunicación
y sobre la necesidad de que haya una regulación de los contenidos de la
comunicación y del funcionamiento de estas empresas de comunicación, una
entidad reguladora independiente del Gobierno.

En estos momentos el funcionamiento del medio de comunicación estrella,
que es la televisión, depende absolutamente de la intervención del
Gobierno, y si no interviene en la televisión privada es porque el
Gobierno no quiere por las razones que sea, pero podría hacerlo. La
legislación actual permite una intervención del Gobierno, no solamente en
la televisión pública sino en la privada. Y que hay que ir a una
regulación de la comunicación, independiente del Gobierno, a través de un
consejo, de una alta autoridad, al estilo de lo que ya existe en otros
países, independiente del Gobierno, repito, democráticamente elegida,
plural, y tomarse en serio los contenidos de la comunicación. No es el
momento de empezar a hablar de los contenidos de los mensajes de la
comunicación o de eso que alguien ha llamado las tres eses, que son el
menú cotidiano, es decir, sexo, escándalo y deporte, y naturalmente las
tres eses en inglés.

Esto es algo que debe estar en primer plano de las preocupaciones del
Gobierno y me parece que hasta ahora se ha hecho muy poco a ese respecto.

Ha hecho usted una propuesta sobre la Ley del Tribunal de Cuentas, sin
establecer un calendario, específicamente hablando, y, como decía yo
antes, sonaba bien la música en cuanto a cuáles debían ser esos
contenidos de fortalecimiento del Tribunal de Cuentas y del control --ha
dicho, de la eficacia, de la legalidad y de la eficiencia en el gasto
público.

Aprovecho la oportunidad para señalar que ésta es una de las grandes
asignaturas pendientes de nuestra democracia.

En estos días, cuando se está debatiendo la ley de presupuestos generales
del Estado, hay que decir que en nuestro país no hay un análisis serio
del gasto público. En este Parlamento se entregan a los poderes públicos
cantidades que llegan al 50 por ciento del producto interior bruto
español para su administración y no hay análisis serio de cuál es la
eficiencia del gasto público. No hay un análisis serio de los programas
presupuestarios, no hay realmente programas presupuestarios --aunque se
diga que hay un presupuesto por programas no lo hay-- y, por tanto, son
cantidades que se entregan y que tienen que ser administradas --se
supone-- con arreglo a la legalidad. Tampoco se hace, como es sabido, en
muchas ocasiones, con arreglo a la legalidad, pero hay una parte
importante que es la eficiencia, la rentabilidad de ese gasto. No hay, de
verdad, en este país, un análisis serio de eso, no hay un estudio de cuál
es el resultado de ese gasto ingente de las administraciones públicas.

En consecuencia, si es así, si se piensa dar al Tribunal de Cuentas el
control de la eficiencia, habrá que dar a ese Tribunal de Cuentas muchos
medios. Habrá que tomarse muy en serio este aspecto, porque éste es
probablemente el aspecto más importante en estos momentos del
presupuesto: La ejecución presupuestaria y ejecución en un sentido
político, es decir, cuál es la rentabilidad respecto de quienes pagan los
impuestos, respecto de los ciudadanos y ciudadanas en general, de esos
enormes ingresos que tiene la hacienda pública. Nuestra hacienda pública
es ya mayor de edad, es una hacienda pública propia de una democracia,
que ha aumentado con celeridad, afortunadamente desde que llegó la
democracia a este país y, sin embargo, los instrumentos operativos sobre
el presupuesto y sobre el gasto son obsoletos o prácticamente inútiles.

También queremos decirle que el impulso democrático tenía un vacío --lo
señalaba yo anteriormente-- importante en cuanto a la vertiente
socioeconómica. El impulso democrático, ese desfalleciente impulso
democrático, por no decir prácticamente desaparecido impulso democrático,
tenía esa laguna y yo quiero recordarle que hay una parte fundamental de
la participación, que es la parte socioeconómica y que habría que
reequilibrar los elementos de ese impulso político con una vertiente
económico-social.

Simplemente me referiré a tres o cuatro ejemplos. En primer lugar, la
necesidad de regular de verdad el Consejo a que se refiere el artículo
131 de la Constitución, que no es exactamente el Consejo Económico y
Social que hay ahora mismo en funcionamiento, sino un Consejo con
participación de comunidades autónomas, un consejo que verdaderamente sea
instrumento de participación y que pueda incluso examinar leyes tan
importantes como la de los presupuestos generales del Estado.

Otro elemento a considerar es la falta de atención institucional a
determinadas actividades o hechos de la vida socio-económica. En estos
momentos se está desarrollando ya un proceso de elecciones sindicales
sobre las cuales no conocemos que haya habido ningún tipo de propaganda
institucional. Esto es un elemento básico de participación --las
elecciones sindicales-- y no ha habido ninguna preocupación por parte de
los poderes públicos de hacer propaganda institucional sobre esas
elecciones, que no es algo privado, sino algo eminentemente público, ya
que el fortalecimiento de los sindicatos, a través de los procesos
democráticos, es esencial para la estabilidad de nuestra democracia.

Otro ejemplo es la ley de huelga. Formaba parte de su programa de
legislatura, pero no sabemos qué pasa con ella. No sabemos ni siquiera
que esté en los propósitos del



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Gobierno examinar ese proyecto de ley de huelga, que quedó pendiente de
la legislatura anterior.

Otro ejemplo es la participación de trabajadores en la empresa. Se ha
hecho una reforma laboral muy dura, que nosotros hemos criticado
fuertemente y que, entre otros desequilibrios, no ha ido acompañada de
unos instrumentos legales de participación de trabajadores en la empresa.

Esto también es impulso democrático.

Por último, otro ejemplo. La participación de sindicatos en instituciones
como el INSS, el Insalud o el INEM, cuyos presupuestos simplemente son un
trámite cuando se presentan a los sindicatos de una forma rutinaria y
donde tampoco hay elementos de participación. Y esto también es impulso
democrático.

En definitiva, termino ya, señor Presidente, no nos parece que, hasta
este momento, el balance del impulso democrático, al que dimos todo el
valor, toda la importancia que merecía, puesto que fue un elemento
central en el discurso inicial del Presidente del Gobierno cuando inició
esta legislatura, no nos parece que el balance de este impulso
democrático tan ambicioso, que nosotros acogimos favorablemente, con
esperanza, haya sido positivo, no sólo porque no le ha acompañado la
fortuna a la que usted se refería, y de la que hablaba Maquiavelo, sino
porque ha habido elementos de incapacidad de energía política. Por eso
hablaba yo anteriormente de un desfallecimiento de este impulso
democrático.

Es necesario un impulso democrático en este país; sigue siendo necesario.

No sé si están ustedes en condiciones ya, a estas alturas, de poder
cumplir ese propósito que tenía el Presidente del Gobierno, pero hasta
ahora no se ha cumplido ni parece que vaya a cumplirse. Impulso
democrático que tiene esa doble vertiente que debe tener, la política, a
la que me he referido, y la socioeconómica, y que seguiría contando con
el apoyo de nuestro Grupo parlamentario, si se adecuase a aquellas
esperanzas que hubo en aquel momento de impulso democrático y que no se
han visto, desde luego, correspondidas en la práctica.

No puede quedar el impulso democrático en eso que se ha llamado el nuevo
estilo del Presidente del Gobierno, a no ser que se quiera reducir el
impulso democrático, ahora, ya, al nuevo estilo del Presidente del
Gobierno, a algunos gestos, como es la comparecencia periódica, por fin,
en el Parlamento, ya que era algo realmente sorprendente que no viniera
el Presidente del Gobierno al Parlamento, pero con un procedimiento, el
de las preguntas parlamentarias, que todavía, hay que decirlo, no es, en
absoluto, satisfactorio y que se desarrolla en el Congreso de los
Diputados los miércoles, o algunos miércoles ya que ha habido alguno que
otro en el que no ha venido el Presidente del Gobierno.

Hace falta mucho impulso político para dotar de credibilidad a la nueva
etapa de la que usted hablaba al comienzo de su intervención. No se
desprende de su intervención que haya datos nuevos para que esa falta de
credibilidad desaparezca y aparezca una nueva. Desearíamos creer en ello.

Pensamos que hace falta algo más que fortuna para ello y, desde luego,
repito, en esa línea de auténtico impulso democrático siempre tendrá la
colaboración de nuestro Grupo Parlamentario.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra
el señor Cisneros.




El señor CISNEROS LABORDA: Yo querría empezar, obligadamente,
agradeciendo al señor Ministro de la Presidencia la cumplida información
que nos ha suministrado. Por una parte, su balance, no exento de algunos
elementos de autocomplacencia sobre la etapa inmediatamente pasada; por
otra, los anuncios de sus más o menos inminentes proyectos legislativos
del máximo alcance.

Yo no le oculto, señor Pérez Rubalcaba, que me siento atenazado por una
cierta perplejidad. De un lado, sus permanentes apelaciones al consenso
emplazan lealmente a todas las suposiciones a tomarlas en consideración y
a esperar que, efectivamente, la regulación futura de instituciones tan
capitales como los partidos políticos, pieza absolutamente esencial e
insustituible en una democracia representativa y los problemas de su
financiación, el estatuto del Ente Público de Radiotelevisión Española,
un instrumento conformador de conciencias y de opiniones en un régimen de
opinión pública, como es la democracia de masas, el Tribunal de Cuentas,
garante de los principios de legalidad y eficiencia del gasto público,
tengan necesariamente que alcanzar un altísimo nivel de consenso para
conseguir la virtualidad que S. S. les atribuía. Alto nivel de consenso
que, como decía el señor López Garrido, por la música, por los buenos
propósitos enunciados habría que entender que no sería difícil de
alcanzar en las líneas de reforma anunciadas del Tribunal de Cuentas y
del estatuto del Ente Público.

Alguna inquietud mayor me suscitan sus reflexiones sobre los partidos
políticos y su financiación, donde, desde el punto de vista de nuestro
Grupo, bastaría con atenerse a dos principios rigurosa y escrupulosamente
respetados y llevados a sus últimas consecuencias, libertad y
transparencia, y donde entiendo que cualquier otro exceso reglamentista o
intervencionista, siempre que esta transparencia en la financiación o en
el funcionamiento interno, en el ajuste a la legalidad en los principios
de democracia interna del partido luzcan de una forma diáfana, cualquier
otro mecanismo de regulación o intervención podría no resultar necesario
e incluso superfluo.

Le hablaba de la perplejidad, porque, junto a estos elementos u
ofrecimientos de consenso, si yo retuviera el adjetivo que creo que más
copiosamente ha utilizado el señor Ministro en su intervención sin duda
sería el de nuevo; incluso ha hecho referencia a la circunstancia de que
esta legislatura todavía no ha alcanzado ni siquiera su ecuador. Y mire
por dónde --puesto que hablaba de la fortuna y citaba a Maquiavelo--,
mañana es 28 de octubre, una fecha bien señalada, una efeméride para
ustedes --y para España-- de doce años de titularidad del poder. En
consecuencia, comprenderá que las referencias a la novedad, a lo inédito,
a la voluntad transformadora, a la capacidad renovadora, al NEP, al nuevo
estilo político, al que ustedes se refieren con profusión y se refieren
los medios informativos --no sé si el señor Rubalcaba también, al que,
sin embargo se le atribuye, creo que con razón, con justeza, haber sido
una de las luminarias de su ideación--, comprenderá que a la luz



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de una experiencia de catorce años tengamos que relativizarnos, tengamos
que expresar, por lo menos, un cierto y tentado escepticismo.

Yo no sólo convengo con el señor Ministro, sino que recuerdo que en la
cobertura de unas vacantes institucionales no cabe aceptar el
reduccionismo del impulso democrático, puesto que se trata nada más ni
nada menos que del mero cumplimiento de unas previsiones legales. Como ha
hecho el señor Ministro, yo tampoco voy a introducirme en ninguna
consideración crítica de la larga peripecia que ha precedido a la
consecución del acuerdo y que, probablemente, en términos de opinión
pública, no haya sido del todo edificante, pero permítame, al menos,
establecer, como hipótesis, que, sin necesidad de mayores
profundizaciones ni detalles, el señor Ministro me podía aceptar que no
ha sido ajena a la dificultad de conseguir el acuerdo, no ha sido ajeno a
esos largos 18 meses de interinidad en las vacantes institucionales la
existencia de unos ciertos tics de cultura hegemónica por parte del
partido del Gobierno a lo que les ha resultado muy difícil renunciar. No
se revela ningún secreto, por ejemplo, si apuntamos que quizá la
pretensión de dejar el consejo de Radiotelevisión fuera del paquete
global de las vacantes institucionales fue causa --estimo-- de un retraso
de unos cinco, seis o siete meses.

El señor Ministro de la Presidencia tiene unas funciones poliédricas,
como titular de un departamento adjunto al propio Presidente, como
titular específico de las relaciones con las Cortes, como portavoz del
Gobierno, como secretario del Consejo de Ministros, lo cual permite, por
ejemplo, a mi compañero López Garrido pedirle explicaciones sobre
determinados retrasos legislativos en materia socioeconómica, y debo
decirle que, ciertamente, un balance estadístico abrumador --he expuesto
los términos cuantitativos en los que él nos lo ha hecho-- sobre el
balance de la actividad de la Cámara en los últimos períodos de sesiones
es algo en lo que todos podemos sentirnos reconocidos, algo en lo que
todos podemos sentirnos complacidos. En último término --insisto--,
agradezco el reconocimiento hacia la labor de los grupos, pero no creo
que pueda traducirse tanto en la cristalización de ese impulso
democrático o de ese nuevo estilo por parte del Gobierno.

Me dicen los responsables de mi Grupo, en cuanto al cometido específico
de relaciones con las Cortes --no estoy en condiciones de avalar
documentalmente o avalar los términos de juicio de valor, pero me lo
dicen, sin duda desde su conocimiento autorizado--, que se viene
advirtiendo un mayor retraso en la satisfacción de las contestaciones a
las respuestas con preguntas escritas de los señores Diputados, una
manifiesta insuficiencia en su contenido --sin evocar algún caso de
manifiesta descortesía institucional--, algunos incumplimientos casi
sistemáticos de plazos reglamentarios en cuanto a facilitar documentación
o información, y de eso hemos tenido ejemplos bien recientes con la
tramitación del proyecto de presupuestos generales del Estado y de alguno
de ellos he sido víctima directa. Muy concretamente me señalan también el
incumplimiento de estos deberes de asistencia documental informativa con
respecto a la Comisión Mixta de Relaciones con las Comunidades Europeas,
iniciativas, materiales y documentación procedentes de las Comunidades.

No ha hecho ninguna referencia el señor Ministro, y lo lamento --nos
ocurrió igual con la regulación de los fondos reservados; parece que sólo
la presentación de una proposición de ley tiene la virtud de excitar el
celo o la diligencia del Gobierno en el cumplimiento de determinadas
obligaciones asumidas por el Gobierno ante el pleno--, en relación con el
cumplimiento de una moción unánimemente aprobada por el Pleno de la
Cámara, me refiero al dictamen de la Comisión Constitucional sobre el
informe de la Ponencia para el estudio de las condiciones actuales de
elaboración del censo. Nos ha anunciado el señor Ministro su pronta
remisión, pero no ha hecho referencia a la proposición de ley ya
presentada por el Grupo Popular. Confío en que, tratándose una y otra
iniciativas del cumplimiento de una moción de la Cámara, habrá elementos
de coincidencia suficientes --como creo que los había en la proposición
de ley sobre regulación de fondos reservados-- para alcanzar también en
este punto un grado de consenso suficiente.

No sé si es en ese proyecto de ley o si requerirá algunas otras normas
específicas de mucho menor rango donde el Gobierno vaya a ocuparse de la
participación de los cuidadanos extranjeros residentes en España de los
países comunitarios con derecho a sufragio activo y pasivo en el próximo
proceso electoral municipal. A los servicios de nuestro Grupo y de
nuestro partido llegan de forma paulatinamente más intensa y copiosa
quejas de estos ciudadanos, que, razonablemente, temen que no van a estar
en condiciones de participar en el proceso electoral del próximo mayo en
virtud de esta falta de celo, de esta falta de diligencia del Gobierno en
el cumplimiento de una obligación derivada del Tratado de Maastricht.

Decía que no deja de resultar llamativo, en relación con esos niveles de
consenso reclamados para los futuros proyectos legislativos, lo que
muchas de sus referencias, muchas de sus iniciativas, incluso muchos de
sus logros tienen de ya visto o de ya escuchado. ¿Cuántas veces se ha
reclamado desde la oposición a lo largo de esos doce años la restitución
de unas facultades a la Intervención Delegada del Gobierno, de las que
ustedes previamente les habían desprovisto, les habían despojado? Se
trataría de la simple restauración de principios de funcionamiento de la
Administración plenamente vigentes en el año 1982. ¿Cuántas veces venimos
reclamando que se refuerce el valor vinculante del presupuesto, y ayer
hemos consumido una nueva oportunidad sin acometerlo?
Usted nos informa de una eventual reforma de la Ley General
Presupuestaria, pero sabemos, desde el punto de vista de política
económica estrictamente, de conseguir combatir nuestros desequilibrios
básicos, de conseguir reducir el déficit público, etcétera, de la
tremenda laxitud con que ustedes han acometido la técnica presupuestaria
en la ejecución del presupuesto. Las múltiples vías de desfiguración de
ese perfil normativo han sido, por una parte, causa de esos reveses y,
por otra parte, muchas veces han sido fuente, oportunidad, de conductas
no claras, de conductas sospechosas en la gestión de los caudales
públicos.




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Ahora se nos anuncia la reforma de la ley presupuestaria para conseguir
unos fines que antes estaban vigentes y que desde la oposición vienen
siendo intensamente reclamados.

No deja de resultar asimismo significativo que, en esa apresurada y
abrumadora gestión de logros a que antes se refería, nos haya hablado de
iniciativas legislativas sobre comisiones de investigación --obligaciones
de acudir, acceso a las mismas--, sobre gastos reservados, sobre
incompatibilidades. ¿Qué nos revela todo esto? Nos revela, señor
Ministro, una situación de cierta patología político o social, y eso me
permite hacer también alguna reflexión sobre el escepticismo con que
podemos acoger determinadas medidas legislativas.

Usted ha dicho --fíjese qué singular resulta el ejemplo-- que no existía
una práctica, un hábito de comparecencia del Presidente del Gobierno para
responder en las sesiones de control a las preguntas parlamentarias. No
se alcanzó un acuerdo sobre el estricto ajuste reglamentario de esas
comparecencias, sobre las que nosotros también manifestamos una profunda
insatisfacción, no sólo por las modulaciones reglamentarias de esa
especie de régimen de cooptación, sino, fundamentalmente, por el
contenido de las respuestas, en donde se han formulado graves y severos
juicios de valor a la intención de los preguntantes, lejos de satisfacer
su legítima curiosidad informativa o ejercicio de la facultad de control.

Quiero decirle que no hacía falta ninguna suerte de modificación
reglamentaria para que el señor Presidente del Gobierno viniera los
miércoles a contestar. Con el Reglamento vigente era perfectamente
posible, como se ha demostrado con la propia práctica. Por ello, me
pregunto ¿por qué esa suerte de superstición legislativa?
En el caso de Televisión Española, con independencia de los juicios sobre
su carácter eventualmente público --nos anuncia, nada menos, que una
nacionalización de Televisión Española, lo cual no deja de tener gracia;
nos ha hablado de la intensificación de su carácter público, cuando en
este momento parece la más privada o la más patrimonial de las
televisiones en cuanto a sus contenidos informativos--, al margen de su
obsolescencia, ¿piensa el señor Ministro de la Presidencia que el
funcionamiento de Televisión Española, en este momento, se ajusta al
Estatuto vigente? ¿Reconoce en la información cotidiana los principios de
neutralidad, imparcialidad política, reconocimiento del pluralismo,
etcétera? ¿Estamos realmente ante la necesidad de un cambio legislativo?
Yo pienso que sí, en este caso concreto. Lo utilizaba por vía de ejemplo,
poniéndolo en relación con la práctica de las respuestas del señor
Presidente para advertir que no atribuyamos supersticiosamente unas
virtudes taumatúrgicas a la nueva legislación, ni mucho menos creamos que
sobreseemos la realidad y que novamos una situación política cuyas
mimbres y cuyos fundamentos siguen siendo los mismos, sustancialmente
desde el 28 de octubre y, en todo caso, desde junio de 1993; no creamos
que conseguimos ese efecto taumatúrgico, señor Ministro de la
Presidencia, con los nuevos estilos políticos, con estos abrumadores
balances legislativos, con comisiones de investigación, etcétera; toda
esa regulación más severa de las incompatibilidades.

¿No hay una cultura política que hace inimaginables hipótesis, como
determinados nombramientos desdichados que están antes o por encima de
una regulación legal de las incompatibilidades? ¿No lo cree, señor
Ministro? Yo, sinceramente, sí. Creo que esta suerte de ebullición
legislativa y de frenético activismo se inscribe más bien en un intento
que yo no dudo en calificar de cosmético, porque, insisto, las mimbres,
los fundamentos, los supuestos de poder político, también sus
servidumbres, también sus limitaciones, también sus insuficiencias e
hipotecas son hoy los mismos que eran desde el escenario político surgido
de las pasadas elecciones generales, y parece que esa realidad, con su
terquedad, resiste todos los intentos de «lifting». La pretensión de
envasar y vender gas es una pretensión muy arriesgada, aunque tenga
marketólogos tan ilustres como el señor Ministro de la Presidencia y
clientelas muy crédulamente dispuestas a adquirir ese producto. Esa es mi
reflexión general.

Termino ya reiterándole mi agradecimiento por el cumplido y rico material
informativo que su comparecencia nos ha suministrado y esperamos no sé si
ese propósito de regular los partidos políticos, o a los trabajos de la
Comisión de Financiación --lo ha planteado en términos hipotéticos o
tentativos y le querría pedir alguna clarificación al respecto--. Insisto
en reconocer su lucido esfuerzo, pero no quiero terminar sin hacerle un
reproche.

El Grupo Popular, señor Ministro de la Presidencia --lo crea o no--, no
pretende obtener ninguna suerte de beneficio o lucro político de una
situación de crispación o de exasperación social. El señor Ministro de la
Presidencia es portavoz del Gobierno y, copiosamente, en sus
comparecencias ante los medios, suele tender a hacernos esa imputación.

No lo crea así. No nos sentimos agobiados por ninguna perentoriedad.

Simplemente estimamos que nuestra percepción de la realidad no coincide
con la, insisto, muy cargada autocomplacencia del señor Ministro.

Los viejos catecismos definían la fe diciendo que la fe era creer en lo
que no veíamos, pero, desde luego, no llegaban al extremo heroico de
pedirnos que creyéramos lo contrario de lo que vemos. Se han producido
ciertos episodios muy recientes en la vida española. Sorprendentemente,
el titular de tan alta institución del Estado, como es el Presidente de
la Generalidad de Cataluña, a propósito del estallido del «affaire» De la
Rosa, ha insinuado que eran muchos e intensos los respaldos y avales--en
términos políticos-- dispensados por el Gobierno central y por el propio
Gobierno de la Generalidad, sin que hayamos oído ninguna rectificación,
ningún mentís a una afirmación tan estremecedora, de suerte de que, pese
a esa voluntad, insisto, tan enfática de sobreseimiento, la realidad, con
su terquedad, parece intentar desmentirle.

Permítanme terminar --ya que ha hecho referencia a una sesión resonante
de ayer del Parlamento de la Generalidad de Cataluña-- haciéndole un
ruego, un ruego correlativo de otro que muchos españoles tuvieron ocasión
de oír ayer en la televisión, y es que transmita al señor Presidente del
Gobierno la sorpresa y el desagrado de muchos



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españoles al advertir cómo una figura política distinta de la del propio
Presidente del Gobierno, titular exclusivo de la responsabilidad de la
disolución de las Cortes con arreglo al artículo 115 de la Constitución,
se permitía, con tal seguridad y contundencia, especular sobre esa
hipótesis sin desmentirla.




El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Mohedano.




El señor MOHEDANO FUERTES: En este debate que mantenemos con motivo de la
comparecencia del Ministro de la Presidencia para explicar la política de
su Departamento, fundamentalmente a partir de estos momentos, no tenía
previsto referirme al balance de la actividad del Departamento ni de la
política seguida por el Ministro y su Ministerio desde su anterior
comparecencia, pero parece inevitable --es lógico y quizá necesario-- que
los demás portavoces se refieran al balance de este último año a raíz de
aquella comparecencia del señor Rubalcaba el 6 de octubre. Yo no quería
hacerlo aunque sólo fuera para evitar cualquier imputación de
autocomplacencia o de autosatisfacción por la política llevada a cabo
desde aquel momento.

Antes de referirme a algunos aspectos que considero transcendentales
sobre los objetivos políticos a los que ha hecho mención el señor
Ministro, voy a hablar del balance de este último año, aunque voy a
evitar, en cualquier caso, salirme de las materias que son propias de
esta Comisión. Voy a evitar caer en una especie de pequeño debate del
estado de la Nación refiriéndome a la Ley de Huelga, al Consejo Económico
y Social, al control presupuestario o a las opiniones del Presidente de
la Generalidad. No voy a entrar en ese pequeño debate, aunque me
alegraría que, en el caso del portavoz de Izquierda Unida --ya se lo he
dicho antes de que se marchara--, fuera una premonición para que en el
próximo debate de estado de la Nación fuera él el portavoz en lugar del
que lo ha sido en debates anteriores.

Refiriéndome a estos 12 últimos meses, estoy convencido --lo digo desde
la perspectiva de la democracia y desde la perspectiva del Estado, no
desde la autocomplacencia de la minoría mayoritaria socialista en esta
Cámara-- de que ha habido dos cosas tremendamente positivas. Una de ellas
es que se ha incrementado y se ha asentado el espíritu de diálogo y de
búsqueda de acuerdo entre los partidos y los grupos parlamentarios,
fundamentalmente por la predisposición de la minoría mayoritaria a no
sólo no cerrar el paso, sino abrirlo a todas aquellas iniciativas de la
oposición con las que, aunque no se estuviera totalmente de acuerdo en
muchos puntos, merecía la pena que fueran discutidas y aprobadas en la
Cámara. La segunda es un evidente reforzamiento del Parlamento como
centro de la vida política aunque no suficiente, y luego me referiré a
ello.

Ese mayor espíritu de diálogo y de búsqueda de acuerdos (no de consenso,
porque el consenso es la totalidad de las fuerzas políticas, y a veces no
es unánime sino muy mayoritario, por eso hablo de acuerdo y no de
consenso) ha ido acompañado de unos meses de mayor tensión y crispación
política, que no sólo ha sido la espuma de la vida política española. La
política tiene esas contradicciones también. Debajo de esas tensiones y
de esa crispación política puede haber un mayor acuerdo y un mayor
espíritu de diálogo que indudablemente ha habido.

Tengo datos que señalan que de esas 166 iniciativas importantes de la
oposición y de los grupos minoritarios, apoyadas por el Grupo
Parlamentario Socialista: tanto proposiciones de ley en el Congreso y en
el Senado, como mociones urgentes en Congreso y en el Senado;
proposiciones no de ley en el Congreso, etcétera, 76 han sido del Partido
Popular; 33, de Izquierda Unida; 29, de Convergència i Unió; 15 del Grupo
Vasco; 9 de Coalición Canaria y 4 del Grupo Mixto.

Efectivamente, señor Cisneros, no se niega la iniciativa importante de su
Grupo; no sólo no se niega sino que se agradece en esta Cámara y en esta
Comisión, pero vamos a ponernos de acuerdo. Si aceptamos que ha habido
una mayor iniciativa y que esa iniciativa ha sido acogida con una
posición abierta por parte de la minoría mayoritaria, vamos a aceptar que
ha habido una mayor capacidad de acuerdo y una mayor capacidad de
diálogo.

En lo que se refiere a las iniciativas legislativas objeto de esta
Comisión, vamos a enumerar algunas de ellas. El informe del censo, tema
problemático en otras legislaturas anteriores, iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular, a cuya solución en cuanto a las condiciones que se
deben establecer para su elaboración, se llegó a una decisión unánime de
los miembros de esta Comisión y de esta Cámara. Lo mismo sucede con la
Ley Orgánica del Régimen Electoral, donde no se recogían sólo aspectos de
adaptación a las exigencias del Tratado de Maastricht, sino también
aspectos importantes relativos a la financiación, duración y austeridad
de las campañas electorales.

Yo le garantizo, señor Cisneros, que en lo que se refiere a su iniciativa
legislativa, su proposición de ley para dar no sólo un estatuto normativo
diferente a la regulación del Centro de Investigaciones Sociológicas,
sino también al propio contenido de esa iniciativa legislativa, por parte
del Grupo Parlamentario Socialista va a haber la mayor predisposición a
llegar a la máxima coincidencia con ustedes y con los demás grupos de la
Cámara para asegurar lo que ustedes, lo que todos queremos y lo que ya
está previsto en gran parte en la orden que regula en estos momentos el
Centro de Investigaciones Sociológicas, que es asegurar la igualdad de
acceso, en condiciones de igualdad y de objetividad, a la investigación
social que se realiza por este Centro.

La misma predisposición existe para el Estatuto de Radiotelevisión
Española, para la reforma de los aspectos que han sido señalados por el
Ministro en cuanto se refiere al Tribunal de Cuentas y para el Reglamento
del Congreso, aunque no sea competencia de esta Comisión. Me reconocerá
el señor Portavoz del Grupo Popular que, hablando de tics, es un
Reglamento en el que están de acuerdo todos los grupos parlamentarios del
Congreso desde la legislatura del año 1986, y que si todavía no se ha
aprobado es por la única y casi exclusiva oposición de un grupo
parlamentario, concretamente el Grupo Parlamentario Popular.




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La provisión de vacantes de los órganos constitucionales y del Consejo de
Universidades, del Consejo de Seguridad Nuclear, etcétera, no puede
identificarse con el impulso democrático. Ni siquiera el impulso
democrático puede identificarse con la nueva forma, con el nuevo método y
con el nuevo estilo con el que se han proveído estos órganos
constitucionales en esta legislatura, no puesto en discusión por ninguno
de los portavoces parlamentarios que han intervenido hasta ahora y
evidentemente diferente al de la legislatura anterior. Pero ni siquiera
eso es el impulso democrático. Eso forma parte de la corrección de
determinados vicios en los que, en situaciones políticas diferentes, se
ha incurrido en la provisión de determinadas vacantes.

Me referiré después más detenidamente al impulso democrático, pero
también querría hacer mención a otra cuestión, y es al énfasis que se ha
puesto en esta Cámara, y concretamente en esta Comisión --no se ha
eludido--, a la necesidad del consenso con los afectados por las leyes
que decidimos en esta Cámara y en esta Comisión. Los agentes sociales
deben ser ampliamente entendidos y consultados. Eso lo hemos hecho en
esta legislatura por primera vez. Quiero recordar la Ley de Asilo que
planteaba una serie de problemas, no sólo en la normativa nacional, sino
también en relación con la situación internacional a la que afecta una
ley de asilo. A esta Cámara hemos invitado a representantes españoles y
extranjeros de Amnistía Internacional, de CEAR, de organizaciones
internacionales de derechos humanos. Hemos procurado elaborar y aprobar
esa ley teniendo en cuenta y consultando lo más posible a los
representantes de esas organizaciones. Exactamente igual sucede cuando
vamos a regular la ley del secreto profesional de los periodistas y de su
cláusula de conciencia. Sin preferencia por el carácter de un medio de
comunicación o de otro, si es empresario o trabajador, si pertenece a un
sindicato o a una asociación profesional, hemos pedido la comparecencia,
a iniciativa de esta Cámara, de esos representantes en esta Comisión para
escucharlos y para tener en cuenta sus opiniones y elaborar la ley, dado
el impacto social que estas leyes tienen, de acuerdo con lo que dicen y
de acuerdo con sus intereses legítimos. Eso también es positivo para el
diálogo y para el reforzamiento del Parlamento y para evitar esos
fantasmas de la doble legitimidad, que a veces se esgrimen, que forma
parte de ese impulso democrático y de ese acercamiento del Parlamento a
la sociedad. Hablando del Parlamento en su aproximación a la sociedad (no
negamos, como sucede en muchos países occidentales, que vivimos en un
momento de divorcio y de separación), indudablemente en esta última
legislatura se ha producido un reforzamiento de éste como centro de la
vida política. En eso coincidimos plenamente con lo que ha dicho el
Ministro.

Quiero hacer una observación con la que no creo que los demás portavoces
discrepen mucho en lo que se refiere a esta situación, en general, en los
países de democracia occidental. La progresiva imbricación de los
partidos en los modernos sistemas parlamentarios ha dado lugar --y eso es
evidente--, no en España, sino en todos los sistemas democráticos a una
creciente tendencia a la unificación entre el Gobierno y la mayoría
parlamentaria --y de eso podemos hablar de Francia, de Inglaterra, de
Italia, de España--; a una identificación sustancial de los intereses de
uno y otro órgano del Estado y, a la postre, a la atenuación de la
función de control del Ejecutivo por el Legislativo y a una atonía en la
vida y en el papel esencial del Parlamento, en la medida en que uno y
otro, con diferentes matices, han ido respondiendo en los países
occidentales al mismo impulso y son dirigidos desde los mismos centros de
poder.

Cuando hablamos de un reforzamiento mayor del papel del Parlamento nos
referimos a que en este primer año de esta última legislatura en España
se ha reforzado el papel del control del Parlamento sobre el Legislativo,
no sólo por un problema de aritmética o por la pérdida de mayoría
absoluta, sino por una voluntad decidida de las minorías de la oposición
y de la minoría mayoritaria del Gobierno para que eso se produzca, no
sólo incrementando la iniciativa legislativa del Gobierno con
modificaciones normativas tan importantes, por ejemplo --por decir una de
las que ha mencionado el Ministro--, el Real Decreto-ley 5/94, de 29 de
abril, relativo a la posibilidad de que las Comisiones de Investigación
tengan acceso a informaciones que hasta ahora les estaban vedadas, de
carácter financiero y fiscal, tanto de entidades financieras como
bursátiles y otras que han sido mencionadas, sino que la mayor iniciativa
legislativa de la oposición ha dado lugar también a una mayor apertura,
por parte del Gobierno y de la minoría mayoritaria, a esa iniciativa
legislativa de la oposición. En definitiva, hemos ido a un reforzamiento
de las actividades de control del Parlamento. Esto es positivo desde el
punto de vista no del Gobierno ni de la minoría mayoritaria que le apoya,
sino desde una visión de estado y desde el punto de vista del
reforzamiento de la democracia.

Tal vez no era necesaria --no lo ha sido-- una reforma del Reglamento
para que el Presidente del Gobierno comparezca todas las semanas que
pueda --que son casi todas--, pero, señores portavoces, señor Ministro,
¿en cuántos países democráticos de Europa comparece el Presidente del
Gobierno todas las semanas en el Parlamento? ¿En cuántos y en qué países?
Por eso, ¿esos países son menos democráticos que España? No. No queremos
fijarnos en los que son menos democráticos, sino en ir más allá de los
que son menos democráticos, aunque esos países no son menos democráticos.

¿En cuántos países comparece el Presidente? No nos sirve como ejemplo de
mal menor que no comparezca, preferimos que comparezca y que si comparece
ahora 15 minutos, más adelante comparezca 30. Pero, evidentemente, sí es
un reforzamiento del papel del control del Parlamento sobre el Ejecutivo,
no se puede negar. La propia figura del debate del estado de la Nación no
es nueva, no es de esta legislatura, es una figura exótica en el panorama
constitucional europeo, pero acertada. ¿Dónde están esos debates del
estado de la Nación, todos los años, en el constitucionalismo y en la
vida democrática y parlamentaria europea? Lo mismo podríamos decir en la
búsqueda del espacio y el lugar que le corresponde al Senado como Cámara
territorial.




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Todo esto señoras y señores Diputados, no es consecuencia de la
aritmética, como decía el Ministro compareciente, ni de la pérdida de una
mayoría absoluta, sino de una voluntad clara. De una voluntad clara de
que cuando hay problemas en las democracias occidentales, cuando las
democracias occidentales, la española y otras, tienen achaques
importantes, la solución no es menos democracia, la solución es más
democracia. Porque, a fin de cuentas, la democracia, señor Ministro, es
la combinación de unos procedimientos que son ciertos y de unos
resultados que son inciertos para todos; pero los procedimientos son
ciertos y tienen que ser cada vez más democráticos.

Cuando se estudia el nacimiento de la democracia en Gran Bretaña, la
mayoría de los autores afirman que lo esencial es que el Parlamento sea
visto, en principio, como el vocero de la Nación. Y no es extraño que se
una el Parlamento a un régimen de publicidad, en el que la política
abandona su carácter arcano y opaco y sale a la calle y sale a la prensa
política y sale a los comentarios parlamentarios y hasta a la cátedra. Al
Parlamento tiene que llegar la opinión de la calle y, a la vez, el eco de
los debates parlamentarios debe contribuir a alimentar y a instruir una
opinión pública documentada. Es evidente no sólo que en este primer año
de legislatura la opinión de la calle ha llegado más al Parlamento, sino
que la voz del Parlamento ha tenido mucho más impacto y mucho más peso
específico en la opinión pública de la calle.

En este punto --no por cortesía que, desde luego, no es obligada, ni por
razón alguna de obligación-- es donde nuestro Grupo Parlamentario tiene
que agradecer al señor Ministro no tanto su trabajo, que es su
obligación, sino su conducta y su forma de comportamiento en su doble
condición, por una parte, de Ministro de Relaciones con las Cortes y, por
otra parte, de Ministro Portavoz del Gobierno; en definitiva, el
intermediario entre el Gobierno y la sociedad, el Ministro que se encarga
de la comunicación del Gobierno con la sociedad. Agradecimiento, en
primer lugar, en su condición de Ministro de Relaciones con las Cortes,
porque han sido un Ministro y un Gobierno que han respetado plenamente la
autonomía del Parlamento y que no han utilizado los mecanismos que todos
los ejecutivos y todos los gobiernos tienen en las democracias
occidentales para poder obstruir la labor del Parlamento, porque la
obstruyen en muchos países occidentales.

El que cuando se han constituido Comisiones de investigación y ha habido
que facilitar información la actitud del Gobierno haya sido favorecedora
de la transparencia y de la colaboración con el Parlamento es algo que
nuestro Grupo Parlamentario le agradece, no por ser un ministro del
Gobierno socialista, sino porque eso redunda en favor de la democracia.

En segundo lugar, porque es un Ministro a quien nadie le puede negar
--aunque se diga a veces de manera irónica-- que se ha preocupado y ha
mejorado la comunicación del Gobierno con la sociedad que, en definitiva,
es explicar qué es lo que hacen los administradores públicos --eso es lo
que son los políticos-- con transparencia, con rigor y con capacidad de
transmisión. Por esos datos concretos es por lo que agradecemos al señor
Ministro no su comparecencia, sino el resultado de su comportamiento y de
su actuación como Ministro.

Tal y como decía el señor López Garrido, iniciamos una nueva etapa. Es
evidente que desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Socialista,
iniciamos una nueva etapa. En la democracia nunca hay situaciones límite,
y no es suficiente lo que se ha hecho. Yo diría que no sólo no es
suficiente, sino que si no superamos los problemas que tenemos en la
democracia española y, en términos generales, en las democracias
occidentales, no arreglaremos eso que se llama el malestar de la
democracia, el divorcio entre el Parlamento y los ciudadanos, la
separación entre los representantes y los electores, o lo que le he
escuchado decir al Ministro señor Rubalcaba en su informe cuando hablaba
de la desafección de los ciudadanos o la lejanía entre los ciudadanos y
las instituciones públicas.

En todos los estudios de opinión --alguno ha sido citado por el señor
López Garrido-- los ciudadanos se identifican con la democracia y con los
partidos políticos como pieza clave de la democracia. Lo que parece estar
claro es que con lo que no se identifican los ciudadanos --y ahí es donde
empieza el grado de desafección y de separación-- es con el tipo
dominante de democracia, con tipos dominantes de hacer política y con el
modelo imperante de partido político, que ha ido perdiendo --y lo digo
con toda claridad-- su base externa para poder seguir reproduciéndose de
esa manera en el futuro.

Los estudios de opinión de las actitudes y los comportamientos políticos
de los jóvenes, de las nuevas generaciones, revelan la existencia de una
inmensa bomba de relojería que en el momento menos esperado pueden hacer
estallar-- lo digo simbólicamente-- el marco tradicional de las
democracias occidentales o que, al menos, los partidos políticos actuales
pierdan, salvando las diferencias geográficas y políticas, credibilidad
y, a la postre, sean desplazados por formas de organización política
mucho más inestables y mucho más irresponsables, ya sean movimientos de
protesta antisistema, que han galvanizado el electorado europeo en algún
país muy recientemente, o con candidaturas exclusivamente apoyadas en un
liderazgo personal, de las que tantos ejemplos ofrecen las recientes
democracias de los países de Europa del Este.

Señoras y señores Diputados, desde esa perspectiva de Estado democrático
y de reforzamiento de la democracia y del papel del Parlamento, no
podemos seguir impasibles ante los momentos indiscutibles de deterioro
del funcionamiento democrático ya que, con lo que seamos capaces de
aportar, cada uno de nuestros grupos tenemos que hacer frente y responder
a una serie de problemas con cuya enumeración acabo mi intervención. El
primero de ellos: superar la crisis de los partidos políticos, la
corrección de las relaciones entre los órganos de dirección de los
partidos y los miembros de las asambleas parlamentarias pertenecientes a
los mismos; en definitiva, la reforma democrática de los partidos
políticos en cuyo detalle no voy a entrar ahora porque debe ser objeto de
maduración de esta Cámara, de esta Comisión y de nuestras propias
organizaciones políticas.




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El segundo problema es la modificación del Reglamento del Congreso,
modificación que vaya en un sentido de reforzar el control del Ejecutivo,
de dinamizar la vida política parlamentaria, de dar mayor autonomía a los
grupos parlamentarios, de fortalecer el papel del parlamento individual.

Eso no va ni debe ir en contradicción con la disciplina de voto de cada
grupo parlamentario, porque la disciplina de voto clarifica las posturas
en el hemiciclo, posturas bien plurales como en nuestra Cámara y, además,
resulta un medio básico para no debilitar la fuerza de la representación
parlamentaria. Sin esa disciplina de los grupos parlamentarios el debate
sería caótico y los resultados imprevisibles, pero eso, vuelvo a decir,
no es contradictorio con el fortalecimiento y la autonomía de los grupos
parlamentarios, del parlamentario individual y con una vida más dinámica
en el Parlamento.

En tercer lugar, fomentar el protagonismo de los agentes sociales que
defienden legítimos intereses, considerarlos también como auténticos
protagonistas de un amplio entramado de asociaciones, fundaciones,
instituciones, entidades, algo que está, que no es contradictorio con el
Estado democrático y de los partidos sino que está en la auténtica
naturaleza actual del Estado social; partidos como piezas de la
democracia, por supuesto, pero no exclusivamente partidos, ni partidos en
todos los sitios.

En cuarto lugar, fomentar la necesidad, a la que me refería, de escuchar
y de llegar a acuerdos con los afectados por las leyes que sancionamos en
este Parlamento y de buscar zonas de consenso con aquellos sectores a
quienes va a afectar la decisión parlamentaria. Esto supone --y no lo
digo por dotar de mayor legitimidad a la definitiva sanción formal que
únicamente puede dar el hemiciclo, sino para espantar ese fantasma de lo
que de una manera peligrosa se ha venido en llamar y en describir como el
supuesto de doble legitimidad-- por lo tanto agentes sociales ampliamente
escuchados, ampliamente entendidos, y ya he puesto algún ejemplo de la
experiencia que en este Parlamento, en esta legislatura y en esta
Comisión concreta hemos tenido sobre ese tema.

Estos son, señor Presidente, señoras y señores Diputados, desde el punto
de vista del Grupo Parlamentario Soclialista, los problemas de nuestra
democracia, los problemas de las democracias occidentales, y vemos que en
el inicio de esta legislatura, a pesar de los problemas, de los casos de
corrupción que han surgido, a pesar de la crispación política, a pesar de
las tensiones, se han dado pasos importantes tanto en el reforzamiento
del Parlamento como control del Ejecutivo, como en la dinámica y en el
papel más central de la vida parlamentaria, en el diálogo entre los
grupos parlamentarios para llegar a mayores acuerdos y romper con esas
situaciones, afortunadamente abandonadas, en las que se hablaba de
prepotencia, de arrogancia, etcétera. Esos problemas de las democracias
occidentales también llegaron quizá demasiado pronto a nuestra
democracia.

Nosotros pensamos, y con esto acabo, señor Presidente, que nuestro Grupo
Parlamentario y el Partido Socialista Obrero Español deben y pueden
encabezar la tarea de corregir y de superar esos problemas de nuestra
vida democrática.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ministro.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba):
Señor Presidente, voy a hacer algunos comentarios a las intervenciones de
los distintos grupos parlamentarios. Es verdad que sólo me queda el 66
por ciento de la audiencia, he perdido el 33 por ciento, pero aun así voy
a contestar a ese 33 por ciento, esperando, como ambos hemos podido
hablar antes, que el «Diario de Sesiones» sirva de vehículo de
comunicación entre ambos en este debate político.

Por razones obvias discrepo del señor López Garrido respecto a la
valoración del balance que he hecho de mi trabajo en este año. Creo que
he dado muestras y pruebas suficientes de que se ha reccorido una parte
del camino andado, tanto más si tenemos en cuenta que la comparecencia
que hice al comienzo de esta legislatura planteaba un trabajo justamente
para toda ella, y estamos exactamente, por seguir con los números, cerca
de un 30 por ciento de la legislatura aproximadamente; todavía nos quedan
dos tercios, como reconocía el señor Cisneros en su intervención, supongo
que en un reconocimiento al que cabe dar valor político. Luego me
referiré a eso.

Discrepo de él asimismo acerca del tema de la nueva etapa, del que
también hablaré cuando responda al señor Cisneros. Yo creo que sí es
nueva, y lo es teniendo en cuenta las características que tuvo la etapa
que acabamos de vivir. Este último año creo que se ha caracterizao, en lo
que a la política y a la economía respecta, por dos elementos a los que
me he referido en mi intervención: la crisis económica, sin duda una
crisis profundísima, probablemente la más profunda y la más intensa, en
relación con el tiempo que ha durado, que ha conocido nuestro país; y por
una crisis, sin duda política, derivada de los casos de corrupción a los
que todos hemos hecho referencia de una u otra manera en nuestras
intervenciones. Dos crisis que hoy, al menos así lo entiendo yo, están
empezando a remontarse, lo que puede permitir hablar de una nueva etapa.

Ciertamente, la sociedad española hoy percibe la situación económica de
una forma distinta a como lo hacía hace escasos meses, y, ciertamente,
así sucede también con el ambiente o el clima político y social. Por
tanto, se puede hablar cabalmente de que entramos en una nueva etapa, si
lo hacemos por comparación a las características fundamentales que tiene
la etapa reciente a la que me vengo refiriendo, y a una nueva etapa
corresponden lógicamente también nuevos trabajos, nuevas iniciativas
políticas, que el Gobierno ha puesto en marcha justamente a partir del
mismo momento en que nos incorporamos al trabajo después de las
vacaciones estivales.

Como decía el portavoz socialista, escuchando al señor López Garrido
hablar del impulso democrático uno tiene la sensación de que impulso
democrático es todo. Ciertamente, atendiendo a las dos palabras y a su
análisis estricto bajo la perspectiva de impulso democrático cabría
imaginar



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todo un programa político de acción en los distintos campos en los que un
gobierno desarrolla su acción política, y él ha dado algún ejemplo de que
puede entenderse así. Yo no lo entiendo así, yo lo entiendo justamente
como lo expliqué en la comparecencia que tuve, y desde esa perspectiva
hay algunos aspectos de las críticas del señor López Garrido que, sin
duda, podríamos rebatir, aunque sólo fuera formalmente.

Me pregunta qué pasa con la ley de huelga. Pues poco tiene que ver con la
comparecencia a la que en estos momentos estamos asistiendo, y de esto
algo ha dicho el señor Cisneros. Pero circunscribiéndome a algunas de las
críticas que hacía y admitiendo --repito-- que el señor López Garrido ha
recorrido un camino que yo no estoy dispuesto a recorrer en esta Comisión
--no tengo ni la capacidad ni la habilitación política para hacerlo-- le
comentaré algunos aspectos concretos de lo que ha dicho.

Respecto a la Ley orgánica del Poder Judicial, es verdad que no
corresponde al ámbito de esta Comisión, pero no tengo más remedio que
recordarle que la ley ha sido votada por su Grupo Parlamentario, que han
puesto pues su confianza como los socialistas en que es una ley que
aumenta la capacidad de trabajo del Consejo del Poder Judicial. Por
tanto, me extraña un poco el escepticismo que ha manifestado respecto a
un proyecto de ley que han votado, que han defendido, que han enmendado,
y una buena parte de sus enmiendas, por cierto, han sido recogidas por
nosotros.

Respecto al tema del Parlamento, no voy a entrar en la valoración de la
encuesta que nos ha leído el señor López Garrido, primero, porque en este
tema de las encuestas mi escasa experiencia en las mismas me recomienda
ser prudente --hay que leerlas en su contexto-- y, segundo, porque,
seguramente, la interpretación temporal de los datos de la encuesta nos
podría llevar muy lejos y seguramente sembrar de duda algunas alborozadas
expresiones de algunos miembros de su Grupo Parlamentario en relación con
el clima político que vivimos hace escasos meses. No voy a seguir por
ahí. Pienso de todas maneras que cuando se habla del Parlamento y de su
función y se manifiesta preocupación, como todos hemos hecho aquí, por la
opinión que los ciudadanos tienen del Parlamento, todos deberíamos ser
capaces de introducir una cierta dosis de autocrítica que yo tengo que
decir con toda franqueza he echado de menos en la intervención del señor
López Garrido. Tal parece como si de una situación como la que él ha
definido en términos de opinión pública respecto al Parlamento sólo tenga
la culpa el Gobierno, y me parece que es una interpretación que no se
puede admitir. Admito el dato. Repito, su evaluación habría que hacerla
con cuidado, pero, en todo caso, las conclusiones que cabría sacar son
conclusiones que deberíamos hacer conjuntamente en una reflexión no
exenta de autocrítica. Yo la he hecho en lo que al Gobierno se refiere;
la echo de menos en lo que al Grupo Parlamentario del señor López Garrido
cabe plantear, y ciertamente no oculto que algunos comportamientos de
algunos de sus parlamentarios en algunas ocasiones ha producido cierta
perplejidad, por llamarlo suavemente, al Gobierno, justamente en relación
con el aspecto que él critica, que es la imagen pública de nuestro
Parlamento. Pero no quisiera entrar por ahí, entre otras cosas porque no
me puede replicar y me parece que sería jugar con ventaja. Es un debate
que, desde luego, no me impediría tener públicamente, porque creo que
sería bastante aleccionador para todos los ciudadanos.

Discrepo de algunos aspectos en relación con la televisión, pero tampoco
creo que sea el momento de debatirlo. Yo creo que los miembros de
Izquierda Unida cuando hablan de las comisiones, cuando hablan de los
órganos de control del sistema audiovisual y se refieren a otros países
de Europa, tengo la impresión de que no han leído en profundidad lo que
pasa en otros países de Europa, si no no lo dirían tan claramente. Yo
creo que no han leído exactamente la reglamentación audiovisual inglesa o
la francesa, porque cuando hablan de controles audiovisuales imaginan
sistemas de control ajenos por completo a la tarea del Ejecutivo --una
suerte de parlamento o de representación social controlando las
frecuencias de los medios de comunicación y su comportamiento-- y nada
más lejos de la realidad audiovisual francesa o inglesa que pone
sistemáticamente como ejemplo, nada más lejos de la realidad audiovisual
donde estas comisiones, que ciertamente no están ubicadas
administrativamente bajo un ministro, tienen desde luego una dependencia
del Ejecutivo --me atrevería a decir-- infinitamente superior de la que
nuestra reglamentación audiovisual supone al menos para la televisión
pública española, que depende de un consejo de administración que se
elige en este Parlamento y de una Comisión de control que se reúne con
una periodicidad bastante elevada en el seno de este Parlamento. Por
tanto, me parece que estamos hablando de modelos que no existen en ningún
país del mundo y sería bueno que empezaran a matizar a qué países se
refieren cuando hablan de sistemas de control de lo audiovisual, de
autoridades independientes, y ponen como ejemplo modelos europeos.

Yo creo que nuestra Televisión Española o su estatuto requiere una
reforma en la línea que he planteado. Creo que la reforma tiene aspectos
a los que se refiere el señor López Garrido, pero tiene otros también
enormemente importantes que al menos al Gobierno preocupan, cuales son,
por ejemplo, la organización interna de la televisión, su gasto
presupuestario, la ejecución de su presupuesto, sus plantillas, su
estructura administrativa. Creo que son problemas enormemente importantes
cuando hablamos de un servicio público --el de la Televisión Española--
que tiene un presupuesto cercano a los 200.000 millones de pesetas.

Deberíamos, por tanto, no sólo hablar de la televisión en sus aspectos de
programación, que son muy importantes, qué duda cabe --comisiones de
control ajenas al Gobierno hay para que esto funcione razonablemente
bien--, sino también de sus aspectos de organización administrativa,
presupuestaria, etcétera, que preocupan mucho al Gobierno y que creo que
lógicamente deberían preocupar a toda la Cámara, pues es una televisión
que en buena parte está subvencionada --y así creo que debe ser en el
futuro-- por fondos públicos.

Pienso que el señor López Garrido ha mencionado excesivamente en su
intervención la palabra «control» al hablar



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de los medios de comunicación. Debo decir que me preocupa y que no
comparto determinadas visiones sobre que el control sobre las
televisiones privadas, por ejemplo, debe llevarse desde el Gobierno. Me
parece que hay un equilibrio difícil entre libertad de expresión y
control y creo que a veces se manejan ambos conceptos --eso sí, siempre
por separado-- llevándolos hasta la exageración. No comparto algunos de
los elementos de control que el señor López Garrido ha puesto sobre la
mesa o yo he creído que ponía sobre la mesa en relación con las
televisiones privadas.

Me satisface, por el contrario, que el señor López Garrido haya hablado
de la eficiencia del gasto público. Creo que es una palabra que no
acostumbro a ver en los discursos de Izquierda Unida y que desde luego
saludo en este momento. No sé si es un lapsus o, por el contrario, va a
formar parte habitual de su discurso político. Efectivamente, al hablar
del gasto público, hay que hablar también de eficiencia del gasto
público, y al hablar del Tribunal de Cuentas, y como ya he tenido ocasión
de exponer ante esta Comisión, no sólo hay que hablar del control
estricto de lo que se gasta en términos de si se cumple o no la
legislación, sino también de la capacidad de auditar, en el sentido más
positivo de la expresión, que progresivamente va siendo mayor en los
Tribunales de Cuentas de nuestro entorno. Creo que por ahí debería ir la
reforma a la que me he referido antes, reforma que, como he dicho,
traeremos a esta Cámara en los próximos meses.

Finalmente, no voy a hacer una referencia a lo que él ha llamado la parte
socioeconómica del impulso democrático porque entiendo que no me
corresponde a mí. No quiero, sin embargo, dejarme sobre el tintero una
propuesta que el Grupo de Izquierda Unida viene planteando
sistemáticamente --también lo hizo en el Senado-- en relación con el
Consejo Económico y Social, del que dicen que tiene una escasa capacidad
de dictamen en este momento; incluso quieren que las leyes de
presupuestos pasen a dictamen del Consejo Económico y Social; es algo
sobre lo que pienso que no han reflexionado suficientemente. Lo que
quieren, sobre todo, es ampliar su naturaleza mediante la incorporación
de las comunidades autónomas, petición que también formulan con bastante
alegría, porque creo que la incorporación de las comunidades autónomas al
Consejo Económico y Social cambiaría radicalmente el tipo de Consejo del
que estamos hablando. Pienso honestamente que no es ése el Consejo
Económico y Social que quiere nuestra Constitución y pienso sobre todo
que no es el que quieren los agentes sociales. Me parece que en esto al
señor López Garrido y en general al Grupo de Izquierda Unida le falta esa
conexión sindical que parece que últimamente echan excesivamente de
menos.

Por lo demás, acepto --cómo no-- las aproximaciones que ha hecho en
relación con las informaciones que he dado respecto a los proyectos
legales y, una vez más, les digo a los representantes de Izquierda Unida
que estamos dispuestos a hablar sobre esta área, en la materia que ocupa
el trabajo de mi Ministerio, pues creo que objetivamente hay un campo
amplio para poder trabajar conjuntamente.

Me voy a referir brevemente a la intervención del señor Cisneros, cuyo
tono empiezo por agradecer sinceramente. Ha comenzado por hacer una
referencia al consenso. Es verdad, como señalaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, que hemos vivido una etapa peculiar,
caracterizada por un clima importante de crispación política, pero en la
que, sin embargo, hay que destacar que ha habido consenso en muchas de
las leyes importantes que se han visto en el Parlamento. Es verdad que
ahí hay una cierta contradicción entre lo que un ciudadano puede percibir
como tónica dominante de un Parlamento que sin duda ha vivido momentos
muy duros en los pasados meses, y el funcionamiento --vamos a llamarlo
así-- de muchas de sus comisiones, que han ido acordando piezas
importantes de las políticas que se han discutido en el Parlamento. Desde
luego, en el seno de esta Comisión --y lo decía el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista-- así ha sido. Ha habido consenso prácticamente
en todas las cosas que se han abordado. Bien es verdad que ésta es una
Comisión, como yo decía en mi intervención, que difícilmente puede
caminar sin consenso, incluso a veces porque las propias leyes nos lo
imponen. Sin embargo es cierto, y he dado algunos datos con el ánimo
simplemente de poner encima de la mesa un trabajo, que me apresuro a
decir que es un trabajo compartido. El Gobierno ha tomado muchas
iniciativas legislativas sin frenesí --luego me referiré a ello--, pero
también es verdad que ha habido muchas iniciativas de los grupos
parlamentarios y creo que en conjunto todo ello ha configurado una
actividad del Parlamento de la que podríamos --como decía en mi
intervención-- sentirnos razonablemente satisfechos. Repito que no es
algo que corresponda sólo al Gobierno, aunque también debo decir que el
Gobierno, como señalaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
ha contribuido, con su presencia, con su trabajo y con su iniciativa
legislativa, a que el Parlamento ciertamente haya tenido una actividad
importante cuantitativa y cualitativamente. He hecho un análisis
cuantitativo porque no creo que sea el momento de hacer un análisis
cualitativo, tampoco pienso que corresponda al Ministerio de la
Presidencia, pues debiera ser más bien un trabajo de los propios grupos
parlamentarios, pero creo que se puede decir, objetivamente, que el
Parlamento de este último año es un Parlamento más vivo del que han
conocido otras legislaturas. Sin duda a ello contribuye el que no haya
mayoría absoluta, pero también un intento que el Gobierno desde el
principio puso encima de la mesa de buscar consensos y acuerdos, sobre
todo en temas como los que tratamos en esta Comisión en los que, repito,
nos parece difícil avanzar sin esas características.

Me ha parecido entenderle al señor Cisneros que las líneas generales que
he puesto encima de la mesa en relación con el estatuto de
Radiotelevisión y con el Tribunal de Cuentas podrían ser piezas
inicialmente de aproximación a acuerdos, y me satisface. Le puedo decir,
como he dicho en mi intervención, que trabajaremos y no escatimaremos
esfuerzos para conseguir acuerdos sobre esta materia. No así en el tema
de partidos políticos, donde parece que puede haber alguna discrepancia.

Paso a contestarle en este apartado a una pregunta que me hacía.




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Nosotros creemos que la legislación de partidos políticos, desde luego la
de financiación, debería surgir del seno de la Comisión que está
trabajando en esta materia. Nos parece que eso debe ser así. Hay una
Comisión parlamentaria en la que los grupos están discutiendo sobre ese
tema y parece razonable que de ahí surgieran los elementos centrales de
un nuevo esquema de financiación de partidos políticos, que creemos que
es necesario, lo que no quita para que el Gobierno haya hecho sus
trabajos, entre otras cosas porque yo comprometí aquí en esta Comisión
una ley de partidos y de financiación, y sobre ese texto hemos estado
trabajando. Lo que he hecho hoy es plantear la posibilidad de que los
trabajos que el Gobierno ha desarrollado, los textos que hemos preparado,
los estudios que nos han permitido preparar esos textos puedan ponerse a
disposición de la Comisión sobre los partidos si es que así lo estiman
oportuno los grupos parlamentarios.

Lo mismo sucede con lo que hemos llamado una ley de partidos, que no es
exactamente una ley de financiación, es otra cosa un poco distinta a la
que se ha referido el señor Cisneros. Yo creo que hay que buscar --y en
eso probablemente tenga razón-- un equilibrio entre la regulación y la
libertad. Pienso que es un equilibrio delicado. No soy partidario de
organizar por ley a los partido políticos. Me parece que sería
frontalmente contrario, entre otras cosas, a nuestra Constitución. No soy
partidario de judicializar la actividad interna de los partidos
políticos, se lo digo con toda claridad; ahora, sí creo que caben algunos
elementos básicos de regulación que permitan salir al paso de cosas que
ciertamente cuando se producen, y a veces pasa eso, no dan la mejor
imagen de los partidos políticos. Pienso que ahí también podemos buscar
un equilibrio sin llegar a una regulación que, como el señor Cisneros
decía y yo comparto, ahogue, por así decir, la capacidad interna de los
partidos que en materia de autoorganización debe ser, a mi juicio,
enormemente amplia.

Sobre el tema de la novedad el señor Cisneros siempre me hace análisis
semánticos de mis intervenciones. Creo que la otra vez que estuve aquí
también sacó una palabra que había repetido muchas veces. Esta noche se
la voy a contar a ver si es verdad que es la palabra que más he repetido
en un análisis semántico o semiótico del cual luego ha extraído algunas
conclusiones políticas sobre siglas que andan por ahí circulando que,
desde luego, puede imaginarse que el Gobierno no ha puesto nunca encima
de la mesa.

Tengo que decirle con toda franqueza que lo que el Gobierno ha hecho ha
sido simplemente cumplir su compromiso del 6 de junio. Dijimos en aquel
momento que íbamos a trata de estar más cerca de los ciudadanos y eso,
entre otras cosas, significa estar más en los medios de comunicación que
finalmente transmiten a los ciudadanos las opiniones del Gobierno; venir
más al Parlamento; estar más con los ciudadanos en actos distintos que
convocan las propias organizaciones, los propios ciudadanos o agentes
sociales. Eso es, me parece, un compromiso electoral que, pura y
sencillamente, estamos llevando a la práctica. Cuál sea el calificativo
que esto merezca a los medios de comunicación, las siglas que se le
pongan, eso forma parte del trabajo razonable de los medios, que uno
admite, además, con buen humor. Dicho esto, no hemos hecho sino cumplir
un compromiso que tenemos encima de la mesa. Le añado, para que no quede
ninguna duda, que vamos a seguir en esa línea, cualquiera que sea la
terminología que se ponga por parte de los medios de comunicación,
repito, terminología que yo respeto.

En última instancia, repito, estamos simplemente cumpliendo con lo que
creemos que es una obligación del Gobierno. Entendemos que existe y ha
existido, por parte de los políticos en general, en este caso del
Gobierno, que es en nombre de quien puedo cabalmente hablar en esta
Comisión, un cierto alejamiento de los ciudadanos que éstos nos lo han
hecho notar, y ahí están las encuestas o las manifestaciones y que ese
alejamiento debe corresponderse con nuevos modos y formas de hacer
política que, en parte, se corresponden con las cosas que hoy estamos
comentando aquí, sólo en parte ciertamente.

Sobre el tema de las vacantes coincido con usted en que hemos cumplido
las previsiones legales. Yo creo que hemos hecho algo más. Yo creo que
hemos recorrido --como decía también el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista-- en el sentido inverso un camino que habíamos iniciado que, a
mi juicio, era erróneo y que todos hemos reconocido como tal. Hemos
corregido algunos errores, y pienso que si de algo puede servir el
proceso largo, como usted decía y yo admitía en mi primera convocatoria,
es para no volverlos a cometer. Hemos puesto encima de la mesa una
metodología --si se me permite la expresión-- para que a partir de ahora
la cobertura de estas vacantes se realice mediante mecanismos más
correctos, más ajustados al espíritu y a la letra de la ley y, sobre
todo, buscando consensos. Creo que algo hemos avanzado, no partimos de
cero y, por tanto, nos podemos ahorrar algunas discusiones que en el
comienzo de este proceso de negociación, excesivamente largo, hemos
tenido. Por tanto, no sería tan negativo respecto al tema, no diría que
nos hemos limitado a cumplir las previsiones legales --que también--,
creo que hemos hecho alguna cosa más.

No quiero hacer una historia de la negociación, prefiero olvidarla --en
el mejor sentido de la expresión--, también en el sentido de las horas
que me ha ocupado --le he dedicado muchas horas y mucho tesón, tengo que
decirlo porque ha sido mi trabajo--. Yo creo que no ha habido tics de
ningún tipo, señor Cisneros, se lo puedo asegurar, no los ha habido. Creo
que decir ahora que si Televisión se hubiera metido antes hubiéramos
tenido un consenso antes me parece que no responde a la realidad de lo
que ha sido la negociación. Creo que no ha sido así, creo que se puede
hacer otra historia y dar otra explicación y le adelanto que yo no la voy
a hacer. Creo que he sido parte de la negociación, con el Presidente del
Grupo Parlamentario Socialista, y le tengo que decir que no voy a
escribir la historia de esta negociación, simplemente la voy a dar por
cerrada, en positivo, no la voy a escribir, muchas cosas podría decir de
ella, algunas debo decir que me han sorprendido, incluso personalmente,
pero no voy a entrar ahí. No creo, honestamente, que lo que hemos tardado
en cubrir las vacantes haya sido debido a que hayamos tenido ningún tic
por



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parte del Gobierno ni del Grupo Parlamentario Socialista, no lo creo,
como no creo tampoco que el Consejo de Televisión fuera nunca un
obstáculo real. No lo creo, señor Cisneros, entre otras cosas porque ya
por el mes de abril tuve ocasión de explicar pública y privadamente que
no éramos en modo alguno contrarios a que se eligiera el Consejo de
Radiotelevisión, que estábamos dispuestos a hacerlo, que lo que no
queríamos era mezclar todas las cosas, sencillamente por razones que
tienen que ver con los defectos que todos queríamos corregir, para evitar
una sensación de que colocábamos encima de la mesa un conjunto de piezas
que al final tratábamos de casar en nombre de intereses partidarios. Creo
que esto era malo para la negociación, lo sigo pensando. Y finalmente
pienso que a través de un tedioso y largo proceso, como usted decía,
difícil de entender por la opinión pública --y que espero que no vuelva a
repetirse nunca y las bases hemos puesto para que así sea--, creo que
hemos salvado estos riesgos.

Hacía referencia S. S. también a los incumplimientos o a algunas quejas
de su Grupo Parlamentario que yo, con mucho gusto, recojo, y le puedo
asegurar que tomaré las medidas que estén en mi mano para que no haya
retrasos en los envíos de la documentación. Quizás y simplemente en
disculpa de mis colaboradores que dedican muchas horas a este asunto,
como usted bien sabe, tengo que decir que cuando se contestan en quince
meses 14.400 preguntas o informes escritos, uno puede admitir ciertos
retrasos, porque es un ingente volumen de documentación. En algunos
casos, como sabe S. S., una pregunta escrita supone varios cientos de
documentos, y, en ese sentido alguna vez podríamos mantener una
civilizada discusión, no sé si en esta Comisión o en cualquier otra o en
la Junta de Portavoces, sobre las preguntas, porque usted sabe, señor
Cisneros, mejor que nadie, que hay preguntas que pueden bloquear a un
ministerio durante algunas semanas. Cuando uno pide, por ejemplo, todos
los contratos administrativos de todos los ministerios y organismos
públicos de la Administración general del Estado, ciertamente está
planteando un trabajo hercúleo a los servicios. Esta pregunta, como usted
sabe, se ha producido, son varios cajones. Ese es un esfuerzo de los
funcionarios y de mis servicios. Por lo tanto, admito que pueda haber
algunos retrasos y aseguro en esta Comisión que trataré de que esos
retrasos se corrijan. También me gustaría llevar al ánimo de los grupos
parlamentarios que hay preguntas que matan, si me permiten la expresión
en términos estrictamente administrativos, que no políticos.

Sobre el tema de los fondos reservados es verdad que hay una proposición
de ley del Partido Popular, que fue votada por todos los grupos y que
hemos seguido casi escrupulosamente en la elaboración del texto. No es
menos cierto --tampoco lo he dicho, pero si usted pone una cosa, yo pongo
otra-- que hubo una propuesta del Presidente del Gobierno en su discurso
inicial en el debate del estado de la Nación en este sentido. Es verdad
que aquello fue una propuesta, esa propuesta se concretó y la concreción
de esa propuesta, votada por todos los grupos, nos ha permitido, ha sido
la falsilla que hemos utilizado para preparar el proyecto de ley que
tienen ustedes ya en sus manos y que empezarán a debatir no sé si en esta
Comisión o en la de Justicia e Interior.

En su intervención ha hecho algunos comentarios sobre la laxitud del
Gobierno en el gasto; creo que se han puesto encima de la mesa algunas
medidas, otras he comentado yo, en relación con la Intervención General
del Estado. Cuando uno oye hablar de estos asuntos a los representantes
del Partido Popular, inevitablemente le surge la tentación de comparar lo
que hace la Administración del Estado con lo que hace el Partido Popular
en otras administraciones en las que gobierna. Ya sé que este argumento a
ustedes no les gusta nada, pero es un argumento tan real como la vida
misma, porque de un Partido como el Popular, coherente y homogéneo
internamente, cabría esperar que predicara con el ejemplo, y,
ciertamente, señor Cisneros, tengo que decirle, y no voy a poner ningún
ejemplo concreto, que cuando uno va a las administraciones en las que
ustedes están, por así decirlo, en el Gobierno, no encuentra en modo
alguno esas prácticas de rigor y control parlamentario que ustedes
quieren aquí imponer y que a veces no tienen nada que ver con la
corrupción, sino con la gestión adecuada de los recursos públicos.

Hay un equilibrio, y usted lo decía cuando hablaba del frenesí
legislativo --ahora iré a ello--, difícil de establecer entre control y
eficacia, dificilísimo de establecer, y en el que uno no siempre está en
la misma posición, entre otras cosas porque las posiciones dependen
también de las experiencias que uno adquiere, y no me duelen prendas en
reconocer que algunas de las nuestras son francamente dolorosas. Pero,
dicho esto, siempre mantendremos que no por poner muchos controles encima
de la mesa se evitan algunas cosas, igual al final lo que conseguimos es
que la Administración no funcione. Hay un equilibrio delicado del que
estamos dispuestos a hablar con el Grupo Popular para buscar el óptimo de
la eficacia y del control, que creo que debería ser el objetivo que ambos
grupos pudiéramos compartir en esta materia, puesto que tenemos
responsabilidades muy importantes en el ámbito de las administraciones
públicas y de todas estamos hablando. Se trata de un equilibrio
complicado que usted mencionaba cuando hacía referencia a lo que ha
llamado frenesí legislativo: frenesí legislativo que, en todo caso, debo
decirle que compartimos. No hay más que ojear el «Diario de Sesiones» y
ver el número de normas que ustedes proponen; las que proponen todos los
días y las que todavía no hemos tramitado y están esperando en el
registro. En todo caso, repito, habría que decir que compartimos ese
frenesí legislativo, pero no voy a entrar en ello. Legislamos aquello que
creemos que hay que legislar y cambiamos las normas que hay que cambiar,
a veces simplemente porque el propio Parlamento nos indica, con
voluntades mayoritarias, que hay que cambiarlas.

No obstante, sí coincido con usted, y lo digo paladinamente, en que no
por mucho legislar se acaba con todos los problemas y en que hay muchas
cosas que tienen que ver con el comportamiento de las personas, que no
admite legislación alguna, ni tan siquiera la coercitiva, aunque a veces
se piense, quizá con más frenesí por su parte que por la nuestra, que ése
es el mecanismo ideal de corregir las conductas.




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Creo que tiene razón, que no podemos volvernos locos, si me permite la
expresión coloquial, legislando, porque lo que podemos hacer es acabar
con la eficacia de nuestra Administración. Repito una vez más, hay un
equilibrio complicado, pero, repito también, no creo que sea el Gobierno
quien posea ese frenesí legislativo, ese activismo legislativo, como
usted ha dicho. En todo caso, si lo tenemos, es un defecto o una virtud,
según se entienda, compartida.

No voy a hacer ninguna referencia a la nacionalización de televisión.

Nada más lejos de mi voluntad, se lo puedo asegurar. Creo que he hablado
de refortalecer el servicio público sólo cuando me he referido a que la
televisión colabore al cumplimiento de los fines constitucionales, y
estaba pensando en un campo que me es muy querido, que es el de la
educación; creo que ahí sí cabe hacer un trabajo importante, como creo
que cabe hacer un trabajo --el señor López Garrido lo señalaba-- por que
las instituciones aparezcan en los medios de comunicación en espacios más
vistos, en un intento de explicarles a los ciudadanos que aquí discutimos
esencialmente las cosas que les interesan y que les afectan. Coincido con
el señor López Garrido en esa crítica y en ese sentido me refería al
fortalecimiento del servicio público de la televisión, en ningún otro.

Ha hablado usted en algún momento de patologías. Tampoco quiero entrar en
eso, pero sí decirle que el Grupo Popular manifiesta permanentemente una
obsesión por los informativos de la televisión que yo, sencillamente, no
comparto. No voy a hacer aquí una defensa, que ya he hecho en otras
ocasiones, sobre la neutralidad. (El señor Cisneros Laborda: Lo
comprendo.) No, señor Cisneros, es que ustedes no lo predican sólo de la
televisión pública española, sino prácticamente de todas las televisiones
que hay en el mundo. Si a ustedes se les oye hablar, la verdad es que no
están satisfechos con ninguna, privadas, públicas y mediopensionistas
(Risas.), absolutamente con ninguna; con aquellas de las que ustedes
están más cerca quizá sí, pero no voy a entrar tampoco por ese camino
porque me daría mucho juego, pero no creo que sea el momento ni el lugar,
ni creo que el tono de su discurso merezca una réplica en esos términos
por mi parte. No creo que eso sea así; pienso que la televisión y sus
profesionales hacen un esfuerzo de rigor y de neutralidad en los
informativos. Por otra parte, ése es su trabajo y creo que lo cumplen
bien.

Finalmente, me voy a referir a los dos elementos más políticos de su
intervención. El primero tiene que ver con las preguntas del Presidente.

Creo que la posición del Gobierno en esta materia ha sido siempre clara.

Pensábamos que podía ser interesante una regulación de las sesiones de
control que afectan al Presidente del Gobierno --en esto no innovábamos
nada, usted sabe que hay Parlamentos donde estas cosas están reguladas de
forma estricta-- y creíamos que de esa manera se podría contribuir a dar
la mayor eficacia posible a esas comparecencias, porque es verdad que el
Presidente del Gobierno, como todos los Presidentes de Gobierno, viene
algunas veces al Parlamento, pero también es cierto que su trabajo --eso
lo entiende todo el mundo-- no le permite estar permanentemente aquí,
como algunos ministros estamos. Eso hace que los debates del Presidente
del Gobierno, en general, en algunos países del mundo, tengan
características singulares que permitan que sean debates en los que se
garantice el interés general de lo que se discute y se le dé, en el mejor
sentido de la expresión, la máxima importancia política. Esa era nuestra
intención: hacer lo más eficaz posible la presencia del Presidente del
Gobierno en el Parlamento, a efectos del control de la acción del
Gobierno, y pensábamos que eso se podía conseguir con una regulación que
nos daba igual que estuviera en el Reglamento o que se regulara a través
de un acuerdo de la Junta de Portavoces. Sobre este tema había un acuerdo
amplio, aunque es verdad que su Grupo al principio dijo que sí y luego
dijo que no. Nosotros seguimos pensando que puede ser útil y en ese
sentido seguimos abiertos. Mientras no se regule, lógicamente,
utilizaremos las fórmulas que existen en este momento, que son las
acordadas, que están en el Reglamento y que utilizan todos los grupos
políticos, sin que ello signifique, en modo alguno, un uso abusivo, a mi
juicio, de las mismas.

Ha habido críticas, que yo no admito, con respecto a las preguntas del
Presidente, e incluso manifestaba ciertas quejas respecto a sus
contestaciones. No voy a ser yo quien entre aquí en si el Presidente
contesta bien o mal, ya se defiende él bastante bien por sí solo; lo que
sí le voy a decir es que me gustaría que pasara revista a las preguntas
que el Grupo Popular ha hecho al Presidente del Gobierno, y que intentara
hacer un análisis parecido al que usted hacía de mis términos en el
discurso a ver si le caben a usted todas las preguntas bajo un rótulo, a
ver si le caben, y si le caben bajo ese rótulo entenderá perfectamente lo
que estamos diciendo. Yo creo que caben todas bajo el mismo rótulo, todas
tienen la misma intención.

Me decía usted que era una legítima curiosidad informativa. Es posible,
no lo sé. Pero tengo algunas dudas, se lo digo con franqueza, que cuando
se pregunta por cuarta vez lo que se ha discutido durante cuatro meses en
el Parlamento, en una Comisión de investigación, en dos Plenos y en
varias preguntas parlamentarias, estemos ante un caso de legítimo interés
informativo. Tengo algunas dudas, sobre todo cuando se sabe que la
respuesta no es más que una y se ha dado ya. Cuando uno reitera la misma
pregunta y obtiene la misma respuesta, porque no hay otra, a uno le caben
algunas dudas al respecto. Esto lleva a la parte final de mi
intervención. Me parece que la última vez que estuve aquí tuve con usted
ese debate, creo que en los mismos términos en los que estamos hablando
ahora. En aquel momento fueron por unas declaraciones realizadas por el
Presidente de su grupo político en el extranjero; declaraciones que yo
glosé en mi oficio de Portavoz del Gobierno.

Ustedes me piden una cosa que es bastante difícil de hacer. Con
frecuencia escucho, directa o indirectamente: Usted es el Portavoz del
Gobierno y tiene que ser un portavoz institucional, porque habla del
Gobierno de todos los españoles. Es verdad. Y, honestamente, creo que
trato de hacerlo; no creo que mi tono se pueda calificar, normalmente, de
no institucional, creo que trato de responder a ese criterio. Pero
permítame también decirle que cuando alguien se mete con el Gobierno,
alguien tiene que defender



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al Gobierno, y también el Portavoz puede decir lo que el Gobierno piensa
de lo que dicen otros del Gobierno. Creo que lo hago sin estridencias.

Desde luego, si usted compara mi tono y lo que digo con aquello a lo que
respondo, creo que no habrá dudas respecto a lo que estoy diciendo.

Respondo a algunas cosas cuando me parece que ciertamente afectan a la
política del Gobierno, y creo que lo hago como Portavoz del Gobierno; lo
hago sin salirme del cauce que entiendo que un Portavoz del Gobierno de
todos los españoles tiene que seguir.

Algunas cosas que se dicen, señor Cisneros, no por parte de algunos
militantes de su partido --que eso ya tendría justa contestación por los
militantes de aquel partido que soporta al Gobierno--, sino por
dirigentes muy importantes del Partido Popular, entiendo que pueden tener
contestación por parte del Gobierno, sin que ello rompa la lógica
institucional de un puesto como el que represento. Yo lo entiendo así, en
un equilibrio que admito que es difícil; a mí también me cuesta, porque a
uno también se le calienta la boca de vez en cuando, y lengua no me
falta, pero creo que lo hago con carácter institucional.

Usted me dice que a veces les echo en cara ese tema del clima de la
corrupción y tal... Pues mire, señor Cisneros, es que lo pienso así. A
veces en política nos olvidamos de las más elementales de las reglas. Uno
dice lo que piensa. Pienso que ustedes, en este momento, están
recurriendo a ese tema; lo pienso sinceramente y creo que hay pruebas
encima de la mesa para que el pensamiento mío no sea una imaginación ni
un acto de fe. Lo pienso así porque creo que hay pruebas. Desde luego,
las preguntas parlamentarias a que me refería antes creo que son pruebas
suficientes para demostrar que ustedes están objetivamente interesados en
que haya temas que no se olviden, porque políticamente les conviene. Me
parece que no pasa nada porque yo lo diga en este tono, que creo que no
ofende a nadie. Creo que es parte de su estrategia política. Por otro
lado, que no es un gran descubrimiento. Le aseguro que no me ha costado
mucho llegar a esta conclusión porque me parece que es de todo punto
evidente. Por cierto, que es una conclusión que comparto con bastantes
españoles. Lo digo así porque lo siento. Además, les digo que creo que no
es bueno. Hay responsabilidades políticas que hay que pagar y hay debates
políticos que uno tiene que hacer y tiene que responder de sus actos.

Creo que este Gobierno lo ha hecho en muchas ocasiones en este
Parlamento. Lo hemos dicho con mucha claridad. Hemos dicho a los
españoles lo que pensábamos de lo que había pasado y hemos adoptado
decisiones en relación con los temas. ¿Ustedes quieren volver sobre ello?
Nosotros creemos que es una táctica legítima, pero no por ello vamos a
dejar de denunciarla, siempre en un tono, repito, como el que yo utilizo,
que creo que nunca pueda calificarse de no institucional.

Termino con la última referencia. No voy a hablar del Presidente de la
Generalidad de Cataluña. Se basta por sí solo para hacerlo. (El señor
Cisneros Laborda: Se basta y se sobra.) Se basta y se sobra,
efectivamente. Usted lo dice y yo lo comparto.

Simplemente le digo que no deberíamos tratar con un formalismo jurídico
lo que es una declaración política. Creo que está claro que la capacidad
de disolver las Cortes la tiene constitucionalmente el Presidente del
Gobierno. Pero también se entiende lo que políticamente quiso decir el
señor Pujol al portavoz de su Grupo Parlamentario en el Parlamento de
Cataluña. Se comenta por sí solo. Creo que ése es un debate político al
margen de las cuestiones constitucionales y de los artículos que usted ha
mencionado, en los que le reconozco, por cierto, una autoridad mayor que
la mía.

Haciendo algunas referencias a la intervención del Grupo Socialista, creo
que ha puesto encima de la mesa un elemento enormemente interesante que
no estaba en mi intervención, pero que ciertamente está en el debate
político, y es que vivimos en España en una situación que no es
exclusivamente española. Esto está ahí. No lo califico ni en positivo ni
en negativo, pero es verdad que cuando se habla del malestar de la
democracia o de la desafección estamos hablando de un fenómeno que no es
exclusivamente español, y probablemente eso es motivo de preocupación más
que de satisfacción. Pero es cierto que este debate que estamos teniendo
aquí seguramente en muchos parlamentos de la Europa occidental se está
teniendo casi en los mismos términos en este momento. Creo que es algo a
considerar.

Coincido con usted, señor Mohedano --lo he dicho en mi intervención--, en
que el Parlamento es hoy más el centro de la vida política que hace un
año. Creo que eso no lo puede negar nadie. Como coincido con usted en que
hemos hecho todos un esfuerzo por que así sea. Coincido también en las
líneas de trabajo que usted planteaba. Creo que responden exactamente a
las necesidades que muchos ciudadanos sienten respecto a nuestro sistema
democrático y que todas ellas buscan salir de una situación que
objetivamente no es dramática, pero que debería preocuparnos a todos los
partidos políticos.

Finalmente, no me queda sino agradecer las valoraciones positivas que de
mi trabajo ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.




El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cisneros.




El señor CISNEROS LABORDA: Brevísimamente. Una vez una zorra --como es
bien sabido-- pretendía encaramarse a una parra para coger unas uvas,
resultó que estaban más altas que su capacidad de salto y se marchó
despechada diciendo que no estaban maduras, formulando así un ejercicio
de autoconvencimiento.

Creo recordar que la palabra del año pasado era concertar, convenir o
consensuar, igual que ahora es la de nuevo. Entonces como ahora pienso
que saber si esa voluntad de volver a centralizar la vida política en el
Parlamento, si esa mayor disponibilidad al control, etcétera, son pura y
simple consecuencia de una necesidad, del ejercicio de una aritmética
parlamentaria o son realmente virtud. A esto venía la consideración sobre
la zorra y las uvas.

Probablemente no he sido muy preciso al hablar de curiosidad informativa.

Quizá en eso tenga razón el señor



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Ministro. En todo caso, eso sí, es un legítimo ejercicio de control,
porque ahora ya, en esta intervención final, hemos pasado poco menos que
del sobreseimiento al archivo. Desde luego, señor Ministro, puedo
asegurarle que por parte de mi Grupo no estamos dispuestos a confundir el
sosiego con la amnesia ni la tranquilidad, deseable en la vida política
española, con la impunidad. En ese legítimo ejercicio en el que se
produce esa situación (que él tiende a considerar como cancelada y que,
por nuestra parte --insisto--, no encuentra la continuidad de los mimbres
y de los mismos supuestos políticos que la presidieron), ustedes, al
hablar de la corrupción, tienden a usar unos verbos impersonales,
--aflorar, acaecer--, con lo que ciertamente que no son un ejercicio de
asunción de responsabilidad.

En definitiva, los acontecimientos dirán quién tiene razón; el tiempo
desmentirá al señor Ministro o a mí sobre las apreciaciones o las
percepciones por parte de la sociedad española de ese clima, más allá de
la recuperación económica, que ciertamente no entiendo amenazada en
absoluto. Creo que la amenazan, por ejemplo, mucho más unos presupuestos
ramplones y alicortos, criticados por el propio Gobernador el Banco de
España, y, si me apura, hasta casi con enorme tibieza asumidos por el
propio Ministro de Economía y Hacienda, al final de su intervención,
sobre la verosimilitud de las expectativas de la inflación y la
verosimilitud de las expectativas de reducción del déficit público. Un
instrumento de esa magnitud puede tener alguna mayor virtualidad, para
alejar las expectativas de la recuperación o para no permitir su
aprovechamiento, que esas casi cláusulas de imputación hacia determinados
estilos de crispación.

El señor Ministro, en términos puramente informativos, no me ha hecho
ningún comentario ni consideración respecto a algunas medidas a adoptar
para habilitar el voto de extranjeros en las próximas elecciones
municipales. Esa era una reflexión puramente informativa, no política,
como ciertamente eran las que yo le hacía al final, porque la declaración
del señor Pujol tiene un valor político y no de interpretación
jurídico-constitucional, como él me decía. Más grave es que el señor
Presidente del Gobierno, al emitir otro juicio estrictamente de
oportunidad política (como la conveniencia o inconveniencia de que una
comisión de investigación de financiación de los partidos políticos se
ocupase de determinado asunto), pretendiera revestir ese interés político
y esa posición política, legítima como tal, de doctrina constitucional e
invocar un principio de competencia o de incompetencia en este caso
absolutamente inaceptable en mi opinión. Ese tipo de conclusión me parece
más grave. ¿Me ha entendido, señor Ministro, la referencia que he hecho
sobre la eventual incompetencia de cierta Comisión de esta Cámara para
conocer de un determinado asunto?
Termino con una pequeña broma, ésta sí estrictamente política. Yo no creo
tanto que ustedes anunciaran el nuevo estilo o esa voluntad en torno a la
fecha del 6 de junio. Entiendo que tuvo mucha más significación
aleccionadora la del 12 de junio. Quizás haya sido un lapsus del señor
Ministro



El señor PRESIDENTE: Señor Ministro.




El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Pérez Rubalcaba): Muy brevemente.

Siempre habrá una duda sobre si necesidad o virtud, aunque hay veces que
uno puede manifestar que es virtud y no necesidad, que es cuando tiene
los votos suficientes para quitar de encima de la mesa algo que le es
incómodo y no se lo quita.

Si usted repasa un poco la vida parlamentaria de este último año verá que
algunos ejemplos de virtud hay por parte del Gobierno y del Grupo
parlamentario Socialista, en un intento --repito-- de recuperar para el
Parlamento un papel que seguramente estaba empezando a perder. Algunos
ejemplos de virtud hay, y no se trata tampoco de pasar revista, pero
algunos y bastante significativos, como los hay en la tarea del Gobierno
en lo que al control se refiere. Usted sabe que ha habido propuestas de
su Grupo político que podíamos haber puesto en marcha después de la
aprobación de un nuevo Reglamento, y sin embargo no hemos esperado a ese
nuevo Reglamento para hacerlo. Pienso, por ejemplo, en todo lo que se
refiere al trámite presupuestario en esta Cámara. Creo que ahí el
Gobierno ha dado buena prueba de hasta qué punto es el primer interesado
en que las comparecencias presupuestarias tengan el máximo contenido,
tanto político como técnico, puesto que también de tecnicismos se habla
(con independencia de que el Reglamento nos obligara), en un
adelantamiento del Reglamento que abona la tesis de la virtud a la que me
vengo refiriendo. Pero sobre eso vamos a tener un debate hasta el final
de la legislatura, que difícilmente vamos a poder salvar.

Yo no he hablado de impunidad en ningún caso ni creo que la pretenda el
Gobierno. Me parece que no es eso; lo que le he dicho es que no tienen
ustedes derecho a quejarse cuando se le pregunta a un Ministro o al
Presidente la misma cosa por cuarta vez y se responde la misma cosa por
cuarta vez, sobre todo cuando no hay otra respuesta posible, y creo que
algún ejemplo muy cercano en el tiempo tenemos de eso. Si se pregunta
algo que ya se ha contestado y se responde lo mismo, lo que uno no puede
es quejarse. Le he respondido lo mismo porque no hay otra respuesta. Lo
que sí puede uno es empezar a sacar conclusiones como las que yo he
sacado, porque el legítimo interés informativo termina cuando uno sabe la
respuesta. A partir de ahí ya no es interés informativo; es otra cosa
distinta que ustedes mejor que yo pueden calificar.

Respecto al tema de presupuestos, no creo que el Gobernador del Banco de
España haya hablado de presupuestos alicortos y ramplones. Lo ha dicho
usted haciendo una interpretación excesivamente libre, si me permite la
expresión, de la intervención del Gobernador del Banco de España, que
creo que no fue en ese tono. Yo creo que son los presupuestos que España
necesita en este momento para consolidar la recuperación. En todo caso,
el año que viene podremos tener este debate, no usted y yo, que también,
sino el Ministro de Economía y su responsable de política económica. A mi
favor puedo aducir que el año pasado dijeron que eran los presupuestos
del desastre económico, y parece que el tiempo no les ha dado la razón.

Confío en que esta vez



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también tenga razón el Gobierno y el año que viene pueda recordarles que
no eran alicortos ni ramplones, sino los presupuestos que necesitaba
nuestro país para aprovechar una recuperación que ya está encima de la
mesa y que a ustedes, por cierto, les ha costado muchos meses reconocer.

En cuanto al tema del 12 ó 6 de junio, me ha parecido entender que
nuestro cambio --si se puede hablar de eso por lo que usted dice; yo creo
que no es más que el cumplimiento de un compromiso electoral-- tenía más
que ver con el 12 ó 6 de junio. No le oculto que ha habido una reflexión
sobre el 12 de junio. La hemos hecho pública, no es nada nuevo. Es verdad
que la reflexión nos conduce, entre otras cosas, a una conclusión: que
tenemos que acentuar el trabajo para que los compromisos del 6 de junio,
que parece que fueron mayoritariamente aceptados por los españoles, sean
una realidad y que seguramente el 12 de junio nos encontramos con un
rechazo porque esos compromisos todavía no estaban encima de la mesa. En
eso estamos.

Aunque no tengo aquí el proyecto de ley, creo que recogemos la práctica
totalidad de la proposición que salió de esta Comisión, excepto algunos
temas técnicos que, en razón de su imposibilidad práctica, no se pueden
recoger. En todo caso, el texto lo veremos mañana y mañana mismo por la
tarde le haré llegar el texto que apruebe el Consejo de Ministros.




El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro, muchas gracias
también a todos los asistentes a la sesión de esta Comisión, miembros o
no de ella.

Se levanta la sesión.




Eran las siete y veinte minutos de la tarde.